Colección Becas de Investigación

Bienes Comunes

Espacio, conocimiento y propiedad intelectual

Camilo Andrés Calderón Acero, 
Edith Carolina Pineda Pinzón, 
Hamlet López García, 
Jorge Vergara Vidal, 
Luciana Lartigue, 
Maria Goñi Mazzitelli, 
Paola Barriga Flores, 
Pablo D. Arias

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La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.

Este libro presenta las investigaciones que los autores y autoras realizaron en el marco del concurso sobre Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual organizado por el Área de Promoción de la Investigación de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi. Los contenidos de este libro fueron evaluados por especialistas externos en un proceso de revisión por pares.

Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual / CamiloAndrés Calderón Acero … [et.al.].- 1aed.-CiudadAutónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2014. E-Book. – (Becas de investigación / Bettina Levy)

ISBN 978-987-722-010-0

1. Derecho. 2. Propiedad Intelectual. I. Calderón Acero, Camilo Andrés CDD 346.048

Otros descriptores asignados por CLACSO:
Bienes comunes / Estado / Propiedad privada / Políticas públicas / Acceso abierto/ Patentes/ Dominio público /América Latina/ Propiedad intelectual / Copyright

Secretario Ejecutivo de CLACSO Pablo Gentili
Directora Académica Fernanda Saforcada
Colección Becas de Investigación
Coordinadora del Programa de Becas Natalia Glanatelll
Asistente Magdalena Rauch y Victoria Muttl

Área de Acceso Abierto al conocimiento y difusión
Coordinador editorial Lucas Sabllch
Coordinador de Arte Marcelo Glardlno

Producción Fluxus Estudio

Primera edición
Bienes comunes. Espacio, conocimiento y propiedad intelectual (Buenos Aires: C LACSO, agosto de 2014)

ISBN 978-987-722-010-0
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional Captura de pantalla 2014-12-03 a la(s) 12.22.37

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

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PRESENTACIÓN

Este libro presenta las investigaciones realizadas por becarios de nivel inicial en el marco del Concurso CLACSO-Asdi sobre “Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual”. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actividades que el Programa de Becas de CLACSO viene desarrollando con el objetivo de fortalecer la producción académica latinoamericana y caribeña, así como promover la reflexión crítica sobre los grandes desafíos que enfrentan las sociedades de la región.

En primer lugar, el artículo elaborado por Camilo Andrés Calderón Acero (Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina) “Modelos alternativos de circulación en internet de obras audiovisuales. Casos Bogotá y Buenos Aires” plantea que las redes digitales han modificado la forma en que circulan los bienes culturales, facilitando la aparición de nuevos actores que buscan un lugar en las posibilidades que brinda Internet. Se han transformado los roles de productor, distribuidor y emisor dentro de las Industrias Culturales, generando implicaciones que afectan los modelos mercantiles tradicionales. De esta forma, han emergido tensiones derivadas de la postura de las grandes empresas, representantes de interés comercial, para quienes es vital el tema de la propiedad intelectual sobre los contenidos digitales.

 En segundo lugar, el trabajo de Edith Carolina Pineda Pinzón (PENSAR Instituto de Estudios Sociales y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia) “Los derechos colectivos y la protección de los conocimientos tradicionales asociados a semillas: un debate bioético en Colombia” aborda el modo en que el acceso, uso y apropiación de los conocimientos tradicionales (CT) asociados a la biodiversidad tienen un lugar central en el debate político mundial, en la economía global, en las agendas gubernamentales y en las discusiones de los movimientos sociales en América Latina. Desde el modelo de desarrollo neoliberal tanto los CT como las semillas son bienes económicos, apropiables y susceptibles de regulación y control de acuerdo a intereses comerciales particulares. Por otro lado, para muchas comunidades las semillas son patrimonio colectivo, sustento del alimento y la cultura; llevan implícita la vida, la diversidad y contienen en sí mismas conocimientos acumulados de muchas generaciones de agricultores en todo el mundo. Entendiendo que las semillas y los conocimientos alrededor de ellas son bienes comunes que conforman una unidad estructural de la vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, en este artículo se argumenta que los derechos colectivos son el sustento ético jurídico adecuado para su protección ante procesos de apropiación desde el sistema de propiedad intelectual individual.

Luego, el escrito elaborado por Hamlet López GarcIa (Instituto Cubano de Investigación Cultural del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba) “Las comunidades virtuales de software libre en Cuba. Difusión del conocimiento libre en un entorno de baja penetración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” se basa en el concepto de “comunidad virtual” y de “innovación abierta” para caracterizar el modo en que ocurre la creación y diseminación de conocimiento asociado al Software Libre y Abierto a través de una comunidad virtual en Cuba, en un entorno de baja penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones y con un marco legal que limita la producción de contenidos y servicios web al margen del estado. Estos factores moderan los efectos positivos que pudiera tener sobre la comunidad virtual la voluntad política manifestada por el gobierno cubano de impulsar la migración hacia el software libre y abierto, la existencia de instituciones estatales que la apoyan institucionalmente y por último la existencia de una comunidad de usuarios motivada.

El artículo de Jorge Vergara Vidal (Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, Universidad Central de Chile) “Bienes Comunes Urbanos. Prácticas y discusiones en torno a la propiedad y gestión de los recursos urbanos en el caso chileno” busca identificar prácticas y discusiones en torno a la propiedad y gestión de recursos urbanos reconocidos como comunes en el caso chileno. Para ello se identificaron y seleccionaron casos de notoriedad pública que evidenciaran los aspectos que caracterizan a los bienes comunes urbanos: el reconocimiento social del recurso como un bien, y una conformación comunitaria en su entorno. En los casos que cumplían estas condiciones se verificó el desempeño de las variables de reconocimiento y gestión común del recurso, forma de conformación comunitaria, forma de territorialización de la comunidad, duración temporal de ésta y presencia de rivalidades. Se relevaron recursos urbanos que pueden ser organizados en dos tipologías: aquellos asociados a la seguridad urbana, entendida ésta como la percepción de reducción del peligro que deviene de la vida común en contexto urbanos; y aquellos asociados al contexto urbano, entendido este como una forma, material y simbólica, adquirida por lo urbano, cuya preservación o alteración es valorada por individuos y comunidades.

Por su parte, la investigación elaborada por Luciana Lartigue (Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires) “Bienes comunes vs. propiedad intelectual en la Sociedad de la Información. Dos paradigmas en tensión sobre el acceso a la cultura y el derecho de autor en la Ley argentina 11.723″ se focaliza en análisis del debate en torno a la legislación de derecho de autor en Argentina y sus implicancias socio-culturales. A partir del aporte de las ciencias sociales en la reflexión sobre la cultura, la información y la comunicación, el objetivo del trabajo es analizar la tensión, tematización y discusión sobre las nociones de propiedad intelectual y bienes comunes en los discursos y estrategias de los distintos actores involucrados. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitieron un desarrollo sin precedentes en la capacidad de reproducción y difusión de bienes culturales, generando la posibilidad de dar un salto cualitativo en el acceso a la información y la cultura. En paralelo permanecieron lagunas en las legislaciones que profundizaron las tensiones entre el actual sistema de Propiedad Intelectual y el derecho de acceso a la cultura, impulsando la discusión sobre el marco regulatorio. La noción de bienes comunes está siendo re-utilizada para debatir contra las concepciones neoliberales que llevaron a la extensión del régimen de propiedad sobre dimensiones que habían quedado por fuera de su alambrado.

A continuación, el artículo de MarIa Goñi Mazzitelli (Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina) “Agendas de investigación en el sur: desafíos y dificultades para construir caminos propios. La experiencia de la Universidad de la República. Uruguay” aborda el modo en que los cambios en las formas de organización y producción del conocimiento han promovido transformaciones que impactan de forma diferente en las distintas áreas de la comunidad académica. A su vez plantea que estos cambios promueven transformaciones, en mayor o menor medida, en la construcción de las agendas de investigación que se impulsan. Esto último puede ser visto como una ventana para ampliar las temáticas de investigación pensando, principalmente, en las oportunidades de incorporar problemas que afectan a los sectores más postergados y vulnerables, y orientando la investigación hacia la inclusión social. Paralelamente, estas transformaciones desafían a la Universidad en su conjunto, la cual se encuentra transitando un camino de cambios impulsados a través del proceso de Segunda Reforma Universitaria. Este proceso ha permitido desarrollar nuevos programas y líneas de financiación que estimulan la incorporación de nuevas temáticas y vinculaciones con actores no académicos, fomentando así la construcción de espacios de relaciones y aprendizajes entre todas las áreas cognitivas y problemáticas que se identifican a nivel local.

El texto de Pablo Daniel Arias (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina) “Mercantilización del territorio en los Andes neuquinos. La relación entre la privatización de la tierra y la privatización del conocimiento (1876-1963)” parte de una noción de territorio que comprende la tierra, sus habitantes y los modos en que estos se relacionan intelectual y materialmente con ella y estudia el proceso de mercantilización por el que esos componentes del territorio fueron fragmentados y convertidos en mercancía en los Andes neuquinos. El autor indaga la materialidad de la “apropiación simbólica” del territorio, la violencia y la apropiación de conocimientos de la población local que implicó la conquista. El autor revisa también la operación moralizante mediante la que, una vez consumada la conquista militar, la élite pionera buscó asegurarse la sumisión de los mapuches. En consideración de ello, verifica que la censura, la folclorización y la industrialización del conocimiento de las poblaciones que se pretendía someter se efectuaron de modo sincrónico y relacionado con la expropiación de sus tierras. Y concluye que -en el contexto de esas sociedades moralizantes- el secreto surgió como una estrategia que permitió la persistencia de los saberes censurados.

Finalmente el trabajo elaborado por Paola Barriga Flores (Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú) “Uso, distribución y defensa de los bienes comunales: el agua y la tierra en la Comunidad Campesina de Carhuancho” busca comprender cómo la Comunidad Campesina Carhuancho, Perú, ubicada a 4000 metros sobre el nivel del mar, se relaciona con el terreno que ocupa comunalmente, entendiendo cómo usa y distribuye internamente los principales recursos comunales: la tierra y el agua; y cómo defiende estos recursos frente amenazas externas. A partir de la investigación desarrollada la autora encuentra que la comunidad tiene una lógica interna de uso y distribución de la tierra y el agua que es muy desigual entre los comuneros, pero se justifica en términos de la historia de la comunidad, en los procesos de formación y de defensa, además del prestigio que algunas familias notables han ganado a lo largo de la historia de la comunidad. Este tipo de distribución tiene efectos en el incremento de las brechas entre comuneros, entre los que disponen de más recursos y el resto. Así, los que acceden a más terrenos, además de poder tener mayores ingresos económicos, logran diversificar más sus actividades, dado que muchos logran estudios universitarios, trabajos en las ciudades, lo que supone más posibilidades de ingresos y a la vez más prestigio.

Queremos destacar que esta actividad no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo brindado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi) quien auspició la organización del mencionado concurso. Asimismo, subrayamos el valioso aporte realizado por los académicos que formaron parte del Jurado que asumió la tarea de evaluar y seleccionar las propuestas presentadas en el marco del concurso: Germán Sánchez Daza (Universidad Autónoma de Puebla, México), Marcos Wachowicz (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) y Valentina Delich (Universidad de Buenos Aires, Argentina). También resaltamos la labor de los tutores que acompañaron el desarrollo de las investigaciones realizadas por los becarios y la tarea de los evaluadores externos, Néstor Kohan, Patricia Davolos y Ricardo Spaltenberg, quienes tuvieron a su cargo la revisión de los informes parciales y finales.

Agradecemos también a los directores de los Centros Miembros de CLACSO que respaldaron las presentaciones y facilitaron la tarea de los investigadores en sus respectivas instituciones.

Programa de Becas / CLACSO 

Buenos Aires, octubre de 2013

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Camilo Andrés Calderón Acero[1]

MODELOS ALTERNATIVOS DE CIRCULACIÓN EN INTERNET DE OBRAS AUDIOVISUALES. 

CASOS BOGOTÁ Y BUENOS AIRES

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de las últimas tres décadas, entre los que se cuenta la masificación del internet, determinaron por parte de los Estados la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura que buscaban dotar a todos los ciudadanos de un acceso libre y oportuno a la información dentro de las redes digitales. Bajo el propósito co- mún de consolidar la llamada Sociedad de la Información, discutido ampliamente en las cumbres mundiales de 2003 (Ginebra) y 2005 (Tú- nez), los gobiernos proyectaron reducir la brecha digital entre quie- nes pueden usar las redes digitales y quiénes no. De esta manera se promovieron políticas públicas de acceso a estas nuevas tecnologías. 

Sin embargo, el auge de las redes sociales generó gran producción y circulación de contenidos por parte de los usuarios, lo que planteó retos no contemplados por las políticas tendientes solo a asegurar el acceso. Surgió, así, la necesidad de preguntarse por la apropiación social que los ciudadanos hacen de internet. Más aún, cuando lo que circula por la red, dado su aporte al conocimiento, comienza a considerarse como un bien común de índole intelectual del cual no puede existir propiedad particular. “Lo que se ha creado nos pertenece a todos, porque la inspiración de la que ha nacido y la forma que ha adquirido -dos aspectos inevitablemente relacionados-, están originadas en lo que todos juntos ideamos mediante las expresiones creativas. [...] Ésto también significa que deberíamos tener el derecho de adaptar, cambiar o rebatir una obra, como ha sido habitual en todas las culturas” (Smiers, 2008: 133).

Uno de los tantos escenarios en los que se ha manifestado esta reconfiguración es el de la circulación de contenidos audiovisuales en internet tras el surgimiento de modelos alternativos de circulación, que no nacieron en las grandes compañías y que han generado tensiones, debido a la diferencia de posturas asumidas por los diferentes actores este nuevo contexto. Ya no es posible ubicar de modo fijo en el tablero digital a las empresas como productoras, al Estado como regulador y a la sociedad civil como simple consumidor.

Ahondar en cómo se está dando esta reconfiguración, expresada en modelos alternativos de circulación de audiovisuales en internet, es precisamente el objetivo de la presente investigación. De esta forma, se pretende construir un acercamiento a la problemática desde sus tres actores fundamentales: Mercado, Estado y Sociedad Civil. Siendo este último el foco de atención final en donde se desarrolla la investigación, que usa como puntos de referencia los modelos alternativos situados en las ciudades de Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina).

Para poder identificar qué representa la postura de los modelos alternativos audiovisuales en internet, fue necesario trazar un camino que permitiera situar a éstos frente a su relación con los otros dos actores. Sin este paso, resultaría imposible definir y categorizar los elementos que los diferencian y que generan las tensiones frente a la circulación digital.

Por esta razón, este documento se ocupa en primer lugar de establecer las condiciones de mercado que hacen de las redes digitales un sector de vital importancia para las empresas vinculadas a las Industrias Culturales y que justifican la postura tomada por ellas. Un recorrido similar se plantea para describir el contexto regulatorio mundial sobre circulación de contenidos en internet que ha predominado

para aproximarse a este ámbito. Asimismo, resulta imprescindible dar cuenta de este panorama específico en Bogotá y Buenos Aires.

Registradas las posturas del mercado y del Estado frente al tema, se avanzó en definir las circunstancias que han permitido el desarrollo de nuevas formas de participación y apropiación social de los contenidos en internet. De esta forma, quedaron planteadas las posturas de los distintos actores que intervienen en la circulación de contenidos en internet, lo que permitió entrar a analizar dichos cambios en el contexto específico de los modelos alternativos audiovisuales. Este análisis cumple tres funciones: visibilizar estos modelos, reconocer las similitudes o diferencias en su modo de gestión y visibilizar cómo en la práctica se articulan las tensiones entre estos modelos y la postura del Mercado y Estado.

De este modo, en la parte final del documento construye una caracterización de ocho modelos alternativos de gestión, localizados en Bogotá y Buenos Aires. Resultan pertinentes estos dos territorios puesto que, en materia de mercado, representan dos realidades distintas de la industria audiovisual, que son susceptible de comparar para monitorear el curso de desarrollo de modelos alternativos. Argentina era para 2011 el primer productor de cine en Latinoamérica[2] y el cuarto exportador mundial de formatos televisivos[3] con lo cual se podría hablar de un industria audiovisual consolidada. Por su parte, Colombia ocupa el quinto lugar en producción nacional de largometrajes respecto a los demás países región (lo que habla de una industria en crecimiento) y sólo en el período de 2010 a 2011 aumentó la producción de 10 a 18 estrenos nacionales[4]. Del mismo modo, en esto dos países, recientemente el tema de la regulación en Internet ha tenido figuración en la agenda pública, aunque por distintas causas.

Los casos objeto de estudio fueron escogidos a través de un rastreo documental de experiencias, que fueron encontradas en la misma Internet, y de la consulta a representantes de entidades relacionadas con el derecho de autor sobre su conocimiento de modelos alternativos de difusión de audiovisuales en Internet. Como primer recorte, se buscaron casos que se aproximarán a este escenario ofreciendo contenido legal. Dentro de estas iniciativas, aleatoriamente, se escogieron cuatro casos de Argentina y cuatro de Colombia. Como recorte temporal, se tomaron en cuenta iniciativas que estuvieran activas a agosto de 2012 y la revisión del monitoreo en Internet abarcó el periodo enero-julio de 2012.

La base de análisis de los modelos alternativos tuvo en cuenta primordialmente el desarrollo de entrevistas semiestructuradas con sus creadores, apoyados también en la información documental encontrada en la misma red sobre cada uno de los proyectos. Esta técnica de investigación se consideró idónea para este estudio, pues permitió conocer en profundidad los aspectos considerados cruciales para la conformación de dichas experiencias. El propósito de usar la voz de sus mismos creadores fue establecer también cómo perciben su relación con otros actores presentes en el universo digital.

EL NEGOCIO DE LA RED DIGITAL

La convergencia digital ha multiplicado las posibilidades de producción, distribución y modalidades de consumo de contenido. Sin embargo, este contexto globalizado ha puesto en tensión al mismo tiempo a múltiples y nuevos actores, que buscan aprovechar las ventajas que ofrece este nuevo mercado. De esta forma, “se constata una resistencia de los tradicionales agentes -en muchos casos poderosos conglomerados multimedia de actuación internacional que han acaparado posiciones de privilegio a partir de los procesos de privatización, internacionalización y concentración desencadenados en el transcurso de las últimas décadas- a perder posiciones ante la irrupción de las nuevas redes digitales” (Albornoz 2005:5).

La incursión de nuevos actores en este escenario deja a la vista un menor control sobre el escenario digital, ya que las iniciativas independientes entendieron con mayor rapidez que Internet posibilitaba compartir, relacionarse y crear contenido y desarrollaron modelos encaminados a satisfacer las necesidades de específicas de los grupos de nicho, las cuales cobran ahora mayor vigencia. De estas audiencias de nicho surgen comportamientos como los que reveló un estudio realizado por la compañía española DNX Group, que demostró que la población más joven reconoció haber visto películas o series que antes no conocía que gracias a las descargas gratuitas. “Este hecho debe hacer pensar en el potencial de internet como canal de distribución de producciones no ligadas a la taquilla o la moda y como herramienta para la actualización de públicos de películas o series antiguas” (DNX Group, 2007:22).

No por nada, numerosas compañías representantes de los medios tradicionales, conscientes de las posibilidades de internet para la difusión del contenido, migraron hacia al universo digital o abrieron canales digitales, buscando conservar así el monopolio de distribución de los medios tradicionales. Por ejemplo, para 2008 la empresa Viacom contaba con presencia en 140 países a través de su cadena de canales MTV y otros canales de entretenimiento. Además era propietaria de Paramount Pictures y otras seis productoras cinematográficas y tenía 7 portales de internet. La actividad de todas estas compañías en dicho año representó un ingreso de más de 11 mil billones de dólares. (Arsenault y Castells, 2008:715).

También cabe resaltar el caso de Hulu, la plataforma de este tipo de mejor desempeño en Estados Unidos, la cual es propiedad de Walt Disney Company Fox Entertainment Group y NBC Universal y que, según el balance de octubre de 2011, obtuvo ganancias por un 18% más que en igual período de 2010. Por su parte Netflix, otra plataforma online de video de origen estadounidense “cerró el año 2011 con ganancias por u$s 3.200 millones, un 45,5% más que en 2010, según su último balance y con una plataforma que suma 24,4 millones de suscriptores” (Fronzo, 2012).

Así, mientras la compañías de medios tradicionales buscan conservar su rol de intermediarios existen otras empresas, no mediáticas sino vinculadas a las telecomunicaciones, que han ganado terreno como referentes de la circulación de contenido en internet. Sólo en Latinoamérica ya hay tres grandes empresas de este sector (Telmex, Terra, propiedad de Telefónica y Directv) que brindan estos servicios. A este grupo cabe sumar las grandes compañías netamente online, como Google con su portal de videos Youtube, cuyo rol como punto de referencia es cada vez mayor para productores, distribuidores, creadores independientes, anunciantes y actores políticos (Arsenault y Castells, 2008:35).

Este complejo campo de batalla e intereses en el que se mueve la circulación de los bienes culturales en Internet supone que no es tan sencillo pensar en esta vía como un mecanismo autónomo, lejos de las presiones económicas. Como manifiesta Enrique Bustamante, “esas potencialidades ciertas se enfrentan en muchos casos al surgimiento de nuevos intermediarios más potentes e insidiosos a veces que los anteriores: desde los grandes portales o buscadores integrados de internet, que orientan y dirigen a millones de consumidores, a los mayores grupos mediáticos con multimillonarias inversiones en marketing para reforzar su poder de branding [...]” (2004: 26).

La expresión más clara y agresiva del temor que para las empresas significa perder protagonismo y, por ende, ganancias en los negocios derivados de la circulación de contenidos en Internet se ha traducido en la criminalización de las nuevas prácticas y usos sociales que emanan de la red. “La mayoría de las corporaciones comerciales y las instituciones estatales y comunitarias vinculadas a la gestión del derecho de autor han significado estas nuevas capacidades como problemáticas, como fuentes de ilegalidad o, directamente, como piratería” (Vercelli, 2009: 82).

¿QUÉ ES LO QUE SE BUSCA REGULAR?

Lograr que internet sea una plataforma de transmisión de bienes culturales eficaz significa abrir este espacio a nuevos y pequeños creadores, con lo cual el rol de las empresas como intermediarias ha sido interpretado como una pérdida de terreno que revela tensiones por mantenerse en una posición privilegiada. “[...] como ha sucedido recientemente en China, donde tratan a los usuarios de Internet como piratas y tramposos y como en una gran parte de la legislación de la Unión Europea, comprando sitios web de redes sociales para amansar a sus comunidades, siendo dueños de la infraestructura de las redes para diferenciar los derechos de acceso y otros medios interminables de vigilar y limitar la forma más nueva del espacio de la comunicación” (Castells, 2008).

Estas decisiones buscan incidir tanto en la arquitectura del sistema de distribución de contenidos como en las leyes. “El objetivo es usar las leyes para eliminar competidores, de manera que esta plataforma de competencia potencialmente inmensa, que podría hacer que la diversidad y la gama de contenidos disponibles experimentaran una explosión, no perjudique a los viejos dinosaurios” (Lessig, 2005:223).

Bajo esta postura es que surgen legislaciones apoyadas por organismos internacionales como la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que han intentado controlar la difusión de contenidos. En 1996 la DMCA (Digital Millennium Copyright Act, por sus siglas en inglés) buscó, a través de la misma tecnología, frenar la réplica y difusión de los contenidos, creando así una traba en la arquitectura del sistema basado en internet.

Otro tipo de legislaciones se han hecho presentes en los últimos años, las cuales apuntan no a la tecnología sino al derecho de autor propiamente dicho. Los proyectos de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), que fueron frenados en el Congreso de Estados Unidos en enero del 2012, buscaban penalizar tanto a las empresas difusoras de contenido como a los usuarios de las redes. Luego de una intensa campaña de protesta de organizaciones civiles apoyada por grandes compañías de internet) las iniciativas fueron detenidas. Este último suceso visibilizó las posturas en confrontación de dos grandes sectores presentes en este ámbito, las grandes compañías cinematográficas y las empresas originarias de internet como Google o Facebook.

Con el fin de mejorar el intercambio comercial en materia de internet se ha buscado armonizar las legislaciones sobre propiedad intelectual en todo el mundo. Desde este flanco, están actuando los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos, en los cuales se condiciona un Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS). Estos tratados, al final, terminan regulando aspectos internos de cada país sobre propiedad intelectual, imponiendo tácitamente sus posturas.

Por otra parte, hay voces -como la del académico Joost Smiers (que propuso estrategias radicales para superar este abordaje)- que apuntan a que el mismo mercado solucione estas cuestiones y a que lo haga sin regulación estatal. Por un lado, asumiendo que cada producto cuenta con una ventaja competitiva, cuando se lanza al mercado, lo que implica siempre una ganancia para el creador, por el simple hecho de ser el primero en ofrecerlo. Segundo, implementando el usufructo transitorio de un año para que el creador recupere la inversión en su obra. Luego de este plazo la obra podría ser usada sin tener que pagar. Tercero, asegurando subsidios y subvenciones del Estado para aquellas obras que se sabe que no pueden asegurar su sostenibilidad pero que si resultan primordiales como expresiones de diversidad. (Smiers, 2006:292,293, 195). La participación del Estado podría, bajo la figura de los subsidios, resolver una de las cuestiones que más interfiere en el éxito de nuevos modelos: la sostenibilidad económica.

Vale la pena hacer una salvedad: si bien es cierto que estas nuevas herramientas podrían mejorar la manera en que se desarrollan las manifestaciones independientes, no visibilizan el potencial de las mismas, pues condicionan este éxito a la sola intervención de uno de los tres actores. El Estado, a través de herramientas impositivas inversas como limitaciones a porcentajes de participación del mercado, mayores impuestos a las compañías extranjeras o cuotas de pantalla, no contribuye a la larga a aliviar las tensiones. Lejos de empoderar los modelos alternativos, lo que se hace es normalizarlos para que jueguen dentro de las mismas lógicas del mercado en mejores condiciones.

Pese a estas reservas, resulta claro que es el Estado, a través de sus políticas publicas, el único capaz de asegurar la diversidad y hacerle frente a la concentración de los conglomerados mediáticos en el ámbito digital, pues “ni la tecnología ni el mercado, por sí mismos, pueden garantizar unas industrias culturales equilibradas en la era digital ni conciliar la perspectiva económica con la diversidad creativa e ideológica propia de una sociedad democrática” (Albornoz, 2005:4). Esta garantía aparece condicionada al abordaje escogido para el manejo de la regulación sobre derechos de autor en internet.

En el siguiente apartado se destacan los aspectos fundamentales que, hasta el momento, han guiado los abordajes recientes sobre esta materia en Argentina y Colombia y que representan las posturas dominantes a nivel mundial sobre el tema.

LA INNOVACIÓN ARGENTINA VA A JUICIO

La legislación argentina en cuanto a propiedad intelectual es una de las más antiguas del mundo. Data de 1933 y, sin embargo, aun no se ha conseguido consenso frente a la necesidad de modificarla para acoplarse a la época actual. La ley 11.723 no contempla excepciones del material para uso educativo (como en el caso de las bibliotecas) y en cuanto al material fonográfico tiene una de las extensiones más amplias, ya que al cobija a las obras por 70 años a partir de su publicación. Su aplicación se ha puesto a prueba en los últimos dos años debido a las demandas a los creadores de dos sitios web de origen argentino.

En el caso de Taringa[5] (www.taringa.net), sus dueños, Alberto Nakayama y los hermanos Matías y Hernán Botbo, fueron acusados de permitir la descarga ilegal de material en su sitio web sin autorización de los propietarios. La causa judicial en mayo de 2012 fue elevada a juicio específicamente por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. Están acusados de violar el artículo 72 de la ley de propiedad intelectual, que castiga con un mes a seis años de prisión a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”. (Senado y Cámara de la Nación Argentina, 1933).

Por otra parte, Tomas Escobar, creador en 2009 del portal de visualizaciones de películas y series Cuevana[6] (www.cuevana.tv) también ha recibido demandas de las casas productoras Turner, Fox, Disney, Paramount Pictures, Columbia, Universal, Warner Brothers y HBO. El último episodio de esta disputa lo protagonizó HBO, que demandó penalmente a Tomas Escobar.

De este modo, la discusión reciente en el país austral se centra en una modificación de ley de propiedad intelectual que brinde garantías a todos los involucrados.

“El poder ejecutivo no está interviniendo en esto. El único brazo activo en la situación es el poder judicial, con una herramienta legal de 1933 con las condiciones que ya sabemos. Todavía no se han activado otras áreas del Estado para replantear una política pública. Así que al poder judicial no le queda otra que aplicar la ley vigente”. (Entrevista a Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre)

LA INFLUENCIA DEL TLC EN LA REGULACIÓN COLOMBIANA

Durante 2011 en Colombia se intentó legislar el tema de propiedad intelectual bajo una regulación que delegaba en los proveedores de internet la responsabilidad de actuar en caso de una infracción al derecho de autor. Este proyecto, conocido como ‘Ley Lleras’ no prosperó en la medida que diversos sectores de la sociedad civil se manifestaron en favor de los derechos de libertad de expresión y de los usuarios en la red. Este proyecto de ley iba en concordancia con casos similares como la ‘Ley Sinde’[7] en España, la cual si entró en vigencia. Luego del fallido intento del gobierno por aprobarlo, se llegó al acuerdo de ampliar la discusión con los diversos actores implicados sobre el tema para casos futuros.

Sin embargo, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2012 modificó el panorama, pues de manera inesperada y sin concertación ciudadana, el congreso colombiano aprobó en abril de 2012 la ley 1520 con el hn de que se ajustara a los compromisos adquiridos con este país en el marco del tratado. El TLC acordado contempla una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual que busca conciliar los sistemas regulatorios entre los países firmantes.

Estas modificaciones reforman aspectos de la regulación interna colombiana respecto a la propiedad intelectual. Por ejemplo, introduciendo cambios en los plazos de la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras que se aumenta de 50 a 70 años (articulo 6). Asimismo, contemplan la restricción y penalización para la circulación de contenidos al prohibir la retransmisión de señales televisión por internet (artículo 13), con lo cual se afecta la autonomía nacional para decidir cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

El debate sobre la inconstitucionalidad de la norma no se ha hecho esperar, basándose no solo en la rapidez de su aprobación y falta de consenso sino en el desconocimiento consideraciones planteadas en las anteriores negociaciones sobre TLC. Defensores de la libre cultura en internet ya han presentado las demandas correspondientes al texto, aunque la posibilidad de reversar la decisión es remota.

Contrasta con esta situación la iniciativa gubernamental que busca mayor desarrollo de los contenido creados por los usuarios, aunque con un sesgo mercantilista que solo contempla el valor económico que su realización pueda generar. No por nada, se indica que la promoción de los contenidos digitales “busca fortalecer la industria de contenidos del país, para que Colombia se convierta en un sitio atractivo para la inversión extranjera en este sector y al mismo tiempo proporcione mayor empuje a las empresas nacionales ya existentes que se dedican a este tipo de negocio” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012)

EL SURGIMIENTO DE UNA ALTERNATIVA EN CIRCULACIÓN DIGITAL

La circulación de contenidos en internet, basados en una lógica comercial, determina un modelo tradicional representado por los grandes conglomerados mediáticos como Time Warner, Viacom, Disney, NBC Universal, Newscorp, Berstelmann y CBS que actúan de forma dominante en el mercado con sus millonadas ganancias producto de su participación en los sectores de Prensa, TV/Satélite, radio, música, cine y, recientemente, internet[8]. Este modelo tradicional es el símbolo clásico de una economía comercial, “una economía en la que el dinero o precio es una condición para un intercambio ordinario o normal”[9] (Lessig, 2008:118).

Frente a este modelo surgen desde la sociedad civil emprendimientos que no se rigen por los principios del neoliberalismo y el libre comercio (Smiers, 2006:280) y que van de la mano de una revaloración de la acción social de compartir. Se trata de modelos que reconocen la importancia de la circulación de contenido en internet para la construcción de ciudadanía y no sólo como escenario de intercambios comerciales. “Existe también una economía del compartir, donde el acceso a la cultura no es regulado por el precio, pero si por una complejo conjunto de relaciones sociales”[10] (Lessig, 2008:145).

De esta forma se rescata el valor simbólico que define los productos que emanan de las Industrias Culturales. La emergencia de modelos no mercantiles en internet expone la esencia del consumo cultural, entendido éste como “el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y cambio o donde, al menos, éstos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García Canclini,1999: 42).

De ahí se desprende que la apropiación social de los contenidos en internet transforma el rol del consumidor, pues éste desarrolla nuevas practicas y experiencias, desde la creación y distribución. Este nuevo productor-consumidor es un sujeto activo que genera autonomía frente a los medios de comunicación tradicionales. Castells habla de redes de comunicación horizontales, basadas en internet, en las cuales son los mismos sujetos quienes “determinan tanto el contenido como el destino del mensaje y son al mismo tiempo emisores y receptores de flujos de mensajes multidireccionales” (2009: 181).

Del mismo modo, Yochai Benkler señala que, gracias a las redes, se posibilita el desarrollo de la producción social, la cual es “radicalmente descentralizada, colaborativa, y no propietaria, basada en el intercambio de recursos y productos distribuidos ampliamente entre los individuos, vagamente conectados, que cooperan entre sí sin depender de las señales del mercado o directrices gerenciales”[11] (2006:60).

Desde este punto de vista, la apropiación social presente en el consumo de las redes digitales se debe entender como “un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo” (García Canclini, 1991: 3), lo cual se refleja en la división entre la visión economicista y la que representa los actores no mercantiles. Esto no implica necesariamente una ruptura, sino que abre el camino para que se amplíe la mirada frente a los modelos alternativos que generan los usuarios-creadores en Internet y para que ésto se traduzca en mejores condiciones políticas para su desempeño.

COMO ACTÚAN LOS MODELOS ALTERNATIVOS AUDIOVISUALES EN INTERNET: EXPERIENCIAS EN BUENOS AIRES Y BOGOTÁ

El análisis de los modelos audiovisuales en internet en Buenos Aires y Bogotá que sigue pretende identificar no sólo cómo se implementan estos modelos, cuyo desarrollo no prioriza el objetivo comercial, sino las diferencias o similitudes que subyacen en la gestión efectiva de estas iniciativas. De igual forma, procura visibilizar las tensiones que surgen de esta postura y su articulación con el mercado y la regulación.

La relación de estos actores es fundamental en el escenario de internet. “La regulación de los espacios atravesados por las tecnologías digitales contempla al menos la consideración de aspectos légales, culturales (usos y costumbres), de configuración de los mercados (que determinan a su vez el acceso a bienes y servicios por parte de los distintos grupos sociales) y de morfología de cada sector informacional (con su arquitectura y sus códigos específicos)” (Becerra, 2012:3), basándose en Lessig (1998).

Por eso, se debe distinguir como punto de partida que los modelos comerciales mantienen o respetan las directrices en cada uno de estos niveles regulatorios y que la alternatividad estaría dada por la apropiación social que hacen los creadores sobre estos cuatro aspectos, principalmente aspecto regulatorio y aspecto de mercado, manifestados en la gestión del modelo alternativo. Como señala Becerra, “la crisis abierta en las formas tradicionales de producción y distribución de la cultura masiva incluye los cuatro niveles mencionados (legal; usos y costumbres; configuración de mercados y códigos)” (2012:3).

Siguiendo esta línea, se puede advertir que la reconfiguración en cada uno de estos niveles da como resultado la alternatividad que sustenta la esencia de los nuevos modelos. Con correspondencia a los niveles anteriormente mencionados se establecieron cuatro ejes de alternatividad: 1) alternatividad ideológica, 2) alternatividad Económica, 3) alternatividad tecnológica-legal y 4) alternatividad en su impacto.

Alternatividad ideológica: este eje hace referencia a cómo los creadores conciben sus prácticas dentro de los nuevos modelos de gestión en internet. Eso requiere reconocer la existencia de intenciones y percepciones que no se guían por la lógica comercial. Las capacidades de gestión no sólo dependen de las tecnologías disponibles sino también “de los usos que los diferentes grupos sociales hagan de ellas para la gestión de los derechos en un momento histórico determinado” (Vercelli, 200:94). Es así como cabe establecer cuáles son las motivaciones que impulsan los nuevos usos generados por los usuarios en las redes digitales.

Alternatividad Económica: Como ya se señaló anteriormente, el contexto económico y regulatorio determina una realidad a la que estos modelos dan una alternativa. La alternatividad, en este caso, se manifiesta en la aplicación de determinadas estrategias económicas que plantean nuevas lógicas de intercambio y consumo que no se basan en la fijación de un precio o el cobro de un tarifa para su funcionamiento.

Alternatividad tecnológica-legal: Esta categoría hace referencia a dos aspectos. En primer lugar a la postura que tienen los responsables de los proyecto en torno la regulación vigente y al rol del Estado, y en segundo lugar, a la implementación de herramientas tecnológicas de gestión de derechos en sus modelos. Es lo que Vercelli llama un proceso de co-construcción en donde “por un lado, se producen regulaciones para tecnologizar la gestión de derechos de autor y derechos de copia y, por el otro, se producen tecnologías para regular la gestión de estos mismos derechos” (Vercelli, 2009:99).

Alternatividad de impacto: cuando la norma social del intercambio logra instalarse como práctica aceptada entre los usuarios, se materializa como una costumbre. En la práctica, ésto significa crear intercambios (Vercelli), favorecer la diversidad (Smiers) o reconstruir un dominio público (Lessig 2005, 314). De éste modo, la eficacia de la propuesta alterna estará medida por el grado en que cada modelo alternativo pueda o no generar otro tipo de relaciones. Cabe así preguntarse si los creadores de estos modelos consideran que su gestión ha generado nuevas prácticas sociales.

A continuación se presentan ochos casos de modelos alternativos hallados en las ciudades de Buenos Aires y Bogotá que han sido analizados bajo cada uno de los 4 factores antes señalados. Para ello, se estableció un cuestionario semiestructurado donde se les interrogó a los responsables de cada proyecto sobre la forma en que asume los niveles en la conformación de su modelo. La tabla 1 señala los rasgos principales de cada uno de los proyectos analizados:

ALTERNATIVIDAD IDEOLÓGICA

La primera característica por la cual un modelo adquiere perfil alternativo está relacionada con la forma en que sus creadores conciben el fin de su proyecto. Esta motivación no es principalmente la de generar ganancias, sino la capacidad de intercambio que generan en los usuarios, con lo cual se aparta del modelo comercial. Lessig establece que estos modelos basados en compartir se clasifican de acuerdo a su motivación en modelos de economías del compartir delgados (thin sharing economies) y modelos de economías del compartir gruesos (thick sharing economies).

En los modelos delgados el intercambio no se basa en el precio o dinero. La gente hace este intercambio “simplemente porque los hace sentir mejor, o porque este es un subproducto inevitable de algo que de todos modos querían hacer por razones que tienen que ver puramente con ellos mismos. A una persona no tiene por qué interesarle necesariamente que sus acciones puedan ayudar a alguien más. No hay voluntad independiente para ayudar a otra persona. La motivación es sobre ella misma” (Lessig, 2008:152). Por su parte, en los modelos gruesos la motivación se dirige más hacia el beneficio hacia otros miembros del proyecto. “Entre más pensemos que lo que hay es una motivación hacia los otros, mas gruesa será la comunidad” (Lessig, 2008:154).

Diferenciados por su ideología, se encontró en los proyectos analizados una predominancia de modelos delgados sobre los gruesos. De los ocho casos analizados solo dos evidenciaron una motivación consciente del impacto posterior de su iniciativa. Se puede establecer una distinción de la siguiente manera:

a. Modelos delgados: los modelos ubicados en esta categoría refieren que su interés primordial viene dado por la necesidad personal de desarrollar una propuesta que no ha tenido mayor receptividad en un mercado amplio, ésto no quiere decir que no busquen satisfacer demandas de grupos minoritarios, sino que el fin último no está ligado a la libre circulación y empoderamiento del usuario. A este modelo pertenecen Stephanie, La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños, Lecciones para un beso, Canal X, El parlante amarillo y Trineo TV. Para algunos, su incursión en este espacio se dio porque ofrecía una posibilidad que había sido negada desde los ámbitos comerciales:

Stephanie: “La idea de exhibir la película gratuitamente en internet no surgió al inicio del proyecto, sino por la negativa que encontramos en distribuidores y exhibidores tanto de cine comercial como del circuito de arte. Frente a ese panorama, la opción era internet o nada. El acuerdo con Cuevana se dio de manera casi espontánea” (Entrevista a Maximiliano Gerscovich, director de la película).

La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños: “Sentía que hay una producción enorme de cine y una poquísima circulación de nuestro cine. A la gente no le llegan las películas siquiera. Hay una cuestión también de siempre mostrar un mismo tipo de cine argentino que venda más. [... ] Y ese fue el pie por el cual no alejamos del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales),que no hace este tipo de películas”. (Entrevista a Diego Labat, codirector de la película).

Lecciones para un beso: “Crece como una atención desde el mismo Facebook. Facebook da el acceso a una audiencia global. No necesariamente por ponerlo ahí quiere decir que un montón de gente lo va ver. Es como un gran centro comercial. Pero si lo mueves bien que puedes estar casi que en igualdad de condiciones para competir con quien sea”. (Entrevista a Juan Pablo Bustamante, director de la película).

Canal X: “Lo que intenta el canal X es ser un proceso constante. Lo hago por amor al arte, aunque también lo veo como un emprendimiento comercial, también lo que estoy buscando es figuración de la marca. [...] Internet era en su momento, y lo sigue siendo ahora, la opción mas viable, concreta rápida y económica, que me permitía decir en ese momento, puedo tener un canal de televisión. (Entrevista a Gonzalo Collado, director del canal).

En otros casos, estos modelos delgados, ven en el escenario de internet una oportunidad de dar circulación a su producto:

El parlante amarillo: “Hay mucha gente talentosa haciendo cosas interesantes que merecen que sean vistos. En términos generales, los medios tradicionales no les dan espacios Por el lado pasional nos gusta cierto tipo de música y proyectos y, por el lado intelectual, a mi me encanta hacer entrevistas, es rico conocer gente que se mueve en ámbitos o proyectos que a uno le interesan. Entonces quisimos hacer proyectos para no desligarnos de lo que nos gusta: la música y la gente que hace proyectos independientes”. (Entrevista a Liliana Andrade, directora de El parlante amarillo).

Trineo TV: “Nos dimos cuenta que el gran motor que mueve a la cultura es la música. Empezamos a agarrar a las bandas de algunos amigos y vamos a rescatar ese talento. Ellos tienen la música y nosotros lo que hacemos es aportarle a la imagen. Nosotros le aportamos a la estética, le hacemos un retrato bonito y ellos a cambio nos dan una canción para moverla en el portal. Ellos se encargan de llevar su público a nuestro portal. (Entrevista a Mauricio Raigoza, director de Trineo TV).

b. Modelos gruesos: sólo se hallaron dos casos que, desde su enunciación consciente, manifiestan claridad en la ideología que orienta la creación del proyecto, entendiendo que su realización va a permitir un beneficio posterior hacia la comunidad. Sin embargo, comparten con los ejemplos de modelos delgados la concepción de haber llegado a este lugar por una divergencia con el modelo tradicional. Dentro de este grupo se encuentran los proyectos Uramba TV y La educación prohibida, los cuales también comparten el enfoque comunitario del producto que realizan:

Uramba TV: “siempre tuvo sentido social, lo que nadie ve, sabemos que todos tenemos una voz popular pero esa voz no se escucha. Comunidades indígenas, comunidades, movimientos estudiantiles, maestros, todo como la buena izquierda, por decirlo así, esos eran los contenidos”. (Entrevista a Luis Enrique Yáñez, integrante de Uramba TV).

La educación prohibida: “Me surge la idea de hacer algo con un tema de interés, que era el de estos modelos educativos no con Yo no conocía el tema pero me interesaba conocer y traté de compaginarlo con esa herramienta que tenia, que era el cine. Desde el comienzo no quise pedir subsidios o conseguir otro tipo de ayuda del modelo tradicional, sino que lo plantee como algo diferente. [...] Todas las cosas que vayamos pensando vamos tratar de resolverlas por nuestra cuenta. No por el hecho de aislarnos, sino por usar tecnologías libres. De crear conocimientos y esparcirlos. Eso marcó un instante del resto, de lo que fuimos necesitando”. (Entrevista a Germán Doin, director de La Educación Prohibida).

Lo anterior no quiere decir que cada modelo presente características puras ni que un proyecto no pueda pasar de delgado a grueso. Si bien es cierto que hay una motivación ideológica inicial que marca el curso del modelo alternativo, la claridad con que se plantea, determina que salgan a flote consideraciones que se sitúan a medio camino entre un modelo delgado y uno grueso. Este caso es posible verlo en La máquina que escupe monstros y ¡a chica de mis sueños.

“Cuando decidimos no ir por las vías tradicionales, lo que queríamos, al margen de que no podíamos exhibirla en cines, era que la película se viera. No se trataba de ganar plata, pero si de mostrar la película, permitirle el acceso a mucha gente”. (Entrevista a Diego Labat, codi-rector de la película).

ALTERNATIVIDAD ECONÓMICA

Los modelos analizados debieron considerar para su realización un modelo económico que les permitiera solventar los gastos que implicaba poner en funcionamiento cada proyecto. Este aspecto cobra mayor importancia frente al hallazgo que de los ocho casos analizados. Sólo uno, representado por Lecciones para un beso, contempla un pago por la visualización del contenido; los demás recurren a la difusión gratuita. El análisis de estos casos arrojó el resultado siguiente: en su conjunto, los proyectos funcionan bajo una combinación de estrategias, predominando en ciertos casos una tipología sobre otra. Las estrategias encontradas fueron: sostenibilidad dependiente, sostenibilidad con base en alianzas y autosostenibüidad.

a. Sostenibilidad dependiente: en este caso se encontraron modelos donde el proyecto en si mismo no genera los recursos para su funcionamiento. Para llevarlos a cabo, sus creadores han recurrido a la utilización de recursos propios o provenientes de otras actividades económicas, las cuales subsidian la puesta en marcha del modelo. Son modelos vulnerables a los cambios del mercado, puesto que no pueden asegurar un funcionamiento autónomo del mismo. Tres de los proyectos analizados se enmarcan en este ámbito: Canal X, Uramba TV y Trineo TV.

Canal X no cuenta con publicidad comercial. Subsiste en mayor medida por el voluntarismo de sus integrantes que además participan en otras iniciativas que nutren al canal, como las producciones realizadas por su propia productora Ideas Compartidas, un festival internacional de cine y el concurso de fotografía Buenos Aires oculto. Un Centro cultural les provee un lugar físico para su funcionamiento. Por su parte, los integrantes de Uramba TV también han conformado una productora, con la cual han hecho videos para ONG y particulares. De este tipo de vínculos se han obtenido recursos para comprar implementos como cámaras y trípodes. Asimismo, se ha convenido que los integrantes aporten una cantidad de su ganancia personal para el proyecto en general. Bajo este mismo esquema ha funcionado Trineo TV, donde los recursos de la productora conformada por sus integrantes sustentan el desarrollo del canal web. Su modelo busca incrustarse en las mismas lógicas comerciales del mercado, por tanto resulta más vulnerable, pues depende únicamente de la llegada de clientes para destinar recursos que alimenten su proyecto. Los integrantes de Uramba TV y Canal X, conscientes de esta dependencia, plantean ligeramente la necesidad de establecer alianzas para su subsistencia. Sin embargo, aún no es clara la forma de implementarlo.

b. Sostenibilidad con base en alianzas: Para los casos enmarcados en esta categoría era clara la necesidad de aliarse para que su modelo pudiera trascender. Es cierto que, comparados con la categoría anterior, estos casos se muestran más sólidos económicamente y con mayor alcance, pues cuentan con mejor administración de los recursos. Sólo en uno de los casos se encontró en la subvención estatal un apoyo para llevar a cabo su modelo. Dentro los modelos que se apoyan en las alianzas para sostenibilidad encontramos a Lecciones para un beso, Stephanie y El paríante amarillo.

Lecciones para un beso es el único que incorpora una difusión paga para difundir el material en internet. Ya había asegurado su realización, pues los recursos para hacer la película vinieron de inversionistas privados.

“Surge internet como una ventana de negocio adicional: cuando íbamos a sacar la película, ellos (Facebook) sacan la primera película que fue la deBatman, caballero de la noche[12][...] Nosotros, ahí, empezamos a pensarlo para nuestro caso. Fuimos a California y charlamos con ellos para ver como era el cuento. Te proponen un modelo de negocio que es bastante bueno. Uno se queda con 80 por ciento de lo que gane el estreno y ellos se quedan con el 20. [...] Nosotros teníamos pensando que no nos podíamos poner ambiciosos y cobrar 10 o 20 dólares por la película. Por eso la pusimos a 99 centavos. (Entrevista a Juan Pablo Bustamante, director de la película).

El otro largometraje, Stephanie, cuyo financiamiento también había sido cubierto por privados, no contempló generar otra ganancia por el estreno online de su película. Ante la imposibilidad de llevar su estreno a salas por medios tradicionales, encontró en la sociedad con Cuevana el mejor mecanismo de difusión:

“La idea de comunicarnos con Cuevana fue mía; lo hice a mediados de año y no recibí una respuesta. Cuando armamos nuestro website para exhibir la película, el diseñador Gastón Infantino logró contactar a la gente de Cuevana para embeber el link y de a poco se fue consolidando el vínculo”. (Entrevista a Maximiliano Gerscovich, director de la película Stephanie)

En el caso de El paríante amarillo, la consecución de subsidios y haber ganando ciertas convocatorias permitió darle solidez al proyecto, lo cual atrajo a la postre nuevos aliados, pero ya en el campo privado.

“Yo he tenido recursos que me ha dado el Colciencias[13], invierten en ti. Tienes que justificar y explicar lo que hiciste. Pero es una plata que no es un préstamo. Después, al entrar al mundo de los emprendedores, que es gigante y hay muchos planes, nos hemos ganado mas cosas. Si veo que hay interés por indagar por lo que estamos haciendo. [...]Yo tengo una alianza, que me genera algunos ingresos, con Microsoft. No voy a competir con el monstruo más grande de internet. Lo que hago es ofrecerles contenido a ellos. Yo les ofrezco contenido a ellos: un minisite de El Parlante allá. Eso me da visibilidad. Ellos me agradecen que les suba contenido que ellos no son capaces de producir, y lo saben usar también”. (Entrevista Liliana Andrade, directora de El parlante amarillo).

El caso de El paríante amarillo permite contemplar el impulso que la injerencia estatal puede generar en este tipo de iniciativas. Sin embargo, en los demás casos consultados este aporte no está presente.

a. Autosostenibilidad: sólo La educación prohibida logró construir un modelo autosostenible en el cual los recursos provienen de la misma ejecución del proyecto. Está solidez está fundamentada en el Crowfounding (Financiación Colectiva), que se ha convertido en un aliado vital para el empoderamiento de los usuarios en comunidades relacionadas a proyectos virtuales. El Crowfounding no es solo un método para captar recursos, puesto que se busca que los integrantes aporten al proyecto, ya sea con mano de obra o incluso un lugar para exhibición como sucedió en este caso, en el que se alcanzaron a contabilizar 704 coproductores.

“Una decisión central fue no subirlo a una de las plataformas de financiamiento que ya estaban establecidas sino hacerlo nosotros mismo.

Ahí fue muy importante que yo tuviera bases de código. Tener idea del lenguaje de la red para poder hacer dispositivos donde poder tener una autonomía de estos. [...] Hay mucha gente que no quiere dar ese salto porque implica hacerse cargo de los distintos mecanismos de distribución”. (Entrevista a Franco Iacomella, productor y responsable de las plataformas colaborativas de La educación prohibida).

De nuevo, el caso de La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños presenta una complementariedad con los modelos anteriormente planteados. Sus creadores buscaron recursos propios y una alianza sin éxito con Cuevana. También buscaron reunir fondos a través del Crowfounding. Al final cada una le aportó una característica que se vio reflejada en el detalle final.

“Al final sí usamos algo de la herramienta del Crowfounding, aunque no fue tan exitosa como pensábamos a nivel monetario, sino que nos sirvió para atraer gente para participar en el proyecto. [...]Todo el mundo trabajó gratis. Eso implicaba tener en cuenta los tiempos de los involucrados, que no se podían dedicar full time al proyecto. A todos los motivaba el guión”. (Entrevista a Diego Labat, codirector de la película La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños).

“Tampoco usamos publicidad en la página. Por un lado no queríamos que cuando la gente entrara, hubiera algo que opacase la película. Es nuestra primera película. Sabemos que no vamos a ganar. Con suerte con algún premio recuperaremos la inversión”. (Entrevista a Agustín Ross, codirector de la película La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños).

ALTERNATIVIDAD TECNOLÓGICALEGAL

Como ya se ha señalado, dos posturas se han reconocido dentro el manejo legal de los modelos en internet. Una tradicional, que responde a la tradición de regulación de la propiedad intelectual, en la cual se traslada a internet la misma legislación que rige la materia en otros ámbitos y otra que contempla el libre acceso. Esta segunda opción se ha materializado en la aplicación de mecanismos de licencias abiertas o Creative Commons. En los estudios de caso se encontró que las elecciones tomadas no representan una elección dicotómica, puesto que varios de los modelos, sin llegar a usar explícitamente un modelo de Licencia Abierta, comparten los principios en los cuales se sustenta. Se definen de esta forma modelos tradicionales y de licencia abierta: Tradicionales: Dentro de este grupo están quienes no contemplan ningún tipo de permiso con el material que se ha subido en la red, más allá del visionado del mismo. Estos casos solo contemplan como mecanismo la visualización streaming desde alguna plataforma prexistente como Vimeo o YouTube. Forman parte de este modelo los casos de Canal X, Stephanie, Lecciones para un beso, Trineo TV, El parlante amarillo y La maquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños. Cabe resaltar que Lecciones para un beso y Stephanie, al estar vinculados a una plataforma externa, se ven veía sujetos a los condicionamientos de sus respectivos portales, en este caso Facebook y Cuevana, respectivamente. La justificación para optar por este modelo estuvo más ligada al tipo de contenido que cada uno de los proyectos distribuye y no tanto por su postura opuesta frente al uso de licencias abiertas:

Canal X: “No podes bajar el contenido. Solo lo ves porque hay una pauta con los realizadores para no bajar el contenido. Está dentro de las previsiones del canal tener una cuenta premium donde tú te puedas bajar contenido pero no se ha implementado porque le hemos dado prioridad a otros temas. El espíritu es compartir. Nosotros debemos compartir lo que el realizador y el artista nos permiten.” (Entrevista a Gonzalo Collado, director del canal).

Trineo TV: “Como canal nos convienen todas las leyes de propiedad intelectual. Porque entre mas haya control va a primar contenido original. Nuestros contenidos son gratuitos. Entonces vamos a tener más oportunidad en el mercado que en sitios genérico como en Cuevana o Monsterdivx. La gente va a usar contenidos gratuitos, más accesibles, pero el que tenga contenidos originales va a reinar. Ésto, desde la perspectiva más comercial. Pero yo estoy en pro de los contenidos gratuitos porque la censura es un control universal de la web, que va permitir que en la realidad se esté creando un mundo que está controlado”. (Entrevista a Mauricio Raigoza, director de Trineo TV).

El parlante amarillo: “No usamos licencias Creatives Commons porque no queremos que nadie modifique lo que hicimos. Que nadie reedite lo que hicimos porque nadie puede generar un riesgo sobre los derechos o términos que un artista me dio para hacer una nota. Si yo dejo que alguien modifique una entrevista a los Amigos Invisibles y la reedite, puedo y tener problema con el artista”. (Entrevista Liliana Andrade, directora de El parlante amarillo).

La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños: “Vimeo la usamos como plataforma pero la película sólo se puede ver desde el portal. Si tú vas a Vimeo y buscas la película no la puedes ver. Nada más se puede ver desde nuestra página”. (Entrevista a Diego Labat, codirector). “La película no tiene licencia Creative Commons pero puede pasar que alguien la descargue y la modifique y la reestrene. Ahí tendríamos una pelea si alguien pretende ganar plata por medio de lo que hicimos nosotros”. (Entrevista a Agustín Ross, codirector).

De licencia Abierta: solo Uramba TV y La educación prohibida manifestaron el uso de esta herramienta. Sin embargo, en el caso de Uramba TV es una herramienta limitada que permite solo la visualización del material. Este tipo es la licencia Atribución-No Comercial-Sin Derivadas (CC BY-NC-ND) que permite usar, distribuir y copiar pero sin modificar. Algo que, de hecho, también se puede hacer en los casos señalados en el otro modelo, sin necesidad del rótulo de la licencia.

“Nuestros contenidos son libres. Si tú consideras que el video de los Emberá sirve para una clase con unos niños es bienvenido. Lo único que se pide es que no se mutile la obra y se cite la fuente. En esa medida nos afiliamos a Creative Commons que es de las únicas posibilidades que da Internet frente a protegerse como autor”. (Entrevista a Luis Enrique Yáñez, integrante de Uramba TV).

Sólo La educación prohibida planteó una licencia Creative Commons totalmente abierta. Para su modelo optaron por la licencia Atribución -No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA), la cual no sólo permite que se modifique la obra sino que esa obra nueva quede bajo las mismas condiciones abiertas de la original. Además, otras herramientas de la cultura libre fueron incorporadas al modelo.

“No toda la película se ha hecho con software libre pero, en gran medida, la plataforma tecnología está hecha con software libre. En la financiación, en la distribución, también en la traducción de subtítulos usamos una plataforma colaborativa de software, originalmente diseñada para traducir para programas de computación”. (Entrevista a Germán Doin, director de La educación prohibida).

De los casos analizados, este el único modelo que plantea frontalmente un rompimiento con el esquema tradicional.

“Acá el tratamiento de la propiedad intelectual es bastante malo. Nuestra ley es conocida como una de las peores leyes en el sentido de lo restrictiva y anacrónica que es. No hay ningún atisbo de reforma solo hay una iniciativa que plantea una reforma a muy pequeña pero muy importante para no criminalizar la copia privada. Esa ley no va a salir nunca, no la van a aprobar. Es más simbólica que política. [...] El derecho de autor es un mecanismo que no funciona y funciona para muy pocos”. (Entrevista a Franco Iacomella, productor y responsable de las plataformas colaborativas de La educación prohibida).

ALTERNATIVIDAD DE IMPACTO

Este apartado condensa la influencia de las anteriores categorizaciones en el resultado final de cada caso puesto que permite establecer la concordancia entre lo propuesto por los creadores y el resultado final. Es por eso que Lessig establece que estos modelos alternativos, dependiendo del grado de gestión construyen Espacios de Comunidad (Community Spaces) (2008:186), Espacios colaborativos (Colaborative Spaces) (2008:196) y Comunidades (Community) (2008:213) propiamente dichas, cuyos modos de gestión se diferencian por el grado en que logran desarrollar las capacidades sus integrantes[14].

La clasificación anterior se tomó en cuenta para determinar la alternatividad de impacto en los modelos analizados y reveló que solo una mínima parte de ellos logra conformar una comunidad con los atributos de alternatividad señalados en este trabajo. De los ochos casos, cuatro son espacios de comunidad, dos espacios colaborativos y los dos restantes ocupan la tercera categoría.

Espacios de comunidad: en este tipo de modelos, participantes y creadores no buscan concientemente un objetivo profundo al brindar la posibilidad de ver audiovisuales en internet. Como resultado, se abre un espacio alternativo, pero esa apertura no cohesiona y sus integrantes solo generan un vínculo puntual que culmina en el acceso al sitio web. Los casos cuyas características correspondieron a este nivel de alternatividad de impacto fueron Trineo TV, La máquina que escupe monstruos y ¡a chica de mis sueños, Stephanie y Lecciones para un beso. En estos modelos se evidencia una visión cortoplacista, con resultados puntuales para la realización del proyecto y una planeación sobre la marcha, que si bien congrega usuarios no logra entablar relaciones posteriores con ellos:

Trineo TV: “Nosotros ponemos a rotar las bandas y eso ayuda a subir el ratings. [...] Antes teníamos una idea soñadora y luego empezamos a medir con estadísticas y ver qué contenido funciona y cómo lo recibe la gente. Ver también cómo cambiar el comportamiento y cómo educar un público. Ese es un experimento”. (Entrevista a Mauricio Raigoza, director de Trineo TV).

La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños: “hubo mucha comunicación en blogs. Iba creciendo sola, muy de boca en boca. No hubo nada fuerte. [...] no había también mucho parámetro para comparar. También es cierto que estamos generando mucha más difusión y alcance que lo que hubiéramos tenido en el cine. (Entrevista a Diego Labat, codirector de la película).

Stephanie: “en cuanto a su difusión, si bien el saldo económico es negativo, el estreno y exhibición en internet permitió que la viera muchagente (unas 40 veces la cantidad de haberla estrenado en una sala “de arte” y que tuviera una buena repercusión mediática”. (Entrevista a Maximiliano Gerscovich, director de la película Stephanie).

Lecciones para un beso: “el estreno en Facebook generó una atención de ver que otros proyectos teníamos y que más estábamos haciendo. Hubo atención mediática, hubo un interés más claro porque se veía que uno estaba dispuesto a experimentar otras cosas que hay. Si uno tiene que innovar tiene que arriesgar”. (Entrevista a Juan Pablo Bustamante, director de la película).

De estos casos, solo Trineo TV manifestó el interés de llevar su modelo al siguiente nivel:

“Ahora nos dimos cuenta que había tanto talento que lo queremos es una plataforma para poder buscar trabajos grandes para poder agrupar la diversidad tan grande que hay de contenidos que hay por ahí dispersos. Todo el mundo está creando y construyendo”. (Entrevista a Mauricio Raigoza, director).

Espacios colaborativos: En este caso se hace evidente la condición alternativa del modelo. Como apunta Lessig, “aquellos quienes participan en un espacio colaborativo piensan que su trabajo es diferente. O, mas acertadamente, al menos algunos (una cantidad significante) creen que están construyendo algo juntos”[15] (2008:196). En un espacio colaborativo todos aportan y comparten la clara convicción que motiva su participación en un proyecto y las razones por las que quieren estar en él. Sin embargo, las herramientas de las que se vale este modelo para empoderar a los que participan no conducen a que la acción sea adaptada por los usuarios. En los casos analizados se evidenció que el creador sigue siendo quien direcciona el curso de las iniciativas dentro del modelo, como en el caso de Canal X.

“No quisiera ser la industria; quisiera ser el semillero. No te va a hacer rico pero eso te va a durar toda la vida. Porque si vos te haces fuerte en sacar buenos profesionales, todos van a querer estar contigo y nadie va a querer que vos seas competencia. El punto seria equilibrar para hacer funcional a todo un grupo de emprendimiento alrededor. (Entrevista a Gonzalo Collado, director de Canal X).

Uramba TV fue el otro modelo de esta categorización. Comparte con Canal X la característica de tener en su filosofía un componente comunitario, un búsqueda de espacios para sectores considerados como minorías. Por esa misma característica les ha costado encontrar un campo de acción fuerte donde su iniciativa sea tomada en cuenta, por lo que internamente también están buscando perfeccionar su gestión.

“Captar otros públicos y hacerle ver a la gente, que está acostumbrada a los hegemónicos de las mass media, que hay otras alternativas. [...] Por eso, el tejido social es clave. Que desde un área comunitaria podamos ver y hacer comunidad. Podamos darle las cámaras y lo micrófonos a la comunidad y que cuenten lo que quieren”. (Entrevista a Luis Enrique Yáñez, integrante de Uramba TV).

Comunidad: cuando el impacto del modelo logra construir un vínculo mayor entre los participantes, se crea finalmente comunidad. Ésto requiere esfuerzos mayores y establece un espacio donde “todos crean una clase de valor mayor, que es mayor que el que el creador obtiene al compartir. Y, como en cualquier comunidad, cuando más gente contribuye y observa la contribución de los otros, todos se sienten mas ricos.”[16] (Lessig, 2008:217). En el presente análisis se encontró que los dos modelos que cumplen esta característica, El parlante amarillo y La educación prohibida, también contienen las herramientas mas completas de las otras categorías o las han usado de una forma más eficaz. En ambos, el rol del usuario se convierte en fundamental para el desarrollo del proyecto.

“Nosotros no hemos tenido dinero para invertir en publicidad que no sea de manera viral, sino tratando de ser inteligente en las conexiones y amistades que tiene para que se replique, pero tenemos una comunidad consolidada. [...] Si alguien escribe algo más o menos en tono amenazante, la misma gente contribuye y construye y nosotros contestamos siempre. Como lo harías tú. Qué es lo que si te gusta y qué no. Que la gente que esté ahí sea gente que tenga cimientos”. (Entrevista Liliana Andrade, directora de El parlante amarillo).

Sin embargo, es La educación prohibida el caso que más concreta un modelo de Comunidad. A raíz de una combinación de alternatividad ideológica, económica y tecnológica-legal, el usuario, en este modelo, logra empoderarse del mismo. Puede, en definitiva, construir contenido, rearmarlo y replicarlo. La reproducción online del contenido ofrece la opción de ver el documental en Calidad HD o SD, versión para equipos móviles y con subtítulos en seis idiomas diferentes. También existió la posibilidad de descargar el documental e, incluso, de organizar una proyección parar ser exhibidor del mismo.

“La película es más una herramienta para discutir ytiene que estar alejada de cualquier cuestión vinculada al mercado. Mi propuesta en el documental es la idea de la apropiación social de las películas. Ahora, la película estrenada es criticada, aplaudida, etc. Es interesante referir la película no como una obra cinematográfica sino como una herramienta. Es una herramienta que creemos ya no es más nuestra. Está en manos de quien quiera”. (Entrevista a Franco Iacomella, productor y responsable de las plataformas colaborativas de La educación prohibida).

La recapitulación de los modelos analizados arroja el dato de que la mitad de lo casos apenas logra configurarse dentro de un modelo de Espacio de Comunidad e invita a una revisión sobre sus herramientas de gestión y de por qué no están avanzando a modelos mas estructurados. A manera de síntesis se presenta el siguiente cuadro sumario ilustra la clasificación de los modelos alternativos categorizados.

CONSIDERACIONES FINALES

La caracterización de los modelos analizados permitió establecer que su gestión no depende de un solo factor y por lo tanto tampoco se manifiesta de forma homogénea. Sin embargo, es posible identificar tendencias que en un primer acercamiento dan cuenta de fortalezas y dificultades respecto al modo de actuar de dichos modelos en los territorios de Bogotá y Buenos Aires.

En primer lugar, cabe destacar que los casos bogotanos evaluados fueron más proclives a considerar su emprendimiento desde el terreno comercial, elaborando estrategias para aumentar su rentabilidad. Esta visión, aunque impulsa los emprendimientos, también los exponen a los vaivenes del mercado, puesto que dependen que exista sintonía entre lo que ellos ofrecen y la demanda. Incluso en el único caso que cuenta con apoyo estatal se percibe que el enfoque desde el cual se brinda el apoyo es el de lograr un proyecto que tenga rentabilidad, sin considerar las implicaciones políticas y sociales. No por nada, el proyecto Uramba TV, que contiene mayores elementos comunitarios, es el que dispone de menos herramientas para su gestión.

En el caso de los modelos analizados en Buenos Aires, se encontró que los creadores entrevistados ven con mayor recelo la postura estatal frente a ellos. Los entrevistados resaltaron que una de los factores que más influenció para optar por la difusión de contenidos en Internet se relaciona con falta de apoyo o interés estatal para poderlo hacer de la forma tradicional.

En segundo término, la caracterización de los modelos alternativos seleccionados permite adentrarse en las producciones audiovisuales en internet que se están desmarcando de los modelos tradicionales originados desde las Industrias Culturales y a dar cuenta del modo en que se está dando esta reconfiguración. Es posible encontrar manifestaciones que están asumiendo directamente la gestión de sus propios proyectos sin esperar para ello la participación de los actores tradicionales en este escenario.

Sin embargo, en la mayoría de los casos analizados esta participación no está exenta de dificultades y presiones, pues parte de la exclusión dentro del modelo comercial. Internet sólo es visto como el plan B para intentar suplir lo que desde el mercado se ha negado. Dentro de los casos analizados, son pocos los que se acercan a internet no para competir con los medios tradicionales sino para tomar las herramientas de la red como mecanismo natural de un modelo alternativo. Incluso aquellos modelos gruesos, que ya han logrado concretar el propósito de su presencia en la red, aun se enfrentan con el poco conocimiento sobre herramientas tecnológicas, financieras y legales para poder equilibrar su desempeño. De esta forma, los modélos alternativos de difusión de audiovisuales en internet estudiados en el presente trabajo, han empezado a transitar un camino de experimentación para encontrar la mejor manera de que su contenido tenga acceso libre, o por lo menos un mínimo de circulación. Esta consideración viene íntimamente ligada con el costo de circular ese material en la red.

En los casos analizados la postura dominante es la gratuidad. Para lograrla, cada modelo ha ingeniado estrategias que incluso ponen en riesgo la sostenibilidad económica del mismo. Por ejemplo, se encontró que en algunos casos se emprenden cruzadas solitarias para lograr tener una sostenibilidad, con las consecuencias que esto trae para el mismo alcance del proyecto. En otros casos, los puentes con otros actores (como la empresa privada, y en menor medida con el Estado) han servido como impulsores de estas iniciativas.

La revisión de los casos planteados también reveló que la mayoría de los modelos se han desarrollado sobre la marcha, sin acompañamiento, y que las herramientas han ido avanzando a fuerza de ensayo y error. En este proceso autónomo, urge la presencia del Estado, no solo como financiador sino como formador y acompañante, pues muchos de estos emprendimientos no logran tener un mejor desempeño justamente porque desconocen las posibilidades y alternativas que se están gestando. Proveer el conocimiento sobre herramientas de gestión tecnológicas, financieras y legales seguramente redundará en un fortalecimiento de estas iniciativas.

Claros ejemplos de cómo una pequeña intervención potencia el impacto de estas iniciativas son los casos de El parlante amarillo y La educación prohibida. Cada uno, desde sus diferencias, se ha ido dotando de herramientas de gestión múltiple y es por esta razón que han podido destacarse como modelos alternativos. Ésto no significa que la solución para todas las iniciativas de difusión de audiovisuales en internet tenga que pasar por los mismos escenarios aquí planteados.

Precisamente el reto y la posibilidad de internet es dar cabida a las múltiples visiones y perspectivas. Es necesario trabajar para que desde el Estado se ofrezcan herramientas para desarrollar un modelo alternativo acorde a lo que cada propuesta en particular propone. Para no todos los casos es útil y conveniente una financiación colectiva (crowfounding) y puede que la licencia abierta sea más aplicable para contenidos menos comerciales que otros.

Por último, llevar a cabo la categorización de los modelos alternativos de audiovisuales en internet, más que delimitar estructuras rígidas de conformación, permitió plantear la necesidad de conocer mas a fondo su funcionamiento pues la heterogeneidad en la gestión da cuenta de procesos que aun no se están discutiendo. Este primer acercamiento a los modelos de gestión alternativos puede servir para pensar mas fondo el dilema que para algunos sectores representa la circulación de contenidos en la red y revisar la concepción que del derecho de autor se tiene actualmente. Empezar a construir este camino quizá lleve a entender que ,más que una amenaza, la circulación libre de contenidos en internet es una oportunidad.

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Comunicador social-periodista de la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad cursa la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Estuvo vinculado como Community Manager para Publicaciones Semana, fue periodista en la oficina de Prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y reportero investigador para la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia (NOTICYT). En el campo académico su interés ha sido la investigación en audiovisuales. Publicó dos ensayos sobre el sector de la televisión en Colombia y colaboró con un artículo sobre el valor patrimonial de la Plaza de Bolívar de Bogotá por sus 200 años para la revista Artefacto de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En 2012 participó en el libro Bogotá Fílmica con un ensayo sobre el desarrollo de la crítica cinematográfica en esta ciudad.↵

Estadísticas comparativas realizadas por Proimágenes en Movimiento(Colombia) sobre número de estrenos en países de Latinoamérica en 2011.↵

Dato divulgado basado en cifras de la feria Natpe 2012 (National Association of Televisión Program Executives) y que sitúa al país por debajo solo de Inglaterra, Estados Unidos y Holanda.↵

Estadísticas comparativas realizadas por Proimágenes en Movimiento(Colombia) sobre estrenos de películas colombianas 1996-2011.↵

Taringa es una comunidad virtual creada en 2004 donde sus usuarios pueden compartir e intercambiar material principalmente sobre música, videos, programa y juegos. Para octubre de 2012 la comunidad contaba con 20.026.08 usuarios registrados.↵

A octubre de 2012 en el portal se contabilizaban 3898 películas indexadas, 159 series y 5000 usuarios registrados.↵

La Ley Sinde, que entró en vigencia en territorio español en marzo de 2012, dio facultades al estado para cerrar páginas web u obligar a retirar contenido que viole la propiedad intelectual.↵

Arsenault, Amelia H. y Castells, Manuel (2008) señalan en detalle el comportamiento de estos conglomerados, así como la participación de cada compañía en cada uno de estos sectores, identificando sus formas de organización, producción y distribución.↵

Traducción propia del original en inglés.↵

Traducción propia del original en inglés.↵

Traducción propia del original en inglés.↵

El 8 marzo de 2011 Warner Brothers se convirtió en la primera gran compañía de la industria cinematográfica en ofrecer mediante alquiler la posibilidad de rentar películas en la red social Facebook. El primer titulo que se ofreció a los usuarios fue Batman, The Dark Knight, meses después de su estreno el circuito comercial. La posibilidad de renta estuvo disponible por 48 horas y estuvo restringido al territorio de Estados Unidos↵

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. En el 2009 el Parlante Amarillo ganó la convocatoria de la entidad para creación de proyectos de base tecnológica. Esto les permitió obtener el capital inicial para empezar a desarrollar su proyecto.↵

Lessig destaca en esta división algunos ejemplos. Para ver más información, dirigirse al texto Remix Making art and commerce thríve in the hybrid economy (2008)↵

Traducción propia del original en inglés.↵

Traducción propia del original en inglés↵

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Carolina Pineda Pinzón[1]

LOS DERECHOS COLECTIVOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A SEMILLAS

UN DEBATE BIOÉTICO EN COLOMBIA

“El futuro de las semillas es el futuro de la humanidad”

Vandana Shiva

El acceso, uso y apropiación de los conocimientos tradicionales (CT) asociados a la biodiversidad tienen un lugar central en el debate político mundial, en la economía global, en las agendas gubernamentales y en las discusiones de los movimientos sociales de América Latina. Varios aspectos dan cuenta de la relevancia actual del tema: a) el respeto por la diversidad cultural y el pluralismo está consagrado como principio universal en las disposiciones de instrumentos jurídicos internacionales, b) desde un modelo de desarrollo neoliberal, empresas transnacionales y gobiernos nacionales han planteado estrategias de inversión alrededor de la priorización y explotación del valor comercial de la naturaleza y del conocimiento asociado y c) desde diversos sectores sociales se ha evidenciado que en el conocimiento de las comunidades tradicionales del mundo existen perspectivas de la relación ser humano – naturaleza que aportan a la conservación del planeta y son indispensables ante los resultados nefastos de la implementación hegemónica de un enfoque desarrollista.

Desde la dinámica de mercado neoliberal, las semillas se han convertido en bienes transables, apropiables y susceptibles de regulación y control, de acuerdo a intereses comerciales particulares. Sin embargo, para muchas comunidades las semillas son patrimonio colectivo, sustento del alimento y la cultura; llevan implícita la vida, la diversidad y contienen conocimientos acumulados por muchas generaciones de agricultores en todo el mundo. Entendiendo que las semillas y los conocimientos alrededor de ellas son una unidad y una parte estructural de la vida de los pueblos, este artículo plantea que los derechos colectivos son el sustento ético jurídico adecuado para la protección efectiva de los conocimientos tradicionales asociados a las semillas de campesinos, indígenas y afrodescendientes ante procesos de propiedad intelectual individual[2].

CONFLICTOS FRENTE AL CONOCIMIENTO ASOCIADO ALAS SEMILLAS EN COLOMBIA

Colombia se caracteriza por la biodiversidad, la alta densidad pobla-cional, la diversidad cultural y por poseer una vocación agrícola desde diversos modos de vida rural[3]. Desafortunadamente, también posee una inequitativa distribución de la tierra y un elevado índice de desigualdad en distribución de ingresos[4]. El actual modelo de desarrollo privilegia la reprimarización del sector productivo, la economía ex-tractivista y el aprovechamiento de las ventajas comparativas ligadas a la biodiversidad.

Desde la década de los noventa se han dado múltiples debates en escenarios académicos, sociales e institucionales en torno a la necesidad de construir sistemas sui generis[5] o mecanismos jurídicos que regulen la propiedad de los CT asociados a recursos genéticos, teniendo en cuenta la pluralidad de actores y visiones. Sin embargo, hasta el momento, no existe legislación específica que defina mecanismos de protección frente a su uso y apropiación; actualmente, se desarrollan proyectos estatales para la construcción de lincamientos de políticas públicas en el tema, pero a la vez se han emitido normas frente al uso, intercambio y comercialización de semillas que tienen implicaciones negativas sobre las formas de vida de las comunidades rurales. A este contexto se suma la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2012 y las repercusiones que en materia de propiedad intelectual tienen los cambios requeridos en la normatividad nacional. La implementación de estas regulaciones y políticas públicas, en la mayoría de los casos, desconoce los derechos colectivos, las realidades socioculturales de las comunidades rurales, la participación y deliberación efectiva de todos los sectores involucrados.

Paralelamente a la dinámica legislativa y de consolidación de políticas nacionales, las comunidades locales y organizaciones sociales vienen construyendo propuestas de regulación propia y de concerta-ción de mandatos populares[6] desde plataformas regionales y nacionales que han fortalecido los procesos de articulación de los distintos sectores. Aunque existen diferencias y contradicciones entre las organizaciones sociales, se han generado demandas políticas comunes dirigidas a la protección de los territorios, las soberanías y la autonomía de los pueblos, la superación de condiciones de desigualdad y explotación de unos sectores hacia otros, el rechazo a los postulados neoliberales y la concreción de otras concepciones en la relación sociedad-naturaleza.

En esta pluralidad de enfoques, actores e intereses, en el contexto colombiano priman relaciones asimétricas de poder dadas por problemáticas estructurales que restringen o condicionan los escasos escenarios de construcción de normatividad alrededor de la protección de los CT y la biodiversidad.

LA BIOÉTICA COMO CAMPO DE ESTUDIO

Desde los orígenes del concepto y campo de estudio, la bioética se ha preocupado por la supervivencia de la especie humana y de las otras especies abordando reflexiones frente a la acelerada transformación tecnológica, las afectaciones ecológicas del modelo de desarrollo y la modificación humana sobre la vida en general. En Latinoamérica se nutre de diversas fuentes teóricas y desde algunos enfoques se encamina a desarrollar procesos epistemológicos propios de nuestro contexto y propone ocuparse de temas estructurales de pobreza, explotación, sumisión y dependencia que afectan al continente (Díaz, 2010:2-5), además de aquellos referidos a la genética, la clínica y la intervención sobre la vida humana. La bioética tiene como reto asumir las preguntas de la vida social desde la integración de diversas perspectivas disciplinarias y contextúales y la relación entre la existencia de principios universales con las diferentes formas de configurarse en contextos distintos (Lolas, 2002). Se basa en el diálogo humano, el reconocimiento del carácter intercultural de nuestra sociedad y de la interacción permanente entre diversos sistemas de conocimiento.

Las problemáticas que surgen frente a la protección de los CT asociados a las semillas son relevantes frente a la defensa y promoción del sentido de la vida en cuanto son bienes comunes centrales para la conservación y reproducción biológica, la protección del territorio, la producción del alimento, la preservación de medicina natural y la existencia de la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, se propone abordar la pregunta por la protección adecuada de dichos conocimientos en Colombia a partir de los fundamentos ético-jurídicos de los derechos colectivos como referentes para la construcción de políticas públicas desde procesos de deliberación[7]. Para ello, se contrastan las posiciones y argumentos desarrollados desde la legislación y las políticas públicas nacionales con las nociones y propuestas de organizaciones sociales campesinas e indígenas.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SEMILLAS

Son amplios los estudios y aportes teóricos frente a los conocimientos tradicionales (CT) asociados a los recursos genéticos, tanto en el ámbito internacional, como en América Latina y Colombia. En su mayoría, las investigaciones, estudios de caso o análisis normativo abordan la problemática desde perspectivas económicas, ecológicas y socio-jurídicas. Desde estudios de caso se han señalado como debates bioéticos los relacionados con el consentimiento informado frente al uso comercial de los recursos genéticos y del conocimiento, la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones, la distribución equitativa de beneficios resultantes del aprovechamiento de los recursos, los costos frente a patentes, el hecho de que no se contemplen en las legislaciones derechos colectivos de generaciones pasadas y futuras y el reconocimiento de validez que la ciencia moderna otorga solamente al conocimiento sobre recursos genéticos a aquél generado en laboratorios a través del sistema de patentes (Herrera et al., 2004: 181-190). En Latinoamérica existen estudios que presentan análisis socio-jurídicos frente a las reglas relacionadas con la propiedad intelectual y el CT asociado a la biodiversidad, el papel de las empresas transnacionales y de los movimientos sociales en los conflictos sobre los conocimientos y recursos y la importancia de proteger el derecho de las comunidades a controlar las investigaciones realizadas dentro del territorio. (Caldas, 2004).

En Colombia, organizaciones sociales e instituciones han planteado el debate alrededor del tema y existen referentes desde la década de los noventa en cuanto la caracterización de los CT y la formulación de propuestas para su protección. Por un lado, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt ha elaborado documentos de análisis, investigaciones, estudios de caso alrededor del conocimiento tradicional y la biopiratería y propuestas de regulación desde la identificación de elementos para la protección sui generis. También ha propuesto lincamientos para la regulación normativa de la protección de los CT, que contemplan el uso y adaptación de los mecanismos de propiedad intelectual existentes en la legislación como manera de garantizar la propiedad por parte de las comunidades tradicionales, entre la cuales reconoce a las campesinas. Desde las organizaciones sociales se han generado investigaciones y acciones políticas con importantes elementos para la comprensión del contexto e implicaciones de la legislación existente, la formulación de las políticas públicas y los planteamientos frente al uso, manejo, intercambio y reproducción de semillas generados en las prácticas de las comunidades (Grupo Semillas, 2011). Igualmente son importantes los aportes, desde la perspectiva socio-jurídica, frente a la protección de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y la biodiversidad (Vallejo, 2010); los análisis críticos frente a los términos e intereses subyacentes en los procesos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los términos de negociación en relación al sistema de propiedad intelectual y sus afectaciones sobre la biodiversidad desde los estudios realizados por la profesora Martha Isabel Gómez Lee.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PLURALISMO EPISTEMOLÓGICO

Desde la pluralidad de miradas frente al significado y contenido de los conocimientos tradicionales, se han abordado definiciones como conocimientos locales, consuetudinarios, saberes ancestrales, tradición indígena o patrimonio cultural. Los CT abarcan diferentes tipos de prácticas comunitarias, que pueden ser clasificados por sus usos, por la forma en que se trasmiten, por sus implicaciones en los ámbitos de salud, la alimentación, la vivienda, la vida en comunidad, la relación sociedad-naturaleza o las dinámicas rituales. A su vez, pueden mantenerse en una persona, en algunas personas de la comunidad o en la comunidad en general, e incluyen diversa información desarrollada desde tiempos ancestrales, sujeta a mejoras, adaptaciones y transformaciones (Correa, 2001) con valor para muchos ámbitos de la vida humana.

