Miradas sobre Cuba

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Miradas sobre Cuba

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales OSAL Observatorio Social de América Latina

Año XIV N° 36/ publicación semestral / Diciembre 2014

Editor

Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Director

Massimo Modonesi

Secretaria de redacción

Luz Estrello

Comité de redacción

Luz Estrello, Massimo Modonesi, Mina L Navarro, Manuel Ortiz

Comité Editorial

Guillermo Almeyra (Argentina), Rolando Álvarez Vallejos (Chile), Luciano Concheiro Borquez (México), Julio César Guanche (Cuba), Massimo Modonesi (México), Dunia Mokrani (Bolivia), Lucio Oliver Costilla (México), João Mareio Mendes Pereira (Brasil), Franklin Ramírez Gallegos (Ecuador), Julián Rebón (Argentina), Agustín Santella (Argentina), Carlos Abel Suárez (Argentina)

Consejo consultivo

Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Haití], Margarita López Maya [Venezuela], Carlos Walter Porto Gonçalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal], Joan Subirats [España], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valdês [Cuba]

Escriben en este número

Julio César Guanche. Pablo Rodríguez Ruiz, Boris Nerey. Julio Antonio Fernández Estrada. Ailynn Torres Santana. Diosnara Ortega González. Dmitri Prieto Samsónov. Isbel Díaz Torres. Raúl Garcés. Alejandra González Bazúa. Armando Bartra. Daniel Inclán. Julián Rebón. Marcelo Badaró. Ana María Osório López. Juan Esteban Franco Jaramillo. Sebastián Pérez Arbeláez Jaime Rafael Nieto. Lorena Bottaro. Marian Sola Álvarez. Roberto Agustín Follari.

Abstracts: María Vignau Loria

Fotos: Alejandra González Bazúa

Informes

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Diseño y Producción:

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Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO Copyright Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ISSN: 1515-3282

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La revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) es indizada en Directory of Online Access Journals <www.doaj.org>. Directorio Latindex <www.latindex.unam.mx>,Unesco Social and Human Science Online Periodicals <www.unesco.org/shs/shsdc/journals/ shsjournals.html>. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe <www.dacso.org.ar/biblioteca/revistas>, Latin Americanist Research Resources <http://lanic.utexas.edu/larrp> e Hispanic American Periodicals Index <http://hapi.ucla.edu>,

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Dirección Nacional del Derecho de Autor: Expediente No 641.603

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Secretario Ejecutivo: Pablo Gentili

Directora Académica: Fernanda Saforcada

Área de Acceso Abierto al Conocimiento y Difusión Coordinador Editorial: Lucas Sablich Coordinador de Arte: Marcelo Giardino

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais

EEUU 1168| C1101 AAx Ciudad de Buenos Aires | Argentina Tel [54 11 ] 4304 9145/9505 | Fax [54 11 ] 4305 08751 e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org

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Sumario

Editorial. Massimo Modonesi

Miradas sobre Cuba

A propósito de la relación entre política y economía. Julio César Guanche

Las reformas cubanas: imaginarios, contestaciones y miradas críticas. Dmitri Prieto Samsónove e Isbel DíazTorres.

La actualización del modelo y la (des) actualización de la prensa: consensos, disensos y silencios mediáticos en torno a la Reforma cubana. Raúl Garcés

Actores económicos y ¿sujetos de la política? La reforma cubana y los trabajadores autónomos. Ailynn Torres Santana y Diosnara Ortega González

Notas para una aproximación a la cultura del rebusque en Cuba. Pablo Rodríguez Ruíz

El nuevo Código del trabajo.Trabajo y reforma. Boris Nerey

Marco institucional de protección de la ciudadanía ante las consecuencias de la reforma. Julio Antonio Fernández Estrada

Una polémica rizomática. Más allá de la discusión coyuntural originada en torno a una entrevista a Leonardo Padura en La Nación. Alejandra González Bazúa

Debate

Rejuvenecer la protesta. Armando Bartra

Derivas urbanas latinoamericanas: anestesia y control social (aproximaciones teóricas). Daniel Inclán

Experiencias latinoamericanas

La legitimidad social de las formas de lucha. Una aproximación a partir de la investigación por encuesta. Julián Rebón

As lutas da classe trabalhadora no Brasil dos”mega-eventos”. Marcelo Badaró

El ciclo de protestas sociales en Colombia y la movilización agraria. Ana María Osório López, Juan Esteban Franco Jaramillo, Sebastián Pérez Arbeláez y Jaime Rafael Nieto.

La promoción del modelo minero en contextos subnacionales. Un recorrido analítico por las provincias de La Rioja y San Juan, Argentina. Lorena Bottaro y Marian Sola Alvarez

Aportes al pensamiento crítico

Ernesto Laclau: variaciones sobre el populismo. Roberto Agustín Follari.

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Editorial

Cuba, qué difícil es Cuba, a quien la defiende le duele más

Massimo Modonesi

La revolución cubana como acontecimiento y como proceso, como movimiento emancipador y como institucionalización socialista, ha acompañado a la izquierda latinoamericana en su reflexión sobre sí misma. En los años heroicos, como estrella polar que orientaba e iluminaba el camino, en los años de la derrota y del reflujo, como trinchera defensiva o como refugio ideológico. En los años del repunte, la década de los movimientos populares y los gobiernos progresistas, el modelo cubano quedó superado aunque el mito siga vivo en la memoria y, por lo tanto, ronde las ideas de socialismo que circulan por la región. Al mismo tiempo, desde hace unas décadas, Cuba duele y duele más para quienes siguen defendiéndola como nación soberana frente al acoso imperialista, quienes defienden la Revolución como ideal concreto y como un horizonte o campo de búsqueda de caminos anticapitalistas o los que están convencidos que allí se logró, a pesar de las dificultades, realizar el o un socialismo y, por lo tanto, hay que apuntalar, sostener y fortalecer el orden existente.

Pero el socialismo cubano duele porque sigue, por más de cincuenta años, asediado. Duele porque su población sufre y, aunque haya aprendido a sufrir sin perder el sentido del humor, ningún socialismo puede florecer en medio de las carencias materiales, ni a costa de los principios de libertad y de autodeterminación colectiva e individual.

Aún asumiendo la debida y disciplinada postura antiimperialista -con la correspondiente solidaridad práctica-, es difícil no sentirse incómodos respecto de una realidad que, a diferencia de lo que irradiaba en la década del sesenta y setenta, no aparece como un escenario de esperanza sino de resistencia, de estoico aguante en medio de un mar de dificultades objetivas, económicas y políticas, de origen externo e interno. Además cuando, como en la actualidad, se abren escenarios de cambio que apuntan a dinamizar la economía como apuesta de sobrevivencia y de desarrollo, las reformas apuntan a introducir más elementos de mercado y de capitalismo y con ellos vislumbran, aun en el escenario de su éxito en clave macroeconómica, la profundización de brechas de desigualdad, de prácticas de corrupción y la acumulación de riqueza y de poder por parte de grupos y sectores, nacionales e internacionales, cuyo proyecto es claramente el de convertirse en amos y dueños del país. En estas apuestas, amén de la ausencia de iniciativas oficiales que apunten a la autogestión y la liberalización política para impulsar un pluralismo socialista a través de dinámicas de politización autónomas -único recurso a mediano-lar-go plazo para sostener un horizonte socialista-, aparece el fantasma de la derrota ideológica y la sombra del modelo chino: autoritarismo político y liberalismo económico. Como debería resultar obvio a estas alturas de la historia, el socialismo difícilmente será obra de burócratas y empresarios, ni de su alianza ni de su lucha por el poder.

Por ello Cuba duele y, aun defendiéndola o, mejor dicho, para defenderla mejor, es necesario abrir el debate y el espacio de la crítica. En esta dirección, en este número de OSAL publicamos un dossier coordinado por Julio César Guanche, destacado intelectual cubano y colaborador de nuestra revista.

Quisiera aprovechar este espacio para anunciar que con este número se termina mi ciclo como director (nueve números desde el 2010). Me despido deseándoles, una vez más, que tengan una buena lectura.

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Miradas sobre Cuba

A propósito de la relación entre política y economía

Las reformas cubanas: imaginarios, contestaciones y miradas críticas

La actualización del modelo y la (des) actualización de la prensa: consensos, disensos y silencios mediáticos en torno a la Reforma cubana

Actores económicos y ¿sujetos de la política? La reforma cubana y los trabajadores autónomos

Notas para una aproximación a la cultura del rebusque en Cuba

El nuevo Código del trabajo. Trabajo y reforma

Marco institucional de protección de la ciudadanía ante las consecuencias de la reforma

Una polémica rizomática. Más allá de la discusión coyuntural originada en torno a una entrevista a Leonardo Padura en La Nación

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A propósito de la relación entre política y economía

Julio César Guanche

Miembro del Consejo Editorial de la revista OSAL.

Compilador del dossier.

Dentro de cinco años, el triunfo de 1959 arribará a su 60 aniversario. Sesenta años es bastante tiempo. El proceso soviético duró apenas quince años más. Es imposible vaticinar cómo recibirá Cuba el 1 de enero de 2019, pero existen algunas certezas. Entre ellas, sobresale una: los representantes de la generación llamada “histórica”—en verdad, todas las generaciones son asimismo “históricas”— vivos para esa fecha tendrán cerca de 90 años. Por otra parte, Raúl Castro, cuando limitó a dos periodos el mandato de los más altos cargos representativos de la nación, impuso a su gobierno el tope de 2018. Entre una razón y otra, nadie que habitase la isla a la caída de Gerardo Machado (1933) podrá ya conducir el rumbo nacional.

Es un escenario novedoso, aunque no sea terra incognita. El país ha vivido ya sin Fidel Castro. La salida del poder del líder revolucionario fue imaginada por décadas como el anuncio de cambios sísmicos en el mapa del país. Lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy ha comportado cambios, pero bastante alejados de la escala de los terremotos. A su vez, la sucesión de Raúl Castro parece haber sido asumida en las máximas esferas de decisión como un evento planificado en el que ocupen el poder los siguientes en la jerarquía institucional. Dado el nivel de problemas acumulados en la sociedad cubana, de conflictividades y tensiones que encuentran escasos canales de circulación y procesamiento, todo ello unido a la muy diversa localización, ideológica y geográfica, de los actores sociales y políticos interesados en el carácter del régimen político cubano, es una apuesta situada en la escala de lo posible, aunque interpretada en clave optimista.

Esa imaginación, entrenada en hacer política bajo control, en tanto administración de las cosas, sobredimensiona la capacidad de planificar y regular circunstancias, y no encara como posibilidad que la política adquiera dinámicas que, si bien sigan trayectorias de dependencia condicionadas por su historia, también dejen abierto el cambio súbito que desestabiliza las formas anteriores de control y/o legitimidad. Entre los datos que no toma en cuenta esa planificación del futuro se encuentra el número de cubanos que, dentro y fuera de Cuba, viven ya sin Raúl Castro, esto es, que hacen su vida por “cuenta propia”. Si un número determinado de personas no encuentran vínculo entre el sistema político insular y su forma de vivir —o lo encuentran no satisfactorio— es contradictorio hacer descansar la legitimidad de un cambio sobre las mismas bases que son criticadas.

Durante estas seis décadas, Cuba ha sido una excepción en muchos campos respecto a América latina. Con frecuencia, ha sido una nota a pie de página que consigna la diferencia cubana con la media regional, ora porque los indicadores nacionales sean superiores, por ejemplo en escalas de medición de salud y educación, ora porque no se dispone de datos para la comparatística, o bien porque la estructura política institucional es de una singularidad tal que la hace inconmensurable con la existente en el resto del continente, sea propia de procesos de derecha, de centro o de izquierda. Tradicionalmente, el discurso oficial cubano ha hecho uso de dicha excepcionalidad como celebración narcisista de su diferencia. Sus críticos la emplean para lo contrario: mostrar cómo el país se ha quedado patológicamente “atrás”. Un hecho parece irrebatible: existe una asincronía entre Cuba y América latina que se expresa, entre otros lugares, en el tipo de problemas debatidos en la isla y, sobre todo, en la imaginación de los discursos y las prácticas que buscan darles respuestas. Por lo mismo, ha sido escasamente percibido cómo, en varios aspectos (algunos de ellos son tratados en el presente dossier), Cuba se parece a América latina en la medida en que comparten un rango de problemas similares.

Con todo, la asincronía ha sido captada también por el discurso oficial cubano, que llama “actualización”al proceso de modificaciones experimentado en el país desde 2008. Se trata de una búsqueda de puesta al día cuya referencia no es tanto la “política” de contenido socialista más contemporánea, sino la”práctica”que resulte eficaz para encarar los problemas propios y del sistema de relaciones en que el país debe insertarse. El foco de esos problemas “prácticos” ha sido ubicado en la “economía”. La reforma/actualización cubana se presenta como una intervención sobre la organización de la economía que, también ella, afirma que progresará sin estar conectada a cambios en el modelo político. Como se ha dicho expresamente por funcionarios a cargo de la “actualización” este último ámbito no experimentará reformas.

La escisión entre economía y política está firmemente asentada en la imaginación desde la cual se dirige el país. El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, principal instancia de decisión de ese organismo, se dedicó por entero a”la economía” mientras que”la política”fue atendida tiempo después en una “Conferencia Nacional” conclave de inferior jerarquía en el diagrama de autoridad partidista. Hoy el discurso oficial cita de modo continuo los “Lincamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” aprobados en el Congreso —al punto que ese documento hace las veces de Constitución, mientras la vigente Carta Magna espera pacientemente por ser reformada y las incongruencias con su texto se cobijan bajo el rótulo de “experimentos en curso”-. En contraste, no existe referencia alguna a los acuerdos tomados en aquella Conferencia.

Diversas posiciones entienden que poder separar la política de la economía es un logro largamente ansiado para el contexto cubano. Sería un paso necesario en tanto evita la enorme interferencia que ha sido infligida a la economía, misma que ha comprometido sus resultados de eficiencia a manos de una planificación altamente burocrática. Al propio tiempo, la celebración de la separación entre economía y política dice mucho sobre el marxismo oficial cubano, que desconoce un hecho crucial: afirmar esa separación es renunciar ya no al contenido crítico del marxismo sino también a la posibilidad de una democracia que sea expansiva, al unísono, en lo que respecta a los derechos políticos y a los sociales, culturales, ecológicos, etcétera.

Dicha premisa desconoce las reelaboraciones institucionalistas y marxistas sobre la relación entre Estado y economía. Para los institucionalistas, el Estado y el mercado no son modos diferentes de organización de la actividad económica, sino esferas de actividad mutuamente constituyentes. Si el problema del desarrollo es crítico para la teoría del Estado, este se obtiene de la construcción de sinergias entre Estado, economía y sociedad civil, y no de agregar más o menos “interferencia” estatal. Para los marxistas, no hay nada que pueda ser llamado”economía”que no se constituya desde el mundo de la “política”: el mercado (sea el inmobiliario, el financiero, el de fuerza de trabajo, o el “mercado”a secas) es resultado de la sucesiva intervención estatal y de la creación, también desde la “política” de las condiciones materiales y legales necesarias para su existencia y despliegue.

Si se atiende a la democracia, la relación entre economía y política resulta clave para construir la dependencia entre la libertad política y la capacidad de controlar los medios materiales necesarios para la existencia personal y social. La libertad tiene fundamentos materiales, no sólo políticos. Sin un umbral de igualdad social, o de independencia material, es impracticable la ciudadanía. A través de la politización de la “economía”se hace posible complementar la dimensión formal de la ciudadanía con la dimensión material de esta relación política, colocando como un problema político —y como una responsabilidad ciudadana y estatal— la exclusión y la desigualdad sociales.

Son tesis distintas a las liberales, que encuentran en la disociación entre política y economía la manera de proteger a ambas: si la política no interviene en la economía no limita la expansión del mercado y la producción capitalistas; y si la economía no interviene en la política es porque esta se procesa ya entre ciudadanos “iguales”. Por ese camino, el problema para el liberalismo es el imperium, el exceso de poder político concentrado, que promete dispersar, pero no el dominium, el poder nacido de ámbitos “privados” de decisión, como la hacienda terrateniente o la empresa capitalista. En ello, si el liberalismo busca dispersar el poder, la democracia aspira a redistribuirlo.

Este dossier de OSAL se hace cargo de los cambios políticos, que, quiérase reconocer o no, están operando en la Cuba actual. Sin embargo, no atiende sólo a las “consecuencias políticas”de los cambios económicos, sino a la dimensión política que atraviesa toda decisión económica. Por ello, a diferencia de la mayor parte de los abordajes sobre la reforma se evitan aquí los estudios de los economistas —que tienen similar importancia, pero son los mayormente disponibles— y se recorren rutas de análisis que han permanecido a la sombra del proceso de “actualización” o en todo caso han sido objeto de insuficiente debate oficial y público.

Los lectores encontrarán aquí un campo de temas a cuya importancia intrínseca se le ha de sumar la forma en que el enfoque de este dossier los organiza, de modo que queden relacionados: el marco institucional de protección de la ciudadanía ante los resultados de la reforma; el papel de la ley, la soberanía, la representación popular y la Constitución como cauce de los cambios, y no como apéndices de este; el análisis del nuevo Código de trabajo, de la regulación de nuevas relaciones laborales, y de la cultura de sobrevivencia en el país; la cultura política de los trabajadores “por cuenta propia” (que la tienen, claro está, más allá de ser estadísticas de empleados en el sector no estatal); y el rol de la prensa y del debate intelectual en el proceso.

Quienes escriben integran, en su mayoría, una izquierda socialista cubana, con conciencia histórica de sí misma, formación teórica y visión del mundo. Algunos de ellos no son los especialistas más conocidos fuera de Cuba sobre temas cubanos, pero aquí radica otra ventaja: se sugiere atender a estos nombres que, junto a otros que están en la isla y fuera de ella, vienen haciendo desde hace años investigación concreta, y aportando información nueva, necesaria para salir del vasto cruce de opiniones sobre la isla y contribuyendo a colocar la discusión sobre la realidad cubana en el campo contrastado del debate científico y en el terreno de las discusiones políticas potencialmente más fértiles. Su mirada se detiene sobre estos aspectos preocupada al unísono por la política y por la economía porque su interés es redistribuir el poder y hacer crecer el PIB, pero, sobre todo, contribuir a elaborar una concepción democrática tanto de la política como de la economía, poniendo en perspectiva contemporánea el aquíy el ahora de Cuba.

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Las reformas cubanas: imaginarios, contestaciones y miradas críticas

Dmitri Prieto Samsónov

Isbel Díaz Torres

Red Observatorio Crítico, Cuba.

¿De qué nos sirven las ideas, si no tenemos esa guía de estudiantes en su tiempo, Generales hoy en día? (Canción presentada en”DAR+” programa juvenil de formación vocacional trasmitido por la televisión cubana en el verano de 2014).

Resumen

En este texto se ofrece una aproximación crítica a la situación actual de la sociedad cubana y al profundo proceso de reforma que experimenta la isla. Analizando el orden socio-clasista conformado durante las últimas décadas, contrastando el contenido sistémico de los procesos de reforma y contemplando los escenarios que su implementación puede tener en el orden y jerarquización social. Finalmente se ofrece una vista de las voces críticas ante este panorama.

Abstract

In this text we offer a critical approach to the current situation of Cuban society and to the profound process of reforms experienced in the island. This is done through the analysis of the socio-classist order conformed during the last decades, by contrasting the systemic content of the reform processes and by looking at the scenarios that their implementation can produce in the social order and hierarchy. Lastly, we offer a view of the critical voices in face of this panorama.

Palabras clave

reforma, precariado, nomenclatura, capitalismo, resistencia, propiedad privada.

Keywords

Reform, precarious, nomenclature, capitalism, resistance, private property.

Cuando hablamos de quiénes y cómo generan posturas/acciones de cuestionamien-to, oposición o “frenado”frente a las reformas en curso dentro de la sociedad cubana, la problematización gravitará inevitablemente (si somos honestos y perseverantes) hacia la consideración de las prácticas/vivencias de actores sociales concretos. Tales actores están inmersos en, y al mismo tiempo son parte y fuente de un universo de olvidos, ocultamientos, re-escrituras y revelaciones que marcan un decursar de tiempo (una actualización[1] -en su sentido más filosófico, que por casuales razones engloba también el sentido propagandístico del término[2]) a veces imperceptible pero sin duda notoriamente grávido de acontecimientos puros y duros, y de futuros posibles que se abren en abanico como los mundos paralelos en las novelas de Alexander Lu-kiánenko.

Este texto se inscribe en el empeño de desocultamiento (explicitación) de las relaciones de poder implícitas tanto en el discurso oficial como en el sentido común operante en nuestro país en sus variantes más confomistas. Nuestra base analítica es el análisis crítico de la sociedad cubana: base cuyo punto de partida lo constituyen los esfuerzos unitarios por comprender las complejas dinámicas en que está inmersa.

Las búsquedas de sentido por quienes convivimos en Cuba ante los momentos grávidos de futuro que no están explicitados en los discursos generados desde la oficialidad o desde los consensos no-reflexivos pueden llegar a ser fuentes de novedad tanto en la interpretación del hecho social como en la producción eficaz de propuestas de cambio acordes con los proyectos más integrales de liberación social, ambiental y humana.

La proyección social del proyecto reformista oficial cubano El programa oficial de las reformas está codificado en los Lineamientos de política económica y social del Partido y la Revolución, texto ampliamente citado por puntos en los actuales contextos políticos y mediáticos. Los Lineamientos fueron aprobados por el VI Congreso del PCC después de una amplia discusión popular en diversos espacios oficiales, discusión que indujo a algunos cambios en el borrador inicial del documento; sin embargo, no ha habido claridad sobre la extensión de tales o cuales críticas concretas, emergidas en el debate. Los Lineamientos constituyen un documento bastante ecléctico, donde se nota la diversidad de las fuentes institucionales que aportaron contenidos al texto puesto en discusión, y han recibido respuestas críticas específicas en algunos de sus puntos así como en la concepción en general, tanto desde la derecha como desde la izquierda de la postura oficial.

La crítica desde la izquierda se centra en el tono tecnocrático del documento, en que no esclarece desde una perspectiva teórica consistente las razones de la proyección estratégica que se adopta (argumentación de que ha adolecido el discurso oficial, sobre todo frente a la promoción del modelo conspicuo de las reformas en China y Vietnam), y que a los aspectos de las reformas económicas se les da mucho más espacio que a las políticas sociales y la atención a sectores desprotegidos del pueblo que emergen con cada vez más visibilidad en medio de la “actualización del modelo” en marcha[3].

La postura de la izquierda, además, es de sospecha frente a la aplicación de elementos de la economía de mercado y al consecuente empoderamiento del gerenciado y de segmentos importantes del sector privado al que conduciría. Hay que destacar que -al menos en la izquierda que predica la autogestión (Observatorio Crítico, SPD, Proyecto Arcoiris)- tales críticas no se plantean en términos del mantenimiento del estatismo y del poder de la burocracia, sino más bien se expresan a favor de un incremento radical de la auto-organización de los trabajadores y del control popular tanto sobre las relaciones mercantiles como sobre la función pública, en un marco creciente de derechos y libertades ciudadanas.

La derecha critica, por su parte, la permanencia de un enfoque directivo de la economía y el escaso rol que se le da a mecanismos de mercado, así como la persistencia del control político-estatal.

La aplicación de los Lineamientos refuerza la apertura internacional de la economía cubana con base en relaciones no-socialistas con empresas de capital mixto proveniente fundamentalmente de España, Canadá, China, Francia, Brasil, Italia e Inglaterra. Además de su principal rubro, que es la exportación de servicios médicos a Venezuela y Brasil, hay otros sectores como el níquel (Sherrit), el turismo de hoteles (Sol Meliá), el tabaco, las bebidas alcohólicas, y el azúcar, que permiten una entrada nada desdeñable de recursos al país.

En coherencia con ello, se han introducido reformas que permiten el más rápido crecimiento económico de estas empresas, manteniendo en operación un Estado burocratizado marcado por mecanismos parasitarios, cada vez más inserto en una economía de mercado. Por otra parte, las circunstancias de las actuales reformas en Cuba (la denominada “actualización del modelo económico”) involucran a nuevos actores sociales -grupos precarizados, emergentes, intersticiales- así como la apertura de espacios estratégicos donde se enfrentan lógicas de comunidad y privatización; la oportunidad, entonces, puede derivar del robustecimiento de lo que se llama “el común”(common, en inglés).

Cuba se ha constituido en un territorio donde es cada vez más importante lo que Hardty Negri llamaron -en su libro Multitud- producción biopolítica[4] del afecto y del común. La cuestión clave de la economía-política y de la revolución social misma, sobre qué actores sociales se apropian del poder/producción, está nuevamente vigente para nuestra Cuba.

El peso de la mistificación: mirar sin máscaras la Cuba socio-clasista de hoy En aras del análisis de los posicionamientos sociales frente a los actuales cambios en Cuba, resulta útil elucidar grosso modo la estructura de la sociedad cubana en cuanto a los principales actores colectivos que la componen. Para ello, debemos abandonar algunos de los enfoques cómodos y ajenos a la reflexión crítica, heredados de la escolástica “marxista-leninista”al uso del adoctrinamiento y la apologética en los países de intención socialista[5] que derivaron en el capitalismo de 1988-1991:

1. El “modelo estándar” de interpretación socio-clasista de la realidad cubana…

Ese modelo, estrenado en la Unión Soviética en 1936 y posteriormente mimetizado en múltiples ocasiones durante el siglo XX, en su aplicación a Cuba durante la década de 1970 rezaba que la composición socio-clasista del país se desglosa en una clase obrera (considerada la vanguardia del proceso revolucionario socialista) acompañada de sus aliados: una clase campesina (los agricultores pequeños, homogenizados después de las dos reformas agrarias) en plena cooperativización y las capas de intelectuales revolucionarios y servidores públicos, en su mayoría de ascendente social humilde. Después de 1968 (la”Ofensiva Revolucionaria”: estatización de los pequeños negocios), se habría reducido a una mínima expresión la pequeña burguesía (pequeños propietarios urbanos: transportistas, artesanos).

Con el inicio de los cambios estructurales en los años noventa, surgirían nuevos grupos (asociados en su mayoría a formas de organización económica no-estatal), sobre los cuales la reflexión científico-social cubana generó diversas opiniones en cuanto a su naturaleza: a) miembros de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), que derivan de colectivos obreros agrícolas pero ahora gestionan con mayor autonomía su producción a partir de la figura jurídica del usufructo cooperado (se sugería para ellos un carácter clasista intermedio entre obreros y campesinos-cooperativistas); a quienes ahora se juntan b) usufructuarios individuales de tierras agrícolas (nótese que los productores agrícolas están autorizados a contratar fuerza de trabajo asalariada, y los medios oficiales de comunicación han presentado más de un testimonio de nuevos obreros agrícolas para quienes “se trabaja bien porque el dueño paga bien”; así como c) integrantes de cierta fuerza de trabajo asalariada (calificada o no) mejor posicionada materialmente que la mayoría de sus compañeros de clase, constituyendo algo similar a una “aristocracia obrera”-nos referimos a quienes laboran en las empresas mixtas y de capital extranjero, así como en el creciente sector turístico y de servicios, donde se ha vuelto un lugar común la constatación de que “un maletero de hotel gana hoy más que un neu rod ruja no-; y por último -last but not least-, d) quienes engrosaron las filas del “trabajo por cuenta propia”-sector económico dinámico reconocido en 1993 y actualmente en plena expansión a partir de las decisiones gubernamentales de hace dos años, sector cuya heterogeneidad social reclama una consideración más cuidadosa de su composición clasista que su simple adscripción a la”pequeña burguesía”-. El “trabajo por cuenta propia”como forma no-estatal incluye no sólo la forma individual, sino también (D’) la cooperativa no-agropecuaria (CNA), donde sobre las relaciones salariales prevalecen las del trabajo cooperado; tales cooperativas han sido autorizadas en una serie de casos (transportación de pasajeros, comercio mayorista y minorista, artesanías, gastronomía, textiles) cuidadosamente seleccionados por la Comisión de Implementación de Lineamientos, instancia superior en la conducción de las reformas (se trata en parte de empresas estatales que pasan a régimen cooperativo-arrendatario, y en parte en cooperativas creadas “desde abajo”).

Tal “modelo estándar” sin embargo, aun cuando logra discernir adecuadamente algunas de las diferencias sociales más prominentes (como la que corre entre las áreas urbanas y las rurales) no se presta para el abordaje crítico de las dinámicas de poder socio-económico y cultural, por cuanto oculta varios hechos que consideramos trascendentales para cualquier mapeo serio de los procesos ideológicos y culturales en Cuba. ¿Cuáles son, entonces, las “falsas consciências” incrustadas en el “modelo estandarte la estructuras socio-clasistas cubanas?

“Hay un patrón interesante en cómo se han ¡do re-ciclando en Cuba las técnicas de dirección y gestión social provenientes de países capitalistas desarrollados”.

2. Y sus “falsas consciencias…”

a) La cuestión del”cuentapropismo”: El discurso establecido en los medios oficiales cubanos en torno al “trabajo por cuenta propia” lo focaliza como una fuerza productiva no-estatal emergente y dinámica, capaz de resolver toda una serie de problemáticas de subconsumo y desabastecimiento con las cuales el Estado no ha sido históricamente capaz de lidiar. EI”cuentapropismo”es de algún modo una de las naves-bandera de la “actualización del modelo económico”y parte reconocida del diseño de un “socialismo próspero y sustentable”

Sin embargo, tras la uniformidad del discurso se ocultan las fracturas del tejido social que contienen semillas de futuros conflictos de clase.

Bajo el cartel de “trabajo por cuenta propia” se agrupan varios tipos de microem-presas, de características diversasy hasta antagónicas: 1) la microempresa individual o familiar (los vendedores de callejeros de cucuruchos de maní son técnicamente cuen-tapropistas) involucrada en esquemas de producción mercantil simple para el mercado interno de consumo, sin involucrar relaciones salariales ni explotación del trabajo; 2) los empleadores de la pequeña empresa capitalista (dueños de restaurantes, cafeterías privadas de mediano y gran tamaño, hostales privados y flotillas de taxis), que siendo hombres y mujeres de negocios corresponden a la pequeña y mediana burguesía emergente; y 3) la fuerza de trabajo contratada por dichos empleadores, que también es técnicamente cuentapropista (“trabajadores por cuenta propia contratados” quienes constituyen la mayoría en la categoría estadística de “trabajadores por cuenta propia”) pero que no son burgueses sino asalariados (parte del proletariado o del precariado cubano).

b) La cuestión de la nomenklatura: En el diseño organizacional tanto de instituciones estatales como para-estatales cubanas (organizaciones políticas, sociales y de masas; empresas propiedad del Estado y S. A.) prima el principio de la cooptación por encima de la representación y la participación directa. Los cuadros inferiores son nombrados por los superiores; sobre la toma y ejecución de decisiones pesa la práctica del acuerdo previo en ámbitos cerrados. La nomenklatura se impone por sobre los espacios públicos de debate y las instituciones electas, muchas veces enmascarada de representación (por ejemplo, en las elecciones para conformar las Asambleas Provinciales y Nacional del Poder Popular). En todo caso, las grandes asambleas y reuniones de las instituciones estatales, partidistas, sociales o de masas no siguen las pautas fijadas por un Paulo Freire dentro de la metodología de la educación popular, sino lógicas netamente bancarias, donde la posesión del saber, el poder y la palabra está claramente distribuida, habiendo una élite que la ostenta.

“Enemigo interno más importante del socialismo” según un planteo atribuido al mismísimo V. I. Lenin, la burocracia evolucionó en los países de intención socialista hasta adquirir un rostro propio, pero siguió utilizando el aval y la coartada de un supuesto “poder obrero-campesino”. En especial, su grupo directivo -la nomenklatura burocrática- contrariamente a su imagen ideológica, ha sido una entidad alienada y alienante de la capacidad real de construir poder por parte de quienes trabajan. La palabra nomenklatura hace referencia a la lista (nomenclatura) de cargos públicos o partidistas, la potestad de cuya nominación previa a la oficial corresponde a un determinado nivel (Comité) dentro de la estructura del Partido gobernante. El término fue de uso cotidiano por el aparato del partido bolchevique de la URSS desde los años veinte, y se generalizó como categoría sociológica por el escritor disidente soviético Mijaíl Voslensky en su libro La Nomenklatura. Los privilegiados en la URSS.

La realidad social permanecía oculta por una falsa consciência. Tal falsa consciência, sin embargo, resultaba del todo insuficiente para producir un paradigma operativo útil para lo que esa misma ideología denotó orgullosamente con el término de “dirección científica de la sociedad”. Hay un patrón interesante en cómo se han ido re-ciclando en Cuba las técnicas de dirección y gestión social provenientes de países capitalistas desarrollados. Y es tremendamente sintomático que en materia de técnicas de dirección institucional, cultura organizacional y gestión empresarial desde el inicio de la NEP en las Repúblicas Soviéticas (1921) y hasta hoy mismo en los Estados de intención socialista, la línea directriz en las investigaciones y la praxis ha sido la incorporación de las técnicas y métodos “de avanzada” provenientes del discurso en torno al management, generado por intelectuales orgánicos del sistema capitalista; el rango va desde el taylorismo hasta la -todavía considerada novedosa en Cuba-“gestión por valores”.

Lev Trotsky murió en 1940 sin aportar claridad sobre si considerar la burocracia estalinista sólo una”casta”o como una verdadera clase explotadora (en sus últimos escritos, hace depender el discernimiento entre ambas posibilidades del resultado final de la segunda guerra mundial: si el fin de la contienda vendría acompañado de la victoria de una revolución social anticapitalista en Europa occidental y una revolución política antiburocrática en la URSS, ello significaría que el monopolio del poder burocrático habría sido un mero fenómeno histórico-coyuntural debido, fundamentalmente, al atraso económico y cultural del país eurasiático en el momento de gestarse la revolución rusa del 1917, y así la burocracia estalinista habría sido una mera casta parásita que oportunistamente apropió el poder estatal y la dirección del partido bolchevique; si, en cambio, en la geometría de poder al interior de esas sociedades persistía esencialmente el statu quo ante bellum, ello habría de ser la señal de que -ya desde los años veinte- la burocracia había entrado a la arena histórica en calidad de nueva clase dominante). Milovan Djilas fue pionero (1957) en analizar La Nueva Clase (título de su innovador libro) desde la experiencia empírica de un país de intención socialista (en vida de Trotsky ya había emergido en el debate -sobre todo en Estados Unidos- la opinión de quienes sugirieron la idea de una nueva clase burocrática-gerencial tanto en la URSS como en el capitalismo avanzado -The Managerial Revolution-, siendo este el título del libro principal (1941) de uno de sus promotores, J. Burnham, cercano en su tiempo al movimiento trotskista). El soviético expatriado Voslensky completó y precisó las ideas de una nueva clase burocrática en la URSS en su libro Nomenklatura, donde argumenta cómo el sistema de cuadros políticos estructura una nueva lógica clasista.

Las explosiones sociales en Hungría (1956) y Polonia (1980) -donde el verdadero proletariado creó instituciones propias frente al orden heterónomo gestionado por las burocracias-, así como el frustrado proceso autocrítico de la primavera de Praga (1968), no condujeron a los ideólogos de los autodenominados “Partidos Comunistas y Obreros” a ninguna modificación de sus tesis estalinistas, quedando la burocracia falsamente asimilada a los otros grupos sociales dentro de un diagrama que proveía la existencia de una clase obrera “hegemónica” una clase campesina (en los más de los casos “colectivizada” o “cooperativizada”), una “capa” intelectual (dentro de la cual se solía camuflar un importante segmento de las burocracias), y -donde la había- una “pequeña burguesía””patriótica”

De ahí que haya habido en los países del “socialismo realmente existente” tantos experimentos para “crearle sentido de pertenencia a los trabajadores” de ahí el valor de las críticas autogestionárias y anarquistas, de ahí el desastre de los “socialismos de Estado” en 1989 y la catástrofe etno/bio/geopolítica de la desintegración de la URSS en 1991.

Cuba, lamentablemente, no ha estado ajena al proceso de gestación de una nueva clase[6]. El sistema de cuadros está legalmente regulado y empoderado, y su lógica de funcionamiento es distinta a la del resto de quienes trabajan. Nos tomamos por tanto la libertad de plantear la existencia en Cuba de la clase de la nomenklatura, cuyo poder está en la posibilidad explícita de tomar y ejecutar decisiones a puertas cerradas, con muy bajo nivel de transparencia, y de perpetuar su propio ser mediante complejos mecanismos de cooptación, a veces complementados con procesos similares a los de las llamadas “democracias representativas”

c) La cuestión del precariado: En el socialismo, teóricamente, no debe haber proletariado.

La palabra “proletariado”se refiere a una clase que carece de propiedad y sólo posee su prole. El término -históricamente- nació en la antigua Roma. En el capitalismo clásico, se aplicó a la clase obrera, libre, según Karl Marx, de dos maneras: libre como personas (es decir, nunca esclavos), y libre de propiedad.

La propaganda de la antigua URSS y las doctrinas sociales desarrolladas en aquel país después de la década del treinta rectificaron las loas al “Estado proletario”y sentaron la pauta de que la clase obrera en el “socialismo soviético” no constituye un proletariado, ya que (junto con el campesinado y otros grupos aliados, conglomerado denominado en la década del cincuenta “todo el pueblo”) “es dueña de los medios fundamentales de producción” por cuanto el Estado -teóricamente suyo- es, constitucionalmente, propietario de fábricas, talleres, minas y grandes granjas agrícolas, así como escuelas, institutos de investigación, centros culturales, etc.

Entonces, un obrero soviético no podía pensarse como “proletario” por cuanto la mayor parte de la riqueza del país era propiedad suya por tratarse de un titular de lo que se llamaba “propiedad estatal socialista” o “de todo el pueblo”: términos que pasaron a la constitución cubana. En Cuba, sin embargo, todavía se habla oficialmente de “proletariado” a diferencia de lo que pasaba en la URSS. Pero quizás la realidad cubana sea más compleja…

Hace poco -y no precisamente en Cuba- apareció un nuevo término: “precariado” Se usa en los países capitalistas, como pudieran ser España, Grecia o Estados Unidos para referirse a aquel sector de la población que realiza trabajos dentro de la economía formal (es decir, no se encuentra desempleado), pero en una situación en que tales trabajos (debido a regímenes de flexibilidad laboral o a otros factores similares) no aseguran su subsistencia, como debería ocurrir si habláramos del proletariado clásico. Especialmente resulta útil este término para describir los llamados procesos de precarización, que derivan de la implantación masiva de la flexibilización laboral, con la desaparición o profunda erosión de las garantías clásicas que protegían a quien trabaja frente al gerenciado o al capital propiamente dicho; se trata, por ejemplo, de contratos concertados por cortos periodos de tiempo, o de salarios por debajo del mínimo reconocido. Ello configura una situación psicológica de falta de seguridad.

En lo subjetivo, por tanto, ser parte del precariado suele implicar el vivir día a día y no hacer planes coherentes para el futuro a mediano y largo plazo, debido a la sistemática falta de recursos…

En Cuba, ya es muy conocido a través de la experiencia cotidiana, de la investigación social y de los medios comunicativos, que a la mayoría de quienes trabajan sus salarios mensuales y otros ingresos laborales concomitantes[7] no les alcanzan para poder vivir el mes[8]. Entonces, deben recurrir a otras fuentes, que pueden ser legales como las remesas, o no tan legales como la llamada”búsqueda”o”lucha”[9]: aquello que el antropólogo cubano Pablo Rodríguez Ruiz denominó con el término bíblico de “el rebusque”[10].

Por supuesto, tales personas no dejan de tener las garantías sociales básicas existentes en Cuba, como la educación y la salud, asícomo los subsidios sociales, que pueden encontrarse deterioradas pero no han sido abolidas. A través de ellas, hay una transferencia efectiva de recursos a favor de quienes trabajan. Pero se trata sólo de un grupo bien limitado de servicios.

“La movilización de sentidos en lo individual-personal está así en función de la dinámica concomitante del común: si prevalece la tendencia privatizadora, el imaginario social se torna también absorbentemente competitivo y excluyente”.

Estas y otras circunstancias le dan a las vivencias de ese gran grupo social características distintivas respecto a sus contrapartes en otros países. Como el propio Pablo Rodríguez ha señalado[11], en Cuba la pobreza tiene rasgos propios pero eso no significa que no exista.

Ha habido distintos acercamientos investigativos a las clases sociales en la Cuba de hoy.

El debate social y académico gira en torno a la permanencia de la clase obrera[12], o la consideración o no como clases sociales distintas de los demás estratos conformados por quienes integran las Unidades Básicas de Producción Cooperativa[13] o por quienes usufructúan las tierras del Estado, en conformidad con la nueva legislación. Discusiones más recientes se desarrollan alrededor del tema del llamado’Trabajo por Cuenta Propia” nombre que recibe en Cuba toda la gama de microempresas urbanas, independientemente de si emplean fuerza de trabajo asalariada o no.

Pero lo que llama la atención es que tales estudios se basan casi exclusivamente en las relaciones formales que la gente establece entre sí y con las instituciones para hacer su economía. Sin embargo, el rebusque es un tipo de relación informal por definición; y es -como lo dijimos- estructural y esencial para que un número grande de cubanas y cubanos (probablemente la mayoría) puedan subsistir de sueldo a sueldo (cuyos montos, como hemos dicho, no alcanzan para la subsistencia).

Se trata de un hecho social de amplísimo alcance en Cuba, cuya consideración se hace indispensable para cualquier tipo de estudio con pretensiones de abordaje adecuado de la realidad. No es posible ignorar ese segmento informal, inevitable en las vivencias del día a día de la mayoría de las cubanas y los cubanos.

Considerar tal informalidad implica -si pasamos a tomar en cuenta la dimensión clasista del fenómeno del rebusque- admitir la existencia en Cuba del precariado: una clase social que construye todo tipo de relaciones y ardides para poder subsistir míentras lo que le pagan sus empleadores (en Cuba, el Estado y otras entidades formales) no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

El precariado cubano sería el territorio social que nuclea la (re) construcción -desde la propia realidad cubana- de los flujos culturales internacionales y las identidades múltiples, conjugados con los propios procesos productivos biopolíticos y de sentido requeridos internamente para dar vida a la comunidad que en él con-vive. Una subjetividad precarizada es congruente con la ausencia de grandes proyectos colectivos explícitos (i.e. visión social).

La movilización de sentidos en lo individual-personal está asíen función de la dinámica concomitante del común: si prevalece la tendencia privatizadora, el imaginario social se torna también absorbentemente competitivo y excluyente, como lo expresa la cultura del reggaetón; la visualidad, el poder de convicción de la tecnología, las redes alternativas de medios no son meras vías de contestación, afirmación o disfrute, sino vehículos conformadores de ese imaginario operante. En cambio, la re-actualización del común conlleva a una re-vitalización práctica de los vehículos culturales correspondientes. Una cultura de la solidaridad o del compartir no puede ser una mera retórica que “se añade”a un sistema de economía política montado axiológicamente en claves que -esencialmente- la desprecian. Tales sentidos se re-alimentan hacia la vitalidad del tejido social y refuerzan así su “disonancia cognitiva” tributando asía la inestabilidad del sistema en su conjunto. Esa disonancia llega a funcionar como un campo de energía. Las visiones de futuro son como las partículas virtuales en la física cuántica: surgen, desaparecen, y vuelven a surgir. No se llegan a estabilizar. Pero los medios -tecnológicos y bio-políticos- que les proveen el soporte “materiaI”son (recurrentemente) parte del propio proceso, al tributar la gestión de tales medios a la creación y amplificación de las propias señales que re-conducen dentro del tejido social.

La existencia misma del precariado en Cuba, hecho evidente para quienes debemos “lucha r”de maneras diversas para obtener el sustento diario cuando los ingresos formales no alcanzan, es prueba de que el solo estudio de las relaciones socio-económicas oficiales o formalizadas jurídicamente no es para nada suficiente si se quiere entender la realidad cubana, sus potencialidades, tendencias y escenarios.

