Capitalismo: Tierra y poder en América Latina (1982-2012)

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua

Guillermo Almeyra, Luciano Concheiro Bórquez, Joao Mar ció Mendes Per eirá, Carlos Walter Porto-Goncalves
coordinadores

Volumen III

Primera edición, 2014

DR © 2014 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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ISBN: 978-607-28-0146-2

ISBN de la colección Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012): 978-607-28-0143-1

Impreso en México / Printed in México

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Introducción

El presente balance sobre la situación del agro en 17 países latinoamericanos busca continuar el magno esfuerzo realizado hace tres décadas por Pablo González Casanova con su historia de los movimientos campesinos y, al mismo tiempo, intenta reflejar sobre los países de nuestro continente los efectos del proceso de mundialización exacerbado y dirigido por el capital financiero internacional que arrolla al agro mundial desde hace mas de 30 años.

América Latina es un concepto que abarca regiones diferentes con orografía, recursos hídricos y sistemas climáticos distintos; es un territorio fruto de una construcción histórica que varía mucho según las circunstancias. Por lo tanto, para facilitar el cotejo entre los diversos casos, consideramos esas diferencias al organizar los tres volúmenes que integran este trabajo. A ello responde la agrupación en regiones vastas (el Cono Sur, el arco andino, Mesoamérica) de países que, grosso modo, poseen características similares, a pesar de sus diferencias demográficas, étnicas, geográficas, históricas y culturales. En este sentido, nos hemos esforzado por precisar esta aproximación macroscópica, al estudiar de manera microscópica la forma concreta en que los fenómenos generales se expresan en cada uno de los países, con la finalidad de observar la diversidad que conforma el territorio latinoamericano, así como los procesos complejos que se sintetizan en algunos fenómenos. Todos los estudios, realizados por especialistas reconocidos cuya colaboración agradecemos, pretenden mostrarnos las transformaciones agrícolas y agrarias de las últimas cuatro décadas y las tendencias de ese proceso en curso.

Esto significa que, deliberadamente, abordamos sólo las raíces históricas, sociales, culturales y económicas de dichos cambios en curso. Las estructuras sociales y la caracterización de las clases dominantes y dominadas se muestran por igual en filigrana al lector —es decir, entre líneas—, así como los conflictos políticos que entrelazan los intereses de los bloques sociales que, en ese periodo, constituyeron en cada país el núcleo duro del poder con los del agronegocio y el capital financiero internacional. En efecto, en vez de emprender la enorme tarea de un estudio multifacético y comparar toda la diversidad socioeconómica que integra a nuestro continente, lo cual excede en mucho el campo de la economía y la sociología rural, preferimos considerar estos volúmenes como un insumo para los historiadores, sociólogos, geógrafos, economistas, antropólogos y politólogos que en el futuro próximo realicen un estudio global y exhaustivo sobre los problemas de nuestro continente, y, en lo inmediato, también como un instrumento para los estudiosos de los problemas rurales latinoamericanos.

Dejamos, pues, que nuestros lectores aporten el análisis creativo de la reunión de los recientes y abundantes datos, de la síntesis político-social de los mismos y de los ejemplos que cada trabajo brinda sobre cómo, a fines de la década de 1970, el capital internacional transformó por completo al mundo —al mundo rural en particular— en beneficio exclusivo del sector financiero-industrial y en detrimento de los campesinos y de quienes, para el capital, son remoras del pasado y obstáculos que deben eliminarse, como los indígenas, las comunidades, las solidaridades de todo tipo (tribales, comunitarias, familiares, mutualistas, sindicales).

Raúl Prebisch, creador de la Comisión Económica para América Latina (cepal), sostenía que la política del capital, por su carácter concentrador y su búsqueda exclusiva del lucro, era incompatible con la democracia, particularmente, en los países dependientes como los latinoamericanos. El proceso de mundialización dirigido por el capital financiero y la adopción, en mayor o menor grado, del Consenso de Washington y de las versiones neoliberales del Post-Consenso de Washington por parte de los gobiernos, confirman sus palabras.

México, por ejemplo, en los primeros años de la década de 1980 era exportador neto de alimentos y productos agrícolas antes de que el neoliberalismo, en nombre de las “ventajas comparativas”, decretase que su supuesta “vocación natural” consistía en exportar petróleo crudo para importar alimentos baratos. El resultado de esa concepción es que en la actualidad no sólo ha perdido su independencia y su seguridad alimentaria, sino que también ha destruido su economía agrícola y rural, ya que esta misma no resistió los efectos del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, firmado en 1992, al cabo de dos devastadoras décadas de gobiernos neoliberales. En el presente, el país sigue exportando petróleo crudo (aunque importa gasolina refinada), pero también es el primer país mundial en cantidad de emigrantes, pues millones de campesinos se ven obligados a arriesgar su vida cada año para cruzar la frontera con Estados Unidos y trabajar allí como mano de obra sin documentos legales, en pésimas condiciones y, además, discriminados.

En América Latina, como en el resto del mundo, el capital subsumió la agricultura y se adueñó de tierras, agua, bosques y territorios, rehizo la economía, las costumbres, la cultura y la sociedad según sus intereses.

En un proceso mundial de ofensiva social, similar a la brutal expropiación de los bienes comunes y la expulsión de los campesinos ingleses de sus tierras durante la transición al capitalismo, la cual creó violentamente una abundante y mal pagada fuerza de trabajo para la industria, los países de nuestro continente en estas últimas décadas han visto el debilitamiento extremo o la desaparición de los sectores campesinos que producían para el autoconsumo o para el mercado interno y, en cambio, han observado el desarrollo sin límites ni frenos de la producción de commodities exportables.

Argentina, por ejemplo, que antes de la Primera Guerra Mundial alimentaba a los trabajadores de la primera potencia de entonces, depende hoy, sobre todo, de la exportación de forrajes para el ganado chino; Brasil ve encogerse año tras año la producción de los alimentos básicos porque el capital prefiere alimentar con alcohol de azúcar de caña los motores de los automóviles fabricados por empresas extranjeras, que alimentar de modo sano y suficiente a los brasileños, y Uruguay destina la mitad de su tierra arable al agotador cultivo industrial de eucaliptos para fabricar pulpa de papel. Otros países o regiones —como en Centroamérica— viven fundamentalmente de la exportación de braceros, esos modernos semiesclavos y siervos, que mandan remesas a sus familias a costa de su superexplotación, mientras que otros países, a lo largo de los Andes, permiten que las grandes empresas mineras, estimuladas por el precio actual del oro y de los metales preciosos y tierras raras, destruyan el ambiente y la agricultura local, roben el agua a los habitantes del campo, de los pueblos, de las mismas ciudades antes de retirarse y dejar el desastre una vez agotados los recursos que depredan.

Como en el resto de las regiones dependientes, en nuestro continente el proceso de mundialización en curso provocó grandes cambios demográficos, resultantes de las migraciones masivas hacia los países más ricos e industrializados y de la rápida urbanización sin plan alguno. El campo se ha despoblado y la juventud campesina y rural se ha visto obligada a cortar sus raíces con su territorio, su familia, sus comunidades, su cultura. El crecimiento enfermizo de las grandes ciudades provocó simultáneamente grandísimos problemas sociales, por la necesidad en que se encuentran los Estados que el neoliberalismo intentó reducir al dejar de ofrecer viviendas y servicios a las poblaciones hacinadas en las “villas miseria”, “cantegrils”, “callampas”, “ciudades perdidas”, “favelas”, y degradar con ello sus condiciones sociales de existencia.

Al mismo tiempo, un modelo de producción y de consumo de alimentos, impuesto por las corporaciones transnacionales mediante un poderoso sistema de fabricación capitalista de la subjetividad, da como resultado un mundo de obesos y famélicos basado en el envenenamiento de la tierra, el agua y los alimentos. Somos la primera generación en la historia de la humanidad en que los grupos de socialización primarios —la familia, la comunidad, el entorno social inmediato— perdieron la primacía al formar las necesidades de sus hijos, tal como destacó el historiador Edward P. Thompson. Así, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en la actualidad es impensable separar la cuestión agraria de la defensa del ambiente, de la salud pública y de la lucha por una alimentación sana y funcional para la población.

La violencia en Colombia o las decenas de miles de muertos en México, a causa de la guerra entre bandas de narcotraficantes en la que incluso está involucrada una parte importante del aparato estatal, no pueden desvincularse de este proceso de subsunción de la agricultura por el capital, ni de la concentración de éste en la agricultura comercial y de exportación, tampoco de la desterritorialización indígena y de los cimarrones/quilom-bolas, de la descampesinización, la destrucción de la vida y la cultura campesina y rural.

El fraude y la corrupción generalizados en los aparatos de gobierno tienen un mismo origen: la expropiación de los derechos políticos de los habitantes, la reducción de los espacios democráticos, la concentración de la información y la producción de la cultura popular en manos de grandes consorcios financieros, promotores de las políticas neoliberales, y la integración de los sectores decisivos de las clases dominantes locales con el capital financiero internacional, mediante la exportación clandestina de capitales o la transnacionalización de sus empresas.

En los países exportadores de alimentos, actualmente, la tierra es arrendada en masa y depredada en forma de mina con monocultivos por grupos financieros residentes en las ciudades o en el exterior; por otra parte, los sectores que producen para la exportación de soya, granos, biocombustibles, maderas o minerales no tienen el menor interés en el mercado interno y el desarrollo de los países y regiones que explotan, porque, en cambio, les conviene mantener en ellos salarios bajos, una vasta masa de trabajadores “informales” desorganizados e ignorantes y pésimas condiciones de vida para reducir las presiones democratizantes y acrecentar sus ganancias.

Por lo tanto, no es casual que, para privatizar las empresas públicas que costaron decenios de ahorros y esfuerzos populares, para hacer retroceder las leyes y derechos sociales, para apoderarse de los bienes comunes y transformar el territorio construido históricamente por sus habitantes, el capital financiero haya necesitado, primero, sangrientas dictaduras que por años causaron decenas de miles de muertos y millones de campesinos refugiados fuera de sus regiones y, después, so pretexto del combate a la delincuencia y el narcotráfico que sus políticas habían potenciado, guerras no declaradas contra la población nacional, en las cuales el Estado pierde legitimidad, se corrompe aún más, se fragmenta, se deshace, se degrada.

La expropiación de los bienes comunes ha sido —y es también— la expropiación de los espacios democráticos y la concentración de las decisiones en manos de las grandes corporaciones y de los gobiernos que les rinden pleitesía.

No es casual que, desde 1990 en Ecuador y después en 1994 en México, para culminar en Bolivia, exista una movilización general de los más excluidos: los pueblos indígenas, incluso en los países donde constituyen una pequeña minoría de la población; ni tampoco que su lucha sea tomada como bandera también por los sectores urbanos que comprenden que la democracia sólo es posible con cambios sociales radicales. En estas décadas, por consiguiente, se ha forjado una alianza, un bloque social aún no cristalizado entre quienes están condenados por el capital a ser marginados y desaparecer, y quienes también están condenados a una vida con baja calidad y llena de privaciones en países ricos que, precisamente por la pobreza de las mayorías, ostentan sin pudor y a la vista de todos una tremenda concentración de riqueza en manos de unos pocos, que figuran incluso entre las mayores fortunas a escala mundial.

No podemos tratar aquí las movilizaciones nacionales y sociales que canalizan la protesta social ni los gobiernos resultantes de ellas. Sólo queremos recordar que los pueblos inventan a sus líderes cuando los necesitan; asimismo, la ruptura con las viejas instituciones, con un tipo anacrónico de Estado, con las estructuras de mediación (parlamentos, partidos, etcétera), las leyes y constituciones de un pasado que ya ha transcurrido es una necesidad cada vez más sentida, crea un vacío de poder que trata de llenar con la figura de nuevos hombres y mujeres que, surgidos de la nada, intentan manejar como pueden un proceso que no originaron y no dirigen. Contrario a lo que afirman las charlas pseudocientíficas sobre el populismo, los motores de los cambios no son las políticas de esos líderes ni una supuesta visión extraclasista, sino el factor que fortalece o debilita esos gobiernos son las luchas de las clases populares contra las políticas del capital y la defensa de sus derechos y reivindicaciones, del ambiente, los bienes públicos, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de géneros, el igualitarismo y la fraternidad, la autonomía y, cada vez más, la autogestión del territorio.

Todavía subsisten algunos gobiernos que expresan la alianza entre el capital financiero internacional, el sector decisivo de la clase dominante y algunos sectores de las clases medias conquistadas por las ideas neoliberales. Pero, al agudizarse la crisis, cada vez es mayor la distancia entre la evolución de la sociedad latinoamericana y el aparato estatal ampliado. Esa creciente ruptura puede medirse por los conflictos sociales e incluso por la persistencia y el crecimiento de la delincuencia que, en buena medida es resultado —como fue en el pasado el bandidismo en toda sociedad aún agraria— de la marginación y la protesta social anárquica. Por otro lado, hay procesos y agentes de nuevo tipo, como el crimen organizado internacional o el tráfico de armas y drogas, que agravan todo este cuadro y lo tornan más complejo.

Quienes declaran oponerse al Consenso de Washington y se apoyan en la ola de los levantamientos ciudadanos se diferencian sin duda de quienes quieren conservar un pasado insostenible, sin embargo, mantienen en lo esencial la dependencia del capital financiero internacional y del agronegocio, así como muchas de las políticas neoliberales, teñidas ahora de neodesarrollismo, asistencialismo, distribucionismo destinado a aliviar la pobreza y el desempleo. Tratan de ampliar el mercado interno, pero a costa del ambiente y sin tocar los intereses extranjeros que controlan las agroexportaciones, ni al capital financiero e industrial, también extranjero, que extrae grandes beneficios precisamente porque no hay desarrollo humano ni justicia. Apremiados por la crisis mundial, aceptan el regalo envenenado de la gran minería, que depreda los recursos hídricos y expulsa comunidades campesinas. Esa política los conduce a un enfrentamiento con los sectores populares que anteponen la lógica de la vida, del trabajo y de la preservación natural a la lógica del lucro empresarial. Así, se separan de las bases sociales que los impulsaron hacia el gobierno y se acercan a quienes siempre mantuvieron el poder de decisión, pero son profundamente antinacionales dado su carácter exclusivista y discriminatorio, orientado hacia el exterior, y se basan en la explotación de pueblos a los que generalmente ni siquiera pertenecen y de los cuales los separa un abismo cultural.

Por ello, aún no han sido conquistadas ni la democracia ni la estabilidad social y política; vivimos en una fase de transición en la que lo nuevo pugna por nacer y lo viejo se resiste a desaparecer, más aún, continúa aferrándose a las palancas del poder. Precisamente, porque tenemos confianza en que los pueblos latinoamericanos lograrán construir un futuro más justo y favorable, fijamos en estas páginas el estado de la cuestión en el sector vital del agro en nuestro continente, para mostrar su insostenibilidad y su carácter aberrante y, al mismo tiempo, para subrayar con esperanza la presencia de las fuerzas que bregan por un cambio profundo.

Los coordinadores
Buenos Aires, Río de Janeiro, México, D.F.,
agosto de 2012

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1. Transformaciones y continuidades en el capitalismo agrario centroamericano: el caso de Costa Rica[1] 

JOSÉ JULIÁN LLAGUNO THOMAS 

GERARDO CERDAS VEGA CARLOS AGUILAR SÁNCHEZ

El presente trabajo pretende realizar una lectura crítica sobre algunas transformaciones ocurridas en la sociedad costarricense a partir de la década de 1980, sobre todo aquéllas que guardan relación directa con la agricultura y el mundo rural. Desde un instrumental teórico-analítico, basado en variables geográficas y políticas, entendemos las transformaciones mas recientes del sistema capitalista a partir de dinámicas territoriales complejas y ajustes espacio-temporales, que permiten aproximarnos al entendimiento de prácticas de acumulación y flujos de capital que, en el contexto centroamericano, han consolidado las más recientes tendencias para la configuración de un extenso territorio/dinámico regional de acumulación flexible para el capital, dentro del cual el sector agropecuario ha tenido un papel estratégico.

Al tomar como punto de partida las ideas de Haesbaert (2007) sobre la dialéctica entre territoriarización y desterritorialización, así como el concepto de Harvey (2005a y 2005b) de ajustes espacio-temporales, consideramos que las transformaciones en la economía y, particularmente, en el agro costarricense, pueden interpretarse como parte de un proceso de conformación de un territorio de acumulación flexible para el capital. Cuando hablamos de territorio entendemos esta categoría, más allá de lecturas esencialistas o normativas, como la base material de la producción y la reproducción humana y ambiental; de forma que constituye un espacio socialmente construido y atravesado por toda una serie de relaciones y producciones socio-culturales: relaciones económicas, relaciones de poder, construcción de procesos identitarios, cosmovisiones y valores, entre otros.

El territorio condensa y relaciona, muchas veces de forma contradictoria, una gran densidad de actores, que van desde las comunidades indígenas y campesinas, pasan por el Estado y los distintos niveles de gobierno o áreas institucionales, hasta las grandes corporaciones transnacionales, que en las últimas tres décadas han ganado espacios de poder significativos.

En la actualidad, si prestamos atención a las redes de integración del capital nacional y transnacional, veremos fácilmente que sólo adquieren pleno sentido si las explicamos como parte de un territorio, con impactos de dimensiones regionales y en función de una lógica de escala global. De manera complementaria, según la noción de ajustes espacio-temporales introducida por Harvey desde inicios de la década de 1970 el capitalismo atraviesa una nueva crisis de sobreacumulación (de naturaleza cada vez más crónica y estructural), es decir, se encontró con un excedente de trabajo —expresado como creciente desempleo—, y un excedente de capital —expresado como una “sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de capital-dinero que carecen de oportunidades de inversión productiva y rentable”- (Harvey, 2005a: 100).

Para administrar esta crisis se realizaron dos ajustes: uno temporal, mediante el desplazamiento de inversiones de capital en proyectos de largo plazo, y otro espacial, mediante la apertura de nuevos mercados, nuevas capacidades productivas, así como de nuevas fuentes de recursos y de trabajo localizadas en diversos espacios geográficos.

Podemos sostener, en consecuencia, que estas categorías nos ayudan a comprender algunas de las más significativas transformaciones estructurales de la economía (y del agro) costarricense a partir de la década 1980, sobre todo en lo que respecta a los ajustes socioeconómicos, que implicaron diversas dimensiones espacio-temporales, así como un proceso de territorialización/desterritorialización del cual participaron actores diversos, al establecer relaciones asimétricas de poder que reforzaron, actualizaron y reconfiguraron nuevas tendencias estructurales de las sociedades centroamericanas. En este marco, debemos apuntar que aunque las grandes compañías transnacionales han devenido en actores fundamentales, el papel del Estado continuó siendo determinante y estructural en el proceso.[2]

De esta forma, intentamos interpretar el conjunto de transformaciones del mundo agrícola en Costa Rica, que ha sido modificado desde: los programas de ajuste y estabilización (a partir de 1982), la inclusión del país en la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ice, 1983)[3] y su participación en la Ronda Uruguay (1986-1994) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés), así como en la Organización Mundial del Comercio (omc, a partir de 1995), la firma y ratificación de acuerdos comerciales (en particular el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana, y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea), que han consolidado la dependencia exportadora de la región en el marco de los procesos actuales de inserción a los mercados globales.

Todos estos hitos se entrelazan y constituyen el telón de fondo, conceptual e histórico, a partir del cual queremos abordar las transformaciones indicadas en Costa Rica y Centroamérica.

En la preparación y discusión del presente trabajo debemos una especial mención a nuestro colega Andrés León Araya, por compartir con nosotros su tiempo e ideas sobre la temática, lo cual ilustró las mejores partes que componen el presente ensayo.↵

Como ha sido colocado por Robles (2012), el Estado ha sido central para orquestar una profunda remodelación normativa a escala nacional y regional, pues favorece en todos los extremos al gran capital transnacional para operar irrestrictamente y sin controles significativos.↵

En este año, Estados Unidos aprobó la Ley para la Recuperación de las Economías de la Cuenca del Caribe, y concedió un tratamiento preferencial en materia arancelaria a la mayoría de las importaciones provenientes de Centroamérica. Con la intención de durar 12 años (hasta 1995), en 2000 fue prorrogada hasta 2008, con la aprobación de la Ley de Comercio y Desarrollo HR 1594 (naptaparity) (Monge et al., 2003:6). Así, la ICC fue pieza clave en el moldaje de una nueva dinámica de integración subordinada de la región centroamericana en el marco de los ajustes espacio-temporales impuestos por la potencia estadounidense: se crearon mercados para productos agrícolas no tradicionales y se establecieron cuotas y mecanismos aduaneros especiales para los demás productos primarios o industriales exportados desde Centroamérica.↵

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Antecedentes socioeconómicos de las transformaciones agrarias en Costa Rica

Existe una comprensión sobre las transformaciones mas recientes en el campo costarricense, que obvia la constante histórica dada por una estructura agraria en la región que se mantuvo como predominantemente exportadora, concentradora de tierra y capital, con poco o nulo apoyo para la producción agrícola de pequeña escala, familiar o cooperativa. Si bien es cierto que a partir de la segunda posguerra el modelo agroexportador generó altas tasas de crecimiento económico para todos los países, lo cual se constata al observar que, entre 1950 y 1977, las exportaciones agrícolas de la región crecieron doce veces (Bro-hman, 1996:2), esto no implicó que existieran avances significativos en la distribución de los beneficios e ingresos para los productores de la región. De acuerdo con una publicación del Banco Mundial, la producción agrícola centroamericana creció un promedio de 3.9% anual entre 1960 y 1974[1] (Cappi etal, 1978:319). La penetración del capital transnacional en las actividades agrícolas de exportación se intensificó a partir de entonces.

Una nueva racionalidad técnico-productiva se difundió entre los Estados centroamericanos, pero en soporte de sus prioridades políticas tradicionales,[2] por lo que el nuevo proceso de “modernización” agrícola mantuvo las relaciones asimétricas de poder en el campo. En el caso de Costa Rica, el Estado[3] pasó a desempeñar un papel determinante en la definición de las políticas económicas y, en particular, en aquéllas vinculadas al sector agrícola, mediante la creación de instituciones como el Consejo Nacional de la Producción (cnp), que impulsó la producción agropecuaria para el mercado interno “mediante la compra a los agricultores de granos a precios garantizados, el almacenamiento de excedentes, la fijación de precios subsidiados al consumidor y la administración de una serie de almacenes de venta al detalle donde se ofrecían los alimentos a bajo precio” (Edelman, 2005:102).

A inicios de la década de 1960 surgió el primer instituto estatal para promover la reforma agraria: el Instituto de Tierras y Colonización (itco). Progresivamente, el Estado costarricense evolucionó mediante la creación de una enorme red de instituciones públicas que atendían distintos ámbitos de la vida social, entre ellos el sector agropecuario no fue la excepción.[4] Esto permitió que el país iniciara un periodo de crecimiento y diversificación económica con una mejor distribución del ingreso y mejoramiento de las condiciones de vida, hasta por lo menos el inicio de la década de 1970.

Las condiciones de vida en el campo costarricense se beneficiaron por una cierta presencia de políticas de inversión, organización y mediación estatal del conflicto (Edelman, 2005:107-109), lo cual determinó un estilo de conflictividad rural diferenciado de los países que experimentaron conflictos armados en la región. La nacionalización temprana del sistema bancario costarricense fue un elemento clave para fortalecer las capacidades estatales en cuanto a la orientación del crédito, así como en el desarrollo de proyectos de infraestructura a gran escala para los grupos oligarcas locales. Por otro lado, los pequeños productores rurales vieron canalizadas gran parte de sus demandas por medio de este desarrollo institucional-estatal, especialmente por la difusión del modelo cooperativo en las actividades agropecuarias, aspecto que también fue apoyado mediante diversas políticas que culminaron en la creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), en 1973 (Infocoop, 2012).

Del mismo modo, la creación del Mercado Común Centroamericano (mcca) en 1960 fue un aspecto esencial en la promoción del comercio y la industria en la región, así como en el establecimiento de las condiciones para una presencia cada vez mas integrada y dominante del capital transnacional en el área. Con la formación de un mercado regional, los capitales transnacionales y los grupos de poder local aprovecharon, por primera vez, una amplia capacidad de inversión y movilización de capitales desde Guatemala hasta Panamá (Edelman, 2005:105). No debe extrañar, en este sentido, que en apenas siete años, entre 1961 y 1968, Estados Unidos inyectó un total de 634 millones de dólares al proceso de integración, lo que demuestra su carácter estratégico para los intereses transnacionales en la región (Molina-Chocano y Palma, 1979:56).

Como hemos señalado, la agricultura de exportación se constituyó en el nexo fundamental entre las economías nacionales centroamericanas y el mercado mundial, prácticamente como la principal fuente de divisas para financiar la importación de bienes industriales (intermedios y finales). Datos de 1974, después de una década y media de mcca, indican que la agricultura y pecuaria de exportación representaban por lo menos la mitad del producto interno sectorial en todos los países, con excepción de Honduras.[5] En Costa Rica, el 48.6% de la producción agropecuaria total se destinaba a mercados externos, a pesar de ser un país que abrazó el credo industrializador sustitutivo en boga [...] Considerando la región, entre 1963-65 los productos tradicionales representaron un 73% del total de las exportaciones y entre 1970-72 esos mismos productos representaban un 63% del total. En el caso específico de Costa Rica, las exportaciones agrícolas tradicionales representaron 78.1% y 71.8% del total exportado, respectivamente, páralos años indicados (Cappi etal., 1978:321, 325).

Esta situación se mantuvo a pesar de que las reducciones en los precios internacionales de los productos como café, algodón, azúcar y carne vacuna impactaron el total de las exportaciones del área. Por otra parte, los granos básicos, las hortalizas, frutas y verduras mantuvieron tasas de crecimiento, impulsadas sobre todo por el maíz, el arroz y el frijol, esto debido a la existencia de aproximadamente 78% de las explotaciones agrícolas concentradas en la producción de granos, lo que constituía alrededor de 900 000 unidades productivas con menos de cinco hectáreas, para finales de la década de 1980 (Fallas, 1993:51-52).

Debemos destacar, en este sentido, que durante las décadas de 1960 y 1970, a pesar de que la estructura agraria favoreció fundamentalmente la agricultura tradicional de exportación, los cinco países centroamericanos (en el caso de Costa Rica, en menor medida), alcanzaron autosuficiencia en la producción de los principales granos: arroz, maíz, frijol y sorgo (Cappi et al, \97&327); sin embargo, este éxito fue destruido de manera progresiva con la implementación de los planes de ajuste de las décadas siguientes.

Con la emergencia de la crisis del modelo de sustitución de importaciones, a partir de la década de 1980 se propone la reestructuración de las economías centroamericanas. Costa Rica y Honduras (1985)[6] fueron los primeros países de la región en formalizar los programas de ajuste[7] y en dar inicio a todo el proceso de implementación de políticas orientadas a la reestructuración productiva, la liberalizadón comercial y la reforma del Estado, programas que se extenderían durante toda esa década y la siguiente (Aguilar, 2009:184). Este proceso se corresponde históricamente con lo que antes denominamos “ajustes espacio-temporales”, que implicaron un giro radical en las dinámicas de acumulación orientadas por el objetivo de superar las crisis de crecimiento y legitimidad sistémicas que se arrastraban desde hacía una década en los países capitalistas industrializados.[8]

Los programas de ajuste estructural (precedidos por algunas medidas de “estabilización monetaria” a partir de 1982) se aplicaron con el objetivo inmediato de asegurar el pago de la deuda externa (mediante la contención del gasto público), iniciar un proceso de apertura y liberalización comercial y financiera, favorecer la reestructuración productiva para avanzar hacia una economía basada en la exportación de bienes “no tradicionales” (fundamentalmente agropecuarios), permitir la libre circulación de capitales, privatizar las empresas públicas y transformar el Estado mediante la restricción de políticas de inversión pública y contención del gasto. La imposición de medidas liberalizantes afectó de esa forma a la economía y la sociedad costarricenses, particularmente y de forma abrupta, y produjo transformaciones en el ámbito rural.

Durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), fue implementado el programa “Volvamos a la Tierra”, que si bien mostraba las nuevas tendencias para el sector agropecuario, todavía conservaba un énfasis importante en la autosuficiencia alimentaria nacional, al elevar las cosechas de granos como arroz, frijol y maíz (mag, 1983:2-3). En el plano institucional no se registraron transformaciones de peso y, por el contrario, hubo una significativa articulación de esfuerzos entre instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag), el Consejo Nacional de Producción (cnp), y el Instituto de Desarrollo Agrario (ida), entre otros, junto con sectores patronales y cooperativas de productores, para la implementación del programa; por lo anterior, se observó una tendencia a la continuidad de los programas y políticas agrícolas tal como eran concebidos en las décadas anteriores. Así, las grandes transformaciones se aceleran con la puesta en marcha del programa gubernamental bautizado como “Agricultura de Cambio”, a partir de 1986 (durante el primer gobierno de Óscar Arias Sánchez), que dará inicio a una profunda transformación del sector agropecuario en Costa Rica, ya bajo los lincamientos de la ortodoxia del fmi y del Banco Mundial (Mora, 1989:7 y ss).

El Estado, a partir de entonces, deja de atender a los pequeños y medianos agricultores, elimina los servicios de asistencia técnica y extensión, liberaliza los precios de los granos básicos, encarece y dificulta el acceso al crédito al campesinado, obliga a muchos productores de alimentos a formar parte de programas de “reconversión productiva”, elimina la provisión de insumos (semillas, fertilizantes, entre otros) a bajos precios y los subsidios productivos, así como las cadenas de almacenamiento, distribución y comercialización que permitían a todo este sector obtener una recompensa monetaria razonable al colocar su producción en el mercado nacional (Mora, 1989:9-14; Fernández, 2004:83 y ss). Paralelamente, los incentivos a la exportación de bienes agrícolas no tradicionales pasan por una política cambiaría que favorece al sector exportador, la reducción de impuestos, pago de Certificados de Abono Tributario (cat),[9] tasas de interés preferenciales y acceso seguro al sistema bancario nacional, junto con toda una activa política de promoción en el exterior que se expresó en la creación de una serie de agencias públicas (no necesariamente “estatales”) responsables de dinamizar el sector.[10]

Como resultado de toda esta estrategia, en el cuadro 1.1 se observa en la composición de las exportaciones costarricenses y la evolución de algunos productos tradicionales y no tradicionales desde 1970 hasta 2011:

Estos datos nos permiten tener una visión general sobre la magnitud de las transformaciones en el patrón exportador de Costa Rica, desde los inicios de la década de 1970 (antes de los Programas de Ajuste Estructural) y el recorrido por algunos años puntuales durante el periodo 1982-2011. Como puede observarse, la composición de las exportaciones mudó completamente, y las exportaciones no tradicionales pasaron a dominar el ámbito comercial y productivo.[11]

Este proceso tuvo a su vez diferenciaciones regionales (territoriales) con respecto al acceso a la tierra, lo que se tradujo en distintas formas de lucha. Para el caso del estudio de los grupos campesinos, Rodríguez (1993:55-57) crea tres categorías principales para entender la situación: la campesinización, que se refiere al territorio en donde el campesinado mantiene su tradición; la descampesinización, que es cuando el sector disminuye de forma importante, y la recampesinización cuando se da un aumento de la tradición campesina en aquellos lugares en donde antes había disminuido.[12]

En este sentido, es importante resaltar que el proceso de recampesinización y campesinización tuvo lugar mediante dos formas: una dirigida por el Estado (por medio del ida) y otra gestionada por las diferentes expresiones organizativas asumidas por el movimiento campesino en la defensa de sus intereses. Este fenómeno tiene conceptuali-zaciones distintas que se expresan tanto en la política agraria como en la reflexión social. En la primera forma, el campesinado sufre un proceso de mutación y adecuación al proceso de modernización económica por lo que la invasión de tierra es su medio para sobrevivir y reintegrarse al mercado. Esto se conoce como precarismo rural y subyace en varios estudios sociológicos: Picado y Silva (2002), Villareal (1992) y Mora (1984), pero fundamentalmente en la perspectiva gubernamental de intervención del ida.

A pesar de que la lucha por la tierra no es un fenómeno nuevo, adquiere rasgos particulares desde la década de 1980. De acuerdo con Cartín y Román (1991:22-23), esto sucede como “producto de los efectos sociales negativos acumulados en las décadas anteriores que no pudieron resolverse y que se agravaron aún mas a principios de los años ochenta, con la situación de crisis que el país vivió en ese momento y una serie de acontecimientos particulares que ocurren en esos años”.

Según estas autoras, los factores que coadyuvaron a esta situación fueron: el abandono de las compañías bananeras del Pacífico Sur para producir palma africana, la reducción de áreas y despidos en la Standart Fruit Company en el Atlántico y la generalización de contratación temporal cada tres meses. Estos elementos permiten entender cómo la mayoría de las ocupaciones de tierra se dan en estas regiones que además se veían influenciadas por factores particulares como la inmigración, la presión sobre la tierra y el desempleo (Quesada, 2001:112).

Por otro lado, cuando el análisis se plantea desde un paradigma centrado en la cuestión agraria (Román, 1994; Cartín y Román, 1991; Ángulo, 2007), el campesino es parte de un proceso de lucha social, en donde la ocupación de la tierra significa una forma de acción en la que éste se constituye como sujeto político a partir del conflicto y la negociación con las formas institucionalizadas del poder coercitivo. En este sentido, nos referimos a procesos de recuperación de tierras. Ahora bien, es importante indicar que estas tendencias se observan en toda la región centroamericana, y que el caso de Costa Rica expresa uno de los eslabones en la política de ajuste impuesta a todos los países del área.

Para el caso de Costa Rica, el crecimiento fue de 4.1% en promedio durante todo ese periodo, mien tras que el crecimiento poblacional en Centroamérica fue de 3%, de forma que el crecimiento agrícola per cápita no es tan importante (Cappi et al, 1978:319).↵

Según Joseph Cotter, desde inicios de 1945, Estados Unidos fomentó la visita de técnicos y agró nomos a diversos países de la región, entre ellos Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Colombia, para promover la exportación del nuevo paradigma agrícola hacia estas naciones (Cotter, 2003:188). Esto, sin duda, tuvo un impacto duradero y decisivo en la transformación del perfil del Estado en los distintos países centroamericanos —como lo indicamos aquí— en relación con el sector agropecuario.↵

Se encuentra fuera de nuestro alcance abordar las transformaciones del Estado costarricense desde el Estado liberal del siglo XIX y el Estado "desarrollista" de la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar al Estado neoliberal de las últimas décadas. Los elementos aquí apuntados presuponen una caracterización de estas fases que, por falta de espacio, no podemos realizar aquí.↵

Como Marc Edelman ha indicado, cuando Costa Rica entró en el Mercado Común Centroameri cano (mcca) en 1963, lo hizo abrazando de lleno el proyecto de industrialización sustitutiva de importa ciones (Edelman, 2005:104-105). Tiene sentido, entonces, que los nuevos gobiernos posguerra civil (de 1949 en adelante) dieran prioridad a la producción doméstica de bienes alimenticios a bajo precio, como forma de reducir el valor medio de los salarios en la industria y permitir a los nuevos asalariados, tanto en el sector secundario como terciario, destinar una parcela mayor de sus salarios a la adquisición de bienes manufacturados.↵

Los productos exportados sobre los que existen datos son: café, banano, azúcar, algodón y carne. Estos cinco componen el "cuadro básico agropecuario-exportador" de la región a partir de la segunda posguerra.↵

Costa Rica firmó este primer "Programa de Ajuste Estructural", o PAE I, en 1985. Hubo dos más, en 1989 y 1995, los llamados PAE II y ni, respectivamente. Cada uno tuvo características específicas y, como conjunto, progresivamente profundizaron en la transformación económica e institucional que analizare mos a continuación. Por tal motivo, no consideramos necesario analizar cada uno de esos programas en sí mismos, ya que existe una amplia producción académica al respecto.↵

Cabe indicar que Panamá había hecho lo mismo desde 1983, no obstante, nuestro recorte de análi sis atañe a la Centroamérica "histórica", conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Cuando alguna alusión a Panamá sea necesaria, se indicará en notas a pie de página.↵

Otros cambios que deberían ser incorporados en un modelo explicativo más amplio se relacionan con las transformaciones demográficas y alimentarias en los países industriales, la segmentación del merca do mundial de alimentos en distintas preferencias y opciones, todo lo cual impacta de forma decisiva en las tendencias del agro costarricense (y en buena parte de la periferia capitalista).↵

Los llamados Certificados de Abono Tributario, es decir, subsidios estatales para la exportación de productos no tradicionales, fueron generosamente concedidos entre 1990 y 2000, para lo cual se tomó el dinero de las arcas públicas. Se estima que le costaran al Estado costarricense aproximadamente 200 000 dólares por cada millón de dólares exportado por el país. Hubo mucha polémica sobre la indebida utilización de estos recursos, que beneficiaron sólo a las grandes transnacionales, hasta que fueron extintos por ser incompatibles con las reglas de la OMC (Picado y Llaguno, 2011).↵

A mediados de la década de 1980 se crearon la Corporación de Zonas Francas de Exportación, el Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (cenpro) y el Consejo Nacional de Inversiones. En 1996, se creó la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (procomer), entidad "pública no estatal", que pasó a centralizar las funciones que anteriormente desenvolvían estas tres entidades. Así, la gestión de la política comercial se convirtió prácticamente en un asunto privado, pero con decidido respaldo del Estado, con lo cual generó de esta forma profundas modificaciones en la política agropecuaria (procomer, 2011). Así, la política agrícola se torna decidida en sus aspectos centrales por una agencia no sectorial y no pública.↵

En el caso de Costa Rica, bajo el rubro de exportaciones "no tradicionales" se consideran también las exportaciones de bienes manufacturados en un porcentaje significativo, los bienes primarios represertaron apenas 33% del total de exportaciones desde Costa Rica hacia Estados Unidos en 2003. No obstante, es necesario verificar si esta tendencia se mantiene o si se observa una reprimarización de la pauta exportadora a partir de la crisis mundial iniciada en 2008, condición que sobrepasa los objetivos del presente artículo.↵

En el primer caso, el campesinado se mantiene en lugares como Hojancha y La Cruz en Guanacaste y Desamparados, perteneciente a la capital San José. Sufre un proceso de disminución en algunos cantones del Atlántico como Guácimo, Matina y Limón. El caso de aumento de la presencia campesina se da en tres zonas principales: Pacífico Sur (Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus); zona atlántica (Sarapiquí, Si-quirres y Talamanca) y zona norte (Úpala, Los Chiles y Guatuso).↵

5

Impacto de las transformaciones socioeconómicas sobre las formas de desarrollo agrario y el conflicto por la tierra en Costa Rica

Cada vez más, los estudios recientes (Cordero, 2011) llaman la atención sobre la necesidad de complementar dos vertientes de reflexión que tradicionalmente se han desarrollado de forma separada. Nos referimos a los estudios sobre el desarrollo rural y el conflicto por la tierra. En la primera vertiente, se concentran los análisis sobre el reformismo agrario y las políticas de distribución de tierras (Royo, 2009; Picado y Silva, 2002; Rivera y Román, 1990), mientras que en la otra vertiente se encuentran los análisis sobre el movimiento campesino y sus patrones de lucha (Cartín y Román, 1991; Román y Peraza, 1990; Román, 1994; Rivera, 1991).

De acuerdo con Fernandes (2004 y 2008), el conflicto agrario y el desarrollo son procesos propios a la contradicción estructural del capitalismo. Esta contradicción mantiene al campesinado en un proceso constante de cambio y mutación de sus condiciones de vida, el cual aunque se muestra de forma fragmentada, se desarrolla simultáneamente, pues lo que se encuentra en disputa es un territorio específico que tiene diferentes formas de apropiación y valoración de grupos sociales diferenciados.

De este conflicto surge la disputa que hemos destacado entre las políticas estatales y los procesos de lucha campesina, en donde el enfrentamiento es sólo un momento de una conflictividad más amplia. En medio de esta relación se encuentra un proceso que se relaciona en primera instancia con la capacidad de destrucción, creación y recreación de relaciones sociales específicas, en este caso, el modo de vida campesino. Por otro lado, estas relaciones ocurren en un espacio geográfico, lo que crea a su vez procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización (Fernandes, 2004:2-7).

En el caso del Estado costarricense, desde inicios de la década de 1980 hasta la actualidad, las políticas de intervención en el campo se rigen por dos tendencias principales: la redistribución de tierras, que continúa la política del Instituto de Tierras y Colonización (itco) (Picado y Silva 2002:37-70) emprendida en la década de 1960, y los programas de reconversión productiva y compensación más recientes que acompañan la lógica de liberalización comercial (Cordero, 2011:9).[1] Estas dos políticas crean, recrean y destruyen las relaciones sociales dentro del campesinado, lo cual tendrá consecuencias importantes en sus formas organizativas, comunitarias y de producción.

De esta forma, la década de 1980 significó un repunte en el movimiento campesino y sus diferentes expresiones organizativas. Al calor de la crisis económica internacional y los diferentes programas de ajuste estructural, los diferentes sectores que componían el campo costarricense desarrollaron estrategias de supervivencia que iban dirigidas a varias demandas concretas: seguridad en la tenencia de la tierra, condiciones productivas y el derecho a permanecer como un modo de vida particular dentro de la sociedad.

Esta agenda de lucha campesina era la expresión de las contradicciones del modelo de sustitución de importaciones que prevaleció durante el periodo 1950-1980 y que se agudizó en el contexto de crisis global. Algunos estudiosos, como Cartín y Román (1991:13-21), han resaltado características importantes para entender los conflictos experimentados con los sectores sociales en el medio rural costarricense:

Amplio proceso de concentración de tierras, principalmente en Guanacaste, Punta-renas y Limón.

Dificultad de los campesinos para integrarse a las distintas actividades agrícolas extensivas. La mayoría eran de uso extensivo de capital y poca mano de obra, los casos más representativos son la ganadería y la caña de azúcar.

Desaparición de pequeños productores en cultivos como caña, arroz, algodón y banano. Estos cultivos formaron parte de la actividades de exportación y el desarrollo capitalista tecnificado.

Disminución importante del empleo agrícola desde 1950, pasó de 55% a 27% en 1980.

Abandono de pequeños agricultores de sus actividades, esto generó estancamiento de la producción interna, crisis de subsistencia y abandono de tierras.

El tipo de desarrollo agrario generó un aumento de la migración rural-rural y rural-urbana hacia las zonas bananeras y la región central del país. En las bananeras el empleo era mayor en el proceso de instalación y siembra, luego éste disminuía de forma creciente, esto explica el ciclo de empleo, desempleo y toma de tierras.

En la gráfica 1.1 se presenta una serie de datos que reflejan el número de casos de ocupación de tierra en Costa Rica desde 1963 hasta 1997.

Para nuestro propósito se considera toda la serie anterior a la década de 1980, con el objetivo de mostrar cómo la lucha por la tierra es previa a la crisis económica de esa década. Como se observa, desde 1963 se reporta un número importante de casos de ocupación, situación que disminuye en la década de 1970 para repuntar durante la época de la crisis económica del periodo 1978-1982. A partir de esos años, la tendencia va en aumento durante toda la década hasta 1991, cuando las cifras empiezan a disminuir a menos de 40 casos por año hasta 1997. Parte de esta disminución se debe a la política de distribución de tierras del ida en todo el periodo y al otorgamiento en muchas regiones de títulos de propiedad durante la década de 1990.[2]

En el cuadro 1.2 se presenta una síntesis de los principales programas desarrollados por el ida durante la década de 1980 y parte de la de 1990. La intervención estatal continuó la política del itco en dos sentidos principales: uno preventivo, dirigido a evitar la proliferación del conflicto agrario, y otro de ordenamiento, que se encargaba de regular los casos de ocupación campesina.

En el caso del programa de Asentamientos Campesinos, el objetivo principal era la regularización de la tenencia de la tierra en tres zonas estratégicas: el Atlántico, la zona norte y el Pacífico Sur (Picado y Silva, 2002:120-123). En el primer caso se compraron 12354 hectáreas para desarrollar tres asentamientos: Neguév, en el cantón de Guácimo; El Indio, en Pococí, y Maryland, en Siquirres. En el segundo, se desarrollaron extensas obras de infraestructura y crédito a los cantones de Guatuso y Úpala. En el último caso se fomentaron varios proyectos agroindustriales en Osa y Golfito con el fin de desarrollar la producción de palma aceitera como prioridad.

Estas regiones concentraban los mayores índices de presión de la tierra así como una ubicación estratégica desde el punto de vista político y económico. En los tres casos descritos, coincidía su condición de frontera, lo que los convertía en una prioridad para la política estatal del momento. El desarrollo de la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua durante la década de 1980 convertía a los cantones fronterizos de Úpala, Los Chiles y Guatuso en un lugar de gran importancia geopolítica. Asimismo, la zona atlántica y el Pacífico Sur concentraban la actividad bananera y la presión por la tierra de ex obreros despedidos de las plantaciones.

El programa de desarrollo agrícola seguía la línea de titulación, desarrollo de infraestructura y crédito en una extensión de 160000 hectáreas en la provincia caribeña de Limón (Picado y Silva, 2002:130). En la línea de esta política preventiva, la titulación en reservas nacionales permitía a la institución prevenir los casos de ocupación, y otorgaba el derecho a titulación por medio de un procedimiento de compra, en el que la persona interesada tenía que pagar una cuota fija durante un periodo de 10 a 15 años, para cubrir los gastos de medición, mejoras y catastro realizadas por el ida (Mora, 2006:83-85). De esta manera, la institución prevenía mayores conflictos por la tierra y se garantizaba una fuente de financiamiento a mediano plazo.

Estas políticas institucionales son fundamentales para comprender la dinámica del proceso de ocupación de tierra desde la movilización campesina, y la composición social del movimiento expresada en sus variantes territoriales. En el caso del Valle central, los campesinos productores de cebolla y papa de Tierra Blanca, en la provincia de Cartago, fueron los primeros en protestar contra las medidas de control de precios en la década de 1980. A ellos se unieron productores de café y hortalizas de zonas cercanas para formar la Unión de Pequeños Agricultores (Upanacional).

En opinión de Edelman: “Upanacional surgió rápidamente como la más moderada de las nuevas organizaciones campesinas. Tenía su base social entre un sector de campesinos que habían sido los hijos predilectos del régimen. Sus condiciones favorables se debían a: tierras fértiles y muy productivas, cercanía al mercado urbano” (2005:172). Esta posición privilegiada se reflejaba en su estructura de organización y negociación, de forma que este estilo de composición social no planteaba una ruptura con el Estado, sino mas bien una adaptación gradual a la política de “nueva agricultura” a partir de apoyos concretos. Esta moderación organizativa se explica de acuerdo con los aspectos planteados por Núñez (1994:96):

Propiedad sobre la tierra: la mayoría la han adquirido por herencia o transmisión directa de la propiedad. Por eso los campesinos provenientes del precarismo o el re-formismo se integran hasta después a la organización.

Composición social: los principales motivos de organización son la defensa de intereses sectoriales como: créditos, insumos, precios adecuados y comercialización. Se mantienen dos esquemas de organización: las cooperativas y la mesa directiva nacional.

Tipo de producción: Se trata mayoritariamente de grupos dedicados a la exportación, principalmente café y hortalizas.

Según estas características, Upanacional encuentra el mayor porcentaje de afiliación en la década de 1980 y mantiene un esquema de negociación con las autoridades, lo cual permite a sus miembros adaptarse a los nuevos esquemas de exportación. En este contexto, la organización agraria consolidó alianzas puntuales con otras organizaciones campesinas durante las grandes movilizaciones de 1986 y 1987, así como rupturas y conflictos con otras formas organizativas como el caso de la Unión de Pequeños Agricultores de la Región Atlántica (upagra).

Este segundo caso es representativo de las organizaciones del Caribe, cuya estructura estaba compuesta de jóvenes radicales del Valle Central ligados al Movimiento Revolucionario del Pueblo (mrp), de campesinos sin tierra, así como de productores de granos básicos. Muchos de los dirigentes del mrp dentro de la organización empiezan a fortalecer su autonomía frente al partido, situación que se ve favorecida por el declive de las principales organizaciones marxistas-leninistas en la segunda mitad de la década de 1980 (Edelman, 2005:176-80).

La composición social de upagra así como sus contornos ideológicos y geográficos permitían el desarrollo de un estilo de negociación de confrontación con el Estado. Según Román (1994:128-132), las principales características de esta organización eran:

Apelación directa al Presidente de la República utilizando medidas de presión sostenidas.

Presencia de líderes sindicales urbanos y ex obreros bananeros politizados.

Combinación de espacios de lucha como: protestas callejeras, uso de la prensa nacional y acciones locales.

Desarrollo de alianzas con otros sindicatos campesinos y organizaciones sociales mayores.

Estas características permitieron a upagra desarrollar un estilo de negociación mucho mas beligerante que Upanacional, al disputar espacios políticos importantes para conquistar algunas demandas concretas en su periodo de actuación. Los casos presentados resumen los dos polos opuestos de las formas de organización campesina durante la década de 1980, sin embargo, en medio de éstas se configuraron organizaciones complejas que se extendieron por otras regiones como el norte y el Pacífico Sur. En el cuadro 1.3 se presenta una síntesis de las principales organizaciones surgidas a partir de la década de 1980.

Como se observa en el cuadro 1.3, en la década de 1980 la lucha campesina adoptó fundamentalmente la forma organizativa sindical, en el caso de aquellas organizaciones que tenían como principal reivindicación la tierra, y estaba compuesta por campesinos sin tierras, obreros agrícolas, trabajadores urbanos empobrecidos y pequeños productores desplazados.

El esquema organizativo tenía como base la sección sindical o el comité de tierra que luego se agrupaba en algún sindicato mayor, que a su vez pertenecía a una federación de sindicatos afiliada a una confederación mayor que incluía a distintos sectores sociales. Asimismo, estas organizaciones se encontraban ligadas de forma directa o indirecta a algún partido político de carácter nacional. En el caso de la Fesian, que era la federación con mayor número de afiliados, ésta mantenía una relación directa con el Partido Liberación Nacional (pln), que se mantuvo en el gobierno de 1982 a 1990 y fue principal responsable de las políticas de ajuste aplicadas en ese periodo. Esta peculiaridad le permitía acceso directo a espacios de negociación con las autoridades, aunque no siempre sus bases se mantuvieron en acuerdo con los dirigentes del pln.

En el caso de la Fenac, esta organización estaba ligada al Partido Vanguardia Popular y mantenía una presencia importante en algunas zonas del Atlántico y el Pacífico Sur (Edelman, 2005:199). Fuera de estas dos federaciones se encontraba cerca de 30% de las organizaciones que no tenían ninguna afiliación directa, la mayoría de éstas eran de carácter local y se disolvían una vez ganada la tierra para pasar a otro tipo de reivindicaciones como caminos y servicios sociales.

Puede apreciarse, en términos generales, en cuanto a los patrones de lucha por la tierra, que la negociación y la confrontación se combinaron con diferente intensidad. Durante la década de 1990, los programas de intervención del ida en el campo continuaron desarrollando las líneas generales analizadas anteriormente, sin embargo, el contexto nacional e internacional situaban su accionar en un ambiente incierto. El otorgamiento de títulos, el desarrollo de infraestructura y la compra de tierras continuaron su curso durante estos años. En el mismo sentido se dio un proceso de contracción de los funcionarios de la institución, así como una disminución de la asistencia del gobierno estadounidense.

Es importante recordar que, durante las décadas anteriores, gran parte de los programas de esta institución dependieron de fondos del gobierno de Estados Unidos, país que tenía la intención de contener el conflicto en el campo y mantener a Costa Rica como una vitrina democrática en el contexto del proceso revolucionario en Cen-troamérica. Esta inyección de recursos permitió en parte la política de distribución de tierras, así como una localización de proyectos agroindustriales extensivos en regiones estratégicas como la palma africana en el Pacífico Sur, el plátano y el banano en el Caribe y la pina en las dos regiones. Lo anterior explica en gran medida las razones por las cuales las organizaciones campesinas y los asentamientos tuvieron que recomponer sus estrategias de supervivencia y organización. Tres aspectos afectaron este proceso: la intensificación de la política de agricultura para el cambio, la desaparición de gran parte de los sindicatos campesinos y la reconversión de la institucionalidad agraria hacia la exportación.

Según Franceschi (2008:11-13), las demandas que prevalecieron en las organizaciones campesinas estuvieron ligadas a: a) facilitar los espacios de reconversión productiva para permitir la inserción de pequeños y medianos productores en canales de exportación; b) lograr apoyo al crédito y condonación de deudas debido a factores climáticos; c) alcanzar acceso y posesión de la tierra, principalmente mediante la regularización de los procesos de titulación; d) aprobar una legislación de seguridad alimentaria; e) abrir espacios de participación en la negociación de los acuerdos de libre comercio.

Las demandas se dirigían, en su mayoría, a la inserción en los procesos de libera-lización económica y al mantenimiento de condiciones básicas para la supervivencia. En la medida en que la política estatal se orientaba sobre todo hacia la reconversión del espacio rural hacia actividades como la conservación y el turismo, otros sectores emergieron desde el punto de vista social, como es el caso de las mujeres productoras y las comunidades indígenas. En este contexto se favorecía el desarrollo de distintos tipos de organizaciones, tales como: a) organizaciones empresariales constituidas por los sectores productivos vinculados a la exportación, como el caso de las hortalizas; b) organizaciones en torno al enfoque productivo ambiental, dirigidas básicamente a la producción orgánica para el mercado interno y externo de productos como plantas medicinales, cosméticos y café orgánico, y c) organizaciones regionales de mujeres o participación de éstas en secciones mixtas dentro de las organizaciones productivas establecidas.

Este panorama presenta las nuevas modalidades de recomposición de las organizaciones campesinas que enfrentan un contexto nacional e internacional adverso. Al respecto, en cada región se desarrollan mutaciones diferenciadas, sin embargo, en la mayoría pueden encontrarse rasgos comunes de la tipología trazada anteriormente. Éstas conviven de forma fragmentada y generan situaciones de mayor o menor subordinación al Estado dependiendo de sus modalidades de inserción en el nuevo esquema económico.

En el caso de las organizaciones de mujeres, no representan una temática “nueva”, sino más bien un esfuerzo por visibilizar su problemática específica; principalmente con respecto al acceso a la tierra y su participación en el conjunto de actividades en el campo que van desde el proceso productivo hasta el cuidado familiar. Entre las principales organizaciones que actuaban en la década de 1990 pueden mencionarse la Coordinadora Nacional para el Trabajo con las Mujeres Campesinas (cntmc), que era parte de la estructura de la Mesa Nacional Campesina, y algunas seccionales de Upanacional (Franceschi, 2006b:64-66). Estos esfuerzos han logrado avanzar en el posicionamiento de una agenda propia de la mujer campesina, así como consolidar espacios propios de organización y reflexión.

La temática ambiental ha dado cuenta de una recomposición de organizaciones locales y activistas campesinos en luchas ligadas a temas como: la oposición a megapro-yectos, el manejo de la biodiversidad, el cuidado del agua y la producción orgánica. Esta agenda se mezcla en muchos casos con reivindicaciones productivas y de derechos incumplidos característicos de las décadas anteriores. Estas formas de lucha son más importantes en las regiones donde coexisten asentamientos campesinos, zonas de conservación de la naturaleza y territorios indígenas, como el caso del Pacífico Sur-Sur y el Caribe (Cordero, 2011:9 y Franceschi, 2006a).

En el cuadro 1.4, se presenta una síntesis del origen de los asentamientos campesinos durante todo el periodo de política de distribución de tierras hasta 2005. Como se observa, éstos tienen dos fuentes principales: la ocupación y la parcelación. La primera es fruto de la lucha por la tierra y la segunda es producto de la política estatal.[3] Como muestran los datos, cada región posee características diferentes y algunas similitudes. En sentido general, la mayoría de los casos proviene de los diferentes programas de parcelación en donde la región Central y Norte poseen el mayor porcentaje. En el primer caso, se concentran gran parte de los productores de hortalizas y café que logran insertarse parcialmente a las políticas de exportación; mientras que en el segundo, el alto porcentaje de parcelación puede deberse a la alta inversión del Estado en esta zona fronteriza estratégica durante la década de 1980.

En términos porcentuales, para todo el periodo se registra 61% de parcelación y 39% de ocupación. Esto quiere decir que cerca de 40% de todos los asentamientos creados en el país desde 1963 fueron producto de diferentes procesos de toma de tierras, este porcentaje es significativo para un país que ha sido promocionado como “ejemplo” de bienestar en la región centroamericana. Si desagregamos estos datos por región, Heredia y el Atlántico mantienen los porcentajes más altos de ocupación del país con 64% y 58% respectivamente. Esta zona registra varios de los conflictos más importantes en el periodo y recibe una de las mayores inversiones en programas de titulación. Para 2005, todavía 15% del total de asentamientos en el Atlántico seguía sin ningún tipo de titulación.

Por otro lado, los programas de tierras indígenas y zonas protegidas se ubicaron dentro de una línea de ordenamiento que incluía, en el primer caso, traspasar de forma permanente la administración del territorio a otras instituciones específicas. Así, se formaron las Asociaciones de Desarrollo Indígena (adi), que eran las figuras jurídicas creadas por el Estado para los ocho pueblos indígenas del país.[4] Estas organizaciones no se relacionan con la cosmovisión de estas comunidades y representaron nuevas formas de facilitar el control estatal de estos territorios. Las zonas protegidas eran traspasadas al Ministerio de Ambiente y Energía (minae) cuyo objetivo era el manejo y la protección de los recursos naturales en estos territorios.

La delimitación de estas zonas afectó de forma importante a comunidades campesinas y pesqueras en todo el país, al crear diferentes situaciones de manejo y conflicto. Según Cordero (2006), esta política respondía a diversos intereses como: el potencial de explotación turística, el desarrollo de prácticas de bioprospección y la contención del conflicto agrario. Asimismo, esto generó una serie de tensiones entre los pobladores locales que mantenían diferentes relaciones con la naturaleza y las instituciones estatales (Franceschi, 2006b).

En medio de esta transformación del agro, los diferentes asentamientos creados enfrentan actualmente situaciones complejas con respecto a la tenencia de la tierra y sus prácticas productivas, tales como: la permanencia de la pequeña producción de sobrevivencia, inserción en la producción de materia prima para la exportación, venta al mercado interno y combinación de labores en otros sectores de la economía.

Los principales programas fueron: Creación de Colonias, que tenía el propósito de ubicar a campesinos sin tierra en regiones con disponibilidad de ella; Ocupantes en Precario, que se encargó de comprar y otorgar títulos de propiedad a campesinos; Asentamientos Campesinos, que otorgaba parcela y creaba cooperativas agrícolas; y por último, Regiones de Desarrollo, que proporcionaba apoyo económico en el desarrollo de viviendas, crédito e infraestructura.↵

Es importante anotar que estos datos son parte de los reportes oficiales a la institución agraria, los cuales podrían estar subestimando otros conflictos. Para reflexiones posteriores sobre esta temática es importante contrastar estos datos con la permanencia de la institución en cada región, tomando en cuenta número de oficinas, cantidad de profesionales y recursos utilizados.↵

Cabe resaltar que la política de parcelación es una acción desarrollada principalmente por el IDA, lo cual no significa que no existieran procesos de presión y movilización del campesinado.↵

Se regularon 24 territorios indígenas en todo el país, que incluyen la representación de ocho pueblos diferentes: Cabecares, Bribris, Ngabe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus y Chorotegas.↵

6

Algunas consideraciones para continuar el debate sobre la dimensión regional de las transformaciones actuales del agro costarricense

La importancia del sector agropecuario ha sido un factor estructurante en las dinámicas de acumulación y circulación del capital y poder en los diferentes países de la región centroamericana. La economía heredada de la época colonial y el auge cafetalero de finales del siglo xix determinaron a grandes rasgos los patrones que contribuyeron a consolidar una oligarquía agroexportadora, con una estructura profundamente desigual en la tenencia de la tierra y altamente dependiente de la demanda y los precios establecidos en el mercado internacional. De esta forma podemos sostener, grosso modo, que la región experimentó un largo ciclo de expansión y acumulación desde finales del siglo xix hasta por lo menos finales de la década de 1970. Este ciclo expansivo y constitutivo de la moderna agropecuaria regional es fundamental para entender las transformaciones en el capitalismo agrario centroamericano, sobre todo las contradicciones acentuadas en la crisis de la década de 1980, entre las iniciativas agroexportadoras y la economía campesina basada en la producción de granos básicos, volcada para la subsistencia y el mercado local.

La reestructuración operada en la región, una vez concluida la fase más crítica del modelo de sustitución de importaciones, trajo consigo una serie de políticas económicas y modificaciones en la estructura social, importantes de analizar para el caso particular de Costa Rica, por ser éste uno de los primeros países en aplicar un modelo de liberaliza-ción comercial y apertura de la economía con consecuencias profundas para la estructura agraria del conjunto de la región. Sin lugar a dudas, estas políticas fueron el resultado de una crisis más profunda del sistema capitalista a escala global, y los impactos sentidos en la región fueron el precio a pagar por países altamente dependientes de la exportación de productos tradicionales como el café, el banano y el cacao (productos tropicales).

La crisis de finales de la década de 1970 se asoció comúnmente a factores como el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones para los países centroamericanos, al impacto en las economías por el incremento en los precios del petróleo y la insolvencia en el pago de la deuda externa por varios países de la región; junto con México, Costa Rica fue uno de los primeros países en declarar insolvencia en el pago de la deuda externa (de 1978 hasta 1980 la deuda externa costarricense aumentó en casi mil millones de dólares).

Ciertamente estos elementos fueron fundamentales en la definición de las medidas de estabilización macroeconómica propuestas por los organismos financieros internacionales y acogidas por los respectivos gobiernos centroamericanos. Estas medidas experimentaron ritmos y disposiciones diferenciadas entre los países, sin embargo, conservan un rasgo en común que nos interesa destacar en relación con el caso costarricense. Las políticas macroeconómicas de la década de 1980 expresan nuevas dinámicas sociales y políticas que buscaron cambios profundos en los Estados nacionales y, consecuentemente, una reconfiguración de la estructura productiva, con fuertes impactos en la agropecuaria regional, a partir de una reorganización de diversas lógicas de circulación del capital al intentar la consolidación de un espacio regional de acumulación.

En el caso de Costa Rica, podemos notar cómo la estructura productiva basada en la exportación de café y banano aceleró, desde la segunda mitad del siglo xx, una concentración de la propiedad que produjo un creciente campesinado sin tierra en algunas regiones, tendencia que se consolida y expande a partir de las políticas macroeconómicas de la década de 1980.[1] Esta situación favoreció la extensión de la lucha por la tierra como una de las principales vías para lograr la supervivencia y reproducción de la vida campesina, lo cual potenció las formas organizativas campesinas que obligaron al Estado costarricense a distribuir tierras en todo el territorio.

A pesar de este importante logro, el programa distributivo del Estado coincidió con la puesta en vigencia de los programas de ajuste estructural y el desplazamiento acelerado de la producción de granos básicos. El nuevo entorno institucional y de mercado condicionó las formas de producción campesina que, una vez ganada la tierra, tuvieron que adecuarse a las diferentes modalidades de inserción subordinada al mercado nacional e internacional.

Estas dinámicas inviabilizaron la coexistencia de un moderno sector agroexportador y de una agricultura campesina local-regional, como fue la constante desde la aplicación de los programas de ajuste estructural hasta los acuerdos de libre comercio. En síntesis, los procesos de ajuste espacio-temporal del capitalismo han llevado a una dinámica de territorialización/desterritorialización de toda la economía global; lo que en el caso de Centroamérica, se ha traducido en la configuración de un espacio de acumulación regional flexible para el capital con impactos profundos sobre las formaciones socio-económicas preexistentes. El presente capítulo se enfocó en este proceso a partir de las condiciones de un país como Costa Rica, sobre todo se atendió a las transformaciones en el mundo rural desde la década de 1980, para ello partimos de algunas consideraciones fundamentales:

A partir de la década de 1950, la región profundizó el modelo agroexportador tradicional, como su principal conexión con el mercado internacional y como fuente fundamental de divisas. Basado en la gran propiedad y en el régimen de enclave o plantación, este modelo funcionó según lo que Brohman ha denominado la “lógica de la minoría”, es decir, como un modelo concentrador de tierra, capital y poder.