Ante la dificultad para plantear una definición que pueda recoger toda práctica de generación de conocimientos de en las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas, este documento se propone tomar la noción de pluralismo epistemológico (Olivé, 2009: 19-30) para caracterizar los CT como prácticas cognitivas que deben comprenderse desde una mirada integral e histórica en torno al dónde y cómo se generan. Este planteamiento permite ampliar el ámbito étnico de lo tradicional hacia la existencia de procesos colectivos de construcción de conocimiento válido y necesario para el devenir de la humanidad. De acuerdo con Olivé, el conocimiento es social y está dirigido a transformar la realidad de manera plural y con la participación de todos los actores afectados por problemas concretos a partir del uso de conocimientos disponibles y generados en cualquier parte del mundo, así como por la innovación de conocimientos desde una comunidad o desde la interacción de diversos agentes (Olivé, 2009:19-30). Siguiendo la propuesta de Olivé, se pueden caracterizarlos CT desde los a existencia de componentes (Olivé, 2005) articulados de manera indisociable:

– La existencia de un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes, compuesto por la población indígena[8], afro descendiente y campesina de Colombia, con procesos de vida diferentes, muchas veces en conflicto pero con relaciones cotidianas interculturales. A pesar de las diferencias, comparten procesos históricos comunes de despojo de sus tierras, de sus territorios y de sus formas culturales. En la mayoría de los casos, se han transformado de manera violenta procesos ancestrales de reproducción cultural, todo lo cual ha generado luchas de resistencia durante décadas en el país; esta historia común permite la convergencia de propuestas desde la protección de la vida y del territorio.

– Existencia de un medio que incluye la relación sociedad/ naturaleza: medio caracterizado por la gran diversidad biológica y cultural del país, con manifestación de múltiples enfoques, intereses y visiones del papel del ser humano frente a la naturaleza y la vida en todas sus manifestaciones. Marcado por un proceso histórico de tenencia de la tierra desde la concentración de grandes extensiones en pocas manos[9], la apropiación y explotación de la naturaleza y la desigualdad. Los CT se producen dentro de contextos complejos de luchas sociales, de contradicciones políticas entre los actores, de conflictos estructurales.

Existencia de un conjunto de bienes comunes[10]: ampliando la mirada de Olivé, quien plantea la existencia de un conjunto de objetos incluyendo otros seres vivos, desde una perspectiva bioética y en consecuencia con las perspectivas de las comunidades, es pertinente hablar de un conjunto de bienes comunes que han permitido la realización material y espiritual de pueblos ancestrales desde una relación de transformación de la naturaleza desde lo comunitario. Existen procesos históricos de investigación, experimentación e innovación, que generan prácticas y significados en cada comunidad y son transmitidos durante muchas generaciones a partir de la experiencia vivencial.

-Existencia de un conjunto de acciones y representaciones del mundo: creencias y teorías frente al quehacer humano que se reflejan en las prácticas comunitarias de apropiación del territorio y de relación con la vida en general; los CT incluyen significados vinculados con la existencia orgánica de formas de vida particular y se recrean constantemente a través de los usos y costumbres, se alimenta en la interacción social entre culturas desde formas internas y externas de difusión de estos saberes; “lo tradicional no está en el conocimiento como tal, sino en la manera como se adquiere y es usado, está en su significado social y cultural”. (Zerda, 2003:41).

Esta caracterización de los CT permite comprender la dimensión integral de los conocimientos de campesinos, indígenas y afrodescendien-tes como prácticas colectivas que se configuran en los territorios que habitan, recreando sistemas de normas y valores y permitiendo la or-ganicidad de la vida de las comunidades en sus territorios. El concepto de pluralismo epistemológico implica la validez del diálogo y retroali-mentación entre conocimientos generados en contextos distintos.

LAS SEMILLAS COMO PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS Y BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD

Las semillas son parte de la biodiversidad del planeta e implican un entramado de relaciones históricas que permiten la existencia biológica y social de la especie humana como parte de un sistema de vida complejo y dinámico. Las semillas son organismos vivos con propiedad de auto-regeneración y auto-reproducción[11] (Várela, 2002: 26-35) que interactúan dentro de los ecosistemas y constituyen la unidad básica para la producción agrícola o la medicina; la agricultura integra la comprensión de conceptos biológicos sobre las semillas, los procesos de modificación y adaptación realizados durante generaciones en diversos territorios y las prácticas culturales para su uso y reproducción.

Las semillas poseen diversidad de usos y significados, alrededor de ellas se recrean rituales, ciclos comunitarios para el trabajo, transmisión de saberes desde la siembra o la medicina tradicional, roles para todos los miembros de la familia y en particular para las mujeres[12]; asimismo, están asociadas a los hábitos alimentarios de toda la población, a las prácticas económicas, a las características físicas y geográficas del territorio. Es por esto que puede decirse que “si la gente va perdiendo las semillas, al perder las semillas pierde el conocimiento de cómo cultivarlas, como manejarlas y cómo usarlas; cuales alimentos ya pierden valor, que es cultural también, por eso hablamos de que al perder las semillas no es solamente perder algo físico sino que es perder prácticamente la cultura” (García, 2012). Se requiere recrear y actualizar formas de comprender y vivir la vida como un sistema complejo que permita construir, desde el reconocimiento del valor de las semillas y del conocimiento alrededor de éstas, procesos vitales indispensables para la existencia de las comunidades rurales y de la humanidad en general.

EL MERCADO DE SEMILLAS

En el contexto de mercantilización de la vida generado por el sistema capitalista, las semillas han sido convertidas en un bien transable, apropiable y susceptible de transformación de su esencia desde procesos biotecnológicos e industriales, como es el caso de las semillas transgénicas[13]. La regulación y el control de estos procesos responden a diversos intereses, marcados especialmente por una lógica económica de acumulación: las semillas como mercancía se han convertido en producto bandera de negocio de un importante sector tecno industrial en los últimos veinte años, que genera dependencia de los agricultores a la oferta de paquetes tecnológicos con semillas comerciales y modifican los hábitos alimentarios[14] y transforman la producción campesina.

Existe un significativo mercado global de semillas que genera repercusiones tanto en la economía global como en las prácticas locales y cuyos principales agentes son las empresas transnacionales. Según el informe del Grupo ETC las diez principales empresas de semillas son Monsanto, Dupont, Syngenta, GroupeLimagrain, LandO’Lakes / Winfield, Solutions, KWS AG, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Sakatay DLF-Trifolium A/S (ETCGROUP, 2011). Para el año 2009 estas diez empresas controlaban el 73 por ciento del mercado global de semillas y tres de ellas más del 50 por ciento. Además, estas empresas tienen inversiones económicas en sectores de agroquímicos y/o de biotecnología. “Cinco de las seis principales empresas de agroquímicos también aparecen en la lista de las diez principales empresas de semillas y la única de ellas que no aparece —BASF— mantiene importantes asociaciones con las mayores empresas semilleras.” (ETCGROUP, 2011). Igualmente, existe interés de las empresas farmacéuticas que vienen apropiando saberes tradicionales a través del sistema de patentes. En este contexto de mercado global, las políticas estatales tienen como reto regular los límites y posibilidades de control e intervención de estas empresas en las prácticas tradicionales de las comunidades locales.

MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A SEMILLAS

Las relaciones políticas y jurídicas mundiales tienen una dimensión global importante que sobrepasa las fronteras de los estados nacionales, siendo cada vez mayor la relevancia de un derecho transnacional y la injerencia de actores económicos en la creación o modificación de disposiciones normativas nacionales. Igualmente, existen escenarios internacionales desde los cuales se emiten declaraciones de derechos que se han consolidado como guía de acción de los Estados y referentes importantes para los procesos de exigibilidad individual y colectiva en cada país. La adopción de disposiciones internacionales y tratados comerciales implica modificaciones a la legislación interna y medidas administrativas que garanticen el cumplimiento de lo preceptuado.

En efecto, ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, El gobierno colombiano suscribió el Convenio UPOV de 1991[15] que estipula restricciones para el uso, mejora e intercambio de variedades vegetales desde un sistema de propiedad intelectual, afectando directamente la relación tradicional de la población rural con las semillas. A esto se suma la existencia de disposiciones generales y específicas frente a los conocimientos tradicionales y las semillas, que al ser tomadas en conjunto, permiten identificar las consideraciones y valoraciones del ente estatal que subyacen en la normatividad sobre estos bienes comunes.

DISPOSICIONES, NORMATIVAS Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS CT Y LAS SEMILLAS

INTERNACIONAL Y REGIONAL

El marco normativo internacional que corresponde a los conocimientos tradicionales asociados a las semillas surge en escenarios internacionales de discusión y toma de decisiones[16] que tienen contextos y objetivos diversos. Los principales espacios de construcción de directrices internacionales sobre CT, los recursos genéticos, la propiedad intelectual y la biodiversidad son:

a. La Organización de ¡as Naciones Unidas (ONU). A partir del Convenio sobre la diversidad Biológica desde la Conferencia de la partes COP (máximo órgano del convenio) se creó un grupo de trabajo para el tema de la protección del conocimiento tradicional que ha discutido varias propuestas de regulación. Entre ellas, el actual Protocolo de Nagoya sobre distribución justa de los beneficios del acceso a los recursos genético. Asimismo, la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) ha aprobado convenciones que incluyen disposiciones sobre los conocimientos tradicionales.

b. La Organización Mundial para ¡a Propiedad Intelectual (OMPI), que cuenta con un Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos y Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Folklore (Comité Intergubernamental de la OMPI-CIG). Como organismo específico que define criterios para el sistema de propiedad intelectual presupone la legitimidad de la propiedad de los bienes comunes dejando a discusión diversas formas de regulación de la propiedad como el caso de los sistemas sui generis sobre los conocimientos tradicionales.

c. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) existe un Consejo del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Consejo ADPIC). En ésta organización se discuten los criterios para la patentabilidad de plantas asumiendo los bienes comunes como comercializables.

d. La Organización de ¡as Naciones Unidas para ¡a Alimentación y la Agricultura (FAO) y su Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TI FAO). En la década de los ochenta planteó la importancia del papel de los agricultores locales de todo el mundo para la conservación de los recursos fitogenéticos y propuso los derechos del agricultor, sin embargo estos derechos no se han desarrollado en el país.

Asimismo, en el espacio de la Comunidad Andina de Naciones (al cual pertenece Colombia) existe un marco jurídico de referencia para la acción de los Estados miembros: la decisión 391 de 1996, por ejemplo, plantea el reconocimiento al derecho de autonomía de las comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas sobre sus conocimientos asociados a los recursos genéticos y a sus productos derivados, consagra derechos de beneficios y obliga a prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso. Sin embargo, esta disposición no se traduce en regulaciones nacionales y deja vacíos frente a la titularidad de las comunidades como proveedoras de los recursos.

COLOMBIA

En Colombia se ha abordado institucionalmente el tema de la protección a los CT desde los años noventa. Sin embargo, no existe aún un marco normativo de regulación. Desde el año 2008 se adelantan gestiones institucionales para un sistema sui generis que incluya particularidades del contexto. El Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de coordinar la formulación de una política marco y al Ministerio del Ambiente la realización de una política o mecanismo sui generis de protección. Para ello, se está ejecutando (2010-2015) un proyecto desde el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible y el PNUD, denominado “Incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agro-biodiversidad”, el cual busca definir directrices para la formulación de una política pública a fin de proteger el conocimiento tradicional. Para el desarrollo del proyecto se identificaron cinco regiones piloto por sus características en relaxión a la agro-biodiversi-dad. El proyecto expresa consideraciones frente a las amenazas para el conocimiento tradicional, propuestas de integración a las políticas públicas, herramientas para planificar la protección y promoción del conocimiento tradicional, generar de alianzas con las comunidades y difundir valores asociados a agro biodiversidad y CT. Sin embargo, esta argumentación no ha desarrollado propuestas de regulación concretas y viables para la transformación favorable de las situaciones problemáticas.

Al debate de la política pública se suman la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, las disposiciones del plan de desarrollo gubernamental basado en el valor comercial de la biodiversidad, los conflictos económicos, políticos y armados que se viven en las diferentes comunidades, las leyes sobre tierras y el fomento de la inversión extranjera, entre otros aspectos estructurales del país que no pueden entenderse de manera fragmentaria.

Por otro lado, en los últimos años se han emitido normas que regulan de manera específica el uso, mejora, distribución e intercambio de semillas, las cuales han sido objeto de discusión desde organizaciones sociales vinculadas con el tema. Es relevante señalar la resolución 970 del año 2010, que reglamenta y controla la producción, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y transferencia a título gratuito y/o uso de la semillas de todos los géneros y especies botánicos para siembras de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento convencional, incluyendo los Organismos Genéticamente Modificados, con el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas[17] (Grupo Semillas, 2011).

PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

CARÁCTER DE ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALES

Históricamente las sociedades latinoamericanas han establecido diversas formas asociativas que buscan la satisfacción de demandas sectoriales, políticas, culturales, económicas o de reconocimiento y que se han retroalimentado con procesos internacionales. Las acciones y debates de entes colectivos como sindicatos, cooperativas, campesinos, grupos étnicos, grupos de mujeres o de defensa de los derechos humanos han permitido transformaciones de criterios, conocimientos y valoraciones morales respecto a las situaciones de los grupos poblaciones. En el contexto mundial actual, las situaciones estructurales de desigualdad, injusticias y afectaciones ecológicas globales, así como la globalización de las relaciones a partir de los cambios tecnológicos y de conocimiento, han llevado a la reconfiguración de las formas organizativas locales, regionales y nacionales hacia la afirmación comunitaria del territorio. “Esta tendencia a la reapropiación comunitaria del espacio de vida refiere tanto a las formas de lucha y organización basadas en la ocupación del territorio cuanto a la expansión de las experiencias de autogestión productiva, de resolución colectiva de necesidades sociales (por ejemplo en el terreno de la educación y la salud) y de formas autónomas de gestión de los asuntos públicos” (Seoane, 2006:90).

Las características de los movimientos sociales conformados por diversas expresiones organizativas de los grupos sociales, tanto locales como de articulación en regiones o por sectores, desempeñan un papel importante para la comprensión integral de la protección de los CT. Autores como Zibechi (2004) o Seasone (2006) presentan tres elementos que caracterizan la práctica de la mayoría de los más significativos movimientos sociales latinoamericanos: a) una dinámica de apropiación territorial como práctica colectiva; b) la práctica y la discursividad de la mayoría de los movimientos sociales aparece atravesada por una intensa experimentación democrática que implica tanto la reinvención como revalorización de mecanismos de participación y decisión directos o semi directos y c) la emergencia de un nuevo internacionalismo que permite la interlocución y retroalimentación de prácticas y discursos

Bajo estos elementos se enmarcan las formas organizativas que han consolidado indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia respondiendo a dinámicas de despojo, represión y violación de derechos humanos hacia las comunidades étnicas y campesinas que se han agudizado a través del mercado de tierras, los cambios en la tenencia de la tierra y el uso del suelo, y la explotación de la naturaleza como estrategia de crecimiento económico. A pesar del adverso contexto, el movimiento social se ha fortalecido a través de la articulación entre diversos sectores que buscan cambios estructurales sustentados en la defensa de la vida, y nutridos a su vez por las acciones y reflexiones de los movimientos latinoamericanos y de otras organizaciones a nivel mundial que encaminan sus demandas políticas hacia cambios de las lógicas depredadoras de la naturaleza.

En este escenario es vital reconocer la existencia del campesinado como actor político colectivo con demandas relacionas con formas de vida tradicionales[18]. Como señala Silvetti (2011), frente a la sustenta-bilidad planetaria y la revalorización de la naturaleza, los campesinos se reafirman como actores sociopolíticos ante la evidencia de las mayores afectaciones sobre las economías agrarias de subsistencia por prácticas o acciones de otros actores que impidan o limiten el acceso y control de la naturaleza. “Es importante señalar en el marco de la resistencia, que las comunidades campesinas defienden modos de vivir tradicionales, pero también nuevas formas de producción y comercialización que intentan actuar fuera de la lógica dominante del mercado capitalista” (Silvetti, 2011: 32).

Ante la complejidad de la problemática, existen procesos de construcción colectiva donde la voz de muchos toma un papel central para la construcción del territorio desde sus pobladores y pobladoras y la política se inserta en las prácticas cotidianas de permanencia cultural. Los elementos referenciados en este documento muestran una aproximación a los debates y construcciones generadas por algunas organizaciones sociales y movimientos nacionales[19] en relación a la protección de los CT asociados a semillas; no abarcan la totalidad de posiciones que pueden existir en el ámbito regional y local pero dan cuenta de iniciativas significativas y propositivas frente al tema.

Existen diferencias, contradicciones y diversos enfoques en la manera de plantear las reflexiones y acciones hacia la protección los CT asociados a las semillas pero, más allá de ello, se pueden resaltar identidades en torno a la defensa de modos de vida rurales tradicionales. La relación entre sociedad naturaleza que se teje alrededor del uso y conservación de las semillas criollas y nativas se expresa en procesos de solidaridad, de cooperación, de conservación de la biodiversidad, de trasmisión de saberes desde el quehacer cotidiano, detentando un sentido de la vida que se recrea en la identidad y en la relación establecida con el territorio en el que habitan. “La palabra territorio es para nosotros ante todo un concepto político; al territorio lo ligamos a la autoridad, un territorio va hasta donde vaya la autoridad, esa parte es clave entenderla frente a los desafíos que enfrentamos, es preguntar hasta dónde es tu territorio si tú no puedes controlar tus semillas, es cómo define un campesino las semillas que siembra, quién las define, eso es muy importante (González, 2012)”.

En tal sentido, desde las organizaciones sociales se identifica la existencia de amenazas y riesgos para los conocimientos tradicionales asociados a semillas, tales como[20]: 1) falta de medidas eficaces para la atención y protección de los hombres y mujeres mayores, quienes poseen gran parte de este conocimiento; 2) situaciones estructurales que llevan a los y las jóvenes al abandono del campo, no existen estrategias claras que garanticen el relevo generacional, los sistemas educativos mantienen visiones fragmentadas de la vida y no incluyen procesos de formación en estos temas para los niños y niñas; 3) autorización legal para la siembra de semillas transgénicas cerca de los territorios locales, pues aún cuando se cuente con protecciones internas, la siembra de semillas transgénicas cerca de siembras de semillas criollas y nativas puede afectar los ecosistemas al impactar ríos, suelos, especies animales u otros o generar cruzamientos de genes[21], 4) la existencia de normas y regulaciones sobre las semillas y sobre el sector rural que llevan al aniquilamiento de la economía campesina; los cambios en los hábitos de consumo de toda la población han dejado a un lado la gran diversidad de alimentos que se poseen en el país, falta conocimiento por parte de los consumidores de la gran variedad genética en cada especie y la multiplicidad de usos y propiedades de cada semilla; 6) las lógicas territoriales de las empresas transnacionales que llevan al despojo y remplaza la agricultura tradicional por minería, siembra de monocultivos para biocombustibles o forestales en consonancia con el Plan Nacional de desarrollo vigente; 7) la comercialización de las semillas mediada por el concepto de mercancía, tanto por empresas semilleras como por particulares que desconocen el proceso integral de las semillas y la concepción de éstas como bienes comunes.

ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS EN LAS PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES FRENTE A LOS CT ASOCIADOS A SEMILLAS EN COLOMBIA

– La integratidad de ¡a vida como enfoque central; las semillas y los conocimientos asociados conforman una integralidad, una unidad que se recrea dentro de formas de vida rurales y configuran significados colectivos. Para las mujeres campesinas, por ejemplo, “el significado que tienen [las semillas] para las mujeres es como la riqueza, sobre todo es como el baúl donde se guarda la cultura, eso significa cada bolsita que tiene cualquier casa. Las campesinas y los campesinos tenemos un conocimiento, sobre todo los cuidadores y cuidadoras de semillas, que es empírico, que viene de los abuelos y de los tatarabuelos; es saber que tengo que cosechar y guardar los granos que me van a servir para la otra cosecha, además para el alimento y que son los granos que nos van a mantener en el territorio desde el hecho que tengamos semillas y podamos sembrar, ese apego por la tierra y el territorio, o sea el que cubre el aire, el suelo, el agua, la biodiversidad, en fin todo”(Morales Alix, Entrevista 2012). Por su carácter colectivo, son considerados patrimonio colectivo de los pueblos con carácter inalienable y enajenable. Las semillas y los conocimientos asociados a ellas se deben caracterizar por ser libres[22] y por tanto no susceptibles de ninlguna forma de propiedad intelectual [patentes]. “La semilla circula, no debe tener dueño, la semilla es libre” (Largo Luis Efrén, Entrevista 2012). La titularidad está en cabeza de la comunidad que lo ha generado y lo detenta, aunque “esté al servicio de la humanidad” (Testimonio de campesino., Encuentro campesino. 2012).

Es relevante señalar que las mujeres desempeñan un papel central en el proceso de las semillas, poseen el conocimiento sobre las especies y variedades genéticas existentes en el territorio, transmiten usos y prácticas desde su rol materno y generalmente son las encargadas del alimento familiar y de la medicina. “Las mujeres han jugado un papel importante en cuanto la recuperación de semillas, por allá en el año 1997, cuando hicimos el primer diagnóstico de semillas, nos sorprendió que las mujeres eran las que más sabían sobre las variedades de semillas, eran las sabían cómo se guardaban las semillas porque nosotros los hombres trabajamos en el campo, pero las que están encargadas en la casa son las mujeres, ellas nos daban también la receta de cómo guardar las semillas de una cosecha a otra, han jugado un papel muy importante a resaltar allí, pues son en un 80 % las guardianas de esas semillas”(Hernández Alvaro, Entrevista 2012)

– La existencia de prácticas de protección comunitaria: Desde las organizaciones sociales y como prácticas cotidianas, la protección de las semillas y del conocimiento asociado se hace a través de acciones como las siguientes:

– La reproducción y el mejoramiento de semillas criollas y nativas: se considera que la mejor manera de conservar semillas es desde la siembra y la reproducción permanente; los procesos comunitarios de “bancos” de semillas se entienden desde la responsabilidad de reproducir cada una de las variedades que se poseen, pues “las semillas se pierden si las dejamos de sembrar, si la gente deja de usar algo pierde esa costumbre, lo apropia otro, ya no estaría como bien colectivo, es decir que es de todos pero no es de ninguno (García Mauricio, entrevista 2012)”

– El mantenimiento y transmisión de usos diversos: los usos agrícolas, medicinales y simbólicos que una comunidad tiene de las semillas se transmite desde el mismo hacer cotidiano, generalmente desde la oralidad. El uso alimentario se acompaña de la promoción del consumo de alimentos tradicionales de cada región; los usos medicinales generalmente se conservan desde la práctica de mayores, autoridades espirituales en el caso de las comunidades indígenas o en las mujeres como encargadas del cuidado de la vida en general. Igualmente a partir de los rituales y las fiestas tradicionales tanto indígenas como campesinas en las cuales se recrean significados espirituales o de identidad comunitaria alrededor de las semillas.

– El intercambio de semillas: o lo que se denomina trueque de semillas entre diversos productores campesinos e indígenas. El intercambio se da a partir de escenarios programados de encuentro para tal fin (dentro de las fiestas comunitarias o encuentros regionales) en procesos de bancos, reservónos, de custodios de semillas o de fondos rotatorios; “nadie vende semillas, le doy un puñado y usted me trae un kilo y así se mantiene, hemos hecho un ejercicio de fondo rotatorio con las semillas, funciona en las huertas cada una dice tengo estas semillas y la comparte y así se rotan” (Morales Alix, entrevista 2012)”. Igualmente, el intercambio de semillas se produce de manera espontánea durante los mercados de productos agroalimentarios y dentro de la vida cotidiana de las comunidades locales como forma de relaciones de solidaridad.

– La oposición a cualquier forma de implementación de semillas trans-génicas en los territorios. En este sentido tiene relevancia la iniciativa indígena Zenú de declarar su territorio libres de transgénicos (TLT), propuesta que está siendo asumida por otras organizaciones. Además de ello, se adelantan procesos de exigibilidad jurídica contra las disposiciones permisivas con la existencia de cultivos transgénicos en el país.

– La publicación de diversidad de semillas y conocimientos asociados como una forma de protección frente a posibles solicitudes de patentes por parte de terceros que puedan presentar las variedades existentes como novedosas; “hemos buscado estrategias de publicar lo nuestro, de publicar nuestras semillas de maíz, todas las hortalizas, las plantas medicinales con el objetivo de que no venga una empresa privada semillera o de la industria farmacéutica y se nos aproveche y nos patente una de nuestras plantas. Con el objetivo de dar a conocer esos procesos, hemos aprovechado la tecnología, hemos hecho programas de radio, dando a conocer todo el proceso nuestro, algunos documentos audiovisuales, boletines escritos para dar a conocer nuestro trabajo (Hernández Alvaro, entrevista 2012). En contraste, existen otras formas de protección desde la reserva de información sobre quién y cómo conserva las semillas en la comunidad, siendo generalmente los hombres y mujeres mayores quienes desempeñan la responsabilidad de la custodia.

– Las alianzas para denuncias y visibilización de la situación: en este sentido son centrales las acciones conjuntas con organizaciones sociales diversas y la interlocución con movimientos globales como vía campesina o las campañas internacionales por las semillas libres[23].

LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES RURALES TRADICIONALES COMO PROPUESTA DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A SEMILLAS

DERECHOS COLECTIVOS

Existen diversas posturas e interpretaciones respecto a qué son los derechos colectivos y cuál es el objetivo de su existencia, históricamente la discusión se ha centrado en la contraposición entre los postulados liberales y los comunitaristas frente a la prioridad de libertades individuales o de intereses de la comunidad. La pregunta por los derechos colectivos cuestiona los pilares de la modernidad desde donde se han consolidado sistemas sociales y económicos centrados en el individuo, en la homogeneidad y en la fragmentación de la realidad; no obstante, es a partir de la modernidad que se acepta la existencia y validez jurídica de sujetos colectivos, es decir del Estado como primer sujeto colectivo con capacidad para restringir la libertad de los individuos. En el año 1960 la organización de las Naciones Unidas reconoce el derecho a la autodeterminación como posibilidad política para buscar el propio desarrollo económico, social y cultural. El concepto de derecho a la autodeterminación se ha concretado en postulados de soberanía nacional de los Estados (López, 2000:16-18) aunque restringida por dinámicas asimétricas de poder entre países; en los últimos años este derecho ha tomado relevancia para la lucha de pueblos indígenas como principio de autonomía y autogobierno.

A la vez, en los siglos XX y XXI se amplía la existencia de derechos legales a entes colectivos multinacionales que se han consolidado desde la libertad económica y los cambios en los modos capitalistas de producción, pues “el mismo individualismo como liberalismo económico ha fomentado la formación de sujetos colectivos económicos de enorme poder e importancia” (López, 2000:30). Frente a la existencia de derechos legales de entidades supranacio-nales, las empresas multinacionales, por ejemplo, tienen un papel fundamental en la reconfiguración política mundial y se han convertido en un actor determinante en el momento de abordar y resolver conflictos de intereses frente a la propiedad de bienes comunes de la humanidad.

Los derechos colectivos han hecho evidente la existencia de procesos sociales y concepciones culturales que entran en conflicto con las ideas de libertad individual como fundamento absoluto de un sistema político. En este sentido, es relevante el abordaje histórico que Will Kymlicka (1996, 2009), autor del liberalismo contemporáneo, hace de los derechos de las minorías; afirma que si el feudalismo definía derechos políticos y oportunidades en función del grupo de una manera excluyente, el liberalismo del siglo XIX[24] planteaba procesos de organización política homogénea en sociedades que eran diversas, lo cual conllevó a procesos de exterminio, imposición o privación de derechos de grupos diversos o minoritarios al extinguir la diferencia. Posteriormente y con la extensión de los derechos civiles, surgieron retos frente a las minorías culturales y demandas frente a la no universalización de los valores liberales y la positivización de derechos de las minorías. Kymlicka reconoce que la dinámica actual de la globalización ha hecho irreal la visión liberal del siglo XIX de un estado culturalmente homogéneo, lo cual conlleva al replanteamiento interno del liberalismo desde discusiones y propuestas que asuman la existencia del pluralismo y diversidad. El reconocimiento de la multiculturalidad, no solamente se da dentro de los Estados sino en las relaciones internacionales a partir de “una difusión global del multiculturalismo como nuevo marco para reformar estas relaciones” (Kymlicka, 2009:15).

Para este liberalismo, los derechos colectivos se justifican por la protección de las libertades fundamentales de los individuos que hacen parte de minorías y que por ello son susceptibles de diversas formas de vulnerabilidad e injusticias por parte de las mayorías; la diversidad cultural es funcional al sistema mismo en cuanto minimizan los conflictos y mantiene un orden político (Kymlicka, 2009: 59). Los planteamientos de Kymlicka tienen limitaciones frente al contexto intercultural latinoamericano en cuanto fundamenta el carácter minoritario del grupo pero no por ello reconoce un valor intrínseco a la cultura, a otros sistemas de conocimiento, o a formas de vida de los grupos y su relación orgánica con los bienes morales protegidos. Asimismo, restringe las condiciones de desventaja dentro de una sociedad a la condición étnica o de minoría nacional, perdiendo de vista que existen situaciones de desigualdad generadas por el sistema económico y político mundial que agravan las condiciones de vulnerabilidad de comunidades tradicionales.

A pesar de estas limitaciones, la propuesta de Kymlicka aporta elementos para una fundamentación de los derechos colectivos alrededor de los CT asociados a semillas que detentan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los derechos colectivos se relacionan con restricciones internas para la acción de los miembros de un grupo y limitaciones al poder político y económico externo[25], disposiciones que se concretan a través de:

– derechos de autogobierno: referidos a los derechos de autodeterminación reconocidos en el derecho internacional en virtud de jurisdicciones territoriales autónomas.

– derechos diferenciales de grupo: como políticas dirigidas a asegurar el ejercicio de los derechos de ciudadanía en función del grupo de pertenencia.

– derechos de representación: para la inclusión de miembros de grupos específicos en procesos de representación política como respuesta a las carencias en este sentido de los sistemas políticos.

Estas tres formas de ejercer derechos colectivos pueden coexistir dentro de un mismo sistema social y dentro de un mismo grupo diferenciado.

Esta perspectiva puede complementarse con la consideración de los derechos colectivos desde los derechos morales, teniendo en cuenta que es una categoría que “sirve al menos para mantener el nombre de derechos para exigencias fundamentales de justicia que, por no estar reconocidas en las leyes positivas, podrían estar calificadas, como simples demandas o exigencias morales o reivindicaciones políticas”(López, 2000:96., énfasis original). Para López (2000), los fundamentos de los derechos morales no están en las leyes, son exigencias de deber ser frente a terceros en nombre del valor moral de la justicia, se afirman por razones morales de lo que debiera ser pero requieren de legitimidad política por parte de terceros. Los derechos morales, son derechos, porque sus contenidos se refieren a unos mínimos morales importantes para la sobrevivencia física, para la dignidad de unos sujetos y consecuentemente para la convivencia pacífica. Sin embargo, ¡a realización de ¡os derechos morales requiere la incorporación adecuada dentro del ordenamiento jurídico. Es tarea del Derecho asumir los cambios dando respuestas a demandas de justicia que cada época plantea y que no fueron previstos en un momento legislativo anterior.

La titularidad colectiva de derechos requiere de la existencia de intereses colectivos que “deben entenderse más bien como los resultados de una comunidad de diálogo de individuos libres e iguales, resultados que desde luego ya no pueden ser entendidos como individuales, aunque vengan de individuos y vayan, en última instancia, a favorecer a los individuos” (López, 2000:144). Por tanto, los titulares de los derechos colectivos no se constituyen solamente en virtud de su pertenencia a un grupo, sino desde la existencia de intereses comunes y significados colectivos. La voluntad del sujeto colectivo está relacionada con la concertación de intereses comunes que recogen dimensiones políticas, económicas, espirituales, simbólicas y éticas, que muchas veces hacen complejo el consenso y requieren la construcción desde el diálogo, la participación real de todos los miembros del colectivo y la legitimidad desde principios de justicia.

Las reflexiones alrededor de los derechos colectivos abre por lo menos tres puntos a profundizar desde la teoría pero también desde las prácticas concretas de las instituciones estatales y de las organizaciones sociales: a) La existencia de sujetos colectivos con intereses legítimos no individualizables, que por situaciones de desventaja o vulnerabilidad frente a lógicas mayoritarias, requieren ser protegidos. (Titularidad colectiva[26]); b) la existencia de bienes comunes sobre los que recaen los intereses colectivos, que no pueden individualizarse al ser estructurales para sujeto colectivo y que requieren protección especial ante valoraciones de amenaza por parte de terceros. (Objeto colectivo) y c) la existencia de deberes morales generales hacia los sujetos colectivos y hacia los mismos bienes comunes como nuevas exigencias de justicia.

HACIA LOS DERECHOS COLECTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A SEMILLAS

Los derechos colectivos constituyen un campo importante para fundamentar propuestas de protección de los CT asociados a las semillas en Colombia y desde los cuales se pueda aportar a la construcción de rutas de deliberación[27]. Desde la revisión de los enfoques y líneas de acción de las propuestas de las organizaciones sociales, así como los planteamientos del marco jurídico y de políticas públicas se identifican aspectos de aproximación y miradas contrapuestas que permiten fundamentar los derechos colectivos como práctica y teoría viable para la protección.

Elementos de aproximación entre las dos posturas

– Reconocimiento de los conocimientos tradicionales asociados a semillas son centrales para la sustentabilidad del planeta: se presupone el reconocimiento de los conocimientos tradicionales asociados a las semillas y a la agro-biodiversidad como componente esencial para confrontar la evidente crisis mundial en los ámbitos económicos, políticos y ecológicos. Las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas son reconocidas en todos los escenarios desde su papel fundamental en el cuidado de los ecosistemas[28].

– Importancia de concretar lineamientos normativos de regulación: que respondan a las necesidades de protección de los CT desde una perspectiva multicultural en concordancia con los principios constitucio En las organizaciones sociales existen ejemplos de disposiciones normativas alrededor de los conocimientos tradicionales asociados a semillas centradas en la no apropiación por parte de terceros y el uso no comercial de estos bienes comunes[29].

– Interdependencia entre lo local y lo global: las medidas nacionales o locales tienen consonancia con procesos internacionales y mundiales. No se trata de situaciones aisladas de Colombia; al contrario, el debate planteado responde a prioridades actuales dentro de la dinámica internacional. Existe una relación entre los planteamientos de organizaciones e instituciones nacionales y los organismos multilaterales (institucionales y económicos), al igual que con los movimientos y organizaciones sociales en el ámbito mundial y regional de América Latina[30]. Sin embargo esta preocupación mundial y nacional por el tema se traduce también en la existencia de puntos de contradicción entre las dos perspectivas que se están revisando.

Valoraciones contrapuestas

– Enfoque de recursos económicos estratégicos vs enfoque de bienes comunes: la concepción de los conocimientos tradicionales asociados a las semillas como recursos estratégicos que constituyen ventajas comerciales comparativas está explícita e implícita en el marco normativo y políticas públicas. Las directrices de los documentos CON-PES 3522 y 3527 de 2008[31], por ejemplo, enfatizan el potencial económico de la biodiversidad en beneficio de la economía nacional y la necesidad de garantizar el acceso y uso de los recursos naturales. En este sentido, existen contradicciones internas entre los discursos y argumentos planteados en varios documentos institucionales en los que, por un lado, se hace explícito el reconocimiento del valor de las comunidades tradicionales, del conocimiento desarrollado alrededor de los recursos genéticos, de las semillas como fuente de diversidad biológica y cultural y de la necesidad de protección de todo ello como responsabilidad frente a la sustentabilidad del planeta mientras que, por otro, al concretar las medidas de regulación y las políticas públicas relacionadas, se priorizan el crecimiento económico, el valor comercial de las semillas y del conocimiento, llevando a la limitación de los derechos de las comunidades locales tradicionales y la garantía del acceso a estos “recursos” mediante el sistema de propiedad intelectual. En contraste, desde las organizaciones sociales los CT asociados a las semillas se valoran como componentes de la vida y la existencia de las comunidades. Los planteamientos rechazan toda concepción de estos bienes comunes como mercancías sujetas a comercialización.

– Reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo de derechos: la constitución nacional y la normatividad no desarrollan el concepto de comunidades locales explícito en instrumentos jurídicos internacionales, como poseedoras de CT que deben protegerse[32]. Sin embargo, desde las prácticas y discursos de las organizaciones sociales, se expresa la existencia de la población campesina como poseedora de modos de vida y rasgoas culturales tradicionales que, en el contexto del país, se convierten en minoría que se enfrenta a diversas situaciones que ponen en riesgo su supervivencia, ante las cuales se requiere protección especial por parte del Estado en concordancia con los planteamientos de la Corte Constitucional frente a la diversidad cultural y trato preferente a minorías en situación de desventaja. Su labor cotidiana en el campo desde la agricultura tradicional [y no desde la agroindustria] como cuidadores de semillas )como productores de alimentos y de medicina natural y como transmisores de una identidad) lleva a demandas sociales y políticas frente al derecho al territorio (aunque configurado desde la propiedad individual) que involucra entre otros elementos la protección de sus CT asociados a las semillas y el reconocimiento de su existencia como un valor en sí mismo para el futuro de la humanidad[33]. Además de ello, en la práctica existen procesos normativos legitimados colectivamente que parten de la comprensión del campesinado como sujeto colectivo de derechos, tales como los planes de vida y mandatos del movimiento social. Las luchas de los movimientos sociales han puesto en el debate internacional actual (y en la agenda de las Naciones Unidas) la importancia del reconocimiento de los derechos de los campesinos, hecho relevante para consolidar el reconocimiento jurídico del campesinado como sujeto de derechos individuales y colectivos.

– Divergencias en ¡a finalidad de ¡a protección: desde la perspectiva institucional, la discusión ética por el objetivo de la protección de los CT asociados a semillas se centra en la garantía de una distribución justa de los beneficios (sean monetarios o no)[34] obtenidos a partir del acceso, comercialización y propiedad intelectual sobre los recursos naturales. Al garantizar el acceso y uso de los recursos naturales[35] se pasa por alto el valor intrínseco de los conocimientos y de las semillas. Para las organizaciones sociales[36], al contrario, el núcleo de la discusión está en criterios que permitan construir mecanismos de protección de los CT asociados a semillas como patrimonio colectivo de los pueblos y por tanto como valor en sí mismo no transable. Esta mirada implica una prohibición ante el aprovechamiento comercial y la apropiación individual. Antes de negociar los beneficios se deben establecer derechos y deberes morales relacionados con la protección de este sentido de la vida y de las formas culturales específicas que sustenta.

– Definición de ¡os mecanismos idóneos de protección: desde los planteamientos institucionales, las disposiciones se centran en definir los componentes de un sistema de propiedad intelectual (SPI) que incluya particularidades de las comunidades locales tradicionales, siguiendo las directrices de la OMC y la OMPI. Para el caso de las semillas, la protección se genera desde los lineamientos de la UPOV de 1991 en contravía de los intereses manifiestos por las organizaciones sociales. En contraste las organizaciones sociales proponen mecanismos de protección desde la acción local, el uso e intercambio colectivo y la existencia de regulaciones normativas que prohiban la implementa-ción de cualquier forma de patentes sobre los bienes comunes.

– Distintas lógicas frente a escenarios de diálogo y construcción de mecanismos de regulación: las organizaciones sociales fundamentan sus disposiciones en procesos participativos. Tal es el caso del Congreso de Tierra y Territorio que reunió aproximadamente a quince mil personas pertenecientes a diversas organizaciones del país, para discutir y construir propuestas de acción, o los procesos de los pueblos indígenas que parten del diálogo entre comunidades locales, cabildos y autoridades tradicionales y generalmente implican procesos previos y continuos de debate alrededor de estos temas. Por otro lado, los mecanismos institucionales de construcción de normas se guían por procesos representativos, por la delegación a especialistas o por la convocatoria e inclusión limitada de las organizaciones sociales. Generalmente, la participación es posterior y está centrada en procesos de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones emitidas.

RECONOCIMIENTO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CT ASOCIADOS A SEMILLAS

Los derechos colectivos como sustento ético jurídico en la construcción de políticas públicas y normatividad nacional dirigidas a la protección de los CT asociados a las semillas implican procesos de deliberación real que lleven a criterios legitimados por todos los actores involucrados y por la población en general. Esta mirada se fundamenta en una concepción de respeto y prioridad hacia el sentido de la vida que representan las semillas y el conocimiento desarrollado de manera permanente alrededor de ellas por las comunidades tradicionales[37]. Los derechos colectivos tienen como fundamento la protección de formas de vida tradicional (material y cultural) que son importantes para el desenvolvimiento de la sociedad y de la vida humana.

En Colombia, la comunidades rurales (sean indígenas, campesinos o afrodescendientes) viven situaciones de vulnerabilidad que amenazan con su desaparición como forma de vida. En la argumentación precedente se ilustró la relación de las comunidades con las semillas como componente integral y orgánico de estas formas tradicionales de vida, así como la validez de los conocimientos que se generan desde un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes en un medio que incluye sociedad y naturaleza, con un conjunto de bienes comunes que sustenta un conjunto de acciones y representaciones del mundo, todo lo cual existe desde la práctica cotidiana de las comunidades.

En este sentido, se configura un primer elemento de los derechos colectivos: la titularidad colectiva que las comunidades con modos de vida tradicionales pueden demandar para protección de sus conocimientos y las semillas. Los conocimientos desarrollados alrededor de las semillas se generan y retroalimentan dentro de una comunidad y a través del uso, mejoramiento, adaptación, selección e intercambio de las semillas, todo lo cual les da un carácter de colectivo. Un solo individuo no puede atribuirse la generación y preservación de este conocimiento, aún teniendo en cuenta que de manera individual lleva a cabo procesos y usos específicos con las semillas. Es el colectivo el que genera y recrea los saberes, el que detenta un valor moral en sí mismo. “Lo que distingue a un conjunto de individuos como titulares de un derecho colectivo es su común interés en el bien que conjuntamente coloraban a producir” (Torbisco, 2001). Consideraciones semejantes pueden hacerse alrededor de los conocimientos tradicionales asociados a las semillas como bienes comunes que se poseen de manera colectiva y que no puede individualizarse [la posesión] sin recaer en fragmentación del sentido de la vida implícito en ellos. Como tales cumplen un segundo presupuesto, al ser objetos colectivos. Una concepción de derechos colectivos fundamentada en el valor intrínseco de las comunidades rurales y de los CT asociados a las semillas como bienes comunes, que responde a principios constitucionales y a la vez a las demandas de las organizaciones sociales, debe concretarse en medidas relacionadas con los tres componentes descritos por Kymlic-ka (1996). A saber:

- derechos de autogobierno: desde el reconocimiento nacional e internacional de las comunidades campesinas como sujetos colectivos, que al igual que las comunidades étnicas deben ser consultadas en las decisiones que afectan a los territorios en los que desarrollan su vida espiritual y material. A partir de los derechos de autogobierno cobran validez jurídica reglamentos y disposiciones ya existentes frente al respeto de sus formas tradicionales de producción, de sus sistemas tradicionales de uso e intercambio de semillas y de conocimientos.

– derechos diferenciales: implican la construcción de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de las formas de vida tradicionales, la divulgación de su valor intrínseco, la superación de las amenazas identificadas; la concreción de medidas para superar la pérdida de identidad y el incentivo de prácticas y relaciones interculturales que beneficien a las comunidades. El reconocimiento de derechos diferenciales es concordante y necesario para la garantía de los derechos fundamentales propugnados por la Constitución Nacional y por tanto para la realización del Estado Social de Derecho.

– derechos de representación: que promuevan y garanticen la participación adecuada y fundamentada de todos los sujetos colectivos (e individuales), no solo en los espacios de representación política electoral sino en los escenarios de participación pública. Se trata de retomar el significado de lo público como espacio propicio para la deliberación desde valoraciones éticas alrededor del sistema de la vida, que guíen las decisiones y acciones individuales, colectivas e institucionales. La sociedad actual presenta importantes retos frente a la concepción de la relación entre las especies que requieren ser asumidos desde distintas perspectivas: el detrimento de la diversidad biológica y cultural demanda, entre muchos otros, el debate ético de propuestas de protección de los conocimientos tradicionales asociados a semillas que a la vez fortalezca una perspectiva global de la relación sociedad/ naturaleza.

CONCLUSIONES

Los derechos colectivos permiten concretar postulados constitucionales y regulaciones internacionales, protegen los derechos individuales como sustento de un Estado Social de Derecho y a la vez recogen las valoraciones morales del sentido de la vida y las demandas de justicia explícitas en las propuestas de las organizaciones sociales. Se fundamentan en el valor de formas de vida rurales tradicionales, prioriza la garantía de la diversidad biológica y cultural, recrea el diálogo intercultural y la retroalimentación de distintos sistemas de conocimiento. Las semillas y los conocimientos asociados a ellas son un punto de interés común desde culturas diferentes pero con formas de vida similares, que constituyen en un deber del Estado el proveer los mecanismos necesarios para la garantía de estos derechos frente a actores económicos como las empresas trasnacionales.

La multiculturalidad e interculturalidad existente en el país com-plejiza las relaciones entre actores y las luchas por el territorio se ven fragmentadas muchas veces por el conflicto existente entre campesinos y poblaciones étnicas por la propiedad de la tierra y la permanencia en un territorio; sin embargo, a pesar de las diferencias, existen puntos de identidad y demandas políticas comunes. Las relaciones que se entretejen en la vida rural tradicional son formas culturales que poseen valor en sí mismas para la sociedad en general. En este contexto, los derechos colectivos son el marco ético jurídico adecuado para la protección de los bienes comunes ante un sistema de propiedad intelectual que no da cuenta de la realidad intercultural y multicultural de los contextos latinoamericanos o de los componentes éticos esenciales de los conocimientos tradicionales. Esta perspectiva implica la concreción de medidas que garanticen derechos de autogobierno, políticas diferenciales y derechos de representación de campesinos, indígenas y afrodescendientes, pasando necesariamente por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos colectivos.

Además de cambios estructurales frente a la tenencia de la tierra, el uso del suelo, las formas de producción agrícola, la inversión extranjera y la dinámica comercial de las transnacionales; las políticas públicas deben establecer en el corto plazo mecanismos para enfrentar las amenazas identificadas por las organizaciones sociales para la conservación de sus CT asociados a las semillas. En este sentido, es central priorizar acciones y recursos para promoción de las formas locales de protección e intercambio de las semillas, protección de hombres y mujeres mayores como principales poseedores de este conocimiento, fortalecimiento de la relación de los y las jóvenes con el territorio y las formas de vida tradicional, protección de la labor de las mujeres, incentivos para el consumo de productos tradicionales, cambios en los hábitos alimentarios de toda la población y protección de los territorios frente a la siembra y consumo de transgénicos, desde regulaciones como las de territorios libres de transgénicos TLT. Por otro lado, más que fortalecer o generar regulaciones jurídicas frente a los conocimientos tradicionales y las semillas, es necesario derogar aquellas normas contrarias y de destrucción del valor intrínseco de las formas de vida rurales tradicionales. Ante el modelo de desarrollo impuesto se requieren transformaciones estructurales y la construcción de nuevos paradigmas que fortalezcan la relación sociedad/ naturaleza desde una perspectiva ética.

El derecho debe estar abierto a nuevas miradas frente a las realidades sociales que no fueron tenidas en cuenta por legisladores anteriores y que plantean retos en lo nacional y en la esfera global. El Estado debe responder a las demandas sociales de justicia y garantizar el desenvolvimiento de propuestas de protección de los conocimientos tradicionales asociados a las semillas coherentes con una propuesta ética frente a la vida. En este sentido, la bioética puede contribuir en la reflexión alrededor de la fundamentación moral de estos derechos y su pertinencia para abordar problemas y propuestas frente al sentido de la vida y la relación fundamental entre sociedad/ naturaleza. La bioética tiene el reto de aportar de manera innovadora al debate público, asumiendo dentro de su campo de estudio las problemáticas alrededor de los bienes comunes en general, comprendiendo la vida como un sistema complejo que se entreteje desde las dimensiones biológicas, económicas, culturales, éticas, jurídicas y políticas. Implica fundamentalmente el diálogo entre interlocutores provenientes de distintos campos y el fortalecimiento de miradas multidisciplinarias frente a las problemáticas que aborda, teniendo en cuenta que los procesos sociales históricos van generando nuevos conflictos de valores, aún más en contextos interculturales, los cuales deben ser retomados y discutidos entre los actores involucrados desde procesos eficaces de deliberación.

La construcción de criterios y mecanismos de protección de los CT asociados a semillas requiere de procesos deliberativos que permitan la argumentación desde diversos actores, el debate frente a los sistemas de valores, significados e implicaciones para la vida entendida cómo un sistema complejo de relaciones interdependientes que se generan en contextos sociales específicos. Un paso necesario para hacer efectiva la deliberación es la habilitación de mecanismos de participación social y la construcción conjunta de escenarios de diálogo que procuren acercar diversas visiones o aspiraciones para construir soluciones eficaces en torno al tema en cuestión a través de un trabajo intersectorial, interinstitucional e interpoblacional. Para ello, se deben generar condiciones de diálogo permanente, periódico y continuo entre las organizaciones sociales y las instancias gubernamentales, en función de visibilizar claramente los conflictos, contradicciones y relaciones de poder entre todos los actores y llegar a una construcción negociada de herramientas de trabajo que permitan avanzar en la realización progresiva de acuerdos, la construcción de políticas de Estado, (que trasciendan políticas gubernamentales) y la adopción de medidas participativas de evaluación, monitoreo, seguimiento y ajuste a los acuerdos, normas y políticas que surgen del proceso deliberativo.

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Magistra en bioética, abogada y sociologa, docente de cátedra del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, Colombia y trabajo en formación, promoción y realización social de derechos económicos, sociales y culturales DESC desde organizaciones no gubernamentales.↵

Este artículo sintetiza un proceso de investigación desarrollada en el marco del programa de becas CLACSO-ASDI en el tema de Bienes comunes. Desde el análisis documental y testimonial se recogieron elementos de la normatividad nacional referente y de las propuestas de comunidades indígenas y campesinas planteadas en planes de vida, reglamentos, declaraciones y mandatos populares relacionadas con el tema.↵

El informe de Desarrollo Humano para Colombia, publicado en septiembre de 2011, plantea que en el país las tres cuartas partes de los municipios son predominantemente rurales (75,5%); allí vive el 31,6% de la población además de la población indígena y afrodescendiente que mantiene modos de vida rurales. La población indígena corresponde al 3,5% aproximadamente del total de la población, la población afro-descendiente asciende al 10 % según fuentes del Ministerio de Cultura.↵

El informe sobre Desarrollo Humano 2011 de Naciones Unidas "Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos", muestra que el Coeficiente de Gini de ingresos para Colombia es de 58.5, y con ello el país más desigual en distribución de ingresos de América Latina y el tercero a nivel mundial.↵

El concepto de sistemas de protección sui generis está relacionado con planteamientos de la OMPI para la regulación de la propiedad intelectual (PI) de variedades vegetales y su uso se ha ampliado a mecanismos jurídicos de protección de la PI que tengan en cuenta características y necesidades propias de los pueblos y comunidades indígenas. Esta noción se encuentra por ejemplo, en las propuestas de instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt en Colombia y también en procesos desarrollados por organizaciones sociales.↵

Los mandatos populares son disposiciones normativas construidas de manera colectiva, que buscan orientar los procesos de resistencia social; surgen en escenarios de encuentro y articulación del movimiento social.↵

Además de las consideraciones frente a los derechos colectivos, se pueden identificar otros problemas bioéticos importantes a profundizar posteriormente tales como: a) el alcance y pertinencia de la realización del derecho de consulta previa de comunidades étnicas y campesinas; b) la naturaleza y fundamento ético de las normas y procesos relacionados con el acceso y uso de semillas y el CT de cara a la conservación de la diversidad biológica y cultural; c) el enfoque y concepto de justicia que plantean las disposiciones actuales de distribución de beneficios derivados del uso y apropiación de las semillas y el CT; d) los fundamentos éticos con base en los cuales debe guiarse un proceso de diálogo intercultural en materia de CT asociados a las semillas.↵

La población indígena en el país hace parte de 100 etnias aproximadamente, según información de la página oficial de la ONIC, cada una con una manera cultural específica y derecho propio; muchas conservan su lengua tradicional, un territorio colectivo, ritos, folklor, etcétera; otras, han sufrido la pérdida de principios ancestrales, de su memoria colectiva y su territorio y existe población sin reconocimiento de territorio colectivo.↵

"Para el año 2009 el Gini, de propietarios ascendió a 0.87y el de tierras a 0.86. Ambos datos son alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países de Latinoamérica y el mundo con más alta desigualdad en la propiedad rural" (PNUD, 2011, pág. 49).↵

El concepto de bienes comunes se relaciona con planteamientos de una ética de la sustentabilidad que permite dar nuevos significados a la naturaleza. Implica pasar de una concepción de recurso natural con connotación económica a la mirada de bienes que son "significados y transformados por valores comunes de diferentes culturas" (Leff, 2002: 315-331)), que por tanto contienen en sí mismos significados y acciones desde las comunidades y que permiten la vida colectiva. Este concepto ha sido desarrollado de manera amplia por autores como Elinor Ostrom en su texto "El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva". Igualmente Helfrich plantea los commons desde la existencia de cuatro elementos: Existencia de recurso compartido, existencia de comunidad, existencia de nuevo valor y de reglas, instituciones y cosmovisiones relacionadas con los bienes.↵

Para Francisco Várela una definición básica de todo organismo vivo incluye la capacidad de albergar una actividad que regenera sus propios componentes y puede reproducirse. Para este punto pueden consultarse también los trabajos de Francisco Várela con Humberto Maturana en cuanto la autopoiesis.↵

Generalmente son las mujeres las encargadas de la selección de semillas luego de la cosecha y en ellas se centra el conocimiento medicinal, además de sus roles de reproducción cultural mediante la crianza de los hijos.↵

En Colombia ya han sido aprobadas varias licencias para la implementación de semillas transgénicas de maíz, soja y algodón. Este hecho se da en el periodo presidencial de Alvaro Uribe Vélez dentro de un proceso que desconoció los argumentos en contra tanto del Ministerio de ambiente como de las organizaciones sociales que plantearon debates y acciones de exigibilidad jurídica. En los años 2003 y 2004, las empresas Monsanto y Dupont presentaron ante el Instituto Colombiano de Agricultura, las solicitudes para la liberación comercial de tres variedades de maíces transgénicos, a finales del 2005, el ICA inició estudios y ensayos frente a estas solicitudes y en el año 2007 anunció la aprobación de siembras comerciales controladas de variedades de maíz transgénico. Por el alcance de este documento no se profundiza en este tema, aún cuando es un componente importante frente a la propiedad intelectual (patentes) y los impactos para los conocimientos tradicionales, por ello es importante abordarlo de manera sistemática en estudios posteriores.↵

En este sentido puede consultarse a Horacio Martins de Carvalho quien en el texto "El oligopolio en la producción de semillas y la tendencia a la estandarización de la dieta alimentaria mundial (2004) argumenta la existencia de un control del tipo, el volumen, la diversidad, la periodicidad y la calidad de los alimentos ofrecidos para el consumo por parte de las grandes corporaciones que detentan monopolio sobre la producción y distribución de semillas.↵

La UPOV es el sistema de propiedad intelectual para variedades vegetales reconocido por la OMC.↵

Sobre el contexto y desarrollo internacional y regional frente a la protección jurídica de los conocimientos tradicionales puede consultarse a:(Vallejo F. , 2010), (Ruiz, 2006) y (Gómez Lee, 2004)↵

Las normas normas de semillas y sus implicaciones en Colombia han sido documentadas ampliamente por el grupo Semillas, organización que ha puesto el debate con las instituciones estatales y en general con toda la población, frente a los impactos de esta normatividad sobre los derechos de las poblaciones campesinas, el detrimento de la soberanía y autonomía alimentaria del país. Esta información puede consultarse en www.semillas.org.co.↵

En Colombia se ha constituido históricamente una estructura agraria bimodal (minifundio - latifundio) "sistema donde se conforman dos polos de tenencia de la propiedad de la tierra: uno conformado por un gran número de propietarios con muy poca tierra (minifundios) y otro donde un porcentaje pequeño de propietarios monopolizan un alto porcentaje de ella" (Machado, 2002, pág. 38) En este sentido, el campesinado como actor político hace referencia al primer polo descrito, conformado por quienes sustentan su vida desde la economía familiar y la relación directa con el trabajo del campo, a diferencia de latifundistas que desarrollan economías agro-industriales o de explotación de recursos naturales a través de megaproyectos.↵

Los elementos de análisis presentados son resultado de la revisión las siguientes fuentes recopiladas: documentos normativos originados desde las organizaciones sociales: Reglamento interno del Resguardo indígena Zenú de san Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre. (Organización indígena Zenú de San Andrés de Sotavento., 2011), Manifiesto del pueblo guambiano. Derecho Mayor, Mandato general del VII congreso de los pueblos indígenas de la organización nacional indígena de Colombia -ONIC. 2007 y Declaración del encuentro consejería de mujer, familia y generación. 2012. Pronunciamiento público y documentos de los delegados indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y de la comisión Nacional de territorio. 2012, Mandatos populares: Propuestas de resistencia en Colombia y documentos de memoria de Congreso de tierras, territorios y Soberanías. 2011, Territorios campesinos. Documento de trabajo del Movimiento campesino de Cajibio. Documentos de memorias de encuentros y foros: Compromisos de los Custodios de Semillas de Antioquia, Colombia. Vía campesina. 2012; Memorias del Foro: Encuentro nacional y Foro público ante la amenaza de las normas y leyes de semillas en Colombia" Bogotá, febrero de 2012. Entrevistas: Resguardo indígena Zenú; Fundación Mamapacha Boyacá; Campaña nacional Semillas de Identidad; Resguardo indígena Caña Momo Loma prieta. Rio Sucio; Comité de mujeres de organización campesinas de Inzá Cauca; Movimiento campesino de Cajibio Cauca. Testimonios de indígenas y campesinos y conclusiones de las mesas de trabajo del Encuentro campesino "Recuperando semillas para rescatar territorios" Bogotá. Agosto de 2012 Universidad Nacional de Colombia.↵

Durante el encuentro campesino "Recuperando semillas para rescatar territorios" realizado en la Universidad Nacional de Colombia con la participación de campesinos e indígenas de diversas regiones, de manera colectiva se trabajó sobre las amenazas que existían actualmente en los territorios para la conservación y reproducción de las semillas. Los elementos presentados corresponden a los puntos comunes socializados por las personas participantes en este encuentro.↵

"Desde el conocimiento que uno tiene de los cultivos, sabemos que se necesitan más de los metros reglamentados como distancia de los sembrados de semillas transgénicas de los nuestros, porque los vientos y las abejas hacen su proceso, ya se han dado casos de cruces entre semillas(Testimonio de indígena Zenú. Encuentro campesino.2012"↵

En los testimonios de productores campesinos e indígenas, así como en las entrevistas fue constante el concepto de libertad [de circulación] de las semillas, por lo cual en algunos casos no se acepta la venta ni siquiera entre organizaciones, consituyendo este un punto importante de debate frente a las implicaciones y condiciones a tener en cuenta para procesos comunitarios de comercialización se semillas. La idea de libertad de las semillas lleva a que los mecanismos de intercambio no incluyan el componente monetario sino que se priviligie el compromiso de la reproducción y generalmente de devolución de semillas a quien las entregó, el trueque se convierte en el principal medio de comercialización coherente con las semillas como bien común.↵

Puede consultarse información sobre las acciones de vía campesina en www. viacampesina.org↵

Aunque no hay una única tendencia en el liberalismo del siglo XDÍ y Kymlicka es explícito en ello en su texto de "Ciudadanía multicultural" (1996).↵

Desde el liberalismo contemporáneo solamente se aceptan los segundos en la medida que pueden reducir injusticias, mientras que las primeras al ser restricciones internas a las libertades fundamentales de los individuos entran en contradicción con los derechos humanos básicos. (Kymlicka, 1996). Esta mirada encuentra cuestionamientos desde la práctica y disposiciones normativas de las organizaciones sociales, en las cuales la existencia de restricciones internas está en consonancia con la concepción colectiva y se hace necesaria ante lógicas externas encaminadas a la fragmentación comunitaria. Un ejemplo claro de ello, es el reglamento interno del Resguardo indígena Zenú de san Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, en el cual se estipulan prohibiciones para sus miembros frente a la venta o uso indebido de material genético existente en el territorio colectivo o incluso de los miembros de la comunidad.↵

Frente a los derechos colectivos el marco constitucional colombiano reconoce la existencia de comunidades étnicas como sujetos colectivos que están en situación de amenaza a su existencia por el detrimento de sus formas de vida tradicionales. Desde la jurisprudencia y la legislación, la protección de la diversidad étnica y cultural es un valor fundante del Estado social de derecho adoptado en la Constitución de 1991, así como el criterio de trato preferente para las minorías en situación de inferioridad (Berche et al., 2006:83). La Corte Constitucional (sentencia 380 de 1993) acepta mecanismos directos de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como manera de preservar su integralidad, lo cual representa un avance frente al reconocimiento de las comunidades ancestrales como sujetos colectivos que el Estado debe proteger. Sin embargo, existen vacíos frente a otros sujetos colectivos como los campesinos y en general frente a los alcances de los derechos colectivos para la resolución de controversias frente a la implementación de sistemas de propiedad intelectual sobre bienes comunes.↵

La deliberación entendida como método central de la bioética y por la cual se busca la toma de decisiones fundamentadas éticamente en todos los escenarios y especialmente en el ámbito público en el cual las argumentaciones sobre un tema específico tienen carácter vinculante para la población. (Gutmann & Thompson, 2003).↵

Aunque este reconocimiento responde a intereses diversos, pues desde enfoques desarrollistas la validez se asume desde su valor comercial, tal como es el caso de la industria farmacéutica que muchas veces prioriza la rentabilidad económica antes que valoraciones del aporte de los CT que patenta.↵

Por ejemplo: reglamentos desarrollados por el pueblo Zenú, mandatos populares construidos en el Congreso de Tierras, Territorio y soberanía como escenario del movimiento social, protocolos de actuación consensuados entre instituciones públicas y organizaciones sociales para el manejo de la información dentro de la ejecución de proyectos ( Corporación Mamapacha e Instituto Von Humboltd); disposiciones normativas del derecho mayor Guambiano que busca la protección sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales prohibiendo expresamente la apropiación y privatización en cualquier forma de los componentes de los recursos naturales, biológicos, genéticos, minerales, hídricos, tangibles o intangibles, así como de los elementos culturales materiales e inmateriales del pueblo y territorio.↵

Las campañas y acciones locales frente a la conservación de semillas interlocutan con movimientos mundiales como el promovido por Vandana Shiva "Movimiento semillas de libertad" y con el Movimiento Vía campesina, que convoca a fortalecer la protección y el intercambio de semillas criollas y nativas. En América Latina se han dado encuentros regionales para el intercambio de experiencias de custodios de semillas como el desarrollado en Perú en el mes de agosto de 2012. Por otro lado, es un tema que se discute desde la OMPI pero desde el sistema de la propiedad intelectual individual.↵

Documentos del Consejo Nacional de política económica y social que hacen referencia a la propiedad intelectual, la productividad y la competitividad. Estos documentos plantean las líneas orientadoras y rutas de construcción de disposiciones normativas específicas. Hacen parte del marco normativo nacional.↵

El concepto de comunidades locales aparece reiteradamente en disposiciones de carácter internacional como la CDB o las decisiones de la CAN planteando el reconocimiento de otras comunidades tradicionales además de las comunidades étnicas.↵

Al respecto pueden consultarse los documentos del Movimiento Vía campesina, en los cuales se plantea el papel de las formas de vida campesina para disminuir problemáticas ambientales como el calentamiento global, las relacionadas con la provisión de alimentos o la sustentabilidad del planeta, viacampesina.org.

↵

Recuérdese que el Protocolo de Nagoya firmado en la décima reunión de la partes del COP entró en vigencia en el año 2012 y gira en torno a la regulación de la distribución de estos beneficios.↵

Para la OMPI la protección de los CT debe "garantizar que la aplicación de los regímenes convencionales de propiedad intelectual fomente la protección de los conocimientos tradicionales contra la apropiación y la utilización indebidas, y potenciar realmente a los [poseedores]/[propietarios] de conocimientos tradicionales asociados para que puedan ejercer sobre sus conocimientos los debidos derechos y la autoridad que les corresponde(OMPI, 2012)" Desde esta perspectiva no es claro a quien se hace referencia cuando se habla de poseedores o propietarios, si al estado o a las comunidades y se deja abierta la apropiación y utilización por parte de terceros si se cumplen las regulaciones que se definan desde estos órganos.↵

Es necesario señalar que existen divergencias frente a este punto entre las organizaciones sociales y se concretan en distintas maneras de negociación frente a la existencia de retribuciones económicas (monetarias o no). Sin embargo, desde la información recopilada para este trabajo es común la posición en contra de toda forma de explotación comercial, por lo cual no se trata de buscar términos de distribución justa sino la no merantilización.↵

Tal como afirma Vandana Shiva "las semillas son el futuro de la humanidad", esto en cuanto alrededor de las discusiones frente a la propiedad intelectual, los avances biotecnológicos, la introducción de semillas transgénicas, entre otros hechos y tendencias actuales, está en riesgo la biodiversidad, las culturas tradicionales, el alimento de la población del planeta y la pérdida de saberes esenciales para la sustentabilidad del planeta.↵

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Hamlet López García[1]

LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE SOFTWARE LIBRE EN CUBA

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO LIBREEN UN ENTORNO DE BAJA PENETRACIÓNDE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNY LA COMUNICACIÓN[2]

INTRODUCCIÓN

Este artículo se basa en el concepto de comunidad virtual (Rheingold, 1998) y de innovación abierta (Hippel, 2000, 2005) para caracterizar el modo en que ocurre la creación y diseminación de conocimiento asociado al Software Libre y Abierto a través de una comunidad virtual en Cuba, en un entorno de baja penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y con un marco legal que limita la producción de contenidos y servicios web no estatales. El marco teórico se apoya en la literatura sobre comunidades virtuales, innovación abierta y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (Jover, 1999; Arocena y Sutz, 2000; Iñiguez y Palli, 2002) para identificar los componentes que influyen en el comportamiento de una comunidad virtual.

Los estudios dirigidos estrictamente a las comunidades de usuarios del Software Libre y Abierto (en adelante SWLA) no tienen una presencia destacada en la literatura académica, la cual tiende a privilegiar en su foco de investigación las comunidades de desarrolladores, subsu-miendo muchas veces a los usuarios como un tipo de participante externo -e incluso periférico- de las comunidades del SWLA (Crowston, 2005) sin prestar atención a los procesos de creación y diseminación de conocimientos asociados a la apropiación de un software específico. Esta literatura suele basar sus estudios empíricos en el contexto de los países más desarrollados, con buenos niveles de infraestructura en telecomunicaciones y una larga trayectoria de desarrollo tecnológico, lo que sesga de alguna manera las problemáticas, perspectivas y utilidad de sus resultados para los países en vías de desarrollo.

Si bien existen muy elaborados cuerpos teóricos dedicados a estudiar los componentes sociales en la ciencia y la tecnología (por ejemplo, la Teoría del Actor-Red de Bruno Latour y ciertos desarrollos sobre las redes de conocimiento con una perspectiva más cercana a la economía), este artículo usa las elaboraciones sobre innovación abierta de von Hippel (1994, 2005). Dicho autor construye una teoría que logra con una estructura conceptual mínima -elegante y muy manejable para un investigador- un marco explicativo plausible y apoyado en investigaciones empíricas (algunas de ellas dedicadas al SWLA) acerca de las condiciones bajo las que se crea y difunde nuevo conocimiento en un grupo de usuarios, lo que resulta pertinente para los objetivos planteados por el presente artículo. Además, el artículo se apoya en las reflexiones sobre ciencia, tecnología y sociedad realizada por autores latinoamericanos como Arocena, Sutz, Jover y otros, los que privilegian el entorno socio-económico y político a la hora de explicar los procesos de innovación y su relación con el desarrollo en los países latinoamericanos.

La intención es identificar algunos de los obstáculos reales que encuentra la comunidad virtual cubana para diseminar conocimiento sobre el SWLA, ilustrar cómo impactan estos obstáculos y extraer algunas conclusiones acerca de las políticas públicas que podrían apoyar el papel de las comunidades virtuales.

Es probable que el marco referencial propuesto pueda usarse en el estudio de procesos de adopción de SWLA en otros entornos sociales y económicos. No obstante, se debe ser precavido a la hora de extender las conclusiones obtenidas por el presente estudio a otros contextos ya que, como se verá más adelante en el artículo, éstas responden a las condiciones específicas de Cuba.

Las razones del estudio se apoyan en el papel que el SWLA podría representar en el desarrollo socio-económico de Cuba, en la decisión del gobierno cubano de migrar hacia el software libre y, por último, en la importancia de las comunidades virtuales en la producción y diseminación -y por ende en la adopción- de los conocimientos asociados al SWLA. Las dos primeras razones se explican brevemente en lo que sigue. El papel de las comunidades virtuales en el desarrollo del SWLA se desarrollará con mayor amplitud, más adelante, en este mismo artículo.

Un gran número de autores vinculados a la economía y a las ciencias sociales han descripto las ventajas del SWLA para los países en vías de desarrollo. Sin embargo, dichas descripciones no han contado con la compañía de un cuerpo comparable de estudios empíricos. Los autores referidos (Hoe, 2006; Wong, 2004; Weerawarana & Weeratun-ga, 2002) coinciden en señalar que las tecnologías para la información y las comunicaciones -en adelante, TIC- constituyen una importante capacidad transversal en cualquier estrategia de desarrollo nacional, por el impacto potencial que tiene en la economía y la sociedad. Asimismo, basados en las características inherentes al SWLA, enfatizan las ventajas que ofrece el SWLA al proporcionar acceso relativamente barato a una base de conocimiento tecnológico para la creación de capacidades locales en TIC. El SWLA abarata los costos de adquisición de computadoras personales, aumenta la independencia tecnológica con respecto a la tecnología propietaria, asegura el acceso a software eficiente y relativamente de bajo costo y -por último- permite que los programadores locales personalicen los programas informáticos adaptándolos a las necesidades del territorio, al mismo tiempo que adquieren nuevos conocimientos (Cámara, 2007). Una variada literatura no precisamente académica (en especial, la proveniente de organismos internacionales de apoyo al desarrollo) se hace eco de estos argumentos (véase por ejemplo la ya citada Hoe, 2006).

A partir de una decisión del Gobierno hecha pública en octubre de 2002, Cuba comenzó a implementar una política de migración hacia el software libre, tanto a nivel de servidores como de usuario final, con un marcado énfasis en la soberanía tecnológica y la seguridad informática entre sus objetivos declarados, además de la adaptabilidad del software a las condiciones locales y el desarrollo de capacidades locales en TIC[3]. El interés del Gobierno por la migración hacia el software libre no es un hecho aislado. Otras naciones, como Brasil, Venezuela e Indonesia han conformado iniciativas similares. Ese mismo año el Gobierno cubano informó de una serie de iniciativas que debían apoyar la migración tecnológica y garantizar en el largo plazo su sostenibilidad. Entre las medidas propuestas, se incluyó la conformación de un grupo nacional para el SWL, el lanzamiento de un portal cubano sobre el tema, la creación de otro portal para el desarrollo colaborativo de proyectos nacionales y la realización de festivales de instalación de SWL.

El artículo comienza presentando el SWLA y los conceptos de comunidad virtual y de innovación abierta. Dicha presentación se complementa, en la segunda sección, con la mención de las dificultades para los países en vías de desarrollo en la apropiación del SWLA. Las dos primeras secciones sirven para conformar el marco de análisis de las comunidades virtuales de SWLA en Cuba que se usa en el resto del artículo. En la tercera sección se caracteriza una comunidad virtual cubana de SWLA administrada por un grupo informal cubano interesado en la difusión del SWLA, el Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres (GUTL), junto a una valoración de los factores que favorecen o entorpecen su desarrollo. Por último, siguen las conclusiones (que matizan y especifican las recomendaciones de la literatura consultada para los países que deseen adoptar el SWLA) y se señalan direcciones -además de posibles hipótesis- para investigaciones posteriores.

1. EL SWLA Y LAS COMUNIDADES VIRTUALES

En las últimas dos décadas la escala y el nivel de las actividades de cooperación y circulación de conocimientos entre programadores y usuarios se ha expandido de manera exponencial en una buena parte del mundo debido a la expansión de internet (Marzi, 2007). Para decirlo de un modo específico, el desarrollo cooperativo de software se aceleró, el volumen y la diversidad de las contribuciones al software libre aumentaron y surgieron importantes proyectos de software abierto como Linux, un sistema operativo completo, en gran parte gracias a la expansión en el uso de las computadoras personales y la conexión a la red de redes que favoreció la cooperación asincrónica entre desarrolladores distantes geográficamente, intensificó los flujos de conocimientos y permitió la formación de comunidades de usuarios que participaban activamente en la mejora constante de diversos proyectos de SWLA. Las comunidades virtuales de SWLA[4] alrededor del mundo se han convertido en exitosos instrumentos de creación y diseminación de conocimiento relacionados con la producción y/o apropiación de software libre (Meiszner, Glott, & Sulayman K., 2008). Gracias a internet, individuos distantes geográficamente unos de otros contribuyen con código a proyectos de software, hacen solicitudes de nuevas funcionalidades, encuentran errores, someten a pruebas versiones incompletas, ayudan a nuevos usuarios a adoptar las soluciones informáticas, dan soporte técnico y, en general, dan cuerpo a un contexto de aprendizaje virtual, dinámico y global.

1.1 EL SOFTWARE LIBRE Y ABIERTO

La capacidad de las comunidades virtuales para estimular la producción y apropiación colectiva de conocimiento está intrínsecamente ligada a la naturaleza del SWLA. El signo distintivo del software libre y abierto es que otorga por medio de su licencia la posibilidad -para el que lo desee- de acceder, modificar y redistribuir el conjunto de instrucciones legibles por humanos que componen un programa informático o, lo que es lo mismo, leer su código fuente. Dicha posibilidad está garantizada por un conjunto de licencias, como la GPL[5], que le otorga al usuario la libertad para examinar, modificar y la redistribución del código. Esto lo diferencia del software propietario, en el que lo característico es la no disponibilidad del código fuente (lo que se distribuye es el código binario, es decir, el código fuente traducido a lenguaje de máquina y por tanto prácticamente ilegible para un humano) y el uso de licencias que prohiben la modificación y la redistribución del programa[6]. Son esas características del SWLA las que permiten la existencia de comunidades virtuales de usuarios y de-sarrolladores que intercambian activamente conocimiento e innovaciones a través de Internet, en lo que algunos autores han identificado como innovación abierta (von Hippel. E & von Krogh, G., 2003). Las comunidades de desarrolladores dan a los participantes la posibilidad de escribir código de manera colectiva, probarlo e integrarlo en proyectos de software. Las comunidades de usuarios proveen de sugerencias para nuevas funcionalidades, de vías de difusión y promoción del software producido. También, proporcionan soluciones, experiencias, respuestas a dudas y soporte técnico a otros usuarios (Meiszner, Glott, & Sulayman K., 2008).

Eric Raymond, un conocido informático y promotor de la liberación del código fuente, fue uno de los primeros autores en llamar la atención sobre la importancia del intercambio de conocimientos, asociándola a las ventajas de uso de licencias que permiten el acceso y modificación pública del conocimiento contenido en el código fuente (Raymond, 1997). Otro de los autores que hace énfasis en la construcción colectiva de conocimiento -aunque desde un ángulo un poco más político- es Richard Stallman. Heredero de una vieja cultura de programadores para la cual compartir código no solo era rutinario sino también una necesidad para potenciar el aprendizaje colectivo, denunció el cierre del código -y sus mecanismos legales acompañantes, como la propiedad intelectual- como una amenaza directa a los lazos sociales que mantienen unida a la comunidad de programado-res. Además, señaló el riesgo de empobrecimiento cultural para las sociedades que acepten pasivamente la práctica de negar el acceso al código fuente (Stallman, 2004).

1.2 LAS COMUNIDADES VIRTUALES

Fue Rheingold (1985) quien -a partir de sus experiencias personales de participación en la red de conferencias virtuales WELL (Whole Earth Xectronic Link)- introdujo el término de comunidad virtual. Rheingold define las comunidades virtuales como agregaciones sociales que emergen en la red cuando un número de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo y con el suficiente sentimiento humano como para formar redes interpersonales en el ciberespacio.

Para Jonathan Lazar y Jennifer Preece (2003), si bien el término de comunidad virtual goza de popularidad por su versatilidad como instrumento para los más diversos fines en Internet (digamos, para vender una marca o producto, ofrecer y recibir ayuda o satisfacer una afición), la comunidad virtual es mucho más que una aplicación en línea que permite la interacción a muchos usuarios: el modo en que está diseñada la aplicación afecta al desarrollo de la comunidad, mientras que el modo en que las personas interactúan contribuye a su evolución. Reconociendo que existen múltiples definiciones de lo que es una comunidad virtual, ellos proponen una serie de características que la distinguen: un propósito compartido; un grupo de personas que interactúen, un conjunto de políticas que regulen esas interacciones y un conjunto de rituales que provea de un sentido de historia y de normas sociales aceptadas. A estas características deberíamos añadir -aunque los autores no lo hagan- la existencia de una o varias aplicaciones informáticas que sostengan y posibiliten las interacciones de manera asincrona y remota.

Lazar y Preece (2003) proponen dos ejes a través de los cuales evaluar la posibilidad de éxito de una comunidad virtual. El primero es la sociabilidad. Se agrupan bajo este término el propósito de la comunidad, los diferentes roles de los participantes y las políticas establecidas. Para los autores, todos estos factores influyen en el modo en que los participantes se comportan. Las comunidades con una buena sociabilidad, dicen los autores, tienen políticas y normas de comportamiento que apoyan el cumplimiento del propósito de la comunidad. Son normas comprensibles, socialmente aceptables y practicables. El otro eje propuesto es la usabilidad, relacionada con la capa de la aplicación mediante la cual la interactúan los participantes. Debe ser consistente, controlable, predecible y de uso sencillo.

Con respecto a la sociabilidad, existe un estudio empírico (Han-sen et al, 2007) que destaca la importancia de los moderadores y de los repositorios colectivos de saber como piezas clave para el éxito de las comunidades virtuales, especialmente aquellas cuyo propósito es el intercambio de información y de conocimientos. Una comunidad debe mantenerse en el tiempo y debe ser capaz de asimilar nuevos miembros. Los expertos deben ser retenidos, las conversaciones no deben disgregarse demasiado y deben ser compatibles con las normas de la comunidad. Como soluciones a estos desafíos los autores evalúan positivamente las wikis y las FAQs (Frecuent Asked Questions o Preguntas Frecuentes) en la moderación y en la buena calidad de las comunidades virtuales.

A pesar de que la investigación de la comunidad de Debían hecha por Steinmueller y Mateos-Garcia (2006) dirigió sus objetivos hacia el desarrollo de proyectos, es interesante ver como destaca en ella la importancia de las estructuras institucionales creadas en el seno de la comunidad. Las prácticas, valores y creencias compartidas que caracterizan el desarrollo de SWLA – y las interacciones entre las personas que toman parte en él- crean un entorno que reduce los costos de re-negociar propósitos y facilita la colaboración descentralizada entre voluntarios con diferentes formaciones profesionales o académicas de base.

Los autores norteamericanos Crowston y Howison (2005) – basándose en un estudio de proyectos en SourceForges- describen la estructura de los equipos de SWLA como compuesta de varias capas de agentes interactuando entre sí, la última de las cuales posee límites casi indistinguibles y está compuesta por usuarios pasivos del software que no suelen participar en las listas de los proyectos ni en los foros.

Wei Zhang y John Storck (2001) dedican un estudio a estos participantes pasivos, denominándolos miembros periféricos. En su investigación, estiman que alrededor del 90 % del total de miembros de una comunidad son miembros periféricos que, pese a que se comportan de manera diferente a los miembros no periféricos – por la identidad manifestada, repertorios discursivos y sentimientos de identidad con otros participantes- deben considerarse miembros plenos. Además, señalan que estos miembros, (que se benefician -y mucho- de los intercambios de conocimiento) contribuyen acumulativamente a la comunidad tanto como los miembros no periféricos.

Giulio Concas y su equipo (Concas, Lisci, & et al, 2007) describen las comunidades de aprendizaje en proyectos de software abierto. Los autores comienzan el artículo proponiendo al movimiento del SWLA como el entramado de intercambio de conocimiento entre numerosas personas que toman parte en una comunidad de desarrollo. Estas personas, sostienen los autores, tejen entre sí complejas redes con diferentes roles y responsabilidades, diferenciándose entre usuarios, usuarios avanzados, desarrolladores y administradores de proyecto. Luego reportan que los desarrolladores subscritos a las listas de correos tienen un importante papel en la promoción del aprendizaje colaborativo entre los miembros de la comunidad, mientras que los usuarios se ayudan unos a otros como pares, y también interactúan con los desarrolladores, testeando o requiriendo nuevas funcionalidades. Estos resultados llevan a la conclusión de que la comunicación entre los miembros de una comunidad de desarrollo de software es fundamental y que en el seno de esas interacciones tiene lugar un aprendizaje colaborativo debido, mayormente, al apoyo de los pares.

Estos resultados fueron corroborados por Yuwei Lin en un estudio de un grupo de usuarios de Linux (Yuwei Lin, 2004), donde se muestran el proceso de creación de conocimiento, las dinámicas socio-técnicas que implica, el valor de las coordinaciones locales y el conocimiento tácito en la resolución de problemas. La autora enfatizó el hecho de que la interacción observada por ella entre los miembros del grupo – estimulando la ayuda mutua y el auto aprendizaje- denota un tipo de innovación basada en la comunidad apoyada en la co-producción de conocimientos a nivel global y local, a través de las TIC, lo que favorece que diferentes conocimientos y experiencias de los participantes seanre valoradas y codificadas en el proceso.

Gamalielssonon et al (2010) evalúan la salud de las comunidades de SWLA a partir de los tiempos de respuestas en la lista de correo de la comunidad de desarrolladores de e Nagios, un sistema para el moni-toreo de sistemas informáticos. Los autores proponen que en una comunidad virtual saludable los miembros son activos y tienen tiempos de respuesta cortos. En su estudio resultan interesantes además las categorías que proponen para analizar el contenido de los mensajes enviados a la lista de correos. Propusieron tres categorías: declaraciones, que reúne aquellos mensajes de correo con simples explicaciones relacionadas con instalaciones o uso de software, preguntas, que incluyen preguntas o reportes de errores o deficiencias, y proposiciones, que contiene proposiciones concretas de soluciones (parches).

Según Giovan Francesco Lanzara y Michéle Morner (2003), hay que mirar la tecnología para comprender cómo ocurre la creación y diseminación de conocimiento al interior de las comunidades de SWLA. Para estos autores, las comunidades de SWLA deben ser entendidas como redes densas de agentes, prácticas, artefactos, instrumentos, problemas y soluciones que coexisten e interactúan en una ecología dinámica, en los que la tecnología juega un papel destacado: es ésta -más que las reglas formales- la que determina, en última instancia, las reglas y condiciones para la administración de los proyectos de SWLA y la que permite la creación y diseminación de conocimiento, constituyendo por lo tanto uno de los ejes principales para la comprensión de cómo ocurre la creación y apropiación colectiva de conocimiento.

Para Tuomi (2001) el modelo de desarrollo del SWLA no gira únicamente alrededor de la producción de software. También produce un sistema interactivo que integra el aprendizaje, el conocimiento y la práctica como componentes interdependientes, que organiza las comunidades virtuales de SWLA y sus relaciones con otras comunidades. Para este autor, el modelo de desarrollo de SWLA es una red heterogénea de comunidades y tecnología.

1.3 LA INNOVACIÓN ABIERTA

Para entender mejor cómo funcionan los procesos de creación y de diseminación de conocimiento al interior de las comunidades virtuales de SWLA resulta útil considerarlas como espacios virtuales de innovación[7] abierta (von Hippel, 2005, 2002,1994; Chesbrough y Appleyard, 2007). Un tipo de innovación que está profundamente imbricado en las relaciones sociales y el contexto donde tiene lugar.

Asegura von Hippel (2005) que -como resultado de la mejora en la capacidad de procesamiento de las computadoras, mayores facilidades en el acceso a la información, las herramientas y los componentes para la innovación- la habilidad de los usuarios para innovar se está incrementando de manera contundente. Los usuarios que participan en estas comunidades innovan y revelan libremente sus innovaciones, especialmente cuando los costos de difusión son bajos, gracias a una eficiente red de comunicaciones, y cuando los costos de oportunidad también lo son -por ejemplo cuando no se percibe como potenciales competidores a aquellos que podrían usar la innovación. El mismo autor señala la racionalidad implícita en el acto de compartir innovaciones; el hecho de hacerlo amplía y fortalece la base de usuarios de una aplicación determinada, potenciando los efectos de red y – en el caso específico de la liberación de una aplicación- incrementa el número de programadores que puedan ser útiles al programador original.