3. Entonces, ¿cómo se producen el sustento y el sentido en Cuba, y qué tiene esto que ver con las reformas?

A partir de lo expuesto, es posible aprehender el proceso de los cambios actuales en Cuba desde la noción compleja de una sociedad cuya base económica establece constreñimientos/emergencias hacia un conjunto de mundos de vida donde se gestan los sentidos que animan a quienes habitamos este país y esta época. La producción de sustento y de sentido varía obviamente de clase a clase, de género a género, de identidad a identidad, y se mantiene fluida ante las circunstancias en pleno desenvolvimiento. La base económica estará constituida por un conjunto de modos de producción en pugna. Sin ánimo de desarrollar analíticamente acá este tema, podemos al menos enumerarlos:

a) Modo de producción estatal-contingentista, típico de los regímenes estatis-tas de intención socialista del siglo XX, que involucra a la nomenklatura como clase explotadora y a un segmento del precariado como clase explotada, así como a una aristocracia obrera (proletaria), la intelectualidad “de cuello blanco”y grupos de trabajadores asalariados agrícolas con diversos grados de autonomía.

b) Modo de producción capitalista, en tres segmentos: empresas mixtas, empresas totalmente extranjeras y empresas de capital nacional (“cuentapropismo”), que involucra a burguesías nacionales y extranjeras, gerenciado”de cuello blanco”y grupos de aristocracias obreras y de precariado, todo ello bajo el control político de la nomenklatura.

c) Modo de producción cooperativo, en el agro y fuera de él, con diferentes niveles de acceso al mercado, a la contratación laboral fuera del cuerpo de integrantes de las cooperativas, y de control por la nomenklatura.

d) Modo de producción informal-familiar-doméstico: el universo de la informalidad y el “rebusque” fuente de sustento para el precariado cubano y de sentido para las nuevas manifestaciones de la cultura de masas como el reggaetón, con poca regulación estatal y poco control de la nomenklatura, amalgama de relaciones tanto mercantiles como de reciprocidad en favores y lealtades, así como de solidaridad, parentesco; muy coagulado con la economía propiamente doméstica, el trabajo reproductivo y el ámbito de consumo directo de la gente. Transversal y conectado a espacios/territorios de ilegalidad y exclusión. Probablemente vinculado a los que Alejandro Moreno llamó el “mundo de vida popular”ya las “tácticas” (que no estrategias) de vida de las que habló Michel de Certeau.

e) La producción mercantil simple (el segmento más “micro” del “cuentapropismo”).

Las actuales reformas gubernamentales inciden en esta “formación económico-social” (Karl Marx) o “socio-cultural” (Darcy Ribeiro) cubana, induciendo dinámicas de cambios a partir de variaciones de sentido que afectan los proyectos personales de vida. No siempre estos coinciden con los acápites de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y de la Revolución. Tampoco mecánicamente se pueden interpretar en términos de contestación versus aceptación de las reformas. En tal clave -como se ha señalado, por ejemplo, en un debate realizado por Temas-, ha disminuido radicalmente la reproducción de la (precarizada) clase obrera cubana: las expectativas proletarias/precarias no estimulan a los hijos de obreros a optar por la continuidad socio-clasista, prevaleciendo la motivación de derivar al “cuentapropismo” u otros planes (como la emigración); sorprendentemente, una dinámica similar afecta el atractivo de la nomenklatura: ya pocos quieren ser “cuadros”. Es la deriva al modo de producción capitalista, cuyo atractivo tendería a aumentar si no fuera por la sobre-regulación estatal.

Aunque no pretendemos exponer las críticas que desde la sociedad cubana se plantean a las reformas gubernamentales en una clave conductista de estímulo-respuesta (o en la de un determinismo económico pseudo-marxista “de palo”), resulta claro que los posicionamientos contestatarios expresan ansias, aspiraciones y proyectos de grupos bien concretos dentro y fuera del país, no en códigos de propuestas o ideologías políticas, sino de visiones artísticas o de cultura de masas, llegando en algunos casos a verdaderas muestras de (anti) utopías sociales.

“No tener una agenda política personal es renunciar a tener sueños” en las palabras de la activista de izquierdas Yasmín Silvia Portales Machado. Pero lo recíproco también vale: los sueños de las personas que navegan sus mundos de vida también construyen agendas políticas, aunque éstas sean meramente implícitas y no se anuncien como tales en las calles y las maniguas de Cuba. Lo que sise explicita en Cuba es la consolidación de una realidad dicotómica:

Por un lado, el funcionamiento de la extendidísima economía informal depende de la credibilidad de los actores personales que se involucran en ella: es lo que en inglés se llama trust; pero al no existir ningún tipo de normación jurídica explícita de tales procesos que permita invocar garantías legales, emerge una interesantísima red de relaciones no-escritura les, comunizadas, donde las personas responden con su propio prestigio y reputación frente a sus contrapartes cuando les resulta necesario recurrir a ello/as en función de algún negocio que involucre recursos costosos.

Por otra parte, precisamente el carácter personal (y muchas veces familiar, o -en todo caso- fundamentado en historias de vida conocidas[14] por el entorno y por las contrapartes involucradas) de tal construcción de la credibilidad social dentro de la comunidad, desestima el entorno más distante de la misma: es decir, aquello que no codifica como”mío””de la casa””de la familia”o -en una perspectiva muchas veces ya demasiado abstracta[15]-“del barrio”. Se construye así una actitud de apropiación rapaz, y su complementaria, la contaminación, de lo que no es “mío” prueba la erosión de las fronteras entre lo privado y lo público. ¿Quién no recuerda aquella consigna pro consumo de productos nacionales -“lo mío primero”- usada en los años noventa? Así se crean las premisas ético-epistemológicas para la”lucha”o apropiación/personalización/resignificación de los recursos sociales a través de complejas redes de vínculos informales que integran la economía política del rebusque: verdadero sector sumergido de gran relevancia para las cadenas reales de valor en Cuba.

Por otra parte, hay más posibilidades que hace un par de años para la construcción de lazos estables con el entorno internacional del país, lo cual implica un dramático incremento del involucramiento de la población cubana en flujos transnacionales de personas, bienes y sentidos. Mientras el planeta se agita por las protestas contra el modelo neoliberal, el país caribeño debe optar por modelos propios, y se trata cada vez más de una opción plural, en la que unos actores sociales ya escogieron sus patrones, y otros aún no lo han hecho porque justamente acaban de emergerá la vida… Una competencia solapada de modelos societales y dinámicas crecientemente antagónicas, que para todo investigador comprometido clama por un posicionamiento claro y explícito.

Posicionamiento que necesariamente requiere de la producción de una visión de futuro.

Visión que no ha sido provista desde las instancias gubernamentales e ideológicas, más preocupadas ahora en generar la normatividad de tránsito (“actualización”) que en la concepción del modelo económico-social (“actualizado”) al cual se transita. Las nociones normativas bajo las cuales se produce tal actualización no tienen el carácter de un diseño dotado de capacidad movilizativa, sino que apuntan más bien a rectificaciones de elementos estructurales o coyunturales concretos. Queda así un vacío precisamente en el lugar donde debería estar la visión.

Visión que puede -para ciertos sectores- construirse a partir del mega-proyecto de la Zona Especial de Desarrollo asociada al Puerto del Mariel (actualmente en plena reconstrucción con apoyo del capital brasileño): un esfuerzo de incorporación masiva de inversiones extranjeras y facilidades para el capital y el gerenciado, en torno al cual los medios cubanos de comunicación social[16], ya utilizan una retórica fuertemente tecnocrática marcada por el sistema salarial en su variante más depurada, que habla de “precio de la fuerza de trabajo””adquisición de recursos humanos””precio en Cuba de determinado profesional, comparado con aquel al que se cotiza en el país originario de la inversión” etc. Bajo la consigna oficial de “por un socialismo próspero y sustentaba” está claro que no necesariamente existe una unidad social en la interpretación que se le puede dar a esas palabras, debido a la diversificación de los intereses económicos operantes en la sociedad cubana.

No hay duda de que Cuba necesite de un aggiornamento tecnológico, empezando por la conectividad del país a través de Internet[17]. Ello, sin embargo, no significa la pertinencia de una consigna del tipo “todo el poder a la tecnocracia” consigna en la que sin embargo confiaría un amplio continuum de “asesores” “decisores” e incluso “disidentes” y “opositores”[18] (situación poco común, que involucra actores con lealtades políticas normalmente interpretadas como contrarias), quienes apuestan por un concepto de reformas de mercado transitando hacia lógicas económicas que favorecen una propuesta de prosperidad, derivada de la ampliación de la inversión privada y de las relaciones económicas de mercado, especialmente las de empleo salarial, donde quienes trabajan son conceptúalizados como “recursos humanos” “capital humano” o simplemente “fuerza de trabajo”.

De ahí: hay que reconocer la actual relación ambivalente de la tecnocracia cubana con el resto de la sociedad. Ella misma -tecnocracia- es ambivalente en cuanto a su postura respecto a los cambios, a la apertura a la sociedad hacia un estado de mayor reconocimiento de la pluralidad propia y del diálogo entre sus segmentos (la ambivalencia de la relación de la tecnocracia como grupo de poder-saber con el resto de la red social y la ambivalencia al interior de los grupos tecnocráticos son esencialmente una misma ambivalencia). Esa ambigüedad o ambivalencia de la tecnocracia frente a la pluralidad social radica esencialmente en la existencia dentro de ella de posturas favorables a una “apertura”o favorables a la conservación de un status quo excluyentes.

Temas “contestados”y sus valencias ideo-clasistas Algunas de las más significativas que afectan directamente la vida de amplios sectores del pueblo cubano han sido:

Ley Tributaria

La drástica ampliación y sistematización en 2013 de un complejo sistema tributario (que había sido reducido al mínimo en la década del sesenta pero re-introducido en 1994 durante el llamado “Periodo Especial”) mediante la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de una nueva ley tributaria, sin que le antecediera una discusión pública del proyecto, la cual establece 19 tipos de impuestos, tres contribuciones, y tres tasas. No se ha explicitado aún el gravamen a los salarios de empleados estatales (el monto de los mismos desde la década del sesenta se ha basado en valores netos después del descuento de lo que antes ya existía como impuesto y dejó de considerarse tal por aquella fecha). La repartición de los fondos recabados entre las diversas partidas del presupuesto estatal tampoco es objeto de un debate popular, pues se genera en las oficinas del Estado sin transparencia en el manejo de las cifras. Los productos en los comercios minoristas en divisa son grabados hasta con un 240% de su precio en el mercado internacional, hecho que afecta a una elevada parte del pueblo cubano, por cuanto no se puede acceder a esos productos por otras vías ya que existe un monopolio al respecto (recientemente, se adoptaron medidas aduanales proteccionistas que afectan la importación particular de numerosas categorías de bienes).

Ley de Seguridad Social

Comenzó a funcionar a partir de 2012, aumentó en cinco años la edad de jubilación: para los hombres 65, y a 60 para las mujeres. Afecta a la totalidad de la población que se retira, en un país que ya sufre un notorio envejecimiento demográfico de su pueblo[19].

Canasta básica

La reducción de la cantidad de alimentos que llegaban mensualmente a la población con un significativo subsidio estatal (libreta de abastecimiento o canasta básica), hasta convertirse en una insuficiente cantidad de granos que apenas alcanza para una semana, y con tendencia a desaparecer. Durante el pasado Congreso del PCC fue imposibilitado el debate sobre el tema. Se han utilizado argumentos como que”la gente revende los productos subsidiados”; en realidad, aun cuando casos puntuales como estos pueden existir, generalmente la cantidad per capita de aquellos apenas alcanza para el consumo doméstico. La reducción de los alimentos subsidiados por la libreta afecta sobre todo a los sectores más pobres de la población, sin que se haya provisto alternativas para apoyarlos económicamente. A ello se opone un creciente movimiento en la academia de izquierda y el activismo social cubano que muestra interés por las propuestas de un ingreso ciudadano o renta básica, como posibles alternativas al racionamiento.

Recortes de gastos sociales

El recorte del gasto público en las esferas de salud (cierre de consultorios y policlínicos, concentración los servicios especializados en zonas “céntricas” a veces de difícil acceso para personas enfermas que vienen desde las periferias de los municipios), cultura (reducción de presupuesto, cierre de instituciones y premios a la creación artística y literaria), y deporte (reducción de presupuesto), reconocido en los propios Lincamientos, limitando el amplio y tradicional acceso popular a estos servicios (sobre todo a quienes menos recursos poseen).

Propiedad privada

El reconocimiento y legalización de la propiedad privada y los micronegocios privados (trabajo por cuenta propia), todavía tímido, pero en franco proceso de expansión; los asalariados en estos negocios no cuentan con suficientes garantías jurídicas. Así, se ha recomendado la creación de “sindicatos” (¿?) agrupando tanto a empleadores como a empleados (¡!), afiliados a la oficial Central de Trabajadores de Cuba; por otra parte, muchos dueños de negocios han asumido responsabilidades en los Comités de Defensa de la Revolución locales, organización que teóricamente debe controlar la ética y legalidad en el ámbito barrial. Mientras importantes segmentos de la disidencia de derecha, de la diáspora cubana y también de la academia especializada en economía afín al gobierno (así como a algunas instituciones religiosas) solicitan a éste la ampliación del margen de maniobra de la nueva empresa privada en aras de “aumentar su eficacia y su contribución al producto nacional”; sectores aventajados de la nomenklatura capitalizan sus ahorros en negocios privados a través de familiares y amistades o incluso a título propio, creando así un fast track para la reconversión de la burocracia en burguesía sin necesidad de recurrir a privatizaciones de bienes públicos ni a la mediación de un gerenciado aún bajo control estatal-partidista. Lo mismo vale para quienes capitalizan las remesas recibidas desde Miami y otras capitales de la diáspora cubana, creando un sector privado ya transnacionalizado en plena operación. En Cuba existe legislación criminal enfilada contra el lavado de dinero, pero hasta el momento no hay sonados casos judiciales en ese delito. En todo caso, la creación de negocios privados es notoriamente asimétrica: favorece, por supuesto, a quienes ya tienen, dándole además la posibilidad de expandir propiedades y de estabilizarse dentro de la clase capitalista. Ello también es válido para el pujante negocio inmobiliario, legal después de las nuevas normas que permiten la compraventa de inmuebles (viviendas y locales para posibles negocios), así como el acceso de personas extranjeras a dicho mercado (aunque todavía no a la propiedad) mediante la figura de “residente inmobiliario”. La ley permite a las personas vender su propia vivienda, quedándose sin titularidad de ningún inmueble, al tiempo que reduce la protección a ocupantes de viviendas ajenas (que anteriormente tenían derechos bajo amparo e incluso en la sucesión legal de las mismas), lo cual en principio podría estimular un proceso de erosión en la titularidad de personas menos aventajadas (que venderían sus casas para hacer algo de dinero…) como otro rasgo asimétrico en los efectos de las reformas en curso.

Despidos en el sector público

A partir de 2011, el despido masivo de miles de trabajadores provenientes del sector estatal (recordar que el Estado ha sido casi el único empleador en las últimas cinco décadas), cuyo destino supuesto es engrosar el ámbito del sector privado emergente (cuentapropismo). El plan explicitado en los medios es alcanzar la cifra de 1,5 millones de personas en cinco años| 9.

Vínculo económico-militar.

Empresas subordinadas al ejército, que controlan renglones como la producción agrícola (incluyendo cultivos transgénicos), las info-comunicaciones, la seguridad ambiental y manejo de áreas protegidas, de la flora y la fauna, las inversiones en infraestructura, el turismo, la construcción, y en cualquier sector estratégico en vías de expansión.

Código de Trabajo

La aprobación de un Código de Trabajo que avala legalmente la explotación privada del trabajo asalariado no garantiza la real participación obrera en la gestión y toma de decisiones, reduce las vacaciones remuneradas para los empleados porcuentapropis-tas (donde a quienes trabajan no se les concede el derecho a establecer Convenios Colectivos de Trabajo ni recurrir a Órganos de Justicia Laboral), no aplica el enfoque de género, y deja fuera de su regulación a los cooperativistas y otros grupos de trabajadores que emplean esquemas organizativos distintos al salarial. Habiéndose “hecho innecesario” el derecho a huelga en Cuba al desaparecer la empresa privada en los años sesenta, esta vez a quienes se emplean en el sector privado tampoco se les reconoce el derecho a la huelga, dejando al proletariado/precariado sin un arma estratégica de presión y negociación frente a la emergente clase de la burguesía nacional y extranjera en Cuba.

Las asimetrías socio-clasistas en las posibilidades reales del ejercicio de los derechos anteriormente limitados a lo largo de 55 años de proceso institucional se hacen notaren los casos de:

– El turismo nacional e internacional, actualmente accesible para la ciudadanía cubana (estancias en hoteles que cobran en CUC, antiguamente prohibidas, e incluso viajes turísticos al exterior) pero en la práctica sólo a su segmento económicamente más pudiente (nomenklatura, burguesía, receptores de remesas…), excluyendo asía grandes mayorías y en especial a jóvenes, ancianos y proletarios del disfrute de esas posibilidades (antiguamente existían esquemas de “viajes por estímulo” y otras variantes a precios módicos, pero no está prevista su recuperación).

– Nueva ley migratoria. Ya no se exige el “permiso de salida” (complejo, oscuro y extremadamente caro proceso burocrático) para salir temporal o definitivamente del país. Ese proceso implicaba además un filtro ideológico, y formaba parte esencial de los reclamos de la tradicional disidencia de derecha en la isla. El filtro ahora es económico, pues el pasaporte cuesta cinco veces el salario promedio; y muchos de los países de destino exigen garantías económicas al conceder visas.

– Otorgamiento de tierras en usufructo. Para los campesinos cubanos este apenas llega a diez años, si logra hacerlas productivas; mientras que a las personas extranjeras se les puede llegar a otorgar usufructos por 99 años, si se establecen en terrenos aledaños a campos de golf, con posibilidad de obtener posesión vitalicia.

– Libre comercialización de casas y autos. Se ha permitido el comercio privado de estas propiedades, cuyo tráfico antes estaba monopolizado estatalmente y podía usarse para ejercer presiones políticas. El proceso ya liberado abre un importante campo para la acumulación de capital por intermediarios privados nacionales, así como inmobiliarias y empresas automotrices capitalistas; mientras que para la “gente de a pie” los problemas del transporte y de vivienda se agudizan día a día.

– Cooperativas. Afínales de 2012, fueron emitidas las disposiciones legales regulando la constitución en Cuba de Cooperativas no-agropecuarias (CNA). La cooperati-vización como vía de empoderamiento del trabajo asociado mediante la autogestión en el seno de la sociedad, la economía y la cultura cubanas ha sido una reivindicación permanente de la izquierda, en especial de los colectivos Socialismo Participativo y Democrático (SPD), Cátedra Haydée Santamaría (KHS), Observatorio Crítico (OC), Taller Libertario Alfredo López, y de personalidades de la academia y el activismo como Camila Pinero Harnecker, Pedro Campos Santos, Félix Sautié e Inti Santana. Sin embargo, la legislación adoptada (aun cuando mantiene como base el esquema cooperativo de trabajo asociado, lo cual es una virtud) prevé un proceso muy complejo para la aprobación de las cooperativas, siendo su última instancia la Comisión Nacional para la Aplicación de los Lineamientos que centraliza todas las decisiones de manera muy poco transparente. Así, la mayoría de las empresas cooperativas aprobadas hasta el momento son las dedicadas al comercio mayorista y minorista (mercados agropecuarios; recordemos que en la URSS las cooperativas comerciales fueron una de las rampas de lanzamiento del mafioso capitalismo “post-soviético”), transportación, artesanías, etc.; y están ausentes las cooperativas de profesionales, las de fines culturales, y las de consumo (que en otros países han sido importantes núcleos de socialización solidaria y de resistencia económica ante las crisis). Prevalece la constitución de cooperativas “desde arriba” (reconversión de empresas estatales), donde a quienes trabajan (y sobre todo a sus dirigentes) les cuesta cambiar de marco cultural hacia relaciones sociales basadas en la labor asociada, protagónica y no salarial. Ello hace persistentes las asimetrías y distancia a las CNA de su esencia cooperativa, máxime esas iniciativas no poseen una organización nacional que represente sus intereses y pueda afiliarse a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

– Profesionalización del deporte. En 2013 han aparecido reformas en el esquema de pago a los deportistas por sus resultados en competencias nacionales e internacionales. Los cubanos ya han comenzado a participar en ligas profesionales de algunos deportes, a título personal, pero también como equipos representando el país. Antes, el gobierno de Cuba había defendido una práctica “amateur”y ampliamente socializada del deporte.

– Acceso a Internet. En 2013 la empresa estatal ETECSA abrió 133 puntos públicos en todo el país, a un exorbitante precio de 4,50 CUC la hora. Estos nuevos puntos colectivos no permiten el tráfico de voz ni acceso de forma inalámbrica, y poseen restric-tivas”condiciones de uso”que funcionan como filtros políticos e ideológicos. Además, en las salas se registra el nombre y carné de identidad de cada usuario, que carece de privacidad al ser inspeccionado por oficiales de vigilancia. Actualmente, existen posibilidades más económicas de acceso al correo electrónico en tales puntos o por teléfono móvil, pero se mantiene la dificultad de la conexión internacional on-line, y la práctica imposibilidad de lograrla en casa o por wi-fi si no se es funcionario o empleado de alguna institución autorizada a proveerlal 7.

El impacto popular de todas estas reformas es por tanto reducido y asimétrico; se favorecen las desigualdades y una ya evidente estratificación de la sociedad, contraria al estándar moral generado por el triunfo insurreccional de 1959. Los beneficios son repartidos con preferencia a grupos de élites ya existentes o en plena consolidación como nuevas clases empoderadas. Mientras, en la cultura de masas son cooptados los talentos creativos de la juventud y -mercado mediante- se construye socialmente un nuevo modelo de individuo “exitoso”: consumidor, egoísta, sexista e hiper-competiti-vo, ajeno a la solidaridad, a la reflexión crítica y al respeto a las diferencias, así como con un compromiso político limitado al pragmatismo más cínico. ¿Es contestación o conformismo?

Circuitos de paciencia y resistencia. Imaginarios de la reacción y la contestación

1. Valencia ideológica de la cultura de masas: valores individualistas y construcción social de la violencia, o cómo la contestación emergente cubana perdió su virginidad junto al Capital.

La incertidumbre vivencial, ética, estética y cotidianamente política siempre hay quien la pueda achacar a la cultura juvenil más difundida en Cuba hoy: la del reg-gaetón (que también deriva hacia muchos”adultos” quienes la consumen por vía de servicios vinculados al sector privado: taxis, cafeterías, vendedores callejeros de CD, “paquetes” digitalizados de materiales audiovisuales), asociada ideológicamente a la llamada “pérdida de valores”. Sin embargo, ver la cultura del reggaetón como una mera expresión musical de la crisis moral generada por el “Periodo Especial” que influye unidireccionalmente sobre una sociedad solidaria “por naturaleza” o como un simple pasatiempo inocente constituye una simplificación peligrosa. Otro modo -simétrico- de percibir “intelectualmente” el reggaetón es interpretarlo como un agente de cambio (algunos sectores opositores al gobierno cubano, sobre todo fuera de Cuba, predican esa opinión), o incluso como “música de resistencia” (¿a qué?). Pero el reggaetón en la Cuba de hoy es concebible como una ideología fundamentalista, que tiene un aparato promotor (cuyo protagonismo oscila desde las megaempre-sas paraestatales de espectáculo como la oficialmente reconocida PMM[20] a las redes productivas informales -pero bien dotadas de recursos, provenientes de los propios reguetoneros y del negocio del transporte privado- que, por ejemplo, han publicado recientemente en sus circuitos extra-legales productos fílmicos representativos como “El Buquenque[21],”y”Corazón Cubano”) y que consolida lo ya conquistado para las prácticas (que se expresan en conductas y valores) en tanto ideología legitimada por cierta opinión pública.

Basta con recordar que la prácticamente singularísima ocasión en que el reggae-tón fue usado para “trasmití r”valores”pos¡t¡vos” (el videoclipTreo” del cantante Baby Lores, dedicado a promover la fidelidad a la figura histórica del Comandante en Jefe) ha nacido a la luz una pieza que, más allá del culto a la personalidad del líder, establece una pauta de comportamiento basada en el uso de la fuerza bruta, en despreciar las ideas diversas el pensamiento en general (“la verdad no se ensaya”)… Creemos que la referida pieza de Lores muestra una esteticidad marcadamente fascista, que muestra la inconsistencia para las miradas provenientes desde fuera de la cultura del reggaetón y del círculo de íntimos de Lores: la portada del CD que la contiene está perimetrada por la cuádruple consigna “La máquina de hacer dinero”. Pero es que para Lores y seguidores no hay contradicción entre ese slogan y que el cantor de “Creo” aparezca en la misma portada con una boina “turística” que lleva la imagen del Che: el propio sentido lógico de “verdad” ha sido suprimido, todo se permite, bajo un concepto de inclusividad que no contravenga la íntima estructura de sociabilidades que expresa y anima el reggaetón.

Y es esta una estructura de sociabilidades con base en el individualismo, el consumo enfocado al goce desenfrenadamente materialista, la conversión de la mujer en efímero objeto sexual, la apología del poder del dinero, la hi per-competencia, la supresión de las solidaridades más allá de la conveniencia recíproca y la supresión de toda creación estética, de todo trabajo, de todo ejercicio intelectual o simplemente de pensamiento más allá del interés concentrado en “resolver” para después pasar al disfrute de la gozadera. Una estructura que es también una espiritualidad, y ahora digámoslo sin ambages: el reggaetón es una cultura que expresa y es animada por una espiritualidad descarnadamente capitalista. Y globalizada, se podría añadir (¿necesita demostración esta tesis?). El Opus Magnum de Osmani García[22] -como su videoclip “Chupi-Chupi” sobre el que gravitó la polémica decisión del Ministerio de Cultura de sustraerlo de la competencia de los Premios Lucas (otro mega-espacio para los discursos musicales aquí confrontados), decisión censuradora que a su vez generó campañas a favor y en contra- es una excelente muestra de los calificativos que acá acumulamos.

Se trata, por tanto, no de un hecho meramente musical y ni siquiera de uno cultural (en sentido estricto) sino más bien de una expresión ritualmente estructurada e ideológicamente consistente de una transmutación (que no “pérdida”) de los valores en la sociedad cubana. Quizás exageremos; pero vivimos en una sociedad que cambia aceleradamente, y es el tejido social mismo lo que está en problemas.

Esta tesis resulta fácilmente contrastable si visualizamos las recientes (2013-2014) producciones audio-visuales autónomas realizadas por reguetoneros cubanos:”El Buquenque” de Osmani García, y “Corazón Cubano” de Michel L¡. Son verdaderas películas de ficción, pero con cada artista haciendo su propio personaje en una suerte de Cuba-universo-paralelo. Films que exhiben fuertes escenas de violencia, homicidios, torturas, y actitudes típicas de las pandillas y del crimen organizado. Mimetizan arquetipos centroamericanos y colombianos, posicionandose como gente de pueblo (en Cuba fue popular la serie sobre Pablo Escobar, que circuló de USB a USB por redes informales, tanto “pagas”como gratuitas; y es el mismo medio que utilizan los referidos productores para “mover” su obra, no les interesa recuperar la inversión sino la promoción que genera su visibilización pública en el contexto de los roles que asumen).

En cuanto a “El Buquenque” la producción la garantizó el propio artista con el dinero de sus giras y conciertos; respecto a “Corazón Cubano” algunas fuentes indican al negocio de taxis privados (“almendrones”) como fuente de recursos. En cualquier caso, llama la atención el vínculo del reggaetón con uno de los negocios más conspicuos del sector privado en Cuba, al cual además los reguetoneros deben agradecerle parte de la enorme difusión de su obra musical. Marcel Mauss tenía razón: el regalo gratuito no existe.

Tanto los almendrones como el imaginario del reggaetón ofrecen una mezcla, una amalgama o collage de clichés de lo popular, lo “de abajo”y lo “repartero”con el más descarnado consumismo transnacionalizado y la hipercompetencia.

En el caso de “Corazón Cubano”la película de tres horas muestra cómo pandilleros de La Habana van por sus calles y tejados disparando con fusiles AKM (algo totalmente insólito en Cuba, por lo cual resulta impactante verlo, y tremendamente contrastante con lo que sería teóricamente una visión “oficiaI”del futuro de Cuba, que no ha sido promovida), cómo torturan a sus víctimas, cómo matan a una muchacha a tiros de pistola por incurrir en una inmoralidad con su pareja. Son personas que en el film llevan tatuajes de íremes (espíritus danzantes de la sociedad masculina Abakuá) en sus brazos y visten vistosos T-Shirts con la conspicua efigie del Che, mientras golpean implacablemente a un ex-compañero por el rostro a punta de pistola, hasta dejarlo inconsciente en un charco de sangre.

Un gesto-autónomo/mega-producción frente a la indeterminación de escenarios: grito de guerra en el vacío.

Y es que se trata de una verdadera construcción propia de una visión (de futuro) para Cuba, de un país/otro paradójicamente deseado por los actores/personajes de esos films”autopoiéticos”: el deseo es siempre el deseo del otro (Lacan), y la paradoja consiste en que se desea un país violento y no pacífico, en que los modelos de roles que atrapan el deseo no tienen nada que ver ni con una visión”gubernamental”como hipotético registro “Victoriano” de una falsación de gobernanza precaria, ni tampoco con una “utopía” de la resistencia. Los supuestos sujetos resistentes han producido como deseo (del otro) y como visión de futuro verdaderos imaginarios anti-utópicos. Ello podría ser temerario, y a la vez terrible.

La falta de visión colectiva ha sido caracterizada en otros países como un síntoma conspicuo del precariado.

Que las descritas”declaraciones de independencia”en lo audiovisual (pues se propone un modelo de sociedad que difícilmente aceptaría la mayoría de la población medianamente cuerda de Cuba) propongan ejercicios de visión donde la sociedad está claramente jerarquizada por la fuerza, que sus propios productores exhiban patrones de consumo muy superiores al medio del país no entra en contradicción con su génesis autogestionária y con la ostentación de signos identitarios conectados con el mundo popular… Tanto la autogestión como lo popular resultan cooptados en dinámicas de las más feroces que puede generar el mercado y la jerarquización cuando son mediatizadas por una gestión que privilegia la privatización del común, y por nociones de orden donde prima una institucionalidad que no deja lugar para el ejercicio solidario del protagonismo, ocupándolo (el lugar) la soberanía entendida como monopolio de la violencia del Estado y la competencia exacerbada de suma cero.Tanto el fascismo como todo tipo de estructuras mafiosas han hecho galas históricamente de aprovecharlo popular”como un valioso recurso ideo-práctico-institucional.

“Sería bastante preciso expresar que en Cuba no existen movimientos sociales stricto sensu, como se entienden en América Latina o el resto del mundo; y ello no debido a la ausencia de problemáticas muy similares, sino a la gravitación de la burocracia ideologizada que limita derechos personales y capacidades auto-organizativas.”

Después de la reciente liberalización de la pequeña empresa (conocida en Cuba como “trabajo por cuenta propia” que abarca las formas de autoempleo, de empresa familiar, o de empresa privada con fuerza de trabajo asalariada), la privatización ha ido ob-jetualizando como recurso los espacios marcados históricamente como “populares” Así, zonas capitalinas como Centro Habana han ido adquiriendo un nuevo rostro, que hace pensar en futuros escenarios de gentrificación. Es absolutamente cierto que las fachadas de los edificios proyectan cada vez más imágenes de éxito, ligado a lógicas de fuerte competencia; que crece el grado visible de “civilización”; que surgen indicios de nuevas sociabilidades orientadas a modos de disfrute y ocio afines a lo transnacional, y por tanto más atractivas para el turismo y en general personas con dinero que gastar en función de los nuevos servicios ofertados por pequeños empresarios. Pero las dinámicas territoriales pueden ser bombas de tiempo porque bajo el concepto de “actualización”socio-económica aplicada en Cuba éstas transitan necesariamente por lógicas de clase.

2. El circuito de los debates intelectuales y populares Sería bastante preciso expresar que en Cuba no existen movimientos sociales stricto sensu, como se entienden en América Latina o el resto del mundo; y ello no debido a la ausencia de problemáticas muy similares, sino a la gravitación de la burocracia ideologizada que limita derechos personales y capacidades auto-organizativas[23].

Sin embargo, la asociatividad autónoma en Cuba está mucho más cerca del patrón organizativo de los movimientos sociales (sin membrecía fija, ni ejecutivos centrales electos, etc.) que de las asociaciones clásicas. El patrón de sociabilidad es más espontáneo, aunque ello no significa que no haya rigor o que el autoritarismo esté ausente. Pero, dado el “minimalismo” de sus integrantes, sería mejor hablar de “micro-movimientos”. Así, por ejemplo, frente a la re-emergencia (o des-ocultamiento) de la problemática del racismo y la discriminación racial[24], lo más parecido a un movimiento social fue el movimiento de la cultura hip-hop, que sin embargo quedó algo disperso debido a conflictos internos a principios del siglo. Sin embargo, grupos de intelectuales y activistas se han sumado al debate del tema desde la academia, las organizaciones existentes y las comunidades, localizando incluso interseccionalidades de la problemática racial con cuestiones como el carácter discriminatorio del nuevo Código de Trabajo, cuya propuesta se discutió en 2013 también en el seno del Capítulo Cubano de la Articulación Regional de Afrodescendientes (ARAAC).

Frente a la cultura de masas”auto-propulsada”(emergente: el caso del reggaetón), existen propuestas “conscientes” (crítico-reflexivas, con aspiraciones de solidaridad colectiva o social) que catalizan participaciones fundamentalmente desde ámbitos intelectuales y comunitarios, de diverso signo político-ideológico.

En el campo pro-capitalista dentro de la esfera pública/sociedad civil cubana, colindan un conjunto de actores colectivos de la disidencia tradicional (con o sin vínculos a la política de EEUU hacia Cuba) y entidades sociales que -desde otras lealtades- promueven la fascinación por el modo capitalista de organizar la convivencia humana, a partir de discursos generalmente marcados por el cientificismo, el liberalismo, el imaginario tecnocrático o el recurso a la democracia en abstracto (es decir, sin recurrir al análisis explícito sobre a quiénes favorece “en la vida real” la posible aplicación en Cuba de determinadas medidas o de determinado modelo económico o democrático). Es sintomático que en uno de sus documentos de propaganda, Arco Progresista (de proclamada tendencia sociaI-demócrata) critique a la empresa estatal y a la empresa de capital mixto, sin mencionar la empresa de capital nacional. Otras entidades quizás más relevantes para la vida cotidiana -pues trabajan con emprendedores de carne y hueso, y no con proyectos políticos abstractos- son las consultorias de negocios y sociedades de hombres de negocios, asociadas a algunas Iglesias. Dada la tolerante propensión de la oficialidad a la imaginación tecnocrática, tales espacios intersticiales serían especialmente eficaces en la promoción de imaginarios capitalistas en Cuba.

Y es que los “intersticios” sociales -a lo Hardt y Negri- son actualmente espacios de validación ideológica/biopolítica,en losque penetran múltiples”estímulos”porvía sobre todo de medios digitales y audiovisuales. En ese sentido, el proyecto Estado de SATS, también de marcada tendencia pro-capitalista, hace un uso extensivo de tales medios.

Resulta interesante comparar ese proyecto -que comenzó en 2010 su labor en el espacio oficial de teatro Casa Gaia, en La Habana Vieja, y posteriormente ha sesionado principalmente en la casa de su fundador Antonio Rodiles, en Miramar- con el Observatorio Crítico; ha habido en 2012 algunas propuestas mediáticas sobre la”afi-nidad”entre ambos. Pues, aun cuando ambos espacios se proyectan como favorables a la libertad de expresión y a determinadas modalidades de auto-organización social, resulta evidente que el propósito político de Estado de SATS (y de toda la derecha cubana, independientemente de sus lealtades) es que Cuba cambie para convertirse en un país “normal” (es decir, inserto convenientemente en el sistema-mundo capitalista actual), mientras el del Observatorio es que Cuba cambie y tribute al cambio de un sistema-mundo que de “normal” no tiene nada (pues promueve la explotación, la exclusión, la dominación, la depredación y la alienación del ser humano y de la naturaleza).

En tal sentido, volvemos a insistir en que -en gran medida- la dicotomía explícita aun usada en diversos medios en términos de “revolucionario versus contrarrevolucionario” “patriota versus pro-imperialista” “oficialista versus disidente” “pro-totalitario versus demócrata” etc., hace hoy referencia a un juego de lealtades más que a contenidos de propuestas políticas sistémicas, ya que en materia sobre todo de la economía el imaginario de la inserción global, de las virtudes del mercado y del poder de las tecnologías (sin adjetivos) lo comparten tanto ciertos voceros de posturas oficialistas como “disidentes” de derecha[25].

Ello, por supuesto, afecta el campo de la intelectualidad cubana y en general el segmento “conectado” (a internet o al e-mail) de la esfera pública. Existe cierto núcleo duro de consenso sobre algunas cuestiones operativas, pero de él derivan posturas radicales que poco tienen que ver entre sí. Esta pluralidad en el debate ideológico contrasta con su (in) eficacia real: su (falta de) impacto en los procesos sociales cubanos actuales.

No obstante, el circuito de los debates intelectuales (presenciales, como los debates públicos organizados por la Revista Temas, o virtuales, como los boletines que se envían por”mailings”[26] o los blogs) ha logrado incidir (aunque en contadas ocasiones) sobre decisiones políticas explícitas o no. Así fue en 2006, cuando la “guerrita de e-mails” indujo a estructuras oficiales (incluso al Consejo de la UNEAC) a dar garantías de “no-retorno” al llamado quinquenio gris (época de censura masiva, mimetismos, prohibiciones y homofobia en los años setenta), o cuando más recientemente a través de varios blogs vinculados con el activismo LGBT en Cuba[27] se logró modificar una política de votos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un Comité de la ONU (ver la Tesis de Maestría de la profesora de la UH Elaine Díaz).

En otros casos -paradójicamente, más vinculados con el mundo de la cotidianidad popular-, como la reciente (2014) prohibición de los cines 3D privados, la intervención de la “esfera pública conectada”en el debate no tuvo ningún efecto práctico. Parece que el impacto del debate intelectual y del blogging en la realidad se reduce más a ámbitos de grupos específicos de interés cuya “imagen pública” (sobre todo internacional) hay que preservar, y no trasciende a la ciudadanía en general.

3. Efecto Casa Cuba

Tal dinámica fue parcialmente subvertida por la revista del arzobispado católico de La Habana Espacio Laical, que fue la primera publicación en conectar el amplio público lector (principalmente habanero, pero no necesariamente “cristiano” ni “intelectual”) con los debates que están ocurriendo en nuestra sociedad civil y en la academia. Además de organizar encuentros públicos sobre temas polémicos, Espacio Laical ha compilado dossiers con opiniones de distintos autores sobre los problemas sociales concretos, vinculados generalmente con la cotidianidad (además de proveer artículos de información, opinión y reflexión sobre temáticas internacionales, filosóficas y culturales). Fue durante más de una década (al menos, hasta el cambio de su directiva en verano de 2014) probablemente el medio de discusión socio-política más abierto y profesional al que se tenía acceso “en la calle”. No tenemos información sobre impactos reales de Espacio Laical en las decisiones políticas del momento, pero sí nos consta su eficacia informativa general en cuanto a temas y enfoques ideológicamente muy diversos.

Precisamente Espacio Laical fue el punto de partida del Laboratorio Casa Cuba[28], un esfuerzo singular, diverso y plural para interpretar la realidad y pensar el futuro del país, aunando investigadores de diversas tendencias ideológicas (marxistas-republi-canos, socialistas críticos y libertarios [anarquistas], y cristianos de vocación social).

En 2013, el Laboratorio publicó el documento titulado Cuba soñada Cuba posible Cuba futura que -sin constituirse en programa político- reúne una serie de propuestas consensuadas que se espera tengan aceptación en los sectores más amplios de la sociedad cubana, centradas en la idea de que la soberanía de la patria no es más que el ejercicio íntegro de todos sus derechos por todos los cubanos. Es un documento que defiende la autogestión de los trabajadores y la democracia política en su sentido más amplio y libertario, en todos los segmentos de la vida social.

No conviene aquí ampliar más el tema, ya que el documento publicado por el Laboratorio Casa Cuba recibió una amplia aceptación y generó un número enorme de comentarios en los más diversos ámbitos políticos e ideológicos. Una muestra de la capacidad de sus autores de producir un lenguaje básico que permita generar consensos en puntos clave, evitando que el debate sea parasitado por cuestiones siempre interesantes, pero lastrantes a su operatividad. Hay dos puntos que hay que mencionar en torno a dicho documento: a) Puede constituir la base para la discusión de una agenda de actualización del modelo político cubano, sobre base popular e incluyente, que integre el necesario empoderamiento de los sectores más vulnerables frente a las fuerzas generadas por el mercado y por la persistencia del autoritarismo en sus variantes diversas, a las que ya nos referimos; b) contribuyó a explicitar la diversidad ideológica en la sociedad cubana, y particularmente entre intelectuales políticamente comprometidos; así, a contrario sensu de algunas analistas que identificaron como “marxistas” al componente socialista del Laboratorio, hay que destacar que ya el activismo socialista en Cuba es diverso y no incluye sólo a marxistas sino también a quienes no lo son: el pensamiento y la praxis anarquistas son componentes clave para entender cómo los anti-capitalistas cubanos nos pensamos en tanto comunidad frente al fenómeno de la transdominación, es decir, la pérdida de la intención socialista en Eurasia durante el siglo XX producto del surgimiento de nuevas dominaciones en el seno del movimiento emancipador.

En cualquier caso, Cuba soñada Cuba posible Cuba futura, obra clave del Laboratorio, es sin duda el documento político cubano de mayor y más amplia aceptación pública plural en las últimas décadas.

Respecto a la participación de la izquierda autogestionária en el colectivo Casa Cuba, resulta clave que fueron incorporadas sus propuestas. La noción de la autogestión como remedio empoderador de quienes trabajan, garantía dinámica del poder popular contra burocracias que lo usurpan y fuerzas”impersonales”del mercado, defendida por las izquierdas cubanas, quedó así como parte de un amplio y diverso consenso práxico.

Discusión del Anteproyecto del Código de Trabajo: mayoría de edad de la Izquierda cubana

La discusión del Anteproyecto del Código de Trabajo en 2013 involucró dinámicas oficiales y alternativas. Bajo orientaciones del liderazgo del PCC, la CTC promovió un debate sindical en los centros de trabajo (no se involucraron esta vez organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media ni la Federación de Estudiantes Universitarios, cuyos integrantes sin embargo tenían interés directo en los futuros contenidos normativos del futuro Código). Según reportes y testimonios, aparecidos tanto en la prensa oficial (por ejemplo, Periódico Trabajadores, 2013) como en medios alternativos, muchas de las asambleas de trabajadores transcurrieron en ambientes de formalismo y de deseos de “terminar rápido la discusión” pues había “problemas más urgentes”-cotidianos o laborales- que resolver (aunque ciertamente algunos trabajadores socialmente activos protestaban, según reportes). Ello refleja en gran medida el pesimismo y la enajenación existentes en el mundo del trabajo en Cuba hoy.

Por su parte, Observatorio Crítico organizó una discusión digital a través de su blog y de su boletín Compendio, compilando opiniones tanto de activistas del propio OC como de todas las procedencias que circulaban en el ciberespacio; también se hizo un debate público en el parque El Curita, en Centro Habana.

Asimismo, se procedió a redactar un informe sobre el Anteproyecto del Código a partir de la Asamblea del Observatorio y el trabajo de un comité de análisis y redacción29. El informe propositivo fue despachado el 15 de octubre a la oficina de la CTC que coordinaba el debate a nivel nacional. Entre otros detalles, el dictamen señalaba:

Es preciso dedicar un apartado de este documento a relaciones de trabajo no remuneradas, las que abarcan el voluntariado y el trabajo reproductivo doméstico. En ambos casos debe quedar refrendado el carácter e importancia de estas labores, tan importantes como las del trabajo remunerado aunque no reciban una recompensa en salario. Deben quedar protegidos adecuadamente, incluidos bajo el paraguas de la seguridad social. Se considerará el caso de trabajo voluntario, con aporte de la ciudadanía de un barrio determinado, con recursos aportados por una o más empresas.También deben encontrar su lugar en el código las relaciones de trabajo remuneradas por sistemas distintos al salarial, como pudieran ser los basados en la repartición de utilidades (ya empleado fácticamente en algunas empresas gastronómicas”por cuenta propia”) y en diversos sistemas de Economía social, incluyendo las cooperativas. Si no hay aún posibilidad de regular taxativamente las situaciones jurídicamente relevantes derivadas de tales sistemas, debe preverse una reserva de ley, pero en ningún caso dejar fuera esas posibilidades por cuanto las mismas aportan nuevas dimensiones a la socialización de la economía […] Debe considerarse la posibilidad del autoempleo (tanto individual como colectivo), puesto que ahí se definen los sujetos de las relaciones laborales, y el autoempleado debe tener su personalidad jurídica establecida. Acá entendemos por autoempleo no el actual “trabajo por cuenta propia” que -cuando intervienen más de una persona- suele enmascarar tanto relaciones de explotación salarial como otras igualmente deletéreas, de explotación familiar marcada por relaciones de género asimétricas, sino aquellas formas de gestión del trabajo humano donde quien (es) trabajan y quien (es) emplean corresponden a un mismo conjunto de una o más personas, coincidiendo así individuos trabajadores y emprendedores que formarían una sola entidad legal sin relación de subordinación por medio.También es un espacio útil para valorizar el trabajo doméstico-reproductivo.