La presencia del capital transnacional en este modelo fue siempre determinante, particularmente de las corporaciones de Estados Unidos, en asociación con grupos locales y regionales de poder político y empresarial.

La creación del Mercado Común Centroamericano (mcca), en este contexto, estimuló el crecimiento económico de la región e indujo un proceso incipiente de industrialización. No obstante, al mismo tiempo no modificó de forma sustancial la estructura económica de estos países, en los cuales el poder oligárquico y la exportación de productos agropecuarios tradicionales siguieron ocupando un lugar medular. Es importante indicar que el mcca también favoreció el surgimiento de nuevos sectores empresariales en la región que, junto al capital extranjero, fueron los que más se beneficiaron de la creación del mismo y de los procesos posteriores de libera-lización comercial (Torres-Rivas, 2007:94-95).

Es verdad que los países de la región pusieron en marcha modelos de crecimiento económico que intentaron impulsar la creación de un mercado interno y de cierta capacidad productiva en el sector secundario, junto al desarrollo de mayores capacidades del Estado como planificador, gestor y actor económico, pero esto no significó un cambio estructural en el papel de estas economías en el sistema capitalista internacional. Costa Rica avanzó significativamente en la “modernización” del Estado mediante la creación de una plétora de instituciones públicas y un impulso decidido a la industrialización sustitutiva,[2] y conservó un lugar privilegiado para la agricultura de exportación.

Aunque muchas veces se parte de la idea de que los programas de ajuste estructural de las décadas de 1980 y 1990 significaron una transformación radical con las trayectorias de desarrollo económico y social precedentes, esa interpretación no corresponde completamente con los hechos. Las prioridades y énfasis cambiaron, pero no la lógica de integración subordinada al mercado global.

Las reformas, aunque importantes, se orientaron a mantener un determinado balance de fuerzas; por ejemplo, la denominada diversificación productiva incorporó nuevos productos a la pauta agroexportadora, pero no modificó los patrones de concentración y acumulación de capital. La producción de alimentos, en este contexto, recibió menos apoyo estatal si lo comparamos con el otorgado a los sectores agroexportadores. A pesar de eso, los países de la región, con excepción de Costa Rica, lograron autosuficiencia alimentaria hasta mediados de la década de 1970.

Para finales de la década de 1970, Costa Rica mostraba una estructura económica e institucional con los siguientes rasgos: predominancia de la agricultura de exportación, insuficiencia en la producción de granos básicos, industrialización sustitutiva relativamente exitosa y una presencia del Estado como agente económico, como regulador, como arbitro y como prestador de servicios, para la mayor parte de las actividades rurales y productivas del agro nacional.

De esta forma podemos decir, para el caso costarricense, que los productos de agroexportación tradicional siguieron ocupando un lugar central en el proceso económico general; mientras que a partir de la década de 1980 otros sectores vinculados a las exportaciones agrícolas no tradicionales —como frutas tropicales, vegetales frescos y flores— desplazaron los alcances de un campesinado centrado en la agricultura alimentaria para el mercado interno, respecto a las políticas estatales y la conformación de una nueva dinámica social para toda la región centroamericana.

En otras palabras, la década de 1980 inaugura un nuevo ciclo en la dinámica regional, agotadas las perspectivas productivas-agroexportadoras de microescalas geográficas y el Mercado Común Centroamericano como proyecto de acumulación a partir de la integración de múltiples lógicas nacionales. Las tendencias dominantes de la liberalización financiera y comercial encontraron en Centroamérica el terreno fértil para una reestructuración de la región que tuvo como eje central de su dinámica de poder la consolidación de una agricultura de exportación (basada en la idea de la diversificación productiva) y la sustitución de las economías campesinas por la importación masiva de granos básicos.

El resultado de todo este proceso ha sido un empobrecimiento de los sectores campesinos y un vínculo creciente entre el capital financiero y los grupos agroexportadores de la región. En el primer caso, puede constatarse cómo la pequeña producción mantiene formas de inserción diferenciadas al mercado interno y externo. En el segundo, se encuentran grupos que han logrado conectarse con la lógica de exportación no tradicional, principalmente hortalizas, café y productos orgánicos, mientras que otros han experimentado un claro fracaso en este ámbito, tal es el caso de los productores de plátano en el Caribe. En medio de estas dos situaciones límite, se encuentra una gran cantidad de modalidades de producción para la subsistencia y la venta subordinada a la comercialización de intermediarios.

En los últimos años, la institucionalidad rural y las políticas agrícolas mudaron radicalmente y se transformaron en instrumentos de esa lógica de inserción subordinada al mercado internacional, según la cual el campo es apenas proveedor de productos exóticos; se dejó de lado el apoyo a la producción de alimentos y a amplios sectores campesinos tanto en Costa Rica como en los otros países del área, y se redefinieron así los límites de un proceso que está muy lejos de haber terminado y cuyas consecuencias esperan acciones y propuestas alternativas para la recuperación del campesinado y de la soberanía alimentaria en la región.

A pesar de que el café y el banano llegaron a significar 55% del total de las exportaciones, se trata de un país que mantuvo durante la década de 1980 un incremento de 3.2% en la producción agropecuaria (Fallas, 1993:39), cuando toda la región experimentó una disminución de la producción per cápita.↵

Como dice Marc Edelman: "La empresa más emblemática del 'Estado empresario' emergente era la Corporación Costarricense de Desarrollo, codesa, fundada en 1972 [...] Esta enorme compañía del sector público llegó a tener inversiones en refinerías de azúcar y de alcohol para combustible; procesamiento y distribución de cemento, fertilizantes, algodón, aluminio y transporte terrestre, fluvial y ferroviario, codesa era también dueña de la Bolsa Nacional de Valores y participaba en una serie de proyectos conjuntos de turismo con capital privado. Originalmente, se suponía que codesa invertiría en actividades económicas o socialmente necesarias que el capital privado evitaba, ya fuera por el alto costo inicial o por los niveles de riesgo inaceptables. Una vez que estos programas vitales se establecieran y fueran rentables serían vendidos a los inversionistas privados" (2005:110). Durante la reforma del Estado neoliberal de la década de 1980 y siguientes, codesa fue progresivamente privatizada, sin que el país recuperase un centavo de la gigantesca inversión pública que su creación y puesta en marcha significaron.↵

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2. La revolución agraria cubana: logros y desafíos[1]

JUAN VALDÉS PAZ [2]

Con el triunfo insurreccional contra la dictadura de Batista en 1959, se inició la Revolución Cubana, como una transformación profunda en la sociedad, primero política, después social y muy tempranamente, agraria. De hecho, los diversos programas políticos insurreccionales se comprometían desde entonces con la transformación de las condiciones del campo y, mas precisamente, con una reforma agraria,1 tal como aparecía en el pensamiento radical cubano y en el mandato constitucional de 1940 (Valdés Paz, 1997).

El proceso agrario cubano ha sido, por tanto, parte inseparable de la historia de la Revolución Cubana y uno de sus ejes fundamentales. Estudiar este proceso es referirnos a una historia de mas de cinco décadas, lo cual no puede ser el propósito de este capítulo. En su defecto, nos proponemos el objetivo más modesto de presentar a los lectores una sinopsis de este proceso, agrupándolo de manera temática más que cronológica. Sin embargo, nos parece útil proponer en principio, y caracterizar en lo posible, una perio-dización de este proceso agrario, que sirva como un referente de nuestra exposición, a saber:

1959-1963. Periodo de las dos primeras reformas agrarias y de la constitución de un sector estatal de agricultura.

1963-1970. Periodo de adecuación de la agricultura a las nuevas condiciones socialistas y de expansión acelerada de la agricultura cañera con vista a la zafra de los diez millones de toneladas.

1970-1975. Periodo de recuperación de los impactos de la zafra de 1970 y extensión del modelo tecnológico de producción intensiva.

1975-1985. Periodo de adecuación de la agricultura al Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (nsdpe).

1985-1993. Periodo de adecuación de la agricultura a la campaña de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas.

1993-2008. Periodo de recuperación de la crisis de la década de 1990 y de una tercera reforma agraria.

2008-actualidad. Periodo en curso de una cuarta reforma agraria y de la municipalización de la agricultura.

Como se ve, estos periodos han sido demarcados por la estrategia de desarrollo dominante en cada uno. Como parte de todos ellos, examinaremos seis de los aspectos que caracterizaron el proceso agrario cubano, éstos son: la estructura de tenencia de la tierra, el uso del suelo, la organización agraria, el modelo tecnológico, la economía agraria, y el desarrollo de la sociedad rural.

No examinaremos los escenarios reales en los que ha transcurrido este proceso y sus correspondientes periodos. Baste recordar que los dos primeros sucedieron en un escenario de consolidación del nuevo orden revolucionario, con todas sus incidencias; que los tres siguientes transcurrieron en un escenario de “transición socialista”, con sus condicionamientos; y que los últimos, incluido el periodo actual, han sucedido en un escenario de recuperación incompleta de la crisis de la década de 1990, diferenciada por sectores y por las estrategias alternativas de corto, mediano y largo plazos, implementadas.

En los respectivos escenarios han estado presentes condiciones y actores comunes y también diferentes. Estos condicionamientos, en gran medida constricciones externas y restricciones internas, han sido tanto las causas directas que actúan sobre el proceso como las motivaciones de las estrategias nacionales y sectoriales, que han dado a este proceso su orientación, giros, y características. Estas estrategias fueron siempre decisiones tomadas desde el mas alto nivel político y sus efectos sobre el proceso agrario fueron asumidos como derivadas.

Cabe observar que la historia agraria de la Revolución Cubana fue, en sus inicios, la superación revolucionaria de la cuestión agraria que se originó en la etapa republicana y se caracterizó por una agricultura dominada por el latifundio, una sociedad rural abismalmente atrasada y diferenciada de la sociedad urbana, así como un bajo nivel científico y tecnológico en las actividades agropecuarias. Superada en lo fundamental la tradicional cuestión agraria, la opción no capitalista o socialista que se adoptó al comienzo de la década de 1960 —como vía para la consolidación de la soberanía nacional, el desarrollo socioeconómico, la instauración de un menor patrón de desigualdad y el establecimiento de una democracia popular— dio lugar a estrategias de transición socialista orientadas a una sociedad cubana más justa e independiente. La sociedad rural fue el lugar privilegiado de estas transformaciones.

Las estrategias socialistas implementadas en el tiempo dieron lugar a su propia y peculiar cuestión agraria que se caracterizó, en parte, por la elevada estatización de las actividades agropecuarias, la baja productividad del trabajo y de los medios, así como por la inseguridad alimentaria. La superación de esta “cuestión agraria” del socialismo cubano ha determinado las estrategias agrarias en curso y sus metas inmediatas. Pasemos pues a examinar alguno de los temas de su trayectoria.

Versión actualizada del ensayo publicado en la revista brasileña Estudos Avanzados, vol. 25, núm. 72, 2011.↵

El más destacado de estos programas es el conocido alegato de defensa de Fidel Castro: "La historia me absolverá".↵

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Estructura de la propiedad y tenencia de la tierra[1]

Como señalaba Antonio García, lo característico de la dominación latifundiaria no sólo es la alta concentración de la tierra en manos de pocos propietarios o tenentes, sino la secuela de relaciones de explotación, subordinación y exclusión que se estructuran a partir de ella, así como la expresión cultural correspondiente, en lo que él llamaba “la constelación latifundiaria”.

La experiencia histórica cubana no podía sino corroborar esta visión. Así, podemos constatar que en la década de 1950 una estructura de tenencia de la tierra, caracterizada por la concentración de ésta, mostraba que 57% de la tierra estaba en manos de 3% de los tenentes; mientras que 78.5% —aproximadamente 126000 tenentes con menos de cinco hectáreas de tierras— poseía solamente 15% de las tierras; y de éste, 40% la poseían en condiciones de arrendatarios, subarrendatarios, aparceros o precaristas. Sobre esta estructura se sustentaba una sociedad rural de asalariados, campesinos y desempleados agrícolas, tan explotados como precarios.

En esos años, las principales fuerzas participantes en la insurrección cubana contra la dictadura de Batista habían identificado esta situación como la mayor prioridad de un programa de justicia y transformaciones sociales, tal como se expresaba en el alegato de defensa “La historia me absolverá”, y en la Ley número 3 de la Sierra Maestra, promotora de una reforma agraria en los territorios liberados.

De hecho, la reforma de la estructura de tenencia de la tierra fue la primera gran transformación estructural promulgada por la Revolución en 1959 y, desde entonces, una de las estructuras socioeconómicas que ha sido objeto de mayor número de reformas. Desde ese año contamos cuatro reformas de la estructura de tenencia, que podemos resumir en:

Primera Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959. Mediante esta ley se erradicó el latifundio y la propiedad foránea sobre los bienes rústicos; se suprimieron todas las formas de tenencia no propietaria; y se entregó la propiedad de la tierra al que la trabajaba, con lo cual se benefició a más de 100000 campesinos. De su aplicación en condiciones de una aguda lucha interna y externa, se originó un sector nacionalizado de la agricultura, administrado estatalmente, que comprendía 33% de las tierras del país.

Segunda Ley de Reforma Agraria. Promulgada en octubre de 1963, ya definido el carácter socialista de la Revolución y enmarcada en la lucha política y de clases de ese momento. Mediante esta ley quedaban automáticamente nacionalizados todos los predios o fincas con más de 67 hectáreas. Con ella, el sector estatal de la agricultura detentaba 66% de las tierras y se convertía en base del desarrollo socialista de la agricultura cubana.

Evolución en las décadas de 1960, 1970, y 1980. Desde la segunda mitad de la década de 1960 se produjo un paulatino traspaso de tierras del sector privado al sector estatal como resultado de las ventas voluntarias por parte de los campesinos o de compras estatales por motivos de utilidad pública, en apoyo a los planes estatales de desarrollo intensivo. Estos traspasos elevaron la tenencia del sector estatal a 82% de las tierras nacionales, una tenencia superior a su capacidad de explotación.

Tercera Reforma Agraria de 1993. La crisis agraria desatada en la década de 1990 —desaprovisionamiento, descapitalización, derrumbe del modelo tecnológico, falta de fuerza de trabajo agrícola, etcétera— dio lugar a la emergencia de redistribuir las tierras nacionalizadas a favor de cooperativas y del sector campesino, lo cual provocó la desestatización de la estructura de tenencia, que bajó su participación de 80 a 40% de las tierras.

Cuarta Reforma Agraria iniciada en 2008. Las difíciles condiciones de recuperación de la agricultura en las tierras estatales o recientemente desestatizadas, dieron lugar a un creciente fondo de tierras ociosas, lo cual planteó la necesidad imperiosa de su redistribución en condiciones de usufructo a nuevos campesinos, a campesinos tradicionales y a cooperativas con disponibilidad de fuerza de trabajo.[2] El efecto de este proceso, aún en curso, ha sido rebajar la tenencia de tierras estatales a cerca de 25%, así como elevar el número de los tenentes individuales, propietarios de sus fundos o usufructuarios de tierras nacionales.

Como se observa, la tendencia que muestra la evolución de la estructura de tenencia de la tierra en el país ha sido: primero, la conversión en propiedad privada de las tierras que se trabajan directamente bajo formas de tenencia no propietarias; segundo, la nacionaliza-ción de la propiedad rústica, condición histórica para su explotación directa por el Estado o su eventual redistribución como tenencia privada, ya fuese campesina o cooperativa; tercero, mantener en las nuevas condiciones, la coexistencia de grandes unidades agrarias bajo gestión estatal con otras pequeñas, en general campesinas, situación revertida desde la década de 1990; cuarto, actualmente, recampesinar la estructura de tenencia.

Visto de conjunto, este proceso de transformación de la estructura de tenencia de la tierra —sin duda el mas radical de todos los realÍ2ados en América Latina— estuvo caracterÍ2ado por dos primeras reformas agrarias que respondían a las reivindicaciones históricas de la población rural y que contaron con un amplio apoyo y movilización de masas; los sucesivos cambios con los que se respondía a las nuevas necesidades surgidas en el decurso de la Revolución, así como a sus estrategias de desarrollo; dos últimas reformas que han respondido a la desestructuración del sector agrario resultante de la crisis que se abatió sobre la isla en la década de 1990, y que si bien han dispuesto del consenso social necesario, han transcurrido con una limitada participación de las masas y más bien han sido conducidas administrativamente.

Cfr.Valdés Paz (1997).↵

En febrero de 2011 se estimaba un fondo de 2.3 millones de tierras ociosas, casi la mitad de las tierras agrícolas del país. A fines de ese año, se informaba de la distribución de 63% de ese fondo, un poco más de 1.4 millones de hectáreas, y de la creación de 161 000 nuevos productores campesinos usufructuarios.↵

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Uso del suelo

Uno de los rasgos propios de la constelación latifundiaria en Cuba fue el patrón histórico de un suelo dominado en 75-80% por la agricultura cañera y la ganadería vacuna. En la década de 1960, el incremento de la agricultura no cañera coexistió con la expansión azucarera de los últimos años de esa década, favorecida por la ampliación del área bajo cultivo.[1] Pero el incremento de la agricultura cañera con vista a sostener zafras azucareras de más de ocho millones de toneladas así como la expansión de la ganadería vacuna, reinstalaron el patrón tradicional de uso del suelo hasta la década de 1990, momento en que se vio afectado por la crisis.

Por otra parte, desde fines de la década de 1960 y en la primera mitad de la de 1970, la promoción del modelo tecnológico intensivo impuso una especialización generalizada del uso del suelo, que dio lugar a la correspondiente especialización de los medios y la fuerza de trabajo.

La llamada “reconversión azucarera”, iniciada en la década de 2000, afectó este patrón de uso del suelo, aún dominante, mediante el traspaso de tierras cañeras a las producciones: agrícola no cañera, ganadera y forestal.[2] De hecho, la ganadería y la agricultura cañera ocupan actualmente tan sólo sobre 50% de las tierras agrícolas. Por otra parte, la distribución en curso de tierras ociosas para la producción de alimentos deberá modificar definitivamente este patrón histórico a favor de la agricultura no cañera.

Precisamente, el mayor desafío inmediato en el uso del suelo es poner en producción el fondo de tierras ociosas existente, estimado a fines de 2011 en casi un millón de hectáreas, 20% de las tierras agrícolas del país.

Por tanto, la tendencia actual en la estructura del uso del suelo es a una mayor diversificación en favor de la agricultura no cañera, basada fundamentalmente en la reincorporación de las tierras ociosas a la producción de alimentos. No obstante, la eventual recuperación de la producción ganadera basada en el pastoreo, así como la recuperación de la agricultura cañera, mantendría una alta competencia por la tierra y los recursos entre estos sectores productivos {Anuario estadístico, 2010; 2011).

Por último, cabe mencionar la afectación al fondo de tierras agrícolas como resultado de la degradación de los suelos, la continua expansión urbana y la inversión económica en los sectores industrial y turístico. Este será uno de los grandes desafíos agrarios a mediano y largo plazos.

Convencionalmente, en Cuba la producción agropecuaria se clasifica como agricultura cañera, no cañera y producción pecuaria, con sus respectivas subclasificaciones.↵

El traspaso proyectado sobre un millón de hectáreas se distribuiría en 32% para cultivos varios y hortalizas, 18% para forestal y frutales, y 50 % para la ganadería vacuna↵

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Organización de la producción agropecuaria[1]

Las sucesivas reformas agrarias, así como las estrategias de desarrollo agropecuario de cada periodo, influyeron en la evolución de la organización agraria cubana a favor de formas de organización inéditas como las empresas estatales y las cooperativas. Un examen más pormenorizado por sectores podría ilustrar esta evolución.

Productores

Los productores campesinos, con áreas promedio cercanas a las 24 hectáreas, fueron afirmados como productores individuales o familiares, con la Primera Reforma Agraria de 1959. Evolucionaron y disminuyeron en número en las décadas de 1960 y 1970; se estabilizaron e incrementaron en número con el proceso de cooperativización impulsado en las décadas de 1970 y 1980, y han crecido con nuevos productores usufructuarios desde las décadas de 1990 y 2000. De hecho, actualmente se informa de la existencia de más de 300 000 campesinos.

Distintas formas de cooperación agraria han surgido, con distinta suerte, desde la década de 1960 hasta nuestros días. Las cooperativas de origen campesino en la actualidad son: a) las Cooperativas de Producción Agropecuaria (cpa), de propiedad colectiva, surgidas en las décadas de 1970 y 1980, abarcaron 40% del campesinado, no obstante, han disminuido por distintas causas, desde su creación hasta el presente; y b) las Cooperativas de Crédito y Servicios (ees), forma de cooperación simple, en las que se agrupan un número de productores individuales para ciertos fines compartidos. Esta última forma, la de mayor auge desde la década de 1990 entre los campesinos, ha tenido un crecimiento considerable con el acceso de nuevos productores usufructuarios.

Un caso particular son las cooperativas originadas entre los obreros agrícolas, como efecto de la desestatización iniciada en la década de 1990, conocidas como Unidades Básicas de Producción Cooperativa (ubpc). De esta forma se agrupa la mayor parte de los obreros agrícolas estatales y más de la mitad de sus tierras, por lo que representa el mayor sector cooperativo de la agricultura cañera. Se trata de una forma cooperativa híbrida altamente dependiente de las instancias estatales que aún deberá evolucionar hacia una cooperación plena.

Por otro lado, tenemos las formas de producción con las cuales se ha organizado la gestión agropecuaria en el sector estatal, durante cinco décadas. Estas han sido: las Granjas del Pueblo en los primeros años de la década de 1960; las Granjas y Agrupaciones, los Planes Especiales, en las décadas de 1960 y 1970; las Empresas Estatales Agropecuarias desde mediados de la década de 1970 y hasta fines de la de 1980; y las Granjas Estatales del sector estatal subsistente, de la década de 1990 en adelante. El rasgo principal de estas empresas estatales de la agricultura, a lo largo del tiempo, ha sido la gran escala y la altísima concentración de recursos, así como la proliferación de organizaciones de segundo grado como uniones, grupos empresariales, corporaciones, complejos agroindustriales, etcétera.[2]

Como resultado de las evoluciones particulares antes descritas, desde mediados de la década de 1990 tenemos un panorama organizativo de la producción agropecuaria más diversificado y dominado por empresas autogestionarias, con mayor peso de las formas cooperativas en tierras y número de productores:

El balance del cuadro 2.1 muestra que a diferencia de la década de 1990, el total de unidades tendería a disminuir, particularmente las estatales, y a elevar su escala promedio en las formas cooperativas. Esta tendencia se ha mantenido hasta el presente.[3]

A esta estructura de los productores le ha correspondido un diseño organizativo de los servicios científico-técnicos y de las actividades de aseguramiento a la producción —suministros, servicios de mecanización y transportación, etcétera— así como de su comercialización.

CfnValdés Paz (2010).↵

En 1963, 880 granjas estatales administraban 66% de las tierras nacionales; y en 1989, 474 empresas estatales administraban 82% de las tierras del país.↵

Por ejemplo, a fines de 2011 se estimaban 995 Cooperativas de Producción Agropecuaria (cpa) y 2 518 Cooperativas de Crédito y Servicios (ees). No obstante, téngase en cuenta que el incremento del número de productores campesinos, en el marco de las ees, ha elevado el número de unidades de producción.↵

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Dirección estatal de la agricultura

De igual manera, la organización de la dirección estatal sobre la agricultura también ha sido objeto de evolución en el tiempo tanto en su estructura funcional como en sus dependencias, a saber: Instituto Nacional de Reforma Agraria (inra)[1] de 1959 a 1975; Ministerio de la Agricultura (Minagri) de 1985 a nuestros días; y Ministerio del Azúcar (Minaz), que desde 1980 integró la agricultura cañera hasta 2011 cuando se convirtió en la Organización Superior de Dirección Económica (osde) subordinada al Minagri, así como sus respectivas delegaciones territoriales.

El mayor desafío actual de la dirección estatal de agricultura es pasar de una dirección administrativa, altamente centralizada, a una dirección estatal descentralizada, caso de la llamada “municipalización de la agricultura”, mediante la constitución de delegaciones municipales del Ministerio de la Agricultura. Esta última tendencia parece beneficiada por el hecho de que: la escala organizativa de todos los productores les coloca bajo el umbral municipal; los recursos de una producción agroecológica son fundamentalmente locales; y los productores autogestionarios tienen que medir necesariamente su gestión frente al mercado.

Las futuras reformas organizativas de la agricultura deberán superar la contradicción histórica entre una actividad de naturaleza esencialmente territorial y una organización verticalizada; así como la propensión a apoyar el diseño organizativo en criterios administrativos y no económicos, la tendencia a organizar la gestión en modelos homogéneos, así como a establecer pautas organizativas de corta duración.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (inra), creado a mediados de 1959 para la implementa- ción de la Primera Ley de Reforma Agraria, fungió además como el núcleo del nuevo Estado revoluciona rio, y albergó inicialmente muchas de las funciones y actividades que después le caracterizarían (cfr. Valdés Paz, 2010).↵

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Ciencia y tecnología

Desde el comienzo de los procesos de reforma agraria en la década de 1960, el desarrollo agropecuario se acompañó de un progreso paralelo de los servicios científico-técnicos a la agricultura y de las investigaciones agropecuarias, básicas y aplicadas. A fines de la década de 1960 y comienzo de la de 1970, y en apoyo a los planes de desarrollo basados en un modelo tecnológico intensivo en recursos, se inició una verdadera revolución científico-técnica en el sector agrario, en todo lo referido tanto a los servicios como a las investigaciones agropecuarias.

De hecho, se crearon grandes organizaciones nacionales de servicios técnicos, financiadas presupuestariamente —institutos, centros nacionales, laboratorios centrales, etcétera— dotadas de redes territoriales de servicios, de suelo y fertilizantes, hidráulicos, fitosanitarios, veterinarios, de inseminación artificial y otros. De igual manera, se crearon diversos centros e institutos de investigaciones en las distintas ramas y especialidades.

Este despliegue del recurso científico-técnico en apoyo al desarrollo agropecuario confrontó limitaciones económicas de distinto tipo, entre ellas: los costos de estas actividades fueron cubiertos en su totalidad por el presupuesto, sin contribuir de forma directa a los costos de las empresas; los resultados de las investigaciones tuvieron un bajo nivel de incorporación a las prácticas productivas; y su incidencia en la producción y la productividad agropecuarias fue más que insuficiente. De hecho, una gran parte del efecto benéfico de los recursos científico-técnicos empleados como servicios o insumos, sirvió para amortizar la falta de fuerza de trabajo o la caída de la productividad.

Gran parte del este despliegue de una poderosa estructura científico-técnica ha sido en apoyo a la promoción de un modelo tecnológico intensivo en recursos e integrado por distintos elementos como la organización a gran escala, la especialización del suelo, la mecanización, el riego, el uso de agroquímicos, el beneficio a los productos, la selección genética, la incorporación de nuevas variedades, etcétera. Este modelo intensivo, vuelto convencional, sustituyó al modelo tradicional predominante al comienzo de la revolución agraria, de manera gradual en la década de 1960 y aceleradamente, en la de 1970.

La implementación del modelo tecnológico intensivo en la agricultura y la ganadería modificó la matriz de insumos del sector y elevó su componente importado. A la vez, impactó la estructura ocupacional mediante una acelerada demanda de operarios y técnicos especializados.[1]

Este modelo rigió, directivamente para el sector estatal y extensionalmente para el sector campesino, hasta la década de 1990 cuando la crisis económica derrumbó el modelo intensivista y lo sustituyó con un modelo emergente, de carácter híbrido, integrado por elementos del modelo intensivo y otros agroecológicos. El modelo emergente se ha visto favorecido por la crisis de los abastecimientos técnico-productivos, así como por el ascenso de una producción campesina, basada sobre todo en el modelo tradicional.

La necesidad de un modelo que garantice a la vez la sustentabilidad económica y ecológica de la agricultura cubana ha favorecido el establecimiento generalizado de prácticas agroecológicas, en la actualidad tiene actualmente a su favor: la menor escala de los productores; el modelo de agricultura tradicional campesina, como el más sustentable entre las formas de organización de la producción existentes; una incipiente cultura ecológica; y un sistema de servicios técnicos e investigaciones que podría funcionar en apoyo a la expansión acelerada de prácticas agroecológicas sobre base científica.

No es un menor desafío la reconversión de los recursos humanos del sector —fuerza de trabajo, técnicos, dirigentes, etcétera— a una nueva cultura agraria que responda a un nuevo modelo tecnológico, de momento híbrido y eventualmente agroecológico.

Esta demanda implicó para el país una extraordinaria expansión del sistema educacional para la formación de técnicos agropecuarios de nivel medio y superior; y para el sistema del Ministerio de la Agricultura un esfuerzo paralelo en la capacitación de la fuerza de trabajo en los nuevos perfiles de trabajo calificado. Las curvas de demanda y de oferta de estos recursos humanos no alcanzaron a interceptarse hasta comienzo de la década de 1980. Ambas curvas han vuelto a desfasarse en la década de 2000.↵

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Economía agraria

Desde la década de 1960 hasta la mitad de la de 1980, el desarrollo agropecuario fungió como el “núcleo duro” de las estrategias nacionales de desarrollo; aunque partía de una concepción integral y de mediano plazo, en la práctica tendió a ser interpretado en términos de metas inmediatas de producción en las ramas priorizadas. Algunos aspectos a destacar de esta evolución son los siguientes.

Producción agropecuaria

Las políticas de desarrollo de la producción agropecuaria, implementadas entre las décadas de 1960 y 1980, debían garantizar tanto un incremento sostenido de las exportadones como responder al incremento de la demanda interna. Al respecto se alcanzaron importantes logros:

El área agrícola nacional se elevó a 62% del área total, 13% mayor que en 1957, y el área bajo cultivo a 2.3 veces de la existente en la década de 1950.

La recuperación de la agricultura cañera, iniciada en la segunda mitad de la década de 1960, garantizaría hasta fines de la década de 1980 zafras de entre siete y ocho millones de toneladas.

La diversificación y el incremento de la agricultura no cañera permitió garantizar a una creciente demanda, el suministro racionado de alimentos.[1] Particular éxito se obtuvo en el incremento de la producción de arroz, cítricos y tubérculos.

Igualmente, se logró asegurar una base proteínica nacional —en carne, leche y huevo— que cubría gran parte de las necesidades básicas de toda la población. Ello implicó un notable desarrollo e industrialización de la ganadería vacuna, avícola y porcina.

El nivel nutridonal de la población alcanzaba, en 1989, un per cápita real de 2845 ki-localorías, 76.5 gramos de proteína y 46.5 gramos de grasas.

La agricultura cañera y no cañera lograron incrementar, de manera sostenida, las exportaciones de azúcar, tabaco, y cítricos.

Inversiones

Estos logros se asentaron en un acelerado proceso de modernización mediante inversiones productivas, equipamiento y creación de infraestructura, en el conjunto de las actividades agropecuarias. La tasa de inversión en el sector llegó a representar en las décadas de 1960 y 1970 25% del pib nacional. Este proceso exigió un notable y exitoso esfuerzo en la formación de cuadros, en la capacitación de la fuerza de trabajo, en la formación masiva de técnicos de nivel medio y superior.

La crisis de la década de 1990 produjo, entre otros efectos, una acelerada descapitalización de la agricultura, de no menos de 50% de los medios básicos, y una caída de la inversión productiva. Ello ha afectado particularmente el nivel de equipamiento —por falta de reposición u obsolescencia— y la preservación de los medios e instalaciones. Ésta es una de las condiciones restrictivas con la que la agricultura ha tenido y tendrá que avanzar en su recuperación.

La recuperación y posterior desarrollo agropecuario exige una recapitalización de la agricultura basada en un nuevo modelo tecnoproductivo de inspiración agroecológica que asegure una expansión del producto agropecuario de manera sustentable, económica y ecológica. También, una apertura controlada del sector a la inversión privada y extranjera que permita acortar el tiempo de recapitalización y recuperación de la producción.

La distribución racionada de productos agrícolas e industriales, aún vigente, fue implantada en 1961 con el objetivo de asegurar el consumo igualitario de la población en condiciones de incremento acelerado de la demanda, comienzo del bloqueo económico de Estados Unidos y de caída de la producción. Los instrumentos para ello han sido el Registro de Consumidores y la llamada libreta de "Control de ventas para productos..."↵

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El largo periodo especial. De 1993 hasta la actualidad

La crisis de la década de 1990 produjo una caída vertiginosa del Producto Interno Agropecuario (pía) sólo en parte recuperado hasta fines de esa década y desde entonces en regresión hasta la fecha.[1] De hecho, el producto agropecuario ha perdido peso relativo en el pib nacional, su curva de crecimiento ha mostrado fuertes variaciones en el último quinquenio y su tasa promedio ha sido inferior a 4%. Las condiciones y restricciones a la recuperación del sector —descapitalización, falta de fuerza de trabajo, baja disponibilidad de insumos y energía, inadecuado manejo de los recursos naturales, deterioro de los suelos, etcétera— han incidido en la disminución del área cultivada y de la productividad, dando lugar a la caída de las exportaciones y a una mayor inseguridad alimentaria.[2] Visto por subsectores, podemos advertir:

Una mayor pero inestable recuperación de la agricultura no cañera. A ello ha contribuido una mayor diversificación de la agricultura, así como el impetuoso desarrollo de la agricultura urbana y suburbana, en la década de 2000.

La fracasada recuperación de la agricultura cañera. La reconversión azucarera, iniciada en 2002, no ha logrado asegurar el nivel de producción cañera previsto para zafras azucareras promedios de 4.5-5.0 millones de toneladas. De hecho, la reconversión azucarera ha sido una de las estrategias mas controvertidas, tanto en sus propósitos como en su implementación.

La ganadería ha sido una de las ramas mas afectadas por la crisis y la de más lenta recuperación. El peor desempeño ha sido el de la ganadería vacuna, que ha visto reducida su masa a la mitad de las cabezas existentes a fines de la década de 1980, y su producción de leche y carne a menos de 25% de la anterior. Las ganaderías avícola y porcina han logrado recuperarse en mayor medida y se ha producido un notable incremento de la producción ovino caprina.\

La silvicultura recibió un fuerte impulso como parte de la política de preservación del medio ambiente y en compensación de las graves afectaciones sufridas por las áreas boscosas del país, en décadas anteriores y posteriores al triunfo revolucionario. El área nacional cubierta por bosques había pasado de 13.4% en 1959, a 25.3%, a fines de 2007.

Como se ve, la recuperación de la crisis agraria, iniciada en la década de 1990, ha sido lenta e inconclusa. De hecho, el Producto Interno Agropecuario (pía) de los periodos posteriores se ha mantenido estancado o con un bajo crecimiento.

El producto agropecuario de 2000 era 125% de 1993; el de 2005 era 90% de 2000 y el de 2010, 108% de 2000. La participación del producto agropecuario en el PIB nacional descendió de 4.2 en 2005 a 3.6 en 2010 con un menor efecto multiplicador. Cfr. Anuario estadístico (2000, 2005 y 2010).↵

El aseguramiento de nutrientes a la población cayó en 1993 a 50% de los niveles de 1989. Con la posterior recuperación, en 1999 se logró alcanzar un nivel de 2362 kilocalorías , 59.4 gramos de proteína y 41 gramos de grasas, aún inferiores a los requerimientos mínimos; pero en 2005 ya se alcanzaron los nive les de consumo de nutrientes por habitante de 3246 kilocalorías , 88 gramos de proteína y 65 gramos de grasa, superiores a dichos requerimientos, menos en grasas y más altos que los de 1989. Vale aclarar que estos niveles de nutrición recuperados no resuelven las bajas disponibilidades de los principales productos demandados ni la cobertura de 15 millones de consumidores.↵

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Comercialización

La comercialización de la producción agropecuaria quedó organizada desde la década de 1960 como un monopolio estatal —nacional y territorial— de acopio y distribución de la producción no cañera. A este sistema correspondía la compra, acarreo, beneficio y entrega mayorista de la producción agrícola, a la industria y al consumo de la población. Las producciones pecuarias eran acopiadas directamente por las industrias alimentarias.

Este sistema basado en la necesaria dotación de recursos humanos y materiales para realizar sus funciones y en el peso absoluto del sector estatal en la producción agropecuaria evolucionó hacia menores niveles de eficiencia y provocó una crisis en la década de 1990. Su recuperación se ha visto impedida por condiciones contrarias a las que le dieron origen. De hecho, en la década de 1990 el resurgimiento del mercado libre, de nuevos intermediarios y del predominio de la producción privada, ha impuesto una concepción más compleja, local y participativa de la comercialización agropecuaria, no sin plantear tensiones y acomodos a la planificación central, al aseguramiento del consumo social y a la libreta de racionamiento, pendientes aún de normalización.

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Desafíos actuales

Los logros tecnoproductivos de la economía agraria cubana, en las tres primeras décadas (1960 a 1980), dejaron sin resolver los problemas de su ineficiencia, patentes en la baja productividad de los medios y el trabajo, así como en la creciente necesidad de subsidios públicos, en casi todas sus ramas. Ello mostraba que el modelo agropecuario cubano se hacía cada vez más insostenible, tanto económica como ecológicamente.

Las principales causas de esta tendencia eran tanto internas al modelo agropecuario conformado desde la década de 1960 —estatización, centralización, inadecuado mecanismo de incentivación, insuficientes relaciones monetario-mercantiles, política de precios, etcétera— como externas al mismo caso del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (sdpe), vigente en cada periodo. La regresión de la década de 1980 y la crisis de la de 1990 hizo patente tanto la imposibilidad de sostener este modelo y la urgencia de suplantarlo por otro, como la necesidad de enmarcarlo en un nuevo sistema de dirección y planificación de la economía.

En las actuales condiciones, este nuevo sistema deberá contener, entre otros aspectos, una mayor autonomía de la esfera empresarial, una planificación que incorpore el mercado y un régimen financiero duro. A este sdpe o “modelo de gestión”, se deberá adecuar el modelo agropecuario. Precisamente, corresponderá a ese nuevo modelo recuperar la capacidad agroexportadora del país, la seguridad alimentaria de su población y la demanda turística.

Entre las dificultades que enfrentará la implantación de un nuevo modelo está la falta de fuerza de trabajo directa en el sector agropecuario, así como la irrentabilidad de la mayor parte de sus empresas. Mientras tal modelo no quede definido en todas sus partes, se hace necesario anticipar políticas orientadas a superar dichas dificultades.

Entre estas políticas destaca la “municipalización de la agricultura”, iniciada en 2008 con el objetivo de descentralizar y territorializar el sistema agrario, en aspectos referidos a la producción, comercialización, aseguramientos y servicios agropecuarios, así como a la dirección estatal de estas actividades, desde la instancia municipal. Si bien la “municipalización”, como expresión de una deseable estrategia general de descentralización y te-rritorialización de los procesos institucionales, es transversal a todos los sistemas —político, económico, civil, cultural, etcétera— y, por ende, atañe a todas las esferas del país, en lo que respecta al sector agrario se presenta como una estrategia emergente orientada a enfrentar los problemas de una recuperación incompleta, del desabastecimiento alimentario, de la disminución de las tierras cultivadas, etcétera. La experiencia de estos años prueba que esta política de municipalización agraria debe ser mas definida y abarcadora y completarse con una mayor descentralización de facultades y recursos, así como integrarse en una reforma general del sistema agrario y de su entorno institucional.

En esta perspectiva, la llamada “municipalización de la agricultura” deberá ser la prueba al canto de una separación estricta del Estado y la esfera económica.

Otra política por definir de conjunto es un nuevo modelo de incentivación al trabajo y a la gestión en el sector agropecuario, basado en estímulos morales y materiales, positivos y negativos, que abarque la totalidad de las actividades económicas del sector, así como todos sus perfiles ocupacionales. Este modelo deberá ser diseñado desde la perspectiva de un nuevo sistema agrario basado en la autogestión de los productores, en el cual se utilicen los más diversos y flexibles mecanismos de estimulación, particularmente en lo referido a la remuneración del trabajo y a los precios de comercialización.

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Desarrollo rural

Como prioridad absoluta del programa revolucionario y como parte inseparable de la estrategia nacional de desarrollo, se planteó desde los primeros años de la década de 1960 la superación de las condiciones de la sociedad rural cubana. Estas condiciones se referían: tanto a las estructuras de propiedad y tenencia de la tierra y demás medios de producción agropecuaria, en la que se sustentaba la organización de clases en el campo; y a las relaciones de explotación, opresión y exclusión dominantes en la sociedad rural prerrevolucionaria; como al atraso absoluto y relativo de la sociedad rural, respecto de la urbana.

Para la superación de estas condiciones fue necesario, en primer lugar, que sucesivas reformas agrarias suprimieran radicalmente a las clases dominantes cubanas, terratenientes y burguesía agraria, así como a las administraciones de las compañías extranjeras; y a la vez, reproducir de manera ampliada al proletariado agrícola y al campesinado. Por otra parte, las transformaciones agrarias en general, y la evolución de la organización agraria en particular, dieron lugar a una nueva estructura ocupacional en el campo cubano, cuyos principales perfiles han sido: productor individual, productor cooperativo, obrero manual, operario, técnico, trabajador administrativo, dirigente, artesano, y trabajador por cuenta propia.

En segundo, la abolición y superación de tales relaciones fueron el efecto acelerado de las reformas agrarias promovidas en la década de 1960 y del establecimiento de un nuevo orden socialista en la nación. En tercer lugar, la superación del atraso quedó sujeta, en gran medida, al desarrollo general del país, pero desde el primer momento las particulares políticas de desarrollo rural permitieron avanzar en la nivelación de las condiciones del campo y la ciudad, al tiempo que las propias áreas urbanas de la mayor parte del país eran también objeto de desarrollo.

Las transformaciones que a lo largo del tiempo se derivaron de estas políticas de nivelación del campo y la ciudad, pueden resumirse de la siguiente manera:

Se sustituyó el desempleo permanente y estacional con el pleno empleo permanente de todos los trabajadores rurales.

Se extendió a todas las áreas rurales la política social de la Revolución, consistente en la distribución, universal y gratuita, de bienes públicos como: la salud, la educación, el deporte y la cultura, la seguridad social y la asistencia social. Ello ha permitido índices de salud, de escolarización, de consumo deportivo y cultural, y de seguridad social, semejantes a los de las ciudades.

Se disminuyó perceptiblemente la población bajo el umbral de pobreza y ésta tomo el carácter de asistida.

Se creó una extensa infraestructura conformada por: sistemas viales, electrificación, sistemas hidráulicos, viviendas, instalaciones de servicios sociales, comunicación, etcétera, que abarca hoy casi la totalidad del territorio rural.

La aminoración de las diferencias entre el campo y la ciudad permitió una plena integración de la población rural en la sociedad nacional. A la vez, ciertas políticas públicas como la implantación de los centros de la enseñanza media en el campo o las movilizaciones de trabajadores voluntarios urbanos a tareas productivas en el campo, favorecieron una identidad nacional común y una cultura compartida.

No obstante los avances en la nivelación entre el campo y la ciudad, la población rural disminuyó con el tiempo, tanto en términos absolutos como relativos, como efecto de cambios demográficos tales como el descenso de la tasa de crecimiento y la continua emigración del campo a la ciudad, los cuales han afectado gradualmente la reproducción de la fuerza de trabajo agropecuaria. De hecho, la tendencia en la disminución de la fuerza de trabajo ocurre en casi todas las ramas de producción, hasta años recientes, cuando nuevas políticas de estímulo y distribución de tierras han favorecido el retorno de productores directos.[1]

La mayor parte de este regreso de fuerza de trabajo urbana al campo ha estado enmarcada en un proceso de recampesinar el espacio rural. De hecho, los productores privados habrían duplicado su tenencia de tierras agrícolas y número de campesinos, desde el 2007 hasta la fecha. Aunque no todos estos productores usufructuarios han sido pobladores rurales, la mayoría de ellos sí lo ha sido y los que no ven favorecida su adaptación al insertarse en estructuras agrarias ya establecidas.

El desarrollo rural ha favorecido, en particular, la incorporación de la mujer al trabajo social con su mayor independencia y protagonismo; así como de trabajadores jóvenes, mayormente en condiciones de fuerza de trabajo calificada.

Otra importante transformación de la sociedad rural ha sido la representación que ésta ha alcanzado en el sistema político como resultado de:

La equiparación del sistema político rural con el urbano, particularmente en lo referido a las organizaciones de base del Partido Comunista de Cuba (pcc) y a los órganos locales del Poder Popular.

La organización de la población rural en el marco de las numerosas organizaciones de masas (oomm) creadas por la revolución: algunas propiamente rurales como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (anap) y el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios (sta); y otras como extensión de las organizaciones de masas nacionales, como los Comités de Defensa de la Revolución (cdr), la Federación de Mujeres Cubanas (fmc) y demás organizaciones juveniles.

La reconstrucción, mas que insuficiente, de una red de asociaciones civiles mediante las cuales se representan intereses sectoriales o profesionales de la población, algunas propiamente rurales y otras compartidas con la sociedad urbana.

Esta representación institucional adolece de las deficiencias que estas instituciones presentan para toda la sociedad. En este caso, agravada por la ambigüedad en la mem-bresía —el Sindicato de Obreros Agrícolas incluye a los tradicionales asalariados agropecuarios y a los cooperativistas de este origen integrados en la ubpc, etcétera— o por la reconversión de su carácter de organización de masas en corporación de producción —la anap ha convertido a todas las cooperativas en sus “organismos de base”, todos los nuevos productores “usufructuarios” tienen que incorporase a una ees, etcétera— todo lo cual hace precaria la representación de los productores directos acorde a sus intereses y deja a las organizaciones de masas en su limitado papel de promover las políticas decididas centralmente en el sistema político.

El predominio actual de los productores autogestionarios —campesinos y cooperativas— plantea el problema de una adecuada representación de sus intereses socioeconómicos, así como el de establecer relaciones horizontales entre los distintos productores de un territorio tal que les permita la agregación de sus demandas.

Señalemos que entre tantos desafíos, no es uno menor rescatar para el imaginario social una mentalidad rural, hoy afectada por patrones de vida y consumo urbanos, que le devuelva al sector agrario su identidad y propicie su reproducción.

Finalmente, debemos mencionar que una explotación agraria tanto extensiva como intensiva en recursos ha dejado su huella en el medio ambiente rural, al afectarlo con: un mayor deterioro de los suelos, contaminación de las aguas, pérdida de biodiversidad, polución ambiental, etcétera. Una mayor conciencia ecológica y firmes políticas ambientalistas del Estado han permitido iniciar, desde la década de 1980, una recuperación de estas afectaciones, y han propiciado prácticas más sustentables del medio ambiente y los recursos.

El patrón de estímulo para la incorporación de fuerza de trabajo urbana al campo se ha basado principalmente en: las condiciones de productor familiar, poseedor de una parcela de tierra y demás medios de producción, con derechos dominicos en continua ampliación que tienden a transformarlo en un pequeño empresario rural; el autoconsumo alimentario; la existencia de un mercado libre agropecuario; los beneficios de la seguridad social; así como, en condiciones de mayor estatus que un trabajador urbano. De manera inexplicable, este patrón se ha visto afectado por las restricciones iniciales impuestas al usufructo y por los mecanismos de entrega de tierra, actualmente en revisión.↵

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Inconclusiones

La historia del proceso agrario cubano, en sus distintos periodos, puede caracterizarse como el paso de reformas agrarias a una revolución agraria; y en seguida, de una revolución agraria a las reformas agrarias presentes. En ese transcurso, la Revolución Cubana logró construir los fundamentos de una peculiar agricultura socialista y transformar a la sociedad rural sobre una base más justa y participativa.

La crisis desatada en la década de 1990 sobre la sociedad cubana, como consecuencia del derrumbe del socialismo europeo, dio al traste con muchos de los logros acumulados por el desarrollo agrario impulsado por la Revolución y agravó casi todas sus deficiencias latentes. La recuperación de esos impactos y sus consecuencias son parte de la agenda agraria por resolver. Particular importancia tiene en esta recuperación, la capacidad que alcance la agricultura cubana para recuperar sus exportaciones, sustituir importaciones y elevar sostenidamente la seguridad alimentaria de la población.

Pero el mayor y el más determinante de los desafíos será la promoción de un nuevo modelo agrario que permita superar las insuficiencias y contradicciones del modelo histórico. El sistema real de la agricultura cubana se ha conformado a lo largo del tiempo bajo la presión del modelo de transición socialista establecido y de la enorme estatiza-ción que lo ha caracterizado, así como por las estrategias de desarrollo de cada periodo.

La evolución institucional del sector dio lugar a sucesivos y distintos sistemas —del inra, del minag, del Minagri y del Minaz— constituidos por un número decreciente de actividades y funciones.

Las reformas en curso o “adaptaciones” son más parches al sistema de la agricultura anterior que la definición de un nuevo modelo. Este supone una refundación del sistema agrario cubano y un nuevo Sistema Nacional de Dirección y Planificación de la Economía (sdpe) mejor adaptado a la economía rural.[1]

El nuevo sistema agrario deberá dar cuenta: de las tendencias demográficas; de la diversificación de los actores rurales —productores o no— y de sus demandas; de la coexistencia del Plan y del mercado; del mayor peso del sector autogestionario —campesinos y cooperativas— del paso a un modelo tecnológico de base agroecológica; de la prioridad absoluta de la seguridad alimentaria de toda la población, residente o en tránsito; de las tendencias económicas negativas presentes en el sector; y de otra muchas nuevas condiciones.[2] Y más en general, de si su dinámica y reformas serán promovidas desde “abajo” o desde “arriba” del sistema político, en general, y del agrario, en particular.[3]

Una conclusión cierta es que la cuestión agraria continuará siendo, como ha sido, parte esencial del proyecto socialista cubano. En nuestra opinión, los desafíos que el tema agrario plantea al futuro de la sociedad cubana no se podrán enfrentar sin una alternativa socialista orientada hacia el autogobierno y la autogestión.

Un esbozo de nuevo del SDPE o "modelo de gestión" puede observarse en los "Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución" abierto a discusión pública y cuya versión final fue discutida y aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (pcc), celebrado en abril de 2011. Posteriormente, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó dichos "Lineamientos" convirtiéndolos en política de Estado (cfr. Nova, 2010).↵

Entre estas "nuevas condiciones" cabe mencionar el incipiente pero perceptible cambio climático.↵

Una refundación del sistema agrario merecería un debate específico y por separado en las bases de la sociedad, semejante al que se realizó para el "Proyecto de Lineamientos... " del VI Congreso del PCC. Cabe observar que los Lineamientos referidos al sector agropecuario distan mucho de configurar un nuevo modelo agrario.↵

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Bibliografía

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3. Situación agraria en El Salvador 

REMBERTO NOLASCO 
EDGARDO MIRA

El Salvador se ha caracterizado históricamente por ser un país con un eje de acumulación orientado al sector agrícola, basado en la agroexportación de un solo cultivo, en primera instancia del añil; luego, a mediados del siglo xlx se introdujo el café y, a mediados del siglo xx, se complementó con la producción de algodón y caña de azúcar; en la estructura económica del país estos tres cultivos son considerados productos de exportación tradicional, aunque el algodón dejó de producirse, y por ende de exportarse, desde la década de 1980.

La economía agraria de El Salvador ha sido conformada desde de la época colonial como una estructura hacendaría, basada en la gran concentración de la tierra. El 73% de la tierra pasó a manos de 5.6% de nuevos dueños, mientras que 50% de la población menos privilegiada tuvo que conformarse con 3.4% de las tierras ejidales para la producción agrícola y de ganado, ademas de la movilización de la fuerza de trabajo indígena mediante el colonato (Lindo, 2006:218).

Durante la hegemonía del cultivo del añil como motor de la acumulación capitalista (1878-1879), la situación del sector campesino posibilitó la producción de alimentos en las tierras comunales y ejidales para el autoconsumo; dicha producción permitía a los campesinos complementar su consumo alimentario no cubierto por los bajos salarios.

En cambio, la introducción del cultivo del café (1850) se acompañó de la expropiación de tierras comunales y ejidales (1881-1882) y una mayor proletarización de la mano de obra, como consecuencia de la falta de tierras para la producción de autoconsumo, que llevó a que los campesinos, al percatarse del despojo de sus tierras, se vieran forzados a vender su fuerza de trabajo a los grandes hacendados y, en consecuencia, convertirse así en asalariados (Lindo, 1980:1137).

A partir de la expropiación de las tierras comunales y ejidales para ser cultivadas con café se generan las condiciones que incrementaron la vulnerabilidad a las amenazas naturales, dado que la frontera agrícola se vio ampliada, al avanzar hacia laderas, y modificar la zona boscosa del país. La desaparición de la propiedad comunal para dar paso a los cultivos de café supuso expulsar de las mejores tierras a la población campesina (Menjivar, 1980:89; Browning, 1982:238).

Desde 1860, el modelo de desarrollo agroexportador basado en el cultivo del añil fomentó una mayor degradación de estas tierras al acelerar los procesos erosivos y estimular las inundaciones y sequías. Con la expropiación de las tierras comunales, grandes grupos de población se vieron obligados a utilizar tierras no aptas para cultivos para su subsistencia, y a asentarse en zonas de alto riesgo o concentrándose en núcleos urbanos (López, 1984:98).

Es pertinente señalar que, aunque el cultivo de café ha marcado mayormente la estructura económica de El Salvador, a partir de la década de 1950 el cultivo del algodón (cultivo que junto al azúcar formó parte de la estrategia de diversificación de la producción para la exportación en esa década) también se constituyó en un agente de expulsión de población y explotación de las últimas fronteras agrícolas del país (Browning, 1982:375).

El cultivo de algodón impuso nuevas presiones hacia el deterioro ambiental y los cambios en la propiedad de la tierra; sin embargo, este cultivo sufrió una pronunciada decadencia a partir de la década de 1960. Así, observamos que para 1960-1961 el área cultivada fue de 58165 hectáreas y en 1963-1964 fue de 114136 hectáreas (Conaplan, 1970), cuando se inició el proceso de declinación del área destinada al cultivo del algodón, el cual se profundizó durante la década de 1980 debido, por un lado, a los incrementos de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América y, por otro lado, a la guerra civil que se desarrolló en esos años.

La “modernización agraria” de la década de 1950, que básicamente consistió en la expansión de los cultivos de algodón y más adelante de la caña de azúcar, completó las tendencias de plena proletarización de la fuerza del trabajo rural y de monetarización de las relaciones de arrendamiento. Por consiguiente, una creciente proporción de la población rural pasó a depender directa y únicamente del empleo asalariado.

Al mismo tiempo, se impulsó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi), que impactó en el modelo agroexportador, al generar un proceso contradictorio, en el sentido de propiciar un desarrollo rural basado en la diversificación de la producción agrícola orientada hacia el exterior y, por otro lado, el impulso del isi; esto supuso un incremento de la demanda de mano de obra que fue abastecida por el superávit de fuerza laboral rural, lo cual provocó así un proceso de migración del campo a la ciudad.

Este proceso de “modernización agraria” o “revolución verde” impulsado durante la década de 1960 supuso medidas de diversificación de cultivos agrícolas, y promovió varios programas orientados a incrementar la productividad agrícola, principalmente de los alimentos; en ese marco, se introdujeron la utilización a gran escala de fertilizantes, semillas mejoradas, pesticidas, monocultivos, riego, etcétera, con la cual se logró un aumento significativo del rendimiento promedio de granos básicos; sin embargo, esto significó un incremento de la dependencia de los productores respecto a la importación de agroquímicos, lo que a su vez impactó severamente en la diversidad agrícola, sobre todo en los cultivos nativos y de origen mesoamericano. Por ejemplo, de seis variedades de maíz solamente se cultivan dos en algunas regiones del país, y el maíz que predomina es el híbrido; lo mismo sucedió con el frijol, de las diez variedades que se cultivaban, hoy solamente se cultivan tres, las más comerciales, lo mismo sucede con las frutas (anona, caimito, cincuya, cacao, etcétera) que han sido sustituidas por frutas de otras regiones.

Sin embargo, pese a la revolución verde, el sector agrícola empezó a perder importancia relativa en la estructura económica del país, lo cual comenzó a configurarse a finales de la década de 1960, con la implementación del modelo sustitutivo de importaciones, profundizado por el conflicto armado, al generar las condiciones para que en el marco de la implementación del neoliberalismo iniciara el periodo de la tercerización de la economía a partir de los primeros años de la década de 1990, años en que el sector agrícola deja de ser uno de los sectores más dinámicos de la economía salvadoreña; tal como puede observarse en el cuadro 3.1, el pib agrícola en 1970 representó 18.7% de la economía del país, y para 2008 significó apenas 13 por ciento.

Lo anterior también se confirma por el lado de las divisas provenientes de las exportaciones:

Hasta finales de los setenta la economía dependía para su funcionamiento de las divisas provenientes de la agroexportación tradicional (café, algodón, caña de azúcar, camarón), al grado que del total de divisas generadas por los principales rubros, el 80% correspondía a la agro exportación tradicional en 1978. Ya para 1996, la agroexportación generó menos divisas que en 1978, y su participación en el total de los principales rubros se había reducido al 21% (prisma, 1997:1).

Como se ha planteado, a partir de la década de 1990 se observa el quiebre de la importancia relativa del sector agrícola (cuadro 3.1 y gráfica 3.1); en esa década en El Salvador se impulsaron cambios a la estructura económica para poder acoplarse a las exigencias del capitalismo mundial, y se configuró la transformación de una economía históricamente agrícola a una economía con un sector agrícola desarticulado por completo y en crisis económica permanente.

Por otro lado, la estructura política social de El Salvador, de acuerdo con Rubén, se caracteriza: “Como una suma de intereses oligárquicos basada en la concentración integral del control económico en sectores de la agricultura, el comercio, la agroindustria y la industria manufacturera. Los principales industriales son al mismo tiempo grandes terratenientes obteniendo una parte substancial de sus ganancias del sector agrícola” (1991:20).

Finalmente, la implementación de las medidas de corte neoliberal, que contribuyeron a la inserción de El Salvador en la nueva economía mundial caracterizada por la globalización, la primacía del mercado en la economía del país y, por consiguiente, la abolición de políticas sectoriales, no permitió un verdadero desarrollo del país, lo cual generó —como se ha dicho— un proceso de migración, primero del campo a la ciudad y luego hacia el exterior, principalmente hacia Estados Unidos, que tal como lo planteó Juan José García, viceministro para los salvadoreños en el exterior, “entre 200 y 400 personas salen del país a diario, rumbo a los Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’” (Rivera, 2012), configurando a su vez una nueva manera de supervivencia que se convirtió en la tabla de salvación de la economía salvadoreña hasta la actualidad: las remesas.

De acuerdo con Argueta (2005:47), las remesas de los salvadoreños residentes en el extranjero, que pasaron de 12.2% del pib en 1997 a 14.1% en 2003, siguen siendo el “flotador mas importante para la economía del país y también para la dolarización. Las mismas, por ejemplo, equivalen a 67.8% de las exportaciones” totales del país.

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Tenencia y usos de la tierra

De acuerdo con el TV Censo Agropecuario (2009), el potencial de recursos naturales para el desarrollo de la producción agropecuaria en El Salvador incluye un total de 2.1 millones de hectáreas, de las cuales 55% se encuentra utilizadas en actividades agrícolas y ganaderas, pastos estacionales (22.5%), pastos permanentes (5.8%), espejo de agua (0.1%), barbecho o descanso (6.4%), instalaciones (1.6%), no apta para la agricultura (2.1%) y bosque (47%).

Los datos sobre la tenencia de la tierra merecen una consideración especial. Según el Censo Agropecuario de 1971, existían 270868 explotaciones agrícolas, de las cuales 92.5% utilizaba 27.1% de las tierras agrícolas, consideradas minifundios. En el otro extremo, se encontraban 1 941 explotaciones agrícolas, es decir 0.7% utilizaba un total de 561 518 hectáreas, lo que representa 38.7% de las tierras agrícolas; en este grupo de grandes explotaciones sobresalían 202 que eran mayores de 500 hectáreas y que poseían 218 641 hectáreas, o sea 15% de las tierras explotables. Había sólo 15 propiedades de más de 2 500 hectáreas, es obvio que “estas explotaciones agrícolas acaparaban las tierras más aptas para los tres principales productos de exportación agrícola: el café en las tierras altas, la caña y el algodón en las planicies costeras y los valles” (Sevilla, 1984 citado en Emmerich y Manaut, 1990:89).

En la actualidad, la tenencia de la tierra sigue manteniendo la misma condición, aunque con ciertas modificaciones a partir del proceso de reforma agraria en sus fases i y m, el programa de transferencia de tierras resultado de los Acuerdos de Paz y la limitación constitucional que no permite propiedades mayores de 245 hectáreas, aunque esto último ha sido superado por algunos terratenientes al “repartir” entre sus familiares los excedentes de dicho límite, de esa manera han logrado mantener la propiedad en sus extensiones originales.

De acuerdo con el cuadro 3.2, se observa que el estrato de población que posee terrenos hasta de un total de cuatro manzanas conforma 225 727 productores, que representan 88.6% de todos los productores, que entran en la categoría de minifundistas, con explotaciones estructuralmente inviables sin ninguna posibilidad de producir para poder salir de la pobreza.

En el otro extremo, se tiene el estrato de propiedades mayores a 20 manzanas, las cuales totalizan 20463 productores, es decir, 7.6%, lo que confirma que un pequeño número de productores tiene la propiedad sobre la mayor cantidad de tierra cultivable en el país. Lo anterior es afirmado por Arias (2009:11-13), quien hizo un estudio sobre la concentración de tierras en El Salvador, y encontró que 75.3% de la tierra (1335166 hectáreas) es controlada por 7.6% de los productores, con propiedades mayores a las 14 hectáreas. Esta aproximación muestra claramente el problema de la concentración en la tenencia de la tierra, que sigue siendo profunda en El Salvador y tiende a agravarse.

En cuanto a los usos del suelo para actividades agropecuarias, se contabilizan 1619 930 hectáreas de tierra, de las cuales casi 23.5% son utilizadas para la producción de cereales, principalmente maíz y frijol, fundamentales para la dieta salvadoreña; en cambio, para la producción del café y caña de azúcar, que son los productos de exportación tradicional, se destinan un total de 310 123 manzanas, lo que representa 13.4% de la tierra utilizada para actividades agropecuarias (cuadro 3.3).

El impacto en el deterioro de la calidad de los suelos ha estado determinado por los usos y la tenencia de la tierra, lo cual ha afectado principalmente a la mayoría de pequeños agricultores, quienes cultivan la mayor parte de granos básicos en tierra de fuertes pendientes, suelos en su mayoría clase v, vi y vil, y utilizan extensivamente insumos agroquímicos que, sin embargo, no ayudan a obtener buenas cosechas, por lo que se obtiene ingresos insuficientes para invertir en obras de conservación de suelos, con el consecuente deterioro que implica.

Por otro lado, los grandes terratenientes son los que cultivan los mejores suelos clase i, II, m y rv (véase anexo 1), principalmente con cultivos de caña de azúcar y café orientados a la agroexportación, y de igual manera hacen un uso extensivo de insumos agro-químicos, con lo cual impactan en la calidad de los suelos a gran escala.

Por consiguiente, los suelos del país han sufrido un alto deterioro en los últimos años, tanto es así que 64% del área nacional se considera clase v, vi y vil, es decir, que solamente deberían estar dedicados a los cultivos permanentes como forestales, frutales o café, los cuales previenen la erosión. Con la erosión de los suelos se ha perdido la capacidad de infiltración del agua, por lo que la disponibilidad de ésta para el consumo humano e incluso para las mismas actividades productivas se ha visto afectada (geo, 2002:36).

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Movimiento campesino y la reforma agraria

A lo largo de los siglos xix y xx se consolida una oligarquía agraria que mantuvo altos niveles de exclusión y explotación de la clase campesina. Esta injusticia generó procesos organizativos, movilizaciones y levantamientos campesinos, con el fin de terminar con los niveles de pobreza en el campo, la exclusión de las poblaciones rurales, y sobre todo, por una distribución de la tierra que asegurara el acceso a la misma para las grandes mayorías campesinas; en ese contexto se dio el levantamiento de 1932, con la participación mayo-ritaria de campesinos e indígenas y, a menor escala, de los sectores obreros, que culminó con el asesinato de por lo menos 32 000 personas y la consolidación del poder militar.