Para Hippel (2005), es corriente que la práctica de innovación hecha por usuarios esté ampliamente distribuida más que concentrada en sólo unos pocos. Por esto, es importante que los usuarios innovadores encuentren vías para colaborar entre sí de tal manera que puedan combinar sus esfuerzos y resultados. Según Hippel, la cooperación estructurada en forma de redes y comunidades entre este tipo de usuarios es común, porque así encuentran estructuras y herramientas que facilitan la distribución de las innovaciones. Las comunidades de software libre y abierto constituyen para Hippel ejemplos paradigmáticos de este tipo de innovación.

La perspectiva de la innovación abierta es importante porque desplaza el énfasis desde los agentes hacia sus prácticas y las relaciones que estos agentes establecen entre sí y con su entorno, conformando un modelo no lineal de generación y de circulación de nuevo conocimiento, en el cual el desarrollo de procesos de aprendizajes formales y no formales es estimulado por la heterogeneidad de los agentes, sus saberes y prácticas y por los problemas presentes, artefactos usados y las ideas que discuten al interior de las comunidades. El SWLA -como cualquier otra tecnología- debe concebirse como un proceso complejo de producción, apropiación y circulación de conocimientos que depende de la complejidad y grado de articulación de sus redes y de las capacidades locales para su asimilación, producción y diseminación (Yoguel, 2000).

Para Lin (Yuwei Lin, 2004) el SWLA incorpora una red de conocimiento global compuesta por una comunidad heterogénea de individuos y organizaciones que no necesariamente tienen formación profesional en ciencias de la computación pero que tienen nivel de competencia suficiente como para entender un código fuente y colaborar con dominio público.

Lin, además, tiene el cuidado de añadir que el conocimiento mostrado en listas de correo, foros y otros espacios virtuales crea unos bienes digitales comunes de gran valor que se comparten a través de distancias indefinidas de tiempo y espacio, más allá de fronteras geográficas y horarias.

Vale recordar que fue la expansión del acceso a la red y del uso de las computadoras personales las que en gran medida impulsó el desarrollo del SWLA, apoyado además en ciertos elementos transnacionales de la cultura profesional del programador: un mínimo de conocimiento del inglés, una cultura focalizada en los actos de compartir y buscar información, estándares técnicos y prácticas profesionales extendidas, etc. Ésto matiza el alcance de la red global de conocimiento tal y como la describe Lin, la cual, si bien trasciende tiempo y espacio, está limitada por la infraestructura tecnológica y las capacidades culturales desarrolladas por los posibles usuarios y programadores del software libre. Como mínimo, las libertades propugnadas por el movimiento de SWLA plantean como condición previa la capacidad de acceder a una computadora, el acceso a una vía de comunicación de bajo costo y el conocimiento necesario para entender y modificar el código fuente.

2. EL SWLA PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Suele decirse que el SWLA es una opción que los países en vías de desarrollo deberían considerar seriamente para satisfacer sus necesidades tecnológicas de procesamiento de información. Son varias las ventajas estratégicas que representa el SWLA para los países del sur (Wong, 2004):

Posibilidad de desarrollar industrias o capacidades locales de software

Reducción de importaciones de software

Fortalecimiento de la seguridad nacional

Reducción de la violación de la propiedad intelectual

Adaptación y localización del software

Mayor independencia de los vendedores de software (soberanía tecnológica)

Reducción de los costos totales de propiedad sobre el software

Incremento del acceso a la información

Sin embargo, la adopción del SWLA en estos países enfrenta dificultades. Como expresa Hoe (Hoe, 2006), la debilidad en la infraestructura de las TIC se convierte en un desafío que debe ser superado adecuadamente mediante el diseño de aplicaciones que reduzcan o eliminen por completo la dependencia de una infraestructura avanzada. Esta dificultad probablemente sea mucho más difícil de superar para la adopción de aplicaciones y paquetes informáticos de SWLA (o sistemas operativos completos, como el GNU-Linux) desarrollados mayormente en los países industrializados, con redes de conocimiento muy activas de desarrolladores y usuarios y una constante innovación a través de la red. Como bien señala Hoe, la cultura del software libre se apoya en el apoyo y la colaboración de una comunidad. Un proyecto de SWLA debe al menos identificar una comunidad, construirla y motivar a sus miembros a colaborar.

Para los autores brasileños Gilberto Cámara y Frederico Fonseca (2007), la sostenibilidad de una solución informática requiere que ésta funcione en las condiciones locales a lo largo del tiempo. Esto significa que el sistema informático debe adaptarse a un contexto determinado. Se deben cultivar procesos locales de aprendizaje e institucionalizar rutinas de uso que persistan a mediano y largo plazo. En el caso del SWLA, por ejemplo, los usuarios necesitan acceder a un buen servicio de soporte y a documentación de calidad, en su idioma. Debe garantizarse también la creación de material para entrenamiento y la difusión de buenos ejemplos. Por añadidura, los países en vías de desarrollo que deseen adoptar el SWLA necesitan de políticas para la capacitación del personal técnico y especialmente de políticas para fortalecer los vínculos entre la comunidad de de-sarrolladores del SWLA y los usuarios. Además deben prestar atención a las características de los proyectos de software que piensan adoptar (Cámara, 2007).

Los autores brasileños, como otros tantos latinoamericanos (por ejemplo, Arocena y Sutz, 2002) apuntan que -en el tema de la innovación- las nuevas tecnologías necesitan ser absorbidas y re-interpretadas a partir de las capacidades y los requerimientos locales, a partir de intensos intercambios, modificaciones y la diseminación de conocimientos entre los diversos actores interesados en su adoptarlas. En el caso de los países en vías de desarrollo, por lo tanto, la adopción exitosa de las TIC depende mucho de las políticas gubernamentales para la informatización de la sociedad como un todo, sin descuidar la conformación de redes de conocimiento locales que apoyen la absorción de las nuevas tecnologías.[8]

Como una ilustración un tanto extrema de las dificultades para la adopción desde los países en vías de desarrollo de las soluciones de SWLA se puede mencionar el artículo de Francisco J. Simó Reigadas sobre el software libre en Benín, un estado africano situado al sur del Magreb. Simó se dedica a cuestionar algunas supuestas verdades asumidas cuando se habla del SWLA para los países del sur.

Para Simó no es totalmente cierto que los costos asociados al software libre y abierto -en comparación con las soluciones propietarias-sean menores para los países del sur. La obtención del SWLA para estos países es cara, ya que por lo general no disponen de redes de telecomunicación desarrolladas y relativamente baratas. Si, además, se da la circunstancia de que no exista ningún mecanismo de protección de la propiedad intelectual, no tiene sentido compararlos con el costo de las licencias de software propietario, que casi nadie paga.

Por otra parte, la capacidad del SWLA para fomentar el desarrollo de una industria local de software, o -como mínimo, para hacer ejercicio de la libertad de modificar el código fuente- exige cierta formación. También observó Simó que, en el caso específico de Benín -donde existe una única ]Escuela de Ingeniería- prácticamente no existe personal que aproveche esa supuesta ventaja (Simó, 2004).

Se entiende entonces que los autores Weerawarana y Weeratunga (2004) incluyan una serie de condiciones o requisitos para aquellos países que piensen adoptar el SWL como una vía estratégica de desarrollo socio-económico:

Legislación que proteja la propiedad intelectual de acuerdo a los estándares internacionales

Acceso a internet a precios bajos

Infraestructura educacional bien extendida

Libre flujo de información y un fácil acceso a la misma

Un número suficiente de desarrolladores con dominio del inglés (Weerawarana y Weeratunga, 2004)

Como señala el autor británico Marcus Leaning, el modo en que se usa una tecnología determinada (el modo de apropiación local de dicha tecnología) está más relacionada con la organización de la sociedad que la utiliza que cualquier otra cualidad de la misma. Esto vale como advertencia frente a cualquier tecno-determinismo que vea una relación automática entre incorporación de tecnologías y cambio social. Las TIC pueden provocar cambios y promover nuevas maneras de manejarse en la sociedad, pero esto no sucede de igual forma en todas las sociedades, ya que el uso de las tecnologías depende del entorno social. Las TIC como medios para procesar y transmitir información tienen una cualidad modal y diferentes modos de usarse y de apropiarse (Leaning, 2005).

3. RESUMEN PARCIAL

El marco analítico propuesto para el estudio del funcionamiento de una comunidad virtual de SWLA en Cuba a partir de las referencias teóricas recogidas no se limita a las características de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas que dan vida a la comunidad virtual para la difusión del SWLA, sino que toma en cuenta el entorno económico, legal, social e institucional en que tiene lugar el uso de estas tecnologías. Las comunidades virtuales pueden caracterizarse, entre otros parámetros, en función del tráfico de mensajes que circulan por sus redes, número de usuarios, tiempos de respuesta ante los mensajes y el cumplimiento de las reglas de comportamiento que aseguran la sociabilidad y usabilidad de la misma. Estas características pueden dar una idea de la capacidad de la comunidad virtual para cumplir su cometido, pero además se debe tomar en cuenta la propia existencia y extensión de las redes físicas de computadoras (es decir, las capacidades locales de infraestructura de las TIC), su accesibilidad de cara a los usuarios, facilidad y posibilidad de uso, además de otras características del entorno (como puede ser la fortaleza del marco legal que protege la propiedad intelectual), que potencien o dificulten la capacidad de la comunidad virtual de SWLA para incorporar de manera local una red de conocimiento global, como sugiere Yuwei Lin en su caracterización de las comunidad virtuales de los Grupos de Usuarios de Linux (Lin, 2004).

En lo que resta del artículo se seguirá el marco analítico propuesto. En primer lugar, se caracterizará el entorno cubano teniendo en cuenta su capacidad para sostener a una comunidad virtual de SWLA. En la siguiente sección, se presentará a una comunidad virtual cubana de SWLA administrada por el Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres (GUTL), sus principales características (volumen de actividad, temas, tiempos de respuesta, etc.), su historia y el modo en que ésta se entrelaza con las particularidades del entorno cubano expuesto con anterioridad, especialmente con el marco legal que regula la provisión de servicios y contenidos en la web. El artículo concluye con un repaso a las condiciones enumeradas por Weerawarana y Weeratunga para la adopción del SWLA, ahora a la luz del caso cubano y ofreciendo un conjunto breve de recomendaciones que deberían fortalecer el papel de las comunidades virtuales cubanas en la difusión del conocimiento del SWLA, además de direcciones para futuras investigaciones.

4. EL CONTEXTO CUBANO

La mayoría de los estudios sobre el SWLA (incluyendo aquellos dedicados a la relación entre SWLA y políticas para el desarrollo) suelen partir de una serie de presupuestos que no son directamente aplicables a Cuba, los cuales deben ser tomados en cuenta a la hora de adaptar los principales referentes teóricos internacionales al análisis de una comunidad virtual cubana de SWLA. Entre estos, están la importancia de la iniciativa privada y el costo y la calidad de las infraestructuras como únicos limitantes para acceder a internet. En el caso de Cuba, el sector privado no tiene un peso económico importante y hasta hace muy poco su existencia estaba circunscrita a sectores muy específicos (Triana, 2012). El Estado cubano, que aún es el principal actor en la sociedad cubana, se caracteriza por tener un alto nivel de centralización en la toma de decisiones y un enorme aparato burocrático (Guanche, 2009). Además de las dificultades con la infraestructura, en el caso cubano no se puede obviar la política norteamericana, que solo le permite a Cuba la conexión satelital, más lenta y más cara que la de cables submarinos.

En lo que sigue, se caracterizará al entorno cubano de acuerdo a su capacidad para sostener una comunidad virtual de SWLA. Para ello se hará referencia en primer lugar a la penetración de las TIC en la sociedad cubana y las políticas públicas que dan pie a ello. En segundo lugar se mencionarán dos aspectos que influyen en la actividad de cualquier comunidad virtual de SWLA en Cuba: el bloqueo económico norteamericano -que paradójicamente favorece la circulación de software propietario producido en ese país además de limitar la conectividad a internet-y el entorno legal cubano, que imposibilita hasta el momento que personas naturales publiquen contenidos y servicios web en la red nacional a título personal.

4.1 LAS POLÍTICAS CUBANAS DE INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

En el año 2000 comenzó en Cuba la implementación y ejecución del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad, una política estatal para acceder a los beneficios productivos y sociales que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones. El plan cubano reconoce la transversalidad de las TIC en la vida social y económica y su carácter estratégico para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo se diferencia del paradigma de la Sociedad de la Información al proponer un modelo enfocado hacia un uso social-mente intensivo de las TIC que privilegie la conexión a internet de las instituciones y empresas con un alto impacto social (Moreno, 2009). Esta lógica responde a las carencias económicas y materiales que limitan la disponibilidad de equipos e infraestructura en el país, sumado a una concepción particular del desarrollo apoyado en fuertes políticas sociales (Espina Prieto, 2008).

El programa de informatización cubano toma como presupuesto que la informatización de la sociedad cubana ocurre en un contexto de relaciones desiguales en el acceso a las tecnologías y los contenidos en el cual los países en vías de desarrollo tienen menores posibilidades de participar. El programa, además, considera el bloqueo norteamericano a los bienes y servicios tecnológicos como un obstáculo al desarrollo de las TIC en la sociedad. Por ello propone un uso social, ordenado e intensivo, priorizando el acceso social a las TIC, los estándares abiertos y la seguridad informática (MINREX, 2005).

El programa de informatización se subdivide en siete áreas de acción:

Infraestructura, Tecnologías y Herramientas,

Formación Digital,

Fomento de la Industria Nacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Investigación, Desarrollo y Asimilación de Tecnologías,

Utilización de las TIC en la Dirección,

Sistemas y Servicios Integrales para los ciudadanos,

Utilización de las TIC en el Gobierno, la Administración y la economía

En cuanto a la intranet nacional, ésta se aborda desde el proyecto de “Red Cuba”, concebida como la integración ordenada de las redes informáticas cubanas, sobre protocolos de internet, con acceso a información y servicios públicos disponibles en ellas, para fomentar el uso seguro, masivo y ordenado de los servicios de info-comunicación. La Red Cuba se organiza sobre los siguientes principios (Del Porto, 2008):

Defensa de la seguridad, soberanía e independencia tecnológica

Integración e interoperabilidad de los estándares

Utilización compartida de la infraestructura existente dónde sea posible

Garantía de visibilidad de los contenidos

Diseño y aplicación de un ordenamiento regulatorio a la informatización

Responsabilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado en la provisión de contenidos y servicios

El programa de informatización de la sociedad cubana tiene lugar en un contexto de fuertes restricciones financieras, lo que dificulta realizar inversiones en bienes TIC. Además hay un bajo nivel de penetración de las TIC en la sociedad: según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la sociedad cubana en el año 2011 contaba con 38 computadoras y 111 usuarios de internet por cada 1000 habitantes (ONE 2012). En esto, Cuba no se diferencia de otros países del área con dimensiones económicas similares, salvo por el hecho de que la mayoría de las cifras cubanas se refieren a computadoras y a usuarios en entidades estatales.

Sin embargo, es importante señalar que Cuba posee buenos valores en indicadores clave de educación y desarrollo científico, lo que evidencia ciertas ventajas de salida para un impacto positivo de las herramientas informáticas en el desarrollo sociocultural y en su capacidad para empoderar culturalmente a la sociedad en su conjunto, enriqueciéndola y diversificándola.

El programa de informatización cubano exhibe logros importantes, como la presencia de las TIC en todas las escuelas de los niveles de enseñanza primario y secundario, el desarrollo de software educativo para todos los niveles de enseñanza, la puesta a disposición de la población de cursos de informática y tiempo de máquina gratuitos a través de una red de centros comunitarios conocidos como Joven Club y la informatización bastante avanzada del sistema de salud, entre otros. Sin embargo, la preeminencia de las conexiones a la red desde instituciones y empresas estatales (sea la red nacional o internet), la poca presencia de conexiones desde los domicilios y la escasa penetración de internet en la sociedad cubana limita en alguna medida la capacidad de las comunidades virtuales cubanas para diseminar el conocimiento de SWLA[9], como veremos más adelante.

4.2 EL ENTORNO LEGAL

El bloqueo económico y comercial que el gobierno de los Estados Unidos mantiene contra Cuba es parte importante del contexto de la política para la informatización de la sociedad. El gobierno norteamericano bloqueó el acceso a la isla de bienes y servicios tecnológicos ofrecidos desde la web por diversas empresas norteamericanas (Moreno, 2009). No es posible acceder desde la isla al repositorio digital de código de programas Google Code o a la descarga de un gran número de programas compilados y código del repositorio Sourceforge, entre otros. Asimismo, la importación de bienes de informática producidos en los Estados Unidos o con componentes norteamericanos está prohibida por la legislación de ese país. Si tenemos en cuenta el peso que tiene los EEUU en el comercio de bienes y servicios de informática y telecomunicaciones y su posición dominante en el desarrollo de dichas tecnologías, entendemos los obstáculos que implican esas limitaciones para el desarrollo nacional y el encarecimiento que esas medidas ha implicado para la adquisición de bienes y servicios vinculados a las TIC, así como para la construcción de una infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, una de las consecuencias paradójicas de las políticas norteamericanas es que Cuba está imposibilitada de pagar licencias por el sistema operativo Windows y otros programas propietarios, los cuales se encuentran ampliamente distribuidas en la administración pública y entidades estatales y cuyas copias circulan sin restricción por la isla.

Por otra parte, el marco legal que acompaña al Programa para la Informatización no permite a los ciudadanos generar contenidos y servicios desde la red cubana al margen de las instituciones estatales. La política cubana hacia la intranet y los sitios web nacionales identifica a las entidades estatales como las máximas responsables en la generación de contenidos y provisión de servicios, reproduciendo al nivel de la informatización de la sociedad modelos verticalistas y excesivamente centralizados en la organización general de la institu-cionalidad cubana y las relaciones de poder establecidas (Guanche, 2010) ya señalados por otros investigadores. La resolución número 73 del Ministerio de Cultura cubano, emitida el 16 de septiembre del 2009 (la misma que establece el reglamento del Registro Nacional de Sitios Web, por sus siglas, RNSW)[10] define los sitios web como una modalidad más de publicación y les exige declarar perfil temático, objetivos, público al que pretende llegar y periodicidad de la actualización, además de la obligación de entregar el aval del Organismo de la Administración Central del Estado que da su conformidad con el sitio. En el caso de los sitios web cubanos que deseen prestar servicios de páginas personales y bitácoras, deben entregar también el directorio de las páginas personales que hospeden. Esta regulación prohibe, de facto, la publicación de contenidos y servicios web a personas naturales que no cuenten con la debida autorización de una entidad estatal que se haga responsable por su contenido. Sólo la permite a las personas jurídicas.

De esta manera, se crea una red de acceso y consulta de información con roles claramente delimitados entre consumidores y generadores de contenidos y servicios. También se limita la creación y gestión de comunidades virtuales, que deben buscar entidades estatales que las auspicien y alojen en sus servidores, como es el caso de la comunidad virtual administrada por GUTL.

5. EL GRUPO DE USUARIOS DE TECNOLOGÍAS LIBRES (GUTL)

El Grupo de Usuarios en Tecnologías Libres (por sus siglas, GUTL) es el nombre de un grupo social informal interesado en el SWLA que organiza diversas actividades para la promoción de este tipo de software -festivales de instalación, conferencias- además de administrar una comunidad virtual basada en un foro en línea, una lista de correos y una wiki. Con una organización muy laxa, el grupo surgió de una reunión realizada el 13 de junio de 2009 a partir del ya existente Grupo de Usuarios de GNU/Linux Habana. En aquel momento el grupo se propuso como objetivos:

Agrupar a todos los especialistas nacionales cubanos en materias asociadas al desarrollo de la sociedad de la información con tecnologías libres (software libre, hardware libre y conocimiento libre).

Apoyar al Estado cubano en la creación de una red social de especialistas que puedan ayudar a todas las regiones del país, mediante la asesoría, en la toma de decisiones para alcanzar la soberanía e independencia tecnológica.

Crear un artefacto social mediante el cual pueda ser ejercida la capacitación del personal en todas las regiones de la República de Cuba en las materias que confieran la transferencia tecnológica a la población cubana para alcanzar la migración del país a tecnologías libres.

Organizar, financiar y colaborar en las ideas fundamentales para el desarrollo de software libre con fines sociales para la República de Cuba, sin excluir la exportación.

El GUTL se propuso en sus inicios un conjunto de actividades para dar cumplimiento a sus objetivos de trabajo:

Reuniones mensuales para la coordinación de la organización y documentación del grupo

Conferencias en el marco de las reuniones de los grupos de usuarios

Transferencia de información y conocimiento a través de cursos

Información a los internautas cubanos y extranjeros a través de su sitio web de los principales acontecimientos relacionados con el GUTL

Además, GUTL participa activamente en la organización cubana del FLISOL[11]. GUTL ha demostrado la mayor estabilidad en la presencia en la red. El grupo cuenta con un sitio web (http://gutl.jovenclub.cu/), con información acerca de la historia y actividades del grupo, a partir del cual se organiza una comunidad virtual con un foro, una lista de correo y una wiki.

En los dos apartados que siguen se caracteriza la comunidad virtual gestionada por GUTL, y se muestra cómo el entorno institucional, económico y de infraestructura determinan tanto la vida de la comunidad virtual cuanto el modo en que se difunde el conocimiento libre. En el primero resulta interesante notar que la organización institucional del Estado cubano y el marco jurídico determinan la trayectoria, limitantes y estrategias de la comunidad virtual, matizando cualquier tecno-determinismo acerca del uso del foro y de la lista de correo para la diseminación y producción de saber. En el segundo apartado se describen algunos parámetros de actividad de la comunidad virtual. En este segundo apartado, lo interesante radica en notar cómo las características de la penetración de las TIC en la sociedad cubana modelan la actividad en línea de los usuarios de la comunidad virtual.

Para reconstruir la historia de la comunidad virtual de GUTL se identificaron inicialmente a siete personas: dos administradores de la comunidad virtual, un usuario, dos funcionarios de los Joven Club (entidad que hospeda el sitio web de GUTL. Véase más adelante) y tres funcionarios del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Estos funcionarios debían proporcionar información de primera mano acerca de la marcha de la migración hacia el SWLA en el país, el marco legal de la migración y de la publicación de contenidos y servicios en línea y -por último- información acerca de las relaciones entre el MIC y GUTL. La entrevistas a los tres funcionarios no pudieron realizarse. [12]

En el caso de los parámetros de funcionamiento de la comunidad virtual, después de una presentación ante la comunidad virtual mediante la lista de correos, declarando nombre, objetivos de la investigación y buena disposición para aclarar cualquier duda acerca de la misma, procedí a archivar los correos que circularon en la lista desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril del 2012, tomando de cada uno de ellos asunto, remitente, fecha de envío y cuerpo de mensaje para confeccionar una base de datos que facilitaría los análisis posteriores. En el caso del Foro, descargué desde su sitio web los mensajes publicados desde su inicio hasta el 21 de abril de 2012. Posteriormente extraje el remitente, tema, fecha y hora de envío, fecha de inscripción del remitente y el cuerpo de texto de cada mensaje de las páginas web recuperadas y las almacené en una base de datos. Esos datos fueron exportados luego a una hoja de cálculo para realizar los cálculos correspondientes y los gráficos.

En ningún caso del presente artículo se presentan los nombres reales de los entrevistados o los autores de los mensajes.

5 .1 LA COMUNIDAD VIRTUAL DE GUTL

En Cuba existían personas que en los años noventa ya se reunían para discutir e intercambiar conocimientos sobre el tema del Software Libre. Desde 1998 o 2000 (la fecha varía según el entrevistado) ya existía una comunidad de SWL en la Habana. Se reunían a veces en el Palacio Central de Computación y otras en algún Joven Club[13]. Se hacían llamar Linux Habana y organizaban encuentros mensuales. Eran grupos informales que habían surgido de manera espontánea y no tenían vínculos con el Estado. También en diferentes provincias existían pequeños grupos con los mismos intereses, sin estar necesariamente relacionados unos con otros. En 2007, con el aporte de uno de los miembros de la comunidad de SWL de la Habana que siendo administrador de un servidor en una de las redes informáticas más desarrolladas del país (Infomed, la red informática para la salud), creó una lista de correo, Linux-1 y comenzó un incipiente proceso de coordinación entre las diferentes comunidades. Este cierto nivel de articulación permitió organizar un FLISOL en 2008 y 2009 y le otorgó cierta visibilidad a la comunidad, por lo que invitaron a uno de sus coordinadores a las reuniones del Grupo Técnico Nacional, una de las comisiones creadas para estudiar y sugerir propuestas para la migración hacia el SWL en el país.

Aunque la lista es administrada en nombre de la comunidad virtual de Linux, legalmente pertenece a la institución estatal que la aloja (recordemos: según la legislación cubana que ninguna persona natural puede a título personal publicar contenidos o servicios web). Por ello, cuando las discusiones en la lista se salen de lo estrictamente técnico, la institución que la hospeda decide cerrarla. Como lo cuenta uno de los coordinadores:

“Shanon[14] creo que estaba en ETECSA y era administrado por la comunidad. Tenía una lista, un portal, una wiki y un Jabber. Hubo un incidente por el cual se decidió cerrarlo. Nunca pudimos tener acceso a la información que tenía y no pudimos salvarlo. A partir de ese momento tratamos de organizamos, de tener un portal.”

A raíz del FLISOL del 2009 -que a juicio de mucho de los participantes fue uno de los mejores- los miembros de la comunidad se propusieron adquirir personalidad jurídica y constituirse en una asociación para poder publicar y gestionar contenidos y servicios web controlando sus propios servidores. La razón fue la pérdida de los archivos de la comunidad virtual al desaparecer Shannon y no poder defenderlo, puesto que pertenecía a ETECSA, una institución estatal. Sin embargo, al día de hoy aún no han podido convertirse en una asociación. Lo que sí lograron fue que los apadrinara una nueva institución, además de la experiencia para manejar la lista de correo, el foro virtual y los otros servicios. En palabras de uno de los coordinadores de la lista de aquella época:

“A partir del FLISOL del 2010 ya no permitimos esas cosas. Entonces comenzaron a decir que yo estaba censurando las cosas. Que era oficialista. Esto es censura. Pero esto no puede ser una lista política, ¿entiendes? Esto es un problema de informática”

A partir del surgimiento de GUTL, ahora amparados por los Joven Club, se reiniciaron las actividades de la comunidad virtual, que cuentan ahora con la infraestructura mínima. Además, Joven Club facilita sus instalaciones para la realización de FLISOL y los encuentros mensuales (omine) de GUTL a partir de 2010. A su vez, GUTL colabora con JOVEN CLUB en el soporte técnico a la migración.

En palabras de uno de los coordinadores de aquella época de GUTL:

“Hablamos con Joven Club, porque para poder organizamos necesitábamos un órgano rector. Joven Club se ofreció a ser nuestro órgano rector.”

El funcionario de Joven Club que pude entrevistar, coincidió con el comentario anterior:

“Cuando yo entro como funcionario me dan la tarea de atender la comunidad de software libre, el GUTL, que existía ya en ese momento. Antes de que fueran atendidos por el MIC y los Joven Club, ya ellos existían por iniciativa propia. Tuvieron algunos aciertos y desaciertos pero, bueno, el Ministerio le dio la tarea a Joven Club de atenderlos. Y como tal era una prioridad para nosotros tener un funcionario no solo para la comunidad sino también llevar la migración a Joven Club”

Desde el año 2010 se puede leer en la página oficial de GUTL, hospedada en los servidores de Joven Club:

“A partir del año 2010 y por indicación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) asesoran, apoyan y coordinan desde sus instalaciones el trabajo de las comunidades de software libre del país. Vale destacar que la red más extendida en Cuba es la Red de los JCCE[15].” (http://gutl.joven-club.cu/quienes-somos/)

Y la experiencia de lo ocurrido con el servidor Shannon se recupera en forma de nuevas normas de gestión de los servicios que aseguran su supervivencia:

“El Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres, con el apoyo de los Joven Club de Computación y Electrónica, ofrece a la Comunidad nacional de usuarios y desarrolladores de tecnologías libres la lista de discusión gutl-l con el objetivo de ofrecer soporte técnico a todos los interesados en dichas tecnologías.

Éste es un servicio del cual solemos hacer uso de manera natural sin detenernos, en la mayoría de las oportunidades, a meditar las implicaciones de contar con el mismo y qué sucedería si de pronto nos viéramos privados de su utilización.

Es bajo esta línea de pensamiento que debemos detenernos a analizar los riesgos y costos de mantener un servicio de este tipo.

Así pues, se ha impuesto la necesidad de hacer público el reglamento de uso de la lista de discusión gutl-l, no con el fin de controlar o censurar de manera arbitraria, sino con la idea de regular algunos aspectos de su utilización, precisamente como una medida que permita continuar ofreciendo, en lo posible, un servicio continuo y respetando los derechos de los usuarios” (http://gutl.jovenclub.cu/wiki/gutl/ gutl_normas_lista)

Esta una singularidad de la comunidad virtual cubana, que plantea retos en la gestión de los servicios que ofrece frente a un marco institucional que no la favorece. Como lo cuenta uno de los administradores:

“Nosotros no tenemos decisiones técnicas sobre los servidores que nos están hospedando. Tenemos una lista dentro de un sistema de cientos de listas que tiene Joven Club. Tenemos una sola lista y tenemos que acogernos a las configuraciones globales de esas listas. Pero tenemos libertad para moderar dentro de la lista lo que creamos que es favorable o no para la comunidad, tanto en la lista como en cualquiera de los servicios. A excepción de la descarga, que es un poco complicado porque no hay manera de hacerlo virtualmente. Hay que hacerlo físicamente. Hay que ir con disco duro hasta el nodo para poder colgar la información. Y tampoco tenemos limitantes a no ser con la documentación que hay que velar porque no viole los derechos de autor. Tenemos libertad, salvo que tenemos que velar para que en ningún servicio se viole lo que está establecido por seguridad informática y por el código de ética de la institución”.

5.2 LA LISTA DE CORREO Y EL FORO VIRTUAL

Los servicios que ofrece la comunidad virtual GUTL en sus características guardan semejanzas con las estudiadas por la literatura consultada (por ejemplo, en Crowston, 2005). Una de esas semejanzas es lo bifurcado de la participación. En la comunidad existe un núcleo de usuarios muy activos y una larga cola que participa esporádicamente:

Debe notarse que el volumen de actividad de los usuarios que participan esporádicamente no se acerca al volumen de actividad de los usuarios más activos, por lo que puede decirse que la comunidad es frágil y depende de la permanencia de esos miembros más activos (menos de 25) para mantener su nivel de actividad. Podría plantearse como hipótesis (aunque dicha hipótesis no se pueda comprobar en el marco del presente estudio) que una mayor penetración de las TIC en la sociedad cubana, junto a una mayor penetración del SWLA aumentaría la cantidad de usuarios en la comunidad virtual.

Sin embargo la comunidad virtual posee también peculiaridades que responden a las preeminencia de las conexiones desde instituciones estatales. Una de ellas es, por ejemplo, la hora y los días de mayor actividad en los servicios tanto de la lista como del foro:

Como se observa, el período de mayor actividad coincide con las horas y los días laborales, lo que no es de extrañar, ya que el Estado prioriza la conexión a la red -ya sea nacional o internet- desde las instituciones estatales y pone poco énfasis en la conexión desde la casa. Los participantes se ven constreñidos en su participación por las limitaciones de infraestructura, por lo que dependen de la conexión de las instituciones o empresas donde trabajan para participar en el Foro. El mismo comportamiento se repite en la lista de correos:

Otra característica de la comunidad virtual es su composición mayoritaria de administradores de red y muy pocos usuarios finales. Esto -que fue confirmado por dos coordinadores de la comunidad- se refleja en los temas que tienen mayor relevancia tanto en la lista de correo como en el foro, entendiendo relevancia como aquellos hilos que motivan un mayor número de intercambio de mensajes, entre los que sobresalen los relacionados con la vida de la comunidad y luego los que tienen relevancia para los administradores de sistemas:

Tanto el servicio de la lista de correo como el foro se caracterizan por tener una buena capacidad de respuesta de la comunidad ante la demanda de los usuarios. En el foro, de los 498 mensajes que iniciaron nuevos hilos durante el período de estudio, sólo 46 quedaron sin respuesta, correspondiendo al 9% del total. La lista muestra una capacidad de respuesta un tanto más moderada: sólo el 55% de los mensajes que inician un nuevo hilo reciben respuesta.

Por último, en los contenidos que más circulan en ambos servicios también radica un signo distintivo de la comunidad cubana. Además de los temas habituales en cualquier comunidad virtual de SWL, donde los usuarios buscan consejos en el uso de algún software en específico o hacen intervenciones acerca de la vida de la comunidad, en el caso cubano se añade un nuevo tema con una alta presencia en el tráfico de mensajes: quién ha descargado un software desde internet y quiere compartirlo con el resto de la comunidad que no tiene conexión a internet, o desde cuál servidor cubano puede descargarse algún software libre específico.

Así, en un tema del foro dedicado a sugerencias sobre servicios de la comunidad, si bien los mensajes relacionados con la gestión del foro constituyen casi la mayoría en el tema (46 %), como corresponde a la categoría donde se agrupa, los mensajes relacionados con la descarga del software también tienen una presencia importante, con un 32% del total de los mensajes. Por otro lado, en la lista de correo un número importante de mensajes (22%) se dedica a localizar recursos que pudieran poseer los demás subscritos a la lista (aplicaciones, repositorios de software, documentación) y que por no tener acceso a internet son inaccesibles para el remitente.

De esta manera, tanto la lista de correo como el Foro virtual no sólo se usan para compartir conocimientos e información, sino también para suplir las carencias de conectividad que afectan la sosteni-bilidad de la apropiación del SWLA. Es una vía para compartir social-mente ancho de banda.

Así, la potencialidad de la comunidad virtual GUTL para sostener la adopción del SWL está atravesada por el marco legal de la informatización en Cuba (necesidad de contar con el aval de un Organismo Central del Estado para publicar un sitio web), la aún lenta marcha del proceso de migración (a finales del 2012 no se había comunicado por parte del gobierno cubano un cronograma de inicio de migración para sus instituciones y organismos públicos) y las condiciones de infraestructura (baja penetración de las TIC en la sociedad, preeminencia de las conexiones desde instituciones estatales), para sostener la apropiación del SWLA en la sociedad cubana, promover su uso e ir creando capacidades locales de aprendizaje y creación de SWLA.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Weerawarana y Weeratunga mencionan una serie de factores que inciden en la capacidad de apropiación del SWLA por parte de los países en vías de desarrollo: suficiente cantidad de desarrolladores con dominio del inglés, un marco legal sólido para la protección de la propiedad intelectual, libre flujo y acceso a la información y disponibilidad de internet a precios bajos (Weerawarana y Weeratunga, 2004). Este último requisito coincide con las condiciones previas de la innovación abierta que establece von Hippel, que menciona la necesidad de una red de comunicaciones eficiente y con costos de difusión bajos. Estos requisitos mantienen su vigencia a la luz de la trayectoria de la comunidad virtual de GUTL en el entorno cubano.

La comunidad virtual de GUTL es activa y participa en la diseminación de los conocimientos sobre SWLA en la sociedad cubana de una manera visible y pública. Sus miembros comparten entre sí experiencias, trucos y formas de adaptar a las particularidades de Cuba las prestaciones del software que usan. De esta manera, funcionan como un entramado entre los conocimientos que se generan interna-cionalmente asociados al SWLA y los conocimientos que se generan de manera local, funcionando como una comunidad de innovación abierta. En esto se asemejan a cualquier otra comunidad virtual de SWLA en el mundo, tal y como se refleja en la literatura teórica citada. Sin embargo, el marco legal e institucional en que tiene que desplegar sus servicios le hacen adquirir características inéditas frente a otras comunidades. Una de ellas es la imposibilidad de administrar directamente los servidores donde están hospedados sus principales servicios en línea, como el foro o la lista de correos. La falta depersonalidad jurídica (y, por tanto, de capacidad legal) obliga a depender de una institución estatal, tanto para tener como para administrar servidores web. Por otra parte, la imposibilidad de gestionar directamente aspectos técnicos de los servicios web que brindan, dificulta la capacidad de respuesta de coordinadores de la comunidad virtual ante incidentes o fallas en el servicio, como pudieran ser los problemas en la inscripción o la autenticación de los usuarios.

Las dificultades para la descarga de software y otros contenidos de internet en Cuba (principalmente por la política norteamericana de negar a Cuba cualquier tipo de acceso a internet que no sea satelital) ralentizan la velocidad de la difusión de nuevas aplicaciones de SWLA o los conocimientos asociados; se depende en gran medida de las redes personales para intercambiar los ficheros a través de discos duros externos, memorias flash u otros dispositivos físicos. Esto se nota en la actividad de la comunidad virtual, que extiende las funcionalidades usuales (el uso compartido del conocimiento, por ejemplo) con la búsqueda de personas que posean archivos relacionados con el SWLA recién descargados de internet. En los servidores de algunas grandes instituciones estatales (principalmente aquellos con las distribuciones de GNU-Linux más importantes) existen repositorios nacionales de software SWLA que se actualizan regularmente, aliviando un poco la necesidad de acudir a internet, aunque estos repositorios no escapan a las dificultades de la infraestructura cubana de telecomunicaciones y tienen limitada la capacidad para almacenar información o la velocidad de descarga.

Estos factores moderan los efectos positivos que pudiera tener sobre la comunidad virtual de GUTL la voluntad política manifestada por el gobierno cubano de impulsar la migración hacia el SWLA, la existencia de instituciones que apoyan o respaldan institucional-mente a GUTL (como los Joven Club y el Ministerio para la Informática y las Comunicaciones) y la existencia de una comunidad de usuarios motivada.

El fortalecimiento de la difusión del SWLA en Cuba mediante las comunidades virtuales (si no se toma en cuenta las circunstancia del bloqueo norteamericano) dependerá de un cambio en el marco legal de la provisión de servicios y contenidos en la web, de un mayor impulso estatal a la migración, de una mayor inversión en infraestructura y de la mejoría en las condiciones de conectividad tanto interna como externa.

Hay varias líneas de indagación que el presente artículo (cuyos objetivos son descriptivos y exploratorios) no cubre. No obstante, resulta importante reflejar algunas de ellas como indicaciones para un trabajo futuro. Es de capital importancia el análisis de la posible contradicción entre la cultura del SWLA, caracterizada por organizaciones sociales laxas y muy poco estructuradas con flujos abiertos y libres de información frente al marco institucional cubano, muy centralizado y con flujos controlados de información y recursos. Esta contradicción, de confirmarse, necesita ser explicitada y desarrollada en sus consecuencias (por ejemplo: ¿las regulaciones cubanas favorecen o entorpecen adoptar modos de producción propios del software libre?; el requerimiento de tener personalidad jurídica para poder publicar contenidos y servicios web, ¿refleja una característica esencial del modo en que el Estado maneja los flujos de información?). Otras posibles direcciones de trabajo apuntan hacia el impacto de la demora en la promulgación de políticas para la migración hacia el SWLA en el desarrollo de comunidades como GUTL y la relación entre penetración social de las TIC y la adopción del SWLA. Todas estas líneas apuntan a una tarea principal: explicar en detalle la naturaleza de las relaciones, muchas veces contradictorias, entre el entorno social, polírico, económico y cultural de una nación y el proceso de adopción de una solución tecnológica particular, como pudiera ser el SWLA.

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(La Habana, Cuba, 1977) Máster en Psicología Social y Comunitaria por la Universidad de la Habana. Investigador agregado. Trabaja actualmente en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello como webmaster y secretario docente. Ha publicado los artículos "La construcción social del niño y la familia. Apuntes para una psicología social de la literatura infantil." en el libro Lectura y crecimiento humano. Volumen VIII. Crítica e investigación de la Literatura Infantil y Juvenil. Pp: 47-58. Ediciones Luminaria. Sancti Spiritus. Cuba. 2011 y "Notas para una evaluación socio cultural de la política de infor-matización de la sociedad cubana" en la revista Perfiles de la Cultura Cubana, No. 7, disponible en http://www.perfiles.cult.cu; entre otros. Su correo es ha-mlet@icic.cult.cu.↵

El autor quiere agradecer a Edgar Buenrostro Mercado y a los revisores externos los comentarios y observaciones hechos a las versiones previas de este artículo.↵

Consúltese al respecto la Guía Cubana para la migración, disponible en www. di.sld.cu/documentos/guia-cubana-0.32.pdf↵

En lo que sigue -y para los efectos de la presente investigación- asumo al movimiento del software libre y abierto como un solo cuerpo homogéneo denominado aquí por sus siglas (SWLA) que correspondería a la denominación FLOSS, usual en los artículos publicados en lengua inglesa. De esta manera, reúno en un solo cuerpo el movimiento del software libre y aquellos desarrollos y comunidades que se adscriben al Software Abierto. Sin embargo, es importante reconocer que entre estos dos movimientos hay importante divergencias éticas y políticas: Mientras el Software Libre (Free Software) fuerza la libre distribución del código, usando como principal instrumento en sus licencias la cláusula Copyleft, (esta cláusula obliga que los trabajos basados en software libre que se redistribuyan lo hagan con la misma licencia que posee el software que se modificó o del que se obtuvo parte) el Software Abierto (Open Software) usa licencias (por ejemplo la licencia BSD) que no contemplan la cláusula Copyleft, dejando en libertad al licenciatario para que escoja de qué manera redistribuir las modificaciones hechas. Esta última modalidad hace más atractiva para las empresas de software la participación en el SWLA.↵

La GPL o General Public License es la más conocida -pero no la única- de una familia de licencias que ceden al usuario las cuatro libertades básicas que definen al software libre y abierto: la libertad de usarlo, aprender de él y modificarlo, distribuir copias y mejorarlo, y la libertad de distribuir a su vez estas mejoras.↵

Es importante notar la diferencia entre acceso gratuito al binario de un programa (por ejemplo los programas freeware, distribuidos gratuitamente por la red pero sin acceso a su código fuente, y por tanto, software propietario) y acceso libre al código fuente, que permite usarlo y aprender de él mediante su lectura y estudio.↵

Si bien la manera dominante de comprender el término innovación incluye una connotación comercial (por ejemplo: la innovación es invención más comercialización, en Roberts, 1988), en el presente proyecto el término se entiende de una manera más cercana a la academia y a la dimensión de las ideas, donde son éstas y su originalidad las que suelen calificarse como innovaciones.↵

Véase Pérez y Hilbert, 2009 para una panorámica de las dificultades de la informatización de las sociedades en Latinoamérica y su vinculación con las condiciones socio económicas y políticas.↵

Es importante recordar que el ancho de banda del que dispone Cuba para conectarse a Internet es de 323 megabits por segundo (mbps), a través de una conexión satelital (Ecured, 2011). El gobierno norteamericano no le permite a Cuba, por su política de bloqueo económico, conectarse a ninguno de los varios cable submarinos que rodean a la isla y que incrementarían notablemente el ancho de banda disponible, además de abaratar los costos de conexión.↵

El reglamento se puede consultar en el sitio del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (http://www.seriadas.cult.cu/index.php?accion=res73)↵

FLISOL: Festival latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es el mayor evento de difusión del Software libre que se realiza desde el año 2005 en diferentes países de manera simultánea. Durante el mismo se ofrecen de manera paralela charlas, ponencias y talleres, sobre temas relacionados con el Software Libre y el movimiento del mismo nombre.↵

Para entrevistar a cualquier funcionario o dirigente de alguna dependencia del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (en lo adelante MIC) es necesario obtener la autorización de un viceministro. A pesar de haber hecho las gestiones con tiempo suficiente ante el departamento de Relaciones Públicas del MIC, nunca obtuve una respuesta y por tanto no pude entrevistar a los funcionarios del MIC.↵

Joven Club: red de instituciones comunitarias donde se imparten clases de informática a la población de manera gratuita, además de brindarse algún servicio de navegación por la red nacional de manera limitada. Existen más de 600 de ellos repartidos por todos los municipios del país. Inicialmente pertenecían a la Unión de Jóvenes Comunistas, pero actualmente pertenecen al Ministerio para la Informática y las Comunicaciones (MIC)↵

Nombre del servidor de la comunidad virtual.↵

JCCE: Joven Club de Computación y Electrónica.↵

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Jorge Vergara Vidal[1]

BIENES COMUNES URBANOS

PRÁCTICAS Y DISCUSIONES EN TORNO A LA PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS URBANOS EN EL CASO CHILENO

INTRODUCCIÓN

El presente artículo expone los resultados de una investigación que buscó identificar prácticas y discusiones en torno a la propiedad y gestión de recursos urbanos reconocidos como comunes en el caso chileno. Para ello, se identificaron y seleccionaron casos de notoriedad pública que evidenciaran los aspectos que caracterizan a los bienes comunes urbanos: el reconocimiento social del recurso como un bien, y una conformación comunitaria en su entorno, producto de la inhibición del actor publico y del desinterés o incapacidad del actor privado en su provisión. En los casos que cumplían estas condiciones se verificó el desempeño de las variables de reconocimiento común del recurso, gestión anterior del recurso, forma de conformación comunitaria, forma de territorialización de la comunidad, duración temporal de ésta y presencia de rivalidades.

El resultado de lo anterior relevó recursos urbanos, gestionados por comunidades, que pueden ser organizados en dos tipologías: aquellos asociados a la seguridad urbana, entendida ésta de forma amplia, como la percepción de reducción del peligro que deviene de la vida común en contexto urbanos; y aquellos asociados al contexto urbano, entendido éste como una forma, material y simbólica adquirida por lo urbano (que también puede ser considerada como paisaje) y cuya preservación o alteración es valorada como tal por individuos y comunidades. El estudio de casos demostró también una estrecha relación entre la inhibición del actor público en la provisión de algunos bienes urbanos y la articulación de comunidades como respuesta a esta práctica. La forma de despliegue e impacto de las intervenciones del actor público, no sólo inhiben o alientan al actor privado, sino además afectan la duración y forma (territorialización) que asumen las comunidades a las que, dada la multiplicidad de variaciones en estos dos elementos, hemos optado por llamar conformaciones comunitarias, para denotar que su duración y forma no son estables más que situacionalmente.

En lo que sigue se desarrolla un breve marco conceptual sobre el tema de los bienes comunes y la precisión que requieren los bienes comunes urbanos, dentro de éstos; se exponen los criterios metodológicos utilizados para la selección de casos y el análisis de la información sobre estos; se exponen los casos estudiados y se proponen, finalmente, conclusiones y reflexiones sobre la temática en cuestión y sus posibles implicancias futuras.

PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE BIENES COMUNES URBANOS

BIENES COMUNES

La “tragedia de los bienes comunes”, célebre articulo escrito por el biólogo Garret Hardin (1968), dedicaba sus líneas no sólo a describir una creciente crisis ecológica de los commons o recursos de propiedad común (tierra, aire, pesca, entre otros), principalmente indicaba que su manejo era imposible para un agente como el Estado, haciendo un llamado a su privatización. Como se sabe, el texto y la invitación han sido objeto de aplausos y críticas, pero nadie ha negado que, pese a no ser el primer trabajo sobre bienes comunes, ha alentado su debate en los años posteriores. En parte, el premio nobel de economía, entregado a la politóloga y economista Elinor Ostrom en 2009 por su demostración de cómo los bienes comunes podían ser manejados con éxito por asociaciones de personas, dio nuevos bríos al debate sobre este tipo de recursos corroborando su perspectiva cooperativa de la gobernanza económica y echando por tierra las aprensiones de Hardin. La experiencia de los creative commons (ce) en internet, la expansión de la crisis ecológica y alimentaria, las desregulación global en la explotación de recursos naturales, ha hecho otro tanto por dar importancia al tema.

Uno de los aspectos centrales en este debate ha girado en torno a la responsabilidad de los agentes económicos y sociales involucrados en el uso y gestión de los recursos de propiedad común. Asociaciones de usuarios y comunidades han adquirido relevancia como gestores de estos recursos ante la inhibición del Estado y las fallas sociales de la gestión privada y, aun cuando los recursos de propiedad común no definen por sí mismos agentes colectivos para su gestión, estos son requeridos dado que apelan a una razón de eficiencia distinta a las ya expresadas. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que el debate sobre los recursos comunes no es un debate sobre lo público, sobre sus formas de operación (leyes, gobierno, agencias, etc.) ni sobre la razón que le sostiene (bien común). Es mas bien un debate con lo público, en torno a él, debido a que una gran parte de los recursos que identificamos como comunes bordean la legalidad pública (agua, minerales, bosques, suelo, etc.) y su gestión y deterioro afecta el bien común.

Con todo lo imbricada que puede considerarse la relación entre lo público, lo común y sus recursos, no son éstas de esferas equivalentes. La importancia de las investigaciones de Ostrom radica en demostrar que los colectivos y comunidades pueden ser tanto o más eficientes que el Estado y que los sectores privados para gestionar determinados tipos de recursos de propiedad común, pero parte de esta gestión dependía tanto de las fortalezas internas de estas organizaciones como de la administración eficiente del principio de exclusión. Las definiciones entre recursos públicos y recursos comunes difieren radicalmente en lo que respecta a este principio asociado a la esfera del «50 de los recursos.

Estas diferencias también se producen en relación al principio de autoridad o jerarquía implicado en el valor de los cooperativo. Lo que se requiere para la gestión de lo común no es, necesariamente, lo mismo que se requiere para la gestión de lo público, que tiene presente con mayor fuerza el principio de autoridad. Como demostró Oliver Williamson (que compartió el Nobel 2009 con Ostrom) el abuso de este principio en escenarios cooperativos genera opciones por alternativas de gobernanza jerárquicas. De modo que el principio de autoridad, que es natural al ejercicio de la exclusión, no puede configurarse del mismo modo en la gestión de un bien común como puede hacerlo en la gestión de un bien público o privado. La forma jerárquica, que es propia en la gestión de los dos últimos recursos mencionados, debe ser morigerada o, simplemente, evitada.

Como vemos, los recursos de propiedad común (bienes comunes) y recursos de propiedad pública (bienes públicos) adquieren distancia en aspectos como su uso (principio de exclusión) y gestión (principio de jerarquía). Pero ello no quita que la discusión y gestión de este tipo de recursos no tenga que ver con la discusión pública. Por el contrario, ésta representa una exigencia. La discusión sobre los bienes comunes se ha centrado, en su gran mayoría, sobre recursos naturales, pero ha implicado también recursos sociales. Estos entrañan una mayor complejidad, debido a que su limite con lo público es aún más tenue que en los casos “naturales”, dada la cercanía perceptual entre uso común y uso público. Este artículo se ocupa de los problemas asociados a la propiedad y uso de los recursos comunes urbanos, de conceptualiza-ción y desarrollo reciente, pero de gran utilidad para la gestión y uso del espacio urbano.

BIENES COMUNES URBANOS

La complejidad de los recursos comunes deviene de su formulación, en apariencia simple pero de implicancias muy extendidas. Como señala Silke Helfrich, “los bienes comunes son las redes de la vida que nos sustentan [...] son una red tejida para gestar los procesos productivos, reproductivos y creativos” (2008: 21). Los múltiples significados que pueden asumir los bienes o recursos comunes, ha llevado a que la aplicabilidad de esta noción exceda su ámbito original, asociado al agua, el aire, la cultura y el genoma, entre otros (Hardin, 1968; Ostrom, 2000; Gordillo, 2006), permitiendo una revalorización de los espacios y elementos que permiten la vida colectiva.

En el presente caso, la aplicación el concepto de recursos comunes al espacio urbano (urban commons) ha estado principalmente vinculada a los efectos ambientales de la relación entre los componentes residenciales (alojamiento) y productivos (industriales) de las ciudades. Esta tensión, que impacta de lleno en la noción de derecho sobre la ciudad y su uso (Lefebvre, 1969; Delfante, 2006), ha sido considerada en estudios de casos como Brownfield, Louisville (Allardice et al., 1995; Clapp y Meyer, 2000) y Darling Harbour, Sidney (Boydell y Sear-le, 2010) sobre la re-utilización residencial de sectores industriales, o Addis Abada (Kassa, 2008) en lo que refiere al uso de plazas y espacios públicos. A pesar de su acotado rango de análisis, estos estudios han permitido problematizar la relación entre lo público, lo privado y las comunidades en las decisiones y gestión del uso del espacio urbano. El interés de la comunidad en dar a los contexto urbanos un “aspecto común” conlleva el derecho a un control común de lo urbano (Clapp y Meyer, 2000; Bauman, 2003). Plantear lo urbano como un recurso compartido (Bollier, 2008) conlleva no sólo una nueva visión sobre la propiedad de los espacios y elementos urbanos sino que también implica la necesidad del desarrollo de capacidades conceptuales y técnicas de la ciudadanía para ejercer sus derechos (Castro, 2008).

Como señala David Harvey detrás de las formulaciones de los bienes comunes se encuentran un conflicto intereses sociales, pues no todas las formas que asumen los bienes comunes implican el libre acceso o la administración común (Harvey, 2011, 2012). Al ejemplificar esto con las calles de las ciudades, demuestra como los intereses de gestión comercial de barrios (distritos) o los intereses de gestión de seguridad de los mismos (mediante vigilancia) operan de forma inconsulta e incluso contradictoria respecto de los intereses de los ciudadanos. La crítica de Harvey a los planteamientos originales de Hardin y de Ostrom denota también la dimensión del problema que implican la nominación y gestión de los bienes comunes urbanos, radicado en la doble naturaleza que asume la noción de propiedad en los contextos urbanos.

El derecho a la ciudad, planteado por Lefebvre, es simultáneo al derecho de propiedad que se ejerce sobre sus componentes agregados. Tanto la ciudad como lo urbano son producidos socialmente de forma que la “la estructura social figura en la ciudad, y en ella se hace sensible y significa un orden. Inversamente, la ciudad es un fragmento del conjunto social; transluce, porque las contiene e incorpora en la materia sensible alas instituciones e ideologías” (1969: 78). Esto coincide con lo planteado por Harvey respecto a que”las cualidades humanas de las ciudad surgen de nuestras prácticas en los diversos espacios de la ciudad” (Harvey, 2011: 103). Hay un contexto común en la ciudad y en lo urbano que no se agota en los regímenes de propiedad de la que es afecta sino que se extiende como un recurso común y compartido.

Como sostiene Bollier, “el meollo de llamar común a un recurso compartido es destacar que el recurso pertenece a la gente, no al Estado, y por lo tanto debe servir a propósitos más amplios y más específicos que los que ofrece éste o el mercado. Cuando se considera que un recurso es “propiedad del Estado”, su vínculo legal y moral con la ciudadanía empieza a diluirse, pues entra en el régimen de propiedad que rige los bienes públicos (Samuelson, 1954, 1955). Para Bollier, “los recursos comunes ponen de relieve los derechos precedentes de los comuneros y de todo tipo de comunidades por encima del gobierno” (2008: 38). El proceso de reconocimiento de lo común y su nominación como recurso no puede venir de otra parte que de la misma comunidad, mediante la convención de su propiedad, por tanto es relevante no sólo la emergencia de organizaciones de defensa de los recursos comunes urbanos sino también su grado de institucio-nalización y el apoyo técnico que estos puedan recibir para su gestión.

Un problema persistente asociado a los bienes comunes urbanos, más aun cuando se habla de una configuración espacial levantada del plano como es el paisaje, es la facilidad de confundirlos con bienes públicos. Los estudios urbanos han heredado una noción de ecología urbana basada en una territorialización estructural del espacio, más que perceptual, lo cual colabora con la asociación de zonas con funciones y no con percepciones. La diferencia es sutil pero importante. Una plaza es un territorio con una función, según la definición del plano urbano; la plaza tiene límites concretos y objetivos; tras esos límites no hay plaza, por decirlo de algún modo. El edificio que se ubica frente a la plaza no es parte de ella, ni el plano ni en el régimen de propiedad. Sin embargo, perceptualmente asumimos que el edificio es parte de la plaza, porque es parte de su entorno, de su experiencia. Desde el punto de vista de su gestión, la plaza es un bien público, el edificio no lo es. Si boto el edificio no afecto el bien público, porque siempre fue un bien privado; la plaza no ve alterada sus funciones ni su régimen de propiedad. Entonces, ¿porqué existe la demanda urbana por mantener, por decirlo de algún modo, los edificios junto a sus plazas?. Si ello pasa, en las movilizaciones en pos de inclusión ciudadana en las decisiones urbanas, es porque hay otro recurso que está imbricado con la función pública de la plaza y con la función privada del edificio. Ese recurso que denominamos, a falta de un nombre mejor, paisaje urbano es un bien de carácter más bien perceptual, común a partir de la comunalidad de percepciones que permiten que tengamos apreciaciones similares sobre los contextos espaciales (como el peligro, la comodidad y la seguridad), cuyo diseño y estabilidad nos pueden entregar beneficios o disminuirlos.

Tal virtud es reconocida en las demandas de los movimientos sociales o de vecinos que apelan a incidir en los cambios urbanos, apostando a detener (muchas veces) las transformaciones, más por temor al deterioro del paisaje urbano que por resistencia a lo nuevo[2]. Sin embargo, a pesar de su evidencia como objeto de demandas sociales, la identificación de este recurso urbano como common no es fácil debido a su naturaleza perceptual. Si el parámetro de identificación es la propiedad, la legislación no reconocen lo común (common) como un régimen de propiedad en lo urbano, siendo la noción más cercana aquella que identifica lo público (Schlack, 2007). Por otro lado, si el parámetro de identificación es el carácter de uso del recurso, el riesgo es que se confunda definitivamente como lo público, como ocurre en el planteamiento de Kassa (2008) respecto plazas y parques.

Kassa postula que los espacios públicos comparten características con los bienes comunes como facilitadores de la interacción, su función de puntos de identidad compartida y el hecho de que son cultu-ralmente gestionados, organizados y usados. Propone seguir en esto el planteamiento de Clapp y Meyer (2000) respecto a que es posible bien definir los recursos de propiedad común a partir de los conceptos de no exclusión y sustractabilidad, habituales para diferenciar bienes públicos de privados. Tales conceptos indican que es imposible impedir a un individuo el uso de un bien común (como el aire) y que el uso individual de ese bien se resta de la cantidad disponible, o de su valor, para el uso de otros. De esta manera, si el bien privado tiene una alta sustractabilidad y exclusividad, y el bien público una baja exclusividad y sustractabilidad, el bien común se caracteriza por la alta sustractabilidad y la baja exclusividad, lo cual es el origen de la tragedia voceada por Hardin (1968). Kasaa sostiene que el aumento de la sustractabilidad de los espacios públicos urbanos habilita que se les considere como espacios comunes debido a su carácter no excluyente y sustrac-table; dicho con otras palabras: todo bien público es transtocable de ser común si su sustractabilidad es susceptible de aumento.

Los espacios urbanos que Kassa visualiza como potencialmente comunes corresponden a parques y plazas públicas, calles y lugares públicos sirven “como puntos focales de la identidad compartida” (2008: 4), espacios significados colectivamente, hitos urbanos que son reconocidos por los actores como parte de su propia identidad y que juegan un rol en la acción espacial. Kassa sigue, en este punto, lo planteado por Huning (2007) respecto al efecto de la espacialidad urbana en la acción política. Huning habla de una “cualidad democrática de los espacios públicos” y de la incidencia de ésta en el fomento del acceso y la participación, lo que constituye uno de los efectos posibles del diseño de la espacialidad pública.

Sin embargo, se deben realizar precisiones al respecto. Como plantea Kassa (2008: 4), los espacios públicos pueden colaboran con la identidad personal y compartida de su ocupantes pero no contienen residentes y sus efectos son situacionales, no necesariamente persistentes. Asumir algo distinto conllevaría suponer que la acción individual y colectiva en los espacios públicos es siempre igual. No lo es, de hecho, y varía incluso según las horas de un mismo día o de una misma noche. Con todo, hay sentido en proponer que el diseño espacial, a lo que habría que agregar la objetualidad de la arquitectura, incide en la regularidad y la comunalidad de las percepciones espaciales de los individuos en los contextos urbanos, pero ello no implica que la sustractabilidad sea alta y que por tanto estemos frente a bienes comunes urbanos.

Como se ha señalado antes, la constitución comunitaria y la gestión común del recurso pueden conllevar una alta sustractabilidad, pero esta relación no es necesariamente recíproca. El uso extendido no es un resultado ni sus efectos son equiparables a la gestión común; eso es lo que Ostrom plantea y es lo que mejor colabora con una definición de bienes comunes, en este caso, urbanos, pues permite distinguir con precisión cuando se está o no frente a un bien público o común. Las luchas por la defensa del patrimonio arquitectónico, generalmente emprendidas por comunidades de vecinos en contra los avances inmobiliarios, expresan justamente luchas por co-gestionar paños urbanos más que por hacer más sustractivo su uso. Si tiene un efecto sustractivo es por la permanencia disponible del bien: a mayor tiempo permanezca un paisaje urbano mayor será la cantidad de gente que lo aprecie. No es bien común algo que se usa mucho sino algo que es reconocido como un recurso de propiedad común y que es, por tanto, dable a una gestión común.

El problema que se desprende de lo sostenido por Kassa no está asociado a los espacios urbanos en sí (plazas y calles), que pueden ser de gestión pública y por tanto, independientes de la masividad de su uso, ser bienes de carácter público, sino al paisaje urbano en cuya gestión operan actores de distinta naturaleza pero que su efecto es el de un recurso de alta sustractabilidad y baja exclusión.

La posibilidad de considerar el paisaje urbano como un recurso de propiedad común proviene de la forma en que son identificados, reclamados y gestionados sus posibles beneficios. Si se considera como recurso -es decir, como una fuente o suministro de cuyo consumo se obtiene un beneficio- el paisaje urbano puede ser beneficioso en dos fenómenos: si su diseño entrega armonía visual, estética y si es estable perceptivamente (Hillier y Hanson, 1984; Greene et. al., 2006; Del-fante, 2006; Hillier, 2007; Hillier y Sabbaz, 2009); para ambos casos los estudios sociológicos y neurobiológicos han podido establecer que el paisaje urbano afecta a los individuos psicológica, sociocultural y biológicamente y que por lo tanto su gestión no sólo es deseable sino necesaria para producir efectos benéficos y no lo contrario. Establecida la condición de recurso del paisaje urbano, es importante indicar como éste es identificado, reclamado y gestionado por actores colectivos o comunidades urbanas. En esto el caso chileno guarda varios ejemplos, en su mayoría recientes, que se asocian a las demandas sociales surgidas por procesos de renovación urbana.

Los recursos comunes urbanos se producen de manera constante (Harvey, 2011). Esto los hace diferentes a los bienes comunes trágicos de Hardin y Ostrom, y obliga a poner de relieve la naturaleza colectiva de sus productores: las comunidades. Si la “tragedia de los bienes comunes urbanos” se expresa no en su agotamiento sino en su privatización (Mosovich, 1997), su defensa no se agota en las demandas de participación ciudadana en la planificación urbana (Martínez, 2006; 2011) sino que se expande a la institucionalización de los derechos de uso y beneficio que de estos bienes emanan. En esto, las organizaciones de defensa del patrimonio arquitectónico han sido eficaces al instalar la unidad de barrio como un recurso de ese tipo y defenderla como tal mediante sistemas de manejo y preservación. Que ésto no haya sido extendido al conjunto de la ciudad obedece a la dualidad público/privada de la misma y a los limites propios del activismo local (Clapp y Meyer, 2000).

PRECISIONES METODOLÓGICAS

Al abordar los casos de estudio que siguen desde la perspectiva de las discusiones y acciones, que implican el reconocimiento y defensa de bienes comunes urbanos en el Chile actual, se ha debido discriminar casos que implicaban discusiones asociadas a lo público, como las que tienen que ver con los conflictos ecológicos y las luchas por el uso de las vías públicas para manifestaciones de la ciudadanía. Por cierto, no es que éstas carezcan de importancia o magnitud, la razón se ha enunciado: son discusiones sobre el uso de bienes públicos, no sobre bienes comunes. La línea de diferenciación entre bienes públicos y comunes es tenue y ello ha colaborado incluso con cierto grado de confusión en la literatura reciente. La noción de lo común, que viene de la literatura económica (Ostrom, 2000; Sadler y Arce, 2003) y filosófica (Hardt y Negri, 2009) también colabora con esta confusión para los casos urbanos. Lo urbano puede ser considerado un recurso en términos culturales, sociológicos, históricos y psicológicos, pero hablar de bienes comunes implica hablar de regímenes de propiedad, gestión y usufructo. La distinción es necesaria para situar el rol que cabe al actor público en el reconocimiento de recursos como de propiedad común por parte de las comunidades urbanas, principalmente para explicar el efecto de su inhibición en este fenómeno.

La selección de los casos de estudio tuvo entonces un primer filtro. El segundo filtro fue el de la notoriedad pública de los casos. Se privilegiaron casos que, debido a su publicidad en la prensa nacional, haya originado debate entre los actores, de modo que hayan originado discusiones en las cuales fuese posible identificar distintas posturas o que fuesen significativos para la indicación de algún aspecto relevante. Se buscó además que los casos evidenciaran aspectos característicos de los bienes comunes urbanos: el reconocimiento social del recurso como un bien y una conformación comunitaria en su entorno, producto de la inhibición del actor publico y del desinterés o incapacidad del actor privado en su provisión. En los casos que cumplían estas condiciones se verificó el desempeño de las variables de reconocimiento común del recurso, gestión anterior del recurso, forma de conformación comunitaria, forma de territorialización de la comunidad, duración temporal de ésta y presencia de rivalidades.

Una vez seleccionados los casos se procedió a la recopilación de fuentes de información sobre cada uno de ellos. Las fuentes utilizadas fueron en su mayoría secundarias. Se consideraron artículos de prensa, documentos públicos y literatura especializada. El trabajo con estos datos es más bien descriptivo respecto a las variables anteriormente señaladas, según se expresa en cada caso.

CASOS SOBRE BIENES COMUNES URBANOS EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL CHILENO

NOVA VIDA Y LA SEGURIDAD URBANA RESIDENCIAL

“Es por nuestra seguridad”, declaró Daniel Castillo, habitante del condominio Nova Vida de la comuna de San Bernardo, al continuar pegando los ladrillos de un muro que separa su sector residencial de la Villa Anguita, de condición socio-económica más deteriorada[3]. Los vecinos de Nova Vida habían contratado para la faenas a un grupo de trabajadores que acababan de ser impedidos de continuarla por un funcionario de la Dirección de Obras Municipales bajo el argumento de que no se había solicitado el permiso para ello. El muro de ladrillos -de una altura de dos metros y medio- no era el primero que hacían. Antes hubo uno de madera que fue derribado por mano mora; luego le siguió un cierre de hormigón que tuvo el mismo destino. El nuevo muro -que se espera definitivo-, ha sido resistido por los habitantes de la Villa Anguita, a quienes les imposibilita el tránsito por la calle Gustavo Campaña y restringe una vía de acceso al Colegio Gabriela Mistral, donde estudian sus hijos. Con el cierre, los niños y sus padres deberán rodear el condominio Nova Vida, tornando oblicuo un trayecto que actualmente es recto. Los de Villa Anguita ven en la ostentosa limitación del espacio un acto de discriminación, tal como lo expresa un rayado en una de las caras del nuevo cierre, que acusa gráficamente esta herida moral en su reconocimiento.

Actos y efectos como éste no son ni nuevos ni aislados. Se vienen produciendo en las ciudades chilenas desde principios de la década de 1990, cuando el problema de la seguridad urbana entró en la discusión pública de la mano de la preocupación privada, materializada en la formación de la Fundación Paz Ciudadana. Sustentada en el poder mediático del diario El Mercurio y en la respuesta políticamente transversal a su convocatoria, Paz Ciudadana se articuló como el principal dispositivo de instalación del tema, produciendo datos y ocupando el lugar de contraparte experta de los gobiernos para la elaboración de las políticas públicas respectivas.

La preocupación por la seguridad urbana no sólo es motivo políticas estatales, centradas en el endurecimiento de las penas por delitos y en el aumento de la dotación de la fuerza pública (Carabineros de Chile, principalmente); también, tiene sus efectos en las prácticas de la población, dando origen a asociaciones vecinales que demandan mejor luminaria en espacios públicos, implementación deportiva (canchas multiuso) y capacitación en seguridad comunitaria (redes de prevención y denuncias). Otro efecto significativo en la población fue la victimización, es decir, el incremento de la percepción de inseguridad producto del aumento del conocimiento de la ocurrencia de delitos. Tal fenómeno es acompañado por los medios televisivos que dedican amplios espacios al relato de robos y asaltos a hogares. Esto llevó consigo que los hogares y barrios -tradicionalmente vistos como espacio seguros- comenzaran a ser considerados vulnerables, lo cual originó prácticas de seguritización como el enrejado de ventanas y antejardines, primero, y cierres de calles, pasajes y espacios urbanos posteriormente (Torres et. al, 1994).

Tales prácticas privadas, que modificaron el uso de espacios públicos como vías y plazas, fueron permitidas y alentadas por las autoridades municipales y fomentadas por las discusión pública sobre la inseguridad urbana, aún cuando que afectaban el derecho constitucional de acceso a los espacios urbanos. Durante más de una década estas prácticas se extendieron en las ciudades chilenas, sobre todo en las comunas de segmentos socioeconómicos medios y bajos, operadas por el supuesto de que la seguridad era responsabilidad de los individuos ante un Estado que fallaba en tal previsión. Por cierto, el cierre y la subsecuente exclusión de acceso de espacios urbanos, conjuntos habitacionales, calles y pasajes, es una facultad de las municipalidades chilenas sólo en el caso de que tales espacios cuenten con una misma vía de acceso y salida, y con el único objeto de garantizar la seguridad de los vecinos[4]. Esta medida, que tiene una vigencia de cinco años prorrogables, puede ser solicitada por los vecinos -siempre y cuando sea avalada por el 90% de los propietarios de los inmuebles o sus representantes[5]- pero es no es aplicable a calles y pasajes que conecten una vía con otra.

Bajo el argumento de que el cierre de calles y pasajes contribuye a la percepción de seguridad de los vecinos, la Asociación Chilena de Municipales -junto a un grupo transversal de diputados- presentó en 2006 una modificación a la ley con el fin de que se habilitara el cierre de calles y pasajes con dos vías de acceso. “Nosotros sabemos que los cierres generan tranquilidad y seguridad”, señaló el entonces alcalde de San Joaquín y presidente de dicha asociación, Sergio Echeverría, “ante la insuficiencia de protección por parte del Estado y la policía, se recurre a cerrar pasajes para tener tranquilidad en horas de descanso”[6]. La negativa del Tribunal Constitucional al proyecto de ley se fundamentó en que no sólo no son los municipios los encargados de la seguridad pública, sino también en que no son los vecinos los que están llamados a proveerse de recursos de seguridad. Este fallo obligó también a los municipios a regularizar la situación de miles de pequeñas calles con dos vías de acceso que habían sido cerradas por los vecinos bajo el argumento de su seguridad, en el ejercicio de esta extendida práctica. Tanto alcaldes como autoridades de gobierno vieron en el fallo una afección a “muchas familias, fundamentalmente de clase media, que velan por la seguridad de sus sectores”[7], como señaló el Ministro del Interior (s) Rodrigo Álvarez, sin tomar nota que con ello dejaban en mano de los habitantes la provisión de seguridad publica que recae por ley en el Estado.

El cierre espacial tiene otros efectos no siempre relevados. En primer lugar, confirma que la seguridad es un bien que el Estado ha dejado de proporcionar. Al permitir el cierre, los municipios habilitan a los vecinos como gestores de ese bien en un espacio urbano determinado por ellos. La decisión común de cerrar conlleva la gestión común de la instalación del cierre y del espacio limitado, lo cual no corresponde a una privatización del espacio urbano, como podría ser el enrejamiento de antejardines (Torres et. al, 1994), dado que la acción y el usufructo implican de facto un grupo que es beneficiario de la acción y otro que no lo es (Foster, 2011). Esto abre el paso a un segundo efecto. El espacio, constituido por sus nuevos límites y dispositivos de cierre, se articula como productor de un bien común urbano, gestionado y usufructuado de forma excluyente, de acuerdo a la teoría, por un grupo que mediante la performatividad asociada a la producción y usufructo del bien se articula como actor colectivo en función de un interés común: una comunidad. Desde el punto de vista de estos grupos, el recurso seguridad es claramente mejor gestionado por las comunidades de vecinos que por manos privadas o estatales. Eso lo transforma en un recurso de propiedad común, territorializado en el espacio urbano cerrado y administrado por un actor colectivo.

Las conformaciones de bien, territorios y comunidades son efectos complejos que emanan de la forma en que se abordó problema el seguridad urbana, marcada principalmente por la insuficiencia u omisión del actor público (Estado). La instalación espacial de este bien común (common) es claramente lesiva al bien público, dado que en pos de la seguridad de una comunidad, se restringen los desplazamientos de otros habitantes urbanos y se disminuye el espacio gestionado por el actor público. Su instalación cuestiona la validez de las nociones del espacio urbano no residencial como público y común (general). Sin embargo, para la teoría de los bienes comunes, lo común no es igual a lo general, puesto que lo primero funciona en torno a un principio de exclusión y no rivalidad en el consumo que lo segundo no puede permitirse.

Se señaló anteriormente que los recursos de propiedad común no definen por sí mismos agentes colectivos para su gestión, pero los requieren ante la inhibición del agente estatal. Lo que las prácticas en torno a la seguridad como recurso nos indican es que tales agentes colectivos no corresponden siempre a comunidades extensas, pero reconocen intereses en común (Foster, 2011). Nuevamente, nos enfrentamos a algo que podría ser público, como la seguridad urbana, pero cuyo reconocimiento y gestión por parte de comunidades urbanas demuestra que ya no lo es, a menos que sea reclamada su gestión por parte del Estado argumentando el carácter público del bien, como lo demuestra la actuación del Estado ante la inseguridad urbana en las ciudades afectadas por el terremoto de 2010.

LOS SAQUEOS Y LA SEGURIDAD URBANA PÚBLICA

Las actuaciones del Estado, sin embargo, han evidenciado un claro diferencial a la hora de intervenir. La noche del 24 de Septiembre de 2011, por ejemplo, un blackout del sistema eléctrico dejó sin energía a las seis regiones centrales de Chile durante dos horas[8]. Cinco minutos después de producida la caída eléctrica comenzaron los asaltos a peajes viales y supermercados (de gestión privada) en distintos puntos de la capital, en acciones no coordinadas. Veinte minutos después se apersonaba la fuerza pública (Carabineros y Policía de Investigaciones) en los lugares afectados[9]. Antes de cumplida la hora, el Ministerio del Interior instaló patrullas preventivas en todas las regiones afectadas, movilizando al conjunto de las policías. Sin embargo, debió pasar una hora para que el Ministerio de Energía diera noticias públicas sobre el evento al conjunto de una ciudadanía hasta ese momento desinformada, expectante e insegurizada.

El diferencial de tiempo en las respuestas no debe ser minimizado, toda vez que la ausencia del actor público contribuye a la instalación social del miedo y se torna recurrente en algunos sectores, privilegiando la protección de la gran propiedad privada. El día 11 del mismo mes, aproximadamente cien personas armadas de palos y piedras saquearon la Iglesia Santo Tomás Apóstol, de la comuna popular de La Pintana. Los saqueadores se llevaron muebles, equipos de amplificación y comida destinada a los más pobres del barrio, entre otras cosas. Todo ello ocurrió ante los ojos del sacerdote, sus feligreses, y los ojos de veinte carabineros armados y vestidos para combate urbano que custodiaban de punto fijo un supermercado ubicado frente a la iglesia, a escasos metros[10]. La respuesta posterior de Carabineros fue que la fuerza que custodiaba el supermercado pertenecía a otra comuna, pero ello no explica que agente de una fuerza de seguridad publica con circunscripción nacional hayan privilegiado la seguridad de bienes privados comerciales por sobre los otros. Casos como estos demuestran que es posible que el actor público omita su actuar y responsabilidad de provisión de seguridad urbana. Ante eso, el recurso -cuya necesidad es evidente- suele ser provisto por otros agentes, no necesariamente privados.

Más de un año antes, en los días posteriores al terremoto, los habitantes de los sprawls de las grandes ciudades vieron tomar forma a un temor distinto al del movimiento del suelo: los saqueos. Ante la desaparición de la fuerza pública (que custodiaba la gran propiedad privada debido a los saqueos masivos) se expandió en Santiago y Concepción el rumor sobre turbas que saquearían las casas. La forma y composición de la turba variaba según los miedos sociales de las comunidades: habitantes de la población vecina, bandas de delincuentes, los pobres de las villas cercanas daban cara a una otredad que atacaría en el medio de la noche. Los miedos podían ser recíprocos, como en el caso de los habitantes de la Villa Alto Palomares de Concepción, que esperaban una horda de la Villa Lautaro, mientras los de la Villa Lautaro esperaba una horda de Alto Palomares. Durante la tarde, los habitantes de ambas villas habían saqueado juntos bodegas cercanas, pero luego de eso cada uno tenía algo que temer: otro, menos favorecido económica y socialmente, lo que no es raro en el país más desigual de la región, vendría a arrebatar lo propio.

Los ribetes que alcanzó el fenómeno quedan retratados en el testimonio de Isabel Hernández, abogada de la fiscalía de Talca: “Yo vivo en un lugar muy tranquilo, fuera de Talca, que tiene cerca una población. Nunca ha habido un problema con ellos, pero resulta que al día siguiente del terremoto la presidenta de la junta de vecinos me tocó el timbre y me dijo: “Vienen”. “¿Quiénes?”, le dije yo. “Los de la población de en frente. Vienen ochenta personas en un camión esta noche. Así que nos vamos a vestir todos con camisas blancas para reconocernos, vamos a cerrar la entrada con el camión de un vecino y vamos a hacer turnos de guardia”. Mi marido le dijo: “No entiendo cómo tiene usted detalle del camión y del número de personas… si fueran a venir no creo que le hubieran avisado”[11]. En las semanas siguientes, esa fiscalía no tuvo ningún antecedente de saqueos a hogares.

Con todo, como sostenía William I. Thomas, si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias (1928: 572). Ésto, que se basa en la consideración de que una situación como tal existe en términos verificables y objetivos a partir de las personas interesadas en ésta, teniendo como sustrato factores que pueden ser considerados como previos, abstractos y subjetivos, implica que la situación es definida individualmente de acuerdo a la interacción que se produce en un contexto, o sincronía, determinada. En las situaciones que vemos, la interacción entre los vecinos (que sostiene a la breve articulación comunitaria), la interacción con una otredad (que define el tiempo de duración de la asociación comunitaria) y la interacción con la ausencia del Estado (que es lo que origina todo lo anterior) producen un contexto en que el miedo al otro y la inseguridad tienen las consecuencias de un peligro materializado, como recuerda Daniel Muñoz, capitán de Bomberos en Talcahuano:

“Todos aquí pensábamos que no pasábamos esa noche. La gente estaba como loca, se oían disparos todo el tiempo. Y de pronto las personas empezaban a gritar, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen”[12], pero nunca llegaron. Incluso, en un angustioso llamado radial del alcalde de Hualpén para que se envíen tropas militares para establecer el orden en su comuna, el edil afirmaba que “los delincuentes se han tomado la ciudad [...] ya no le tenemos miedo a los temblores sino a los delincuentes [...] pongan mano dura, si tienen que matar que maten”[13] aduciendo a las turbas que pululaban por la ciudad, que la municipalidad había sido saqueada y que los vecinos levantaban barricadas para defender sus hogares de los saqueos. De todo eso, sólo las barricadas fueron reales, sin duda también como reacción relatos como esos que no podía ser verificados y que eran emanados por una autoridad municipal.

Para Thomas, la comunidad resulta una conformación contextual elaborada por los individuos, vigente sólo en la situación, lo cual marca un giro respecto de sus compañeros de Chicago, que la definen como una condición de duración más persistente, estructural incluso, si se le asocia a determinadas configuraciones urbanas. Pero estamos frente a comunidades que se estructuran y definen a partir de una lectura sincrónica de la situación. Las guardias armadas y la terri-torialización del miedo y la inseguridad no durarán más que unos días; pero, durante ese tiempo, ante el colapso de las autoridades locales y nacionales, las interacciones territorialmente cercanas serán el principal refugio contra la inseguridad. Probablemente, ni siquiera se saludaban antes, pero en esos días hacen guardias juntos, cuidan de sus hijos, consiguen y comparten agua y comida. La comunidad y la gestión colectiva del recurso de la fuerza son la respuesta al vacío de la autoridad, en este caso al igual que en los ejemplos de Ostrom, los esfuerzos colectivos resultan más eficaces para producir el recurso en cuestión. Esto habilita a considerar las condiciones bajo las cuales un recurso como la seguridad urbana puede configurarse fundamentos de un recurso de propiedad común, entendiendo que común, en este contexto, no implica la generalidad y que por seguridad urbana nos referimos a seguridad en espacios urbanos acotados.

Finalmente, la llegada de los efectivos del ejército a las calles liberó a vecinos y comunidades de la gestión de la seguridad de sus hogares, las asociaciones perdieron sentido y desaparecieron producto de la desprivatización de la seguridad. En situaciones como las descritas, donde el actor público se mostraba ausente, los individuos y grupos tienden a actuar cooperativamente para producir un bien extinto: la seguridad urbana. Esta era amenazada, en el imaginario, por un peligro material: las turbas, que estaban configuradas geográfica o ecológicamente, si para el rico serán turbas de pobres de poblaciones cercanas, para lo pobres las turbas provendrán de la villa vecina. Era siempre un peligro topológicamente situado y cercano. Las variaciones respecto a la identidad de los posibles saqueadores también tenían relación con las interacciones de quien temía ser saqueado: no eran desconocidos, no venían desde lejos, eran personas con las que inte-ractúan todos los días, pero que no son reconocidos como parte de la propia identidad topológica, territorial. Por su parte, la seguridad buscada al igual que el miedo, expresaba cercanías, tenía rostros, brazaletes, remeras de colores, gorros de identificación; se improvisaban símbolos para expresar la conformación de una unidad social, de una comunidad, probablemente inexistente a menos que estuviera en el trance compartido de defender lo propiedad individual, enactada en un espacio urbano determinado: una villa, una población, un condominio. Ese espacio topológico era protegido por vecinos armados de palos, cuchillos, hachas y armas; que bloquearon los accesos y durante un par de días montaron turnos para hacer frente a una otredad que nunca llegó. En esto no hay ciudad, hay ciudades. Como sostiene Delfante, una ciudad es “la expresión de una sociedad concreta o, más exactamente de una ciudad formada por comunidades” (2006: 9).

MIEDO Y SEGREGACIÓN DE LA SEGURIDAD URBANA RESIDENCIAL

Los casos anteriores obedecen a situaciones en que, debido a la inhibición consensuada (cierres) o ausencia momentánea del actor encargado de la producción del bien seguridad, comunidades urbanas asumen la tarea de constituirse como actores y producir los elementos que articulan dicho recurso. En dicho proceso, comunidades urbanas de corta vida, gestionan colectivamente el recurso y se apropian de sus beneficios, tornándolo común (common) dado el régimen de propiedad bajo el cual se distribuye y usufructúa. Sin embargo, hay también otros casos en que la ausencia del actor público es persistente, afectando incluso la capacidad de las comunidades urbanas para producirlo y gestionarlo con grados de efectividad satisfactorios. Tales casos ha sido retratados por la prensa como abandono del Estado, lo que no así sino que se trata de una forma distinta de inhibición ante gestores privados que pueden ser calificados como antagónicos y mas agresivos respecto del actor público.