[…] Debe eliminarse [el expediente laboral…] que internacionalmente es considerado como invasión de la privacidad de quienes trabajan.

[…] Deben crearse Órganos de Justicia Laboral de Base (OJLB), a nivel de Consejo Popular para que atiendan los reclamos y conflictos en la esfera privada, previendo los casos de pequeñas unidades económicas que se acojan a esta facilidad por no tener capacidad para unos OJLB propios, o bien prever la posibilidad de utilizar para tales litigaciones OJLBs ya existentes en entidades laborales geográficamente próximas, con la debida participación sindical[29].

Igualmente, fue promovido un debate bajo auspicios del Capítulo Cubano de la Articulación Regional de Afrodescendientes (ARAAC), donde también participaron activistas del OC y de diversos proyectos comunitarios relacionados con la temática afro y el mundo de vida popular de La Habana. ARAAC también despachó un informe del debate a la oficina de la CTC rectora de la discusión del código.

La prensa oficial, incluyendo Trabajadores (órgano de la CTC) tuvo una participación dual en el debate: aparecían tanto trabajos críticos (aunque no tocaban la naturaleza socio-clasista de la reforma laboral propuesta, sino más bien detalles) como apologéticos. Por su parte, algunos de los llamados blogueros oficialistas (especializados en temas relacionados con el diferendo Cuba-Estados Unidosy no en la vida cotidiana del pueblo ni en el análisis social crítico de la realidad cubana) atacaron algunos artículos divulgados por OC.

Fuera de estos (pocos y poco profundos) ataques, intelectuales cubanos que suelen proyectarse internacionalmente como “personalidades de izquierda” no hicieron mención del código en sus blogs ni en intervenciones públicas.

Conspicuamente, hasta donde sabemos la disidencia regular de derecha -en otros casos crítica en extremo con las posturas gubernamentales- no emitió ningún criterio sobre la reforma laboral, convalidando así la postura oficial de reactivación legal de las relaciones sociales capitalistas en el mundo del trabajo.

Como un caso particular muy interesante y que hace diferencia, el colectivo laboral de la Empresa Nacional de la Goma, donde trabajan varios especialistas en temas ocupacionales, elaboró un dictamen alternativo sobre el Anteproyecto del Código con base en la teoría marxista, y lo circuló públicamente vía email en septiembre de 2013. En él, señalaban la notoria discrepancia entre la Constitución de la república y el proyecto de código (señalada también por activistas de Observatorio Crítico, como Rogelio Díaz Moreno), al posibilitar explícitamente la explotación del trabajo humano.

Otras críticas notorias se centran en el derecho que se da a la patronal de rescindir unilateralmente la relación laboral y a la limitación de la auto-organización sindical. También apuntaban los críticos a la autorización por el Anteproyecto de contratos no escritos (peligrosa convalidación de relaciones laborales ilegales con migrantes de las provincias orientales trabajando en agricultura alrededor de la capital del país), el control del sistema salarial, etc.

Independientemente de esta discusión “alternativa” en su sesión de diciembre de 2013 la Asamblea Nacional procedió a aprobar el Código en lo fundamental, delegando a una Comisión ad hoc la redacción final (sin que ésta fuese sometida a nueva votación del parlamento), mecanismo denunciado públicamente como inconstitucional por notables juristas, como el Dr. Julio Antonio Fernández. El público no tuvo acceso al proyecto votado por la Asamblea (fruto de modificaciones en el anteproyecto discutido meses antes en el seno del pueblo trabajador).

La corrección del texto legal llevó a eliminar algunos errores técnicos flagrantes, manteniendo no obstante el contenido en lo fundamental, como se había previsto.

Sin embargo, un hecho cardinal lo fue que en la votación final del nuevo Código de Trabajo por primera vez existieron votos en contra en un Parlamento acostumbrado a votar por unanimidad, entre ellos el de la diputada Mariela Castro Espín.

El debate sobre el Código de Trabajo marcó la mayoría de edad de la izquierda cubana frente a un universo de acción tanto intelectual e institucional como popular.

Consideraciones finales La existencia de colectivos autónomos se percibe como una novedad de estos tiempos, y a veces se mira con sospecha. Un factor muy negativo para el trabajo es la concomitancia de la ausencia de una cultura de organización autónoma formal (la gente milita en organizaciones oficiales, pero no está acostumbrada a crear otras nuevas, a partir de iniciativas”desde abajo”) por un lado, y por el otro de un individualismo atroz que después de décadas de colectivismo paternalista hace que las personas tiendan a segregar sus intereses propios de los comunes, e incluso a contraponer la dimensión vital personal y la social.

En lo económico, la hegemónica asociación de la noción de “socialismo” con la empresa estatal y las prácticas de “ordeno y mando” ha generado en el “sentido común” una identificación reversa de auto-organización y libertad con el ordenamiento capitalista. Se hace necesario gestar una cultura de la diversidad de formas de propiedad y gestión, con predominio de variantes donde prima la auto-organización de los trabajadores: socializadas, cooperativistas, dotadas siempre de autogestión democrática, como contrapartida al predominio del autoritarismo estatista y del interés privado. En su caso, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores y consumidores deben ser también un espacio privilegiado de auto-organización.

La capacidad transformadora de las nuevas iniciativas depende hoy casi por entero de la sabiduría, energía y coraje de sus integrantes, y sobre todo de su capacidad de apreciar correctamente las señales de los tiempos. Esperamos que la auto-organización salga mejor parada, gracias sobre todo al protagonismo de quienes la integran y promueven desde la base social, sobre todo si se logra no claudicar ante los cantos de sirena del capitalismo, y desarrollar diálogos con mucho sentido implícito, desde la humildad, el respeto y la más dura convicción de que una Cuba mejor es posible.

Bibliografía

Díaz Moreno, Rogelio 2013 “Año tras año: Nuevas luchas para viejos empeños. Notas manuscritas para la intervención en el Comité Ejecutivo Internacional, diciembre de 2013″. Disponible en: < http://www.mun-dosocialista.net/>.

Díaz Torres, Isbel 2014 Ponencia presentada en la Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil, durante la 7a Escuela Latino-Americana del Comité por una Internacional de los Trabajadores (ELA-CIT).

Prieto Samsónov, Dmitri 2010Transdominación en Haití. Ciencias Sociales, La Habana, 2010. s/a 2013″Ni opiniones, ni sugerencias”en Periódico Trabajadores (Cuba), 9 de octubre.

"Lo actual no es lo presente, lo actual es lo actuante" como escribía un poeta cubano hace ya 2 décadas. ↵

La "actualización del modelo económico" eufemismo para "reforma"en cierto discurso oficial. ↵

"Con el eufemismo de'actualización del modelo'contem piamos la deriva, lenta pero decidida, hacia una tran-sición que nos recuerda a China: un sistema de economía de mercado bajo el control firme de una fuerza política burocratizada y autoritaria. No hemos llegado a ese punto, pero la apertura al pequeño capitalismo nacional y al gran capital trasnacional que se produce hoy, más los recortes en políticas sociales y derechos de los trabajadores, nos inclinan a esperar ese desarrollo"(Díaz Moreno, 2013) "Año tras año: Nuevas luchas para viejos empeños. Notas manuscritas para la intervención en el Comité Ejecutivo Internacional" ↵

El proyecto emancipatorio para nuestras sociedades no puede excluir la dimensión medioambiental. El socia-lismo será ecologista, o no será. Es preocupante cómo Cuba se aparta cada día más de diseños realmente alterna-tivos, para incorporar del sistema-mundo las prácticas depredadoras. De manera sigilosa, avanza la introducción de cultivos genéticamente modificados en la agricultura cubana, sobre todo maíz y soya, con la colaboración del Estado y empresas de Brasil, pero con una casi nula participación de los consumidores y productores nacionales, siempre fuera del diseño de las políticas y estrategias en esta área. La tecnología de los transgénicos resulta to-talmente incompatible con el modelo agroecológico cubano, desarrollado por más de 20 años, y que aún espera por ensayarse en toda su amplitud. Cuba tiene la imperiosa necesidad de detener la liberación y propagación a escala productiva de estos cultivos, y generar su propia tecnología y su propia visión acerca de la producción de alimentos. Para ello dispone de personal científico especializadoy reconocido internacionalmente, además de una puesta en práctica reducida, pero de gran valor. La deforestación es otro de los problemas cubanos, tanto en en-tornos urbanos como rurales. Ello, combinado con la decisión estatal de desarrollar el turismo de primer nivel, signifia un escenario inmediato de duras luchas. Cuba permitirá que millonarios extranjeros adquieran posesiones a perpetuidad en modernísimos campos de golf enclavados en áreas naturales. El objetivo final parece ser edificar enormes complejos residencial-hotelero-golfistas para los turistas y potencialmente la burguesía cubana. Para ello, ya se ha negociado con varias compañías extranjeras de Canadá y México para la constitución de las primeras empresas mixtas que aportarán los millones necesarios. Por otra parte, a pesar de la imagen de Cuba como país de energías limpias, se continúa apostando por el uso de fuentes de energía contaminante, sobre todo combustibles fósiles, ahora con la explotación de la Zona Económica Exclusiva en el Golfo de México, estimada en unos 20 mil millones de barriles. Según especialistas, en cinco a siete años Cuba podría estar produciendo 250 mil barriles diarios de crudo. El área fue dividida en 59 bloques, 22 de ellos en contrato de riesgo con las compañías Statoil-Repsol-OVL (Noruega, España e India), PDVSA (Venezuela), Petrovietnam, Petronas (Malasia), Sonangol (Angola), CNOOC (China) y Gazprom (Rusia), entre otras. Hasta el momento los resultados han sido negativos, y después de varios fiascos la plataforma de exploración en aguas profundas ha debido retirarse. Pero los fiascos no alcanzan a difuminar el sueño petrolero elitista, y se continúa invirtiendo millones en infraestructura. Después de la intensiva modernización de las plantas termoeléctricas llevada a cabo hace diez años, se trabaja en la refinería de Cienfuegos, el ducto de Cienfuegos a Matanzas, el almacenaje para 600 mil barriles en Matanzas, el megapuerto de El Mariel a un costo de unos mil millones de dólares, y mucho más. Mientras tanto, Cuba importa de Venezuela un promedio de 100 mil barriles diarios, de los que Petro Caribe financia unos 30 mil, según acuerdo establecido por 25 años y con tasa de interés solo del 1%. Por último, vale aclarar que en Cuba no hay un sistema óptimo de reciclaje; la gran mayoría de las materias primas recuperables se pierde en vertederos, contaminando las ciudades cubanas. El país completo recicla anualmente apenas 430 toneladas de desechos; las políticas encaminadas a que los ciudadanos participen de ese proceso son ineficaces. La reciente noticia de la posible apertura de doce nuevas cooperativas para la recogida de materias primas es un elemento a evaluar en este 2014. ↵

Acá por lo general utilizaremos el término -que consideramos más preciso- de países "de intención socia-lista" pero debemos tomar en cuenta que históricamente aquellas sociedades de las cuales constituyó la URSS constituyó paradigma, fueran denominadas de "socialismo real" "socialismo realmente existente" "de transición al socialismo"o -en clave más crítica-"socialismo de Estado" (o simplemente "regímenes socialistas estatistas"). El término"intención socialista"da fe de la existencia para grandes grupos de su población de una intención de crear una sociedad más justa, pero se reserva el juicio acerca de la eficacia o no del correspondiente empeño. ↵

El proceso en el que emerge una nueva dominación, que ha marcado probablemente todas las grandes revo-luciones de la modernidad, lo llamamos transdominación. Ver Prieto Samsónov (2010). ↵

Como los diversos "estímulos" algunos de los cuales se pagan en CUC (pesos cubanos convertibles), así como el estipendio para almuerzos, adoptado hace unos meses para sustituir el uso de los comedores obreros. ↵

El propio presidente Raúl Castro ha expresado en más de una ocasión que "el salario no alcanza" Ver, por ejemplo, sus discursos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. ↵

Todo modo de sustraer recursos al Estado (desde el hurto sistemático hasta el soborno o la realización de servicios "por la izquierda" utilizando medios públicos) o bien de recurrirá las redes económico-sociales informa-les (ilegales o a-legales) para resolver problemas concretos; tales redes constituyen todo un espacio dotado de autonomía con respecto a las autoridades donde se genera valor añadido que después se re-distribuye a través del "rebusque" de acuerdo con lógicas mercantiles no exentas -sin embargo- de ciertas manifestaciones de soli-daridad. Al tiempo, el "rebusque"es en muchos casos una frágil garantía de la funcionabilidad de la propia unidad productiva: el chofer de ómnibus urbano sabe que si su carro se rompe, le toca a él mismo arreglarlo, consiguiendo "por la izquierda" (informalmente) las piezas necesarias; si no lo hace y espera por los mecánicos, las piezas nunca llegarán. Continuará percibiendo su salario básico, pero no el dinero adicional que se le paga cuando el ómnibus da el servicio: es decir, se reforzará su condición de precario, mientras la población tampoco podrá hacer uso de su ómnibus. Así, lo arreglará recurriendo a la informalidad, dándole al mismo tiempo una oportunidad a su segmento de economía formal (tanto doméstica como social) de mantenerse a flote. ↵

Ver su ponencia presentada en el Encuentro sobre Pensamiento Complejo, La Habana (2014). Una versión de la misma se publica en este volumen. En la biblia, el rebusque es la actividad de colectar informalmente plantas para comer en campos cultivados “por fuera” de la propia actividad de la cosecha. ↵

En Los marginales de las Alturas del Mirador, una investigación etnográfica sobre un asentamiento"ilegal"ale-daño a la capital cubana. Libro publicado por la Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2011. Otras indispensables investigaciones recientes sobre el tema de la pobreza en Cuba han sido aportadas por María del Carmen Zabala y Mayra Espina Prieto. ↵

Véanse los debates organizados por la revista Temas. ↵

13 Microempresas agrícolas donde la tierra pertenece al Estado (a diferencia de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, que poseen sus propias parcelas en propiedad) y quienes trabajan se organizan de manera cooperativa. ↵

Precisamente tal es el principio defuncionamiento de la construcción de credibilidad en la fraternidad afroan-cestral masculina de los Abakuá, de la cual hablaremos más adelante. ↵

Investigaciones antropológicas indican que en los barrios populares habaneros las zonas comunes de convivencias, como las calles, parques, plazas, tienden a ser percibidas como"tierra de nadie"debido a la enajenación por entidades burocratizadas del protagonismo comunitario directo en su gestión efectiva. ↵

Noticiero Nacional de Televisión, emisiones del 20 y 21 de mayo de 2014. ↵

Ver: documental OFF LINE de la realizadora Yaíma Pardo (2013). ↵

Anticomunistas de la disidencia clásica (oposición de derecha) han mantenido olímpico silencio en el debate reciente en torno al anteproyecto del código de trabajo, que provee un significativo empoderamiento de actores económicos del sector privado vis-a-vis quien trabaja. ↵

La CTC (Central de Trabajadores de Cuba, oficial) colaboró en 2008 para que la Ley de Seguridad Social adi-cionara cinco años a la edad de retiro, bajo pretexto de envejecimiento poblacional y de necesidad de reforzar el potencial laboral en el sector público. En 2010, sin embargo, el liderazgo político declaró que había exceso de fuerza laboral en el sector estatal, y la CTC apoyó oficialmente las medidas gubernamentales para desinflar las plantillas laborales y brindarle mayor cobertura al trabajo por cuenta propia, para lo cual propuso "reducir los abultados gastos sociales y eliminar gratuidades indebidas, subsidios excesivos, el estudio como fuente de empleo y la jubilación anticipada" En la actualidad, la central sindical oficial hace esfuerzos para afiliar en las mismas secciones a cuentapropistas empleadores (patrones) y sus cuentapropistas contratados (empleados). ↵

PMM ("Por Mundo Mejor") es el principal promotor del reggaetón cubano en el mercado local del espectáculo y a la vez la empresa contratada por el gobierno y por las organizaciones políticas (y esporádicamente también otras, como Casa de las Américas) para el montaje de los grandes actos públicos "político-culturales" en espacios como la Tribuna Antimperialista. También fue convocada esta empresa para-estatal a sustituir a la productora au-tónoma Matraka en la gestión del festival anual de música electrónica "Rotilla" que con PMM pasó a llamarse "Verano en Jibacoa" reemplazo debido presumiblemente a conflictos relacionados con la adecuación de Matraka a los esquemas oficiales de promoción cultural. Sin embargo, la problemática de en cuánto hay continuidad y en cuánto ruptura entre Matraka y PMM como operadoras culturales del veraniego festival constituiría otro campo fascinante de investigación que no corresponde desarrollar en estas páginas. ↵

Buquenque: término popular que designa a un despachador de taxis ruteros privados, cuyos servicios son pagados por los choferes de éstos en las llamadas piqueras (primeras paradas); singular muestra de auto-organi-zación cubana. ↵

Artista del reggaetón cuyo paso por Miami mostró la tremendamente consistente compatibilidad, fluidez y transparencia de las estéticas de la gozadera entre ambas orillas del Estrecho de la Florida. ↵

La Constitución establece en su artículo 54 los "derechos de reunión, manifestación y asociación" en el seno de "organizaciones de masas y sociales" donde "sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica" Hay también una Ley de Asociaciones con su Reglamento. El trámite propiamente burocrático para lograr una asociación es complejo y está sujeto a decisiones políticas discrecionales. Ello hace que sea difícil recorrer el proceso completo (desde un grupo iniciador, hasta la aceptación y constitución de la asociación), por lo cual analistas hablan de una virtual moratoria sobre la ins-cripción de nuevas entidades en el Registro de Asociaciones desde hace varios años. A pesar de que ya existen diversas asociaciones reconocidas legalmente y ONG (que, usualmente con fondos provenientes de donaciones, promueven diversas causas positivas según su objeto social, aun cuando en los segmentos oficiales prevalecen lamentablemente enfoques poco críticos de la realidad), por fuerza de los factores mencionados una gran cantidad de iniciativas de agrupamientos han tenido lugar fuera del ámbito asociativo organizado. Tales espacios mueven públicos a veces numerosos, pero no operan dentro de la lógica asociativa clásica (estatutos, elecciones, presupuestos, donaciones, etc.). Al no haber garantías institucionales y visibilidad, su labor se hace más difícil, pero un minoritario grupo de colectivos sin personalidad legal ni jurídica alguna, de diverso signo político-ideológico, intentan hacer visible los problemas sociales más agudos. ↵

Hay reemergencia en Cuba de expresiones de racismo y discriminación racial, tanto entre personas y en ám¬bitos convivenciales, como al interior de las instituciones estatales y estructuras de poder. La profunda crisis de los noventa y la pequeña "retirada"del Estado, junto a las forzosas aperturas que debió permitir entonces, condujeron a que el racismo oculto aflorara, esta vez con una carga de cinismo y desnudez verdaderamente ofensivos. De tal modo, las actuales reformas económicas relacionadas con la liberalización del mercado, ensayadas sin ninguna legislación que proteja de modo efectivo los sectores más vulnerables, han significado a la postre ejercicios más o menos ocultos, pero siempre evidentes en alguna medida, de discriminación racial. El racismo institucional ha pasado con total "naturalidad"a las exclusiones por motivo de color de la piel en los negocios vinculados al turis-mo, a la sub-representación de afrodescendientes en las aulas universitarias, y su sobre-representación en cárceles y barrios marginales. Después de más de 50 años del triunfo insurreccional de 1959, al interior de las poblaciones afrodescendientes también se reproducen los estereotipos discriminatorios, y se siguen los patrones de consumo y estándares de belleza producidos desde las élites de poder económico y político. Valiosas iniciativas ciudadanas e institucionales como la Cofradía de la Negritud, y el capítulo cubano de la Articulación Racial Afrodescendiente de América Latina y el Caribe han constituido hitos recientes de lucha en este aspecto. ↵

Este continuum se vuelve marcadamente explícito cuando se tratan temas (issues) relativamente periféricos respecto a los núcleos duros ideológicos de cada bando (lealtad a la"dirección histórica de la revolución" diferendo Cuba-Estados Unidos), como pudiera ser la ecología, la prevención del SIDA, e incluso el feminismo, la discrimi-nación racial o la cuestión LGBT. Ello hace que muchas de las "promociones" publicitarias pro-gubernamentales o "disidentes" que pretenden incidir en tales ámbitos lleguen a veces a ser indistinguibles entre sí. Esta realidad se evidenció en los últimos meses con la filtración de información sobre la penetración de la USAID en Cuba; sus contratistas utilizaron propuestas discursivas, prácticas y organizativas similares a las que se usan en algunos ámbitos comunitarios o participativosjuveniles que se promueven desde la oficialidad, llegando a veces a resultar indistinguibles. Pero tales temas "periféricos" mientras más ligados están a los problemas de la cotidianidad de ciertos sectores sociales y por tanto a sus "proyectos políticos personales" más pueden catalizar la consolidación de una cohesión social alrededor de un núcleo duro de consensos, ajeno a discursos, prácticas o posturas que tienden a ser percibidas como radicales o demasiado "ideologizadas" porque ese núcleo duro, vinculado con el "mundo de vida"y no los núcleos duros ideológicos, es lo que se vivencia por las mayorías y las minorías activas. Esto lo entienden muy bien los operadores de soft-power de todos los bandos. ↵

En el ámbito de la izquierda, resultan significativos los boletines SPD, Compendio (del Observatorio Crítico), Desde la Ceiba (de Cofradía de la Negritud), El Guardabosques y Arcoíris (de proyectos del mismo nombre), así como la labor del intelectual Félix Sautié con la revista mexicana Por Esto! que se hace sentir en Cuba. También hay que resaltar las publicaciones digitales de ámbito ideológico más general, como Espacio Laical, Havana Times, On Cuba o las del proyecto Criterios, coordinado por Desiderio Navarro. ↵

La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, y transgéneros ha obtenido logros significativos en los últimos años, después de sufrir represión en décadas anteriores. Un rol decisivo en ello lo ha tenido la presencia de esa comunidad y sus problemáticas en la obra de los artistas del patio, así como el involucramiento de Mariela Castro (hija del actual presidente), con un trabajo serio y profesional de visibilización y sensibilización sobre esta realidad. Al frente del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela ha logrado capacitar y extender la promoción de la educación sexual por toda la isla, recabando para ello el apoyo de las instituciones estatales. La acción más visible de ese trabajo son las Jornadas Contra la Homofobia, celebradas anualmente, y que ya han logrado llegar a la her-mética televisión nacional. En el último congreso del PCC, se logró incluir un acápite que refrendara el derecho de las personas a no ser discriminadas por motivo de orientación sexual. Sin embargo, la concreción de esta política en leyes y prácticas reales todavía no se ha logrado del todo. Un reciente éxito ha sido la inclusión de una cláusula al respecto en el nuevo Código de Trabajo, motivo de congratulación para activistas LGBT. No obstante, tales vic-torias no son frutos de verdaderos movimientos sociales ejerciendo presión real sobre las estructuras de poder. Las propuestas modificativas del Código de Familia para reconocer uniones legales entre personas del mismo sexo han sido relegado para su aprobación durante años. Hay en Cuba grupos diversos planteando demandas concretas sobre los derechos de las personas LGBT dentro de una sociedad aun profundamente homofóbica. Es imprescindible establecer alianzas entre estos grupos sociales discriminados, y para ello muchas veces hay que empezar por reconocerse como discriminador(a). La autocrítica y la humildad nos serían muy útiles en esta lucha en la que la sociedad cubana ha tenido modestos pero hermosos avances. Existen colectivos como Proyecto Ar-coíris, que se declara independiente y anticapitalista, y promueve acciones e información sobre las luchas contra la discriminación por motivo de sexo, orientación sexual, o identidad de género en Cuba. Aún falta por conformar una verdadera comunidad LGBT en la isla que pueda plantear las demandas que necesita para sentirse plenamen-te libreyjurídicamente protegida. Cierto pensamiento de izquierda durante décadas quiso reducir todo este problema a "conflictos de clases" Es imprescindible sumarle otros muchos conflictos que enriquecen, complejizan, pero sobre todo, dan pistas de por qué muchos proyectos emaneipatorios al final se fueron por el retrete, cuando intentaron homogenizar individuos y desconocer diversidades. ↵

El nombre del colectivo remite a la metáfora Casa Cuba, del recientemente fallecido monseñor Carlos Manuel de Céspedes. ↵

La conclusión final a la que llegaba el dictamen era que "en su forma actual, el Anteproyecto del Código de Trabajo no debe ser aprobado por la Asamblea Nacional de Poder Popular, por contener disposiciones que con-tradecirían la Constitución de la República y otras contradictorias entre sí, así como por pretender separar la esfera laboral en dos ámbitos distintos, con sus propias normas cada uno (estatal y no estatal) mientras a quienes traba-jan les atañen un mismo conjunto de derechos sin diferencia de circunstancias del tipo de empresa (principio que debe aparecer explícitamente reconocido como prohibición a discriminar por ese causal). Consideramos asimismo que debe ser ampliada la discusión del Anteproyecto, tanto a espacios institucionales de sectores sociales especí-ficos (estudiantes: FEEM, FEU; mujeres: FMC; discapacitados: ACLIFIM, ANSOC, ANCI; grupos de intereses especia-les: CENESEX, ARAAC; comunidades: CDR, Consejos Populares; empresariales: Cámara del Comercio, cooperativas; profesionales: ANEC, UNJC, UNEAC, UPEC, ACAA...) así como en la prensa, de manera abierta y respetando la diver-sidad de criterios (periódicos Granma y JR, TV, Radio). Debido a la trascendental importancia de este documento, que va a determinar los principios por los cuales se regirá la actividad laboral en los próximos años, y que influirá por tanto en la vida de todos los cubanos de una manera esencial, se debe someter a referendo para su aprobación o no, por todos los electores de la nación." ↵

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La actualización del modelo y la (des) actualización de la prensa: consensos, disensos y silencios mediáticos en torno a la Reforma cubana

Raúl Garcés

Resumen

Los últimos años son vestigio de profundas discusiones sobre las transformaciones económicas, sociales y políticas que experimenta Cuba. En este panorama, una de las cuestiones más complejas se sitúa en la discusión sobre la dinámica y legislación de la prensa y los medios de comunicación en la Isla. Tomando como referencia dicho contexto, el artículo discute el estado actual de los medios de comunicación así como la proyección y el empuje de diversas voces que desde el gremio periodístico discuten un cambio. De esa manera se abordan distintas discusiones, todas ellas entrelazas, que versan sobre la relación entre política y periodismo, la libertad de información y edición y que nos colocan en el debate actual sobre la transformación de la prensa en Cuba.

Abstract

The last years have been vestiges of profound discussions of the economic, social and political transformations experienced by Cuba. In this panorama, one of the most complex issues concerns the discussion regarding the dynamics and legislation of the press and media in the Island. Having this context as a reference, this article argues the current state of media as well as the projection and thrust of different voices that, from the journalist guild, debate over a change. Thus, we approach different discussions, all of them intertwined, that deal with the relationship between politics and journalism, freedom of information and edition; discussions that place us in the current debate regarding the transformation of the press in Cuba.

Palabras clave

prensa, medios de comunicación, reforma, discurso, Estado, ideología.

Keywords

Press, media, reform, discourse, State, ideology.

A tres años de iniciada la llamada “actualización del modelo económico cubano” los pesimistas y los optimistas tienen la mesa servida para sostener con argumentos cada una de sus posiciones. Los primeros critican la supuesta lentitud de los cambios y la gradualidad excesiva con que se articulan las diferentes formas de propiedad en el nuevo mapa productivo. Los segundos, por su parte, encuentran un alivio en la promesa de las autoridades de la isla de no retroceder en el actual camino, sino afianzarlo sobre la base de modificaciones estructurales, interconectadas como sistema e integradas a un diseño con proyecciones estratégicas a mediano y largo plazos.

La condición, históricamente atribuida a los cubanos, de querer saber y discutir sobre todo, ha encontrado en los “lincamientos de la política económica y social” una válvula de escape para criterios encontrados y encendidas polémicas. Las deficiencias y oportunidades tanto del sector público como del privado -dentro de un contexto que demonizó por mucho tiempo la propiedad individual-, los tortuosos procedimientos para constituir y poner en marcha cooperativas -circunscritas en su mayoría, hasta hace poco tiempo, al sector agrícola-, los precios excesivos que han caracterizado la liberalización de la venta de autos, la inexistencia de mercados mayoristas a donde puedan acudir los “trabajadores por cuenta propia”[1] para abastecer sus negocios, la ley de inversiones aprobada por la Asamblea Nacional, la esperada unificación monetaria, figuran entre los temas más sistemáticamente debatidos en la esfera pública de la isla a través de plataformas disímiles: lo mismo blogs, que redes sociales, que espacios de encuentro organizados por determinadas instituciones 0 asociaciones culturales. Tales intentos, sin embargo, a pesar de que muchas veces expresan o contribuyen a estructurar corrientes de opinión útiles para la toma de decisiones, suelen sobrevivir como islas fragmentadas en medio del océano, en la misma medida que carecen del potencial articulador y el alcance masivo que podría otorgar les su abordaje en los medios de comunicación.

La incapacidad de la prensa cubana para tratar de modo crítico e interpretativo la realidad del país ha sido advertida, tanto dentro como fuera de Cuba, incluso por sus amigos más incondicionales. “La prensa cubana parece de otro planeta”-escribía en los años ochenta Eduardo Galeano en el diario español El País, refiriéndose a los ma-niqueísmos y estereotipos presentes en el discurso de los periódicos nacionales. Por esa misma fecha, Raúl Castro reconocía el problema en términos igualmente crudos:

[…] hemos meditado acerca del por qué muchos de nuestros amigos en el exterior, gente franca y conocedora, que sinceramente se alegran de nuestros éxitos, tienen con frecuencia palabras de recriminación para la prensa cubana, y no paran mientes en calificarla de aburrida y machacona. No podemos ser sordos y dar la callada por respuesta, y tampoco debemos rechazar de plano tales críticas, porque lo cierto es que en ellas hay elementos de veracidad (Marrero, 2006:66).

Tras un largo viaje, la oleada de inconformidades llegó al más reciente Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, celebrado en julio de 2013: no está siendo comunicado eficientemente el proceso de cambios -se dijo- dentro de un contexto que sobrevive a la ausencia del liderazgo carismático de Fidel Castro y sus dotes excepcionales como propagandista. El eventismo, el estilo informativo atiborrado de cifras, los enfoques excesivamente didácticos y pedagógicos, han podido más que la voluntad de imponerle audacia intelectual y fuerza creativa al lenguaje de los medios de comunicación. La desprofesionalización del sector periodístico -compuesto en una proporción importante por no graduados de las aulas universitarias-, el impacto negativo de las restricciones económicas sobre la edición de los periódicos o las trasmisiones de radio y televisión, la insuficiente masa crítica de directivos capaces de encauzar un movimiento de modernización, forman parte de un clima de inercia que, según se expresó en una de las ponencias introductorias, ya toca fondo:”o resolvemos el problema de una vez, o colapsarán la credibilidad y el poder persuasivo de nuestros medios” (Garcés, 2013).

Desde la acera de enfrente a la prensa, las regulaciones extramediáticas suelen hacerle pocos favores a las aspiraciones de renovación. Las fuentes informativas, por un lado, levantan murallas allí donde perciben el acceso de los periodistas como factor de riesgo a su reputación. Los burócratas, por otro, elevan tales muros a la dimensión de verdaderas plazas sitiadas, de cuyos límites -argumentan- no debiera salir nada “que le dé armas a los enemigos de la Revolución”

Aunque la administración de BarackObama se publicita como partidaria de flexibilizar el bloqueo contra Cuba, lo cierto es que la política de agresiones y subversión sostenida a lo largo de cinco décadas por diferentes gobiernos de los Estados Unidos pareciera incólume en algunas de sus esencias. Dos reportajes recientes de la agencia norteamericana Associated Press han documentado las partidas de financiamiento dedicadas a promover, ya sea a través de las redes sociales o proyectos de asistencia a centros universitarios, el protagonismo juvenil en una política de”cambio de régimen” No parece fácil medirei impacto concreto de tales programas. Lo que sí es evidente es su efecto nefasto sobre un entorno que, en términos de acceso a la información, encrespa las reacciones en proporción directa a los niveles de confrontación ideológica.

Durante un encuentro con estudiantes norteamericanos de periodismo, uno de los periodistas y académicos más reconocidos de la isla, Julio García Luis, fundamentaba hace algunos años las lógicas de esta dinámica sobre la base de compararlas con lo ocurrido en Estados Unidos dentro del contexto post 11 de septiembre. “¿Acaso alguien pudo estar satisfecho con lasfuentes después del ataquea las torres gemelas? ¿Acaso el periodismo norteamericano no estuvo marcado por una “psicología de gue-rra”durante los meses y años posteriores a aquel hecho? Pues, en cierto sentido, Cuba ha vivido en los últimos cincuenta años un permanente 11 de septiembre”- concluía.

Más allá de los pesares, sin embargo, las propias transformaciones en que está enfrascada la isla conciben, al menos teóricamente, la posibilidad de darle un vuelco radical al trabajo de la prensa. Algunos de los objetivos de la política del Partido Comunista aprobados en su pasado Congreso y en la Conferencia Nacional pocos meses después, se refieren a potenciarei papel de los medios de comunicación en los términos siguientes (Partido Comunista de Cuba, 2012):

Aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica [objetivo 52]. Enfrentar las manifestaciones de formalismo, falta de creatividad y criterios obsoletos que existen en la labor de comunicación social y propaganda que no motivan e impiden que los mensajes lleguen con efectividad a sus destinatarios. Prestar particular atención a la diversidad de públicos [objetivo 67]. Reflejar a través de los medios audiovisuales, la prensa escrita y digital con profesionalidad y apego a las características de cada uno, la realidad cubana en toda su diversidad en cuanto a la situación económica, laboral y social, género, color de la piel, creencias religiosas, orientación sexual y origen territorial [Objetivo 69].

Lograr que los medios de comunicación masiva informen de manera oportuna, objetiva, sistemática y transparente la política del Partido sobre el desarrollo de la obra de la Revolución, los problemas, dificultades, insuficiencias y adversidades que debemos enfrentar; supriman los vacíos informativos y las manifestaciones del secretismo, y tengan en cuenta las necesidades e intereses de la población [objetivo 70].

Garantizar que los medios de comunicación masiva se apoyen en criterios y estudios científicos, sean una plataforma eficaz de expresión para la cultura y el debate y ofrezcan caminos al conocimiento, al análisis y al ejercicio permanente de la opinión. Exigir de la prensa y las fuentes de información el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, a fin de asegurar el desarrollo de un periodismo más noticioso, objetivo y de investigación [objetivo 71].

Actualizar la política de programación del Instituto Cubano de Radio y Televisión sobre la base del uso racional de los recursos, la calidad en la producción nacional y el rigor en la selección de la producción extranjera [objetivo 72].

De verificarse, los lineamientos arriba enunciados significarían una cruzada de largo alcance a favor de la transparencia y contra el tan llevado y traído secretismo, pero en esta como en otras ocasiones del pasado periodístico más reciente, el espíritu contenido en las orientaciones y documentos programáticos necesita no sólo de formulaciones progresistas, sino del ambiente objetivo y subjetivo que contribuya a hacerlo realidad. Las relaciones entre política y comunicación en Cuba pasan, una vez más, por una prueba de fuego trascendente: o se reconfiguran de manera funcional a las demandas de participación y movilización social del proyecto socialista, o sucumben nuevamente a la vieja práctica de “se acata pero no se cumple” letal, a estas alturas, para la legitimidad del modelo frente a los ojos de la ciudadanía.

¿Es posible hacer política sin información económica? Hasta hace poco, probablemente muchos creyeron en la isla que podía responderse afirmativamente esa pregunta. Acostumbrados a un Estado omnipresente, capaz de satisfacer demandas básicas y ofrecer con calidad servicios gratuitos de salud, educación y cultura para todos, los cubanos vivieron en su mayoría al margen de términos como rentabilidad, costos y ganancias. Favorecida por relaciones estratégicas con la URSS y países del antiguo campo socialista, Cuba se convirtió en una suerte de paraíso donde, hacia la década del ochenta, era posible hacer turismo nacional o viajar a la antigua Europa del este por precios absolutamente irrisorios.

La historia se conoce. El espejismo comenzó a desvanecerse con la caída del muro de Berlín y terminó de desplomarse con el desmembramiento de la URSS. Prácticamente de la noche a la mañana la isla perdió el 70% de su intercambio comercial y, desde entonces hasta hoy, viene tanteando caminos para hacer crecer su economía en medio, por un lado, del velo neoliberal que se tendió sobre el mundo casi de manera uniforme, y por otro, de la ola de descrédito contra las izquierdas que recorrió buena parte del planeta.

En abril de 2011, el Congreso del Partido dejó clara la necesidad de construir un socialismo de nuevo tipo y ajustar con realismo las expectativas que el país podía cumplir a corto y mediano plazos. “Próspero y sostenible” fueron los adjetivos que empleara Raúl Castro para sentar las bases de un modelo que, declaradamente o no, prefirió oponer a las utopías del pasado un recio pragmatismo. “No habrá mayores salarios si no crece la productividad” “no pueden redistribuirse los ingresos que no se generan” “hay que reducir la burocracia y las plantillas infladas” “el Estado debe librarse de las cargas que asume innecesariamente” son conceptos que, para cualquier persona mínimamente informada en Cuba, marcan hoy un giro de timón respecto a los paternalismos de antaño.

En las nuevas condiciones, extender a toda la sociedad una cultura económica, fomentar la participación de la gente en la confrontación de las políticas trazadas, discutir abiertamente los riesgos que el socialismo afronta frente a las imposiciones del mercado, parecerían prioridades ineludibles a fin de construir sujetos protagonistas y no simplemente espectadores de los cambios. Es un dilema que subraya el investigador Fernando Martínez Heredia con particular lucidez:

Cuba vive una pugna cultural crucial entre el capitalismo y el socialismo. Hoy tenemos enfrente dos riesgos: a) que no triunfe el socialismo; b) que en algún momento se rompan los equilibrios que rigen esa pugna. Necesitamos ser capaces de elaborar una economía política al servicio del socialismo para la Cuba actual y la previsible, y un pensamiento social crítico y aportador, capaz de participar con eficacia en la decisiva batalla cultural que se está librando (Martínez Heredia, 2014).

Desde la perspectiva de los periodistas, el desafío anterior no resulta nada fácil. Si bien se pide a la prensa transformar radicalmente su discurso, dicha transformación sería impensable al margen de la transparencia de las fuentes, el activismo de la opinión pública y una comprensión menos instrumental de los medios por parte de los decisores políticos.

Apenas unos meses antes de iniciada formalmente la llamada “actualización del modelo” las opiniones de periodistas especializados en temas económicos daban cuenta de la vigencia de deformaciones históricamente atribuidas al sistema de comunicación de la isla, tendientes a decidir en espacios extramediáticos lo que debiera resolverse dentro de las lógicas de la práctica profesional periodística:

Lo que debería prevalecer es que los medios tengan sus agendas, tengan sus temas, los planifiquen y las instituciones le den respuesta a las necesidades de las agendas […] Hoy son las instituciones las que dicen de qué tema se debe hablar, con qué punto de vista se deben abordar esos temas, a veces incluso hasta cuáles son las palabras más adecuadas para tratarlos. Que las fuentes tracen la agenda de los medios es un disparate redondo.

Es bastante frecuente que las fuentes subestimen a los medios de comunicación masiva y cuando menos le maten la agilidad propia de la profesión: te piden revisar el trabajo, a veces solicitas una información y te dicen “espérate, si en estos días queremos citar para una conferencia de prensa”. No se dan cuenta de que el periodismo es inmediatez.

Las fuentes tienen una percepción utilitaria de la prensa, irrespetan el periodismo como profesión, piensan que solo somos una cadena de trasmisión […] quieren que se publique el mensaje que ellos creen que es importante, sin tener en cuenta las otras aristas de la vida.

Hay fuentes que se cierran arbitrariamente, hay secretismo. Con todo este fenómeno sería ingenuo negar que Cuba está sujeta a una guerra económica, pero sería ingenuo negar que muchos cuadros se escudan en ese argumento […] Esos cuadros no se dan cuenta de que la gente necesita información para vivir (Fariñas, 2011).

En rigor, las quejas sobre el secretismo no provienen únicamente del ámbito de los medios. Durante varias décadas, investigadores de diversas ramas de las ciencias -fundamentalmente las ciencias sociales-, han reclamado la posibilidad de profundizar y complejizar sus acercamientos a la realidad cubana, a partir de una mayor disponibilidad de datos, cifras y documentos hoy virtualmente restringidos.

Mayra Espina, socióloga de larga tradición en la investigación social, identificaba hace unos meses el secretismo entre los obstáculos insuperados para los profesionales de su campo, específicamente en el terreno de los estudios sobre desigualdad.

Las estadísticas cubanas sobre estos temas, amplias y abarcaduras en otros tiempos, se han ido reduciendo, al menos la información pública, y con frecuencia varía la forma de captar la información. Ello genera brechas informativas, obstaculiza la identificación de tendencias y obliga a usar data proxi y a trabajar un poco a ciegas (Espina, 2013).

Un criterio similar compartía el director de la Revista Temas, Rafael Hernández, a principios de los años 2000, quien subrayaba, además, como parte de un diagnóstico sobre las deficiencias que caracterizaban en las décadas del ochenta y noventa el pensamiento social cubano, la insuficiente conexión entre los resultados de las investigaciones y el trazado de políticas.

Aunque determinados resultados, por la naturaleza de sus fuentes o de las propuestas surgidas del proceso de análisis, podrían tener un carácter sensible para la seguridad nacional, hay otros muchos que no tienen estas implicaciones y que, sin embargo, no se difunden porque se han establecido normas demasiado rígidas, que han dado lugar a una especie de cultura del secreto. La falta de circulación de los resultados de la investigación y la reflexión perjudica el desarrollo del conocimiento, de la conciencia social y de la ideología (Hernández, 2003:22).

Las expectativas en torno a superar estos y otros problemas acumulados han vuelto a dispararse en los últimos años. Los llamados de varios dirigentes cubanos -particularmente el presidente Raúl Castro- a cambiar la mentalidad, las metas de mayor participación ciudadana contenidas en los “lincamientos de la política económica y social” y la conciencia generalizada en torno a la necesidad de revitalizar el consenso socialista como parte del proceso de transformaciones, parecerían puntos de partida inmejorables para acompañarlo exitosamente. En lo concerniente a la prensa, pocas coyunturas como esta permitirían desplegar sus potencialidades como plataforma de discusión y debate, y como conectara de las diferentes corrientes de opinión que pugnan por visibilidad en la esfera pública.

Una vez más, sin embargo, las evidencias apuntan hacia factores estructurales que median como”piedras de tranca”entre la realidad y la voluntad recogida en los documentos. Un estudio sobre la cobertura del periódico Granma al Congreso del Partido y la Conferencia Nacional que le sucedió, identificó, entre otros rasgos, la utilización mayoritaria de un lenguaje lineal y formal, la recurrencia constante a fuentes oficiales, la ausencia de interpretación y el protagonismo de una “intención orientadora” casi siempre expresada a través de excesivos didactismos. La propia investigación reconoce tales características como parte del “ejercicio cotidiano del periodismo”en Cuba y sugiere que, para que se produzca cualquier cambio, primero debe materializarse en las conciencias de los actores políticos y sociales a todos los niveles. “Se hace imprescindible crear estructuras e instrumentos sobre los cuales anclar esa voluntad de mejoramiento” concluye (González, 2012).

Dos años después, un grupo de tesis de grado, también de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana[2], ha vuelto a la carga con el mismo objeto de estudio. Cruzando algunos de sus resultados, es fácil deducir conclusiones como las siguientes:

a) La reforma económica se refleja predominantemente a través de géneros informativos, en detrimento de la interpretación y el aná Es más común, por ejemplo, encontrar en las noticias la cifra actualizada de trabajadores por cuenta propia, que una discusión sobre sus expectativas, inconformidades, avatares en el ejercicio de sus respectivos oficios; y menos un debate sobre el alcance ideal del sector privado y sus potenciales integraciones con el sector público, dentro de la configuración del socialismo cubano actual.