En la década de 1960, resurge un movimiento organizativo tanto en la ciudad como en el campo: sindicatos, organizaciones magisteriales, estudiantiles y comunales. En el área rural, se formó un importante movimiento de trabajadores agrícolas y campesinos, las expresiones organizativas más relevantes en esos años fueron la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (feccas) y la Unión de Trabajadores del Campo (utc) y otras organizaciones agrarias que se desarrollaron en la zona oriental, paracentral y occidental del país, cuya agenda se sustentaba en: el acceso a la tierra, al crédito, insumos agrícolas baratos, la libre organización o sindicalización de los trabajadores del campo, tratos más humanos en las haciendas, mejoras salariales, mejoras en los alimentos, reducción de las horas laborales.

En la medida en que el descontento popular y las demandas de las organizaciones campesinas por una reforma agraria eran cada vez mas enérgicos, el gobierno estadounidense diseñó una política agraria desde una visión de contrainsurgencia orientada a los países latinoamericanos, para evitar que éstos se convirtieran en “satélites del comunismo internacional” (Informe Santa Fe, 1980). La reforma agraria diseñada por Estados Unidos tenía como fin quitarle simpatía y banderas de lucha al movimiento revolucionario encabezado por las organizaciones revolucionarias que luego formarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln). Esta reforma agraria se ejecutó acompañada de persecución y asesinatos a los líderes campesinos que el gobierno consideraba sospechosos de ser “subversivos”.

El diseño de la reforma contemplaba tres fases: la fase i (decreto 154) consistió en la transferencia de tierras expropiadas a los propietarios con más de 715 manzanas, la organización de cooperativas y apoyo financiero. En esta primera fase se reconoce que en los primeros años de su implementación hasta 1989 se afectó un área de 228 135 hectáreas distribuidas en 333 asociaciones cooperativas, las cuales en total aglutinaban a 36 558 beneficiarios directos.

Por otro lado, con la fase n se pretendía redistribuir la tierra de las propiedades de 214 a 714 manzanas. Esta fase hasta la fecha no se ha realizado; sin embargo, sí se impulsó una fase m (decreto 207), en la que los propietarios con menos de 143 manzanas debían transferir las parcelas que solían arrendar, con lo cual se privilegió la propiedad individual, al traspasarse un máximo de diez manzanas, y se originó, en consecuencia, un fuerte incremento del minifundismo. De acuerdo con el Banco Mundial, en el marco de esta fase se distribuyeron un total de 80 000 hectáreas para un total de 84 000 beneficiarios (cuadro 3.4).

Así, las fases i y m cubren entre 15 y 20% del total de tierras con vocación agrícola del país, el restante 85% no fueron cubiertas y si le incluimos las tierras del Programa de Transferencia de Tierra de los acuerdos de paz alcanza un total de 23%. Este 77% de tierras que está en manos de los terratenientes demuestra que todavía existe una alta concentración de la tierra en pocas manos. Muchos terratenientes para garantizar que sus tierras no fueran intervenidas, las dividieron y las registraron a nombre de otras personas, ya fueran familiares o amigos cercanos (Alianza Democrática Campesina, 1996:3-9). Por su parte, Chávez plantea que:

El fracaso de la reforma agraria se debió a tres razones principales: en primer lugar, la reforma se impulsó para poder detener el descontento social de la época, es decir, era una reforma contrainsurgente, que más allá de buscar otorgarle tierras a los campesinos tenía un trasfondo de estabilidad política. En segundo lugar, el carácter político de la iniciativa no respondía a las necesidades de la población rural, dado que era una imposición del Estado. Finalmente, la reforma creó un conflicto de intereses entre la clase económicamente dominante y el Estado, en consecuencia no se pudo completar (Chávez et al., 2011:75).

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Los Acuerdos de Paz

Las negociaciones de paz entre el gobierno de El Salvador y el fmln entre 1990-1992 coincidieron con el inicio de la implementación del modelo neoliberal impulsado por el primer gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Eso originó la tensión que desde entonces ha caracterizado el proceso de paz en El Salvador, es decir, la contradicción generada en el marco de un modelo neoliberal y las necesidades de una paz duradera que elimine las causas de la guerra y siente las bases para un desarrollo con justicia social (lo que en sí mismo es contradictorio).

Como parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 entre el fmln y el gobierno de Alfredo Cristiani, se consideró el problema agrario, y el gobierno se comprometió a cumplir y hacer cumplir el mandato emanado de los artículos 104, 105 y 267 de la Constitución de la República en relación con la tenencia de la tierra, que obliga a transferir las tierras excedentes de propiedades que sobrepasen las 245 hectáreas mediante un Programa de Transferencia de Tierras conocido como ptt y apoyar activamente con créditos y asistencia técnica a los nuevos propietarios.

Para atender el problema de la tierra, en los Acuerdos de Paz se establecieron tres acciones: 1) distribuir tierras a campesinos sin tierra, dando preferencia a los excombatientes de ambas partes; 2) dar una solución legal satisfactoria a la tenencia de la tierra en las zonas conflictivas en beneficio de los tenedores de tierras, y 3) transferir las tierras ocupadas por organizaciones campesinas en otras aéreas geográficas, fuera de las zonas conflictivas, al momento del acuerdo. Este acuerdo se conoció posteriormente como Acuerdo 3 de julio.

Como resultado de la implementación de estas acciones, y según el Banco Mundial, en el marco del ptt implementado entre 1992 y 1995 aproximadamente, se distribuyeron un total de 78 000 hectáreas para un total de 30 000 beneficiarios y 1473 hectáreas para un total de mil beneficiarios (cuadro 3.5).

Es importante señalar que los beneficiarios del PTT recibieron la tierra en condición de proindiviso,[1] con lo cual generaron posibilidades para desarrollar un amplio proceso de organización campesina; sin embargo, por diversas razones, esta oportunidad no se aprovechó y más bien, unos años después, se rompió el proindiviso en el marco de un proyecto financiado por el bid, lo que provocó el paso a una propiedad individual, y la consolidación de la historia del minifundismo en el país.

Sin embargo, pese a los datos ofrecidos por el Banco Mundial, la Alianza Democrática Campesina (adc) considera que tanto el PTT como el Acuerdo 3 de julio no se cumplieron en su totalidad, sobre todo respecto a las tierras excedentarias de 245 hectáreas, en tanto no fueron distribuidas según el acuerdo, dado que los propietarios repartieron los excedentes a sus familiares para asegurar de esa manera la propiedad sobre la misma y no verse afectados. Asimismo, sostiene que han desaparecido de los archivos del registro de la propiedad los datos de 361 propietarios que poseen más de 350 manzanas (245 hectáreas).

Es una figura jurídica en la cual a los campesinos se les otorgaban tierras pero no se les proporcionaba su ubicación, con la finalidad de que no pudieran venderlas.↵

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Modelo neoliberal y el impacto en el movimiento cooperativo

En la década de 1980, a partir de la crisis económica mundial, los gobiernos en turno impulsaron con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los Programas de Estabilización Económica (pee) y los Programas de Ajuste Estructural (pae).

El supuesto fundamental para llevar a cabo estos planes tuvo como base la doctrina neoliberal que parte de la idea de que la crisis económica en marcha se debía a la excesiva intervención del Estado en las actividades económicas, es decir, un Estado que tiene monopolio sobre la producción y venta de servicios, con capacidad de control sobre el mercado, tanto interno como externo.

En ese marco, los programas económicos implementados por los gobiernos de Arena, a partir de 1989, tuvieron como objetivo modificar la estructura económica y generar condiciones para la reinserción en la economía mundial, al propiciar un nuevo modelo económico basado en las exportaciones no tradicionales principalmente de tipo industrial y reducir el proteccionismo para reinsertar la economía en el mercado mundial. En otras palabras, el objetivo era configurar un nuevo modelo de acumulación del capital, orientado principalmente hacia los sectores más rentables de la economía, con lo cual se privilegiaría el mercado como asignador de los recursos.

Con ese fin, se llevaron a cabo acciones como la privatización de la mayoría de empresas públicas, entre ellas la privatización de la banca y la liberalización de la economía, es decir, la liberalización del comercio exterior, la liberalización de precios, etcétera.

Respecto al sector agropecuario, se adoptaron una serie de medidas que, sin duda alguna, configuraron el posterior deterioro de este sector, y lo convirtieron en pocos años en uno de los menos dinámicos de la economía nacional, lo cual afectó principalmente la producción de granos básicos.

En ese marco, la privatización de los bancos, a excepción del Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario, supuso la disminución de los créditos a la producción agrícola, particularmente a los pequeños y medianos agricultores. De acuerdo con el censo agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de diciembre de 2009, sólo 40578 productores obtuvieron créditos, lo que equivalen a 10% del total de productores.

Asimismo, se eliminó el monopolio del Estado en las exportaciones del café y el azúcar, y se cerró el Instituto Regulador de Abastecimiento (ira), institución que compraba los granos básicos a los agricultores a mejores precios; en su lugar se creó la Bolsa de Productos Agropecuarios.

Se liberalizó el comercio exterior, por consiguiente las importaciones de bienes y servicios, entre ellos los insumos agrícolas, y se originaron monopolios privados con capacidad para controlar la comercialización de los insumos agrícolas, incluyendo las semillas.

Además, esta apertura comercial ha significado un aumento de las importaciones de productos agropecuarios colocados a bajos precios, amparados en la capacidad de im-plementar prácticas anticompetitivas como el dumping, impactando a las capacidades de producción y comercialización de los productores nacionales.

Estas medidas han tenido consecuencias muy grandes en el sector agropecuario, la pérdida de confianza del sector campesino y trabajadores del campo reafirmaron procesos de inmigración como los experimentados en las décadas de 1960 y 1970 con la implementación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi) y en la década de 1980 con la guerra civil.

En resumen, finalizada la guerra en la década de 1990, las políticas neoliberales que se ejecutaron en el país favorecieron a la gran empresa y la agricultura comercial de exportación e importación, políticas que desincentivaron la producción campesina y desestimularon la producción de granos básicos y otros productos alimenticios para el mercado interno, con lo cual se incrementó la dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

En ese contexto, la demanda total que tiene El Salvador de granos básicos es cubierta por importaciones y otra parte por la producción nacional. En el caso del maíz, en promedio, la demanda total es abastecida 43% por las importaciones y 56.9% por la producción nacional; las importaciones del frijol, en promedio, cubren 20.8% de la demanda total y el resto, 79.1% por la producción nacional; respecto al arroz, las importaciones cubren 79% de la demanda total (Ceicom, 2010a:6).

Con la apertura comercial y luego con la firma de los Tratados de Libre Comercio (tlc), se permitió importar los alimentos necesarios para el consumo diario, consecuentemente, se logró el paulatino desmantelamiento del sector agropecuario nacional y se ha creado año tras año una mayor dependencia de los alimentos traídos más allá de las fronteras salvadoreñas.

El acceso a los alimentos en El Salvador ha sido suplido por una mayor importación de alimentos, lo que ha resultado en el deterioro del campo salvadoreño, y una creciente escalada en el costo de la Canasta Básica Alimentaria (cba) . La situación es más crítica en el área rural, donde los salarios no alcanzan para suplir los alimentos necesarios para la subsistencia de los hogares.

En los últimos 22 años hemos asistido a un proceso creciente de deterioro de las condiciones de vida en el campo, pérdida de capacidades productivas, e igualmente en la fuerza organizativa del sector campesino. En ese marco, es ilustrativo el impacto que tuvieron todas estas medidas en el sector cooperativo agropecuario; en la década de 1990 existían 2 170 cooperativas agropecuarias, que son unidades productivas que pertenecían a un determinado grupo de campesinos, dedicados principalmente a cultivar granos básicos, pero algunas de estas unidades se dedicaron a cultivar café, caña y otros tipos de cultivos. Cerca de 1 700 cooperativas pertenecen al sector no reformado que se organizaron en el marco de la Alianza para el Progreso con la orientación del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (iadsl), la Embajada de Estados Unidos y la Agencia Internacional de Desarrollo (aid), con el apoyo del gobierno salvadoreño, la Unión Comunal Salvadoreña (ucs) y la Iglesia católica que promovieron la organización cooperativa con fines conservadores.

De estas 2 170 cooperativas, 470 (21.7%) pertenecían a federaciones del sector reformado, denominación que corresponde a aquellas cooperativas surgidas en el marco de la reforma agraria. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería registraba 35 federaciones, pero en la actualidad sólo 19 están activas, las otras 16 desaparecieron entre 1996 y 1999, precisamente en el periodo de la condonación de la deuda bancaria y agraria y de intensificación del proceso de parcelación de cooperativas.

Entre las décadas de 1990 y 2010 se observa un proceso creciente de debilitamiento del sector cooperativo, resultado de las políticas impulsadas por el neoliberalismo. En ese marco tenemos: a) de 470 asociaciones agropecuarias, 177 cooperativas del sector reformado ya no existen; b) de 35 federaciones de cooperativas agropecuarias, 16 ya no existen; c) de cinco confederaciones agropecuarias, tres ya no existen.

Un buen ejemplo del debilitamiento de la organización campesina lo encontramos en la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria de El Salvador (Confras), la cual, en 1992, estaba compuesta por 320 cooperativas, para 1998 disminuyó a 192, y en 2008 sólo la componían 129 cooperativas, la membresía pasó de 19000 personas asociadas en 1992 a 15 000 en 1998 y 7 627 en 2008. En el mismo documento se señala que la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (fesacora), una de las principales federaciones del país, disminuyó su número de agremiados de 220 en 1992 a 127 en 2006.

Una importante pérdida para el movimiento campesino fue la desaparición de la Alianza Democrática Campesina (adc), que nació en octubre de 1989 y fue totalmente disuelta en 2002. La adc tuvo entre sus grandes conquistas la recuperación de tierras en julio de 1991 que dio como resultado los acuerdos del 3 de julio (parte de los Acuerdos de Paz), mediante el cual el ex presidente Cristiani aceptó asignarle tierras a los campesinos que las habían tomado en el marco del artículo 105 de la Constitución Política, donde define la cantidad de tierra que puede poseer una persona natural o jurídica.

En la actualidad, el campesino tiene menos peso numérico y político. En 1992, la población rural representaba casi 50% de la población total, en 2007 bajó a 37% de la población total, resultado de la pérdida en la importancia del sector agrícola en la economía del país, producto de las políticas que condujeron a su destrucción, ya que aquél dejó de ser la fuente principal de acumulación de capital, en el contexto del neolibe-ralismo, lo que ocasionó que miles de campesinos y trabajadores del campo emigraran hacia las ciudades o al exterior, y que algunos grandes hacendados emigraran al sector terciario de la economía.

En 15 años de modelo neoliberal, de 1992 a 2007, se expulsaron del campo a la ciudad un total de 396270 campesinos que dejaron de ser campesinos o agricultores.

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La nueva ruralidad

En El Salvador y en los países periféricos, las transnacionales conciben el mundo rural simplemente como espacio para realizar los objetivos de la inversión capitalista. El capital transnacional trata de articular el área rural en torno a núcleos de inversión alrededor de los cuales se focalicen los esfuerzos de apoyo estatal al desarrollo y se reorienten el poblamiento y todas las actividades económicas y sociales.

En El Salvador, como en el resto de países latinoamericanos, estos núcleos se entienden como procesos socioeconómicos generados alrededor de una actividad principal; la nueva ruralidad, desde la óptica del capital transnacional, descansa especialmente en obras de infraestructuras como represas hidroeléctricas, interconexiones eléctricas Ínternacionales, carreteras, canales secos, puertos y aeropuertos, explotación de minería de oro y plata, explotaciones petroleras, proyectos turísticos en el Pacífico y en la zona norte del país, etcétera. Dentro de la visión de imposición de intereses y valores externos, esta visión significa para las comunidades un alto grado de desterritoriarización y, con frecuencia, el desplazamiento de miles de familias campesinas.

Para las comunidades rurales la visión es otra, la tierra no es una mercancía, la tierra es la vida y la ruralidad es concebida como derecho a la tierra y a la territorialidad. Se trata de reorganizar los territorios de acuerdo con las necesidades, la cultura y las decisiones propias de la población rural organizada y sus planes de vida.

En ese sentido, la lucha por el acceso a la tierra en El Salvador, que ha sido una bandera de lucha histórica desde finales del siglo xix, ha tomado actualidad. Se trata de una visión de recuperación del campo y formas de producción en correspondencia con la situación de la naturaleza, orientada principalmente a asegurar la alimentación para la reproducción humana y condiciones de vida digna, fuera de toda lógica de mercado. En ese marco, la lucha por la tierra en la actualidad significa también luchar por emprender acciones que conduzcan a una soberanía alimentaria.

En ese sentido, de acuerdo con Vía Campesina, la soberanía alimentaria incluye: 1) priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito —de ahí la necesidad de reformas agrarias—, de la lucha contra los ogm (Organismos Genéticamente Modificados) para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público repartida de una forma sostenible; 2) el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce; 3) el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias; 4) la participación de los pueblos en la definición de la política agraria; 5) el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

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Conclusiones

Es necesario dejar sentadas algunas ideas que deben considerarse en un debate sobre la importancia del agro para la reproducción humana y para una nueva relación con la naturaleza. Hasta hoy, la historia del sector rural se ha debatido entre dos visiones sobre el desarrollo del campo. Por un lado está la del capital, que ve la producción agropecuaria, incluida la de los alimentos, desde una lógica de la acumulación del capital, en donde todos los bienes agrícolas adquieren el carácter de mercancía, por consiguiente, son accesibles en la medida en que la población tiene los recursos para comprarlos. Esta lógica ha permitido altos niveles de especulación y la reorientación de los alimentos como materias primas para producción de bienes no comestibles por el ser humano. En esta lógica del capital, en la actualidad se habla de “economía verde”, lo que supone una serie de acciones encaminadas a enverdecer la economía, pero lo que se busca en realidad es un mayor control de los bienes naturales que les permitan a los capitalistas una mayor concentración de la tierra e impulsar la implementación de nuevas tecnologías para incrementar la productividad con el único fin de generar más ganancias.

Por otro lado, está la visión desde los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores del campo, que ven la producción agropecuaria como fuente de vida y el acceso a los alimentos como un derecho humano fundamental, en un permanente esfuerzo por reencontrarse con formas de producción ancestrales y en confrontación con los patrones de producción y consumo capitalistas.

Lo anterior ha desencadenado importantes procesos de lucha y organización de otro tipo principalmente en el seno de las comunidades rurales, quizás incipientes y dispersos, lo cual no permite en la actualidad identificarlos como nuevos sujetos que desarrollan grandes acciones, pero con el reto de aglutinarse a favor de defender sus territorios. Ese es el caso de El Salvador, en donde la lucha por la soberanía alimentaria ha tomado fuerza en los últimos años, en tanto que expresa una verdadera respuesta a la crisis ambiental y de los alimentos generada por el capital.

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Anexo 1. Definición de las clases de suelo según su capacidad de uso

Clase I

Arable: Los terrenos de esta clase son aptos para los cultivos anuales. Pueden utilizarse además para la producción de cultivos permanentes, ganadería, actividades forestales y protección. Es la clase ideal, tiene muy poca o ninguna limitación que pueda restringir su uso.

Clase II

Arable: Estos terrenos son aptos para la producción de cultivos anuales. Las tierras de esta clase presentan algunas limitaciones que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de cultivos, o incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas de manejo o de conservación de suelos. Pueden utilizarse además en actividades indicadas en la clase anterior. Requieren de una conservación moderada.

Clase III

Arable: Las tierras de esta clase son aptas para la producción de cultivos anuales. Pueden utilizarse además en las mismas actividades indicadas en la clase anterior. Los terrenos de esta clase presentan limitaciones severas que restringen la selección de cultivos o incrementan sustancialmente los costos de producción. Requiere conservación especial.

Clase IV

Arable: Estas tierras son aptas para la producción de cultivos permanentes o semipermanentes. Los cultivos anuales sólo pueden desarrollarse en forma ocasional y con prácticas muy intensas de manejo y conservación de suelos, esto debido a las muy severas limitaciones que presentan estos suelos para ser usados en este tipo de cultivos de corto periodo vegetativo. También se permite utilizar los terrenos de esta clase en ganadería, producción forestal y protección. Requiere un manejo muy cuidadoso.

Clase V

No arable: Esta clase es apta para la actividad ganadera, también se permite la actividad del manejo del bosque natural cuando hay. Las tierras de esta clase presentan limitaciones y riesgo de erosión de modo tal que los cultivos anuales o permanentes no son aptos en ésta.

Clase VI

No arable: Los terrenos de esta clase son aptos para la actividad forestal (plantaciones forestales). También pueden establecerse plantaciones de cultivos permanentes arbóreos tales como los frutales, aunque estos últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos (terrazas individuales, canales de desviación, etcétera). Son aptos para pastos. Otras actividades permitidas en esta clase son el manejo del bosque natural y la protección. Presentan limitaciones severas.

Clase VII

No arable: Esta clase es apta para el manejo del bosque natural, además de protección. Las limitaciones son tan severas que ni siquiera las plantaciones forestales son recomendables en los terrenos de esta clase. Cuando existe bosque en estos terrenos deben protegerse para provocar el reingreso de la cobertura forestal mediante la regeneración natural. En algunos casos, y no como regla general, es posible establecer plantaciones forestales con relativo éxito y también pastos.

Clase VIII

No arable: Las tierras de esta clase presentan limitaciones tan severas que no son aptas para ninguna actividad económica directa del uso del suelo, de modo tal que sólo pueden dedicarse para la protección de los recursos naturales (suelos, bosques, agua, fauna, paisaje).

Fuente: Estudio realizado por el Departamento de Desarrollo Regional con la colaboración del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Conaplan) del Gobierno de El Salvador. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), 1974.

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4. Guatemala: capitalismo, poder y tierra 

ALBERTO ALONSO-FRADEJAS[1]

Guatemala comparte con el resto de pequeños Estados multinacionales del istmo centroamericano una historia común de inserción supeditada a la economía política mundial desde hace más de 500 años. Sin ánimo de remontarnos hasta los tiempos de la desposesión originaria, es importante situar este breve recorrido por la historia agraria de las últimas décadas en los sedimentos coloniales de dominación, explotación y despojo de la población indígena y de los bienes naturales, en los que se sustenta el desarrollo del Estado (liberal) moderno guatemalteco hasta nuestros días (Cambranes, 1992; Palma Murga et al, 2002; Hurtado, 2008). De este modo, tendremos como premisa en nuestro recorrido el hecho de que la tierra y los bienes naturales se han conformado históricamente en Guatemala como disputados medios de producción material, reproducción cultural y estatus.

Dicho esto, sin embargo, concentraremos nuestros esfuerzos y espacio disponible en el relativamente corto, pero agitado marco temporal que nos convoca. Nuestro recorrido comienza en 1982, un año para no olvidar, caracterizado por el terror y la violencia de Estado más descarnada de la guerra interna contra la población civil, especialmente rural e indígena, y nos llevará hasta 2012, o 5128 de la cuenta larga del calendario maya, en el que se inaugura un nuevo (y al parecer más esperanzador) ciclo histórico desde la cosmovisión maya: el Oxlajuj Baqtun, mientras que, paradójicamente, se despliega un nuevo ciclo de despojo al calor del modelo extractivista contemporáneo.

Nuestra idea es la de ir situando el agro guatemalteco en el contexto histórico-mundial a lo largo de las últimas tres décadas en las que la etapa neoliberal del capitalismo se viene expresando de múltiples y “variegadas” formas a través del tiempo y de las geografías (Brenner et al, 2010). Concretamente, buscaremos develar y analizar el conjunto de poderes que han determinado, discursiva y materialmente, las posibilidades y habilidades de diversos actores e intereses para “ganar, mantener y controlar el acceso” (Ribot y Peluso, 2003) a la tierra productiva y a otros bienes naturales en Guatemala, en el contexto del “régimen alimentario” mundial dominante (McMichael, 2012). Se situarán entonces las particulares dinámicas políticas del agro guatemalteco en “los marcos institucionales propios de las relaciones internacionales de producción, comercio y consumo de alimentos a través de diferentes contextos histórico-mundiales” (McMichael, 2012:682).

Por eso, con fines más analíticos que dogmáticos, se estructurará este capítulo a partir de los siguientes tres periodos: 1982 a 1990, 1991 a 2005 y 2006 a 2012, a sabiendas tanto del riesgo de dejar de lado importantes matices a costa de generalizar tendencias, como de que no necesariamente se dan rupturas claras entre las fechas concretas que delimitan de manera ideal cada periodo. Para el fin planteado, resultan de gran utilidad analítica los cuestionamientos fundamentales que en materia de economía política agraria plantea Henry Bernstein (2010:22) —¿quién posee qué?, ¿quién hace qué?; ¿quién obtiene qué?, y ¿qué hace cada quien con lo que obtiene?—, junto al análisis de: “Los aspectos políticos y relaciónales de los regímenes de propiedad y trabajo [así como de] importantes dimensiones que fueron relativamente descuidadas en estudios agrarios clásicos, como son las dinámicas de género, etnicidad, diversidad de sistemas de sustento, movilidad/migración, vínculos urbano-rurales y medio ambiente” (White y Dasgupta, 2010:600).

Prestaremos especial atención a cómo estructuras, instituciones y actores interac-túan alrededor de los procesos de mercantilización (commodificatiori) del trabajo, la tierra y la naturaleza, en los términos de Polanyi (2001), desde una aproximación crítica que permita el diálogo de elementos relativos a la identidad y a la cultura en la economía política del agro guatemalteco de los últimos 30 años. Con este fin, problematiza-remos la metáfora de Harvey (2003) relativa a los “arreglos espacio-temporales” del capital en el contexto de las principales estrategias de territorialización desarrolladas por parte de diversos actores/intereses estatales, no estatales y paraestatales. Así, entendidas como un “medio para controlar la tierra, los recursos naturales y la población” (Peluso y Lund, 2011:673), se analizarán las estrategias de territorialización dominantes en cada periodo a la luz de la “tecnología de poder” o “gubernamentalidad” {governmentalite)[2] sobre la que se asientan, y del conjunto de poderes sobre el que se articulan, pues ambos resultan determinando las posibilidades de diversos actores e intereses para ganar, mantener y controlar el acceso a la tierra y asociados bienes naturales.

Veremos cómo en el contexto político de las estrategias de territorialización dominantes en la Guatemala de los últimos 30 años se irán transformando las relaciones sociales de propiedad y de producción, y cómo estas transformaciones alimentarán procesos de diferenciación agraria y social rural. Diferenciación que, aun cuando esté influenciada por las dinámicas demográficas propias de los hogares rurales (a la Chayanov, 1966), entenderemos generalmente como un proceso permanente y acumulativo de cambio en las formas en que diferentes grupos e intereses en la sociedad rural (y cada vez más fuera de ella) “acceden y controlan los productos de su propio trabajo y/o del de otros, con base en su control diferenciado sobre recursos productivos y a menudo, aunque no siempre, sobre el aumento de las desigualdades de acceso a la tierra” (White, 1989:20).

Finalmente, trataremos de situar en cada periodo estas dinámicas de carácter socioeconómico en el contexto de la disputa política sobre el acceso y el control de la tierra. Para ello, iremos reflexionando sobre las reivindicaciones y formas de organización de los movimientos campesinos y otros movimientos sociales rurales, así como sobre otras formas de movilización social y resistencia cotidiana menos estructuradas.

En el mapa 4.1 se muestra la división de Guatemala dividida en grandes regiones socioagroecológicas a las que se hará referencia a lo largo del texto.

El autor agradece al equipo editorial y a Helmer Velásquez de la Coordinación de ONG y Cooperativas (congcoop) por sus valiosos comentarios a versiones anteriores del presente texto.↵

O modalidad moderna del ejercicio del poder que Foucault describe como un "ensamblaje de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones; los cálculos y las tácticas que permiten el ejercicio de esta específica pero compleja forma de poder que tiene a la población como su objetivo, a la economía política como su principal forma de conocimiento, y a los aparatos de seguridad como su tecnología fundamental" (1979:20). Se trata, en palabras de Luis García Fanlo, de "conducir conductas para que se mantengan estados de inequidad considerados como racionales o normales" [http://luisgarciafanlo.blogspot.nl/2012/02/ gubernamentalidad.html] (consultado el 12 de junio de 2012).↵

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El agro atenazado entre la oligarquía terrateniente y el Estado contrainsurgente (1982-1990)

La década que la Comisión Económica para América Latina (cepal) calificara como perdida para las economías latinoamericanas estuvo signada en el norte económico por la transición del capitalismo keynesiano al neoliberal. En realidad, ya desde mediados de la década de 1970 se venía fraguando una nueva división internacional del trabajo que removería los cimientos de la economía política mundial bajo el fenómeno económico, político y cultural que hoy se conoce como globalización. Al mismo tiempo, la década que antecede al colapso de la Unión Soviética y al fin oficial del mundo bipolar en 1991 se caracterizó por un recrudecimiento de la Guerra Fría en escenarios como el del istmo centroamericano.

De hecho, la inserción de Guatemala en las emergentes dinámicas político-económicas mundiales de la década de 1980 se pospuso a raíz del paroxismo productivo en el que sumió al país la estrategia contrainsurgente, y finalmente genocida, de “tierra arrasada”[1] implementada por las dictaduras militares de la primera mitad de esa década, pero con especial crudeza durante los 17 meses de gobierno del general Ríos-Montt (quien en mayo de 2012 se encontraba sometido a juicio por crímenes de lesa humanidad). La escasa permeabilidad que mostró el Estado militarista frente a la nueva ola neoliberal permitió que la oligarquía terrateniente poscolonial se aferrara, hasta bien entrada la década de 1990, a los últimos coletazos de una división internacional del trabajo, y concomitante régimen alimentario, según la cual los países dependientes exportaban alimentos y otras materias primas de escaso valor agregado hacia los países centrales, los cuales proveían de bienes industriales a la periferia (con base en Rubio, 2009:34-35).

Sin embargo, en la contradictoria “transición autoritaria” hacia la democracia (Torres-Rivas, 1989, citado en Biekart, 1999:167) que inicia con el primer gobierno “civil” de 1986[2] se toman decisiones en materia de política económica que abonarán a los procesos de liberalización comercial y ajuste estructural por venir. Destaca el proceso de desgravación arancelaria para las importaciones de productos no sensibles para la oligarquía guatemalteca (como el maíz, por ejemplo) que se inicia a partir de la Asamblea Constituyente y las elecciones de 1985 en Guatemala en el marco de las negociaciones comerciales internacionales de la Ronda Uruguay. También, desde mediados de la década de 1980, la mayoría de las exportaciones del istmo centroamericano gozarán de acceso preferencial a los mercados de Estados Unidos (eua) y la Unión Europea (ue) mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del Sistema General de Preferencias Arancelarias, respectivamente.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh) promovida por la ONU concluye que una mayoría de población (rural) maya fue considerada enemiga del Estado y contemplada como objetivo militar, lo que resultó en más de 200 000 víctimas de asesinatos y desapariciones durante los 36 años de guerra interna, de las cuales más de la mitad se concentraron en la década de 1980 (ceh, 1999).↵

Con excepción del "amago" del gobierno del abogado y profesor universitario Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), cuyo margen de maniobra se vio delimitado por su pacto con el ejército para gobernar (Murga Armas, 2011:11).↵

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Colonización agraria contrainsurgente y génesis del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas

El golpe de Estado orquestado por la oligarquía, la cúpula militar y la cía revirtió, en 1954, el proceso de democratización de la tierra y de mercantilización de las relaciones sociales de producción de corte precapitalista en el agro guatemalteco institucionalizado por el presidente Árbenz en el Decreto 900 de 1952: Ley de Reforma Agraria. A partir de entonces, y hasta nuestros días, el término “reforma agraria” se convertirá en un tabú social y político en Guatemala. De hecho, en 1962 se crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria (inta) al calor contrainsurgente de la “Alianza para el Progreso”, forjada en la Conferencia de Punta del Este en 1961. El inta, bajo el control de la alianza oligárquico-militar, tuvo el mandato de promover y administrar la colonización agropecuaria de 8 500 kilómetros cuadrados de bosque tropical a lo largo de la recién decretada región de la Franja Transversal del Norte del país (véase mapa 4.1). El inta se mantendrá desde entonces como la institución rectora de la política de tierras y en buena medida de desarrollo rural hasta su disolución tras los Acuerdos de Paz de 1996.

Además de parcelar tierras, el inta también estaba autorizado a construir carreteras y algo de infraestructura, como centros de salud, pero se suponía que para la mayoría de servicios debían coordinarse con otras entidades [gubernamentales]. Por ley, el inta debía establecer una fórmula para aumentar los impuestos de la tierra a fin de facilitar la expropiación, pero nunca implemento semejante política de aumento impositivo progresivo y siguió enfocada exclusivamente en la redistribución de las tierras recién colonizadas (Grandia, 2009:109).

A partir de esta estrategia de territorialización, el Estado contrainsurgente trató de alivianar la conflictiva “cuestión agraria” (Kautsky, 1974) en el país, cuidándose de no afectar los intereses ni de los grandes finqueros (sobre todo cafetaleros) establecidos “por decreto” desde finales del siglo xix y principios del xx en fértiles (y pobladas) tierras de la regiones de la boca-costa pacífica, del altiplano y de las verapaces, ni del capital agroexportador (algodonero, azucarero y hulero) establecido firmemente desde finales de la década de 1950 en la región de la costa pacífica (véase mapa 4.1). A estos limitantes se suma la violencia de Estado contra la población rural, indígena y campesina, que resultó en que para 1982, y tras 20 años de vigencia, el inta apenas había logrado distribuir 567773 hectáreas entre 58 974 beneficiarios de los cuales menos de 15% lograron el reconocimiento de sus derechos de propiedad a través de escritura pública, mientras se estimaba en 140 000 el número de familias sin tierra o con tierra insuficiente en Guatemala para ese mismo año (inta 1982, citado en Grandia, 2009:118-119). No es de extrañar que el Censo Agropecuario de 1979 arrojara un índice de Gini sobre la concentración de la tierra de 0.85 (ine, 1979).

Y es que las tierras bajas del norte de Guatemala no fueron colonizadas exclusivamente por familias rurales sin tierra. La compañía estatal para el Fomento y Desarrollo del Peten (fydep), que se había creado un par de años antes que el inta con el propósito de colonizar el bosque tropical del departamento de Peten (al norte de la Franja Transversal del Norte, véase mapa 4.1), resultó abandonando en la práctica el carácter “campesinista” de la colonización en favor del establecimiento de grandes fincas ganaderas, en muchas ocasiones como pago por los servicios prestados a la nación por parte de oficiales del ejército. En palabras de Góngora Zetina (1984, citado en Grandia, 2009:124): “los líderes del fydep sentían que Peten debía ser entregado a los intereses económicos privados y no usarlo para resolver los “problemas políticos” de Guatemala”. Así, se estima que en 1980, 5% de los propietarios concentraban 56% de la tierra en Peten (Schwartz, 1990 citado en Grandia, 2009:127).

Cabe señalar, sin embargo, que los limitados efectos distributivos de la política de tierras del inta-fydep se vieron amplificados por medio del importante Sector Público Agropecuario (spa) vigente durante este periodo, el cual llegó a contar con 17000 trabajadores (Gauster y Alonso-Fradejas, 2008:12). El spa fomentó y respaldó la producción agropecuaria campesina y el autoabastecimiento alimentario nacional mediante el conocido esquema del Estado desarrollista latinoamericano durante el modelo indus-trializador por la vía de la sustitución de importaciones. El spa en Guatemala se articuló por medio de: 1) sistemas de extensión agrícola y agropecuaria; 2) una banca pública de desarrollo agrario; 3) un sistema de generación y difusión de tecnología agropecuaria, y 4) una instancia de intermediación comercial de granos básicos, orientada a garantizar precios mínimos a productores y máximos a consumidores.

A pesar de sus logros, el spa adoleció de dos graves problemas que, una vez más, tendrán implicaciones hasta la fecha. En primer lugar, los regímenes militares usaron el spa como fuente de enriquecimiento personal y plataforma clientelista de carácter contrainsurgente (que aseguraba puestos a correligionarios independientemente de sus capacidades técnicas) para desarrollar la estrategia que el dictador Ríos-Montt calificó como de “frijoles y fusiles”. En segundo lugar, el spa fue el vehículo de transmisión del discurso y las prácticas agropecuarias altamente dependientes de insumos externos derivados del petróleo del paradigma productivo de la “Revolución Verde”. Como una alternativa frente a los esquemas verticalistas de transferencia de la tecnología agropecuaria sintética propia de la Revolución Verde, surge en el altiplano guatemalteco en la década de 1970 la metodología “campesino a campesino”,[1] la cual al vincular la producción agrícola sostenible con la resistencia cultural y el cambio social local sentará las bases del movimiento social con el mismo nombre. A pesar de la persecución política que sufrieron sus promotores en Guatemala, el movimiento se expandirá por toda Centroamérica, México y muchas partes del sur de América para pervivir hasta la fecha como una alternativa sustentable y equitativa de vida en el agro (Holt-Giménez, 2006).

Por otro lado, y de manera paralela a la territorialización por la vía de la colonización agropecuaria, se institucionalizará en 1989 el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (sigap), casi de la noche a la mañana y con especial participación de Estados Unidos a través de la usaid y de una serie de grandes ong conservacionistas bajo su paraguas financiero. La mapa 4.2, abajo, muestra la distribución espacial del sigap sobre 31% del territorio nacional “privilegiando a los propietarios privados y desconociendo la posesión histórica o anterior de cientos de comunidades campesinas y/o indígenas” (Hurtado, 2008:372).

Si bien las estrategias de territorialización dominantes en este periodo de guerra interna fueron impulsadas y administradas por un Estado contrainsurgente controlado por el ejército, poderosos intereses de las clases de capital (oligarquía tradicional, multinacionales extractivas y ciertos grupos de militares enriquecidos), y las iniciativas “pioneras” (Hurtado, 2008) y “espontáneas” (Grandia, 2009) de muchas familias sin tierra, desempeñaron un papel clave en la orientación y el carácter de estas estrategias de territorialización. En cualquier caso, ya sea por su privatización a partir de los procesos de colonización, o por el veto a la explotación agraria de las tierras calificadas como áreas protegidas, este periodo resultó en el agotamiento de las reservas “públicas” de tierra para fines agropecuarios.

Se trata de una metodología de transferencia de conocimientos socioagroecológicos llevada a cabo por los propios campesinos y fundamentada en el estímulo de prácticas agroecológicas sencillas, que no son culturalmente invasivas (Holt-Giménez, 2006).↵

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La identidad política como vector de diferenciación social nacional

Aun cuando en la década de 1980 se desarrollan iniciativas de industrialización al calor del proteccionismo estatal y del subsidio campesino al poder adquisitivo urbano mediante la provisión de alimentos baratos, las relaciones sociales de producción dominantes en el agro guatemalteco se asemejan más a las del modelo primario-exportador de finales del siglo xix, que a las relaciones de producción mercantilizadas, propias de un modelo industrializador por la vía de la sustitución de importaciones. Una situación a la que contribuyeron los limitados impactos que tuvo la política de tierras del inta-fydep sobre las inequitativas relaciones de propiedad del Estado moderno guatemalteco, caracterizadas por un sistema de minifundios de infrasubsistencia que permitía contar con una reserva adicional de fuerza de trabajo temporal (“cuadrillas”) en diferentes tipos de plantaciones de exportación.

Los trabajos de Martínez Peláez (1992) y Figueroa Ibarra (1980) dan cuenta del carácter mixto y convergente de las relaciones de producción de tipo precapitalista y capitalista en el agro guatemalteco. Por un lado, en las explotaciones agroindustriales y capitalizadas de la región de la costa sur priman las relaciones de producción bajo un régimen salarial de trabajo temporal (jornaleros por día o tarea). Por otro lado, en las haciendas ganaderas, y especialmente en las fincas cafetaleras de las regiones del altiplano, de la boca-costa y de las verapaces, las relaciones de colonato seguirán vigentes a lo largo de la década de 1980. Al igual que en otras latitudes tropicales, la producción latifundista de café para la exportación se mantuvo casi inalterada durante más de un siglo como la principal fuente de riqueza y poder en el agro guatemalteco, hasta que los precios internacionales del grano comienzan a fluctuar tras el colapso del régimen de cuotas del Acuerdo Internacional del Café a partir de 1989.[1] Así, el Censo Agropecuario de 1979 recoge la existencia de alrededor de 10 000 fincas (ine, 1979) en Guatemala bajo la relación de colonato:

Mediante la cual una cierta cantidad de trabajadores y sus familias eran obligadas a trabajar en las fincas a cambio de un pedazo de tierra para el cultivo de granos básicos y alimentos destinados al consumo familiar, en ocasiones complementado con un salario y/o raciones en especie. El colonato como relación social en el agro guatemalteco tiene sus antecedentes en la historia colonial y no puede entenderse sin analizar el papel que jugó el trabajo forzado articulado al acceso a la tierra en la generación de la riqueza para las élites dominantes y la estructuración del régimen político, tanto durante la colonia como en los regímenes conservadores y liberales de la época independiente del siglo xix (Hurtado, 2008:190).

La tónica general en estos años fue la de la explotación de la fuerza de trabajo a partir de una relación patrón-cliente, de carácter paternalista-autoritario (Weber, 2005), entre el patrón y el colono de finca, cuyos lazos se iban diluyendo al tratar con el jornalero local y más aún con las cuadrillas de trabajadores migrantes, residentes de la “casa patronal”. Por lo general, los dueños de las plantaciones regían como caudillos de la vida política y económica en la finca y sus alrededores, prestando dinero, organizando la producción e incluso a veces administrando justicia. Esta relación social era generalmente permitida y manejada desde la subalternidad del colono/trabajador indígena o mestizo a partir de múltiples formas de resistencia cotidiana[2] (Kerkvliet, 2005) siempre y cuando (como discutiremos más adelante) el nivel de explotación patronal no impidiera las capacidades del trabajador para asegurar la subsistencia y reproducción de su familia.

De manera paralela, las relaciones sociales en torno a la tierra y los bienes naturales de las comunidades indígenas y campesinas se caracterizan notablemente en estos años por la vigencia de fuertes lazos de reciprocidad, asentados en complejas y diversas relaciones de economía moral (Scott, 1976). El intercambio de trabajo entre familias de la comunidad (“cambio de mano”), la distribución interfamiliar de los derechos de acceso y uso de la tierra y los bienes naturales, así como de las responsabilidades del cuidado de éstos y otros bienes comunales (caminos, iglesias, escuela, salón comunal o campo de recreación) según los criterios determinados por la propia institucionalidad comunitaria (a partir de consejos de ancianos, cabildos, comités o asambleas cooperativas, entre otras instancias), son algunas expresiones de este tipo de relaciones de economía moral documentadas en un rico cuerpo de trabajos etnográficos (Schwartz, 1990; Grünberg, 2003; Grandia, 2009; entre otros).

Las relaciones sociales de propiedad y de producción dominantes durante este periodo son la expresión de una modalidad de ejercicio del poder, o gubernamentalidad, en la que prima la “lógica territorial” del poder (mediante el control militar del territorio y de los pueblos que lo habitan, y del control oligárquico de la fuerza de trabajo) por sobre la “lógica de capital” (mediante la transferencia de valor del pequeño productor hacia otras clases y sectores vía la incipiente liberalización comercial y la provisión de alimentos baratos a la ciudad). Bajo esta gubernamentalidad contrainsurgente, y aun de forma paralela a las dinámicas de diferenciación social de carácter económico (Le-nin, 1982) y/o demográfico (Chayanov, 1966), tanto cotidianas como derivadas de las estrategias de colonización y delimitación de áreas protegidas, la diferenciación social rural se expresó con especial rigor a partir de la identidad y filiación política (manifiesta o atribuida) de diversos sujetos y grupos en el agro.

En una línea argumentativa similar a Hale (2006), Ybarra (2010) plantea cómo el ejército de Guatemala trató (con dispares resultados) de conformar a lo largo y ancho del país, pero especialmente en las zonas de enfrentamiento armado con las guerrillas, nuevas subjetividades racializadas de “mayas permitidos” en oposición a las propias de los “mayas sospechosos”. Para ello el ejército paramilitarizó el agro a través de las Patrullas de Autodefensa Civil (pac) e incluso construyó “aldeas modelo” para la (re) educación de los nuevos sujetos contrainsurgentes, mientras que muchas familias (e incluso comunidades enteras) buscaron refugiarse en la selva o en la montaña de la violencia indiscriminada de la estrategia de tierra arrasada, y se convirtieron automáticamente en “mayas sospechosos” de colaborar con las guerrillas y, por lo tanto, en blanco militar.[3]

"El Acuerdo Internacional del Café surgió en 1962 como un mecanismo de ayuda económica de países consumidores a productores con bajos niveles de ingreso per cápita. Mediante la reducción de la oferta y ante la baja sensibilidad de la demanda frente a cambios en precios, se aumentaban las cotizaciones promedio del grano, lo que derivaba en mayores ingresos por exportaciones para los países productores. Por su parte, los países productores se comprometían a controlar la producción o a retener los excesos de producción exportable sobre su cuota. [Pero en el contexto neoliberal de la década de 1980, un acuerdo como éste constituía] una indeseable distorsión de las fuerzas de oferta y demanda [lo que entre otros aspectos] llevó a que Estados Unidos criticara el Acuerdo durante sus últimos años de vida, lo cual, sin lugar a dudas, dificultó la búsqueda de soluciones para los problemas que presentaba el Acuerdo y que condujeron a su crisis" (Lanzetta, 1991).↵

Que permitían alivianar en cierta medida la dureza de la vida en la finca. Por ejemplo, un ex colono de una finca ganadera de la región de la boca-costa me relataba cómo en los días de tormenta solían dejar "descuidada' alguna res cerca de un árbol para ver si un rayo "obraba el milagro" de que las familias de colonos comieran carne durante la semana venidera.↵

Sobre la experiencia de estas autodenominadas "Comunidades de Población en Resistencia" (cpr), véase Falla (1995) y Huet (2009), entre otros.↵

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Resistencia cotidiana y movilización popular clandestina

El carácter genocida de la represión militar que el Estado desplegó durante la primera mitad de la década de 1980 no sólo cerró en su totalidad el espacio político, sino que logró aplacar casi por completo el accionar de las diversas expresiones estructuradas del movimiento popular que florecieron o se fortalecieron durante la década anterior. Los asesinatos y desapariciones selectivas de miembros clandestinos de las fuerzas insurgentes, así como de muchos dirigentes sociales, campesinos, indígenas, sindicales y estudiantiles, condujeron al repliegue estratégico de las guerrillas (con notables excepciones) y al exilio de muchos líderes sociales y agitadores de masas. Chiapas, y en general el vecino México, se convirtió en ese tiempo en un punto neurálgico de encuentro entre representantes del movimiento popular, las guerrillas y de la “Iglesia Guatemalteca en el Exilio”. Bajo el planteamiento de que “a mayor represión, mayor organización”, se llevó a cabo en el exilio una rica interacción entre las estructuras de la izquierda revolucionaria insurgente, la Iglesia católica simpatizante de la teología de la liberación y un importante movimiento de solidaridad internacional, que impulsó la radicalización de la lucha popular.

De esta interacción, salpicada de una amplia gama de posiciones ideológicas “progresistas” en el contexto guatemalteco (comunistas, socialistas, demócrata cristianas y socialdemócratas), emergerán modalidades de organización y estrategias de acción colectiva que se desplegarán con fuerza a partir del gobierno demócrata cristiano del presidente Cerezo (1986-1990) y que en buena medida se mantendrán vigentes hasta la fecha. Numerosos trabajos dan cuenta de esta compleja dinámica en Guatemala,[1] pero nosotros nos limitaremos a unas breves reflexiones alrededor de la “lucha por la tierra” durante este sangriento periodo en el que fundamentalmente se luchó “por la vida”.

De manera discutible, convergerán en este contexto dos discursos movilizadores, poderosamente ideologizantes, en oposición a los de la oligarquía y las élites políticas y militares, que serán enarbolados en ambos casos por movimientos sociales estructurados, organizados de forma vertical y operados generalmente (y necesariamente) de manera clandestina. Por un lado, las organizaciones revolucionarias buscarán radicalizar la estrategia insurgente con la incorporación de las masas populares (en especial indígenas) a la lucha revolucionaria (de clase) mediante una “alianza obrera, campesina y popular” (Murga Armas, 2011) al estilo leninista. Por otro lado, ciertos sectores de la Iglesia católica se comprometerán con los preceptos liberadores del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín en 1968, a partir de los cuales la Conferencia Episcopal de Guatemala (1988) llegará a plantear que “el clamor por la tierra es, sin duda, el grito más fuerte, dramático y desesperado que se escucha en Guatemala. Brota de millones de pechos de guatemaltecos que no sólo ansian poseer tierra, sino ser poseídos por ella” (Grandia, 2009:206).[2]

En este contexto, y al tratar de abrir brecha política en el gobierno demócrata cristiano del presidente Cerezo, se desplegó, en 1986, un importante proceso de ocupaciones y recuperaciones de fincas. Si bien se logró que el gobierno interviniera comprando algunas de las fincas para entregarlas en propiedad a los ocupantes, el ejército y la oligarquía impidieron un margen de maniobra mayor defraudando las expectativas progresistas en el nuevo gobierno civil.

La lucha por la tierra en la década de 1980 se sustenta y articula casi exclusivamente a partir de la lucha de clases. La idea central era la toma del poder político del Estado, para “después” resolver otras cuestiones como las relativas a la exclusión de la población indígena y la opresión patriarcal de las mujeres. Por eso, y a raíz de la dualidad de las relaciones de producción prevalecientes en el agro, no resultó extraño el esfuerzo por hacer converger las luchas sindicales por el aumento del salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales en las fincas, con la lucha por la tierra y la reforma agraria. Con este fin:

En 1978, luego de varios años de trabajo clandestino, surge el Comité de Unidad Campesina (cuc) impulsado por religiosos afines al egp [Ejército Guerrillero de los Pobres], cuya acción [...] intentará hacer converger a los campesinos de temporada (cuadrilleros) provenientes de las comunidades indígenas, con los obreros agrícolas mestizos y ladinos, permanentes (rancheros [y colonos]) o jornaleros, de las grandes plantaciones (Murga Armas, 2011:16).

Sin embargo, y como una controversial excepción, se celebró en 1980 una reunión en la antigua ciudad maya de Iximché (en el actual departamento de Chimaltenango) en la que representantes de diversos pueblos mayas y de las guerrillas afirmaron su compromiso común con la defensa de los derechos indígenas:

Por una sociedad de igualdad y respeto; porque nuestro pueblo indio como tal pueda desarrollar su cultura rota por los invasores; por una economía justa donde nadie explote a otros; porque la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados; por un pueblo sin discriminación, porque termine toda represión, tortura, secuestros asesinatos y masacres; porque tengamos los mismos derechos de trabajo; para que no sigamos siendo utilizados como objetos del turismo; y por la justa distribución y aprovechamiento de nuestras riquezas como en los tiempos en que floreció la vida y la cultura de nuestros antepasados (Declaración de Iximché, 1980).

Véase Bastos y Camus (1996 y 2003), Brett (2006), Vela (2008), Macleod (2008) y Ba Tiul (2010) como importantes compendios críticos.↵

No resulta extraño, entonces, que en las "aldeas modelo" se tratara además de re-evangelizar a la población en diversos cultos cristianos mas no católicos.↵

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El proceso de paz en el contexto de la globalización neoliberal y la nueva ruralidad (1991-2005)

Durante este periodo, Guatemala se inserta de manera ortodoxa, profunda y veloz en la nueva división internacional del trabajo de la que la crudeza de la guerra durante la etapa anterior la había mantenido relativamente aislada. Al tenor de la relocalización industrial global que se desata a inicios de la década de 1990 con el respaldo de diferentes acuerdos multilaterales orquestados en la Organización Mundial del Comercio,[1] muchos países dependientes se tornan productores y exportadores de bienes industriales, sobre todo maquilados, pero con importantes diferencias temporales y geográficas. De forma paralela, el epicentro del régimen alimentario mundial se afianza en el norte (McMichael, 2012) bajo el control del sujeto que redimensionará la cuestión agraria en el neoliberalismo: el agronegocio. La agricultura y la minería enfrentarán en este periodo un proceso de desvalorización relativa, a la par que el control efectivo del petróleo por parte de Estados Unidos mantendrá su precio sobre los 23 dólares por barril entre 1982 y 2000, con lo cual contribuye a mantener bajos los costos de los alimentos y los minerales (Rubio, 2009:222).

En este contexto histórico-mundial, se desarrollan las negociaciones de paz en Guatemala que culminarán en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las guerrillas agrupadas bajo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El espacio político que se genera a la largo del proceso de democratización (formal) será aprovechado por las diferentes clases de capital (oligarquía terrateniente, alta burguesía industrial y financiera) para retomar del ejército las riendas de la política económica del país por la vía electoral, especialmente a partir del periodo del presidente Arzú (1996-2000). De este modo, y bajo el discurso de la profundización de las “libertades” en el país, Guatemala abraza decididamente las prescripciones neoliberales del Consenso de Washington relativas a la privatización del sector público, a la desregulación de la actividad económica y a la liberalización de las importaciones (agrícolas).[2] En este contexto emergerán y se fortalecerán una serie de agronegocios cuya materia prima fundamental serán granos básicos (maíz amarillo y blanco, trigo y arroz) importados principalmente de Estados Unidos a muy bajo o ningún arancel (como parte de contingentes acordados multilateral y/o bilateralmente). A modo de ejemplo, la gráfica 4.1 muestra cómo el maíz amarillo importado bajo condiciones dumping (a precios por debajo de su costo de producción) favoreció el crecimiento de los agronegocios avícolas y porcinos durante la década de 1990 en detrimento de la producción nacional de maíz en Guatemala.

En esta nueva “década perdida”, Guatemala aumenta de forma alarmante su dependencia alimentaria, sin lograr mejorar sus términos de intercambio comercial (que empeoran en 15% entre 1998 y 2003 [cepal, 2003]), como planteaba el discurso hege-mónico neoliberal. La gráfica 4.2 muestra la dinámica de sustitución de la producción nacional de granos básicos por la importada.

Es más, entre 1990 y 2005, la producción nacional de frijol bajó 26%, la de maíz 22%, la de trigo 80% y la de arroz 23% (Alonso-Fradejas y Gauster, 2006). Y es que la industria avícola guatemalteca (la más poderosa del istmo) y otra serie de agronegocios que requieren de granos básicos para sus procesos de transformación[3] no sólo fueron los principales promotores del dumping alimentario, sino que también constituyeron el principal grupo de presión a favor de las negociaciones para la liberalización comercial multilateral en la omc (desde 1995) regional en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (1991), y bilateral en el marco del Tratado de “Libre” Comercio entre algunos países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos (dr-cafta, por sus siglas en inglés), el cual fue ratificado en 2005 a pesar de la fuerte oposición social al mismo, e implicó, entre otras problemáticas, la erradicación de los aranceles a las importaciones de granos básicos procedentes de Estados Unidos.[4]

La emergencia del poder económico y político del agronegocio contrasta con la reducción del poder del tradicional sistema-finca cafetalero. Aunque los precios internacionales del café ya enfrentaban dificultades desde 1989 (véase arriba), su desplome a partir de 2000 por el exceso de oferta y el manejo discrecional de la demanda por parte de compañías transnacionales (Greenfield, 2002) llevó a la quiebra a muchas de las grandes fincas cafetaleras de las regiones de la boca-costa, del altiplano y de las verapaces.

Como el Acuerdo Multi-Fibras con relación al sistema de cuotas en el comercio textil mundial, o los acuerdos relativos a inversión, agricultura o propiedad intelectual y comercio.↵

Con la excepción de los productos agrícolas de exportación tradicional, como el café, el banano, el hule o el azúcar que han mantenido altos aranceles de importación hasta la fecha.↵

Como los de elaboración de concentrados para animales, de harina de maíz para tortilla, de botanas o snacks, de arroz envasado y de harina de trigo, galletas y pastas.↵

Excepto para el maíz blanco, exento de desgravación arancelaria en el DR-CAPTA, pero para el que se acuerda un contingente de importación a 0% arancel de 20400 toneladas, que se incrementará en 400 toneladas anuales (fuera de contingente el arancel es de 20%). A cambio, Estados Unidos eximió de desgravación 47 líneas arancelarias vinculadas al azúcar y sus derivados.↵

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La tierra: un "activo" cualquiera bajo la nueva ruralidad

La estrategia de territorialización basada en la ampliación de la frontera agropecuaria bajo la tutela del Estado no había logrado resolver la cuestión del acceso a, y control sobre, la tierra por parte de la población rural empobrecida. La ampliación de la frontera agropecuaria permitió satisfacer apenas una pequeña parte de la demanda de muchas familias sin tierra o con tierra insuficiente, lo que dejó ademas, como vimos, a 85% de las mismas con débiles capacidades para controlar el acceso ganado (y defenderlo ante terceros) al no lograr reconocimiento público de sus derechos de posesión de la tierra. En este contexto, las prescripciones del peruano De Soto (2000) sobre los beneficios “inherentes” a la garantía de derechos de propiedad seguros sobre el fomento de la inversión privada en el agro articularán los discursos de tecnócratas, oligarquía terrateniente y capitales agroindustriales a lo largo de este periodo. Estos discursos se verán reflejados, legitimados y ampliados en el emergente corpus teórico-académico que re-situará el debate sobre el “desarrollo rural” alrededor de teorías como las de la “nueva ruralidad”, el “desarrollo territorial rural” y el “neoinstitucionalismo”. Aproximaciones en las que la marginalidad productiva del campesinado constituye un punto de partida que ni se cuestiona ni se trata de explicar (Rubio, 2009).

Así pues, las condiciones políticas y económicas en esta etapa se refuerzan mutuamente con las intelectuales para que las partes negociadoras de los Acuerdos de Paz en Guatemala acepten tratar la controversial cuestión del acceso y control sobre la tierra, mediante el nuevo mecanismo de “Reforma Agraria Asistida por el Mercado” (raam) ideado por economistas de corte neoinstitucionalista del Banco Mundial (Deininger y Binswanger, 1999). El mecanismo de la raam basado en “transacciones voluntarias entre demandantes y oferentes de tierra de cara a la superación de una serie de “distorsiones” en los mercados agrícolas y de la tierra” (Lahiff et al., 2007:1417) en el que teóricamente el Estado intervenía como “facilitador” del proceso al proveer de crédito subsidiado, asistencia técnica y servicios sociales a los grupos de población rural que compraban la tierra, constituía una amenaza relativamente baja para los intereses de las clases terratenientes, y una ventana de oportunidad en apariencia favorable para los negociadores de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca de cara a concluir la negociación del delicado Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que mantenía trabadas las negociaciones de paz en su conjunto. De hecho, incluso diferentes sectores progresistas del agro guatemalteco de la época, incluidos el cooperativista, el campesino y el indígena, vieron con buenos ojos las posibilidades de control político que les ofrecía su representación oficial en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, aunque en clara desventaja frente a los otros cuatro representantes ligados al Gobierno y a la oligárquica Cámara del Agro (artículo 10, Decreto 24-99 Ley del Fondo de Tierras).

De este modo, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (inta) será sustituido en 1997 por el Fondo de Tierras (Fontierras) el cual, bajo la asesoría y el financia-miento oficial por parte del Banco Mundial, se constituirá en la institución rectora de la raam en Guatemala.[1] Fontierras será responsable de: 1) la concesión de créditos y subsidios de trabajo a grupos de población rural sin tierra o con tierra insuficiente para la compra y/o alquiler de tierra en el mercado, y 2) la legalización y titulación de todos los predios rurales.

Entre 1997 y 2005, Fontierras financió la redistribución de apenas 4% de la tierra productiva a menos de 5% de la población sin tierra (Garoz et al., 2005). Entre las distintas razones del fracaso de Fontierras como facilitador de la redistribución de tierras en Guatemala destacan la baja calidad y el desgaste de las tierras ofertadas, la ausencia e ineficacia en la prestación de la asistencia técnica de los servicios sociales complementarios,[2] y el adverso contexto de mercado para la pequeña producción alimentaria prevaleciente a mediados de la década de 1990. Así, muchos de los grupos que accedieron a un crédito del Fontierras han vendido ya sus derechos sobre la tierra, y casi la totalidad de quienes no vendieron se encuentran sin capacidades de pago de la deuda con Fontierras. El cuadro 4.1 muestra que la raam como política de tierras teóricamente redistributiva resultó, al destacarse por su carácter regresivo, en un contexto en el que como observamos durante la década anterior las tierras nacionales, o bien ya se posesionaron, o bien pasaron a ser parte del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que durante la década de 1990 se integró regionalmente al Corredor Biológico Mesoamericano.

El índice de Gini referido a la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra era 0.84 en 2003 (ine, 2003). En cualquier caso, Fontierras continúa siendo en 2012 la única entidad pública con el mandato político de facilitación del acceso a la tierra a pesar de que, desde 2008, fecha en la que la ley contemplaba su finiquito, apenas recibe fondos públicos y funciona con fondos propios.

Pero si los resultados del Fontierras en cuanto a facilitar la democratización de la estructura agraria han sido un gran fiasco, los relativos a la legalización y titulación de tierras han sido paradójicamente exitosos. En apoyo al mandato de regularización y titulación de predios del Fontierras, se conformó en 1997 la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de Tierras, coordinada bajo una Unidad Técnico Jurídica (uTj-Protierras) que a partir de 2005 se transformó en el Registro de Información Catastral (ric) de Guatemala.

En el contexto de la titulación de tierras, debe señalarse que la demanda de la población campesina e indígena de cara al fortalecimiento de sus habilidades para mantener y controlar su acceso a la tierra y a los bienes naturales, mediante el reconocimiento de derechos formales por parte del Estado, ha sido reinterpretada desde la racionalidad neoinstitucionalista del Fontierras como una demanda por la titulación individual de la tierra (frente a otras formas legalmente posibles de propiedad) con miras a generar derechos de propiedad privada sobre la tierra posesionada (frente a otros derechos alternativos y legalmente reconocidos de tenencia y uso). De este modo, muchas tierras comunales, cuyos derechos de uso (para cultivo, pastoreo, leña, etcétera) se distribuían mas o menos de manera colectiva (desde diversos tipos de institucionalidades comunitarias), fueron divididas, privatizadas y tituladas bajo la figura jurídica individual/familiar. Pero la tierra titulada individualmente (recordemos que las capacidades productivas de los pequeños productores agrícolas se encuentran limitadas a nivel estructural) genera la paradoja de contar con una propiedad a la que no se tiene acceso (Ribot y Peluso, 2003:160). Dicho de otro modo, se carece de las capacidades y habilidades necesarias para derivar beneficios económicos de una propiedad agraria, a pesar de contar con derechos de propiedad sobre la misma sancionados por el Estado.

De tal forma, se logra que la tierra titulada individualmente pase de ser un medio fundamental de producción material y reproducción cultural, a un activo enajenable en línea con el postulado del Banco Mundial de que los “derechos de propiedad seguros [...] permiten a los mercados transferir tierra hacia usos y productores más eficientes” (Banco Mundial, 2007:138). Algo que como veremos en este periodo, y especialmente en el siguiente (2006-2012), significó en la práctica la sanción legal del despojo material indígena y campesino, y no necesariamente en virtud de la “eficiencia productiva”.

Y es que al contrario de lo sucedido entre 1982 y 1990, el poder en esta primera etapa de inserción de Guatemala en la globalización neoliberal se regirá desde una gu-bernamentalidad en la que la “lógica de capital” del poder (Harvey 2003) se impondrá sobre la “lógica territorial”. Esta lógica de capital será un vector y un resultado de la Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015 (recientemente renovada en el marco temporal 2012-2021), como expresión imperante de las rutas por las que debe transitar en Guatemala el crecimiento para el progreso. Una agenda que contempla el desarrollo y la profundización de las medidas de apoyo arancelario y fiscal, y de las inversiones en infraestructura, logística y energía para fomentar los dos pilares clave de la política económica: la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Así, no sólo en Guatemala, sino a lo largo y ancho de la región mesoamericana abundan los planes para desarrollar estos megaproyectos en el marco del controversial Plan Puebla Panamá (posteriormente rebautizado como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoaméricá) que enlaza en Colombia con la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (iirsa).