Durante el año 2009 el Centro de Investigación Periodística (CI-PER) publicó un reportaje acerca de ochenta poblaciones de Santiago dentro de cuyos límites el Estado de Derecho no tenía vigencia. Más de 660 mil personas vivían esa situación, lo que correspondía a más del 10% de los habitantes de la Capital[14]. “Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad”, caracterizaba el Subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende[15], aludiendo a que la falta de recursos urbanos (agua, luz, alcantarillado) explicaban una marginalidad que facilitaba que los sectores fueran gobernado por grupos y bandas de delincuentes. Para revertir esas formas de apropiación espacial señalaba Rosende que “el Estado tiene que poner no sólo el control policial, sino que debe generar espacios para que esa gente pueda salir a la calle con confianza y a determinada hora del día los puedan usar los niños, la tercera edad y los jóvenes. Eso requiere mucha coordinación y acción proactiva del Estado, las municipalidades y los vecinos”[16]. Ante tales declaraciones, pocos podrían acusar al actor público de desresponsabilizarse del problema, aún cuando es el principal gestor de esta situación.

Rosende asume como causa la precariedad de las viviendas sociales .fechando tal proceso en el periodo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979 (MINVU, 1981). Con ello, pareciera olvidar que tal acción es responsabilidad del mismo actor público que representa y elude decir que parte de las poblaciones mencionadas en el reportaje aludido son anteriores a 1979, como la población San Gregorio, de 1959 ,obra de la Corporación de Vivienda (CORVI) que contenía un diseño integrador (con escuela y consultorio internos) y que gran parte de las poblaciones de las que está hablando corresponden a los diseños urbanos implementados en los gobiernos de la Concertación. Rosende omite también que la fuerza pública que se niega o retrasa su entrada a dichos espacios urbanos está bajo el mando del ministerio del que es segundo a cargo. No es la precariedad de los servicios básicos lo que habilita que grupos y bandas se adueñen de sectores urbanos, sino la gestión urbana inicial del Estado y su inhibición en la acción posterior. Como el mismo subsecretario señala: “creo que influyen mucho las condiciones urbanísticas de una ciudad para facilitar la comisión de delitos. Esa forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas [...] y se generen situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido”[17] Tal perspectiva no es nueva, se encuentra también en los planteamientos de Hillier y Hanson (1984); Torres et. al (1994); Greene et. al. (2006); Hillier y Sabbaz (2009), autores largamente conocidos en las escuelas nacionales de planificación urbana, e implican cambios en el diseño urbano, escaso incremento de la dotación de carabineros, luminaria, inversión social, etc. De hecho, la ausencia más notoria del Estado no radica sólo en la ausencia de infraestructura social y seguridad urbana en la poblaciones sino -por sobre todo lo anterior- en su inhibición como voz en la proyectualidad de los espacios urbanos, que quedan en manos de los privados.

El resultado de lo anterior, como lo gráfica un nuevo reportaje del mismo CIPER, es que pese al discurso del subsecretario del Interior en 2009, para 2012 hay 83 -y no 80- poblaciones que viven al margen del Estado, se han producido tres conurbaciones de éstas y la población bajo esta situación se calcula ahora en más de 700 mil habitantes[18]. En este periodo, los diseños proyectuales de esas zonas no sólo no cambiaron, sino que más bien profundizaron su carácter segregativo, que es lo que permitió la conurbación. Es claro que, en este punto, el recurso no es sólo la seguridad en los espacios urbanos sino la gestión misma del diseño y el paisaje de las ciudades, dado el influjo que esto tiene sobre la producción de otros recursos urbanos. En este aspecto las comunidades urbanas también han apelado a incidir en su gestión.

La sensación de seguridad requiere de un gestión espacial, lo que la torna un recurso común es el carácter de esta gestión sobre el espacio. Los cierres de distinto tipo territorializan la seguridad y el peligro. El riesgo está fuera de ese espacio; de ello deviene también una noción objetual de la seguridad: el fetiche de la cámara y la reducción espacial del riesgo funcionan en ese código. La seguridad no puede dejar de ser considerada como un bien urbano; el espacio urbano no puede dejar ser considerado así, tampoco. Pero al territorializar la seguridad, al darle una espacialidad y una objetualidad determinada, la reciprocidad entre espacio urbano y seguridad se altera, invirtiéndose. Al poner en la balanza espacio urbano y seguridad, las voces públicas nos señalan que lo segundo es más valorado que lo primero. De hecho, por más de quince años, la seguridad urbana ha sido una de las tres principales preocupaciones de los chilenos.

Otro aspecto no considerado es el que tiene relación con el efecto moral de esta particular conformación de un bien común. El cierre genera dos espacialidades: hacia dentro está la comunidad, reconocida por sí misma y por la otredad por medio de la objetualidad de la frontera; hacia fuera está el resto, el destino social del principio de exclusión La gestión común pasa por la gestión del objeto y del territorio. La gestión arrebatada a lo público no es discutida por los agentes públicos que han elegido no producir la seguridad o que no son capaces de ello presupuestariamente. Por eso, vecinos sin experiencia ni conocimiento deben tomar decisiones sobre gestión de la seguridad allí donde lo público ha declinado. El cierre de los pasajes es la primera opción, la limitación del territorio del riesgo por medio de la limitación del territorio seguro. La instalación de los fetiches es lo que le sigue. No está claro que la vigilancia privada, las alarmas, las luces y sensores reduzcan efectivamente los asaltos a las viviendas, pero producen seguridad. Los costos son gestionados por segmentos comunalizados del miedo. No son comunidades en sí, pero tiene algo común que motiva una gestión en el espacio urbano.

BARRIO YUNGAY Y LA PRESERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO RESIDENCIAL

Dentro de los movimiento sociales surgidos como efecto de los procesos de renovación urbana, uno de los casos más emblemáticos es el desarrollado por los vecinos del Barrio Yungay Diseñado originalmente como una suerte de sprawl hacia 1840 y unido al paño céntrico de la ciudad por la construcción de Barrio Brasil hacia 1920, el Barrio Yungay contiene los restos de la última arquitectura de línea colonial (1810-1870), piezas claves de la arquitectura ecléctica de 1920 y de la obra moderna de 1940-1950, que han permanecido en pie a pesar de los variados movimientos sísmicos de Santiago. Su cercanía al centro de la ciudad y su impronta de sector residencial le ha hecho objeto de un particular fenómeno de gentrificación (o elitización) que ha sido resistido por los vecinos del sector, no tanto por el sentido clasista del proceso, sino por la alteración de la línea arquitectónica y al posibilidad del deterioro en la calidad de vida. De hecho, a diferencia de los procesos habitualmente considerados como de gentrificación (SoHo y Village en Nueva York, Palermo en Buenos Aires, East End en Londres, Poblenou en Barcelona, entre otros), en el proceso del barrio Yungay hay una escasa tendencia a la recuperación y reutilización de la arquitectura deteriorada y una clara preferencia por su reemplazo. En otras palabras, tiene que ver mucho más con “recuperar” suelos urbanos de gran valor desde el punto de vista inmobiliario, que con la puesta en valor del paisaje arquitectónico.

Esta tendencia distingue la experiencia de Barrio Yungay de otras comenzadas en el mismo periodo, como Avenida Italia y Bellavista, donde los proyectos de renovación urbana no alteraron la línea arquitectónica pero cambiaron el uso residencial de los inmuebles por uso comercial -como en Avenida Italia- o renovaron espacios internos ocupados por bodegas, como en el caso del Patio Bellavista. En este último, cuya instalación implicó un aumento del flujo de personas, el diseño fue co-gestionado por la agrupación de conservación patrimonial Ciudad Viva (Jadue, 2007), de forma que el proyecto no modificó inmuebles de valor patrimonial (Schlack y Turnbull, 2012). En ninguno de los casos se modificó el paisaje urbano ni se propició una gestión posterior del recurso por parte de los vecinos.

En el caso de Barrio Yungay, en cambio, la lucha de vecinos de distintas edades, ocupaciones y sensibilidades políticas por evitar la transformación del paisaje arquitectónico donde habitan fue coronada con éxito cuando en enero de 2009 el paño urbano fue declarado zona típica por el Concejo de Monumentos Nacionales, a partir de lo cual no pudo ser modificada su línea arquitectónica sin la venia de esa entidad. Esto alivió la presión por demoler y construir ya que desincentivó la inversión inmobiliaria por la restricción a la construcción en altura, lo que disminuyó el retorno económico. Como señalaba el gerente de estudios de una inmobiliaria, por las restricciones que impone el que el barrio sea “Zona Típica” y a factores de riesgo: “Los precios tienden al congelamiento, dado que el mercado más dinámico que se observa no es el de renovación y puesta en valor del sector, sino el de la renta informal a inmigrantes y gente de escasos recursos en cites y casonas” ,[19]

Para llegar a esto tuvo que manifestarse un enorme despliegue de la reflexibilidad de los vecinos del sector: hubo que presenciar en concreto la demolición de hitos urbanos referenciales, su constitución como comunidad organizada en torno al paisaje urbano; la sensibilización de actores asociados a la gestión urbana de la ciudad y constituirse a sí mismos como agentes urbanos, ostentando capacidades de gestión y mantenimiento del recurso urbano que defendían. El proceso implicó que, desde la habitual reunión de vecinos preocupados por las inconsultas transformaciones que se le hacían al paisaje urbano, la organización fuera produciendo distintos dispositivos de acción que la tornaran más efectiva en función de sus metas, lo cual fue puesto en juego los días posteriores al terremoto de 2010.

Fue en el contexto de esta catástrofe mayor que la organización debió disputar y superar la capacidad de ayuda y gestión urbana del capital privado y del actor público, en este caso, la Municipalidad de Santiago. Para esto, contaban con un capacidad operativa acumulada en la Fundación Patrimonio Nuestro, la Escuela Taller Fermín Viva-ceta, el Centro Cultural El Sitio de Yungay y una red de alianzas con universidades, fundaciones y centros culturales del sector que permitieron una rápida y extensiva recopilación de datos, elaboración de diagnósticos y planes de acción, recopilación de ropas y alimentos y defensa de los inmuebles territoriales. Tal despliegue puso en evidencia una capacidad de gestión humana y técnica inédita en una organización vecinal de este tipo, que prácticamente suplió al municipio en la recuperación de viviendas desde una capacidad propia y autoges-tionada (la Escuela Taller)[20]. En los meses siguientes, colaboradores de la organización trabajaron para elaborar un documento que fijara los parámetros para restauración, su aceptación por parte de Concejo de Monumentos y del municipio reforzaron el papel gestor que la organización de vecinos tomó respecto del bien en cuestión[21], dada la inhibición del actor publico a intervenir en estas materias[22].

Sin embargo, estos avances nunca son duraderos y Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay debió velar porque el mismo actor público (Concejo de Monumentos y la Municipalidad) no autorizara demoliciones de casas patrimoniales que habían sido compradas por inmobiliarias y que solicitaban el permiso por el “mal estado de conservación”[23]. En este caso la gestión del recurso paisaje urbano es continuamente tensionada, poniendo una y otra vez en cuestiona-miento la naturaleza de su propiedad, debido a que se encuentra imbricado con otro recurso: el suelo urbano, que puede ser de propiedad privada o de propiedad pública. La declaración como zona típica del sector, que favorece la consideración del recurso como de propiedad-común, no fue iniciativa del actor público sino de la comunidad; por lo mismo este actor es renuente a ser activo en la defensa del concepto zonal y es más proclive a favorecer la gestión natural de la propiedad privada. Una vez más, es la inhibición de Estado en resguardo del bien público lo que motiva la movilización comunitaria y la conformación del bien común en los contextos urbanos. 

El caso del Barrio Yungay no es el único, aunque sí el más avanzado respecto a lo que implica la gestión de un bien común urbano puesto que no sólo logra situar el bien de propiedad común en el paisaje urbano, sino que además su comunidad organizada logra estructurar la capacidad humana y técnica para gestionarlo. Sobrepasa el simple reconocimiento colectivo del bien, persiste en gestionarlo y es capaz de reproducirlo, configurando la forma clásica asociada a la producción de un bien común (commons). Otros casos serán menos claros en estos aspectos, sobre todo, los referidos a otras situaciones asociadas al paisaje urbano en tanto bien de propiedad común

TALCA Y LA PRESERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO CÉNTRICO

Para Talca el terremoto de febrero de 2010 significó la destrucción de gran parte de la arquitectura de su paño central, un paisaje urbano centenario que había logrado permanecer inalterado a pesar de las presiones inmobiliarias por ocupar el suelo del corazón urbano (Lete-liery Boyco, 2011: 33 ss.). El terremoto cambió esa situación al echar abajo las antiguas casas junto con el precio de sus suelos, y abriendo un debate sin precedentes de cómo gestionar el paisaje urbano más significativo de la ciudad. A diferencia de lo ocurrido con otros centros urbanos destruidos en la catástrofe, donde el rediseño urbano fue entregado a la conducción de grandes empresas con inserción local y académica, como los de Constitución (Arauco/Elemental)[24] y Talca-huano (Concesud)[25], en Talca el Concejo Municipal aprobó la constitución un Consorcio Técnico, integrado por entidades técnicas locales sin fines de lucro[26] para elaborar una propuesta que privilegiara la participación ciudadana y la empresa local. Una de las características de las instituciones componentes del Consorcio era que la inserción que cada una de ellas tenía en el ámbito local superaba los quince años de trabajo con las mismas organizaciones en que se agrupaban los afectados por el terremoto, lo cual permitió sumar a la idoneidad técnica una importante legitimidad en una población que habría de ser llamada a un diseño participativo a gran escala.

Otra característica es que su constitución provenía del fracaso del Comité Comunal de Emergencia, que por ley expresaba al conjunto de actores de la sociedad local y que sólo sesionó tres veces, a pesar de las exigencias de los concejales y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Tal situación dejó una mesa de actores locales convocada por el diario El Centro como el espacio más integrativo de discusión sobre la planificación urbana post catástrofe. Esta instancia, a la que se integró también la Municipalidad, sesionó en quince oportunidades, dentro de las cuales se conoció y aprobó un Plan Maestro de Talca y se asentó la legitimidad social de la institucionalidad de la reconstrucción (Corporación de Desarrollo) que implicaba alianzas públicas y privadas.

A pesar de que su naturaleza puede considerarse como proveniente de la sociedad civil, sus frutos simplemente solventaron las debilidades de conducción que mostraba el actor público (tanto el Municipio como el Gobierno Regional), lo cual le hizo ir perdiendo actores significativos, como el capítulo local del Colegio de Arquitectos. Así, la aprobación de la Corporación de Desarrollo, que fue levantada por la inmobiliaria El Bosque del grupo económico Hurtado Vicuña, obtuvo una fuerte crítica de parte del Colegio de Arquitectos, ONG y la ciudadanía lo que se materializó en recursos de anulación presentados por dichos actores y en el retiro de la instancia del mismo actor convocante (el diario El Centro).

El golpe de gracia a estas iniciativas de participación en la planificación urbana fue dado por el mismo Alcalde de Talca, Juan Castro, cuando el 23 de abril de 2010 anunció que el Plan de Reconstrucción Estratégica de Talca quedaría en manos de la inmobiliaria El Bosque del grupo Hurtado Vicuña[27]. La decisión causó sorpresa, tanto porque la empresa inmobiliaria está ligada a Constructora Aconcagua, una de las empresas que entregó públicamente fondos a la campaña presidencial del Presidente Pinera de 2005[28], como porque echaba por tierra el esquema participativo local de la propuesta desechada y menoscababa una decisión del Concejo Comunal. Por demás, se privilegiaba la lógica de expansión urbana por sobre la recuperación patrimonial.

El giro en la opinión y acción del actor público fue sustentando en una decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional de Talca y en la municipalidad, argumentando que “el proyecto busca preservar la imagen urbana de la capital del Maule, donde predominaban las casas de fachada continua y arquitectura colonial. El diseño de las viviendas será desarrollado por la consultora de arquitectura y urbanismo Polis, que será financiada por la empresa El Bosque S.A., ambas firmas vinculadas al desarrollo del Plan de Reconstrucción Estratégico-Sustentable de Talca” (MINVU, 2010). Finalmente el plan se enfocó principalmente en subsidios sin el énfasis exigido en la recuperación de barrios patrimoniales y en el fortalecimiento de las identidades locales de los paños céntricos (Letelier y Boyco, 2011:44).

Si bien los actores locales insistieron en su inclusión en las decisiones urbanas, ganando espacios en las instancias de diseño, la acción del actor público, que esta vez no se inhibió en su capacidad legal de gestión, colaboró para que no se articulara la noción del paisaje urbano como un recurso común y para que no prosperara la discusión pública sobre gestión urbana que se prefiguraba al principio. Esto puede encontrar diversas explicaciones de interés para la consideración de los bienes comunes urbanos, pero sin duda, aquella que implica la relación entre reconocimiento del bien y regímenes de propiedad es la más significativa.

Para ello hay que considerar que la situación retratada se dio un contexto de emergencia urbana donde la pérdida de bienes urbanos a nivel público privado y común fue múltiple. Eso obligó a una prioriza-ción de bienes a resguardar. Como se vio en el caso del bien urbano de la seguridad, en estas situaciones los bienes que tienen regímenes de propiedad privada obtienen prioridad para los actores individuales. Si el actor público se inhibe o se muestra incapacitado para la provisión del bien y los actores individuales fallan en el mismo sentido, se configuran actores colectivos o comunidades por consecuencia lógica de lo anterior. Algo similar ocurrió en el caso del Barrio Yungay, donde el bien paisaje estaba asociado tanto a la persistencia de una forma de ciudad (arquitectura patrimonial) como a formas de interacciones y de reproducción de lo social (formas de vivir la ciudad) cuya persistencia es reciproca con el diseño urbano que defienden. En ambos modelos de casos, la conformación de comunidades articuló un régimen de propiedad distinto al público y al privado como forma de resolver la provisión del bien reconocido como necesario.

En el caso de Talca el bien paisaje urbano o patrimonial no logró ser articulado y reconocido por los actores como una necesidad debido a la presencia de otras prioridades que pueden ser resueltas bajo regímenes de propiedad pública o privada. En esto incide centralmente la presencia de incentivos individuales puestos en juego por el actor público y privado (subsidios, compra venta de terrenos, entre otros) que apelan a una solución de las necesidades dentro de regímenes de propiedad privada. Dado que lo que impera es una relación entre privados (agentes inmobiliarios y damnificados, o gobierno y damnificados), se desincentiva la configuración de comunidades como mecanismo de obtención de bienes. Ello no quiere decir que no haya existido una configuración comunitaria inicial. De hecho la hubo, pero no persistió como mecanismo eficiente.

Tanto la obtención de subsidios como la negociación con agentes inmobiliarios fortalecen una lógica individual de resolución de problemas (Letelier y Boyco, 2011: 53). Con ésto como centro, el recurso paisaje urbano no sólo no es reconocido como prioridad sino que, por consecuencia, tampoco es defendido. Ésto demuestra que sin la articulación de una comunidad en torno al bien como mecanismo eficiente ante la ausencia del actor público y la insuficiencia del actor privado el entramado social que permite la configuración de un recurso de propiedad común en un contexto urbano es imposible. Variables como las propuestas por Kassa (2008) respecto al uso común y la gestión cultural del common urbano, muestran su debilidad explicativa en casos como éste.

CASTRO Y LA PRESERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL

Otra situación similar se desarrolló en la instalación de un malí en la ciudad chilota de Castro. La ciudad tiene una arquitectura particular que es reconocida como paisaje patrimonial por la UNESCO, pero también sufre de aislamiento producto de su ubicación en el extremo sur de la isla de Chiloé. En tal contexto la instalación de un malí no sólo era vista como una oportunidad comercial sino también como una forma objetual de integración, ya que casi todas las ciudades medias y grandes de Chile cuentan con espacios similares. Habitual-mente este tipo de edificaciones se ubican en paños periféricos de las ciudades, lo que les permite adquirir escalas de cinco a seis pisos. El crecimiento urbano los “cubre” posteriormente provocando un impacto arquitectónico acotado en el paisaje urbano. Por demás, sus diseños son internamente inclusivos, sin luz natural por el daño que ésta puede provocar en los objetos en venta y su materialidad es estándar. En ciudades cercanas, como Osorno y Valdivia, su construcción ha ocupado paños céntricos, pero su volumen ha sido reducido para no impactar en la escala urbana. No fue así en Castro, ni lo es el proyecto para el muelle Barón en Valparaíso, lo que originó una discusión pública en torno al paisaje urbano en contextos donde éste constituye o ha sido reconocido como patrimonio extra local.

En el caso de Castro las instancias públicas habían aprobado un proyecto que originalmente produciría poco impacto en el paisaje urbano, sobre todo tomando en cuenta que se instalaría a pocas cuadras de la catedral de la ciudad que es, por derecho propio, Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Sin embargo, las fotografías que comenzaron a circular en marzo de 2012 mostraban que la edificación sobrepasaba la escala del casco costero y que su materialidad era dis-ruptiva con el entorno arquitectónico.

La ola de críticas provino de actores públicos nacionales, de ministros[29] y del Colegio de Arquitectos, que movilizaron la opinión nacional en contra de una construcción que ya se encontraba suficientemente adelantada como para que no quedarán otras modificaciones aparte de la demolición. Por su parte, los inversores privados tomaron nota de la situación mostrándose también en contra del efecto que la obra produciría al paisaje urbano de la ciudad[30]. Presionado por el nivel nacional, el actor público local (municipio) paralizó las obras de construcción en virtud que la obra no estaba cumpliendo con las normativas para su edificación lo cual llevó a judicializar el tema[31]. En los mismo días UNESCO oficiaba al Estado de Chile para informar sobre el daño al patrimonio arquitectónico, soslayando la amenaza de decretar a la Iglesia San Francisco (catedral) “patrimonio en riesgo”[32].

En Castro, la discusión giraba desde el efecto al paisaje urbano patrimonial de la obra hacia los beneficios de inclusión cultural y laborales que tendría el malí. Esto es significativo si tenemos en cuenta que ni el reconocimiento del recurso de propiedad común, alojado en la defensa del paisaje patrimonial urbano ni la consecuente oposición a la obra fueron lo suficientemente masivos para sobrepasar otra noción común, la de la ciudad como un recurso de inclusión cultural. Esto queda graneado en varios episodios y opiniones. Uno de ellos es una protesta convocada por la agrupación Ciudadanos por Castro, que organizaron un atochamiento vial (“embotellamiento patrimonial”) para demostrar el efecto que tendría el malí en la movilidad urbana. Para ello se movilizaron en cien autos que provocaron un embotellamiento en las calles centrales de la ciudad. Bajo la cruenta lluvia que caracteriza la zona, cuarenta vecinos y dirigentes sociales con globos y pancartas coparon las veredas para defender el malí. La imagen habla por sí misma: a un lado, los defensores de un tipo de common asociado a la defensa patrimonial ya la gestión urbana.protestaban desde y con sus automóviles; al otro lado, los defensores de otro tipo de common, de la ciudad como un forma de inclusión cultural, de a pie y bajo la lluvia. Unos planteaban un problema sobre la forma e incumbencia de la obra, los otros sobre su contenido.

La diferencia entre la naturaleza de ambas nociones queda manifiesta en las palabra de Armando Salinas y Orfelina Rain. Salinas, de Ciudadanos por Castro, sostenía “no queremos esta magnitud de malí aquí en este emplazamiento; este malí podría estar fuera de la ciudad. Hemos visto el atochamiento y esto es lo que va a pasar, porque no hay medidas de mitigación, y esto es grave”[33]. Por su parte, Orfelina Rain señalaba: “No estoy de acuerdo con los ricos que no quieren que la gente humilde progrese. Quiero que Castro avance”[34] La demanda de Rain no es aislada y articula, como señalábamos, una noción de lo urbano como recurso de inclusión cultural: “la ciudad permite espacios como el malí, si la mayoría de las ciudades lo tienen, ¿por qué Castro no?”

Esta situación fue recogida en una crónica del escritor Marcelo Simonetti, realizada casi un mes del “embotellamiento patrimonial”. Por esos días ,en una consulta municipal un poco más de cinco mil personas habían manifestado su acuerdo con el malí[35]: “Lo que le preocupa a Elsa Cárdenas es cómo habrá de subirse a la escalera mecánica. Y, más todavía, qué habrá de hacer una vez que llegue arriba. Lo dice con la ingenuidad que le dan sus setenta y seis años, y con la lluvia benigna que cae sobre todo Dalcahue; también encima del gorro de lana verde que lleva puesto [...] Para ella, el malí es un derecho, aunque ahora las obras estén interrumpidas [... ] “Si Santiago y Puerto Varas tienen uno, ¿por qué nosotros no?”, dice con el ceño fruncido”[36]. En la misma Dalcahue, una caleta pequeña ubicada a 20 kilómetros de Castro, Simonetti recoge otro testimonio, esta vez de Marisa Duran, vendedora de productos marinos en la feria: “El malí de Castro ni lo conozco, pero me alegra que se construya. Iré a verlo apenas lo terminen [...] Cómo no, si ahí podremos encontrar precios más bajos y ver cosas nuevas. ¡Si no nos podemos pasar la vida mirando puras lanchas!”. Ante un transeúnte que le advierte que en el malí le obligaran a sacarse la manta que lleva puesta y ponerse ropa elegante, Duran responde: “¡No, caballero, el malí va a ser para la gente humilde!”[37].

La controversia entre la forma y el contenido de la intervención urbana que implicaba la obra es desde lejos de fácil solución, ya que ninguna de las partes está de por sí en contra del malí, y lo más probable es que la situación se resuelva en arreglo a ambas demandas, pero su existencia permite apreciar que dos nociones sobre recursos comunes urbanos pueden estar enfrentadas, volviendo a traer a la mesa el concepto de no rivalidad que pueden ostentar los bienes públicos pero no los bienes comunes. En este sentido, la ciudad se muestra como un espacio heterogéneo de regímenes de propiedad donde lo común puede estar latente pero siempre puede ser puesto en entredicho.

REFLEXIONES A PARTIR DE LOS CASOS ESTUDIADOS

PRECISIONES SOBRE LAS NOCIONES DE RECONOCIMIENTO Y COMUNIDAD Y SOBRE LA INCIDENCIA DEL CONTEXTO NEOLIBERAL

Como se podido apreciar, el espacio urbano contiene una arquitectura de complejas cercanías entre bienes con distintos regímenes de propiedad. Si bien en la ley los regímenes de propiedad están reducidos a públicos y privados, la sola perspectiva legal no impide la posible constitución de un régimen de propiedad común. Esta posibilidad se abre cuando una comunidad se constituye como colectivo de reconocimiento y gestión de un bien urbano tras la inhibición del actor público en ese proceso y la insuficiencia o desinterés de los actores privados para proveerlo. Dicho en otras palabras, un bien común urbano no existe sin su reconocimiento como recurso por parte de un colectivo que, reconocido a su vez como comunidad, le aplica un régimen de propiedad común. Esta fórmula, útil para distinguir sobre todo un bien público de un bien común urbano, pero también para entender como recursos que operan bajo regímenes de propiedad privada pueden configurarse como bienes comunes, requiere de precisiones conceptuales respecto a las nociones de reconocimiento y de comunidad urbana. Esto se debe a que noción de reconocimiento ha sido discutida sólo desde el ámbito de lo individual y, lo que se apreciado en los casos no es resultan también adecuadas para describir procesos de conformación colectiva; y para la noción de comunidad urbana se ha privilegiado una representación estable y estructural, cuando lo que los se ha visto es que tiene fundamentos más bien perspectivos y variables.

La noción de comunidad que se muestra más útil al estudio de los casos de bienes comunes urbanos es la que se establece como una conformación sincrónica, no porque no existan casos en que esta configuración persista sino más bien porque existen casos en que la persistencia no se produce. En tal sentido, y en línea con la noción de reconocimiento, la comunidad tiene tanta relación con las ideas de percepciones, conciencias o representaciones colectivas como con la idea de un tipo de vínculo establecido a partir de la interacción de los individuos. Se propone una perspectiva de comunidad explicada a partir de la comunalidad de percepciones, representaciones e intereses de los individuos, ubicada espacialmente en la ciudad, por sobre una noción que la describa como un constructo estable y estructural. Lo importante es subrayar que, al nominar un configuración colectiva como una comunidad, lo que se está afirmando y describiendo es un tipo de relación espacial entre individuos que expresa un interés común (Anderson, 1965: 43) y una comunalidad de percepciones en un contexto urbano. Si se considera que lo común es tan performativo como lo económico (Callón, 2006), habremos de caer en cuenta que requiere de agentes y espacialidades que les otorguen vigencia. En tal caso, la noción de comunidad puede efectivamente estar ausente, en tanto discurso o agente unívoco, pero no en tanto realidad práctica. En este punto es donde muestra su utilidad el reconocimiento como constituyente de un configuración performativa que podemos denominar como una comunidad urbana.

El reconocimiento de un bien tiende a estar dado por la conciencia de su falta o menoscabo por parte de actores individuales. Ésto puede ser percibido como un menoscabo o herida moral en términos de un derecho (Taylor, 2001; Honneth, 1997, 1999, 2006) o como menoscabo en la apropiación de un recurso considerado necesario (injustica social) (Fraser, 2006). En el primer caso, se trata de acciones que in-tencionalmente menoscaban el bienestar de un aspecto esencial de los sujetos y que constituyen injusticias morales. El tránsito hacia lo colectivo está mediado por el dispositivo moral, que se articula so-cialmente en una forma normativa, dado que la “moral representa la esencia de los criterios que estamos obligados a asumir recíprocamente para asegurar en común las condiciones de nuestra integridad personal” (Honneth, 2006: 182). Así, la constitución de una comunidad en torno a la lucha por reconocimiento de un bien es parte del conflicto por el reconocimiento de sí misma como objeto del menoscabo. En el segundo caso, Fraser (2006) sostiene que no se puede separar los fenómenos del reconocimiento moral de los fenómenos de distribución de recursos, dado que ambos implican el problema de la justicia social. Si el problema del reconocimiento de un bien está relacionado con el menoscabo, también es originado en la percepción de una distribución injusta, ya sea que ésta afecte a las cantidades apropiables del recurso, las decisiones de su producción o las decisiones sobre su apropiación. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de un bien tiene también una fase negativa asociada al déficit de apropiación del recurso percibida por los individuos, Si esta percepción es comunali-zada, es posible la constitución del colectivo que luche por una mejor distribución del bien en cuestión.

Considerando ambas perspectivas sobre el dispositivo de constitución social de un bien, es posible sostener que ya sea que opere la percepción del menoscabo moral, la percepción de distribución injusta del recurso, o ambas, la lucha por el reconocimiento de la comunidad no puede sino ser originada por la comunalización de las perspectivas individuales. Como sostiene Bauman, “siempre que se plantea la cuestión de reconocimiento es porque una determinada categoría de gente se siente victima de una privación relativa y considera que esa privación es inmotivada” (2003: 76).En lo que refiere a los bienes comunes urbanos, el reconocimiento de un recurso como bien, ya sea por menoscabo moral o por injusticia en su distribución, es el dispositivo que origina su constitución social y la del actor colectivo que lo demanda, por tanto funciona como constituyente del bien y de la comunidad al mismo tiempo.

INCIDENCIA DEL CONTEXTO NEOLIBERAL EN LOS BIENES COMUNES URBANOS

Como hemos podido apreciar en los casos revisados, para el reconocimiento de un bien sobre el que es deseable que impere un régimen de propiedad común es necesario que el actor público inhiba su acción y que los actores privados sean incapaces de proveerlo por sí mismos. Desde una perspectiva legal ésto implica dos cosas: la primera es la existencia de un argumento para la inhibición del actor público, ya que por naturaleza no debiera constreñir su ámbito de acción sino, por el contrario, tender a su expansión (Foucault, 2010: 219); la segunda es una consideración genérica sobre la naturaleza individual del actor privado, que es lo que permite suponer que cuando hablamos de actor privado hablamos de individuos, en términos biológicos, morales y legales, cuando en realidad sólo lo hacemos en términos legales. Esto conlleva a que el argumento para la expansión del ámbito de lo privado, trafique como derecho moral de los individuos lo que en realidad son menoscabos a la igualdad moral o, por lo menos, no se considere la desigualdad económica como constitutiva de lo moral, como puntualiza Fraser (2006). En el caso chileno, el argumento para la inhibición del actor público se encuentra en el principio de subsi-diariedad, reorientado por el principal constituyente (Jaime Guzmán) hacia la minimalización de la acción del Estado y una interpretación sobre-individualista del derecho de propiedad (Cristi, 2000:14) que es uno de los fundamentos del modelo neoliberal implantado en Chile.

Los efectos de ésto, para el caso del espacio urbano chileno, se materializaron en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979 (MINVU, 1981), que declaró el suelo como un bien no escaso. Con ello la expansión urbana, la planificación y significación del espacio urbano quedaron a merced de la capacidad gestora y operativa del Mercado. Por cierto, el suelo es un recurso escaso y prueba de ello es la expansión de Santiago sobre la base de continuos cambios en la legislación de uso de suelos agrícolas y la corrección a la PNDU de 1979 que oficia el Decreto Supremo 31 de 1985, que vuelve a reponer la noción del suelo urbano como bien escaso y que la libre iniciativa y el mercado deben sujetarse a la planificación estatal. Sin embargo, la ventana legal abierta entre 1979 y 1985 tiene como fruto el acaparamiento de terrenos por parte de los actores privados (inmobiliarias). Además, la corrección de 1985 no coloca en duda la aplicación del principio de subsidiariedad.

La urbanización de mercado ni ha producido ni ha mejorado el espacio público o el uso del espacio en general. Es más, ha generado una dependencia del automóvil ante la debilidad del transporte público, llevando consigo la pérdida de fértiles terrenos agrícolas y el aumento de la segregación social (Ducci, 1998). A pesar de esto, el Estado ha insistido en la expansión geográfica de Santiago sin discusión pública. Éste es quizá el principal efecto del actual modelo estatal: la separación del Estado respecto de lo público en el espacio urbano. Como señala Daher, “más que el mercado, ha sido el Estado el gran responsable del proceso urbano de apariencia liberal” (1991, 295). La inhibición del Estado en la intervención del espacio urbano (vías, transporte y urbanización) es, irónicamente, la mayor intervención del Estado en lo urbano, pues des-administra públicamente la ciudad (Ibid.: 298). Ésto coincide con lo que Bollier denomina “una falla sistémica del neoliberalismo” (2008: 32) e implica no sólo una práctica propia del Gobierno sino del Estado, toda vez que el principio de subsidiariedad, consagrado constitucionalmente (Ruiz Tagle, 2006), lo alienta, e inhibe cualquier regulación.

Esta particularidad del Estado chileno ha motivado la formación de distintos tipos de organizaciones locales, articuladas en pos de inclusión en la planificación urbana y la defensa del patrimonio urbano como contraparte social del proceso de privatización. Si bien se ha desarrollado cierta capacidad técnica a nivel de las organizaciones que defienden zonas de interés patrimonial, ésto no ha llegado a considerar el espacio urbano como un recurso común (urban com-mons) que debe ser manejado y protegido (Hess y Ostrom, 2006: 7). Tampoco se cuenta con sistemas de información que colaboren con el reconocimiento y gestión de las externalidades de estos recursos. En parte, ésto se debe a un problema de reconocimiento de los recursos comunes como tales (conceptualización) con bases en la pobreza de la literatura sobre el tema y debido, por otra parte, a que la institucio-nalización de éstas iniciativas es todavía reciente.

Lo anterior es significativo, pues constituye el marco en que las experiencias, significados y discusiones sobre los bienes comunes urbanos se desarrollan en el caso chileno, marcadas por la retirada del ejercicio público. Cabe señalar que el principio de subsidiariedad, que es parte también de las doctrinas comunitaristas. En sí mismo, no determina la inhibición del Estado. Por el contrario, dentro del marco de este principio, éste puede fomentar la formación de comunidades, sin perjuicio de su celo por los bienes públicos. En el caso chileno, una interpretación radical del principio es utilizada como argumento para que el Estado se deba a la empresa privada, más que al ciudadano de a pie.

El actor público (Estado y municipios) ha demostrado persistentemente inhibir su celo por la protección de los recursos bajo su régimen de propiedad y gestión, lo que es posible contar en los diseños de los Planes Reguladores Urbanos, como el de la Región Metropolitana (PRMS-100) que planteaba una expansión de 10.500 hectáreas en 8 comunas periféricas, cuya gestión urbana estaría a cargo de inmobiliarias privadas en las denominadas Zonas Urbanizables Condicionadas y que fue detenido por la Contraloría General de la República[38]; o como la modificación del Plan Regulador de Castro, por parte del Municipio para habilitar la construcción de un maü[39]; como la concesión de la gestión de treinta parques y reservas naturales por parte del Estado[40]; el arriendo de tierras fiscales[41]; o la posible enajenación privada de quince mil hectáreas debido a la pérdida de su estatus de bien de uso público por un error del Ministerio de Vivienda y Urbanismo[42]. Estos casos, entre otros, retratan una práctica del actor público que aplicada a otros recursos urbanos ha motivado la conformación de comunidades en su entorno y su reclamo como propiedad común.

TENDENCIAS ESPECÍFICAS Y GENERALES A PARTIR DE LOS CASOS DE BIENES COMUNES URBANOS ESTUDIADOS

Desde los resultados del estudio de casos podemos señalar conclusiones referidas tanto a lo específico del problema de los bienes comunes urbanos como a las principales tendencias que pueden desarrollarse a partir de la situación actual. En lo que refiere a lo específico, es posible señalar tres elementos significativos que han de tenerse en cuenta en posteriores aproximaciones a casos de bienes comunes urbanos. El primero de estos elementos es la condición variable de configuraciones comunitarias, de lo cual se deduce que el ejercicio de territoriali-zación, o de ocupación espacial, es también variable en su forma y duración, y que la condición comunitaria esté afecta a intensidades. Ello implica que para efectos de focalizaciones espaciales, de estudios o políticas públicas, los territorios urbanos pueden ser dibujados a partir de la intensidad variable de la comunidad que se aduce contienen.

Un segundo elemento tiene relación con el significado social que está asociado al reconocimiento de un bien común urbano. A diferencia de otros recursos considerados como de propiedad común, la articulación de bienes comunes urbanos no sólo está asociada al contexto espacial en que se producen las comunidades que los reconocen como tales; en el caso chileno el configuración de un common esto es posible por fallos en el Estado en la preservación y provisión del recursos públicos, producto de la inhibición de su acción. El surgimiento de commons urbanos puede indicar que la actual aplicación del principio de subsidiariedad está resultando lesiva tanto al bien público como al bien común general. En los casos estudiados, el reconocimiento de un common no es general y no implica universalidad en su apropiación. Más bien, hereda la forma de ocupación espacial (segregativa o inclusiva) que expresa la ciudad. En tal sentido, la nominación y/o gestión de un recurso urbano como un common, alerta de que la provisión de ese recurso no está asegurada de forma general e igualitaria, lo que puede indicar un problema de justicia social.

El tercer elemento es la condición de la ciudad como espacio recursivo en que bienes comunes urbanos pueden entrar en rivalidad, no por el régimen de propiedad sino por ocupación del espacio urbano. La implicancia de esto constituye un argumento para la entrada del actor público, tanto para resolver controversias como para gestionar la no rivalidad entre recursos de propiedad común.

Estos tres elementos específicos dan pie para proponer dos posibles tendencias de nivel general para el desarrollo de los bienes comunes urbanos para el caso chileno. La primera tendencia, que apunta al surgimiento de nuevos commons, es la que se organiza en torno a los bienes comunes urbanos de soporte vital, latente pero todavía incapaz de establecer luchas por el reconocimiento sobre territorios, propiedad y gestión de recursos, y por tanto sin condiciones de organizar conformaciones comunitarias. Este tipo de recursos contiene el problema de la rivalidad en el uso, por lo cual debiera gestarse al recurso común de seguridad urbana. Cabe señalar que si bien se detectaron alguno casos de este tipo en la revisión inicial (en Santiago, específicamente), al no contar con notoriedad pública no fueron considerados en los casos finales. Es posible suponer que sea la rivalidad la que dispare esta notoriedad y con ello se despliegue la discusión sobre la propiedad del recurso. La segunda tendencia de incremento de la rivalidad entre commons urbanos, está asociada a la condición de la ciudad como espacio de provisión y competencia por recursos. Tal escenario podría configurarse si se siguiera inhibiendo la participación pública en el diseño urbano y si se persistiese en dejar el asunto en manos de los privados, que son siempre agentes inmobiliarios. En el caso chileno, esta tendencia tiene altas probabilidades de expandirse, sobre todo por el papel que están jugando los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en orden de expandir y no densificar las ciudades chilenas. El asentamiento de estas condiciones permite la inhibición del actor público en la provisión de algunos recursos, el subsecuente reconocimiento recursivo por parte de conformaciones comunitarias y el incremento de la posibilidad de rivalidad espacial. En otra palabras, más que de un escenario en que los recursos comunes producen integración, se trata de un escenario de recursos por los que se compite.

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Sociólogo, Magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Mo¬dernización, Universidad de Chile. Doctorando en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Becario Doctoral CONICYT. Docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad ARCIS y de la Escuela de Arquitectura Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Colaborador Centro de Estudios Arquitectónicos, Urba¬nísticos y del Paisaje (CEAUP) Universidad Central de Chile.↵

Un ejemplo de esto es posible de apreciar en esta entrevista a Rosario Carvajal, vocera de la organización Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay: "A Rosario Carvajal la han acusado de oponerse al progreso en más de una ocasión. Ella responde con dos fotos y una pregunta. En la primera aparece el extremo del pasaje donde vive -Hurtado Rodríguez- que da a Compañía. Al fondo se ve una noble casona azul y está fechada en 1999. La segunda se tomó una década después, tiene exactamente la misma perspectiva, pero en lugar de la casona se ve un estacionamiento corriente y gris. "¿De qué progreso me hablan?", dice Rosario". En "Vecinos Empoderados"., diario El Mercurio, 12 de mayo de 2012.↵

Ver, "Vecinos están de las mechas por muro que separa dos villas". Diario Las Ultimas Noticias, 13 de octubre de 2012.↵

Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades del 26 de julio de 2006↵

Ley N°. 20.499. "Regula el cierre de Calles y Pasajes por motivos de seguridad ciudadana" del 08 de febrero de 2011↵

Ver, "Decisión del TC sobre cierre de pasajes complica a alcaldes". Diario La Tercera,24 de enero de 2010.↵

Ver, "Alcalde de La Florida pidió al Gobierno más plazo para resolver cierres de pasajes". Terra, 08 de febrero de 2012.↵

Ver, "Apagón afecta a 9,8 millones de personas y revela falla del sistema". Diario La Tercera, 25 de septiembre de 2011.↵

Ver, "Más de 200 personas saquean supermercado en Quilicura y menor queda herido a bala". Diario La Tercera, 25 de septiembre de 2011.↵

Ver, "El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago". Centro de Investigación Periodística (CIPER). 22 de octubre de 2012.↵

Ver, "Saqueadores post terremoto II: La horda que nunca llegó a las casas". Centro de Investigación Periodística (CIPER). 19 de julio de 2012.↵

Ibid↵

Ver, http://www.youtube.com/watch?v=YKrnOxRVUio↵

Ver, "Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago". Centro de Investigación Periodística (CIPER). 20 de julio de 2009↵

Ver, "Patricio Rosende: Las bandas hicieron desaparecer la estructura social de las calles". Centro de Investigación Periodística (CIPER). 20 de julio de 2009↵

Ibid.↵

Ibid.↵

Ver, "El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago". Centro de Investigación Periodística (CIPER). 22 de octubre de 2012; y "El territorio narco de Santiago". Revista Qué Pasa. 18 de octubre de 2012.↵

Estas declaraciones corresponden a Esteban González, de AGS Visión Inmobiliaria, Ver, "Escaso desarrollo inmobiliario muestra el antiguo y tradicional barrio Yungay". Diario El Mercurio, 18 de junio de 2011↵

En Agosto del presente año, la Escuela Taller recibirá fondos del BID que le permitirán becar a 30 personas en el restauración urbana. Ver, "El espaldarazo del BID a una escuela patrimonial del Barrio Yungay". Diario El Mercurio, 26 de agosto de 2012.↵

Ver, "Instructivo fija los materiales y colores de casas de barrio Yungay". Diario El Mercurio, 30 de enero de 2011.↵

Ver, "A siete meses del sismo, zona típica sigue destruida: Vecinos demandan plan de reconstrucción del Barrio Yungay". Diario El Mercurio. 04 de octubre de 2010.↵

Ver, "Barrio Yungay: vecinos acusan demolición en zona típica". Diario El Mercurio, 04 de mayo de 2012.↵

Ver, "Ministro de Hacienda se reúne con Arauco, Elemental y bancos para apoyar proyectos de reconstrucción". 14 de diciembre 2011. http://www.presconstitucion. cl/noticias/ministro-de-hacienda-recibe-a-ejecutivos-de-arauco-y-principales-autoridades-bancarias/↵

Ver, "Paulmann impulsa plan para reconstruir Talcahuano y Gobierno confirma que habrá más convenios". Diario El Mercurio, 25 de abril de 2010; "Cencosud bloquea entrega de documentos de Aduanas por internación irregular de camiones tras terremoto", CIPER, 08 de abril de 2011 y "Cencosud abrirá malí en Talcahuano", Diario La Tercera, 28 de febrero de 2012.↵

Entre las organizaciones que conformaban el Consorcio se encontraba el Colegio de Arquitectos de Talca, la ONG Sur Maule, la agrupación Reconstruye y las escuelas de arquitectura de la Universidad de Talca (pública), Católica del Maule (privada) y del Mar (privada).↵

Ver, "Nuevo terremoto en Talca: El desembarco del grupo Hurtado Vicuña y la presión inmobiliaria que amenaza a los damnificados". CIPER, 27 de abril de 2010.↵

Ver, "Los vínculos de Pinera con las empresas de los edificios dañados: Los hombres del Presidente". CIPER, 18 de marzo de 2010.↵

Ver, "Gobierno critica malí de Castro y empresa revisa el proyecto". Diario La Tercera, 03 de marzo de 2012↵

Ver, "Castro y un malí lleno de lecciones". El Diario Financiero, 10 de marzo de 2012.↵

Ver, "Empresa detiene construcción del Malí de Castro". Diario El Mercurio, 22 de Marzo de 2012; y "Empresa detiene trabajos en el malí de Castro en medio de litigios por permisos", Diario La Tercera, 23 de marzo 2012↵

Ver, "Unesco solicitó informe a Chile por la construcción del malí de Castro". Diario La Segunda, 23 de marzo de 2012↵

Ver, "Protesta contra malí causó congestión en centro de Castro". Diario La Tercera, 27 de abril de 2012.↵

Ibid.↵

"Ver, "Un 94% de votantes aprueba construcción de malí en Castro". Diario La Tercera, 16 de abril de 2012↵

Ver, "El embrujo del malí de Castro". Diario La Tercera. 20 de mayo de 2012.↵

Ibid.↵

Ver, "Santiago crecerá en 10 mil hectáreas: 60% para viviendas y 255 para área verdes", Diario La Tercera, 31 de marzo de 2011; "Intendente de Santiago prevé fuerte alza de proyectos por nuevo plan regulador", Diario La Tercera, 18 de marzo de 2011; "Celebran que la Contraloría haya rechazado la expansión urbana en la Región Metropolitana". Diario El Mostrador, 09 de septiembre de 2011; "Plan Regulador Metropolitano de Santiago no verá luz verde durante este gobierno". Diario Financiero, 09 de diciembre de 2011.↵

Ver, "Concejo municipal de Castro modificó el plan regular para aprobar la construcción del malí". CIPER, 06 de marzo de 2012↵

Ver, "Gobierno busca licitar 30 parques y reservas nacionales en ocho años". Diario La Tercera, 11 de marzo de 2012.↵

Ver, "Fisco recaudo 4 mil millones por arriendo de tierras". Diario El Mercurio 19 de febrero de 2012.↵

Ver, "El error de Ravinet que entrega miles de áreas verdes a manos de privados" Diario El Mostrador, 18 de julio de 2012.↵

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Luciana Lartigue[1]

BIENES COMUNES VS. PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

DOS PARADIGMAS EN TENSIÓN SOBRE EL ACCESO A LA CULTURA Y EL DERECHO DE AUTOR EN LA LEY ARGENTINA 11.723

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado de un trabajo de investigación cuyo objetivo general era analizar los discursos actuales de las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y las industrias culturales en torno al debate sobre el derecho de autor en Argentina (2003-2012), las implicancias socio-culturales que de ellos derivan en el marco de la Sociedad de la Información y analizar la tensión, tematización y discusión sobre las nociones de propiedad intelectual y bienes comunes en la Ley 11.723, a partir del aporte de las ciencias sociales a la reflexión sobre la cultura, la información y la comunicación.

La creciente importancia a nivel internacional de la regulación en la denominada propiedad intelectual está estrechamente ligada al rol que comenzaron a cumplir en el marco del proceso productivo y de servicios los bienes intangibles. Como señala Manuel Castells (1999) “la creación, el tratamiento y la transmisión de la información se convierten en las principales fuentes de productividad y poder, en razón de las nuevas condiciones tecnológicas que aparecen en este período histórico”. La rápida evolución de la llamada Sociedad de la Información, junto con el surgimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), han transformado las dinámicas de las relaciones sociales respecto de las producciones culturales.

Si bien el conocimiento siempre ha sido objeto de apropiación por parte de las clases privilegiadas, debido a su indiscutible valor como medio de dominación, en la actualidad asume también un valor como fuente de riqueza. La revolución tecnológica en el sector de las telecomunicaciones produjo una transformación en el modelo productivo, que impactó de manera considerable en las industrias ligadas al derecho de autor. Esto ha configurado un nuevo espacio de intereses económicos alrededor de estos bienes que, bajo la concepción jurídica de la propiedad intelectual, está afectando los fundamentos sobre los que se sustentaban espacios que hasta hoy fueron considerados como bienes comunes: el saber, el conocimiento y la cultura.

Los problemas que suscitan los debates en torno a la legislación sobre los bienes intelectuales, como el derecho de autor, son producto de una contradicción cada vez mayor entre la socialización del trabajo intelectual y la apropiación privada de ideas y entre el trabajo abstracto y su medida mercantil, pues el trabajo concreto no es fácilmente cuantificable en esos términos. (Bensaid 2006).

En este contexto, el derecho de autor considerado como propiedad intelectual (privada) entra en contradicción con la noción de bienes comunes. Surge así una tensión en el debate sobre el actual marco regulatorio, que puede traducirse en el eje “privatización” vs “liberación”. Los discursos que expresan esta tensión dan cuenta de la intersección de aspectos económicos, sociales, políticos y culturales por su papel tanto en la producción y el comercio, como en los mecanismos de inclusión social, las formas de percepción y la construcción de hegemonía así como en la gestación de significaciones sobre las que esta última se asienta.

Las palabras de todo discurso están dotadas de un poder performativo y, por lo tanto, actúan sobre el mundo (Mattelart, 2005). La cristalización de los principios que se sustentan en los marcos regúlatenos implica una forma determinada de construcción de la vida social; en este sentido, detrás de las discusiones sobre la propiedad intelectual, el derecho de autor y los bienes comunes, hay una discusión que encierra modelos de sociedad posibles. La noción de propiedad intelectual revela una intencionalidad política que no puede escapar al análisis. Asimismo, el surgimiento de internet y la era digital posibilitan el ejercicio de nuevas prácticas vinculadas a una subjetividad contra-hegemónica que trastoca las nomas jurídicas y desdibuja las fronteras de la legalidad establecida.

El contexto nacional que vive la República Argentina impulsa y potencia el debate en torno a la legislación sobre derecho de autor. Un enfoque posible para indagar este problema es el que aborda los límites entre lo común, lo público y lo privado. En la post-crisis del decenio neoliberal y en un proceso de recuperación del rol interventor del Estado y de promoción de políticas públicas de inclusión (como el Plan Conectar Igualdad) surge un interrogante sobre la necesidad de revisión de la ley 11.723 y en sobre los fundamentos que se proponen para ello y las alternativas que se vislumbran.

Por último, es importante señalar que para abordar el debate acerca del derecho de autor en Argentina en el marco de la Sociedad de la Información, resulta imprescindible reflexionar primero sobre la terminología utilizada y no dar por sentado ni cerrado el significado que cada palabra adquiere en este contexto. El debate actual pone en cuestión las definiciones hegemónicas y genera al mismo tiempo la posibilidad de construir nuevos discursos y realidades.

POSIBLES ENFOQUES SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La caracterización de la Sociedad de la Información implica navegar por un concepto que involucra un conjunto de fenómenos cuya complejidad no puede reducirse a una serie de cambios en el plano de las tecnologías. En este sentido, es imperioso evitar el determinismo tecnológico, cuyos pronósticos (al estilo de una nueva versión de la modernización) señalan que la Sociedad de la Información marca el camino indefectible hacia una sociedad más democrática y solidaria y promete un futuro con mayor igualdad y cooperación (Becerra 2003). La relación entre tecnología, historia y sociedad es el resultado de un complejo modelo de interacción en el que no existen determinaciones unívocas.

Manuel Castells sintetiza esta idea afirmando que la tecnología no determina la sociedad sino que la plasma, así como tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica sino que la utiliza. (Castells 1999). No obstante, en esta relación, los desarrollos pueden verse obstruidos o potenciados en función de los usos que las sociedades finalmente les otorguen. “El proceso histórico mediante el cual tiene lugar ese desarrollo de fuerzas productivas marca las características de la tecnología y su entrelazamiento con las relaciones sociales” (Castells 1999).

Desde una perspectiva crítica, diversos autores han encarado un proceso de deconstrucción del término sociedad de la información, desarrollando una genealogía que desnuda las conexiones existentes entre esta asociación terminológica y ciertos proyectos políticos, permitiendo al mismo tiempo esbozar una mirada alternativa. Para Mattelart (2001) el surgimiento de la Sociedad de la Información está íntimamente ligado al período de la posguerra y la propagación de la tesis del fin de las ideologías y de los conflictos de clases.

En este proceso de vinculación se pueden distinguir tres grandes etapas. La primera puede ubicarse en la crisis de 1972-1973, en la que tiene lugar la gran aparición del término en el marco de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esos años se asiste a una crisis del modelo económico y de gobernabilidad que pone en cuestión la estabilidad de las democracias occidentales. El mito de la tecnología predicando la promesa de un futuro mejor aparece entonces como una respuesta a estos problemas. Es así como en una segunda etapa hacia fines de los años setenta, los Estados encomiendan la elaboración de una serie de informes con el objetivo de encontrar un camino de reordenamiento en el nuevo escenario, cuyo ejemplo paradigmático lo constituye el Informe Nora Mine de 1978.

La tercera etapa se inicia en el año 1984 con los procesos de desregulación del sistema financiero y de las telecomunicaciones y se consolida en la década del noventa en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), organización que extiende a casi todas las naciones del mundo el paradigma neoliberal. Es la etapa en que se pasa del diagnóstico a las recetas de acción. Para Mattelart este proceso desemboca en el momento en que “la comunicación sin fin y sin límites se instituye heredera del progreso sin fin y sin límites” (Mattelart, 2001).

Martín Becerra (2003) advierte sobre un cambio trascendental en el marco de las relaciones globales de intercambio en los años ochenta. Hasta ese momento, el factor interno definía en última instancia los esquemas regúlatenos. Es decir, que los Estados mantenían fuertes potestades para delinear sus agendas en este terreno. Se produce entonces una inversión de la lógica nacional-global, que se refleja especialmente en el marco del diseño de las políticas económicas en el ámbito de la OMC.

En América Latina, durante la década del noventa, las políticas nacionales comienzan a regirse por los principios de la liberalización, la desregulación y la competitividad internacional en un contexto de aumento de las transacciones financieras por sobre las transacciones comerciales, la mundialización de los flujos financieros, la homogeneización de los productos info-comunicacionales en un mercado fragmentado por nichos de acceso pago y la concentración de la propiedad de los procesos de información y comunicación. (Becerra 2003).

En este marco surgirán diversos enfoques sobre la Sociedad de la Información que Becerra (2003) resume en cinco grandes corrientes de pensamiento[2].

Por un lado, la corriente de los llamados post-industrialistas, que aglutina autores vinculados a la investigación sobre los cambios estructurales en las sociedades avanzadas que se verifican en una transformación del modelo industrial a lo largo de los años cincuenta, sesenta y setenta. Una segunda línea que se plasma en los informes realizados a pedido de los gobiernos de los países desarrollados sobre la informatización de la sociedad y la vinculación cada vez más estrecha entre informática y telecomunicaciones (fusionadas en el término telemática). Tercero, una línea representada por autores que centran sus desarrollos conceptuales en la idea de racionalidad técnica, y que Becerra señala como verdaderos gurús de la era informacional.

En cuarto lugar, aparecen los análisis sobre las políticas de comunicación y sus actores, en la medida que entienden a la comunicación como un aspecto medular de la sociedad. El objeto central de sus análisis lo constituyen las políticas públicas con estudios ligados a los modelos de estado y sus distintas agendas. Ello se debe a que durante casi todo el siglo XX las comunicaciones se desarrollaron bajo sistemas monopólicos de regulación estatal y por lo tanto su orientación estuvo marcada por la política pública. Un punto clave en estos autores es la preocupación en torno al fenómeno de apropiación que se plantea con la nueva política de desregulación y liberalización y los debates sobre la noción de acceso, servicio público y servicio universal. Enrique Bustamante (1982, 1997a, 1997b, 1999, 2000, 2002), Héctor Schmucler (1981, Mattelart y Schmucler, 1983), Jesús Martín Barbero (1987 y 1999) y Néstor García Canclini (1989, 1990, 1995, 1998, 1999a y 1999b).

Por último, aparece una quinta corriente que, luego del triunfo del proyecto de la SI durante la década del noventa en la mayoría de las agendas gubernamentales, desarrolla la investigación crítica, fundamentalmente desde la economía política de la comunicación. Si bien comparten con la anterior línea, planteos y autores, en este caso otorgan mayor relevancia al aspecto económico de los procesos y actividades culturales, comunicacionales e informacionales. Es el impacto de las actividades info-comunicacionales sobre los procesos productivos lo que reclama su atención. Desde las transformaciones en la esfera de la producción, las relaciones laborales y el esquema de trabajo hasta la naturaleza intangible de los bienes que se comercian y su vinculación con la expansión globalizada del capital. Finalmente, se interesan también por el doble aspecto de la comunicación, que supone en la actualidad el sometimiento de un recurso infinito a una lógica económica que se expande según el principio de los bienes escasos. Algunos referentes son Armand Mattelart (1982, 1983, 1993, 1998, 2002a, 2002b), Ramón Zallo (1988, 1992, 1995, 2000) y Manuel Castells (1994, 1995, 1997, 1998, 2001.

Las dos últimas corrientes expuestas brindan un enfoque interesante para abordar la problemática del derecho de autor en el contexto nacional de la Argentina actual. Se trata de una sociedad que está en proceso de revisión de los principios de liberalización, desregulación y competitividad internacional que rigieron las políticas de estado desde la última dictadura militar hasta entrado el nuevo siglo. Esta revisión implica un debate sobre los procesos de privatización de los servicios públicos, posibilitando también una discusión acerca del acceso a la información y la cultura, el papel del Estado y la normativa jurídica que regula estas relaciones sociales, incluyendo el problema de la concentración económica de los sectores ligados a la Industria Cultural, la convergencia digital, el problema de la hegemonía cultural y la diversidad tanto en su dimensión política como social.

Desde el año 2009 el Gobierno argentino estableció una Agenda Digital que quedó plasmada en un documento base denominado “Estrategia de agenda digital en Argentina”. Allí se expresa que la Agenda puede ser definida como camino o plan nacional para la inclusión y apropiación por parte del Gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC y en la que se contempla entre sus lineamientos estratégicos actualizar el marco normativo con relación al uso de estas tecnologías.

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propone como alternativa al concepto de sociedad de ¡a Información, basado centralmente en los progresos tecnológicos, el concepto de Sociedades del Conocimiento, entendiendo que éste comprende además dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas (UNESCO 2005).

Los desarrollos tecnológicos digitales (y especialmente el nacimiento de internet) entraron en colisión con un sistema de regulación diseñado para otra etapa, que manifiesta serias limitaciones en la era digital. El inmenso espacio de producción e intercambio de bienes abierto por las TIC trajo consigo una lucha por la apropiación de estos bienes y plantea un nuevo espacio de disputa.

Ésta asume básicamente dos formas: una, representada por el avance del mercado y la apropiación privada de los nuevos nichos. La otra, representada por la apropiación social de las TIC y la sustracción de esos espacios de la lógica mercantil.

En la medida que una parte considerable del sistema de regulación de la producción y circulación de bienes simbólicos lo constituye el derecho de autor, esta legislación está siendo cuestionada en el marco más general de la re-discusión sobre la noción de acceso y las fronteras entre lo público, lo común y lo privado, lo universal y lo restringido.

EL CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ALGUNAS PRECISIONES

Cualquier análisis sobre la denominada propiedad intelectual requiere de algunas precisiones conceptuales. Es decir, definir a qué nos referimos con la llamada propiedad intelectual. En el ámbito jurídico se denomina así al derecho que se ejerce sobre bienes intangibles vinculados a un acto de creación, es decir el que se aplica a las creaciones producto de la actividad intelectual humana.

Existen básicamente dos tipos de derechos nucleados bajo la denominación de propiedad intelectual. Los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Los primeros se confieren a los autores sobre sus obras literarias, musicales, teatrales, científicas, sobre las películas, los dibujos, las fotografías, las esculturas y demás obras artísticas de esta naturaleza. Muy próximos al derecho de autor se encuentran los llamados derechos conexos, que se refieren a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus respectivas interpretaciones y ejecuciones, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. Los segundos, se refieren a los derechos otorgados por el régimen de patentes sobre las invenciones, las marcas, los diseños industriales y a la protección concedida por otros sistemas sui generis como las indicaciones geográficas y la obtención de vegetales.

Como se puede observar en el párrafo anterior, la propiedad intelectual reúne distintos tipos de derecho. Los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial tienen una naturaleza jurídica distinta. Delia Lipszyc señala que “Bajo esa rúbrica común -derechos de propiedad intelectual - se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y son reconocidos para estimular y recompensar la creación intelectual, otros, medie o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores” (Lipszyc 2005). O sea, el derecho de autor y las patentes sobre las invenciones, los dibujos y modelos industriales, tienen en común que protegen las expresiones de actos de creación intelectual, mientras que el derecho marcado consiste en la protección a signos distintivos destinados a diferenciar productos y servicios en el comercio. Algo similar ocurre con los nombres y denominaciones comerciales y las denominaciones de origen.

No obstante, el derecho de autor y el sistema de patentes presentan sustanciales diferencias. Aunque ambos se aplican sobre bienes intangibles, tienen un carácter exclusivo, son oponibles erga omnes y pueden ser transmitidos los derechos patrimoniales, el derecho de autor no contempla como un requisito sine qua non su aplicabilidad industrial, novedad y altura inventiva, sino que simplemente debe tener originalidad. Asimismo, la doctrina sobre el derecho de autor involucra toda una esfera de derechos morales que les es propia.

En este sentido, la denominación propiedad intelectual tiene varios inconvenientes que surgen de imprecisiones conceptuales y una excesiva generalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta que en los discursos las palabras están dotadas de un poder performativo, y por lo tanto, actúan sobre el mundo (Mattelart, 2005), la asociación establecida entre los términos propiedad e intelectual no resulta inocente. Richard Stallman, en su artículo “¿Ha dicho «propiedad intelectual» ? Eso sólo es un espejismo seductor” reúne estos derechos bajo la denominación común de propiedad intelectual, con el propósito claro de vincular estos derechos con los que rigen para la propiedad sobre los bienes físicos. Textualmente nos dice: “La expresión propiedad intelectual también conduce a un pensamiento simplista. Lleva a la gente a centrarse en la exigua parte común, en la forma de estas leyes dispares (que crean privilegios especiales para ciertas partes), y a ignorar su esencia: las restricciones específicas que cada una impone al público y las consecuencias que de ellas resultan. Centrarse de manera tan simplista en la forma favorece un enfoque económico de todas estas cuestiones”.

EL DERECHO DE AUTOR Y EL PARADIGMA HEGEMÓNICO

Hay dos concepciones jurídicas que influyeron sobre la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Los países de tradición jurídica anglosajona se rigen por el denominado copyright (derecho de copia), una modalidad de protección que hace especial referencia a la explotación económica de la obra. En cambio, los países con tradición jurídica latina, vinculada al derecho romano, se rigen por normas que se engloban dentro del llamado derecho de autor, cuyo ordenamiento se encuentra más centrado en el sujeto creador de la obra. El derecho de autor se basa en la concepción de que los autores ejercen sobre sus obras facultades de carácter moral y patrimonial.

Las facultades morales, relativas al ámbito de la personalidad, son inherentes a la calidad de autor, extra-patrimoniales -ya que no pueden estimarse en un valor monetario- y absolutas -en la medida que pueden ser oponibles a cualquier persona. No emanan de un contrato y son inalienables, irrenunciables, inembargables, inexpropiables e insubrogables. Estas facultades refieren al derecho que tiene el autor a decidir la divulgación de la obra o a mantenerla reservada, a ser reconocido como su autor (reconocida su paternidad), a defender el respeto y la integridad de la obra (que cualquier difusión de la misma se haga sin modificaciones), el derecho a retractarse o arrepentirse y, por lo tanto, a retirarla del mercado (con ciertos condicionamientos), y al derecho de acceso (poder acceder al ejemplar con el fin de ejercer su derecho a la difusión o cualquier otro).

Las facultades patrimoniales se refieren al derecho del autor a explotar económicamente su obra, lo que puede hacer por sus propios medios o bien autorizando a terceros. En tal sentido, se caracterizan por ser transmisibles entre personas, renunciables y prescriptibles. Dicha transmisión es onerosa. Asimismo, los derechos patrimoniales se encuentran limitados en el tiempo y sujetos a determinadas excepciones estipuladas por ley.

Tanto el derecho de autor como el copyright otorgan el derecho de explotación monopólica a su titular. Este es un punto central de toda la arquitectura jurídica en torno al derecho de autor, pues estos monopolios artificiales están limitados en el tiempo y al ejercicio de algunos derechos que se rotulan como excepciones, como por ejemplo, la posibilidad de utilización de la obra, sin consentimiento del autor y de manera gratuita, cuando ello se realiza con fines educativos o científicos. La idea sobre la que se asientan estas limitaciones y excepciones parten de una concepción que considera de especial importancia no sólo la protección de los autores sino también una dimensión social relativa al acceso a los bienes culturales como un derecho fundamental de los hombres. Esta concepción subraya que el valor de los bienes culturales está dado por su contribución a la dignidad humana, al desarrollo de la sociedad, y no por su utilidad, y menos aún por el precio.

El mínimo de protección que se confiere a nivel internacional, establecido por el Convenio de Berna, es por toda la vida del autor y de 50 años después de su muerte a favor de los herederos. Luego del vencimiento de este plazo la obra pasa a dominio público, es decir, que cualquier persona puede hacer una utilización libre de la obra en todos los sentidos sin tener que pagar ni tener que pedir autorización. Los propios tratados internacionales sobre la materia y las distintas legislaciones nacionales reflejan esta dimensión en la contemplación de las limitaciones y excepciones mencionadas arriba y que únicamente refieren al ejercicio del derecho patrimonial.

No obstante, tal como señala Delia Lipszyc (2005) existen distintas opiniones respecto de la naturaleza jurídica del dominio público. Fundamentalmente señala dos: a) la que considera que el dominio público “trata de la situación normal del uso de las obras intelectuales que son comunicadas y puestas a disposición de la comunidad (aunque previamente el autor obtenga un monopolio sobre la explotación económica durante los plazos fijados por la ley); b) para otros “se trata de una restricción legislativa al derecho individual sobre las obras que tiene por fundamento la conveniencia de asegurar a todos el libre goce de las creaciones intelectuales.” Estas dos concepciones dan cuenta de los dos paradigmas en pugna, en el marco de la tensión de intereses que involucra este problema. Por un lado, el que sostiene que las obras son esencialmente bienes comunes, y por el otro, el que sostiene que las obras son una propiedad individual que el Estado limita.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES COMUNES

En la investigación desarrollada se utilizó la clasificación de los bienes comunes expuesta por Ariel Vercelli (2009) en la que hace uso de una perspectiva socio-técnica, es decir un análisis constructivista y relativista del cambio tecnológico. Una de sus tesis centrales es que el significado de un bien no se explica por sí mismo, sino que es el resultado de incesantes luchas que se cristalizan en ciertas relaciones jurídicas, bienes y artefactos. Esta perspectiva intenta superar los tratamientos limitados únicamente a su aspecto económico o jurídico, pues los bienes comunes comprenden también otra dimensiones como la política, social y tecnológica.

La definición de los bienes comunes es el resultado de una dinámica social conflictiva, es decir de relaciones sociales y de luchas entre grupos que permite alcanzar así formas de regulación específicas; lo que constituye las condiciones por las cuales una sociedad va definiendo que bienes pueden englobarse en la categoría de “comunes” mientras otros son pasibles de ser apropiados en forma exclusiva.

El término es amplio, genérico y diverso (Vercelli 2008). En el diccionario de la Real Academia Española se incluyen varias definiciones, entre las que encontramos las dos siguientes: “6. m. pl. Der: Cosas materiales o inmateriales en cuanto objeto de derecho; y “1. m. pl: Aquellos de que se benefician todos los ciudadanos”. Vercelli (2009) señala que “una primera aproximación sobre los bienes comunes permite caracterizarlos como aquellos bienes que se producen, se heredan o se transmiten en una situación de comunidad” (Ostrom, 1990, Bollier, 2008). Históricamente, lo común es aquello que surge de la comunidad y, por tanto, estos bienes pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de sus miembros, comuneros o ciudadanos (Rubinstein, 2005). Como tales, redundan en beneficio o perjuicio colectivo y se encuentran en permanente tensión frente a las posibles apropiaciones o cercamientos que puedan tentar otros individuos, corporaciones comerciales o Estados (Hardin, 1968; Ostrom, 2005, Boyle, 2008). Muchos de estos bienes comunes se encuentran genéricamente reconocidos a nivel internacional como derecho humano inalienable. Estas definiciones amplias, casi intuitivas, mantienen una relación cercana a su significado histórico (Boyle, 2008).”

Una situación de comunidad implica que la misma es el resultado de un entramado de relaciones políticas, sociales y económicas que la constituyen; y es ese entramado de relaciones el que da forma a la comunidad. Cuando ocurren cambios tecnológicos de envergadura que afectan las posibilidades de acceso, uso y goce a determinados bienes, se ponen en crisis también la forma en que las personas o los grupos se relacionan con esos bienes, desdibujando las fronteras entre lo que puede considerarse un bien común o apropiable privativamente. En este sentido, la revolución tecnológica en el ámbito de la comunicación y la información implica la necesidad de re-discutir qué partes de la producción y circulación de los bienes culturales es posible de ser apropiado privativamente, cuál puede ser público y cuál es común.

Siguiendo también a Vercelli, los bienes -en términos genéricos-refieren a todo aquello que puede tener valor, una utilidad, un interés o un mérito, y que por este hecho pueden ser objeto de derecho, aunque esté o no expresamente formulado en la legislación. Los bienes pueden clasificarse según su calidad y según su carácter. La calidad refiere a cualidades propias de los bienes, a su naturaleza y propiedades intrínsecas por las que asumen un valor, entendiendo este término no como un valor dinerario necesariamente. El carácter, por el contrario, se refiere a un conjunto de circunstancias y signos distintivos que son asignados desde fuera y que refieren especialmente a la relación que establecen las personas o grupos con esos bienes.

Respecto de la calidad encontramos, por un lado, a los bienes materiales, en los que se incluyen las cosas del mundo físico, tangible; y por el otro, los bienes intelectuales, que son abstractos e intangibles y comprenden las ideas y obras producto del intelecto humano, y todo aquello que podríamos incluir en la cultura como el lenguaje, las costumbres, saberes, tradiciones. Los bienes materiales se entienden como limitados, finitos, agotables, consumibles, depredables, competitivos, rivales, basados en la escasez; mientras que los bienes intelectuales, se consideran ilimitados, infinitos, inagotables, no consumibles, no depredables, que no entran en contradicción entre sí, no rivales, basados en la abundancia. En función de esta clasificación, se aplican dos sistemas de regulación jurídica distintos. Los bienes materiales se regulan por medio del régimen de propiedad o dominio, mientras que los bienes intelectuales se regulan por medio de los llamados derechos intelectuales, sobre los que haremos algunas salvedades al final de este punto.

A diferencia del régimen de propiedad o dominio sobre las cosas materiales, los derechos intelectuales son limitados en el tiempo, no son excluyentes, y el ejercicio monopólico de los derechos patrimoniales que conceden los Estados está sujeto a ciertas limitaciones y excepciones. En términos generales esta clasificación permite afirmar que a los bienes intelectuales no se les aplica el régimen de propiedad.

Con relación al carácter, el mismo permite clasificar los bienes atendiendo a un aspecto de las relaciones jurídicas que se disponen entre un bien y las personas o grupos, por el que se define quien es productor, dueño, titular y cómo se dispone y administra. El carácter, aunque producto de diversas luchas de intereses, se ajusta a la calidad. La clasificación según el carácter está en permanente disputa. El carácter sirve para clasificar tanto bienes materiales como intelectuales y en ambos casos las categorías pueden ser privado/privativo, público o común.

Los bienes materiales, sonprivados si se establece un dueño, es decir, una persona física o jurídica que ejerza derechos exclusivos (propiedad privada). Son públicos cuando se encuentran bajo la titularidad de un Estado pero se consideran de la comunidad y su destino es el uso público, bajo la reglamentación de la administración gubernamental. Son comunes cuando surgen de una situación de comunidad; la misma puede ser por defecto -cuando se establecen por legislación-o por contrato voluntario. Los bienes comunes no están legislados con la precisión de los privados y los públicos.

En el caso de los bienes intelectuales, este carácter varía según las posibilidades de acceso, quien lo produjo y en qué circunstancias y condiciones o como decidió el autor, el inventor, el titular o la legislación sobre su disponibilidad y administración.

Un bien intelectual es privativo cuando el autor o titular elije una administración que impide a otros el acceso, utilización o reproducción, aunque el acceso y su modalidad pueden estar regulados por la legislación. Es público cuando la obra fue producida por un Estado o sus funcionarios/empleados en el ejercicio de sus funciones, al tiempo que puede también asumir un carácter privativo o común. Es común cuando cualquier miembro de la comunidad puede disponer del bien en forma directa, inmediata y sin mediaciones, y por lo tanto cuando no resulta necesario pedir autorización para acceder, usar, transformar, reproducir, ejecutar, distribuir o transportar la obra hacia diferentes soportes.

Las definiciones respecto del carácter de los bienes así como la relación entre la calidad de los bienes y el sistema de regulación que les corresponde constituyen un terreno de negociación y su estabilidad es temporal. En la actualidad, las tecnologías digitales dieron lugar a nuevas modalidades de acceso a obras y bienes intelectuales que no están contemplados en la legislación. El carácter que adquieran reflejará la relación de fuerzas entre los distintos grupos de interés que luchan por las condiciones de acceso, uso, goce, producción, reproducción y circulación.

LA CALIDAD DE LOS BIENES Y LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN

Existen diversas corrientes jurídicas que analizan la naturaleza del derecho de autor. La teoría de los derechos intelectuales, expuesta por el jurista belga Edmond Picard en 1873, postula que existe una insuficiencia en la clasificación tripartita clásica de los derechos (derechos reales, personales y de obligación) para enmarcar el derecho de autor. Y por ello, plantea la necesidad de crear una nueva categoría sui generis, que coloca al derecho de autor -junto con los inventos, los diseños y modelos industriales y las marcas – en una categoría autónoma. (Lipszyc 2005). Picard contrapuso a la categoría de los derechos reales -iura in re materiali-, los derechos intelectuales -iura in re inteüectuali- (García, 1996). No obstante, esta teoría ha sido criticada por crear una categoría única que agrupa también otros derechos no vinculados estrictamente a un acto de creación.

Más allá de esta crítica, lo que sí existe es cierto consenso de que la noción de propiedad ha sido concebida con relación a las cosas materiales y, por lo tanto, no resulta adecuada al tratamiento de obras intangibles. El derecho de autor y el derecho de propiedad difieren tanto en su objeto, como en su contenido y duración. El derecho de autor se ejerce sobre una obra y no sobre una cosa, pues la obra no es lo mismo que su soporte material. Por ejemplo, la obra es la canción y no el disco que la soporta para ser reproducida. En segundo lugar, el derecho de autor nace de un acto de creación y no puede adquirirse según lo estipulado por el derecho para adquirir dominio. Esto es, por medio de la apropiación, la accesión, la tradición, la prescripción, etc. En tercer lugar, el plazo de protección de las facultades patrimoniales es limitado en el tiempo, en cambio el derecho de dominio es ilimitado. Cuarto, la co-autoría es distinta que el régimen de condominio. Quinto, el derecho moral comprendido en el derecho de autor es ajeno al derecho de dominio como tal. Por último, en el caso del derecho de autor, no existe transferencia plena de todas las facultades, puesto que el derecho de paternidad y a la integridad de la obra, por ejemplo, no salen de la esfera de su personalidad. (Lipszyc 2005). Es decir que el derecho de autor no se basa sobre los principios de exclusividad y perpetuidad que rigen para la propiedad.

Como se mencionó anteriormente, los bienes intangibles no son bienes escasos. Es por ello que cuando se escucha una canción, se asiste a una obra teatral o se copia una pintura no se está privando a otra persona de ese objeto. El objeto no se consume sino que por el contrario puede ser compartido sin que nadie sea desposeído. En cambio, la propiedad sobre las cosas materiales hace que cuando una persona posee una cosa y transfiere su propiedad, deja de tenerla.

Finalmente, cabe destacar que el derecho de arrepentimiento o de retracto, contemplado en la esfera de los derechos morales del autor, marca otra sustancial diferencia. En el caso de la propiedad, las reglas establecidas para la transmisión de dominio no permiten al transmisor arrepentirse, aún cuando esté dispuesto a pagar por los daños y perjuicios que ello pudiera causar.

BIENES COMUNES, DERECHO DE AUTOR Y DERECHO DE PROPIEDAD

Los sistemas jurídicos constituyen, por un lado, un conjunto de reglas y de normas que cristalizan mecanismos de interacción entre las personas y/o grupos al interior de una sociedad y entre sociedades, y por el otro, de estas personas, grupos o sociedades con los bienes materiales e intelectuales. Estas relaciones son dinámicas y conflictivas, y su codificación en leyes ha sido distinta según el devenir de la historia, entendiendo la historia como el producto de esas luchas.

La institución de la propiedad privada es una forma particular de regulación en la que los objetos susceptibles de apropiación, no han sido siempre los mismos. Ha existido una amplia gama de objetos y espacios que eran considerados como bienes comunes y que fueron paulatinamente incorporándose al dominio privado. En la Edad Media parte de la misma tierra y zonas de bosques eran considerados como bienes de uso común, es decir que la comunidad en su conjunto tenía acceso abierto y podía utilizarlos libremente.

James Boyle ha trazado un brillante paralelo entre el denominado primer cercamiento de tierras que sentó las bases del modelo capitalista de producción actual (descripto por Marx en el Capítulo XXIV de El Capital sobre la acumulación originaria), y el surgimiento de un segundo cercamiento que se extiende hoy sobre los bienes intangibles. (Boyle, 2003) (Busaniche, J. et al 2006). En la misma línea Daniel Ben-said (2006), inspirado por el texto sobre los debates de la Dieta Renana de Karl Marx, en el posfacio introduce parte de un trabajo crítico sobre la categoría de propiedad privada en la sociedad burguesa. En dicha obra Marx escribe acerca de los debates suscitados en junio de 1842 acerca de un “informe relativo al robo de leña y otros productos del bosque”, robos que se incrementaron como consecuencia de una pauperización creciente de la vida en el campo. El texto señala que el dilema proviene precisamente del hecho de que la integración de la madera en el circuito de valorización mercantil hace inseparables su valor de uso y su valor de cambio.

De esta manera entran en contradicción dos tipos de derechos: uno basado en la propiedad y otro en la necesidad. Bensaid resume este debate como un problema de: “la distinción moderna entre lo privado y lo público y su aplicación al derecho de propiedad”. [...] “Se puede seguir a través de la historia el hilo rojo que vincula el antiguo derecho consuetudinario a la economía moral de los pobres, a los derechos a la vida, a la existencia, al trabajo, a los ingresos, a la vivienda, derechos oponibles a los de la propiedad privada” (Bensaid 2006), y extiende este análisis a los bienes culturales.

La noción de bienes comunes está siendo re-utilizada en los últimos años para debatir contra las concepciones neoliberales que llevaron a la extensión del régimen de propiedad sobre dimensiones que habían quedado por fuera de su alambrado. Es el caso de la agudización de las tensiones sobre el carácter de los bienes intelectuales en el marco de la Sociedad de la Información. Un ejemplo lo constituye Internet, que como producción cultural (Castells 2003) -en el sentido de un sistema de valores, creencias y formas de pensar- surgió bajo una determinada situación de comunidad. Castells (2002) señala que “[...] las reflexiones sobre la historia de Internet me sirven para indicar hasta qué punto es un tipo nuevo de tecnología en su forma de organización. La famosa idea de que Internet es algo incontrolable, algo libertario, etc., está en la tecnología, pero es porque esta tecnología ha sido diseñada, a lo largo de su historia, con esta intención. Es decir, es un instrumento de comunicación libre, creado de forma múltiple por gente, sectores e innovadores que querían que fuera un instrumento de comunicación libre. Creo que, en ese sentido, hay que retener que las tecnologías están producidas por su proceso histórico de constitución, y no simplemente por los diseños originales de la tecnología” (Castells 2000)[3].

Las características de internet, desde su nacimiento, impulsan prácticas de trabajo en común, basadas en la colaboración y la cooperación, relaciones participativas, en las que las posibilidades de acceso y de compartir información y cultura se tornan fundamentales. Esto constituye una situación de comunidad que afecta las formas de producción y circulación de obras, habilitando nuevas formas de acceso, construyendo nuevas subjetividades para las que la legislación no tiene respuestas adecuadas y entra en contradicción.

Bensaid señala que “la socialización del trabajo intelectual comienza desde la práctica del lenguaje, el cual constituye, indiscutiblemente y hasta que se demuestre lo contrario, un bien común de la humanidad no privatizable”. Sin embargo, la historia da cuenta de cómo una variedad importante de bienes comunes fueron en distintos momentos sustraídos de tal condición para ser subsumidos bajo el régimen de la propiedad privada.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN EL MUNDO

Mientras a nivel mundial la lógica del mercado se expande sin cesar, y muy especialmente en las industrias ligadas al conocimiento y la creatividad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo dependiente de la ONU y que administra los principales tratados internacionales en materia de derecho de autor, estrecha sus vínculos con la OMC.

El Io de enero de 1995 entró en vigencia el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), negociado en la Ronda Uruguay (1986-1994), y que incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. Este hecho fue trascendental por dos cuestiones, primero, porque terminó por dar una clara preeminencia a los derechos patrimoniales por sobre los derechos culturales, segundo, porque cualquier acuerdo en el marco de la OMC es de cumplimiento obligatorio, cosa que no ocurría en el marco de la OMPI. Ello significó que todos los países debieran incorporar las disposiciones contenidas en el Convenio de Berna. (Antequera Parrilli, 2004). Se impuso así que todos los países que conforman la OMC armonizaran sus legislaciones limitando la soberanía de los Estados cercenando la posibilidad de establecer políticas legislativas autónomas en función de sus necesidades de desarrollo social.

Sin embargo, y como expresión de una tensión inherente al sistema de derecho de autor, existen diversos instrumentos jurídicos internacionales que incluyen este tipo de derechos como parte de los derechos fundamentales de los hombres. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 27 establece que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.” “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” Otros convenios, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, dispone en su artículo 15, inciso 1, que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

Según la ONU, los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son universales y están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Considerado como un derecho humano, el derecho autoral protege al autor como creador de cultura velando por sus intereses y las condiciones de producción en que deben desenvolverse. Pero al mismo tiempo, vela por el derecho humano de acceso a la cultura en la medida que se involucran bienes culturales que, como tales, impactan en la dimensión identitaria de los pueblos y en resortes fundamentales de inclusión social. En este sentido, constituye un derecho que trasciende la cuestión privada ya que no solo afecta el interés particular del autor, sino que afecta también un interés social.