En entrevistas hechas para una de las investigaciones citadas, los propios cuen-tapropistas dejan entrever la carencia de un periodismo interpretativo, al exponer su visión sobre la prensa a la que aspiran: que “dé mayor prioridad a segmentos económicos” “priorice los temas nacionales sobre los internacionales” “profundice en las consecuencias de los cambios económicos para la nación” “evalúe de manera comprensible los lineamientosquese han ¡do aplicando” “disponga de columnas fijas en los periódicos para abordar la actualización del modelo” “confronte más a los ministros y responsables del país sobre la situación económica””se adelante a los rumores” “exponga opiniones buenas y malas sobre los cam bios que se producen” y”dé opiniones que, aunque critiquen el proceso, ayuden a que se produzcan transformaciones reales” (Cabrera, 2014).

Lo curioso es que una perspectiva análoga es compartida también desde el interior de los medios:”quisiera que se siguieran los temas con trabajos indagatorios que acerquen los grandes propósitos del proceso de actualización a la práctica’V’tenemos que organizamos más, preguntarnos qué está pasando, que la agenda esté en concordancia con lo que le preocupa a las personas”(Medina, 2014) /”las medidas generan problemas, contradicciones, frenos, tienen fuerzas que se les oponen: los medios tienen que estar ahí para denunciar eso […] y disponer de la capacidad y autonomía para señalar cuando las medidas sean desacertadas” (Guía, 2014).

b) Un acceso restringido a las fuentes, condicionado, de un lado, por prejuicios y trabas institucionales y, de otro, por falta de agresividad periodística a la hora de gestionar la información para los trabajos.

El uso instrumental de la prensa que ha prevalecido históricamente dentro del sistema de comunicación cubano, el enfoque predominantemente trasmisivo al hacer drenar las noticias hacia la opinión pública, las propias complejidades que entrañan las medidas de la “actualización”a la hora de implementarse, conforman un clima de hipersensibilidad poco favorable a la crítica y la confrontación de ideas.”Consultar”a las fuentes o a decisores económicos y políticos es la opción que asumen periodistas y directivos para, a su juicio, disminuir posibles márgenes de error.

A veces, puede que dicho procedimiento resulte en un mensaje final más argumentado. Otras, en intromisiones letales a la práctica profesional desde la lógica de agentes externos.”No puedes pensar que el trabajo lo va a validar la fuente, dadas las dilaciones del aparato burocrático y verticalista que ha caracterizado a las instituciones cubanas y que pudieran provocarla muerte del interés público sobre losaconteci-mientos”-comenta una joven reportera de un diario nacional- (Medina, 2014).

La queja sobre el secretismo abarca también a corresponsales extranjeros: “cada vez que queremos escribir sobre economía -dice el representante de una agencia exterior de prensa- nunca conseguimos que nos den estadísticas”. Según el entrevistado, dicho obstáculo podría tener un efecto boomerang al propósito de difundir los avances en diferentes rubros logrados por la isla.”En ocasiones queremos hacer cosas que le convienen al gobierno cubano que se publiquen, y nos demoramos tres semanas en conseguir el permiso; entonces ya no lo hacemos porque no viene al caso” (Mieres,2014).

Pero los propios periodistas reconocen que no todos los males son atribuibles a las fuentes, sino también a la desprofesionalización que se ha ido apoderando progresivamente del campo, motivada por la emigración de parte del sector hacia otras esferas con mejores retribuciones económicas, el desánimo de algunos frente a políticas comunicacionales demasiado rígidas, la falta de formación de los directivos y la desproporción entre la escasa cantidad de reporteros en las redacciones y el gran volumen de trabajo a enfrentar. La redacción nacional de uno de los diarios cubanos más populares, por ejemplo, cuenta con apenas diez profesionales para cubrir demandas de diarismo, reporterismo y trabajos de fondo.

Con todo, virtualmente nada impediría que los medios dieran más voz a los hombres y mujeres de la vida cotidiana. Diversos canales rutinizan hacia las fuentes oficiales la búsqueda de información e invisibilizan a protagonistas de historias que se entretejen diariamente en las calles. No es excepcional, por ejemplo, lo que documenta Guía (2014), en torno a un reportaje sobre vendedores ambulantes de verduras -conocidos popularmente como “carretilleros”-, publicado por un diario nacional. El trabajo aborda interioridades de este oficio -que forma parte de la lista de “trabajos por cuenta propia” reconocidos legalmente-, y mientras contiene entrevistas a representantes del Ministerio de la Agricultura, los gobiernos locales, la Administración Provincial de la Habana, se abstiene de tomarle declaraciones a los propios carretilleros o a los clientes que se benefician de sus servicios.

c) Un contraste entre la noción de dirección política de la prensa -entendida como la capacidad del Estado y el Partido Comunista para planear estratégicamente, coordinar y socializar a través de los medios determinadas prioridades del país, y estilos excesivamente”dirigistas”implementados en la prá Por las razones que sean, los medios en Cuba han funcionado más como “aparatos ideológicos del Estado”-en el sentido de amplificadores acríticos de la información emitida por las instituciones-que como plataformas de confrontación entre las diferentes corrientes de opinión existentes. Aunque numerosos documentos programáticos asignan a los directores la máxima autoridad para decidir editorialmente sobre sus trabajos, lo cierto es que no parecen despreciables las distancias entre el dicho y el hecho. En la versión extrema, la radio, la prensa y la televisión son muchas veces depositarios de “notas oficiales” enviadas por las instituciones, sobre temas que perfectamente podrían ser abordados desde códigos y gramáticas de producción estrictamente mediáticas.

El ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Julio García Luis, documentó la opinión de varios profesionales en torno a cómo congeniar el carácter marcadamente partidista del sistema de prensa cubano con una vocación inclusiva de las visiones de los diferentes sectores sociales:

[…] muchas veces ocurre que la dirección partidista pasa a ser lo que comunicológicamente se nombra como newsmaking. Es decir, que se defina el qué se debe tratar no tiene por qué entrar en contradicción con el cómo se debe tratar el hecho-noticia.

El criterio del Partido debiera ser la interpretación del derecho del pueblo a recibir una buena información y de cómo lograrlo. Si ello falla, la autorregulación del periodismo y del cuadro se bifurca. El Partido tiene que desempeñar un papel central. El desmerengamiento de los países socialistas y el papel que en aquellos procesos desempeñó la prensa tiene que enseñarnos algo. Pero eso no nos puede llevar aun control cuasi administrativo del pensamiento, porque eso no cabe y se vuelve contra nosotros mismos.

El pasado Congreso del Partido parecía un balón de ensayo inmejorable para darle un vuelco al uso instrumental de los medios y desatar las potencialidades de un pool de periodistas, escogidos y convocados por su amplia trayectoria profesional para reportarei evento. Paradójicamente, durante la misma jornada inaugural en que el presidente Raúl Castro llamaba a “cambiar la mentalidad”a fin de resolver los problemas del país, en la prensa se reproducían las prácticas históricamente criticadas tanto dentro como fuera del gremio: una nota informativa sobre el inicio de la reunión, idéntica para todos los periódicos, y más tarde la publicación del Informe Central al Congreso con las mismas fotografías y las mismas divisiones en epígrafes.

Más allá de coyunturas específicas, periodistas de diferentes medios coinciden en señalar el costo que tiene, en términos de estancamiento e inercia profesional dentro del debate de ideas, cualquier intento de usurpar el papel de los reporteros como responsables naturales de los contenidos periodísticos de sus organizaciones. Al mismo tiempo reclaman un espacio de autonomía en el ejercicio de la profesión, que, por cierto, nada tiene que ver con los supuestos de “independencia de los medios”o “perros guardianes”frente al poder, asentados a través del tiempo por el periodismo liberal.

La singularidad de esta visión podría, probablemente, capitalizarse como fortaleza a favor de la cobertura del actual proceso de reformas: a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, la cultura profesional de los periodistas cubanos no mira con acomplejamientos la toma de partido o la declaración explícita de un compromiso político, pero sí aspira, en el ideal de sus valores, a complejizar su representación de la realidad, a una mayor apertura de las fuentes, a denunciar los problemas sociales sin encubrirlos con ambages y eufemismos. Decenas de reuniones celebradas por el gremio expresan consenso en torno a un modelo de prensa revolucionaria, que se realiza como tal en la medida que contribuye a vigorizar la esfera pública socialista y media activamente entre las prioridades del Estado y las demandas de información de las audiencias.

Una prueba de cuánto ha calado esta manera de verse a sí mismos, es la transferencia eficaz de tales nociones a las generaciones más jóvenes de reporteros de los medios. Estudiantes entrevistados hace pocos años en torno a su ideal profesional, se distanciaban claramente de los patrones de “oposición prensa-gobierno” expandidos por el liberalismo, y simultáneamente defendían, dentro del contexto del socialismo cubano, un grado de autonomía razonable para fomentar la discusión sobre los asuntos públicos. Así, los más jóvenes se identifican con un periodismo “en función del pueblo, que alerte y denuncie los males sociales; por naturaleza humanista, ético, reflexivo, participativo, crítico, revolucionario, que refleje la realidad y que lo haga siempre comprometido con su tiempo y sus principios” […] “Debe ser un espejo donde el pueblo sea actor real del cambio revolucionario” (Estenoz, 2006).

El futuro de la prensa cubana o ¿la luz al final del túnel? En la clausura del pasado Congreso de la UPEC, el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz Canel (2014) encuadró la necesidad de cambios en la prensa en términos bastante realistas:”El problema no es sólo de los periodistas, ni es sólo de los medios, es del Partido en primer lugar, y nosotros también tenemos que autocriticarnos en lo que no hemos logrado para potenciar nuestra prensa”

Desde entonces hasta la fecha, el propio Díaz Canel ha encabezado una cruzada contra el secretismo en instituciones, ministerios y organismos públicos donde se han abolido directrices – explícitas o no- entorpecedoras del trabajo mediático. La mentalidad de plaza sitiada había condicionado absurdos tales como impedir el acceso de reporteros a una simple escuela local, sin la autorización de la sede central del Ministerio de Educación.

Para algunos, incluso desde las filas de la prensa extranjera acreditada en Cuba, el panorama empieza a ofrecer signos alentadores, si bien todavía demasiado tímidos. “Comparado con épocas anteriores -dice uno de los corresponsales en la Isla de AFP-hay gente capacitada que se siente con la posibilidad de hablar que antes no había. Me refiero a investigadores muy serios del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana o del Centro de Estudios de la Economía Internacional […] Esto va conformado un panorama creíble en el exterior en el sentido de que la noticia va completa”.”El hecho de que Díaz Canel esté tan inmiscuido en el tema de la prensa -añade un ex corresponsal de la BBC en La Habana- te demuestra también que hay una intención de cambio” (Mieres, 2014).

Otros prefieren ser más conservadores en sus expectativas, conscientes de que las transformaciones en la prensa están insertas dentro de otras más generales de la sociedad. El reconocimiento, por parte del primer vicepresidente cubano, de la escasa cultura comunicacional del país, es una evidencia de que el problema tiende sus redes hacia la política y, por consiguiente, hacia las prácticas de construcción del consenso dentro de la democracia socialista cubana a todos los niveles. Darle a la comunicación un lugar protagónico implica favorecer la participación de la opinión pública en la toma de decisiones, acortar las distancias entre gobernantes y gobernados, y multiplicar la capacidad del sistema político de reproducirse sobre la base de encauzar las discrepancias, tras ventilarlas públicamente con autoridad y transparencia.

Durante el pasado Congreso de la UPEC, varios de los principios presentados por la investigadora Rosa Miriam Elizalde como parte de un diagnóstico del ideal profesional compartido por los periodistas cubanos, destacan precisamente la necesidad de políticas comunicacionales más plurales y dialogantes: defensa de la diversidad comunicativa, establecimiento de agendas que garanticen la participación efectiva y activa de la ciudadanía, acceso abierto a la información, el conocimiento y la cultura, y sobre todo, la comprensión de lo público como “punto de encuentro de la población dispersa y segmentada”o “espacio de reconocimiento y consenso social”entre sectores heterogéneos (Elizalde, 2013).

La consolidación de blogs y redes sociales como plataformas comunicativas de un potencial alcance masivo, la extensión generalizada de memorias USB, discos externos, reproductores de DVD o dispositivos móviles como potentes canales de circulación de contenidos, la existencia eficaz de redes encargadas luego de actualizarlos periódicamente, conforman un panorama que trasgrede los límites establecidos por los medios tradicionales y dota a la producción comunicativa de lógicas cada vez más reticulares. Si los roles de emisor y receptor presumían antaño de definiciones claras, ahora son perfectamente intercambiables. Si los mensajes fluían en una sola dirección y “bajaban” de los medios a las audiencias casi por gravedad, ahora compiten desde todas partes por ganar reputación sobre la base de su posicionamiento y visibilidad. Lo público ha dejado de ser lo público-mediático para dar paso a una gestión de la comunicación mucho más horizontal y democrática.

Aun cuando, ciertamente, los cambios hacia una prensa más participativa vienen reclamándose en Cuba desde hace décadas, las características del contexto actual podrían catalizar el salto por más de una razón:

– A diferencia de escenarios anteriores, el silencio o la opacidad mediáticos sobre determinados asuntos no impide hoy que ellos formen parte del espacio público; antes bien los alientan, sobre la base de estimular la curiosidad y la inclinación de las audiencias hacia canales informales. El costo para el capital simbólico de la prensa es más alto, a medida que es más fácil para los receptores informarse sin recurrir a los medios, e inferir las agudas diferencias entre la agenda pública y la propuesta por los mensajes masivos. Lo que está en juego, entonces, no es el rating de determinada televisora o la tirada de un periódico, sino la credibilidad de un sistema de comunicación pública que, aún con sus virtudes y defectos, ha jugado un papel de acompañamiento clave a las batallas políticas de la Revolución cubana.

– De mantenerse muchas de las prácticas actuales, no es difícil pronosticar una mayor erosión en la capacidad del sistema comunicativo para responder a las demandas del sistema social de la isla. Sería, como han demostrado largamente las investigaciones sobre efectos, un resultado lento, pero suficientemente hondo como para dañar las lógicas de reproducción del consenso conquistadas durante décadas por Cuba y su liderazgo histórico.

El llamado de la dirección del país a potenciar el papel de las instituciones, tendría que traducirse dentro de este campo en un fortalecimiento de la institucionalidad comunicativa, que estimulara en los directivos de la prensa la capacidad de decidir con autonomía, disparara el liderazgo de los medios como fuentes de información y debate en la esfera pública, se articulara hábilmente con otros canales y prácticas de comunicación emergentes, y produjera, en suma, todos los ajustes estratégicos que resulten funcionales a la construcción de la hegemonía de la nueva época.

La intervención de Díaz Canel en el pasado congreso de la UPEC dejó entrever respuestas que el sistema político baraja a tales demandas: desde la célebre posibilidad de una ley o decreto-ley para la prensa (añorados históricamente por el gremio periodístico), pasando por nuevos modelos de gestión de medios, hasta una política nacional de comunicación concebida, instrumentada y articulada más desde “lo público” -entendido como espacio plural de construcción del consenso-, que desde “lo estatal” -visto como instancia exclusiva en la producción /distribución masiva de contenidos.

Aunque la UPEC ha contribuido a configurar durante décadas un modelo de prensa, las diferencias entre la teoría y la práctica han situado progresivamente a los periodistas al borde de una fatiga cuyas consecuencias no son marginales: por un lado, como se ha dicho antes, son notables las huellas de la desprofesionalización del sector sobre la producción comunicativa; por otro, la motivación a superarse choca contra un peligroso muro de inercias y resignaciones.

Desde un extremo opuesto, las discusiones del último Congreso de la UPEC, junto a los debates en torno a las propuestas contenidas en el libro Revolución, Periodismo y Socialismo, obra postuma de Julio García Luis, han fomentado un movimiento “desde abajo”dispuesto a presionar por mejores prácticas. En lugar de iniciativas genera-listas, la UPEC apuesta hoy a proponer experimentos concretos en las rutinas productivas y profesionales de los medios. En lugar de una vanguardia desconectada, se trata ahora de un discurso gremial crecientemente articulado, cuyo mayor desafío está, por un lado, en expandir el espíritu del cambio, y, por otro, en contribuir a desbrozar las condiciones económicas, políticas y culturales para hacerlo viable.

Sobre la cabeza de algunos, sobrevuela el fantasma de la”glasnost”como referente paralizante. Hay también quienes siguen invocando la “plaza sitiada” para advertir los riesgos de un campo lleno de minas. Y aunque a unos y otros no les falte parte de razón, los más parecen comprender que, en medio del salto civilizatorio supuesto por la sociedad de la información y tomando en cuenta el capital cultural acumulado en la isla a lo largo de cinco décadas, nada se paga más caro que el inmovilismo.

Bibliografía

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Cabrera Morejón, Elizabeth 2014″¿Actualización en primera plana? Un estudio sobre la correspondencia entre la agenda pública de un grupo de cuentapropistas habaneros y la de medios nacionales en torno a la actualización del modelo”(La Habana: Facultad de Comunicación).

Medina, Raúl E. 2014″Escribir la Reforma. Mediación socioprofesional en el proceso de producción periodística sobre la actualización del modelo”.Tesis de licenciatura (La Habana: Facultad de Comunicación).

Mieres, Anabel 2014″De las agencias y otros demonios. Un acercamiento a la construcción del discurso periodístico en torno a la actualización del modelo en Reuters, AFP, EFE, AP y Xinhua”. Tesis de licenciatura (La Habana: Facultad de Comunicación).

Mieres, Anabel 2014″De las agencias y otros demonios. Un acercamiento a la construcción del discurso periodístico en torno a la actualización del modelo en Reuters, AFP, EFE, AP y Xinhua”. Tesis de licenciatura (La Habana: Facultad de Comunicación).

Partido Comunista de Cuba 2012 Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.

También llamados"cuentapropistas"dentro del discurso público de la isla, equivalentes a propietarios indivi¬ duales. ↵

Pool de tesis tutorados por el profesor Abel Somohano y el autor de este artículo, durante los años 2013 y 2014, que comprende las investigaciones siguientes: Cabrera Morejón, Elizabeth: "¿Actualización en primera pla-na? Un estudio sobre la correspondencia entre la agenda pública de un grupo de cuentapropistas habaneros y la de medios nacionales en torno a la actualización del modelo" Ferrer Brenda:"EI consumo informativo en torno a las noticias de la actualización del modelo" Guía, Geisy: "Actualización, ¿por dónde empezar? Un estudio sobre el discurso de los periódicos Granma y Juventud Rebelde en torno a la actualización del modelo" Medina, Raúl E: "Escribir la Reforma. Mediación socioprofesional en el proceso de producción periodística sobre la actualización del modelo" Mieres, Anabel: "De las agencias y otros demonios. Un acercamiento a la construcción del discurso periodístico en torno a la actualización del modelo en Reuters, AFP, EFE, AP y Xinhua" ↵

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Actores económicos y ¿sujetos de la política? La reforma cubana y los trabajadores autónomos

Ailynn Torres Santana Diosnara Ortega Gonzalez

Resumen

El texto analiza el actual proceso de reforma en Cuba desde una mirada escasa hasta el momento: las culturas políticas de actores económicos de importancia. Se parte de la premisa de que la relación entre economía y política requiere ser leída para comprender el sentido, el curso y el futuro de la llamada “actualización del modelo económico”. Basado en una investigación empírica, el artículo se preocupa específicamente por los “trabajadores por cuenta propia” y revela que, además de actores económicos, son sujetos de la política. Más que conclusiones, el texto muestra tendencias y especificidades de los discursos de trabajadores autónomos concretos. Sus valoraciones, creencias y prácticas, dan cuenta de universos políticos heterogéneos y complejos, imprescindibles de atender por quienes se pregunten por las posibilidades democráticas de la isla.

Abstract

This text analyzes the current process of reforms in Cuba from what has been a lacking approach until now: the political cultures of important economic actors. We start off from the premise that the relationship between economy and politics needs to be analyzed in order to understand the sense, course and future of the so-called “economic model update”. Based on empirical research, the article focuses specifically on the “workers on their own account” and reveals that, besides being economic actors, they are subjects of politics. More than conclusions, the text shows tendencies and specificities of the discourses of actual autonomous workers. Their assessments, beliefs and practices show heterogonous and complex political universes, indispensable to take into account by those who ask about the democratic possibilities of the island.

Palabras clave

Cuba, reforma económica, culturas políticas, trabajadores por cuenta propia, espacios de la política, sujetos políticos, tiempos de la política.

Keywords

Cuba, economic reform, political cultures, workers on their own accord, political spaces, political subjects, political times.

En el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (2011) se discutió y legitimó la reforma que desde 2007 había comenzado a gestarse con la presidencia de Raúl Castro. El núcleo del Congreso fue “la actualización del modelo económico” a través de su instrumento rector: los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Aunque el proceso puede analizarse desde perspectivas culturales, sociales, políticas, ecológicas, etc., hasta el momento ha predominado el interés por sus contenidos económicos. Efectivamente, se han producido cambios de importancia en ese orden —se amplía y diversifica la inversión extranjera, se autorizan sectores cooperativos en ámbitos de producción y servicios antes prohibidos, se crea y amplía un creciente sector privado de diferentes escalas, se autoriza la compra y venta de bienes inmuebles y de autos, etcétera— mismos que han constituido el primer plano del proceso. Tal énfasis ha tenido como mayor vocera a la política oficial; que aunque ha acompañado su discurso de la afirmación de que “nadie quedará desprotegido” no ha ahondado en las garantías contra la desprotección.

Ahora,”la interpretación de la actualización no debe limitarse al ámbito puramente económico, al margen de la política, la sociedad y la ideología. Se trata de un proceso de transformación del modelo de reordenamiento político y social” (Hernández y Domínguez, 2013). De hecho, la nueva estrategia económica ha supuesto —y dado lugar—, capitalizado y (re) creado, sentidos y prácticas políticas. Es de ello de lo que se ocuparán las páginas que siguen; donde la relación entre economía y política es central —como indicador del curso de los cambios, como núcleo de análisis prospectivo y como eje para desentrañar los modos en que actores económicos se posicionan y reformulan las posibilidades políticas para el país—. La relación entre economía y política no es una opción teórica o normativa; antes bien, aquí se entiende como un vínculo consustancial a la vida social. Sin embargo, su fragmentación en la práctica, agendas y discursos políticos hace parte de lógicas específicas de poder que (re) producen imaginarios de esferas autónomas, funcionales a las jerarquías tanto políticas como económicas: así se sostienen los proyectos liberalizados de la economía y de la política, sistemáticamente excluyentes de amplios grupos, desposeídos de la posibilidad de intervención en las condiciones de su existencia. En la Cuba presente, dicho vínculo, como veremos enseguida, evidencia una relación definida por la puja entre criterios rentistas y políticos, entre el proyecto de una economía regulada por el mercado —productor de eficiencia y rentabilidad— y una economía política cuyo horizonte sea un país “para todos”[1].

El interés de este artículo por leer la reforma más allá de sus expresiones económicas, se concreta en una reflexión sobre las culturas políticas de uno de sus actores fundamentales: los cuentapropistas: trabajadores “independientes” autónomos, insertos en el sistema tributario[2], que han constituido un centro fundamental de la reforma.

Aun cuando desde la década del setenta el gobierno cubano autorizó la existencia de un pequeño sector privado, y desde 2007 las actividades por cuenta propia son una de las apuestas más notables de la actualización del modelo económico[3], hasta el momento, esos trabajadores no pueden considerarse un grupo social homogéneo ni estable; sino en conformación, caracterizado por los factores coyunturales —y no pocas veces ambiguos— de las transformaciones actuales. Cuentapropistas, es así una categoría difusa, que integra a los trabajadores de un sector privado “emergente” que provienen de muy diferentes espacios sociales —amas de casa, profesionales, obreros, técnicos, estudiantes, jubilados de los sectores militares, etcétera— y en el que, además, están teniendo lugar evidentes procesos de estratificación. Desde la dirección política, desde los estudiosos de la reforma y desde el propio imaginario de otros grupos, los trabajadores por cuenta propia se consideran actores económicos, y desde allí se interpretan e interpelan. Nuestra hipótesis es que, también, los cuentapropistas son sujetos de la política.

Para abordar el campo de problemas que ello supone, las páginas que siguen refieren un estudio sobre culturas políticas en Cuba, donde los cuentapropistas fueron uno de los sectores sociales explorados[4] (Torres y Ortega, 2014). El análisis sobre las culturas políticas nos permite dar cuenta del universo de nociones, valoraciones, ideas, símbolos y prácticas respecto a la política.

El recorrido del texto consta de tres momentos: un primer apartado donde se presentan los espacios de la política reconocidos por estos sujetos, y con ello las relaciones entre economía y política. A continuación se reflexiona sobre quiénes componen esos espacios, cuáles son los imaginarios sobre ellos y sobre sus roles; para ahondar la medida en que se configuran sujetos políticos y/o sujetos de la política. Finalmente, se refieren los futuros—individuales y colectivos—imaginados por estos actores, con lo cual se aludirá a sus propias posibilidades como actores más allá de los marcos de la economía.

Espacios de la política. El lugar de la economía y la política Ya se ha dicho que la reforma se ha anunciado como un espacio económico.Tal enunciado, sin embargo, debe problematizarse. Un modo de hacerlo es preguntarnos: si el de la economía es el espacio de la reforma, ¿cuál es el espacio de la política?

Al respecto es posible sugerir una primera idea: aquello que los trabajadores autónomos estudiados creen, conocen, sienten, piensan y hacen en cuanto a la política, parte de una fuerte relación con sus espacios vitales de existencia. En primera instancia, esto podría parecer una simple corroboración de la teoría: la subjetividad social se construye a partir de determinaciones sociales, biológicas y psicológicas; las dinámicas de vida social deben analizarse indefectiblemente atendiendo a los contextos materiales, culturales, identitarios —todos sociales— de los sujetos y grupos; al proceso de producción social, en el sentido marxiano del concepto.

Sin embargo, a lo que se alude aquí, es a que las referencias y posibilidades de involucramiento con la política se remiten constantemente —y casi en exclusiva— a aquello que se logra o no se logra hacer para reproducir básicamente la vida propia y la de las personas más cercanas (la familia). De ello se derivan dos planteos: primero, existe una fuerte asociación entre los contenidos de las culturas políticas y la reproducción de la vida cotidiana en términos de posibilidades de subsistencia y de movilidad social ascendente. En segundo lugar, el individuo y la familia, constituyen espacios privilegiados de referencia. El último es un proceso que se ha venido corroborando en el análisis de la sociedad cubana desde la crisis de los noventa: un retorno a los espacios más “íntimos” de la vida social como principales de la existencia; un “retraimiento” hacia la familia como espacio casi único de preocupación y satisfacción de los sujetos, y como anclaje social trascendental (Martin y Perera).

Ahora, ello tiene amplias consecuencias políticas y analíticas. El espacio social puede ser, o no, co-gestionado. En el socialismo, la gestión colectiva es central —incluyendo la co-gestión de la escasez— en todos los ámbitos: tanto en lo que se refiere a las relaciones sociales de reproducción como a las relaciones sociales de producción, que incluyen la división del trabajo y su organización en la forma jerárquica de fundones sociales. El retraimiento hacia los espacios más descolectivizados de la vida no es un resultado directo de la escasez; es una de las respuestas posibles a ella, que está conectada con la disolución de lazos colectivos o con su manifestación explícita allí donde el tejido social ya es endeble. Así, la co-gestión hace parte de dinámicas sociales históricamente constituidas; su presencia o ausencia no es natural ni permanente. La construcción no capitalista supone su incentivo, educación, potenciación, supone lo común; por el contrario, el desinterés hacia los espacios de deliberación, confrontación y cooperación —todos componentes del trabajo en común— denota debilitamiento del espacio político[5].

Para al menos un sector de trabajadores por cuenta propia, esto se mostró de dos formas diferentes, pero relacionadas: como rechazo a la política en tanto espacio de conflictividad social, y una consecuente necesidad de “escape” de los mismos —”la gente no se interesa más en la política, para nada / la gente no quiere saber nada de política / la gente lo que quiere es ver novelita y muñequitos / la gente no quiere ver ni el “estado” del tiempo / la política es problemas na’má”— y como una convicción de que la política es irrelevante.

¿Pero, dónde radica su irrelevância? Esa pregunta indica uno de los’Viúcleos duros” de las culturas políticas de estos actores económicos, aquel que se define por la relación entre política-vida cotidiana; y cuyo contenido principal alude a que la política es considerada irrelevante—en primera instancia— por su deslinde de la “vida real”

En su propia voz: la política no sirve para comer / no hace ningún cambio / no se discute de política porque las personas están adentradas para sobrevivir, para salir adelante / la gente de la calle que tiene que sudar trabajando, no tiene tiempo para eso [para la política][6]. Tales planteos son sólo algunos ejemplos de los registros en los que se entiende una escisión entre economía y política que les es central.

A ello se suma que la política se considera un espacio de inmovilidad, de encalla-miento, limitante del potencial dinamismo que puede representar la economía. En consecuencia, una idea de fuerza es que los cambios que necesita Cuba tienen que ser en todos los sentidos, pero principalmente económicos. Mientras, la política se asocia a los ámbitos institucionales de la administración —que son irrelevantes— y se entiende restrictiva. Ese último elemento está relacionado con el vínculo expreso que los trabajadores autónomos establecen entre la política y la ley. Los “vicios” de una y otra son recurrentes y recíprocamente determinados. La ley, como la política, se califica como ambivalente, poco clara, desvirtuada en la práctica, y disociada del discurso oficial —que anuncia políticas que no se asisten de leyes—; lo cual se acompaña de una falta de credibilidad de la constitucionalidad existente, de fuertes críticas a su incumplimiento, y de un cuestionamiento de los beneficios de la legalidad: “No hay papeles, no hay legislación, sé que estamos aprobados por la Asamblea Nacional pero qué pasa […] que la gente está desinformada […] Es una desorientación, no hay nada escrito”[7].

De acuerdo con todo lo anterior —y aun para quienes sí reconocen un interés hacia la política y la conexión de ella con su cotidianidad— se entiende que la política afecta —o no afecta— únicamente en la medida que define el espacio económico; de lo contrario, son ámbitos independientes. Es de acuerdo con ello que, por una parte, se puede hablar de una fractura política versus economía: la gente —se aludió— no está para la política, porque no es la forma que ayuda a superarse económicamente pero —se añadía consecutivamente— sí está para los cambios; a la gente no le interesa la política, lo que le interesa es discutir sobre temas de economía, mientras tengamos lo necesario no hay problema. Y por otra parte, de una relación utilitaria entre ambos espacios, expresada en el siguiente sentido: la política no es útil, porque no cambia, porque no impacta “favorablemente” en la vida de las personas; y la economía sí lo es. Por ello, la relación entre uno y otro espacio es —cuando existe— de determinación unívoca de la economía sobre la política: los criterios de racionalidad económica han de regir la vida política para que esta funcione, para que recupere, si fuera posible, algo de su sentido. El espacio de la política sólo puede “salvarse”—esto es, recobrar legitimidad— en tanto recupere su vínculo con la economía y con los cambios en curso.

Esos elementos se encuentran mediando y configurando la subjetividad política de al menos una parte de estos actores económicos, tanto como su experiencia como sujetos políticos. Según los sentidos de los discursos, la política debería servir para vivir, para hacer posible que podamos trabajar para ganarnos el pan. El trabajo, de hecho, constituye un núcleo importante dentro de las culturas políticas de estos actores económicos, pero es debido realizar algunas especificaciones al respecto. En primer lugar, el trabajo se refirió como un espacio de la economía —no de la política—, y en tanto tal, como necesidad de producir: los que trabajan son los que producen, en el sentido de producción material de bienes. El objetivo del trabajo, y su prioridad, es la obtención de un resultado económico positivo, lo cual resulta el centro único de la actividad laboral. No se alude en ese sentido a las condiciones de trabajo, a conflictos presentes o posibles, ni a como ellos se pueden resolver políticamente; el esfuerzo ha de dirigirse a trabajar más para ganar más. Así, para que el espacio de la economía tenga un curso positivo, hay que producir/mantener la unión, la disciplina/eliminara las personas que no produzcan.

¿De dónde proviene este tipo de argumentación liberalizadas del mundo del trabajo, que resulta escindido de la vida política real e imaginada? Una hipótesis puede sugerir que ello responde a la asimilación, dentro de las culturas políticas de este grupo, de ciertos contenidos del discurso oficial. El énfasis en la producción, como horizonte e indicador del trabajo, inauguró el proceso de actualización del modelo económico cubano; desde entonces, ha sido regulador de las decisiones y agenda de cambios. Una discusión política sobre qué significa la producción, bajo qué condiciones y cuáles son sus costos, no se ha dado; sin embargo, la “lógica”existente la asocia con un tipo de trabajo en específico, cuyo signo principal es la rentabilidad económica. Esta imaginación ha comenzado a hacer parte de las culturas políticas de los integrantes de este grupo, y convive con las críticas a la política antes mencionadas, que la reconocen como un espacio desvinculado, y a veces opuesto, a esa necesaria producción[8].

Con todo, el desinterés mostrado hacia la política muestra, más allá de una desafección hacia ella, las razones de esa desafección; sobre la base de: inoperatividad de la política para la vida cotidiana y de problemas de la política misma, institucionales —los cuales serán profundizados más adelante-.

Teniendo en cuenta lo comentado hasta aquí, es posible ensayar algunas interpretaciones posibles sobre este “secuestro” de la política por la economía, y preguntarnos por qué se ha asentado ese tipo de reflexión en las culturas políticas de trabajadores autónomos, por qué es tan central en sus modos de pensar/actuar la política. Ello podría respondera distintos factores relacionados:

La presente y larga crisis económica, que desde la década del noventa incrementó la precarización de la vida de gran parte de la sociedad cubana, y la acumulación de necesidades básicas insatisfechas, que han dado lugar a un ensanchamiento de la desigualdad (Espina, 2008), y ha hecho más sostenidas y profundas las diferencias sociales y las carencias materiales.

Un énfasis en la economía, producido desde el gobierno de Raúl Castro y en especial a partir del proceso de actualización del modelo económico, sostenido, como ya se ha dicho, en un aumento de la eficiencia y productividad económica.

El asentamiento de una lógica fragmentaria entre política y economía; relacionada con el reforzamiento de la necesidad y apertura hacia un capital, muchas veces extranjero, y en apariencia despolitizado, que aseguraría el despegue económico ne cesario.

Los vínculos entre los cubanos que viven en la isla y su diáspora, que de modo creciente realizan inversiones de pequeña y mediana escala, como modo de asegurar un sitio en el posible mapa futuro de la economía cubana; pero que no se encuentran integrados en redes ni espacios de discusión polí

Tales factores —y otros— combinados, configuran ideas sustantivas sobre un espacio de la política relativamente autónomo, irrelevante, y muchas veces restrictivo. Pero, ¿quiénes son los sujetos que (re) componen y se mueven en ese espacio de la política? Los análisis al respecto pueden tener múltiples entradas. Una de ellas, especialmente sustantiva, es la exploración sobre los representantes políticos y sobre la ciudadanía. Antes de abordarlas, permítasenos algunas observaciones.

¿Quiénes son los sujetos políticos? Uno de los núcleos importantes del proyecto y la práctica de la Revolución en sus primeras décadas fue la trasformación en sujetos políticos a grandes grupos sociales. Ese acceso a la política supuso la modificación radical de la relación individuo-sociedad. Los intereses individuales y los colectivos fueron centro de esos debates, tanto como los derechos de uno y otro signo. Los modos en que se entendieron las responsabilidades sociales fueron cruciales para emprender procesos políticos de gran calado, que aseguraron los triunfos y épicas más grandes de la Revolución[9].

Desde la crisis de los noventa —crisis que no fue solo económica sino también política, cultural— se ha producido un creciente distanciamiento, consignado por algunos autores como “apatía” o “apoliticismo”[10]. Antes en este texto se ha llamado la atención sobre una de las formas de expresión de ese proceso: el estrechamiento de los espacios de interés dentro de la sociedad cubana. En nuestra opinión, ese es un resultado de la combinación de la pérdida progresiva de espacios de autonomía social —en un contexto de centralización que expropia la organización social de grupos en las bases y circunscribe sus posibilidades políticas a los marcos de un sistema político altamente formalizado— con una situación de crisis económica que buscó enfrentarse con soluciones más familiares e individuales que sociales o comunitarias. Sin embargo, ese proceso no indica que la vida social cubana haya devenido, sin tensiones, en un proceso de individuación agotador de otros modos de relacionamiento y pertenencia social. Por el contrario, son evidentes los conflictos entre lo individual y lo colectivo; esto es, entre soluciones individuales a condiciones de precariedad económica y responsabilidades sociales conscientemente asumidas, y luego abandonadas.

La participación en actividades valoradas socialmente, como la de profesores del sistema de educación que luego emigraron hacia el cuentapropismo, es uno de los ejemplos a señalar. Un joven graduado de licenciatura en educación, ahora empleado en un negocio de venta de CD, expresa ese conflicto del siguiente modo: yo di un paso que no fue positivo para muchas cosas, dejé a niños sin maestro, pero, imagínate, son decisiones que uno tiene que tomar para ver si mejora la calidad de vida.

Otros trabajadores autónomos entendieron ese tránsito como una afirmación de su individualidad; como un hecho natural de querer mejorar, y de usar los medios necesarios para ello. En cualquier caso, ese no fue un contenido naturalizado, una obviedad en la cual no se detiene el curso del argumento; ya sea como conflicto o como afirmación, la relación individual-colectivo constituyó un elemento importante, un espacio de decisión.

Las preocupaciones que trascienden el sí mismo se expresan en similar sentido, por ejemplo, de este modo: si quitan la canasta básica yo siento que en Cuba se va a pasar hambre, porque todo el mundo no es cuentapropista, y no tiene una entrada diaria, por de decir… a mí me entran 50 pesos diarios. La conciencia de la precariedad colectiva, y una reflexión/preocupación por ello, acompaña de ese modo las decisiones que en primera instancia podrían calificarse como tendientes a la individuación acrítica. Por el contrario, es posible sugerir la existencia de una zona de conflicto que es necesario atender. Ahora, ¿pasarán a ser naturales las alternativas individuales, centradas en las ganancias capitales, desconectadas del otro? ¿O será posible re-capitalizar el potencial sociopolítico que ello tiene para generar verdadera participación y co-gestión de un espacio social liderado por sujetos colectivos?

La actual coyuntura de cambios en Cuba priorizó un curso: el de las alternativas individuales, los sujetos individuales, como protagonistas de lo que el país necesita: producir. Tiempo después —para algunos a destiempo— se comenzaron a ensayar alternativas colectivas en la forma de autorización del trabajo cooperativo. No cabe duda, al ver el cronograma hasta el momento, que se ha priorizado un camino de profundización de relaciones no colaborativas, sino mercantiles de los espacios laborales. La premisa de la producción no se ha reflexionado en términos de cómo y quiénes producen. ¿Deberá ser esta una discusión imprescindible para solucionar, positivamente hacia el freno del establecimiento de relaciones capitalistas, esta zona de conflicto antes mencionada?

Ciudadanos y representantes:”Nosotros, los de abajo”. Antes de abordar directamente los contenidos relativos de las culturas políticas de los representantes políticos, son precisos unos comentarios generales.

El modelo de democracia cubano concibe en su diseño para la regulación e intervención en el poder estatal, la representación indirecta o mandato representativo, y la participación directa. Sin embargo, en el propio diseño del sistema político, la representación prevalece —y habitualmente agota— sobre los mecanismos de participación directa, que, además, quedan reducidos en la práctica[11], donde el poder real de agencia lo recaban los órganos estatales[12].

Pero, a la vez, investigaciones recientes en Cuba muestran cómo en las bases, las relaciones entre electores-delegados-órganos del poder popular, se restringen a la agregación de demandas sobre un ámbito estrecho de vida comunitaria; que, aun así, no contiene posibilidades de transformación de la política ni siquiera a su interior. De hecho, lo que muestran los estudios es que la forma política de relación entre mandantes y mandatarios en el nivel de base —que es al que los ciudadanos tienen acceso universal— es casi en exclusiva la de las rendiciones de cuenta. Dicho espacio, altamente formalizado, realiza sólo procesamientos administrativos —y no políticos—de las agendas y demandas[13]. Estos, entonces, no son lugares de redefinición, imaginación, y (re)construcción de relaciones de poder. Siendo así, los representantes políticos en las bases están imposibilitados de insertarse en los procesos de toma decisiones. Por ello, de acuerdo con los trabajadores autónomos, ese es un lugar al que a casi nadie le interesa llegar.

Ese escenario condiciona —y es condicionado por— las culturas políticas; mismas que manifiestan: la creencia sobre la ausencia de espacios de participación ciudadana —no hay modo de decir lo que se piensa— y la valoración negativa sobre los espacios que existen —sise puede decirlo, pero eso no tiene implicaciones en la trasformación de la realidad/no se ponen en práctica los criterios de la ciudadanía—. Con ello como base, se argumenta el descreimiento sobre el sistema electoral, que se entiende vaciado de contenidos políticos, y completamente formalizado. De hecho, el sistema electoral y los procesos de representación, fueron reiterados en la investigación que ofrece estas reflexiones, como una muestra de la limitación real de la ciudadanía para la intervención política.

En general, las culturas políticas exploradas se componen de ideas y valoraciones de esta naturaleza: débiles conocimientos sobre el sistema político y los mecanismos de participación institucionales; soluciones individuales y ancladas en relaciones uno a uno; ausencia de mecanismos efectivos de participación, de espacios de opinión pública y deliberación; poca credibilidad en los mecanismos de participación existentes debido a su inefectividad. Teniendo en cuenta lo anterior, es que afirmamos que a nivel de las culturas políticas, existe una crisis de representatividad, sostenida en un quiebre entre la política popular y una política vertical que se disuelve en el recorrido de las altas esferas a las bases. Siendo así, se produjo una crítica dirigida a la falta de legitimidad de los representantes políticos de base, y a su imposibilidad de constituirse en decisores políticos.

Las culturas políticas emergentes del estudio, permiten sugerir que el sistema político no ha logrado concretar, aun dentro de su propio diseño, una relación de mandato entre representantes y representados[14]. La ausencia o limitaciones de los mecanismos de participación política —como la rendición de cuentas, la revocación, la iniciativa legislativa— configuran nociones de concentración del poder político en los más elevados niveles de representación, quedando los espacios ciudadanos desprovistos de opciones de procesamiento y redefinición del poder. Ese escenario se ha asentado en las culturas políticas estudiadas que expresan, al tiempo que condicionan, el comportamiento político.

Tales elementos explican por qué estos sujetos no reconocen su actuación dentro de los espacios políticos, no se consideran actores ni sujetos políticos, y tampoco consideran como tales a sus representantes en las bases: yo no soy un actor político, a mí no me interesa la política. Sin embargo, la política los”afecta”a través de marcos regulatorios sobre su actividad económica, y de la imposibilidad de actuación en un sistema con fallas para la participación directa y sistemática. Por ello se afirma aquí que, de acuerdo con la investigación realizada, los trabajadores por cuenta propia se constituyen en sujetos de la política, en su sentido de sujeción. Esto no quiere decir que sus comportamientos no sean completamente políticos, sino que los marcos y dinámicas del espacio de la política se consideran una exterioridad a su vida, en la medida que no son controlados por ellos. Es posible decir, en general, que las demandas de trasformación del sistema político de representación y de participación—cuya frustración se entiende como deficiencia en términos de derechos— tipifican las culturas políticas de los trabajadores por cuenta propia.

En coherencia con lo anterior, respecto a la ciudadanía se pueden referir importantes limitaciones de contenidos y formas. Una delegada poder popular, cuentapropis-ta, define en estos términos la condición de ciudadanía: Tengo derechos, por supuesto, a caminar libremente por la calle, a hacer todo lo que yo quiera, a ir al cine, al teatro, respetar la bandera, el himno. Como ciudadana no tengo límites, lo que no tengo es dinero. El fragmento es profundamente relevador. Por una parte, evidencia la escasa elaboración de la noción y alcance de la ciudadanía, como estatus, como derecho y como práctica política; y por otro revela un quiebre producido entre la “ciudadanía material”y la “ciudadanía formal”: la primera disocia y se desentiende de la posibilidad de la vida real, cotidiana, y relevante para los grupos sociales concretos. Nuevamente la política, ahora referida a la condición de ciudadanía, no sirve para reproducir materialmente la vida.

La ciudadanía formalizada, componente de las culturas políticas, es tan irrelevante como la política misma. A ello se añade un desconocimiento sobre los contenidos, deberes y derechos ciudadanos; pero, eso sí, una percepción de falta de garantías a esos derechos, tanto económicos como políticos. El ejercicio de la ciudadanía, resulta finalmente lastrado.

Ahora, si ellos no se entienden como sujetos políticos, ni tampoco lo son los representantes de base —a quienes eligen con su voto directo—. ¿ Quiénes son los sujetos políticos? La respuesta de los trabajadores autónomos es que son “los políticos” Pero, ¿quiénes son esos políticos?, ¿qué los define?