Aunque existía ya desde 1992 un Fondo Nacional para la Tierra (Fonatierra) como programa piloto del mecanismo de acceso a la tierra por la vía del mercado, bajo administración del INTA.↵

Una de las razones fundamentales de esta baja capacidad subsidiaria del Estado reside en el desmante-lamiento del Sector Público Agropecuario (spa) a partir de 1996, a tenor de los mandatos del ajuste estructural (de los 17000 trabajadores que lo conformaban en la década anterior, se pasa a 700). La iniciativa privada nunca logró cubrir el vacío del Estado como prestador de servicios de apoyo a los pequeños productores, como se planteó a la hora de subcontratar servicios privados de asistencia técnica por parte del Fontierras.↵

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La nueva ruralidad bajo la gubernamentalidad neoliberal

Las relaciones de propiedad resultantes de la combinación de la economía política, el régimen alimentario corporativo dominado por el agronegocio, y la territorialización promovida desde el paradigma de la reforma agraria asistida por el mercado y la paralela titulación privada e individualizada de la tierra, cambiarán radicalmente las relaciones sociales de producción prevalecientes en el agro guatemalteco.

A lo largo del periodo 1991-2005, el tradicional sistema-finca cafetalero perderá su capacidad competitiva mundial. Su quiebra conllevará la expulsión de las familias de colonos de las fincas y la consecuente mercantilización de su fuerza de trabajo de la noche a la mañana. En este contexto, se desatará un proceso de ocupaciones de tierra por parte de los colonos y otros ex trabajadores de las fincas cafetaleras que abrirá “paso a una negociación que redefinirá los contornos de la vieja propiedad latifundista, reduciéndola un poco en extensión al reconocer pequeñas porciones de tierra [a estos ocupantes] en pago de salarios y prestaciones adeudadas” (Hurtado, 2008:370). Algunas fincas serán también adquiridas mediante el Fontierras, desmembradas o por completo, por parte de estos trabajadores que se enfrentarán con la difícil tarea de reconvertir los viejos y arraigados cafetales que conformaron el nicho de conocimiento agroecológico a lo largo de sus vidas, en nuevas (¡y competitivas!) “unidades” productivas.

Sin embargo, los esfuerzos que librarán estas familias de trabajadores rurales por re-campesinizarse se toparán de frente, al igual que los de otros miles de familias campesinas a lo largo y ancho del país, con un contexto político y económico que o bien ya no los necesita, o bien impone condiciones draconianas para su reproducción. Mientras se desmantela, como vimos, el sistema público de apoyo a la producción agropecuaria campesina en concordancia con los dictámenes de la estabilidad ma-croeconómica, el nuevo marco normativo engendrado en la Organización Mundial del Comercio —posteriormente perfeccionado, profundizado e institucionalizado a través del TLC con Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación con la ue y numerosos tratados bilaterales de protección “recíproca” de inversiones—, establecerá las reglas de juego que facilitarán la entrada de las importaciones de alimentos subsidiados en el norte, los cuales como señalamos en el caso de los granos básicos importados de Estados Unidos (gráficas 4.1 y 4.2) serán aprovechados por los agronegocios instalados en Guatemala para reducir costos e incrementar sus márgenes. Los bajos precios de los alimentos importados se imponen como precios locales de referencia de manera artificial, lo que para el pequeño productor campesino implica que más allá de no remunerársele el valor de su excedente, como en el periodo anterior, se le someta ahora a un proceso paulatino de desvalorización que al no retribuirle siquiera los costos de reproducción de sus medios de trabajo, e incluso a veces ni siquiera los de reproducción familiar (fuerza de trabajo), acaba despojándolo por completo (Scott, 1976; Araghi, 2009; Rubio, 2009).

De este modo, se expropia al campesinado de su rol productivo, pues se le considera ya no como un sujeto económico relevante, sino como una remora productiva del pasado que (ahora sí) acabará desapareciendo o tornándose en un objeto de la acción asistencial clientelar de los fondos sociales, las iglesias o las ong, si no logra diversificar su sistema de sustento (livelihood) para su reconversión productiva en el marco de “los nuevos sectores de actividad rural” {ojf-farm, non-farni) ensalzados en la visión de la nueva ruralidad de instancias como el Banco Mundial, el fida, o el bid. Entre los mas laureados de estos “nuevos sectores” en el agro guatemalteco se encontraban las oportunidades de empleo en las maquilas textiles, las oportunidades de exportación no tradicional,[1] y las de la agricultura por contrato entre pequeños productores y grandes cadenas de supermercados (en Guatemala y en el Norte).

Con respecto al empleo en la maquila de vestuario, vale la pena comentar brevemente la información contenida en la gráfica 4.3 en términos de que “si bien es cierto que el número de puestos de trabajo generados en el sector textil creció entre los años 1994 y 2004, el promedio de Población Económicamente Activa ocupada en esta industria fue de un modesto 2.31% a lo largo de ese periodo” (Alonso-Fradejas, 2005:55).

Aparte, es especialmente importante desmitificar el “milagro exportador no tradicional” que los promotores del TLC con Estados Unidos habían pronosticado para los pequeños y medianos productores campesinos. Más que discutir el limitado crecimiento en las cifras de exportación (Ozaeta, 2011), deconstruiremos el discurso público y privado que trató de situar a la exportación no tradicional como la “única opción posible” para la supervivencia de los pequeños productores agrícolas en el contexto de la nueva ruralidad.

Para comenzar, es fundamental no perder de vista el limitado incentivo que para la diversificación de la producción agrícola de pequeña escala ofreció originalmente el TLC con Estados Unidos. El dr-cafta no acarreó para Guatemala ventajas arancelarias adicionales de cara a la exportación de productos agrícolas no tradicionales a la nación estadounidense pues éstos gozaban de libre entrada a este mercado desde 1984 en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Además, el argumento pro TLC de cara a la “formalización” de las concesiones unilaterales de Estados Unidos se desvanece si consideramos que el pago del arancel “nación más favorecida” (determinado en la omc y aplicable de no existir concesiones preferencíales) para los 10 productos guatemaltecos de agroexportación no tradicional más vendidos en Estados Unidos en 2005, hubiera supuesto un modesto menor ingreso promedio de 2.89% para los exportadores (Alon-so-Fradejas y Gauster, 2006).

Por último, el debate sobre las oportunidades para el abastecimiento de producción hortofrutícola campesina por contrato a las cadenas de supermercados precisa situarse en dos elementos fundamentales de partida: el control relativamente pequeño de los supermercados sobre la distribución minorista de alimentos en el país (que en 2005 rondaba en torno a 25%) y, especialmente, el control de 75% de los supermercados guatemaltecos por el Grupo La Fragua (posteriormente adquirido por Wal-Mart). Por eso quizá más allá de situar el debate en torno a las bajas cifras de “inclusión” de campesinos como proveedores al Grupo La Fragua durante el periodo 1991-2005, sea más interesante comentar los “términos” (Du Toit, 2004) en los que se daba esta participación, y que en buena medida se mantienen hasta la actualidad, incluidos: elevados volúmenes de producción sostenidos todo el año y disponibles en el momento exacto, ni antes ni después (método de gestión de inventarios just in time); pagos diferidos durante meses y estrictos controles fitosanitarios más allá de los exigidos por el sector público y enfocados en tamaños, formas y colores más que en la inocuidad alimentaria.

Cabe señalar que estas condiciones se trasladan desde un extremo a otro de las cadenas de agroexportación no tradicional, por lo que representan también las exigencias a los pequeños productores campesinos por parte de los agronegocios encargados del empaque y exportación de alimentos a las cadenas de supermercados en el norte.[2] Incluso en los pocos cultivos que en esa época estaban bajo control de pequeños productores campesinos por demandar especial cuidado (minivegetales, coliflores y brócolis) prevaleció la tendencia hacia la concentración productiva e integración vertical, de cara a disminuir los costos de transacción de los supermercados y de las agroexportadoras (Alonso Fradejas y Gauster, 2006).

Pero incluso en el contexto adverso de la globalización neoliberal y la “nueva rura-lidad”, el campesinado más allá de desaparecer se ve sometido a profundos procesos de diferenciación social rural. Ante el finiquito decretado globalmente para las agriculturas campesinas, y en un contexto económico nacional desbordado en su capacidad para resolver la “cuestión agraria del trabajo” (Bernstein, 2004) o cómo absorber en otros sectores de actividad económica a las masas campesinas empujadas a la quiebra bajo el régimen alimentario corporativo, las familias rurales guatemaltecas desplegarán una serie de estrategias de afrontamiento fuera de los planes de la tecnocracia neoliberal. Estas varían desde “apretarse (aún más) el cinturón” e incrementar los niveles de auto-explotación de la fuerza de trabajo familiar para tratar de aumentar la producción, aun de manera residual (Chayanov, 1966); sumarse a las masas de trabajadores informales en el campo y en la ciudad y, especialmente, migrar al norte.

Como señala Rubio (2009) para el caso mexicano, Guatemala pasó de ser exportador de materias primas baratas, a exportar fuerza de trabajo barata durante la década de 1990 y los primeros años del siglo xxi.[3] Mientras en el quinquenio 1981-1985 la Organización Internacional para las Migraciones (oim) reportó alrededor de 100 000 guatemaltecos que residían en el exterior (principalmente en Estados Unidos), para 2002 la cifra alcanzó 1.2 millones. Según la oim, 57% de toda la población guatemalteca residente en el extranjero durante la segunda mitad del siglo xx emigró en la década de 1990 (Alonso-Fradejas, 2005:16). Esta diáspora migratoria de carácter fundamentalmente económico-laboral dio lugar a importantes flujos de remesas monetarias en divisas extranjeras (básicamente dólares estadounidenses, veáse gráfica 4.4) que no sólo se convirtieron en un soporte vital básico para muchas familias del agro, sino que llegarían a constituir la principal fuente de entrada de divisas al país, por encima incluso de las prometidas desde el binomio exportación no tradicional + inversión extranjera directa. De hecho, las remesas llegarán a constituir para 2007 alrededor de 10% del pib guatemalteco, igualando el aporte de toda la recaudación tributaria y fiscal del Estado (Alonso-Fradejas, 2008).

Sin embargo, junto con las remesas (generalmente destinadas a financiar el consumo mas que inversión o ahorro) la emigración internacional ha venido acompañada de importantes reconfiguraciones en las relaciones e imaginarios sociales en el agro guatemalteco (Camus, 2008). Además, los migrantes se han convertido en un objeto de negocio por parte de diferentes mafias, funcionarios corruptos, patriotas neofascistas del otro lado del Río Grande, y más recientemente del narcotráfico y de las maras,[4] lo que les ha situado como sujetos de múltiples vejaciones, secuestros y asesinatos. Paradójicamente, muchos de los líderes de maras delictivas fueron en algún momento deportados de Estados Unidos, donde se asume desarrollaron la filiación con este tipo de organizaciones.

Respecto a los que se quedaron, las dinámicas de cambios en los usos de la tierra en el país entre 1982 y 2003, sintetizadas en el cuadro 4.2, constituyen un indicador inefable del carácter de los cambios en las relaciones de propiedad y producción en el agro guatemalteco durante la etapa inicial de la globalización neoliberal. Cabe destacar que a lo largo de estas dos décadas la frontera agraria se amplió en cerca de un millón de hectáreas para permitir el incremento en la superficie relativa que ocupan las fincas ganaderas, las de exportación tradicional y el cultivo de granos básicos (ligado a la búsqueda de opciones para la reproducción campesina).

Como muestra también el cuadro 4.2, aunque los cultivos de exportación no tradicional ganan algo de importancia (20 545 hectáreas más en términos absolutos), el peso relativo de la superficie dedicada a estos cultivos bajo sistemas de riego “formales” disminuye como expresión de la reducción del apoyo público a la producción campesina a lo largo de estos años. Destaca también cómo, a pesar de los problemas derivados de la variabilidad de precios del café durante la década de 1990 (y caída en picado a partir de 2000), el peso relativo de la superficie dedicada al café aumentó, como lo hizo también el de la caña de azúcar y el de la palma aceitera.

Por último, no puede dejar de mencionarse cómo estos cambios en las relaciones de propiedad y de producción, ligados al despliegue de la globalización neoliberal, representaron importantes cambios en las relaciones sociales en torno a la tierra y a los bienes naturales hacia el interior de las comunidades indígenas y campesinas. Destaca, en este sentido, la dinámica de mercantilización de las relaciones comunitarias de economía moral, especialmente en los contextos de agroexportación no tradicional en territorios concretos de la región central y del altiplano y de disolución paulatina de las relaciones de colonato en las regiones de la boca-costa y de las verapaces. La territorialización con base en la extensión de la titulación privada y generalmente individual de la tierra ha supuesto una objetivación reduccionista de las complejas y variadas relaciones sociales en torno a la tierra, características de diferentes comunidades indígenas y campesinas bajo la forma simple, pero burocráticamente legible y trazable, del título de tierra (Scott, 1998; Grünberg, 2003).

De este modo no sólo se facilitó la mercantilización de la tierra (especialmente de cara a terceros no comunitarios), sino que también se decretó el anacronismo de la institucio-nalidad comunal de manejo y cuidado de la tierra y los bienes naturales, al redirigir de jure los procesos de toma de decisiones en torno a la tierra del ámbito comunal al de la “familia propietaria”, que por lo general significó el ámbito de propiedad del “jefe” de hogar.

Que incluyen básicamente hortalizas y minivegetales, legumbres, frutas, flores y plantas ornamentales.↵

El margen con el que operan las agroexportadoras de brócoli en Guatemala asciende hasta 392% con respecto al precio pagado al productor (Dürr, 2011).↵

Sobre las dinámicas de emigración internacional en Guatemala, véanse los trabajos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso Guatemala) y del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (incedes).↵

Se trata de pandillas juveniles que han adquirido una connotación negativa en Centroamérica, pues el término se usa comúnmente para referirse a bandas violentas o como sinónimo de una organización criminal.↵

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Los movimientos sociales rurales en una "sociedad civil" efervescente

Multiplicidad de organÍ2aciones, coaliciones y alianzas de diversa índole eclosionaron en Guatemala al calor de la progresiva apertura del espacio político entre 1991 y 2005. Apertura que, como veremos, no fue ni “gratuita” ni “ingenua”. En esta complicada maraña de organizaciones congregadas en buena medida bajo el paraguas de la Asamblea de la Sociedad Civil, los movimientos populares saldrán poco a poco a la luz para posicionarse en el debate alrededor de las diversas aristas del complejo proceso de democratización, entre las que seguirá destacando la irresuelta cuestión agraria. Sin ánimos de plantear una crónica exhaustiva de la conformación (y disolución) de diferentes expresiones del movimiento indígena, campesino y de mujeres (véase Bastos y Camus, 2003; Macleod, 2008), nos limitaremos a plantear, de manera discreta, una serie de dinámicas y actores de especial relevancia alrededor de la “lucha por la tierra” en este periodo.

En 1992 se conmemoraron 500 años de resistencia indígena enAbya Yala[1] y Rigo-berta Menchú Tum, integrante de la dirección nacional del Consejo de Unidad Campesina (cuc), fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En este mismo año se celebró el I Congreso Nacional Campesino, como un esfuerzo para situar al movimiento y sus demandas en la agenda política de los Acuerdos de Paz. Las resoluciones de este congreso giraron fundamentalmente alrededor del fin de la violencia sobre la población rural y de la democratización del acceso y del control de la tierra, pero también afloraron ya preocupaciones y resoluciones en los ámbitos de la producción/comercialización agropecuaria de parte de pequeños y medianos productores, ligadas a la incipiente liberalización comercial y ajuste estructural y sectorial de la economía guatemalteca. Asimismo, emergió de este primer congreso un proceso de articulación alrededor de la Coordinadora Nacional de Pequeños y Medianos Productores (Conampro).

Un año más tarde, y al coincidir con un proceso nacional de ocupaciones de fincas y movilización por la subida del salario mínimo, orientado a generar correlación de fuerzas durante la negociación del acuerdo de paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, salió a la luz la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (cnoc).[2] También en 1993 se organizó, junto a instancias civiles como la Coordinación de ong y Cooperativas (congcoop), el primer retorno colectivo de población refugiada en México, la cual presionó por recuperar sus tierras y por nuevas adjudicaciones. En 1994, y con miras a influir también en el posterior acuerdo de paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se conformó la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (Saqb’ichil Copmagua).

La conformación casi simultánea, y posterior convivencia de estas dos coaliciones (cnoc y Copmagua) institucionalizó de manera temprana las divergencias entre las reivindicaciones de clase, identidad y cultura a lo largo del arduo e inconcluso proceso de la paz en Guatemala. En este marco, se conformó también durante las negociaciones de paz la Coordinadora Nacional Permanente sobre Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (cNP-Tierra), como una expresión más campesinista del movimiento indígena. Estas organizaciones y coaliciones tuvieron un papel destacado en el andamiaje de Comisiones Paritarias que proliferaron alrededor del proceso de paz y que trataron, entre otros temas clave, la cuestión de la tierra, el retorno de los refugiados, los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

En 1998, la cnoc se consolidó como fuerza social y política nacional a raíz del II Congreso Nacional Campesino. Ya en 2000, y al tenor de las problemáticas de la expulsión de colonos y de la reducción de la oferta de trabajo (aún precario) que acarreaba la crisis del café (aunque no limitada a este ámbito), se conformó la Plataforma Agraria “con el propósito de impulsar una alianza entre agrupaciones de diferentes sectores, cuyo referente es el campesinado”.[3] También en ese año, organizaciones de mujeres rurales que venían trabajando desde el exilio en México conformaron la Comisión Negociadora para el Acceso de la Mujer a la Tierra y la Participación, que para 2003 se convertiría en la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad (Silvestre, citado en fian, 2004).

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 dio inicio al complicado periodo de presión democratizadora al Estado “desde adentro y desde afuera”, pues diversos representantes de los movimientos indígenas y campesinos participaron en instancias clave del Estado, como vimos en el caso del Fondo de Tierras. Estos movimientos sociales de carácter aún muy estructurado y verticalista, pero que operaban ya abiertamente en el espacio político de la paz, dieron el famoso paso “de la protesta a la propuesta” que empujó a diferentes expresiones de los movimientos indígenas, campesinos y de mujeres a la conformación, negociación e impulso de una serie de acciones democratizantes en el ámbito normativo institucional del Estado. Un proceso que, entre otras cosas, se caracterizó por la relación compleja, dinámica y no exenta de contradicciones y fricciones entre los movimientos indígenas, campesinos, de mujeres, las antiguas estructuras revolucionarias y la Iglesia católica (la cual participó, junto a la Iglesia luterana y otras evangélicas, en el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala). Buena parte de estas acciones democratizantes en materia agraria y de promoción de las economías campesinas por parte de los movimientos sociales quedaron plasmadas en las siguientes propuestas normativo-institucionales y de política pública: la Propuesta de Desarrollo Rural (cnoc, 2002); la Reforma Cafetalera (Plataforma Agraria, 2002); Abriendo Brecha (Propuesta de Desarrollo Rural de Plataforma Agraria, 2003); la Propuesta de Desarrollo Alternativo de la Agricultura Indígena y Campesina (cnoc, 2004); la Propuesta de Ley del Registro de Información Catastral (cNP-Tierra 2004); y la Propuesta de Reforma Agraria Integral (cnoc, 2005) .[4]

Desde 2002 se inició un proceso sistemático de negociaciones sobre desarrollo rural entre el Estado (generalmente representado sólo por el Ejecutivo), diferentes expresiones de los movimientos indígenas, campesinos y de mujeres rurales y el hegemónico Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (cacif).[5] Con importantes altibajos, de fondo y de forma, y con la retirada unilateral del cacif, tras negarse a discutir sobre la pendiente democratización de la estructura agraria y de las relaciones de propiedad entorno a la tierra, la cual se constituyó como una Alianza (multisectorial) para el Desarrollo Rural Integral (adri), se logró consensuar años más tarde durante el gobierno de Alvaro Colom (2008-2011) una Política Nacional para el Desarrollo Rural Integral (Acuerdo Gubernativo 1996-2009) y una Iniciativa de Ley para el Desarrollo Rural Integral (Registro 4084 en el Congreso de la República).

De manera paradójica, mientras se desarrollaban estas negociaciones, el Estado de Guatemala desplegó estrategias en ambos lados de la frontera del Estado de Derecho para reprimir, mediante violentos desalojos con el uso de la fuerza pública, y judicializar por la vía penal bajo la figura de “usurpación”, los procesos de ocupación y recuperación de fincas.

En los entreverados caminos del proceso de paz, se forjaron múltiples alianzas, tácticas y estratégicas; y otras se rompieron. Lo que es innegable es el gran esfuerzo que muchos movimientos sociales rurales y sus aliados (ongs, academia y centros de investigación, cooperativas, solidaridad internacional, etcétera) realizaron en este periodo para apropiarse de, y enriquecer también, el discurso y los mecanismos de acción de la “sociedad civil” en el marco de un Estado de Derecho. Los resultados de estos esfuerzos pasaron facturas, algunas agradables de pagar y otras no tanto, e incluso hubo algunas a las que aún no se sabe cómo hacerles frente. No puede obviarse tampoco el hecho de cómo diferentes dinámicas fraguadas en el contexto histórico-mundial influyeron en las reivindicaciones alrededor de la democratización de la estructura agraria.

El nuevo régimen alimentario corporativo global, controlado por el agronegocio, imbricó ineludiblemente las tradicionales luchas agraristas con aquellas emergentes frente al excluyente proyecto de globalización de corte neoliberal. Como señala Edelman (2008), los movimientos campesinos centroamericanos, coordinados bajo la Asociación de Organizaciones Campesinas de Centroamérica para la Cooperación y el Desarrollo (Asocode), desempeñaron un papel importante en la conformación, a inicios de la década de 1990, de La Vía Campesina Internacional y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (cloc). Asimismo, los movimientos campesinos marcaron el carácter y las capacidades movilizadoras[6] de las coaliciones sociales que surgieron en Guatemala a finales de la década de 1990 frente a las negociaciones en la omc, del Plan Puebla Panamá y del TLC con Estados Unidos, como la Mesa Global y la Iniciativa Cid. Un hecho paradójico, que determinará de manera fundamental la correlación futura de fuerzas en el agro, residirá en cómo mientras los procesos de desvalorización de los pequeños productores impulsaron las luchas de los movimientos campesinos frente a la globalización neoliberal y el régimen alimentario corporativo a su punto álgido a finales de la década de 1990, las difíciles condiciones que este contexto supuso para la reproducción campesina resultaron, a su vez, en un poderoso instrumento desmovilizador de sus bases empujadas a la migración internacional y a lucha por la sobrevivencia cotidiana.

Cabe destacar que, por lo general y en buena medida, la conformación de estas propuestas democratizantes fue respaldada de manera financiera y (en muchas ocasiones también) política; por tal motivo, durante este periodo abandona el carácter de “solidaridad internacional” para convertirse en “la cooperación internacional al desarrollo”, en línea con los acontecimientos políticos y económicos propios del contexto histórico-mundial.

Por último, la identidad amplia de los movimientos campesinos que les permitió congregar múltiples intereses de clase, propios de diversos tipos de trabajadores rurales y estratos del campesinado, comenzó a enriquecerse, pero también a complejizarse, en el proceso de paz a partir de la emergencia de subjetividades excluidas y subalternas como las de los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud rural, anteriormente relegadas también a la conquista del Estado por parte de las fuerzas revolucionarias. La coalescen-cia de clases, identidades y culturas que buscaban reivindicar su “derecho a tener derechos” y “la democratización de la cultura política” (Durston, 2008:27), que comenzó a forjarse como una bandera de lucha, tuvo importantes implicaciones tanto sobre los discursos movilizadores, como sobre las dinámicas internas de los mismos movimientos campesinos.

Nombre dado al continente americano por el pueblo kuna antes de la llegada de Cristóbal Colón.↵

Conformada inicialmente por el Comité de Unidad Campesina (cuc), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, (conic), el Consejo de Desplazados Internos de Guatemala (condeg) y la desapa recida Coordinadora Nacional de Medianos y Pequeños Productores (Conampro), [http://www.cnoc.org. gt/historia.html] (consultada el 6 de abril de 2012).↵

Inicialmente conformada por Pastoral de la Tierra Interdiocesana (pti), la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (co- Nic) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (caldh), [http://www.plataformaagraria.org] (consultada el 6 de abril de 2012).↵

Muchas de estas instancias participaron también en la definición de propuestas e incidencia alrede dor del Decreto 32-2005 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, aprobada en 2005.↵

Desde 1957, el CACIF coordina a "los empresarios del país organizados en distintas Cámaras y Aso ciaciones [de cara a promover] un mayor acercamiento y unificación de esfuerzos y acciones en defensa del Estado de Derecho, la libre empresa y la dignidad del individuo [...] Sus entidades afiliadas: Asociación de Azucareros de Guatemala; Cámara del Agro de Guatemala; Cámara Empresarial de Comercio y Servicios; Cámara de Industria de Guatemala; Asociación Guatemalteca de Exportadores; Cámara de Finanzas de Guatemala; Cámara Guatemalteca de la Construcción; Federación de la Pequeña y Mediana Empresa y Cámara de Turismo" [http://cacif.org.gt/index.php?ID=7303] (consultada el 6 de abril de 2012).↵

De especial importancia resultaron las movilizaciones frente a la aprobación del TLC con Estados Unidos.↵

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Capitalismo agrario flexible y nuevo extractivismo en el contexto de las respuestas a las crisis globales (2006-2012)

Los discursos visionarios de una nueva ruralidad desagrarizada y sin campesinado, mano a mano con la desvalorización relativa de la agricultura (especialmente campesina) y de los recursos naturales en las estrategias globales de acumulación durante el periodo anterior, generaron la ilusión de que el carácter primario-exportador de la inserción productiva mundial de Guatemala quedaría como una remora histórica. Sin embargo, la crisis de (sobre)acumulación que estalló a partir de la mitad de la primera década del siglo xxi en el norte, con sus diversas y convergentes expresiones en materia energética, económica-financiera, alimentaria y ambiental, marcó un parteaguas con muchas de las dinámicas de la ortodoxia neoliberal de fines del siglo pasado. En este contexto, se desató un nuevo ciclo de inserción mundial de Guatemala bajo un modelo de corte primario-exportador, siempre dependiente, pero con ciertas particularidades que lo diferencian del modelo que se impuso a partir de las reformas liberales del último cuarto del siglo xix.

En medio de la crisis financiera se han promovido medidas que contribuyen a que la inversión se “traslade de las actividades productivas que lo inmovilizan, y a llevar a cabo reformas organizacionales para incrementar su flexibilidad” —de ahí la llamada acumulación flexible de capital, entendida políticamente— y a “incrementar masivamente las inversiones con alta liquidez a través de las finanzas, la especulación [...]“(Arrighi, 1994, citado en Araghi y McMichael, 2006:11). Así, la crisis se relativiza para el capital financiero internacional que no sólo encuentra refugio rentable, sino también incentivos públicos y renovada legitimidad en los mercados de futuros y derivados de materias primas como el petróleo, los minerales, los alimentos y otros productos agrícolas.

Las virtudes de esta reubicación del capital financiero han sido destacadas en las Cumbres del G-20 (2009 y 2011), así como por el Banco Mundial (2007) en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 dedicado a la “agricultura para el desarrollo”, y especialmente en su informe sobre acaparamiento de tierras de 2011 (Rising Global Interest in Farmland). Concretamente en este último informe, se sostiene una serie de aseveraciones relativas a que “las adquisiciones de tierra a gran escala pueden ser un vehículo para la reducción de la pobreza a través de tres mecanismos fundamentales: 1) la generación de empleo asalariado; 2) la generación de nuevas oportunidades para la agricultura por contrato con campesinos, y 3) los pagos por la cesión o la venta de la tierra” (Deininger etai, 2011, citado en Li, 2011:281).

El planteamiento sobre la necesidad de invertir en la agricultura en principio es tan incuestionable como impostergable en la mayoría de los países del sur global, y especialmente en aquéllos como los centroamericanos. En estos países se conjugan elevadas tasas de desnutrición y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con Estados debilitados política y financieramente cuyos sectores públicos agrícolas fueron desmantelados durante el ajuste estructural y sectorial de la economía, sin el desarrollo paralelo de la industria y de los servicios. El problema radica, sin embargo, en que el renovado interés del capital en la agricultura, así como en la tierra misma y en otros bienes naturales, no se ha caracterizado precisamente por orientarse a “erradicar el hambre”.

Todo lo contrario. Las actuales inversiones del capital financiero en la agricultura, la tierra y los recursos naturales son un vector y una expresión de la lógica de inversión con fines de seguridad nacional (alimentaria, hídrica y energética) que orienta a los actuales países importadores de petróleo y alimentos del norte, pero también de Oriente Medio y de las “economías emergentes” a nivel planetario (hlpe, 2011:16), afectados por los elevados y volátiles precios de las materias primas en los mercados internacionales.[1] De hecho, legitimados en la “demagogia verde” de la lucha frente al cambio climático, y a pesar de (o quizás precisamente por) los impactos que su producción está teniendo sobre el alza y la variabilidad de los precios de los productos agrícolas, diferentes agencias internacionales de desarrollo y muchos Estados (especialmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea) continúan fomentando y respaldando la producción y el uso de agrocombustibles mediante sus marcos normativos y de política pública, e incluso subsidiándolos directamente.

En definitiva, esta nueva y triple fiebre del oro (amarillo, negro y verde) contraída por variados pero concurrentes intereses[2] a inicios del siglo xxi, desata una nueva dinámica extractivista global con dos implicaciones clave en materia de economía política alimentaria y de los recursos naturales. Por un lado, el concepto del régimen alimentario corporativo se amplía necesariamente al de un régimen alimentario, siempre corporativo, pero que incluye, además de alimentos, otras mercancías agrícolas en boga (sobre todo agrocombustibles y forrajes), y se reubica globalmente en países ricos en recursos naturales (McMichael, 2012). Por otro lado, ya no sólo son considerados como mercancías o commodities globales estos productos agrícolas, sino que también lo son la tierra y, en general, la base natural de recursos y bienes, conformándose un dinámico mercado global de derechos sobre la tierra, sobre el agua e incluso sobre el oxígeno.

Si bien los mercados de tierra no son ninguna novedad, su creciente conversión en una mercancía global susceptible de ser controlada por el capital financiero internacional, como cualquier otra, supone una serie de problemáticas y nuevos retos para Estados como el guatemalteco que tratan de establecer reglas del juego favorables en el plano de la inversión y el comercio para responder a sus intereses de clase dominantes, mientras buscan mantener cierta legitimidad con sus nacionales que viven en y de la tierra.

Los famosos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (brics) y los Middle Income Countries (mic). En palabras del uruguayo Raúl Zibechi (alai 4/08/11): "la relación centro-periferia se ha roto y están en proceso de conformarse nuevos centros regionales, eso que llamamos BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con relaciones de otro tipo, con sus propias periferias y con los viejos centros de poder en decadencia. A eso se suma la crisis de la hegemonía estadounidense y la consolidación de un mundo multipolar".↵

Incluye aquéllos de capitales diversos (como los dedicados a la extracción de recursos naturales y a la producción de agrocombustibles), los de Estados que buscan asegurar su oferta alimentaria, los de grandes finqueros que se expanden en países vecinos, los de instituciones financieras interesadas en expandir su portafolio de negocios e, incluso, los de la industria internacional de la conservación y la vinculada al secuestro de carbono (hlpe, 2011:9).↵

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La agricultura y la tierra de nuevo al centro de las estrategias de acumulación bajo la nueva gubernamentalidad extractivista

Este viraje en la economía política mundial contemporánea resulta más que bien recibido por la oligarquía terrateniente y los capitales financieros y extractivos domésticos en Guatemala, que de nuevo pueden lucrar a partir de lo que mejor saben hacer: explotar la naturaleza y la fuerza de trabajo de “los otros”, de los indígenas y de los mestizos (ladinos). A lo largo de la década de 2000, y especialmente desde mediados, capitales extractivos de diversa índole buscaron acaparar en Guatemala el control sobre el agua y los ríos, el petróleo, los minerales y la tierra, ya sea para fines agrícolas o para plantaciones forestales. Y aunque es interesante explorar las dinámicas características de los diferentes mecanismos de control sobre los distintos recursos planteados, nos centraremos en analizar brevemente algunos rasgos distintivos de la economía, la ecología y la sociología política guatemalteca alrededor de la expansión reciente de las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera, y de las exportaciones asociadas con estos “cultivos flexibles”.[1]

Las 248 000 hectáreas de caña y las 102 000 de palma cosechadas en Guatemala en 2011 y 2010, respectivamente, pueden parecer relativamente bajas, sobre todo si las comparamos con las cifras de otros países con más superficie agrícola en América Latina. Sin embargo, vale la pena contextualizar la importancia de estas cifras a partir de dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, las superficies cultivables oficialmente aptas para la caña y la palma suponen 20% y 37%, respectivamente, del total de tierra cultivable en el país (1101 604 hectáreas en conjunto). En el contexto de la elevada demanda internacional[2] y los precios favorables de los diferentes productos de estos cultivos flexibles, la gráfica 4.5 muestra cómo las plantaciones de caña y de palma han experimentado un rápido crecimiento desde 2000. Paralelamente, las gráficas 4.6 y 4.7 ilustran cómo los ingresos por exportación de azúcar y de aceite crudo de palma se dispararon en 108% y 587%, respectivamente, entre 2000 y 2009/2010 (los ingresos por exportaciones de etanol crecieron 67% sólo entre 2006 y 2010).

En segundo lugar, consideramos importante analizar los procesos corporativos de control sobre la tierra y los bienes naturales en función de la escala y el carácter del capital involucrado y no tanto de la “cantidad de tierra” controlada (Borras et al, 2012). En Guatemala son capitales agrarios y financieros domésticos, junto a la oligarquía terrateniente (y a menudo “criolla”), e incluso nuevos terratenientes y capitales generados a partir del narcotráfico, quienes lideran los actuales procesos de acaparamiento de tierras. Apenas 14 familias asociadas bajo la todopoderosa Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) controlan 80% del azúcar producido y 100% de los ingenios del país. De éstas, tan sólo cinco familias controlan el total de los 250 millones de litros de etanol producidos anualmente. En la misma línea oligopólica, ocho familias controlan 98% de la palma cosechada y 100% de los molinos de aceite de palma, desde la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) (Alonso-Fradejas et al, 2010). De hecho, ambas gremiales, Asazgua y Grepalma, son miembros importantes del he-gemónico Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (cacif).

Ahora bien, esto no significa que el capital financiero internacional y la inversión extranjera no desempeñen también un importante rol en Guatemala, ademas de contribuir al alza especulativa (y a menudo volátil) de los precios internacionales de los productos derivables de estos cultivos flexibles. Los agronegocios cañeros obtuvieron 93% de sus créditos en dólares estadounidenses durante 2011, cuyo monto total fue, por cierto, de 58.4%, superior al de 2010. Ademas, el grupo Pellas de Nicaragua, controlado por la principal familia oligárquica de aquel país, en 2011 adquirió 88% del controversial ingenio cañero Chabil Utz’aj, en el Valle del Polochic (véase nota 31). Por su parte, uno de los agronegocios palmeros más importantes del país es en realidad una subsidiaria de un productor de agrodiésel de Estados Unidos controlado por Goldman Sachs y el Carlyle Group (véase Solano, 2009).

Pero más allá de estas incursiones concretas, diversas instituciones financieras internacionales, con la creciente participación de la banca pública de desarrollo brasileña, han financiado la inversión de los (ya de por sí bastante endeudados) Estados centroamericanos en diferentes megaproyectos contenidos en el portafolio del controversial

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (anteriormente Plan Puebla Panamá). De hecho, el bid, el bcie[3] y la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial están financiando directa y ostensiblemente a varios de estos agronegocios, lo que está permitiendo incluso su internacionalización y compra de tierras en otros países latinoamericanos (Alonso-Fradejas et al., 2008, 2011; Alonso-Fradejas, 2011).[4]

Las plantaciones de caña y especialmente las de palma se están expandiendo en la región de las tierras bajas del norte de Guatemala, que comprende 47% del territorio nacional a lo largo de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiche y Peten (véase mapa 4.3). Por tal motivo, ilustraremos las dinámicas que nos interesan en este periodo a partir de los resultados de la investigación desarrollada desde 2006 en 20 aldeas de seis municipalidades diferentes situadas en estas tierras. Los métodos de investigación incluyeron análisis de política, un sistema de información geográfica sobre los cambios en los usos de la tierra, una encuesta de hogares dividida por géneros,[5] una serie de grupos focales, entrevistas y observación participante.

Las tierras bajas del norte fueron la región de colonización agraria de carácter contrainsurgente que tratamos en el primer periodo de nuestro recorrido (1982-1990). Como vimos, junto a una mayoría de familias indígenas y ladinas sin tierra, dedicados a la agricultura de rotación (bajo el sistema de roza y quema) llegaron también a ese territorio sujetos pertenecientes a la oligarquía terrateniente, pequeños y medianos ganaderos (sobre todo ladinos o mestizos) y militares o burócratas que fueron premiados con tierra por sus “servicios a la patria”. La frontera agraria fue finiquitada legalmente en 1990, cuando se estableció la Reserva de la Biosfera Maya a lo largo de 21 600 kilómetros cuadrados al norte del Peten junto a otra serie de áreas protegidas a lo largo y ancho de las tierras bajas del norte (véase mapa 4.2).

Así, la expansión de las plantaciones de cultivos flexibles ha implicado cambios dramáticos en los usos de la tierra. La gráfica 4.8 sintetiza los principales cambios directos en el uso de la tierra a partir de las nuevas plantaciones de palma desde 2005.

Los agronegocios cañeros y palmeros han desplegado en Guatemala una estrategia de inversión común, fincada sobre dos pilares (Harvey 2003). Uno es el desplazamiento temporal de su inversión, al dirigir buena parte de sus elevados ingresos actuales hacia costosas inversiones a mediano y largo plazos (controlando tierra, molinos, ingenios y destilerías). El segundo es el desplazamiento espacial de su inversión, con miras a (re) adaptar nuevos territorios para la producción agroindustrial de caña y palma. La estrategia de inversión de los agronegocios, al igual que la de otros capitales de corte ex-tractivista contemporáneos en Guatemala (como los mineros: Holt-Giménez 2008) se despliega en la actualidad al conferir idéntica importancia a las lógicas de capital y de territorio del poder (Arrighi, 1994; Harvey, 2003). Y es, precisamente, esta relación de complementariedad y sinergia entre ambas lógicas del poder la que distingue en esencia la gubernamentalidad extractivista contemporánea de aquéllas de periodos pasados, en donde una lógica primaba sobre la otra.

Susceptibles de múltiples usos (alimentos, forrajes para animales, agrocombustibles o material in termedio en diversos procesos industriales) que pueden ser fácil y flexiblemente intercambiados (Borras et al, 2012).↵

Alrededor de 70% del azúcar y del aceite crudo de palma producido en Guatemala, y hasta 90% del etanol, fueron destinados a la exportación durante 2010.↵

Haciendo alarde de las peores prácticas de evaluación financiera, el Banco Centroamericano de Integración Económica financió con 20 millones de dólares estadounidenses la compra de 5 000 hectáreas y el establecimiento del ingenio azucarero Chabil Utz'aj en el Valle del Polochic a partir de las propias eva luaciones de impacto socioeconómico y ambiental del ingenio. El caso se dio a conocer internacionalmente después de que el ingenio promoviera en 2011 el desalojo violento de cerca de 800 familias de las tierras que mantenía ociosas o con caña sin cortar.↵

Por ejemplo, el guatemalteco Pantaleón Sugar Holdings, el mayor grupo azucarero centroamerica no, ha logrado obtener financiamiento del BID y la CFI-BM hasta por 222 millones de dólares en apoyo de una estrategia de crecimiento que le ha llevado a comprar tierras, ingenios y destilerías de etanol por toda Centroamérica, así como a desarrollar una joint-venture con el Ingenio Manuelita de Colombia y el brasile ño Unialco para construir un ingenio en Vale do Para en Brasil (Alonso-Fradejas, 2011).↵

La muestra se estratificó a nivel de cada municipalidad (a un nivel de significación de 5%) e incluyó 294 hogares aleatoriamente seleccionados en estas 20 aldeas de las seis municipalidades. Las encuestas se realizaron en idioma Q'eqchi' y por separado con ambas cabezas de hogar, por parte de encuestadoras con las jefas de hogar y de encuestadores con los jefes de hogar.↵

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Dinámica política del cambio en las relaciones sociales de propiedad y producción bajo el capitalismo agrario flexible

Los cultivos de la agricultura campesina en las tierras bajas del norte generan hasta diez veces más “riqueza territorial” que la caña y la palma, como muestra la gráfica 4.9. Es más, mientras que la “riqueza” generada por la agricultura campesina se queda en el territorio, los agronegocios de la caña y la palma la redirigen hacia otras clases no cultivadoras y lejanas: oligarquía nacional y capitales agrarios y financieros domésticos e internacionales.

Esta dinámica de cambio en el control sobre la riqueza generada en la agricultura territorial, junto a las debilitadas capacidades y habilidades para la pequeña producción agrícola que se arrastran desde la etapa inicial de la globalización neoliberal, contribuirán a transformar las relaciones de propiedad y de producción en línea con los cambios de usos de la tierra mencionados (gráfica 4.8).

En este sentido, es importante destacar que las tierras de las familias y comunidades Q’eqchi’, acaparadas bajo plantaciones agroindustriales, estaban oficialmente tituladas por el INTA/Fontierras, lo que legaliza, como señalamos, el despojo ante los ojos del Estado. En este marco, es importante señalar algo que retomaremos más adelante en la discusión sobre diferenciación social, y es que si bien 72% de estas tierras campesinas Q’eqchi’ estaban tituladas individualmente, el resto eran posesionadas bajo títulos de carácter colectivo que fueron diseñados y promovidos por los planificadores de la colonización agraria contrainsurgente. La mayoría de estas familias campesinas (en su mayoría Q’eqchi’) que fueron legalmente despojadas, recibieron un pago por su tierra que no les permitió ni emplearse en esos sectores productivos no agropecuarios identificados en el constructo teórico de la “nueva ruralidad”, ni volver a comprar tierra. Por lo tanto, una de las virtudes atribuidas por el Banco Mundial a la dinámica reciente de inversiones a gran escala en tierras, Le., los pagos por la cesión o la venta de la tierra (Deininger et al., 2011 citado en Li, 2011:281), distan mucho de la realidad guatemalteca.

Este despojo legal de las tierras bajas del norte se desarrolla a partir tanto de mecanismos voluntarios como forzosos. Estos últimos incluyen la coerción, intimidación, amenaza y la agresión directa. En línea con las dinámicas observadas en el Pacífico colombiano (Grajales, 2011), el Chacó paraguayo (Galeano, 2011) o la Amazonia brasileña (Sauer y Leite, 2012) la violencia estatal y paramilitar se expresa en las tierras bajas del norte con la canibalización de parcelas y aldeas enteras entre las plantaciones agroindustriales, las amenazas y agresiones a quienes se niegan a vender a los precios no negociables, la negación de los derechos de paso (incluso a oficiales del gobierno) y el desalojo violento de quienes se resisten al despojo o buscan reposesionar tierra mediante ocupaciones.

Por otro lado, las plantaciones de caña y palma en las tierras bajas del norte de Guatemala son mucho menos intensivas en fuerza de trabajo que los sistemas de la agricultura campesina, como se observa en la gráfica 4.10. De hecho, mientras cada empleo agrícola en una plantación de palma/caña contribuye con 0.7/0.4 empleos indirectos, respectivamente, en los eslabones industriales y comerciales de sus cadenas de valor, cada empleo agrícola en la producción campesina de maíz, arroz y pina (por ejemplo) contribuyen con 1.1, 1.6 y 1.9 empleos indirectos, respectivamente (Dürr, 2011).

De nuevo, el planteamiento del Banco Mundial, en esta ocasión relativo a las “oportunidades de generación de empleo” (Deininger et al., 2011 citado en Li, 2011:281) asociadas con el establecimiento de estas plantaciones agroindustriales, está aún por verse en el agro guatemalteco. Es más, entre los trabajadores sin tierra o con tierra insuficiente de la región de expansión de la palma en las tierras bajas del norte, 53% se empleó en la agricultura campesina, 33% en una plantación de palma (en su mayoría hombres jóvenes), 7% en otras fincas y ranchos y (no más) 7% en actividades no agropecuarias. De este modo, la erosión de la agricultura campesina impacta negativamente también en los intereses de clase de los trabajadores rurales.

Las tradicionales relaciones sociales de producción de las fincas de tipo patrón-cliente se diluyen en el nuevo régimen laboral flexible de los agronegocios, cuyos dueños viven (muy) alejados del territorio productivo. A pesar de que las condiciones difieren según empresa, tareas y puestos desempeñados, existe una serie de condiciones comunes que caracteriza a este régimen laboral flexible que mercantiliza y objetiviza por completo los procesos y relaciones laborales en el agro. Entre estas condiciones comunes destaca la subcontratación por parte de terceros, durante periodos cortos, bajo requerimientos de alta flexibilidad temporal y geográfica y a cambio del pago de un jornal ligado a la productividad (Alonso-Fradejas et al, 2011; Hurtado y Sánchez, 2011).

Por su parte, las mujeres rurales (Q’eqchf, por lo general) tendrán un papel clave de soporte del nuevo régimen laboral flexible desde su “triple jornada” cotidiana. A la intensificación de sus tareas en el ámbito reproductivo, se sumarán crecientes responsabilidades en la parcela agrícola familiar, lo que, junto a su importante papel movilizador para ganar, mantener y controlar el acceso a la tierra y a los bienes naturales, resultará en una nueva división de género del trabajo en los hogares rurales de las tierras bajas del norte.

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Dinámica política de la diferenciación social rural bajo el capitalismo agrario flexible

El régimen de capitalismo agrario flexible impuesto por los agronegocios cañeros y palmeros ha resultado, primero, en una composición más heterogénea de las clases de capital y de campesinos y trabajadores rurales y, segundo, en mayores y más complejas relaciones entre todas estas clases y a lo interno de cada una.

Por un lado, los capitales agrarios corporativos (y financializados) que controlan los agronegocios de caña y palma en las tierras bajas del norte pasan a ser dominantes (en términos económico-productivos)[1] sobre la tradicional oligarquía terrateniente y los ganaderos. Por otro lado, una creciente masa de juventud rural sin tierra y de campesinos despojados está reconvirtiendo la otrora homogénea clase de “campesinado medio” en productores que trabajan bajo contrato con diferentes agronegocios, productores agrícolas en tierras arrendadas, diferentes estratos de jornaleros y cuadrilleros (a menudo migrantes) e incluso pequeños productores de alimentos en tierras ocupadas y en áreas protegidas. En este contexto, el trabajo en las tierras bajas del norte ha sido sometido a un acelerado proceso de mercantilización, proceso que se observa tanto en el trabajo para los agronegocios cañeros y palmeros, como de cara al trabajo en las fincas y haciendas de los terratenientes tradicionales, e incluso cuando se trabaja para otros pequeños y medianos productores agrícolas, como un reflejo de la mercantilización paulatina de los mecanismos tradicionales de reciprocidad en el agro guatemalteco.

Sin menoscabo de lo planteado hasta ahora, y de cara a “subvertir cualquier explicación reduccionista de transición desde lo socioeconómico [clase en sí] a lo político [clase para sí]” (Bernstein, 2010:92), es preciso contemplar los procesos de diferenciación social en boga desde una mirada más interseccional, que abarque elementos de clase, identidad y cultura en compleja interacción.

Hemos discutido cómo ni el reconocimiento de derechos de propiedad individual sobre la tierra, ni la titulación de carácter colectivo, definida e implementada por la burocracia militarista “desde arriba hacia abajo”, han sido exitosos al asegurar el acceso y el control sobre la tierra por parte del campesinado Q’eqchi (mucho menos aún de las mujeres Q’eqchi’). De hecho, incluso una hipotética figura jurídica estatal que reconozca los variegados sistemas de tenencia y manejo comunal de la tierra, resultaría ser un “medio” importante pero insuficiente para asegurar el acceso y el control de hombres y mujeres Q’eqchi’ sobre la tierra.

La experiencia recabada en las tierras bajas del norte apunta a que este acceso y el control campesino Q’eqchi’ sobre la tierra son garantizados de manera más efectiva cuando prevalecen y se comparten en la comunidad relaciones sociales en torno a la tierra y a los bienes naturales de carácter cohesivo y recíproco. Conscientes, sin embargo, de esta situación, los agronegocios cañeros y palmeros emplean una serie de agentes (“coyotes”) quienes, a partir de su autoridad de tipo político, religiosa o carismática logran permear la institucionalidad de gobierno comunal para disputar el “poder simbólico” que moldea los discursos e intereses dominantes en el conocimiento compartido por la comunidad (Bourdieu, 1984 citado en Ishihara y Pascual, 2009:1555). De este modo, los “coyotes” corporativos tratarán de modelar y reasignar identidades, valores y representaciones sociales, constitutivas de la concepción del desarrollo y del buen vivir en la comunidad, respecto de la “tierra”, la “propiedad”, el “trabajo” o el “progreso”, bajo los preceptos de la nueva gubernamentalidad extractivista.

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, la gráfica 4.11 muestra cómo en 2010 los hombres jefes de hogar de las tierras bajas del norte de Guatemala, independientemente de si trabajan o no en una plantación de palma, y especialmente todas las mujeres jefas de hogar, sentían que sus condiciones de vida familiares y comunitarias empeoraron, o bien se mantuvieron sin cambios desde la llegada de los agronegocios palmeros al territorio.

El control político especialmente, y en buena medida el económico, será en ocasiones disputado, y en otras compartido (mediante acuerdos como la agricultura por contrato) por aquellos sujetos terratenientes ligados al narcotráfico y a otras fuentes de enriquecimiento ilícito.↵

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Amplificar la lucha por la tierra con las luchas por la reposesión y la defensa del territorio

Los movimientos sociales rurales de carácter estructurado e “histórico” sufrieron un fuerte desgaste a raíz de las importantes pero a menudo frustrantes luchas por la democratización del agro y del país, en el contexto del despliegue del modelo liberalizador, desregulador y privatizador de la economía durante la etapa de inserción de Guatemala en la globalización neoliberal (1991-2005). De este desgaste resultó un desencanto generalizado con la “utopía transformadora” (Souza Santos, 2000) de la paz, expresado más que simbólicamente en la comentada diáspora poblacional del agro desde mediados de la década de 1990. Pero quizás la interpretación de esta dinámica bajo la óptica fatalista de la crisis de los movimientos sociales rurales (a lo Fukuyama y su “fin de la historia”) resulte demasiado limitada para comprender las variegadas y complejas dinámicas de movilización social que se han desarrollado desde mediados de la década de 2000. Es cierto que el desgaste y las fricciones del periodo 1991-2005 resultaron en movimientos sociales menos estructurados y, discutiblemente, menos organizados (o al menos más atomizados); pero no es menos cierto que en este marco emergieron poderosas dinámicas desde “abajo” y desde “adentro” de los propios movimientos, que cuestionaron y buscaron transformar las premisas discursivas y los ámbitos de lucha de los movimientos sociales rurales, en un espacio político nacional que mostró sus límites apenas una década después de la firma de la paz.

De manera similar a otras etapas de la historia agraria guatemalteca (Cambranes, 1992; Palma Murga et al., 2002; Ybarra, 2010), desde la gubernamentalidad extractivis-ta contemporánea se articula un discurso ideologizante de fuerte poder desmovilizador. Aquellos grupos de la población rural, indígena y campesina que abracen la ética de “modernización y progreso” asociada al nuevo régimen de capitalismo agrario flexible serán considerados como apegados al Estado de Derecho. Un “indio permitido”, en términos de Hale (2006). Sin embargo, quienes se atoren viviendo en el “atraso campe-sinista”, o peor aún, como “forajidos” que violan el sacrosanto principio de la propiedad privada al ocupar tierras para sembrar alimentos serán considerados sujetos al margen del Estado de Derecho, como el “indio insurrecto” (Hale, 2006) al que se debe civilizar o castigar.

En este contexto adverso, en el que muchos de los “modernos” capitales extractivos siguen valiéndose de los mecanismos de represión y control poblacional de las fincas cafetaleras y el Estado contrainsurgente,[1] grupos cada vez mas heterogéneos de la sociedad rural se están organizando bajo formas que suponen un reto, incluso para los movimientos sociales rurales históricos. Las luchas por la posesión, reposesión y contra la nueva ola de despojo hacen converger en muchas ocasiones los intereses de clase del campesinado medio, de diversos estratos de trabajadores rurales (con y sin tierra) y del campesinado despojado. Intereses que se ven amplificados desde posiciones estratégicamente esencializadas como pueblos indígenas y campesinos, que en ocasiones se articulan en discursos poderosamente movilizadores por la autodeterminación y el control de la tierra y de los bienes naturales en el territorio. Así, por ejemplo, y entre otros activos focos de “lucha en defensa del territorio”, entre la población Q’eqchi’ de las tierras bajas del norte de Guatemala muchos jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, diversas clases de campesinos y trabajadores sin tierra, e incluso quienes en décadas pasadas fueron políticamente afines a la guerrilla o al ejército, convergen en la defensa y resignificación contemporáneas de su identidad colectiva como R’al Ch’och (hijas e hijos de la Tierra) de cara a la reforma del régimen agrario y a la construcción de sistemas de vida alternativos al extractivismo de los agronegocios de la caña y de la palma.

Ahora bien, estas luchas y resistencias no son automáticas, ni mucho menos lineales y armónicas. Como se muestra en la mapa 4.4, las dinámicas de cambio en las relaciones sociales en torno a la tierra, someramente ejemplificadas en el caso de las tierras bajas del norte, resultan en numerosos y variados conflictos, en especial cuando el despojo extractivista compromete la reproducción actual y futura de la familia y de la vida natural, y se viola la ética de la subsistencia (Scott, 1976). Conflictos que, como reportan recientemente diferentes relatores y agencias del sistema de Naciones Unidas (De Schutter, 2010; Anaya, 2011; oacnudh, 2012), a menudo se caracterizan por severas violaciones de los derechos humanos cuando tratan de resolverse mediante desalojos violentos por parte de fuerzas represivas públicas o privadas.

Destaca el llamado que en un proceso de negociación sobre condiciones laborales, en mayo de 2012, realizaron al gobierno diversos agronegocios palmeros del departamento de Peten de cara al uso de inteligencia civil y militar para identificar y penalizar a líderes agitadores y a sus organizaciones (Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala [condeg], 15 de mayo de 2012).↵

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En conclusión: la historia no ha terminado

Esta somera revisión de las principales dinámicas agrarias en Guatemala durante los últimos 30 años permite identificar una serie de continuidades en el carácter de las relaciones sociales de propiedad y de producción sobre las que se conformó el Estado moderno guatemalteco, así como importantes rupturas. Por esto, consideramos que el análisis crítico de las tecnologías del poder sobre las que se ha orquestado el control y la explotación de la tierra y de los pueblos durante este corto pero significativo periodo de la historia guatemalteca, nos ayudará a ir más allá de las estrechas interpretaciones de la realidad agraria y rural, e incluso quizá más allá de ésta, tanto si buscamos influir en los marcos normativo-institucionales del Estado como si nos interesamos más bien en fortalecer la movilización social transformadora, o ambas cosas, o tal vez sólo comprender “por qué estamos cómo estamos”.34 Aunque inspiradora, esta tarea sobrepasa el presente texto en el que apenas hemos intentado poner en diálogo ciertos elementos del mosaico conformado por la identidad, la cultura, la economía y la política en el agro guatemalteco, en el contexto histórico-mundial de las últimas décadas.

En conclusión —si es posible ofrecer alguna conclusión—, los poderes que determinan las habilidades y oportunidades de diversos actores y proyectos en disputa para ganar, mantener y controlar el acceso a la tierra y a los bienes naturales en Guatemala no están escritos en piedra, sino que, más bien, son un vector y una expresión de la correlación de fuerzas sociales bajo la economía política dominante de cada momento histórico. Por ello, frente a las viejas y nuevas dinámicas de exclusión y opresión, en el agro guatemalteco del siglo xxi también se reconstituirán las utopías, los mecanismos y sujetos emancipadores en defensa de la vida, de la tierra y de la dignidad global, ahora desde los propios territorios.

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5. Capitalismo, tierra y poder en Honduras 

GILBERTO RÍOS

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Introducción

Este trabajo busca identificar a los nuevos actores dominantes de la sociedad hondurena, para ello se enfoca en el análisis de la cuestión agraria por el peso que tiene en la economía nacional y el involucramiento en ella de una parte importante de la población.

La interpretación que se hace de la concentración de los recursos naturales, tierra, agua y bosque, considera las disposiciones legales dictadas durante la colonia española. También las que se aplicaron luego de la independencia y que permitieron la creación del enclave bananero. Se describen las políticas redistributivas que se iniciaron a principios del siglo xx y que concluyeron en 1992 con la aplicación del modelo neoliberal.

En el tratamiento del modelo neoliberal se destacan las políticas aplicadas para la concentración de activos en pocos propietarios, el debilitamiento progresivo del Estado de bienestar y el reacomodo del liderazgo de los grupos económicos en la conducción del país; el posicionamiento en el primer lugar del sector financiero en la contribución al Producto Interno Bruto (pib) gracias a su acelerado crecimiento en los últimos 20 años, seguido por el sector industrial y la consecuente pérdida de poder de la clase terrateniente y la proletarización del campesinado, particularmente en los valles dedicados a los cultivos para la exportación, proceso que es acompañado por una apurada carrera por atraer inversión nacional y extranjera aun a costa de la soberanía nacional.

Se describe el impacto negativo que tales medidas han tenido en las condiciones de vida de la población rural y urbana, así como las respuestas de los afectados, entre las que se subrayan la toma de tierras por organÍ2aciones campesinas en el Bajo Aguan y la permanente migración de hondurenos a otros países.

Concluye en la dinámica política que se inició con el golpe de Estado del 28 de junio de 2013 y que ha avan2ado en la creación de nuevas opciones partidarias que buscan sustituir la histórica dictadura de los dos partidos tradicionales con la posibilidad de que se modifiquen políticas públicas que han dañado a la mayoría de la población hondurena.

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Antecedentes de la reforma agraria en Honduras

Honduras comparte una experiencia agraria similar con los países de América Latina y el Caribe. La conquista española impuso la concentración de la propiedad en pocos propietarios y con ella la vigencia de la inequidad propia del binomio latifundio-minifundio. Los aborígenes fueron sometidos a la condición de esclavos con la creación del “repartimiento” y la “encomienda”, instituciones sustentadas en “la teoría del señorío que ejercía el rey de España, por derecho de conquista, sobre las tierras conquistadas en su nombre. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye el punto de partida del régimen de tierra colonial” (Martínez Peláez, 1994:87).

Con la Independencia, en 1821, ese proceso se agudizó cuando tierras nacionales, anteriormente en poder de la corona española, y de la Iglesia católica, pasaron a manos de la clase dominante mediante diferentes mecanismos: pago de deudas del Estado, venta de tierras a particulares, compensación por la construcción de caminos, estímulo al aumento de las exportaciones y, desde luego, al margen de las decisiones estatales, al proceso de circulación mercantil. A partir de las últimas décadas del siglo xix, esa clase compartió el control económico y político del país con las transnacionales mineras y bananeras.

En general, los terratenientes mantuvieron las relaciones de producción propias de la convivencia del latifundio y minifundio. Las transnacionales marcaron diferencias sustanciales con aquel modelo al implantar relaciones de producción capitalistas, gracias a las cuales se proletarizaron miles de campesinos atraídos de todo el país al enclave bananero. Es precisamente en esa región en donde se da el mayor desarrollo de la organización sindical y el nacimiento y posterior fortalecimiento de la organización campesina como resultado de la recampesinización de trabajadores bananeros despedidos de las transnacionales en la década de 1950, como resultado de la gran huelga de 1954 y los daños provocados por inundaciones durante el mismo año.

A principios del siglo xx, el Estado incentivó las empresas tipo farmer (modelo exitoso de la mediana y pequeña empresa de producción agropecuaria estadounidense en su época) con la asignación de lotes de familia a campesinos y obreros agrícolas en tierras nacionales, apoyados en disposiciones legales emitidas en 1924 y 1936, en las que se expresa el interés de “crear el patrimonio agrícola” de hondurenos naturales o naturalizados con tierras del Estado, se advierte que no podrían ser transmitidos o gravados por ningún título y que solamente se trasladarían por herencia a los descendientes.

También orientaron la actividad agrícola de los colonos con criterios que supusieron racionalidad productiva y ambiental: “El lote que corresponde a cada jefe de familia será de 20 hectáreas, que deberá ser medida en extensión continua, debiendo el concesionario destinar una sexta parte para la repoblación forestal, empleándose el resto en otros cultivos, comprendiendo en éstos, los de carácter estable”.[1] Y más adelante se agrega que “para que el beneficiario obtenga título de dominio pleno sobre el lote asignado debe: 1. Conservar la posesión continua del predio por diez años [...] 2. Haber cultivado por lo menos la mitad, siendo necesario que una cuarta parte, cuando menos, tenga cultivos estables”.[2]

Este proyecto se extendió hasta la constitución de las colonias agrícolas en el periodo comprendido entre 1952 a 1959 en varios departamentos del país. Pero la promoción de empresas unifamiliares no dio los resultados esperados. Estos asentamientos humanos no se mantuvieron por mucho tiempo. El Instituto Nacional Agrario (ina) reportaba, en la década de 1970, que solamente 5% de los beneficiarios originales se encontraban en las tierras adjudicadas (ihder, 1980:22). En pocos años, la circulación mercantil concentró esos lotes en pocos propietarios.

Como sucedió con muchos países de América Latina, en 1961 Honduras acató la disposición de la administración estadounidense de promulgar una ley de reforma agraria como condición ineludible para acceder a los recursos financieros de la Alianza para el Progreso; sin embargo, la aplicación de tal política distributiva no tuvo el resultado esperado debido a la poca voluntad política de los responsables de su aplicación, gobernantes civiles y militares; a la débil presión de una incipiente organización campesina de la época y a la oposición de los terratenientes con fuerte presencia en los tres poderes del Estado.

El movimiento popular en general repuntó a mediados de esa década y se fortaleció luego de la cortísima guerra con El Salvador en 1969, mal llamada “guerra del fútbol”, y que en realidad tenía sus causas en la expulsión de productores agrícolas salvadoreños por el gobierno hondureno y el interés de la oligarquía salvadoreña de ampliar su espacio territorial. Un sentimiento de propiedad de la patria, surgido de esa confrontación bélica, contribuyó a una beligerancia sin antecedentes de las organizaciones populares. En el caso de los campesinos, las tomas de tierra fueron constantes y cubrieron casi todo el territorio nacional.

En 1971, Honduras volvió a la “democracia”. Los partidos tradicionales instauraron un gobierno de “Unidad Nacional”, que en poco tiempo ganó el calificativo de corrupto, en extremo ineficiente e incapaz de manejar apropiadamente la ofensiva del movimiento popular, a tal extremo que muchos sectores de la población veían justificada su defenestración.

Las Fuerzas Armadas (ffaa) aprovecharon este estado de cosas y ejecutaron un nuevo golpe de Estado con un discurso distinto al que acudió cuando buscó justificación al golpe de Estado de 1963. Si en aquel año se apoyó en el anticomunismo para inaugurar un régimen antipopular, en 1972 se justificaba en un planteamiento reformista, en esta ocasión compartido con un grupo reducido de empresarios hondurenos, sin intereses importantes en la propiedad de la tierra: banqueros, industriales y comerciantes. “Los sectores desplazados constituían un bloque formado por terratenientes, empresarios vinculados al capital extranjero, burócratas, grandes casatenientes, comerciantes importadores, políticos profesionales [...] y estratos altos de la ‘clase media’” (Posas y Del Cid, 1983).