Resulta claro que estos instrumentos conciben la protección del derecho de los autores indisolublemente ligada a la protección del derecho del resto de la sociedad. En todos los casos, forman parte del mismo artículo y hacen referencia tanto al ejercicio de los derechos morales y patrimoniales de los autores como a la necesidad de considerar los derechos culturales del colectivo.

La tensión que surge a partir de considerar a los bienes culturales solamente en su aspecto económico se ha incrementado en los últimos años en paralelo al crecimiento exponencial registrado en el sector de las industrias culturales.

A pesar de las dificultades y la falta de consenso respecto de los sistemas de medición, el Secretario General de la ONU anunció en su informe del año 2011 sobre la Resolución de Cultura y Desarrollo que “las industrias culturales aportaron más del 3,4% del producto interno bruto mundial, con una cuota de mercado mundial de aproximadamente 1,6 billones de dólares de los Estados Unidos en 2007, lo que equivale a casi el doble del nivel estimado de los ingresos en concepto de turismo internacional para el mismo año, según un informe preparado por Pricewaterhouse Coopers en 2008. Como se señala en el mismo informe, las industrias culturales y creativas representan uno de los sectores en más rápida expansión de la economía mundial, con una tasa de crecimiento de 17,6% en el Oriente Medio, 13,9% en África, 11,9% en América del Sur, 9,7% en Asia, 6,9% en Oceanía y 4,3% en América del Norte y Centroamérica. El informe también refleja el crecimiento sostenido del sector de la cultura en la década del ochenta y su crecimiento cada vez más acelerado en los años noventa, cuando las economías creativas de los países miembros de la OCDE crecieron a un ritmo anual que duplicó al de las industrias de servicios y cuadruplicó al de la industria manufacturera.” Esto explica una parte de la preocupación creciente sobre los alcances de los marcos regulatorios.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN ARGENTINA Y LA LEY 11723

En América Latina, la Sociedad de ¡a Información terminó de instalarse en el marco de la avanzada neoliberal a nivel mundial, cuando un recetario de medidas político-económicas bautizadas como Consenso de Washington, promovieron la reducción del papel social del Estado, mediante la disciplina fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la reforma impositiva, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización del comercio internacional, la liberalización de la entrada de inversiones extranjeras, la privatización de servicios públicos, la desregulación de los mercados y la protección de los derechos de propiedad. De esta manera se alteraron los modelos societales de posguerra, se desmantelaron los sistemas productivos industriales, aumentando la marginalidad, la pobreza, la desocupación, generando mayor dependencia de los países del sur respecto del norte y una extrema concentración de la riqueza con su consecuente polarización social.

La Argentina, luego de conocer cifras récord de desocupación, pobreza e indigencia, y tras el estallido social del año 2001 ha iniciado un proceso de reversión de la lógica neoliberal. Desde el año 2003 se abrió una etapa signada por la recuperación del rol interventor del Estado a partir de la implementación de una serie de políticas económicas y sociales pero también, educativas y culturales. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el aumento al 6% del PBI de la inversión en educación, el plan Conectar Igualdad, la sanción de la Ley de Medios de la Democracia, el fracaso del ALCA, la recuperación de los fondos jubilatorios, la Asignación Universal por Hijo, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la recuperación de la petrolera YPF y la protección de la industria nacional -más allá de los grados y alcances de dichas medidas-, son algunos de los ejemplos de la reorientación que tomaron las políticas de Estado orientadas hacia la defensa de los intereses comunes.

Este contexto posibilita el surgimiento de un espacio para el debate de lo público, conjugándose así con los dilemas de una sociedad en la que la producción y la circulación de bienes culturales adquieren cada vez mayor relevancia. La necesidad de revisar algunos de los marcos regulatorios vigentes atraviesa el debate por el problema del acceso a la información y la comunicación, junto con los recursos naturales y el acceso a la tierra.

Los datos económicos relevados por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) -dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación- reflejan la creciente importancia del derecho de autor a nivel nacional. Las industrias culturales, definidas como un sector de la economía que se caracteriza por generar bienes y servicios de contenido simbólico (ideas, valores, creencias), y en particular sobre las denominadas industrias culturales tradicionales o de base, compuestas por el complejo audiovisual (cine, video y televisión), el complejo fonográfico (radio e industria fonográfica) y el complejo editorial (industria editorial y publicaciones periódicas), presentan una fuerte concentración económica (en la producción, comercialización y el comercio exterior) y geográfica (CABA y GBA), representan aproximadamente para el año 2007 el 3% del PBI, y generan alrededor de 200.000 puestos de trabajo.

En el boletín informático Click número 11[4] pueden apreciarse tres contundentes datos. Por un lado, que el volumen de las transacciones comerciales que involucran los servicios culturales ha tenido un crecimiento constante, por otro, que el balance comercial es deficitario, y por último, que la mayor parte de ese déficit se explica por el pago de regalías y licencias de derecho de autor. Textualmente señala “El caso de las transacciones de “regalías y derechos de licencia”, arroja la siguiente situación: hasta el año 2001 el déficit de balanza comercial en este rubro explicaba más del 70% del saldo comercial de todos los servicios culturales considerados, superando en el año 1999 el 80%, pero a partir del año 2002, el déficit generado por estas transacciones superó al de todos estos servicios culturales tomados en su conjunto. Por ejemplo, mientras que en el año 2002 la balanza comercial de los servicios culturales es deficitaria en 280,9 millones de dólares, la balanza del rubro regalías y derechos de licencia, lo es en 317,8 millones. Por su parte, en el año 2006 el saldo comercial de todos los servicios analizados fue de 276,2 millones de dólares, mientras que el correspondiente a las transacciones en regalías y derechos de licencia alcanzó los 734,4 millones, esto es, superó al déficit generado por todos los servicios tomados en su conjunto en un 276%”. “Si se evalúa por separado el comportamiento de las importaciones para cada uno de los servicios culturales considerados, se puede observar que, tal como se desprende del análisis anterior, las importaciones en concepto de regalías y derechos de licencia dominan durante todo el período (1996-2006) representando aproximadamente el 70% del monto total de las importaciones.”

La Ley argentina 11.723 de Propiedad Intelectual data del año 1933. Es muy antigua y como su nombre lo indica, el corazón de la misma radica en concebir de la forma más análoga posible el derecho de autor al derecho propiedad. La Constitución Nacional protege el derecho de los autores proclamando en su artículo 17 que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley”. Sin embargo, y a pesar de estar inspirada en la cláusula del progreso de la Constitución de los Estados Unidos, que faculta al Congreso a “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos” el texto argentino no incluye la noción del fomento y determina para los autores una relación de propiedad con sus obras.

Resultan más que ilustrativas las palabras del Senador Sánchez Sorondo, que en su proyecto de ley explicaba: “la concepción de la ley argentina, así como la de los proyectos que la reforman, es la de atribuir al derecho de autor las normas y conceptos de la propiedad del derecho común, aunque con algunas reservas y limitaciones derivadas de la naturaleza misma del derecho de autor” (Busaniche: 2010).

La Ley 11.723 no contempla los derechos morales en cuanto tales, como sucede en el caso de otras leyes o convenios internacionales, instrumentos en los que se les dedica un capítulo especial. De todos modos, los mismos están incluidos en los artículos 51 y 52, que refieren a los derechos del autor o sus derechohabientes a enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida sólo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquirente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido; y aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. Estos artículos hacen referencia a las dos grandes facultades que estos derechos otorgan en la legislación. Por una lado, facultades que se denominan positivas, y que requieren de una decisión del autor -como por ejemplo autorizar la divulgación de su obra-, o bien las llamadas negativas, cuando adquieren un carácter defensivo, como -por ejemplo- el derecho de exigir el reconocimiento de la paternidad (Raffo 2011)

En la media que la protección que otorga la legislación está centrada en la obra y no en la “personalidad del autor”, la ley 11.723 se acerca más a la concepción anglosajona del copyright que a la doctrina de los derechos de autor continental (Emery 1999/2005). La ley argentina es, según el observatorio de leyes de PI de Consumers International, una de las normas más restrictivas a nivel mundial con relación al acceso al conocimiento y la cultura. Ello tiene que ver con el escaso lugar que tienen las llamadas excepciones y limitaciones (no incluye excepciones a bibliotecas, cláusulas de uso justo, no permite la copia privada, entre otros) (Busaniche 2011). Múltiples dimensiones relacionadas a las prácticas cotidianas de la utilización de las TIC son consideradas ilegales por este marco regulatorio.

El dilema central de la regulación está centrado en el problema del equilibrio entre los tres tipos de derechos afectados, que en el caso de la legislación argentina engloba a los siguientes sujetos: los derechos de los autores, los derechos de sus herederos o derechohabientes; los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante, el editor de una obra anónima o seudónima, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario, artistas intérpretes, los productores de los fonogramas o sus derechohabientes, los colaboradores de una obra, en una obra cinematográfica se considera tales al autor del argumento, al productor y al director, y cuando se trate de una obra cinematográfica musical, también al compositor, los derechos de los titulares (personas físicas o jurídicas) a los que les fueron cedidos los derechos patrimoniales.

Se mencionan explícitamente todos los que son considerados sujetos de derechos de propiedad intelectual porque uno de los problemas que subyace en el imaginario sobre el derecho de autor, es que éste se refiere únicamente a la defensa de los autores. Pero como puede apreciarse esta categoría es muy amplia y las garantías que ofrece la Ley 11.723 se extiende a otros titulares. Por último, y en forma tácita se considera a los usuarios de las obras cuyo acceso y disfrute se ve también afectado por esta ley.

Si bien estos son los actores contemplados en la Ley 11.723, otros agentes son también parte interesada en este tema. Por un lado, las Sociedades de gestión colectiva de derechos, entidades habilitadas legalmente para recaudar los pagos por los derechos de autor en nombre de éstos, son privadas y el Estado les otorga el monopolio de recaudación. Por el otro, existe un actor vinculado a un modelo de negocios surgido al calor de la revolución tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones, y muy especialmente el nacimiento de internet, como las empresas proveedoras de conexión o que brindan servicios de búsqueda. Y por último, el Estado y su rol en el diseño de políticas públicas.

Nos encontramos entonces con diferentes agentes y grupos que tienen intereses comprometidos en esta regulación, los autores, las Sociedades de gestión colectiva, los titulares a quienes les fueron cedidos los derechos patrimoniales, las empresas de la Industria Cultural, la ciudadanía, el Estado, las empresas proveedoras de servicios de internet.

La creciente importancia de la circulación de los bienes culturales, la vigencia de una ley antigua y fuertemente restrictiva, dispondrá a los agentes o grupos a diferentes tomas de posición respecto de los dos discursos en pugna en función del lugar que cada uno ocupa en el campo cultural, y que los llevará al despliegue de diversas estrategias de acción.

EL DEBATE EN TORNO AL DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ARGENTINA EN EL MARCO DE LA LEY 11723

Para analizar los discursos actuales de las distintos agentes o grupos interesados en el debate sobre el derecho de autor en Argentina, las implicancias socio-culturales que de ellos derivan en el marco de la Sociedad de la Información se desarrollaron una serie de entrevistas a personas clave vinculados, ya sea en forma directa o bien en foma indirecta, a la problemática del derecho de autor en la Argentina. Fueron entrevistadas personas representativas de autores, de la gestión estatal con responsabilidad en políticas gubernamentales, de asociaciones civiles, de la denominada Industria Cultural, de las Asociaciones de Gestión Colectiva, y especialistas académicos.

Los temas abordados en las entrevistas versaron sobre la propiedad intelectual en el contexto de las TIC, la existencia de tensiones, los distintos actores involucrados, los fundamentos para estas tensiones, la Ley 11.723 y la posibilidad de su modificación (tanto en términos generales como con relación al entorno digital), los tipos de modificaciones posibles o propuestos, la participación en la presentación de proyectos de reforma de la ley, acciones propicias para impulsar el debate y las reformas, las concepciones en torno del debate “liberación” vs. “privatización” y algunas relaciones posibles respecto de los argumentos a favor del fomento de la creatividad, la diversidad y el desarrollo.

Las respuestas de los entrevistados giraron alrededor de las tensiones inherentes al derecho de autor y la situación abierta con el surgimiento de las TIC, las modificaciones que deberían introducirse en la legislación -más concretamente aquellas relativas a excepciones y limitaciones, los plazos, la copia privada o cláusula de uso justo-. En el marco del contexto del entorno digital, surgió con fuerza la idea de que los cambios en las formas de producción, reproducción, acceso, uso e intercambio de los bienes culturales, produjo una reconfiguración de los actores intervenientes, cambiando el escenario de confrontación y las alianzas posibles, redefiniendo y complejizando el eje analítico liberación/privatización, introduciendo una discusión soslayada sobre la oposición entre cultura gratuita versus cultura paga. En este marco surge la pregunta sobre la necesidad de pensar marcos regulatorios cualitativamente distintos al derecho de autor y no sólo sobre mejorar el equilibrio ajustando la norma al contexto de las nuevas tecnologías.

La mayoría de los entrevistados reconocen la existencia de una tensión entre los distintos derechos involucrados y por lo tanto entre distintos actores. Sin embargo, entienden que esta contradicción es anterior al contexto actual de las TIC, y en todo caso, lo que generaron los cambios tecnológicos es una agudización de estas tensiones originales pero también el surgimiento de nuevas tensiones.

“Indudablemente con el advenimiento de la tecnología digital, la tensión renace un poco, resucita. Pero como ocurrió con la aparición de cada tecnología, la fotocopiadora, los métodos de grabación de música, surgieron conflictos a lo largo de siglo XX. [...)]Conflictos y tensiones sobre los usos permitidos de las obras” (Representante de la Cámara Argentina del Libro).

“Hay una tensión porque hay un cambio de formato tanto en la producción como en el consumo de bienes culturales, entonces el tránsito de lo analógico a lo digital implica que empieza a crujir la ley que contemplaba únicamente los derechos analógicos” (Funcionario de la Secretaría de Cultura de la Nación).

Hay una clara percepción de que esta tensión se explica evidentemente por el establecimiento de monopolios artificiales sobre los bienes intelectuales. Es la primera batalla que ha ganado el proceso de privatización sobre bienes intangibles en el desarrollo de la sociedad capitalista. Sin embargo, la definición de excepciones y limitaciones, incluso el límite del plazo de duración, son una grieta que permite observar la existencia de algunos aspectos comunitarios considerados como derechos humanos fundamentales y por lo tanto preservados del proceso de mercantilización.

Esto constituye un fuerte argumento entre quienes cuestionan desde las organizaciones de la sociedad civil la regulación de derecho de autor y abogan por una liberación de la circulación de los bienes intelectuales. La historicidad del marco regulatorio hecha por tierra cualquier concepción naturalista y permite pensar otras formas posibles de administración de estos bienes. Esta cuestión funda un punto de partida sin que ello implique que existe algún consenso o una clara salida al problema actual de la regulación en el derecho de autor.

“El derecho de autor es un fenómeno relativamente reciente, de no más de trescientos años. La humanidad tiene más de 10.000 años de intercambio cultural. Saquemos conclusiones[...] la mayoría de las obras intelectualmente más vigorosas fueron creadas en ausencia de protección alguna, desde el Popol Vuh hasta Romeo y Julieta, sin mencionar que existen muchas otras obras culturales que no son necesariamente obras literarias (por ejemplo, la arquitectura), que también se desarrollaron sin protección. El derecho de autor no sólo es un fenómeno moderno sino que además es una conceptualización histórica, por lo tanto no hay que perder de vista que si en este momento estamos frente a un cambio histórico es probable que nuestras concepciones respecto de los fenómenos de la escritura, la lectura y la cultura tengan que cambiar también. [...] Se podría discutir largo y tendido sobre los conceptos históricos y filosóficos que alientan actualmente a las leyes de derecho de autor, pero no me cabe la menor duda de que muchos de los agoreros que dicen que sin leyes de derecho de autor no habría cultura no están pensando ni dos segundos en lo que dicen. Miles de años de historia rebaten cualquier afirmación posible sobre este punto. Actualmente la digitalización de la cultura nos ofrece posibilidades enormes en materia de creación intelectual y desarrollo económico que no estamos pudiendo aprovechar por culpa de las leyes actuales.” (Miembro de Fundación Vía Libre).

Si bien en términos conceptuales ninguno de los entrevistados mencionó la cuestión de la denominación propiedad intelectual como una asociación terminológica problemática a la hora de pensar formas de regulación específicas, tampoco esgrimieron como un argumento esencial del derecho de autor su relación con el derecho de propiedad. De todos modos, cabe la posibilidad de indagar si esta no explicitación del derecho de propiedad en cuanto tal se da justamente porque la misma está profundamente internalizada. Como decíamos, el propio nombre de la ley actúa como catalizador de esta discusión imponiendo una de las visiones posibles.

Para el caso específico de la Ley 11.723, las mencionadas tensiones se evidencian con mayor fuerza si tenemos en cuenta el carácter restrictivo de nuestra legislación. Este hecho, así como su anacronía, han sido un tema que fue explícitamente mencionado por los entrevistados.

“Actualmente, la legislación no preveé una serie de excepciones que generen un equilibrio entre los derechos de los autores y los derechos del público, tales como excepciones para bibliotecas, centros educativos, universidades, excepciones de uso justo, entre otras. Esto constituye una situación única en el mundo, ya que de los 186 países adheridos a la OMPI y a la Convención de Berna, sólo veintiuno no contemplan excepciones para bibliotecas, y Argentina está entre ellos” (Miembro de Fundación Vía Libre).

Es por ello que, casi todos los actores entrevistados coinciden claramente en que deberían modificarse ciertas restricciones en la Ley en pos de garantizar derechos básicos de acceso a la cultura, aunque varían en grado y contenido, y muchas veces el desacuerdo pasa por la implementación y por la pregunta de qué es garantizar el derecho de acceso a la cultura en términos prácticos.

Algunas modificaciones mencionadas por los entrevistados apuntan a considerar los bienes culturales como bienes comunes. Las mismas tienen asidero en el imaginario de que no resulta fácilmente cuestionable el derecho de acceso a la cultura y que por lo tanto los autores y las industrias culturales tienen que aceptar limitaciones. La problemática en torno de las excepciones para bibliotecas es un claro ejemplo de ello.

“Lo otro que hay que revisar de la Ley, es que prácticamente hace muy poca excepción con las bibliotecas públicas, y hace muy poca excepción con el sistema educativo, es una ley muy puesta en el derecho de autor/derecho de empresa y contempla muy poco el derecho de lo público” (Funcionario de la Secetaría de Cultura de la Nación).

Sin embargo, a pesar del acuerdo acerca de estas consideraciones generales sobre las limitaciones y excepciones que la legislación debería contemplar, pueden apreciarse diferencias en función de los las distintas posiciones ocupadas por los entrevistados en este campo de la cultura o en el mercado de los bienes simbólicos

Aquellos sectores que tienen derechos patrimoniales sobre una obra tienden a pensar como necesidades más inmediatas modificaciones ligadas más a un carácter privativo que de excepción o limitación (o liberación), en la medida que denotan mayor preocupación por el tema de mejorar las posibilidades de control y seguimiento.

“Debería incorporar todo el capítulo de gestión colectiva de derechos que está en casi todas legislaciones, en la nuestra no. Debería incorporar excepciones como la copia privada, debería incorporar el derecho de los artistas visuales, como el droit de suite. Debería modificar el plazo de protección a las obras fotográficas, hay muchos cambios… Las obras fotográficas tienen 20 años de protección después de la publicación. Y el resto de las obras tienen 70 años después de la muerte de autor. Hay una bivalorizacion. O sea hay que equipararla. Tratarla como una obra, con los mismos derechos. Trabajar con los plazos de protección, trabajar sobre las medidas de protección tecnológica, esos son muchos cambios que se pueden hacer sobre la ley 11.723″ (Representante de la Cámara Argentina del Libro)

Estas afirmaciones evidencian la orientación de un discurso asentado sobre el carácter más restrictivo de la legislación, como es el tema de la extensión de los plazos o medidas de protección tecnológica. El énfasis de la respuesta está enfocada hacia cuestiones relativas a la defensa de los autores o de las casas editoras. En este caso, no es el tema de las excepciones para las bibliotecas la que aparece en primer lugar. No obstante ello, es singularmente significativo que si bien para el caso de la fotografía consideran que es legítimo y necesario elevar el actual plazo de protección a las obras fotográficas, para el caso específico de las editoriales, mencionan que “a la Cámara del Libro no le interesa demasiado que se incrementen los plazos de protección. Ya ha habido reclamos de sociedades autorales para que se incrementen los actuales pero en el caso del libro perjudica a muchas editoriales que quieren reproducir las obras que entran en el dominio público. Y que en este caso el plazo de protección no les es favorable” (Representante de la Cámara Argentina del Libroj.

Con relación a los plazos de duración del monopolio, el análisis del material recabado en las entrevistas da cuenta de que el esquema argumental de las dos posiciones antagónicas inicialmente planteado en el proyecto de investigación (actores a favor de la liberación que abogan por un achicamiento de los mismos, y en el lado opuesto quienes bregan por una extensión) no se presenta en forma tan clara.

Asimismo, el dilema del entorno digital incorpora elementos nuevos a considerar. Los argumentos a favor o en contra de la extensión del plazo, recorrieron fundamentaciones basadas en argumentos económicos, de diversidad, de justicia, que podríamos considerar clásicos en este tema. Pero también se introdujeron dos argumentos menos frecuentemente citados. Uno, vinculado a la preocupación en torno de la problemática de la asociación entre los derechos morales y los derechos patrimoniales, y otro, al dilema de la circulación ilíticta de obras en la denominada piratería.

“Entonces, la ley tiene además del problema de su desactualización en el marco de la convergencia digital algunos problemas en sí misma. El hecho de que una obra esté protegida por setenta años a partir de la muerte de un autor me parece que va absolutamente en contra de la posibilidad de ampliar el acceso a los bienes culturales. Y además no tiene ninguna justificación lógica, porque yo entiendo que un plazo prudencial puede ser entre los treinta y cincuenta años, para garantizar en caso de muerte del autor o, no sé, digamos, un hijo recién nacido que por lo menos tenga parte de su vida garantizada o que -por lo menos- le ingresen los derechos de lo producido por sus padres, pero con setenta años se están cubriendo nietos y bisnietos y – la verdad-me parece que no está bien. Por otro lado, se ha dado el caso en la industria editorial, en donde a partir de la liberación de los derechos, por ejemplo, de Roberto Arlt o de García Lorca apareció toda la obra de ellos y a precios variadísimos, o sea lo que sucede cuando en general proteges mucho una obra es que los clásicos casi siempre los tienen las grandes empresas, grandes empresas que están muy forzadas por la presión de la novedad. Por lo tanto, prácticamente, buena parte de esos derechos duermen. Entonces, me parece que ya aunque no existiera esta tensión por lo digital, habría que revisarla por lo menos en términos de plazo (Funcionario de la Secretaría de Cultura).

Respecto del problema del plazo y los derechos morales, la reflexión y preocupación está centrada en la capacidad real de poder ejercer los derechos morales, en la medida que el sistema de administración de justicia vigente produce de hecho una sujeción de estos derechos a los derechos patrimoniales. Esta sujeción se da en la práctica ya que la viabilidad de reclamos resultaría difícilmente practicable sin mecanismos que puedan prever compensaciones dineradas.

“Y yo no estoy tan incómodo con el tema de las largas duraciones de los derechos. Porque considero que va atado al tema de los derechos morales. [...] El problema es si el fondo de dominio público pagante se hace cargo de resguardar los derechos morales. [...] porque cuando vos violas derechos patrimoniales y morales al mismo tiempo, tenes la zanahoria de que la pelea se autosustenta. Si vas solo por los derechos morales, necesitas tener un mecanismo legal casi paralelo, en términos de recaudación… Quiero decir, si a un reportero gráfico le afectan los créditos por una foto y no hay sociedad recaudadora, nadie se va a hacer cargo (salvo el sindicato de periodistas o la asociación de reporteros gráficos) de ir a plantear el tema de los derechos sobre esa foto porque les sale más caro mandar la carta documento. Por eso digo de ver el tema de cómo se acolchonan ambos reclamos.” (Especialista académico).

Por último, el otro argumento -menos comunmente esgrimido- con relación a los plazos es que en la era digital ya no sería relevante el plazo de duración porque el problema de la denominada “piratería” está más vinculado a obras de reciente publicación. Esto significa que la solución en términos de plazo sería la liberación de las obras en forma inmediata. Por lo tanto, el problema de los plazos refiere a una argumentación vinculada a la era analógica y no constituye en la actualidad una salida a este dilema.

“Pero yo no pondría en el centro de debate de las cuestiones regulatorias ligadas al derecho de autor y nuevas tecnologías, el tema de la temporalidad. Porque eso solo podría ser pensado desde el punto de vista abolicionista. Con respecto a las nuevas tecnologías, no son las obras que están cercanas a entrar al dominio público o las obras huérfanas, sino que en gran medida son obras en pleno dominio privado y muchas veces de reciente creación. El conflicto es que sale la película y aparece al mismo tiempo en internet, con lo cual lo que se pensaba en términos de temporalidad, tendría que decir, bueno, no hay más derecho. Si le doy 5, le doy 20 o 30, igual el problema lo seguiríamos teniendo. Si es un tema a discutir, si están bien o mal los plazos, pero no son para el ámbito del conflicto de propiedad intelectual y nuevas tecnologías” (Abogada, especialista en PI).

Finalmente, el derecho de copia privada o cláusula de uso justo es también un tema que la mayoría de los entrevistados consideran problemático y que debería ser incluido en la legislación. No obstante, las formas concretas de su aplicación actúan como un punto de inflexión en la discusión. Las dos grandes posiciones difieren en el mecanismo específico de implementación, sobre el que habría dos formas básicas: o es gratuita, o bien se generan esquemas compensatorios y, por lo tanto, es onerosa.

Esta discusión introduce uno de los nudos centrales que aparecieron en los discursos de los entrevistados y que refiere a la reconfiguración del mapa de actores presentes en el debate y las posibles alianzas en el contexto de la Sociedad de ¡a Información.

Asimismo, aparece la problematización del eje liberación versus privatización. El planteo es que esta dicotomía esconde una discusión respecto de la gratuidad o no del acceso a los bienes culturales. Más concretamente, se establece un vínculo entre la idea de cultura libre como cultura gratuita.

Surge entonces la pregunta: ¿de qué se está hablando cuando se habla de liberación?. Varios de los entrevistados hicieron especial referencia al tema remarcando que los bienes culturales son producidos en un contexto marco dominado por el modo de producción capitalista. Señalan que “la cultura alguien la paga”, y que no dar ese debate es defender un statu quo a favor de un tercer actor distinto de los “usuarios” y “autores/titulares”. Este tercer actor está conformado por las empresas de telecomunicaciones o de servicios de búsqueda en internet, las cuales usufructúan comercialmente los bienes culturales en nuevos esquemas de negocios (por ejemplo, los vinculados a la publicidad) generando una considerable transferencia de ingresos hacia ese sector.

“Lo que pasa es que esa definición le falta un adjetivo. Porque lo que dicen es mayor niveles de acceso gratuito. Hay una frase muy antipática que usaron los españoles, y que se discutió con la ley SOPA y la ley PIPA, que son ese tipo de afirmaciones brutales como las de que la cultura no es gratis. La salud tampoco, alguien la paga, el tema es cómo se accede y quién paga. Entonces siempre es incómodo decir que la cultura está cruzada por el dinero. Y la información también. El problema es por qué ¿Por qué se mercantiliza? ¿O por qué se reconoce el derecho de los productores? Entonces la frase antipática de la cultura no es gratis es cierto. El dato es discutir quién paga. Nada es gratis lamentablemente. La televisión de acceso gratuito, tampoco es gratis producirla, alguien se debe hacer cargo de poner plata. Tiene que ver incluso hasta con el famoso tema de la multiplicación de voces, los subsidios al pluralismo, si la pauta oficial tiene que servir para eso. Lo corro al tema medios donde está más claro. La TDA que se recibe sin pagar, no es gratis. La universidad no es gratis, es no arancelada. 40 millones de personas que hacen que quienes van a la universidad no paguen y que quienes dan clase cobren. Es un buen ejemplo para hacer una analogía. ¿La educación es gratuita o es no arancelada? Gratis no es nada, porque implicaría que alguien regale. Y acá pasa lo mismo. Entonces, la universalización sin que nadie pague nada atenta contra la creatividad; la discusión es quién tiene que pagar” (Especialista académico).

La necesidad entonces de revisar el marco regulatorio actual del derecho de autor sería para establecer mecanismos más ajustados – o bien mecanismos nuevos- con relación a la explotación económica de las obras, introduciendo en el debate la premisa de que alguien paga por los bienes culturales. La idea es que hay actores vinculados al discurso de la liberación de contenidos que acumulan beneficios sin restricciones mediante la circulación de los bienes culturales, y que por lo tanto, el problema no es la liberación o la privatización, sino quién soporta los costos de la producción cultural. De este modo, no puede quedar reducida la oposición entre usuarios-consumidores y autores-titulares, sin contabilizar este nuevo actor y sin tener en cuenta la redehnición de posibles nuevas alianzas.

“Creo que hoy estamos en una situación distinta y que el contexto cambió, y no es un simple agravamiento de la tensión de modo que tenemos que pensar en la misma línea sino que tenemos que barajar y dar de nuevo a los efectos de entender qué está pasando. El funcionamiento de las leyes de propiedad intelectual habilitaba algunos usos privados que no eran contradictorios con la misma ley. Esos usos privados de alguna forma se extendieron en la web pero empezaron a ser contradictorios con la ley por la gran capacidad de masividad, fenómeno que algunos podían entender que causaba perjuicios a los mismos autores o también a algunos intermediarios de la cultura [...]. Con lo cual yo creo que hoy la regulación debería tender a respetar algunos usos pero establecer de forma adecuada y razonable una retribución a los autores por esos usos y que no te tengan que autorizar previamente sino que haya una licencia legal, una licencia que da el Estado de forma que las obras que circulan en determinadas condiciones – que también podrán determinarse, para que no haya una especie de expropiación en la web- sean legales, siempre y cuando los proveedores de servicios de internet compensen ese pago del modo que la normativa establezca. Y si son los proveedores de internet, porque evidentemente hay discusiones, clasificaciones intermedias, de quien provee el servicio básico, si fuese una telefónica, quién es el titular de la página, quién ofrece el hostin, quién permite el acceso, cómo son los buscadores y demás. Habrá que buscar el equilibrio de forma tal que lo pague quien mayormente se beneficie con esa reproducción” (Abogada, especialista en PI).

“Digo otra cosa previa: por las cosas siempre alguien paga, y por la cultura siempre alguien pagó, pudo haber sido el mecenas, pudo haber sido el monarca, pudo haber sido la comunidad o, en el caso de la sociedad capitalista como la nuestra, paga el mercado. [...] Yo lo que quiero es que haya una mayor profesionalidad de los productores culturales, eso implica remuneración. Esto no quiere decir que el Estado se tenga que borrar de sus tareas fundamentales. No habría mucha cultura si no estuviera el Estado, por ejemplo, promoviendo en el INCAA, promoviendo en televisión, promoviendo el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Pero luego me parece que tiene que haber un justo reconomiento por el trabajo de los creadores. Por lo tanto para nosotros, no defender ese derecho es volver a un esquema de amateurismo, [...] Por lo tanto, estamos en contra de la supuesta lógica de una cultura gratuita contra una cultura paga. Eso es mentira. Internet no es gratuito. Ya te di el ejemplo, factura el doble de lo que factura todo el resto. Si bien, no estamos, en ninguna lógica de penalizar al consumidor, sí nos parece que hay determinadas plataformas que hacen negocio con el derecho de los productores que hay que por lo menos limitar, sacar, prohibir, o aggiornar, yo creo que hay un fenómeno bien interesante…”(Funcionario de la Secretaría de Cultura de la Nación).

En este sentido, deben considerarse los procesos de convergencia tecnológica y de negocios en el marco de las TIC. Ya no solo intervienen las tradicionales Industrias Culturales sino otros actores expanden su participación, como las empresas de telecomunicaciones, los medios de comunicación y los productores de hardware. Los bienes culturales amplían la reproducción del capital y generan una fuerte redistribución del ingreso. Esto lleva a la necesidad de repensar también nuevas ecuaciones de negocios, esquemas impositivos y formas de apropiación del plusvalor (Calcagno, et al: 2012).

“Porque se le tiene que pagar al autor y eso es lo que siempre hay que tratar de lograr; que por el incremento del uso de las obras los que salgan beneficiados sean son los autores. Entonces las formas de accesibilidad también tienen que beneficiarlos. De hecho, en el tema digital, empezamos avanzar en muchas propuestas relacionadas a que determinadas formas de compartir obra generen derechos de compensación. Y que los paguen los proveedores de servicio de internet que son los que están ganando en este juego, en el cual se enfrentan usuarios y titulares de derecho innecesariamente. Porque hay un tercero ahí que es el que se está llevando todos los beneficios de ese supuesto conflicto. Que se puede remediar incorporándolo como un actor para que distribuya los beneficios que genera la comunidad digital” (Representante de la Cámara del Libro Argentino).

Surgen nuevas tensiones entre los autores y terceros distribuidores, editores, etc., ya que la estructura de mercado altamente concentrada lleva a los autores a buscar formas de disfusión alternativas. Les resulta más provechoso y rentable que la obra circule gratuitamente permitiéndoles acumular referencia y prestigio. De todos modos, pareciera ser un comportamiento más ligado a una situación de necesidad que una estrategia considerada justa y deseada por parte de los autores.

Se establece entonces una alianza táctica entre las grandes multinacionales que pregonan por la liberación, los autores que utilizan las TIC para hacer circular sus obras -sin pasar por los intermediarios de las Industrias Culturales clásicas-, y los usuarios o consumidores que ven facilitado el acceso.

“Y generalmente, después, en el caso de arte con tecnología hay obras que justamente lo que hacen es hackear el sistema de ventas. Es decir, lo ponen en sistemas de reproducción gratuita, lo democratizan, lo envían a China, a Japón… En esos formatos, viajan por la red. Y entonces, digamos pueden tener obras sin pagar, en museos coreanos. [...] O los propios artistas lo ponen gratis en algunos de los portales que uno puede acceder, enyoutube o enflickr, que son obras, lo ponen como información, probablemente no tengan la calidad para ser exhibidos en un museo o en una muestra pero generalmente tienen menos pretensiones a la hora de que su obra tenga un valor de mercado” (Curadora).

“Y que hoy la democratización a través de las nuevas tecnologías hace que el productor o realizador o autor se pueda vincular directamente a su consumidor o espectador sin la necesidad de un distribuidor. Entonces, al menos la ley debería prever esos casos” (Director de cine)

LO COMÚN, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LOS PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEY 11723

Para analizar la tensión, tematización y discusión sobre las nociones de propiedad intelectual y bienes comunes en la Ley 11.723, se trabajó sobre los proyectos de reforma de la Ley presentados en el Congreso Nacional, considerado como uno de los principales terrenos de disputa.

La presentación de proyectos de Ley es una forma por la cual los distintos actores intentan legitimar sus intereses. La actividad legislativa refleja en una democracia el grado y tipo de debate que existe en una sociedad sobre las formas en que se regulan las relaciones. En este sentido, la selección temática de los proyectos y su fundamenta-ción constituyen un buen indicador sobre la problematización a nivel social de determinados temas.

Se analizaron los proyectos de reforma de la ley 11.723 presentados entre los años 2003-2012 en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, disponibles en sus páginas web. Ello permitió, por un lado, dar cuenta de la relevancia del tema en el espectro político y social, y por el otro, clasificar los proyectos en función de si la fundamentación se asienta sobre una concepción que atribuye a estos bienes un carácter común, público o privativo.

Como se mencionó en otro capítulo, el carácter atiende a las relaciones legales que se dan entre un bien y las personas que interactúan con él. En el caso de los bienes intelectuales, este carácter varía según las posibilidades de acceso, quien lo produjo, en qué circunstancias y condiciones, y cómo decidió el autor, el inventor, el titular o la legislación sobre su disponibilidad y administración.

En el sistema del derecho de autor, estas tres relaciones se entrecruzan y una misma obra puede asumir un carácter diferente a lo largo del tiempo (pasar de tener un carácter privativo a un carácter común, como cuando concluye el plazo de protección post-mortem y la obra pasa al dominio público). Tal como venimos analizando, la legislación puede establecer una regulación ponderando uno u otro carácter.

Durante el período analizado, se presentaron un total de 28.771 proyectos de reforma de leyes en el Congreso Nacional, de los cuales 9.802 fueron inciados en la Cámara de Senadores y 18.969 iniciados en la Cámara de Diputados.

Del total de proyectos, sólo 73 se referían a la ley 11.723, de los cuales fueron presentados 27 en la Cámara de Senadores y 46 en la Cámara de Diputados.

El gráfico da cuenta de la escasa relevancia que tiene el tema en términos de iniciativa legislativa, pero también de la falta de síntesis y consenso en torno de las posibles modificaciones a la legislación sobre derecho de autor.

Respecto de los proyectos de reforma presentados sobre la ley 11.723, un análisis del carácter al que tienden las regulaciones que se intentan introducir, indica que la mayoría de los proyectos entienden la necesidad de modificar artículos vinculados a la ampliación de las excepciones y limitaciones.

Al analizar el contenido de estas propuestas, encontramos que el grado de modificaciones, el objetivo y su fundamentación, no necesariamente puede asociarse a la búsqueda de mayor acceso en función de entender este derecho como un derecho humano.

De los 73 proyectos de ley presentados, 35 tienden a la apertura y por lo tanto a concebir cierto carácter común de estos bienes. De los 35 proyectos mencionados 26 plantean reformas del artículo 36. Este artículo hace referencia a:

36. — Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar: a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras; b) La difusión pública por cualquier medio de la recitación, la representación y la ejecución de sus obras.

Sin embargo, será lícita y estará exenta del pago de derechos de autor y de los intérpretes que establece el artículo 56, la representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas, vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuación de los intérpretes sea gratuita.

También gozarán de la exención del pago del derecho de autor a que se refiere el párrafo anterior, la ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos sea gratuita (Párrafo sustituido por art. Io de laLey N° 20.098 B.O. 23/1/1973).

Se exime del pago de derechos de autor la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades autorizadas (Párrafo incorporado por art. Io de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007).

Esta exención rige también para las obras que se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o protegidas por cualquier otro sistema que impida su lectura a personas no habilitadas. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán las claves de acceso a las obras protegidas (Párrafo incorporado por art. Io de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007).

No se aplicará la exención a la reproducción y distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles (Párrafo incorporado por art. Io de la Ley N° 26.285 B.O. 13/9/2007).

Varios de estos proyectos incluyen excepciones destinadas a liberar de la necesidad de autorización y exención de pago para la reproducción fonográfica en habitaciones de hoteles, restaurantes, comercios minoristas o pequeñas y medianas empresas. Uno de los fundamentos centrales de estas inciativas tiene que ver con las dificultades que se generan en el ámbito comercial y no desde el punto de vista de la liberación en términos de concebir el acceso a los bienes culturales como un derecho humano (como ocurre con los planteos de excepciones para fines educativos o incluso en el ámbito privado de las casas de familia). Estas cuestiones se mezclan en varios proyectos. Por ejemplo:

“Con esta enumeración de supuestos de exención, por un lado acogemos la opinión de que las ejecuciones o interpretaciones en los ámbitos de piezas de hoteles, casas de comida, restaurantes y comercios minoristas, bajo determinadas condiciones -repito- no deben tributar aranceles, y por otro lado, también actualizamos los contenidos originales de la ley incorporando sujetos exentos que por razones históricas no fueron contemplados, como ser el caso de orquestas o agrupaciones del Mercosur, de las universidades nacionales, etcétera.” (Proyecto presentado el 01/03/2007 por el Movimiento Popular Neuquino en la Cámara de Diputados).

Por otro lado, 10 proyectos hacen expresa mención de la necesidad de incorporar limitaciones y excepciones a bibliotecas o bien consideran necesario introducir dentro de las obligaciones de los editores la entrega de una mayor cantidad de ejemplares en depósito para que estos sean distribuidos en bibliotecas, sea la CONABIP o bibliotecas universitarias o provinciales, muchos de los cuales incluyen también centros de documentación o museos. Este tipo de proyectos como los que hacen referencia a la liberación para instituciones sin fines de luero que organizan eventos sociales, tienen claramente una tendencia a concebir este tipo de bienes como comunes y, por lo tanto, a sustentarse en fundamentos vinculados al derecho de acceso como un derecho humano. Como pudimos apreciar en el apartado anterior y que se evidenció en las entrevistas, la presentación de estos proyectos da cuenta del consenso que existe en torno a esta problemática.

Citamos uno de los proyectos presentados que da cuenta en breves párrafos de varios argumentos a favor de la consideración de los bienes culturales como bienes comunes, del problema relativo al derecho de propiedad, y del derecho de acceso como un derecho humano.

“Las bibliotecas públicas son puertas abiertas al conocimiento, son las garantes del derecho de acceso a la información por parte de la comunidad a la cual prestan servicio, contribuyendo substancialmente al desarrollo de las sociedades.

La propiedad intelectual se encuentra integrada al concepto constitucional de propiedad, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y si bien la propiedad es de sus autores, tal condición no implica la negación de cualquier justificada limitación que pueda disponer el Estado, dado que nuestro ordenamiento no admite derechos absolutos y reconoce que la propiedad cumple un fin social.

La Constitución Nacional obliga a dictar leyes que protejan “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública”, en su artículo 75, inciso 18.

La posibilidad de tener acceso a la cultura nunca puede ser un privilegio, debe ser considerada un elemental derecho humano, y como tal corresponde al Estado su tutela.” (Proyecto de Ley presentado por el FPV el 11/07/2011 en Cámara de Diputados Expte. 3623-D-2011)

Los proyectos de carácter privativo suman 26 en total. Cabe una aclaración respecto de algunos proyectos que fueron incluidos dentro de esta categoría y que implican la imposición de mayores niveles de regulación a favor de los autores. Es necesario establecer la diferencia entre aquellos proyectos que proponen modificaciones tendientes a otorgar más poder a los autores por sobre los terceros que comercializan las obras, y los que no hacen diferencia entre los autores y los titulares de derechos patrimoniales, como si se tratara de un mismo sujeto. Por ejemplo, 3 proyectos plantean el droit de suite o derecho de participación o de seguimiento de la obra. Este derecho permite a un artista plástico realizar un seguimiento de la obra -luego de la primera venta- sobre las sucesivas ventas que tenga la obra y adquirir un porcentaje de cada una de ellas. En el mercado del arte resulta habitual que una obra adquiera mayor valor con el transcurso del tiempo y con el prestigio adquirido por el autor a lo largo de su trayectoria.

De los 26 proyectos, la mitad proponen una extensión de los plazos del monopolio. Estas iniciativas dan cuenta de la existencia de actores claramente ubicados dentro de esta perspectiva, con fuerte poder de lobby político, y que intentan reforzar este punto restrictivo de la legislación. Un grupo que ha logrado imponer sus intereses a lo largo de este período es el de los productores de fonogramas, quienes han logrado aprobar un proyecto de extensión del plazo de protección a setenta años post mortem mediante la sanción de la Ley 26.570 del año 2007.

Solo tres modificaciones se han logrado durante este período: la mencionada en el párrafo anterior, una que incluye a los directores de cine como autores, y la ampliación de excepciones para la reproducción y distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales o perceptivas.

En el caso de la inclusión de los directores de cine, cabe destacar que al igual que señalamos con el derecho de seguimiento, si bien es restrictivo y extiende a un sujeto nuevo los derechos concedidos en la legislación, puede considerarse que constituye también una limitación a los derechos concedidos a los productores. En la Ley argentina se daba el caso paradójico -hasta el año 2004- de que los productores fueran considerados los autores, sin que medie proceso creativo para ello, y los directores no contaran con este reconocimiento. Esta situación refleja con claridad la ponderación del aspecto económico al que tiende la Ley 11.723.

Con relación a la problemática de la regulación en el entorno digital, teniendo en cuenta que la ley argentina no contempla las nuevas condiciones de acceso que trajo consigo la Sociedad de la Información y que es una de las principales causas de la desestabilización de la normativa actual, es importante señalar que se presentaron 9 proyectos de cuales 1 solo tiende a la apertura, mientras que los 8 restantes son netamente privativos. En particular 4 de ellos refieren a la necesidad de gravar aparatos que permitan copiado y reproducción de obras literarias y científicas, es decir el famoso canon digital. Esta es una de las complejas soluciones que se intentaron dar al problema del entorno digital, aunque claramente termina imponiendo la carga impositiva del pago sobre el consumidor.

CONCLUSIONES

En el transcurso de las entrevistas el eje de análisis propuesto -liberación versus privatización- permite avanzar en ciertos principios explicativos pero no da cuenta de todas las aristas que presenta el problema del derecho de autor en la Sociedad de la Información. Fuenecesario precisar conceptualmente estos términos y replantear la idea original de que existen dos posiciones contrapuestas de manera irresoluble y antagónica.

En la era digital, la lucha por la apropiación de los bienes culturales plantea un nuevo espacio de disputa. Entra en escena un nuevo actor conformado por las empresas de telecomunicaciones o los proveedores de servicios como buscadores, plataformas de hosting o proveedores de conectividad, que complejiza el eje dicotómico liberación versus privatización. La confrontación entre quienes abogan por el avance del mercado y la apropiación privada de los nuevos nichos, y quienes pregonan por la apropiación social de las TIC y la sustracción de esos espacios de la lógica mercantil, no puede clasificarse en forma paralela a quienes sostienen un discurso a favor de la liberación o la privatización. La noción de cultura libre es sostenida por los usuarios y ONG -propulsores de usos y espacios que no se someten a la lógica del mercado-, pero también por grandes empresas multinacionales cuyos gigantescos modelos de negocios se sustentan sobre la circulación libre de obras culturales en los que la apropiación privada está presente. Ello plantea la redefinición de alianzas y la necesidad de incluir en el análisis actores no tradicionalmente asociados al derecho de autor.

En este marco, se debe especificar qué se entiende por liberación: si es acceso gratuito, formas de acceso no mediatizadas pero sustentadas económicamente por nuevas medidas tributarias, u otros. Asimismo, definir si cuando se dice apropiación o privatización, se entiende por ello derechos absolutos o el resguardo de derechos económicos, y si el derecho de acceso se enlaza necesariamente con la noción de gratuidad.

Si bien el entorno digital produce una agudización de las tensiones intrínsecas al derecho de autor, surgen además nuevas tensiones que requieren mecanismos de regulación más complejos. Éstos deben contemplar y revisar las nuevas formas de producción cultural, la propia noción de autor, la situación de los trabajadores en relación de dependencia y que trabajan con contenidos creativos, la noción de bienes comunes y el derecho de acceso a la cultura, el rol del Estado en la regulación de las nuevas ecuaciones de negocios, esquemas impositivos, formas de apropiación del plusvalor, nuevas plataformas de acceso y tipos de licencias.

Hay una coincidencia de que este tema atraviesa cuestiones que exceden el derecho de autor. Si bien aún no se ha construido un consenso sobre posibles soluciones, resulta urgente instalarlo en la sociedad porque la configuración del mercado en la convergencia digital trae profundas consecuencias sobre las bases de la organización societal.

La redacción actual de la Ley 11.723 y la actividad legislativa desarrollada desde el 2003 hasta la fecha dan cuenta de la prevalencia del accionar de quienes convocan a una profundización del carácter privativo. Ello se extiende tanto en el terreno legislativo como la vía judicial con el objeto de ampliar los parámetros de la ley actual a las nuevas formas de acceso, uso, goce y reproducción que permiten las TICs. Es decir, sin introducir modificaciones de carácter integral del sistema, sino re-adecuar algunos aspectos de la legislación al nuevo contexto y, al mismo tiempo, perseguir a los usuarios-consumidores.

Del lado opuesto, está claro que los usuarios-consumidores eligen como alternativa de acceso la ejecución de prácticas que podrían ser consideradas ilegales pero que se han vuelto muy extendidas y, por lo tanto, gozan de legitimidad social. El impacto cultural que supone la apropiación social y difusión de las herramientas de la Sociedad de la Información, implica la emergencia de una nueva subjetividad que entra en oposición al poder del mercado y el Estado (Finquelievich, 2002), y posibilita un terreno para el re-lanzamiento de la discusión sobre la noción de lo público y lo común.

No obstante, el contra-discurso y las prácticas contestatarias que pregonan el acceso y circulación libre de la cultura deben tener en cuenta que, en el marco de las sociedades capitalistas y con alta concentración del mercado, algunos de los argumentos esgrimidos pueden asociarse paradójicamente más al liberalismo clásico que a un pensamiento transformador.

Con relación a la actividad legislativa, el análisis de los proyectos de reforma de la Ley 11.723 da cuenta de las confrontaciones en términos de quienes buscan reforzar los aspectos restrictivos de la Ley manteniendo el statu quo y quienes quieren introducir modificaciones para ampliar las excepciones y limitaciones (aunque manteniendo su espíritu original y las premisas sobre las que se basa el sistema de propiedad intelectual) vigente incluso con un especial interés por la regulación de cuestiones públicas en la que los Estados administren y gestionen mayores y mejores posibilidades de acceso a obras. A pesar de los consensos encontrados en este último punto (como es el caso de la necesidad de ampliar las excepciones para las bibliotecas), estos proyectos no han tenido viabilidad política.

El mayor inconveniente pareciera ser que el tema no tiene relevancia social ni política, más allá de que su complejidad técnico-jurídica atente contra la instalación de la discusión en forma masiva. Aún cuando en la Argentina la discusión por la Ley de Medios Audiovisuales instaló el debate sobre la concentración empresarial de los medios de comunicación y el derecho de acceso a la cultura y la información, no ha sido posible ampliar este proceso para el caso de la legislación vinculada al derecho de autor.

En este sentido, es imprescindible avanzar sobre definiciones claras respecto del carácter de los bienes culturales así como del carácter público o no público de medios como internet. Si este carácter se definirá por una concepción ligada a la noción de bienes comunes en detrimento de una fórmula privatista, y en cuyo caso qué rol ocupará el Estado y cuál el mercado.

Algunos cursos de acción posible fueron señalados. Pero en cualquier caso, no resulta suficiente con intentar generar un nuevo acuerdo y equilibrio en el statu-quo que establece la Ley 11.723, sino que es necesario repensar los ámbitos de producción y circulación de los bienes culturales de manera que se establezcan nuevos consensos y modelos de regulación. Un aspecto importante a repensar es la denominación de la Ley 11.723 como de Ley de Propiedad Intelectual que denota la orientación privatista de su concepción, en la medida que equipara el tratamiento de los derechos intelectuales sobre los bienes intangibles al derecho de propiedad sobre los bienes materiales. Esta terminología esconde la defensa de derechos económicos detrás de una supuesta defensa de las creaciones autorales. Confunde así a los distintos actores y sus roles dentro de la producción y circulación de bienes culturales, englobando bajo el concepto de autor a otros titulares de los derechos patrimoniales vinculados exclusivamente a la explotación económica de la obra. Es por ello que no bastan las modificaciones propuestas sobre los plazos, las limitaciones y excepciones y la inclusión del derecho de copia privada, aunque sin duda serían un paso fundamental en el camino hacia una discusión más integral.

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Socióloga por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en Gestión de la Propiedad Intelectual por la Universidad Bolivariana de Venezuela↵

Para un detalle completo de los autores clasificados en cada una de las corrientes consultar el texto de Martín Becerra La Sociedad de la Información (Portal de la Comunicación. Aula abierta / Lecciones Básicas) Disponible en: http://www. cinelatinoamericano.org/assets/docs/La_sociedad_de_la_informacion.pdf↵

Manuel Castells (2000) realiza un detalle sobre la historia de internet. Analiza el desarrollo a partir de la interacción entre la ciencia, la investigación universitaria fundamental, los programas de investigación militar en Estados Unidos y la contracultura radical libertaria, sumando por último a la cultura empresarial, que bastantes años más tarde enlazó Internet con la sociedad. Allí destaca, entre otras cosas, que internet no fue el desarrollo de una inversión empresarial en busca de ganancia, que se desarrolla a partir de una arquitectura informática abierta y de libre acceso desde el principio; que los usuarios son quienes han contribuido al desarrollo de innovaciones permanentes, y que por ejemplo la world wide web fue creada por Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en sus horas libres.↵

"Click", n° 11, año 3, febrero de 2008 sobre Comercio exterior de servicios culturales, publicación que depende del Laboratorio de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación. Los "servicios culturales" que se incluyen esta definición son "servicios de informática", "servicios de información", "regalías y derechos de licencia", "servicios de publicidad e investigación de mercado", "servicios de investigación y desarrollo", "servicios audiovisuales y conexos" y "otros servicios personales, culturales, y recreativos.↵

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"font-weight: normal;">Maria Goñi Mazzitelli[1]
"font-size: 26px; line-height: 25px;">

AGENDAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SUR

DESAFÍOS Y DIFICULTADES PARA CONSTRUIR CAMINOS PROPIOS

La experiencia de la Universidad de la República, Uruguay[2]

INTRODUCCIÓN

Los cambios en las formas de organización y producción del conocimiento han tenido impactos diferentes en las distintas áreas de investigación y han promovido, a su vez, transformaciones en el interior de las universidades. En Uruguay, la Universidad de la República es la institución que produce la mayor parte del conocimiento en el país, ya que cerca del 80% de los investigadores pertenecen a ella, por lo que estos cambios tienen fuerte impacto en la producción directa de dicho conocimiento. Actualmente, la Universidad de la República transita un proceso de reforma que implica un conjunto de líneas estratégicas, entre las que destacamos aquella que pone énfasis en la investigación e innovación orientadas hacia la inclusión social. En este sentido, se visualiza la creación e impulso de nuevos programas y líneas de investigación, que buscan ampliar e incorporar nuevas temáticas vinculadas a necesidades sociales en la estructura académica.

En el año 2003, la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar abrió la primera convocatoria del Programa de investigación e innovación orientado hacia ¡a inclusión social, que tiene como uno de sus objetivos el estímulo a la inclusión de nuevas problemáticas en las agendas de investigación de todas las áreas de conocimiento. Si bien se han obtenido algunos logros importantes, continúan existiendo barreras y dificultades para impulsar de manera más general a la comunidad académica en su conjunto a ampliar su agenda de investigación, apuntando a problemáticas que afectan directamente a sectores vulnerables de la población.

En este sentido, se habla de la necesidad de estimular y ampliar la capacidad creativa de los investigadores en cuanto a la percepción de problemáticas que afecten la inclusión social de sectores de la población, lo que implica deconstruir y construir nuevas prácticas académicas con perfiles locales. La selección de las dos áreas que aborda esta investigación —ingeniería (computacional y eléctrica) y salud (clínica)—, se debe a las diferentes apropiaciones y participación en el referido programa. La primera de las áreas mencionadas ha tenido una menor participación, mientras que la segunda ha sido más receptiva a este tipo de convocatorias. Recabar las opiniones surgidas de investigadores de ambas áreas nos permite una aproximarnos a las oportunidades y barreras que éstos identifican.

En este contexto, nuestro argumento se organiza alrededor de dos procesos interrelacionados: en el eje central, la incorporación de nuevas temáticas en las agendas de investigación, o de nuevas líneas que pueden promoverse a raíz de los cambios en las formas de organización y producción del conocimiento. Es así que, por un lado, este proceso se ve favorecido por el desarrollo y expansión de nuevas políticas y programas de financiamiento que estimulan la investigación interdisciplinaria, grupal y la vinculación con actores externos a la universidad.

Por otro lado, el actual sistema de evaluación desacelera y frena el proceso de incorporación de nuevas temáticas en sus agendas de investigación.

Teniendo presente ésto, el objetivo general de esta investigación es conocer las opiniones de los investigadores acerca de la incorporación en sus agendas de investigación de temáticas orientadas a la resolución de problemas que afectan la inclusión social de un sector de la población.

No existen a nivel nacional antecedentes de investigación sobre esta temática, aunque sí se recogen reflexiones conceptuales acerca de las dificultades en la incorporación de estas temáticas, así como también sobre la conexión/desconexión entre demanda y oferta de este tipo de conocimiento.

En este marco, los desafíos comunes que comparten actualmente las universidades latinoamericanas involucran un amplio conjunto de dimensiones: resignificación del conocimiento; contexto de producción y utilización de conocimiento; nuevas dinámicas de interacción universidad-sociedad; necesidad de establecer nuevos criterios de evaluación; tensiones mayores entre los niveles de autonomía de las universidades y sus obligaciones con la sociedad (Arocena, Borta-garay y Sutz, 2008).

Si bien la dinámica de la ciencia en contextos periféricos —y en particular en América Latina—, ha sido objeto de algunos estudios durante las últimas dos décadas, existen aún muchos aspectos que necesitan ser investigados a la luz de las nuevas transformaciones en las formas de producción de conocimiento.

Es así que se buscará, en primer lugar —y en términos generales—, caracterizar en ambas áreas de conocimiento las formas de organización y la incidencia en los cambios de las formas de producción del conocimiento. En este marco, también se deben tener presentes las características de ambos contextos en los que se investiga y se consolidan las trayectorias académicas de los investigadores: contextos con mayor o menor receptividad frente a las transformaciones, lo que también influye directamente en la construcción de las agendas de investigación.

En segundo lugar, se pretende indagar acerca de la opinión en torno a las oportunidades de los investigadores para ampliar sus agendas de investigación hacia temáticas orientadas a la inclusión social.

En tercer y último lugar, se intenta identificar las barreras para la ampliación de las agendas de investigación, con especial hincapié en el fuerte impacto del actual proceso de evaluación en los investigadores.

METODOLOGÍA

El problema de investigación propuesto requirió un abordaje cualitativo que permitiera reconstruir las opiniones de los investigadores sobre los procesos de cambio en el interior de la universidad y su comunidad académica, y comprender sus lógicas en relación con la incorporación de nuevas temáticas orientadas a contribuir a la inclusión social en sus agendas de investigación.

Para recabar estas opiniones se utilizó el método de entrevista semi-estructurada, cuyo propósito es permitir que el diálogo se desarrolle con la mayor naturalidad posible, previendo la posibilidad de profundizar en temáticas no dispuestas en las preguntas de la pauta (Valles, 2003) y a sabiendas de que el espacio de la entrevista es único e irrepetible (Patton, 1990). La información recabada tendrá una orientación e interpretación propia de cada sujeto entrevistado y es significativa porque parte de la experiencia de cada investigador, lo que permite dar cuenta de los contextos sociales en que se inserta.

Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios teóricos dentro de cada área:

- En Ingeniería, se seleccionaron aquellos institutos que destacan por tener trayectorias de investigación de larga duración y un amplio plantel de investigadores consolidados: el Instituto de Computación y el de Ingeniería Eléctrica.

– En Salud se consideró, en primera instancia, la experiencia con el programa de investigación en cuestión, por lo que se optó por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, con antecedentes de presentación de propuestas en torno a la inclusión social. Se tomó en cuenta también el potencial de aplicación de la investigación, por lo que el Departamento Básico de Medicina resultó de interés, con diversas líneas de investigación vinculadas con distintas especialidades médicas. Sus integrantes cumplen funciones de asistencia en el hospital universitario, lo que los pone en contacto directo con sectores de la población de alta vulnerabilidad.

NUEVAS FORMAS EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Son muy diversas las vertientes disciplinarias agrupadas en los estudios sobre CTS que han buscado conceptualizar las transformaciones en la producción del conocimiento[3] con múltiples y complejos matices, pero compartiendo la idea de que se han puesto en marcha importantes transformaciones en el campo de la ciencia académica.

Algunos de estos enfoques dan cuenta de la importancia de la rendición de cuentas ante la sociedad. Se reconoce que las demandas y los controles sociales sobre los resultados científicos son mucho más fuertes, y que la investigación se ve permeada crecientemente por los valores sociales, económicos y políticos que predominan en cada momento. A su vez, la producción de conocimiento tiende a estar más enfocada en contextos de aplicación, prestando cada vez más atención a la utilidad concreta que pueda resultar de la ciencia y tecnología. Esto ha impulsado una mayor transdisciplinariedad, en contraposición con la tradicional división disciplinaria de la ciencia, debido al abordaje multidimensional que requieren los diferentes contextos de aplicación.

Algunos autores han planteado (Nowotny et al., 2002) que si resulta lícito hablar de un nuevo modo de producción de conocimiento, ello es solo reflejo de un nuevo modo de sociedad. Es la sociedad la que desarrolla los procesos y da sentido a las acciones. La ciencia, por su parte, es un producto social y su sentido ulterior debe ser encontrado en el conjunto de relaciones que la “contextualizan”, en un sentido tan fuerte que no sería inconveniente afirmar que la determinan.

El nuevo modo de producción del conocimiento afecta no solo a aquello se produce, sino también al modo en que se produce, el contexto en el que se lleva adelante, la forma en que se organiza, el sistema de recompensas que utiliza y los mecanismos que controlan su calidad (Gibbons et al., 1997).

Estos cambios se presentan de manera diversa en cada contexto y al interior de cada disciplina. Los diferentes grados de apropiación y receptividad pueden llevar a que se produzcan entre los investigadores tensiones en relación con la representación de su rol académico. Algunas de estas tensiones tienen que ver con el grado de libertad del investigador a la hora de elegir sus temas de estudio y la incorporación —por posición y conocimiento adquirido—, de las diferentes demandas sobre temáticas a investigar para dar respuesta a problemas identificados en su ámbito. Esto, a su vez, se encuentra ligado con la elección y posibilidad de desarrollar una línea de investigación personal que permita construir una trayectoria académica con miras a lograr el prestigio y el reconocimiento de los pares.

No tener presente esto sería no ver un factor que incide —y mucho— en la construcción y el establecimiento de temáticas en la agenda de investigación. Como plantean Arocena y Sutz (2001) las universidades de los países en desarrollo muestran a menudo un sistema esquizofrénico de reconocimientos: mientras que el discurso oficial elogia fuertemente la posible contribución de la investigación e innovación a la competitividad económica y plantea que dicha contribución debiera ser objetivo prioritario de trabajo, el sistema de evaluación académico se basa en publicaciones en revistas internacionales. Esto tiende a sesgar las agendas de investigación del sur hacia el estudio de problemas del norte, algo que es definitorio en los criterios de evaluación de buena parte de dichas revistas. Así, la preocupación por reforzar los vínculos con el uso social del conocimiento en un contexto local suele estar en permanente tensión con la legitimación de los conocimientos que se dirigen a la comunidad internacional en un campo determinado.

Es desde esta tensión que se plantea el desafío de convocar y movilizar las capacidades de creación de conocimiento y de innovación para resolver problemas de la vida cotidiana, y que se impulsa y promueve la creación de una “agenda desde adentro” (Arocena y Sutz, 2003). La construcción de agendas de conocimiento para una vida cotidiana inclusiva puede verse como un movimiento desde la gente en sintonía con la investigación y la innovación. Esto puede ser visto como parte de la construcción del nuevo contrato entre la ciencia y la sociedad.

Si bien estas conceptualizaciones no fueron pensadas desde el sur, son marcos de referencia que permiten construir caminos propios. Para trabajar en el subdesarrollo —al decir de Arocena y Sutz (2000)— hay que mirar desde el sur. Éstas diversas vertientes disciplinarias que buscan caracterizar los cambios que se producen en las formas de organización y producción del conocimiento ofrecen andamiajes para estudiar, interpretar y pensar desde el subdesarrollo las transiciones de las sociedades actuales y los posibles instrumentos para incidir sobre ellas.

LOS DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. DISEÑANDO CAMINOS PROPIOS

Las caracterizaciones que surgen desde el sur para construir una agenda de investigación con marcas propias pueden promover a re-pensar la forma de producción de conocimiento. Para esto es necesario tener en cuenta las particularidades de cada contexto, las desigualdades existentes, las problemáticas sociales que se identifican como plausibles de solución y respuesta por parte de la investigación científica.

La tensión descrita anteriormente, sumada a otras que se presentan frente a los cambios en el ámbito local e internacional, repercute directamente en la construcción de una agenda de investigación que busque reflejar las necesidades y problemáticas locales, sobre todo si se tiene en cuenta el lugar periférico de los países latinoamericanos.

En esta trama cabe destacar lo que ya se subrayaba desde la tradición creativa e independiente del pensamiento latinoamericano. Herrera (1973) daba cuenta de que, para contribuir al progreso general de la ciencia, los países de América Latina no tienen ninguna necesidad de seguir acríticamente las direcciones y líneas de investigación de los países desarrollados. Por el contrario, pueden realizar una acción mucho más efectiva a partir de temas elegidos de acuerdo con sus propias necesidades, porque de esa manera favorecen el avance de áreas del conocimiento que por no interesar a las grandes potencias se encuentran actualmente descuidadas. De lo que se trata, entonces, es de desarrollar una ciencia de calidad acorde a los estándares internacionales pero orientada a problemáticas que afectan a las poblaciones locales más vulnerables.

En la actualidad existen múltiples incentivos y mecanismos que buscan, en última instancia, estimular la incorporación de nuevas temáticas a las agendas de investigación de todas las áreas cognitivas. Ya mencionamos algunos de estos mecanismos de la universidad, aunque también existen otros mecanismos, que pueden ser percibidos como contradictorios y que afectan a la decisión directa de incorporar nuevas temáticas en las agendas de investigación. En este sentido, debe consignarse que en Uruguay el actual sistema de evaluación académica —Sistema Nacional de Investigadores (SNI)[4]— se basa principalmente en publicaciones indexadas (por ende, en revistas internacionales).

La evaluación no es tan solo un modo de medir y fomentar la calidad, sino también una forma de definir qué investigación queremos para el futuro. Esta herramienta tiende a sesgar las agendas de investigación del sur hacia el estudio de problemas que se encuentran en las agendas de investigación del norte, en virtud de las oportunidades relativas de publicación. De esta manera, los investigadores se encuentran ante una disyuntiva: por un lado, la relevancia social cada vez más presente —y a su vez impulsada por la Universidad— y, por el otro, el prestigio académico y mayor calidad posible asociada, casi exclusivamente, a la mayor cantidad de publicaciones internacionales.

Esto impacta directamente en el desarrollo de la investigación local. A su vez, implica el riesgo de que ambas orientaciones se planteen como opuestas en las decisiones de los investigadores en sus trayectorias académicas. Queda claro que la universidad respalda e impulsa la mayor relevancia social de la investigación que produce, promoviendo y estimulando el desarrollo de la sociedad, sin que ésto implique ni una menor calidad académica ni una mayor producción científica a través de las publicaciones internacionales.

Alcanzar —en el camino por construir y consolidar agendas de investigación del sur— un equilibrio entre el desarrollo de la ciencia en lo nacional y lo internacional es una tarea compleja. Un rol importante en este recorrido lo tiene el conjunto de la comunidad académica, en la búsqueda de la promoción y fomento de la incorporación de temáticas locales en el contexto de las agendas de investigación. En este sentido, y desde un contexto periférico, Naishtat (2003) aboga por un ethos de impertinencia epistémica, que no confine a los investigadores a estudiar solo aquellas temáticas que interesan al mercado y a las agendas internacionales, sino que construya un espacio para saberes impertinentes. Es necesario darle a la producción de conocimiento un sentido de relevancia, ligado a las necesidades sociales insatisfechas y a programas para mitigar la desigualdad social.

Cumplimentar la construcción de una agenda de investigación local que incorpore nuevas temáticas que encuentren su propio lugar en la producción del conocimiento mundial, teniendo en cuenta las relaciones de dependencia y las oportunidades de liberar el potencial de la ciencia, tecnología e innovación (CTI). Ésto, contribuiría directamente a diseñar un modelo para nuestro desarrollo científico-tecnológico, social, económico, ambiental y cultural.

Reconocer qué llega y qué no llega a la agenda de investigación promovida en lo local, qué se escucha y qué no, qué se integra y que no, con sus respectivos porqués, resulta importante para entender y actuar sobre las relaciones entre vida cotidiana y CTI (Arocena, Bor-tagaray y Sutz, 2008). Esto resulta fundamental para prestar atención a voces que difícilmente puedan ser atendidas si no se generan activamente capacidades de escucha en un marco institucional que haga valer estos intereses frente a otros más poderosos.

EL ROL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

El estudio social de la conducta de los investigadores remite a una larga tradición en la que se intercalan diferentes orientaciones teóricas y que se reconocen en el espacio disciplinario de la sociología de la ciencia (Vaccarezza, 2000).

Una comunidad académica crítica, responsable y receptora de las demandas de su contexto más cercano es fundamental en la construcción de una nueva agenda de investigación, y requiere de la delincación de una estrategia que incorpore directamente la responsabilidad de todas las áreas de conocimiento para darles respuesta desde la investigación y la innovación. La comunidad académica se encuentra desafiada a incorporar temáticas tendientes a la solución de problemas que afectan a buena parte de la población y que influyen sobre su exclusión. Las nuevas formas de organización y producción del conocimiento, y la manera en que se relaciona la universidad con otros sectores de la sociedad generan cambios profundos en las normas y prácticas en que se apoyan las actividades de investigación. No obstante, este proceso es automático: existen múltiples conflictos en su interior y exterior, que dificultan la incorporación de nuevas temáticas orientadas en esta dirección.

Teniendo en cuenta estas dificultades, se plantea la necesidad de promover mecanismos que impulsen un espacio de diálogo y aprendizaje entre la comunidad académica y la sociedad para captar las demandas sociales de los sectores postergados. Es así que se hace necesario establecer nuevas y claras señales por parte de la universidad —en tanto principal productora de conocimiento—, en el marco de sus políticas, para generar la fuente de legitimidad necesaria para nuevos temas en las agendas de investigación que amplíen la relevancia hacia la solución de problemas locales. Esta reorientación de las agendas de investigación hacia la inclusión social no resulta tarea sencilla para ser asumida automáticamente por la comunidad académica toda.

LOS CÍRCULOS DE CREDIBILIDAD

Para poder analizar las reacciones entre la comunidad académica y los cambios en las formas de organización y producción del conocimiento y cómo estas influyen en las oportunidades de ampliar sus agendas de investigación, es necesario tener presente algunas de las normas que guían las prácticas de investigación.

En primer lugar, cabe destacar que el trabajo de investigación es uno de los componentes de la profesión académica. En este sentido, la investigación, cuyo objetivo declarado es la producción de conocimiento: a) se encuentra “situada” en un régimen profesional determinado, b) comparte con otras funciones y actividades el espacio profesional del investigador, c) remite a distintos significados (objetivos y subjetivos) de la función de producción de conocimiento (Vaccarezza, 2000). Esta caracterización se traduce de manera diferente en cada disciplina, teniendo en cuenta principalmente los diferentes objetos de estudio y los diferentes subcontextos en los que se desarrollan los investigadores.

En segundo lugar, el rol del investigador se configura a través de un conjunto de mecanismos que llevan a la reproducción y mantenimiento de un estatus al interior de la comunidad académica. En este contexto, el SNI en particular tiende a “profesionalizar” y homogenizar las normas y reglas que deben seguir los investigadores para desarrollar exitosamente sus trayectorias académicas.

Mecanismos de este tipo van delineando determinadas pautas de comportamiento, que se consolidan en el imaginario colectivo y operan en la construcción de la trayectoria académica de los investigadores.

El concepto círculo de credibilidad, desarrollado por Latour y Woolgar (1986) en sus estudios de laboratorio, puede ser tomado como una herramienta útil para observar qué componentes van caracterizando con mayor fuerza cada área para, de esta manera, ampliar la posibilidad de incorporar nuevas temáticas a las agendas de investigación.

El concepto de credibilidad está asociado a la inversión de los investigadores en recursos de distinto tipo, con arreglo a su permanencia y progreso en las trayectorias académicas. Los investigadores invierten allí donde hay más chances de obtener un retorno más alto. Esto significa que, frente al desarrollo de una investigación y la elección de una línea a desarrollar, está presente la relación costo-beneficio de un proyecto. Aquí tanto el costo como el beneficio son vistos desde la dimensión económica pero, principalmente, desde el reconocimiento académico, el prestigio y los réditos para consolidar sus trayectorias académicas.

Según este planteo, la lógica de la actividad científica no estaría regulada por los principios mertonianos del desinterés y el universalismo, sino por la centralidad de la noción de crédito, que consiste en una recompensa económica que se convierte en un mecanismo que permite aumentar la credibilidad (Cancino, 2006).

De esta manera, podemos reconocer varias características que van construyendo los círculos de credibilidad, y que varían en intensidad según cada área de conocimiento. En general, todas las áreas de conocimiento son estimuladas de igual manera por casi los mismos incentivos, solo que las reacciones a estos pueden presentarse de manera diferente.

A su vez, podemos observar que son diversas las estrategias que desarrolla y diseña la comunidad académica para adecuarse a las nuevas situaciones que se promueven en el marco de los cambios en la producción del conocimiento. El concepto de estrategia será tomado, siguiendo a Vaccarezza y Zabala (2002), como el conjunto de decisiones, acciones, inversiones e interpretaciones de las propias posibilidades y oportunidades en el contexto de situación, referidas a la producción de conocimientos a los cuales se adjudica utilidad social.

Estas estrategias contribuirán a la construcción de los círculos de credibilidad, con sus características particulares según cada área, dando cuenta de la posibilidad de una mayor o menor ampliación de las agendas de investigación.

LAS DINÁMICAS DEL CONOCIMIENTO. ALGUNAS APROXIMACIONES Y COMPARACIONES EN DOS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Siguiendo la hipótesis de que se han promovido desde hace algún tiempo ciertos cambios en la forma de producción de conocimiento, nos proponemos relevar la opinión de los investigadores acerca de estos cambios en el marco de su organización, sus investigaciones y la conformación de sus agendas.

Los factores que afectan la investigación son múltiples: la organización de las instituciones, el contexto del grupo de trabajo, la formación disciplinaria de los investigadores, la autonomía de la acción, las comunicaciones y la financiación, entre otros.

Para indagar en los cambios de las formas de organización y producción de conocimiento, nos hemos centrado en tres aspectos que parecen haber generado transformaciones importantes al interior de la comunidad académica: la conformación de grupos de investigación, el impulso a la investigación interdisciplinaria, y la vinculación con actores no académicos y transferencia del conocimiento.

Estos tres aspectos son percibidos de diferente manera por los investigadores de las áreas de conocimiento estudiadas, generando distintas opiniones. Estas opiniones serán analizadas en el contexto de sus espacios de organización de investigación, que adquiere características particulares frente a los cambios y que responde de manera distinta a los estímulos y acciones que desde la política universitaria se impulsa en relación con estas líneas.

LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO: UNA APROXIMACIÓN AL CAMPO DE LA INGENIERÍA

Con relación al contexto en el que los investigadores desarrollan y consolidan sus trayectorias académicas, la estructura que se promueve aquí para la organización de la investigación implica una facultad integrada por diferentes institutos que albergan grupos de investigación conformados, de modo que la amplia mayoría de los investigadores entrevistados integra un grupo que identifica como su ámbito habitual de trabajo. El grupo es el espacio formal de interrelaciones más cercano, y desde allí se plantean y desarrollan las líneas de investigación. Estos grupos tienen una conformación disciplinaria, de modo que comparten no solo el espacio físico, sino también el cognitivo. Puede decirse que, en general, lo disciplinario ofrece al grupo de investigación un principio estructurante fuerte: “delimita campos de acción, ofrece una forma de identificarse y ser identificado [...] orienta varias de las estrategias básicas para la vida del grupo” (UA, 2003).

La gran mayoría de los grupos se integra con investigadores de una misma área cognitiva, y esto quizás influya en desestimular en cierta medida el desarrollo de la investigación interdisciplinaria. En términos generales, las interacciones con otras disciplinas se dan desde la formación del grupo disciplinario con otros grupos —principalmente dentro de la facultad— y con otros investigadores.

En relación con la investigación interdisciplinaria, hay dos opiniones claramente identificadas sobre el desarrollo, puesta en marcha e implicancias de dicho proceso, que reflejan diferentes experiencias personales de los investigadores.

Por un lado, hay opiniones favorables frente a las experiencias y desarrollo de la investigación interdisciplinaria: luego de superados algunos de los problemas propios de la vinculación con otras disciplinas, en la búsqueda de una integración real y una nueva mirada del problema y no una mera yuxtaposición de miradas, este proceso es ampliamente valorado:

“[•••] al principio costaba mucho, porque tenemos vocabularios distintos y la forma de ver los problemas [es] muy distinta. Entonces lleva un tiempo entenderse. Después es sumamente rico, porque es más lo que aprendes que otra cosa, porque ves otra forma de pensar el problema. Y creo que eso es un intercambio mutuo. Entonces ahora [...] tenemos trabajos publicados en conjunto. Conseguimos entendernos, pulir y llegar realmente a tener trabajos que aportan de los dos lados” {Entrevistado 12).

A su vez, se identifican diversidad de estilos de trabajo y objetivos propios del proceso de investigación de cada disciplina, que pueden ser un obstáculo al inicio pero que, una vez superado éste mediante la complementariedad, permite la construcción de un abordaje conjunto: “[...] el mayor problema [...] capaz que en estilo de trabajo y objetivos. [...] para nosotros ha sido enriquecedor ver esa otra manera de encarar el trabajo académico y la investigación, que sin duda ellos tienen más tradición en lo que uno puede llamar investigación pura y dura que la que tenemos nosotros” {Entrevistado 10).

Cuando logran sortearse ciertas barreras y se alcanzan acuerdos en la colaboración, los resultados son vistos positivamente por parte de los investigadores. En última instancia, aquellos que han tenido experiencias en el campo de la interdisciplina resaltan la posibilidad de sortear estas barreras, vistas como preconceptos establecidos pudiendo inmovilizar el impulso de transitar por estos procesos.

“[•••] yo creo que trabajando con un mismo fin, por más que tengas dos lenguajes distintos y por más que sea gente que venga de dos vertientes totalmente diferentes, cuando logras encontrar un lenguaje más o menos que los dos puedan entender y que quieras llegar a una meta, la cosa camina. O sea, yo tenía ganas de que ese proyecto saliera y ellos también” {Entrevistado 9).

La confianza entre los investigadores es reconocida también como un factor fundamental a la hora de promover estos espacios de investigación y de desarrollo.

Por otro lado, nos encontramos con opiniones que identifican las barreras para el desarrollo de la investigación interdisciplinaria. Las dificultades señaladas son las mismas, pero en este caso tienen un carácter más sólido a la hora de atar intentos para llevar adelante la investigación interdisciplinaria. Esto no significa que la interdisciplina no se reconozca en el discurso, principalmente, como una forma de investigación actualmente importante y necesaria. Pero en este conjunto de investigadores tiene mayor peso la percepción de dificultades a la hora de tomar la decisión de desarrollar una investigación interdisciplinaria. Sin embargo, se valora la interdisciplina desde fuera; o sea, una investigación que desarrollan otros investigadores en otros espacios.

En la mayoría de los casos, las opiniones adversas surgen luego de experiencias e intentos de vincularse con otras disciplinas que no resultaron de la manera esperada o que implicaron “más trabajo”, según la valoración de los propios investigadores. Esto puede tener como consecuencia directa estimular el trabajo disciplinario, puntualizando particularmente que es “más sencillo” trabajar sin tener que interactuar con otras disciplinas y otras lógicas. Se prefiere así el trabajo con colegas de la misma formación disciplinaria frente a un ámbito cognitivamente más diverso:

“[•••] en ingeniería en especial es más difícil porque, yo lo veo ahora de haber comparado cómo trabaja la gente de psicología, de educación, que tienen una mente mucho más desestructurada. [En] nosotros todo es estructurado, todo se tiene que clasificar. Siempre lo pensás de entrada, te presentan un problema y lo primero que pensás es esto se estructura así’. Y cuando vas a hablar con otra gente, sobre todo del área social, es otra manera de pensar el problema, nosotros pensamos todo, hay un camino [...] Yo veo que las otras mentalidades están formadas para ver el problema entero, todo puede ser cualquier camino, no hay uno prefijado. Eso es como un choque cultural a veces” {Entrevistado 12).

Otra de las barreras que identifican los entrevistados refiere al contexto en el cual se consolidan sus trayectorias de investigación: se reconocen particularmente las dificultades para hacer valer los aportes de la interdisciplina en instancias de evaluación académica y en sí mismas para evaluar la interdisciplina como proceso de investigación.

“[•••] es otra de las cosas a las que el sistema te lleva, te conviene mucho más estar trabajando en un tema preciso y no hacer cosas interdisciplinarias. Eso es mucho más [...] eficiente, desde el punto de vista de las publicaciones, [...] más fácil publicar, más fácil entrar en tema, [...], no tenes que conocer de otras cosas, no tenes que coordinar, todas tus publicaciones van a estar en una determinada área, [...]” {Entrevistado 8).

Estas señales que da el medio pueden orientar la priorización del trabajo disciplinario: “[...] es tan difícil y perdemos tanto tiempo [...] como a uno lo evalúan de determinada manera, uno termina pensando que está perdiendo el tiempo” {Entrevistado 7).

A su vez, algunos investigadores reconocen las contradicciones entre las acciones impulsadas en la Universidad —fomento de la investigación interdisciplinaria— y las del sistema de evaluación como incentivos que van en detrimento de la interdisciplina.

LOS HORIZONTES MÁS ALLÁ DE LA FACULTAD. VÍNCULOS CON OTROS ACTORES

Son diversas las formas en que los investigadores caracterizan sus vínculos con otros actores fuera de la Universidad. Estas se presentan con actores del ámbito público —organismos del Estado, empresas públicas, instituciones de investigación— y del ámbito privado —empresas/industrias e instituciones de investigación.

Al igual que en el campo del desarrollo de la investigación interdisciplinaria, podemos encontrar, a grandes rasgos, dos opiniones que identifican ventajas y dificultades para en estos vínculos con actores no académicos.

En primer lugar, las opiniones favorables dan cuenta de las posibilidades de expansión de estas vinculaciones en el desarrollo de las investigaciones propuestas: en algunas experiencias han retroalimentado las líneas de investigación, planteando nuevos desafíos a solicitud de los actores no académicos. Cabe destacar que, más allá de estas vinculaciones se identifica por parte de algunos investigadores que el desarrollo, concepción y diseño de la investigación se presenta fundamentalmente dentro de los límites de la universidad:

“[•••] la investigación va a estar del lado nuestro y no del lado de la industria [...] Ellos no están investigando, están aceptando nuestras propuestas, contestan nuestras preguntas”, “[•••] podemos tener un diálogo sobre varias cosas, [...] pero el pienso’ desde la investigaciónes siempre nuestro. Igual, con todo, tenemos [...] un debe, pero sí me gustaría que fuera mucho más, no lo hemos conseguido. Cuotaparte de responsabilidades es nuestra, por no saber hacer la difusión, pero creo que la industria [...] está muy negada a escuchar a la academia [...]” {Entrevistado 14).

La vinculación es reconocida por muchos investigadores que han establecido estos espacios de diálogo con actores no académicos a través de demandas específicas, pedidos que buscan resoluciones y respuestas por parte de la investigación. Son pocas las contrapartes que tienen un proceso dinámico en la investigación y que pueden considerarse como actores activos. Esto no es lo habitual, y cuando se alcanza puede reconocerse su excepcionalidad: “[...] nos había costado encontrar contrapartes que se involucren de largo plazo con los proyectos de investigación” {Entrevistado 8).

Cabe destacar que los vínculos se dan, mayoritariamente, a partir de redes personales de los investigadores que tienen conocimiento de otros actores no académicos que pueden colaborar en diferentes procesos de investigación. También puede ser a la inversa: actores no académicos que conocen investigadores y recurren a ellos frente a la necesidad de una respuesta o de la resolución de un problema.

Estas redes interpersonales pueden limitar, en alguna medida, las acciones de otros investigadores con intención de establecer relaciones con actores no académicos pero que, por no contar con una red de contactos lo suficientemente amplia, ven limitados sus vínculos: “[...] vinculaciones con agentes fuera de la universidad, me parece que es algo bastante complicado, por lo menos lo que yo veo acá en Uruguay y al menos en el área en que yo trabajo. Bueno, yo he intentado algunos contactos o algunos acercamientos, pero es muy difícil” {Entrevistado 16).