Ciudadanos y representantes:”Ellos, los de arriba”. Para los trabajadores autónomos estudiados, el espacio de la política se define por los sujetos que participan de él —”los políticos” exclusivamente—; en consecuencia, dicho espacio responde a sus intereses; y se circunscribe a aquello que hacen los políticos en un marco específico: el del Estado, la administración, la ley.

De esos enunciados generales derivan elementos de distinto alcance. Tal criterio de exclusividad de la política se relaciona con la antes mencionada disociación entre política y vida real, y circunscribe a la política a la “pequeña política”—en el sentido gramsciano; esto es, por su alusión a un poder administrativo que tiene lugar exclusivamente dentro de la institucionalidad gubernamental, dentro del sistema político—. En consecuencia, no es reconocida actividad ni poder político entre los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales (incluidas las organizaciones de masas), ni ningún otro actor social. Como resultado, quienes trabajan de manera autónoma —y que son considerados por la política económica estatal como uno de los actores más importantes de la reforma cubana— no se reconocen a sí mismos como actores políticos, sino como actores económicos, mínimamente estructurados.

Con ello, su relación con la política se registra en un continuo que va desde el desinterés, hasta la participación en la agregación de demandas, en forma de queja o de malestar, siempre gestionado individualmente. Siendo así, al menos desde las culturas políticas, es posible sugerir que dichos actores económicos no reconocen posibilidades de participación organizada en el marco político, ya sea directa o indirectamente.

“La política resulta entonces —además de un espacio de líderes— un espacio totalmente androcéntrico, donde se otorga a los varones, y a su visión del mundo, de la cultura y de la historia, un lugar central”

Ahora, la ausencia de vida política no se restringe a sus ámbitos laborales, sino que se extiende, en general, a cualquier posibilidad de participación, incluyendo a las comunidades políticas de base; donde, como ya se mencionó, es inexistente la vida política y por ello irrelevante. Con esta última afirmación se quiere señalar que el carácter irrelevante de la política no es a todos los niveles, sino en los espacios que conciernen a los “ciudadanos comunes” cuyo anclaje político primario —la comunidad, el Consejo Popular— está vaciado de posibilidades de gestión efectiva.

Pero la ya mencionada crisis de representatividad no está exenta de conflictos y tensiones. A continuación un testimonio de una mujer de 51 años, empleada de modista/sastre y ex -directora de recursos humanos en una empresa mixta:

[…] siempre he sido muy revolucionaria y muy integrada. Fui militante de la juventud hasta la edad natural, hija de padres combatientes, mi padre lo dieron por muerto cuando Batista, lo salvó un campesino. Entonces cuando te educas en un núcleo revolucionario eres revolucionario también. La mayoría no fue así. Los 26 ponía mi banderona cubana y no me importaba lo que dijera la gente, porque hay crítica si uno hace eso. Cuando hay elecciones trabajamos, aunque sabemos que el delegado no resuelve nada, porque de verdad no resuelve nada; pero movilizamos gente y nos acostamos a las dos o tres de la mañana para que salga todo bien y no haya fraude. Ya los CDR [Comité de Defensa de la Revolución] no funcionan, la Federación [Federación de Mujeres Cubanas] tampoco funciona, ya casi nada funciona. No hay una atención a la ciudadanía que te permita quejarte y te dé respuestas.

El fragmento da cuenta de varios temas que iremos tratando en las páginas siguientes. Pero vale la pena ahora llamar la atención sobre las conflictividades al interior de las culturas políticas, producidas por las transformaciones de sus contenidos, y por los cursos psicosociales de los que los sujetos hacen parte: nuevamente, emerge la inefectividad de la política, pero ahora en conflicto con una socialización política que no permite desentenderse de ese espacio, aun en su irrelevancia.

Llegadas aquí, tenemos algunas ideas trabajadas que podemos puntear: la política es un espacio separado de la economía, y dependiente de él; la política es irrelevante en los ámbitos de actuación de las bases; la política no sirve para vivir; la política es un espacio de los políticos, pero los políticos no son los representantes de las bases. Entonces, ¿quiénes y cómo son?

Las respuestas a la pregunta anterior indicaron un fuerte consenso, coherente con lo visto hasta aquí: existe una alta asociación entre la política y los dirigentes e instituciones de más alto rango político en el país[15]. Así, se reafirma que la política es entendida como un ámbito reservado de poder vertical y de liderazgo de alto nivel; este último, una de las cualidades más señaladas en la descripción de los políticos. Queda ausente de la imaginación de los trabajadores por cuenta propia, la posibilidad de acción política independiente de la conducción de esas figuras/organizaciones de alta legitimidad oficial.

Además, las alusiones a los políticos mostraron una completa exclusividad de figuras masculinas. La política resulta entonces —además de un espacio de líderes— un espacio totalmente androcéntrico, donde se otorga a los varones, y a su visión del mundo, de la cultura y de la historia, un lugar central —aun cuando en el sistema político cubano existan mujeres ministras, delegadas del Poder Popular, diputadas, algunas de las cuales fueron entrevistadas, ya que también son trabajadoras autónomas.

Esta visión patriarcal de la política se expresó de distintos modos en la investigación, no sólo en relación a los iconos. Pongamos por ejemplo el argumento de una mujer, propietaria de un negocio de bisutería, frente a la pregunta sobre qué se necesitaría para ser político: yo no podría serlo porque no estoy a la altura, yo sólo terminé primer grado, soy ama de casa, tengo dos niños, no podría serlo. La condición de mujer/madre/cuidadora se repitió a lo largo de la investigación. El trabajo del cuidado, central en las discusiones de muchos países y movimientos sociales, se entendió, por las mujeres cubanas entrevistadas, como su (des) anclaje con la vida política, y como la razón de los cambios en su vida laboral, y sus intereses sociales.

En otro orden, es posible hablar de un nudo conflictivo de importancia alusivo a quienes, efectivamente, se reconocen como los políticos: una disociación entre el ser y el deber ser. Por una parte, los políticos deben ser los que respondan al pueblo, esto es, ser sus representantes: los políticos deben tener una visión de las cosas que el pueblo necesita/alguien que piense que de las decisiones que está tomando depende la calidad de vida de esas personas/ser representante del pueblo, de los humildes que no tiene nada, del pueblo trabajador. Y, por otra, como hemos visto hasta aquí, en la práctica, la política no sirve/no interesa /no”resuelve”

Este nudo se complejiza en términos de una brecha expresamente señalada entre “políticos, dirigentes”y ciudadanos; expresada como ruptura entre “pinchos” y “pueblo” entre “ellos, los de arriba” y “nosotros, los de abajo”; entre “los dirigentes” y “los que trabajan”. Hablamos entonces de un evidente proceso de diferenciación social cristalizado en la cultura. Pero es importante señalar nuevamente que “los de arriba” no son todos los políticos, sino aquellos que toman decisiones, que no son los delegados del poder popular, ni en general los representantes de las estructuras medias y bajas —donde los entrevistados incluyen hasta los diputados.

Ahora, en esos registros, “los de abajo” perciben a los dirigentes como sujetos con ventajas económicasy políticas, que toman decisiones separadas de la realidad ciudadana[16]. Pero el asunto es más complejo, la condición de político —de ser”de arriba” de llegar a serlo— se relaciona con méritos morales y personales: liderazgo, destaque intelectual, estudios, vocación por responder al pueblo; y no con condiciones económicas ni herencias políticas. Lo llamativo, entonces, es que a pesar que esas cualidades se enuncian como positivas, cuando caracteriza a los políticos, se hace negativamente, y se alude a una ausencia de representación, un desentendimiento de ellos de las necesidades y criterios ciudadanos. Este hecho, entre otros, muestra que las culturas políticas hay un diálogo permanente entre el”deber ser”y lo realmente existente. Este vínculo a veces se da como complementariedad y otras veces de modo disonante, pero siempre está presente en la (re) configuración de las culturas políticas.

Pero además, es notable que a los políticos no se los califica como acumuladores de capitales económico, los políticos no son los “ricos” del país; por el contrario, hay desconocimiento de vínculos entre monopolios de poder económico y político. Esto es, una ausencia de relevancia de poder económico como condición de acceso a la vida política. Sin embargo, al mismo tiempo, sí hay una percepción de mejores condiciones de vida en “los políticos de arriba” Con ello, si bien el poder económico no es condición del acceso a la política, los políticos se encuentran en la cima de la pirámide social, no por acumulación de capital financiero sino por el marco de poder que ofrece el ejercicio de la política en altos niveles, y que les diferencia del resto de la sociedad.

Lo anterior se vincula con que la desigualdad sea uno de los contenidos de las culturas políticas emergentes de la investigación, expresada en términos de mejores posibilidades y condiciones de vida para quienes se representan como la “clase política”—que incluye los militares de alto rango en activo— y los nuevos empresarios y extranjeros con negocios en Cuba. De hecho, las desigualdades se evidenciaron como una importante mediación de los contenidos de las subjetividades individuales y colectivas.

Todo lo anterior indica la reproducción de una cultura que entiende a la política como espacio selecto —y desconoce los campos cotidianos de lucha y negociación de poderes en todos los niveles de la sociedad— donde el más común de los hombres y mujeres no se reconoce como actor político, y donde la imaginación política se distancia de los espacios institucionales —que no funcionan o la limitan—. Es en esos términos que es posible hablar de la evidencia de desinterés por los espacios institucionales de la vida política del país, lo cual hace de estos actores económicos sujetos de la política; en su sentido de sujeción.

La política parece sujetar su presente, pero ¿y el futuro?

Los tiempos de la política Descubrir la gama de trayectorias históricas que son imaginadas por los distintos actores sociales permite una comprensión amplia sobre la política y sus cambios. Esta dimensión contribuye a ofrecer una perspectiva dinámica, procesual y prospectiva de las relaciones políticas: el campo político no sólo es lo que es, sino también lo que ha sido, y las opciones imaginadas y deseadas de lo que será, las que construyen igualmente el presente. Ahora, el futuro imaginado no es una prefiguración de los deseos —aunque también— sino un ejercicio analítico de las posibilidades consideradas reales, de acuerdo al curso presente. En este sentido se intersectan las vinculaciones entre el futuro del país y el de los sujetos, la dimensión individual y la colectiva.

La exploración sobre los futuros deseados e imaginados resultantes de la investigación en la que se basa lo comentado hasta aquí, permite corroborar elementos ya vistos: una crisis de representatividad, la separación entre el ámbito de la economía y la política, la reducción de la política a ciertos sujetos, espacios y funciones. Pero, además, aporta otros indicadores que interpelan algunos de los planteos realizados.

Antes de comentar lo que las culturas políticas nos informan sobre los futuros para Cuba, recordemos algo de lo dicho sobre los tiempos presentes de la política en la isla: la política actual se caracteriza por su inmovilidad, su falta de dinamismo, su repetitivi-dad y, en ese sentido, se aleja de las demandas del pueblo.

Ahora, el curso futuro, liderado por el sentido de la actual reforma, se define por una creencia altamente compartida sobre la ausencia e imposibilidad de cambios en la política, y por el esperanzamiento y optimismo en torno a los cambios económicos. De ello emerge una tesis consensuada: el cambio en la política dependerá de ponerse’^ la altura” de los cambios en la economía. La economía así entendida, continúa absorbiendo las posibilidades de futuro, y en ocasiones encontrándose como único espacio posible a imaginar, tanto en sentido positivo, como negativo. Veamos.

Me imagino a Cuba: mejorando, los cambios son para mejor: no sé en lo social, pero en lo económico bien / mejor, si seguimos como vamos y se dan oportunidades a pequeños negocios iremos mejor/en estos momentos se están haciendo transformaciones, y las transformaciones son para mejorar, sé que es un problema económico general / un poquito mejor porque se están dando buenos pasos /yo pienso que Cuba dentro de 5 años pueda ser una Cuba transformada, no como ahora que se está pasando un poquito de trabajo, aunque se han abierto algunas puertas como este negocio del cuentapropista /en candela, esto cada día está peor/ peor, en el sentido en que cada vez las cosas se ponen más malas y la economía está peor y nosotros tenemos que regirnos a lo que venga.

Así, aunque la economía se visualiza como independiente de la política, se vuelve su centro: sobre ella y desde ella se construyen las esperanzas, críticas, observaciones sobre la Cuba que se vive y se espera vivir en el corto plazo. Pero, recordemos, no es posible democratizar la economía si no se democratiza la política.

Ahora, sin desconocer lo anterior, debe decirse que de las prospectivas realizadas por los trabajadores autónomos, la más habitual fue la de un futuro inimaginado — tanto en el ámbito social como en el individual, caracterizado por el no sé, o no me lo puedo imaginar—. Habiendo avanzado en los análisis, podemos sugerir que esta incapacidad para pensar el futuro puede estar dada por la poca claridad, la ambigüedad y vaguedad del campo sociopolítico y socioeconómico que perciben estos sujetos, que les genera altos niveles de incertidumbre. Así, el carácter azaroso y vertiginoso de los cambios y regulaciones que aún no llegan a asentarse, dan lugar a una desorientación, a quienes emprenden negocios por cuenta propia.

El giro en el modelo económico, en el discurso político, y en los repertorios de la política evidenciados en el actual gobierno, al parecer, han producido un quiebre de importancia, que hace inimaginable el futuro posible. Siendo así, quizás es más revelador preguntarnos por el futuro deseado.

El futuro deseado para Cuba Al respecto, uno de los elementos más interesantes es los modos en que el futuro deseado difiere en función de criterios generacionales: quienes tienen más de 45 años de edad, desean un futuro para Cuba como retorno a la década del ochenta; momento en el cual se podía vivir con el salario, con lo que uno ganaba. Las generaciones más jóvenes, por el contrario, no parecen contar con ese referente, sino que imaginan y desean una “Cuba nueva”o parecida a otros países —generalmente Estados Unidos y China.

Pero a pesar de esas diferencias, es posible identificar acuerdos: por una parte, y en coherencia con lo dicho hasta aquí, la Cuba deseada es, casi en exclusiva, una Cuba mejor económicamente. Pero, también, es “una Cuba para todos”. Este elemento, que emerge casi al término de las reflexiones, complejiza las visiones sobre estos actores, algunas de las cuales sugieren que prima el interés individual sobre el colectivo. Sin embargo, contrario a ello, puede indicarse que en sus culturas políticas, la referencia a un país “para todos”expresa una preocupación por la condición política de la sociedad cubana: la inclusión. Ello se expresó en términos como los siguientes: Quisiera que fuera un país diferente, pero para bien de todos los cubanos /Yo quisiera que hubiera una economía un poco mejor, que hubiera más posibilidades para nosotros los jóvenes, que pudiéramos resolver con nuestro trabajo los problemas de todos / Hay que pensar en lo que la gente quiere, hay pensar en lo mejor, lo que va a beneficiar a todos, porque claro, sino cada uno va a tirar pa’ su lado… pero hay que sacar lo que le viene bien al pueblo.

Lo anterior se relaciona, por un lado, con una zona de conflicto individual-colec-tivo: mientras se estimulan y se emprenden opciones de futuro individuales, se sostienen preocupaciones y sentidos colectivos sobre el futuro político. Cuando se dice aquí que esta es una zona de conflicto, no es porque se consideren que son opciones excluyentes, sino que se manejan conflictivamente a nivel de las subjetividades.

El énfasis en una Cuba “para todos”devela otro eje de importancia: las desigualdades crecientes y estructurantes de las relaciones sociales en el país, tanto de acuerdo a criterios económicos —los que tienen dinero y los que no lo tienen— como políticos —los políticos/”los pinchos”y el pueblo—. Las desigualdades pueden considerarse como uno de los componentes más estables dentro de las culturas políticas estudiadas; y ellas condicionan las posibilidades de futuro para Cuba: como vamos, me imagino tratando de imitar al capitalismo /antes, todo el mundo era más o menos igual, ahora no; quisiera que el socialismo siguiera siendo socialismo, con los beneficios que tiene el socialismo para todo el pueblo.

El testimonio de una mujer entrevistada es relevante para esta discusión, por lo cual se reproduce in extenso:

“Por una parte, y en coherencia con lo dicho hasta aquí, la Cuba deseada es, casi en exclusiva, una Cuba mejor económicamente. Pero, también, es’una Cuba para todos'”.

Cuando empecé a trabajar en el 83 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra —y disculpa que me meta— pero es algo que nos toca a todos. Yo llegaba al Mercado Centro con mis 55 pesos y hacía una factura, compraba maltas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con esta revolución y este mismo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal de fondo y se están cometiendo errores porque no es posible que nosotras, las madres, para poderles poner un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping para que les dure una semana [Otra mujer interrumpe y dice: es verdad] ¿Cuánto te cuestan? ¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? Por qué el Estado no vende colegiales. Cuando nosotros estudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muerte, pasaban de hermano a hermano, pal’primo, el amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices.

Agregar una palabra al testimonio de esta mujer sería casi un exceso imperdonable; con su experiencia de vida enuncia problemas de fondo reiterados a lo largo de este texto: la importancia de las redes de solidaridad y co-gestión de la escasez, desigualdad creciente, escasez también creciente, demandas de responsabilidad estatal frente a ese escenario, el patriarcado asentado como parte de las relaciones de poder (son las madres las que tienen que “ponerle los zapatos a los hijos”); todo ello sintetizado en las posibilidades de felicidad colectiva: todos éramos felices.

Por último, ¿cómo estos procesos definen los sujetos relevantes para el futuro de Cuba? ¿De quiénes dependerán los futuros individuales y colectivos?

¿De qué dependerá el futuro de Cuba? Del mapa de opciones manejadas por los cuenta propistas —el futuro dependerá de voluntades individuales, voluntades colectivas, de la fe, de los altos dirigentes del gobierno— dos marcaron la tendencia: el futuro de Cuba dependerá de los dirigentes políticos y de todos los cubanos, en ese orden. O sea, primero se refirió que el curso del país lo determinarán los dirigentes políticos, de su capacidad para plantear y conducir el cambio, insuficiente hasta el momento —si personas que han estado arriba no lo han podido arreglar ¿quién lo va arreglar?—. Y, además, el futuro dependerá de todos. Ahora, esas opciones se manifestaron de dos modos: como complementa-riedad —dependerá de ambos—, o como exclusión. Una parte de los entrevistados mostró una co-gestión del futuro por ambos actores —lo cual supone un reconocimiento del pueblo como actor político; elemento disonante con los análisis realizados hasta el momento—. La otra parte consideró la predominancia de las decisiones de los dirigentes políticos como reguladores de la vida, tanto económica como política del país.

La convivencia, al interior de las culturas políticas, de ambas opciones, puede interpretarse como la evidencia, nuevamente, del contraste entre el “deber ser”y lo real.

El curso de los argumentos comentados hace imprevisible que se considere que el futuro dependa del pueblo, de todos; más bien, este puede ser un ideal normativo, un ámbito de deseo político; mientras lo real revela a los políticos como decisores presentes y futuros.

A la vez, al pensaren la política futura, se entendió que ella debía regular, al menos potencialmente, la mercantilización de lo social: el futuro de Cuba no lo definirán los que tienen más dinero, porque la gente que tiene más dinero en este país lo que hace es arregostarse, vivir con su dinero, no le interesan los que no pueden vivir. Entonces, la política deberá interesarse por ellos, por los que no pueden vivir.

Lo anterior muestra, por una parte, otra de las zonas de conflicto encontradas en la investigación de las culturas políticas: cuál es/debe ser el ámbito de regulación del Estado. Para algunos, debe ser mínimo —que la gente resuelva—, para otros, el Estado debe intervenir, regulando, el curso de la economía, evitando los monopolios y la desprotección social. De acuerdo con el estudio, se consigna la función del Estado a la de la política social, a la protección, pero no se refiere su función como garante — además de derechos sociales— de derechos políticos; de cuya combinación emerge la democracia.

Comentarios finales Al término regresamos un poco al inicio. El curso de este texto ha evidenciado complejos procesos en los que se reconstruyen las subjetividades políticas, se definen los objetos políticos y se entienden los contextos en los que ello transcurre.

Una de las líneas gruesas a señalar es la pluralidad de las culturas políticas; las subjetividades políticas, podemos concluir, no pueden entenderse en singular, los sujetos individuales y colectivos redefinen en sus procesos de vida, y en relación con las estructuras sociales, contenidos, relaciones y opciones políticas diversas. Así, debemos señalar la emergencia de estructuras heterogéneas de las culturas políticas referidas, que se transforman en los procesos cotidianos de su reproducción; mismos que permiten ¡dentrñcar”núcleos duros”de las culturas políticas, y contenidos en transformación y redefinición.

Para nuestro argumento, la relación política-economía es central. Este vínculo se expresó de distintas formas, una de ellas fue un quiebre en el vínculo entre ambos espacios, de modo que se conciben como independientes. Otra fue el entendimiento de la política como obstáculo para el desarrollo económico. En ambos casos, las apuestas de futuro se concentraron en el logro de mejoras en la economía con escaso procesamiento político de ello.

Por otra parte, la relación política-economía develó un desconocimiento de vínculos entre monopolios de poder económico y político. Esto es, una ausencia de relevancia de poder económico como condición de acceso a la vida política. Pero si bien el poder económico no es condición del acceso a la política, los políticos se encuentran en la cima de la pirámide social, no por una acumulación de capital financiero sino por el marco de poder que ofrece el ejercicio de la política en altos niveles, y que les diferencia del resto de la sociedad.

Al parecer, lo anterior se vincula con que la desigualdad sea una de las mediaciones importantes de las subjetividades políticas analizadas, expresada en términos

de mejores posibilidades y condiciones de vida para quienes se representan como la “clase política”. En consecuencia, la demanda de una Cuba para todos fue reiterada y devino uno de los contenidos estables dentro de las culturas políticas.

Además, es posible sugerir que no se reconocen como sujetos políticos al pueblo, a grupos organizados fuera de las instituciones definidas por el sistema político ni tampoco, y esto es muy importante, a los representantes políticos de las bases. O sea, los sujetos políticos, aquellos con posibilidades de decidir, debatir y ejecutar decisiones, conforman un grupo reducido; y los espacios, mecanismos y los representantes directos del pueblo quedan fuera de ese campo. Ese hecho se entiende como una crisis de representatividad, que se ha solidificado en las culturas y que define la práctica y actitudes políticas de los sujetos.

Conjuntamente, las calificaciones de los políticos son negativas, y el argumento alude a su desapego de los intereses y necesidades populares. El campo al que pertenecen, además, es exclusivo de los hombres, teniendo las mujeres escasa participación dentro de los imaginarios.

Por otra parte, se evidenció una tensión importante entre lo individual y lo colectivo, y ese fue, de hecho, uno de los contenidos en tránsito que se mostraron en este estudio. Ello se expresó en términos de la elección de caminos individuales de enfrentamiento a las situaciones actuales de carencias en desmedro de intereses colectivos conscientemente procesados, y conflictivos. La resolución de esta tensión es, consideramos, uno de los grandes desafíos del actual proceso de cambios.

Además, se dio cuenta de incertidumbre asociada a los cambios en curso, que provoca más rechazo aún al espacio de la política, y que tiene que ver con incertidumbre legal, del sentido de los cambios, de su estabilidad. La ley, fue entendida aquí con los mismos “vicios” que son atribuidos a la política, y también se le consideró fuente de inseguridades y restricciones.

Los tiempos de la política, por su parte, se expresaron en dos dimensiones: la política del ahora y la del futuro. En ese sentido, la actual fue definida como una política inmóvil, mientras que la Cuba del futuro es, en buena parte, inimaginada —lo cual se asocia a la incertidumbre expresada antes—, tanto como la propia vida de los sujetos entrevistados. En caso de imaginar un futuro mejor, se hace en términos de aumento de la productividad y de cambios económicos, con poco procesamiento político de sus sentidos. Sin embargo, una Cuba socialista, donde quepan todos, emergió en varias ocasiones; pero frente a las incertidumbres ya mencionadas y los pocos anclajes políticos en el presente, el futuro se entendió como dependiente, sobre todo, de las agencias individuales.

La existencia de”mayores”o”menores”culturas políticas, así como de culturas políticas “ideales” ha sido refutada en este texto. Por el contrario, emergieron complejos procesos de reconfiguración de los sentidos y las prácticas políticas, todos los que deberán atenderse en el análisis de las subjetividades colectivas. Las nociones, valoraciones, ideas, símbolos y prácticas respecto a la política que fueron exploradas —y que los cubanos y cubanas concretos reconstruyen en torno a los objetos y contextos políticos—, no ofrecen certeza alguna; antes bien, participan del mapa real de relaciones de poder en el que transcurre el momento actual del país. Solo su consideración y procesamiento político colectivo, permitirá que el futuro no quede en manos del

pasado, sino que se abran nuevas puertas democráticas y se cierren otras, quizás a tiempo. Pensar la reforma en estos términos, podría permitir deliberar sobre las posibilidades de sujetos políticos, no sujetos de la política.

“Los sujetos políticos, aquellos con posibilidades de decidir, debatir y ejecutar decisiones, conforman un grupo reducido; y los espacios, mecanismos y los representantes directos del pueblo quedan fuera de ese campo”.

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Torres Santana, Ailynn 2012 “La participación local para la alternativa. (Espacio comunitario y estrategias de enfrentamiento a la pobreza en un estudio de caso cubano)”(CLACSO/CROP).

La noción de un país "para todos" será especialmente importante al final de este trabajo, como contenido relevante y a la vez conflictivo de las culturas políticas. ↵

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, los cuentapropistas son aquellos trabajadores que siendo o no propietarios de los medios y objetos de trabajo no están sujetos a un contrato laboral con entidades jurídicas y no reciben remuneración salarial. Los trabajadores que ejercen trabajo por cuenta propia están acogidos a la Resolución 32/2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y son debidamente autorizados y registrados en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), donde pagan sus impuestos (Anuario Estadístico de Cuba, 2010). ↵

Aun cuando las actividades por cuenta propia se autorizaron con mayor amplitud en Cuba desde la década del noventa, como respuesta a las crisis, no fue hasta el 2007 que adquirió fuerza tanto en la estrategia económica como en el discurso político. En 1976 el gobierno cubano aprobó el Decreto Ley 14 que autorizaba la existencia de un sector privado por cuenta propia muy pequeño en el cual se incluyeron muy pocas actividades, como taxista y algunos trabajos manuales (carpinteros, plomeros, electricistas y artesanos). En 1981 aparece la Resolución 9, la cual incrementó las actividades permitidas para el sector por cuenta propia a 63 categorías (Togores, 1996). En 1993 se aprueba el Decreto Ley 141, estableciendo en detalle quién podía crear una empresa por cuenta propia, en cuáles actividades, los compromisos fiscales, la fuente de los insumos y las formas de control estatal. Se aprobaron cuatro categorías de personas para poder ejercer el trabajo por cuenta propia: trabajadores de empresas estatales, jubilados, desempleados que recibieran subvenciones del estado y amas de casa (Hernández, 2005). ↵

La investigación tuvo lugar como parte del programa académico del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. El trabajo de campo que ella comprende transcurrió en la ciudad dela Habana, lo cual supone un sesgo que impide generalizaciones. Se utilizó una metodología de trabajo cualitativa, a través de entrevistas y cuestionarios. Teniendo en cuenta lo anterior, las ideas que se comentan en este artículo no deben entenderse como representativas, sin que ello disminuya en sentido alguno su legitimidad. ↵

Aquí es importante considerar una diferenciación: las personas con condiciones de vida más precarias, que han "perdido"de modo más evidente un vínculo con el Estado y han pasado a depender en exclusiva de las relacio-nes con un mercado poco estructurado con tendencia a la desprotección social, se mostraron con mayores críticas hacia la política como campo de relación (o sea, no sólo con relación a la política cubana sino con el "espacio de la política") y, en consecuencia, muestran descreimiento y rechazo a hablar de ello. De esto se pudo dar cuenta aten-diendo a dos elementos: su vinculación laboral previa con el Estado y las condiciones de los negocios de los que participan. Aquellos sujetos que vienen de tener un vínculo con el Estado, generalmente como profesionales o en cargos administrativos y que han quedado en el cuentapropismo como única opción de empleo -en términos de posibilidades de obtener ingresos para su reproducción diaria-, tienen una crítica mayor hacia la política que se hace en Cuba. Lo mismo sucede con los integrantes de negocios menos rentables, identificables por la actividad que realizan -por ejemplo los vendedores de CD, de piezas de plomería, útiles del hogar- y por la ausencia de con-tratación de empleados. En sentido contrario, los trabajadores de negocios más prósperos alegaban muchas veces que no creían nada de la política o no tenían nada que criticar porque "a mí me va bien" ↵

Tal rechazo hacia la política es explicado también por su poca credibilidad, su carácter contradictorio, su falta de transparencia, su imposibilidad de divergencia: "A mí no me gusta la política, no me interesa. La hallo sucia, cochina" "política es blablablá, al final la política es muy sucia" "en la política ni quiero pensar, asumo una posición neutra" "la política no me interesa" "¿política? indiferencia" "a mino me gusta la política, porque unos dicen verdad y otros dicen mentira."Pero aun cuando esos argumentos componen las culturas políticas analizadas, es la disocia-ción entre la política y la vida cotidiana, el argumento de mayor importancia para explicar el rechazoy el desinterés hacia la política. ↵

El 26 de septiembre de 2013 fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República varias regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia, que establecieron el otorgamiento de autorizaciones en 18 actividades adicionales y regulan el alcance del resto de ellas. En la nota oficial se hizo saber que el objetivo era "prevenir indisciplinas e ilegalidades" Asimismo, con el objetivo de aclarar aún más a los trabajadores por cuenta propia lo establecido en dichas regulaciones, consignó la inform ación, "se les está informando individualmente el contenido de la actividad que realizan" En enero de 2014, las resoluciones 41 y 42 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de incorporar otras 10 ocupaciones y otorgar licencia para nueve que hasta el momento se encontraban suspendidas, se declaró que tienen como objetivo, más que promover un mejor ordenamiento y control de las formas no esta-tales de gestión, incentivar la cultura de la legalidad en la sociedad cubana como garante del desarrollo sostenible y racional de la nación en todas sus esferas. El resultado de este proceso ha sido el retiro de licencias otorgadas a la creación de salas de cine en 3D y salas de juegos computacionales, con un alto costo de inversión, así como un regulación de las actividades de modista/sastre, vendedor de bisutería y útiles del hogar, las cuales deben vender artículos producidos por ellos mismos. Teniendo en cuenta la precariedad de materias primas y la inexistencia de un mercado mayorista, estas actividades aún cuando están "aprobadas" las imposibilita por su alta restricción. ↵

Llegadas a este punto, es necesaria una acotación: la apuesta por la lógica económica como reguladora del desempeño social se expresó en un ámbito de reproducción de la existencia, y no en la acumulación continua e ilimitada de capital. ¿A qué responde ese hecho? ¿Puede decirse que ello caracteriza la existencia socioeconómica de estos actores económicos? Aquí pueden tener lugar dos explicaciones, potencialmente relacionadas. Por una parte, los trabajadores por cuenta propia entrevistados en la investigación referida fueron, en su mayoría, emplea-dos o propietarios de negocios medios/bajos. Los propietarios de los negocios más "prósperos" no accedieron a dar entrevistas. Con ello se decantó una parte, minoritaria pero relevante, de los actores dentro del sector. Los entrevistados, entonces, resultaron trabajadores y propietarios de negocios de subsistencia; que son precarizados y cuyos ingresos permiten, en su mejor versión, la satisfacción de las necesidades básicas. ↵

9 Entre ellas la campaña de alfabetización, la labor internacionalista de hombres y mujeres en África y Centroa-mérica etc. ↵

"El alejamiento de lo político crece, en una población que tiene una alta cultura política. [...] Sin duda, el auge religioso actual forma parte de la disminución de la politización de la vida" y más adelante el autor sostiene: "son reales los avances del conservatismo en nuestro país, del apoliticismo y de relaciones y representaciones ajenas al socialismo" (Martínez, 2001:62). ↵

Las posibilidades de participación directa son: la iniciativa legislativa popular, referendo y las elecciones. En la historia política revolucionaria nunca se ha utilizado las dos primeras, de modo que queda sólo las elecciones como modo de intervención directa de la ciudadanía en el espacio político del Estado. ↵

Al respecto ver Guanche (2011). ↵

Ver: Ortega (2010); Torres y Ortega (2012); y Torres (2012). ↵

La siguiente cita de Bulté (2004) es reveladora al respecto: "Algunos hablan, lo cual es admisible, de que los gobernantes o los legisladores tienen un mandato representativo. En ese sentido, si se entiende que en el fondo de la elección no hay enajenación de la voluntad política, de la soberanía, entonces es admisible aceptar la existencia de un mandato, donde el llamado representante sería el mandatario. El problema es, como veremos enseguida, esencial, de fondo, funcional, y no se resuelve con algunos simples cambios de apelativos. Quien entienda la sub-ordinación del llamado representante al pueblo, al elector, al soberano, está en los caminos de la democracia y no precisamente en los de la representación auténtica, liberal-burguesa" (Bulté, 2004:100). ↵

Es interesante señalar aquí que, al indagar en las imágenes de la política, estas fueron: Fidel Castro, Raúl Cas¬tro, Camilo, Che, Martí, el Consejo de Estado, el Partido, el Gobierno. ↵

Esos políticos, "los de arriba" constituyen una élite de poder de la cual se excluye, incluso, a los diputados a la Asamblea Nacional. ↵

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Notas para una aproximación a la cultura del rebusque en Cuba

Pablo Rodríguez Ruiz

Investigador del Centro de Antropología, La Habana.

Resumen

El texto desarrolla las líneas generales para el estudio de lo que denomina cultura del rebusque, concepto con el que se refiere a las actividades informales, ya sean legales o ilegales que realizan las personas para obtener un ingreso para poder sobrevivir en la marginación. Se hace una exploración de las distintas maneras en que se ha abordado el tema de la economía informal en el contexto latinoamericano y se explican las características específicas del caso cubano. En la Isla, la cultura del rebusque se ha expandido en todo el cuerpo social como forma de subsistencia frente a las enormes dificultades económicas sufridas por la población a partir del “Periodo especial” Finalmente, se realiza una aproximación hacia los espacios, acciones y estructuras que configuran las formas de rebusque con miras al estudio de este fenómeno desde el punto de vista antropológico.

Abstract

The text develops the general aspects for the study of what is called rebusque culture, this concept refers to the informal activities, legal or illegal, that are done in order to get an income and survive marginalization. It explores the different ways informal economy topic has been tackled in the Latin American context explaining the specific characteristics of the Cuban case. In the Island, rebusque culture has expanded to the entire social body as a way to survive and face the enormous economic difficulties suffered by the population since the “Special Period”. Finally, the article gives an approach to the spaces, actions and structures that form rebusque culture looking forward to study the phenomenon from an anthropological point of view.

Palabras clave

Cuba, rebusque, cultura, economía informal, mercado negro.

Keywords

Cuba, rebusque, culture, informal economy, black market.

La cultura cubana está profundamente marcada por la intensidad de los cambios -en cierto sentido asincrónicos respecto a su entorno regional-, que registra la historia del país. De ellos no está exenta la actualidad socioeconómica mas reciente. Los que se están produciendo en los últimos años, bajo la orientación política del partido, ponen énfasis en lo económico. El acento puesto a esta dirección es comprensible. Toda la obra social y humana del proceso revolucionario cubano se pondría en entredicho, se desgajaría, si no desarrolla una sólida base económica que la sustente. Mas la cuestión no es sólo de producción, sin restarle nada a la trascendencia que ello tiene en la etapa actual, sino también de reproducción de las condiciones económicas y sociales, del tipo de sociedad a que se aspira; o sea, una sociedad que minimice la explotación del hombre por el hombre y maximice la justicia social y dignificación humana hasta el punto que los limites históricos y sociales permitan aspirar y en la que siempre exista espacio para soñar y actuar en función de trascender dichos límites.

La centralidad económica deja traslucir cierta ausencia de las determinaciones culturales. El agente principal de consecución de todo proceso transformativo, el hombre, aparece subsumido dentro de estructuras o relaciones de este corte que lo desdibujan. Ello es propio de los enfoques económicos y estructuralistas que tienden a diluir al ser humano en las estructuras e instituciones. Desde esta perspectiva, las personas son convertidas en un factor de la producción, en simples piezas de un mecanismo productivo que conforma, en el peor de los casos, una representación reduccionista de lo humano contribuyendo a instituir la noción de lo que he dado en llamar el hombre tuerca. Sin embargo, dichas transformaciones pasan necesariamente por la acción de personas concretas, resultado de experiencias históricas e inscritas en una tradición, una cultura.

Es un hecho innegable que el humano aprende a ser y comportarse como tal. Que esa capacidad de aprender y trasmitir lo aprendido es lo que nos separa y distingue del mundo animal. Es lo que nos determina, en cada época y lugar. Lo que la genética nos aporta para adaptarnos y funcionar en la vida es insignificante, al lado de toda la apropiación de lo creado por generaciones anteriores que necesitamos para existir como personas. No se trata sólo de herencia cultural, sino de un proceso continuo de reactualización y creación de esta en el propio hacer en circunstancias y condiciones determinadas. De este modo, la cultura se nos representa como el resultado de la actividad humana acumulada y acumulable.

La cultura no es la suma de hábitos y costumbres de una sociedad determinada.

Tampoco se reduce a la recreación escenográfica de la misma, ni a la acumulación de conocimientos librescos. Es un fenómeno mucho más complejo, dinámico y contradictorio del que los diversos mecanismos de manipulación de representaciones[1] brindan apenas un boceto de trazos muy generales. Está en la esencia misma del devenir y el existir de nuestra humanidad. Envuelve todos nuestros actos en todos los contextos, los condiciona, significa y se recrea en ellos. Forma parte sustancial -y concurren en ella-, del proceso de producción y reproducción tanto simbólica como material de la sociedad, configurando una unidad contextual e históricamente dife-renciable y aprehensible. Aparece, por tanto, profundamente imbricada a todas las prácticas y relaciones sociales. No hay seres humanos incultos en sentido estricto, ni cultura sin seres humanos actuantes. El limbo cultural sólo es posible registrarlo en organismos en estado vegetativo.

“La vinculación de la cultura con la actividad práctica nos devuelve una noción viva, compleja y alejada de todo esencialismo”

Esta idea de la cultura induce a romper una concepción del hombre fragmentada que se fue formando desde un orden social sectorizado y verticalista, y una tradición de pensamiento dentrñcista. Nos evita quedar apresados en la noción, en cierto sentido frustrante para la trasformación social, de una naturaleza humana, esencialista e inamovible. Por el contrario, conduce a mirar al ser humano como un ser actuante en unas circunstancias dadas. En fin, a complejizar la mirada y hacerla más integral. La concepción de la cultura como resultado de la actividad práctica -material y espiritual-, aporta un presupuesto conceptual importantísimo para orientar la labor tras-formadora y de mejoramiento humano: la convicción de que no es la naturaleza, sino la red de formas culturales y prácticas concretas en circunstancias determinadas lo que constituye el ámbito dentro del cual el hombre llega a ser lo que es, lo que nos determina y nos hace.

Llegamos a ser individuos concretos, personas actuantes, guiadas por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Este mundo de objetos significados y significaciones, símbolos, representaciones, gobierna nuestras conductas y actos, le dan un sentido y una dirección. Estos forman una especie de programa desde el que leemos y organizamos nuestro accionar. Las anticipaciones culturales que lo configuran son un componente esencial para la práctica y la interpretación de las realidades en las que vivimos.

La vinculación de la cultura con la actividad práctica nos devuelve una noción viva, compleja y alejada de todo esencialismo. Permite comprender cómo en ella se inter-conectan y ponen en juego valores universales, epocales, nacionales, locales y aun familiares. A la vez, deja traslucir cómo en la práctica las expresiones culturales y las mentalidades que les son concomitantes se actualizan, transforman y recrean en un constante y dinámico proceso.

Ese proceso complejo, contradictorio y multilateral de actualización que experimenta la cultura desde las prácticas, pone enjuego, en ocasiones de forma conflictiva, expresiones emergentes con tradiciones y valores hegemónicos. A ello no le es ajeno que formas culturales que permanecen ocultas, inadvertidas o vinculadas a pequeños grupos sociales se puedan actualizar, traspasar las barreras grupales, de clases o regionales, mestizarse, dispersarse y aun generalizarse. Este punto de vista es significativo para comprender lo que sucede con lo que hemos dado en llamar la cultura del rebusque en las condiciones de la crisis cubana de los noventa.

¿Cultura de rebusque? El término rebusque se define en los diccionarios como buscar o escudriñar con mucho cuidado y ahínco, mirar en algún sitio para sacar algo o para seleccionar lo mejor. También con el sentido de recoger lo que queda en el campo después de la recolección.

En contextos como los de Argentina, Nicaragua, Uruguay, Colombia y Venezuela se utiliza con el significado de acción y efecto de rebuscársela y también en sentido de solución ocasional e ingeniosa con que se resuelve una dificultad. En tal sentido se utiliza indistintamente para referirse a fenómenos tales como, tipos de actividad comercial muy modesta, trabajos ocasionales, tarea adicional que permite complementar los ingresos que se requieren para subsistir. En general se identifica el rebusque con la actividad informal ya que este es el escenario en que prolifera con mayor visibilidad. En consecuencia, al abordar la cuestión de la llamada cultura del rebusque es necesario considerar las características que adopta la informalidad en el contexto concreto en el que se reproduce.

En determinadas corrientes psicológicas la idea de rebusque se define como una conducta emotiva inadecuada, patológica, modelada por los padres o figuras paren-tales de la infancia, que sustituye a una emoción auténtica no permitida o prohibida. Generalmente tiene un carácter manipulador que tiende a encubrir una reacción emocional que no es permitida o que se considera mal juzgada. Con frecuencia entre lo que se siente y lo que se llega a expresar hay mucha diferencia. No hay permiso para expresar lo que se siente y se reemplaza por un “rebusque” o sentimiento sustituto. Por estas razones en ocasiones se le denomina también sentimiento parásito.

El núcleo de la idea deja traslucir varios elementos fundamentales en interacción que lo caracterizan. Uno, el vínculo de lo que se denomina rebusque con condiciones de desventaja, fundamentalmente con la pobreza o escasez de recursos. Otro tiene que ver con la inmediatez de las actitudes y prácticas que despliega. Un tercero hace referencia a condiciones de opresión, en muchas ocasiones determinada por una nor-matividad hegemonizada, que propicia la simulación y el escapismo.

Tales prácticas no son nuevas. Es posible seguir su rastro en prolongados espacios temporales en los sectores más empobrecidos de la población. En la literatura picaresca española del siglo XIX se describen múltiples ejemplos de dichas conductas. En documentos antiguos, como la biblia, encontramos relatos que hacen testimonio de estas manifestaciones. Ello le asigna una cierta profundidad y continuidad histórica que induce a pensar en respuestas humanas relativamente estandarizadas a condiciones de desventajas en las que se vive, se actúa y se siente. Se estructuran desde las prácticas de sobrevivencia de los sectores excluidos o limitados en el acceso a los medios de producción, los bienes producidos, el poder y los saberes de todas las sociedades jerarquizadas y clasistas que han existido a lo largo de la historia. Las mismas ponen de manifiesto actos y acciones, relaciones, moldes de comportamiento y una cierta subjetividad que al instaurarse en determinados grupos le da un sello cultural. Aunque no son privativas de los grupos subordinados, dichas formas culturales existen y se hacen visibles en nichos de pobreza y marginación. Tienen mucho que ver con la manera en que son vividas, experimentadas y sentidas las condiciones de vida. Resultan de la inmediatez con que se vive el cotidiano en esos entornos y las tensiones que imponen a la vida la escasez y la precariedad. En gran medida, ello determina que permanezcan como poco visibles o muy circunscritas en la mayoría de las sociedades.

“En el acto del rebusque es posible descubrir el despliegue de una serie de tácticas encaminadas a sacar ventaja”.

Generalmente el deber ser que instituye ciertas formas de hegemonía cultural tiende a ocultar y a estigmatizar a tales expresiones. Las élites y grupos dominantes tratan de apartarse, de distanciarse de estas realidades a pesar de que muchas de dichas prácticas reproducen -en pequeña escala y desde las condiciones de subordinación y deslegitimación en que actúan los grupos dominados-, moldes de comportamiento que el campo de batalla de la competencia y el modelo de relaciones capitalistas instituyen y, en cierto, sentido enmascaran y legitiman con la parafernália ideológica y legal del sistema. El competidor es el otro al que debo derrotar y convertir en objeto de mi propia ventaja a toda costa y sin detenerme ante ningún escrúpulo. Tal actitud no es ajena ni a la competencia ni a ciertas formas de rebusque.