Con el golpe de Estado, ejecutado el 4 de diciembre de 1972, se suspendió la anunciada “marcha del hambre” de la Asociación Nacional de Campesinos Hondurenos (anach) que movilizaría campesinos de todo el país hacia la capital el 5 de diciembre, para exigir la rápida aplicación de la reforma agraria. La respuesta de las ffaa fue oportuna para apaciguar el descontento campesino. El 26 del mismo mes, se promulgó el decreto número 8 como acción de emergencia, en el cual se ordenaba que a los campesinos se les concediera el uso de tierras nacionales y ejidales, aptas para labores agrícolas que estuvieran en poder del ina; que se solicitara a los propietarios y poseedores de tierra que voluntariamente, y en forma temporal y gratuita, las pusieran a disposición del ina, y que en el caso de que no estuvieran siendo aprovechadas adecuadamente, quedaban obligados a celebrar con el ina contratos de arrendamiento.[3]

La pujanza del movimiento campesino fue elemento fundamental para el éxito de la aplicación del decreto. La gran mayoría de las asignaciones de lotes se logró gracias a la toma de tierras por los grupos campesinos, enfrentando siempre la reacción violenta de los terratenientes, aun en lugares donde el Estado era el propietario indiscutible.

El gobierno de las ffaa fue más allá de lo esperado: desautorizó la cotización obligatoria de los empleados públicos a los partidos políticos en el poder, creó el Instituto Nacional de Formación Profesional (infop) y apoyó al movimiento obrero con la disposición legal que obligaba a todos los trabajadores a cotizar para el sindicato de su empresa cuando éstos se beneficiaran con las contrataciones colectivas aun cuando no fueran miembros. Con esto ganaba base social que le permitía tener legitimidad y enfrentar a la ofensiva contrarreformista de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (fenagh) y al Consejo Hondureno de la Empresa Privada (COHEP).

Como parte de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 1974-1978, destacó la promulgación de la Ley del salario mínimo, la creación de la Corporación Hondurena de Desarrollo Forestal (Cohdefor), institución que controlaría y administraría los bosques públicos y privados del país, lo que significaba que se responsabilizaría de su conservación, reforestación, aprovechamiento, industrialización, y comercialización interna y externa de la madera y sus productos.

El 17 de septiembre de 1974, el Estado de Honduras participó como fundador de la Unión de Países Exportadores de Banano (upeb) y, en acatamiento de los acuerdos iniciales de esta organización, el gobierno hondureno intentó imponer el impuesto de un dólar por caja exportada y no lo logró. Como resultado de la amenaza de masivos despidos de trabajadores de las trasnacionales bananeras, el impuesto se redujo a cincuenta centavos de dólar por caja.

Ese mismo año se promulgó la nueva Ley de Reforma Agraria (lra) para ejecutar el Plan Nacional de Reforma Agraria (pnra) cuyo contenido hacía referencia a la condiciones socioeconómicas de la población rural, a la situación de tenencia de la tierra y a la aplicación de políticas redistributivas de tierra, agua y bosques (ina, 1974). Los resultados eran concluyentes respecto a que la agricultura hondurena estaba conformada por tres compartimentos:

a)  el tradicional, representado por el sector minifundista de economía básicamente consuntiva y por el latifundio improductivo; modelo que se consideró agotado. Es la hacienda tradicional con propietarios absentistas y baja inversión de capital, que conserva grandes extensiones de tierra ociosa y subutilizada en las actividades agrícolas y con baja carga ganadera;

b)  el moderno, formado por unidades de producción técnicamente desarrolladas y;

c)  el contemporáneo, de reciente configuración y limitado desarrollo, constituido por empresas comunitarias campesinas, cooperativas agrícolas, ligas campesinas, sub-seccionales de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras y Asentamientos Campesinos (ina, 1974).

La decisión gubernamental apuntó a la eliminación del binomio latifundio-minifundio; relación de producción reiteradamente acusada de ser la responsable de la baja producción y productividad de la actividad agropecuaria, y principal obstáculo para la justicia social. Estaba entonces la decisión de fortalecer el compartimiento contemporáneo al que se apostaba como potencial fuente de riqueza al considerarlo como el más racional y eficiente en el uso de los recursos productivos —tierra, agua, bosque y mano de obra—, la que al mismo tiempo aseguraba una distribución equitativa de beneficios.

Las empresas del sector moderno se beneficiarían de los resultados de la eliminación del latifundio y minifundio y del apoyo del Estado. No se les dejaría abandonadas a merced de las fuerzas del mercado, como reza la doctrina liberal, tendrían el apoyo del Estado. A finales del siglo xix ya se habían aplicado políticas que desdecían el “dejar hacer y dejar pasar” en las que el Estado quedaba, teóricamente, fuera del juego económico al ser desplazado por el mercado. El prominente reformador liberal hondureno, Marco Aurelio Soto, decía, como justificación del apoyo del Estado a la clase dominante de la época, que “como nuestra sociedad es inactiva debemos aceptar la plena iniciativa del Estado”, aun si se reconocía que “esta solución no cuadra con el ideal de la ciencia [interpreta ideología liberal como ciencia, g.r.] pero cuadra con las exigencias de lo practicable y prepara la realización de lo ideal” (Oyuela, 2007:49).

Con la creación de la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi) se buscaba promover nuevas empresas industriales y la consolidación de las existentes, mientras organizaba y activaba el mercado nacional de capitales y valores. Y, en efecto, asignó préstamos y sirvió de aval de empresarios con otras fuentes de crédito, pero no recuperó la cartera vencida. Desafortunadamente, Conadi quebró debido al incumplimiento impune de los empresarios que se beneficiaron de estos recursos y tal fracaso comprometió aún más al Estado hondureno con la banca internacional con un incremento importante de la deuda externa.

Los diseñadores del modelo confiaban en el impacto macroeconómico que tendría la reforma agraria. Con ella se aprovecharían los recursos más abundantes: tierra, agua, bosque y mano de obra. Se apostaba a que con el apoyo del Estado, mediante mecanismos de política económica y servicios directos a la actividad productiva, aumentaría la producción y la productividad de la empresa agrícola, el empleo rural y, como consecuencia inmediata, el incremento de los ingresos de la familia campesina, con lo que se mejoraría la capacidad de compra y con ella la demanda de más productos y servicios, a los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Se fortalecería el mercado interno. La distribución del ingreso era la clave para el desarrollo y modernización del capitalismo hondureno. No obstante, hubo advertencias sobre las limitaciones del modelo.

Sin embargo, la experiencia histórica de los países sub des arrollados ha evidenciado que, en el marco de las condiciones estructurales prevalecientes, la realización de ese proceso, sea como resultado de la dinámica espontánea del sistema económico o de la intervención del Estado, ha tenido escasa significación respecto a la superación de los problemas básicos del subdesarrollo.

Ello pone de manifiesto que el aumento de la productividad agrícola es una condición necesaria pero no suficiente para que el funcionamiento de los mecanismos de interacción sectorial se traduzca efectivamente en un proceso sostenido de desarrollo económico. Si este proceso es apropiado de forma concentrada por un grupo reducido de explotaciones, sus efectos pueden, por ejemplo, agudizar algunos de los problemas típicos que debe superar el desarrollo, como es el caso de la desocupación y marginación de amplios contingentes de la población rural (Gómez, 1974).

En el pnra se aseguraba que el comportamiento contemporáneo era potencialmente capaz de sostenerse y desarrollarse en un sistema mercantil competitivo siempre que las instituciones del Estado contribuyeran de manera eficaz a la organización y consolidación empresarial campesina, aplicando programas de salud, educación, vivienda, infraestructura, capacitación, asistencia técnica, crediticia y comercialización.

Los conductores de este proceso dejaron atrás las políticas asistencialistas (club de ama de casa, Club 4S) y confiaron en la importante contribución de los campesinos organizados en empresas productivas al desarrollo nacional. El pnra y la lra señalaban que el campesinado era objeto privilegiado de la acción institucional y sujeto o protagonista incuestionable de las transformaciones en el país.

Esperaban que disminuyeran las importaciones agropecuarias al mismo tiempo que aumentaran las exportaciones cuando las condiciones agroecológicas permitieran cultivarlas en el país; que hubiera mayor recaudación fiscal y disminuyera el precio de los alimentos en el mercado nacional, lo cual favorecía a trabajadores y empresarios, entre otros efectos positivos. Antes había que afectar las tierras y para ello determinar a quiénes y cómo. El Estado sería el primer contribuyente al destinar todas las tierras de su propiedad susceptibles de uso agropecuario con excepción de aquéllas que se dedicaran a la educación, parques nacionales, reservas forestales y zonas protegidas.

La afectación del latifundio era fundamental y estaba determinada por techos,[4] aunque en la misma ley se abrió la posibilidad a los empresarios de hacerse de tierras que sobrepasaran esos techos sin limitar su extensión, lo que a la larga se convirtió en una retranca para el desarrollo de la afectación y redistribución de tierras y otros recursos naturales. La entonces Secretaría de Recursos Naturales (ahora Secretaría de Agricultura y Ganadería) podría autorizar sobretechos si el propietario presentaba un proyecto de inversión orientado a obtener productos de importancia prioritaria para la economía nacional.

Los minifundistas —propietarios de lotes de menos de cinco hectáreas cultivables— se reagruparían con el propósito de que accedieran a la cantidad y calidad de tierra que los sacara de esa categoría. Se expropiarían las tierras indirectamente explotadas por arrendatarios, aparceros y colonos y los predios rústicos con dos o más dueños que no hubieran hecho la partición correspondiente dos años después de emitida la lra, y las tierras incultas y ociosas.

Con todo, el impacto de la reforma agraria en la eliminación del latifundio y minifundio fue mínimo. El censo agropecuario levantado en 1993 mostró fuerte inequidad en la tenencia de la tierra y más daños al ambiente. El número de explotaciones aumentó en 161 064 de 1952 a 1993, y se incorporaron a la actividad agrícola y ganadera 829 676 hectáreas que eran ocupadas por bosques y selvas.

Los estratos de menos una y cinco hectáreas son los más afectados por la atomización. El primero pasó de 0.65 hectáreas a 0.58 de 1952 a 1993. El segundo de 2.61 hectáreas a 2.30 hectáreas. De tal manera que de acuerdo con la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (lmdsa) hay 80 000 minifundios -menos de una hectárea- y con la lra 147573 minifundios —menores a cinco hectáreas—. En cuanto al uso de los suelos, los pastos pasaron de 32% en 1952 a 45.9% en 1993; el bosque disminuyó de 21.1 a 10.8 (ine, 1994).

La coyuntura internacional era propicia para la aplicación del modelo: las políticas de desarrollo del Consejo Económico para América Latina (cepal) se consideraban válidas y aplicables en el vigente modelo de Estado de Bienestar; se contaba con la bendición del mundo industrializado y, consecuentemente, con el apoyo de los organismos de financiamiento internacional.

En el ámbito nacional, el movimiento popular se adhirió al proyecto reformista al ver en él la oportunidad de lograr reivindicaciones económicas, sociales y políticas, por las que había luchado sin éxito durante muchos años.

El proceso reformista concluyó formalmente en 1992 y no cumplió con lo que se había propuesto: no logró las metas de afectación y fueron pocos los asentamientos campesinos que se consolidaron como empresas competitivas. Como causas del incumplimiento pueden señalarse: a) debilidades en la afectación de tierras dentro de la frontera agrícola; b) los servicios del Estado no estuvieron a la altura de las necesidades de los asentamientos; c) la corrupción tuvo un papel importante a favor de la contrarreforma; d) los conductores del proceso reformista y las organizaciones campesinas no tuvieron la capacidad de poner de su lado a los pequeños y medianos productores agropecuarios lo cual, contrario a lo que podría pensarse, mas bien apretó filas con los grandes terratenientes y ganaderos, convencidos de que defendían intereses comunes al interior de la fenagh; e) la ofensiva de los sectores mas conservadores no cejó en su empeño de debilitar y eliminar el proceso reformista; f) la atomización, las contradicciones internas y la corrupción en las organizaciones campesinas debilitaron al movimiento; g) la orientación gubernamental de construir empresas colectivas de reforma agraria fue rápidamente sustituida, en su gran mayoría por formas individuales y mixtas de producción, sin que el ina actuara en consecuencia (ihder ,1980:52).

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Tamaño establecido de acuerdo con su ubicación, la calidad de los suelos, acceso a riego y otra infraestructura productiva y social, que calificaba cuando una propiedad era o no latifundio.↵

Políticas de ajuste estructural del sector agrícola

Algunas interpretaciones

Para algunos analistas de la economía hondurena, el programa de ajuste estructural era inevitable.

Los fuertes desequilibrios en las cuentas corrientes en casi todos los países latinos, durante los años 80, no han dejado ninguna otra alternativa sino la ejecución de políticas macroeconómi-cas de ajuste y esto ha sido reconocido por cepal, aunque de forma tardía, con su nuevo planteamiento económico: Transformación Productiva con Equidad, que coincide con el esquema neoliberal, en cuanto a que deben lograrse equilibrios macroeconómicos” (Thorpe, 1992:41).

A raíz de la devaluación del lempira, debido entre otras razones a las presiones del fmi, Thorpe señala que:

Este requisito de ajuste llegó debido a los más negativos resultados en el sector agrícola, marcado por la fuerte y sostenida caída de los precios internacionales de los principales productos agrícolas hondurenos. Mientras que el precio de banano subía en los años ochenta, los precios de los otros cultivos bajaban, salvo el café en 1986, lo que causó un fuerte aumento en el índice agregado de las exportaciones. Al mismos tiempo, las políticas aplicadas a la producción de alimentos para el consumo interno conservaba a niveles bajos estos precios; esto, aunque proveía de estabilidad social en las ciudades, desestimulaba al sector agropecuario y causaba una reducción del poder de compra campesino en casi 20%, según Raúl Rubén, la caída en los excedentes agrícolas se vinculaba con la dotación de servicios por parte del Estado, como los de salud y educación. Estos servicios tenían niveles altos en términos reales [...] (Thorpe, 1992:42).

En ese momento no hubo diferencias sustantivas entre analistas de esta materia. Serna apuntaba que:

Los países centroamericanos enfrentan, en la década de los 90, el gran desafío de superar los graves rezagos sociales acumulados y ganar competitividad internacional. Ello implica la incorporación al progreso tecnológico y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Así, es necesario fortalecer la economía y ajustaría a los cambios que experimentan el comercio y la economía internacional; aprovechar, en la medida de lo posible, el cambio tecnológico mundial; modernizar el sector público, elevar el ahorro nacional y mejorar la distribución del ingreso. Todo ello en un marco de preservación del medio ambiente [...] La resolución de diversas cuestiones condiciona la transformación productiva con equidad. Entre las de origen interno se destacan, en primer lugar, la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos; en segundo término, obtener financiamiento para la reactivación y el desarrollo, dada la gravosa carga de la deuda y la salida de capitales al exterior y, en tercer lugar, mantener la cohesión social (Serna, 1992:26).

La Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA)

Entretanto, el movimiento campesino mostraba incompetencia para elaborar propuestas propias, muchos de sus dirigentes eran cooptados por instituciones del Estado, se reducía progresivamente la militancia en las luchas reivindicativas de los campesinos del sector reformado y las asociaciones campesinas fueron incapaces de organizar a campesinos sin tierra; deficiencias todas que en buena medida resultaban de la dependencia de las dirigencias campesinas al apoyo financiero proveniente de instituciones estatales y de la cooperación internacional. Probablemente el hecho más grave fue la división interna de las organizaciones campesinas en más de 20 segmentos.[1] Para tal propósito sirvió apropiadamente de “quinta columna” el Consejo Nacional Campesino (cnc), asociación campesina creada y financiada por el gobierno con la finalidad de validar la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y enfrentar con éxito a la oposición de las organizaciones campesinas que veían en el nuevo modelo un enemigo al desarrollo rural con equidad.

La vulnerable situación del movimiento campesino coincidía con la ofensiva neoliberal en América Latina, cuyos promotores la reclamaban como ideología victoriosa e incuestionable que, al no enfrentar oposición importante, define aún en la actualidad las políticas de todos los gobiernos hondurenos.

La lmdsa marcó el final del proceso de reforma agraria e inició el estancamiento y luego la destrucción de parte importante del sector reformado. El nuevo modelo de desarrollo continuó apostando con mas entusiasmo al fortalecimiento del sector agroexportador, al ofrecer mas oportunidades a las grandes empresas nacionales y transnacionales, y dejar al margen a los pequeños y medianos productores. Se abandonaron las políticas propias del Estado de bienestar que había asumido la afectación y adjudicación de tierras y el apoyo al fortalecimiento de las empresas societarias campesinas, facilitando crédito, asistencia técnica agronómica y administrativa y, aunque mínimo, apoyo a la comercialización.

En 1989, el Consejo Hondureno de la Empresa Privada (COHEP) y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (fenagh) se aliaron con la embajada estadounidense y las ifi para imponer el modelo neoliberal, e iniciaron la elaboración de una propuesta de ley que se opusiera a la Ley de Reforma Agraria. La fenagh justificaba su intención de cambiar las reglas del juego, iniciadas en 1972,

por la crisis económica que azotaba a la agricultura hondurena y la falta de políticas para sacarla del estancamiento, [aunque ahí mismo reconocía] que si bien es cierto que el desempeño del sector agrícola durante la década de los ochenta ha sido levemente superior al resto de la economía, ha faltado mucho para alcanzar el ritmo del crecimiento de los sesenta y setenta, de tal manera que los índices de desempleo y pobreza no han mejorado en los últimos diez años, y el flujo de la migración rural a las zonas urbanas ha crecido (Norton, 1990:23).

Para impulsar la nueva propuesta, la fenagh constituyó el Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (conppa) integrado por conspicuos terratenientes, apoyado por la usaid con la contratación de Roger Norton, experto norteamericano en el diseño de ajustes estructurales. Este consultor elaboró el documento Elementos de una estrategia para la reactivación del sector agrícola y, posteriormente, basado en él, escribió la LMDSA.

Dado que la preocupación central de Norton estaba en cómo facilitar la compra/ venta de activos y fuerza de trabajo al sector reformado, se queja de que la reforma agraria desalienta el mercado de tierras con lo que se impide el proceso de su reasignación a usos mas eficientes, inclusive a usos más intensivos de la mano de obra. Y en ese propósito señala que el “enorme potencial del sector agrícola, que brilla entre el matorral de males y dificultades, y para bien de todos los grupos en la sociedad es una tarea primordial quitar la trailla a esa potencialidad” (Norton, 1990:2).

En el análisis de las empresas campesinas, Norton señala las mismas debilidades que habían justificado la afectación de tierras a los terratenientes: tierras ociosas, baja productividad y endeudamiento, por lo que evade el análisis de las condiciones que presentaba el sector no reformado antes de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, sabiendo que ahí había mas tierras incultas aun cuando sus propietarios contaban con mas recursos para invertir.

Asimismo, observa que las “cooperativas en general no han podido producir eficazmente, a pesar de haber recibido subsidios financieros muy sustanciales [...] lo cual implica un costo alto a las economías” (Norton, 1990:5), aunque olvidó informar que el monto de las condonaciones de deuda a los terratenientes es muy superior al recibido por las empresas campesinas en montos totales e incomparables cuando se estima per cápita.

En su interés de disminuir el tamaño del minifundio y con tal medida mantener en la sobrevivencia a las familias que se ven obligadas a vender barata su mano de obra en el sector rural, concluye que:

Es una regla empírica que una finca de una hectárea, sembrada en granos básicos, es de tamaño suficiente para abastecer una familia con esos productos; entonces, uno de dos hectáreas ya permite la participación en el mercado, sobre todo si se siembra parcialmente con hortalizas, café o frutas. Es decir, ya no representa una parcela de subsistencia (Norton, 1990:30).

Lo anterior obliga a preguntar: ¿cómo es posible que los grandes terratenientes, poseedores de centenas o miles de hectáreas, no nos hayan convertido en un país auto-suficiente en alimentos y con la capacidad de exportar productos agrícolas en tales cantidades que mejorarían sustancialmente nuestra balanza comercial, si con dos hectáreas es posible que una familia participe en el mercado?

La verdad es que muchas familias rurales participan en el mercado como productores aun con menos de dos hectáreas, pero sobreviviendo en condiciones nefastas.

Los 2.1 millón de pobladores que vivían en laderas en 1988 aportaban el 66% de la producción de maíz, el 80% del frijol y el mayor volumen de café, pero sus bajísimos ingresos los obligan a trabajar como asalariados o trabajar otras tierras bajo alquiler o convenios de aparcería, por lo que no sorprenden las condiciones de vida a las que están sometidos. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 43% de los pobladores de laderas es analfabeto (contra un 25% del resto de la población) y, en el caso de los departamentos de Intibucá y Lempira, donde predominan las familias que viven en laderas, la deplorable condición de vida se refleja en indicadores de desnutrición que varían entre 63.1% y 59.2% (Díaz Arrivillaga, 1996:17-18).

Norton defiende las improductivas e inequitativas formas de tenencia de la tierra que históricamente han sido las responsables del atraso y conflicto agrario, cuando reprocha la manera en que la lra castiga la tierra ociosa porque —según él— pone en riesgo la propiedad del productor en los años en que no pueda cultivarla con la “acostumbrada intensidad”.

Desde su visión neoliberal, Norton recomienda cambios en las funciones del Estado y en el tratamiento a los pobres. En el primer caso, el Estado debe ver en los terratenientes y empresarios tradicionales a los ungidos promotores del desarrollo económico y social y, en tal sentido, los merecedores exclusivos del aprovechamiento de los servicios públicos y la explotación de los recursos productivos del país, incluida la fuerza de trabajo de los pobres, especialmente cuando se trata de los empresarios dedicados a los agronegocios.

El Estado, dice, debe vigilar el desarrollo del sector en vez de involucrarse directamente en la propiedad de la tierra, en la producción y la comercialización; para los pobres, urbanos y rurales, habrá que crear programas focalizados para “darles amparo hasta que el crecimiento genere nuevos trabajos productivos en cantidades suficientes” (Norton, 1990:2), es decir, negarles la condición de sujetos dignos con la potencialidad de convertirse en constructores de su propio futuro. De ahí la creación de fondos de compensación social, el Programa de Asignación Familiar (praf) y el Fondo Hondureno de Inversión Social (fhis), cuya vida estaba limitada a tres años, tiempo estimado para que el ajuste estructural lograra “el crecimiento que genere trabajos productivos en cantidades suficientes” (Norton, 1990:2).

Impacto de la LMDSA

Como era previsible, esas predicciones no se cumplieron. El poder ejecutivo prolongó en 1994 la existencia del fhis por 12 años,[2] con el argumento de que “los programas de compensación social ejecutados por el fhis, hasta la fecha no han podido reducir significativamente el impacto de las medidas económicas y los efectos del ajuste estructural de la economía, iniciados en marzo de 1990, medidas que siguen castigando a la mayoría de la población”.[3]

La promulgación de la lmdsa cambió la esencia de la lra con la eliminación de la mayoría de las causales de afectación y dejó sólo dos: ociosidad y sobretechos, que resultán casi inaplicables por lo intencionalmente engorroso de los procedimientos. La lra estimó que cinco hectáreas cultivables era la cantidad mínima para cumplir con los propósitos de este artículo. La lmdsa la limitó a una hectárea y calificó el minifundio como la cantidad de tierra menor a una hectárea. Y fue más allá cuando convirtió el sector reformado en fondo de tierras para la reforma agraria, al señalar que debían readjudicarse a los beneficiarios las tierras asignadas para fines de reforma agraria que por causas debidamente imputables a los adjudicatarios no estaban siendo explotadas de acuerdo con las disposiciones.

Pero, por el otro lado, el artículo 51 de la lmdsa limitó la acción de afectar las tierras por incultas u ociosas del sector no reformado a las que estuvieron en esa condición durante 18 meses y que podría extenderse a 24 meses si el propietario no podía explotar los predios por falta de crédito, inundaciones y sequías, pero sin establecer parámetros que determinaran cuándo un lote estaba eficientemente cultivado, de lo que se concluye que el propietario podía cultivar o manejar ganado en las cantidades que se le ocurriera sin el temor de ser afectado por poseer tierras ineficientemente utilizadas. Norton advertía que la condición de los cultivos y la carga de ganado, exigidas por la lra, pecaban de “subjetivas”, pues una de ellas era ¡mantener por lo menos dos cabezas de ganado mayor por hectárea!

Al mismo tiempo que se aprobaron medidas que agilizaron el mercado de tierras a costa del sector reformado, se promovió la adjudicación de parcelas en unidades agrícolas familiares para la explotación individual a los adjudicatarios de la reforma agraria, que además podrían utilizar como garantía para la obtención de préstamos y una vez cancelado el valor de la adjudicación, disponer de su propiedad con los derechos que le fueran inherentes a su condición de propietarios.

Se permitió el arrendamiento de tierras rurales para actividades de producción agropecuaria y la celebración de contratos de coinversión o participación por los cuales los contratantes podrían facilitar tierras y aportar capital, servicios de mecanización, asistencia técnica y otros activos para la producción y comercialización. Medidas elaboradas para facilitar la concentración de activos en pocos propietarios.

Venta de tierras del sector reformado

Un número importante de cooperativas y empresas asociativas del sector reformado vendió sus tierras. La investigación pública más importante sobre la venta de tierras en el Bajo Aguan (Rubén y Fúnez, 1993:38) asegura que la principal causa es la poca capacidad para hacerlas producir y, por consiguiente, los bajos ingresos que obtienen sus agremiados. Miembros de estas empresas campesinas justificaron la venta de sus activos al asegurar que no podían cultivar toda la tierra asignada por falta de recursos financieros, con lo que corrían el riesgo de que el ina, amparado en la lmdsa, les expropiara la parte no cultivada. Acusaron a funcionarios del ina de ser cómplices de los compradores de tierras al amenazar a los cooperativistas de que si no vendían de todos modos el ina los expropiaría.

La entrega de tierras por el ina a los campesinos alcanzó aproximadamente las 376000 hectáreas entre 1962 y 1990, pero con las que se entregaron en los últimos años deberían sumar alrededor de 385 000 hectáreas, sin embargo, según el censo 2011 del ina se han vendido alrededor de 126000 hectáreas (ina, 2011), por lo que resulta que el total del sector reformado se aproximaría a 259 000 hectáreas.

Volver a la reivindicación de la reforma agraria resulta mucho más difícil para los campesinos, ahora que algunos de los empresarios que se aliaron con ellos durante el proyecto reformista se han convertido en grandes productores de banano, palma africana, café, además de que han comprado propiedades del sector reformado y no reformado o las han rematado, en el caso de los banqueros, cuando los productores no pudieron pagar sus deudas.

Programa de Acceso a la Tierra Agrícola (PACTA)

Para evitar reacciones adversas de los campesinos se creó el Programa de Acceso a la Tierra Agrícola (pacta), concebido como “un proceso de facilitación del acceso a la tierra por parte de familias campesinas sin tierra propia a través de mecanismos de mercado con el propósito de fomentar la formación de empresas rurales productivas sostenibles” (fao, 2006:4).

Pero el compromiso de asignar tierras quedó en el discurso, pacta ahora se auto-califica como “una alternativa para el desarrollo empresarial y la competitividad rural” y “un proceso de desarrollo rural basado en la formación de empresas sostenibles en beneficio de familias de escasos recursos económicos”, que “no se centra en el traspaso de tierras sino trata de facilitar acceso a todos los activos productivos que las familias asociadas necesitan para formar y consolidar su empresa. Aunque la compra de tierra es requisito según el reglamento actual del programa, no es un fin aislado”. Y como si no fueran suficientemente penosas las explicaciones anteriores, el documento agrega que “el nombre de Acceso a la Tierra se debe más a los antecedentes del programa (que incluyeron propuestas sobre diferentes esquemas de corte fondo de tierras [sic]) y no tanto con la lógica del programa en sí”(fao 2006:4).

El acceso a tierras cultivables ya no es posible para quienes no puedan comprarlas a precios de mercado. Los logros alcanzados por el pacta hasta 2006 son de aproximadamente 720 familias campesinas que se han incorporado al proceso y han comprado alrededor de 2750 manzanas de tierra productiva (3.7 manzanas por familia).

"Organizacines campesinas", [www.ina.hn].↵

En la actualidad es una institución permanente.↵

Consúltese [www.fhis.hn].↵

50

El persistente conflicto agrario

El movimiento campesino hondureno

El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (cococh), nacido en 1988 e integrado por 10 organizaciones campesinas, enfrentó sin éxito la ofensiva neoliberal al no haber logrado alianzas en un momento en que reinaba la confusión y la falta de propuesta alternativa del movimiento popular, en general, y de la organización campesina, en particular. Intelectuales que en otros momentos se habían unido al movimiento popular desertaron y en algunos casos se aliaron con el adversario apoyaron el nuevo modelo.

El gobierno logró la división del movimiento campesino con la creación de la Confederación Nacional de Campesinos (cnc) y la cooptación de otros gremios menores de diferentes lugares del país, que apoyaron de principio a fin la promulgación de la lmd-sa; lograron enfrentar con éxito la acción del cococh y crear en muchos sectores del pueblo la visión de que el campesinado estaba en su mayoría de acuerdo con el ajuste estructural al sector agrícola.

En adelante, el movimiento campesino se debilitó y perdió el apoyo de las bases campesinas que lo integraban, por lo que cada vez más dependió del subsidio del ina. Ya no tenía la capacidad de elaborar propuestas atractivas que reactivaran la militan-cia campesina del sector reformado y mucho menos atraer y organizar campesinos sin tierra. Eran pocas, débiles e intrascendentes las acciones reivindicativas. La dirigencia del cococh elaboró una propuesta de Ley de Reforma Agraria en 2008 que no pudo encaminar para que el Congreso Nacional la aprobara, y la razón de fondo estaba en la poca credibilidad de los mismos dirigentes en que se promulgara, e incluso hubo quienes dudaban de que, aun cuando se superara ese valladar que constituía un poder legislativo, se lograra su aplicación una vez aceptada la debilidad del movimiento campesino.

El constante enfrentamiento entre los campesinos del sector reformado y los antiguos poseedores de las tierras que aquéllos ocupaban bajo precariedad legal, obligó a la dirigencia del cococh y los aliados a intentar resolver lo que se ha entendido como “mora agraria”, con una disposición legislativa introducida en 2007, que lograron que se aprobara con el nombre de Decreto 18/2008, gracias a un ambiente preeleccionario, caracterizado por el clientelismo político.

La titulación de tierras de empresas campesinas —algunas con mas de 30 años de haber sido asentadas— era la utilidad fundamental de este decreto, por lo que sólo podía enfrentar la oposición de la conservadora fenagh. La misma usaid había impulsado este proyecto desde la década de 1980 y, con la lmdsa, el ina dejó de hacer reforma agraria y se convirtió precisamente en una ventanilla de titulación de tierras.

El Decreto 18/2008 no era ni es la solución del complejo conflicto agrario y no afectaba importantes intereses de los terratenientes y aun así no logró los limitados propósitos enunciados cuando se trató de resolver las tomas de tierra a favor de los campesinos, gracias a las conocidas deficiencias de la gestión del ina y demás instituciones involucradas en este proyecto y, desde luego, a la negligencia y debilidad de las organizaciones campesinas.

Con todo y que no les afectaba de manera importante, la reacción de los latifundistas a la promulgación de este decreto no se hizo esperar, la fenagh inició una campaña de deslegitimación en julio de 2008 y acudió a la Fiscalía de la Constitución con el argumento de que tal decreto era inconstitucional. La fiscalía presentó un dictamen a la Corte Suprema de Justicia (csj) a favor de la organización de los terratenientes. La csj asintió a la petición del requerimiento fiscal y el Decreto 18/2008 fue anulado en 2011.

Hasta el golpe de Estado de 2009, la cnc y el cococh eran las dos confederaciones reconocidas por el ina y la cooperación internacional. Con el rompimiento del orden constitucional el cococh se dividió en dos fracciones: la que condenó el golpe de Estado y la que lo apoyó. Esa diferencia originó la lucha por el reconocimiento legal que concluyó favoreciendo, desde luego, a los colaboradores del régimen.

Organizaciones campesinas compran tierras a particulares con aval del Estado

Desde la promulgación de la lmdsa no se conocía conflicto agrario de gran envergadura, pero esa pasividad del movimiento campesino se vio interrumpida en 2001 cuando 700 familias, agrupadas en el Movimiento Campesino del Aguan (mca), recuperaron la mayor parte de las tierras que había ocupado el Centro Regional de Entrenamiento Militar (crem), en ese momento ilegalmente en poder de particulares.

Por sorpresa, en un ambiente de represión del ejército y la policía, propio de un golpe de Estado, y ante la presencia de guardias de seguridad fuertemente armados, campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (muca) y campesinos que fundaron poco tiempo después el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguan (marca) iniciaron las tomas de 26 fincas de palma africana el 9 de diciembre de 2009.

Esta situación dio pie a la celebración de negociaciones entre los campesinos y el ina, sin que se suspendiera la violencia y resultara hasta el día de hoy en alrededor de 47 campesinos muertos, supuestamente a raíz del conflicto agrario, y alrededor de 10 guardias de seguridad desaparecidos y muertos de acuerdo con la información de medios de comunicación, por la misma razón. Los campesinos llegaron al acuerdo por el cual el régimen les proporcionaría 11 000 hectáreas en tres entregas, firmado el 13 de abril de 2010 en Tegucigalpa, pero hasta la fecha sólo se han asignado 4712.74 hectáreas.[1] Las tomas siguen a la orden del día y la policía y el ejército están prestos a desalojarlos.

Al no haberse solucionado totalmente el conflicto con muca, marca y la persistencia de otros movimientos campesinos en la toma de tierras, sigue la militarización y graves violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguan. En este momento existen 12 organizaciones campesinas más presionando por el acceso a la tierra.

El INA apenas tuvo un papel de intermediario en la compra-venta de tierras entre el MUCA (margen izquierda y derecha) y la cooperativa San Esteban de MARCA, con los terratenientes.↵

El poder económico y político de Honduras

Comportamiento del sector financiero e industrial

La década de 1990 constituye un punto de quiebre en las tendencias y la configuración reciente de la estructura económica hondurena. En el marco de políticas neoliberales es notable el crecimiento de intermediación financiera acompañada por el fuerte dinamismo que alcanzan la industria manufacturera (maquila en particular y, en menor medida, la agroindustria exportadora), las comunicaciones (telefonía móvil, específicamente), el servicio de energía eléctrica y los servicios de salud.

Los cambios en el Producto Interno Bruto (pib) de los diferentes renglones de la economía son significativos. La información del pib que cubre el periodo 1978-1999 (BCH, 2013a) destaca en primer lugar a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, y en segundo a la industria manufacturera. Los establecimientos financieros tenían tan poco peso en ese periodo que el Banco Central de Honduras (BCH) no señala datos sobre su participación. No obstante, en el periodo 2000-2012 (BCH, 2013b), la industria manufacturera ocupa el primer lugar y la intermediación financiera el segundo, en la contribución del pib pero con mucho mayor índice de crecimiento.

La privatización y las generosas concesiones que brinda el Estado a los nuevos operadores empresariales son un vigoroso acicate para la expansión económica de los servicios de energía eléctrica y telefonía celular. Un tercer incentivo es la desregulación estatal de sus mercados. Los precios de la energía eléctrica y la telefonía alcanzan el primer y el segundo nivel más alto de América Latina, respectivamente. El crecimiento de los servicios de salud obedece a estímulos muy similares, mientras que la devaluación del lempira se erige en el principal incentivo estatal de la dilatada evolución de la banca y la industria manufacturera.

Alrededor de dos tercios del crecimiento de la economía, durante la década de 2000, se debe al crecimiento de estas cinco actividades (de las 23 que forman el conjunto económico), aporte casi tres veces mayor que el realizado por el grupo formado por la agricultura orientada hacia el mercado interno, el comercio, la construcción, servicios comunitarios, sociales y personales, hoteles y restaurantes y la administración pública. Merced a esta diferencia, el peso participativo del primer conjunto en la economía aumenta, durante esta década, de 37% a 45% y se reduce el del segundo conjunto de 44% a 37 por ciento.

Los incentivos neoliberales —propiamente la devaluación y las exoneraciones fiscales— impulsan el desarrollo a mayor escala de ciertas actividades agroindustriales de corte capitalista con orientación exportadora, la mayoría de las cuales ya había emergido en la década de 1980, y motivan el surgimiento de otras nuevas empresas a partir de la década de 1990, cuya producción se agrega al volumen existente de exportaciones tradicionales: melones, camarones, langostas, pinas, tilapia y vegetales orientales.

Las inversiones que constituyen las precedentes y nuevas empresas son tanto de origen nacional como extranjero, se concentran en la zona sur y norte del país y constituyen núcleos territoriales de relaciones salariales cuyo volumen se ha incrementado en los últimos 20 años al ritmo del crecimiento de sus exportaciones. En efecto, las exportaciones de melón entre 1990 y 2008 se multiplican casi 4 veces, las de camarones, 2.5 veces, y las de langostas y pinas crecen en una proporción mucho menor: 20% y 30%, respectivamente (Cáceres y Zelaya, 2012).

Comportamiento del sector agropecuario

En este momento, la actividad agrícola se clasifica en cultivos “ganadores” y cultivos “perdedores”. Con tal clasificación quienes emergen con poder son los empresarios agroindustriales —nacionales y extranjeros— con acceso al mercado nacional[1] e internacional.[2]

En la actualidad, los grandes empresarios agroindustriales son a la vez los exportadores, y algunas veces los financiadores de estos procesos con empresas de integración vertical. Empresas competitivas, frente a las cuales los productores discriminados de este desarrollo empresarial se limitan a la condición de suplidores de materias primas.

La producción de hortalizas para la exportación mantiene preferencia por la gran inversión nacional y extranjera: el melón con 6782 hectáreas, sandía (4117 hectáreas), ocra (423 hectáreas), chile jalapeño (344 hectáreas), entre otras. En 1984, se inicia el cultivo del camarón y ahora se implementan 252 proyectos con un espejo de 18 500 hectáreas, de las cuales se encuentran en producción 12550 hectáreas (ine, 1994).

A partir de 2011 se ha acelerado el cultivo de la palma africana, esto se debe al aumento de los precios en el mercado nacional, estimado en un promedio de 174 dólares/tonelada; un incremento sustancial cuando en la década de 1990 hubo años en que apenas se cotizó en 26.5 dólares/tonelada para el productor. Esta fiebre de la palma africana ha llevado a muchos productores agropecuarios a cambiar el cultivo de esta oleaginosa.[3]

Aun cuando en Honduras no se producen agrocombustibles en volúmenes comerciales importantes por ahora, podría estar cerca el momento en que se salte a esa etapa con el estímulo del Estado que se ha propuesto aumentar el área cultivada de 120 000 a 600 000 hectáreas, lo que sin duda disminuirá aún más la producción de alimentos en un país que sólo dispone de menos de 14% de sus tierras para la actividad agrícola.

Otros sustitutos del diesel son el piñón (Jatrofa curca), y el aceite de tilapia; la caña de azúcar se emplea para producir etanol. La promoción para el cultivo del primero incluye la cualidad de utilizar suelos infértiles y, en tal sentido, se estima que sólo en la zona sur del país, caracterizada por contar con grandes extensiones de suelos marginales, pueden cultivarse 30 000 hectáreas, aunque hay que advertir que en los suelos de mejor calidad aumenta la productividad, hecho que estimula el desplazamiento a estas áreas en menoscabo de la pequeña producción de alimentos. El aceite de tilapia es un producto secundario y depende más bien de la demanda internacional y capacidad de producir filete de ese pescado.

La caña de azúcar es cultivada desde tiempos de la colonia, pero ahora su cultivo se estimula con la demanda de gasolina. Como industria moderna y de gran importancia para la economía del país se inicia en la década de 1920. Actualmente, la industria azucarera nacional cuenta con siete ingenios y un área sembrada de aproximadamente 71 023 manzanas de caña. En los últimos años, se realizan estudios de suelo y de fuentes hídricas en el departamento de Olancho con la intención de producir caña de azúcar para la producción de etanol (fian, 2009:53).

El café es el rubro de mayor importancia en las exportaciones de Honduras y el único con amplia participación de pequeños productores. “Aglutina un total de 111490 productores que cultivaron 345751.2 manzanas en el ciclo 2012-2011 con una relación promedio de 3.1 manzanas/productor, que producen menos de 100 qq oro, representan el 91.0% y ocupan el 67.1% de la superficie sembrada de café y producen el 50% de la producción total” (CIES, COHEP, 2013:8).

Con tal participación en el pib, los pequeños productores podrían crear estructuras que los beneficiaran en el proceso de la comercialización; sin embargo, las ganancias por este servicio se concentran en grandes empresas exportadoras transnacionales[4] y nacionales. Las transnacionales comercializan 53.4% y las nacionales grandes, 35.24%. (ihcafé, 2011:63).

El Instituto Nacional Agrario (ina) ha anunciado el cultivo de girasol en grandes extensiones, siempre con el propósito de producir combustibles, por inversionistas suizos en el Valle de Sico y Paulaya, cercano a la biosfera del Río Plátano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco, que se pone en grave riesgo con la cercanía de esta plantación.

Los que demanda la alimentación animal, palma africana, azúcar, carne de aves y huevos, leche y carnes procesadas, azúcar, tabaco.↵

Banano, aceite de palma africana, cultivos orientales, melón, sandía, camarones cultivados y extraí dos, tilapia, azúcar, tabaco y pina.↵

Entrevista a productores de palma africana, Movimiento Campesino del Aguan (mca) y Movimien to Unificado Campesino del Aguan (muca), marzo de 2012, Bajo Aguan, Departamento de Colón.↵

Transnacionales: Beneficio de Café Montecristo, Becamo (Neumann); Sociedad General de Importación y Exportación, Sogimex (Ecom); Olam Honduras (Olam International); Comercial Internacional de Granos de Honduras, Cigrah (Mercon); Comercial Exportadora, Coex (Coex International); Molinos de Honduras (Volcafé). Nacionales: Beneficio Santa Rosa; Compañía Hondurena de Mercadeio Agrícola, S.A., Cohmasa; Café de Exportación, S.A., Cadexsa, y Compañía Hondurena del Café, Cohonducafé.↵

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Movimiento popular

El reflujo del movimiento popular se ha acentuado con la aplicación de las políticas de corte neoliberal. Se expresa en la disminución de la membresía y de acciones reivindi-cativas de las organizaciones campesinas, obreras, comunales. Apenas los maestros de educación primaria y secundaria protestan públicamente cuando se promulgan nuevas disposiciones legales o se viola el Estatuto del Docente, máxima reivindicación de ese gremio; y algunas comunidades, entre ellas indígenas, reaccionan cuando sus fuentes de agua o recursos mineros se privatizan. El movimiento campesino con expresiones de fuerza y constancia se ha limitado a la región del Bajo Aguan; en otros lugares del país las acciones reivindicativas de los sin tierra son débiles y esporádicas.

A partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, quienes detentan el poder político apuran con éxito la aplicación de políticas privatizadoras y el debilitamiento de la organización popular; sin embargo, se diversifican la fuerzas políticas y la nueva correlación de fuerzas amenaza, por primera vez, la centenaria dictadura de los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal).

Si hubieran resultado ciertos los pronósticos de las encuestas públicas que señalaban al Partido Libre y Refundación (Libre) como favorito para ganar la presidencia de la República en 2014, se habrían albergado esperanzas para que se intentaran cambios en las políticas públicas que contravinieran mínimamente las aplicadas y orientadas por el modelo neoliberal. Si bien es cierto que el resultado de las elecciones presidenciales, para corporaciones municipales (cm) y diputados al Congreso Nacional (cn), calificadas de fraudulentas por los partidos Libre y el Partido Anti Corrupción (pac), no fue el esperado, estas dos fuerzas de oposición recién surgidas ocupan en el Congreso Nacional 43 curules de un total de 128, y tienen participación en la gran mayoría de las cm.

Las organizaciones populares que apuestan por el cambio ven en esta situación política la posibilidad de fortalecerse y alcanzar algunas reivindicaciones perdidas por la avalancha neoliberal. En este nuevo escenario se vislumbra, ademas, el establecimiento estrecho de relaciones de las cm en cuya conducción está Libre a la cabeza con los gobiernos del sur que orientan sus políticas bajo el concepto de socialismo del siglo XXI.

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Atracción de inversiones y las ciudades modelo

Las ifi condicionaron su apoyo a la actividad agrícola siempre que la producción tuviera como fin último el mercado internacional, con el argumento de que era la única salida al pago de la deuda externa. El comportamiento de las inversiones en el sector rural muestra pocas variaciones en cuanto a rubros y aumento de la producción y productividad en las últimas dos décadas. Tampoco son significativos los cambios operados en los escenarios que presentaba en la década de 1980, con las últimas dos décadas afectadas oficialmente por el ajuste estructural neoliberal.

Hubo gobiernos que intentaron mantener distancia con estas políticas pero no lo lograron. Si bien el reformismo, iniciado en 1972, predicaba el fortalecimiento del mercado interno, las más importantes inversiones acudieron a fortalecer el sector agroex-portador: banano, palma africana, caña de azúcar, cítricos y cacao (ihder, 1980:34).

En 2010, el Congreso Nacional de la República, mediante la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, creó la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), con el propósito de acelerar la privatización de recursos y servicios del Estado.

La privatización ha tenido un fuerte impacto en Honduras. Se concesionaron los cuatro aeropuertos autorizados para vuelos internacionales, el puerto marítimo más importante de Honduras, los servicios de varias instituciones estatales, buena parte de la producción de energía eléctrica y el cobro de la factura por ese servicio; fuentes de agua con potencialidad de generar energía y la explotación minera en diferentes lugares del país. Los espacios costeros también han sido concesionados o propuestos como disponibles a la iniciativa de empresarios hondurenos y extranjeros.

Los empresarios nacionales permanentemente acuden al auxilio de la inversión extranjera sin importar las consecuencias que puedan provocar. Honduras is Openfor Business fue el mas ostentoso evento probablemente en toda la historia de Honduras para atraer inversiones, celebrado en San Pedro Sula el 5 de mayo de 2011,[1] donde se presentó una cartera de proyectos de inversión: agronegocios, energía, forestal, infraestructura, turismo y otros proyectos industriales, con el propósito de cumplir con la Visión de País, Plan de Nación.[2]

Sorprende que incluso solicitan inversiones en proyectos que no requieren de tecnologías exigentes en su manejo y altos montos de inversión, como es el caso de cultivos permanentes, palma africana, cocotero, cacao fino, guayaba y, en el caso de los anuales, ajonjolí, pina, cebolla y frijoles rojos.

El énfasis de todas las acciones de producción y servicios apuntan a las exportaciones, y en los últimos dos años a la creación de ciudades modelo (charters cities). La propuesta tiene como objetivo reducir la migración de hondurenos al exterior, resolver el problema del transporte público, la vivienda para los pobres y para rescatar a quienes buscan su primer empleo (Mejía, 2011). Las ciudades modelo se constituirían con total independencia del Estado de Honduras, asentadas en “regiones administrativas especiales [...] que operaran sobre un territorio autónomo y podrá tener su propio idioma y moneda” (Ordóñez, 2011). El proyecto, presentado al Congreso Nacional, cambia el artículo 329 de la Constitución, que dice: “La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo jurisdiccional; su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado [...]“, por la redacción: “La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional; su competencia comprende todo el territorio del Estado, con excepción de las regiones administrativas especiales creadas por el Congreso Nacional, en las cuales habrá un sistema legal especial aprobado por el Congreso Nacional” (Ordóñez, 2011).

Las concesiones de fuentes de agua

Por otro lado, la necesidad de energía sigue presionando sobre las fuentes de agua con posibilidades de generarla. En junio de 2010, el Congreso Nacional concesionó a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de Contratos para Suministro de Energía Eléctrica en Honduras (Capote, 2011).

Muchas comunidades han reaccionado contra estos proyectos. GlobalWater Partner-ship[3] informa “que 3 de cada 10 hondurenos no disponen de agua potable cuyo acceso debe ser la primera prioridad en cuanto a utilización de recursos hídricos [...] sin que la utilización de agua para fines de energía compita o ponga en riesgo la disponibilidad de este recurso para consumo humano y producción agropecuaria”.[4]

Concesiones mineras

La minería ha causado serios daños a la producción agropecuaria y a los seres humanos, con la contaminación de fuentes de agua y limitaciones de uso para las comunidades. Entrañares —empresa minera asentada en Valle de Siria—, además de contaminar las fuentes de agua, utiliza 180 litros/segundo que se traduce en el consumo de agua de 26 000 personas. Se han aprobado 154 concesiones mineras y hay 300 solicitudes más (CIDSE, 2008).

El Congreso Nacional de la República emitió el Decreto Legislativo 286-2009, publicado el 2 de febrero de 2010, con el nombre de Visión de País 2010-2038, Plan de Nación 2010-2022; es decir, durante la primera etapa del gobierno de facto, producto del golpe de Estado. En su esencia promueve la privatización de recursos de la nación y empresas del Estado, y la atracción de inversiones extranjeras.↵

Disponible en [http//www.hondurasisopenbusiness.com/projectlist.php?id.=l].↵

Red Internacional de Asesoría para el Uso Sustentable de Recursos Hídricos.↵

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y Asociación de Jueces por la Democracia (2010).↵

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Impacto en las condiciones de vida de la población: empleo y relaciones laborales

Aunque las compañías bananeras se mantendrán entre las mayores empleadoras, su incidencia en el empleo directo es mucho menor que antes de 1954, cuando las dos empleaban cerca de 38 000 trabajadores (Posas y Del Cid, 1983:145), por los problemas de mercado y la implementación de la modernización tecnológica de la actividad productiva y administrativa redujo a 3 500 trabajadores permanentes y a 702 temporales, entre 2010 y 2011 (emih, 2011:32).

La reducción de la planilla de las transnacionales fue favorecida además con la creación de los “bananeros independientes” en 1954 (esquema de “colaboración” todavía vigente), cuando cedieron tierras a altos ejecutivos y medianos productores para que se dedicaran a la producción de esa fruta con la obligación de celebrar contratos de compra/venta exclusivamente con ellas; una “coinversión” en la que las transnacionales les venden los insumos y la asistencia técnica, compran la fruta con exclusividad y se ocupan de la venta en los mercados internacionales.

Con esta política las transnacionales se desembarazaron de los servicios de salud, electricidad, agua, vivienda y el mantenimiento de otras instalaciones sociales que por obligación de los contratos colectivos debían ofrecer a los trabajadores. Los bananeros independientes no heredaron estas obligaciones y pagan salarios menores a los que pagaban las transnacionales, pero cargan con los conflictos laborales y con los daños causados por huracanes e inundaciones.

Convenios similares celebraron con las primeras cooperativas de reforma agraria dedicadas al banano del Complejo Guanchías a mediados de la década de 1960 y otras surgidas en la década de 1970. En la actualidad, no existen empresas campesinas de reforma agraria de aquel tamaño dedicadas a la producción de banano para vender a las transnacionales bananeras.

Bajo los términos de la flexibilidad laboral, las necesidades de fuerza de trabajo son complementadas por trabajadores subordinados a un contratista que paga menos del salario mínimo y otros bajo la modalidad de tercerización. Se estima que unos 10 000 trabajadores bananeros no están sindicalizados.[1]

Las transnacionales estimulan la actividad productiva del banano en manos de pequeños productores con los mismos propósitos que las llevaron a la creación de los bananeros independientes. Obviamente, éstos evitan que los trabajadores creen sindicatos al impedir que su plantilla llegue a los 30 trabajadores, mínimo legal para constituir un sindicato, y amplían el periodo de prueba a 90 días, aun cuando va contra la ley.

El trabajo temporal es otra modalidad que afecta negativamente el salario y otros beneficios sociales del trabajador. “La caja integral intensifica la jornada de trabajo y se basa en el cumplimiento de metas colectivas y no individuales pagando además el mismo salario para distintas tareas, tiempo empleado e intensidad del trabajo”(EMiH, 2011:16). La ley de empleo por hora recién promulgada, con una duración de tres años, legitima una práctica vieja de empleadores que les ha permitido evadir obligaciones contenidas en el Código del Trabajo y que se reproducirá por otros empresarios que hasta ahora han estado sujetos al cumplimiento de beneficios sociales que han costado largos años de lucha a generaciones de trabajadores.

Salario mínimo

El gobierno de Manuel Zelaya estableció el salario mínimo en la zona urbana en 276 dólares con lo que aumentaba en 104 dólares con relación al anterior y equiparado con el que reciben los empleados públicos de menor categoría. En la zona rural de 203 dólares, con un aumento de 31 dólares con relación al anterior. Frente a esta decisión política hubo reacción inmediata de los empresarios que alegaban que se produciría desempleo masivo al juntarse con la crisis financiera internacional, extremo que no se comprobó aunque los medios de comunicación ligados a los intereses de los empresarios informaban de despidos masivos con el propósito de que el gobierno suspendiera la medida.

Porfirio Lobo fijó, en 2010, un aumento de 7% para obreros del sector urbano y 3% para el medio rural, pero las reacciones fueron similares. Es probable que en los dos momentos haya habido despidos, pero lo que sí se puede afirmar es que son muchos empresarios de la ciudad y el campo que no cumplen con el pago del salario mínimo.

Entrevista con directivo de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras (cosibah), 20 de enero de 2012.↵

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Soberanía alimentaria

Honduras, como la mayoría de los países centroamericanos —con excepción de Nicaragua—, es ahora más dependiente de la importación de granos básicos. El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (pesa) señala que la demanda interna de granos básicos en Centroamérica ha crecido en la región por el fuerte incremento poblacional y el aumento en la demanda de grano para alimentación animal y que la producción en la región no ha crecido por el estancamiento en la superficie destinada a estos cultivos y en la productividad interna, situación muy relacionada con la falta de incentivos públicos. Los hogares de pequeños productores de granos básicos del istmo han aumentado y la disponibilidad media de la tierra para el cultivo de granos básicos pasó de 1.8 hectáreas en 1987, a 1.4 hectáreas en 2007, es decir, una reducción de 22%, y cerca de dos tercios de estos hogares se ubican por debajo de la línea de pobreza y un tercio padece pobreza extrema (pesa, 2010).

La producción de granos básicos en América Central no ha crecido al ritmo de la población. Mientras en 1970 la producción de granos básicos por habitante era de 156 kilos anuales, en 2007 se estimó en 125 kilos por habitante. Y, en el caso de Honduras, esa relación bajó en los mismos años de 164 a 114 kilos (pesa, 2010).

La significativa reducción de los servicios de apoyo a la producción agrícola del Estado se expresa dramáticamente en un sector tan sensible como los granos básicos. En los últimos años, el maíz se cultiva en un promedio de 341400 hectáreas con rendimiento promedio de 33 quintales/hectáreas. Entre 1999 y 2009, la producción promedio anual fue de 11314500 quintales y el de las importaciones de 7 172767 quintales (ine, 2010).

El área promedio cultivada de frijol en 10 años fue de apenas 102 935 hectáreas con rendimientos promedios anuales de 15.2 quintales/hectáreas y hubo importaciones promedio de 105221 quintales (ine, 2010).

La producción de arroz en Honduras presenta un historial dramático con las medidas de ajuste estructural al sector agrícola provocado por la apertura comercial. El país había mantenido crecimiento moderado en la producción de arroz durante 25 años. Entre 1986 y 1990, la producción del grano en granza aumentó de 9300 toneladas a 47300 toneladas, para reducirse drásticamente en 1991 y caer en su peor momento hasta 7200 toneladas en 2000 (Garbers y Hirsch, 2007:69).

Los productores nacionales se han visto desestimulados por el dumping que se ha practicado con ese grano, lo cual ha llevado a muchos productores a desertar. De los 25000 productores existentes en de la década de 1980, en 2005 se habían reducido a 1 300. La tendencia productiva ha sido errática como errática el área cultivada. El promedio de la producción anual anda por los 348359 quintales y la importación promedio anual en los seis años comprendidos entre 2003 al 2008 en 2 064 000 quintales (Garbers y Hirsch, 2007:69).

Respecto al sorgo se han cultivado 467 645 hectáreas en promedio durante los últimos 10 años con una producción anual promedio de 1 096 049 quintales y una productividad de 23.4 quintales/hectáreas. La importación promedio anual se ubica alrededor de 24.6 quintales (ine, 2010).

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Pobreza e inequidad en la población rural

Los indicadores sociales y económicos de la población rural hondurena, resultantes de las políticas neoliberales, no dejan lugar a dudas del impacto negativo sobre la mayoría de la población, particularmente de la rural.

La población rural hondurena vive con menos de 20 lempiras por persona al día (o sea 29 dólares estadounidenses al mes) y menos de 30% de la población de estas áreas vive en hogares con ingresos per cápita superiores a este valor. Casi la mitad de esta población vive con ingresos inferiores a 0.50 dólares diarios y cerca de 25% con ingresos per cápita inferiores a 0.25 dólares diarios.

La desigualdad en los ingresos percibidos entre las clases sociales es ofensiva cuando el ingreso medio de 20% más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso de 20% más pobre. El coeficiente Gini es igual a 0.57.

En el área rural, 40% más pobre de la población apenas recibe menos de 10% de los ingresos rurales totales, mientras que 10% más rico se apropia de más de 40%. Más chocante aún es el hecho de que el porcentaje de ingresos rurales totales recibidos por 1% más rico (13%), es muy próximo al que recibe la mitad más pobre de la población rural (Paes de Barro et ai, 2006).

La tasa de la pobreza pasó de 59 a 60% entre mayo de 2009 y mayo de 2010, con ingresos que se encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo que incluye alimentos y otros bienes y servicios (ine, 2011).

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Remesas: alivio de la pobreza rural y urbana

Irónicamente, el desempleo provocado por las crisis financieras internacionales y la concentración de recursos en pocos propietarios aceleró el “exilio económico”, evento que ha favorecido entre otros, y de manera importante, al sector financiero por el cobro de las comisiones por las transferencias. Con un monto de 2 960.2 millones de dólares en 2012 {La Tribuna, 2013), las remesas provenientes del exterior (Estados Unidos y Europa, principalmente) califican la fuerza de trabajo de hondurenos y hondurenas como el principal renglón de exportación de Honduras.

Las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas para el país, con un incremento importante durante la década comprendida entre 2001 y 2010 que comenzó con 460 millones de dólares en 2001, llegó a los 2700 millones de dólares en 2008, para bajar a 2526 millones de dólares en 2010. Durante la década sumó 17611 millones de dólares.[1]

En 2010, las remesas representaron 9.4% de los ingresos totales de los hogares. En el área rural su aporte es más significativo ya que el ingreso por remesas representó 12.5% de los ingresos de los hogares, mientras que en el área urbana, 8% (BCH, 2011).

"Durante 2012 se redujo el precio medio de los envíos de remesas desde Estados Unidos al conjunto de los países de Centroamérica y la República Dominicana. Dicho costo para los envíos de USD 200 pasó de 5.89% en 2011 a 5.28% en 2012, mientras que para los envíos de USD 500 se redujo de 4.06 por ciento en 2011 a 3.53 por ciento en 2012 [...] Lo anterior implica que los emigrantes en Estados Unidos provenientes de Centroamérica y la República Dominicana pagaron en promedio aproximadamente USD 10.56 por cada USD 200 enviados a sus familiares en sus países de origen, luego de que en 2011 el correspondiente pago había sido en promedio de USD 11.78 y en el caso de los envíos de USD 500 el pago disminuyó en promedio de USD 20.30 a USD 17.65" [http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/201303-disminucion-remesas-ca.pdf].↵

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Conclusión

Actualmente, en Honduras no se implementa un proceso de reforma agraria. Las acciones del ina, bajo el Decreto 18/2008, se limitaron fundamentalmente a la titulación de tierra a favor de campesinos que habían sido asentados hace muchos años, entre los que se incluyen los beneficiados con el Decreto número 8 que se aplicó de 1973 a diciembre de 1974. No hay confiscación de tierras y, desde luego, la asignación a los sin tierra está paralizada.

La imposibilidad de la mayor parte del sector reformado de cultivar las tierras ociosas tiene sus causas principales en el escaso o ningún acceso a fuentes de financiamiento y a los bajos precios que se ofrece por los granos básicos, cultivos tradicionales de la actividad productiva de los campesinos; mientras tanto los grandes empresarios son asistidos por instituciones financieras nacionales e internacionales para la compra de tierras e inversiones productivas en el marco de los agronegocios. Bajo estas condiciones es impensable que el pequeño y mediano productor pueda ser competitivo en el mercado nacional y mucho menos enfrentar a la competencia con los productores de países industrializados. En efecto,

Los países en vía de desarrollo han venido presionando a los países industrializados, a través de la Organización Mundial del Comercio para que hagan sustanciales reducciones en los subsidios que entregan a los agricultores. Sin embargo, después de 10 años de haber firmado el Pacto de Agricultura y seis conferencias ministeriales, no se ha logrado avanzar en reducir los subsidios. Se estima que los países de la oecd destinaron $380 000 millones en subsidios directos e indirectos en 2007, un aumento sustancial de los más de 289 millones que destinaron en 2006 (García, 2011).

Pero tales cuestionamientos no modifican esos términos injustos de intercambio. La inversión nacional y extranjera sigue gozando de privilegios fiscales[1] y monetarios, al mismo tiempo que la mayoría de los trabajadores pierden estabilidad laboral y beneficios económicos y sociales (tercerización, legalización del trabajo por hora…)[2] a los que accedían de acuerdo con la legislación laboral o a las contrataciones colectivas. La proletarización de los campesinos del sector reformado y no reformado refuerza el escenario positivo para los empresarios de la agroindustria al disponer de abundante y barata mano de obra. Políticas públicas con las que se pretende asegurar la capacidad competitiva y mejoramiento de ganancias de estas empresas con sacrificio de la recaudación fiscal y pauperización de los trabajadores, especialmente los del sector agrícola.

Estas políticas públicas llevan desaliento a la pequeña y mediana producción, y resignación a los trabajadores. En su gran mayoría los productores del sector agrícola “no competitivos” sólo tienen la opción, en el ámbito en que se mueven, de completar los ingresos que resultan de su condición de productor por cuenta propia, con lo que obtiene como asalariado por la venta de su fuerza de trabajo.

En el caso del Bajo Aguan, las tomas de tierra apuntan a las cultivadas con palma africana. Si las tierras tomadas no están cultivadas, las expectativas de los campesinos es cultivarlas con palma africana. Los productores dedicados al cultivo de cítricos y ganadería, que han ocupado grandes extensiones de tierras, en la actualidad cambian a la palma africana, pues no ven otra alternativa que pueda compararse con la rentabilidad que esperan alcanzar con el cultivo de esta oleaginosa.

La orientación de la actividad agrícola está muy condicionada a la producción de energía con cultivos de doble propósito (palma africana, piñón, caña de azúcar, tilapia y girasol), actividades productivas a las que se suma la privatización de las fuentes de agua para la generación de energía eléctrica en los últimos años.

Como se apuntó anteriormente, la migración al extranjero ha sido la alternativa para 1.2 millones de hondurenos, lo que significa 14% del total de la población hondurena {El Heraldo, 2012). La migración interna es atraída principalmente al norte del país, la región de mayor desarrollo agrícola e industrial con mucho peso de la maquila.

En la medida en que fue creciendo el poder de los inversionistas nacionales y extranjeros, la organización popular se debilita y no hay reacción frente a las políticas públicas que la afectan directamente o con el debilitamiento de los servicios el Estado. En esta situación, es impensable que logren cambios políticos que los favorezcan.

Las repercusiones del golpe de Estado de 2009 en la conciencia de muchos hondurenos han dado paso a nuevos partidos que cuestionan a los tradicionales, con el argumento de la mala gestión del Estado durante más de un siglo. Unos se limitan a prometer lucha franca contra la corrupción (especialmente el Partido Anti Corrupción [pac]); Libre, el de mayor caudal de votos según todas las encuestas, ofrece instalar una asamblea nacional constituyente en el interés de refundar el país a favor de la mayoría de los hondurenos, y hace énfasis en la eliminación de aquellas políticas neoliberales que afectan a la mayoría de la población.