En segundo lugar, están presentes las opiniones que priorizan o destacan las dificultades de vinculación con otros actores no académicos, principalmente cuando se intentan abordar temas que escapan específicamente del campo de la ingeniería y que provienen de otros espacios cognitivos y de acción. De esta manera, se identifican las diferencias entre las lógicas de trabajo, los diferentes lenguajes y tiempos, que ayudan a desestimular estos vínculos:

“[•••] Te pones a trabajar con un problema en otro espacio que no es aquel al que estás acostumbrado, tenes que adaptarte, tenes que aprender a moverte ahí, tenes que aprender a hablar con otra gente. Y eso es mucho trabajo, cuando estás ya al tope. Porque en general estamos al tope, porque hay que hacer enseñanza, hay que hacer investigación, hay que hacer gestión… Entonces pedimos todo, como que demasiado, porque uno se especializa en algo” {Entrevistado 12).

El mayor trabajo que implican estos vínculos se percibe, en algunas oportunidades, como un desvío de las trayectorias académicas. En otras ocasiones, las interacciones “nos ayudan a concentrarnos más (en nuestras disciplinas)” (Entrevistado 7).

Una consecuencia directa de estas opiniones tiene que ver con el fomento y desarrollo de la investigación disciplinaria y con el trabajo puertas adentro de la facultad. “Es muy difícil trabajar con otros actores fuera de la Universidad en la búsqueda de la solución de problemáticas o del mejoramiento de desarrollos, porque inevitablemente inciden otros factores, sociales por ejemplo, que no sabes cómo controlar y que son distintos a tus conocimientos” (Entrevistado 7).

La justificación sostiene que esta situación tiene que ver con la falta de formación en otras áreas, con el tiempo que insume la vinculación frente al resto de las tareas, con el prestigio de los resultados de ese proceso. Ésto, ¿es investigación?.”No sé, tendrían que venir ellos. La verdad que no salgo [...]. No sé por donde salir. Claro, pasa también que mi foco es hacer investigación” (Entrevistado 12);

“Pienso que lo que hay es que uno se siente —me incluyo— [...] como que es un esfuerzo demasiado grande, [...] precisas entender cómo vincularte con los otros, no estamos formados para eso. No hay demasiada experiencia de trabajo interdisciplinario. Es muy fácil trabajar solo.” (Entrevistado 12).

Otro factor que influye para desestimular el vínculo entre actores académicos y no académicos es el formato de evaluación de los investigadores, que incide —inconscientemente para algunos y más conscientemente para otros— en la decisión de establecer vínculos.

Por último, cabe destacar que sobre esta temática se identifica una dualidad de criterios muchas veces contrapuestos que dificultan las decisiones de los investigadores. Frente a estímulos por parte de la universidad para establecer mayores puentes con actores no académicos, los investigadores también se encuentran con señales que promueven la concentración de la investigación en el espacio académico. Esto se construye en el imaginario de los investigadores, pero es suficiente para marcar las trayectorias de los investigadores, y para establecer preconceptos y criterios difíciles de desterrar.

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCIDO

Entre los investigadores del área de ingeniería el tema de la transferencia es un capítulo aparte y pendiente, por no haberla podido desarrollar según lo que consideran son los mejores criterios: a pesar de la tradición del desarrollo tecnológico y las vinculaciones establecidas, es difícil encontrar actores que asuman o sean receptores de la transferencia tecnológica: “[...] te queda como esa sensación de que si hubiera algún mecanismo de… más como estandarizado de promover, de sacarlo para afuera. Yo siempre digo de hacer un tipo de licitación a interesados.” (Entrevistado 8).

Que no existan mecanismos o espacios formales de transferencia en una disciplina en la que los desarrollos tecnológicos son fundamentales, puede generar frustraciones que repercuten en el desarrollo de la investigación local. No encontrar respuestas y actores con los cuales interactuar en este proceso desestimula las vinculaciones futuras y los procesos en los que se desarrollan.

A su vez, algunos investigadores consideran que no les compete promover y establecer canales de transferencia puesto que dicha acción escapa a su función de investigador y a su formación particular:

“Lo que pasa es que no es nuestro rol [...]. Entonces, que lo hagamos nosotros es medio como de país subdesarrollado. Acá en Uruguay lo hacemos nosotros mismos. En cualquier otro lugar donde estén todos los actores de la cadena, un proyecto así te lo compra alguien o dos estudiantes dicen yo me pongo una empresa’ y consiguen inversores. Pero no es el rol, yo no siento que sea mi rol como investigador. Podría ser mi rol como ingeniero si me voy de acá y pongo una empresa” (Entrevistado 9).

LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO: UNA APROXIMACIÓN AL CAMPO DE LA SALUD

El contexto de organización en el que trabajan los investigadores del área de la salud tiene también características particulares, ya que la gran mayoría lleva a cabo sus tareas en el Hospital Universitario, lo que influye directamente en las prácticas y vínculos con otros investigadores y actores no académicos que confluyen en ese mismo espacio. El hospital, en tanto importante efector de atención a la salud y organización altamente compleja, es uno de los ámbitos privilegiados para actividades docentes e investigativas de los servicios universitarios, del área de la salud y de toda la universidad.

En lo que refiere a las formas de organización, se ven en salud algunas diferencias con respecto a los investigadores de ingeniería, diferencias que inciden en la producción de conocimiento y que podrían incidir también en la orientación hacia la incorporación de nuevas temáticas en sus agendas de investigación.

Por un lado, están aquellos grupos con trayectoria más larga y una mayor consolidación. Por otro, se observan los grupos con conformación reciente, más flexible, que varía según los temas que abordan. Así, la diversidad de conformaciones caracteriza el espacio donde se desarrolla la investigación.

Otra característica importante en estos investigadores es el fuerte de la asistencia médica como parte integral de su profesión académica, lo que implica que gran parte de su tiempo esté dedicado a la práctica médica, tanto en el hospital como en el ámbito privado. Esto implica algunas ventajas y desventajas, identificadas por los propios investigadores. Las ventajas tienen que ver con la posibilidad de nutrirse de nuevas temáticas, identificadas en su práctica asistencial, que requieren de investigación para mejorar o revertir situaciones que afectan a determinados sectores de la población. A su vez, para algunos investigadores, esto puede promover la construcción de una mirada articuladora entre diferentes disciplinas que contribuyan a la resolución de esas problemáticas identificadas:

“Por mi lugar de pertenencia, hacer investigación y asistencia, me doy cuenta de que tengo una mirada articuladora para interaccionar y promover diálogos, cosa que quizás a la gente de ciencias o ingeniería le cuesta más, pero por el lugar de trabajo, sin ese contacto directo con la demanda” {Entrevistado 5).

En contrapartida, las desventajas tienen relación directa con la carga horaria propia de la práctica asistencial, que va en claro detrimento de su actividad de investigación.

En términos generales, la mayoría de la investigación está conformada crecientemente en torno a problemas que requieren para su solución saberes provenientes de espacios disciplinarios diversos: en este caso, es el problema y no la disciplina el principio estructurante de los grupos de investigación en salud (UA, 2003).

Esto influye en la conformación de los grupos de investigación, necesariamente interdisciplinarios. Los investigadores reconocen la necesidad de trabajar con otras disciplinas en el desarrollo de sus investigaciones como parte integral de su abordaje. No se concibe una investigación en la que no participen otras disciplinas del área de la salud o del área básica, principalmente, aunque también se mencionan vinculaciones con el área de ingeniería, necesarias para el desarrollo de interfaces para la investigación y para la clínica, que enriquecen los diferentes procesos: “Desde el punto de vista de la medicina se nota la avidez de los clínicos para interactuar con los básicos, y de los básicos para interactuar con los clínicos” (Entrevistado 4).

Esta conformación puede ser analizada como una consecuencia del contexto físico de estos investigadores: el hospital universitario habilita y favorece este tipo de relación, en tanto espacio propicio para el intercambio y el diálogo con distintas disciplinas. A su vez, los investigadores vinculan esa necesaria interacción con otras disciplinas, lo que permite una mayor actualización en las diferentes temáticas y tecnologías.

Cabe destacar que el reconocimiento a la incidencia de lo social sobre los problemas que se abordan se encuentra más que presente en las opiniones de los investigadores. De ahí también la importancia de incorporar las miradas de otras disciplinas, que escapen del campo exclusivo de la salud. Ésto es también parte de las características de un contexto donde la vulnerabilidad de la población que se asiste en el hospital es multidimensional:

“Yo sé que lo social impacta en todo el proceso pero, de verdad que no sabíamos cómo incluirlo y articularlo en lo clínico y médico. Es una comunión muy interesante, pero esto ha implicado todo un proceso de aprendizaje y conocimiento que lleva tiempo.” {Entrevistado 2).

El sólo reconocimiento y la necesidad de abordar esta dimensión, en el contexto de su área cognitiva, habilita la posibilidad de ensayar nuevas respuestas y nuevas formas de producir conocimiento más allá de las dificultades que se identifican.

Los horizontes más allá del hospital. Vínculos con otros actores

Los objetos de estudio de estos investigadores —problemáticas de salud que afectan a la población—, implican que los vínculos con otros actores no académicos —principalmente en el sector público— resulten fundamentales para el avance y desarrollo de sus actividades. Estos vínculos fluctúan según los temas o los períodos abordados, pero el vínculo se mantiene presente. A su vez, esta interrelación se percibe de manera bidireccional, lo que ha permitido ampliar los temas de investigación.

Se resalta también el proceso de aprendizaje en el marco de las vinculaciones con actores no académicos. Estos espacios, además de buscar la resolución y el avance respecto de problemáticas puntuales, pueden ser vistos también como espacios de aprendizaje para la integración de la investigación académica a las necesidades locales y viceversa: a los actores no académicos en el contexto de la investigación académica.

En este contexto de aprendizaje, algunos investigadores reconocen también ciertas dificultades que pueden desestimular una mayor vinculación o la promoción de espacios de relación. Por un lado, las que tienen que ver con la falta de tiempo para el desarrollo de esta interrelación y con los espacios institucionales para llevar adelante estos procesos, lo que se complementa con la escasez de recursos humanos: “[...] es difícil encontrar recursos humanos y espacios para poder asumir todos los desafíos que se te plantean por ahí” (Entrevistado 3).

Por otro lado —al igual que en el caso de los investigadores de ingeniería—, se reconocen las incompatibilidades entre el sistema de evaluación y el desarrollo de estas actividades: “[...] El problema es que nuestra actividad es evaluada. [...] nuestros cargos [...] dependen de cierto grado de trabajo, de producción, de gestión, de actividad docente que es evaluada y en función de esto te reeligen. Entonces eso para nosotros es prioritario y a veces te saca tiempo” (Entrevistado 3).

Parecería ciertas vinculaciones se desarrollan en carriles diferentes a los de la investigación y que, por lo tanto, son actividades extra, que no suman en las trayectorias de investigación. En el marco de la evaluación hacia los investigadores se construye la idea de que estas son actividades que no pesan en la evaluación y que tienen menor prestigio académico.

En este sentido, se generan estructuras paralelas entre las actividades evaluadas y las que no lo son, a el riesgo de construir y consolidar un sistema de jerarquías y adquisición de valor diferencial para estas diferentes actividades.

A pesar del reconocimiento de estas dificultades, existe una opinión general acerca de la importancia de establecer estos vínculos que, en definitiva, provocan nuevas formas de interrogar al objeto de conocimiento, valoradas positivamente para estimular una mayor y mejor utilización de los conocimientos por parte de los investigadores.

Transferencia y difusión del conocimiento producido

Para estos investigadores, la transferencia y difusión del conocimiento son percibidos con mayor fluidez alcanzando los resultados esperados, en contraposición con la opinión de los investigadores de ingeniería. Los destinatarios finales de los conocimientos producidos son los médicos y trabajar con ellos directamente, en el contexto del hospital universitario, además de compartir el doble rol de investigador y médico, facilita una comunicación más directa.

En este sentido, los investigadores identifican claramente a los destinatarios finales del conocimiento producido, los médicos clínicos que están en contacto con los pacientes: “El principal público son los médicos clínicos, para nosotros. [...] vos intentas que eso, de alguna forme, transforme en algo la práctica del clínico” (Entrevistado 5).

Se anotan varias ventajas que contribuyen a alcanzar la transferencia deseada en la producción del conocimiento. En primer lugar, la interdisciplinariedad permite generar desde el inicio un conocimiento que promueve una mirada integral y un mayor consenso. Por lo tanto, se puede suponer que esto tiende a garantizar una mayor aceptación por parte de los médicos que son parte integral de este proceso.

En segundo lugar, la importante proporción de conocimiento orientado a problemáticas concretas y demandas desde el sector médico, lleva a que los canales de transferencia sean más fluidos para su posterior aplicación o difusión. Cabe destacar nuevamente que la característica de compartir parte de su tiempo con la asistencia influye directamente en la transferencia del conocimiento. Este contacto con los diferentes problemas sanitarios de la población en el marco asistencial, influye en las temáticas a investigar, y también en la aplicación directa de los resultados de la investigación:

“Nosotros estamos sensibilizados por muchos temas que nos llegan de manera directa y como universitarios tenemos que intentar colaborar en esas situaciones. Entonces, buscas caminos alternativos. En vez de asumirlo, lo que haces es tratar de invertir tiempo en desarrollar la tecnología, ponerla a punto y, al mismo tiempo, entrenar a alguien del otro sector, que es lo que se hace para que ellos se independicen e incorporen las técnicas, cosa que me parece mucho más valiosa todavía, porque implica formación e incorporación en los lugares donde se tenga que hacer la rutina” (Entrevistado 3).

Por último —pero no menos importante—, compartir un mismo lenguaje con los médicos clínicos permite transferir el conocimiento producido de manera más sencilla.

RECAPITULANDO; POSIBILIDADES PARA AMPLIAR LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Las diferencias entre los investigadores de las áreas de ingeniería y salud (entendidas éstas en cuanto a las formas de organización y producción del conocimiento y las particularidades de cada contexto) permiten caracterizar, a grandes rasgos, a ambos grupos de investigadores. Mediante esta caracterización se pueden delinear las opiniones de los investigadores frente a la decisión de incorporar nuevas temáticas orientadas hacia la promoción de la inclusión social en el marco de sus agendas.

Estas diferentes características se nutren y retroalimentan en relación con los diferentes contextos en los que se desarrollan las trayectorias académicas. Por un lado, se observa un ámbito basado en la investigación de un área cognitiva —la ingeniería—, en la facultad. Por otro, hay un espacio donde confluyen diferentes disciplinas, principalmente del área de la salud, pero también de otras áreas cognitivas.

Sin lugar a dudas, el contexto incide en las formas en que se organizan los investigadores y en que producen conocimiento. Puede observarse la “naturalidad” hacia la construcción de espacios de conocimiento interdisciplinarios del área de la salud en el espacio del hospital universitario, y, contrariamente, la naturalidad frente a la construcción de espacios de conocimiento disciplinarios en el ámbito de la Facultad de Ingeniería.

Si bien las normas y reglas que guían el comportamiento y desarrollo de la comunidad académica son únicas, el sistema de evaluación académico plantea determinadas pautas de comportamiento y guía las trayectorias a seguir. Aquí, la respuesta de ambas disciplinas es diferente. A grandes rasgos, los investigadores, a través de su contexto de acción, pueden verse influidos y determinados en mayor o menor medida por la investigación considerada de vanguardia en cada campo; pueden tener mayor influencia de los sistemas de evaluación, buscar publicaciones indexadas y desear la aprobación de sus pares o, por el contrario, promover una mirada más amplia tendiente a estimular la orientación hacia problemáticas locales de investigación y a contribuir directamente a la resolución de problemas locales.

El rol del investigador resulta fundamental. Sus decisiones y acciones pueden ser determinantes para el avance, apertura y dirección de las agendas de investigación. La importancia de la motivación de los investigadores y de entornos proclives al estímulo de estas motivaciones, son factores fundamentales.

Cuando los contextos son más tradicionales, cuando se atan más a las normas y reglas definidas por un sistema de evaluación, la investigación académica y la forma de producir conocimiento puede ser más ajena al contexto local. Frente a este contexto, cabe resaltar que la comunidad académica es demasiado diversa y heterogénea para ser cubierta por una evaluación de “talla única” (Stefan, de Jongetal., 2011).

INCORPORACIÓN DE NUEVAS ORIENTACIONES Y TEMÁTICAS EN LAS AGENDAS DE INVESTIGACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE AVANCES Y BARRERAS

Sobre la base de las características identificadas en el apartado anterior serán analizadas las opiniones de los investigadores acerca de la posibilidad de incorporar nuevas temáticas orientadas hacia la inclusión social en sus agendas de investigación.

Dado el supuesto de que los contextos en los que estos investigadores desarrollan sus trayectorias académicas y sus investigaciones influyen en sus decisiones, es importante tener presentes las características que se describieron. Las agendas de investigación pueden ser orientadas por lógicas fuertemente disciplinarias, por la impronta de los financiamientos disponibles, por mandatos, estímulos institucionales e intereses académicos personales, o pueden nutrirse de las demandas sociales que les llegan. En este marco, los investigadores conviven con múltiples mecanismos incentivadores, muchas veces contradictorios, que determinan sus agendas y orientan las temáticas abordadas.

En términos generales, y según las opiniones de los investigadores, se observa que los cambios en la formas de organización y producción de conocimiento han permitido en oportunidades ampliar las líneas de investigación. Estas líneas o nuevos abordajes han surgido a partir del diálogo y del contacto con actores no académicos o del diálogo con otras disciplinas. En este punto pueden existir algunas diferencias entre ambas áreas, que se analizan en el siguiente apartado.

Por otro lado, se encuentran opiniones similares en cuanto a la identificación de algunas barreras que afectan de forma transversal a todas las disciplinas. Puntualmente, el sistema de evaluación de los investigadores ha producido reacciones diferentes en ambas áreas, pero también hay opiniones similares que tienen que ver con las dificultades identificadas para ampliar las temáticas de investigación.

NUEVAS PRÁCTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO; ¿NUEVAS TEMÁTICAS?

Avances y barreras: la mirada en ingeniería

La opinión general de los investigadores de ingeniería en torno a los programas específicos de financiamiento es que éstos han ampliado las oportunidades para incorporar nuevas temáticas en sus agendas. Estas opiniones derivan directamente de sus experiencias personales pero lo cierto es que en este contexto es difícil encontrar una apertura y una receptividad mayor a la incorporación de temáticas que se aborden desde la inclusión social. Cuando la intención existe se reconoce su importancia, pero las barreras identificadas prevalecen por sobre el posible impulso que pueda existir.

Algunas opiniones indican que los programas de financiamiento orientado que se impulsan desde la universidad sirven para motivar y ampliar las posibilidades de que los investigadores trabajen en temáticas nuevas, por lo que se entiende que se debería ampliar la oferta de financiación dirigida hacia problemáticas concretas pero, también, estimular nuevas formas de producción del conocimiento y de vinculación:

“[•••] a través de las nuevas líneas [...], de los nuevos proyectos [...] se abre la cabeza, porque si vos venís trabajando en una determinada línea y [...] aparece un llamado que es interesante y sabes que se está priorizando, que vas a tener más posibilidades si es multidisciplinario [...] la gente se abre, y eso se ha visto [...]” {Entrevistado 8).

Algunos investigadores no encuentran cómo contribuir directamente, desde su espacio cognitivo, a la convocatoria de los programas específicos orientados hacia la inclusión social. Estas opiniones son mayoritarias dentro del área de ingeniería y se vinculan con múltiples dificultades para pensar en el modo de contribuir desde la investigación a diferentes temáticas:

“A mí lo que me ha pasado con esos programas es que en general, claro, al menos capaz que es una idea errónea, uno enseguida lo asocia a problemas de pobreza, de marginación, [...] en nuestra área uno no ve claro cómo puede contribuir [...]” {Entrevistado 10).

La construcción de este imaginario entre los investigadores limita desde el inicio cualquier posible contribución desde otras disciplinas que no sean las del área social. De esta manera, se ve también limitada la creatividad para pensar cómo contribuir desde un área específica. Ésto permite observar que, más allá de las convocatorias específicas, la incorporación de temáticas que no provengan del área cognitiva propia y que se inserten en otros campos de acción resulta ser un proceso complejo, porque no se visualiza automáticamente cuál puede ser la contribución que se haga desde la propia disciplina. Aun más, se percibe (casi despectivamente) que una eventual contribución para un problema concreto no resultaría en un avance en el conocimiento de la propia área:

“[•••] capaz que a uno no se le ocurren las ideas novedosas que se le tienen que ocurrir. [...] siento que si encuentro una contribución va a ser todavía menos novedosa, o sea, va a ser algo que capaz que es una gran contribución, pero desde el punto de vista de la ingeniería no va a tener novedad [...]” {Entrevistado 10).

Esta idea de que toda intervención debe aportar algo novedoso puede limitar las posibilidades de imaginar un aporte desde la investigación a diferentes problemáticas.

Las dificultades para incorporar nuevas temáticas son identificadas por los investigadores a partir del desconocimiento de dónde y cómo encontrar a los interlocutores y las problemáticas. Esto también es parte de las características del contexto en el que desarrollan su investigación, que resulta estar bastante encapsulado en la propia órbita universitaria o referido a necesidades que llegan por su propia cuenta al ámbito de la investigación: “[...] es difícil en los temas nuestros, [...] imaginar cómo ayudar a la inclusión social desde nuestro lugar. Si surgen ideas de cosas, al contrario, creo que sí, que sería motivador. Es difícil encontrar cómo y dónde” {Entrevistado 15).

De esta manera, poco a poco, se construye la idea de cuáles disciplinas cognitivas pueden aportar a estas problemáticas y cuáles no. Ésto, a su vez, puede reforzar algunas concepciones que consideran que determinadas temáticas no son objeto de investigación y, por ende, no forman parte de un repertorio de posibles objetos de estudio. Como investigadores, se piensa que desde “[...] la investigación no llega a una resolución. No es un problema para un grupo de investigación” (Entrevistado 15).

A pesar de esto, el discurso de los investigadores explicita que no existen resistencias a abordar nuevos temas de investigación. Se identifican dificultades que hacen al contexto de investigación en el cual se desarrollan y que pueden ser parte, también, de su formación. Por lo tanto, encontrar los interlocutores y establecer relaciones de confianza e intercambio resulta esencial para estimular el desarrollo de nuevas temáticas en el campo de la investigación:

“Resistencias yo no diría, no me da esa impresión. Lo que sí hay es… falta de contrapartes, me da esa impresión. O faltan o no es fácil encontrarlas [...]. Acá, por ejemplo, ha habido casos de proyectos de investigación que son con vinculación con empresas o vinculación con algunos actores que traen problemáticas sociales y se puede hacer desarrollos y cosas interesantes. Entonces, pienso que no es algo que genere resistencias, [...] es como un camino más difícil de transitar.” (Entrevistado 16). “[...] más que los problemas lo principal es tener el interlocutor. Y bueno, de ahí surgirán los problemas de conversar. [...] Tener una contraparte que entienda cómo es el proceso de investigación y que vea que es una inversión a largo plazo y empezar a trabajar ahí.” (Entrevistado 16).

Se identifica así la necesidad de contar con un interlocutor que comprenda el proceso de investigación, que tenga un perfil específico y que pueda trabajar como bisagra para estimular y promover el diálogo entre los actores que tienen diferentes demandas y los investigadores:

“Que sea especialista en eso realmente. Alguien que sea capaz de entender la investigación, pero que sea capaz de trabajar en ese equipo multidisciplinario. Porque no por ser investigador podes trabajar en equipo, si nunca lo hiciste, si nunca tuviste contacto. Imagínate, [hace] diez, quince, veinte años que la gente trabaja sola” (Entrevista 12).

Otra barrera para la apertura de la agenda de investigación tiene que ver con la valorización y el reconocimiento académico de ciertas temáticas en particular. Se construye la idea/opinión de que las investigaciones que salen del campo disciplinario y buscan abordar nuevos temas no poseen el reconocimiento y el valor que les permita avanzar en su trayectoria académica:

“[•••] capaz que no es valorizado. Ojo, a la larga yo creo que, cuando uno llega a un logro realmente importante hay una valorización. [...] en nuestro grupo, por ejemplo, tiene muy buen prestigio [...], porque se ve que eso va acompañado de un trabajo científico, llamémosle serio. [...] a nosotros nos gusta porque nos parece que es el verdadero objetivo y nos reconforta. Pero también, a veces, nos resistimos un poco, nos autocensuramos, porque también hay que ser realista y decís, ‘bueno, mira, tenemos en cuenta que esto te va a implicar hacer todo este trabajo, tenemos que armar todas estas cosas’ [...]” {Entrevista 10).

Ésto también tiene que ver con la construcción de preconceptos que identifican las temáticas vinculadas directamente con demandas sociales como temáticas que escapan específicamente del ámbito de la investigación y entran, por ejemplo, en el campo de la extensión. Esto ayuda a construir y reforzar un estereotipo sobre las divisorias de temas y áreas, haciendo más difícil la construcción transversal del conocimiento: “[...] estas temáticas no tienen reconocimiento académico y no son consideradas relevantes en el marco de la comunidad académica [...] muchas veces figuran más como en el ámbito de la extensión y no tanto en la investigación, de la generación de nuevo conocimiento” {Entrevista ó).

En términos generales, podemos observar que, en el caso de los investigadores de ingeniería, es difícil visualizar o construir caminos fluidos en los que incorporar nuevas líneas de investigación que amplíen el horizonte de sus disciplinas. Existen buenas intenciones (y queda claro que no hay una resistencia a la incorporación de nuevas temáticas) pero las dificultades identificadas van minando el camino de las posibilidades que quedan en ideas a futuro. El contexto, que excede al de la facultad, da señales y estímulos que contribuyen en parte a limitar las posibilidades y la creatividad para desarrollar investigaciones con mayores vinculaciones locales.

Avances y barreras: la mirada en salud

Si bien con algunas dificultades, los investigadores del área de la salud incorporan nuevos temas a sus líneas de investigación con mayor fluidez. Sin lugar a dudasjuega un rol central el ámbito donde se desarrollan sus investigaciones, puesto que habilita vínculos fluidos con distintos actores no académicos e instancias de investigación interdisciplinaria. A su vez, la importancia y el lugar que ocupa la asistencia médica como componente de la vida académica es fundamental a la hora de incorporar nuevas temáticas. Asistencia e investigación van de la mano y están en permanente comunicación: “La doble pertenencia hace que vos estés más orientado a investigar en las problemáticas con las que enfrentas todos los días. Tenes más interés en resolver las problemáticas de tus pacientes” (Entrevista 2).

Además, la vinculación con otras disciplinas también es un factor que amplía las miradas y las problemáticas abordadas. La comunicación (y por lo tanto la retroalimentación entre investigadores y otros actores no académicos) lleva a que las agendas de investigación del a’rea de salud se vean estimuladas e incentivadas a una mayor apertura:

“[•••] es un camino de dos vías. Uno desconoce mucho la realidad de lo que hay afuera y aprende. Y los que están afuera ven potencialidades que tenemos que desconocían totalmente” {Entrevista 3).

Se reconoce también que la apertura de nuevos programas de financiamiento y los cambios en las evaluaciones de los proyectos — por ejemplo, el fomento a la investigación interdisciplinaria en la Universidad—, son acciones que habilitan y estimulan la incorporación de nuevas líneas de investigación y que pueden ser vistas como incentivos para presentarse a las convocatorias de estos programas que abren nuevas posibilidades de aprendizaje y de intercambio:

“La incorporación de nuevos temas a partir de las vinculaciones con otros actores te saturan un poco porque están por fuera de tu eje central de trabajo. Pero como vos manejas la tecnología y el know how tenes que aportar ese conocimiento. El problema es que nuestra actividad y estas otras cosas te sacan tiempo.” (Entrevista 3).

Al igual que los investigadores de ingeniería, la falta de reconocimiento y valoración académica y entre pares —principalmente, investigadores básicos con quienes comparten habitualmente espacios de trabajo e investigación— de estas temáticas, se asumen como limitantes para orientar las agendas hacia la inclusión social, como obstáculos que se manifiestan a la hor de decidir embarcarse o no en procesos que llevan mucho tiempo de trabajo y poco reconocimiento, según la opinión que se construye: “Estas temáticas no tienen reconocimiento académico que lleve a incorporar en las agendas, es lo que pasa en Uruguay, [...] no es investigación de verdad” (Entrevista 2).

Estos investigadores perciben en su entorno algunas opiniones de otros investigadores, que consideran que este tipo de investigación no es de verdad y la llevan automáticamente a una segunda categoría: “[...] hay una cantidad de investigadores que sostienen que la investigación es en sí misma, que nos les preocupa esto de que no tenga un resultado, incluso plantean que esto de investigación aplicada es como de menor calidad [...]” (Entrevista 2).

En este campo, donde la comunicación y el trabajo con investigadores del área básica es muy fluida, se observa una concepción de la calidad académica que asocia a ésta con la investigación más básica. Este preconcepto se encuentra enraizado en antiguas prácticas y valoraciones que persisten en algunos espacios de investigación en los que el conocimiento per se es fundamental para el avance de la ciencia. Por lo tanto, el desarrollo y opiniones que puedan tener estos investigadores clínicos chocan con algunos de estos preconceptos:

“Hay una modalidad de investigación que está catalogada como más blanda, de menor calidad; ésto se da principalmente en los proyectos médicos que se mezclan con lo social. Pero creo que las resistencias pasan por el desconocimiento y porque muchas veces se plantea la investigación en sí misma y puede que no haya resultandos concretos” {Entrevista 1).

A pesar de reconocer dificultades en su ámbito más cercano, se observa una mayor disposición de los investigadores del área salud a incorporar nuevas temáticas en su agenda de investigación. En el marco de sus opiniones hay mayor apertura para pensar esta posibilidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN; SEÑALES QUE ORIENTAN Y MARCAN LA AGENDA

A partir de las opiniones recabadas, podemos dar cuenta de que en relación con la evaluación en el marco del SNI se congregan las opiniones más homogéneas entre ambas disciplinas, dando cuenta, a grandes rasgos, del impacto que la evaluación y, particularmente, la publicación en revistas indexadas para ingresar o continuar en el sistema, ha tenido sobre la construcción de sus agendas de investigación. Si bien la situación de los investigadores del área de ingeniería es diferente de la de los del área de la salud, la mayoría de las opiniones de ambos grupos tiene puntos en común. La situación diferencial de unos y otros tiene que ver con que los investigadores de ingeniería son parte actual del SNI, mientras que la mayoría de los del área salud no lo integran, ya sea porque han dejado de publicar en revistas indexadas (recibiendo, como consecuencia, evaluaciones negativas) o porque carecen de los requisitos para ingresar.

El sistema de evaluación tiene una incidencia directa sobre las posibilidades o barreras para la incorporación de nuevas temáticas en la agenda de investigación, ya que puede promover la orientación y acción de los investigadores de ambas áreas. Para los investigadores, son múltiples los efectos de la evaluación sobre la investigación que desarrollan. A continuación detallaremos algunos de estos efectos, identificados en su mayoría como negativos.

En primer lugar, los investigadores del área salud entienden que el actual proceso de evaluación que favorece e impulsa la publicación en revistas internacionales no toma en cuenta las particularidades de cada disciplina y subdisciplina. La evaluación se aplica a todos por igual, y este principio igualador, al no tener presente la heterogeneidad, contribuye a la desigualdad de efectos al interior de cada una. Para la mayoría de los investigadores indagados del área de la salud, la priorización de la publicación es reconocida como una dificultad, ya que sus investigaciones poseen múltiples variables no controladas totalmente por el investigador, lo que redunda en plazos largos e inciertos. Son algunas de estas variables: el trabajo con pacientes sujetos a tratamientos específicos y de los cuales se requiere consentimiento para formar parte de investigaciones, así como vinculaciones necesarias con comités de ética que habiliten determinadas prácticas y procedimientos: “[...] la investigación clínica es más difícil de publicar que la básica. Porque en la investigación clínica tenes muchas variables que no controlas.” (Entrevista 4); “Medir de igual manera a todas las disciplinas es un problema también porque le estás borrando la riqueza de su especificidad y anulas muchas cosas de esa manera” (Entrevista 2).

En segundo lugar, los temas que tienen mayor vinculación con problemáticas asociadas a demandas locales, que fomentan la resolución o colaboración hacia problemas que afectan a sectores específicos de la población, tienen menor posibilidades de ser seleccionadas para su publicación. En la ecuación costo-beneficio, que algunos investigadores explicitan en el marco del contexto de evaluación, hay temáticas que “académicamente no pagan demasiado” (Entrevista 10).

Existe la idea de que la evaluación actual favorece lo establecido y seguro, que es un camino señalizado y en el que es difícil innovar y desarrollar otras líneas sin que esto tenga un costo y una repercusión directa en las chances de promoción académica y en las trayectorias de los investigadores:

“[•••] el SNI todavía [...] evalúa de una forma bastante tradicional, haciendo mucho énfasis en los papers, en revistas arbitradas, etc., que está bien, es una manera de empujar hacia cierta calidad de la investigación, pero inevitablemente también a veces actúa como un cierto desaliento para este otro tipo de cosas” (Entrevista 10);

“[•••] la evaluación por la publicación limita a los investigadores. Al evaluar el impacto de las revistas en donde se publica también se limitan los temas posibles a publicar. Este sistema castiga a mucha gente [...]” {Entrevista 17).

De esta manera, el sistema de evaluación contribuye a una construcción del imaginario de los investigadores sobre las temáticas que tienen rédito y reconocimiento en el ámbito académico, afianzando determinadas ideas que, si bien no están escritas, tienen un peso importante en las decisiones de los investigadores sobre los temas a investigar. Así, también se construyen los círculos de credibilidad conformados por determinadas normas que afianzan las trayectorias académicas de los investigadores, según cada disciplina: “[...] las cosas que van a priorizar es si estás publicando. [...] lo demás es de segundo nivel, adorna” {Entrevista 8); “[...] para nosotros, en nuestra comunidad eso no te da réditos. O sea, si vos querés que te evalúen bien, con eso no vas.” {Entrevista 7).

El castigo puede implicar el estancamiento de una trayectoria académica: dedicar tiempo y recursos a temáticas que no pagan, al decir de los investigadores, es penalizado por el sistema, y estas son señales que marcan el camino de los investigadores:

“[•••] yo hago todo este trabajo y después dejo de publicar o elijo esta otra cosa que es más publicable y en realidad, cuando me vayan a evaluar en el SNI me van a decir ‘ah, pero no publicó’.“{Entrevista 10); “Pero me parece que eso es como todo: si vos incentivas una cosa indirectamente estás desincentivando otra [...]” {Entrevista 10)

En tercer lugar, todos los investigadores declaran contradicciones en el momento de tener que tomar decisiones que se presentan como opuestas en la construcción de sus trayectorias:

“Sí, pienso que hay una dicotomía, a veces hay una dicotomía entre el discurso y las reglas de evaluación. Que si hay que investigar para cosas que le sirvan al país [...] Haces una cosa que es tremenda aplicación para Uruguay, pero la terminas publicando para un congreso regional, para una revista de acá, no entra en una revista buena, porque te dicen que no, que eso ya está hecho, que es un estándar internacional [...] el trabajo es importante pero no paga. [...] No lo publicas, no es un reglón más en el SNI, no subís de categoría, no es nada” {Entrevista 9).”[...] hay un doble discurso, ¿no?” {Entrevista 8).

Las consecuencias en las decisiones de los investigadores en este recorrido se contraponen. Esto puede llevar a construir estructuras paralelas de investigación con diferentes escalas de valor. Por un lado, se promueven líneas de investigación orientadas a la publicación en revistas indexadas e internacionales y, por otro, líneas de investigación orientadas a problemáticas locales.

Estas son señales que pueden llevar a orientar las trayectorias académicas de los investigadores según la valoración acerca del reconocimiento académico que se obtiene de las publicaciones en revistas indexadas e internacionales, dejando de lado el desarrollo de la investigación local:

“[•••] la gente tiene dos temas: el de verdad, el que le gusta y el de publicar. Y que los dos encajen perfecto, en la misma línea no siempre es fácil”; “[•••] mi tema personal [...] para mí es un tema más de publicar que de aplicación real. Y es un tema en el cual ya tengo varios artículos publicados, o sea, me he metido bastante y me metí en eso nada más que para publicar. [...] Pero no es un tema que yo crea que tiene demasiada aplicación en Uruguay” {Entrevista 9).

En cuarto lugar, este proceso genera a la larga estímulos que van en detrimento de lo que las políticas de financiamiento promovidas desde la universidad buscan impulsar. El prestigio y el reconocimiento son factores altamente influyentes en el marco de la trayectoria académica y el SNI juega un rol fundamental para los investigadores:

“[•••] a la larga la gente va a dejar de hacer esas cosas y va a dedicarse solamente a investigar y publicar. Porque es eso lo que lo mantiene activo en el sistema” {Entrevista 16).

El estímulo hacia las publicaciones internacionales y de alto impacto puede verse como limitante para el desarrollo creativo de la investigación, en relación a los formatos y temas. Puede promover, incluso, sin quererlo, un alejamiento de las problemáticas locales:

“También está el peligro de dedicarse a publicar cosas que no tienen demasiado impacto a nivel nacional. Publicaciones en la región que si tuvieran mayor impacto tienen menor relevancia. Esto también va en detrimento del desarrollo, avance y recursos locales” {Entrevista 5).

Lo cierto es que las revistas internacionales no publican casos concretos o específicos, por lo que los investigadores se ven obligados a mirar sobre las fronteras geográficas: “[...] es muy difícil que un trabajo, estudiando una situación clínica x en Uruguay sea publicado en una revista internacional. Entonces, eso está relegado a publicaciones locales; es como considerado investigación de segunda. Cuando en realidad, quizás sea mucho más importante que otras cosas a nivel internacional” {Entrevista 1).

Estos diferentes estímulos del actual sistema de evaluación van en detrimento del desarrollo de una ciencia que busque un equilibrio entre el conocimiento de agenda libre orientado por agendas académicas de investigación y el conocimiento inducido a los problemas locales. Lo primero termina influyendo en mayor medida sobre lo segundo, reforzado por las diferentes ideas que, como vimos, los investigadores van construyendo.

LOS CÍRCULOS DE CREDIBILIDAD

Gran parte de las conductas del investigador se explican por la necesidad de cumplir con obligaciones que suponen el ejercicio de su rol académico. Entre éstas no están solo las de producir conocimiento y ganar crédito en términos de tal conocimiento, sino las de producir determinado capital simbólico (líneas de curriculum vitae) o capital social (relaciones sociales significativas). Estos capitales de uno y otro tipo no están necesariamente orientados a reforzar o maximizar autoridad y credibilidad sino a satisfacer el desarrollo profesional (Vac-carezza, 2000).

Los círculos de credibilidad resultan ser herramientas útiles para dar cuenta de los diferentes componentes que integran las disciplinas en estrecha relación con su contexto de pertenencia y el contexto general que pauta determinadas reglas y normas que rigen para todos por igual.

Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla una determinada actividad de investigación, su vinculación con otras disciplinas y con otros actores no académicos, los investigadores visualizarán mayores o menores oportunidades para integrar nuevas temáticas en sus agendas. La conformación de los círculos de credibilidad de cada disciplina podrán entonces promover mayores o menores estrategias desarrolladas por los investigadores para poder ampliar sus agendas de investigación. Cabe resaltar que la composición de los círculos de credibilidad está sujeta a cambios y que éste, por lo tanto, no es un modelo rígido.

La profesión académica impone sus propios criterios de mérito y reconocimiento que, con frecuencia, contradicen la producción de utilidad social (Vaccarezza y Zabala, 2002). Sin embargo, como advierten dichos autores, en la asignación de reconocimiento académico no existe una sola pauta o mecanismo, sino que, por el contrario, intervienen aspectos cognitivos, institucionales y de organización, entre otros, que influyen en la composición del logro académico (Ibídem). De esta manera, se observan las diferentes estrategias de los investigadores para mantener u optimizar su reconocimiento y credibilidad, en pos del afianzamiento de sus carreras académicas.

Las características que identifican cada disciplina en la organización y producción del conocimiento conforman cada uno de los círculos. Por un lado, podemos identificar algunos componentes que influyen de manera más general en todas las áreas cognitivas. Se han identificado en este estudio, los mecanismos de evaluación del SNI que han orientado varios de los factores que conforman el círculo de credibilidad de los investigadores, impulsando estrategias y acciones concretas, así como diferentes respuestas en cada disciplina estudiada.

Particularmente, resaltamos en este sentido la importancia y la diferente incidencia que la prioridad hacia las publicaciones indexadas tienen sobre ambas disciplinas. El incentivo a la publicación busca, entre otros objetivos, promover la calidad de la investigación producida a nivel nacional. Esto también tiene como efecto directo alcanzar mayor reputación y reconocimiento entre pares, locales o internacionales. A su vez, la publicación en revistas indexadas hace a la conservación del estatus dentro del SNI. En este sentido, el contexto institucional resulta fundamental para la construcción de su credibilidad.

El aumento y la presión por la productividad científica medida a través de la publicación puede contrarrestar la presión de la utilidad práctica del conocimiento. La respuesta hacia este requisito de evaluación académica es diferente en cada una de las disciplinas, y esto ha construido diferentes estrategias que influyen en los círculos de credibilidad.

Los investigadores del área salud reconocen que este sistema de medición y evaluación va en detrimento de su trayectoria académica en relación, por ejemplo, con sus pares del área de Ingeniería. De esta manera, la construcción de sus círculos de credibilidad suma otras características distintas a la de los investigadores en ingeniería. Ya sea por el contexto en el que llevan adelante la investigación, por las características en las formas de organización y producción del conocimiento o por el no lugar que ocupan actualmente dentro en el SNI, los investigadores del área de la salud se encuentran más favorables a la apertura y construcción de una agenda de investigación que mire las problemáticas locales. De esta manera, se busca contribuir directamente a la resolución de problemas que afectan la salud de las personas que asisten en su práctica médica y contribuir a la atención de sus patologías. Se reconoce (en algunos casos indirectamente y en otros de modo más directo) una separación entre una forma de producir conocimiento orientado a la resolución de un problema específico — que entienden como tarea necesaria por el conocimiento adquirido—, y un modo de producir conocimiento con valor para la comunidad científica, del cual se puede extraer prestigio académico.

Ésto no niega la existencia de una forma dominante de actuar dentro del espacio académico, delimitada por reglas específicas que rigen las acciones de sus miembros. Por este motivo, dentro del círculo de credibilidad de los investigadores del área de la salud identificamos también al SNI como un factor que permea la opinión y algunas de las acciones de los investigadores. Pero se tienen en cuenta otros factores que actualmente pueden tener mayor peso en el marco de su círculo de credibilidad, que subrayan la necesidad de procesos alternativos como, por ejemplo, las diferentes maneras en las cuales los investigadores pueden pensar un objetivo de conocimiento, su utilidad, el problema hacia el cual se dirige o la forma de resolverlo (lo que, en conjunto.condiciona maneras alternativas de concebir sus prácticas).

Por el lado de los investigadores de ingeniería, la construcción del prestigio local se encuentra más asociada al cumplimiento y seguimiento del SNI. Para estos investigadores (quizás por su objeto de estudio, por su forma de organización y por las características del contexto donde se desarrolla la investigación) es más sencillo acoplarse a las normas y reglas orientadas por el SNI.

Frente a estas estrategias adoptadas, los investigadores pueden existir ventanas de oportunidad que logran abrirse, según su composición, y pueden cerrarse para la ampliación de la agenda de investigación.

REFLEXIONES FINALES

Hemos podido observar en este estudio cómo los investigadores identifican los avances y barreras en la ampliación de sus agendas de investigación en el marco de sus respectivos contextos. Claramente, existen características particulares que se desarrollan en el marco de cada disciplina y también existen algunas opiniones con puntos de contacto, principalmente en relación con las barreras en la incorporación de nuevos temas.

La investigación para la inclusión social se aparta de la investigación clásica en torno a sus formas de legitimación y éste es uno de los factores que influye en la decisión de los investigadores a la hora de embarcarse en estos procesos. Esta investigación no se rige por los actuales parámetros de evaluación y, si bien esto no debería ir en detrimento de su calidad académica, los investigadores comienzan a construir un imaginario que hace pasar algunos preconceptos por verdades dadas.

A menudo una agenda de investigación que toma y se inspira en las problemáticas sociales de su entorno y busca abordarlas integralmente es vista como una “investigación de riesgo” (Arocena y Sutz, 2000), ya que sus resultados son inciertos, tiene muchas variables en juego y procesos de largo plazo.

También podemos observar cómo persiste una categorización, en el imaginario de los investigadores, que marca diferencias entre una investigación de primera, abocada a temas que se abordan preferentemente en el contexto internacional y una investigación de segunda que se vincula más estrechamente con problemáticas locales. Ésto se ve profundizado por el impulso de los mecanismos de evaluación, que priorizan las publicaciones indexadas y que repercuten de diferente manera en cada disciplina. Podemos observar claramente cómo los temas que tienen un interés nacional de investigación y producción de conocimiento quedan fuera de las publicaciones indexadas desestimulando, en mayor o menor medida, las decisiones de los investigadores a incorporar estas nuevas temáticas en sus agendas.

Este mecanismo conspira contra la posibilidad de nuevos desarrollos, nuevas líneas de investigación, nuevas formas de organización y vinculación por parte de todos los investigadores. Son quizás los investigadores que tienen una posición ya consolidada en la escala jerárquica de la institución o aquellos que se encuentran actualmente por fuera del SNI los que puedan ampliar sus miradas y agendas.

La situación de América Latina en las últimas décadas hace que el predominio de estos sistemas de evaluación neutralice todo otro intento de las políticas científicas por una utilización efectiva de los conocimientos que se financian y producen (Kreimer, 2012).

En este contexto, es necesario hacer expreso el debate acerca de la ciencia que queremos. En el diseño de los procesos de evaluación de la calidad es donde las distintas apuestas ético-políticas por un modelo u otro de ciencia han de hacerse presentes y dialogar. La evaluación académica juega un rol fundamental según cómo sea posicionada por el sistema de ciencia y tecnología, y por los propios investigadores. La evaluación no es tan solo un modo de medir y fomentar la calidad, sino también un modo de definir qué ciencia queremos para el futuro.

La incorporación de nuevas temáticas en la agenda de investigación, orientadas hacia la inclusión social, queda sujeto frente a este esquema de evaluaciones preponderante a la voluntad y compromiso de la comunidad académica, al menos en parte. Ésto lleva a que este proceso sea fluctuante y no sistemático. La incorporación de nuevas temáticas orientadas a promover la inclusión social queda, desde este punto de vista, supeditada a la voluntad y a la confianza en la sensibilidad y receptividad de la academia frente a las demandas de actores externos a la universidad. También se corre el riesgo de afianzar algunas divisorias entre una investigación de primera y una investigación de segunda en el imaginario de los investigadores.

La utilidad social de incorporar determinados temas no puede dejarse librada a la subjetividad del investigador sino que, por el contrario, debe hacerse el esfuerzo de plantear prioridades y reforzar estrategias por parte de toda la comunidad académica, en estrecha vinculación con otros actores fuera de la universidad. De esta manera, se busca generar procesos sistemáticos que lleven a la consolidación de una agenda de investigación que represente la diversidad de orientaciones y problemáticas. Ésto debe ir acompañado por un proceso que consolide, en el marco de la evaluación académica, la incorporación de estas temáticas.

Si bien desde la Universidad se han desarrollado acciones concretas, éstas se encuentran sostenidas sobre estructuras que reproducen algunos argumentos que favorecen una investigación de primera. En este contexto, uno de los desafíos pendientes para estimular nuevas alternativas da cuenta de la necesidad de promover lincamientos claros que estimulen a la comunidad académica a incorporar cada vez más y de forma activa nuevas temáticas y orientaciones en sus agendas de investigación.

Resta mucho trabajo por hacer. Muchos de los imaginarios y pre-conceptos que hemos podido observar pueden revertirse y decons-truirse, para aumentar las oportunidades de que se amplíen las agendas de investigación.

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Licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Investigadora de la Universidad de la República, sad-ja27@gmail.com↵

El análisis presentado en este artículo es parte de la investigación cualitativa Nuevos temas ¿nuevas agendas? La investigación e innovación orientada a la inclusión social. El caso de la Universidad de la República, Uruguay. Esta inves¬tigación no representa la opinión del conjunto de la comunidad académica, sino que se basa en las opiniones de dos áreas específicas de conocimiento, ingeniería (computación y eléctrica) y salud clínica, dentro de la Universidad de la República, y busca comparar las opiniones de ambas áreas visualizando las diferencias y las similitudes acerca de las posibilidades de incorporar nuevas temáticas orientadas hacia la inclusión social en el marco de sus agendas de investigación. Esta investigación desarrolló su trabajo de campo en 2012. El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mu¬jeres es una de las preocupaciones a tener en cuenta en la presentación de cualquier información. Sin embargo, su utilización en nuestra lengua plantea soluciones muy distintas, sobre las que los lingüistas aún no han conseguido acuerdo. En tal senti¬do, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, he optado por utilizar el clásico masculi¬no genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.↵

De esta manera, podemos dar cuenta de ciertos conceptos surgidos ,como los de investigación estratégica (Irvine y Martin, 1984), nuevos modos de producción de conocimiento (Gibbons et al., 1994), sistemas de innovación (Lundvall, 1992 entre otros), triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff 1998 y 2000), ciencia posacadémica (Ziman, 1994 y 2000), ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) y capitalismo académico (Slaughter y Leslie, 1997).↵

El SNI se encuentra vigente desde 2007. Sus objetivos son: fortalecer, expandir consolidar la comunidad científica; identificar, evaluar periódicamente y categorizar a todos los investigadores que realicen actividades de investigación en el territorio nacional o que sean uruguayos trabajando en el exterior; establecer un sistema de apoyos económicos que estimule la dedicación a la producción de conocimientos en todas las áreas del conocimiento, que serán otorgados por procedimientos concursables.↵

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Paola Barriga Flores[1]

USO, DISTRIBUCIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES

EL AGUA Y LA TIERRA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUANCHO

EL TEMA DE LOS BIENES COMUNES ha sido largamente problematizado en el mundo académico. Desde que Hardin publicó el ensayo “la tragedia de los bienes comunes” ha habido múltiples respuestas y posturas con respecto al tema. Sin embargo, aún con el largo debate existente este tema sigue en vigencia debido, principalmente, a la prevalencia de instituciones que mantienen este tipo de gestión de sus bienes. Un ejemplo claro de ésto son las comunidades campesinas.

Las comunidades campesinas son las principales instituciones del espacio rural peruano. Tienen cuentan con el reconocimiento del Estado, tienen personería jurídica y detentan la propiedad colectiva de las tierras en las que se localizan. Es decir que el Estado reconoce a las comunidades campesinas los derechos de gestión colectiva de los terrenos en los que se encuentran y, además, brinda cierta autonomía a la gestión que cada comunidad haga de sus terrenos, ya que de acuerdo a la ley de comunidades campesinas (Ley No 24656) las comunidades deben establecer sus propios estatutos y regular el uso de sus tierras (Artículo 4, Artículo 11) de acuerdo a los usos y costumbres locales, que se basan en el conocimiento acerca del territorio que ocupan.

De este modo, al estudiar a las comunidades campesinas se encuentra una gran diversidad en las formas de usar y de distribuir internamente los terrenos. Estas variaciones dependen de factores como la altitud, el clima, las tradiciones de uso y el acceso al agua, entre varios otros. Estudios como los de Diez (1999) y Burneo (2007) muestran la compleja distribución interna de los terrenos de las comunidades y cómo esta varía de acuerdo a factores ecológicos. En ambos estudios se menciona que a mayor altitud aumenta la tendencia a un uso más colectivo. Por esta razón, resulta interesante estudiar los casos de las comunidades de pastores, que son aquellas comunidades que se encuentran a mayor altitud, por encima de los 4000 msnm. Dichas comunidades, por el tipo de actividad económica a la que se dedican, requieren grandes extensiones de terreno y gestión comunal de los terrenos. Así, el estudio de las normas que regulan el acceso a tierras en este tipo de comunidades, las ventajas y desventajas que en ellas encuentran los usuarios, y los efectos que tiene este tipo de uso en las relaciones entre vecinos y en la institución comunal resultan relevantes para el análisis de la gestión de los bienes comunes en los espacios rurales.

Además, es importante analizar cómo este tipo gestión de los recursos puede trascender el espacio comunal y cómo se emplea en las relaciones con otros actores externos. En el caso concreto de las comunidades campesinas del Perú, en la actualidad muchas de ellas viven un contexto de gran presencia de concesiones mineras -que en muchos casos se sobreponen a los terrenos de las comunidades- y construcción de obras de gran infraestructura que amenazan con impactar fuertemente los ecosistemas locales.

En este contexto, las comunidades campesinas han empleado distintos métodos de negociación con agentes externos, desplegando diversas estrategias de defensa de sus territorios comunales y, sobre todo, de sus principales recursos: la tierra y el agua. De este modo, el estudio los procesos de defensa de recursos que tienen las comunidades, es también un modo de estudiar las maneras en que la gestión comunal de los recursos trasciende lo local y puede convertirse en sí misma en una estrategia de defensa o diálogo con actores externos.

Por estas razones, se eligió trabajar en la Comunidad Carhuancho, una comunidad de pastores ubicada en el departamento de Huancavelica, ubicada íntegramente sobre los 4000 msnm que se dedica casi exclusivamente a la crianza de alpacas. Esta comunidad, además, tiene algunos conflictos por amenazas a sus principales recursos comunales, la tierra y el agua. Uno de los problemas que enfrenta es el litigio de varias partes de linderos con comunidades vecinas, que le ha impedido acceder al título comunal. Por otro lado, encabeza la oposición de las comunidades de la zona a un proyecto de gran envergadura que pretende hacer un trasvase de aguas de la zona, beneficiando los valles costeros de lea. De este modo, el estudio de los procesos que vive esta comunidad puede servir de ejemplo actual de las dinámicas que se derivan de la gestión comunal de los recursos en los espacios rurales.

La pregunta principal que guía esta investigación es la siguiente: ¿cómo usan y defienden su territorio los comuneros de Carhuancho? De esta pregunta prinvipal se desprenden otras preguntas acerca de la distribución interna de terrenos y derechos de uso de los recursos comunales: ¿cómo se distribuye la tierra y el agua al interior de la comunidad?, ¿qué rol tiene la comunidad en la regulación de esa distribución?, ¿qué lógica o justificación existe para esa forma de distribución?, ¿qué efectos o respuestas tiene este tipo de distribución de los terrenos en la comunidad? Junto a estas preguntas surgen interrogantes acerca de los procesos de defensa que tiene la comunidad: ¿qué procesos de defensa de recursos ha enfrentado la comunidad?, ¿Cómo los ha enfrentado? ,¿qué estrategias ha empleado la comunidad?, ¿cómo afectan estos procesos la vida cotidiana de los comuneros?

Para responder a estas preguntas se ha empleado una metodología cualitativa que ha involucrado trabajo de campo, recolección de información mediante conversaciones informales y entrevistas con comuneros y autoridades de Carhuancho, así como con algunos profesionales vinculados a los procesos que ha seguido Carhuancho. La metodología estaba prevista de manera tal que suponía tres estrategias claves de recopilación de información: a) reconstrucción de la historial comunal; b) croquis y explicación de la distribución de los terrenos y c) reconstrucción de los procesos de defensa comunal. Parte del trabajo de campo lo realicé yo misma; la parte que suponía la realización de algunas entrevistas la realizó la socióloga Verónica Venturo.

Así, el presente informe está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta un breve estado de la cuestión de la problemática de la distribución interna de terrenos en las comunidades campesinas, sobre la gestión colectiva del agua y sobre los procesos de defensa de las comunidades. Posteriormente, se presenta la explicación de los conceptos que guían el estudio. Luego, sigue un presentación general de la comunidad de Carhuancho y su historia. Posteriormente, la explicación y análisis detallado de la distribución interna de terrenos, los orígenes de este tipo de distribución y las dinámicas que generan entre los comuneros. Luego, una explicación de los conflictos que atraviesa la comunidad con respecto a los recursos comunales, con un respectivo análisis de las estrategias empleadas y el efecto en la vida cotidiana de los comuneros. Finalmente, se presentan unas reflexiones finales acerca de la funcionalidad de los bienes comunes en el caso de la comunidad estudiada.

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

En el Perú las comunidades campesinas son instituciones muy importantes, que suman casi 6000 a nivel nacional, agrupan a aproximadamente el 40% de la población rural y ocupan alrededor de una 40% de la superficie agropecuaria nacional (Allpa 2011: http://www.allpa.org. pe/). Además, hay una larga tradición de estudios sobre ellas, en especial desde la antropología. Un recuento que hizo Urrutia (1992) de los estudios que desde la antropología se han realizado de las comunidades campesinas, muestra que a lo largo del siglo XX se ha dado distintos énfasis al estudio de las comunidades. Mientras que en los años veinte se daba un enfoque indigenista, entre los años cincuenta y sesenta hubo enfoques culturalistas y aplicados, que en los ochenta se dejaro de lado, pasando a estudiarse fenómenos cómo las migraciones, etc. Recién en la primera década del 2000 regresaron los estudios de las comunidades. Por un lado, existen estudios impulsados por institutos de promoción y de investigación en ámbitos rurales que se enfocan en temáticas diversas, como la elaboración de diagnósticos de problemáticas por departamento, acerca del marco jurídico que las regula, estudios acerca de las autoridades, otros acerca de propiedad y temáticas de identidad. Por otro lado, también se han hecho muchas investigaciones acerca de las relaciones y conflictos de las comunidades con las empresas extractivas.

De la misma manera, en Latinoamérica en general, en los últimos años se viene utilizando el enfoque territorial, entendiendo el territorio como espacio físico pero al mismo tiempo socialmente construido (Schejtman y Berdegué 2007: 69), en que territorio es no solo un mero espacio físico, sino el contexto en el se asientan sociedades y cultura, que provoca afectos, arraigo y también tiene sentido identitario.

Este tipo de enfoque resulta útil para el estudio de las comunidades campesinas, ya que el vínculo entre las comunidades y sus territorios es constitutivo de estas organizaciones. El territorio comunal está constituido por la propiedad colectiva de la tierra en la que se localiza la comunidad, que no solo representa el espacio en que se desarrollan las actividades productivas locales sino, también, constituye el principal referente identitario de los comuneros, dando un sentido de pertenencia y, por tanto, también un espacio que amerita su defensa.

En estudios como el de Diez (2003) se expone que las comunidades forman su vinculación con el territorio por medio de la conciencia histórica, por la memoria de la defensa de la propiedad comunal, y que este vínculo con la tierra es “indisociable de la identidad del grupo comunero”.

Así, para poder entender cómo se forja este vínculo territorial de la comunidad, es necesario comprender los procesos históricos locales, que dan luces acerca de los procesos que los comuneros y sus antepasados han vivido en ese espacio. Pero también se debe entender cómo se usa el terreno, ya que en la mayoría de casos -sino en todos-la organización del espacio comunal corresponde a usos y costumbres antiguos, que implican una serie de nomas locales de uso del espacio que siguen en vigencia y que la población respeta tanto porque son parte de la tradición comunal cuanto porque, al mismo tiempo, son funcionales para las actividades productivas locales. Estudios como los de Burneo (2007) muestran que aun cuando las comunidades campesinas tengan el reconocimiento legal de la propiedad colectiva de los terrenos que ocupan, los derechos de propiedad de la tierra al interior de las comunidades son en la práctica diversos y diferenciados, de acuerdo a las normas locales que regulan el acceso a los terrenos según sean las estrategias productivas locales y la altitud en que se encuentren. En ambos estudios (Diez 2003 y Burneo 2007) se menciona que, mientras menos productivas sean las tierras, el nivel de apropiación familiar de los terrenos será menor; mientras las tierras bajo riego tienen una administración más familiar, las tierras de pastoreo, que son las menos productivas, tienen una apropiación más colectiva.

Bajo esta perspectiva, las comunidades de pastores son las que tienen manejos más colectivos de su territorio, tanto del recurso tierra como el recurso agua, ya que ambos son fundamentales para el crecimiento de los pastos y por tanto para la crianza de los animales. En los estudios compilados por Flores Ochoa (1977), Custred señala que los pastores de puna alta siguen patrón de transhumancia: en los meses de lluvia se pastorea las alpacas en zonas bajas, mientras que en tiempo seco se las lleva a zonas más altas, siendo estos traslados necesarios por la búsqueda de pastos adecuados para el ganado, que están determinados por la lluvia. Para realizar estos traslados, los pastores tienen varias viviendas precarias llamadas estancias, situadas en distintas zonas. Un estudio más reciente, de Danny Pinedo (1999), sobre el manejo de pastos naturales en la comunidad de Llamac en la cordillera de Huayhuash, menciona que la propiedad de los pastos es comunal pero su usufructo es individual pues el ganado que pasta en ellos es de propiedad individual. De esta manera, en la comunidad hay sistemas internos que regulan el acceso a los pastos y que se basan en (1) la rotación del ganado entre pastizales de diferentes pisos altitudi-nales, (2) la sectorización de los pastos de acuerdo con las diferentes especies de ganado y (3) la limitación del número de ganado. Al final, este autor analiza cómo los criterios locales de equidad son los que definen los límites y posibilidades del uso eficiente del recurso comunal, que en su caso son los pastos naturales.

Por su parte, en cuanto a estudios acerca de la gestión del agua, existen estudios acerca de juntas de regantes que se localizan especialmente en zonas de costa o en zonas bajas (donde estas organizaciones son muy fuertes) y estudios como los de María Teresa Oré (2005), que también trata acerca del riego y la organización social de los campesinos en lea con un enfoque histórico, analizando la historia de un canal, viendo los cambios producidos y el panorama actual.

Aparte, hay una serie de publicaciones con respecto a los derechos de uso del agua por parte de instituciones de investigación nacionales y extranjeras que se han enfocado en el problema de la gestión del agua, usos colectivos y justicia hídrica en los países andinos. Por ejemplo, el proyecto “Concertación” -que es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la seguridad hídrica en la región andina- en su publicación Lo colectivo y el agua: entre derechos y prácticas, expone diferentes estudios de casos en Ecuador, Perú y Bolivia a modo de análisis comparativo, considerando los derechos colectivos en la gestión del agua como base de la acción y gestión colectiva, así como para la reivindicación política de grupos históricamente marginados. En los estudios presentados en esta publicación resalta la diferencia que tiene Perú con respecto a otros países andinos, ya que en este país existe una fuerte tendencia hacia la privatización del agua, que contrasta fuertemente con los sistemas locales de la gestión del agua que se encuentran enraizados en concepciones de propiedad y acción colectiva (Guevara Gil y Boelens 2010: 30). Así, los Estados Andinos conciben al agua como un bien de “la nación”, que debe ser administrada por el Estado. En la práctica, las sociedades locales, indígenas y campesinas manejan sistemas de uso de agua bajo una lógica de apropiación, administración y uso colectivo (Guevara Gil y Boelens 2010: 31). Por ejemplo, el artículo de Carmen Escalante (2010) ,que es parte de esa publicación del grupo Concertación, narra los acontecimientos históricos que sentaron las bases del tipo de gestión y uso actual que tiene el agua en una comunidad del Cusco, mostrando cómo se recurre a mitos de origen o fuentes históricas que permiten fundamentar sus derechos consuetudinarios del acceso al agua frente al Estado. Por su parte, varios otros autores que también colaboran en esta publicación (Achi, Urteaga, Rivadeneria y Gutierres 2010) coinciden en conclusiones acerca de la relación de los derechos individuales con os derechos colectivos:

“los derechos individuales (familiares, domésticos) nacen de los derechos colectivos y son cualitativamente diferentes a los derechos de propiedad privada y a las dotaciones administrativas que se derivan de concepciones privatistas del derecho modern’o. (Guevara Gil y Boelens 2010: 33).

Asimismo, estos autores señalan que otra característica de la gestión del agua en espacios locales es que frente a la “ausencia del Estado” se generan sistemas propios de control y derechos sobre el agua que no necesariamente significan una distribución equilibrada del recurso pero que se manejan con criterios locales de tolerancia que permiten que esa forma se mantenga.

Por otro lado, aun no hay mucha literatura con respecto al impacto y a las reacciones de las comunidades rurales con respecto a los proyectos de gran envergadura, pero sí hay bastante producción académica con respecto a casos de conflictos y negociaciones entre comunidades y grandes empresas externas, como son las empresas extractivas. Por ejemplo, en la publicación de Echave et al (2009) se analizan distintos casos emblemáticos de conflictos y las diferencias entre ellos. Por su parte, uno de los estudios de Damonte (2007) que realiza en las comunidades de Angoraju y Chuquina menciona que en uno de los casos, los líderes apelan a la historia comunal para dar significado y encontrar respuestas a la nueva situación con la empresa. Además, el autor menciona que en los procesos de negociación los comuneros han incluido discursos ambientales y discursos indígenas, sobre todo por la influencia de agentes externos como ONGs u organizaciones como la CONACAMI (Confederación Nacional del Perú de comunidades afectadas por la minería)

En general, al realizar la revisión bibliográfica se ha encontrado que en los procesos de conflicto con las comunidades, y en general en toda su historia, no hay un enfrentamiento con el Estado sino que hay negociaciones, porque al final se tiene al Estado como ultimo garante de la integridad de la comunidad. (Damonte 2007) (Diez 2003)

ALGUNOS CONCEPTOS

Para el desarrollo de esta investigación es necesario aclarar, en primer lugar, algunos conceptos que se van a emplear. El primero de ellos es el concepto de “bienes comunales”, el cual entenderemos como los “bienes comunes de la comunidad campesina”.

El concepto de bienes comunes ha sido largamente problematizado en el mundo académico. En 1968, Hardin postula en el ensayo “la tragedia de los bienes comunes” que cada individuo busca su propio beneficio y la maximización de sus ganancias, siendo este el principal problema del manejo de los bienes comunes, lo que representa una condena a la tragedia frente al crecimiento poblacional, ya que los bienes comunes se justifican solo en condiciones de una baja densidad de población y que con el aumento demográfico la situación se vuelve insostenible (Hardin 1968. En Chase Smith 2002: 45).

Sin embargo, hubo varias respuestas a dicho ensayo por parte de otros académicos. Podemos destacarlos aportes de Ciriacy-Wan-trup y de Bishop, que hace la distinción entre la “propiedad colectiva” y la “propiedad de todos”. La “propiedad de todos” es aquella en que hay ausencia de todo derecho de propiedad, mientras que la “propiedad colectiva” es una clase muy variable de derecho de propiedad, en la que se usa algo en común con otros, “una distribución de derechos de propiedad sobre los recursos en la cual un número de propietarios tiene iguales derechos a usar el recurso” (McCay y Jentoft 1998. En Chase Smith 2002: 80). Así, la propiedad colectiva atañe a una comunidad, que debe hacerse responsable por la gestión de estos bienes comunes.

De esta manera, se tiene en cuenta que los usuarios tienen formas de organizar y regular el uso común de los recursos (Ostronm 2000), que la autora llama “recursos de acervo común” y de los cuales afirma que cada comunidad maneja sus propios sistemas autogestionarios, que pueden ser distintos entre sí, pero que hay ciertos principios de diseño de las reglas. Entre estos principios encontramos los linderos -límites- claramente definidos; la congruencia entre la distribución de beneficios a los actores, con las obligaciones que deben de cumplir, que tienen que estar de acuerdo a las condiciones locales; los acuerdos por elección colectiva, sanciones a aquellos que incumplen los acuerdos y mecanismos de resolución de conflictos, entre otros. (Ostrom 2000. En Chase Smith 2002: 63)

Así, entenderemos que los bienes comunales son aquellos bienes comunes sobre los cuales las comunidades campesinas tienen propiedad colectiva y tienen una organización y/o gestión de acceso sobre el recurso. Teniendo en cuenta esta forma de comprender los bienes comunales, en esta investigación se busca comprender las lógicas que regulan la gestión colectiva de los recursos tierra y agua.

Para ésto, también es necesario comprender qué entendemos por comunidades campesinas. Según la Ley No 24656, la ley General de Comunidades Campesinas del Perú, las comunidades campesinas están definidas de la siguiente manera:

“Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que hablan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines orientan a la realización plena de sus miembros y del país” Ley No 24646. Ley de comunidades campesinas. 1987

Este concepto es bastante claro, pero es necesario diferenciar a las comunidades campesinas, de las comunidades nativas o indígenas. En el Perú existe una diferencia entre las comunidades de la selva y de la sierra. En la selva hay una mayor identificación indígena, por lo que en esta zona existen “comunidades nativas” que están insertas en distintas federaciones indígenas. En la sierra, en cambio, se encuentran las “comunidades campesinas”. Algunas de ellas cuentan con un pasado como comunidad indígena o comunidad originaria, mientras que otras se crearon en los años setenta, durante el periodo de gobierno de Velasco Alvarado. Aún en la actualidad, la categoría “indígena” tiene, para muchos, una carga peyorativa y los pobladores de la sierra rural, en su mayoría, prefieren referirse a sí mismos como campesinos, más que como indígenas o indios.

Hacer esta aclaración es importante, ya que en la actualidad instancias internacionales brindan ciertas consideraciones a pueblos originarios o nativos (como, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT) y el término campesino no es igual a nativo o indígena. Así, la pertenencia a una comunidad campesina no significa necesariamente que la población se considere a sí misma como indígena, ni que pueda acceder automáticamente a este tipo de legislaciones.

La definición de comunidad campesina se menciona que estas comunidades “controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales y expresados en la propiedad comunal de la tierra” lo que hace necesario esclarecer las diferencias conceptuales entre tierra y territorio.

El concepto tierra se refiere al recurso natural tierra, es decir, al suelo natural (Burneo 2007), mientras que el término territorio se refiere al espacio en que una sociedad o grupo reivindica los derechos de acceso, control y uso de los recursos que ahí se encuentran (Godelier 1990), pero también es una construcción social (Shejtman y Berde-gué 2007) en que los habitantes establecen relaciones con el entorno y pueden desarrollar su identidad como grupo (Burneo 2007). Así, cuando se habla de la gestión o administración del territorio, se habla del control de los recursos ahí presentes por parte de los habitantes o de los actores sociales que se reconocen como parte de ese grupo. Cabe señalar que entre los recursos a administrar dentro del territorio se encuentra el agua y la tierra.

En el desarrollo del trabajo también nos referimos al concepto de “defensa del territorio”. Según la Real Academia Española, el verbo defender significa amparar, librar, proteger, y también abogar, prohibir. Así, cuando en la presente investigación nos referimos a la defensa de los recursos comunales, nos referimos a todas las acciones que toma la comunidad para proteger esos recursos que son parte -y son constitutivos- del territorio de la comunidad.

COMUNIDAD INDÍGENA DE CARHUANCHO

La Comunidad de Carhuancho se encuentra ubicada en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará en la región Huancavelica. La totalidad de la Comunidad se encuentra sobre los 4000 msnm, lo que limita la práctica agrícola, así que la principal actividad económica es la ganadería de alpacas.

Esta comunidad tiene una historia particular ya que, a diferencia de la mayoría de comunidades que remontan sus orígenes en el siglo XX, registra sus orígenes en el año 1712.

La historia de Carhuancho cuenta que la elección del lugar de establecimiento de la comunidad se debió a la aparición de una Virgen. Se cuenta que la imagen de la Virgen del Rosario siempre aparecía en la zona de Carhuancho. Se llevaba la Virgen a Pilpichaca, o a otras zonas, pero luego al día siguiente siempre volvía a su lugar, en dónde en la actualidad es Carhuancho. Al final se construyó la Iglesia de Carhuancho en el lugar donde al final aparecía la imagen de la Virgen, que justo coincide con la entrada a una mina.

Se cuenta que en esos tiempos la población de la zona tenía que sufragar tributo a la Iglesia. Entonces, los pobladores de esa época empezaron a gestionar la supresión de los tributos debido a que eran población indígena. En ese periodo destaca el nombre de Don Lucas Mallma Huencho, quien fue el gestor de esta iniciativa, y fue quien se encargó de realizar los trámites en Ayacucho. Además, en las versiones que se cuentan en la comunidad, se comenta que Don Lucas Mallma fue un curaca rebelde del Cusco que no aceptó someterse a los españoles, dejando la zona de Cusco y llegando posteriormente a Carhuancho, donde logró el reconocimiento como Comunidad Indígena en 1712 por medio de una ordenanza Real firmada por “Don Diego Ladrón de Guevara”, virrey de aquella época.

En el año 1915, el Cabecilla -líder comunal- Andrés Ventura, junto con Felipe Ventura y Simeón Quispe lograron un reconocimiento del Estado del Título Colonial. Para la comunidad este es un hecho muy importante que demuestra el carácter pionero de una comunidad que logró el reconocimiento estatal aún antes de que la constitución de 1920 reconociera a las Comunidades Indígenas.

Posteriormente, en 1943 se logró el reconocimiento de personería jurídica a la comunidad por medio de una Resolución Suprema firmada por el Presidente de la República, Don Manuel Prado Ugarteche.

Esta resolución fue posteriormente inscrita en el Registro de personas jurídicas de Huancavelica en el año 1989. Por otro lado, en 1963 se logró el reconocimiento de Registro de Propiedad.

Esta es la versión “oficial” de la historia comunal, la que cuentan los líderes comunales y ancianos, así como la que usan como justificación en los procesos de defensa de que afronta la comunidad. Es importante resaltar que existen registros de todos los documentos mencionados. La historia de la comunidad, tal como se ha presentado, es motivo de orgullo para los carhuanchanos, ya que resalta la antigüedad de la comunidad, el grado de organización que hubo desde el inicio para lograr todos los trámites, así como el carácter pionero de las acciones, que en muchos casos se realizaron antes de que existiera la legislación pertinente.

Este orgullo por la historia es evidente, por ejemplo, en el caso de los aniversarios de la comunidad. En esas festividades se recuerda la historia de la comunidad en los programas y volantes que se reparten en la fiesta y durante el desarrollo de las actividades se menciona constantemente el carácter antiguo que tiene la comunidad. Por ejemplo, en el año 2012 se celebrrona los 300 años de Carhuancho, para lo que se preparó una celebración especial, mayor a la realizada otros años.

Gran parte del orgullo que produce la historia de la comunidad se refleja en la organización, que se reconoce como destacada a nivel regional. Una de las particularidades que tiene Carhuancho es que buena parte de los comuneros o hijos de los comuneros son profesionales -algo atípico en las zonas rurales peruanas, que por lo general se caracterizan por los bajos niveles educativos- y además han tenido logros importantes a nivel regional como, por ejemplo, la construcción de un centro de acopio de fibra de lana de alpaca, así como un rol de liderazgo regional en los procesos de defensa de los recursos hídricos.

Para poder comprender mejor los procesos en que está inmersa la comunidad es necesario, primero, comprender las formas de funcionamiento comunal que la rigen en la actualidad. Así, antes de explicar los procesos de control y distribución de los terrenos y los profesos de defensa, explicaremos brevemente las dinámicas de funcionamiento local.

En Carhuancho hay tres tipos de comuneros: los calificados, los asimilados y los residentes. En general, el principal requisito para ser comunero es haber cumplido los dieciocho años y haber nacido en la comunidad o ser hijo de un comunero. Otra forma de inscribirse como comunero es la asimilación. Así, los yernos, nueras u otras personas que hayan llegado a trabajar a la comunidad y hayan decidido quedarse por medio del matrimonio con algún comunero, solicitan inscribirse como tales. Por último, los residentes son aquellos hijos de Carhuancho que por motivos de trabajo -por lo general son profesionales- viven fuera de la comunidad, pero mantienen ganado y vínculos estrechos con la comunidad.

Los comuneros tienen como obligación asistir a las asambleas, cumplir con las faenas y asumir los cargos de autoridad tanto en la directiva comunal como en alguno de los comités que se forman para múltiples objetivos.

Los tipos de obligaciones y formas de relacionarse a la comunidad que existen entre los diferentes tipos de comuneros, específicamente entre los comuneros calificados y los comuneros residentes, generan ciertas tensiones entre ellos. Ambos tienen los mismos deberes y derechos de cara a la comunidad pero, sin embargo, los comuneros calificados expresan en ocasiones su malestar con respecto a los comuneros residentes que, para no cumplir con las faenas, pagan multas o envían a emisarios, pero no trabajan ellos mismos. Sin embargo, los residentes también ocupan cargos directivos, y cuentan con prestigio en la comunidad por los trabajos o profesiones que tienen en las ciudades. Así, en ocasiones, los comuneros calificados sienten que los residentes solo permanecen en la comunidad un tiempo limitado, hacen ejercicios de poder por su capacidad de influencia en la comunidad (ya que deciden muchas cosas de la comunidad por su poder en la directiva) pero no se quedan de manera permanente en la comunidad ni tienen que afrontar de manera directa las decisiones comunales, ni cumplir con las faenas. Esta situación es una constante y su vez también tiene relación con la forma de distribución interna de los terrenos de la comunidad.

No obstante esta situación de tensión, en general es motivo de orgullo que buena parte de los integrantes sea profesional, ya que esto es considerado como signo de la prosperidad y liderazgo de Carhuancho.

Otro orgullo de la comunidad es la granja comunal, que está compuesta por un rebaño de alpacas de propiedad comunal, junto con unos cercos, echaderos, y está administrada por un comité que tiene el deber de organizar los trabajos de cuidado de la granja, hacer el pago de un pastor permanente, encargarse de la comercialización de la fibra, dar una rendición de fondos a la asamblea y reinvertir en la empresa comunal.

En la actuaidad, una de las principales obras de la comunidad es el Centro de Acopio de lana de alpaca. En general, los alpaqueros del Perú están a merced de precios cambiantes de la fibra, que se determinan en gran medida por el reducido número de compradores de la fibra -las empresas que industrializan la fibra de alpaca se concentran en Arequipa y no son más de cinco las empresas principales- y también por los intermediarios, que son los que usualmente se trasladan hasta las comunidades alpaqueras para comprar la fibra y luego venderla a las grandes empresas. En épocas llegaban a bajar los precios hasta S/. 1.50 por libra de fibra de color. Por este motivo, la comunidad se organizó y decidió acopiar la lana producida en la comunidad para, ya con una cantidad considerable de lana, contactarse directamente con las empresas de Arequipa, hacer los tratos directamente y evitar así el trato con los intermediarios. Incluso, se logró hacer clasificación de fibra, separando lanas de diferentes calidades y estableciendo precios diferentes de acuerdo a la calidad. Esto es una gran obra para Carhuancho -y es pionera a nivel regional- ya que en la actualidad el precio que se obtiene en el centro de acopio es mayor al del mercado -mucho mejor al ofrecido por intermediarios- y resulta más práctico para los comuneros vender en la misma comunidad. En el pasado, muchos viajaban hasta Huancavelica intentando obtener mejor precio. Incluso, hay comuneros de comunidades vecinas que vienen a vender su fibra al centro de acopio.

Este centro de acopio, además, ha generado nuevas dinámicas económicas locales. Por ejemplo, se ha instalado una tienda comunal, en que se venden productos de abastecimiento familiar como, por ejemplo, verduras que no crecen en la zona, plásticos y ollas, entre otros objetos de uso cotidiano. Esta tienda es muy importante, porque es la primera que instala en la comunidad y porque sirve para el abastecimiento inmediato. En el pasado era necesario viajar hasta Pilpichaca o Huancavelica. Además, en esta tienda también se abastece de paneles fotovoltaicos -paneles solares- que permiten tener luz eléctrica por un par de horas en las noches (en Carhuancho no hay luz eléctrica). El uso de estos paneles, poco a poco, se ha difudido entre los comuneros.

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS COMUNALES

La práctica pastoril, que es la principal actividad económica de Carhuancho, requiere el acceso y uso de los recursos tierra y agua como elementos básicos para el crecimiento de los pastos, alimento de las alpacas. En Carhuancho, así como en todas las comunidades, existen normas internas que regulan el acceso a estos recursos.

Primero, hay que considerar que la actividad pastoril requiere de espacios muy amplios. Así, los terrenos que ocupan las comunidades de pastores también son muy extensos. Carhuancho tiene una gran extensión y está dividida en cinco sectores. Cada uno de los sectores corresponde a una micro-cuenca, que luego se une a la subcuenca del río Carhuancho, que luego baja al río Pampas, que llega a lea. Los sectores son: Trapiche, Huaracco, Carhuancho Centro, Rosario y Huachhuaccocha. De todos los sectores, Carhuancho centro es elsector más próspero, donde se encuentran el centro urbano, la iglesia, el local comunal, la escuela y el centro de acopio. Rosario, Trapiche y Huachhuaccocha están en constante contacto con Carhuancho centro, sus pobladores se trasladan al centro en caso de asamblea y allí, al igual que en la parte central, la principal actividad es la ganadera, así que los terrenos se usan para esta actividad. A diferencia de los otros sectores, el sector de Huaracco tiene una dinámica más independiente y en más de una ocasión sus miembros han mostrado interés en separarse de la comunidad. La razón principal es que se encuentra ubicada lejos del centro y, además, por ese sector pasa la carretera Rumichaca-Huancavelica, que dinamiza el comercio del sector. También hay allí un puesto de salud, una escuela y un colegio. Así, las principales actividades pueden realizarse sin pasar por el centro de la comunidad.

A pesar de estas diferencias, en general, la distribución de los terrenos y las prácticas correspondientes a la gestión del territorio son similares en ambos sectores.

A los largo del territorio de Carhuancho se encuentran repartidas las estancias, viviendas apartadas del centro urbano en las que los pastores pernoctan mientras cuidan el ganado. En las estancias hay cercos, dónde se guardan a las alpacas. Muchos de los comuneros tienen tanto su estancia y como su casa en el centro urbano. La vivienda principal de la mayoría de los comuneros es la estancia, ya que en ella pasan la mayor parte del tiempo y es ahí donde pueden realizar su principal actividad, el cuidado del ganado. Durante la mayor parte de los días del año, lo normal es ver el centro urbano vacío o poblado por un reducido número de personas.

Cada estancia se localiza en un echadero; así se conoce a las pampas o los espacios en que las alpacas pueden pastear. Dependiendo de la localización geográfica de las estancias, los echaderos pueden ser exclusivos o compartidos -en efecto la mayoría son compartidos- por las personas que tienen estancias en esa zona. Aún cuando los echaderos y la estancias refieren a derechos de usos más ligados al acceso familiar que al comunal, todos los terrenos se consideran propiedad de la comunidad. Los comuneros son usufructuarios, no dueños.

Los accesos y la distribución de las estancias y echaderos tienen un complejo sistema de reglas y justificaciones que se fundan en la historia de la comunidad y en el prestigio de las familias. Además, esta forma de acceso a terrenos en la actualidad se desarrolla en un contexto de escases de terrenos.

La mayoría de estancias ya están distribuidas a las familias de la comunidad. Así, cada familia cuenta con una o más estancias. Hay casos de grupos de hermanos que ocupan de manera conjunta las estancias y los echaderos de los padres, porque la comunidad no tiene más espacio para darles nuevos terrenos. En principio, la herencia es consiedara por línea masculina. Sin embargo, en la comunidad hay muchos casos que los terrenos se han heredado por línea materna, así que estas normas son bastante flexibles. Además, la herencia permite continuar con el uso de las estancias y los echaderos en la familia, sin que eso no signifique que la familia se sienta “dueña” de los terrenos, ya que se considera que la comunidad es la única propietaria. Cuando una persona o pareja mayor a cargo de una respectiva estancia y echadero fallece sin haber dejado hijos interesados en mantener la práctica ganadera, los terrenos se reintegran a la comunidad. El reconocimiento de la comunidad como única dueña de los terrenos no implica que no se respeten los derechos de usos de las familias. En los casos de las estancias o echaderos, toda la comunidad sabe quién está en cada uno, y se respetan los derechos de usos de las familias.

“Por ejemplo yo heredo, tengo tierras porque mi tatarabuelo ya vivía aquí y eran sus echaderos tales campos, luego mis abuelos continuaron aquí y después mis padres vivieron aquí, que luego me dejaron estos campos y yo sigo utilizando estos espacios, entonces son derechos que estoy heredando, pero esto no implica que yo tenga derechos absolutos sobre estas tierras, yo puedo dejar de ser Comunero aquí y otros vendrán aquí.” (Silvano Guerrero, líder de Carhuancho)

“Nosotros somos comuneros, pedimos un permiso para vivir en tal sitio, acá nadie no es dueño porque es de la comunidad. Por ejemplo si mi señora muere, yo muero, si no lo poseen mis hijos, la comunidad entra.” (Fortunato Melgar, comunero mayor)

Aun cuando los terrenos sean de propiedad de la comunidad, las familias que acceden a las estancias y echaderos tienen ciertos deberes y derechos en dichos espacios. Por ejemplo, se permite enmallar sólo un máximo de 10 ha y el enmallado no puede estar más lejos que a 500 metros de la estancia[2].