No todo lo que produce la informalidad y el consecuente rebusque, es disfuncional, se hace disfuncional en determinadas circunstancias. En Argentina, personas que vivían de la basura, se auto-organizaron para crearformas cooperadas de la actividad. El trabajo se dignificó y ha generado lo que puede ser una rama económica con base en la localidad: la industria de la basura, con resultados humanos y ecológicos inapreciables. La modificación de las circunstancias que han propiciado tales prácticas abre un panorama de posibilidades dignificadoras y creadoras de bienestar material y humano que no debe ser subestimado.

En su extensión la idea del rebusque hace referencia a una gama muy amplia de prácticas encaminadas a obtener ingresos complementarios que van desde la venta de objetos personales, reventas o trabajos circunstanciales, hasta pequeños fraudes y tácticas de apropiación. Los modos en que se interconectan y manifiestan dichas prácticas determinan un posicionamiento ante el sistema legal imperante. Incluye formas y expresiones legales e ilegales, así como otras manifestaciones que contravienen las normas, la legitimidad o el deber ser establecido por la costumbre del sistema económico y social dominante. Muchas de estas manifestaciones pueden ser entendidas como estrategias de sobrevivencia a las que se acude de modo coyuntural. Sin embargo, cuando se inscriben de forma estable y normalizada en los comportamientos y prácticas de determinados grupos adquieren un carácter cultural, se configura como una cultura del rebusque.

En el acto del rebusque es posible descubrir el despliegue de una serie de tácticas encaminadas a sacar ventaja. Estas son contextúales, de situación, momento y se enfilan al resultado inmediato. El después no cuenta o cuenta muy poco. Se basan en el conocimiento del terreno o la actividad que se realiza, por lo que tiende a aprovechar las circunstancias de tiempo y lugar para el logro de los beneficios. No se estructuran con una proyección de crecimiento progresivo. El tipo de relaciones que se generan son más reticulares, flexibles e inestables, que estructuradas y estables. El resultado obtenido se encamina fundamentalmente a la satisfacción de necesidades inmediatas, y sólo en casos excepcionales a la acumulación.

Un ejemplo de cómo las circunstancias de tiempo, lugar y conocimiento del terreno son consustanciales al rebusque es el la utilización de las monedas de tres cup en los vueltos en cup. Esta práctica se basa en el parecido en cuanto tamaño y color de la moneda metálica de tres cup con la de un cue y en el modo que funcionan en un mismo contexto dos sistemas de valores monetarios a pesar de su limitada segmentación estructural. También en el conocimiento de las condiciones de aglomeración, del tipo de personas que concurren al lugar y el ambiente en el que se realiza la transacción.

A pesar de que el valor nominal de la primera es mayor, la tasa de cambio existente determina que al enfrentarse -y en el cotidiano de la gente, por encima de las consideraciones tecnocráticas, los dos sistemas de valores se enfrentan intensa y sistemáticamente-, la de un cue sea 8 veces más valiosa. Tal diferencia garantiza una ganancia sustanciosa que estimula el acto de pasar una por la otra. A la vez, la relación objeto-objeto que entraña el timo, pone de manifiesto el vínculo entre espacios económicos concebidos como segmentados.

El lugar es otro aspecto que se pone en juego en el acto. Él se produce en el mercado minorista. Un espacio compartido por personas para las que este es su espacio que ocupan todos los días, al menos durante 8 horas -los que se sitúan del lado de la oferta, los vendedores-, y por otras que concurren circunstancialmente, los que están del lado de la demanda que están en una situación de no lugar. Es una situación de encuentro de un lugar con un no lugar. Los primeros son expertos que se mueven y actúan en su lugar y enfrentan todos los días a ese público que circula. Las aglomeraciones y la amplia circulación de personas en determinados mercados y el ansia que se produce en el comprador, favorecen al ofertante. Las características del espacio y el tipo de oferta también facilitan el acto. Las condiciones de semioscuridad de muchos centros nocturnos y restaurantes, asícomo el tipo de consumo disipador y alegre configuran las condiciones ideales para obtener ventaja.

La concurrencia de extranjeros y turistas se torna una ventaja ideal. Por un lado, estos no están adaptados al sistema monetario del país y, por otro, esa fracción, ante su experiencia y niveles de ingresos, tiene muy poca significación para ellos. Encontrar una moneda distinta, con la imagen del Che Guevara, en la fracción que le devuelven, le resulta curioso y hasta puede llegar a resultar una especie de suvenir que obtiene por “casualidad”. En la mirada del objeto se ponen en juego dos experiencias culturales distintas y dos maneras de significarlo.

La táctica es muy simple, introducir una moneda de 3 cup en la vuelta en cue, generalmente camuflada junto a otras de esta última denominación. Los riesgos son mínimos porque siempre queda la posibilidad de la justificación del error si la persona se percata.Tres o cuatro monedas que introduzca de este modo, le genera un ingreso complementario de entre 66 y 88 cup diarios. Aunque en estos medios existen tácticas más sustanciosas ello constituye una alternativa poco riesgosa para los días malos.

La economía sumergida y/o el sector informal urbano, espacios del rebusque…

La idea del rebusque aparece vinculada con la informalidad, la economía sumergida o no registrada. Se impone, por tanto, considera el tratamiento que ha tenido la cuestión en las ciencias sociales. En Cuba, las pocas aproximaciones que se han hecho son muy puntuales y han estado focalizadas a algunos de los ángulos de la cuestión. Generalmente se han concentrado en el diagnostico de la informalidad o en aproximaciones desde nociones como la de mercado negro o economía sumergida. El tratamiento cultural del fenómeno es prácticamente inexistente. Un ejemplo de ello lo encontramos en la definición que hace Alfredo González (1995), de lo que él denomina la economía sumergida. Esta la define como:

[…] El espacio económico de las transacciones de bienes y servicios no autorizados oficialmente, de carácter legal o ilegal que surgió en nuestro país por la insuficiencia del surtido de la oferta estatal a la población y se acrecentó y consolidó por la emisión monetaria sin contrapartida mercantil …Este espacio económico tiende a la formación de un mercado donde operan las leyes de la oferta y la demanda y la circulación del dinero, a diferencia de las economías de mercado, en la cubana los precios son superiores a la estatal lo que evidencia de que se trata no tanto de una estrategia de captación de ingresos de capas marginadas de la población, sino de un mercado que se creó por desequilibrio entre la oferta y la demanda […] (González, 1995).

En la definición que propone el autor se atribuye la existencia de la economía sumergida a dos condiciones: 1) Desbalance estructural entre la oferta y la demanda; 2) el exceso de liquidez y su transformación en demanda.

Es incuestionable la influencia de estos factores en el crecimiento e impacto social que tuvo durante la crisis de los años noventa la economía sumergida, informal, el mercado negro o como guste llamarlo. Sin embargo la definición tiene una serie de limitaciones lógicas que no contribuye a la comprensión integral del fenómeno. Entre ellas es posible destacar:

1. Limita el fenómeno a la esfera de la circulación y en sentido estricto al área del mercado o el cambio no autorizado.

2. La relación de este tipo de actividad con el orden legal, al ser apenas esbozada resulta poco descriptiva y se torna contradictoria. ¿Cómo explicar una actividad que no está autorizada pero que es legal? Lo que la ley legitima está de hecho autorizado. Por otro lado, lo que es legal no tiene ninguna razón para sumergirse. La definición termina encerrada en la autorización.

3. Uno de los rasgos esenciales de la definición es la formación de un mercado en el que opera la oferta y la demanda y en el que circula el dinero. La oferta y la demanda y la circulación del dinero, con independencia de las constricciones que puedan tener en determinadas circunstancias, es consustancial a cualquier mercado o al mercado. En tal sentido resulta tautológica. La circulación del dinero es universal en la sociedad cubana. Aunque la oferta y la demanda influyen en la circulación de bienes y servicios en la economía sumergida, esta está influenciada de forma específica por su ilegalidad, los tiempos en los que se mueve, las fuentes de su aprovisionamiento, etc.

Una gran mayoría de los bienes y servicios que se mueven en este espacio provienen de la economía estatal y una buena parte de ellos se realiza en ese entorno, por lo que más que una economía sumergida se le puede definir, por lo menos a la parte que tiene por fuente y escenario al sector estatal, como una economía del raspado[2].

4. Plantea como una de las características que particulariza la economía sumergida en Cuba el hecho de que los precios son superiores a los de la economía estatal. Aunque en muchos bienes escasos y en la punta de las redes de comercialización este es el comportamiento, no es posible afirmar que sea así absolutamente. Muchos bienes se realizan por debajo de lo que ofertan las cadenas comerciales y al interior de las cadenas, estos generalmente bajan. Depende de la masa de productos, la forma en que fueron obtenidos, la prisa por realizarlos y el nivel de organización y vitalidad de las redes. Los preciso lo que hacen es mirarse unos a los otros para mostrase en la oferta. En este sentido se configura un vínculo invisible con la economía estatal.

5. Se hace una incursión al aspecto sociológico del problema, pero muy fugaz. Deduce de los precios superiores que no se trata de una estrategia de captación de ingresos de capas marginadas de la población. ¿Por qué caminos se puede llegar de la premisa anterior a tal conclusión? Este tipo de deducción introduce una visión de los actores sociales en la que no aparecen diferencias entre ellos. Una noción de ellos en general, sin determinaciones sociales. Aun con precios superiores, pueden ser estrategias para unos y lucro para otros. Todo depende del lugar que ocupen en la red de intercambio y, en consecuencia con ello, de la forma en que se distribuyen las ganancias. Llama la atención que la relación costo-ganancia, que se sitúa más al centro del fenómeno y en las determinaciones del mismo, no se relaciona en el concepto. Reducir el análisis a la categoría precio, al margen de la relación anterior, es dejar la cuestión en sus manifestaciones externas.

6. Por último el concepto que se propone, al situar el fenómeno como una simple expresión del desbalance estructural entre la oferta y la demanda y la conversión del exceso de liquidez en demanda (cuestión esta última que constituye un momento del desbalance señalado), le quita profundidad histórica a la cuestión.

En el concepto la cuestión es presentada como resultado de la coyuntura. La per-vivencia en toda la historia anterior es borrada. En este aspecto llega a asumir una de las debilidades metodológicas fundamentales que ha tenido un buen número de aproximaciones conceptuales a la economía informal o sector informal urbano.

El segundo término (economía informal), se fue acuñando para describir un fenómeno característico de los países de la periferia capitalista[3]. En estos escenarios, condicionado por las particularidades de la implantación y despliegue de las relaciones capitalistas, aparece una serie de características distintivas de este tipo de economía; muchas de las cuales ya se habían intentado describir con el concepto de subdesarro-llo propuesto por la CEPAL.

La ¡dea de sector informal ha tenido diferentes elaboraciones teóricas. Para los neoliberales, con su noción de espíritu de emprendimiento que se enfrenta y trata de burlar el exceso de normativas de los Estados, constituye una justificación ideológica del efecto pernicioso previsto de la acción de las trasnacionales sobre el empleo en los contextos nacionales. Los marxistas, por su parte, relacionan este concepto con el ejército industrial de reserva o el polo marginal consustancial al sistema en su propensión a mantener altas tasas de ganancias a costa de la explotación de los trabajadores. La OIT, a quien se debe la primacía en la definición del concepto, realza las condiciones de inserción de la fuerza de trabajo en un mercado de trabajo limitado y segmentado.

En general el concepto ha sido utilizado para destacar: a) un conjunto de unidades económicas, individuos y empresas; b) un segmento de la población económicamente activa; c) un estrato socioeconómico de la población.

Según el posicionamiento, cada uno de estos enfoques asigna juegos distintos de hipótesis y abordajes de la cuestión. El primero centra la mirada en el tamaño de la empresa, el capital, el tipo de tecnología y los niveles de producción. La segunda, enfila la atención hacia el mercado del trabajo y la facilidad de acceso al empleo determinada por los bajos capitales y requisitos de habilidad. Como estrato social, el sector informal, alude a los sectores más empobrecidos de la población, principalmente de las áreas urbanas.

La idea sector informal trata de referirse a un conjunto de circunstancias que pueden variar de un país a otro. De aquí su ambigüedad. En ella se engloba una amplia gama de actividades, tales como la de los vendedores de las calles, el servicio doméstico, los de reparaciones domésticas, los de vigilancia, los patrones de las microempre-sas y sus empleados.

Un fenómeno característico de algunos de los países que han vivido la experiencia colonial, es la permanencia de vestigios más o menos desestructurados de modos de producción pre-ca pita listas, sobre todo en el ámbito rural. En determinada literatura estos aparecen referidos como sector tradicional, comunidades tradicionales, etc. Al emigrar parte de estas poblaciones hacia las ciudades llevan consigo hábitos, formas de producción y costumbres que adaptan a los nuevos escenarios. Ello constituye un imperativo de adaptación a las condiciones. Por lo general se trata de personas no calificadas para incorporarse al sector moderno de la economía, con un alto índice de analfabetismo y, en ocasiones, hasta de desconocimiento de la lengua vehicular de estos países. Tampoco cuentan con experiencias de producción en las condiciones de la organización del trabajo de la economía moderna. De este modo, al sumarse a la masa de desempleados y subempleados que genera el escaso y deforme desarrollo industrial, contribuye a enrarecer el cuadro económico social. La noción de sector informal, trata de aprehender estas realidades, que se presentan en oposición al sector moderno. En tal sentido lo describen como el resultado de la existencia de dos regímenes productivos[4], a saber, el taylorista-fordista, propio de la organización del trabajo en la industria moderna y la filiales de las transnacionales en estos países y el de cooperación simple, arraigado en las economías tradicionales. Con ello, llegan a acuñar cierto dualismo, que esconde muchas de las dinámicas que se producen en estos países.

Los estudios de la cuestión en Cuba generalmente tienden a identificar al sector informal con el de los trabajadores porcuenta propia.Tal enfoque se basa en el tamaño de las microempresas y la capacidad de generar autoempleos. Sin embargo, este es un sector que paga impuestos y aparece registrado y legitimado por la legislación. En las condiciones de la crisis de la década del noventa se ha desarrollado bajo un marco de legalidad. La informalidad en este caso se da en determinadas relaciones que se reproducen en su interior dadas las condiciones en las que se han venido desarrollando. Por otro lado, otras características de sociedades multiétnicas y de grandes contrastes culturales y socioeconómicos en la población que dieron lugar al a elaboración del concepto de sector informal urbano, no existen con la misma intensidad en el país.

La cultura cubana es resultado de intensos procesos de transculturación en el que no pervivieron sectores poblacionales fuertemente contrastantes. Los grupos humanos autóctonos, poco numerosos y en un estadio de desarrollo propio de la comunidad primitiva fueron prácticamente extinguidos muy tempranamente. Salvo pequeñísimas comunidades en la región oriental del país que conservaron el fenotipo a la vez que comparten los rasgos distintivos de la cultura cubana, no han tenido una significativa visibilización en el escenario sociodemográfico del país. Sus aportes culturales y tecnologías productivas se han anclado en lo cubano. Por otro lado, la forma particular de apropiación del suelo en los primeros años de la colonización y conquista y el tipo de poblamiento de la Isla, esencialmente por inmigrantes -con la fuerza y por la fuerza, como dijera don Fernando Ortiz-, influyeron en la configuración del cuadro sociocultural de la isla, marcando la diferencia con otros contextos. La propiedad del suelo la detentaron fundamentalmente los inmigrantes europeos, imponiendo los sistemas productivos. Los representantes de los pueblos africanos, se incorporaron a la economía cubana como simples bestias de trabajo, por lo que necesariamente fueron asimilados por las condiciones productivas imperantes.

El dualismo de base que permea muchas de las definiciones del sector informal urbano, no solo ha contribuido a brindar una visión fragmentada de los contextos estudiados, sino también a que se defina más por lo que no es, que por lo que es: lo informal como lo no formal, como lo no registrado, lo no legalizado.

No obstante, el carácter ilegal, no registrado de estas actividades constituye un aspecto significativo para su comprensión. Este marca significativamente el tipo de relaciones sociales que se reproducen en él. El estudio del tipo de relaciones de producción que se gestan, tanto en las unidades de producción, como en las cadenas y redes existentes, constituye un enfoque prometedor para su caracterización. En general las relaciones de producción en el sector informal que se reproducen en estas condiciones de ilegalidad se caracterizan por generar compromisos de palabra y relaciones reticulares en las que la confianza y el intercambio de información sufren constantes tensiones. Los contratos y el despido de los em pleados se efectúa n verbal mente y con base en acuerdos imprecisos por lo que los trabajadores no son protegidos por las leyes y los derechos laborales, lo que redunda en claras ventajas para los patrones que quedan con las manos libres para la explotación más despiadada de estos.

Ambos conceptos esbozados tratan de describir un espacio económico y social con pretensiones de ser medidos, contabilizados. La idea del rebusque que se utiliza en este trabajo hace referencia fundamentalmente a las practicas y relaciones que se estructuran en esas condiciones de desventaja social. Se enfila más a la comprensión del problema que a su medición. Aunque de alguna forma se vinculan, tales prácticas desbordan la informalidad y los ambientes marginales. Están en condiciones de expandirse en el cuerpo social.

Ante tales circunstancias es posible comprender que ni los problemas, ni las características que se le atribuyen a la categoría de sector informal se verifican en el caso cubano. Si se tienen en cuenta, además, la ambigüedad que se le atribuye a este concepto, se comprenderá por qué no es aconsejable asumirla como concepto analítico fundamental para estructurar estudios que pretendan aproximarse al conocimiento de esa parte de la economía no registrada que se verifica en la realidad cubana.

El rebusque en Cuba, sus determinaciones contextúales. Los fenómenos culturales se enmarcan en contextos concretos. Se producen y reproducen dentro de escenarios temporales y espaciales específicos de interacciones y prácticas sociales. Si bien, en sentido general es posible identificar el campo de configuración de la cultura del rebusque en los nichos de pobreza, el contexto regional y nacional aporta particularidades a la cuestión.

El contexto contiene muchos elementos de historia, tradiciones, situación e inte-rinfluencias de los entornos socioeconómicos y sociales en el que se reproducen y encuentran sus particularidades tales expresiones. En consecuencia, para aproximarse a la cuestión del rebusque en Cuba se requiere considerar un conjunto de aspectos, tanto de carácter histórico como estructurales, que lo condicionan y particularizan.

La informalidad y las consecuentes prácticas de rebusque que le son concomitantes no es un fenómeno nuevo en el contexto cubano. Incluso, en cierto sentido es posible afirmar que lo cubano es resultado de la transgresión y la informalidad. Mucho le debió al comercio de contrabando o de rescate, el desarrollo de la región de Bayamo en la que comenzaron a germinar las gestas por la independencia de Cuba.

El país en su historia comparte muchas de las deformaciones estructurales de los países del sur. La estructura económica de país monoproductor de azúcar, no sólo generó una dependencia comercial y tecnológica de los Estados Unidos, sino también una clase trabajadora que debió adaptarse al carácter cíclico de esta industria. La culminación de la zafra, marcaba para una masa de unos 250 mil trabajadores el comienzo de una etapa de sobrevivencia que se extendía hasta el comienzo de la próxima cosecha. En los centros urbanos existía también una masa de informales y/o buscavida que se desempeñaba en las más disimiles ocupaciones. El latifundio, por otra parte, sometía a la masa de campesinos no propietarios en verdaderos parias del campo. Sobrevivir para esa población, constituyó un imperativo y una práctica que por reiterada y constante se fue instaurando en las mentalidades y las conductas. Las circunstancias los hicieron rebuscadores consuetudinarios.

A grandes rasgos, ese era el cuadro social y económico que se encontró la revolución cuando triunfa el primero de enero de 1959. A las deformaciones estructurales encontradas se sumó el hecho de que las divisas del país habían sido robadas, cargadas en maletas, apropiadas y llevadas a Estados Unidos, por los personeros del gobierno de Batista.Toda la labor de transformación comenzó, desde el primer minuto, con una escasez crónica de recursos financieros y materiales. Una balanza comercial negativa a lo largo de la historia del proceso revolucionario acuñó como un rasgo estructural: las tensiones financieras y la capacidad de compra del país.

Las primeras medidas de carácter nacionalista adoptadas por la dirección de la revolución, enfocadas en cambiar la estructura deformada y deformante del país, dio lugar al conflicto de intereses con los Estados Unidos y el consecuente diseño de la política hacia Cuba, uno de cuyos ejes básicos es el bloqueo económico o embargo, como los norteamericanos gustan llamarlo. Un país dependiente casi en su totalidad de la tecnología norteamericana -de lo cual es testimonio la cantidad de autos viejos que todavía circulan por las calles en un paisaje único-, como consecuencia de esta política no pudo recibir ni una pieza de repuesto más. De este modo no sólo se quedó sin dinero y desconectado del socio comercial fundamental, sino también sin tecnologías. Toda se hizo obsoleta, haciendo de su reconversión un imperativo de la sobrevivencia del proyecto revolucionario.

Tales circunstancias contribuyeron a ir gestando una mentalidad centralizadora que se manifestó en la práctica, los estilos de hacer y la organización de las instituciones. El analfabetismo, los bajos niveles de instrucción y formación técnica del sujeto popular que asumió en sus manos la dirección de los procesos sociales reafirmó la configuración de esta mentalidad. El “socialismo real”que nos llegó con la ayuda de la URSS, la acuñó y contribuyó a darle un carácter institucional. El costoso modelo administrativo que persiste en la organización, gestión y dirección de la economía nacional es su manifestación más clara.

La etapa siguiente se caracterizó por las continuas y aceleradas nacionalizaciones. Este proceso se puede considera terminado para 1968 cuando se produce la llamada ofensiva revolucionaria. En ese momento se liquidó al sector informal preexistente, al expropiarse, nacionalizarse y pasar a la administración del Estado todos los pequeños negocios, puestos de fritas y hasta los limpiabotas que existían. Este sin embargo no desapareció. Se sumergió y siguió existiendo de modo clandestino. Ello se reflejó en el campo de la actividad delictiva. De este modo, en los años setenta los delitos de malversación, fraude y contra la economía nacional acusaron un notable incremento, pasando a ser el 13% de la actividad delictiva nacional y el 37 % en ciudad de la Habana[5].

Una mirada a los bienes específicos que más eran sustraídos, en una especie de arqueología social, nos muestra que estos eran alimentos, dinero en efectivo, artículos de ferretería, electrodomésticos, materiales de construcción, tejido, combustible y bebidas alcohólicas. Todos relacionados con el consumo directo de la población, siempre constreñido. No hay que tener mucha imaginación para prever el curso que estos siguieron: un mercado sumergido. Cuando a principios de la década del ochenta se liberaron determinados segmentos de mercado, resurgió con una vitalidad ostensible. Todo lo anterior, constituyen elementos y hechos que niegan por sí mismos la tesis que atribuye la economía sumergida a una situación coyuntural y actual. A la vez, deja ver una característica que fue adquiriendo el sector informal en Cuba, su vínculo con la economía estatal en tanto fuente de aprovisionamiento y condicionamiento de la oferta.

No obstante, este se producía dentro de determinados segmentos de la población y en escalas controlables por medidas punitivas. El estado de relativo bienestar y satisfacción de necesidades básicas alcanzadas y una movilidad social asentada fundamentalmente en la calificación en este periodo, hacían de estas actividades un fenómeno marginal y rechazado por la población. No tenían un impacto profundo en el modo de vida de los cubanos.

Afínales de los noventa se producen acontecimientos que arrastran al país a una nueva crisis. Se había apostado a la tecnología y el intercambio con los países socialistas con los cuales el país tenía algo más del 80% de su intercambio comercial. Los acontecimientos son conocidos, y como resultado de los mismos Cuba se ve nuevamente sin dinero, sin vínculos comerciales y con el parque tecnológico, que había sustituido, prácticamente obsoleto. En estas condiciones se produce un recrudecimiento de la política del bloqueo económico con la promulgación de las leyes Helms Burton y Torricelli por el gobierno de los EEUU, en un franco y declarado intento de rematar lo que ya les parecía muerto.

En sentido general el contexto que se configura a partir de ese momento presentaba los rasgos siguientes:

Su conexión directa con los procesos de desintegración del campo socialista y la URSS, por lo que el impacto que produjo no fue sólo en el terreno material, sino también en las ideas e ideales sociales. Llegó aparejada a una crisis del modelo económico y social a nivel global, lo que ha tenido su repercusión en la psicología social.

Un brusco descenso de la economía en un corto período de tiempo. En apenas cuatro años el PIB descendió casi un 34%. Muchas industrias se paralizaron al faltar los insumos. El sector energético se resintió sensiblemente, se limitaron las posibilidades de la industria y los apagones se convirtieron en parte del modo de vida de la población. Según Marquetti Nodarse (1997: 50), para 1993 apenas el 13% de la capacidad industrial del país se utilizaba, lo cual trajo aparejado un aumento del desempleo y de la subutilización de la mano de obra.

La tecnología existente, ante la necesidad de reabrirse a mercados más competitivos y las nuevas condiciones de intercambio, fue sufriendo un deterioro moral.

La política planteada en el momento de no lanzar a nadie a la calle sin protección determinó que la masa de dinero en circulación aumentara exponencialmente.

La parálisis de la producción y la interrupción o reducción al mínimo de un intercambio comercial del que se dependía en más del 80% y que incluía no sólo energéticos, medios de producción y materias primas, sino también rubros importantes del consumo de la población, contrajo la oferta social hasta límites insostenibles. De modo que esta se presentó como una crisis de oferta deprimida. Todo escaseaba, desde la alimentación hasta los más elementales artículos de aseo personal. La vida cotidiana de todas las capas y grupos de la población se vio drásticamente afectada.

Los precios de los productos de primera necesidad en el mercado de libre oferta se lanzaron hasta niveles que rayaban en lo absurdo. Una libra de aceite de mesa de soya o girasol de tercera calidad se llegó a vender en el mercado negro en 150 pesos y ese era el salario mensual de casi el 50 % de la fuerza laboral activa en el país. O sea, una libra de aceite se llegó a cambiar por un mes de trabajo. El deterioro del salario real fue abismal.Todo llegó a valer menos el trabajo, situación de la que todavía no se ha podido salir.

A la poca disponibilidad de recursos financieros, se unía una deuda externa que según Carranza (1997:35), llegó a abarcar más del 58% del PIB.

Todo ello generaba una especie de círculo vicioso del que aparentemente era imposible salir. El desaliento y la falta de visión de futuro asentándose en sectores significativos de la población.

En estas circunstancias tan adversas se estructuraron diversas estrategias de sobrevivencia en toda la sociedad. Las redes sociales se pusieron en función y movilizaron recursos. Las sociedades nacionales -españolas, de chinos, árabes, judías, etc-, que en la década del ochenta languidecían como cobijos de la nostalgia de ancianos nacionales, se activaron, florecieron y comenzaron a movilizar recursos desde el exterior. En muchas de ellas han venido floreciendo prósperos negocios. De la ciudad circularon hacia el campo productos de la industria y de este, a través de las redes familiares llegaban a la ciudad alimentos y productos del agro.Todo el que contó con algún capital social, cultural o material, lo puso en función de sobrevivir.

Las estrategias fueron muy diversas y de carácter tanto legal o como ilegal, pero en su mayoría conllevaron un reajuste de los valores preexistentes. Comprendieron las más disímiles actividades, desde la limitación y la jerarquización del consumo en los hogares, dando determinadas prioridades a los niños y ancianos, pasando por la refuncionalización y/o venta de objetos ya en desuso, hasta la comisión de delitos para la obtención de recursos. Las prácticas para captar ingresos o recursos necesarios se expandieron por todo el cuerpo social. La noción popular de la lucha o luchar las acuñó con un término que justificaba y aun enaltecía dichas prácticas que en otros contextos y momentos llegaron a ser reprochables. Se luchaba por la vida con lo que se tenía a mano, ya sea el cuerpo, la vivienda o el recurso bajo su custodia o manipulación.

Las formas de rebusque y la informalidad se hicieron presentes en todos los ámbitos de la vida social y todos los sectores económicos, a pesar de tener una mayor visibilidad en el sector terciario y en especial en el comercio. El mercado negro fue el punto universal de encuentro de todos, consumidores y vendedores clandestinos.

Su expansión en el cuerpo social fue evidente. En los informes policiales de la década del setenta, las pérdidas económicas a la economía nacional que resultaban de los delitos económicos se estimaban en algo más de unos 5 millones de pesos. Para mediados de los noventa, los estimados que hiciera Alfredo González (1995), del capital que movía la economía sumergida, comprendía un porcentaje considerable del PIB, superior al 35%. Se trataba en este contexto de miles de millones de pesos comprometidos en la movilización de recursos y la acumulación de capitales, redes sociales y relaciones, muchas de las cuales se legitiman y lavan hoy bajo el impulso de la nueva reforma. Este, sin embargo, no fue el peor mal, ni refleja todas las pérdidas económicas y sociales que esconden dichas cifras.

El comercio estatal no estuvo al margen de estas realidades. De este modo, entre 1996 y el 2000 se importaron un promedio de 5.800 toneladas de trapos y ropas viejas, destinándose unos 9,1 millones de dólares[6] promedio anual a su importación (ONE, 2003:152). Ello permitió abastecer a las populares trapishoping, en las que una gran parte de la población satisfacía una buena parte de sus necesidades de vestuario y alimentación al convertir algunas de las piezas compradas en objetos de trueque con campesinos o personas de las áreas rurales. La práctica de un doble rebusque, al seleccionar las piezas y al convertirla en objeto de trueque, se fue asentando para muchas de estas personas como actos normales de su cotidianidad.

“En estas circunstancias tan adversas se estructuraron diversas estrategias de sobrevivencia en toda la sociedad. Las redes sociales se pusieron en función y movilizaron recursos”.

Las medidas de ajuste económico que se adoptaron dieron efectos limitados. Lograron una recuperación momentánea pero no la necesaria vitalidad a la economía para rebasar la crisis. Esta se ha prolongado durante un largo periodo de tiempo. Muchos de sus efectos perniciosos se conservan aun hoy, 24 años después del momento en que empieza la brusca caída del PIB. O sea, un tercio de la expectativa de vida de una persona en Cuba. Al menos la siguen reflejando el salario real, o mejor, las condiciones cambio del trabajo con una masa de productos esenciales para la vida. Todavía en la actualidad, para acceder aun kilo de carne de cerdo un trabajador con un salario mínimo debe trabajar unas 50,9 horas, algo más de una semana. Ese aumento desmesurado del mundo de las cosas ha venido trayendo aparejado la disminución proporcional del mundo de los seres humanos y del trabajo como principio estructurador de cualquier sociedad y en particular de una sociedad que aspira al socialismo. De este modo, la doble circunstancia de la caída muy brusca de los niveles de actividad económica y el intercambio -lo cual constituyó de hecho un shock social-, y la prolongación de la situación de crisis por aproximadamente un tercio de vida de las personas, han generado que las condiciones para muchas de las estrategias de sobrevivencia adoptadas ante la coyuntura hayan pasado a instituirse como pautas culturales. Configuran y forman parte del modo de ser y hacer de una parte significativa de la población actual de Cuba. En consecuencia, cualquier modelo de reajuste o enfrentamiento a la crisis que no considere este factor cultural puede conducir a resultados inesperados.

La idea de rebusque como práctica -ya instituida culturalmente-, permite aproximarse a un conocimiento más dinámico de la realidad social. Examinarla en sus manifestaciones y consecuente vínculo con la actividad delictiva y las formas de corrupción sin generar etiquetas que tiendan a confundir. Del mismo modo permite distinguirlas tanto por el tipo de redes sociales que configuran, como por los escenarios en los que tienen lugar.

Espacios, actores y estructuras del rebusque Uno de los efectos más visibles del llamado período especial ha sido la expansión del rebusque por todo el cuerpo social. Tiene presencia en todos los sectores y ámbitos de la vida. De él se participa directa o indirectamente, como sujeto o como objeto o víctima del mismo. Sus manifestaciones y tácticas son muy variadas y están en relación con los espacios desde los que se estructuran, el tipo de actividad, los posicionamentos ante el sistema legal y el delito, las fuentes de aprovisionamientos y las características de las redes que se configuran. Estas condiciones se presuponen y condicionan para generar un cuadro complejo y abigarrado ante el cual siempre se está en peligro de esquematizar cuando se intenta describirlo.

Atendiendo al tipo de actividad fundamental se pueden distinguir las de tipo em-presarial-productivo, las laborales, las mercantiles y las apropiativas. Las formas de rebusque de tipo empresa ria I-productivo incluye a los que reciclan piezas y partes de equipos electrodomésticos de la basura para reconstruir, reparadores, llenadores de fosforeras, hasta a quienes laboran en las fábricas clandestinas de tabaco, refrescos y otros rubros. En las laborales se encuentran desde los que se emplean después de su jornada trabajo en el sector formal en diferentes ocupaciones -jardinería, mantenimiento constructivo menor de la vivienda, jornaleros de ocasión, etc.-, pasando por los empleados domésticos hasta los que laboran en las empresas ilegales. Las mercantiles son muy diversas y se expresan sobre todo en la expansión que ha tenido el mercado negro en todo este periodo. Las apropiativas, por su parte, son el conjunto de prácticas que desde determinada posición de las personas se realizan para obtener ingresos. Esta última está muy vinculada a la pequeña corrupción o corruptela. Incluye desde la vieja práctica de agua al vino, hasta la coima que el funcionario saca aprovechando su posición de poder.

Las fuentes de aprovisionamiento y el ámbito en el que tiene su origen permiten diferenciar las actividades que se despliegan en el sector privado, las que suceden en el público o la economía estatal y sus relaciones mutuas. Las características de las redes que se estructuran en la actividad y las relaciones a que ellas dan lugar permiten por su parte ver los nexos entre las diferentes manifestaciones.

La relación con el delito es un problema complejo y de múltiples aristas. La misma puede ser abordada desde el punto de vista jurídico, económico, sociológico y cultural. Cada enfoque por separado, puede descubrir puntos de convergencia o tangenciales en los que se verifica la relación, pero también, poner en evidencia áreas en la que una y otra cuestión se tornan indiferentes.

En su sentido más amplio, se trata de dos fenómenos distintos, pero con puntos comunes. El delito está relacionado con el incumplimiento o violación del sistema legal que en determinado contexto histórico, sociológico y cultural la sociedad define e impone para regular la vida y la actividad común de sus miembros. Su definición está determinada por el principio formalista de la legalidad[7], acuñado por el pensamiento liberal: son delitos sólo aquellos actos de mayor o menor peligrosidad social que hayan sido prescritos por la ley. Por tanto, abarca una gama de familias y figuras delictivas diversas. El rebusque, por su parte se refiere a un sin número de prácticas que pueden dar lugar a la comisión de delitos o no. Muchas quedan en el campo de la trasgresión legal o ética y otras sencillamente son perfectamente legítimas. En determinadas expresiones son propiciadoras de estos o llegar involucrarse indirectamente. Algo semejante sucede con los actos de corrupción administrativa, aunque su campo más visible es el de la pequeña corrupción o corruptela.

Por la cantidad de determinaciones que influyen en cada una de sus partes, dicha relación constituye en sí misma un problema que exige examinarla en cierto orden metodológico. Con la intención de que se vayan descubriendo los trazos del objeto de estudio, se han separado tres momentos lógicos principales en los que dicha relación encuentra explicación. Estos son:

El primero tiene que ver con el contexto en el que subsisten los elementos de la relación. Las condiciones históricas y sociales en las que ambos fenómenos se reproducen y los vinculan de algún modo.

El segundo apunta a la dinámica de aquellas familias de delitos más próximas al rebusque y una de sus expresiones es el mercado negro o sumergido. Ello conduce a plantearse: ¿cuáles son estas familias?, ¿cuál es el peso y la dinámica experimentada por estos delitos?

El tercer momento, inseparable del anterior, hace énfasis en el aspecto cualitativo de la relación, y está encaminado a comprender cómo, desde que ángulo, las diferentes familias delictivas se relacionan con el fenómeno que nos ocupa.

No obstante, el carácter ilegal o transgresor de este tipo de actividad impone sus características a su realización, organización y el sistema de relaciones. En este sentido, estar situado al margen de la ley le plantea a una pregunta a este tipo de actividad: ¿qué diferencias le impone el hecho de ser ilegales? Ante la cual aparecen diferencias de significación para su estudio, entre las que se pueden señalar:

Los bienes y servicios que intervienen en las transacciones y el propio acto del intercambio suceden al margen de la ley. Es la ilegalidad lo que determina la existencia de condiciones especiales para los actores que toman parte de los procesos de producción e intercambio.

Estañen primer lugar expuestos al riesgo de la persecución policial y de confiscación de los bienes.

Los actores no pueden exigir ningún tipo de garantías legales en sus relaciones comerciales. No pueden exigir ni el cumplimiento de los contratos, ni aspirar a la integridad personal, ni a la protección de la propiedad.

En la actividad económica ilegal se organizan también procesos de transformación que se configuran de manera diferente, según sean las condiciones específicas del mercado, el producto y la producción. Ellos deben resolver problemas funcionales normales, tales como la consecución y ubicación de materias primas, el reclutamiento y la socialización del personal, la distribución y venta de productos, etc. Sin embargo, la ilegalidad es la que impone el sello distintivo a este tipo de actividad. Aparecen dilemas especiales que deben ser calculados al emprender este tipo de negocios y que los caracterizan en sus relaciones con el medio, así como en la estructura interna que adoptan.

En el mercado, los actores se enfrentan a un gran dilema. Por un lado, tienen que procurar el secreto, el encubrimiento de sus operaciones. Reprimir la salida de información hacia el exterior con el fin de protegerse de la persecución estatal. Pero por otro lado, como empresa o negocio económico, no puede cumplir sus objetivos, concurrir a un tipo de mercado, si no difunde información. Debe difundir información específica como cualquier otra empresa si quiere manejar exitosamente los negocios.

Las sociedades secretas para no permitir que la información trascienda y reducir los riesgos de la persecución evitan hacerse visibles y procuran impedir que los miembros puedan llevar información hacia fuera que permita su identificación y represión, lo que se logra mediante: a) el compromiso del silencio; b) reforzando este compromiso con el juramento o la amenaza; c) por la transmisión de esa información de modo oral; d) la estigmatización y castigo de los violadores; e) compartimentando la información. De este modo los riesgos se neutralizan o disminuyen; f) por medio de jerarquías y subordinaciones compartidas que limita las interacciones directas entre personas y con ello el conocimiento de los implicados; aunque sin sustraerlos a las relaciones de autoridad y de lealtad, el compromiso y la legitimidad.

Las empresas ilegales procuran encubrir sus operaciones dependiendo de las expectativas de riesgo: 1) separando las diferentes fases de la producción; 2) manteniendo reducidos los volúmenes de producción y almacenamiento; 3) cambiando continuamente de ubicación a fin de reducir al máximo las pérdidas eventuales; 4) configurando su estructura de manera que contribuya a reducir los prejuicios.

El carácter ilegal también se refleja en la organización y las relaciones sociales. De este modo: a) los riesgos de la persecución policial y estatal determinan la existencia de formas de organización descentralizadas, poco formalizadas en la división del trabajo y en cuanto a los flujos de información; b) los procesos laborales se coordinan por estructuras de tipo más reticulares que jerárquicos; c) los contactos personales son reducidos; d) la información sobre las personas y las transacciones aun dentro de la empresa es estrictamente controlada y fragmentada; e) los miembros de los subsistemas descentralizados conocen muy poco del personal de dirección, sólo unas cuantas personas se desempeñan como puentes de comunicación entre la dirección y la pandilla; f) los participantes están especialmente comprometidos al silencioy este compromiso se sanciona, incluso por medio de la violencia; g) las estructuras internas de los negocios no están definidas con rigor; h) las relaciones entre diferentes negocios son relativamente abiertas y, en gran medida, esporádicos; i) las relaciones laborales son más bien puntuales y laxas, suelen producirse solamente en torno a tareas determinadas y están altamente personalizadas.

Un ejemplo en el que se pueden comprobar estas formas es en el sistema de organización de la bolita8. El banco sólo es conocido por uno o dos recogedores, cuya función es establecer el contacto con un grupo limitado de listeros a los que, en ocasiones, se les subordinan otros listeros. De este modo se protege el banco mediante la limitación de relaciones y funciones. Otro caso a estudiar puede ser el de la producción y venta ilícita de tabaco. Este es todo un sistema bien compartimentado, de producción, distribución y venta. Las redes son muy extensas y segmentadas. De un lado aparecen los productores clandestinos, generalmente artesanos especializados que cuentan con los instrumentos necesarios para el desempeño del arte de producir un buen habano. Pero estos requieren materia prima, envases y etiquetas de modo que la falsificación responda a las exigencias del mercado. El suministro de estas genera redes que penetran tanto en la economía privada (campesinos que les venden de las cosechas), como la estatal, que incluye desde las marcas y anillos de los puros provenientes de la industria litográfica, las cajas y en ocasiones los propios puros o el tabaco en rama para su elaboración. Esta diversidad de fuentes da lugar a nodos de redes muy flexibles y de fácil reconstitución si son descubiertas. En ocasiones el artesano se limita a la producción del puro, dejando la cuestión del anillado y embalaje para otros en la red, en otras desarrolla el proceso completo. La realización de la mercancía es otro segmento de la red generalmente separada de la producción. En la punta de estas se encuentran los jineteros de calle. Estos ganan una comisión que puede ser de entre 5 a 10 cue por identificar y llevar al cliente hasta el punto de venta. En este lugar, generalmente un edificio multifamiliar, existen dos o tres viviendas comprometidas en el negocio. En una se esconde la mercancía o parte de ella, y en otra se realiza el negocio, de modo que si son sorprendidos infraganti, sólo ocupen las muestras al cliente.

Los participantes en actividades económicas ilícitas se enfrentan a un dilema especial. Necesitan de una gran confianza para la regularidad de los negocios y la seguridad de las personas. Sin embargo, ni las motivaciones de las personas, ni las estructuras de organización ayudan a construir la confianza.

Es difícil generar y asegurar la confianza mediante la organización propia en medio de relaciones que se definen como puramente instrumentales en torno al nexo del dinero. Por otro lado, los instrumentos para sancionar la violación de las normas son muy rudimentarios: la exclusión del negocio y la violencia, aunque esta es un último recurso ya que la misma provoca acciones de retaliación, de represalias, poniendo en peligro la estabilidad de los involucrados.

El dinero y la violencia no bastan para imponer la normatividad y la confiabilidad. En estas circunstancias de inseguridad, en las cuales los riesgos personales dependen irremediablemente del comportamiento de los otros, las relaciones demandan un alto grado de fiabilidad, la cual se procura, durante la organización del negocio, mediante: a) la seguridad normativa del negocio solo se alcanza en la medida que los intereses sean compatibles. Es por eso que: b) en el sistema de interacciones el atractivo más importante para el socio está en la perspectiva de una buena ganancia. El lucro se ubica bien por encima de las expectativas que tiene en los trabajos legales similares. El precio de un alto riesgo se paga; c) la elección cuidadosa de los socios comerciales brinda cierta seguridad contra la traición y la denuncia; d) la complicidad mutua ofrece cierta protección; e) la violencia, especialmente su amenaza creíble, contribuye al desarrollo confiable del negocio.

El conjunto de circunstancias enumeradas, descubre la existencia de una serie de actitudes, normativas y comportamientos en las personas involucradas en este tipo de actividad, que sugiere la conformación de un tipo de mentalidad y pautas culturales específicas, lo que permite que se aborde e interprete el fenómeno desde el punto de vista antropológico.

Bibliografía

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Dirección de Información del MININT 1976, Tesis sobre los delitos de malversación, fraude y contra la economía nacional popular, Doc. 240-e, (La Habana: MININT).

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Marquetti Nodarse, Hiram 1997, “Cuba: El desempeño del sector industrial en 1996″en La economía cubana en 1996. Resultados, problemas y perspectivas (La Habana: CECC/Fundación Friedrich Ebert).

Oficina Nacional de Estadísticas 2003, Anuario estadístico de Cuba 2002 (La Habana: ONE).