Ley para la promoción y protección de inversiones, Decreto 51/2011, Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, Decreto 143/2010 (más conocida como Coalianza).↵

Ley del Programa Nacional de Empleo por Hora.↵

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6. Tierra, territorio y poder a cien años de la reforma agraria en México: lucha y resistencia campesindia frente al capital 

LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ
HÉCTOR ROBLES BERLANGA

Este trabajo se refiere a la lucha de los campesinos e indígenas mexicanos por la tierra. Se trata de una historia construida en oleadas revolucionarias, rebeliones y resistencias múltiples que, bajo el marco del capitalismo en México, lograron que en una prolongada reforma agraria, de más de 77 años, se repartiera en propiedad social mas de la mitad del territorio nacional a favor de ejidatarios y comuneros, con lo cual se terminaba el régimen de las haciendas mexicanas dominante durante siglos. También analizamos una historia reciente, la de la resistencia y lucha contra las políticas neoliberales en un ambiente adverso para los campesinos e indígenas impuesto por la llamada globalización económica.

Los sujetos sociales y la estructura agraria en el México actual son el resultado de una persistente resistencia y lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus tierras y territorios. Desde nuestro punto de vista, esta historia de “larga duración” conformó las regiones y la particular geografía política de este país. La Revolución Mexicana (1910-1940) es uno de los episodios mas intensos y definitorios, representa un conjunto de revueltas agrarias que repartieron tierras en plena insurrección armada; con este movimiento se logró la Ley Agraria de 1915 y el pacto social que le da forma al Estado mexicano, expresado básicamente en el artículo 27 de la Constitución de 1917, y creó con ello la posibilidad de un reparto agrario para las colectividades con referencia a los pueblos y al temprano reconocimiento del derecho histórico de los pueblos que eran originarios, aspecto recogido en su perspectiva restitutoria, lo cual generó la llamada “propiedad social” compuesta por ejidos y comunidades agrarias.[1]

La importancia de este sector de la población radica en que en sus tierras, aparte de producir una cantidad importante de los alimentos que demandan los centros urbanos, se localizan 141 millones de hectáreas que cuentan con recursos forestales, la mayoría de las reservas de la biosfera o áreas de protección de los recursos naturales e importantes centros arqueológicos. Las tierras de ejidatarios, comuneros y minifundistas privados colindan con la mayoría de los 11122 kilómetros de litorales marinos y con los 4301 kilómetros de fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice; en suma, podría decirse que son garantes directos de la soberanía nacional, en tanto productores de alimentos y dueños directos de los territorios que delimitan al país pero, sobre todo, por el carácter histórico de la reforma agraria y su papel en la conformación del mercado interno, así como social y políticamente al representar los campesinos el pacto social que le dio una estructura hegemónica al Estado y una perspectiva de crecimiento sostenido a la economía.

Las tierras de los campesinos e indígenas también son importantes en cuanto a que allí se ubican casi la totalidad de los depósitos y “cosechas de agua” que requieren las ciudades. Asimismo, en sus tierras se encuentran valiosos yacimientos de materias primas biológicas y minerales necesarios para la industria y, en un orden más general, encontramos una impresionante biodiversidad —recordemos que México es uno de los cuatro países con mayor diversidad biológica del mundo, pero con una correspondiente diversidad cultural (después de la India es el país que cuenta con el mayor número de grupos étnicos del orbe)—. En síntesis, el campo mexicano es imprescindible para el desarrollo sostenible de la nación, pero sobre todo compatible, culturalmente hablando.

Los 196.7 millones de hectáreas que componen el territorio nacional se distribuyen de la siguiente manera: 35.7% corresponde a 1.6 millones de propietarios privados, con una extensión media de 43.6 hectáreas por propietario; 54.1% corresponde a la propiedad social y se reparte entre 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión media por sujeto de 18.7 hectáreas. Los terrenos nacionales abarcan una extensión de 7.2 millones de hectáreas dividida en 144000 predios, y por último 654 colonias agrícolas, también producto del reparto agrario, con una superficie de 3.8 millones de hectáreas (Robles, 2012). Esto quiere decir que en términos de la propiedad de la tierra, ésta se encuentra mayoritariamente tanto en manos de ejidatarios y comuneros como de propietarios privados minifundistas; no obstante, la acumulación del capital ha sub-sumido el conjunto del trabajo en el campo a la lógica económica dominante, con el traslado del excedente social del campo al proceso de industrialización y de terciariza-ción de la economía desde la segunda mitad del siglo xx.

Con el dominio del Estado Nacional de Competencia (Hirsch, 2001) que se despliega a partir de la década de 1980, y la imposición de la “modernización” del campo, se obligó a una apertura comercial indiscriminada que culminó con la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual tuvo como precedente político, dos años antes, la ruptura del pacto social revolucionario expresado en el fin de la reforma agraria y en la formulación de una ley que abría la posibilidad de la privatización de la propiedad social. Esta suerte de contrarreforma agraria y el propio TLCAN tuvieron como respuesta el levantamiento en el estado de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) y, con ello, la visibilización de los movimientos de los pueblos indígenas y la construcción de nuevas formas de hacer política, tanto en el plano nacional como en el mundial.

No obstante la globalización y las políticas neoliberales de privatización en el campo mexicano, los resultados de la contrarreforma agraria no fueron los esperados por sus autores ni por las lecturas apocalípticas desde la izquierda; por el contrario, como veremos más adelante, los ejidatarios y comuneros dieron una verdadera resistencia —de corte pasivo puede decirse—, pero finalmente enfrentaron la privatización.

Producto de la nueva legislación, pero en contra de una de las intenciones centrales, la de concentrar la tierra, se integraron nuevos sujetos en la estructura agraria reflejados tanto en las figuras de posesiónanos y avecindados, como en los “tratos agrarios”, como el préstamo, la renta y venta de tierras. También por efectos de la política agraria, pero sobre todo de la negativa política agrícola, hay una agudización y multiplicación de la pobreza en el campo mexicano y un incremento sustancial, extremo para ciertas regiones del país, en cuanto a la emigración rural nacional y, en especial, hacia Estados Unidos.

La ruptura del pacto social revolucionario trajo, por un lado, la desorganización y dispersión de los campesinos e indígenas y, por otro, los procesos de autodeterminación “campesindia”, como denominamos a esta última, ya que se sustentan “en parte por la comunidad agraria y la identidad étnica de los originarios, además de tácticas convencionales puede emplear recursos mítico-simbólicos” (Bartra, 2010:39). Estas construcciones sociales autonómicas se resignifican sobre la base de una memoria del pasado-presente, de un pasado “profundo”, que carga como entonces con una doble liberación: la colonial en sus nuevas versiones y la lucha inmediata contra el capital.

La defensa de la tierra, los recursos naturales y su proyección en “territorios agrarios” fueron los ejes reivindicativos que adoptaron formas políticas inspiradas en el neozapa-tismo y en otros combates tanto clasistas como identitarios por la defensa de los territorios, vueltos poder; la proyección de estas luchas desembocó en un programa general que replantea, desde la autosuficiencia alimentaria, una perspectiva ambiental, una nueva relación campo-ciudad y un nuevo proyecto de nación que modifique de manera democrática la relación Estado-sociedad; ejemplo de ello es el movimiento “El campo no aguanta más” y de forma programática el “Plan de Ayala para el Siglo xxi”, lanzado precisamente al cumplirse, el 28 de noviembre de 2011, los 100 años del Plan de Ayala de los zapatistas de 1910.

Entendemos como ejido el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio que recibió las tierras vía dotación; y comunidad como el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y aguas que fueron reconocidas con base en la legislación anterior mediante acciones restitutorias, confirmatorias o de titulación de tierras.↵

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La reforma agraria en México vista desde el siglo XXI

El proceso de reforma agraria en México es muy discutido por sus resultados. Para unos, fue un proceso revolucionario que transformó la estructura agraria y propició el desarrollo del país y, para otros, fue un mecanismo de control de los campesinos que dio como resultado mayor pobreza en el campo. Para abordar la discusión, es necesario un acercamiento al proceso de reforma agraria en México dado que la configuración de la estructura agraria actual es producto de las formas que adquirió el proceso a lo largo del siglo xx.

La concepción inicial de la reforma agraria mexicana fue restitutoria. Su objetivo era reponer a sus dueños originales las tierras que les fueron despojadas. La dotación se concibió como un complemento; sin embargo, ésta fue la vía preferente para acceder a la tierra por las dificultades para demostrar la propiedad y la fecha y condiciones del despojo. Como no todos los pueblos podían cumplir con esas condiciones, la legislación consideró que al iniciar el proceso de restitución también se abriera un expediente de dotación. Esta consideración permite concluir que al no proceder los expedientes de restitución de muchos de los pueblos, éstos siguieron la vía de la dotación, por ello, la forma de propiedad que predominó después fue la ejidal frente a la comunal.

La reforma agraria modificó la importancia de los regímenes de propiedad de la tierra. En 1905, existían 8431 hacendados que poseían 114 millones de hectáreas, con 87% de la propiedad rústica del país (Reyes Osorio et al., 1974). De acuerdo con los anuarios estadísticos de la época, en 1930 la propiedad privada todavía comprendía 123 millones de hectáreas, para 1950 había disminuido a 86.7 millones de hectáreas, en 1970 se reportaron 70 millones de hectáreas, y en 2007 se mantuvo esta misma superficie. En este mismo periodo, la superficie ejidal y comunal pasó de 15 a 105.9 millones de hectáreas y en 2012, cerca de 106 millones de hectáreas sobre 196.7 millones de hectáreas que componen el territorio nacional. Es importante resaltar que la reforma agraria nunca pretendió acabar con la propiedad privada, su objetivo fue el reparto de las grandes haciendas para acabar con la concentración de la tierra y con la clase dominante (véase cuadro 6.1).

La reforma agraria mexicana, además de transformar la estructura agraria del país, acabar con la gran propiedad, entregar la tierra a millones de campesinos y dar un giro en la importancia de los regímenes de propiedad, generó una mayor producción que permitió proporcionar más alimentos y fibras a precios relativamente bajos; estableció las bases para una mayor demanda de productos industriales y de servicios; proporcionó capitales para la industrialización, y transfirió mano de obra barata a la industria. En síntesis, fue el pilar para la transformación económica del país (Reyes et al., 1974).

El proceso de la reforma agraria también se caracterizó por sus errores y limitaciones. Las tierras que se entregaron a los campesinos en su gran mayoría no eran aptas para la agricultura; en los ejidos y comunidades, de los casi 106 millones de hectáreas, 18.6% eran tierras de agostadero de buena calidad y 39.2% monte o agostadero en terrenos áridos. De las tierras laborables sólo 21.6% disponía de agua para riego (inegi, 2007a y 2007b). Es más, en los últimos 20 años de reparto de tierras, 7 de cada 8 hectáreas repartidas eran de agostadero de mala calidad por sólo una hectárea de labor (Robles, 2005).

Tampoco fue un proceso rápido, la profunda transformación agraria del país se realizó en un periodo de más de 80 años (si sumamos los repartos agrarios previos a la Constitución de 1917). La duración tan extensa de la reforma agraria y lo tardado de los trámites generaron muchos vicios en el reparto de tierras: en diversas ocasiones, las entregas de tierras se llevaron a cabo de manera virtual; en otros casos, hubo actos de oposición violenta por parte de los propietarios afectados; por la tardanza de los procedimientos, los núcleos agrarios solicitaban mas tierra o los peticionarios originales ya no vivían en el poblado; en algunas situaciones, la inexperiencia del personal técnico o su falta de profesionalismo dio lugar a ejecuciones de las resoluciones presidenciales de manera incorrecta. Todo lo anterior condujo a una significativa imprecisión en los cálculos y planos; una misma tierra fue dotada por dos o más resoluciones presidenciales; se entregó tierra diferente a la concedida por las resoluciones presidenciales; posesiones precarias o irregulares de la tierra, entre otros fenómenos (Robles, 2005).

Asimismo, el reparto de tierras ocurrió por lo general de manera aislada, sin otro tipo de políticas de apoyo, salvo en el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando la entrega de tierras estuvo acompañada de financiamiento y asistencia técnica. Esto demuestra que el proceso de reforma agraria en México se implemento bajo concepciones diferentes y, lo más importante, en distintos escenarios de alianzas de clase. En 1910, ante la situación de opresión y miseria, los campesinos se revelaron; su demanda principal, y en torno a lo que giró el movimiento revolucionario, fue acceder a la tierra y acabar con las grandes haciendas. Las fuerzas triunfadoras —Carranza y Obregón— tenían una concepción diferente del proceso de reforma agraria a la que habían enarbolado Zapata y Villa, pero no podían desconocer el gran descontento campesino que motivó la revuelta, por ello promulgaron la Ley del 6 de enero de 1915 y, dos años después, le dieron rango constitucional.

En 1992, se impuso una legislación que representó, en términos históricos, una contrarreforma agraria al plantear, en la práctica, una ruptura del pacto social emergido de la Revolución Mexicana. Este proceso tuvo un carácter continental, como línea del Banco Mundial (bm) para la integración de mercados de tierra en América Latina, ejemplo de ello fue la contrarreforma agraria chilena y un intento similar en Bolivia (Concheiro, 1994).

Para el gobierno y sus aliados, las reformas eran necesarias porque había que propiciar un ambiente de “certidumbre”, fomentar la capitalización, “otorgar la mayoría de edad a ejidatarios y comuneros”, lo que les daría libertad para tomar sus propias decisiones al romper con el corporativismo. En la perspectiva de los opositores, las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional significaban mayor desigualdad, cerraban el acceso a la tierra a los campesinos, eran una nueva forma de promover el latifundio, y que la posibilidad de privatizar la propiedad social conduciría a la liquidación del ejido y la comunidad agraria.

La discusión se centró en dos puntos: fin del reparto de tierras y la “seguridad” en la tenencia de la tierra. En cuanto al fin del reparto, la nueva legislación dejó de lado la falta de resolución de las solicitudes de tierra de grupos campesinos por parte de las autoridades agrarias, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Los llamados “focos rojos y amarillos” son un ejemplo claro de la falta de respuesta a muchas de estas solicitudes de tierra. Debemos recordar que las promesas incumplidas en materia agraria mantienen vivos los movimientos que luchan por la tierra. La forma en que se han atendido los reclamos de restitución y resuelto los conflictos sobre la tierra tendrá un impacto en el crecimiento económico del campo y de la sociedad en su conjunto. Creer que las reformas jurídicas por sí solas generan desarrollo rural es un error, los cambios en 1992 fueron básicamente eso, las reformas nunca estuvieron acompañadas de otras acciones de gobierno.

El objetivo de las reformas constitucionales era brindar “seguridad” mediante la titulación de los sujetos agrarios con el fin de “capitalizar al campo”. En este rubro la exposición de motivos aludía a dos aspectos: el fortalecimiento de la pequeña propiedad y las nuevas formas de asociación. La pequeña propiedad se planteaba como consustancial a la reforma agraria ya que la propia constitución la protegía. Éste es uno de los puntos más contradictorios de las reformas: se argumenta que debemos dar protección a la pequeña propiedad, pero nunca se plantean las disposiciones legales; en este sentido, ni siquiera se propuso proteger a los propietarios privados con menos de 10 hectáreas, que eran la gran mayoría (alrededor de un millón de propietarios), ni se definió con claridad que una instancia de gobierno atendiera su problemática agraria y tampoco se les propuso regularizar sus tierras, en donde se reconocía que existía mayor irregularidad.

Asimismo, tampoco se actualizaron los tamaños de predios de acuerdo con el tipo de cultivo, es el caso de las 150 hectáreas como límite para la pequeña propiedad para cultivos como el henequén, hule, cocotero olivo, vainilla o cacao. Estos cultivos no se desarrollan actualmente sobre la base de grandes extensiones, incluso algunos de ellos nunca lo hicieron (vainilla y cacao).

Una situación similar sucedió con las explotaciones ganaderas, en donde se estableció que se consideraba “pequeña propiedad ganadera” aquélla que no excediera de la superficie necesaria para mantener quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. En este rubro, se marchó en sentido contrario a la modernización y eficiencia de la ganadería en el mundo, la cual descansa sobre la base de extensiones medianas o pequeñas, en donde se concentra un número importante de cabezas de ganado.

Una de las supuestas bondades de las reformas al artículo 27 constitucional es que la desregulación del ejido acompañado de la certificación generaría un ambiente propicio para el desarrollo del campo mexicano. Esta predicción no se cumplió por varias razones; en principio, porque las reformas jurídicas por sí solas no generan desarrollo rural, y porque nunca estuvieron acompañadas de otras acciones de gobierno o las que se aplicaron —Procampo, Alianza para el Campo y Programas de Comercialización— no lograron reactivar la producción agropecuaria ni atraer la inversión.

El cambio en el patrón de cultivos hacia una agricultura más competitiva no se ha dado, los saldos de la balanza comercial son negativos; el crédito agropecuario total, el otorgado por la banca de desarrollo y comercial, disminuyó con respecto a décadas anteriores; la asociación entre ejidatarios y particulares no prosperó, sólo se han conformado, desde la contrarreforma, 68 sociedades mercantiles, todas ellas inmobiliarias y la mayoría con saldos negativos para los socios ejidatarios; los precios rurales se mantienen como una parte ínfima del precio final; la investigación y el extensionismo agrícola prácticamente se desmantelaron, y la organización económica de productores permaneció como una política clientelar.

Sin duda, la estructura de subordinación y tutela requería cambios, pero no sólo en el aspecto legal, que fue lo que prevaleció en las reformas de 1992. El hecho de que los programas de gobierno todavía tengan un uso pernicioso que conduce a relaciones clientelares entre autoridades y beneficiarios, y la falta de acciones que consoliden a la organización propia de los productores no ha permitido el desarrollo independiente y autogestivo de los ejidos y comunidades agrarias.

En relación con la estructura agraria del México actual, el minifundio destaca como característica tanto de la propiedad social como de la privada. En 2009, a pesar de las disposiciones legales y ante la ausencia de políticas dirigidas al desarrollo del minifundio, continuaba siendo la unidad de producción más generalizada en el campo mexicano. Actualmente, de acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero 2007, existen 2 688 611 Unidades de Producción (up) con menos de cinco hectáreas, que representan 71.6% del total. Su crecimiento en 80 años ha sido de 708.7%, al pasar de 332 000, que existían en 1930, a 2.6 millones de unidades en 2007 (véase cuadro 6.2).

Uno de los rasgos evidentes de una reforma agraria tan prolongada es el envejecimiento de los propietarios de la tierra. La edad promedio de ejidatarios y comuneros es de 55.5 años. Al desagregar la información por grupo de edad, se obtiene que 53% supera los 50 años y 24.5% tiene más de 65 años. Los propietarios privados siguen el mismo comportamiento, en promedio tienen 54.9 años. En cuanto a los grupos de edad, 57.6% tiene más de 50 años y un 24.5% más de 65 años (Robles, 2007). Es decir, la mayoría de los propietarios de la tierra se encuentra cerca de la fase final de su actividad productiva; si a esto sumamos que la esperanza de vida ha crecido en las últimas décadas, tenemos un serio problema de envejecimiento de los titulares de la tierra; porque hay que recordar que en el caso de los ejidos y las comunidades, de acuerdo con la Ley Agraria, el derecho a la tierra es indivisible, lo que ha dado lugar a que los conflictos por la posesión de una parcela, producto de la indefinición o desacuerdo entre los herederos, sean los mas frecuentes. En este caso la edad se convierte en un elemento que debe considerarse, pues de acuerdo con la esperanza de vida en las áreas rurales, de 71 años, tendríamos un número importante de ejidatarios y comuneros, alrededor de 950000 que deberán definir en lo inmediato a sus sucesores, pero no lo hacen porque la mayoría carece de seguridad social.

En contraste con el envejecimiento de los titulares de la tierra, y en no pocas ocasiones en abierta contradicción, la población joven representa el grupo poblacional ma-yoritario en el campo mexicano. El Censo de Población y Vivienda 2010 registró en localidades menores a 2 500 habitantes 26.2 millones de personas, de las cuales 52.5% tenía menos de 25 años. Por el contrario, en localidades mayores a 100 000 habitantes, este sector representaba sólo 44%. En el campo vive la población más joven del país. En la gráfica 6.1 podemos distinguir la pirámide de edad de los propietarios de la tierra que se opone por completo a la gráfica 6.2, donde se observa la pirámide de edad de los pobladores rurales.

Así pues, es evidente que la presión sobre la tierra se ha visto acentuada en los últimos años, ya que la población en localidades rurales con hasta 2 499 habitantes fue de poco más de 26 millones de personas en 2010, lo que representaba 23.2% de la población nacional, que para ese año era de 112336 528 personas. Para 2020, se estima que la población en este tipo de localidades ascenderá aproximadamente a 27.7 millones de habitantes.

Otro problema es que el sector no está generando empleo para los jóvenes. En los últimos 50 años, se observa una pérdida de empleo; en 1960 se ocupaban en actividades agrícolas, ganaderas o forestales 6.1 millones de personas; para la década de 1990-2000 había disminuido a 5.3 millones, y para 2010 el censo registró 4.5 millones de trabajadores ocupados en actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, los ingresos obtenidos por desempeñar estas actividades fueron de los más bajos: 36.2% percibía dos o menos salarios mínimos y 43.2% reportó no percibir ingresos. Los jóvenes no se están incorporando a este sector de la economía tanto por los bajos ingresos como por los pocos empleos que se generan (inegi, 2011).

Estos datos indican que existe una proporción significativa de población joven que difícilmente tendrá acceso a la tierra y cuyas posibilidades de obtenerla están prácticamente canceladas, pues en realidad toda la tierra se encuentra repartida en manos de poco más de siete millones de propietarios (ejidatarios, comuneros, colonos o propietarios privados), por lo que demandan opciones económicas alternativas; una consecuencia de esto es abandono del campo por parte de los jóvenes emigrantes, quienes se dirigen sobre todo a Estados Unidos. Vale la pena referir que en la década de 2000 se estima que la población que emigró anualmente a Estados Unidos y Canadá, representó cerca de 450000 trabajadores cada año, el doble de la que emigraba a principios de la década de 1990 y que de esos migrantes, 40% proviene de localidades menores a 2 500 habitantes. Además, para 280 000 hogares, las remesas constituyen la única fuente de ingreso monetario, y los municipios rurales, especialmente los de alta migración, se están quedando sin jóvenes y adultos en edad productiva (Carral, 2006).

Otro de los ámbitos de transformación es la feminización del campo mexicano. En 1971, año en que se reconocen derechos a la mujer, existían 31 000 titulares de la tierra en ejidos y comunidades, que representaban apenas 1% y ahora, en cambio, alrededor de 18%. En suma, hablamos de 833 000 ejidatarias y comuneras, 331000 posesionarias y 282 000 propietarias privadas, es decir, un millón 447 000 mujeres son actualmente dueñas de la tierra, como puede verse en el cuadro 6.3, lo que significa un incremento de más de 4000% (inegi, 2007b).

Este fenómeno de feminización se debe en parte a la migración, pero también al reconocimiento de que la mujer es un seguro depositario del patrimonio familiar, atributo de gran trascendencia para garantizar en el futuro la seguridad de la familia.

Sin embargo, las titulares de la tierra enfrentan los problemas estructurales de la propiedad de manera más acentuada. Existe un mayor número de mujeres con 5 hectáreas o menos, 53.2% de las ejidatarias se ubican dentro de ese rango, 62% para el caso de las propietarias privadas y 78.4% las comuneras. Además, son de edad más avanzada: 6 de cada 10 mujeres propietarias de tierra tienen más de 50 años y 3 de cada 10, más de 65. Por otro lado, las dificultades económicas conllevan la necesidad de que las mujeres trabajen para el sostenimiento del hogar, muestra de ello es que de cada 10 hogares, en 3 la titular de la tierra contribuye a su sostenimiento, y en otros 3 es el único sostén. Es decir, en 6 de cada 10 hogares, la mujer es un importante apoyo a la economía familiar (Robles, 2000).

Junto con los nuevos sujetos agrarios, producto de la nueva legislación, los posesiónanos y avecindados, los sujetos derivados de la dinámica y contradicciones internas de los ejidos y comunidades, los jóvenes y las mujeres; los pueblos indígenas en México se han vuelto visibles, tanto por las luchas sociales como por la acción estatal.

Los indígenas representan aproximadamente 10% de la población nacional (más de 10 millones, la cuarta parte de todos los indígenas del continente americano), si consideramos a los que el censo detecta por hablar uno de los 100 idiomas originarios que se conforman en 62 grupos étnicos diferentes. No obstante, en el Censo de Población y Vivienda 2010, se incluyó por primera vez una pregunta sobre autoadscripción, el resultado fue que 15.7 millones de personas se consideraron a sí mismas como indígenas y expresaron una relativa, pero importante, ruptura con el pasado y presente racista.[1] Recordemos que si bien 70% de la población indígena vive en el medio rural, 30% está en las ciudades (más de un millón en la Ciudad de México).

En términos agrarios, los indígenas participan en 22.9% de los ejidos y comunidades del país, son dueños de 28% de los bosques y la mitad de las selvas de la propiedad social. Además, en los municipios donde habitan se producen volúmenes muy importantes de agua, resultado de las altas precipitaciones, por lo que se les considera municipios captadores de agua; a esto hay que agregar que sus prácticas agroecológicas, los sitúan como ambientalistas “profundos” y de largo alcance.[2]

En síntesis, como propietarios de la tierra y de ciertos recursos naturales, los indígenas tienen una importancia relativa mayor que aquélla referida sólo a la población. Social y políticamente, en la relación con la tenencia de la tierra, los núcleos agrarios con población indígena tienen una mayor presencia a nivel nacional, y en la actualidad representan uno de los contingentes con mayor capacidad de movilización, además de que son el referente básico de una nación que se define constitucionalmente como plu-riétnica y plurilingüe.

Es muy común hablar sobre territorialidad, sin embargo, es muy difícil expresarla en la realidad. En los 1115 municipios en donde se localizan los núcleos agrarios con población indígena existen 15 430 ejidos y comunidades, y de ellos 6 830 tienen población indígena,[3] lo que representa 44.2% del total. Asimismo, en 4 de cada 10 núcleos agrarios con población indígena, éstos representan menos de la mitad de los sujetos con derecho a la tierra.

En este sentido, se observa el predominio de una composición étnica diversa que requiere necesariamente del reconocimiento de los otros, los diferentes, y también de una fuerte proporción de indígenas sin tierra que viven en el medio rural. Sin embargo, vale la pena subrayar que cada lengua expresa cosmovisiones específicas, representa referentes simbólicos, formas de gobernar bajo usos y costumbres, comunidad de valores, y todo ello en el marco de una de las civilizaciones agrarias del mundo. Si esto lo proyectamos sobre la participación dominante de los indígenas en poco más de 20% de los núcleos agrarios, que son dueños de 19.1 millones de hectáreas de propiedad ejidal y comunal, y cuatro millones de propiedad privada, que representa 15% de la superficie rústica, cinco puntos más de que lo que significa la población indígena del país, tenemos un panorama del peso relativo de la diversidad que prevalece en México, con una fuerza determinante en el mundo rural (Robles y Concheiro, 2004; inegi, 2007b).

Respecto a la agricultura que practican los indígenas, se le caracteriza como maicera y frijolera y, en algunos casos, se hace referencia a su importancia en cultivos como el café. Si bien esto es cierto, pues predomina el maíz y frijol bajo el sistema de la “milpa”, de policultivo y multiactividad, en los núcleos agrarios con población indígena no deja de resaltar que el patrón de cultivos es muy variado con más de 117 cultivos de importancia económica que van desde hortalizas hasta frutales como los cítricos (Robles y Concheiro, 2004).

No obstante, existe una gran contradicción entre la riqueza de recursos naturales y la pobreza de los mundos indígenas de México. En los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entidades en donde se concentran los núcleos agrarios con población indígena dueños de bosques y selvas, se presentan los niveles de marginación más altos del país.

Un sujeto social siempre olvidado es el de los 3.8 millones de jornaleros agrícolas (Robles, 2007). El deterioro constante de sus niveles de vida y su difícil inserción en el mercado de trabajo los obliga a buscar empleo fuera de sus localidades. Los distingue su inseguridad laboral; elevadas cargas de trabajo que derivan del cumplimiento de jornadas superiores a las permitidas por la ley; su contacto con agroquímicos que afectan su salud, condiciones inapropiadas de seguridad e higiene en sus lugares de estancia y trabajo; todo ello, en muchos de los casos, asociado a la desintegración familiar, niveles muy bajos de educación, desarraigo y la presencia de ambientes de discriminación social, hacen de este segmento de la población uno de los mas vulnerables.

No obstante, la Constitución de 1917 reconoció los derechos históricos de los pueblos originarios y planteó la restitución de sus tierras; en términos de la ideología dominante la condición indígena debía disolverse en el mestizaje, primero cargado de hispanofilia y después en una mestizofilia que reivindica lo indígena hasta que desemboca en el llamado indigenismo oficial de corte igualmente "integracionista". Véanse al respecto los textos de uno de los inspiradores del artículo 27 de la constitución, Molina Enríquez (1981 y 1986) y el libro de Basave Benítez (1992).↵

Los datos utilizados en este apartado provienen de Robles y Concheiro (2004).↵

En el Censo Ejidal 2007 se preguntó si el núcleo de población era indígena, y los resultado fueron que 5283 ejidos y comunidades son dueños de 19.1 millones de hectáreas, superficie similar al estudio realizado por Robles y Concheiro en 2004; la diferencia corresponde al número de ejidos y comunidades.↵

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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el apocalipsis para los campesinos e indígenas[1]

El modelo de sustitución de importaciones es atacado a partir de la crisis de la deuda de inicios de la década de 1980. La modernÍ2ación ejecutada por la tecnocracia mexicana bajo el dominio del capital transnacional y del Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc) consistió en las llamadas reformas estructurales por medio de la apertura económica, la privatización y liberalización del mercado, así como por un serie de políticas de estabilización macro-económica repetidas a nivel mundial.

Con base en la teoría neoclásica del comercio internacional y la integración económica, se supuso que la apertura de la economía permitiría que la competencia de las importaciones se encargara de eliminar a los sectores ineficientes y de obligar a los sobrevivientes a modernizarse. El país, se suponía, iba a especializarse en los sectores que contaran con ventajas comparativas y se generaría así un sector exportador dinámico que lograría un crecimiento mayor de la inversión, la producción, el empleo y las remuneraciones. En el caso de México, la apertura tuvo un ritmo vertiginoso con la entrada del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés): mientras que entre 1980-1985, el grado de apertura de la economía mexicana[2] era de 20%, para 1986-1993 era ya de 30%, y con la firma del TLCAN en 1994 este índice alcanzó 50% (Villareal, 2004:42).

En el caso del sector agropecuario mexicano, el gobierno decidió eliminar prácticamente la mayoría de los mecanismos de protección arancelarios y no arancelarios vigentes a la firma del TLCAN. En el tratado se acordó la desgravación inmediata de muchos productos agropecuarios, y se fijó un periodo de 15 años para eliminar la totalidad de las barreras arancelarias, lo que significaba que para 2008 todas las importaciones agropecuarias de Estados Unidos y Canadá podrían entrar a México sin pagar ningún arancel. Se estableció también la eliminación de licencias y permisos previos a la importación, y se sustituyeron por el mecanismo de arancel-cuota para el periodo de la desgravación total de ciertos productos, especialmente del maíz y el frijol, base de la alimentación popular.

Esta agresiva liberarización comercial no consideró las condiciones de la producción rural en el país. La cuarta parte de la superficie cosechada (cerca de seis millones de hectáreas) —según cifras del Colegio de Posgraduados sobre la rentabilidad de 74 cultivos en la mitad de la superficie cosechada en el país—, operaba con pérdidas en 1992 (7.8 millones de toneladas) y 28.4% de la superficie tenía problemas de rentabilidad. El problema era más grave en el caso de los cultivos estratégicos: maíz, frijol, trigo, arroz, soya y sorgo (Relio y Pérez, 1996:20-21).

Con la liberalización comercial de la agricultura previa a la firma del TLCAN, fundamentalmente desde 1986 hasta 1993, se había ocasionado un creciente déficit de la balanza comercial de productos agroalimentarios, que pasó de un saldo promedio anual negativo de 579 millones de dólares en el periodo 1982-1986, a uno de 1388.8 millones de dólares en 1987-1990 (Zermeño, 1996:60-61). A pesar de las evidencias anteriores, los negociadores no estuvieron dispuestos a excluir por lo menos los productos más sensibles para la economía mexicana. El gobierno sólo alcanzó a negociar salvaguardas para carne y productos del cerdo, papas, manzanas frescas y extractos de café, pero no para los granos básicos y las oleaginosas, a pesar de ser el subsector más débil dentro del sector agropecuario mexicano. Por su parte, Estados Unidos brindó protección a sus agricultores hortícolas y frutícolas, con el establecimiento de licencias de importación temporal y tarifas cuota para una gran cantidad de productos en épocas consideradas clave para la venta de sus cosechas. Canadá hizo lo propio al determinar la exclusión de sus sectores avícola y de lácteos para protegerlos de posibles riesgos de la apertura comercial (Zermeño, 1996:63).

A lo anterior se sumó la pésima y, para muchos, mal intencionada negociación del gobierno mexicano, que no supo o simplemente no quiso defender el establecimiento de mecanismos legales de protección suficientes, de forma tal que se pudiera disponer de instrumentos de revisión, suspensión o moratoria para enfrentar de manera efectiva los posibles estragos a la planta productiva nacional. Por otra parte, los negociadores mexicanos aceptaron mecanismos de resolución de controversias completamente insuficientes (que casi siempre han favorecido a Estados Unidos), así como la asimetría jurídica del Tratado en relación con el desigual estatuto legal que éste adquiere en México en comparación con el que se adopta en Estados Unidos (Gómez y Schwentesius, 2003:47).

Pero lo más sorprendente fue que se abrieron de manera indiscriminada las fronteras a dos países con los que México tiene profundas asimetrías, tanto en lo referido a dotación de recursos naturales, tecnológicos y de capital, como en los desiguales costos de producción y de transacción. Separan también a estos tres países los subsidios a los productores, diferencia que se vio agravada con la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de Estados Unidos, la llamada Farm Bill, aprobada en mayo de 2002, que coloca a los productores nacionales mexicanos en condiciones todavía más desventajosas. Los enormes subsidios que los productores estadounidenses reciben en virtud de esta ley tienen como efecto principal abatir los precios internacionales de las cosechas comercializa-bles y posibilita la exportación desde Estados Unidos a precios subsidiados (Fanghanel, 2005:80). Con la Farm Bill de 2002, los subsidios a la agricultura de Estados Unidos se elevaron a 248000600 millones de dólares para los siguientes 10 años, principalmente para algodón, trigo, maíz, soya, arroz, avena, cebada y sorgo. Además, la mayor parte de estos subsidios han ido a parar a las manos de ricos terratenientes y de las grandes corporaciones, lo que ha generado ya diversas movilizaciones de protesta por parte de algunas organizaciones de pequeños granjeros estadounidenses (Mittal y Rosset, 2003:112-115).

A lo anterior, agregamos como verdadera plaga bíblica que cerca de la tercera parte de los subsidios agrícolas que otorga el gobierno de Estados Unidos se destinan al maíz, y es en México precisamente el cultivo más extendido. En Estados Unidos el maíz recibe más del doble que lo canalizado al trigo, el segundo producto que recibe mayores subsidios. Esto le permite a Estados Unidos deprimir los precios internacionales del grano y venderlo en el exterior por debajo de sus costos de producción, con lo que incurre en la práctica del dumping. Esta situación es particularmente grave, si consideramos que el maíz representa cerca de 40% de las exportaciones de granos de Estados Unidos a México y que estas importaciones representan ya 30% de la demanda nacional (Fanghanel, 2005:87-88).

Todas estas asimetrías en la política de subsidios explican en parte las grandes diferencias en cuanto a productividad agrícola, particularmente en el sector de granos y oleaginosas. Con excepción del trigo y la semilla de algodón, cultivos en los que México supera el rendimiento de Estados Unidos y Canadá, en los otros principales cultivos México es superado ampliamente en productividad física de la tierra. Las diferencias son más marcadas en los cultivos de maíz y frijol. En estos casos, la superioridad productiva de Estados Unidos y Canadá es cercana a 70%. Al promediar todos aquellos cultivos en los que México tiene menor rendimiento, resulta que la superioridad productiva de Estados Unidos es 40% mayor y la de Canadá llega a 48% (Flores, 2003:112).

A esto se suman “los disparos por la espalda” del propio gobierno mexicano contra los agricultores de su propio país, ya que decidió no aplicar los aranceles pactados a las importaciones sujetas a arancel-cuota como el maíz, frijol y carne de puerco. La pérdida de ingresos producto de la evasión del pago de salvaguardas, cuotas compensatorias e impuestos generales a la importación agrícola, principalmente en las importaciones de manzana, frijol, azúcar, maíz y productos porcinos, bovinos y avícolas, se estima en alrededor de 50% de los volúmenes comercializados (Villarreal, 2004:249) (véase gráfica 6.3).

A la abrupta apertura comercial, se sumó la severa reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico del sector agropecuario. Esto implicó, en primer lugar, la privatización o desaparición de la columna vertebral de la infraestructura estatal de apoyo a la producción, financiamiento, almacenamiento, comercialización y distribución de productos agropecuarios. Junto a la privatización de los sistemas de riego y de toda la infraestructura de almacenamiento alimentario, desapareció Ferti-mex (paraestatal que vendía fertilizantes a precios subsidiados), el Inmecafé (institución pública que apoyaba la producción y comercialización del cultivo), y Banrural que operaba como banca de desarrollo. Además, se eliminó el otorgamiento de subsidios al agua, y se redujo el otorgamiento de seguros subsidiados para ayudar a los agricultores a enfrentar los siniestros causados por problemas climatológicos (Yúnez-Naude y Barceinas, 2004).

De esta manera, en los últimos 18 años el consumo nacional de cultivos básicos es cubierto de forma creciente con las importaciones provenientes fundamentalmente de Estados Unidos. Desde la entrada en vigor del tratado, el promedio anual del índice de dependencia en los 10 cultivos básicos pasó de 27 a 38% del cuatrienio 1994-1997 al cuatrienio 2003-2006. En el caso de las oleaginosas, este índice llegó a 89% durante el cuatrienio de 2003-2006, y aumentó nueve puntos respecto del cuatrienio 1994-1997; en el caso de los granos, este índice incrementó su promedio anual en 10 puntos durante el mismo periodo al pasar de 19% a 29% (Concheiro et al, 2007).

Pero la dependencia alimentaria también ha puesto en riesgo la calidad nutricional y sanitaria de los alimentos. La importación de productos manipulados de manera biológica constituye una situación de intercambio cualitativamente desigual en calidad. La importación de cultivos y alimentos transgénicos ha despertado en varios países la oposición de agricultores, consumidores, científicos y diversos grupos ambientalistas y de la sociedad civil debido a sus posibles impactos negativos sobre los ecosistemas, la bio-diversidad y la salud, como es el caso de México con la red “Sin maíz no hay país”. Sin embargo, Estados Unidos ha intentado imponer a los países que son parte del tratado la eliminación de restricciones y prohibiciones a la introducción de cultivos y alimentos transgénicos; mas aún, su objetivo es poder ejercer control y monitoreo de éstos en los países importadores.

La mayor apertura comercial promovida por el TLCAN ha permitido la importación por parte de México de grandes volúmenes de granos básicos a bajos precios internacionales,[3] con el consecuente efecto depresivo sobre los precios internos pero beneficios altos a los dueños de las agroindustrias importadoras de materia prima, que han visto disminuir significativamente sus costos de producción, al tiempo que aumentan sus márgenes de ganancia (Rubio, 2004:25). Las expectativas oficiales respecto a que la importación de granos básicos a bajos precios se traduciría en beneficio de los consumidores finales de alimentos ha resultado un ejercicio más de demagogia, tal y como lo evidencia el incremento entre 1994 y 2002 en 257% del precio de la canasta básica alimentaria (Gómez y Schwentesius, 2003:54). En contraste, en el mismo lapso, los productores agropecuarios del país recibieron solamente un incremento de 185% por sus productos, en tanto que los salarios mínimos aumentaron en sólo 184%. Esto significa un deterioro importante de la rentabilidad de la producción agrícola y del poder adquisitivo del salario (Gómez y Schwentesius, 2004:83).

Para este apartado seguimos en particular el artículo de Concheiro, Tarrío y Grajales (2007).↵

El "grado de apertura" se deriva de la suma de las exportaciones más las importaciones, dividida entre el PIB nacional.↵

Es necesario señalar que la disminución de los precios en el contexto internacional se debe, en buena medida, a la supremacía de Estados Unidos en el mercado mundial, producto de los elevados subsidios a sus productores y de los créditos blandos otorgados a los grandes importadores de sus productos.↵

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La lucha por la tierra, el territorio y el levantamiento zapatista

El 1ro de enero 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, justo cuando la clase política se regocijaba con la entrada de México al “primer mundo”, la insurrección indígena zapatista en el estado de Chiapas, les echó a perder la fiesta. Su memorable “¡Ya basta!” constituyó una denuncia abierta a la reforma del artículo 27 constitucional, pero también al carácter excluyen te del TLCAN, dos de los pilares fundamentales sobre los que se erige la modernización neoliberal del campo mexicano. Esta marejada profunda proviene de “los sin nombre… los sin rostro”, entre ellos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en la lucha por la tierra, por la democracia, la libertad, la dignidad y una fraternidad que busca abrir los ojos al mundo para frenar la barbarie del capital, al ejercer e imaginar prácticas de una sociedad diversa, en donde “los muchos mundos” quepan en un mundo con sus diferencias, donde los “nosotros”, los “todos somos indios”, puedan regirse por sus usos y costumbres, de forma autónoma, tomando como referentes los territorios agrarios producto del reparto y el espacio también construido por los pueblos que representa el “municipio libre”.

Las comunidades indígenas zapatistas chiapanecas y un movimiento que se reconoce a sí mismo como indígena, el cual de manera vertiginosa se hizo nacional y global, han seguido presentes en el escenario político, primero con su voz y después con el silencio; evidenciaron con su lucha la falta de compromiso del Estado con los acuerdos que fueron firmados en el poblado de San Andrés sobre autogobierno, municipio libre y cultura indígenas. Para Armando Bartra (2005), los zapatistas y el movimiento indígena agrupado en el Congreso Nacional Indígena (cni)[1] han tomado como estrategia esencialmente de resistencia en la coyuntura actual —producto de 500 años de traiciones y engaños— andar el camino de la autonomía frente a las instituciones del Estado, para “fortalecer la independencia relativa de las comunidades y las regiones mediante la autoprovisión de bienes y servicios y a través de autogobiernos fincados en usos y costumbres” (Bartra, 2005:86-87).

También, en un ensayo de nuevos pactos entre los actores sociales, en este caso los pueblos indígenas y la Nación, las cosas, por culpa directa de la llamada “clase política”, llegaron a un callejón que por el momento no parece tener una salida.

Los ecos nacionales del zapatismo perdieron presencia, y el organismo inspirado por sus luchas y discurso, el cni, se refugió en cada región, al lado y a veces enfrente de otras organizaciones como la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía (anipa) que prosiguió el camino de las alianzas políticas con los partidos y la lucha en los ámbitos nacional e internacional por el reconocimiento de los derechos indígenas.

Para los pueblos indígenas la lucha por la tierra, por la “madrecita tierra”, representa el fundamento material y simbólico de su existencia, que si bien tiene una larga trayectoria de más de 500 años, muchas veces se presenta en la lucha agraria y los territorios, otras en el ámbito municipal. Actualmente, con la recuperación de esas formas de lucha territorial se ha proyectado una abierta insurrección municipal, que a mediados de la década de 1980 llegó a tomar de manera violenta 1 de cada 10 municipios de menos de cinco mil habitantes (López Monjardín, 2004a y 2004b), lo que provocó la inauguración de luchas cívicas que pertenecen a importantes movimientos democráticos, los cuales adquieren forma desde 1988 con el fraude electoral de ese año, mezclado con una lucha incesante que busca el poder local para la defensa de la tierra y sus recursos naturales, y que poco a poco ha ido dibujando procesos de autonomías municipales, regionales, de pueblos indígenas específicos y, en general, de distintas prácticas de territorialidad que recomponen, en el marco de la disputa con el gran capital y el Estado, parte del espacio rural mexicano.

El planteamiento político de las autonomías indígenas tiene en México un claro referente continental, en especial como reacción a las políticas neoliberales y la llamada globalización, pero sobre todo ante el gran juego de espejos con los movimientos indígenas á&Abya Yala[2] (el mal llamado continente americano).

En primer lugar, por su proximidad con el movimiento de Nicaragua que, en 1987, como producto de la revolución sandinista para resolver un conflicto armado “que tiene su origen en la composición pluriétnica de la población”, promulgó un estatuto de autonomía para los pueblos indígenas y de origen afroamericano de la costa atlántica (López y Rivas, 2005:49). Ese mismo año, se modificó en México la constitución del estado de Oaxaca (con una representación indígena de cerca de 40% de su población total y 18 grupos étnicos de 62 a nivel nacional) y se emitió la “Ley de derechos de los pueblos indios y comunidades indígenas” que reconoce los sistemas normativos comunitarios en esa entidad, por lo que 411 municipios de un total de 570 se rigen por usos y costumbres. En 1990, el senado mexicano firmó el Acuerdo 169 de la oit (Organización Internacional del Trabajo) sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”, el cual reconoce derechos a los territorios de estos pueblos y el reconocimiento de sus culturas, entre otros aspectos y, si bien tiene el nivel de ley suprema, en la práctica no se cumple por parte del Estado mexicano.

En segundo lugar, con una influencia —podríamos decir que de quiebre histórico—, el movimiento latinoamericano “500 años de resistencia indígena, negra y popular” (1989-1992) tuvo su correlato organizativo en México y se expresó regionalmente en el “Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena”, y otra serie de organizaciones colocó el tema de la autonomía en una dimensión práctica que tuvo expresiones en todo el continente. Destaca la marcha indígena desde el Amazonas boliviano hasta La Paz en 1991, detrás de una pancarta que decía “Territorio y dignidad”; el movimiento del “Congreso de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador” (conaie); y en México la marcha en San Cristóbal, Chiapas, también en 1991, que sentaría las bases zapatistas junto con diversas organizaciones indígenas que reclamaban el reconocimiento de los pueblos indios y en demanda de reparto de tierras. Ese mismo año, se impulsó por el “Frente Independiente de los Pueblos Indios” que se transformó en la “Asamblea Nacional Indígena Por la Autonomía” una modificación de la constitución nacional para reconocer que México es un país pluriétnico; tal modificación tomó forma en un nuevo artículo 4 constitucional, actualmente parte del artículo 2.

Las diferencias en la disputa por la autonomía se resumieron en los cambios a la constitución que impuso la clase política al traicionar los acuerdos firmados por el gobierno en San Andrés, Chiapas, debate que plantea desde el poder que los pueblos indígenas son objetos de derecho y no sujetos de derecho, por lo que no puede darse su “articulación política en tanto pueblos” (Díaz-Polanco y Sánchez, 2002:148), ni asociarse entre municipios y menos autodeterminarse. Frente a esta situación, se han desplegado en todo el país una serie de experiencias autonómicas diversas, entre las que destacan: las Juntas de Buen Gobierno de los zapatistas; la de la tribu yaqui en el estado de Sonora, al norte del país, en defensa de su territorio y desde 2012 en defensa del agua; la experiencia “comunalista” del pueblo mixe en Oaxaca con una serie de elementos entre los que destacan las manifestaciones culturales y el nombramiento de sus autoridades en asambleas comunitarias (López y Rivas, 2005:75); la “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias” (crac) de La Montaña y Costa Chica en el estado de Guerrero que ante la inseguridad y violencia, producto de la simultánea militarización y penetración del narco en sus regiones, decide crear sus propios mecanismos de seguridad y justicia, así surge en 1995 la Policía Comunitaria que sirve para “impartir y no para vender justicia”, con lo que la autonomía entra en el espacio del antes monopolio de la violencia por parte del Estado.

En el ámbito de la lucha municipal por las autonomías indígenas, puede mencionarse el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, en la región Triqui Baja en Oaxaca, que combinó de 2007 a 2011 diversas formas para superar la violencia interna, desarrollar su propia memoria histórica y desplegar diversos mecanismos culturales, como una radio comunitaria, entonces, planteó que “la autonomía es rescatar nuestra propia cultura” (Cabildo Autónomo de San Juan Cópala, Oaxaca, 2009:117). Por desgracia, grupos paramilitares arrasaron ese municipio en 2011, después de múltiples asesinatos; sin embargo, en el exilio las mujeres jóvenes son principalmente quienes mantienen viva la idea de la autonomía al incluir el tema de género como elemento necesario de su reconstrucción a futuro. Otro ejemplo de largo aliento es la lucha de los indígenas nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla con diversas experiencias como la de la “Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske” (“Unidos Venceremos”) y el Ordenamiento Territorial del municipio de Cuetzalan que elevó la autodeterminación a una práctica colectiva consensuada.

También entre los remolinos de aparente reflujo de la marejada indígena, destacan las manifestaciones y el movimiento social de los campesinos productores de mercado, que se denominó “El campo no aguanta más”, al que nos referiremos más adelante.

Las oleadas desde principios del siglo xxi vinieron de muchos lados, enriquecieron las luces que alimentaban el calidoscopio social, los primeros fueron los maiceros, seguidos de frijoleros, sorgueros, cañeros, pineros, cafeticultores, ganaderos, que en sus reclamos y demandas específicas se fueron entretejiendo para enfrentar las políticas neoliberales, hasta acabar definiendo lo que puede llamarse un programa político en defensa de sus productos pero en lucha por la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. La lucha económica adquirió así un sentido territorial, la agenda agraria de lucha por la tierra volvió a posicionarse, la perspectiva ambiental se convirtió en un claro referente y ambas se extendieron a la defensa del mercado interno y a las propuestas de desarrollo ecológicamente sustentable y culturalmente compatible. De manera paradójica, en la fase actual de la globalización, el espacio rural no se homogeneiza, sino que adquiere múltiples caras, que se expresan en las regiones y los territorios y se exacerban los particularismos que refieren a una nueva espacialización de la confrontación social, al interior de los espacios locales y entre lo local y lo global (Concheiro y Grajales, 2005).

Producto directo de las luchas sociales y políticas de las masas rurales que se enmarcan en la mundialización sobre la subsunción de los territorios en y bajo el dominio del capital,[3] la lucha por la tierra se ha transformado. En la actualidad, representa para los campesinos e indígenas de México tanto la disputa (interna y externa) del medio de producción básico para la economía campesina y su resemantización, como referente simbólico de las identidades étnicas pasando por su adjetivación en las prácticas de territorialidad del llamado “ecologismo campesino” y la disputa por el poder espacial-mente referido; como la base de un ejercicio horizontal de la democracia directa y del despliegue de las autonomías indígenas y municipales.

El Congreso Nacional Indígena (cni) se formó en 1996 al calor del movimiento zapatista de Chiapas, de los Diálogos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno; agrupa diversas organizaciones y comunidades de diferentes pueblos indígenas. "Unas, provienen de la lucha agraria, otras de la movilización etno-política, y otras más, de la reivindicación económico-productiva" (Hernández, 2009:33). El CNI caracteriza la crisis como de orden civilizatorio y ha reivindicado el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y, en correspondencia, las autonomías como proyecto central, así como la reconstrucción de los pueblos indios y la defensa de los mismos ante las acciones de despojo de que son objeto.↵

"En la lengua del pueblo Kuna, Abya Yala significa 'tierra madura', 'tierra viva' o 'tierra en florecimiento' y es sinónimo de América" (Porto-Goncalves, 2009:1).↵

Nos parece fundamental la concepción teórica de este proceso de subsunción real del territorio en el capital de Revelli (1997).↵

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Las políticas neoliberales en el campo mexicano y la respuesta social

Para enfrentar el descontento social y los posibles efectos desestabilizadores del TLCAN y la contrarreforma agraria, el gobierno federal implemento una serie de programas de apoyo diseñada bajo una lógica fundamentalmente asistencialista que refuerza a los grandes productores y a las empresas transnacionales. En la distribución de Procampo[1] existe un sesgo a favor de los grandes y medianos productores; de igual forma, los programas encargados de subsidiar la comercialización y las inversiones productivas privilegian en particular a los estados del norte del país y están diseñados para darles un acceso discrecional a productores privilegiados. El programa Ingreso Objetivo subsidia directamente la producción de un pequeño número de los agricultores más grandes del país; y los grandes apoyos destinados a la comercialización van directamente a grandes empresas procesadoras y comercializadoras, incluidas empresas transnacionales, como Cargill y Maseca (Fox, 2010).

En el análisis del presupuesto para el campo, una de sus características es la inequi-dad, reflejo de una política bimodal que se aplica en el campo mexicano; a los municipios pobres se les distribuyen mayores recursos de la vertiente social que de com-petitividad; se entregan montos menores por proyecto productivo, el financiamiento de las actividades productivas es escaso o nulo y la concurrencia de los programas de gobierno es muy baja; en tanto, en los municipios con mejores condiciones de vida se distribuyen mayores recursos por unidad productiva, hay una mayor concurrencia y los recursos de las distintas vertientes, incluido el financiamiento, se complementan (Robles, 2009).

La falta de financiamiento al campo mexicano se confirmó con los resultados del VIII Censo Agrícola y Ganadero, de las 4067.633 up con actividad agropecuaria o forestal, sólo 4.2% recibió crédito en 2007; además el crédito beneficia fundamentalmente a productores con el mejor potencial productivo que —por cierto— son quienes también reciben los mayores subsidios. Si vemos el monto de los recursos que se han canalizado a estos sectores en los últimos años, resulta que los productores de bajos ingresos, que representan 96.8% del total de los acreditados por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira), recibieron 40.7% del total del crédito, mientras los productores de más altos ingresos, que representan 3.3%, recibieron 59.3%, lo que nos muestra la enorme inequidad en la distribución del crédito y su marcada concentración en los prestatarios de mayor ingreso, y aunque esta situación no es nueva, en los últimos 15 años se ha agravado (Meza, 2011). Esta suma de recursos les permite impulsar proyectos productivos de mayor escala, invertir en infraestructura productiva y de almacenamiento y poder competir en mejores condiciones en los mercados nacionales e internacionales.

Comparar los resultados del Censo Agrícola y Ganadero de 1991 con el último que se realizó en 2007, permite ver en el transcurso de 16 años cuáles fueron los cambios más significativos en el campo mexicano, periodo donde se dieron, como se expuso antes, las transformaciones estructurales: la contrarreforma agraria de 1992; la firma del TLCAN dos años después; la concomitante reestructuración del Estado mexicano al dejar de intervenir en muchas actividades relacionadas con el campo; la intensificación del proceso migratorio y la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 2001, entre otros.[2]

Los censos agrícolas ganaderos incluyen a las up ejidales, comunales y de propiedad privada y se enfocan en los aspectos productivos. En este caso el saldo, resultado del comparativo del Censo Agrícola y Ganadero de 1991 a 2007, es negativo respecto del número de unidades de producción (up) sin actividad agropecuaria, pues se incrementó significativamente, lo que indica abandono de tierras para la producción de alimentos; no aumentó la superficie de riego, insumo central para planificar las actividades agrícolas, mejorar rendimientos y obtener mayores ingresos; se dio una caída del financiamiento, lo que no permite la capitalización de las unidades de producción y que sean más competitivas; no se supera la fragmentación y pulverización de la tierra y, por lo tanto, no se generaron economías de mayor escala; disminuyeron los activos fijos, como el número de tractores y camiones y todavía siguen siendo más las up que no utilizan maquinaria; disminuyó o se mantuvo constante el número de cabezas de ganado mayor, contrario a lo que sucedió con la población nacional, por lo que el número de cabezas por hogar ahora es menor que en 1991, y en el marco de la apertura comercial, son muy pocas las up que participan del comercio internacional.[3]

No obstante las políticas neoliberales, actualmente hay más sujetos con derechos sobre la tierra que los que existían en 1991. En ese año 5.3 millones de personas tenían tierra, mientras que en 2007 se registraron 7.4 millones de sujetos. Contrario a lo que se proponían las reformas de 1992, el tamaño de la parcela disminuyó. El promedio de superficie total en 1991 era de 35.4 hectáreas por sujeto de derecho, 10 más que las que se reportan ahora. La pulverización de la tierra se da en las dos formas principales de la tenencia de la tierra. Al comparar el periodo 1991-2007, los ejidatarios y comuneros pasaron de 29.3 a 18.7 hectáreas, mientras que los propietarios privados de 50.8 a 43.6 hectáreas. El propósito de promover up más grandes que permitieran economías de mayor escala se encuentra más lejos de alcanzar.

En el periodo analizado en el cuadro 6.5, se observa que disminuyó el grado de tec-nificación de los ejidos y comunidades. En la actualidad se cuenta con menos bordos para abrevadero, bodegas para almacenamiento, naves para aves y cerdos, baños garra-paticidas, y salas de manejo y ordeña. Si bien aumentó en 1.7 millones de hectáreas la superficie irrigada (más por reclasificación de las tierras que por aumento de tierras con riego), la superficie de labor sembrada disminuyó. Ahora que se demandan más alimentos por parte de la población y se incrementaron los precios de los granos básicos, se siembra menos. Después de las reformas al marco legal agrario, se incrementó el número de organizaciones de primer grado y disminuyeron las de segundo grado, con lo que se limitan las posibilidades de generar economías de mayor escala.

Otro de los problemas detectados es que la superficie de riego se ha mantenido constante en los últimos años, el único cambio es que en 1991 se clasificaron 1.7 millones de hectáreas de humedad que en 2007 ya no se reportan y que pueden estar consideradas en la superficie de riego, pues las tierras de temporal no disminuyeron. En síntesis, en los últimos 16 años no se han incorporado tierras de temporal al riego, situación que debe preocupar porque se considera que el contar con agua permite planificar las actividades agrícolas y mejorar las condiciones productivas para la up (véase cuadro 6.6).

Las superficies de riego se concentran principalmente en el norte y centro del país. Los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Ta-maulipas y Baja California, en ese orden, agrupan 63.3% de la superficie irrigable del país, aunque sólo 32.6% de las up. En estas entidades, el promedio de superficie irrigada por unidad de producción es de 16.3 hectáreas, el doble del promedio nacional que es de 8.4 hectáreas, como se muestra en el cuadro 6.7.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) observó, mediante el análisis del último Inventario Nacional de Suelos (ins) dado a conocer en 2002, la degradación del suelo. El problema de salud de los suelos en México es grave y, en síntesis, los resultados del ins arrojaron las siguientes cifras: “superficie nacional con degradación de suelos equivalente al 45% del territorio (89 millones de hectáreas). Los procesos de degradación de los suelos dominantes son: la degradación química en 18% (36 millones de hectáreas), la erosión hídrica en 12% (24 millones), la erosión eólica en 9% (18 millones) y la degradación física en 6% (12 millones)”.

Además, de acuerdo con la misma fuente de información, los estados presentan una extensión territorial de suelos degradados de 48%, las regiones hidrológicas de 52% y las regiones ecológicas básicas en 38% de su área de influencia. Como puede apreciarse, la principal causa de la degradación es la deforestación (24%), seguida del cambio de uso de suelo (25%), el sobrepastoreo (25%) —pastizales naturales o inducidos—, que principalmente son zonas de ganadería extensiva. Estas tres actividades generaban, en 1999, 74% de la degradación de los suelos en el país.

Estimaciones realizadas señalan que “la deforestación se mantiene dentro del rango de 300 mil a un millón de hectáreas anuales”. Además, “se tienen escasos avances en silvicultura, descreme de las selvas por falta de políticas y normatividad diferenciada que favorezca la ordenación forestal y tecnologías de extracción obsoletas con alto impacto ambiental que destruyen la próxima cosecha en las selvas” (Grupo Bosques, 2006).

El saldo fue positivo respecto al incremento de la producción y los rendimientos de los principales cultivos, lo cual permitió que las up fueran más competitivas en esta materia; aumentó la producción de huevo y carne de ave, prácticamente toda la producción fue responsabilidad de dos empresas de capital estadounidense: Bachoco y Pylgrim (cuadro 6.8); son más las up que utilizan tracción mecánica para la realización de sus labores agrícolas que las que existían en 1991, y no se modificaron los regímenes de propiedad, lo que habla de una estabilidad en los tipos de propiedad y de cómo los ejidatarios y comuneros defendieron su patrimonio que tantas vidas le costó a los campesinos.

Otro de los fenómenos observados es la gran cantidad de tierra que está circulando; si agrupamos la venta de tierras con los contratos que involucran el usufructo de la tierra, dominio pleno y conformación de sociedades mercantiles, se obtienen 11 millones 553 000 hectáreas, cifra nada despreciable, que representa 6.5% de la superficie rústica y 36.7% de la superficie laborable del país (Robles, 2012). Este dato puede representar un subregistro de la magnitud del mercado de tierras por dos razones: a) falta de cultura registral, pues como señalamos muchas de las transacciones no se registran (ejemplo Sinaloa), y b) la violencia en zonas rurales asociadas al narcotráfico, especialmente en el norte del país, que obliga a productores y sus familias a vender, rentar o dejar de trabajar sus tierras (véase cuadro 6.9).

Lo anterior en el marco de una desigual distribución14 de la tierra parcelada que explica, desde el interior mismo de la prolongada y errática reforma agraria, los problemas que prevalecen en el campo.

Además, se observa un fenómeno de concentración relativa de la tierra de manera indirecta. Así vemos que las agroindustrias prefieren rentar la tierra o aplicar otros esquemas de control de la producción —proporcionan semillas e insumos, habilitan al productor y comprometen la cosecha— para generar economías de escala. Esto le da gran movilidad al capital, no corre con todos los riesgos de la producción y no requiere gastar en mantener la tierra, pues esta función la debe de asumir el propietario. No sólo se da un proceso de concentración indirecta de tierras, sino también, cada día son menos las empresas que participan de la globalización, por lo general, ligadas al capital de Estados Unidos. La forma más común de crecimiento y concentración es la compra de empresas o marcas regionales establecidas y la desaparición, poco a poco, de empresas de mediana escala o familiares. Los datos que reflejan la concentración de empresas son: en la compra e industrialización de maíz sobresalen 6 empresas; en caña de azúcar, 12 grupos industriales; hortalizas, 22; frutas, 6; café, 5; cebada, 2; tequila, 4; tabaco, 3; producción avícola, 3, y leche, 5 empresas.

Estas agroindustrias tienen el control productivo de una superficie de 3.9 millones de hectáreas, sin considerar la superficie de granos básicos y la superficie asociada a la ganadería. Estimaciones conservadoras hablan de que estas empresas controlan 25% de las mejores tierras del país y más de 80% de la producción agropecuaria. La mayoría de los productores ligados a la agroindustria son minifundistas. Los maiceros tienen 2.7 hectáreas en promedio por productor; caña de azúcar, 5 hectáreas; hortalizas, 6 hectáreas; frutas 5 hectáreas o menos; café, 1.9 hectáreas; cebada, 6 hectáreas, y tabaco 2 hectáreas. Además, la gran mayoría se encuentran desorganizados, venden individualmente volúmenes bajos de su producción que es poco tecnificada. Estas condiciones los ponen en una situación vulnerable al momento de negociar con la empresa los precios por su producto (Robles, 2012).

A pesar de la existencia formal de un número importante de organizaciones económicas en el medio rural mexicano, en los hechos una gran parte de ellas no opera, ya sea por dificultades económicas, por problemas administrativos, contables o fiscales, de crédito y capital; por utilización de tecnologías que no les permiten competir en los mercados; por falta de capacitación en los nuevos esquemas productivos. Padecen conflictos internos por el manejo inadecuado de los recursos, por razones políticas o por falta de compromiso de los socios. Esta situación no ha permitido el desarrollo independiente y autogestivo de las organizaciones de productores.

En síntesis, podemos plantear una tipología de productores rurales: a) injrasubsisten-cia del sector social con 1308910 predios minifundistas, 30% menos de una hectárea, y 60% entre una y dos, son temporaleros y maiceros; b) infrasubsistencia del sector privado con 541 713 predios minifundistas, son temporaleros y maiceros; c) intermedios menos comerciales con 1432 519 predios de tres hectáreas como superficie promedio, de subsistencia del sector ejidal y comunal, maiceros de temporal; d) diversificados y comerciales con 745 000 productores, la mayoría propietarios privados, con predios de tamaño mediano, 6.5 hectáreas en promedio, diversificados, de riego; e) cultivos básicos comerciales o para forraje con 88201 predios, de 5 a 20 hectáreas, 25% dispone de riego, 60% son propietarios privados, su cultivo principal es el sorgo, 40% maíz.