Otro aspecto importante es que los comuneros tienen acceso al agua que pasa por los terrenos que ocupan. Así, si su echadero es un bofedal, sus animales tienen todo el derecho de pastear en esa zona.

De igual manera, los comuneros pueden hacer canales que desvíen agua, pueden hacer zanjas para mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia, y cada comunero puede construir pequeños reservónos de agua en sus terrenos. En caso de que estas construcciones estén muy cerca de los límites de los echaderos, o tengan una envergadura considerable, se expone el caso en asamblea comunal, la cual debe aprobar la obra. Sin embargo, en la mayoría de casos, basta con conversar con los vecinos y asegurarse que una obra así no disminuya el acceso al agua de los vecinos (en especial con aquellos con los que se comparte el echadero).

El desigual acceso a estancias y echaderos entre comuneros provoca una grave circunstancia para la comunidad. En la actualidad algunas familias tienen dos o tres estancias entre las que se trasladan de una a la otra de acuerdo a la época del año, mientras que muchas otras familias solo cuentan con una estancia. Además existe desigualdad con respecto al tamaño de los echaderos.

Estas diferencias tienen orígenes históricos y al preguntar acerca de ellos la respuesta general es que la distribución siempre ha sido de la misma forma, que empezó con los antiguos pobladores de la comunidad. Uno de los conocedores de la historia local comentó que las familias antiguas tienen más estancias por la constante amenaza que había con respecto a la invasión de comunidades vecinas. Así, a cada familia le asignaban una estancia en el centro y otra estancia en zonas limítrofes de la comunidad. De esta forma, se poblaban los límites de la comunidad, frenando los avances expansionistas de las comunidades vecinas. En algunos casos, como las estancias de la familia se encontraban lejanas la una de la otra, entonces se les asignaba una tercera estancia intermedia.

Esta distribución, que privilegia a las familias antiguas y notables, se justifica en gran medida por la historia comunal. Por ejemplo, aquellos que se reconocen como los descendientes de los cabecillas que iniciaron la comunidad -Andrés Ventura, Felipe Ventura y Simeón Quispe- tienen una serie de consideraciones especiales que se atribuyen al reconocimiento de la labor que cumplieron sus antepasados para la comunidad.

La distribución desigual de los terrenos también se justifica por el grado de servicios que cada familia -y sus miembros- ha brindado a la comunidad. Por ejemplo, aquellos que han asumido cargos de autoridad importantes, como presidentes comunales u otros cargos importantes de representación. Se considera que las personas notables que han solventado los gastos de las fiestas comunales brindan un servicio a la comunidad, y por tanto se les respeta la cantidad de terrenos que tienen.

Uno de los aspectos más cuestionables de este tipo de distribución es la poca flexibilidad de la que dispone, ya que no permite acumular más terrenos en caso sea necesario. Así, las familias que tienen una sola estancia y pueden pastar en un solo echadero tienen muy pocas posibilidades -éstas son prácticamente nulas- de ampliar sus zonas de pastoreo. Hay, por ejemplo, familias antiguas y prestigiosas que solo tienen una estancia y un echadero y que ni siquiera con el prestigio ganado con los años han podido acceder a más terrenos.

Dada esta situación, la forma en que algunos miembros de la comunidad optan por acceder a más terrenos por medio del matrimonio. Existen, por ejemplo, casos de miembros de familias cuyas estancias ya están copadas y optan por mudarse a la estancia de su esposo(a), si es que esta ofrece la posibilidad de acceder a espacios más amplios de terrenos de pastos. Con este tipo de estrategia queda en claro que el principio de virilocalidad que se supone se practica en la comunidad es muy flexible, porque se privilegia el acceso a terrenos. Cabe mencionar que cuando se usa este tipo de estrategia, no pueden utilizarse los echaderos de ambos conyugues, sino sólo los que quedan allí donde viven.

Aparte de ésta opción, sólo se puede acceder a terrenos por medio de una solicitud a la comunidad. Cuando una pareja recién casada se establece y no quiere -o no puede- establecerse en las estancias familiares, puede solicitar a la comunidad que se le otorgue una estancia. Sin embargo, dada dicha escasez de terrenos, los únicos espacios disponibles son aquellos que se encuentran en zonas limítrofes y alejadas de la comunidad y que la mayoría prefiere no ocupar, debido en primer lugar a la lejanía -la comunidad es muy grande y llegar a algunas estancias puede tomar varias horas de caminata, más aún las que se encuentran en la zonas limítrofes- y en segundo lugar por las amenazas de las comunidades vecinas y los problema limítrofes que tiene Carhuancho con algunas de las comunidades colindantes.

En la comunidad se pueden encontrar algunos casos excepcionales de que personas han conseguido obtener estancias en lugares céntricos de la comunidad. Uno de los casos corresponde a una señora que fue herida por cazadores furtivos de vicuñas. La mujer quedó muy gravemente herida y con secuelas posteriores que le hicieron ausentarse de su estancia un tiempo por motivos de salud, lo que fue aprovechado por algunos vecinos, que ocuparon los espacios y echaderos. Por esta causa, la señora solicitó a la comunidad una estancia ubicada cerca al centro urbano, alegando que se encontraba enferma y que su situación había sido consecuencia de los servicios prestados a la comunidad. Además, esta señora era una persona muy activa en la comunidad; había ocupado cargos, y fue por eso la comunidad no se negó y le otorgó una estancia ubicada muy próxima al centro urbano. Sin embargo, este caso fue excepcional; la mayoría de comuneros que piden terrenos a la comunidad, solo pueden conseguir los que se encuentran muy alejados.

Frente a esta situación, la comunidad tiene una serie de reglas que tienen como objetivo regular el uso de los terrenos. Por ejemplo, todos los comuneros deben pagar la derrama, que es el impuesto que se debe pagar por la cantidad de alpacas. Así, quien tiene mil alpacas paga el impuesto por las mil alpacas, y quien tiene ochenta paga por las ochenta. Esta regla, que es igual para todos, pretende igualar la obligación con la comunidad por el uso de los pastos.

Otras reglas comunales se refieren al tipo de ganado. Carhuancho es históricamente una comunidad de pastores con énfasis en la producción alpaquera per,o en el pasado, además los pobladores criaron llamas, ovejas y caballos. Esos animales, sin embargo, presentan algunos inconvenientes. La oveja, por ejemplo, come el doble de lo que come una alpaca y además se la considera sucia porque arrastra el pasto en lugar de cortarlo, impidiendo que vuelva a crecer. Otro animal que se considera perjudicial es el caballo, ya que come cuatro veces lo que come una alpaca y además, dada la actual presencia de carreteras, ya no es tan necesario como lo fue en el pasado. El caso de las llamas es diferente: las mismas familias han optado por reducir el número de llamas por el bajo valor de su fibra en el mercado. Frente a esta situación, la comunidad ha acordado establecer límites para la crianza de animales que no sean alpacas. Por ejemplo, se ha decidido limitar el número de ovejas. Como este tipo de imposición no puede llevarse a cabo de manera intempestiva, se decidió imponer un plazo de tres años para reducir la cantidad a treinta ovejas por estancia.

Las reglas de la comunidad no se limitan a la cantidad de ganado. Varios comuneros comentaron que se había decidido normar la cantidad de estancias por familia y que se había establecido un máximo de dos estancias. A pesar de que esta decisión fue conocida, comentada y aprobada por muchos comuneros, no se han tomado todavía las medidas para la ejecución efectiva de la norma, y es poco probable que se ponga efectivamente en vigencia, ya que dentro de las dinámicas comunales resulta muy complicado exigir a un miembro de las familias notables, o a una persona que se considere que ha servido mucho a su comunidad, que dejen terrenos sobre los cuales consideran que tienen derechos de uso, de acuerdo a la historia y tradición comunal.

En otras palabras, uno de los problemas de fondo, es que el prestigio y la historia comunal se reflejan de modo directo en las dinámicas de funcionamiento actual de la comunidad, legitimando el sistema actual que rige el acceso a los pastos, lo que ocasiona que aún cuando algunos consideren este sistema como poco equitativo, resulte complicado cambiarlo, puesto que un cambio implicaría una especie de rebelión contra las bases fundacionales de la comunidad. Por más propuestas de cambio en la estructura interna de la comunidad, e incluso decisiones tomadas en asamblea, el poner en práctica estos cambios es muy poco probable -casi impensable- ya que supondría despojar a miembros de familias notables, que han ganado esta distinción por su servicio a la comunidad, de parte de sus terrenos, lo que significaría atentar contra los criterios locales de respeto a las personas y a la memoria histórica local.

“Mire, la comunidad ha puesto como limite 300, pero dudo que se cumpla hay muchos que sobrepasan porque 300 animales no cubren la canasta familiar (…) se quedó en 300, pero como le digo dudo que se cumpla. [Con respecto a los echaderos] en sitios reducidos la comunidad ha propuesto que se retiren algunos comuneros para dejar más espacio a otros que quedan y darle otros sitios para que los comuneros se instalen, pero no aceptaron, pero por ser reducido, entonces no es terreno para pastorear animales y ese es el problema.” (Marco Guerrero, comunero de Carhuancho)

Este sistema de acceso a los pastos tiene una serie de consecuencias directas en la comunidad. Una de las más visibles es la diferencia económica entre aquellos que tienen acceso a espacios más amplios -los que tienen más estancias- con respecto a aquellos que cuentan solo con una, cuyo espacio es, además, reducido. Así, las familias que tienen más espacios pueden tener rebaños mucho más grandes, ya que el espacio, la cantidad de pastos y el acceso al agua lo permite. En cambio, mientras que los que tienen poco espacio -es decir menos estancia o echaderos más pequeños- tienen rebaños menores. De este modo, hay familias muy prósperas que cuentan con ochocientas, novecientas o incluso más de mil alpacas[3], mientras otras familias tienen alrededor de 100 -algunos comuneros estimaban que las familias con menos alpacas tendrían aproximadamente ochenta- lo que significa una diferencia sustancial en los ingresos económicos. Además hay que considerar que la alpaca es un producto que entra directamente en el mercado, y se comercia para la exportación, lo que no solo conecta a la comunidad con redes comerciales mundiales, sino también que permite ingresos considerables en relación a otros pequeños productores agropecuarios de la sierra rural. Así, las familias que tienen grades rebaños han podido reinvertir en sus ganados, en sus viviendas, en sus estancias y lo más importante, en sus hijos. Por esta razón es que hay un importante sector de los comuneros que ha estudiado en ciudades cercanas como Huancavelica y Ayacucho, e incluso en Lima, y que han logrado ser profesionales. Aquellas familias con menos terrenos y menos ganado tienen opciones más limitadas con respecto a los estudios; en Carhuancho solo hay escuela primaria y resulta costoso enviar a los hijos a estudiar fuera de la comunidad. La diferencia en el acceso a pastos se combina con la diferencia en el prestigio profesional.

Esta diferencia tiene muchas más implicancias. Los profesionales de la comunidad por lo general luego se vuelven comuneros residentes. Es decir: se van a vivir a las ciudades, por lo general a Ayacucho, Huancavelica, Huancayo y Lima, pero mantienen su ganado en la comunidad, por lo general bajo el cuidado de familiares o pastores contratados. Estos comuneros residentes, aún cuando viven en ciudades, mantienen un contacto estrecho y continuo con la comunidad y en algunos casos llegan a ocupar cargos importantes Además, su prestigio los hace personas líderes. Sin embargo, a veces esta situación contrasta con los intereses, con lo que esperan los comuneros que viven permanentemente en la comunidad. Es frecuente escuchar algunos reclamos de comuneros permanentes, que sostienen que los residentes no cumplen con las faenas, no asisten a las asambleas, que cuando vienen a las asambleas quieren mandar y luego no se quedan en la comunidad.

Más allá de estas implicancias, la profesionalización de un sector de la comunidad también supone el incremento de las brechas económicas. Los residentes tienen ingresos económicos por sus trabajos remunerados en las ciudades e ingresos por la venta de fibra de las alpacas que mantienen en la comunidad, una cantidad considerable, por las extensiones de pastos que manejan. Cuando los residentes asumen los cargos en las fiestas comunales, pueden organizarse buenas fiestas con bandas de afuera, con bastante trago, lo que se considera como una forma de servicio a la comunidad. En cambio, los comuneros que viven permanentemente en la comunidad tienen una sola fuente de ingreso, que es la crianza de alpaca, siendo este ingreso por lo general menor al que tienen los residentes. Una de las consecuencias más importantes del sistema comunal de acceso a pastos es las diferencias que genera entre las familias y los comuneros.

Es necesario señalar que algunos de los comuneros permanentes han desarrollado estrategias para mejorar sus ingresos. Una de las principales, que solo están haciendo algunos, es el mejoramiento del manejo de las alpacas. En Carhuancho, la mayoría aplica un sistema tradicional de crianza, en que todas las alpacas pastan juntas en los echaderos y tienen un solo corral. Algunos están aplicando técnicas de mejoramiento genético, separando los rebaños de acuerdo al tipo, haciendo empadres seleccionados, sembrando pastos mejorados, colocando cercos, etc. Así, los comuneros que se dedican exclusivamente a la actividad ganadera pueden mejorar la calidad de sus rebaños, mejorando con esto la calidad de la fibra y de la carne, incrementando de ese modo sus ingresos. El sólo hecho de mejorar genéticamente los animales supone un incremento del precio del animal vivo. En la comunidad, al preguntar por los precios de las alpacas, se suele decir que cada una puede bordear los 150 soles pero que un macho semental de calidad puede costar hasta 5000 soles. Hay mucho interés por el mejoramiento del ganado. Desde luego, ésto requiere inversión de tiempo y dinero y una dedicación exclusiva al ganado, que solo pueden tener los que viven permanentemente en la comunidad; los residentes, al dejar el ganado encargado, no pueden tener un control diario de la situación de sus animales.

Pero estas formas de mejora del ganado no se limitan al trabajo con el mismo animal sino que también tienen su base en el aprovechamiento de los recursos. Los comuneros dedicados al mejoramiento de ganado también invierten en mejoras en sus pastos, enmallando sectores para controlar el alimento de los animales por temporadas, invirtiendo en la siembra y cuidados de pastos mejorados para mejorar la alimentación de los animales, en la construcción de reservónos y canales para el mantenimiento de los pastos, y en cuanat otras formas de trabajo sobre el terreno sirvan para el mejoramiento del ganado.

De este modo, frente a las limitadas opciones que ofrece la comunidad para la ampliación de los terrenos a los cuales se tiene acceso, los esfuerzos por el mejoramiento de ganado es, en la práctica, una de las pocas estrategias viables para el incremento de ingresos económicos de los comuneros que viven de forma permanente en la comunidad.

Cabe mencionar que frente a esta forma de organización comunal ha surgido un elemento cuestionador que tiene un origen religioso. La Iglesia Evangélica -que cada vez gana más adeptos- cuestiona la adoración de las imágenes, así como la realización misma de fiestas, el gasto excesivo de dinero en celebraciones y el consumo de alcohol. Cuestiona incluso la misma historia comunal, que atrubuye el establecimiento del pueblo de Carhuancho a la aparición de la imagen de la Virgen, e insisten en que eso fue una estrategia de los españoles para engañar a los indígenas -habitantes de Carhuancho- que qeurían empelar en la mina. Al cuestionar la realización de fiestas y toma de alcohol, también cuestiona lo que tradicionalmente es un acto de prestigio en la comunidad; el sustento de las fiestas.

“Entonces, claro… a la religión la han usado como instrumento de… pero en sí, no es así, cuando nosotros leemos la biblia, no es así. La palabra de Dios no es para adorar imágenes, ni cosa parecida, más bien ellos han hecho todo lo contrario y así en nuestro, algunos de nuestros padres, de nuestros hermanos quedaron creyendo que así… que saben toda esa historia, y ellos lo ponían en Trapiche la estatua, y acá amanecía, de ahí la mamacha amaneció acá, pero vine de noche y traían… allá atrás al pueblo de [ininteligible] que era un pueblo antiguo… ahí ellos llevaban, también acá. ¿Por qué? Porque ahí estaba la mina, entonces, acá vamos a poner acá, cada vez que amaneces a la mamacha entonces acá que vamos a hacer su casa, lo construimos la iglesia con tal de tapar la bocamina ¿No? Que había ahí, entonces todo eso saben… por eso mis padres quieren, también mi mamá era cristiana, era evangélica, y dijo “Hijos, eso es de una falsedad… ahí no está Dios, Dios está en el cielo, está en la palabra, el Dios verdadero es la Biblia. Entonces, nunca van a poner… no, la mirada hacia allá, a todo eso que son creencias falsas. Y termina ahí, la gente, pierde tiempo, pierde economía, no quiero ir [ininteligible] gente engañado… nos han enseñado, nos han inculcado desde niños…” (Entrevista a miembro de la Iglesia Evangélica de la Comunidad)

El número de feligreses de la Iglesia Evangélica a ido en aumento, pero los cuestionamientos de éstos no suponen una rebelión frente a la situación actual de la comunidad. Plantean, eso sí, dudas frente a las razones de establecimiento del pueblo o cuestionamientos acerca del prestigio de implícito en financiar una fiesta, pero no critican ni cuestionan la forma de distribución de los terrenos, ni los privilegios de ciertas personas o familias. Las críticas de la Iglesia Evangélica tampoco se focalizan en los aspectos centrales del tema de la tierra y su distribución.

Más allá de las formas de cuestionamiento y de las justificaciones devenidas del tipo de distribución de los terrenos en el seno de la comunidad, lo cierto es que, en la práctica cotidiana, surgen situaciones de conflicto estrechamente relacionadas con la organización comunal y el tipo de actividad.

Uno de los conflictos más comunes es la invasión de echaderos por parte de los animales de los vecinos. Si bien existen echaderos compartidos, ciertas zonas están reservadas para el uso privado familiar. Desde luego, teniendo en consideración que no se vigila al ganado el 100% del tiempo y que es difícil manejar grandes cantidades de ganado, resulta difícil conseguir que los animales no pasteen en las mencionadas zonas.

Otro conflicto: la instalación de mallas en los echaderos. Si bien hay una reglamentación al respecto, algunos comuneros se exceden y ponen más mallas de lo permitido o sobrepasan los límites de los echaderos y zonas de uso común.

En síntesis, como se puede apreciar, la gestión del territorio comunal es un proceso complejo que implica conocimientos acerca de aspectos técnicos (el clima, el manejo de pastos y ganado) y de la historia local ylas formas locales de equidad, que implican conceptos complicados y flexibles como el prestigio, el servicio comunal y la historia familiar. De este modo, aún cuando el manejo de los bienes comunes tiene una apariencia de inequitativo desde el exterior, las prácticas y lógicas locales pueden tener una justificación a este tipo de administración. Si bien las inequidades se expresan de manera concreta y tienen graves consecuencias en la comunidad, las mismas prácticas locales y las nuevas dinámicas sociales que se van incorporando a la comunidad, así como los mismos procesos de funcionamiento local como las asambleas y comités, sirven de medio de cuestionamiento y negociación acerca del sistema actual de distribución de los pastos. La misma organización comunal y los mismos comuneros lidian con las problemáticas y tensiones locales de acuerdo a sus propios esquemas de organización y toma de decisiones.

DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES

En la actualidad, la comunidad de Carhuancho enfrenta distintos procesos de defensa de bienes comunales, entre los que destacan la delimitación de linderos con las comunidades vecinas y la defensa de los recursos hídricos frente a la construcción de un canal de recolección y trasvase de aguas a la vecina región costera de lea.

CONFLICTO DE LINDEROS CON COMUNIDADES VECINAS

La comunidad de Carhuancho tiene un problema latente con respecto a los linderos con las comunidades vecinas Llillinta, Carhuapata y Pilpichaca.

Los comuneros de Carhuacho toman como principal referencia territorial sus títulos coloniales, que consideran más válidos que los de la mayoría de comunidades vecinas a causa de su antigüedad. Las grandes extensiones de terrenos dificultan el establecimiento de límites y la historia de la comunidad refleja varios episodios de conflictos y tensiones con las comunidades vecinas. Como se ha visto, las formas de distribución interna de terrenos se han visto influenciadas por esta dinámica de tensiones con las otras comunidades -las familias antiguas por lo menos dos estancias, una en el centro, otra en los límites para cuidar el territorio comunal-, pero ésto no significa que haya habido un conflicto abierto con las comunidades.

El problema es que Carhuancho es una comunidad reconocida desde la época virreinal y su inscripción en los registros públicos es muy antigua, por lo que no contiene planos sino sólo memoria descriptiva. En la actualidad, para obtener un título se requieren actas de colindancia con las comunidades vecinas, memorias descriptivas y planos georeferenciados. Sin embargo -y dada su antigüedad-, el título de Carhuancho no se encuentra registrado con un plano georeferenciado, sino con un croquis. La situación es idéntica en las comunidades vecinas, que tampoco cuentan con planos. Por esta razón, existen superposiciones en los terrenos. Carhuancho tiene conflictos por superposición de tierras con otras comunidades, como Carhuapata, Llillinta, Ingahuasi, Santa Ana, Santa Inés y Choclococha.

La mayor parte de las tensiones por límites no han desencadenado enfrentamientos directos, salvo por algunas excepciones: se recuerdan en la comunidad la invasión que hizo Huachocolpa en los años veinte y el enfrentamiento entre Llillinta y Lipaca por un terreno que le correspondía a Carhuancho. En general las tensiones existentes con Llillinta son perceptibles por toda la población, pero la mayoría de los comuneros no tiene un seguimiento cercano del conflicto.

A pesar de que a mayor parte de la población no se ve afectada directamente por estas tensiones, la posición de la mayoría de comuneros es que Carhuancho como comunidad debe hacer respetar los linderos y que se debe conservar la integridad del territorio. Así, el conflicto, aún cuando no tenga un desenlace concreto, crea un sentimiento común de defensa del territorio por parte de los mismos comuneros.

Aún cuando el conflicto no afecte directamente a las familias, es decir, aunque no afecte ni los terrenos de las estancias que cada familia ocupa ni los echaderos en que cada familia pastea su ganado, todos los entrevistados coinciden en su posición a favor de Carhuancho, en contra de las otras comunidades. Así, el conflicto sirve también para fomentar un sentimiento común con respecto al territorio comunal. De esta manera, aún cuando existen cuestionamientos al tipo de distribución interna de terrenos y las dinámicas de funcionamiento de la comunidad, en ningún momento se cuestiona nadie los derechos sobre el terreno de la comunidad de Carhuancho, en ningún momento aparecen intereses separatistas por parte de los comuneros. La defensa del terreno de la comunidad para sus habitantes un elemento unificador.

DEFENSA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: OPOSICIÓN AL COLECTOR INGAHUASI

El principal conflicto que atraviesa la comunidad de Carhuancho tiene que ver con el uso del agua, razón por la cual se opone la comunidad a la construcción del Colector Ingahuasi, que recolectará aguas de las alturas para luego trasvasarlas directamente hacia la región lea, en la costa.

El problema tuvo sus inicios en la década de los años 1950, cuando se construyó la primera etapa del Proyecto Hidroenergéti-co Choclococha, una infraestructura que permitía colectar agua en la laguna Choclococha, y transportar estas aguas hacia la región de la costa por medio de un canal de 53 kilómetros de longitud para irrigar los valles agrícolas de la región de lea. Esta obra supuso un grave impacto en las comunidades de las zonas altas: reducción del caudal de riachuelos, secado de algunos bofedales, etc. La construcción terminó afectando gravemente la principal actividad económica de la zona, que es la ganadería. Otra consecuencia grave de la construcción fue la inundación del antiguo pueblo de Choclococha a causa del incremento del nivel de aguas de la laguna tras su represamiento. Además, a lo largo de los años, muchos pastores se han visto perjudicados porque en más de una ocasión las alpacas se han acercado al canal -es un canal abierto-, se han caído y se han ahogado.

Con más de cincuenta años de esta situación, en el año 2006, se planteó la construcción de la segunda etapa de este proyecto (Proyecto Canal Colector Ingahuasi o Proyecto Especial Tambo Ccaracocha PETAC) que supone la construcción de un nuevo canal que colecte agua de más de veinte lagunas en seis microcuencas alrededor del cerro Palomo, ubicado en la Comunidad de Carhuancho, desde el cual se trasladará a la represa de Choclococha y a lea, en un nuevo canal de 73 kilómetros (Pacheco 2010).

Tras las declaraciones del Presidente de la República, Alan García, que declaró en un discurso en lea que el proyecto iba a hacerse “si o sí”, los comuneros de Carhuancho entendieron que la construcción del canal era inminente. Esta situación causó gran preocupación entre ellos. Muy pronto se esparció cierto temor con respecto a las consecuencias de ese nuevo canal y a lo que ocurriría con sus aguas y pastos. En consecuencia, buscaron la asesoría de la Defensoría del Pueblo.

También buscaron la asesoría legal de la ONG CEPES, que ayudó en los trámites legales. En medio de los trámites que se venían realizando en oposición del proyecto, el profesional de prestigio allegado a Carhuancho, el doctor David Bayer, sugirió llevar el caso al Tribunal Latinoamericano del Agua. Tras un debate inicial entre las autoridades de Carhuancho, y con la asesoría de expertos, se decidió acudir a dicho tribunal. De este modo, bajo la representación legal de la doctora Ivonne Pacheco, de CEPES, el representante de Carhuancho, Silvano Guerrero, viajó a Guadalajara, sede del tribunal y presentó el caso en contra del Estado Peruano, en una Audiencia el día 8 de octubre del 2007.

El fallo del Tribunal fue favorable a la Comunidad de Carhuancho, concluyendo en el siguiente veredicto: 1. Responsabilizar al Proyecto Especial Tambo Ccaraccocha por la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema fundamental para la subsistencia de las comunidades. 2. Censurar a las autoridades gubernamentales del Perú, de lea y del Proyecto Especial Tambo Ccaraccocha por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales y por sus acciones y omisiones en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza.

Con este veredicto, el Tribunal recomendó paralizar inmediatamente la obra, crear mecanismos de indemnización para los afectados por la primera parte del proyecto, realizar un Estudio de impacto ambiental y revisar los Decretos Supremos que avalaban el proyecto.

Si bien el fallo del Tribunal no es vinculante, el veredicto a favor de la comunidad dio un gran impulso al proceso de defensa, y tras regresar de Guadalajara se reiniciaron las conversaciones entre Huancavelica e lea. Al día de hoy los procesos de defensa continúan, ya que si bien se ha paralizado la obra, hay indicios que apuntan a que el Estado tiene la intención de llevarla a cabo, debido sobre todo a la presión del sector agroexportador de lea que tiene muchos intereses en juego.

Antes de llegar a los tribunales internacionales hubo varias movilizaciones, tanto a nivel local como a nivel regional, en que los comuneros de Carhuancho participaron activamente para demostrar su oposición al proyecto. Así, cuando se pide a los comuneros opinión sobre este conflicto, la mayoría se refiere a las protestas y todos son muy conscientes que una obra de esa envergadura los perjudica seriamente. Cabe mencionar que Carhuancho fue la comunidad que tomó el liderazgo en el proceso de defensa del agua pero el proyecto afecta también a las comunidades vecinas Pilpichaca, Choclococha, Santa Inés, comunidades que también han apoyado los procesos de defensa[4].

Al examinar el proceso de defensa llama la atención el grado de organización de Carhuancho, que muy rápidamente logró un consenso con respecto a su posición frente al proyecto. Es importante señalar que los directivos tuvieron un rol muy importante, tanto para lograr el consenso de la población de la comunidad a fin de tomar acciones como para recurrir a la asesoría pertinente. Uno de los elementos que más los ayudó fue la presencia de proyectos de desarrollo en ese tiempo que tuvieran asesoría legal entre los servicios brindados. El rol que cumplió CEPES en dicho proceso fue muy importante. Hay que destacar que otra parte de la asesoría vino de conocidos y amigos profesionales de los mismos comuneros de Carhuancho. Como buena parte de la población de la comunidad se ha mudado a ciudades cercanas y ha estudiado diversas profesiones, Carhuancho cuenta con una red de contactos a los cuales pueden recurrir para asesorías. Tal fue el caso del doctor David Bayer, quien dio la sugerencia de recurrir al TLA (Tribunal Latinoamericano del Agua).

La comunidad apeló a legislaciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Formalmente, la comunidad de Carhuancho tiene la categoría de comunidad campesina. Como se ha visto en un inicio, no es lo mismo una comunidad campesina que una comunidad indígena. La comunidad de Carhuancho ha apelado a su historia, que le da un carácter de comunidad originaria, para considerarse como indígena y poder acogerse a determinadas legislaciones como el Convenio 169 de la OIT y varias de las normas del TLA.

Con este tipo de decisiones cobraron fuerza la organización comunal y la tradición histórica, sustento de la comunidad para ser reconocida como indígena. En efecto, el hecho de que la población de Carhuancho considere que su comunidad es indígena (y que, por tanto, ellos mismos también son indígenas) es un caso excepcional en los andes peruanos.

En el Perú, la mayor parte de la población de la sierra prefiere llamarse a sí mismos campesina antes que indígena porque la denominación de indígena tiene una carga peyorativa que la mayoría de pobladores prefiere evitar. El término campesino tiene un sentido de categoría laboral, antes que una carga identitaria.

No podría decirse que Carhuancho empezó a apelar al carácter indígena de la comunidad a causa de los problemas con las comunidades vecinas ni por el conflicto por el agua, ni para acogerse a legislaciones internacionales a favor de pueblos indígenas. Al preguntar a varios comuneros acerca de las celebraciones de aniversario de la comunidad -que el año 2012 cumple trescientos años- la mayoría sostenía que siempre se han celebrado aniversarios con esa correlación de años, lo que significa que el apelar a la historia no es algo reciente para ellos. Son varios los que conocen la historia de la comunidad y hay documentos que prueban la antigüedad de la misma. Es probable sque la comunidad haya mantenido históricamente ciertas prácticas y reconocido su historia colonial y su condición indígena aunque que haya apelado especialmente a dicha condición resultó útil a los procesos de defensa comunal.

En la actualidad, ha calado mucho entre los comuneros el discurso de lo indígena;en especial, el concepto de comunidad indígena. Así, existe un orgullo por la organización comunal, porque la comunidad es conocida a nivel local por su grado de organización y movilización. Varios comuneros, así como otros especialistas que conocen el caso, opinan que este grado de organización se debe a que son una comunidad indígena (u originaria) y no una comunidad campesina. El énfasis en la diferencia es que las comunidades campesinas son relativamente nuevas, creadas después de la Reforma Agraria. Carhuancho como comunidad indígena tiene una mayor identificación comunal y una mayor capacidad de trabajar de forma organizada.

“Para mi, Carhuancho es una comunidad tradicional que ha sido comunidad siempre y hay entre sus miembros una auto-identificación como comunidad y pueblo indígena que no se da en muchas comunidades; o sea, con respecto a Huancavelica una gran parte de las comunidades está formado después de la reforma agraria sobre terrenos de hacienda. Entonces, en cierto modo, esas comunidades no tienen tradición comunera, son comunidades de nombre y en ese aspecto, por ejemplo, en Acobamba que se da ese fenómeno, hay muchas comunidades que no tienen esa tradición comunera y que ven a la comunidad como una especie de camisa de fuerza, ellos quisieran más bien parcelarse.” (Ivonne Pacheco, asesora legal en Huancavelica)

Aún con todo esto, continúa el debate sobre la identidad indígena. Aunque los mismos comuneros se denominan a sí mismos como miembros de una comunidad indígena, persisten algunos estereotipos acerca del indígena sus cararterísticas. La comunidad es consciente de que no se cumple a cabalidad con la imagen tradicional de indígena, pero de igual modo se consideran dentro de esta categoría.

“También, porque lo que te pide el Tratado 169 de la OIT es que te reportes como Comunidad Indígena para serlo y guardes también algunos patrones culturales indígenas originarios, en Carhuancho se guarda el idioma quechua, se siguen pasteando alpacas como se hacía hace quinientos años, probablemente, se sigue trabajando en las faenas comunales como antes, se siguen manteniendo los territorios como propiedad colectiva, comunal y no como propiedad privada. El dueño de los pueblos y los recursos es la Comunidad y no tú, tú eres usuario, es tuyo y a la vez es de todos también los recursos que hay allá. Por eso se denomina Comunidad Indígena. En la usanza y cultura hablamos español, nos vestimos de otra manera y ya no tenemos tanto colorido como teníamos antes, un poco de esto ha cambiado por estar cerca a la costa, a los centros Mineros.” (Silvano Guerrero, Dirigente comunal)

BIENES COMUNALES: FUNCIONALIDAD Y FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Como se ha visto a lo largo del trabajo, el manejo de bienes de manera comunal es un asunto muy complejo que puede ocasionar muchos conflictos y tensiones a nivel interno, ya que la forma de gestión del recurso común puede tender a beneficiar a algunos más que a otros.y ocasionar malestar entre parte del colectivo que maneja el bien. Sin embargo, la gestión común del bien también permite un cierto grado de organización y de movilización común, que es muy útil en general para todo el colectivo y que se expresa de manera más notoria en los momentos de poner en práctica iniciativas con fines colectivos o en momentos de conflicto externo.

En Carhuancho la distribución interna de la tierra -y, por tanto, del acceso al agua- genera una tensión constante, ya que siempre prima el interés individual, que genera conflictos entre comuneros, usuarios del bien común. La gestión común del bien no implica una gestión igualitaria, lo que se expresa claramente en el caso de la comunidad estudiada, caso que muestra las grandes diferencias entre usuarios, dierencias que se justifican en la tradición comunal y que tienen su origen en la historia, en las formas de prestigio local y en el modo de retribuir los servicios prestados a la comunidad.

Esta forma de distribución interna desigual de los recursos ha empezado a ser cuestionada dentro del mismo grupo, tanto en las asambleas como en otras instancias institucionales como, por ejemplo, la Iglesia Evangélica, que cada vez gana más adeptos en la comunidad. Las críticas a la forma de administración del bien común no apuntan a la propia adminsitración sino a la forma en que se la ejerce. Critica la distribución interna de los terrenos pero no se plantea la parcelación de la comunidad. Si bien algunos comuneros opinan que dicha parcelación sería una solución a los conflictos, tal propuesta no pasa de ser una idea individual poco viable a nivel grupal.

Aún cuando existen tensiones internas hay poder de negociación dentro del colectivo. En asamblea se han tomado medidas regulato-rias sobre la distribución y manejo de los bienes comunes, a partir de la regulación de la cantidad de estancias y del número de animales que debe tener cada comunero. Si bien hasta ahora estas decisiones no se han puesto en práctica -porque atenta en cierta medida contra la tradición comunal que es la cohesiona la idea del territorio comunal- suponen la posibilidad de negociación del colectivo.

Este poder de negociación, aunque sea lento, libera las tensiones acumuladas y ofrece algunas alternativas a los comuneros que -satisfechos o no con las medidas planteadas- siguen con la administración común del bien. La alternativa a la gestión común del territorio basada en la parcelación de la tierra implicaría acabar con la gestión comunal del territorio, una idea que se percibe como poco viable dentro de la comunidad.

En el contexto de las comunidades campesinas -y sobre todo en el caso de Carhuancho, que tiene una tradición que se funda en una historia antigua- la idea de romper con el esquema comunal de la tierra atenta contra la concepción misma de comunidad y colectivo que tienen los pobladores. Además, por el tipo de actividad realizada, y el medio hostil en que se realiza, la gestión colectiva termina siendo funcional dentro de la comunidad. Esta funcionalidad se expresa no sólo en la misma práctica pastoril, sino que fomenta un grado de organización que al final es útil para la misma comunidad y que puede servir de plataforma para iniciativas comunales. El funcionamiento de la granja comunal y el centro de acopio comunal han sido posibles por el grado de organización que tiene la comunidad. Estas iniciativas se fomentaron por tratarse de alternativas de gestión colectiva que beneficiaban a todos los usuarios. Se tiene que considerar que la forma de presentación al exterior de estas iniciativas y su viabilidad también están relacionadas con la gestión colectiva. El centro de acopio, en particular, ha sido posible por el grado de organización comunal y el grado de poder de imposición de normas comunes a todos los miembros del colectivo. Esa capacidad que tiene el colectivo de hacer respetar las normas es la que garantiza su funcionamiento. A su vez, la presentación al exterior de empresa de la comunidad -es decir de su gestión colectiva-, también ayuda a su posicionamiento, ya que le brinda una característica adicional que sirve de garantía.

Otro aspecto de la gestión colectiva de los recursos comunales es su utilidad en el caso de los conflictos. En Carhuancho se ha explotado una característica comunal -como es su grado de organización-, que históricamente se ha expresado en el proceso de defensa del territorio comunal y en la organización de la actividad alpaquera para el logro de sus objetivos colectivos. Así, aunque internamente existen conflictos y diferencias entre los comuneros a causas de la administración de los bienes comunes, en otros aspectos que tienen que ver con la resolución de conflictos hacia el exterior la gestión común de los bienes de la comunidad, ha contribuido a fomentar – y a mantener- el grado de organización común, que permite tener un nivel de movilización para el beneficio de la comunidad.

La práctica tradicional del pastoreo de alpacas ha permitido cierto grado de prosperidad económica relativa a las familias de la comunidad. Esta prosperidad ha alcanzado más a ciertas familias que a otras, pero ha propiciado un impulso educativo que se refleja en la cantidad de profesionales que hay en la comunidad de Carhuancho[5], generando que estos miembros de la comunidad puedan tener más contactos con instituciones y personas fuera de la comunidad, lo que de alguna manera ha ampliado la red social de la comunidad, dándole a ésta mayores alternativas para buscar asesoría y ayuda en el caso de problemas. La persistencia de la actividad pastoril -que se asocia con el manejo colectivo de los recursos de la comunidad-, ha ayudado al colectivo ha tener medios para solucionar sus problemas.

Aunque el beneficio económico de una gestión desigual del bien común haya beneficiado más a unos que a otros, a largo también esta situación repercute en la comunidad. Ésto se debe a ciertas nociones de responsabilidad y prestigio arraigadas en la comunidad que presuponen ciertas obligaciones morales en aquellos que se benefician más de los bienes de la comunidad. Los profesionales de la comunidad -además de otros comuneros comprometidos- son los que han liderado las movilizaciones por la defensa de los recursos comunales.

La misma tradición y gestión colectiva de los bienes han brindado estrategias de defensa de los bienes comunales. Por un lado, porque permiten una identificación común frente a los avances de otras comunidades en los linderos (aun cuando un comunero no se vea afectado directamente, asume como suyo cualquier conflicto comunal). Por otro lado, porque les han brindado herramientas para la resolución del conflicto por el agua, les han facilitado la búsqueda de asesoría legal y les han permitido acogerse a legislaciones internacionales que salvaguardan los derechos colectivos de las poblaciones indígenas. Así, en la búsqueda de estrategias de defensa de la comunidad, se llegó a las mismas bases fundacionales de la misma para la defensa. Recurrieron a la historia, la tradición y la organización comunal, para identificarse como indígenas,y, de ese modo, apelar a declaraciones e instrumentos legales internacionales como el Convenio 169 OIT y el Tribunal Latinoamericano del Agua. Más allá de cuanta identificación indígena exista o no en Carhuancho -y cuánto de esta identificación se haya enfatizado más a partir del conflicto-, lo cierto es que la organización comunal y la historia han fomentado un grado de identificación tal que ha permitido a la comunidad hacer frente común en los conflictos externos.

REFLEXIONES FINALES

Si bien el desarrollo de este artículo expone el caso de una sola comunidad que, incluso, resulta un caso emblemático, puede también dar luces acerca de la problemática de la gestión comunal de recursos tan importantes con la tierra y el agua en instituciones tan importantes y extendidas en los Andes como lo son las comunidades campesinas.

Este tipo de comunidades, en que la gestión comunal tiene que ver con elementos tan constitutivos e importantes en la vida como lo son la tierra y el agua, no se limita a una simple gestión de recursos, sino que implica componentes identitarios y motivaciónales para la movilización. Para manejar estos recursos de forma comunal se requiere una gran capacidad de organización capaz de distribuir el bien, dar fundamento a la organización, a fin de que la población entera la sienta como propia y a fin de que ante las diferencias, tensiones y conflictos internos, la articulación social no se desmorone fácilmente.

Por otro lado, la gestión colectiva de estos recursos supone una gran capacidad de movilización, porque su posible afectación no significa la simple pérdida de un recurso, sino la pérdida del sustento de vida familiar. Así, la defensa de la tierra o el agua en casos de conflictos,—no por nada luchas emblemáticas en el continente- puede tener características específicas cuando su tipo de gestión es común.

Muchos de los elementos que justifican la forma de gestión interna de los productos -como por ejemplo la historia, las problemáticas, lógicas de funcionamiento y formas de aliviar tensiones, que moldean una compleja forma de administrar un bien común-, también ayudan a buscar soluciones y gestionar los procesos de defensa de la comunidad. Así, las los elementos que justifican la gestión interna se impregnan en las bases de la estrategia de defensa de los bienes comunales.

Para finalizar, es necesario incluir en el análisis de los bienes comunes (en especial de aquellos que se refieren a recursos como la tierra y el agua), tanto las dinámicas de uso y aprovechamiento del bien como las dinámicas externas, las formas de uso y defensa con respecto a terceros, agentes externos al colectivo estudiado. La estrategia de investigación etnográfica puede ser una herramienta muy útil para comprender la complejidad de los procesos que enfrentan las comunidades.

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Es Licenciada en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmen¬te es maestranda en Estudios del Desarrollo, especialidad de Estudios Agrarios y Ambien¬tales en el International Institute of Social Studies, en la ciudad de La Haya, Holanda.↵

Una de las formas más usadas de mejorar la alimentación del ganado es mediante el enmalle, o el cerco de una parte de los pastos. Con esto, se previene que los animales pasten un tiempo en esa zona específica enmallada, dejando crecer estos pastos por más tiempo. Así, en la temporada de escasez de pastos, se cuenta con una reserva. Además el enmallado sirve también como un medio para mejorar la calidad de los pastos, ya que estos pueden ser sembrados y cercados y se pueden abonar, teniendo así un crecimiento más controlado al que usualmente tienen los pastos naturales.↵

Uno de los mayores alpaqueros de todo Huancavelica, e incluso reconocido a nivel de la sierra Central es el señor Porfirio Guerrero, comunero de Carhuancho, quien posee más de mil alpacas y ha participado en numerosos concursos y ferias ganaderas a nivel local y regional. El señor Porfirio posee tres echaderos y ha asumido diferentes cargos a lo largo de su vida. Ha sido presidente, tesorero, juez de paz y ha pasado cargo en las fiestas comunales. Además, su participación en eventos locales y regionales ha traído prestigio a Carhuancho.↵

El apoyo de las otras comunidades ha ido variando con el tiempo, algunas se siguen oponiendo, mientras que en otras también hay otros intereses, como por ejemplo la instalación del campamento de base para la construcción, o la obtención de puestos de obreros en la construcción.↵

Esta característica es más resaltante si se compara con otras comunidades campe¬sinas de la misma región, en las cuales los niveles educativos suelen ser muy bajos.↵

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Pablo D. Arias[1]

MERCANTILIZACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS ANDES NEUQUINOS

LA RELACIÓN ENTRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA TIERRA Y LA PRIVATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO (1876-1963)

INTRODUCCIÓN

Durante la mañana del domingo 13 de diciembre de 2009, treinta mujeres de las lof (es decir, las comunidades) Aigo y Gegeywal recolectaban plantas en la cuenca de Ruka Choroi. Yo las acompañaba y las filmaba. Hacía foco torpemente en las manos que arrancaban hojas, tomaba planos generales de señoras que indicaban a otras la conveniencia de seleccionar tal o cual parte de la planta, me aproximaba a pequeños grupos para lograr un plano más cercano de alguna conversación que pareciera interesante.

Estaba filmando a una señora de larga trenza canosa y gorra de visera que, a mi lado, comenzó a describir una planta que había hallado. Hice una toma en primer plano de esas manos que atesoraban el manojo de plantas y lo exponían descriptivamente. Amplié a continuación el foco y alcé la fumadora hacia el resto del grupo. Las mujeres alternaban momentos de diálogo y de separación en los que se desperdigaban en la búsqueda de plantas, evitando recoger en el mismo sector que sus compañeras. La señora de la trenza entrecana se acercó entonces a Marcela -una especialista en plantas de la zona que había asistido al encuentro representando a una ONG- y le preguntó: “¿y usted porqué vino a este encuentro?” Marcela respondió: “porque me gusta esto de las plantas y acá puedo intercambiar lo que sé yo con lo que saben ustedes.” La señora calló un breve instante y prosiguió: “claro, es que cuando uno no comparte lo que sabe es como que va acostumbrándose a olvidar”. Lo que escuché me impactó tanto que, dudando de la calidad del registro sonoro de la fumadora, la apagué y anoté la frase letra por letra, en una libreta. La enunciación así formulada explicaba que la amenaza del olvido era conjurada con la conversación y el aprendizaje recíproco que esta supone. Expresaba entonces una apertura táctica al intercambio como modo de sostener la vigencia de los saberes.

Concluida la fase de recolección, mientras las mujeres se disponían a clasificar las hojas, me acerqué a esa señora cuya frase había registrado y le comenté: “discúlpeme, señora, usted sabe… yo estoy escribiendo sobre estos encuentros y recién, afuera, anoté una frase que usted dijo” -la repetí- “y quería preguntarle… En el caso de que la utilice en algún texto ¿le molestaría que apunte su nombre? ¿O prefiere que sólo aclare que la dijo una mujer de Ruka Choroi?” Tal vez sintiéndose habilitada por mi interés en su palabra, Deolinda Kalfinawel dijo que “claro”, que “cómo no” e inició una presentación de sí misma que derivó en la narración de su historia de vida.

Meses después, finalizando un encuentro que continuaba el mismo proyecto y en el que la mayoría de las participantes eran las mismas mujeres, Deolinda tomó la palabra y expresó su preocupació-nante el auditorio conformado por mujeres de las dos comunidades de Ruka Choroi y por representantes de las ONG que participaban del taller. Con un tono amable pero severo, la oradora reprochó a sus compañeras mapuches el hecho de que hablaran sin reserva sobre sus conocimientos botánicos con personas ajenas a las comunidades. En silencio, se percibía la incomodidad de las participantes locales y de los visitantes. Deolinda mencionaba el ejemplo de los mayores, que tenían por regla “no hablar de algunas cosas con los huiricas (blancos)”

La contradicción me desconcertó. ¿Qué habría ocurrido con Deolinda desde aquél primer encuentro a éste? ¿Por qué condenaba ahora lo que antes había elogiado? ¿Había algún hecho o dato puntual cuya comunicación no consideraba pertinente? ¿Era esencialista esta nueva actitud? ¿Habíamos sido indiscretos o irrespetuosos? ¿Había perdido la confianza en nosotros? ¿Era análoga esa idea de discreción con la noción de propiedad intelectual?

Más adelante, entrevistando extensionistas de organismos estatales de desarrollo rural, conocí la actual inquietud por relevar y sistematizar el conocimiento de los pobladores de la zona sobre fórmulas para lograr tintes textiles con flora local. Supe, de ese modo, que la negativa de los mapuche a proveer esa información es percibida por estos funcionarios como un rasgo retardatario que se empeña en obstruir los avances modernizantes.

Paralelamente, yo continuaba investigando el que constituía mi principal objeto de estudio -la historia de la tenencia de la tierra en la zona- sin sospechar que las palabras de Deolinda y las de los extensionistas me aportaban información directa sobre ese tema. Sólo después de confrontar sistemáticamente las distintas epistemologías espaciales que pugnan y se modifican recíprocamente en los Andes neuquinos y de tratar de precisar el concepto de mercantilización, comprendería que las nociones de propiedad privada de la tierra y de propiedad intelectual constituyen dos facetas de una misma forma de territorialización.

Según se hace evidente al estudiar las causas y los efectos de la conquista militar de finales del siglo XIX, en principio está claro que en la región se impuso compulsivamente una perspectiva privatista de la tierra. Para referir este proceso, vale la expresión mercantilización de la tierra. Pero al revisar también la historia de la propiedad intelectual, ese argumento inicial multiplica su capacidad explicativa si, en lugar de referirlo a la tierra sin más, se lo aplica al territorio en sentido amplio. Partiendo de una noción de territorio que contempla no sólo al soporte físico, sino también a sus habitantes y a las representaciones y acciones que estos hacen sobre aquél, la expresión mercantilización del territorio permite relacionar elementos que habitualmente se interpretan de modo desvinculado.

La definición de mercantilización del territorio que se utilizará en este trabajo surgió gracias, en gran parte, al auxilio teórico de la obra de Karl Polanyi y de Gilíes Deleuze y Félix Guattari. Con respecto al primer autor, fue esclarecedora su demostración sobre el modo en que la conformación del sistema económico y político hoy imperante demandó la transformación en mercancías de elementos que por definición no lo son -la tierra, el trabajo y el capital- (Polanyi [1957] 2011: 118-127). En cuanto a la obra de Deleuze y Guattari, resultó especialmente útil, por un lado, su caracterización del advenimiento del capitalismo como una descomposición de la totalidad de la experiencia humana en flujos descodificados y, por otro, el hecho de que entendieran el conocimiento y la información como partes del capital (Deleuze y Guattari [1972] 2009: 242), lo cual habilitó la posibilidad de añadir el conocimiento a la tríada de las “mercancías ficticias” de Polanyi. Tomando en consideración este asunto, que se expondrá de modo más detenido en el correspondiente apartado, es oportuno adelantar brevemente que la expresión mercantüización del territorio se referirá, en lo siguiente, a una operación de transformación compulsiva que consistió en la fragmentación del territorio en sus componentes -la tierra, las capacidades de la población para transformarla y el conocimiento y las representaciones que esa misma población efectuaba sobre ese soporte físico- y la conversión de cada uno de ellos, así desgajados, en mercancías.

Concurrentemente, el estudio de la dimensión territorial de las luchas por el conocimiento condujo a revisar la noción de apropiación simbólica proveniente de la historia de la cartografía. Así también, fue necesario prestar atención al fenómeno que en este trabajo se denominará operación moralizante, que consistió en la imposición de una moral configurada según el ethos capitalista. Esa operación consistió en el despliegue de una serie de dispositivos tendientes a controlar los saberes de los miembros de las comunidades que se pretendía someter. En la medida en que los integrantes de la élite pionera consideraron que esos saberes se relacionaban con los intentos de recuperación de la autonomía, los censuraron; pero conforme esos conocimientos parecían perder el carácter amenazante, los mercantilizaron, ya sea folclorizándolos o industrializándolos. En relación a esto, se analiza el sentido político y social del secreto entre los miembros de las comunidades sometidas. Se relativiza la idea folclorista de “pérdida de los saberes indígenas” proponiendo que en buena medida las redes de transmisión de conocimientos persistieron, aún en las circunstancias más hostiles, amparadas en el recurso estratégico del secreto.

El objetivo general de este trabajo es ofrecer elementos de interpretación que permitan evaluar, desde una perspectiva histórica, algunos procesos que se verifican hoy en la zona. Ante todo, se pretende aportar a la comprensión de la trascendencia que tienen la lucha y los logros de los movimientos mapuches o autoproclamados interculturales que proponen la desmercantilización de la tierra y del conocimiento. Tanto las recuperaciones de tierra en el ámbito rural como los proyectos de barrios interculturales en las localidades de Aluminé y San Martín de los Andes se amparan en nociones de propiedad distintas a la privada. Específicamente, formulan usos comunitarios de la tierra y, luchando por la inalienabilidad de ésta, se oponen a la especulación inmobiliaria. Otro tanto ocurre con respecto a los modos de valorar, proteger y hacer circular conocimientos. Sin oponerse a compartir, por ejemplo, el uso de las hierbas medicinales, se extiende cada vez más la renuencia a informar pormenores sobre este conocimiento a quienes se sospecha que puedan darle un uso comercial. He registrado inclusive testimonios en los que pobladores mapuche explicaban que, en la medida en que se las comercializa, esas hierbas pierden eficacia curativa y que comienzan a escasear. Según plantean, las hierbas mismas resisten su mercantilización. En consecuencia, se van diseñando formas de protección del conocimiento que no sólo son totalmente adversas a la perspectiva capitalista más clásica sino que también difieren de las propuestas que el indigenismo de matriz ideológica neoliberal promueve desde los años noventa.

BAQUEANÍA

El antecedente más antiguo en la historia del sistema argentino de patentes es un controvertido debate de 1744. Oficialmente, la discusión sobrevino cuando Luis de Escobar, entonces procurador general de la ciudad de Buenos Aires, se opuso a un privilegio que el gobernador había conferido al maestre de campo Christobal Cabral. En reconocimiento y compensación a los gastos que éste había realizado en la lucha contra los “indios pampas”, el gobernador lo autorizaba a emprender partidas hacia las Salinas Grandes para la explotación y el abasto exclusivos de sal a Buenos Aires. Sólo Christobal Cabral podría, en lo siguiente, usufructuar ese recurso y comercializarlo. Pero el procurador general impugnó ese privilegio argumentando, fundamentalmente, dos cuestiones que consideró asociadas. En primer lugar, nadie podía arrogarse la exclusividad de tránsito por un camino que ya había sido indicado por “un yndio Panpa a q.n llamaban Dn. Pedro Belachichi” (Vidaurreta 2007:20). En vinculación a esto, postulaba el segundo argumento, toda la comunidad porteña tenía derecho a la extracción y el traslado de la sal.

En este episodio temprano se evidencian los aspectos básicos del fenómeno que me propongo estudiar a continuación. Los agentes estatales que dirigen la avanzada conquistadora requieren el conocimiento geográfico de los propios indígenas. La información provista por ellos es apreciada y disputada entre los colonos. Y esa transferencia siempre parcial de conocimiento se vinculará a la pérdida de autonomía de las sociedades indígenas[2].

Para introducirnos en este tema, nos detendremos en la consideración del baqueano, un personaje que a menudo encarna la primera imagen del contacto y de la relación entre diferentes epistemologías espaciales. Desde un lugar secundario, pero indispensable, el baqueano parece protagonizar siempre el primer capítulo de una conquista. El baqueano es aquél portador del conocimiento de la sociedad a la que se pretende conquistar que ya ha sido conquistado o que, al menos, mediante un grado importante de coerción, se ha logrado sumar de una forma circunstancial y no plenamente segura a la causa de la exploración. El baqueano guía, el baqueano sabe e indica las rutas convenientes.

El trato que recibe esta figura en las crónicas de las conquistas es contradictorio. Objeto de admiración y de suspicacia permanente, el guía indígena es percibido como un medio, una herramienta de cuyo funcionamiento depende el éxito de la partida. Si pudieran, los conquistadores extraerían de él su conocimiento y se liberarían de ese guía lugareño. Entretanto, no hay más alternativa que seguirlo atentamente, imponiéndole severos castigos si se intuye que no conduce a donde debe.

El baqueano tiene el conocimiento del territorio, es decir, ha sabido incorporar las representaciones del espacio propias de su comunidad y ha podido, eventualmente, revisarlas y enriquecerlas añadiendo representaciones particulares con su experiencia. La circunstancia que lo define -guiar en el territorio propio a un flagrante o sospechable enemigo codicioso- también ha dado lugar a una copiosa literatura, menos comprensiva de la violencia sufrida por los baqueanos que esmerada en tacharlos de traidores. Ocupando una zona gris, el lugar del traductor, del nexo, del mediador y del comu-nicador, el baqueano es una metonimia del contacto entre diferentes epistemologías espaciales.

Su contraparte necesaria, el explorador, la osada vanguardia de la conquista, recorre el territorio como un mal presagio anunciando la embestida, registrando los recursos y reconociendo el que será campo de batalla. Pero también toma minuciosamente nota del conocimiento de su guía, con el objetivo de poder al fin deshacerse de él. Porque para intervenir efectivamente en un territorio no basta con recorrerlo y relevarlo; es necesario un conocimiento exhaustivo al que las comunidades humanas sólo acceden luego de acumular la experiencia de varias generaciones. Una vez que se ha accedido a su conocimiento, se prescinde del guía y se lo hace desaparecer en el anonimato del informante. Ese anonimato no afecta a un único individuo, sino que abarcará a toda su sociedad. No habrá reconocimiento al conocimiento de ese otro olvidado. En todo caso se minimizará su aporte evaluándolo como una sencilla contribución originada únicamente en el saber empírico.

LOS GUÍAS DE LOS JESUÍTAS Y DE LOS NATURALISTAS

Aunque el servicio de los baqueanos y la frecuente confrontación de epistemologías espaciales que implica serán particularmente evidentes durante los encontronazos con las avanzadas militares, prácticamente todos los exploradores hispano-criollos que se internaban en la Patagonia, fueran o no militares, estaban obligados a requerir los servicios de guías locales[3]. Entre esos expedicionarios, por su actividad programática y sostenida, se destacan los jesuítas. La búsqueda de “intérpretes prácticos, hábiles y seguros” (de Espiñeira [1758] 1990: 5) que conocieran el territorio a recorrer, era uno de los primeros pasos al organizar las incursiones de sus misiones. Pero, aunque el auxilio de estos guías era fundamental, se les asignaba un lugar secundario. El misionero Bernardo Havestdadt emprendió una recorrida a la zona de nuestro estudio el día 31 de octubre de 1751. A pesar de que en su diario, desde el inicio del viaje, menciona nombres de lugares y determinaciones de itinerario que únicamente pudo tomar con asesoramiento de guías locales, recién se refiere a ellos en las notas correspondientes al Io de febrero del año siguiente. Ese día, la “furiosa erupción” del volcán Laja atemorizó a sus guías, quienes quisieron abandonar la expedición. Esto, a su vez, atemorizó al misionero, quien escribió: “El mayor trabajo estuvo en retener a mis cuatro indios para que no volvieran a casa, incluso a persuadirlos a que me siguieran acompañando” (Havestdadt [1777] 1990: 51). El 15 de febrero el explorador jesuíta volvió a anotar: “Cruzamos el río Vatacovudleuvu, conducidos por cierto indio puelche” (58). Estos ciertos guías -consignados sin nombre en el texto- no tienen identidad, sólo función. Sin embargo, los personajes que el misionero hunde indiferentemente en el anonimato emergen como protagonistas determinantes en el decurso de su travesía. Lo mismo ocurre con las poblaciones que Havestdadt visita. “¿A qué viniste?”, lo interpelaban sus anfitriones, “Y de inmediato decía otro: ‘Viene a explorarnos, para examinar nuestras cosas; es un mensajero de nuestros enemigos'” (60). La suspicacia de los lugareños se correspondía con la de los guías, que decidieron engañar al curioso forastero ocultándole uno de los caminos que estaba interesado en conocer y haciéndolo regresar sin lograr su objetivo (68). Lo cierto es que los jesuítas registraban, compilaban y publicaban la información obtenida en este tipo de expediciones. Los mapas jesuíticos ganaron en detalle conforme avanzó la indagación del conocimiento indígena. Y esa cartografía, que “integraba explícitamente el conocimiento espacial de los habitantes del territorio”, constituyó una promoción, en tanto incitaba a la conquista y a la colonización (de Lasa y Luiz 2011: 14) y fue utilizada como una herramienta de control por los poderes imperiales (Arias 2008).

Así también ocurrió con una de las manifestaciones del conocimiento territorial de los nativos que más interés despertó entre los europeos desde la época colonial: los saberes botánicos. Las potencias imperiales, desde el siglo XVII, se disputaban las “felices regiones de la especiería” (en Puerto Sarmiento 1991: 132) asignándole a la obtención de hierbas medicinales una gran importancia geopolítica. Por causas militares, económicas y políticas (Rodríguez Noval et ai 1991: 235) especialmente en el siglo XVIII, proliferaron expediciones botánicas provenientes de Europa. Mediante esas excursiones, las metrópolis pretendían relevar el conocimiento sobre hierbas que poseían los nativos americanos. Tan grandes eran las expectativas que se tenían en el viejo mundo con respecto a las propiedades curativas de las plantas del nuevo mundo’, que se confiaba en revigorizar la decadente economía del imperio español mediante el control monopolístico del comercio de hierbas americanas (Alegre Pérez 1991: 229). También los jesuítas en sus incursiones y misiones compendiaron cuanta información referida a plantas curativas pudieron apropiarse de los indígenas (Di Liscia y Prina 2002).

Pero esa apropiación se efectuaba sobre elementos recortados del conocimiento, mientras que las epistemologías amplias en las que estos fragmentos habían sido concebidos eran despreciadas abiertamente (Di Liscia 2002: 39 y 50, Di Liscia y Prina 2002: 314). Una vez que se averiguaba el uso específico que hacían de alguna planta los miembros de una comunidad determinada, se lo registraba como dato y se reprobaba a los ‘informantes’, tildándolos de supersticiosos, primitivos e ignorantes. Esa descalificación reducía los conocimientos a pura información, naturalizando su fuente. Al anotar los usos de plantas medicinales, los jesuítas y los naturalistas no reconocían una práctica basada en conocimientos, sino que decían descubrir un dato de la naturaleza inserto confusamente en concepciones y creencias marcadas por la ignorancia y el yerro. La observación atenta y la experimentación grandemente costosa que los indígenas habían llevado a cabo durante siglos -cuando no milenios- con las diferentes especies vegetales, la inmensa acumulación transgeneracional de experiencia que este saber implicaba, eran soslayados absolutamente. Esa reducción del conocimiento a meros datos habilitaba la operación de concentrarlos ex situ, es decir, en repositorios metropolitanos, fuera del marco de su epistemología originaria (Agrawal 1995: 427). De tal manera, se borraba la autoría del hallazgo revelador inicial. Y el conocimiento así concentrado (no sólo medicinal y no sólo americano) se presentaría como propio de las metrópolis imperiales. Los baqueanos botánicos, esos ‘informantes’ que compartían su saber con los curiosos jesuítas o naturalistas, eran indagados utilitariamente, luego despreciados y finalmente olvidados.

BAQUEANÍA Y CONQUISTA

Más allá de estos antecedentes, en nuestra zona de estudio el punto culminante de la historia de la baqueanía se produjo, sin duda, durante las penúltimas campañas militares con las que se pretendía coronar la conquista argentina de la Patagonia. El avance de las tres columnas de la “Campaña al Neuquén y al Río Negro” (1880-1881), el itinerario de las tres brigadas de la “Campaña de los Andes” (1882-1883) y el de las posteriores, dependieron de guías locales. El concurso de estos, está claro, no constituyó una colaboración graciosa. Ciertamente, en los partes de guerra abundan las menciones a enemigos indóciles y escurridizos que una vez prendidos “señalan la presencia de otra toldería” o “prestan servicios en las operaciones posteriores por su conocimiento de esa zona” (Walther [1934] 1973: 511 y 522). Notificando sobre una ofensiva en un área donde la población resistía decididamente a sus incursiones, por ejemplo, Nicolás H. Palacios, en un informe cargado de detalles, comenta sin más precisiones, como un dato que no merece mayor explicación, que, en la zona del lago Lácar, “por un indio que se tomó prisionero, supe que esta rastrillada era del Capitanejo Lincol que iba a ocultarse en la Cordillera”[4]. Así referido, el carácter repentino del sometimiento de aquellos a quienes las mismas fuentes describieron antes como rebeldes irreductibles puede resultar desconcertante. ¿Qué poderoso influjo es ese, que transforma de modo sencillo y expeditivo a los enemigos en informantes? Está claro, la delación ha tenido siempre cultores, y las causas de ésta pueden ser infinitas. Más aún cuando en el caso estudiado no existía una cohesión que articulara a todas las parcialidades indígenas[5]. Pero aquí se torna un fenómeno llamativo porque se repite con frecuencia abrumadora prácticamente en los partes de todas las columnas, en todas las campañas y referido a aquellos a quienes se describe como originalmente díscolos. Por otra parte, parece extraño que, tan propensos como son los redactores de partes de guerra a subrayar sus logros, pasen por alto la mención de sus dispositivos de persuasión. Pero todo el desconcierto que causa así descrito este fenómeno, en principio inexplicable, informado lacónicamente en la mayor parte de la documentación militar, se aclara al considerar otra información que, muchas veces, proveen también esas mismas fuentes. Las alusiones a capturas de familiares “en prenda de lealtad”, las referencias al fusilamiento de baqueanos que no aciertan a indicar las ubicaciones demandadas y los atajos convenientes, y también las enumeraciones de detenidos, muertos y capturados de cada arremetida, permiten acceder de modo indirecto a lo que las fuentes esconden. En consideración de esa otra información se hace evidente el grado máximo de coerción a que se sometería a los baqueanos. Si las hay, las huellas que la tortura deja en los partes de guerra de los perpetradores son muy sutiles[6]. En algunos casos esa coerción es notoria en el relato mismo de las campañas. El coronel Godoy, por ejemplo, para garantizarse el servicio de Manquiel, puso a varios de los familiares de éste “en poder de las tropas nacionales” (Walther [1934] 1973: 527). El 18 de diciembre de 1882, guiado por “indios de la tribu de Manquiel que se desempeñarían como baqueanos” marchó por el valle del río Chimehuín y por el del río Curruhué.

El 21 [de diciembre] se llegó al río Malleo (valle de Mamuil-Malal) y por él hasta sus nacientes. En esta zona se capturaron varios indios y sus familiares, conociéndose por ellos la presencia de otros próximos. Una comisión que fue a tomarlos debió regresar porque el indio que servía de baqueano la condujo por caminos extraviados, razón por la cual fue fusilado por traidor. (Walther [1934] 1973: 531)

Tres años después “19 Yndios, Y familias y 3 criaturas de la Tribu de Manquiel” serían “entregados” al comandante Nicolás H. Palacios[7].

Los “servicios” de los baqueanos estaban atravesados e inducidos por este tipo de coerción.

En una campaña de avance todos los desplazamientos dependían del conocimiento geográfico de guías locales. Si “los indios lugareños no suministraban informes concretos y claros” (Walther [1934] 1973: 509) las expediciones erraban extraviadas. Esto se acrecentaba cuanto más se alejaban las partidas internándose en territorios desconocidos. En ocasiones, la preocupación por garantizarse el servicio de estos guías se transformaba en una obsesión para los jefes militares. En diciembre de 1882, el coronel Rosario Suáres emprendió una batida con la orden de “tomar vivo ó muerto”[8] al cacique Sayhueque. Los partes que elaboró entonces para rendir cuentas al comandante en jefe de la segunda división del ejército, Conrado Villegas, conforman una narración casi novelada.

Suáres describió en primera persona la evolución de su táctica dirigida a apropiarse del conocimiento geográfico de los indígenas. Según consignó en su propio informe[9], apenas atacó la toldería de Guaycaleo y tomó prisioneros, se preocupó por elegir a uno de los capturados, a quien refirió como José Vaqueano, asignándole la función de guía. La prisa por capturarlo y el hecho de que se lo nombre de tal modo, despersonalizándolo, reduciendo su identidad a la utilidad que se le dará, manifiestan el interés de Suáres por ordenar el nuevo escenario. Alguien allí debía facilitar las referencias orientadoras. Acompañado de José Vaqueano y el cacique Guaycaleo, cuyas familias había reducido[10], continuó la persecución de Sayhueque, quien, prevenido, logró escapar. Durante toda esta expedición el número de muertos y prisioneros entre los indígenas no dejó de incrementarse mientras las propias filas parecieron ilesas. Tres días después, desde el “arroyo del Triunfo”, Suáres escribía un nuevo informe. Allí explicaba que había empezado a apropiarse y a sistematizar el conocimiento geográfico de sus prisioneros: “Por el croquis que adjunto Vd. se formará idea de la seguridad en que hé puesto el terreno, que ocupa hoy la guardia que custodiará prisioneras y hacienda. Me estoy sirviendo y con grandes ventajas de los conocimientos en estos campos del Cacique Guaicaleo [y de su] jente, tanto como vaquéanos como para el trabajo en las obras de defensa.”[11]

Transcurridos apenas unos días desde su irrupción en estas tierras desconocidas, Suáres, como buen jefe de armas, ya había efectuado un reconocimiento de la zona y registrado el relevamiento en documentos gráficos, de modo tal que comenzaba a sentirse más seguro. Pero su exploración no se limitó a eso. Según relató en un tercer informe, el comandante sofisticó la estrategia de apropiación del conocimiento de sus baqueanos, no sólo trasladando la información obtenida a croquis y mapas, sino también tratando de sondear su epistemología espacial y de incorporar las destrezas para la orientación que desplegaban.

“El Cacique Guaiquileo me esta sirviendo admirablemente con su conocimiento practico en estos Campos, e indicándome el movimiento que ejecuta Shaiyhueque por medio de señales de humazones llamando á sus dispersos Yndios á puntos determinados. Las señales que este Yndio persibe á grandes [dis]ta[n]cias y me las indica, apenas son perceptibles a mi vista [hoja rota] dada por el Anteojo. No me admira todo esto en este Yndio, pues lo tengo reconosido hace mucho tiempo que estos hombres sin más preparación que lo que la naturaleza les enceña, su instinto suple en el dicierto al conosimiento del hombre civilizado que aprende por el estudio [metod]ico de la ciensia.”[12]

Este pasaje del texto de Suáres es revelador. El militar comienza el párrafo reconociéndose admirado por la utilidad que es capaz de extraer del conocimiento de sus guías. Seguidamente describe la habilidad de éstos para discernir indicios que él no percibe. Sin embargo, a continuación, de manera inmediata a esa afirmación, contradice su reconocimiento inicial señalando que “todo esto” no le produce admiración. Confrontando la propia epistemología espacial, a la que caracteriza como metódica, con la de Guaycaleo, cuyas habilidades considera meramente “instintivas”, el comandante recobra su seguridad y se desprende de la admiración inicial.

“En los instantes que me dejan libres las múltiples atenciones que tengo que atender”, continúa, “los ocupo estudiando lo variado de esta naturaleza tan rica en productos vejetales, Caprichosa por su formación geolójica, hasiendome acompañar con este Yndio que a la vez que me sirve como vaqueano y zicerone [...] le hago los honores de ser su zenti-nela de vista, [atavia]ado con el ropaje de un nuevo amigo que le [prome] te libertad y toda Clace de protección para su jente y su familia [...]“[13]

De esta manera, Suáres espera consumar la apropiación del conocimiento de sus prisioneros. Según describe el coronel, Guaycaleo y José Vaqueano lo guían por la topografía novedosa como por un museo. Señalan, explican, describen, confiesan. Extorsionados, alarmados por el destino de “su jente y su familia” responden a las preguntas del comandante, revelan y hasta inventan secretos. Pero Suáres no accede cabalmente a esa epistemología[14]. Convencido de la superioridad de su “ciensia”, reduce los saberes de los guías a pura información, a datos que desgaja de su matriz.

Esta táctica utilitarista determina sus operaciones. Tal importancia confiere a los baqueanos que rediseña la formación de sus patrullas. Entre los soldados, explicaba, “Coloco Siempre Yndios de Guaiquilio para que siervan de vaquéanos, no ya Como prisioneros, le hago parecer Como Soldados mios armados, pero para custodiar cada boluntario de estos, Coloco uno entre 3 los menos mios.”[15]

Finalmente, además de esta utilización táctica coyuntural, Suáres completará su tarea con una operación más ambiciosa: entregará ese conocimiento y esas tierras al “biejo mundo”. En tal sentido escribió:

[...] sacaré provecho que me he propuesto de este elemento [los baqueanos] que el triunfo de las armas me á facilitado en un territorio tan desconocido que ni descrito está en la geografía, ni en los mapas publicados hasta el día”. Con los aportes que él estaba ahora en condiciones de hacer, se podría “edictar y Correjir de nuevo” el mapa de esta zona geográfica “para que conozcan las Naciones del biejo mundo, que el basto territorio que ensierra la Patagonia [...] puede sustentar á millones de hombres [...] en su seno virgen conocido por pocos y no descrito Con exactitud que estimule la verdad[16]

MERCANTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Partiendo de una noción de territorio que contempla no sólo la tierra puesto que se compone, también, de las acciones y representaciones que las poblaciones efectúan sobre ésta, con la expresión mercantili-zación del territorio refiero a un proceso de transformación compulsiva que escindió el territorio, desagregando sus partes integrantes y convirtiéndolas en mercancía. Desde finales del siglo XIX, -en nuestra zona de estudio-, la tierra, la capacidad transformadora de sus habitantes y el conocimiento que éstos habían desarrollado fueron desligados y transmutados en elementos comprables y vendibles en el mercado. Ésto demandó la imposición de una nueva epistemología espacial que reordenó los espacios, a los hombres y los conocimientos en una perspectiva fundada sobre la noción de propiedad privada. El territorio se descompuso en la tierra como propiedad privada, en los hombres como fuerza de trabajo y en el conocimiento como bien patentable e industrializable. Fragmentados según la racionalidad capitalista y redispuestos en esquemas de interpretación promovidos y regulados centralmente, los lugares, las capacidades transformadoras y los saberes se redujeron a ‘factores de producción’ privatizables.

Este criterio de propiedad se diferenciaba claramente de los que existían entre las parcialidades indígenas de la región patagónica. Para analizar esa diferencia, sin embargo, es necesario evitar la polarización simplista en que se suele caer cuando se confronta la propiedad privada capitalista con un supuesto comunismo primitivo. Esa caracterización idealizada que consiste en suponer un pasado paradisíaco en el que las sociedades indígenas estaban exentas de conflictos -y por lo tanto deshistorizadas-, constituye un error de larga data. Y a su vez, de ese error derivan conclusiones igualmente erróneas. De la idea de buen salvaje surgieron valoraciones compasivas que estimaron como inocentes anacrónicos a los miembros de los pueblos indígenas. Minorizándolos -esto es, considerándolos menores de edad tanto en las políticas y discursos contrarios a sus intereses como en los indigenistas- se subrayó la asimetría que la imposición brutal del poder de los conquistadores había inaugurado. Paradójicamente, la representación de los indígenas como buenos salvajes, supuestamente ignorantes de la posibilidad de apropiarse de la tierra, habilitó su expropiación. Fuentes oficiales apenas posteriores a la conquista, al tiempo que se extendía la expulsión de indígenas de zonas especialmente productivas, señalaban la necesidad de instruirlos para despertar en ellos el sentido de propiedad[17]. Si en su ingenuidad ellos no habían sabido diseñar un sistema institucional que ordenara la distribución y la apropiación de la tierra, el sistema capitalista moderno se encargaría de proveerles los dispositivos burocráticos necesarios para ajustarse a una época más evolucionada. El hecho de que el sistema así impuesto funcionara mediante adjudicaciones operadas desde un centro distante y ajeno a las propias poblaciones se legitimaba también en su supuesta incapacidad. Por esta línea de razonamiento, se los evaluaba como demasiado ingenuos para un siglo en el que una parte creciente de la humanidad había llegado al nivel evolutivo más importante de la historia, concluyendo que las instituciones capitalistas tenían la obligación de despabilarlos. O, en cambio, se consideraba que esa misma carencia del sentido de propiedad los transformaba en una amenaza permanente para la seguridad de aquellos cuya propiedad era legitimada por el Estado. Ese “primitivismo” los convertía en peligrosos para el desarrollo capitalista.

Además de haber prestado argumento a la expropiación, esta perspectiva romántica no se ajusta a la realidad. Antes de la avanzada militar de finales del siglo XIX, las comunidades de la zona tenían una larga tradición de afirmar su posesión sobre sitios determinados. Las veranadas y las invernadas eran conocidas por el nombre de quienes las utilizaban, las rastrilladas, sementeras, y hasta pinares eran descritos, desde el siglo XVIII, como pertenecientes a personas, linajes o grupos determinados (Várela y Font 1996: 114). Hay inclusive registro de intercambios en los que los nativos argüían el derecho a vivir en tierras que les pertenecían por haberlas “comprado” (de Espiñeira [1758] 1990: 32). Esta posesión sobre la tierra podía ser heredable. Los hombres podían heredar la tierra, mientras que las mujeres heredaban el conocimiento sobre plantas medicinales (además de hacienda, por ejemplo) (Bacigalupo 1994: 14). En una perspectiva más amplia, no era infrecuente que la disputa por ocupar determinados espacios desencadenara el estallido de tremendos enfrentamientos entre parcialidades indígenas[18].

Por otra parte, la inmensa diversidad de situaciones, aun en escenarios geográficos relativamente focalizados, hace incorrecta toda caracterización homogenizante. Había grupos más o menos acostumbrados a pautas de desplazamiento estacionales. Era frecuente la desagregación, re-agregación y la itinerancia de personas y grupos familiares. Y todas estas prácticas dinamizaban instalaciones y apropiaciones de lugares e introducían, en consecuencia, cambios en los modos de apropiarse de lugares y saberes.

Hay, sin embargo, algunas variables que podemos identificar como relativamente estables en los modos de apropiación del territorio en nuestra región de estudio durante el período inmediatamente anterior a la conquista. Es evidente que la posesión de tierra no era de ningún modo considerada como un atributo puramente económico. Aunque se reconociera y mencionara la producción y las bondades materiales de determinada zona, nunca se la reducía a esa utilidad. En las fuentes redactadas por los líderes de las comunidades, las condiciones materiales siempre aparecen asociadas a la mención explícita de la autonomía política y del bienestar familiar. Cuando mencionaban “su propio terreno” no lo hacían como un mero recuento de propiedades, sino invocando el derecho a autogobernarse en ese espacio y subrayando las posibilidades vitales que este representaba para su comunidad. “Yo qiero bibir bien Sosegado manteniendo mi propio Terreno Donde Dios mea Creado qe biba”, explicaba Mariano Reu-quecura al general Villegas, “pos qe aqi Noai Nadie qien me Gobierne yo soi el único Tronco qe bibo en mi terreno”[19]. En virtud de esta autonomía política, líderes como Reuquecura estarían habilitados a negociar tanto con autoridades argentinas como chilenas, cosa que los estados nacionales no admitirían. Más cercano al Gobierno argentino, Sayhueque escribía apologéticamente sobre la conveniencia de mantener la paz en los siguientes términos: “[...] en la paz y tranquilidad se haumentaba los abitantes Criando cada biviente sus Numerosos hijos y Criando para sus probechos diferentes Animales tanto gozando vuestros buenos lujos de plata Sustentándonos durmiéndonos dulces sueños y en todos cazos alegremente en sus propiedades [...] (énfasis propio).”[20]

La propiedad así concebida está estrictamente homologada a las posibilidades de reproducción social, donde el incremento demográfico es el indicador más valorado. La disponibilidad de tierra no está desvinculada de la generación de riquezas -los “buenos lujos de plata”-, pero esta dimensión material no puede separarse de su función social. En este esquema es impensable la ‘inversión inmobiliaria’ o la ‘renta’ de la tierra. Por otra parte, esta “propiedad” no es impersonal. Un vínculo profundo enraiza a Reuquecura, que se define como árbol, a su suelo. Se trata de una pertenencia recíproca, en la que los pobladores también pertenecen a su tierra y definen territorialmen-te su identidad. Pero esta pertenencia es plástica y abierta. Si bien hay casos como el de Sayhueque, que argumentaba sus credenciales territoriales en la “herencia” de su padre, Chocorí, y se definía como “forzoso dueño de este suelo”[21], se desprende de las mismas fuentes que existía una permanente circulación de individuos y familias que se reubicaban en nuevos espacios estableciendo o renovando lazos parentales. Inclusive, muchas personas provenientes de las sociedades argentina y chilena se asentaban en estas tierras y eran incorporados plenamente a las comunidades locales. En su dimensión más amplia, una extensa trama parental articulaba las zonas vecinas. Y a lo largo de esa red, que se extendía desde Chile hasta Argentina pasando por la cordillera y las pampas, existían circuitos por los que un individuo, alojando en hogares de parientes y conocidos, podía atravesar grandes distancias fundando o reforzando amplias alianzas sociales.

La desarticulación del territorio así configurado fue una empresa de máxima violencia. La operación transformadora tuvo varios protagonistas, todos ellos asociados por una comunión más o menos evidente con esa violencia. Publicistas y científicos que efectuaron la campaña propagandística previa a la conquista, estancieros que financiaron las expediciones y militares que las emprendieron, entre otros, estuvieron comprometidos en el despliegue genocida que constituyó la mercantilización y la apropiación del territorio.

CIENTÍFICOS Y PUBLICISTAS

Los publicistas, particularmente los que desarrollaron su trabajo prestigiándolo con la forma legitimadora del discurso científico, facilitaron la primera fase de la apropiación -que los historiadores de la cartografía denominan simbólica- sobre el territorio patagónico. Su actividad dio origen a una prolífica producción bibliográfica que precedió a la avanzada conquistadora. Sin exagerar, cabría decir que el corpus de obras propagandísticas entonces publicadas constituyó un nuevo género literario. Los textos eran semejantes en su estructura y estaban aunados por la escasa calidad de una prosa desembozada-mente proselitista y crecientemente violenta. Aunque no constituían lecturas masivas, difundían argumentos movilizadores que instilaron un creciente consenso social respecto a la conveniencia, a la necesidad y a la obligación de emprender la campaña contra los indios.

A continuación, consideraremos brevemente un par de casos que permiten comprender que esta primera fase de apropiación territorial no por simbólica fue menos material, ni por previa fue menos violenta.

La materialidad de la ‘apropiación simbólica’ I. Análisis de la obra de Ricardo Napp

Ricardo Napp publicó en 1876 su libro La República Argentina “por encargo del Comité Central Argentino para la exposición en Filadel-fia”. De modo acertado, se ha señalado que la obra tenía el doble objetivo de constituirse en un trabajo científico ante la comunidad internacional de expertos en geografía y de publicitar, entre potenciales inmigrantes europeos, las bondades del país naciente (Navarro Floria y Me Caskill 2001). A tal efecto, desde su primera edición, se publicó en castellano, francés, inglés y alemán, idioma en el que había sido redactada originalmente.

No se trataba de un libro estrictamente novedoso. Antes se habían divulgado otros similares. Pero éste fue el primero en incluir a la Pa-tagonia en sus mapas y en sus textos.

“Basta dirijir una mirada al Mapa-Mundi para reconocer la importancia del país” (Napp 1876: 1), escribió el autor al iniciar su libro. Indudablemente, con esta frase inaugural pretendía referirse tanto a una observación científica como a un programa político. Desde el principio, Napp propone en esta obra una perspectiva cartográfica atenta a un espacio que describirá como promisorio pero desaprovechado. Según consideraba, Argentina constituía un sector del mapa mundial que merecía ser observado, era un “coloso no bien despertado aún” {ídem). En la imagen introductoria que eligió Napp como punto de partida para su exposición, convergen entonces la mirada del geógrafo y la del estadista, pero también la del conquistador y la del capitalista. En el último cuarto del siglo XIX eran muchos los que estaban mirando el Mapa-Mundi rebuscando espacios aún no relevados por los topógrafos, aún disponibles para el expansivo influjo de la economía moderna. Y, según lo especificaba Napp, en Argentina había sierras circundadas de capas de carbón mineral “dignas de ser explotadas”, con “ricas minas de cobre y plata” (43-44). Había cerros con minas de oro “explotadas con poca energía” (49) y hasta diamantes a la espera de extranjeros laboriosos (447). Sus descripciones economicistas de la potencialidad del territorio publicitado solían estar rematadas por afirmaciones hiperbólicas de tipo: “No hay en el mundo un país tan favorecido por la Naturaleza como la República Argentina” (8). Afirmación que se complementaba con la observación convocante de que sólo faltaba “fuerza de trabajo” y “capitales” “á los que el país brinda un campo

tan extenso como productivo” (ídem). A lo largo del texto hay una apelación tan insistente al contrapunto de descripciones economi-cistas sucesivamente alternadas con la mención de la escasez de población, que ese recurso propagandístico se convierte prácticamente en la estructura narrativa general. “De toda esta extensión, casi la mitad está despoblada” escribió, y añadió seguidamente en un paréntesis aclaratorio: “(porque no se puede dar el nombre de ‘población’ á las tribus salvajes y poco numerosas que andan errantes en este inmenso territorio)” (27)[22]. Sin embargo, uno de los elementos que juzgaba como indicador de la buena calidad del suelo en algunas regiones era, precisamente, el hecho de que estuvieran habitadas por indígenas.