Cuando decimos mecánicos de manipulación de representaciones nos referimos a todo ese complejo entra-mado de industrias culturales, medios de difusión de masas, y sistemas de creación intelectual puestas al servicio de crear y sostener ciertas hegemonías. ↵

2 Raspado deriva del verbo raspar y tiene como sinónimos en el sentido que se utiliza, arañar, frotar, rasguñar, rasgar, desgarrar, escarbar. De este modo, cuando se hace referencia a una economía del raspado se alude a las fuentes y los procedimientos en los que se ceba esta. Desde esta perspectiva es posible comprender al rebusque como una manifestación cultural que se sustenta y retroalimenta en esa economía. ↵

La variedad de circunstancias que trata de explicar este concepto ha dado lugar a que las características atri-buidas a dicho sector, con el correr del tiempo, hayan ido creciendo de 7 que originalmente propuso la OIT, a 18 que identificó la CEPAL, hasta 21 que registró Lautier. ↵

Se asume la propuesta que hace Javier Contreras Carbajal cuando escribe:"!...] por régimen productivo estoy entendiendo el conjunto de normas de los distintos procesos de trabajo que se han presentado en la historia del capitalismo como la cooperación simple, manufactura, gran industria y taylorista- fordista" (Contreras Carbajal, 1997). ↵

Ver Dirección de información del MINIT (1976), tesis sobre los delitos de malversación, fraude y contra la eco¬nomía nacional popular. Doc. 240-e, La Habana. ↵

Estas cifras permiten calcular el costo aproximado de importación de un, 1,5 dólares el kilo. En este tipo de co-mercio ello se recupera con la venta de de una sola pieza. En ocasiones una sola pieza deja ya una cierta ganancia. ↵

En el código penal cubano, capitulo 1 artículo 8,1 se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal. ↵

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El nuevo Código del trabajo. El Trabajo en la reforma

Boris Nerey

Centro Martin Luther King de Cuba

Resumen

El autor nos presenta una lectura crítica del nuevo Código deTrabajo cubano y su Reglamento que se producen en el marco de la reciente etapa de reforma enfocada en la regularización de lo económico en la vida cotidiana en la isla. Para esto, Boris Nerey resalta las contradicciones entre las intenciones declaradas por las autoridades estatales en torno a estas reformas y el contenido del CT, y argumenta sobre la inconstitucionalidad de algunos fragmentos del mismo sosteniendo que, en vez de subvertir las relaciones capitalistas, el nuevo CT reproduce la concentración decisional en el trabajo intelectual y las autoridades estatales impidiendo la democratización de los procesos de trabajo.

Abstract

The author presents a critical reading of the new Cuban Labour Code and its Regulations, which were produced in the context of the recent stage of reforms focused on the economic regularization of the everyday life in the island. To accomplish this, Boris Nerey highlights the contradictions between the declared intentions of the State’s authorities on these reforms and the content of the Labour Code. He also argues on the unconstitutionality of some of its fragments, stating that, instead of subverting the capitalist relations, the new Labour Code reproduces the concentration of decisionmaking on intellectual work and State authorities, hindering the democratization of the processes of labour.

Palabras clave

Actualización del modelo económico, Cuba, Código deTrabajo, socialismo.

Keywords

Updating of the economic model, Cuba, Labour Code, socialism.

“Si trascendemos lo declarativo, las líneas fundamentales de la actualización se dirigen mayoritariamente hacia lograr una mayor eficiencia en la actividad estatal, o sea, reducir sus gastos y aumentar los ingresos, tratando de minimizar el costo político que ello implica…”

El nuevo Código del Trabajo y su Reglamento (publicados en la Gaceta Oficial N° 29 Extraordinaria del 17dejuniode2014) nos deja, luego de una lectura minuciosa, una impresión contraria a la que, como norma, debe generar una pauta jurídica de este nivel. Más que aportar certezas, motiva una larga serie de interrogantes que intentaremos explorar a lo largo de este trabajo, muchas de ellas fundadas desde su naturaleza contradictoria, pero como mostraremos, coincidente con la lógica central del proceso de reformas en curso.

Dicho de otro modo, esta naturaleza no implica un desencuentro con el diseño real de política adoptado en la “actualización del modelo económico” pero sí es contradictorio con su intencionalidad declarada, que es la conservación del modelo socialista a partir de rediseñar un conjunto de relaciones, sobre todo económicas, que posibiliten su subsistencia.

Si trascendemos lo declarativo, las líneas fundamentales de la actualización se dirigen mayoritariamente hacia lograr una mayor eficiencia en la actividad estatal, o sea, reducir sus gastos y aumentar los ingresos, tratando de minimizar el costo político que ello implica: tanto en términos de generación de desigualdades como en la competencia por lo legítimo con otros actores tradicionales y emergentes.

Es un proceso donde, más que una franca apertura a las relaciones mercantiles, se intenta “regularizarlas” desde el reconocimiento de su funcionamiento en la vida cotidiana. Aunque predomina aún la fuerza institucional del estado, los circuitos mercantiles han estado ampliandose en un movimiento constante desde la primera etapa de reforma en la década del noventa. Muchos de los cambios han consistido en tratar de poner bajo control estos espacios que escapaban a su vigilancia, y a reconocer (limitar) el poder de grupos emergentes desde lo económico. Resulta exagerado, por el momento, señalar la intencionalidad hacia un socialismo de mercado; se trata en realidad de un intento desde la política económica de controlar relaciones mercantiles que funcionan de forma relativamente independiente y que disputan el poder económico al Estado desde la cotidianidad.

Por ello, es necesario precisar, tanto desde la narrativa del discurso político como del diseño de políticas, qué se entiende por conservación del modelo socialista. El término asumido desde las narrativas para caracterizar la actual etapa de reforma, “Actualización del Modelo Económico” es, como lo fue su ancestro, el llamado “Período Especial en Tiempos de Paz” un término ambiguo que oculta la magnitud y calidad de la transformación que se propone, y a la vez no da cuenta de la multiplicidad del profundo proceso de cambio social que hoy tiene lugar en Cuba. A la vez, resulta explicativo de la direccionalidad adoptada, pues tras la aparente ambigüedad se manifiesta un proyecto político que desde una sucesión generacional en las estructuras gubernamentales, trata de reconstruir sus propias bases de legitimidad más allá de lo carismático.

En el diseño de políticas, tras el reduccionismo economicista se impone una visión del socialismo donde una parte de la estructura de derechos comúnmente llamada desde este discurso “conquistas de la revolución y el socialismo”es modificada en función de un criterio de eficiencia diseñado según óptimos locales: es re-operacionali-zada en tanto dispositivos de protección social que deben entregar saldos positivos, ya sea mediante reducir sus costos (aumentar ingresos) o aportar legitimidad y contención social.

El presente Código del Trabajo (CT) contiene además una interpretación poco ortodoxa de su anclaje en la Constitución de la República. Modifica la estructura de sujetos constitucionales de las relaciones de trabajo con una visión bastante simple: Según los incisos A y B del artículo 9, se define al trabajador como aquel que se subordina a un empleador autorizado, y esta subordinación es la que hace posible la posterior estructura de derechos y deberes. Mientras, un empleador es una entidad o persona natural dotada de capacidad legal para concertar relaciones de trabajo, que emplea uno o más trabajadores.

Si el artículo 1 constitucional establece que Cuba es un “estado socialista de trabajadores” resulta contradictorio que su definición como sujeto de las relaciones de trabajo sea precisamente la subordinación a un empleador. En el tercer Por Cuanto de la fundamentación del CT, se establece que el mismo “reafirma la autoridad y responsabilidad de la administración” lo que se produce en detrimento de la capacidad decisional del otro sujeto de las relaciones de trabajo, precisamente el trabajador.

La propia definición de un “Estado socialista de trabajadores” implica necesariamente una democratización de las relaciones de trabajo que debe expresarse en la igualdad de derechos en cuanto a capacidad decisional sobre los asuntos fundamentales que tienen lugar en los procesos productivos. Por el contrario, el CT preconiza una concentración de esta capacidad decisional en los empleadores. Su artículo 5 establece que:

La formalización, modificación y terminación de la relación de trabajo, así como la disciplina de los trabajadores designados para ocupar cargos de dirección, funcionarios, contralores, auditores y otros; los elegidos para ocupar cargos profesionales, de los trabajadores de los Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República, Aduana General de la República y otras que se establezcan legalmente, se rigen por la legislación específica dictada para ellos.

Queda claro entonces que tanto los nombramientos como la reglamentación y evaluación de su actividad queda fuera de la esfera de influencia de los trabajadores, que no cuentan con recursos legales para incidir en lo anterior, lo que apunta hacia la concentración de la capacidad decisional ya comentada.

Lo anterior es reforzado por otro conjunto de resoluciones acompañantes. La resolución 203/2014 del ministro de Finanzas y Precios autoriza que las empresas retengan como mínimo un 50% de utilidades después de impuestos, y que además ya no efectúen pagos por concepto de amortización ni depreciación, ingresos que pasan a formar parte de los fondos de estimulación, inversión y otros, por lo que el margen de recursos en control de los empleadores aumenta sustancialmente. La resolución 134/2013, del ministro de Economía y Planificación permite la flexibilización de los objetos sociales de las empresas estatales, responsabilidad que recae en los directores y sus superiores, donde las organizaciones sindicales son convidadas a expresar su parecer, pero sin que se reglamenten procedimientos de participación de los trabajadores y sus representantes. Siguiendo esta lógica, la resolución 38/2013 del ministro de Finanzas y Precios los faculta como únicos responsables de fijar los precios para sus producciones. Lo que resulta aún más sintomático es que su resolución 181/2014 los autorice además a fijar los precios de las producciones excedentárias al encargo estatal a precios de oferta y demanda. En el artículo 28 del CT se autoriza a los empleadores a sostener contratos de trabajo a tiempo determinado o por obra con otros empleadores, sin otra especificación, por lo que pueden ser empleadores personas naturales, lo que podría generar una desviación de los ingresos de los trabajadores y el Estado hacia el sector privado, pues no se establecen candados regulatorios donde al menos se fundamente la necesidad del producto o servicio a recibir, cómo se acordó el precio establecido, si dicha obra se licitó legítimamente, o si se propuso su producción a los trabajadores de la entidad, entre otros. Como lo anterior puede producirse sin que el empleador deba informar, como mínimo, a la organización sindical, además de reforzar la concentración de la capacidad decisional, puede generar además elevados índices de corrupción.

Por su parte, en el resuelvo tercero de la resolución 17/2014 del ministro deTrabajo y Seguridad Social, se establece que los sistemas de pago a rendimiento se aprueban anualmente por los empleadores, previo acuerdo con el sindicato, pero no se establece una reglamentación para este acuerdo, por lo que dicha negociación se resolverá generalmente siguiendo los intereses del actor más empoderado.

Además, en el artículo 53 de la resolución 203/2014 se establece que los gastos de las organizaciones superiores de dirección corren a cargo de las empresas que lo componen, que a su vez son las encargadas de aprobar la cuantía de aporte por la inversión estatal luego del pago de impuestos, siendo sus directivos además los encargados de nombrar generalmente a los directores de empresas de base, según su marco regulatorio específico, lo cual cierra el círculo de concentración de la capacidad decisional y el empoderamiento de los empleadores sobre los trabajadores.

Otro elemento que contraviene lo expresado en la Constitución tiene que ver con los principios establecidos para la remuneración del trabajo. El artículo 45 constitucional expresa que “el trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad” mientras que en el artículo 2, inciso c del CT, que establece la igualdad en el salario, se establece que el trabajo se remunera “en correspondencia con los productos y servicios que genera, su calidad y el tiempo real trabajado”. No obstante, en su artículo 109 se expresa que “se considera salario la remuneración en dinero que el empleador paga al trabajador, atendiendo a la calidad y cantidad del trabajo realizado y al tiempo real laborado, según corresponda” lo cual entra en contradicción con lo expresado anteriormente.

Esta contradicción expresa un elemento de singular importancia, pues el artículo 14 constitucional expresa que las remuneraciones deben efectuarse según “el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. En la forma de pago por rendimiento, que debe abarcar a la mayoría de los trabajadores del sistema empresarial, la resolución 17/2014 establece, en su resuelvo séptimo, que “el salario a recibir no tiene límites, siempre que no se deteriore el gasto de salario por peso de valor agregado bruto planificado” para el período de referencia. La anterior relación, en tanto referencia fundamental para calcular la parte de la riqueza creada que se distribuirá como salarios, implica que formarán parte de estos ingresos que no provienen del aporte del trabajador, sino de, entre otros: ganancias por condiciones favorables en la circulación y precio de las mercancías; del diferencial tecnológico en procesos productivos similares; de escaseces relativas provocadas por causas naturales, geopolíticas (como el bloqueo); de dinámicas favorables de importación-exportación; errores de la planificación; de precios que se rigen por oferta y demanda, etc.

Otra contradicción introducida tiene que ver con el trabajo extraordinario, pues en el artículo 122 del CT se establece que se retribuye con un incremento del veinticinco por ciento (sin explicar la base de cálculo de esta cuantía, ni otras razones), en relación con el salario del cargo, violando los preceptos constitucionales señalados de remunerar según el trabajo aportado.

Introduce además otro importante sesgo en la planificación: Las empresas más eficientes, y aquellas que por razones tecnológicas se encuentran muy cerca de su límite productivo o de agotar el mercado disponible para sus producciones y servicios, se verán obligadas a subplanrñcar sus objetivos productivos, de lo contrario serían penalizadas por deteriorar la relación gasto sala ria I-valor agregado bruto, al no poder aumentar de manera sustancial sus ingresos, pues caerían en la penosa contradicción de que si planifican un salto productivo importante, se acercarían peligrosamente a su límite, situación que les obligaría a disminuir su fondo salarial. O sea, puede ser que mientras más productivos sean sus trabajadores ganen menos, lo que contradice los principios de elaboración de los sistemas de pago a rendimiento comprendidos en el presente CT. Otro caso parecido es el de las empresas cuyos ingresos fundamentales provienen de la aplicación de un margen de ganancia. Si aumentan su margen de ganancia, estarían encareciendo las producciones y servicios de cara a las empresas y a la población, y si no lo hacen, sus salarios prácticamente no crecerían. Por esta razón, se verían obligadas a manipular sus sistemas de formación de costos y precios para cumplir los planes de ingresos y poder aumentar el gasto salarial, lo cual se vería agravado mucho más en el caso de producciones y servicios con precios fijados según oferta y demanda. Para los organismos superiores de dirección empresarial, encargados de diseñar y/o aprobar los planes, sería necesario adoptar una dinámica de planificaciones según lo comentado, pues sus ingresos dependen del aporte de las empresas de base, so pena de ser sancionadas salarialmente ellas mismas. Si en la economía cubana se generalizaran este tipo de prácticas, se estaría provocando, desde el marco regulatorio, que el desarrollo social se produzca según lo que en la doctrina económica se denomina un ajuste a mínimos, o sea, que la mejor solución para todos los actores involucrados en la generación de riqueza sea planificar un crecimiento infinitesimal, y de este modo, Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga.

Todas las razones anteriormente expresadas indican que desde el marco regulatorio se estaría induciendo un diferencial salarial que no depende del aporte entregado por el trabajador en cantidad y calidad. Esto impide que se cumpla el precepto expresado en la constitución, artículo 43, donde se enuncia que los trabajadores “perciben salario igual por trabajo igual” y el artículo 2, inciso c del CT, que expresa la igualdad en el salario. De esta forma, se rompe con el intercambio de equivalentes recogido en el principio de distribución socialista establecido en el artícuk>17 constitucional, que instituye “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” pues según lo establecido en el CTy la resolución 17/2014, habrá trabajadores que cobren por encima o por debajo del trabajo aportado según cantidad y calidad, que dejaría de ser entonces el indicador fundamental de las remuneraciones, por lo que el estado incumple un precepto al que la constitución lo obliga.

Lo anterior implica además que se”naturalice”una estructura de desigualdades salariales no legítima según el principio anterior, pues permite que los trabajadores sean beneficiados o penados por factores que escapan a su control directo, pues como se demostró anteriormente, los procesos de trabajo están signados por la concentración de la capacidad decisional en los empleadores.

Otro elemento que contraviene la Constitución cubana es el siguiente: esta prohibe en el artícuk>14 la explotación del trabajo. El artículo 21 prescribe que si bien el Estado garantiza su propiedad, los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno. Según lo anterior, no podría autorizarse a una persona natural a ser empleador si la actividad productiva o de servicios se realiza con la explotación de trabajo ajeno, lo cual contraviene el CT al catalogarlos como sujetos con capacidad para concertar relaciones de trabajo. Otra severa contradicción con el marco constitucional señalado tiene que ver con el establecimiento de marcos regulatorios diferentes para los trabajadores que tienen un empleador estatal, y los que trabajan subordinados a una persona natural. En este último caso, el CT es omiso o discrimina-dor, lo que conspira contra la igualdad de derechos señalada en la Constitución. Por ejemplo, no se establecen contratos de trabajo por tiempo indeterminado y sus regulactones para los trabajadores con un empleador persona natural, sólo los temporales y por obra, lo que pone a dichos trabajadores a merced de su empleador, e impide su estabilidad laboral y de los ingresos familiares. No se les reconoce, en el CT artículo 74 inciso c, más que un día de descanso semanal y 7 días naturales de vacaciones pagadas al año, como mínimo, menos que a los trabajadores estatales, lo que constituye una discriminación y limitación de sus derechos. De la misma forma, su empleador no se obliga, mediante este código, a mantener garantías salariales en caso de que la producción o el servicio se interrumpen por causas ajenas al trabajador, ni a firmar un convenio colectivo con sus trabajadores, lo que significa una precarización de la relación de trabajo en este ámbito. Además, se establece como único límite al salario percibido por los trabajadores que laboren para personas naturales la cuantía mínima establecida, en su artículo 74, inciso b.

“La situación se complejiza si observamos el papel asignado a los sindicatos dentro del marco regulatorio propuesto. Aunque en el papel se reconoce la estructura de derechos tradicional, se profundiza la asimetría decisional”.

Para el salario mínimo del país no se establece ningún indicador relacionado, como puede ser la variación del costo de la vida, ni se instituye un período definido para su determinación, sólo se aporta una definición abstracta en el artículo 2, inciso c del CT: “El Estado, atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, establece el salario mínimo en el país”. Esto cobra especial relevancia porque la resolución 17/2014 del ministro del Trabajo instruye que: “Cuando se deteriore el gasto de salario por valor agregado bruto planificado, el salario base de cálculo aprobado […] se afecta hasta el límite del salario mínimo del país” lo que implica que los ingresos provenientes del trabajo podrían ser reducidos, como ya se demostró, por razones ajenas al desempeño del trabajador, hasta una cuantía no cotejada con el costo de la vida, y con ello crear masas de trabajadores cuyos salarios podrían estar por debajo de la línea de pobreza, o súper explotados al recibir un ingreso inferior a dicho costo cuando laboren para personas naturales.

La situación se complejiza si observamos el papel asignado a los sindicatos dentro del marco regulatorio propuesto. Aunque en el papel se reconoce la estructura de derechos tradicional, se profundiza la asimetría decisional ya comentada, pues su participación en estos procesos, en tanto representantes de los trabajadores, se instaura como formal y con pocas posibilidades de actuación efectiva. En Cuba es tradición que las organizaciones sindicales incluyan entre sus miembros a sujetos que se encuentran en posiciones distintas de las relaciones de trabajo (artículo 12 del CT “con independencia de la naturaleza o características de su relación de trabajo”), o sea, que entre sus afiliados están tanto trabajadores como empleadores, elemento que muchos analistas consideran explicativo del papel poco efectivo que han tenido estas agrupaciones. Cuando la relación establecida es de subordinación, tal como lo establece el presente CT, y cuando las regulaciones acompañantes acentúan la asimetría decisional, nada garantiza que esta relación de subordinación no se traslade a la dinámica de las decisiones.

El artículo 14 del CT establece los derechos de las organizaciones sindicales, y en su inciso c, se dice que puede “participar en la elaboración, ejecución y control de los planes de desarrollo económico y social, del presupuesto del Estado, así como proponer medidas encaminadas al perfeccionamiento de la gestión de la entidad”. Pero no se regula la naturaleza de esta participación, ni la capacidad de incidencia de sus propuestas, por lo que aplica lo señalado antes. Lo mismo ocurre en el artículo 18 del CT, donde se establece que los trabajadores participan en la dirección de las entidades en que laboran, pero esta participación no está procedimentada, caso similar al de los sindicatos. Las formas individuales y colectivas de participación que se señalan resultan discriminatorias para los trabajadores que decidan no sindicalizarse, pues la afiliación se reconoce como voluntaria. No se establece nada específico para los casos en que existan varias organizaciones sindicales en una entidad, ni como sería su participación en la toma de decisiones, ni se reglamenta como deben funcionar las asambleas de trabajadores, la rendición de cuentas de los diferentes directivos a estas y qué efectos producidos a partir de la participación individual deben ser vinculantes.

De igual manera no se establece ninguna regulación específica para los sindicatos de trabajadores que laboran en las llamadas relaciones de trabajo entre personas naturales. Si en ellos se repite además que empleadores y trabajadores formen parte del mismo sindicato, es posible imaginarse, por la experiencia de este tipo de organizaciones en el mundo, como sería la naturaleza de la participación trabajadora. Aunque sus derechos están recogidos en el presente CT, no se especifica cómo los mismos deben ser representados en este tipo de relación, ni como participarían los trabajadores en la toma de decisiones fundamentales, lo que evidencia un caso de severa omisión. Ello representa además una visión que se complementa con los procesos de concentración de la capacidad decisional, que según se observa, abarca tanto a empleadores que “representan” al Estado en la gestión de la propiedad social, como aquellas personas naturales autorizadas a fungir como empleadores. La participación de los trabajadores, laboren para el sector estatal o privado, estará circunscrita a los circuitos formales de la toma de decisiones, y en muchos casos estarán excluidos de ellos, lo que contraviene la declaración constitucional del carácter del Estado cubano, o sea, un Estado socialista de trabajadores.

Obsérvese, a modo de ejemplo, cómo se diagrama esta asimetría en varios de los circuitos fundamentales de toma de decisiones en los procesos productivos, y véase con detenimiento las narrativas expresadas para estipular la actuación de cada sujeto de las relaciones de trabajo en el presente CT:

Artículo 56: El empleador a partir de la autorización correspondiente, está obligado a informar previamente a la organización sindical a su nivel y a los trabajadores, sobre la aplicación del proceso de disponibilidad, su organización y control.

Artículo 83: Las plantillas de cargos de las organizaciones superiores de dirección y de las empresas se aprueban por los jefes respectivos y por los órganos, organismos y entidades nacionales con relación a sus unidades presupuestadas, oído el parecer de la organización sindical correspondiente.

Artículo 113: El salario mínimo del país, así como el nivel general de los salarios se aprueban por el Consejo de Ministros, atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, oído el parecer de las organizaciones sindicales correspondientes.

Artículo 151: El empleador o la autoridad facultada en los reglamentos disciplinarios, oído el criterio de la organización sindical, puede imponer directamente mediante resolución o escrito fundamentado y con efecto inmediato, las medidas disciplinarias a aquellos trabajadores que violen la disciplina de trabajo establecida.

Para el presente Código del Trabajo, además de su análisis específico o de derecho comparado, pensamos que es mucho más importante su análisis desde el nuevo contexto regulatorio en que se inserta. Asimismo, es ya tradición que las regulaciones establecidas, en materia de ordenamiento jurídico, se tergiversen, limiten o incluso se contradigan con las legislaciones específicas dictadas desde el ejecutivo. Por ejemplo, según se declara en el anteproyecto que se sometió a consulta, su versión anterior (aprobada en 1984) ya había sido modificada o sustituida en al menos la mitad de su capitulado por resoluciones específicas. Para el actual, obsérvese las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°21 del 28 de abril de 2014, por lo que podría esperarse la continuidad de este tipo de prácticas.

El nuevo marco regulatorio, establecido desde la coyuntura política donde una sucesión generacional en las estructuras gubernamentales debe reconstruir sus propias bases de legitimidad más allá de lo carismático, resulta una continuidad con el proceso de reformas iniciado en los años noventa, pero incorporando ahora su naturaleza específica hasta el punto de convertir muchos de los preceptos constitucionales, como la propia esencia del estado socialista de trabajadores, en un significante vacío.

La continuidad se expresa en la forma desde la que tradicionalmente se ha interpretado y constituido la centralidad del trabajo en una sociedad que pretende construirei socialismo. La estatalización permanente y centralizada en la gestión de la propiedad no ha producido históricamente, ni en el actual período de reforma, procesos de socialización donde los trabajadores trasciendan su estatus de fuerza de trabajo asalariada, subordinada a un empleador, para desarrollarse como productores libremente asociados. En la gestión de la propiedad social existe una evidente asimetría de las relaciones de poder entre sus sujetos, y una gestión verticalista del sistema de decisiones en todos los sentidos, pero sobre todo en las relaciones económicas, lo que implica, como muestra el actual CT y otras resoluciones producidas desde la actualización, la perpetuación de la concentración de la capacidad decisional a favor de los empleadores e impide la democratización de los procesos de trabajo. La lógica de la socialización sigue siendo asincrónica en la producción, el conocimiento y la capacidad decisional, por lo tanto, impide que la socialización del conocimiento se traduzca en elevación de la productividad y en un proceso de empoderamiento real de los trabajadores, por lo que resulta incongruente a los fines de la construcción socialista.

El segmento de alta capacidad decisional, que hoy resulta el sujeto fundamental en la reforma, ha tenido un largo desarrollo histórico. En un inicio estuvo integrado por la llamada “vanguardia”de la clase obrera, que sustituyó en la administración de la economía a la clase propietaria (y a sus administradores) del período pre revolucionario. Caracterizado en sus orígenes por elevados niveles de permeabilidad, se constituyó como garante de la aplicación de las bases del modelo de desarrollo socialista, convirtiéndose en un canal de comunicación entre la dirección del proceso y el resto de los sectores sociales. Lo anterior significó también que se produjera un vaciamiento de sus características definitorias iniciales en los grupos aportantes (obreros, campesinos, trabajadores de los servicios, etc.) hacia una actividad social caracterizada por el trabajo intelectual y la concentración en sus manos del poder decisional. A la larga, esta tendencia consolidó un grupo de baja capacidad decisional en un régimen de administración estatal de la propiedad; y otra de alta capacidad decisional, encargada de la gestión de dicha propiedad.

Al mantenerse relaciones de trabajo donde esta capacidad queda en manos de grupos representantes del Estado, mientras que el resto de los trabajadores tienen poca participación real en los procesos productivos, se genera desde el diseño de políticas de la reforma una división social del trabajo que no subvierte la lógica capitalista, todo lo contrario, la reinstaura además en el sector no estatal de la economía. Por ello, a los grupos decisionales tradicionales se suman ahora de manera legal otros que se empoderan desde una lógica mercantil, y su impacto combinado origina un nuevo ordenamiento social con características inéditas en el período revolucionario, tanto en su componente estructural, distribución y origen de las desigualdades, como en su correlato desde las mentalidades.

Consecuencia de lo anterior es la continuidad en la configuración de un ethos de la participación en las relaciones de trabajo que se construye de forma diferente a las relaciones solidarias de producción, donde la acumulación se presenta a los trabajadores como una realidad externa a su contribución, pues no tienen participación real sobre qué parte debe destinarse al bienestar (indirecta) y cuál al consumo (directa). El anclaje de la percepción de lo colectivo, fundado sobre todo desde lo político distributivo por encima de la democratización de las relaciones de trabajo, comienza a fracturarse cuando se individualizan (descolectivizan) los patrones de eficiencia de la acción individual en los sistemas productivos.

En materia de política salarial, el abandono del pago por la cantidad y calidad del trabajo aportado, y la instauración de la remuneración por resultados, implica, como señalamos, una nueva lógica distributiva ajena a la construcción socialista, de la que podemos esperar resultados discretos tanto en materia de elevación de la productividad como en la generación de un ordenamiento social coherente con los fines declarados del modelo.

Si a lo antes expuesto le sumamos que la obtención de los salarios directos es poco sensible a la forma en que el nuevo valor se genera, podemos explicar cómo funciona este círculo vicioso, donde aunque las cuantías obtenidas mediante salarios aumenten, no se constituyen como estímulo a la productividad, por lo que las remuneraciones nunca alcanzarían a compensar la brecha entre los salarios reales y los nominales, ni se convierten en estimulación para aumentar la generación sostenida de nuevo valor. Según comentamos, el reciente marco regulatorio propicia que los sujetos de las relaciones de trabajo pudieran participar en los sistemas productivos según una lógica de arreglo a mínimos, y por eso nunca se originaría el crecimiento económico necesario para solventar tanto el desarrollo del país como los ingresos necesarios para las economías familiares.

Este marco regulatorio no permite crear procesos de experimentación que prueben paradigmas productivos socializadores, como la cogestión, autogestión y coo-perativización de la propiedad estatal, que basados en el fortalecimiento de un funcionamiento productivo solidario, puedan integrar tanto los elementos vinculados a los saberes y producciones tradicionales como los asociados a las nuevas tecnologías, innovación tecnológica y servicios de alto valor agregado. Tampoco posibilita incorporar al diseño de los puestos de trabajo las funciones de autodirección, imprescindible desde el entendimiento que organización del trabajo en el socialismo no puede ser organizar bien el trabajo no emancipado.

En este sentido, los sistemas de remuneración planteados en el CT no permiten la creación de condiciones para la progresiva desalarización de las relaciones de trabajo, lo que coarta el compromiso y la participación de los productores directos en la producción y redistribución de la riqueza. Es una vez más contradictorio con los fines declarados del proceso de actualización, teniendo en cuenta que construirei desarrollo socialista con trabajadores asalariados, y no con productores colectivos, contiene una imposibilidad en sus términos. Mientras subsista la actual división social del trabajo, y los grupos directamente vinculados a la producción sean sujetos asimétricos de la acumulación, quedando relativamente excluidos de los procesos decisionales, se originarán imaginarios colectivos contrapuestos acerca de qué entender como desarrollo, con la correspondiente generación de lógicas de asignaciones encontradas sobre qué parte de lo producido debe destinarse hacia el consumo y las economías familiares y cuál debe tributar a completar el proceso de modernización, al sustento de la política social y al perfeccionamiento del propio aparato productivo.

La presente actualización del modelo de desarrollo implica además el tránsito de un socialismo de control estatal sobre las relaciones de propiedad a otro que debe construir hegemonía ante la entronización de propiedad y apropiación privada, y de relaciones de explotación en diversos ámbitos de la vida social cubana. Desde los marcos regulatorios, aunque mantiene aún el control sobre los objetivos económicos de alto perfil, se establecen como legítimas relaciones capitalistas de propiedad y apropiación, lo que equivale también a reconocer a sus actores conforme a derecho, por lo que se obliga a convivir (competir) con ellos. Por primera vez en el período revolucionario, adquiere legitimidad política una clase capitalista que, conforme a su esencia, luchará por imponer relaciones de explotación y controlará desde esta perspectiva los procesos de trabajo que estén bajo su dominio. En un sistema de actores que se hace complejo y contradictorio, los sujetos que se propongan la construcción anticapitalista deberán participar en un contexto político que resultará, cercado por los grupos decisionales empoderados y la clase capitalista que regresa, como mínimo, hostil.

Debe enfrentar esta compleja dinámica desde la herencia de una estrategia de modernización que generó numerosas contradicciones estructurales, y una coyuntura que sigue siendo adversa desde el capitalismo internacional. Aunque los grupos asociados a las relaciones mercantiles (y apropiación privada) en la gestión de la propiedad todavía no tienen una expresión visible en cuanto a capacidad de incidencia en las relaciones políticas, puede esperarse que en el futuro ejerzan presión para “liberalizar” aún más los marcos regulatorios, y entonces habría que preguntarse también si la inclusión universalista en la política social de la mayoría de los cubanos sería suficiente para mantener”bajo control” las relaciones de explotación.

Cabe preguntarse también cómo en una sociedad caracterizada hoy por la mul-tiespacialidad económica y la diversidad de formas de producción se puede construir la hegemonía socialista sin que se potencie y legitime, desde el marco regulatorio, la democratización de las relaciones de producción. La complejidad del escenario se ve agravada porque la propia dinámica de la reforma ha preterido las medidas tendientes a la socialización de la propiedad y la experimentación en formas organizativas autogestionárias en la empresa estatal socialista, lo que sumado a la apertura en cuanto a relaciones de apropiación privadas, debilita las posibilidades de lograr dicha hegemonía.

Lo paradójico de la intencionalidad de este proceso de reforma es que considera necesaria la introducción y/o ampliación de relaciones capitalistas para salvar las conquistas sociales del proyecto. Lo preocupante es que, en aras de la sobrevivencia a corto plazo, resulten afectadas o competidas las relaciones sociales de contenido solidario (las relaciones de trabajo especialmente), proceso que puede, en definitiva volverse contra dicha sobrevivencia. Lo alarmante es que se privilegie la apertura hacia formas de propiedad no estatal, donde el énfasis fundamental no es la constitución y experimentación en formas de gestión colectiva de la producción, sí el autoempleo, las pequeñas y medianas empresas privadas y la inversión extranjera. Lo incoherente es que, en el diagnóstico oficial sobre los problemas de la empresa estatal socialista, se insista en que la baja productividad y eficiencia económica que hoy amenaza la sobrevivencia del socialismo cubano es debido a que los trabajadores no se sienten “¡dueños!”(nunca productores libremente asociados), de los medios de producción, o sea, no han conseguido ser los capitalistas de sí mismos.

En una sociedad que propone el socialismo como fin explícito, las relaciones de trabajo deben poseer una calidad específica, o sea, ser expresión de un proceso de socialización progresiva de las relaciones de propiedad que subvierte la división social del trabajo heredada del capitalismo, a través de la instauración de un paradigma productivo capaz de generar un patrón de sociabilidad emancipatorio. Dicho paradigma, sustentado desde los marcos regulatorios, debe propiciar el aumento de la capacidad de empoderamiento de los sujetos fundamentales de los procesos de trabajo, favoreciendo, a través de un entramado institucional que lo permita, su capacidad de autotransformación para generar relaciones solidarias en la producción, reproducción, distribución y redistribución de la riqueza social. La hegemonía socialista sólo puede lograrse a partir de proponer un salto cualitativo en las relaciones de trabajo que pueda limitar cada vez más a las relaciones capitalistas recientemente entronizadas. Estamos hablando de la necesidad de refundar el carácter socialista del proyecto de nación.

Bibliografía

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Consejo de Ministros 2014 Decreto No. 323.

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2013 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 14,27 de mayo.

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Partido Comunista de Cuba 2011 “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”en <Cubadebate.org.cu>, abril.

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Ministerio de Finanzas y Precios 2014 Resolución No. 181/2014 y Resolución No. 203/2014

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2014 Resolución No. 17/2014.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2014 Resolución No. 29/2014.

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Marco institucional de protección de la ciudadanía ante las consecuencias de la reforma, Cuba 2014

Julio Antonio Fernández Estrada

Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular del Centro de Estudios de Administración Pública, de la Universidad de la Habana. Conferencista, docente y ponente en universidades y eventos de América Latina y Europa.

Resumen

El artículo caracteriza la institucionalidad política y jurídica cubana en los momentos actuales y realiza un análisis de la forma en que el Derecho y las instituciones públicas han respondido en Cuba a las transformaciones económicas en curso. Por último se ocupa de explicar la manera en que la institucionalidad trata de defender a la ciudadanía de las consecuencias de la reforma.

Abstract

This article discusses the Cuban political and legal institutions at the present time and performs an analysis of how the law and public institutions in Cuba have responded to the ongoing economic reforms. Finally deals with explaining how institutional tries to defend citizens from the consequences of the reform.

Palabras clave

Institucionalidad, Derecho, Reforma, Ciudadanía.

Key words

Institutionalism, law, reform, citizenship.

Introducción Los cambios económicos, políticos, jurídicos, institucionales y sociales al fin, que se han producido en Cuba desde el año 2006, momento en que Fidel Castro hizo pública mediante proclama la delegación de todos sus cargos en el Estado y el gobierno cubanos, -no así en el partido, donde conservó la jefatura del comité central[1]-, no han sido denominados por el discurso oficial cubano ni por la prensa nacional como reformas.

En Cuba los procesos de reestructuración y de transparencia se han dado de forma diferente a como, por ejemplo, se dieron en la URSS, porque aquí se han hecho y se desarrollan aún como actualización del modelo socialista cubano, sin que se entienda con claridad a qué se refiere el partido -ha sido esta una serie de ajustes liderados por el Partido Comunista de Cuba, desde el sexto Congreso y sus Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución[2]– cuando se refiere a actualización, pero en apariencia se trata de una puesta al día de la economía cubana, no de la política, con las maneras de organizar teórica y prácticamente una economía próspera y sostenible, siempre según las consignas oficiales de Cuba.

En la historiografía cubana -sobre todo la del siglo XX- el reformismo no ha sido bien llevado, sobre todo por los manuales de historia de Cuba o hasta en los tratados o monografías sin intenciones didácticas, porque desde su manifestación en el siglo XVIII, se ha considerado como una solución que no resolvía los problemas principales de la sociedad cubana: la esclavitud[3] y la falta de independencia.

El reformismo cubano, sin embargo, ha sido si no defendido, al menos sí apreciado por otro gran grupo de historiadores, dentro y fuera de Cuba, porque desde su espacio se inició el auge de las ideas críticas sobre Cuba y su relación con la metrópoli española, como ya dijimos, desde el siglo XVIII.

Los reformistas cubanos hicieron gala de su patriotismo al intentar una modernización de la isla, también en lo económico y en lo social, sin olvidar lo político, y sus voces se convirtieron en instituciones culturales y de desarrollo económico, tan importantes como el Consulado de Agricultura y Comercio, nacido del impulso creador de un ilustrado moderno cubano, Francisco de Arango y Parreño[4], sin olvidar las obras de “actualización” que fomentó y logró en la Habana el Obispo Espada, o las ideas de José Antonio Saco, o la radicalización hacia el autonomismo[5] que esta corriente desarrolló dentro de sí.

Pero el separatismo[6] primero y el independentismo después ha sido considerado el movimiento político y de ideas que permitió cuajar el proyecto de soberanía nacional en Cuba, por lo que los reformistas[7] han cargado una cruz demasiado pesada en la historia de la isla: la reforma no es revolución.

Y fue una revolución iniciada en 1868, la que después de esta y otra guerra de independencia, logró que Cuba no fuera española -sin contar para no recordar, el ultraje norteamericano consistente en robarle a los cubanos más de diez años de lucha contra un imperio desesperado- cuando el autonomismo[8], hijo adelantado a finales del siglo XIX del reformismo de inicios de esa misma centuria, intentaba demostrar que a España había que trascenderla sin violencia, sin desprenderse de ella por medio del machete, sino por medio de un Estado de Cuba con España.

La Revolución ganó la partida de la historia de los hechos y de la historia de los héroes, los geniales oradores del autonomismo, sus pensadores, sus patriotas, fueron olvidados por la marea de la Revolución que todo lo legitimaba, y no sin razón. José Martí, y su Partido Revolucionario Cubano demostraron que la Revolución era una necesidad que debía desencadenarse sin odio y con rapidez, para llegar lo más pronto posible a la República donde todos cupieran, hasta los derrotados que aceptaran la mejoría ética y social que significara la independencia.

Fernando Martínez Heredia lo ha dicho más bellamente: “El pueblo de Martí será el protagonista, no la comitiva de una casta, ni de los doctores, ni de los caudillos” (Martínez, 2009:138).

Las revoluciones del siglo XX en Cuba se hicieron también con el amparo moral de la protección martiana, porque Julio Antonio Mella fue el primero en vislumbrar un Martí más que poeta y orador, como lo quería la promoción política dominante durante las dos primeras décadas de la República neocolonial, y quedó así relacionado el pensamiento martiano con la radicalidad comunista, como después lo hará con la Revolución de”los años cincuenta” en el año del centenario del apóstol.

Sobre lo anterior ha escrito Julio César Guanche: “Mella tiene el mérito, con las «Glosas al pensamiento de Martí», de buscar dónde podían encontrarse Martíy Marx sin desmedros respectivos, sin necesidad de justificar la «debilidad» martiana al no suscribir las ideas de Marx […]” (Guanche, 2003:343)

Martí fue declarado autor intelectual de las acciones armadas del 26 de julio de 1953, que comenzaron la última revolución cubana y ha quedado como el guardián de la pureza nacional, único capaz de superar con su presencia y su simple mención las diferencias ideológicas internas y los extremos políticos.

En 1992, cuando la Constitución socialista cubana de 1976 recibió su modificación más importante para adaptarse al mundo unipolar, después de la caída del campo socialista de Europa del este y en el contexto de la crisis económica cubana, llamada por el Estado período especial y que se ha reconocido oficialmente como no vencida, la figura y el ideario martiano salvó otra vez las fisuras del sistema político cubano.

El artículo 5 de la Constitución reconoció que el Partido Comunista no era solamente la fuerza dirigente de la sociedad y el Estado -única justificación jurídica del monopartidismo en la Isla- sino que su ideología era marxista, leninista y martiana.

Así mismo el artículo 1 del magno texto se refiere sin citarla a la frase martiana de la República con todos y para el bien de todos, en una clara demostración de la forma en que Martí es asumido como parte de los soportes políticos o de la legitimación oficial de la política gubernamental, sobre todo en momentos de crisis.

En 1968, Fidel Castro lanzó una idea, en un discurso por los cien años del inicio de la Guerra Grande, que después se hizo oficial en el Programa del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, de 1975 y de inmediato en los planes de estudio de las enseñanzas primaria, media y superior: la Revolución cubana comenzó el 10 de octubre de 1868 y no triunfó ni cumplió su cometido histórico total hasta el primero de enero de 1959.

Con esto no sólo quedaron fuera de la obra transformadora de la historia de Cuba los reformistas del siglo XIX, sino los del XX que siguieron sin entender la Revolución durante la República Neocolonial, de 1901 a 1959.

Así, es más fácil entender por qué a lo que nos hemos volcado en Cuba, desde el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba en adelante, ha sido un proceso de actualización, del que nadie quiere mencionar su apariencia o esencia reformista.

Si existe otro concepto político poco utilizado en Cuba, por las instituciones, por los mensajes del Estado y del Partido, por el pueblo que es soberano en Cuba, según el artículo 3 de la Constitución de la República, de 1976, hasta por la academia; es el de la ciudadanía.

Con esto tenemos un trío de conceptos de poco uso -hasta cuando alguno de ellos esté de moda en la actualización del socialismo cubano- para abordar este trabajo: institucionalidad[9] -este es el que más se menciona sin explicarse a qué parte o noción de ella se refieren-, ciudadanía y reforma.

Con la ciudadanía pasó, como concepto, algo parecido a lo que sucedió en Cuba con la sociedad civil o los derechos humanos, por sólo mencionar dos casos extremos: el triunfo de la Revolución en 1959, y la rápida alianza económica, política, ideológica, militar, estratégica en total, con la URSS, nos hicieron dependientes, cuando no rehenes de una manera muy particular de entender la política.Tal vez esta relación fue menos subyugante para las altas esferas de decisión del Estado y el gobierno cubanos, que para la reproducción de las ideas, argumentos, soportes teóricos, ideológicos, éticos, de la Revolución cubana, dentro de la sociedad civil de la isla, que aunque tuvo fuertes evidencias de autonomía y lectura crítica y auténtica de lo que debía ser el socialismo y el desarrollo en Cuba,- recuérdese el pensamiento del Che y la experiencia de la revista Pensamiento Crítico, por mencionar dos evidencias célebres- quedó al fin atrapada, a nivel cultural, tanto material como espiritualmente por los postulados del dogmatismo soviético.

En este ambiente dominado por un pensamiento reproductivo de la burocracia cubana y que recitaba los manuales de Filosofía Marxista y de Economía Política del Capitalismo, todos ellos producidos en la URSS, se perdió el carácter singular de la Revolución cubana, que aunque tenía su cuota particular de símbolos, hechos, ideas, valores, paradigmas, los confundió o trastocó con un universo de conceptos, que de pronto permitió que se identificaran como lo mismo a la Patria, el Socialismo y el Estado cubanos.

Todo esto fue alimentado por una cultura jurídica y política que consideraba burgueses a los derechos, que no entendía la interpretación marxista de la sociedad civil y que creía que los ciudadanos eran sólo los que en el discurso liberal hegemónico se plantean como esfera de libertad, la no intromisión del Estado en sus derechos individuales -que deben ser protegidos y garantizados por una constitución- y la no intromisión del Estado en su relación con el mercado.

Como nos recordaba Hugo Azcuy:”No sólo se criticaron las leyes de la sociedad burguesa, sino que el propio Derecho fue considerado como un instrumento inapro-piado para la necesaria agilidad y eficacia de las medidas políticas y administrativas” (Azcuy, 2010:284).

De lo anterior ha resultado, después de 55 años de Revolución, que en Cuba la Constitución no mencione a la sociedad civil, que esta tenga un mínimo de espacio de asociación fuera del control estatal, que no exista una ley de ciudadanía como lo manda la misma desde hace 38 años, y que la frase derechos humanos no esté presente en ninguna parte importante de nuestra institucionalidad jurídica.

Lo anterior no significa, sin embargo, que en Cuba no haya derechos, y que estos no se protejan, que la sociedad civil[10] no tenga ámbitos de resistencia y autonomía, peleados por ella misma, y que la ciudadanía no esté consciente de que su relación con el Estado ha sido difícil, pero especial, en el último medio siglo.