Procampo es un programa del gobierno federal que desde 1993 proporciona apoyos directos a los productores rurales, mediante la entrega de un subsidio por hectárea (el equivalente a 100 dólares por hectárea en un inicio y que actualmente es una cuota menor), lo que beneficia a quienes tienen más superficie ya sean propietarios o a quienes rentan tierra.↵

Arturo Warman realizó un primer balance en 2001 en El Campo mexicano en el siglo xx.↵

Para obtener las características del ejido tipo se usó como común divisor el número de ejidos censados en ese año; por ejemplo, en el VII Censo Ejidal el común divisor fueron 29 983 núcleos agrarios mientras que en el IX Censo Ejida\ le correspondió a 31518. La información trabajada de esta manera permite ver de manera rápida cuáles son las tendencias y cambios que se dieron en 16 años. El ejido tipo se construye con los promedios simples.↵

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Y siguen contradiciendo...

Los nuevos sujetos agrarios que irrumpieron en la escena nacional con renovadas propuestas de organización y recuperación de espacios no son precisamente los esperados por los “modernizadores”. En lugar de inversionistas con deseos de asociarse con agricultores “prósperos” y emprendedores, aparecen los propietarios de la tierra pobre que quieren discutir otros temas sobre un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, esquemas de comercialización en mercados solidarios, construcción de redes de ayuda mutua, que reclaman que el Estado cumpla con sus funciones sociales, que le brinden a la mujer mejores condiciones, una política de equidad y un reconocimiento social y político por su papel en la vida nacional; que reconozca las autonomías y la cultura de los pueblos indígenas y cumplan con los acuerdos firmados en San Andrés Sacamchen de los Pobres; de igual forma exigen programas de acceso a la tierra para los jóvenes, y el reconocimiento de las prácticas territoriales y de espacios de acción política para una modernidad alternativa como parte del programa que los campesinos le arrancaron al gobierno en 2003 con la firma de un importante Acuerdo Nacional para el Campo producto del movimiento “El Campo No Aguanta Más” (mecnam).

En una perspectiva histórica, la conflictividad agraria ha crecido en las dos últimas décadas, destacan los conflictos durante 1994 y los dos años siguientes como reflejo del movimiento zapatista y el reclamo del finiquito agrario para los casos pendientes anteriores a la contrarreforma agraria; también resalta el trienio de 2001-2003, aunque la tendencia hacia la alza empieza desde 1998. De las controversias ante la Procuraduría Agraria (pa), los “Asuntos recibidos” por los Tribunales Unitarios fueron hasta 2004:303 987, a la fecha rebasan el medio millón; que en términos de superficie ejecutada representó 1789845 hectáreas hasta 1999, con importantes entregas de tierra que contemplaron el llamado “Rezago Agrario”; de 2000 a 2007 se agregaron 250217 hectáreas más a la propiedad social (Tribunales Agrarios, 2007:245-246). No obstante, del conjunto de controversias, casi dos tercios lo ocuparon las individuales, en segundo término las que se dan entre sujetos agrarios y órganos del núcleo de población, en tercer orden las que involucran derechos de los núcleos de población agrarios que se refieren a conflictos por límites entre ejidos y por límites con terrenos de propietarios privados (concentrado en el cuadro 6.12).[1] Si a esta información agregamos la crisis estructural del conjunto del sector agropecuario, el creciente empobrecimiento, la presión demográfica, la migración y las formas mediante las cuales los hijos de los ejidatarios acceden a la tierra, que se determinan por las condiciones socioeconómicas y culturales, puede decirse que estamos ante una trágica guerra fratricida en el seno de los ejidos y comunidades en un ambiente de crisis generalizada.

De acuerdo con Francisco López Barcenas:

Los conflictos por tierras se refirieren a la estructura concentradora o distribuidora de la tierra y a las relaciones competitivas por su posesión o uso, que en muchas ocasiones se manifiestan en antagonismos entre ganaderos y/o empresas agroindustriales y las comunidades campesinas que, coincidentemente también son indígenas en su mayoría. Se trata de competencias entre actores política o económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria sino también para la minera o forestal. Estos conflictos usualmente se concentran en espacios locales y tienen que ver con la propiedad y el control sobre la tierra (López Barcenas, 2006:104).

Para los campesinos e indígenas la lucha por la tierra se ha transformado, y representa la disputa (interna y externa) del medio de producción básico para la economía campesina y su resemantización como referente simbólico de las identidades étnicas, pasando por su adjetivación en las prácticas de territorialidad, del llamado “ecologismo campesino” (Toledo, 1999) y la disputa por el poder espacialmente referido, hasta la base de un ejercicio horizontal de la democracia directa y del despliegue de las autonomías indígenas y municipales. Todo esto nos habla de un vivo proceso de construcción social que —como decíamos— desde el México profundo trae, paradójicamente, las mas repetidas y diversas esperanzas de que otro mundo es posible (Camacho, 2006; Grajales y Concheiro, 2009).

Ejemplos sobran, pero vale la pena mencionar la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) del municipio de San Salvador Ateneo en contra de la expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que se transformó en un proceso de confrontación por el territorio, surgida a partir de la resistencia al proceso de globalización económica neoliberal, pero a la vez parte del gran ciclo histórico de contiendas abiertas por los movimientos indígenas en el subcontinente latinoamericano en las últimas décadas del siglo xx. Fundamentalmente porque estas luchas tuvieron como plataforma común las reivindicaciones por derechos territoriales, en donde las añejas demandas por la tierra se integraron paulatinamente a los reclamos por el territorio, y adquirieron nuevos significados los conceptos de tierras, recursos y territorios en la trinidad canónica encerrada en la noción de derechos territoriales (Toledo Llancaqueo, 2004).

Después del ejemplo de lucha que los campesinos de San Salvador Ateneo dieron al derrotar el megaproyecto mas codiciado por el gobierno federal y estatal y los grupos económicos a los que sirven, la lucha del fpdt entró en una nueva etapa. Como organización núcleo del movimiento, “se ve en la necesidad de seguir apostando al desarrollo en lo político, especialmente a consolidar su autonomía, su independencia política y su autoconfianza” (Camacho, 2006:34). La construcción del fpdt, un movimiento de masas a nivel regional, independiente del gobierno y los partidos políticos, coincidió con la última movilización de los zapatistas encabezada por el subcomandante Marcos, a la que se enfrentaron tanto el gobierno priista del Estado de México como el gobierno federal panista,[2] con una bestial represión los días 3 y 4 de mayo de 2006 y más de 200 detenciones indiscriminadas, entre las cuales hubo nueve menores de edad y cinco extranjeros, decenas de violaciones y el asesinato de un joven estudiante de 20 años. Los dirigentes recibieron condenas entre 60 y más de 100 años de cárcel, en una demostración de criminalización abierta de los movimientos sociales. No obstante, la lucha de los pobladores de Ateneo no cejó y en 2010 sus dirigentes fueron liberados.

En la última década, diversos estudios[3] documentan la movilización de los propietarios de la tierra para defender su territorio en prácticamente todo el país. Destacan los casos que ya se mencionaron sobre el levantamiento armado de los indígenas en Chiapas en 1994; el movimiento de los pobladores de Ateneo, en el Estado de México; la oposición a la construcción de la presa la Parota, en Guerrero; la defensa de los bosques en Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca; la recuperación de los territorios en los Chimalapas, Oaxaca y en la región huichol de Jalisco, y los movimientos en contra de la contaminación de los recursos naturales provocados por Petróleos Mexicanos (Pe-mex), en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como las autonomías zapatistas y movimientos de carácter cívico-electorales a nivel local, regional y nacional. Los conflictos mencionados presentan una constante, en todos ellos grupos de campesinos e indígenas se enfrentan al Estado o a grupos económicos monopólicos transnacionales, ganaderos, propietarios privados o intercomunitarios (López Barcenas, 2006). De estos últimos destacan actualmente conflictos intercomunitarios en los estados de Zacatecas, Oaxaca, especialmente en la región mixteca y en la meseta purépecha de Michoacán (sólo en la zona de los indígenas purépechas existen mas de 60 conflictos por tenencia de la tierra). En Chiapas son importantes las confrontaciones de pueblos indígenas contra ganaderos y propietarios privados; en el norte, en Sonora, la tribu yaqui confronta a pequeños propietarios y se enfrenta a los que quieren quedarse con el agua para destinarla a los centros urbanos y a los desarrollos turísticos; en San Luis Potosí, en el área de Pujal-Coy existe una confrontación abierta con los ganaderos; lo mismo ocurre en la región Huasteca en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas; finalmente, y sólo como ejemplo, la comunidad de Tepoztlán, en Morelos, donde después de que los comuneros derrotaron un megaproyecto turístico, que costó vidas, y los ejidatarios recuperaron sus tierras de manos de funcionarios, aún continúa la pelea de más de una década para que se les restituyan sus tierras comunales.

En otro tipo de movimiento, los campesinos y especialmente las comunidades y ejidos indígenas han confrontado a las Áreas Naturales Protegidas (que abarcan más de 10% del territorio nacional) y a una suerte de “keynesianismo ambiental” que las encubre supuestamente con el manto protector del Estado, cuando en realidad se han traducido, en no pocas ocasiones, en caminos abiertos a la privatización y transnacionalización en un modelo conservacionista; sirvan de ejemplos, la reserva de los Montes Azules en la Selva Lacandona en Chiapas (que desplazó hasta las bases zapatistas); la reserva de La Mariposa en Michoacán y el Estado de México (cuyo efecto ha sido la destrucción de los bosques que alojan a las mariposas) o la reserva en formación en el Lago de Texcoco por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (con el propósito de dividir el movimiento de Ateneo).

Quizá la respuesta más interesante en este orden sea la creación de Reservas Comunitarias y Ejidales organizadas directamente por los dueños de las tierras, como en el caso del estado de Oaxaca (la entidad de mayor diversidad biológica y cultural), donde este tipo de reservas han logrado imponerse al “modelo” de las áreas naturales protegidas (anp).

Por otro lado, a mediados de junio de 2007 diversas organizaciones campesinas nacionales y regionales, en conjunto con algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, convocaron a una “Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano” bajo el lema “Sin maíz no hay país… ¡Pon a México en tu boca!”. Varias de estas organizaciones formaron parte del Movimiento el Campo No Aguanta Más (mecnam) y fueron signatarias del Acuerdo Nacional para el Campo (anc). Entre ellas destacan las agrupadas en torno al Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, pero también la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (cnpa), El Barzón, entre otras. Esta alianza de organizaciones propuso “diez medidas urgentes”[4] para la protección del maíz mexicano, por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Esta corriente programático-política ha seguido avanzando en la construcción de la unidad del movimiento campesino e indígena; como ya se planteó, el 10 de abril (aniversario luctuoso de Emiliano Zapata) de 2012 se constituyó el “Plan de Ayala para el siglo xxi”.

Desde otra perspectiva, la de un sector del movimiento indígena nacional, miembros de pueblos y comunidades indígenas, de la Red en Defensa del Maíz, al dar a conocer la declaración Defensa territorial del maíz nativo en México, señalaron que: “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un ataque directo contra la economía de los agricultores mexicanos y le abrió la puerta al maíz transgénico, que contaminó muchas regiones maiceras del país”. Los indígenas, apoyados por 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de Brasil y de Perú, así como de Vía Campesina, rechazaron las leyes que permiten la siembra de transgénicos y de producción de agrocombustibles, las cuales benefician a las grandes industrias, “convierten los cultivos en máquinas y a los campesinos en trabajadores asalariados”. Se pronunciaron en contra del acuerdo que firmó la Confederación Nacional Campesina con Monsanto, al que calificaron como “una traición a los campesinos”. Destacaron que su determinación es defender la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas, y que “nos mantendremos en resistencia y continuaremos nuestro trabajo milenario de cuidar nuestras semillas y territorios, tanto como nuestras asambleas y costumbres” (Pérez U., 2007).

A lo largo de este capítulo planteamos que tanto los campesinos como los indígenas tienen planteamientos convergentes, sus reivindicaciones tienen cada vez más una perspectiva política y los horizontes de visibilidad históricos les son comunes, ya que el campo de la lucha social no sólo enfrenta al capital sino a las estructuras neocoloniales tanto las manifiestas como las interiorizadas por el conjunto de la sociedad mexicana. Expusimos también como parte de la discusión abierta que la lucha por la tierra tiene como una de sus expresiones centrales las territorialidades que le dan forma a los territorios agrarios y aquéllos referidos a marcos simbólicos y hasta míticos. Los campesinos así vistos, como sujetos históricos, son también indígenas y estos últimos comparten la racionalidad campesina al otorgarle su condición de forma de vida. Pero también hay que agregar que la crisis a la que asistimos es de orden civilizatorio, no sólo está en crisis el sistema económico-social dominante, sino la modernidad misma en la que ha derivado en especial en un continente colonizado y sometido al imperialismo en un mismo tiempo abigarrado. Por todo ello, hay que hablar entonces —recordando a Mariátegui—[5] de “campesindios”.

Una vez roto el “pacto social” revolucionario, el cemento de la sociedad mexicana ha transitado de estructuras corporativas a componendas clientelares, lo que hace gelatinosa la relación entre el Estado y la sociedad; a la vez la disputa territorial, hay que subrayarlo, no sólo se da en el marco de la aceptación y normalización de una nación heterogénea, sino en un país con contrastes lacerantes, con pobrezas múltiples y extremas en el marco de la disputa territorial por los espacios con recursos naturales por el gran capital transnacional, donde las mineras desempeñan un papel especial en la actualidad, pues tienen concesiones que abarcan más de la cuarta parte del territorio nacional, 56 millones de hectáreas (López Barcenas y Eslava, 2011:28).

Pero esta violencia del modelo de acumulación del capitalismo de nuestros días no es la única, viene acompañada de la militarización y el tránsito del narcotráfico de un trasiego por rutas determinadas a la ocupación armada de vastos territorios, tanto para la producción como para la diversificación del crimen organizado, lo que ha traído consigo una guerra sin fin, con más de 50000 muertos en los últimos seis años, donde los campesinos e indígenas son expropiados de sus tierras y recursos, sufren la violencia del narco y del gobierno; y la emigración y, por tanto, las remesas se ven afectadas al convertirse en un botín los propios migrantes y la riqueza que generan.

No obstante, para finalizar, puede decirse que los “campesindios” son una fuerza que empuja por la transformación democrática y social de México, representan la unión de las luchas anticoloniales y las reivindicaciones por la tierra y la libertad. Son la parte viva de un pasado que se hace presente, que cuenta con una comunidad referida a los territorios agrarios conquistados y hoy defendidos por millones que además cuentan, para la crítica coyuntura actual, con un programa y sobre todo con experiencias vitales para un “otro mundo mejor”.

Sistema Único de Información (sui) del Tribunal Superior Agrario. Datos al 31 de diciembre de 2004.↵

El gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien pertenece al Partido Revolucionario Institucional (pri), y el presidente de la República era Vicente Fox Quezada, miembro del Partido Acción Nacional (pan).↵

Véanse Dussel (1998), Toledo M. (1999), García de León (2002), Mittal y Rosset (2003), Almeyra (2008), Tarrío, Concheiro y Comboni (2005), López Barcenas (2006), Concheiro et al. (2007), y Modo-nessi et al. (2011).↵

Las 10 medidas propuestas fueron: 1) Sacar al maíz y al frijol del TLCAN, instalando un mecanismo de administración de sus importaciones y exportaciones; 2) prohibir la siembra de maíz transgénico; 3) aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación; 4) luchar contra los monopolios del sector agro-alimentario; 5) inscribir al maíz mexicano y sus expresiones culturales en la Lista de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad; 6) control de precios de la canasta alimentaria básica, garantizar el abasto y crear una reserva estratégica de alimentos; 7) reconocer los derechos de los pueblos originarios y proteger los territorios campesinos y sus recursos naturales; 8) acceso a los productores de café a mercados internacionales de mayores precios; 9) impulsar la conservación de bosques y selvas mediante la organización y gestión comunitarias, y 10) garantizar el principio de equidad de género en las políticas rurales, así como el reconocimiento pleno de los derechos humanos, ciudadanos y laborales de los jornaleros agrícolas y los trabajadores migrantes.↵

José Carlos Mariátegui (1978:44) planteaba entender el problema indígena en y como el problema de la tierra.↵

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7. La particular vía neoliberal de desarrollo en el agro de Nicaragua 

ÓSCAR-RENE VARGAS

Nicaragua padece una “vulnerabilidad alimentaria crónica”. No sólo porque el repunte de precios de los últimos años agravó la situación de pobreza de una franja importante de la población, sino porque esta alza ocurre cuando se acumulan décadas de deterioro del ingreso de la mayoría de la población. La consecuencia de esta combinación es el deterioro nutricional y de las condiciones sociales en las que vive más de 80% de los habitantes del país. Al mismo tiempo, todos los países centroamericanos han sido afectados por la crisis alimentaria, millones de personas no tienen acceso a los alimentos básicos. En las ciudades nicaragüenses, las repercusiones de la crisis económica global han provocado que cada vez más familias tengan dificultades para llegar a final de mes y recurran a la búsqueda de las sobras de comida en los mercados, supermercados o entre los deshechos de los restaurantes.

La reciente crisis alimentaria mundial se explicó como el resultado del incremento en el precio de granos en los mercados internacionales, la utilización de granos para producir biocombustibles en Estados Unidos, el repunte del consumo en China e India —que reúnen a un tercio de la población mundial— y el daño a las cosechas por desastres naturales. Si bien diversos de esos elementos, que llevaron en un lapso muy corto a una espiral de precios sin precedentes de los alimentos básicos, pueden ser válidos, lo cierto es que se trata de una nueva crisis superpuesta a otra de tipo estructural que se presenta en Nicaragua desde hace 30 años, por lo menos, relacionada con la falta de un modelo económico alternativo a la crisis del modelo neoliberal. Lo más grave de esto ha sido el incremento de la pobreza rural, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la dependencia externa y una vulnerabilidad manifiesta en los niveles de seguridad alimentaria.

Asimismo, es una crisis alimentaria nacional relacionada con el papel marginal que se asignó a la agricultura en el modelo neoliberal de crecimiento, en el que se optó por importar granos para “aprovechar” una baja del ciclo internacional de precios. Sin embargo, esta decisión llevó a la postre a una crisis de producción para el mercado interno, a la descapitalización del campo, al abandono de la asistencia técnica agropecuaria, al desmantelamiento del sistema de crédito al agro y “un atraso evidente” en la productividad y los costos de producción, que se volvieron más notorios con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (cafta, por sus siglas en inglés) a comienzo del nuevo milenio.

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Introducción

Los alimentos no son un bien accesible a todo el mundo y la crisis alimentaria lo ha puesto en evidencia. El problema es que, en la medida en que el precio de los alimentos subió como parte de la crisis alimentaria global, amplias capas de población, especialmente en los países centroamericanos, no pueden pagar el precio de la comida. Si los precios suben, los sectores sociales marginales no tienen capacidad para adquirirlos. En cambio, los estratos de mayor ingreso han incrementado de tal manera sus recursos disponibles en los últimos años, que la porción de su gasto destinado a la compra de alimentos se ha mantenido relativamente constante, sin que se influya de manera significativa por el alza en el precio de la comida. Es importante señalar que en el momento álgido de la crisis alimentaria global, los beneficios de las principales empresas de semillas, fertilizantes, transformación y distribución de alimentos no pararon de crecer, pues hay quienes hacen negocio con el hambre.[1]

El desarrollo del sector rural es fundamental para Nicaragua: por su aporte de alimentos básicos a la población del país, por su contribución a los servicios ambientales, por la generación de empleos y por el aporte de divisas mediante la exportación. Todos estos elementos pueden contribuir a la mitigación de la pobreza, o bien, a su incremento. No obstante, en los últimos 30 años las inversiones de los recursos financieros reales para el desarrollo de este sector han disminuido sustancialmente; por lo tanto, se están dilapidando recursos importantes como: la potencialidad del campo nicaragüense para producir alimentos; la fuerza de trabajo, sobre todo en las zonas con mayor pobreza, y persistencia de una importante transferencia de recursos, vía precios, del medio rural a las zonas urbanas.

La crisis alimentaria en Nicaragua surge a principios de 2007, con el incremento del precio del maíz y el frijol, alimentos básicos en la dieta nicaragüense. Le siguieron a éstos, el aumento de precios de la leche, la carne, los aceites comestibles y otros cereales como el trigo (para la fabricación del pan) y el arroz. Todos ellos forman parte de la canasta básica alimentaria. El impacto negativo de tales aumentos en la población con menores ingresos no se ha detenido hasta la fecha y, en consecuencia, se ha acentuado la pobreza, la desnutrición y el desempleo.

Las mujeres, junto con los niños, son las más afectadas por el hambre, a pesar de ser las principales productoras de alimentos. Muchas campesinas sufren una total inseguridad jurídica, ya que la mayoría de ellas trabaja en explotaciones familiares donde los derechos administrativos están en manos de los hombres. Asimismo, los campesinos, paradójicamente, son también quienes pasan más hambre, al trabajar en grandes latifundios o explotaciones agroindustriales, en condiciones extremas, sin ser dueños de aquello que producen.

Lo anterior obliga la búsqueda de nuevas directrices a fin de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social que los hagan posibles. En consecuencia, habrá que sustituir el actual modelo económico neoliberal por otro acorde con las necesidades de la mayor parte de la población, entre las que destaca la producción y provisión de alimentos para asegurar de este modo la soberanía y seguridad alimentaria.[2]

Por otro lado, los países centroamericanos tienen que reapropiarse de la producción, la transformación, la distribución y el consumo de los alimentos básicos, actualmente en manos de muy pocas empresas. Esto significa soberanía alimentaria, es decir, recuperar el control sobre la producción de nuestra alimentación. Para eso es necesario que la tierra esté en manos de quien la trabaja; el agua y las semillas tienen que ser bienes públicos; promover relaciones de solidaridad entre el campo y la ciudad; favorecer la comercialización directa entre productor y consumidor, mediante mercados campesinos; y entablar políticas, que pongan en el centro de la producción, la distribución y el consumo de alimentos, a los campesinos, al bienestar de las personas y el respeto al medio ambiente.

La agricultura tradicional requiere de grandes cantidades de insumos químicos externos, que agencian grandes beneficios a la industria agroalimentaria, mientras que se produce un empobrecimiento cada vez mayor del pequeño campesinado. La agroecolo-gía, en cambio, no utiliza fertilizantes ni fitosanitarios y busca la interacción entre todos los elementos que forman parte del campo, desde un enfoque económico, técnico, ambiental, social, cultural y ético. Varios estudios demuestran que la producción campesina a pequeña escala puede tener un alto rendimiento.

En consecuencia, invertir en la producción campesina familiar y agroecológica es una estrategia importante para reducir o acabar con la pobreza y el hambre, y más cuando tres cuartas partes de las personas más pobres de la región centroamericana son pequeños campesinos. Los gobiernos centroamericanos deben apoyar la producción a pequeña escala y sostenible, no sólo por una mistificación de lo “pequeño” o por formas ancestrales de producción, sino porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, reducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación.

Las principales empresas que monopolizan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria, desde la producción en origen hasta la distribución final, son quienes acaban determinando nuestro modelo de alimentación y consumo. La comida ha perdido su valor fundamental, alimentarnos, y se ha convertido en un bien mercantil.↵

La soberanía alimentaria se define como el derecho de las comunidades y los pueblos a decidir sus políticas agrícolas y alimentarias, a proteger y regular la producción y el comercio agrícola interior, con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. Alcanzar esta soberanía requiere una estrategia que rompa con las políticas agrícolas neoliberales↵

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Características generales

Según el último censo, se estima que 45% de la población nicaragüense habita en las áreas rurales, el sector agropecuario genera la mayor parte de los alimentos y dentro de este sector sobresalen los medianos y pequeños productores. A pesar de lo cual, existen una gran inequidad social, cada vez más dificultades productivas, descapitalización y empobrecimiento de los sectores rurales. Todos estos problemas presionan y producen en la población rural una dinámica migratoria hacia los centros urbanos del país y hacia otros países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Panamá) y Estados Unidos. En los últimos 40 años, Nicaragua ha transitado por diferentes modelos de desarrollo económico que han provocado cambios radicales tanto en su estructura económica como social. Encontramos modelos de concentración de riqueza bajo el régimen dictatorial (1936-1979), para pasar después a una economía centralizada que fortaleció la capacidad del Estado (1979-1990).[1] Posteriormente se dio paso a una nueva concentración de la riqueza en un modelo neoliberal que trajo la transnacionalización de la economía, con mayor desigualdad, pobreza y marginación.

A partir de 1990, las políticas del Estado hacia el sector rural han apuntado a que el mercado resuelva por sí solo los problemas estructurales de la agricultura, avanzando demasiado rápido sin consolidar una base social rural que proporcione sustento al modelo neoliberal. La carencia de políticas, proyectos y acciones específicas en el sector rural impactaron negativamente en el desarrollo del sector.

En ese momento, se puso en marcha una política de liberación comercial y desregulación de la economía que en el agro se tradujo en un proceso de contrarreforma agraria, devoluciones de propiedades, privatizaciones de las empresas agropecuarias estatales, eliminación del crédito estatal, retiro gubernamental en insumos, maquinarias a los pequeños y medianos productores; es decir, el Estado experimentó una retirada profunda del sector productivo rural.

En Nicaragua, las principales características del modelo neoliberal han sido, en primer lugar, aunque la base económica del país es agroindustrial, las mayores contribuciones a la economía las realiza el sector servicios. Por ejemplo, se presenta una terceriza-ción de la economía nacional reflejada por una proporción de 60% del sector comercial respecto a los sectores productivos. En segundo, los indicadores de pobreza que reflejan una ampliación entre ricos y pobres y un mayor empobrecimiento de las familias.

Ante las distintas percepciones sobre el desarrollo social y económico entre 1990 y 2008, la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso ha quedado pendiente en la agenda del país. El Estado debería priorizar la autosuficiencia y soberanía alimentarias para que sea capaz de revertir la tendencia importadora de alimentos, que en los últimos años ha rondado los 300 millones de dólares anuales en un país con capacidad productiva suficiente, recursos naturales abundantes (tierra, agua, etcétera) y que destina 6.6 millones (75%) de sus 8.9 millones de manzanas (más de una manzana por habitante) a la producción agropecuaria; y con ello transformarse en un exportador de alimentos.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) comparado con la tasa de crecimiento poblacional y el ingreso per cápita presenta un saldo negativo para los estratos de ingresos más bajos, particularmente en el sector agropecuario, que es donde se agudiza la problemática debido a que no ha sido la prioridad de las políticas impulsadas entre 1990 y 2008. Sin embargo, la pequeña y mediana producción ha logrado subsistir, aun cuando ha estado desprovista de una estrategia estatal concreta para brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo.

En los últimos 15 años, el crecimiento de la actividad económica agrícola sólo alcanzó 56.6%; y la población aumentó alrededor de 45%. Al mismo tiempo, el crecimiento de la actividad agrícola para abastecer el mercado interno fue mucho menor que el incremento de los rubros para la exportación, sin tomar en cuenta la distribución de los ingresos y del consumo de los alimentos que se concentra en los sectores sociales con mayores recursos.

Una gran parte de la pequeña y mediana producción provee y suple de materias primas a las empresas de alimentos y a la exportación; sin embargo, no puede fijar los precios y, en muchos casos, se mantiene por debajo del punto de equilibrio. Este proceso negativo da como resultado una transferencia de valor, un mayor empobrecimiento, margi-nación social y migración del campo a la ciudad. Por ejemplo, en este último aspecto, la composición de la población ha pasado de 60% en el sector rural y 40% en el sector urbano en 1979, a 45% de la población que vive en el campo y 55% en las ciudades en 2000, lo que ha provocado altos niveles de desintegración social y de descapitalización en las familias rurales.

Por lo general, la pequeña y mediana producción adolece de capacidades comerciales y administrativas para competir con el sector de grandes empresas privadas, ya que desconocen, en la mayoría de los casos, los mecanismos de fijación de precios, lo cual permite que los agentes intermediarios tomen ventajas, que en la mayoría de los casos son los grandes empresarios. Otro aspecto principal en las restricciones del sector agropecuario es la falta de infraestructura para el procesamiento de los productos y de medios de transportes para llevar el producto con mayor valor agregado a los mercados locales o a la región centroamericana.

En el periodo 2000-2008, el sector agropecuario creció a una tasa promedio de 2.8% anual, mientras que el forestal lo hizo a un ritmo de 5.6% anual, y en conjunto crecieron a un ritmo de 3% anual. Sin embargo, los productos agrícolas crecieron a una tasa promedio de 1.36% y los productos pecuarios a 5.27%. Por ejemplo, la agricultura y ganadería registraron, para 2005, un aporte al pib de 17%, de igual forma 59.2% del total de las exportaciones Free on Board (fob), correspondió a productos de origen agropecuario.

El Estado proveía el crédito, la capacitación, la maquinaria, los equipos y el acopio de la producción. La tierra expropiada fue distribuida a miles de campesinos en cooperativas, individuales y propiedades estatales.↵

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Tenencia de la tierra

En 1979, de los 8 millones de manzanas de tierras[1] bajo explotación agropecuaria, casi 3 millones (36%) estaban repartidas en propiedades superiores a las 500 manzanas. Las propiedades de menos de 50 manzanas sólo representaban 17.5% de la tierra en explotación. La concentración de la tierra estaba ligada a la concentración del crédito: en las décadas de 1960 y 1970, 90% de los préstamos con destino agrícola fueron absorbidos por los grandes latifundistas agroexportadores. En el agro, los sectores pobres sumaban 61.4% de la Población Económicamente Activa (pea). Entre ellos, 36.5% eran proleta-rios/minifundistas, 17.4% obreros agrícolas que constituían la fuerza de trabajo permanente de las haciendas agroexportadoras, y 7.5%, trabajadores agrícolas estacionales que sólo conseguían empleo en las temporadas de corte de café, algodón y caña.

En 1988, la transformación de la estructura de tenencia de la tierra era efectiva, pero limitada. Las grandes explotaciones (mas de 500 manzanas) sólo representaban 19% de la superficie agropecuaria (7% privadas y 12% fincas del Estado), diferente de la década anterior, en 1978, cuando representaba 36%. Las cooperativas de producción trabajaban 12% de las tierras y el resto se encontraba en manos de productores campesinos individuales y de la pequeña burguesía agraria. 70 000 familias campesinas recibieron tierras: cerca de una familia de campesinos de cada dos. Pero la superficie redistribuida bajo la forma de usufructo individual representaba únicamente 5% de la superficie agropecuaria.

La década de 1990 trajo un brusco giro de timón. El triunfo de Violeta Barrios de Chamorro abrió espacios en el gabinete de gobierno a un grupo de tecnócratas formados en universidades estadounidenses donde se habían nutrido de las teorías del mone-tarismo y la ideología neoliberal. Sumados a los empresarios creyentes de la mano invisible del mercado, o devotos de la mano ausente del Estado, implementaron una serie de políticas orientadas a desmontar los controles estatales, privatizar el Área Propiedad del Pueblo, cercar a las cooperativas y atenuar los impuestos.

Fueron masivas las ventas de tierras reformadas, a precios muy inferiores de su valor de mercado, en parte debido a su legalización imperfecta, sobre todo en las tierras mas ricas o con un potencial turístico o urbanístico. Si se hace un balance que tome en cuenta los avances (tierras concedidas, por ejemplo) y las pérdidas (ventas, restituciones a los antiguos propietarios), se observa que los beneficiarios del sector reformado perdieron aproximadamente 400 000 hectáreas entre 1990 y 2000. Y el proceso continúa.

Por ejemplo, los tres segmentos de fincas de menor tamaño (200 manzanas o menos) crecieron casi 12.9% entre 1988 y 2001, en parte debido a la lotificación de cooperativas y fincas estatales, y a la entrega de tierras a excombatientes de ambos bandos y a retornados. Las formas colectivas experimentaron una reducción de mas de 20%, lo cual refleja su parcelación en beneficio de los obreros agrícolas y cooperativistas. Una gran parte de esa área fue devuelta a sus antiguos dueños o fue adquirida por viejos o nuevos grandes propietarios, de ahí el repunte de las fincas ubicadas con 200 manzanas o más.

Las familias sin tierra representan 38% de la población rural, según un estudio realizado durante el gobierno de Bolaños. Además, Nicaragua tiene uno de los índices de concentración de la tierra más altos de América Latina con base en una investigación realizada por el gobierno de Ortega, la fao y el Banco Mundial. De acuerdo con la última encuesta oficial sobre el nivel de vida, sólo la cuarta parte (25%) de las familias rurales tiene acceso al crédito, y una quinta parte (20%) de las familias rurales tiene acceso a carreteras pavimentadas, lo que les crea dificultades para acceder a los mercados y a los servicios básicos (Grisgsby, 2010).

Una manzana de terreno es equivalente a 0.70 hectáreas. Dicho de otro modo, una hectárea es equivalente a 1.43 manzanas.↵

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Desnutrición y subnutrición

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) (2009) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés) (2009c) señalan que la producción agrícola se redujo en 2009 en relación con 2008. El crédito cubre solamente 2% del valor bruto de la producción agropecuaria, es decir, que por cada dólar producido, se financian 20 centavos. Es muy bajo para generar crecimiento sostenido, cambios cualitativos en la actividad productiva, desarrollo tecnológico y mejorar las expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazos (fao, 2009a). Al mismo tiempo, se siguen importando alimentos por una cantidad mayor a los 300 millones de dólares anuales.

Los niveles de desnutrición de la población se asocian a la falta de acceso a los alimentos, a insuficientes ingresos para adquirirlos y al inadecuado aprovechamiento nu-tricional de los mismos.[1] El acceso a salud, educación, agua potable y saneamiento es un factor que incide en los niveles de desnutrición de la población, la cual puede ser aguda, global o crónica.

La desnutrición crónica está asociada a la pobreza. Los niños que habitan los hogares con menores ingresos sufren 6.3 veces mas de desnutrición crónica que los niños de hogares con mayores ingresos. En Nicaragua los niveles de desnutrición están desigualmente distribuidos a nivel territorial. Por ejemplo, Jinotega con 38.7%, Madriz con 35.3% y la Región Autónoma del Atlántico Norte (raan) con 31.7% son las regiones que registran los índices más altos de desnutrición. Rivas y Managua tienen los niveles más bajos de desnutrición con 11.4% y 12.5%, respectivamente (inide, 2008). Según los datos más recientes de la fao, 19% de la población nicaragüense (un millón cien mil personas) sufre de desnutrición, aun cuando el país consiguió algún avance, ya que este porcentaje en los últimos años era de 20 por ciento.[2]

Un informe del organismo internacional “Acción contra el Hambre” indica que en 2010 los hogares en la zona norte de Nicaragua (los municipios de Totogalpa, Yalagüi-na, Somoto, Las Sabanas, San José de Cusmapa, Macuelizo y San Juan de Limay) han reducido 50% el consumo de alimentos. Las reservas alimenticias de los productores que habían cosechado su propia producción eran inexistentes, ya que se les habían terminado. Las pérdidas en los siete municipios superan 50% del total de su producción. Normalmente, en esta zona el periodo crítico para conseguir alimentos son los meses de junio y julio. La falta de alimento ha provocado que 64% de la población, que de manera tradicional sobrevivía de su siembra, compre los granos para el consumo familiar desde el mes de febrero. Sin embargo, las familias no sólo se ven afectadas por la falta de alimento, sino también por la sed que provoca la sequía de las fuentes hídricas en el norte (Álvarez y Navas, 2010).

La hambruna que afecta a algunos municipios no es un caso aislado que se presentó en 2010, sino un problema cíclico que se ha repetido desde hace muchos años y que sólo se romperá cuando se establezca una política estratégica de seguridad alimentaria. Por ejemplo, los ganaderos advirtieron, cuando dejó de llover antes de tiempo, que habría una situación difícil. La falta de pasto para alimentar a los animales afecta la producción de leche, y las fuentes de agua se están secando lo que causa que el ganado muera (Navas, 2010). Así ocurrió en el municipio de Camoapa (Boaco), donde la producción de leche ha caído entre 10% y 20% por efecto de la sequía y la falta de agua (Martínez, 2010).

Se denomina subnutrición cuando la ingesta de alimentos no cubre las necesidades de energía básica a la población de manera continua; sin embargo, la tendencia ha sido la disminución entre 1990-2006 de 30% a 27%. Para 2006, todavía afectaba a cerca de 1.47 millones de nicaragüenses. El alza de los precios de los alimentos entre 2007 y 2011, en especial de los granos básicos (maíz, arroz y frijol), incide de manera directa en los estratos de mas bajos ingresos ya que éstos constituyen la base de la dieta del sector de extrema pobreza (35.7% de la población) (inide, 2009).

A partir de la relación alimentación-aprendizaje como un elemento importante para garantizar la calidad en la educación, se incorporó la alimentación escolar como un eje transversal del currículo de la educación básica y media. Muchas veces los factores que determinan la calidad educativa se encuentran fuera de la escuela, y ése es el caso de la alimentación de los niños. A mas niveles de pobreza de la población, menores posibilidades hay de que los niños se alimenten bien, y lleguen a la escuela con capacidades y fortalezas para aprender bien y mejor (Castillo, 2011).

La FAO define la seguridad alimentaria como el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos.↵

Véase revista Envío, núm. 344, Universidad Centroamericana, noviembre de 2010.↵

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Los actores económicos y sociales del sector agropecuario

La distribución del pib agropecuario según las áreas de gestión administrativa pone de relieve que la región vi (Matagalpa y Jinotega) aporta 24% del valor agregado generado por el sector agropecuario y forestal, lo que refleja la preponderancia de la producción cafetalera, ganadera y una concentración importante de rubros de consumo interno (maíz y frijol) producidos por pequeños y medianos productores. El 53.87% del valor agregado agropecuario y forestal es aportado por los pequeños y medianos productores, en tanto que el sector empresarial y grandes productores aportan sólo 39.69%. Mientras que el aporte al pib agropecuario del sector asociativo e indígena es marginal (Ciprés, 2007:144).

De acuerdo con los estudios realizados por el Centro para Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural Social (Ciprés, 2007:179), basados en los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, gran parte de los cultivos para el mercado interno son controlados principalmente por los pequeños productores, quienes dominan 82% de la producción de maíz, 83% de frijol, 81% de arroz de secano, 80% de la producción de hortalizas, 62% de ajonjolí y 51% del café. Cabe señalar que 70% de la producción cafetalera está en manos de pequeños y medianos productores, de ahí el origen de las repercusiones económicas y sociales que se generan cuando los precios del café caen en el mercado internacional.

En Nicaragua se presentan grandes brechas tecnológicas entre la gran agricultura comercial (gran escala y tecnología moderna) y la agricultura de pequeña escala, en la cual todavía existe una presencia importante de sistemas productivos que utilizan tecnologías tradicionales. También se da una mezcla entre la producción de granos básicos, dirigida al consumo interno y realizada por los pequeños y medianos productores; y entre producción de frutas tropicales, raíces, tubérculos, hortalizas, flores y café, para la exportación efectuada por medianos y grandes productores.

La agricultura es también un sector importante en la generación de empleo e ingresos en las zonas rurales, en especial entre los estratos pobres; además, la contribución real de la agricultura ampliada a la producción nacional es mayor de lo que se deriva de las cifras de las cuentas nacionales, en las que únicamente se suman los encadenamientos —hacia adelante y hacia atrás— de las actividades agrícolas y pecuarias.

El papel de la agricultura y del sector rural como generadores de empleos y motores del crecimiento es fundamental en contextos económicos recesivos; no obstante, en la actualidad la capacidad de la agricultura y del medio rural para aminorar los impactos negativos de la crisis y contribuir a la recuperación se ve limitada por la baja inversión que se ha realizado durante décadas en el sector rural. Nicaragua tiene un gran potencial para incrementar la producción agrícola y, por lo tanto, contribuir a la seguridad alimentaria de la región centroamericana, pues es uno de los países con suficiente disponibilidad de tierras y aguas para incrementar la producción agrícola; aunque, la falta de crédito a largo plazo, red vial, silos de almacenamiento, etcétera, limitan su potencial.

Asimismo, la elevada volatilidad de los precios de los productos básicos, los altos costos de producción y de los insumos, junto a las restricciones de crédito, desincentivan tanto la producción como la inversión agrícola de largo plazo. Frente a la incertidumbre y la falta de capital, las instituciones financieras privadas restringen el crédito, lo que reduce las posibilidades de fomentar las inversiones de importancia. Esta contracción del crédito se vincula, también, con la caída en la tasa de crecimiento de la productividad de algunos cultivos, y es uno de los factores para que el aumento de la oferta sea insuficiente para satisfacer el incremento de la demanda.

El bloque de las clases dominantes se ha volcado al rentismo financiero y busca controlar la agenda de la política externa, de la misma forma como hace con la política económica. En este bloque dominante, un segmento importante es el del llamado agronegocio, compuesto por terratenientes productores de commodities, industrias que se benefician de los productos agropecuarios y empresas comerciales exportadoras. Estos grupos son herederos de las antiguas oligarquías rurales, y su capacidad de acción política no está en proporción con su peso en el pib. Son formadores de precio en el mercado interno y controladores del mercado externo, y su interés mayor es superar las barreras comerciales en Europa y Estados Unidos, por eso están a favor de los tratados de libre comercio.

En el campo popular hay tres grupos, sin embargo, no están organizados para interferir de manera determinante en las negociaciones y en las definiciones de las políticas públicas. El primero de ellos es el de los pequeños campesinos y trabajadores rurales, que lucha por la preservación y conquista de la propiedad de la tierra y de los empleos en el campo que le corresponden. Su objetivo es la producción de alimentos para el consumo popular, con lo cual se preserva el mercado interno y la seguridad alimentaria de la nación.

El segundo grupo está formado por los sindicatos de trabajadores urbanos. De la misma forma que los campesinos, éstos se oponen ideológicamente al libre mercado y son muy vigilantes respecto a las concesiones de acceso a los mercados, preocupados por sus efectos sobre el empleo, principalmente en la industria nacional y en la zonas francas. A diferencia de sus compañeros del campo, este grupo tiene más facilidad para establecer alianzas con los intereses empresariales de la industria en la búsqueda de acceso a mercados externos.

El tercer grupo de intereses en el campo popular lo constituye un colorido mosaico de ong. Como los demás grupos, se preocupa bastante por los efectos del comercio sobre el empleo, y es especialmente sensible a temas como propiedad intelectual, medidas antidumping, comercio de servicios, seguridad alimentaria y transparencia en las compras gubernamentales.

El triunfo del neoliberalismo no sólo ha consolidado las altas finanzas como grupo hegemónico de las clases dominantes, sino que también erosionó el compromiso del capital del sector productivo con cualquier proyecto de desarrollo nacional. La fracción superior de lo que otrora fuera la “burguesía nacional” está resignada a un papel secundario, mientras espera que las inversiones extranjeras lideren sus movimientos. Con respecto al comercio exterior, la posición de esa nueva correlación de fuerzas suena como el eco de la vieja concepción de las ventajas comparativas del agronegocio y de las exportaciones de bienes agrícolas.

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Movimiento sindical

La libertad sindical continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda democrática del país. Más allá de declaraciones oficiales, organizarse gremialmente es toda una odisea. Cualquier iniciativa suele enfrentarse a toda clase de obstáculos, empezando por el patrón, quien considera un agravio que sin su autorización los trabajadores se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades gubernamentales se sienten con el derecho de otorgar y quitar la legitimidad de los sindicatos, al atender a sus intereses. Muchos líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio —por cierto el más detestable—: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y las mujeres que trabajan.

La imposibilidad práctica de los trabajadores para organizarse libremente limita la existencia de una contratación colectiva auténtica. El salario en Nicaragua se ubica entre los más bajos del mundo, las jornadas de trabajo crecen y, en muchos centros laborales, llegan a las 12 horas diarias. La degradación laboral se recrudece en las últimas décadas, y afecta a trabajadores de distintos sectores. En tanto que para la pequeña y mediana empresa del campo, la indefensión es la regla general.

La falta de mano de obra calificada, capital humano y baja competitividad ponen un techo al incremento del pib, insuficiente para un desarrollo importante. Al mismo tiempo, el ingreso nacional es reducido, la productividad baja y la necesidad de capital de inversión es importante. Para lograr un aumento en la productividad se necesita primero mejorar las condiciones de vida y el nivel educativo de los trabajadores del campo y la ciudad. Existe una tendencia de que la productividad laboral vaya declinando en la agricultura y se generen empleos de baja remuneración, con escasos incrementos en la pequeña y mediana industria.

La precariedad en puestos de trabajo es un factor fundamental para mantener a los trabajadores del campo en situación de pobreza, al igual que los bajos salarios. Muchos de quienes tienen trabajo no tienen prestaciones ni un contrato de base, a ello se suman miles de personas que perciben un salario mínimo y otros miles de la Población Económicamente Activa (pea) agropecuaria que no supera el salario promedio nacional, con el agravante de que el ingreso de los asalariados representa apenas una cuarta parte del costo de la canasta básica. Una familia no puede sostenerse con un salario mínimo y salir de la pobreza, es decir, los asalariados del campo siguen enfrentándose a problemas considerables en términos de su poder adquisitivo, nivel de educación y estabilidad del empleo.

El deterioro en el mercado laboral de 2007 a 2011 ha sido importante. Cuando se produce un gran deterioro de esta naturaleza, la pobreza sube. La gran mayoría de los ingresos de la gente en Nicaragua depende de este mercado laboral. El empleo es la llave maestra para resolver el problema de la desigualdad social y la pobreza. Según las encuestas que miden el nivel de vida, en el periodo 2001-2005 el producto por persona trabajadora se redujo en 1.8% (inide, 2006); el sector industrial y la agricultura fueron las áreas que experimentaron mayores reducciones. La productividad agrícola es determinante para el bienestar de la población pobre. Según el Banco Mundial, los grandes productores agropecuarios muestran niveles de productividad hasta seis veces superiores a los de los pequeños productores. Esta desigualdad en la productividad se relaciona con las diferencias de cantidad y calidad del capital, con las habilidades de la fuerza de trabajo (capital humano) y con las tierras disponibles.

La debilidad del mundo sindical en el campo también se expresa en su división, fragmentación y en el hecho de que cuenta con menos afiliados. La debilidad de los sindicatos, que puede extenderse en diversos grados a otros sectores de la sociedad civil, aunada al reflujo de los partidos políticos de oposición, minimiza la protesta social, no obstante la crispación del lenguaje. En este sentido, es increíble que en medio de una crisis, no existan movimientos sociales de protesta.

El gobierno de Ortega ha logrado erradicar a los sindicatos llamados independientes de casi todas las instituciones del Estado y del campo. Sorprende que en medio de una crisis como la que se vive en Nicaragua, no existan mecanismos eficaces para intentar lo que en otros países llaman “diálogo social”, esto es, la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas más graves. En este caso se prefiere la ficción a la realidad, de modo que el gobierno “dialoga” con los empresarios y banqueros, pero se sirve del apoyo político de los sindicatos, al desnaturalizar la búsqueda de acuerdos como una inútil solemnidad que no lleva a ninguna parte.

La falta de movilización sindical en Nicaragua es reflejo del triste estado en el que se encuentran los sindicatos. La reforma laboral que se impuso a partir de la década de 1990 (iniciada con el gobierno de Chamorro y gobiernos neoliberales posteriores) condujo al debilitamiento de los sindicatos en casi todas las ramas de la actividad económica. En la actualidad, sólo una minoría de la fuerza de trabajo ocupada milita en un sindicato. Lo importante es que el estancamiento en la evolución de los salarios en la economía nicaragüense está correlacionado con el debilitamiento, cooptación y desaparición de los sindicatos; además, la incertidumbre y el miedo a perder el empleo promueven la desmovilización.

Desde el punto de vista legal y político, la realidad es que la clase trabajadora en Nicaragua se encuentra desprotegida. En lo político, no sólo se debilitaron los sindicatos, sino que las prioridades políticas del partido de gobierno, tradicionalmente cercano al mundo laboral, se corrieron hacia la derecha al asumir el neoliberalismo como eje en su política económica. Desde el punto de vista legal, en Nicaragua se impuso hace mucho, desde 1990, la falacia de la flexibilización laboral con el fin de eliminar las distorsiones en el mercado de trabajo.

Por temor a perder el empleo, los trabajadores se ven obligados a afiliarse a los sindicatos progubernamentales. En las instancias de gobierno son los mismos dirigentes sindicales quienes se encargan de obligar a los trabajadores a asistir a los mítines políticos del gobierno. Esa misma práctica la utilizó la dictadura somocista. Por eso vemos que suben los precios del combustible, los productos de la canasta básica, el agua, la luz, y nadie se pone al frente para frenar los incrementos. Hay una falta de unidad en las organizaciones sindicales, muchas de ellas han desaparecido por presiones políticas o razones económicas (Sirias, 2011).

Durante los últimos años, la base social del “sandinismo institucional” en el movimiento sindical organizado se ha fortalecido; sin embargo, la minoría de los trabajadores del país se encuentran sindicalizados. Los trabajadores son gente práctica: si el “sandinismo gubernamental” les asegura conseguir algunas prebendas (salario mínimo, bono salarial, por ejemplo), ¿para qué meterse en problemas y líos con huelgas o paros? Este argumento tiene peso, siempre y cuando el movimiento sindical logre algunos resultados prometidos y ellos no pierdan su trabajo. El reformismo sindical con reformas tiene sentido, pero el reformismo sindical sin reformas, con contrarreformas y represión, no tiene sentido en absoluto para los trabajadores. Por eso los empresarios tienen la disposición a dar algunas concesiones mínimas para asegurarse la estabilidad social y la flexibilidad laboral.

En general, el sindicalismo ha perdido autonomía ante el gobierno. Los sindicatos sandinistas no tienen agenda propia, pues desarrollan una similar a la del gobierno. En realidad, no funcionan como sindicatos, sus objetivos no son trascendentes y no tienen los objetivos de proyección social que deberían tener. Los otros, los sindicatos independientes, no tienen fuerza porque fueron diezmados. Entre 2007 y 2011, se produjo el descabezamiento de mas de 129 organizaciones sindicales independientes. Según los datos de los sindicalistas que no son afines al gobierno, mas de 21 000 empleados estatales han sido despedidos (Rodríguez, 2011). La capacidad actual de los sindicatos para influir en las diferentes decisiones de las políticas del gobierno es prácticamente nula; por lo tanto, vemos su papel y sus acciones subordinados a los intereses de sus dirigentes.

Dada esta correlación de fuerzas sociales y el estancamiento económico, la clase dominante contempla con temor la posibilidad de un conflicto social general. Ante la perspectiva de una recuperación débil, acompañada de altos niveles de desempleo y de ataques contra el nivel de vida de los trabajadores y la clase media, los desempleados, los miembros de la tercera edad y los enfermos; los sectores más pobres de la sociedad pueden verse obligados a no querer pagar la factura de la crisis económica. Este hecho, en sí mismo, tiene profundas consecuencias; ésa es la razón por la cual la clase dominante no tiene más alternativa que aliarse al gobierno de Ortega, ya que con ello asegura su estabilidad.

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Financiamiento del sector agropecuario

Desde 1990, el crédito al sector agropecuario ha tenido un comportamiento inestable y restrictivo para aquéllos que presentan problemas de garantías reales y de propiedad. En los últimos años, solamente 15% de la cartera total de los bancos privados comerciales se dirigen al sector agropecuario, del cual 87.2% es crédito de corto plazo. Para el sector agropecuario, la ausencia del Banco de Desarrollo, eliminado en la década de 1990 por un gobierno neoliberal, ha generado muchas complicaciones y ha profundizado los obstáculos para una reconversión del sector productivo rural. Los más afectados por el abastecimiento de crédito, mediante el mercado bancario privado, son los pequeños productores que no pueden cumplir con los requisitos establecidos.

Según datos del TV Censo Nacional Agropecuario (inide y Magfor, 2011), el último realizado en Nicaragua en 2001, 23.7% de los propietarios rurales gestionaron crédito, 15% recibieron algún tipo de crédito condicionado y 8.7% recibió crédito en efectivo. De igual forma, 24.1% de los productores pequeños gestionó crédito, 15.8% recibió algún tipo de crédito condicionado y 8.9% recibió crédito en efectivo (Cenagro, 2001). Esta situación no ha evolucionado favorablemente para el sector rural, pues los mecanismos crediticios siguen siendo los mismos. Se calcula que 77% del crédito otorgado por los bancos privados para la agricultura, corresponde a transacciones de las grandes empresas comercializadoras de café, azúcar, ajonjolí, maní, etcétera, que se encuentran controladas por familiares o directivos de los bancos comerciales (Ciprés, 2007:176).

Hasta 2009, una complicada madeja burocrática actúa en la canalización de los fondos estatales. Los fondos del Estado son transferidos a las instancias bancarias privadas para ser regidos según los requisitos de esas instituciones, no obstante, las instituciones del Estado supervisan a la banca comercial privada para aprobar los requisitos establecidos por la política rural. La burocracia de la intermediación, los elevados costos de transacción y los requisitos de acceso al crédito, tasas de interés y garantías reales son, entre otros, los factores que impiden una adecuada ejecución de los recursos que el Estado dispone para el sector rural.

Todos estos aspectos son restrictivos para los productores pequeños y medianos, pues las dificultades de acceso a dichos recursos aumentan más los costos de transacción. Estos obstáculos han conducido a un bajo cumplimiento en la ejecución de recursos por parte del Estado. En efecto, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), con base en un estudio realizado para analizar la ejecución de los fondos de la cooperación, ha habido un cumplimiento de 64.3% anual en los últimos tres años.[1]

La tendencia del crédito agropecuario está disminuyendo o está estancada, según los años, en relación con el crédito total de la banca comercial nicaragüense; esta tendencia a la baja se aprecia con mayor énfasis a partir de 2002. Además, tal disposición responde a la lógica de la búsqueda de rentabilidad de la banca privada en el sector terciario de la economía. Del total del crédito agrícola, entre 93.3% y 80.4%, dependiendo de los años, es crédito para el sector exportador; solamente entre 19.6% y 6.7%, según el año, es para financiar los productos para el mercado interno. El crédito agrícola se dirige hacia los sectores empresariales y de gran producción. Si el crédito agrícola de corto plazo presenta serias dificultades para los pequeños productores, el crédito a largo plazo lo es mucho más (bcn, 2009:105).

De acuerdo con los estudios realizados por el Ciprés (2007:179), basados en los resultados del /// Censo Nacional Agropecuario (el TV Censo está realizándose), los pequeños productores quedan relegados del crédito bancario comercial; sin embargo, gran parte de los cultivos para el mercado interno son controlados principalmente por ellos quienes intervienen en 82% de la producción de maíz, en 83% de frijol, en 81% de arroz de secano, en 80% de la producción de hortalizas, en 62% de ajonjolí y en 51% del café. Es decir, los recursos crediticios facilitados a los pequeños productores son marginales a pesar de que son los principales abastecedores de los bienes alimenticios del país.

El crédito ganadero ha experimentado un comportamiento oscilante a lo largo del periodo 1990-2008, explicado por un exceso de crédito en los primeros años de la década de 1990, el cual después se convirtió en sobreendeudamiento que trajo como consecuencia una contracción del crédito hacia el sector. A partir de 2005, el crédito prosperó como consecuencia de la mejoría de los precios de la carne en el mercado internacional, los nuevos mercados de acceso, un proceso de saneamiento parcial de la deuda y un ordenamiento productivo de las fincas ganaderas. El mejoramiento del crédito al sector consiste en financiamiento para el acopio de ganado vacuno destinado para su comercialización en pie y para exportación de carne.

Este esquema de financiamiento significa que los productores pequeños que se dedican al desarrollo y la lechería no participan de los recursos cedidos por la banca comercial, pues la actividad ganadera comercial está vinculada con los monopolios de los mataderos y con un grupo reducido de comerciantes de ganado en pie donde los productores pequeños no tienen participación.

Debido a que los pequeños productores no tienen acceso directo al crédito agropecuario, según las modalidades en que se desarrollan los programas gubernamentales y los requisitos de la banca comercial privada, la única opción son las instituciones financieras privadas denominadas “microfinancieras”, constituidas por empresas, sociedades mixtas y cooperativas. Este sector financiero ha suplido parcialmente el vacío dejado por el Estado y la indiferencia de la banca comercial privada.

Mediante programas como Hambre Cero, Programa Nacional de Semilla y el Fondo de Crédito Rural, el gobierno de Ortega (2007-2012) trató de ejecutar acciones que mejoraran la capacidad productiva de los estratos con algún acceso a la tierra (70% de los hogares rurales tienen alguna parcela de tierra para fines agropecuarios), al implementar transferencias de animales, semillas, o créditos con tasas de interés inferiores a las del mercado. Asimismo, en 2009, estos intentos de política pública enfrentaron fuertes restricciones presupuestarias por las razones apuntadas anteriormente.

Al cierre de marzo de 2012, el crédito total de la banca comercial al sector agropecuario fue apenas 2.62% de su cartera; en tanto, el financiamiento total de la banca de desarrollo a ese rubro fue de 0.01%. De esta manera, en el periodo enero-marzo de ese año, el crédito bancario al sector agrícola de Nicaragua representó 0.28% del pib nacional. El sector rural o primario es una actividad económica importante debido a que es un abastecedor potencial de materias primas, alimentos e incluso mano de obra que históricamente ha provisto a la industria y al sector servicios. En contraste, el saldo del crédito al consumo mostró un aumento en términos anuales, el cual se destinó a tarjetas de crédito y créditos para la adquisición de bienes duraderos como automóviles y enseres domésticos. Lo anterior confirma la falta de profundidad y cobertura del crédito rural en Nicaragua.

Justamente, entre los problemas que afronta el campo está la falta de acceso al crédito, la ausencia de asistencia técnica y los apoyos para la comercialización, todos estos aspectos relacionados con lo que debería atender la banca de desarrollo o de fomento. Es necesario redoblar los esfuerzos en favor de un campo fuerte, orientado a garantizar la disponibilidad oportuna de alimentos básicos para la población y de materias primas para la industria. Además, sería deseable que el país retomara el objetivo de seguridad alimentaria y que lo adaptara en la actualidad (cambio demográfico, desertificación, entre otros problemas), al considerar que la simple canalización de recursos no es suficiente debido al abandono que por años ha sufrido el campo. Es ineludible el fortalecímiento de la asistencia técnica por parte de la banca de desarrollo, pues ademas de los recursos financieros, en algunos casos la reconversión productiva de una región es necesaria, ya que el cambio climático, demográfico (producto de la migración) y la erosión del suelo, entre otros factores, hacen que su adopción por parte de los productores sea fundamental para el incremento de la productividad del sector.

Datos obtenidos en la Asamblea Nacional de Nicaragua.↵

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El capta y el sector agrícola de Nicaragua

Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden Uds. imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura estadounidense, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional.

Este sólido y veraz concepto fue expresado por George W. Bush, presidente de Estados Unidos, el 27 de julio de 2001. Comparto estas ideas sobre la producción de alimentos, pues veo cómo las cumplen en Estados Unidos, en donde imponen subsidios sin plazo a su favor; en cambio, en Nicaragua obligan a quitar toda protección a los productores a plazo fijo (Carazo, 2006).

Estados Unidos otorga subsidios a su producción y exportación (Madeley 2006); sin embargo, mediante el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (cafta), Nicaragua abre sus fronteras arancelarias y se convierte en importadora creciente de lo que su pueblo come. Se le niega el derecho a producir lo que la población necesita y se le presiona a cultivar flores, frutas y postres. La rama agropecuaria es un sector estratégico en cualquier economía, más cuando se trata de países en desarrollo, pues incide en varios aspectos, entre éstos cabe destacar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la estabilidad política y económica, la externalidad positiva sobre el medio ambiente, la generación de empleos, la ayuda para corregir problemas de balanza de pagos y, por último, la contribución con el crecimiento económico.

Entre los cambios que se observan a partir del cafta se encuentra el fortalecimiento de unidades de plantaciones modernas y más desarrolladas, contrario a la tendencia de una mayor proliferación de unidades pequeñas y atrasadas en manos de pequeños y medianos campesinos por la falta de crédito a largo plazo. El mercado agropecuario experimenta un proceso de “diferenciación estructural” más profundo, producto del desarrollo de unidades productivas más competitivas y con acceso a infraestructura. La producción localizada y dispersa no obtiene ningún tipo de beneficio. Solamente 32.4% de las plantaciones de Nicaragua tiene un grado apropiado de acceso a la infraestructura de caminos y puentes de todo tipo, condición que define el rumbo estructural de la pequeña y mediana producción del campo (Vargas, 2003).

El crecimiento económico y productivo se produce en plantaciones de productos no tradicionales, que obtienen ciertos beneficios de la apertura comercial con Estados Unidos; también en aquellos productos protegidos en el mediano plazo bajo el sistema de cuotas (azúcar, arroz, carne bovina, quesos, etcétera). La producción de maíz, frijol y arroz, proveniente de productores con rendimientos estancados, experimenta una de reducción de su patrimonio agrícola y de su nivel de vida. Esta situación se determina por las bases y correlación de intercambio comercial entre la producción moderna y avanzada a costa de la atrasada. Se estima que 78.3% de las unidades productivas básicas experimentarán este proceso a partir de la entrada del cafta.

Uno de los asuntos más difíciles en el cafta es la agricultura, debido en parte a los diferentes roles que desempeña en las economías de Centroamérica y de Estados Unidos. En Centroamérica un promedio de 38% de la población depende de la agricultura, mientras que en Estados Unidos tan sólo 2% . Por esto, mientras que para este país la negociación agrícola sólo implicó efectos potenciales pequeños en términos de producción y empleo agrícolas, para Centroamérica los efectos de la liberalización agrícola sobre producción, empleo y patrón de desarrollo son drásticos, aunque esto no quiere decir que del todo negativos.

La agricultura en Nicaragua se caracteriza por un importante grado de dualismo. Por un lado, hay un sector agroempresarial moderno y orientado a la exportación que no resultó amenazado por el cafta, sino todo lo contrario, es el principal beneficiado y salió ganando con un acceso agrícola ampliado al mercado de Estados Unidos. Así que una parte de ese 45% de la población vinculada a la agricultura de exportación es potencial ganadora en el cafta, dadas las ventajas comparativas de Centroamérica en sectores como café, banano, avicultura, azúcar, plantas ornamentales y otros, siempre y cuando el cafta le permita el acceso al mercado estadounidense en estos productos. Por otro lado, se encuentra un sector más tradicional y orientado al mercado interno, aquí se localizan los retos más importantes en términos sociales, políticos y de desarrollo. El cafta induce movimientos migratorios campo-ciudad y dado que la capacidad de absorción por parte de los sectores de la industria y de los servicios es insuficiente, se van a generar mayores niveles de desempleo y pobreza (Crowder, 2006).

La organización Food First afirma que: “La agricultura orientada hacia la exportación ha contribuido a generar más hambre y pobreza global, y ha enajenado a millones de personas de la tierra, el agua y las semillas. La producción para la exportación se ha promovido a costa de la seguridad alimentaria doméstica y ha llevado a una mayor concentración del sistema alimentario”, es decir, mientras más se produce y más se exporta, más se pierde. La premisa es muy sencilla: si un empresario o un campesino produce a un costo de 100 dólares y vende a un precio de mercado de 70 dólares, pierde por cada unidad del producto exportado 30 dólares, y su crecimiento será perverso, pues mientras más produzca y exporte, más se empobrece (Núñez, 2006).

Con base en el análisis del capta, es posible aseverar que es nocivo para la producción agropecuaria nicaragüense, y que, con el mismo, se pactó la extinción de una parte sustancial de agricultores nacionales, la disminución de la producción y el creciente deterioro de nuestra seguridad y soberanía alimentarias. El TLC amenaza y atomiza la organización campesina, agudiza la tendencia de concentración de tierras en manos transnacionales; en el plano social, esto significa la desaparición de dos elementos fundamentales de la estructura social: el pequeño y mediano productor agropecuario y el campesino, que se sustentan principalmente en la producción para el mercado interno.