Lo cierto es que si apenas publicada la obra un lector hubiera aceptado la sugerencia de Napp y, dirigiendo su mirada al Mapa-Mundi, hubiera tratado de constatar la importancia de ese país, se habría encontrado con una gran incógnita. Notaría, por ejemplo, que la mayor parte del territorio mencionado en el libro no estaba relevada topográficamente. Aún si el mapa en cuestión hubiera sido un ejemplar actualizado, habría hallado numerosísimas notas excusando sus blancos o sus imprecisiones con el membrete de ‘tierras inexploradas’. Y esas incógnitas no se hubieran visto resueltas ni con la lectura de 1 libro de Napp, ni con la observación del mapa que incluía. El libro no llenaba los blancos, ni corregía las imprecisiones. A pesar de que el mapa allí adjuntado, según las palabras del propio autor, era “el mejor de todos los publicados” hasta ese momento -porque incorporaba “todas las fuentes accesibles” (25), y se basaba preferencialmente en los datos oficiales y en los planos levantados por las expediciones militares (409-410)-, constituía sólo una incompleta versión preliminar (136, 411 y 433). En su confección, el autor había encontrado “muchas y graves dificultades” (25). Además de que los límites todavía no estaban claramente definidos (26), “aún” no se disponía de observaciones sobre “la porción meridional” (51). Al emprender la elaboración del primer mapa de Argentina que incluía a la Patagonia y la descripción de esta región, Napp se vio ante la complicada tarea de representar un “territorio poco conocido aún” (51), del que faltaban “noticias detalladas y exactas” y que, cuando éstas llegaban, lo hacían en forma de “comunicaciones esporádicas”, dado que ese territorio rico y extenso no había sido visitado por un solo botánico ni por un “viagero científico” (83)[23]. La exactitud de su trabajo, en consecuencia, sólo podía ser relativa pues se refería a un “país del que no se conocen sino superficialmente ciertas porciones extensas o importantes” (136).

Pero el problema no era sólo la cantidad de información disponible sino también, y ante todo, la calidad de las fuentes. El conocimiento de las zonas pobladas por indígenas llegaba a los geógrafos por dos vías: por los propios habitantes indígenas o por otros baqueanos (409). Napp medía las distancias de estos territorios en “leguas alemanas” (399). Ni los indios ni los baqueanos compartían semejante sistema de medición. Las leguas indígenas eran “cortas”, las de otros baqueanos, “largas”. En consecuencia, cuando el geógrafo determinaba las distancias en base a la información provista por los primeros, fallaba por defecto. Cuando lo hacía considerando los testimonios de los segundos, fallaba por exceso (409). “La construcción de cartas y mapas más exactos de este territorio, queda[ba] por consiguiente reservada á una época venidera” (ídem), cuando pudiera al fin medirse la superficie según un criterio científicamente aceptable.

La perspectiva, sin embargo, era promisoria también en este aspecto. “Con motivo del proyectado avance de la línea de fronteras, se harán dentro de pocos meses nuevos reconocimientos y exploraciones”, escribía esperanzado Napp, “de suerte que tendremos en breve tiempo conocimientos más exactos (…)” (411).

En este punto, la esperanza de Napp coincide con la misión que el comandante Suáres se autoimpuso: relevar el territorio indígena con auxilio de sus habitantes, pero midiéndolo en leguas alemanas, para poder completar el mapamundi y los informes que los lectores europeos consultaban a la hora de decidir sus inversiones o su destino. El territorio que Suáres relevaba en compañía de su “vaqueano y zicerone” era justamente el que en el mapa de Napp se describía como “Campos no esplorados”.

Sin lugar a dudas, esta incorporación de la Patagonia en el mapa y en el libro de Napp significó un hito en la “apropiación discursiva e imaginaria” que precedió a “la apropiación material de los territorios hasta entonces marginados” (Navarro Floria y Me Caskill 2001). El hecho de que describiera la zona antes de su toma efectiva, y que lo hiciera en clave propagandística y economicista, ubica a su autor entre los intelectuales orgánicos que contribuyeron a la mercantiliza-ción temprana de los territorios patagónicos. Sucesos posteriores demuestran también que la “apropiación discursiva e imaginaria” no es sólo una instancia previa a la “apropiación material”, sino que ambas constituyen distintas facetas de un único proceso.

El 19 de marzo de 1885 Ricardo Napp escribió una carta de reclamo al por entonces presidente de Argentina, Julio A. Roca[24]. Con un tono entre indignado e irónico, el geógrafo hacía un enfático reclamo. En reconocimiento a la redacción de su libro de 1876, a su campaña de propaganda para la colonización del Neuquén iniciada en 1882 y a la “propaganda muy activa” que había efectuado recientemente aprovechando su “último viaje a Europa”, Napp reclamaba que se le otorgaran dos concesiones de tierra para colonizar en ese Territorio Nacional.

La lógica que llevó al “científico” a reclamar tierra a cambio de su trabajo como propagandista de la conquista, revela un continuum que liga a lo que los historiadores de la cartografía denominan “apropiación simbólica” con la apropiación material. La observación científica no era desinteresada. La revisión exhaustiva de la geografía neuquina era movilizada por la simple pretensión de poseer su tierra.

LA MATERIALIDAD DE LA ‘APROPIACIÓN SIMBÓLICA II. ANÁLISIS DE LA OBRA DE LOS HERMANOS MULHALL

Edward Thomas Mulhall y Michael George Mulhall formaban parte de la colectividad de inmigrantes angloparlantes en la Argentina. Aunque en rigor provenían de Dublin, en distintas ocasiones se referían a sí mismos como ingleses. Edward se graduó como abogado en 1853 y se trasladó a la Argentina después de probar suerte en Nueva York. Michael, un católico conservador que alternaba sus funciones en el Vaticano y Gran Bretaña (de Noailles 1970: 47, 51 y 82), comenzó a desempeñarse como periodista y como estudioso de la estadística en Buenos Aires. Allí ambos fundaron en 1861 el periódico The Standard, que constituyó la primera publicación argentina en inglés y que se publicó hasta 1959. El periódico estaba destinado a la comunidad angloparlante local pero también se exportaba a los Estados Unidos y a Europa (lugares a los que se llegó a enviar 20.000 ejemplares semanales en 1875).

Percibiendo el interés europeo por la información sudamericana en general y argentina en particular, los hermanos Mulhall publicaron en 1861 un manual para noticiar a posibles inversores sobre las ventajas comparativas de esta región. A juzgar por la cantidad de ediciones, el Handbook fue un éxito. Lo reeditaron en varias ocasiones -1863, 1869, 1875, 1876, 1885, 1892- e incluso publicaron, por orden oficial del presidente Sarmiento, una versión en castellano en el año 1876.

El hecho de que cada edición se reactualizara, convierte a estos manuales en una importante fuente para analizar la evolución que se produjo en el conocimiento geográfico que las élites tenían sobre el país y para identificar modificaciones en el modo de representarlo. Las distancias, que en las primeras ediciones eran cautamente calificadas como estimativas, en las últimas se afirman con la seguridad de la constatación empírica. En la medida en que se confrontan las sucesivas ediciones se hace evidente que las descripciones ganan en detalle, los capítulos correspondientes a la región patagónica se ensanchan y el tono esperanzado de los primeros manuales va siendo reemplazado por una enumeración triunfal.

Atendiendo a algunos datos consignados en esos Handbook y confrontándolos con otras fuentes, se advierte que los hermanos Mulhall no fueron sólo propagandistas que ejercieron con profesionalismo una tarea especializada. Ellos protagonizaron decididamente el período de transformación que documentaron. En un sentido obvio, porque la propaganda, en la medida en que influye sobre las conductas de los otros, constituye una acción categórica. Pero además, porque en este caso los propios propagandistas fueron también artífices de las acciones que promovían.

En sus recomendaciones hechas a los inversores en 1876, por ejemplo, al publicitar la potencial” productividad de las tierras pampeanas y norpatagónicas, mencionaban como elemento probatorio el uso productivo que los “indios pehuenches y ranqueles” hacían de ese suelo (Mulhall y Mulhall 1876: 251). Es decir, señalaban que el hecho de que ya se cultivara en esa tierra era prueba bastante de que en esa tierra se podía cultivar. Está claro, este razonamiento era irrefutable, pero, así planteado, su poder persuasivo ante posibles inversores estaba detenido por la particularidad de que lo mismo que constituía un elemento probatorio -la existencia de poblaciones cultivadoras-, operaba como obstáculo. Remataban entonces su argumento aclarando que tales obstáculos para la explotación capitalista de la tierra estaban prontos a desaparecer. Los hermanos anunciaban la inminente reducción de las poblaciones indígenas o su expulsión (259). Esa publicidad no cumplió sólo la función de atraer capitales e inmigrantes, sino que también buscó envalentonar a los hombres de armas y difundir un consenso favorable a la conquista. Una década y media después, los autores se mencionaban a sí mismos entre “los principales terratenientes” de aquella zona (Mulhall y Mulhall 1892: 354). Similarmente, en 1876 habían comentado que “los metales preciosos abundan [...] pero los indios ofrecen una barrera hasta hoy insuperable” (1876: 251, énfasis añadido). Es curioso que al mismo tiempo que calificaban a los indios como una barrera para acceder a los metales preciosos, reconocieran que eran esos mismos indios quienes habían proporcionado información sobre la existencia de oro y carbón (264). Una década y media después, los Mulhall constataron por sí mismos la caída de esa barrera. Cerca de una de sus propiedades en Chubut, William Mulhall, uno de los hijos de Edward, había “descubierto” oro (1892: 189).

Evidentemente los años que median entre 1861 y 1892 constituyeron un período de transformaciones muy favorables para estos hermanos. Aquél espacio, antes ajeno, en el que para dedicarse a la cría de ovinos un capitalista debía contar con la colaboración de caciques locales (Mulhall y Mulhall 1869: 54) se describía ahora como soporte de propiedades “muy bonitas” (1892: 193), de sitios “deliciosos” (195), y de “valles pintorescos” con “ricas pasturas” (575). Varios factores habían posibilitado ese cambio. En principio, según informaban los hermanos Mulhall, se había “exterminado” a los indios de los territorios que antes poblaban (1892: 570). En segundo lugar, la pertenencia de clase ofrecía posibilidades preferenciales para el acceso a la tierra.

Ciertamente, Edward era amigo personal de Julio A. Roca. Como contertulios frecuentes, habían hecho extensiva su amistad a las respectivas familias. Las visitas recíprocas eran habituales y, durante las presidencias de Roca, Edward acostumbraba enviarle notas y editoriales que escribía en su diario justificando y elogiando la acción del Gobierno.

A mediados de enero de 1882, el presidente recibió en su despacho a Tomas Kincaid, un inmigrante escocés propietario de estancias en Río Negro[25]. El terrateniente tenía una nota de presentación firmada por Edward Mulhall. En esa nota Edward precisaba pormenores sobre un negocio que le había propuesto Kincaid y para cuya realización era necesaria la ayuda del presidente. Tomas Kincaid y su hermano Jaime, también estanciero, “pensaban mandar hacienda a un campo cerca de Junín de los Andes llamado Chapelco”[26] e invitaban a Mulhall a sumarse con un rodeo de quinientas vacas. El Gobierno debía auxiliarlos proveyendo una escolta de diez hombres que acompañara a la partida. Así también, explicaba Edward en la nota, era necesario que Roca les facilitara la compra de doce leguas y les concediera “el derecho de primer ocupante”.

El publicista irlandés trató de persuadir a Roca de la conveniencia de emplazar una colonia inglesa en la zona aledaña al lago Lácar con una estrategia argumentativa variada: establecía una analogía entre el emprendedor Tomas Kincaid y el líder de la conquista de México, invitaba a Roca a imaginar la reacción orgullosa de los lectores escoceses del Standard al conocer una noticia semejante, confesaba su propia identificación con los conquistadores españoles y homologaba el eventual éxito del emprendimiento privado al progreso del país[27].

Como en el caso ya mencionado de Ricardo Napp, este episodio permite vislumbrar el modo en que un publicista, que participó en la gestación y difusión del espíritu de conquista capitalista de la Patago-nia en la década de 1870, años después, con la conquista consumada o aún culminando, anhela e intenta convertirse en propietario de una parcela -o de crecientes parcelas- en la región. El proceso de apropiación simbólica no es pura abstracción, sino un cálculo frío que guía la acción. Así también, la petición de Mulhall a Roca, expone algunos de los mecanismos que pudieron favorecer a los miembros de la oligarquía en la asignación de tierras. Puntualmente en este caso, es clara la estrategia de hacer uso de vínculos personales.

Examinando libros como el de Napp o manuales como los de los hermanos Mulhall, se constata que es tan difícil separar la apropiación simbólica de la apropiación material como desligar a los propagandistas de la violencia ejercida en la conquista. Desde registros pseudo-científicos periodistas, ingenieros y otros escritores elaboraron muchos tratados de este tipo. Tal vez el más paradigmático, y más exhaustivamente estudiado, haya sido “La conquista de quince mil leguas. Estudio sobre la traslación de la frontera sud de la república al Río Negro dedicado á los gefes y oficiales del Ejército expedicionario”, de 1878, que desde su mismo título asume el propósito explícito de ofrecer argumentos legitimadores y de promover a la conquista militar. Según lo explica Estanislao Zeballos en las primeras líneas, el “orijen de esta obra” se produjo cuando Julio A. Roca lo invitó

“á redactar algunos apuntes sobre los antecedentes de la ocupación del rio Negro y sobre otros datos históricos y científicos, convenientes para demostrar al país la practicabilidad de aquella empresa, y para proporcionar á los gefes y oficiales del ejército expedicionario un conocimiento sintético de la obra en que van á colaborar” a saber: “conquistar y entregar á la acción redentora del hombre, quince mil leguas de tierra en una de las rejiones mas fértiles y encantadoras del planeta” (Zeballos 1778: 5-6).

LA VIOLENCIA DE LOS INVERSORES

En la historia de nuestra región, el conocimiento sobre la vinculación de la campaña de conquista de la tierra con la conversión de ésta en mercancía es bastante extendido. La explicación convencional propone una sencilla articulación causal: se guerreó para obtener tierras e incorporarlas al mercado capitalista. Pero, sin ser del todo incorrecta, esta ilación es incompleta y da lugar a una interpretación en la que el ejercicio de la violencia y la apropiación capitalista de la tierra se suceden cronológicamente como fases articuladas pero individualizables.

Para dimensionar el carácter concurrente de esas dos fases y advertir su unión estructural, es esclarecedor un ejercicio analítico. Si invertimos el orden causal comúnmente empleado en las historizacio-nes de la conquista, notaremos que no surgen contradicciones. Considerando que la conquista fue financiada por la compra adelantada de tierras, con total corrección puede afirmarse que, en un sentido riguroso, la mercantilización de la tierra antecedió a la guerra y la incitó. Miembros de la oligarquía local y capitalistas extranjeros pagaron por la tierra cuando -apelando a las palabras de los hermanos Mulhall-todavía estaba en dominio de los indígenas.

Esta inversión en la cadena causal es un ejercicio apropiado para reconocer el carácter violento del acto de la compra. En 1894, por ejemplo, en la zona que denominamos Andes neuquinos, los terrenos de Reuquecura fueron entregados por el Estado argentino a capitalistas británicos. La entrega se efectuó para cancelar deudas por la compra de los Remington que se habían utilizado en la conquista (Diez y Labrune 1996: 349). Allí donde “nadie gobernaba” a Reuquecura en 1882 (ut supra), la familia Miles, a cambio de facilitar capitales destinados al abastecimiento de armas para el ejército conquistador, poseía ahora la “Estancia de los ingleses, S.A.”.

Sin observar esta unión orgánica de la mercantilización de la tierra con la guerra, la noción de acreedor, comprador o ‘inversor desvincularía a los capitalistas de la violencia. Al suponer que la transformación de la tierra en mercancía fue un fenómeno posterior a la conquista, la responsabilidad de los primeros estancieros parecería disolverse, ellos sólo habrían invertido en un negocio que consideraron conveniente. Admitiendo, en cambio, que esos inversores comenzaron a estimar como mercancía comprable la tierra que aún estaba en dominio de pueblos autónomos, es posible ponderar el carácter realmente violento de la compra.

Una vez advertida esta comunión inicial entre la violencia y la compra, podremos verificarla a partir de entonces y hasta hoy día en nuestra zona de estudio. Toda vez que, amparados en elementos legales favorables, inversores de diversa laya adquieren tierras para cuya apropiación definitiva se requerirá el desahucio de pobladores (reconocidos legalmente como tales o no), están haciendo uso de violencia y son corresponsables de las catástrofes sociales que desencadenan.

También constituye un error elaborar una tipología de corresponsables estrictamente masculina e individual. “Las señoras de Patagones, no podían mirar con indiferencia el triunfo de la civilización sobre la barbarie, cuyos resultados benéficos son las primeras en recibir”, afirmaba un pronunciamiento épico impreso con letras doradas sobre un gran afiche. El texto desplegable había sido entregado por la sociedad de Carmen de Patagones al victorioso general Villegas[28]. En este panegírico triunfal las “matronas de Patagones” glorificaban al ejército heroico gracias al que, según declaraban, “No se oirá mas el alarido del salvaje, jemido bárbaro de una raza en agonía… de una raza que hoy no existe.”‘(Ibídem). No podía sino utilizarse este lenguaje violento para justificar la devastación de cientos de comunidades. Y este lenguaje no era una derivación posterior, formaba parte del ataque; sus emisoras fueron corresponsables de la embestida.

El señalamiento de una responsabilidad socialmente extendida no debe confundirse con un veredicto omniabarcante. No todos ni todas los miembros de la sociedad argentina fueron responsables, sólo los artífices y los beneficiarios directos de la mercantilización del territorio.

LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MILICIAS

Invirtiendo entonces el orden causal comúnmente utilizado para referirse a la guerra y a la apropiación capitalista de la tierra, se evidencia que mercantilización y violencia constituyen un todo, y que detrás de la aparente innocuidad de la compra hay una corresponsabilidad con respecto al ejercicio de la violencia. Complementariamente, observando a las milicias desde una perspectiva económica, es posible dimensionar el poder destructivo de la racionalidad productivista.

Para desarrollar ese análisis debemos partir, nuevamente, del fi-nanciamiento de la conquista por medio de la compra adelantada de campos. Dentro de las reglas estrictamente capitalistas, toda compra de tierra implica un pago anticipado, dado que el precio de una parcela es su renta capitalizada, es decir, anticipada (Marx [1867] 2011: 748). Sólo que en una transacción convencional el comprador paga previamente los beneficios que el uso de la parcela ofrecida le brindará, en tanto que en el caso aquí estudiado, lo que se estaba pagando por adelantado era también laproducción de esa tierra en tanto obtención. El vendedor no poseía la tierra que ofrecía, pero se comprometía a produciría, a obtenerla o, como se suele explicar, a incorporarla al mercado capitalista.

Siguiendo con esta estrategia analítica, consistente en observar la dimensión económica de la violencia mediante la indagación de la propia lógica capitalista, los soldados deben ser vistos como trabajadores en una economía de mercado, como productores de mercancía. Su producto es la tierra, que, conquista mediante, aparecerá “como una manifestación de trabajo social y su tiempo propio de trabajo” (Marx [ 1867] 2011: 595)[29]. Viene en auxilio de este razonamiento la categoría lefebvriana de “producción del espacio” (Lefebvre [1974] 2000). Según demostró el geógrafo francés, la dinámica intrínseca del capitalismo requiere producir espacios constantemente. Para facilitar la continua concentración del capital es necesaria una expansión permanente. Un entramado institucional estratégico tiende entonces a ocupar y controlar espacios crecientes, ordenando los flujos y re-disponiendo las localizaciones con el objetivo de lograr la mayor productividad posible y la mayor concentración posible de los beneficios.

El punto es que las tierras que fueron incorporadas al mercado se obtuvieron a expensas de otras territorialidades. Es decir, que la aplicación inaugural de reglas estrictamente capitalistas en territorios articulados por lógicas diferentes constituyó una imposición disruptiva. Pero el carácter compulsivo de esa transformación no fue exclusivo a nuestro caso. Karl Polanyi ha indicado que, desde su surgimiento en Inglaterra, la economía de mercado parte de un yerro. Señalando el hecho de que una mercancía se define por haber sido producida con el decisivo objetivo de venderse en un mercado, Polanyi demostró que la tierra, el trabajo y el dinero no son mercancías cabales, sino que constituyen lo que él denomina mercancías ficticias. Los que la economía clásica denominó factores de producción[30] han sido forzosamente transformados en mercancía dando lugar a un ordenamiento económico desvinculado de los aspectos sociales que antes lo enmarcaban. La tierra, que se había mantenido extra commercium (Polanyi [1957] 2011: 120), se convirtió compulsivamente en mercancía. Y esto, no sólo en Patagonia, sino en la propia cuna del capitalismo. Conforme avanzaban los cercamientos sobre las tierras comunales de los campesinos ingleses y sobre las zonas que ellos y sus ancestros utilizaban tradicionalmente, la privatización desencadenaba parte de una tragedia que se complementaría con otra mercantilización: la de los propios seres humanos. La conversión de la mano de obra en mercancía implicaba la sumisión de los seres humanos al mercado.

La economía de mercado entonces, se basa en una ficción: la idea de que todo se puede comprar y vender. Está claro, a pesar de su origen ficticio, una vez establecida genera efectos reales, particularmente reordena a las sociedades según una estructura deshumanizada, economicista.

Desde el enfoque que se propuso aquí, entonces, la conquista fue el trabajo de los soldados para consumar la transubstanciación de la tierra en mercancía. Pero esa transubstanciación ya se había iniciado en los proyectos y en las inversiones de los capitalistas. Los medios de producción fueron las armas. La producción de la tierra -en tanto obtención- fue la devastación del territorio.

Mediante la conquista de la tierra, también las capacidades de las personas que la habitaban pasaron a constituir mercancías del naciente mercado laboral (Mases [2002] 2010: 227).

LA CONQUISTA DE LOS SABERES

La misma lógica capitalista que se expandió por la superficie de la tierra fragmentando, privatizando y reordenando el suelo según criterios híper-productivistas se extendió también, operando de manera semejante, sobre el conocimiento. Si se confronta la expropiación violenta padecida por el campesinado inglés (Travis 2000: 787) -o por los pueblos que padecieron la conquista del desierto- con el desarrollo de una legislación “protectora” de derechos de propiedad intelectual (DPI), se constata que constituyen fenómenos análogos y relacionados. Tanto es así que, para referir al surgimiento de los DPI se habla de un “segundo cercamiento” (Travis 2000, Shiva [2001] 2003: 47, Boyle 2003: 37 y ss. entre otros). La privatización excluyente de la tierra, el articulado de una poderosa codificación protectora de los derechos de sus nuevos propietarios y la consecuente parcelación rigurosa de la naturaleza, transformada ahora en un insumo productivo más en la economía de desarrollo concentrado, se corresponden precisamente con la apropiación, institucionalización y capitalización de conocimientos. De allí que hoy día se esté proponiendo la necesidad de añadir, para actualizar la perspectiva de Polanyi, el conocimento como una de esas mercancías ficticias (v.gr. Sadaba 2008). También el conocimiento, los productos de la creatividad humana constituyen actualmente elementos que la economía de mercado forzosamente reconvierte en privatizables.

La noción de “propiedad intelectual” tal como se conoce -y discute- en nuestros días, parece tener un origen relativamente reciente[31], ceñirse a una serie de fenómenos actuales[32] y haber evolucionado en relación directa con la Revolución Industrial. Sin embargo, posee antecedentes tempranos bastante más distantes. Al reconstruir la historia de las patentes, Vandana Shiva comienza describiendo su origen como “instrumento de conquista”. Los monarcas europeos empezaron a emitir litterae patents en el siglo VI. Por medio de ellas, se autorizaba “el descubrimiento y la conquista de tierras extranjeras” en nombre del rey. “Se utilizaban para la colonización y para el establecimiento de monopolios de importación” (Shiva [2001] 2003: 18). Desde el principio, entonces, las patentes se asociaron al montaje de sistemas expansivos de explotación comercial[33].

La Conquista del desierto y las posteriores campañas militares a los Andes patagónicos no sólo fueron consideradas como un avance militar sobre inmensas superficies de tierra. También se entendieron como el desplazamiento progresivo de una frontera científica, que gracias a un relevamiento exhaustivo permitiría la expansión de otra “frontera segura para la inversión de los capitales” (Podgorny 2004). Más allá de las improvisadas indagaciones del coronel Rosario Suáres (ut supra), durante la primera fase de la conquista las fuerzas militares contaron con el concurso de una comisión científica. A medida que se avanzaba sobre el terreno, los hombres de ciencia relevaban información que, a su regreso, sería de “mucha utilidad” para “empresarios privados” (Picciuolo 1979: 213). Las observaciones y los estudios se dirigían a detectar bienes que se pudieran procesar industrialmente (214). Pero, además, la indagación de estos hombres de ciencia que marchaban codo a codo con los ejércitos contribuiría a “difundir valiosos conocimientos” (217) relativos a las comunidades locales.

La avidez etnográfica de esta comisión era en buena parte etno-botánica. Las hierbas utilizadas por indígenas constituían un antiguo objeto de interés entre los farmacognostas. Y las posibilidades, demostradas exitosamente en la época, de industrializar medicamentos basados en el conocimiento indígena ofrecían un incentivo notable. “Para los científicos [afirmó María Silvia Di Liscia], la importancia de la labor de relevamiento y examen realizada durante la Campaña [al 'desierto'] debía ser tenida en cuenta no tanto por los argentinos sino por el mundo científico e industrial, que desconocía totalmente las posibilidades económicas de las tierras donde se habían alojado los ‘salvajes’.” (Di Liscia 2002: 110, énfasis añadido)

Es clave subrayar aquí el hecho anticipado pasajes atrás de que las comunidades humanas sólo acceden al conocimiento sobre plantas medicinales luego una larga experiencia de convivencia, observación y costosa experimentación en un medio natural determinado. La transmisión sostenida a lo largo de las generaciones va aportando a un corpus de saberes vitales, de cuyo manejo eficiente depende la salud del grupo. En el momento de la conquista, según los botánicos de la expedición, para la población autóctona “todas las plantas eran útiles médicamente” (Blondel, en Di Liscia 2002: 111). Al margen del probable carácter hiperbólico de esa afirmación, es evidente que la absorción de conocimiento indígena tuvo una escala importante. El contexto de obtención de esa información fue el de una asimetría brutal. Y el destino final de ese saber fue la industria farmacéutica capitalista, cuyo monopolio está garantizado por los DPI.

EL TERRITORIO DEVASTADO

Estas campañas militares-científicas avanzaron arrasando el territorio. “La guerra implicaba la estrategia de tierra arrasada [escribió Graciela Silvestri]: el desierto, que no estaba ciertamente vacío, es literalmente vaciado por la guerra, y sobre este plano vacío se efectuarán las mediciones geográficas posteriores” (Silvestri [1999] 2007: 238). La noción de territorio devastado es entonces especialmente pertinente para nuestro análisis, dado el significado compuesto de la palabra devastado que remite a la vez a una estado de situación -la existencia de un espacio vasto, vaciado- y al proceso por el que se llegó a esa situación: la devastación[34].

Sobre el comienzo de este capítulo se definió al territorio como una totalidad que incluía: 1) la tierra, 2) las modificaciones que los habitantes hacían sobre ese soporte físico y 3) las representaciones del territorio. Esas representaciones permitían a los habitantes interpretar su medio y diseñar su intervención material en él. Entre ellas estaba el conocimiento topográfico y botánico. Y el dispositivo que aglutinaba a todas las representaciones era un mapeo definido por las relaciones parentales de las distintas comunidades.

Durante la conquista los tres componentes del territorio fueron violentamente desarticulados y convertidos en mercancía. La tierra fue medida, cercada y entregada a terratenientes. La capacidad de transformación propia de los habitantes fue convertida en mercancía por medio del empleo asalariado (Mases [2002] 2010: 225 y ss.) y el conocimiento fue apropiado, entre otros, por científicos al servicio de la industria farmacéutica.

Es habitual que este proceso tienda a ser considerado, de forma resumida, como una conquista de tierras. Indudablemente, la importancia determinante de éstas, dado que su dominio era lo que garantizaba la autonomía de sus pobladores, justifica esa interpretación. Sin embargo, al observar la conquista desde las fuentes generadas por sus víctimas[35] es notable que la avanzada militar no se describa tanto como una usurpación de tierras sino, con mucha más frecuencia y de modo más enfático, como un paulatino desastre parental. En los reclamos que los líderes indígenas de la región estudiada remitieron a las autoridades militares argentinas exigían y suplicaban mucho menos por la tierra que por sus parientes secuestrados, torturados, muertos o trasladados compulsivamente. Según lo indican sus repetidas cartas, la devastación del territorio fue experimentada ante todo como una calamidad humana, un desbarajuste irracional sobre el mundo social propio, una atrocidad creciente que deshacía los linajes, multiplicaba las rupturas de alianzas y desorganizaba a los grupos. Crecientemente desorientados, sorprendidos ante las desorbitantes pérdidas de parientes, aliados y conocidos, padecían la catástrofe de ver su territorio devastado.

CAMINOS OCULTOS Y REMEDIOS SECRETOS

Luego de la conquista, la tierra comenzaba a ser comprada por nuevos inversores. Primeramente, fueron cercadas las zonas más fértiles y accesibles. A juzgar por las fuentes producidas por estos mismos propietarios, ellos emprendieron, sacrificada y heroicamente, una tarea inaugural. Entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, sobre la vera del Chimehuín -donde un par de décadas atrás el coronel Go-doy había fusilado a un baqueano miembro de la tribu de Manquiel-se inició el proyecto de explotación agrícola de los Larminat. Provenientes de la baja nobleza francesa, los miembros de esta familia, una vez asentados en “Cerro de los Pinos”, no dejaron de extender y diversificar geográficamente sus propiedades. El primer ensanchamiento se produjo apenas instalados, en 1911, cuando Jacques de Larminat decidió adquirir otras once mil hectáreas “para completar los seis lotes del catastro al sur del río Chimehuín” (de Larminat 2005: 165). En esa ocasión, André de Larminat se encargó de delimitar las quince mil leguas que contendría finalmente la estancia. Su hermano Jacques documentó esta tarea en una acuarela. Dibujó a André caminando y observando una brújula que portaba en su mano. La imagen es fruto de una tarea cuidadosa, aunque no especialista. Los Larminat debían conservar la memoria de este episodio que seguramente sería trascendente para la descendencia. En la acuarela André se ubica en el centro del recuadro. La perspectiva del pintor es elevada. André se ve desde arriba y es pequeño. Su sombra se estira un poco más esbelta sobre el suelo. Según lo manifiestan sus huellas, camina en una trayectoria inequívocamente recta y acompasada desde el margen superior izquierdo proyectándose hacia el ángulo inferior derecho del recuadro. Además de algunas piedras desperdigadas y de una coloración grisácea que predomina y compone una atmósfera lúgubre, sólo hay dibujada la calavera de una vaca. No se ven más huellas que las que deja André. En letras rojas y en francés, escribió Jacques de Larminat sobre la parte inferior la lámina: “Con una brújula en la mano, un hombre camina en la soledad contando sus pasos. André hizo el plano del campo” (de Larminat 2005). Esta lámina, que celebra el ensanchamiento de una propiedad, es representada como la incursión de un hombre racional geometrizando a un espacio vacío. Según narra la leyenda familiar, en aquella ocasión André contó los pasos con tal exactitud y se orientó con una precisión tan incontestable, que su mapa fue perfecto. En prueba de ello se evoca que, por intermedio de su tío, ese plano de la estancia se editó en la Sociedad Topográfica de París.

La imagen del pionero europeo, que al medir y apropiarse del espacio lo ordena, se complementa con la idea de que los lugares así apropiados están vacantes. Sin embargo, ni bien el pionero necesita mano de obra o algún conocimiento vinculado al medio local, el escenario desolado rápidamente empieza a poblarse de lugareños. El personal de la estancia “Cerro de los Pinos” estaba conformado por un capataz hijo de Saihueque y por puesteros y peones de apellidos mapuche[36]. Cuando Jacques se extraviaba por la noche en una cabalgata, aparecía en su memoria el consejo de paisanos experimentados que le habían sugerido “palpar la inclinación de los arbustos, que en la Pa-tagonia era siempre de Oeste a Este debido al viento” (159-160) o que le habían enseñado a orientarse por el vuelo invernal de las avutardas. Según su nieto, Jacques era especialmente ávido por en registrar este tipo de conocimientos que podían, llegado el caso, salvarle la vida. Especialmente, se mostraba interesado por conocer las hierbas que tenían alguna utilidad curativa. Antes de llegar a la Patagonia, incluso, se había dedicado a indagar y registrar el conocimiento de hierbas medicinales de doña Felicia, una cocinera de una estancia cordobesa con cuyo auxilio aprendió “toda una farmacopea” (86).

SE HACE CAMINO AL ANDAR… POR EL CAMINO

En este contexto posterior a la conquista, fueron ante todo los ingenieros quienes detentaron el rol del hombre racional que, armado de una sólida formación matemática, relevaba el territorio posibilitando el progreso y consolidando la mercantilización. Internándose en espacios exuberantes e intactos, los ingenieros recorrían la naturaleza,bse orientaban con técnicas y tecnologías avanzadas, medían las distancias, registraban minuciosamente los recursos y características y diseñaban las intervenciones convenientes.

Una de las misiones requeridas con mayor interés a los ingenieros consistía en encomendarles el trazado de caminos. Para garantizar la explotación capitalista de la tierra en un modelo económico agro-exportador era necesario articular las regiones recién incorporadas a los puntos de embarque. Desde entonces se instaló la percepción de que el espacio patagónico no sólo estaba desprovisto de conexiones con el resto del país, sino que también conformaba un espacio desconectado en sí mismo. En correspondencia con la idea de espacio vacío o sub-utilizado, se veía a la Patagonia como una inmensa superficie desarticulada, caóticamente natural, casi no antropizada. Quienes llegaban a la región con el propósito de diseñar las rutas necesarias se encontraban, sin embargo, con una red de caminos compleja, que ordenaba y permitía tránsitos y que conectaba sitios de aparente inaccesibilidad en circuitos frecuentados. El conocimiento que los indígenas tenían sobre su territorio y la experiencia sostenida a lo largo de las generaciones con éste se habían cristalizado en senderos, rutas, rastrilladas y pasos que, además, estaban dispuestos según los propios intereses sociales, políticos, económicos. Algunos de estos caminos eran ansiosamente buscados por europeos y criollos desde épocas anteriores a la conquista. El caso paradigmático es el de los pasos cordilleranos, cuya ubicación precisa fue celosamente mantenida en secreto por las diferentes poblaciones locales ante la insistente indagación de todo tipo de aventureros y funcionarios. Eventualmente, un expedicionario podía tener la suerte de hallar un sendero clave, o de que algún informante le enseñara a reconocer una ruta o rastrillada. Pero en esas ocasiones -sobre todo si el expedicionario afortunado era un especialista, principalmente, ingeniero-, lejos de admitir que dicha senda constituía un fruto tal vez costoso del conocimiento y de la experiencia de la población local, o que reflejaba y sostenía un diagrama espacial socialmente establecido según intereses y causas racionales, el profesional la evaluaba como un elemento de la naturaleza.

En una temprana excursión durante el verano de 1845, el científico polaco-chileno Ignacio Domeyco recorrió el territorio mapuche sobre la falda occidental de la cordillera de los Andes. Halló una complejísima trama de “caminos i vías de comunicación entre el oriente y el poniente” y “vías de comunicación lonjitudinales” (Domeyco 1846: 22). Sin embargo, al observar esa evidente intervención social en el medio, -entre descripciones de aldeas, sembrados y caminos vivamente poblados- escribió: “[Fjácil es ver cuales son las vias de comunicación que la naturaleza presenta para la unión de las diversas partes del territorio indio, i por dónde han de pasar ¡as que trazará el arte para introducir i afianzar una civilización [...]” (21, énfasis añadido). El territorio indio no era considerado como una operación del arte, en tanto que actividad racional y pautada. Era únicamente un soporte dado antes de cualquier intervención social. Sobre esa plataforma trazaría luego la civilización sus caminos. En su descripción, el científico contraponía una población india que se asentaba y cultivaba espacios brindados por las características físicas del paisaje y que transitaba por vías que eran “la mas naturales sin duda” (21) con las poblaciones de españoles, que seleccionaban los espacios con inteligencia. Se maravillaba entonces de los europeos que “tanto tino i perspicacia tenían en la elección de los puntos mas apropiados para fundar ciudades” (21) y celebraba que a los caminos “principales que la naturaleza misma tiene abiertos, se agrega[ran, luego de la intervención española,] algunos que el arte, aunque en su infancia, abrió (…)” (22).

A medida que avanzó el siglo XIX y que el capitalismo se consolidó y expandió -y al calor de la ideología positivista spenceriana y del imperialismo- el tenor de estas apreciaciones se cargó de más racismo y violencia. La productividad creciente y la ampliación de los mercados requerían multiplicar y acelerar los tránsitos. Y en ese contexto, el incremento, la sistematización y modernización de los flujos eran considerados indicadores progresivos en el desarrollo de las sociedades. El historiador norteamericano Frederick Turner decía en una célebre conferencia brindada en 1893:

[E]l mercader indio preparaba la vía al camino de la civilización. La pista del bisonte se hizo pista del indio, luego “huella” del mercader; las pistas se ensancharon y se transformaron en caminos; estos en carreteras de peaje y por último en vías férreas. [...] La civilización ha seguido, en América del norte, las arterias geológicas, llenándolas de una marea cada vez más abundante, y al fin los insuficientes senderos trazados por los aborígenes han sido ensanchados y entrelazados en complejos laberintos de las líneas comerciales modernas; el salvaje oeste ha sido surcado por las líneas cada vez más numerosas de la civilización en marcha. Es como el desarrollo constante de un sistema nervioso complejo dentro de un continente originariamente simple e inerte. (Turner [1893] 1991: 21-22, énfasis añadido)

Con una perspectiva positivista, Turner formuló así una descripción evolutiva de la historia de los caminos. En principio, estaba el marco natural, mineral, geológico, sobre el que se sucedieron progresivas incursiones transformadoras por parte de seres vivos. Los seres vivos se relevaron también de manera progresiva. Y en última instancia la civilización consumó ese proceso elevando al summum las posibilidades del finalmente apenas reconocible medio original. La mirada racista y auto-legitimadora del capitalismo expansivo consideraba que el “indio” había ocupado apenas un paso intermedio entre el mundo meramente biológico y el plenamente racional de la modernidad burguesa. Los nativos sencillamente se sirvieron de la pista del bisonte hasta que la actividad compleja de la civilización trazó sobre esas vías insuficientes las correcciones debidas. No le era posible a Turner ni a quienes compartían esta lógica spenceriana considerar al entramado resultante de caminos como una hibridación de los conocimientos indios y el interés de los capitalistas. Sólo la llegada de éstos era estimada como vigorizante. Lo anterior era pura naturaleza simple e inerte aunque de inmenso potencial.

En la misma época en que el historiador Frederick Turner dictaba su conferencia en Chicago, Bailey Willis, un geólogo que más tarde estaría encargado de trazar los caminos en los Andes neuquinos, recorría los senderos de los ojibwas en Michigan buscando yacimientos de hierro (Willis [1947] 2001: 19), rastreaba el “sendero indígena Sno-qualmie” en las inmediaciones de Seattle (22) e incursionaba en los caminos de los chelan al norte de Washington buscando yacimientos de carbón (35). A pesar del evidente uso que hacía del conocimiento geográfico de las comunidades locales, describía los espacios atravesados como tierras vírgenes, intocadas. Bailey Willis no veía contradicción en describir sus aventuras como osadas excursiones por “laberintos inexplorados” (26) trazados sobre “senderos indios”. “El Snoqualmie era un sendero indígena muy antiguo y no resultaba difícil seguirlo” (22), explicaba. Siguiéndolo se llegaba a sitios donde nunca nadie había estado. Guiándose mediante la consulta a indios o con su compañía, Willis descubría “regiones desconocidas” que se encontraban “dentro de reservas indígenas” (33).

Toda la historia profesional de Bailey Willis parece cimentada en gran medida sobre el conocimiento geográfico de los nativos americanos. Páginas enteras de su biografía están dedicadas a describir el modo en que el trabajo que realizaba dependía de la guía y el consejo de indígenas (35-43). No sólo el trabajo, sino su supervivencia misma. En sus exploraciones en Norteamérica, por ejemplo, era imposible avanzar eficazmente sin que un indio le mostrara los ojos de agua (41), en tanto que, en la hostil y árida estepa patagónica[37], Willis se guarecía y calmaba su sed en hogares de indígenas. En Patagonia, recordaba “encontramos cobijo en una cabana hecha de matorrales, junto al fuego del indio que cuidaba el pozo, y tomamos una taza de su té nativo” (71). Lo curioso es que aún reconociendo que sus guías eran indígenas (83, 127 y 134) afirmaba que, merced a la intervención de Roca, estos ya no existían (57).

El hecho de que la mirada de Bailey Willis tendiera a pasar por alto la presencia de aquellos cuyo auxilio requería, tal vez se debía al carácter de su trabajo. Mientras llevaba a cabo el relevamiento de la zona y proyectaba las intervenciones que recomendaría al Gobierno, desplegaba una mirada economicista. “Cuando examinaba un paisaje, [escribió] me resultaba natural pensar en términos de un eventual desarrollo económico”. Esa mirada lo convencía de que los habitantes eran un estorbo desplazable y de que el destino óptimo de las tierras fiscales sería una privatización racional (132)[38]. Ante semejante programa, sus guías y anfitriones sólo podían ser vistos como medios circunstanciales más o menos necesarios para optimizar la productividad.

Una de las últimas tareas de Bailey Willis en Patagonia consistió en delinear los caminos y las vías férreas que unirían ese espacio inconexo en la zona cordillerana. La compleja topografía hacía de ésta una misión difícil. Sin embargo, existía un elemento posibilitador. “Cruzar la cordillera por esos laberinto de cañones no era una excursión fácil [explicó el geólogo,] pero los indios lo hacían sin problemas” (126). En consecuencia, los exploradores científicos podrían cumplir su objetivo con la compañía de guías locales. Esos guías los conducirían por las “vías naturales” de la región. “En la Patagonia, como en otros lugares del mundo, las rutas marcadas por la naturaleza son seguidas por los viajeros de todas las épocas” (102). Willis y su equipo tomaban a los caminos como dato natural, no social. Reducían la práctica y el conocimiento local a una sencilla operación de sentido común, a una prueba inicial meramente empírica, un indicio más del paisaje que esperaba su constatación especializada. En los informes enviados a Ramos Mexía y al director general de Territorios Nacionales Isidoro Ruiz Moreno, justificaban la mayor parte de los tramos del camino delineado aduciendo que correspondían a los movimientos acostumbrados por las poblaciones locales[39]. Tanto inspiraron estos informes a Ruiz Moreno, que en 1915 escribió en la revista Territorios Nacionales un artículo en el que insistía con la necesidad de “aprovechar los excelentes caminos naturales de la Patagonia”, que eran “los mejores de la Argentina” y que estaban compuestos por “una especie de macadam natural” (Ruiz Moreno 1915: 3).

Para reconocer esas rutas naturales, la ciencia moderna de trazar caminos debía hacer uso de algunas metodologías intuitivas. Según rememoraba, Bailey Willis pudo cumplir su tarea “gracias a ese instinto que nos guía por donde antes pasaron otras personas” (141).

DE LA CENSURA A LA COLECCIÓN DE SABERES

Tras las últimas avanzadas militares, una vez que los indígenas perdieron su autonomía, se inició una nueva fase colonizadora. Con el objetivo de consumar y asegurar la sumisión de los vencidos al sistema social que se imponía, se emprendió una operación moralizante orientada a eliminar rasgos que se construían y percibían hegemónicamen-te como característicos de los vencidos. Particularmente, se trató de suprimir aquellos rasgos que fomentaran, recordaran o remitieran a su autonomía. Esta operación, que se vinculaba estructuralmente a los intereses privados, consistió en instilar un ethos capitalista que subrayaba valores como la frugalidad, la laboriosidad disciplinada, el sometimiento a las reglas del mercado y el respeto y la aspiración a la propiedad privada. La nueva ética instituida tipificaba al éxito material como una prueba del esfuerzo y, correspondientemente, entendía que existía una culpabilidad en la pobreza, homologando mar-ginalidad y holgazanería. La operación moralizante estuvo a cargo de sacerdotes y mujeres principalmente.

La operación moralizante constó de dos etapas con respecto al control sobre los saberes propios de los grupos sometidos. Las dos sub-fases no se ordenan en una secuencia de sucesión rigurosa. A pesar de demarcar momentos diferentes de un proceso, en determinadas coyunturas operaron en sincronía.

Primera fase de la operación moralizante: la censura

La primera fase, originada inmediatamente después de la conquista, se caracteriza por la censura de conocimientos que poseían y generaban los indígenas. Desde la perspectiva moralizante capitalista, se percibía que algunos saberes atentaban contra la sujeción de los grupos recientemente vencidos. Por lo tanto, la posesión y la transmisión de esos saberes se constituyeron en un diacrítico negativo. Las ideas, las creaciones, las interpretaciones que los indígenas desplegaban y que las élites pioneras percibieron como amenaza, fueron definidas negativamente. Se las consideró infantiles, brutales, supersticiosas, equivocadas, falaces, peligrosas, demoníacas. Quienes cultivaran ese conocimiento temido serían sancionados por distintos dispositivos de ordenamiento social, que iban desde el escarnio público hasta el confinamiento en hospicios. Inversamente, el indígena que desistiera formal y visiblemente de este conocimiento se desmarcaba, se libraba del diacrítico negativo obteniendo a cambio la aceptación en la sociedad hegemónica. Esto suscitó rupturas en las cadenas de transmisión oral de los conocimientos censurados de generación en generación. Ese ha sido el efecto más mencionado y estudiado. Pero, por otra parte, la censura hacia determinados saberes y el premio de la aceptación social a cambio de su abandono fortalecerían entre los indígenas la estrategia del secreto. Las redes domésticas de transmisión de saberes pudieron resentirse por los embates de la sociedad hegemónica, pero no renunciaron totalmente a la posibilidad de sobrevivir convirtiéndose en redes clandestinas, ocultas pero vigentes en cierto modo.

En la zona cordillerana hubo una institución conformada por especialistas en esta operación de moralización. La orden de los sacerdotes salesianos recorría el territorio en misiones volantes (Nico-letti 2008: 83) con el objetivo de evangelizar a las poblaciones desplazadas que buscaban sitios donde reasentarse[40]. El principal rival de los sacerdotes en esta misión era el machi, curador y encargado de comunicarse con la trascendencia a quien percibían como una competencia demoníaca que les disputaba las almas de los nativos. El machi tenía un rol determinante en las comunidades. Consejero privilegiado de los caciques y guía respetado por su capacidad de acceder a perspectivas de inspiración trascendente, tenía una función política significativa. Las intervenciones de los sacerdotes en la vida de las comunidades tenían los objetivos complementarios de convertir a sus miembros en cristianos y de desarticular la base de poder de los machi. Pero, en ocasiones, esta preocupación no era exclusiva de los curas expedicionarios. En 1895 los hermanos William y Bernard Mulhall -hijos de Edward- también se alarmaron por el influjo político creciente de un machi. Cayupul, el curador de la comunidad que había sido desalojada de Quinchare para establecer la Estancia de los Mulhall, era sospechado de instigar a los grupos indígenas de la zona a unirse contra los nuevos hacendados (Paesa 1967: 288-318, Delrio 2002: 134-136, Guiñazú 2008). En las fuentes salesianas se acusaba a Cayupul de llevar adelante una “acción político-hechicera”[41]. Con apoyo de los estancieros, rápidamente se conformó un destacamento armado bajo el mando del gobernador Eugenio Tello que capturó a Cayupul y a los caciques acusados para interrogarlos e intimidarlos. En aquella expedición punitiva también fue de la partida un sacerdote salesiano preocupado por “la influencia de los hechiceros sobre la masa de las tribus”[42]. El capellán Bernardo Vacchina narró su participación en la represión haciendo una reconstrucción de los sucesos en primera persona:

“Nos llegaron luego las primeras noticias amenazadoras. Una india de la Colonia se había vuelto loca furiosa por la muerte de su padre, y al volver a su tribu recuperó el juicio. Evidentemente, determinó su curación el regreso a su ambiente; pero el adivino o hechicero (que había sublevado a los indios), la había visitado y propinado varios brevajes [sicj. La salud, por tanto, la atribuía a sus artes, y ganaba de este modo prosélitos y prestigio” (Paesa 1967: 294-295).

En la reconstrucción hecha por el capellán se imputa a Cayupul la responsabilidad del descontento extendido en su comunidad y en las aledañas. Vacchina considera que la base del creciente influjo político de Cayupul se debe a un manejo astuto de una situación fortuita. El sacerdote afirma que los indígenas creen ingenuamente en los falaces saberes que se arroga el machi. Y éste convierte el prestigio derivado de ese engaño en base de poder político para movilizar fuerzas contra los estancieros. En consecuencia, era menester denostar esa base de poder, desacreditar la fuente del engaño y esclarecer a los ingenuos.

Un espacio así configurado no estaba cabalmente controlado. Era un espacio con evidentes refugios para el rebrote de la autonomía. Los salesianos trabajaron en la zona preocupándose por convertir a los adultos y educar en la doctrina católica a los niños. Su labor fue eficiente. Años después, celebrando la tarea de otro salesiano, Benigno Canavese escribiría en un tono orgulloso y seguro cerca de 1930:

“Hogaño han desaparecido del mapa de la Patagonia los grandes blancos y vacíos, las indicaciones vagas de travesías, desiertos o aduares de salvajes, que cuarenta años ha indicaban la ignorancia del geógrafo sobre esa vasta región [y añadía:] Entre los colaboradores eficientes de este positivo progreso cabe sin duda una parte notable a la obra redentora [del] misionero salesiano” (Canavese 1928: 45).

Segunda fase de la operación moralizante: la folclorización

La segunda fase de la operación moralizante comienza a surgir a medida que la sujeción de la población indígena va percibiéndose como asegurada y que parece desaparecer el peligro de la autonomía. En esas nuevas circunstancias, se comienza a dirigir al conocimiento propio del otro una curiosidad exotizante. Los saberes antes estigmatizados serán ahora definidos como ingenuos, mágicos, creativos -pero nunca “racionales”-, pintorescos y, ante todo, “en peligro de extinción”. Se desarrollarán entonces proyectos de salvataje de esos saberes en una nueva fase de la curiosidad científica, movilizada ahora por la búsqueda diligente de museificar productos intelectuales cuya pérdida irrecuperable se presiente. Esto constituyó una perspectiva esencialista que valoraba los saberes “indígenas” en tanto persistencia y denegaba legitimidad a las expresiones que resultaran novedosas. De tal modo, el conocimiento propio de -y atribuido a- los indígenas comenzó a ser fetichizado y mercantilizado, al iugal que aquellos que lo detentaban y ostentaban.

Este cambio fue experimentado como una transformación desconcertante por los portadores de un saber tácticamente reservado, que pasaron de ser perseguidos a ser requeridos -cuando no halagados- y de tener que ocultar su herencia intelectual y sus creaciones a tener que comunicarlas. Los “informantes” podían tal vez cargarse con cierto orgullo reflejo ante el nuevo escenario, aunque éste e sta-ba acompañado de poderosos reparos y aprensiones inquietantes. En principio la nueva situación acentúa una sensación de incompletitud, de mutilación por parte de los practicantes devenidos “informantes”, conscientes de la dificultad de mantener plenamente vigente la transmisión trans-generacional del conocimiento. La curiosidad arqueológica de miembros de la sociedad hegemónica subraya las “pérdidas” padecidas, sospechadas o inminentes. Si los informantes son ancianos, confiesan apenados que los jóvenes ya no se interesan por sus enseñanzas. Si los informantes son jóvenes, lamentan que los mayores no hayan podido transmitirles todo lo necesario. Esa sensación de menoscabo tiene como correlato en los indagadores la sospecha sobre la “autenticidad” de la identidad del eventual interrogado. Por otra parte, los informantes no dejarán de tener cierta inseguridad frente a un contexto socio-cultural que sólo comienza a valorarlos de manera estrictamente cultural y limitada y que volverá a percibirlos como amenaza toda vez que las reivindicaciones movilizadas por ese conocimiento se tornen económicas o políticas. Frente a los etnógrafos pioneros de la región, además, los informantes demostrarán una tensión entre la apertura hacia esa figura curiosa e interesada del colector y el rechazo por percibirlo como un potencial capitalizador de su conocimiento.

En realidad, las dos fases descritas pudieron operar sincrónicamente, actuando según el contexto. Allí donde se percibía en los indígenas una potencial insumisión, se activaban los dispositivos despectivos de la primera fase. Mientras el sometimiento pareciera asegurado, en cambio, se vigorizaba la curiosidad exotizante que definimos aquí como segunda fase de la operación moralizadora. Esta dinámica de desplazamientos coyunturales entre una y otra fase se verifica incluso al analizar las transformaciones en la opinión de una misma persona. Para el caso estudiado, es especialmente evidente esa evolución en la obra de Bertha Koessler-Ilg, una alemana que se asentó en nuestra zona de estudio y que desarrolló una sostenida y extensa tarea de rele-vamiento del conocimiento de las comunidades locales.

Bertha Koessler-Ilg era una enfermera bávara que migró a la Argentina con su esposo, el médico Rodolfo Koessler, en 1912. Al iniciarse la década de los años veinte, el matrimonio decidió instalarse en San Martín de los Andes. La aldea elegida, que se situaba en tierras expropiadas poco más de treinta años atrás a comunidades mapuches, no contó con un médico civil sino hasta la llegada de este matrimonio. Si bien el poblado prosperaba, era muy pequeño aún. Las características de una zona con una topografía compleja y con una población importante y creciente, pero dispersa, hicieron que el médico tuviera una rutina de expedicionario, pues su socorro era demandado con urgencia desde los rincones más inaccesibles a los que iba siendo relegada la población originaria y desde las distantes estancias de los nuevos propietarios. Bertha asistía a su marido en la atención a los pacientes y comenzaba a conocer a la población local. Aunque rara vez lo acompañaba en sus expediciones, ella cuidaba de los pacientes que quedaban internados en su casa, frecuentemente convertida en un pequeño hospital.

Al llegar a San Martín de los Andes, Bertha tenía 38 años. Desde muy joven se había mostrado interesada en la compilación de relatos tradicionales, en la misma Alemania primero y en la isla de Malta después. El paisaje social local no tardaría en atraerla. Y la posibilidad de alternar con los mapuches convalecientes, por cuya recomposición ella velaba, constituyó una ventajosa oportunidad para acceder a sus relatos.

Sus compilaciones de relatos y saberes mapuches llegaron a la imprenta en repetidas ocasiones y conforman una importante fuente de información etnográfica repetida y respetuosamente invocada por especialistas hasta la actualidad. Sin embargo, desde la perspectiva aquí propuesta, esos trabajos ofrecen también elementos para analizar la evolución que se produjo en las élites pioneras de la zona con respecto a la consideración del conocimiento indígena.

El pasaje de una a otra fase del proceso moralizante capitalista se hace notorio al confrontar el libro de 1940, Der Medizinmann am Lanin, con un conjunto de textos publicados entre quince y veinticinco años después ([1954] 2006, 1963, 2006a, 2006b). Si se considera este último conjunto de obras, Bertha Koessler parece oficiar apenas como una etnógrafa o folclorista seria que, no sin cierto etnocentris-mo, busca objetividad en su trabajo y que si por momentos falla en ese propósito, es en gran parte debido a que evalúa con ternura o con algún grado de ironía a sus informantes y a que retoca estéticamente los testimonios compilados. En un lenguaje distanciado y profesional, Koessler transcribe y ordena de forma respetuosa cientos de relatos, informaciones y saberes. Al leer su libro de 1940, en cambio, sorprende ante todo el contraste de una prosa vertida en primera persona. La sorpresa sobreviene no sólo porque la autora redactó esta obra implicándose, sino debido a que lo hizo, además, sin disimulo, prodigando apreciaciones de una subjetividad inmoderada. En esta ocasión, no ahorró denuestos hacia los indígenas y repetidas veces se declaró irritada y hasta asqueada ante su presencia. Por momentos, las descripciones consignadas en esa obra temprana lindaban con la carica-turización, y el etnocentrismo que se entreverá en las compilaciones posteriores, en ese libro se manifestó como un flagrante racismo.

En una primera aproximación, varias posibles causas concurren para explicar esta contradicción. Para empezar, la primera edición de Der Medizinmann am Lanin se publicó en 1940, cuando la Alemania nazi, siguiendo los postulados racistas de Ratzel, guerreaba con el objetivo de extender el “espacio vital” de una supuesta “raza superior” sobre el territorio de los pueblos considerados “primitivos”. Probablemente fuera difícil para un alemán, aunque estuviera en la Patago-nia, escapar a ese espíritu de orgullo irracional en su época de mayor delirio. Por otra parte, este libro fue publicado en Argentina sólo en alemán, tanto en su primera edición como en la de 1963. La obra estaba destinada exclusivamente a la colectividad germana en el país (Koessler y Koessler [2003] 2008: 13), por lo que es probable también que la autora se sintiera liberada de los formalismos convenientes y se permitiera un tono más franco ante sus compatriotas. Finalmente, cabe también la posibilidad de que, sencillamente, se haya producido una transformación en la autora. Los años de vecindad con los indígenas, el paulatino acercamiento a su cotidianidad y a sus padecímientos y el progresivo conocimiento de su acervo cultural pudieron haberla sensibilizado modificando genuinamente su apreciación.

Sin impugnar ninguna de esas posibles causas generales, hay un nivel de análisis más detenido que permite precisar otros elementos explicativos. Las hasta aquí mencionadas -el contexto histórico, el público al que las obras estaban destinadas y/o eventuales cambios personales- bien pudieron haber constituido cuestiones determinantes para modificar la templanza o la tolerancia de la folclorista. Pero más allá de esto, es esclarecedor analizar los textos buscando identificar cuáles eran las circunstancias puntuales que la autora no podía describir sin desatar la furia adjetivadora en el primer libro y que, en cambio, tiempo después evocaba de modo sosegado y hasta comprensivo o, directamente, pasaba por alto. Enmarcándolas en esa estrategia analítica, las expresiones despectivas más crudas hacia los indígenas en Der Medizinmann am Lanin se ordenan en tres tipos de situaciones: a) ocasionalmente al explicar métodos de cura y terapéuticas que juzgaba primitivos, supersticiosos y dañinos, b) eventualmente al referir el hermetismo de sus informantes y su renuencia a compartirle secretos, caso en los que describía a los indígenas como seres “primitivos”, “primarios, herméticos y desconfiados”, y c) cuando un interlocutor mapuche hacía una interpelación centrada en reclamos territoriales[43].

En cuanto al primer tipo de situaciones hay que señalar un par de cuestiones. Primero: el libro de marras -que se tradujo al español como El machi del Lanín. Un médico alemán en la cordillera patagónica argentina-, estaba destinado a celebrar la figura de su esposo especialmente desde el punto de vista profesional. Es esperable entonces que en una narración destinada a heroizar el ejercicio de la medicina moderna se menospreciara otros métodos de cura. En consecuencia, Bertha Koessler allí se burla de las medicinas de los mapuches (123), del uso curativo de hierbas (130) y de algunas terapéuticas (193) e ironiza sobre la sabiduría atribuida por sus vecinos indígenas a las curadoras (282). Segundo: sin embargo, contradictoriamente en el mismo libro la autora refiere muchas veces situaciones en las que se muestra admirada por el conocimiento de hierbas medicinales (40, 230-234, 260, 262, 296, 305), se confiesa intrigada por los modos de tratar determinadas afecciones (233), y hasta llega a admitir la efectividad de algunas terapéuticas (302).

Con respecto al segundo caso, en el que se verifican calificaciones desdeñosas hacia los nativos -en las ocasiones en que éstos se niegan a responder sus preguntas y guardan celosamente secretos-, hay también dos aspectos significativos para considerar. Primero: así como la autora se exaspera cuando su curiosidad no es correspondida con una respuesta abierta y atribuye maldad (87), primitivismo (88) o estulticia (193) al laconismo de sus informantes, se alegra cuando ocurre lo contrario -“Me sentí feliz cuando me indicó que le ayude a preparar la medicina mágica. Es un gran secreto, pero esta vez hizo una excepción” (260, ver también 233, 296, 305). Segundo: aunque luego se registre de una manera mucho más cuidadosa, la preocupación por el secreto no es exclusiva a este primer libro. En toda la obra de Bertha Koessler el secreto constituye una obsesión. Si en El machi del Lanín la autora hace emerger una y otra vez el secreto en el relato y lo define como una barrera que desea fervientemente derribar (193) o como un misterio al que busca “asomarse aunque sea fugazmente” pues contiene “fenómenos que aún esperan ser investigados” (303), en sus últimas obras esa preocupación se ha formalizado y empieza a sistematizarse. Koessler arriesga hipótesis sobre las causas de la existencia del secreto entre sus informantes y expone la metodología que utiliza para adentrarse en esos misterios (Koessler [1954] 2006: 31-43).

El último tipo de circunstancias en que la autora no duda en repudiar a sus vecinos indígenas -cuando estos hacen reclamos territoriales- también merece algunas precisiones. Primero: en su libro de 1940, al referir esas circunstancias ella se involucra, se siente personalmente inquieta ante las demandas de tierra -v.gr. “todo en él me resultaba desagradable. Dijo que necesitaban más tierras”(157)-. Segundo: los reclamos territoriales son juzgados desde el ethos capitalista, desacreditando a quien, por ejemplo, “no se cansa de hablar de la tierra, que pertenece a sus gente y que ésta volverá a poseer” (103). Al caracterizar a este pedidor incansable, Koessler lo definió como dueño de un “hermoso campo” que él no utilizaba óptimamente por dedicarse a la vagancia y el robo (105). Tercero: en las últimas obras los reclamos territoriales no sólo no parecen irritar a la autora, sino que los entiende como legítimos, aunque de imposible solución.

Así desglosadas, las circunstancias que primero ofuscaban a Bertha Koessler y la evolución que se verifica en su obra posterior en el modo de percibirlas o, al menos, de describirlas, pueden ordenarse de modo inteligible. Lo que aparentemente constituía una incoherencia o una simulación, se torna comprensible contextualizándolo en el marco histórico del pasaje de la primera a la segunda fase de la operación moralizante.

Entre 1920 -cuando la autora y su marido se establecieron en los Andes neuquinos- y 1940 -cuando publicó Der Medizinmann am Lanin- las élites pioneras aún dudaban sobre el carácter concluyente de la sumisión de los indígenas. Los conocimientos y las prácticas que entre éstos posibilitaran arribar a soluciones de modo autónomo debían, por lo tanto, sancionarse, censurarse o, al menos, controlarse:

Cuando interrogamos a la india acerca del hechizo [consistente en una cura celebrada con cantos rituales acompañados por la manipulación de un manojo de geranios] y le prohibimos que siguiera practicándolo, nos arrojó una mirada torva que nos pareció maliciosa pero quizá no fuera más que de total perplejidad. Debió sentir que había obrado mal al dejarse arrebatar por los blancos un conocimiento secreto, aunque antes era ‘conocido por todos’. La gran virtud del indígena es su discreción. Quizá creyó que había cometido una traición. Luego pareció tranquilizarse al ver que no reaccionábamos con burlas sino con interés, movidos por el deseo de conocer más leyendas y mitos de su gente [...] no se mostraba dispuesta a revelarlo (193-194, énfasis añadido)

La estructura de este párrafo es elocuente. En primera instancia el médico y su esposa, la futura folclorista, preguntan a la india. Esta responde. El matrimonio alemán le prohibe entonces que continúe practicando su hechizo. Seguidamente la sancionada se muestra fastidiada y arrepentida de su confidencia. Ha cometido el error de revelar un secreto que antes era conocido por todos. Luego parece tranquilizarse al ver que no reaccionan con burlas sino con interés. Sin embargo, este interés ya no será retribuido con más revelaciones. Infructuosamente, Bertha tratará de “sonsacar historias a la mujer” (194) pero finalmente deberá desistir de su intento -que se extendió por varios días- y admitir que no había logrado “trasponer la barrera que [las] separaba” {ídem). La génesis del secreto indígena -ese objeto de deseo que guiará toda la obra de esta autora- es en gran parte producto de una estrategia para evitar la intromisión restrictiva de los miembros de la sociedad hegemónica y las sanciones sociales derivadas.

La preocupación de Bertha Koessler por develar y publicar esos secretos se irá consolidando a medida que se convenza de que sus vecinos indígenas han dejado de ser peligrosos para el orden social moderno y capitalista y a medida que, consiguientemente, empiece a considerarlos en una situación de debilidad tal que fatalmente implicará su desaparición. Entonces, ya no será necesario prohibir, y ella asumirá la misión de “salvar del silencio definitivo” los saberes, los relatos y los conocimientos de los indígenas ([1954] 2006: 15).

Así también, esos reclamos por la tierra que la irritaban en sus primeros años de vida en la aldea pasarán paulatinamente a ser un dato contemplado con melancolía y hasta con piedad, pero sobre todo (y tal vez por eso mismo) con la seguridad de que no implican ya una amenaza.

El límite de la moral capitalista: la industrialización

Cabe aclarar, finalmente, que lo largo de todo este proceso moralizante, aún en su primera fase, persistió la revisión sistemática sobre el conocimiento de los indígenas con el fin de detectar elementos que se pudiera incorporar a la industria. Los mismos salesianos, que hacían un desprecio tan explícito por los “brevajes” (sic) (Paesa 1967: 295) demoníacos con los que se curaban los indígenas, desarrollaron una metódica curiosidad sobre esas prácticas curativas. Entre las memorias de los sacerdotes que llevaron adelante las misiones volantes en la Patagonia durante finales del siglo XIX y apenas iniciado el siglo XX se encuentra un manuscrito en el que se describe más de doscientas cincuenta especies vegetales cordilleranas[44]. Al puntualizar las características de las hierbas, en repetidas ocasiones se mencionan los potenciales usos industriales de las plantas (medicinales, tintóreos, alimenticios, etcétera).

CONCLUSIÓN

Entre las “leyendas” compiladas por Bertha Koessler-Ilg hay una referida al modo en que Mollfün Manke, el antiguo jefe de la dinastía Painefilú, condujo a su gente a la victoria sobre los huirica y sus aliados mapuche (Koessler 2006a: 127 y ss.). Según narró un cacique del fofPainefilú a Koessler, ante la inminencia del ataque de las tropas del ejército argentino, una “muy anciana y gran vaticinadora” llamada Dugul We aconsejó sagazmente a Mollfün Manke. Luego de una “fatigosa conversación con el dios”, la anciana supo transmitir al líder una estrategia que le garantizó el triunfo. En primera instancia, le indicó el camino secreto que conduce a una cueva oculta, “la gruta del nawel que llora”. Una vez que llegara a la gran gruta, Mollfün Manke hallaría un mapa trazado sobre la roca de la pared trasera, le explicó la machi. El gráfico demarcaba en color negro el itinerario conveniente para el contraataque y advertía, con una línea roja, los movimientos que efectuaría el enemigo. El líder siguió exactamente estos consejos. Su triunfo fue extraordinario.

Según escribió Koessler, su informante -por entonces líder político del lof Painefilú- le explicó que todos los miembros de la comunidad conocían la ubicación de esa cueva, pero que nadie sabía leer el mapa porque para hacerlo era necesaria una inspiración trascendental excepcional. Sin embargo, informaba el cacique, la interpretación de ese mapa “no pertenece más al pasado que al futuro” (130). Aunque ya no fueran legibles, los signos del mapa cobrarían inteligibilidad cuando las circunstancias futuras lo demandaran. Por eso la ubicación de la cueva era transmitida cuidadosamente de padres a hijos. Y por eso también, se cuidaban bien de que “los blancos que nunca pueden dominar su curiosidad” no conocieran la ubicación de la cueva.

Esta narración liga la soberanía pasada y futura al resguardo de un secreto. El hecho de que el secreto sea un mapa del propio territorio y que no sólo represente al espacio sino que también signifique al tiempo, dado que anticipa los movimientos futuros, lo constituye en una cartografía totalmente orientadora.

La historia del mapa secreto del lof Painefilú expresa la antítesis de la baqueanía tal y como se analizó aquí. El conocimiento territorial es lo que garantizó el éxito militar de Mollfün Manke. Pero no consistió en un conocimiento arrancado por la tortura al enemigo, sino que lo obtuvo de los dioses mediante rogativas. No se trató tampoco de un conocimiento para conquistar, sino para defender a los hijos del linaje Painefilú.

Cabe señalar que el lof Painefilú está ubicado en la zona donde el comandante Godoy fusiló al baqueano que lo hacía errar y que permitía así la huida de los perseguidos. Tal vez ese fallido itinerario del comandante fuera uno de los que previo la línea roja del mapa secreto.

SECRETO Y CIENCIAS SOCIALES

En las Ciencias Sociales, la discreción, el hermetismo y el secreto constituyen un tema revisitado periódicamente. En la actualidad existen dos tendencias antagónicas al respecto. Una es apologética y la otra crítica. Dentro de la primera línea de interpretación existe un amplio abanico que abarca desde posiciones radicales, que abogan por un hermetismo de ribetes esencialistas, hasta perspectivas más moderadas que reivindican el valor del secreto como elemento de cohesión en comunidades subalternas y como una potente forma de resguardar conocimientos significativos.

La perspectiva crítica considera, en cambio, que el secreto es una práctica social corrosiva que obedece a tácticas egocéntricas o etno-céntricas y que desemboca en persecuciones a investigadores bienintencionados, que complica el trabajo de los repositorios culturales y alimenta una autopercepción esencialista y fanática entre sus cultores. Dentro de esta corriente se argumenta que si bien puede ejercer cierta protección sobre algunos conocimientos, el secreto también suele derivar en la pérdida de esos saberes cuando se suscita la muerte de sus escasos custodios (Brown 2003).

Aunque contenga perspectivas tan adversas, el panorama así reseñado -de modo muy reduccionista, está claro- comparte una característica: asigna al secreto el centro de su atención. El problema con estos enfoques es que el secreto fácilmente deviene fetiche. Dado además que, por definición, constituye un límite al conocimiento, la curiosidad metódica del cientista social podrá tentarse tanto por develar su misterio como por incrementarlo.

Aquí se propuso en cambio estudiar al secreto sin necesidad de develarlo. Sólo se lo consideró un eslabón en un proceso mayor: el despliegue de la mercantilización del territorio y la seguida operación moralizante capitalista. Esos fueron los objetos de estudio. Entonces se demostró que el secreto resultó ser un dispositivo de agencia, es decir, una estrategia gracias a la que los sectores devenidos subalternos pudieron readaptarse al nuevo escenario social adverso[45]. Sin embargo, esta adaptación es apenas defensiva y de efectividad limitada, dado que relega a un ámbito íntimo clandestinizado elementos considerados cruciales para la propia identidad.

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Profesor (2007, Universidad Nacional del Sur) y licenciado (2010, UNS) en His¬toria. Doctorando en Historia. Departamento de Humanidades, UNS e Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro. Becario del programa CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social 2009-2012 para investigadores de América Latina y el Caribe en el Concurso "Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual", categoría Iniciación a la investigación (2012).↵

Aunque se expresen en clara confrontación, los dos modos de concebir el territo¬rio no constituyen epistemologías espaciales auto-contenidas, totalmente discretas y diferenciadas, sino que normalmente se articulan, más bien, como formas de cono¬cimiento vivas y, en tanto tales, abiertas y ávidas por el intercambio. Sin embargo, el marco de la conquista estructura una escena de disputa simplificada en la que se torna flagrante el modo utilitarista en que el conocimiento indígena es auscultado por los colonizadores.↵

En otro sitio he tratado el caso de los viajeros y cronistas con respecto a su utili-zación de baqueanos (Arias 2010: 24-26)↵

AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, fojas 136 a 138, Informe de Nicolás H. Palacios a Villegas, 3a Brigada, Campto. en marcha, Río Limay al Norte, 26 de enero de 1883.↵

4 Es necesario mencionar aquí que estas campañas contaron además con el auxilio de pelotones conformados por "indios amigos". No es correcto hacer análisis que consideren como un todo homogéneo a una población inmensamente diversa como era la de los pueblos patagónicos antes de la conquista. Sin embargo, el fenómeno que se describe aquí consiste en la utilización como baqueanos de prisioneros tomados en combate.↵

5 El uso de la violencia extrema sobre los prisioneros para obtener información fue discutido en el seminario extracurricular "Violencia y atrocidad: el choque de culturas militares en el extremo meridional de América (siglos XVII-XLX)." dictado por el Dr. Juan F. Jiménez durante 2011-12 en el Departamento de Humanidades Universidad Nacional del Sur.↵

6 AGN, Sala 7, Legajo 1162, Archivo del general Lorenzo Vintter, Correspondencia 1884, Carta del general O'Gorman a Lorenzo Vintter, desde General Roca, 17 de julio de 1885.↵

AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Foja 112, Informe de Rosario Suáres a Conrado Villegas, Campamento en las tolderías de Sayhueque, Campo de Calquetepuen, 20 de diciembre de 1882.↵

8 AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Fojas 112 y 113, In¬forme de Rosario Suáres a Conrado Villegas, Campamento en las tolderias de Sa¬yhueque, Campo de Calquetepuen, 20 de diciembre de 1882.↵

9 Durante las campañas contra los indios las columnas iban engrosándose con con¬tingentes de prisioneros. Las condiciones de vida de los capturados eran infrahuma¬nas. Subalimentados, obligados a trasladarse por distancias extensísimas, azotados por sus captores, habiendo sufrido pérdidas familiares, arribaban en grupos diezma¬dos a los sitios de detención donde eran repartidos (Mases 2010)↵

idem ↵

AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Fojas 118, Informe de Rosario Suáres a Conrado Villegas, Campamento General en la Costa del Arroyo del Triunfo, Campos de Chinque-Nieu, 25 de diciembre de 1882.↵

ídem, énfasis añadido.↵

13 Cabe aclarar que tampoco accederá a aprehender a Sayhueque en esta campaña. Aunque no constituye el tema de nuestro análisis, es necesario mencionar que una reconstrucción de esta travesía pareciera indicar que Guaycaleo en realidad facilitó la huida del perseguido, quien se entregó por motu proprio años después.↵

14 AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Fojas 119, Informe de Rosario Suáres a Conrado Villegas, Campamento General en la Costa del Arroyo del Triunfo, Campos de Chinque-Nieu, 25 de diciembre de 1882.↵

ídem ↵

En el Proyecto de Ley para la creación del Patronato Nacional de indios se con¬signaba entre los objetivos principales el de "Inculcarles las nociones de la propiedad privada individual", AGN, Fondo Isidoro Ruiz Moreno, Legajo 3095, folio 20↵

Este hecho es invocado en el ámbito regional para desautorizar los reclamos te¬rritoriales de los mapuche. Sin embargo, es necesario aclarar que la intensidad y la frecuencia de los enfrentamientos entre distintas parcialidades indígenas fue azu¬zada por la sociedad hispano-criolla primero y argentina y chilena después (Villar y Jiménez 2003).↵

18 Carta enviada por Mariano Reuquecura a Villegas el día 11 de junio de 1882, AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Foja 100.↵

19 Carta enviada por Sayhueque a Miguel Linares el día 7 de julio de 1879 desde el río Caleufú, AGN, Sala 7, Legajo 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Foja 385.↵

Carta enviada por Sayhueque a Alvaro Barros el día 26 de mayo de 1880 desde el río Caleufú, AGN, Sala7, 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Foja 428.↵

Apenas unas páginas después de hacer esta afirmación, Napp escribe: "Los Indios salvajes ó habitantes primitivos que andan errantes por estos territorios, han sido calculados en 93.291 por el censo" (29).↵

Esta apreciación hecha por el autor es inexacta.↵

Carta enviada por Ricardo Napp a Julio A. Roca el día 19 de Marzo de 1885. AGN, Sala 7, Archivo Roca, Legajo 1272.↵

24 Su estancia en el margen del Río Negro fue visitada por George Chaworth Mus-ters (1871, 317) en su expedición trans-patagónica. En 1887 adquirió un inmueble en Patagones, que alquiló hasta su muerte al Banco Nación. Hacia el año 1900 To¬mas Kincaid contaba también con 10.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz (Boletín Oficial de la República Argentina, Año VIII. - Núm. 2128, 7 de Octubre de 1900, 3877).↵

25 Carta enviada por Edward T. Mulhall a Julio A. Roca el día 12 de enero de 1884 desde la Imprenta del Standard, AGN, Sala 7, Archivo Roca, Legajo 1264.↵

"Kincaid es el Hernando Cortez del Rio Negro y creo que no hay otro hombre en la República mas capaz de establecer una colonia Inglesa en los Andes que él - Será un verdadero triunfo si el puede llevar a cabo pero todo depende de su poderosa protección - Que dirá nuestros sucritores en Inglaterra y Irlanda cuando leen que un Escoses ha formado estancia en Junin de los Andes - el espíritu de Pizarro y de Garay me inspira cuando pienso de tal magnifica marcha del país-" (Ibídem).↵

AGN, Sala7, 723, Fondo Carranza, Archivo Villegas, Foja 228, s/f.↵

28 De allí también, además del chauvinismo propio de la retórica heroica de la historiografía nacionalista, que se subraye el sacrificio, el esfuerzo, las penurias, el es¬toicismo de los soldados. Su esfuerzo -regar con sangre la tierra- es señalado repeti¬damente como una laboriosa fecundación: la producción de una mercancía.↵

Las "mercancías ficticias" -tierra, capital, trabajo- de Polanyi son los denominados "factores de producción" desde Adam Smith, pero también se los menciona como "bienes fértiles" (Attali 1988), o "propiedades productivas" (Pipes [1999] 2002).↵

30 Se estima que el uso moderno de la expresión "propiedad intelectual" como re¬ferente de un campo determinado surgió, probablemente, con la fundación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en el inglés original) por las Naciones Unidas en 1967. Poco después, el uso se extendió siendo adoptado por varias organizaciones, tales como la American Patent Law Association y otras, que modificaron sus nombres (la asociación mencionada, por ejemplo, pasó a denominarse American Intellectual Property Law Association). Hubo usos anterio¬res de esa expresión, sobre todo en los Estados Unidos, pero no referían todavía a un enfoque unificado y autónomo (Lemley 1997: 873).↵

31 Bajo este rótulo se discuten cuestiones tales como la apropiación de conocimien¬tos en el ámbito etnográfico, los monopolios de las industrias culturales en el artís¬tico, la privatización de derechos sobre la vida a nivel de la bioética, y las crecientes restricciones en Internet.↵

De modo sintético podemos considerar la siguiente periodización en cuanto a la historia de las patentes: 1) En Inglaterra se desarrolla una legislación protectora de los intereses de los productores durante la Revolución Industrial. 2) Durante la Revolución Francesa se consolida la legitimación liberal de la propiedad privada, relacionándose desde entonces la noción de patente a la protección de la libertad capitalista. 3) Las patentes se transforman en una herramienta de los países industrializados para detener la transferencia tecnológica descendente y para garantizarse el monopolio sobre los conocimientos obtenidos en el resto del mundo. 4) En los Estados Unidos, durante el despegue de su industrialización, surge la idea de que las patentes constituyen un incentivo para estimular y recompensar la creatividad de individuos. 5) Desde el siglo XDÍ en Argentina se establece un sistema de patentes que no se plantea el objetivo de estimular y proteger la inventiva de individuos sino que intenta atraer capitales extranjeros garantizándoles privilegios (Vidaurreta 2007). 6) El advenimiento del capitalismo financiero da lugar a una nueva fase en la que surgen las "Sociedades Anónimas" y el "nombre comercial" (Sadaba 2008: 47). 7) En el siglo XX los titulares de DPI pasarán a ser corporaciones. 8) Por último, durante el ciclo neoliberal, se producirá la gtobatización de los DPI. Caracteriza a este período el establecimiento de instituciones supranacionales como la WIPO, que buscan extender y homogeneizar la legislación sobre patentes. La idea de propiedad intelectual se extiende hasta incluir derechos sobre la vida, sobre conocimientos indígenas, y sobre software.↵

Según Edward Casey "Devastado deriva del latín vastare, arrasar. Vastus signifi¬ca 'tierras desiertas, baldías, desocupadas'. Vastus, palabra relacionada pero no pre¬cisamente sinónima, significa 'vacío, vacante, inmenso, extenso'; como sustantivo, significa 'un espacio vacío o inmenso'. De tal modo, arrasado y vasto confluyen en la palabra compuesta devastado." (Casey [1993] 2009: 367, mi traducción)↵

AGN, Archivo Villegas, Fondo Carranza, cartas dirigidas por Reuquecura, Sa-yhueque, Inacayal, Ñancucheo a los jefes del ejército.↵

V. gr. José Quilaleu, tercianero y Quentrequi, puestero.↵

Bailey Willis llegó a Argentina integrando el equipo del antropólogo checo Ales Hrdlicka, que tuvo el objetivo de estudiar los hallazgos en virtud de los que Florenti¬no Ameghino planteaba la teoría del origen americano del hombre. En esa ocasión, el geógrafo conoció a Ezequiel Ramos Mexía, funcionario argentino que lo convocó para hacer un relevamiento sobre la disponibilidad de agua en la Patagonia y para diseñar el trazado de vías para un servicio ferroviario transpatagónico. Luego se le extendió el contrato encomendándole el diseño de redes viales que articularan la cordillera de norpatagonia. Trabajó en la zona entre 1911 y 1915. Su trabajo fue presentado oficialmente en dos tomos (Willis 1914, Tomo 1 y 2)↵

Hay quienes subrayan la militancia conservacionista de bosques de Bailey Willis.↵

38 Emilio Frey topógrafo argentino subdirector del equipo liderado por Bailey Willis explicaba la conveniencia decidir un tramo del paso cordillerano hacia Chile considerando los movimientos acostumbrados. AGN, Sala 7, Fondo Ruiz Moreno, Legajo 3093, Foja 088, 1° de noviembre de 1914. El informe en el que se recomienda, tramo por tramo, el itinerario conveniente entre "El Arco" y "Puerta Nueva", propone seguir caminos ya utilizados. AGN, Sala 7, Fondo Ruiz Moreno, Legajo 3095, Foja 025.↵

Delrio ha denominado a esta etapa posterior a la conquista, en la que las comuni¬dades buscan sitios donde asentarse, "Largos peregrinajes" fechándola entre los años 1885 y 1904 (2002: 83 y ss.)↵

AHMSP, SDB PAT - PAE 1, Pascual R. Paesa, "Los indígenas patagónicos hacia 1879 según la documentación misionera salesiana, s/f, foja 25.↵

Ídem, foja 24.↵

Habrá también otras circunstancias que Koessler refiere de modo desdeñoso pero que son caracterizadas más amablemente y en tono anecdótico: a) la supuesta pro¬pensión al consumo incontenido de bebidas alcohólicas a la que daba una explica¬ción racista, no social, y b) la supuesta falta de aseo, cuyo señalamiento la ubicaba por encima respecto de los descritos. Mientras que en los tres primeros casos caracte¬rizaba a los sujetos mencionados con categorías denigrantes y se mostraba indignada ante los episodios cuyo protagonismo les endilgaba, al evocar situaciones de estos últimos dos tipos de casos, representaba a los sujetos como niños y se valía de un tono narrativo burlesco y del humor.↵

AHMSP, E (5) E: "Elenco di pianti medicinali che si trovano nette cordigiiera argentina e chilena e sue principab proprietá..." El documento no posee la indicación precisa de su fecha de redacción ni está firmado. En el archivo se asigna su autoría a Zacarías Genghini quien estuvo en los Andes neuquinos entre 1900 y 1933. En 1918 se elaboró una edición castellana, con muy pocas diferencias respecto a este manuscrito, impresa sin datos del compilador (AHMSP, SDB Pat. M 1).↵

Excede el marco de este trabajo otro tema distinto, aunque claramente relaciona¬do: el recurso del secreto entre las comunidades mapuche antes de la conquista.↵