En el capítulo 3 del cafta, sobre el “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado”, en la Sección F, se aborda el tema “agricultura”.[1] A partir del análisis del tema agrícola es posible vislumbrar los retos que enfrentará el agro nicaragüense con este tratado comercial (Vargas, 2004):

Dadas las enormes asimetrías en subsidios, servicios gubernamentales de apoyo y productividad, los plazos establecidos para la desgravación de productos nacionales en competencia o con sustitutos cercanos son insuficientes.

Los apoyos directos a la producción (subsidios) quedaron fuera de la negociación, con lo cual se favoreció claramente el interés de Estados Unidos y no hubo ningún tipo de compensación a cambio para Nicaragua o a la región centroamericana.

Se reniega de los sistemas de cuotas con derecho a excluir de los programas de desgravación arancelaria los productos agropecuarios sensibles de una manera radical. Al mismo tiempo, se prohibe la exclusión de un producto del programa de desgravación arancelaria como una opción de defensa de la producción.

Sólo se establecen periodos de gracia y de transición para ciertos “productos sensibles” y se renuncia a cualquier tipo de exclusión del programa de desgravación arancelaria al desestimar o ignorar las distorsiones por competencia desleal que enfrentan algunos de los más importantes productos agropecuarios.

La apertura del mercado interno nicaragüense a la importación de productos agrícolas de Estados Unidos causará un efecto muy negativo sobre la producción nacional, debido a que el país no está preparado para una competencia con los productores estadounidenses, quienes cuentan con facilidad de crédito, importantes subsidios y ayudas internas, transferencia tecnológica e investigación aplicada, recursos para el fomento y mercadeo.

Respecto a la propiedad intelectual, el cafta amplía las patentes de los medicamentos y los agroquímicos. El tratado encarecerá el costo de los agroquímicos, del cual dependen los agricultores para ser competitivos.

No resulta lógico que el país se abra a las exportaciones subsidiadas de Estados Unidos, es decir, mientras que Nicaragua aplica leyes de libre mercado, Estados Unidos aplica leyes de proteccionismo estatal.

En materia de cuotas, Estados Unidos mantuvo su sistema de cuotas tanto para el azúcar como para el etanol.[2]

Los mecanismos de protección contemplados en el cafta son exiguos e insuficientes para lograr una protección efectiva de la producción nacional y de los productores, frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Se encuentra amenazada la posibilidad de establecer una política de soberanía alimentaria, con el consiguiente efecto destructivo sobre la agricultura de pequeños productores y la vida rural nicaragüense.

En consecuencia, el cafta deja sin un mecanismo de control frente al uso indiscriminado de recursos naturales fundamentales para la producción alimentaria nacional y, especialmente, frente a la apropiación privada de estos recursos y del conocimiento campesino e indígena desarrollado alrededor de ellos. La obligación de dar patentes sobre plantas que Nicaragua acepta en el cafta, también significa abrir las puertas para el ingreso de las variedades transgénicas al país, lo cual garantiza a las empresas sus ganancias y el fortalecimiento de una tecnología que no tiene el objetivo de resolver los problemas de los agricultores sino que, por el contrario, aumenta su dependencia de las empresas semilleras y agroquímicas, e incluso promueve la concentración de la tierra por las inversiones intensivas de capital que demanda.

La estrategia estadounidense de recuperación de su dominio comercial mundial, frente a la competencia internacional, se basa en tres ejes: el mercado de armas, las patentes y el agro, especialmente, los granos básicos (Burch, 2002). Para el agro, adoptó una política de precios bajos, mediante subvenciones a los productores, para que pudieran vender por debajo del costo de producción a las grandes multinacionales exportadoras como Cargill y abm. Al mismo tiempo, presionó para que los demás países abrieran sus mercados a estos productos. Las instancias encargadas de lograrlo fueron, inicialmente, el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial, con las políticas de ajuste estructural, pero en los últimos años, los mecanismos para asegurar la apertura de los mercados a los productos estadounidenses han sido, sobre todo, los acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o nafta, por sus siglas en inglés) que se adoptan en el marco de la Organización Mundial del Comercio (omc) y el cafta (Rosset, 2002).

El cafta se basa en premisas falsas, pues ignora la concentración del poder del mercado alimentario internacional en manos de las grandes empresas agroindustriales. Un pequeño grupo de grandes empresas de granos —Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Andre y Bunge— desempeña un papel central en el sistema alimentario global. Estas cinco empresas, según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés), en 1986 controlaban 85% del comercio mundial de productos agrícolas (Raghavan, 2002). Cargill, por ejemplo, posee ahora una enorme importancia en los sectores avícolas nicaragüenses y derivados (Monge, 2003).

El comercio agroalimentario sufre una fuerte transnacionalización, por lo cual las empresas extranjeras se convierten en un nuevo actor de relevancia (Gudynas y Evia, 2002). Los países centroamericanos exportan algunos productos, pero deben importar muchos otros; a pesar de esta diversidad, la tendencia es preocupante: la región centroamericana ha aumentado sus exportaciones agroalimentarias, pero ha incrementado mucho mas las importaciones de alimentos.

El sector agropecuario representa una proporción muy baja de las economías de los países desarrollados. Por ejemplo, sólo representa 1.4% del pib total de Estados Unidos (omc, 2003:23), pero representa 31.55% del pib de Nicaragua en 2002 (bcn, 2002:5). Las importaciones agropecuarias que realiza Estados Unidos desde Centroamérica representan 5.1% de las importaciones agropecuarias totales. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, representan una variación de 36.3% para El Salvador hasta 63.3% para Honduras. Los países centroamericanos son exportadores de productos agrícolas primarios, pero, al mismo tiempo, importadores de productos primarios y alimentos procesados. Por ejemplo, en Nicaragua, 20.6% de las importaciones totales son de productos agropecuarios que podrían producirse en el país.

La agricultura y la seguridad alimentaria son elementos esenciales para la redistribución de los recursos de la sociedad y para combatir la pobreza. El tipo de agricultura promovida por el cafta es la de los monocultivos, la producción orientada a la importación y la exportación de productos subsidiados, lo cual amenaza seriamente la seguridad alimentaria, fundamental para la supervivencia de las personas, y la producción agrícola en pequeña escala, que es un elemento constitutivo del desarrollo nacional. El cafta implica la imposibilidad de generar una política de soberanía alimentaria con el consiguiente efecto destructivo sobre la agricultura de pequeños productores y la vida rural nicaragüense, lo que implica también la total inseguridad del país al carecer de una fuente de alimentos propia.

Capítulo 3, artículos 3.13 al 3.19 del Tratado cafta.↵

Capítulo 3, artículos 3.8 al 3.11, Sección D sobre las "Medidas No Arancelarias" del Tratado cafta.↵

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Precios de los alimentos

El alza del precio de los alimentos podría suponer una amenaza al nivel nutricional y el bienestar de algunos sectores vulnerables de la población nicaragüense. La inflación de precios de alimentos tiene un efecto perjudicial sobre los consumidores, en especial los pobres urbanos, quienes gastan una proporción considerable de su ingreso en alimentos y no lo obtienen de la agricultura. Nicaragua es altamente vulnerable a una potencial crisis alimentaria debido a su dependencia de la importación de alimentos, junto a una elevada tasa de pobreza (Amador, 2011).

Los incrementos en los precios del petróleo y de los alimentos tienden a aumentar los costos de la canasta básica alimentaria durante 2011-2012.[1] Para contrarrestar esas alzas de precios y eliminar cualquier descontento social en el periodo electoral, el gobierno ha comenzado a utilizar el dinero del Convenio Petrolero con Venezuela para subsidiar la electricidad, la gasolina del transporte público (autobuses y taxis), incrementar las dádivas a los sectores más pobres de la población (bono-salario, usura cero, zinc, etcétera). Todos estos subsidios causan distorsión en la economía del país y no son sostenibles. La lógica sería que después de las elecciones, el gobierno comenzara a aplicar las medidas necesarias para volver a la realidad económica y evitar de esa forma una crisis económica de mayores proporciones.

De acuerdo con el fmi, el elevado costo de la comida llegó para quedarse, por lo que es necesario acostumbrarse a alimentos caros. Las noticias del alza en el costo de la comida son malas para los consumidores, pero peores para los pobres. Los elevados precios del petróleo inciden en el costo de los alimentos de manera directa, porque se utiliza en la producción de insumos, como fertilizantes, y en todo el ciclo de producción, desde la siembra hasta la distribución. Nicaragua tiene tres elementos importantes para incrementar su producción de alimentos: tierra, agua y mano de obra barata. Estos elementos pueden complementarse con créditos, tecnología y mejores rendimientos de los cultivos, ésa debería de ser la estrategia del gobierno en el futuro inmediato.

Según la fao, el aumento en los precios de los alimentos en diciembre de 2010 superó el nivel de junio de 2008. En 2009, los precios retornaron a cierta normalidad, pero en 2010 recuperaron su tendencia alcista. Estos aumentos tienen graves consecuencias para millones de personas y para la economía mundial. El aumento en los precios internacionales de alimentos en 2013 podría acelerar la inflación. Los estratos sociales con ingresos más bajos destinan hasta 70% de sus recursos para adquirir alimentos.

Los precios de los alimentos se mantienen en niveles récord desde finales de 2010, y están en torno a los máximos alcanzados en 2008, durante la última crisis alimentaria. Por ejemplo, el bushel (27.3 kilos) de maíz para entrega en mayo de 2011 subió a 7.7025 dólares en el Chicago Board ofTrade, su pico en julio de 2008 fue de 7.6675 dólares. “El encarecimiento del precio del petróleo” y en general el alza de precios de la energía están detrás de esa tendencia, según el Banco Mundial. Los precios de alimentos básicos como el maíz han crecido 74% en el último año, mientras la soya lo ha hecho 36%, el trigo 69% y el azúcar 21 por ciento.

Nicaragua importó en bienes alimentarios más de 300 millones de dólares en 2010. Un incremento de los precios internacionales significará un incremento de los precios internos con repercusiones negativas en el costo de la canasta básica, en los niveles de desnutrición actuales y la inflación interna. El alza de los alimentos es un problema, especialmente para los más pobres, ya que estudios demuestran que gran parte de su ingreso disponible se destina a comprar comida, por lo que una reducción en el volumen adquirido, aumenta el hambre y la desnutrición.

En el informe del Banco Mundial “ü7 éxito de Latinoamérica y el Caribe se somete a prueba”, se explica que el incremento pronunciado en los productos “socialmente sensibles” como los precios internos de alimentos y combustibles “puede tener importantes consecuencias” negativas en la distribución del ingreso y, por lo tanto, desencadenar tensiones sociales. Las alzas en los precios de alimentos y combustibles representan también una amenaza para la nutrición y el sustento de los pobres más vulnerables, que son especialmente quienes viven en hogares de bajos ingresos en zonas urbanas, y destinan una amplia proporción del gasto a la compra de comida, añade el reporte.

Según el Banco Mundial, un aumento de 10% en el precio del petróleo se asocia con alzas de 2.7% en el índice de precios de los alimentos.↵

Principales productos agrícolas para la exportación

Algodón

El algodón llegó a ser uno de los productos mas importantes para la economía centroamericana, sobre todo para la economía nicaragüense. Por ejemplo, para 1974, el área sembrada de algodón significaba mas de 50% del área de productos dedicados a la exportación, proporción que aumentaba a medida que avanzaba la década de 1970, cuando el algodón aumentó significativamente el área sembrada, hasta llegar a 300 000 manzanas cultivadas en 1977, en parte por un incremento de los precios internacionales.

Para 1974, el algodón era ya el primer rubro en importancia para Nicaragua. Antes, en 1962, el algodón, con 134000 manzanas, sobrepasaba el área sembrada del café que tenía 128000 manzanas. En 1950, el café alcanzaba 50% de las exportaciones totales del país, en 1974, solamente 13%. Mientras que en 1950 sólo contribuía con 5% de las exportaciones, para 1974 alcanzaba 25%. En 2012, sembró nuevamente el algodón y el área de siembra alcanzó 3 000 manzanas, equivalente a 1% de 1977.

Desde comienzos de la década de 1990 hasta nuestros días, la superficie de cultivos llamados de exportación bajó de 600 000 a 300000 manzanas, debido en su mayor parte a la desaparición del algodón. En el caso de los derivados del algodón, como el aceite, el balance es mucho peor, pues ahora no se produce aceite para cocinar, sino que se importa la mayor parte (bcn, 2009:13). El país no ha logrado sembrar el área que antes ocupaba el algodón.

Café

El café es un producto destinado fundamentalmente al mercado externo y es producido principalmente por pequeños y medianos productores. Después de la caída del algodón, el café ocupa el primer lugar en cuanto a exportaciones y al empleo en el sector agropecuario forestal, desplazado últimamente por la ganadería vacuna. Otras de las bondades del café es su contribución a la estructura forestal del país, pues gran parte de los cafetales son de sombra (iiCA/Magfor/jiCA, 2004a). Está cubierta de bosques 27% de la superficie del territorio nacional (Naciones Unidas, 2005:318).

Por lo general, el valor de las exportaciones de café se determina más por el precio internacional que por el volumen, sin embargo, algunas veces el crecimiento del volumen es quien determina el aumento del valor. Los resultados de 2006 señalan que a nivel nacional la producción de café alcanzó 2.1 millones de quintales oro, en una superficie en producción de 181.9 manzanas. La producción exportada registró aproximadamente 1.8 millones de quintales oro, y se destinó 51% al mercado de los países europeos, 44% al mercado de Norteamérica y 5% al mercado de otros países, mientras que la producción destinada al consumo interno o local se estimó en alrededor de 25.4 miles de quintales oro (Magfor, 2006:1-2).

Los precios internacionales del café han sufrido oscilaciones bruscas que, por supuesto, no tienen nada que ver con las políticas internas de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, mientras que en 1977 alcanzaron los 184 dólares por quintal, en 2002 bajaron hasta 55.8 dólares por quintal, oscilaciones que se reflejan en el comportamiento del rubro. Para 2012, el precio por quintal oscila alrededor de los 180 dólares. El volumen de producción también ha sufrido oscilaciones en dependencia del precio internacional, cuando el precio es bajo los productores prefieren no recoger el café porque el costo es mayor al precio internacional.

Sin embargo, este rubro ha representado consistentemente cerca de 25% del valor total de las exportaciones agrícolas del país (85% de la producción se vende en el mercado externo y 15% se consume localmente). Además, la cadena nacional de café es un conglomerado de agroindustrias conformado por pequeños, medianos y grandes productores, procesadores primarios, industriales, exportadores, y empresas proveedoras de insumos para la producción primaria y trabajadores, por lo que su peso en la economía nacional es significativo.

Existen alrededor de 43 000 fincas que cultivan un área aproximada de 186000 manzanas de café, lo que representa 26% de las fincas en Nicaragua y 15% del área total cultivada en el país. Aproximadamente se genera un promedio de 180 000 puestos de trabajos (mano de obra directa e indirecta) para cada ciclo agrícola, lo cual representó 31.5% de los ocupados en el sector agrícola y 13% del total de ocupados en el ámbito nacional.

El estrato de pequeños productores, que poseen entre 0 y 20 manzanas cultivadas, comprende unos 29000.1 productores que representan 67% del total de productores de café y poseen 29% del área total cultivada. El estrato de medianos productores que cultivan entre 20 y 50 manzanas comprende unos 8 000 agricultores que representan a 19% del total y poseen 18% del área cultivada. En tanto los productores grandes, que cultivan más de 50 manzanas, suman unos 6000 productores que representan 13% del total y poseen 53% del área cultivada.

Tabaco

El tabaco es un producto destinado a la exportación y es cultivado por los grandes productores, aunque también hay productores pequeños y medianos. Sin embargo, la comercialización la hacen los grandes distribuidores. El área de tabaco habano aumentó a partir de 1990, y alcanzó su pico en 1997 (5 000 manzanas); en la actualidad mantiene un promedio de 2500 manzanas cosechadas. El valor de las exportaciones de tabaco alcanzó 5.8 millones de dólares en 2008 (bcn, 2009:124-125 y 128).

Ajonjolí

En Nicaragua, la producción de ajonjolí se destina al mercado externo y recae en gran parte en los pequeños y medianos productores. La evolución del ajonjolí, tanto en manzanas sembradas como en volumen de producción, está influenciada por el precio internacional, que muestra grandes oscilaciones. Una caída del precio internacional se refleja directamente en un descenso del volumen y del valor de las exportaciones. En los últimos años, se observa un rezago en el crecimiento del valor con respecto al índice de crecimiento del volumen. En 2005, el valor de las exportaciones de ajonjolí alcanzó los 8.3 millones de dólares para 2008 había descendido a 6.6 millones de dólares (bcn, 2009:124-125 y 128).

Actualmente, el ajonjolí se considera un cultivo marginal por su baja contribución al pib (alrededor de 1%) y a las áreas cultivadas. Este cultivo es producido por pequeños productores que implementan una tecnología tradicional debido a la falta de recursos para su modernización. Son cuatro mil familias campesinas, aproximadamente, las que se dedican a este cultivo. Los factores que explican la supervivencia de estos pequeños agricultores son: la utilización de mano de obra familiar, el acceso a la tierra, la disponibilidad de semilla (a pesar de que en muchos casos sea de baja calidad), la resistencia del cultivo a la sequía, la disponibilidad de alimento para animales de corral y cerdos principalmente (Cuenta Reta del Milenio, 2009).

Maní

El maní es un producto destinado al mercado externo y es producido en su mayoría por los grandes productores, debido a los altos costos de producción por manzana y por la alta tecnificación que implica cultivar sin riesgos. En las últimas décadas, ha pasado de tener una producción insignificante, para convertirse en uno de los rubros más dinámicos de la producción agropecuaria nicaragüense. En la actualidad, las exportaciones de maní se dirigen a Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, y Australia (iica/ Magfor/jiCA, 2004d).

A partir de 1993, año en que el algodón comienza a desaparecer, el maní inicia un aumento y precios favorables para su desarrollo, tanto en número de manzanas sembradas, rendimientos, producción, como en el valor de las exportaciones; pero no llega a transformarse en un motor de la economía nicaragüense, ya que el área de siembra alcanzaba apenas las 43 000 manzanas mientras que el algodón llegaba a las 300 000 manzanas. Los precios internacionales del maní subieron de 11 dólares por quintal en 1979, a 17 dólares por quintal en 1990, para mantenerse alrededor de los 30 dólares por quintal desde 1991 hasta nuestros días.

Banano

El banano es un producto destinado fundamentalmente a la exportación y es producido por grandes productores. Desde 1990 hasta nuestros días, el precio internacional ha fluctuado por caja. Las exportaciones no sólo dependen de la capacidad productiva del país, sino de las cuotas de exportación obtenidas por Nicaragua en los países del norte; algunas veces el volumen exportado supera la producción nacional, lo que se logra con la compra de banano en otros países que tienen una sobreproducción, pero se vende y se registra como si fuera banano nicaragüense.

Los productores se volvieron rentistas, dejaron de producir y reciben ganancias sin riesgos: venden el derecho de poder llenar la cuota de exportación que le corresponde a Nicaragua a los productores de otros países, sin los problemas de lidiar con los trabajadores enfermos por los pesticidas utilizados. Esto ha creado más desempleo y mayores problemas sociales. La triangulación de banano la hacen los grandes productores, pues son quienes tienen las cuotas asignadas.

Azúcar

Desde noviembre de 2008, los precios mundiales del azúcar han aumentado constantemente hasta alcanzar uno de los niveles mas alto de los últimos tres años (fao, 2009c:7). La producción de azúcar en el ciclo agrícola 2011-2012 se estima en alrededor de más de 10.4 millones de quintales. A nivel regional se registra que 86.8% de la producción nacional de azúcar proviene de los ingenios San Antonio y Monterosa y se encuentra en manos de las grandes empresas agropecuarias y grandes productores, por lo que la producción de los pequeños y medianos productores es insignificante.

En el caso del azúcar no existe siempre una correspondencia entre su precio internacional y el área o el volumen de producción, ya que una parte considerable se coloca en el mercado interno, donde el precio siempre ha favorecido a las grandes familias dueñas de los ingenios de azúcar. Por lo general, aunque el precio de exportación sea menor que los costos de producción, los productores reciben un precio interno mayor a costa de los consumidores nacionales, es decir, los grandes productores son subsidiados por la población nicaragüense. Sin embargo, cuando el precio internacional sube, el precio en el mercado interno no baja, lo que significa que los grandes productores tienen ganancias extraordinarias.

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Principales productos pecuarios

Los pequeños productores generan más de 60% de la producción total de la carne, que incluye ganado vacuno, aves y cerdos. Los animales domésticos constituyen una importante fuente de alimentos en muchas comunidades rurales. Los productores familiares y los pequeños campesinos son muy vulnerables al impacto del cambio climático, a diferencia de los grandes ganaderos, pues generalmente sus animales pastan en tierras marginales en donde la calidad de los suelos y los pastos suelen ser precarios. La producción ganadera familiar y lo productores ganaderos pequeños son importantes para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza (fao, 2009c:8).

Ganadería vacuna

La ganadería se ha transformado en el producto líder de la economía agropecuaria nicaragüense. Actualmente, la ganadería vacuna y sus derivados generan la mayor parte de: los alimentos exportables, el valor agregado agropecuario, el empleo y las exportaciones de la economía nicaragüense. Los derivados de las ganadería son: carne, leche, queso tipo cuajada, yogur, quesillo, moronga, suero, empleo, cuero para la industria local y divisas; además, la ganadería fomenta la producción de alimentos procesados y estimula la producción de sorgo, consumo de melaza y otras materias primas. Es un producto que fácilmente faculta su reproducción vegetativa o crecimiento natural, lo que permite que aun familias pobres o descapitalizadas puedan mantener animales en su pequeña parcela.

La producción ganadera en Nicaragua se basa en la utilización extensiva de tierra dedicada fundamentalmente al pastoreo del ganado como fuente básica de alimentación. El aprovechamiento de la tierra es bajo de forma relativa si se considera aproximadamente una cabeza de ganado por manzana (iiCA/Magfor/jiCA, 2004b). La ganadería es extensiva, es decir, se ocupan grandes áreas de terreno para que los animales pasten, lo que implica baja producción de carne por manzana y baja rentabilidad económica; así, 58% de la superficie agrícola total se utiliza para praderas y pastos (cepal/fao/iica, 2009:154).

La ganadería bovina se desarrolla en unidades de producción (fincas) de pequeña a mediana escala (de menos 0.5 a 200 manzanas). Este estrato de fincas (de pequeña y mediana producción) maneja un hato ganadero aproximado de 1.7 millones de cabezas de ganado bovino, distribuidas en 91 000 fincas y representa 94% del total de las fincas ganaderas del país. De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) 2000-2001, el estrato de pequeños y medianos productores posee 68% del total del hato ganadero nacional, equivalente a 2.6 millones de cabezas. Sin embargo, 6% de las fincas ganaderas (consideradas grandes) posee 32% del hato ganadero nacional. La producción de carne ha aumentado paulatinamente de manera sostenida; sin embargo, se espera que para 2017 el precio de la carne bovina aumente 50% respecto de su actual nivel (oecd-fao, 2009).

La ganadería es una actividad extendida a nivel nacional. De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario realizado por el gobierno, la ganadería emplea 48% de la tierra dedicada a la actividad agropecuaria. Se destaca también la existencia de cerca de 97 000 fincas con ganado, y de ellas, cerca de 24 000 fincas que cuentan con 10 manzanas como máximo. La base productiva del país, conformada por pequeños y medianos productores, utiliza en su mayoría sistemas de producción agropecuarios en los que se incorpora la crianza de ganado vacuno en pequeña escala, principalmente para la producción de leche. La producción ganadera a pequeña escala es una importante fuente de empleo y alimentos en muchas áreas rurales. Debido al sistema de ganadería extensiva practicado en el país, la productividad por manzana está por debajo del promedio mundial.

Ganadería porcina

El sacrificio nacional de ganado porcino se comporta de una forma ascendente. A nivel nacional, la producción de carne porcina registró 14.6 millones de libras, lo que implica un incremento de 2.1% en relación con la producción obtenida en el periodo anterior. En la serie estudiada, se registra un comportamiento creciente en la producción de carne porcina, la mayoría se encuentra en manos de pequeños y medianos productores.

Avícola

El sacrificio nacional de aves corresponde a matanza industrial y el resto a artesanal. El sacrificio nacional de aves en la serie de 1996 a 2011 refleja un comportamiento siempre ascendente; de manera similar se comportan los volúmenes de producción de carne de pollo (bcn, 2008:15; bcn, 2009:15). El crecimiento sostenido en la producción de esta carne refleja una inclinación de la población hacia el incremento de los niveles de su consumo, esto se explica por dos motivos principales: el efecto sustitución de carne roja (res y cerdo) por carne blanca (pollo), considerada más saludable para el consumidor y, por otra parte, el factor económico, influenciado por la etapa de recesión, el cual explica que el consumo de carne de pollo resulte mas barato, ya que con el precio de una libra de carne de res o cerdo, pueden comprarse casi dos libras de pollo.

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Granos básicos

Aspectos generales

En los últimos años se han incrementado los precios internacionales de las principales variedades de arroz comercializadas. El comercio mundial del arroz es el segundo volumen mayor hasta ahora (fao, 2009b:27). En Nicaragua, la siembra de granos básicos se basa en: arroz, maíz, frijol, sorgo rojo, sorgo blanco y sorgo millón. Su producción, medida en términos monetarios, aporta alrededor de 37% al valor agregado total de la agricultura. Sin embargo, cada año el volumen registrado de importaciones de granos básicos resulta mayor con respecto a lo importado el año anterior, es decir, el país necesita invertir más divisas en la compra de granos básicos para cubrir en parte su déficit alimentario (bcn, 2009:14).

Los volúmenes de producción obtenidos no impidieron que las importaciones se incrementaran, debido a las necesidades insatisfechas de la población; por otra parte, el crecimiento en las exportaciones se explica por los mejores precios que ofrecen los países compradores, los cuales resultan más atractivos a los productores que los del mercado local. Lo anterior denota que en el país aún se adolece de mecanismos expeditos que garanticen un margen razonable de ganancias al productor y, a la vez, coadyuven a disminuir el déficit alimentario de la nación.

Arroz

La producción de arroz está destinada al mercado interno principalmente, sus exportaciones nunca han sido importantes y su tendencia es aumentar las importaciones, en particular a partir de la apertura comercial del cafta con Estados Unidos. El arroz de riego es producido fundamentalmente por los grandes productores, mientras que el arroz de secano es producido en su mayor parte por los pequeños y medianos productores. El área y la producción de arroz se han incrementado poco a poco, pero a partir de 1993 se mantienen estables (Rivas, 2008).

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, el arroz se cultiva bajo las modalidades de riego (con uso de energía eléctrica) y de secano, es decir, se aprovecha el régimen de lluvias del invierno. En el último ciclo agrícola, 66.3% del área destinada a este cultivo fue cosechado bajo el régimen de secano y 33.6% restante bajo riego. La producción de secano representa la mayor área cultivada debido a que se obtiene menores rendimientos en relación con la tecnología de bajo riego. Aun así, la producción de secano es la de mayor relevancia.

Aunque el arroz forma parte de la dieta alimentaria de los centroamericanos, en la primera década del siglo xxi los niveles de cultivo se han mantenido constantes con leves variaciones, pero aun así representa 0.1% de la producción mundial de arroz, lo cual demuestra que su participación es ínfima a nivel global. Los principales productores, a nivel de la región, son en primer lugar Nicaragua (51.6%), seguido de Costa Rica (36.7%), Guatemala (6.5%), El Salvador (3.2%) y Honduras (1.9%). La producción de arroz se encuentra en manos de pequeños y medianos productores cuando se utiliza la técnica de secano, y en manos de los grandes productores con respecto a la técnica de siego.

El productor de secano se ha tipificado tradicionalmente como pequeño y mediano, de acuerdo con el área dedicada al cultivo y el tamaño de su explotación, pues las áreas que cultivan son menores a las tres manzanas, con un rendimiento menor a la mitad de los logrados en las explotaciones más grandes. El estrato de productores mayor a cinco manzanas concentra 68% de la producción de secano, el cual se produce en su mayoría con maquinaria. Los productores de secano se caracterizan sobre todo por integrarse de manera vertical en el sistema, comprar la mayor parte de los servicios agrícolas y vender el arroz en granza húmedo y sucio.

Los productores arroceros de riego poseen características más empresariales y están en su mayoría integrados verticalmente, esto quiere decir que poseen trillos y comercializan directamente en el mercado mayorista.

Las importaciones y, por lo tanto, la dependencia suben rápidamente, en parte por la desprotección arancelaria y por la desventajosa y artificial diferencia de precios del arroz traído del mercado estadounidense que, al igual que muchos productos, es subsidiado por el gobierno de ese país. El arroz es uno de los productos de la canasta básica en Nicaragua; sin embargo, el índice de dependencia externa de productos muestra que el porcentaje del arroz consumido es producto de la importación del mismo. El índice de Dependencia Externa de alimentos demuestra claramente las necesidades de recurrir a importaciones para resolver los problemas de abastecimiento. En el caso específico del arroz, éste ha aumentado su índice de dependencia de 42% a 58.2% de 2002 a 2010; además, es uno de los productos agrícolas que ha entrado en el mundo de la maquila, pues se importa la materia prima en granza y se trilla en Nicaragua. A nivel centroamericano, solamente Nicaragua y Costa Rica producen 60% del arroz que consumen, el resto de los países importa toda la demanda interna (Álvarez, 2008).

Maíz

La mayor parte del maíz cultivado en todo el mundo es amarillo. El maíz destinado a alimentar a los animales triplica el maíz blanco usado para el consumo humano directo. El maíz blanco sigue siendo un elemento importante de la alimentación en Cen-troamérica y se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano con una enorme trascendencia para la nutrición y la seguridad alimentaria. Se estima que la producción mundial actual de maíz blanco es de unos 65-70 millones de toneladas, cantidad que representa 12-13% de la producción mundial anual de todos los tipos de maíz.

El maíz blanco es un producto dedicado al mercado interno y es producido en su mayor parte por los pequeños productores. En conjunto, el maíz blanco, el arroz, el frijol, la carne, los derivados lácteos y las verduras constituyen la base de alimentación de la población nicaragüense. Al igual que todos los productos cultivados por el campesinado (pequeña producción), los precios del maíz son bajísimos tanto en términos absolutos como relativos, en parte por la abundante producción y por la falta de infraestructura de almacenamiento, lo que influye en que la venta se realice en los meses en que sale la cosecha y sea mas abundante; también, por una falta de estructura para el comercializar el grano en los países de Centroamérica donde se consume copiosamente y su producción local es deficitaria.

El cultivo del maíz tiene una participación de 36.7% en el área nacional sembrada. La oferta de maíz blanco en Nicaragua destaca por ser en su mayoría de origen nacional, a diferencia de la de maíz amarillo de la cual se importa alrededor de 99% del total, utilizado principalmente por la industria avícola. En el caso del maíz, igual que el del arroz, enfrenta un gran riesgo dentro de la política comercial desarrollada a partir de 1990 y por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde 1996, se ha incrementado significativamente la importación de harina de maíz.

En el istmo centroamericano las mayores superficies cultivadas y cosechadas de maíz se encuentran, en orden de importancia, en Nicaragua, Guatemala, Honduras y el Salvador. Los de menor importancia relativa son Costa Rica, Belice y Panamá. Nicaragua concentra la producción de maíz blanco con 38%, en manos de 141300 productores, de éstos 25% tiene fincas menores a 3 hectáreas (iica, 2007).

Frijol

El frijol es un producto destinado sobre todo al mercado interno y es producido en mayor parte, por los pequeños productores; sin embargo, en los últimos años se exporta a la región centroamericana: El Salvador (capta aproximadamente 53% de las exportaciones de frijol nicaragüense), Costa Rica (25%), Honduras (15%) y Estados Unidos (7%). El aumento de la producción de este grano entre 1970 y 2011 se debe fundamentalmente al incremento del área más que del rendimiento por manzana (iiCA/Magfor/jiCA, 2004c). El frijol es uno de los alimentos básicos en la dieta de la población nicaragüense. A diferencia de otros granos, su producción se ha caracterizado en los últimos años por ser autosuficiente. La participación del frijol en el pib agropecuario se ha incrementado en los últimos años, en donde se observa una participación de 8.8%, menor que el maíz con 14%, y mayor que el arroz con 7.4% (Mena et al., 2007).

La generación de empleo estimada para el cultivo del frijol en el ciclo 2011-2012 fue de aproximadamente 240 000 puestos de trabajo, que salen de dividir el número de días hombre empleados en cultivar una manzana de frijol entre el número de días que dura el ciclo vegetativo, y el resultado es multiplicado por el total de manzanas cosechadas en el periodo referido. No se consideran en estos datos los empleos generados después de la cosecha del frijol, es decir, durante la comercialización del grano.

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) en 2001, en Nicaragua existen 114976 fincas que producen frijol, es decir, que 58% de las fincas que se encuentran en el país, de éstas, 25% tienen una extensión de 0-5 manzanas, y 38% pertenece a fincas con una extensión de 10 a 50 manzanas, en las cuales generalmente se realizan otras actividades como la ganadería y caficultura. En estos casos, la producción de frijol (y de la mayoría de los granos básicos) es producción que se divide entre el autoconsumo familiar y la comercialización.

Por otro lado, en los últimos años las exportaciones de frijol han subido, pero también las importaciones debido a la falta de almacenamiento del grano, lo cual provoca que en un momento del año se exporte y en otro se importe el frijol que se había exportado a los países vecinos. En términos generales, la siembra de frijoles es una actividad que está en manos de pequeños productores, muchos de los cuales son de subsistencia, y cuentan con pocos recursos y bajos niveles de tecnología, poca o ninguna organización y poco conocimiento del mercado nacional e internacional.

El frijol es uno de los productos principales de la dieta diaria de miles de centroamericanos y la principal fuente de proteínas. Los países centroamericanos se diferencian en cuanto al tipo de grano que consumen: Nicaragua, Honduras y El Salvador producen y consumen frijol rojo, mientras que Guatemala y Costa Rica producen y consumen de forma mayoritaria frijoles negros. La producción en la región es importante, los mayores productores son Nicaragua (38%) y Guatemala (23%), por su parte El Salvador y Honduras producen cada uno 17%, y Costa Rica, 5 por ciento.

A pesar de la importancia del frijol en Centroamérica, la producción de este rubro se caracteriza por tener niveles de rendimiento y productividad bajos, sobre todo en Nicaragua. El cultivo se muestra altamente vulnerable a daños climáticos (propios del trópico) e incidencias de plagas, y no ha alcanzado un buen desarrollo tecnológico. De igual forma, la producción se encuentra marcada por una alta estacionalidad, la cual crea una serie de problemas para su almacenamiento debido a la falta de infraestructura adecuada y a los elevados costos financieros que implica.

Sorgo

El sorgo es un producto destinado al mercado interno y es producido en su mayor parte por los pequeños y medianos productores, sobre todo el sorgo industrial (rojo y blanco) y el sorgo millón;[1] el sorgo rojo o industrial es producido fundamentalmente por los grandes productores. El sorgo está destinado al alimento de animales domésticos, alimentos balanceados y, en menor medida, para alimento humano. En Nicaragua, el sorgo de grano blanco es un cultivo alimenticio (grano básico) importante para la seguridad alimentaria de las familias campesinas que viven en las regiones más secas y pobres del país.

A partir de 1990, y a pesar del aumento de los rendimientos, el área y la producción de sorgo descienden de manera significativa debido principalmente al aumento de las importaciones de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos (producto subsidiado en ese país), utilizado por las granjas avícolas (en manos de las empresas estadounidenses) para procesar el alimento balanceado para las aves.

Soya

La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los cultivos más rentables, debido a la importancia estratégica que tiene para los esquemas tecnológicos de producción de alimentos concentrados para la alimentación de aves y cerdos, dado su alto contenido proteico (alrededor de 40%). Además, posee en el grano hasta 20% de aceite de excelente calidad para el consumo humano (iiCA/Magfor/ jica, 2004e).

En Nicaragua, el cultivo de la soya se inicia en la década de 1980 con la reducción de las áreas de algodón y la creciente demanda de las industrias locales de aceite y de harina de soya para el procesamiento de alimentos balanceados, empleados en granjas avícolas y porcinas. La mayoría de la producción, caracterizada por la utilización de bajos niveles de insumos durante todas las fases del cultivo, se realiza en terrenos marginales, donde la mitad del área muestra signos de severa degradación ambiental. La cadena productiva de la soya se concentra en la mediana y gran producción privada, que implementa la tecnología con maquinaria.

Un alto porcentaje de agricultores cultiva ahora variedades de sorgo de grano blanco y ciclo corto (conocidas localmente como sorgo tortillero), además de aquéllos que cultivan las variedades sensibles al fotoperiodo (denominadas sorgo millón), que han quedado ahora restringidas a las parcelas menos fértiles.↵

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Comercio exterior de productos agropecuarios de Nicaragua

Aunque el crecimiento económico constituye una condición necesaria para reducir la pobreza, no es una condición suficiente ya que no existe una relación automática entre ambas variables. La efectividad con que lo consiga dependerá de otros factores, tales como: su impacto en el empleo formal o informal, la existencia de un salario mínimo o el uso de los recursos públicos para favorecer el desarrollo humano, sobre todo en el campo educativo; la desigualdad social existente: la pobreza se reduce con más facilidad cuanto más equitativa es la distribución del ingreso; el servicio de la deuda externa, que puede dificultar la reducción de la pobreza, incluso ante tasas de crecimiento elevadas, al distraer recursos de las partidas sociales.

El déficit crónico de la balanza comercial de Nicaragua fue impulsado por el proceso de desgravación arancelaria, que se inició a principios de la década de 1990, lo cual implicó un subsidio implícito a las importaciones y un impuesto tácito a las exportaciones. La no reactivación de las exportaciones es un problema central para la estrategia de desarrollo de Nicaragua. Entre 2007 y 2010, el déficit comercial acumulado fue de 8 446 millones de dólares, o sea, el equivalente a más de tres años de las exportaciones totales del país de 2011 (Vargas, 2011).

En una economía altamente abierta dependiente del comercio internacional, el actual estancamiento exportador puede conducir a gravísimas repercusiones para el futuro. De hecho, la elevada carga impositiva que afecta el proceso de producción y comercialización es, junto con los elevados costos de producción, uno de los principales sesgos antiexportadores que aún predominan en la economía nicaragüense. Por lo tanto, podemos afirmar que el desequilibrio de la balanza comercial continuará siendo en los próximos años uno de los principales problemas económicos del país.

Nicaragua ha podido cubrir ese déficit comercial (la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta) gracias a la cooperación internacional, a las remesas familiares de los nicaragüenses residentes en el extranjero y a los flujos positivos de la inversión extranjera. Sin embargo, esta situación no es sostenible en el largo plazo desde una perspectiva de reducción de los niveles de ayuda internacional en el marco de la crisis económica global; ademas, el desequilibrio externo amenaza permanentemente con aumentar la deuda externa.

El deterioro de la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente se debe en gran parte a la pérdida de valor que afecta los productos que exporta el país mediante las relaciones de intercambio comercial, la fuerte dependencia de la estructura productiva y comercial doméstica de los bienes de consumo importados, bienes intermedios importados y el petróleo que son los factores que agrandan el déficit comercial. Por otra parte, el comercio exterior de Nicaragua se apoyó básicamente en un limitado número de productos como el café, la carne vacuna, el azúcar, queso, banano, ajonjolí, tabaco, maní y recientemente otros rubros como el etanol y los frijoles (Ewest, 2009).

Por agrupación del Clasificador Internacional Industrial Uniforme (cnu) prevalece el sector de productos primarios agrícolas con 32.4% de las exportaciones totales. Le siguen en importancia la agroindustria (21%) y los productos que se derivan de la ganadería como carne, leche, cueros, etcétera (20%). Por otra parte, 90% del valor exportado se concentra en manos de 567 exportadores, es decir, 20% del total del país; lo que equivale a decir que 80% de los exportadores venden solamente 10% del valor total exportado del país.

Para disminuir el déficit comercial es necesario elaborar un Plan Nacional de Desarrollo que incluya el incremento de la oferta exportable y de los impuestos a las importaciones suntuarias, debido a que se están importando muchos productos de consumo suntuario o de lujo. La economía nicaragüense no tiene la capacidad para soportar ese tipo de consumo. Hay que reorientar las importaciones a aquellos sectores productivos. Mientras no se elabore un plan, el problema del déficit seguirá y, por lo tanto, persistirá la dependencia de la cooperación internacional.

Nicaragua exporta 85.4% de sus productos a tres regiones: Centroamérica (40.7% del total), Estados Unidos (34.2%) y la Unión Europea y América Latina (25.1%); mientras que solamente 3% a la región de Asia Pacífico, que cuenta con el mayor desarrollo mundial en la actualidad. Por eso, la crisis económica estadounidense repercute de forma contundente en la región centroamericana y en Nicaragua en particular. En los últimos años se observa un incremento de las exportaciones agropecuarias a Venezuela; sin embargo, las importaciones (fundamentalmente alimentos) también se elevaron, al pasar de 426.7 millones de dólares en 2007 a una estimación del orden de los 547 millones de dólares en 2011.

El comercio exterior de Nicaragua no sólo no ha logrado romper la dependencia en exportar recursos naturales, sino que ésta se acentúa, alentada por factores como la crisis financiera, los altos precios de los commodities, y el insaciable apetito importador de bienes alimenticios de Venezuela. Además, la tendencia es profundizar esta política y exportar recursos naturales. Bajo esa estrategia, el objetivo del desarrollo del mercado interno, como “desarrollo endógeno”, se pierde; la autonomía frente a los mercados globales se desvanece.

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Conclusiones

Luego de 22 años (1990-2011), el desarrollo endógeno continúa siendo un espejismo. El desarrollo de la producción agrícola sigue estando trunca; la migración ha sido una tabla de salvación en el terreno laboral y social; el financiamiento para la producción es muy limitado y concentrado; no se crean empresas de importancia; la inversión extranjera no tiene el dinamismo esperado; la reforma política no acaba de cuajar y tampoco el Estado de Derecho y, así, la sociedad es más frágil. Al mismo tiempo, existe una degradación grave de la política.

La crisis económica no ha concluido. La recuperación será incierta y desigual en el mundo, pero nadie puede descartar una recesión de “doble zambullida” porque Europa está en crisis, Japón lleva diez años sin avance, Estados Unidos incrementa el desempleo y sólo crecen las economías de Asia Pacífico y las emergentes sin tener la capacidad de convertirse en el motor, por ahora, de la economía mundial. Nicaragua, con una economía muy dependiente de Estados Unidos, tanto por sus exportaciones como por las importaciones, ve languidecer sus esperanzas de una recuperación importante a corto plazo, si se considera que la economía estadounidense no se está recuperando todavía y que vive una verdadera pesadilla con el tema del desempleo.

Nicaragua es uno de los países que durante más de veinte años ha aplicado letra por letra las recomendaciones del Consenso de Washington, dictadas por los organismos financieros a los países latinoamericanos. La crisis del capitalismo no es sinónimo de que se vendrá abajo, sino que habrá una transición peor y se transfiere a la crisis alimentaria y la mundialización de la pobreza. El deterioro del país será mayor si no se atiende de manera decidida a los más pobres y se reduce la monstruosa desigualdad social. El mismo modelo económico impuesto durante ese tiempo sólo ha dejado un mayor número de nicaragüenses en la pobreza y la marginación.

Con el cafta el gobierno de Bolaños optó por olvidarse del campo nacional e importar cada día más alimentos, en la creencia de que ésa era la solución y fuente de no pocos negocios privados. En lo segundo acertó, pero a cambio de que la panza de la nación pasara a depender no de los productores nacionales, sino de los especuladores del mercado de Chicago y de un selecto grupo de trasnacionales que entre otras cosas imponen precios, de tal suerte que el estómago nacional depende cada día más de factores externos. Lo cierto es que la producción interna de alimentos ni de lejos alcanza para cubrir la demanda nacional.

En este contexto, Nicaragua dejó de producir alimentos para su población, porque era más importante exportar brócoli, flores y mangos. El gobierno de Bolaños creyó que era prioritario vender aguacates y chiltomas en el mercado foráneo, que garantizar la dieta nacional con productos nacionales, porque todo lo demás se compraba en el mercado internacional, especialmente en el vecino del norte. Desde luego, tal decisión se ha reflejado en el campo nacional y en el miserable ingreso campesino, a la par que en las jugosas y crecientes utilidades de las empresas agroexportadoras.

Mientras se ampliaba la brecha social, los gobiernos neoliberales seguían defendiendo los intereses de los pocos que concentran la riqueza, mientras el resto de los nicaragüenses carecen hasta de lo indispensable. Se observa, al mismo tiempo, cómo crecieron los bancos; empresas (nacionales y extranjeras) ganaron muchísimo dinero y asimilaron como contrapartida la necesidad de que el gobierno debiera de invertir en lo social y asisten-cial hacia los más pobres para evitar protestas importantes. Por eso no se opusieron a la llegada de Ortega al gobierno. No podía permitirse que con dinero público se rescatará solamente a los banqueros y se dijera que no había dinero para las universidades, para los jóvenes. Ese gobierno y el dinero del Convenio Petrolero con Venezuela (aproximadamente 500 millones de dólares anuales, equivalente a alrededor de 10% del pib) le sirve a la clase hegemónica como colchón protector para evitar revueltas sociales.

El gobierno de Ortega busca la cooperación con los inversores privados extranjeros y nacionales, los banqueros y los grandes productores agrarios, con el fin de incrementar la producción, la inversión y los niveles de vida de los pobres. Se basa en llamadas a la cooperación voluntaria de la responsabilidad empresarial, garantías a la propiedad, reducción de impuestos, acceso a las divisas extranjeras en condiciones favorables y otras iniciativas. El desarrollo del turismo refuerza el carácter rentista de los ingresos de la burguesía nicaragüense, como sector proveedor de divisas y de ingresos fiscales al Estado. La economía basada en la renta puede generar riqueza pero los fondos financieros los acumula una clase rentista que no tienen vocación o inclinación por la profundiza-ción y ampliación del proceso de desarrollo económico del mercado interno y la innovación tecnológica en el campo.

De la economía rentista resulta una clase dominante de base ciánica que “confunde” propiedad pública y privada. Es una “clase dominante” que vive de la renta, y de los pagos de sus socios en el sistema permisario que no está basado en capacidades, sino solamente en permisos oficiales, concesiones de tierras, licencias de importación y exenciones fiscales. Promueve el “libre comercio”, es decir, la importación de productos terminados baratos, con lo que socavan cualquier creación de empresas nacionales productivas en manufactura, sector agrícola o técnico. Como resultado de ello no hay capitalismo empresarial nacional ni “clase media” emprendedora. Lo que aparenta ser una clase media son, en gran parte, empleados públicos (profesores, profesionales de salud, funcionarios, policías, militares) que dependen de sus salarios y, a su vez, de su sumisión al poder.

En resumen, podría decirse que la política del presidente Ortega conjuga una política macroeconómica neoliberal y una política social asistencialista centrada en la lucha contra la extrema pobreza, dando infine estabilidad al sistema, razón por la cual el funcionario es considerado por el gran capital y gran parte de las élites como un presidente que da estabilidad al país en un periodo de grandes convulsiones sociales debido a la crisis económica internacional. Se podría calificar su gestión de “social-liberalismo” o quizá, como dicen algunos autores, de “liberal-desarrollismo”. No se cuestiona la forma de inserción en el mercado internacional como exportadores de materias primas. En Nicaragua, los principales grupos económicos consolidaron su poder alrededor de la banca y controlan el comercio exterior (exportaciones e importaciones).

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Bibliografía

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Semblanzas de autores

Guillermo Almeyra

Es licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Guerrero, México (1980); maestro en historia por la Universidad de París VIII (1984), y doctor en ciencias políticas por la Universidad de París VIII (1996). Fue cofundador de la maestría en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo (1979-1981). Ha sido profesor de posgrado y coordinador de Estudios Latinoamericanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam (1979-1981); asimismo, fue profesor-investigador de la UAM-Xochimilco en el posgrado en Desarrollo Rural (1997-2007), y profesor de política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam (1999-2006). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel m. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Italia, Francia, Argentina, México. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Argumentos (uAM-Xochimilco), Utopie Critique (París), Alternative (Roma), Cuadernos del Sur (Buenos Aires); colaborador de otras como Nord-Sud (Bruselas), Mouve-ments (París), ActuélMarx (París), y miembro del Comité de Redacción de las revistas osal (de la cual fue director) y Crítica y Emancipación, de Clacso, cofundador de Co-yoacán (México) y de Vientos del Sur (México). Actualmente, es profesor del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es ganador de la Cátedra “Uribe” otorgado por la dcsh de la UAM-Xochimilco y ganador del Premio Sergio Bagú por trayectoria académica (2005) que entrega la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Asimismo, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México por artículos de fondo. De 1979 a 1983 fue editorialista del cotidiano mexicano Unomásuno, es columnista-editorialista del diario mexicano La Jornada (desde 1983 hasta la fecha) y primer corresponsal extranjero (hasta 1983). Escribe en muchas revistas latinoamericanas y europeas; publica, al menos, un artículo semanal en La Jornada. Entre sus principales publicaciones están Dopo Perón, che? (Roma, 1975); Polonia: obreros, burócratas, socialismo (México, 1980); Etica y rebelión -A 150 años del Manifiesto Comunista (México, 1998); La protesta social en Argentina: 1990-2004 (Buenos Aires, 2004); Zapatistas: un mundo en construcción (Buenos Aires, 2006, con fotos de Emiliano Thibaut). Es coautor junto con Enzo Santarelli de Guevara, ilpensiero ribelle (Roma, 1993, libro que cuenta con 21 ediciones hasta la fecha); junto con Alberto D’Angelo, La ribellionezapatista in Chiapas (Roma, 1994); junto con Rebeca Alfonso, El Plan Puebla Panamá en el Istmo de Tehuantepec (México, 2004). Ha publicado ensayos en más de 50 libros colectivos o revistas académicas y políticas.

Luciano Concheiro Bórquez

Es licenciado en economía por la unam (1976); maestro en ciencias sociales por la Flacso-México (1978) y doctor en desarrollo rural (2012) por la UAM-Xochimilco. Desde 1978 es profesor-investigador de la UAM-Xochimilco en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, y la de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido investigador del Departamento de Etnología y Antropología Social del inah (1975-1977); fue asesor de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (1977-1990). Ha sido profesor-investigador invitado en la Universidad Complutense de Madrid (1985); profesor invitado para impartir cursos especiales en la maestría en desarrollo rural de la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” (esahe), Ciudad Juárez, Chihuahua (1986-1990); profesor invitado en el doctorado en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y del Programa de Pos-Graduacao (maestría y doctorado) en geografía de la unesp, campus Presidente Prudente, Brasil. Asimismo, fue consultor de la fao sobre Mercado de Tierras en México y América Latina (1992-1995) y codirector fundador de Greenpeace México. Durante el periodo de 1993 a 1997 fue coordinador de la maestría en desarrollo rural de la UAM-Xochimilco; fue miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos (Conas) — Subcomité de la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (1997-2000); miembro del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa) (1997-2000). Por otro lado, fue coordinador junto con Héctor Robles del proyecto de investigación La tenencia de la tierra en los núcleos agrarios indígenas, convenio entre el Instituto Nacional Indigenista (ini) y el posgrado en desarrollo rural de la UAM-Xochimilco (2002). Ha coordinado diversos proyectos de investigación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) (2004-2012). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (amc). Representa los centros de México en el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). También es asesor y colaborador de diversas organizaciones campesinas y vicecoordinador de La Jornada del Campo. Autor y coordinador de numerosas publicaciones sobre el medio rural mexicano y latinoamericano, entre las cuales están los libros: Los mercados de tierras en México (Roma, 1995); junto con María Tarrío, Privatización en el mundo rural Las historias de un desencuentro (México, 1998) y también con M. Tarrío, La sociedad frente al mercado (México, 1998); junto con Roberto Diego, Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales (México, 2001); con Roberto Diego y Patricia Couturier, Políticas públicas para el desarrollo rural (México, 2003); con Héctor Robles, Entre las fábulas y la realidad, los ejidos y las comunidades con población indígena (México, 2004) y también con H. Robles, Nueva ruralidad. Enfoques y propuestas para América Latina (México, 2006); junto con Francisco López Barcenas, Biodiversidady conocimiento tradicional en la sociedad rural Entre el bien común y la propiedad privada (México, 2006); y junto con Carlos Rodríguez y María Tarrío, Disputas territoriales. Actores sociales, instituciones y apropiación del mundo rural (México, 2010).

Joáo Márcio Mendes Pereira

Es licenciado en historia por la Universidad Federal Fluminense (uff, 1999); maestro en desarrollo y agricultura por la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (cpda-uf-rrj, 2004), y doctor en historia por la uff (2009). Es profesor de historia contemporánea de las américas y del Programa de Posgrado en Historia de la ufrrj. Ha sido profesor invitado del Programa de Posgrado (maestría y doctorado) en geografía de la unesp (Presidente Prudente, Brasil), y del Programa de Maestría Profesional en Salud Global y Diplomacia de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública (ensp-fiocruz). Entre sus publicaciones más destacadas están O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro, 1944-2008 (Río de Janeiro, 2010); Apolítica de reforma agraria de mercado do Banco Mundial: fundamentos, objetivos, contradices eperspectivas (Sao Paulo, 2010); junto con Sergio Sauer fue coordinador de Capturando a térra: Banco Mundial, políticas fundiárias neoliberais e reforma agraria de mercado (Sao Paulo, 2006). Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libro publicados en Brasil, México, Estados Unidos y Europa sobre la historia del Banco Mundial y sus políticas, como también sobre diferentes aspectos de la realidad social, económica y política del agro brasileño. Es miembro del Comité de Redacción de la revista Observatorio Social de América Latina (osal) de Clacso.

Carlos Walter Porto-Goncalves

Es geógrafo por la Universidad Federal do Rio de Janeiro (1972); maestro (1984) y doctor (1998) en geografía por la misma universidad. Es profesor del Programa de Posgrado de Geografía de la Universidad Federal Fluminense (uff) desde 1999 y fue coordinador del mismo Programa (2004-2005). Es investigador del Consejo Nacional de Pesquisas (cNPq) y del Grupo de Trabajo Hegemonía y Emancipaciones de Clacso. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Brasil, Venezuela, Portugal, Perú, Bolívia, España y México. Es ganador del Premio Chico Mendes en su tercera edición (2004) en la categoría Ciencia y Tecnología del Ministerio del Medio Ambiente, Brasil; también es ganador del Premio Casa de Las Américas, Cuba (2008), por su ensayo histórico-social La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Observatorio Social de América Latina (osal) de Clacso y Geographia (Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense). Publica en diversas revistas latinoamericanas y europeas. Es colaborador de la Comisión Pastoral de la Tierra (cpt) de Brasil desde 2004. Entre sus principales publicaciones se encuentran Geo-grafías: movimientos sociales, nuevas territorialidades e sustentabilidad (México, 2001); El desafío ambiental (México, 2004); Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade seringalista a territorialidade seringueira (Brasilia, 2004); La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización (La Habana, 2009); Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina: geografía de los movimientos sociales en América Latina (Caracas, 2010). Ha publicado ensayos en más de 30 libros colectivos o revistas académicas y políticas.

José Llaguno Thomas

Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Costa Rica y estudiante del Posgrado Centroamericano en Historia de la misma universidad. Trabaja como investigador del programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad social en Centroamérica, del Instituto de Investigaciones Sociales; es docente del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social. Es compilador y editor de La lucha de los y las campesinas del Valle de Sixaola para salir adelante, sembrar y sobrevivir (siedin, 2012).

Gerardo Cerdas Vega

Es licenciado en sociología por la Universidad Nacional (2000) y doctorando del Programa de Posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (cpda) de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (ufrrj). Entre sus publicaciones figuran Agrocombustibles: las amenazas del imperialismo verde (Costa Rica, 2009); Monocul-tures and Agrofuels: Key Elementsfor the Debate (fian, 2009); La reforma de la educación superior universitaria en América Latina: una aproximación crítica desde el pensamiento freireano (Clacso, 2007). En la actualidad, trabaja sobre el proceso de internacionaliza-ción de la industria brasileña de etanol.

Carlos Aguilar Sánchez

Es licenciado en sociología por la Universidad de Costa Rica (San José, 2000) y doctorando del Programa de Posgraduación en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Fue investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José de Costa Rica, así como Fellowship del Programa Samuel Rubin del Transnational Institute (Amsterdam) para las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. En los últimos años coordinó el Programa “Diálogo de los Pueblos” en el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (ibase-Río de Janeiro), colaborando con organizaciones sociales de América Latina y África. Actualmente, junto con Franz Hinkelammert trabaja en el Grupo de Pensamiento Crítico. Entre sus publicaciones más recientes destacan, en coautoría con el economista Wim Dierckxsens, “A neoliberal project: A perspective from Central America and the Caribbean” (Regional Perspectives on Globalization: A Critical Reader, Palgrave, 2007), “El Multilateralismo desequilibrado de la omc y la estrategia de acuerdos bilaterales de los países desarrollados: hacia una estrategia para fracasar en los Objetivos del Milenio” (Apuntes para el debate en el marco de la negociación del Ada, San José, 2008) y ‘South-South Relations in the new international Geopolitics” (Global Studies Review, vol. 6, núm. 3, 2010).

Juan Valdés Paz

Es licenciado en sociología por la Universidad de La Habana; profesor titular adjunto de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”. Es miembro de la Unión de Escritores y Artista de Cuba (uneac), de la Asociación Nacional de Historiadores de Cuba (anhic) y del Consejo asesor de la revista Temas. Ha sido profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana (1969-1971); profesor de sociología del trabajo en el Instituto Azucarero (1980), profesor de sociología agraria en Flacso, profesor de sociología política en el isri (1995). Ha sido docente en Cuba, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y otros. Ha realizado numerosas entrevistas como especialista para medios de Cuba, España, México, Francia, Venezuela y otros. Se ha desempeñado como Investigador del Centro de Estudio sobre América (cea) (1980-1996); investigador del Instituto de Historia de Cuba (me) de 1996 a 1999; investigador independiente (de 2000 hasta la fecha). Ha publicado numerosos artículos sobre los temas de su especialidad en revistas y compilaciones de Cuba, México, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Perú, España, Estados Unidos y otros. Entre sus libros publicados están La transición socialista en Cuba (Buenos Aires, 1993); Procesos agrarios en Cuba: 1959-95 (La Habana, 1997); Los procesos de organización Agraria en Cuba: 1959-2006 (Ya. Habana, 2010); El espacio y ellímite: estudios sobre el sistema político cubano (La Habana, 2009). Es compilador de Alternativas de izquierda al neoliberalismo (El Viejo Topo, 1996); Cuba: construyendo el futuro (El Viejo Topo, 2000); Prólogo y selección de textos de Rosa Luxemburgo (Ocean Press, 2007).

Remberto Nolasco

Es técnico en ingeniería agrícola; promotor social del Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio (Ceicom) especializado en el tema de las implicaciones de los proyectos de minería metálica (oro y plata) en las actividades agrícolas y la salud de la población.

Edgardo Mira

Es licenciado en economía por la Universidad Centroamericana (uca). Es miembro desde 2004 del Consejo de directores del Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio (Ceicom) y desde 2006 de la Junta de Directores de la uls. Ha publicado El impacto del tic (Ceicom, 2004) y El acuerdo de asociación: un nuevo tratado de libre comercio (Ceicom, 2007).

Alberto Alonso-Fradejas

Es licenciado en economía (2000) y maestro en estudios de desarrollo (2003). Es investigador de temas sobre la tierra y el trabajo rural en el sur de la India. Hasta fines de 2011 se desempeñó como investigador y coordinador del Área de Tierra y Territorio del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la coordinación de ong y Cooperativas de Guatemala (idear). Has sido profesor universitario. Entre sus publicaciones recientes destacan Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo xxi (2011); “Crisis de acumulación en el Norte y restructuración del agro en Centroamérica: una interpretación situada del primario-exportador en el siglo xxi” (Revista Mundo Siglo xxi, 2011), y “Land Control-Grabbing in Guatemala: The Political Economy of Contemporary Agrarian Change and Beyond” (Canadian Journal ofDevelopment Studies, octubre, 2012). En la actualidad, se desempeña como investigador doctoral en el Instituto de Estudios Sociales (iss) en Holanda.

Gilberto Ríos

Es técnico en desarrollo agrario por el Programa de Capacitación Campesina para la Reforma Agraria (procara-fao), 1975. Obtuvo un diploma en Educación de Adultos por la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (1995). Fue funcionario del Departamento de Planificación del Instituto Nacional Agrario (1975-1978); funcionario de la Organización Internacional del Trabajo en el Centro de Investigación de la Reforma Agraria, Nicaragua (1980). Ha sido asesor del Departamento de Capacitación del Ministerio de la Reforma Agraria (midinra), Nueva Guinea, Nicaragua (1979); administrador del Instituto Hondureno de Desarrollo Rural (ihder) de 1978 a 1982. Fue cofundador, asesor editorial (1980-1982) y director editorial de Guaymuras (1982-1987); cofundador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (codeh), y secretario de su Junta Directiva (1982-1987). Fue asesor técnico de la Pastoral Social Caritas de Honduras en materia agraria (1998-2003). Se desempeñó como gerente de Desarrollo Institucional y Cooperativo de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (2003-2005) y como secretario ejecutivo de fian Honduras (FoodFirst Information andAction Network) de 2008 a 2009. Entre otras publicaciones, es autor de Avances en la promoción del derecho a la alimentación (2008).

Héctor Robles Berlanga

Es doctor en desarrollo rural por la UAM-Xochimilco (2003). Es coordinador ejecutivo de la página web “Subsidios al Campo en México”. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mundos Rurales, del Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco; miembro del Consejo Editorial de la Jornada del Campo; miembro investigador de la Red de Gestión Territorial auspiciada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica) e inca Rural. Es autor o coordinador de las siguientes publicaciones: Apuntes sobre el ejercicio del presupuesto 2007 para el sector rural (México, 2009); Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional, (México, 2008); El sector rural en el siglo xxi, un mundo de realidades y posibilidades (México, 2007); Los tratos agrarios. Vía campesina de acceso a la tierra. La experiencia de San Ildefonso Tultepec (México, 2005); junto con Cristóbal Santos, Identidad y migración en la formación y revalorización de los territorios rurales (México, 2011); con Luciano Concheiro, Entre las fábulas y la realidad, los ejidos y las comunidades con población indígena (México, 2004); ¡Y ando yo también en el campo! Presencia de la mujer en el sector agropecuario (México, 2000); Los tratos agrarios en ejidos certificados (México, 1998).

Oscar-Rene Vargas

Es sociólogo, economista, historiador y analista político. Licenciado en sociología por la Universidad de Lausanne (Suiza); maestro por el Instituto Universitario de Altos Estudios del Desarrollo (Ginebra), y doctorado en sociología por la Universidad de Lausanne (Suiza); concluyó los estudios de doctorado en economía política, en la unam. Ha sido profesor en las siguientes instituciones: Universidad de Puebla, unam (ambos en México); Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Centroamericana, Universidad Politécnica de Nicaragua, Instituto de Altos Estudios del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Universidad Central de Nicaragua, Instituto de Estudios Superiores de la Policía Nacional de Nicaragua y Universidad Nacional de Ingeniería (Nicaragua). Ha trabajado para el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (unicef), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (ops/oms) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). También ha sido consultor de diferentes organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. Ha dictado conferencias en varias universidades de los Estados Unidos, México, España, Suiza, Alemania, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Se desempeñó como asesor principal del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2008-2009) en Nueva York y representante del presidente de la Asamblea General en el Grupo de Experto para estudiar la crisis económica y financiera en el 2008-2009. Es autor de 33 libros y coautor de otros 19, de los cuales destacan Después del cafta: ¿Qué? (Managua, 2007); Geopolítica en el siglo xxi (Managua, 2007); La tormenta perfecta: crisis económica global(Managua, 2009); ¿Hacia dónde vamos? (Managua, 2011); Economía mundial: una nueva recesión (Managua, 2012).