¿De qué marco institucional nos ocuparemos entonces? ¿De qué ciudadanía? ¿De qué reforma?

Hemos oído muchas veces en los últimos años que una de las áreas de cambio que se debe priorizar es la de la institucionalidad. Esta debe reforzarse, según los propósitos estatales, pero no se ha aclarado a qué institucionalidad se refieren, por lo que se ha hecho posible que esta idea se repita sin que se discuta su contenido.

Ha quedado más claro que la institucionalidad que debe perfeccionarse hará un uso más racional de los recursos, cambiará la mentalidad -tampoco sabemos qué caracteriza en el pensamiento oficial a la mentalidad anterior- y eliminará el Derecho obsoleto o riguroso sin sentido.

“En este ambiente dominado por un pensamiento reproductivo de la burocracia cubana y que recitaba los manuales de Filosofía Marxista y de Economía Política del Capitalismo, todos ellos producidos en la URSS, se perdió el carácter singular de la Revolución cubana”.

Tal vez todo esto ya haya comenzado a suceder pero también que el Derecho se considera un mero instrumento de la actualización y en ningún caso como una expresión de la voluntad del pueblo de transformar lo que impide el desarrollo del socialismo cubano.

Todos están de acuerdo en que la Revolución es fuente material de Derecho, pero lo que ha sido más difícil de entender por la burocracia es que el Derecho puede ser la vía por la que la Revolución se transforme desde dentro, con la razón y el dato de la reforma o con la utopía que debe alimentar una Revolución.

Por eso entenderé el marco institucional de este ensayo como el ámbito de instituciones, estructuras estatales o de la sociedad civil que permiten la protección de la ciudadanía en un sentido amplio, así como las principales disposiciones jurídicas que delinean esta protección, al menos en el diseño jurídico trazado, sin olvidar que las aspiraciones de las normas sólo se convierten en realidad por causas que trascienden, casi siempre, lo que el Derecho entiende.

El pueblo de Cuba vive en Revolución, esto ha significado, en las últimas décadas, extremos tan interesantes como estos: el Estado y cualquiera de sus políticas es llamado, paternalmente, la Revolución; los funcionarios o representantes estatales han sido los líderes de la Revolución; por lo tanto la Revolución no ha terminado, sino que se convirtió en Estado.

A la misma vez se repite y cita la idea de Fidel de que Revolución significa cambiar todo lo que debe ser cambiado, se promueve la espontaneidad y valentía política de los cuadros intermedios del Estado y el ejercicio de la crítica, llamada siempre con el apellido constructiva, pero a la vez saltan las señales de lo contrario: las nuevas ideas son desechadas por las que ya se conocen, la teoría y el pensamiento es denostado como autosuficiencia, la creatividad social y los intentos de instrumentar justicia social más allá del Estado son considerados peligrosos o deben pasar por tamices inacabables, toda nueva forma de organización social debe canalizar sus intenciones revolucionarias en alguna forma institucional ya existente, a no ser que tenga el amparo estatal de nacimiento.

Esto ilustra un ambiente donde la Revolución ha dejado un sentido de lo justo muy particular en el pueblo cubano, porque este considera que por haberse hecho la Revolución es que merece lo que siempre le han dado. Hasta el día de hoy es común escuchar que el Estado sacó un producto para su compra por el pueblo, o que están dando alguna cosa necesaria para la vida. En los dos casos la ciudadanía sabe que se trata de algo que se vende, pero a tan poco precio que se considera casi una entrega.

Ante la pobreza y las nuevas formas de desigualdad, infrecuentes o menos claras hasta principios de “la década del noventa” el pueblo esgrime a veces el destino histórico: estamos en una Revolución o para algo esto es socialismo, en ambos casos deslegitimando cualquier exceso administrativo que limite un derecho o desplace al pueblo del centro de los beneficios sociales.

En apariencia al menos, no hubiera sido disparatado, entonces, que el Partido y el Estado cubanos enfrentasen esta actualización o reforma en curso, como la Revolución de la Revolución.

Entonces, ¿qué parte de la reforma, que llamamos actualización, ha tenido más consecuencias para la ciudadanía cubana?

La implementación de los lineamientos aprobados en el sexto Congreso del Partido, tiene un núcleo económico aunque la medida de cambio más trascendente e impactante en la ciudadanía haya sido política: la reforma migratoria[11] que abrogó el permiso de salida que daba el Ministerio del Interior y que alargó a 24 meses el tiempo que un ciudadano cubano puede estar en el extranjero y regresar para no ser declarado emigrante -en caso contrario debe repatriarse para recobrar sus derechos como ciudadano- y que dejó sin sentido el trámite, conocido hasta este momento como salida definitiva del país.

El anuncio de que antiguas normas de agotadora rigidez se estudiarían para su modificación, tuvo su expresión en la autorización legal a la compra-venta libre de viviendas[12] -la compra-venta no estaba prohibida ni por el Código Civil ni por la Ley General de la Vivienda, sino que existía un derecho preferente de adquisición por parte del Estado, llamadoTanteo, y la facultad de revertir una compraventa que no pasara por esta preferencia, llamada retracto-.

De la misma manera fue autorizada la compra-venta sin pasar por tanteo estatal, de autos en propiedad personal, que antes podían ser enajenados sólo por disposición expresa, conocida popularmente como traspaso[13].

La consecuencia jurídica de más peso, de ambas reformas, además de la marea de compra-ventas y donaciones que se acumularon en los primeros años, fue la abrogación de una ley paradigmática de la Revolución, la número 989 de 1961, que amparaba la confiscación de todos los bienes de las personas naturales que salieran de forma definitiva del país.

Pero el marco institucional de la defensa de los derechos ciudadanos en este ámbito no ha quedado exento de problemas. Para ambas reformas jurídicas, que dieron flexibilidad al tráfico jurídico patrimonial de los cubanos, se crearon nuevas disposiciones jurídicas, con su propio andamiaje burocrático acompañante, cuando podía haberse esperado la plena vigencia del código civil, sin más.

Lo anterior ha tenido consecuencias como esta: contra el Derecho de contratos vigente en Cuba y en todo el sistema de derecho romano francés, que rige por ejemplo en toda América Latina, la compra-venta de una vivienda entre nosotros sólo es posible al contado y mediante un complicado trámite bancário confirmado ante notario público, sin posibilidad de una venta a plazos aunque el inmueble tenga un valor de un millón de pesos cubanos convertibles.

La enajenación de autos no se queda detrás, por una razón desconocida ahora es posible vender o donar un carro de uso pero no es posible permutarlo, aun cuando la permuta sea un contrato reconocido en el Código Civil cubano y tenga una existencia para el Derecho de dos mil años.

Por lo tanto, junto a las nuevas libertades se ha asomado la cara del desprecio del valor científico del Derecho, siempre por razones relacionadas con el uso burocrático e instrumental de este.

De la misma manera fue de gran popularidad la reforma que amplió los oficios que el Estado reconocía como legales para su desempeño como actividad por cuenta propia[14], después de la larga lista que se había abierto a principios de los años noventa. Esta apertura se acompañaba de algunas buenas nuevas para el desarrollo de algunos negocios, porque se pudo contratar mano de obra no familiar y establecer servicios ilimitados -de mesas- para restaurantes.

Lo anterior llegaba con el anuncio -no cumplido- de que el Estado dejaría disponibles, pero no abandonados, a medio millón de trabajadores estatales que debían integrarse a la ola del trabajo por cuenta propia, supieran o no supieran establecer y administrar un negocio.

Además, la Constitución de la República prohibe expresamente la explotación del hombre por el hombre, a la usanza del constitucionalismo socialista y no reconoce la propiedad privada sino la personal, con importante presencia del Estado, sobre todo en la parte del contenido de la propiedad relacionada con la disposición de los bienes por los propietarios.

Miles de nuevas licencias de trabajo por cuenta propia se dieron por las administraciones locales y más rápido que lo que aletea un colibrí, comenzaron los excesos de los flamantes propietarios. Despidos, rebajas injustificadas de salarios, tratamiento llano de capitalista.

Pero el pueblo en Cuba, como dijimos, lo que conoce es la Revolución socialista. A los trabajadores por cuenta propia se les permitió unirse al Sindicato Nacional perteneciente a la Central de Trabajadores de Cuba, más relacionado al tipo de actividad que desempeñara el nuevo afiliado, pero en este participaba, en cualquier caso, tanto el dueño como el empleado.

Después de una larga consulta popular, se discutió y aprobó, un nuevo Código de Trabajo[15]. Ha sido extraño que este no contenga una regulación que proteja de forma especial a los empleados privados -el trabajo por cuenta propia tiene un espacio propio en la nueva ley pero no hay un régimen de derechos para estos trabajadores-, porque aunque se consideren con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, el ámbito de acción del empleador es más flexible y menos limitado para la arbitrariedad que el del empleador estatal.

Solo dígase que los trabajadores privados no tienen derecho a obligar al dueño del negocio a un convenio colectivo de trabajo y que las condiciones laborales dependen del contrato que empleador y empleado suscriban. De la misma manera no se reconoce el derecho a la huelga contra el empleador privado.

De manera general se esperaba que se reconociera por esta ley, la existencia de medianas y pequeñas empresas que permitieran que el régimen de garantías de los derechos de los trabajadores y dueños, entraran en la lógica establecida del Derecho mercantil o económico, pero no fue así.

A la misma vez se dan relaciones extra laborales en algunos de los nuevos negocios, que no contratan a sus trabajadores sino que les permiten trabajar sólo por la veleidosa propina, sin que los que así laboran tengan derecho a nada.

Es inevitable que fenómenos como estos nazcan en ambientes de aperturas capitalistas pero sólo son aceptables si existen las herramientas socialistas para contrarrestarlas, no solo tributarias sino sociales.

En este contexto, a la vez, se han dado pasos políticos inesperados como este: sin respetar ninguna consecuencia jurídica y sin más explicación, el gobierno cubano cerró de la noche a la mañana el más popular negocio de los que se habían abierto: las salas de cine en 3D[16], que se apoyaban en licencias que la administración entregaba por desempeñar actividades recreativas para niños y jóvenes.

Los miles de dólares invertidos por los particulares no fueron resarcidos, ningún pleito legal fue establecido, nadie habló de la legalidad de las licencias que amparaban la actividad, ni del principio olvidado de que la administración no debe ir contra sus propios actos.

Más raro aún fue el hecho de que el gobierno tenía una razón tan pesada como la Constitución, y no la usó: en el capítulo séptimo del magno texto cubano, dedicado a los derechos, deberes y garantías, se prohibe la privatización de la actividad cinematográfica.

Estas medidas han sido tomadas en relación a reformas de la política aduanal cubana, que ha recortado las posibilidades de importación por la vía individual[17] y ha reconocido en la prensa oficial, que la razón es que la población compre en las tiendas del Estado y pague más impuestos para soportar los servicios sociales principales, que como se ha extendido en la publicidad televisiva, ahora se reconocen como gratuitos pero costosos.

Por último, ha aparecido en el panorama institucional jurídico cubano, la nueva Ley de la Inversión Extranjera[18], que viene a dar sentido y espacio a los grandes proyectos de desarrollo que los lineamientos mencionaban, como la Zona de Desarrollo Especial del Mariel y la construcción de campos de golf en zonas cercanas al litoral cubano.

Esta ley, apenas en su artículo 4 descubre una inconsecuencia técnica que puede ser síntoma general del estado legislativo en Cuba:”Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena protección […] y no pueden ser expropiadas, salvo […] por motivos de utilidad pública […]”(Gaceta Oficial, 2014).

La expropiación forzosa, en todo el Derecho, incluido el artículo 25 de la Constitución vigente en Cuba, sólo es posible por motivo de utilidad pública, por lo tanto el artículo citado de la nueva ley regula algo parecido a una prohibición a la expropiación salvo la necesidad de la expropiación. Esto es tan contradictorio como regular que una persona no puede cometer delito a no ser que cometa delito.

De manera particular la discusión, publicidad, deliberación sobre el impacto medioambiental o social de proyectos de desarrollo como los mencionados, no han sido impulsados con la misma intensidad, aunque en Cuba el Estado tenga la única forma de Poder Popular y el principio de organización y funcionamiento del Estado sea la Democracia Socialista.

Algunas de las claves que han impedido que estos proyectos de desarrollo sean más consensuados ha sido que, por ejemplo, el Mariel se encuentra en la nueva provincia de Artemisa, donde se desarrolla un experimento de funcionamiento alternativo del poder popular local, permitido por el Decreto 301 del Consejo de Ministros, que se concentra en la eficiencia del trabajo de la administración, antes llamada Consejos de la Administración, y no tanto en nuevas formas de participación popular.En ambos proyectos son conocidos casos donde el gobierno debate la posibilidad de desplazamientos de personas que habitaban en las zonas actuales de desarrollo, sin que se tenga conocimiento por la administración de estas localidades de la importancia de priorizar los procesos correspondientes de expropiación forzosa, que son los que la ley establece en Cuba, y los que más garantías darían a los perjudicados en caso de demostrarse ante los tribunales competentes, la razón social de la expropiación.

La nueva ley de inversión extranjera, por su parte, se concentra en los beneficios a los inversionistas foráneos y ha sido muy llamativo, dentro y fuera de Cuba, el hecho de que no tenga la misma apertura la inversión nacional de personas naturales.

Pero lo más delicado que se encuentra en el marco institucional que se abre con la nueva ley de inversiones, es la cantidad de excepciones que se prevén en la norma, todas ellas contentivas de gran peligro, sobre todo, para el ejercicio y protección de los derechos de los trabajadores, que al final, se contraten en Cuba, por las partes extranjeras establecidas en territorio nacional.

Se extrañan en esta ley las instituciones legales y políticas que defiendan en caso de ser necesario, el universo de derechos propio de una sociedad socialista.

Lo aparente es que la inercia de la marcha de la Revolución es tan grande, que será imposible detener este impulso, ni por más inversión ni por más pequeños empresarios que emerjan, pero la historia cuenta otra verdad: el capitalismo no es sólo la preponderancia del interés del gran capital sobre la justicia social, o de las grandes empresas sobre las pequeñas, o del mercado sobre los derechos sociales, sino la cultura que propicia que todo esto sea posible, de un golpe o poco a poco.

IV La Constitución cubana consagra a la Fiscalía General de la República como la institución principal en la defensa de los derechos ciudadanos y en la custodia de la legalidad socialista. Para esto la Fiscalía, desde el municipio hasta la nación, puede realizar verificaciones fiscales a entidades estatales que deban ser investigadas por el uso y administración de los bienes del Estado, tiene la facultad de velar por el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios, de recibir quejas de la población e investigarlas por violación de derechos, y puede dictar resolución instando al responsable de la ilegalidad a que se abstenga de hacerlo. Además la Fiscalía representa a los menores de edad en conflictos de intereses con sus tutores y es la responsable de presentar la acción penal pública en representación del Estado en las causas penales.

Para la aplicación del Derecho por vía jurisdiccional, forma más contundente de realización del mismo, en Cuba existen los Tribunales Populares, desde el municipio hasta el Tribunal Supremo, con la función de administrar justicia y por lo tanto cristalizar la defensa de los derechos ciudadanos mediante resoluciones judiciales de diferente peso.

La Administración Pública cubana sufre una contradicción interna, es una de las más extendidas del mundo, con más presencia en la administración de recursos y más bienes a su disposición para su uso, pero con una mínima presencia en las disposiciones normativas y con altos niveles de centralización que dejan sin posibilidades de acción a las instancias locales de ella[19].

Si la Fiscalía juega un papel principal en la vigilancia del cumplimiento de la legalidad, en la práctica su función más reconocida es la de la actuación penal como parte acusadora, lo que en la vida cotidiana de la institución se convierte en un arma de doble filo, porque muchas de las quejas de la ciudadanía son sobre la actuación de la Fiscalía en los casos penales, por demoras en la tramitación, por la extensión de la prisión preventiva antes del juicio oral, por no cambiar la Fiscalía la medida cautelar sobre un reo, de prisión preventiva a fianza, por poner algunos ejemplos frecuentes.

“Pero lo más delicado que se encuentra en el marco institucional que se abre con la nueva ley de inversiones, es la cantidad de excepciones que se prevén en la norma, todas ellas contentivas de gran peligro”.

Por otro lado los tribunales sufren los vaivenes de las políticas criminales, que no son públicas, como tampoco lo son las políticas patrimoniales o económicas que el Estado filtra hacia los órganos jurisdiccionales. Esto trae como consecuencia que la independencia judicial se quebrante, pues los tribunales ya no pueden juzgar sólo en obediencia a la ley sino a un mandato administrativo que los supera, pero que es inconstitucional.

También es notoria la presencia en la legislación cubana, penal sobre todo, de muchas áreas de regulación que impiden la máxima neutralidad de los tribunales ante cada caso, acumulándose en la práctica una gran cantidad de situaciones donde se evidencia la indefensión de los reos penales ante la preponderancia del Estado.

En una investigación muy reciente en la Universidad de la Habana, se adelantaban como situaciones que propiciaban la parcialidad de los tribunales, y que por lo tanto dañaban la protección de la ciudadanía, las siguientes:

a) El empleo por parte del Tribunal de la fórmula del Artículo 350 de la Ley de Procedimiento Penal; que consiente la posibilidad de que el órgano jurisdiccional asuma la función de acusador, con infracción de lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución cubana.

b) La prerrogativa atribuible al órgano jurisdiccional de devolver las actuaciones al Fiscal -fundamentalmente recogida en el Artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal-, en relación a la discusión que entraña que los propios jueces que dispongan la apertura a juicio oral sean los mismos que participen en el juicio y acuerden la sentencia.

c) La disposición de oficio, por parte del Tribunal, de nuevas diligencias de pruebas o de una sumaria instrucción suplementaria, al amparo del artículo 351 de la Ley de Procedimiento Penal.

d) El impedimento legal atinente al perjudicado en punto a hacer uso de la facultad de recusar a algún miembro del Tribunal.

e) La polémica relativa a los jueces encargados de dictar segunda sentencia en la primera instancia (provincial), por haber sido declarado un quebrantamiento de forma por el Tribunal Supremo al resolver casació

f) La polémica relativa al interrogatorio por parte del Tribunal a acusados, testigos, peritos, y otros in-tervinientes en el acto de juicio oral (Quinta, 2013).

Tal vez más peligroso para el ambiente de protección institucional de la ciudadanía es la gran cantidad de situaciones jurídicas, donde las partes involucradas no cuentan con recursos legales para acceder a la administración de justicia, lo que se ha convertido en una moda legislativa cubana, tal vez propiciada porque nuestra Constitución no consagra como derecho el acceso a la justicia.

Sobre este mal, las últimas investigaciones académicas cubanas han arrojado las siguientes conclusiones:

Con el triunfo revolucionario y la necesidad de centralizar y concentrar la toma de decisiones en una Administración fuerte que pudiese adoptar las medidas necesarias para la transformación social y luego la instrumentación de la Constitución de 1976, se extrajo del control judicial, como regla, la posibilidad de cuestionamiento de las normativas y actos de la Administración Pública, lo que ha conllevado a limitar el acceso a justicia.

En los últimos tiempos han proliferado normativas infraconstitucionales sancionadoras, que limitan tanto el acceso como el control judicial de algunas decisiones con la consiguiente afectación a la legitimidad de la función jurisdiccional y, en particular, la defensa de los derechos, motivo por lo cual urge la revaloración de tales regulaciones restrictivas (García, 2014).

Lo anterior nos lleva a una cuestión de caracterización general del marco institucional de protección de la ciudadanía que no puede ser soslayada. La creación del Derecho en Cuba está concentrada en los órganos estatales, la única fuente de Derecho reconocida es el acto normativo del Estado, que se expresa en Leyes de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Decretos Leyes del Consejo de Estado, este último órgano de la Asamblea que la representa cuando no está reunida en plenária y que constitucionalmente asume la máxima representación estatal; Decretos del Consejo de Ministros, más alto órgano de gobierno; Resoluciones de Organismos de la Administración Central del Estado y de otras instancias como empresas u estructuras dependientes de Organismos Centrales.

Este panorama deja fuera dos fuentes formales del Derecho reconocidas y válidas dentro del Sistema de Derecho al que pertenece Cuba: la costumbre y la jurisprudencia, lo que ha impedido que se aprecie la posibilidad de afincamiento de una costumbre, digamos, socialista, ni la práctica de acumulación de jurisprudencia por el Tribunal Supremo, que ayude a depurar científicamente la actividad jurisdiccional y a elevar la calidad de la administración de justicia, la riqueza de las sentencias, la perdurabilidad del Derecho cubano socialista.

A lo anterior debe sumarse que la creación de la Ley ha sufrido un detrimento creciente en relación a los Decretos Leyes y Decretos, que el Estado ha convocado consultas populares incompletas sólo en casos excepcionales en los últimos años, para discutir proyectos legislativos y que las propuestas normativas son realizadas sin contar con la participación de los destinatarios fundamentales de las normas, dígase la población y las formas de organización de la sociedad civil.

Las políticas legislativas son infranqueables, por lo tanto el marco de regulación pensado originalmente por un grupo no público de funcionarios, sin especialidad en la forma y método científico de creación de la norma, no se puede modificar y sí, sólo los asuntos relacionados pero no decisivos. Por lo tanto muchas disposiciones normativas nacen con defectos que afectan, claro está, no sólo a la técnica legislativa en su esencia sino a la ciudadanía en su reproducción vital.

A todo esto debe sumarse que, como habíamos adelantado, los órganos locales del Poder Popular, dígase Asambleas Provinciales, Municipales, y sus correspondientes Consejos de Administración, no crean Derecho, sólo Acuerdos, que no trascienden su demarcación y no tienen efecto vinculante ni son esgrimidos jamás en un Tribunal, porque, entre otras causas, son desconocidos por la ciudadanía.

Estos órganos locales no dictan ordenanzas y dependen para las decisiones más importantes de los órganos superiores del Estado.

Ya en 1987, a sólo once años de la nueva institucionalidad socialista, una investigación promovida por la Asamblea Nacional tuvo resultados alarmantes que se publicaron como Estudio sobre los factores que más afectan al desarrollo de una cultura de respeto a la ley. En el resumen de este estudio se afirmaba:

Con respecto a la necesaria sistematización del Derecho, se demuestra cómo el pueblo constata, por diferentes vías y medios, la existencia de leyes respetables por su rango, que en ocasiones, son contradichas por otras de menor entidad, o lo que es peor, no son aplicadas y son sustituidas por orientaciones o interpretaciones arbitrarias o ilegítimas y que en general existe poca sistematización en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se expresa de diversas formas, pero siempre influye en la falta de respeto a la ley (Asamblea Nacional, 1987:2).

V Entonces, ¿quién protege a la ciudadanía? El trabajo de la Fiscalía y los Tribunales, en Cuba, no disminuye por las razones antes presentadas. Su función de protección de los intereses ciudadanos es apreciada por la mayoría de la población, pero esta también prefiere resolver sus asuntos de otra manera.

El derecho de queja tiene consagración constitucional en Cuba, no sólo el que hemos mencionado que debe resolver la Fiscalía sino el que cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar ante la administración. En los últimos años ha proliferado en Cuba la queja ante las oficinas especializadas del Estado, para recibir este tipo de demandas. Entre ellas la más populares la fundada por idea de Celia Sánchez Mandu-ley,y que pertenece al Consejo de Estado, llamada Oficina de Atención a la Población, con un seguimiento de los casos y constancia en la tramitación que ha ganado celebridad entre la ciudadanía.

No escapan de la obligación de tramitar quejas o de desviarlas hacia sus responsables, oficinas del Partido, de los órganos locales del Poder Popular, de los organismos centrales del Estado como Ministerios o Institutos, o de la Asamblea Nacional.

Pero esta realidad deja al descubierto algunas carencias. La institucionalidad cubana no cuenta con una Defensoría del Pueblo, que ayude a la Fiscalía General de la República en su labor de proteger a la ciudadanía, tampoco existen recursos genéricos que puedan ser presentados ante los tribunales para exigir la defensa de un derecho fundamental cualquiera, sin tener que pasar por el engorroso y lento proceso especial reconocido en alguna de las leyes procesales.

No existe en Cuba el proceso de amparo, que desde la Constitución mexicana de 1917 es un clásico del Derecho constitucional americano y garantista en general, ni con un Tribunal Constitucional que ayude a la Asamblea Nacional a defender a la Constitución de los numerosos ataques que recibe. El propio órgano legislativo y constituyente en Cuba tiene la misión de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas de cualquier tipo, que contradigan al magno texto, pero para esto no existe un proceso que permita que la población interponga un recurso en busca de esta defensa, porque no se trata de un trámite judicial sino político. El colmo de esta situación es la evidencia histórica de que la Asamblea Nacional no ha declarado jamás la inconstitucionalidad por ningún motivo, esto desde 1976.

Nuestra Constitución no cuenta con las garantías especiales que la mayoría de los derechos tienen en las constituciones modernas, y la realidad ha demostrado que no basta con las garantías materiales a la realización de los derechos sociales, que sítene-mos, como el acceso libre y gratuito a la educación y la salud, porque las herramientas jurídicas y políticas que garanticen un derecho nunca sobran y refuerzan, en último caso, las ganancias sociales de la Revolución.

Esta ¡dea es subrayada por un nuevo libro del jurista e historiador cubano Julio César Guanche:

Ampliar la base institucional de la soberanía del ciudadano supone considerar al elector, o a la comunidad ciudadana de base, como el principal o mandatario en la relación de representación y ampliar el ámbito de atribuciones del mandato o comisión: hacer política y controlar a la administración. Con el mismo objetivo, es preciso ampliar —actualizándolos— el catálogo de derechos individuales y su sistema de garantías materiales y jurídicas, y establecer un mecanismo dinámico de control constitucional a favor de los ciudadanos y de los distintos órganos del poder público (Guanche, 2013:124).

“Ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la fraternidad y la igualdad que debe garantizar la ley, ni los controles políticos institucionales al funcionamiento estatal, son obra del capitalismo ni de la sacrosanta burguesía; sino del pueblo y de la tradición socialista, democrática, republicana”.

Es lógico esperar que la declaración de derechos de la Constitución cubana de 1976, que no ha sido modificada desde su aprobación popular en aquel año, esté a la altura de un texto socialista de la década del setenta, inscrito en la Guerra Fría, con su particular voto político a favor de los derechos sociales, sin el habeas corpus, -que sí está consagrado en la Ley de Procedimiento Penal- sin el habeas data, que era impensado en la Cuba de aquellos años.

Sin embargo, ya en el siglo XXI, la ciudadanía cubana necesita un texto a la altura de lo que la propia Revolución ha alcanzado. Las reformas constitucionales han sido anunciadas, no por el pueblo, sino por el Estado, lo que nos hace dudar de la profundidad del cambio. Nadie sabe si la modificación será parcial o total, si se tocará al Estado, si sólo se actualizará la Constitución para que se parezca a la reforma en curso, o si se comenzará un viaje sin retorno al presidencialismo, conocido en América Latina. Más difícil es esperar que todo este cambio se haga, como muchos queremos, por una Asamblea Constituyente.

Conclusiones Las consecuencias de la reforma en Cuba no están todas sobre la mesa. Los efectos de los cambios económicos solamente han comenzado. El propio marco institucional de protección de la ciudadanía ha cambiado, han nacido nuevas normas, algunas de ellas han ofrecido espacios de acción patrimonial, política, social, de desarrollo personal, que antes no existían.

Junto a estos nuevos espacios han nacido nuevas trabas, indefensiones, inseguridad jurídica e institucional, que sería el peor panorama que adelantaríamos como conclusión de este trabajo.

Es decir, no se trata sólo de instituciones inservibles, avejentadas, superadas por el paso del tiempo, sino de una cultura de desprecio al orden legal, que no es consecuencia de una alta politización que haya propiciado una conciencia del papel dominante del Derecho en la historia y su complicidad con la opresión, más bien se trata de una cultura de aprendizaje del carácter voluble del Derecho, de la superioridad histórica de la arbitrariedad, de la utopía de la justicia.

Ninguno de estos paisajes propicia la consciência socialista ni la necesidad de reforzar como acción democrática la institucionalidad política, social, jurídica, desde la creatividad de la ciudadanía, a la medida de las necesidades que sólo el pueblo conoce.

El deterioro de la cultura del Estado de Derecho, no significa, en todos los casos, una salida superior, social, revolucionaria, que supere la comprensión hegemónica y moderna sobre la justicia y ponga a la ciudadanía en condiciones de entender su carácter soberano y de único dueño de su historia.

Puede ser también todo lo contrario, un desvío hacia la ley del más fuerte, un acomodo de las formas explotadoras del capital, que siempre ha preferido un ambiente sin Derecho y sin derechos, o al menos, sin cultura del orden, de la presencia constante de la legalidad, de la institucionalidad que protege y controla.

Debe recordarse hasta el cansancio que ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la fraternidad y la igualdad que debe garantizar la ley, ni los controles políticos institucionales al funcionamiento estatal, son obra del capitalismo ni de la sacrosanta burguesía; sino del pueblo y de la tradición socialista, democrática, republicana.

El marco institucional que con más fuerza conserva Cuba para protegera la ciudadanía proviene de su historia revolucionaria, de la fuerza del cambio que significó el socialismo en Cuba, también con todos sus fracasos e inconsecuencias. No hay mejor lugar para construir, reparar, lo que a la ciudadanía le toca que en una Revolución.

No es tan importante si esta Revolución se conserva en movimiento, se observa en el espejo de la historia, o se dispone a rehacerse desde los tuétanos, siempre que haya quien piense y crea que es bueno seguir usándola como punto de partida, o lo que es lo mismo, para que haya Revolución tiene que haber revolucionarios.

Bibliografía

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El 31 de julio de 2006 se hizo pública la proclama del comandante Fidel Castro. Durante el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 2011 fue electo Raúl Castro como primer secretario del Comité Central del Partido. ↵

Los Lineamientos fueron aprobados durante el sexto Congreso del Partido, que se celebró en la Habana en el mes de abril de 2011. Antes un proyecto de ellos había sido discutido y aprobado en el sexto período ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del 15 al 18 de diciembre de 2010 como parte de una consulta y discusión popular de este proyecto que se realizó en todo el país. De este proce¬so surgieron más de medio millón de propuestas y quedaron finalmente aprobados 313 lineamientos. La propia Asamblea Nacional dio el mandato estatal para que se comenzaran a implementarlos. Para esto se ha creado una comisión que dirige la implementación deellosyquemonitorea los avances de esta instrumentación, por lo que ha tenido una fuerza determinante en la creación de una institucionalidad jurídica acorde con las necesidades de esta implementación. ↵

En 1811 Arango y Parreño escribió una representación para las Cortes españolas en defensa del tráfico de escla¬ vos, en este documento el célebre reformista cubano justifica históricamente la esclavitud y su necesidad en la provincia cubana de ultramar (Pichardo, 1965:238-278). Para representar a Cuba en las Cortes de 1822 y 1823, uno de los diputados electos fue el presbítero Félix Varela, que presentó un Proyecto de Decreto sobre la abolición de la esclavitud en la isla de Cuba, acompañado por una Memoria, que demostraba la necesidad de lo anterior. El padre Varela fundó en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio la primera Cátedra cubana de Derecho constitucional, que estudiaba en idioma español la Constitución liberal, de Cádiz (Pichardo, 1965:291 -299). ↵

4 En 1792, Arango y Parreño escribió su Discurso sobre la agricultura de la Habana y medios de fomentarla, para ser enviado al rey de España por medio de la Suprema Junta de Estado. En este documento se expone, a partir de conocimientos científicos, datos, estadísticas, una profunda investigación en fin, una comparación entre la forma en que la agricultura se desarrollaba en Cuba y sus diferencias, y causas de atraso, en relación a la misma actividad en España, Francia, Portugal, y las colonias de norte América (Pichardo, 1965:179-218). ↵

En 1811 José Agustín Caballero ya escribía una exposición para ser llevada a las Cortes por los diputados cubanos de la Habana y Santiago de Cuba, llamada Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba, que resume en quince proposiciones concretas. Este proyecto se confiesa seguidor del modelo constitucional inglés y reniega de las conquistas políticas de la revolución francesa (Pichardo, 1965:232-238). ↵

Las primeras conspiraciones separatistas en Cuba son de la primera década del siglo diecinueve, en una de ellas fue encausado el jurista bayamés Joaquín Infante, que en el exilio venezolano escribió en 1812 su Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba, primera propuesta separatista cubana, que entre otras singularidades diseñaba cuatro y no tres poderes estatales, pues incluía el militar, establecía la declaración y anulación de todo acto incons-titucional por el órgano legislativo y conservaba la diferencia de clases donde prevalecían los blancos, además mantenía la esclavitud mientras fuera precisa para la agricultura pero bajo los principios de equidad, justicia y retribución (Pichardo, 1965:279-287). ↵

El reformismo cubano fue muy diverso. Pasó de sus propuestas modernizadoras de finales del dieciocho y principios del diecinueve, amparadas en la defensa de la esclavitud, a posturas más cercanas al anexionismo en las primeras décadas del mismo siglo. A la vez dentro del reformismo hubo lugar para su inclinación hacia el autono-mismo, más o menos radical, diferente en Caballero que en Varela. Reformista fue Arango y Parreño, defensor de la esclavitud y Saco, crítico feroz de la trata, como medio de defensa de los intereses de los terratenientes cubanos. El mismo Saco se opuso a la expulsión de los diputados cubanos de las Cortes de 1837, y fue un opositor preclaro de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En 1865, un Manifiesto del Partido Reformista fue firmado por más de 25 mil personas (Pichardo, 1965:346-375). ↵

El primero de agosto de 1878 se constituyó el Partido Liberal en la Habana. En el año 1881 este partido con-virtió su programa al autonomismo y así su nombre quedó como Partido Liberal Autonomista. Esta organización resumió el espíritu del Pacto del Zanjón, acuerdo firmado por algunos jefes del Ejército Libertador de la República de Cuba en Armas y por las autoridades españolas, y que recibió la protesta de Antonio Maceo en los Mangos de Baraguá, en los idus de marzo de 1878. Maceo no sólo se opuso a la paz sin independencia y sin abolición de la esclavitud, como proponía el pacto, sino que dictó una Constitución para continuar la guerra, más allá de sus posibilidades de éxito. ↵

En el año 2009, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general Raúl Castro Ruz, declaró que la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad era tan importante como la tarea de producir alimentos para la población (Castro, 2009). ↵

La sociedad civil cubana encuentra su marco legal fundamental en la Ley 54 de 1984, Ley de Asociaciones, quefunda un vínculo singular entre las ONG y el Estado porque estas deben conectarse con un órgano del Estado, llamado de relación, que autoriza y aprueba los movimientos financieros y hasta las importaciones de un producto indispensable para la realización del objeto social de la asociación. Las fundaciones, sociedades, centros, ONG en general, sin embargo han alcanzado un lugar importante en la sociedad civil cubana porque han llevado adelante campañas y acciones que el Estado ha demorado más en entender, como las relacionadas con la protección del medio ambientey la educación de las nuevas generaciones, la cultura de paz, la mediación en conflictos sociales, la educación popular, la permacultura, la defensa de la libre orientación sexual, la protección de los derechos de las mujeres, niños y niñas, entre otras. La no existencia en Cuba, de una ley de cultos dificulta, por otra parte el reconocimiento legal de ONG de carácter religioso y su actividad social, aun dentro de un ambiente de laicismo imperante desde 1992. Es notable la dificultad para inscribir una organización social nueva en el Registro de Aso-ciaciones del Ministerio de Justicia, desde hace más de una década. ↵

El Decreto Ley 302 de 11 de octubre de 2012, modificativo de Ley 312 de 1976, aprobó las nuevas normas migratorias cubanas y estas entraron en vigor el 14 de enero de 2013. ↵

A raíz de la entrada en vigorei 10 de noviembre del 2011 del Decreto Ley 288, publicado en la Gaceta Oficial el día 2 del mismo mes, se ven eliminadas las prohibiciones existentes respecto a la compra-venta de viviendas y en el mismo se establecen los procedimientos y requisitos para la formalización de dicho acto. ↵

El Decreto 40 de 22 de noviembre de 1979, regulaba esta modalidad de traspasos. Desde el 31 de diciembre de 2013, en publicación de la Gaceta Oficial 046 Extraordinaria, el Decreto 320 -del propio Consejo de Ministros-regula las nuevas formas sobre la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor, su comercialización e importación. ↵

La Resolución 33, de 2011, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, modificativo de otro anterior del año 2010. Relacionados con la anterior medida se aprobó una serie de legislaciones de diferente rango, que complementan y apoyan la apertura del trabajo por cuenta propia: Decreto Ley 275 de 2010 del régimen de arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios; Resolución 368 de 2011, del Ministro de Transporte Reglamento de licencia de operación de transporte para personas naturales; Resolución 750, de 2010, del Ministro de la Agricultura, que regula la contratación permanente de trabajadores agrícolas asalariados y trabajadores agrícolas eventuales; Decreto Ley 284, de 2011, del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, entre otras. ↵

La Ley 116, de 2013, Código deTrabajo, aparecida en Gaceta Oficial 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014, se aprobó acompañada por normativa complementaria, en esta misma publicación: Decreto 326, Reglamento del Código deTrabajo; Resolución 44 del Ministerio de Cultura, Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artística; Resolución 160 del Ministerio de Educación Metodología para la evaluación de los resultados del trabajo del personal docente; Resolución 66 del Ministerio de Educación Superior Procedimiento para la evaluación de los profesores universitarios; Resolución 9, del Ministerio del Interior Procedi-miento sobre la clasificación migratoria de residente temporal para realizar actividades profesionales o laborales de cualquier otra índole en el territorio nacional; Resolución 282 del Ministerio de Salud Pública Reglamento sobre la contratación, ubicación, reubicación, promoción, inhabilitación y suspensión temporal en el ejercicio de la pro-fesión de los profesionales y técnicos de la medicina, entre otras. ↵

El dos de noviembre de 2013, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista en Cuba, informó sobre un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que prohibía la continuación de la actividad de proyección cinematográfica particular en salas de cine con tecnología de tercera dimensión. ↵

La Aduana General de la República, en su Resolución 143 de 2013 y 206 de 2014-Gaceta Oficial 30 Ordinaria de 11 de julio de 2014-, ha regulado el Límite para la determinación del carácter comercial a las importaciones. En la propia publicación del Ministerio de Justicia apareció el régimen de valoración monetaria de los bienes importables. ↵

La Ley 118 de 2014, dela Inversión Extranjera se publicó en Gaceta Oficial 20 Extraordinaria de 16 de abril de este año y da garantías a los capitales extranjeros en Cuba. Entre los contenidos más interesantes están la posibili-dad de que la parte inversionista adquiera en propiedad inmuebles en Cuba, el derecho de la empresa foránea de determinar el régimen laboral de los extranjeros que se empleen, el empleo de cubanos y cubanas solo a través de entidad empleadora, no así a los directivos, que pueden ser contratados directamente. La Resolución 16 de 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por su parte, el Reglamento sobre Régimen Laboral en la inversión extranjera, que regula la extraña indemnización por la empresa extranjera a la entidad empleadora, por sustituciones de trabajadores, sin tomar en cuenta que esta indemnización debe ser, sobre todo, a favor del trabajador. ↵

En el último año el Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de la Habana ha hecho propuestas en espacios académicos y gubernamentales para propiciar el perfeccionamiento del marco regulato-rio de la administración pública cubana, entre ellas han estado la aprobación de una Ley de Municipios y de una Ley de Protección a los Consumidores (Fernández, Tamayo y Blanco, 2013). ↵

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Una polémica rizomática. Más allá de la discusión coyuntural originada en torno a una entrevista a Leonardo Padura en La Nación

Alejandra Gonzalez Bazúa

Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Resumen

En torno a la entrevista a Leonardo Padura publicada en La Nación se formó un debate sobre el cual en el presente artículo se presta mayor atención a lo referente a la correlación entre la cultura, la política y la Revolución Cubana, así como también al abordaje crítico de la realidad y la transmisión del conocimiento. La reflexión de Alejandra González Bazúa consiste en un recorrido a través de diferentes polémicas que están implicadas en aquella suscitada a partir de la entrevista a Padura, buscando ofrecer una perspectiva rizomática del pensamiento de la problemática actual cubana, principalmente desde la literatura y el arte en general.

Abstract

This article addresses the debate formed around Leonardo Padura’s interview published in La Nación, paying specific attention to the correlation between culture, politics and the Cuban Revolution, as well as the critical approach to reality and transmission of knowledge. The reflection of Alejandra González Bazúa consists of a review of the different controversies that are implied in the one raised by Padura’s interview, looking to offer a rhizomatic perspective on the thought of the current Cuban problematic, mainly from literature and art in general.

Palabras clave

Arte y política, polémica, rizoma, crítica, realidad cubana.

Keywords

Art and politics, polemic, rhizome, critique, Cuban reality.

Cambiábamos de país como de zapatos

a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos

donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella.

Y, sin embargo, sabíamos

que también el odio contra la bajeza

desfigura la cara.

También la ira contra la injusticia

pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros,

que queríamos preparar el camino para la amabilidad

no pudimos ser amables.

Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos

en que el hombre sea amigo del hombre,

pensad en nosotros

con indulgencia.

Bertolt Brecht

“En búsqueda de una cubanía extraviada”es el subtítulo del libro que Leonardo Padura recientemente presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires. El viaje más largo es el título que aparece en la portada con una fuente casi del mismo tamaño que la del nombre del autor. Pero lo que salta a la vista no son las letras blancas y amarillas, es la fotografía de dos niños que juegan a la pelota, los dos sonríen, el del primer plano sostiene con fuerza un bate, el guante está en aire; el niño que aparece en segundo plano, expectante, también sonríe.

Fue la publicación de una entrevista al escritor cubano a propósito del evento editorial en el que se presentaría este libro la que suscitó una serie de reacciones cuyas consecuencias pueden quedarse en lo meramente anecdótico, o bien contribuir a la historia del pensamiento latinoamericano y su tradición en la problematización de las relaciones entre cultura y política.

Dos datos son imprescindibles para comprender las posteriores reacciones a este hecho; el primero es que la entrevista fue publicada en el diario argentino La Nación, el cual tuvo probados vínculos con el régimen dictatorial argentino y ha sostenido una política editorial en la que son evidentes los ejercicios de censura por determinadas relaciones con estructuras de poderes políticos y económicos (punto sobre el cual cabe ampliar la pregunta e indagar acerca de las relaciones entre las políticas editoriales de los periódicos, sea cual sea su politicidad, y el ejercicio de la censura en cualquiera de sus formas).

El segundo dato se relaciona directamente con las temáticas abordadas por los ensayos periodísticos compilados en El viaje más largo, a los cuales los une un momento preciso de la Revolución, la década del ochenta, tiempo en el que se percibió una efervecencia creativa en el ámbito cultural, que se expresó como una reacción a las políticas de parametrización y censura llevadas a cabo en los años setenta.

Esta compilación forma parte de una serie de ejercicios de recuperación de la memoria histórica en los cuales es importante resaltar la común intención de periodizar y distinguir diferentes momentos y virajes dentro de la política cultural en Cuba. En este caso particular, Padura hablará de una ruptura en los años ochenta que dará otro vuelco al iniciar el Periodo Especial en los años noventa, el cual, por cierto, es un momento de la historia latinoamericana reciente cuyo conocimiento y problematización pueden dar luces acerca de las relaciones entre soberanía, dignidad, resistencia y las contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales en el marco de la hegemonía capitalista.

Metafóricamente, y haciendo uso de un término proveniente de la biología, podemos pensar que la polémica generada tras la publicación de la entrevista a Padura conforma una especie de rizoma, es decir, que puede ser concebida como un tallo subterráneo que ha crecido indefinidamente, desde el cual han brotado raíces y que no se comprende en sí mismo sino en su relación con otros rizomas y formaciones similares.

En un primer momento, esta entrevista fue replicada por Atilio Bórón e Irene Rosa Perpiñal, directora del Museo Ernesto Che Guevara de Buenos Aires; después circularon las opiniones de Guillermo Rodríguez Rivera, Orestes H., Marlene Azor Hernández, Fernando Butazzoni, Juan Carlos Tabío, Arturo Arango, Juan Antonio García Borrero, Jorge Ángel Hernández Pérez, Julio César Pérez Verdecia y algunos más que participaron haciendo comentarios a los textos publicados en la red.

El 11 de mayo apareció una nueva entrevista a Padura realizada por Guillermo E. Pintos, en la que el escritor cubano no responde directamente a Borón, aunque a lo largo de sus argumentaciones existan una serie de pistas que pueden ser pensadas como respuestas. El texto que sí respondió el galardonado en 2012 con el Premio Nacional de Literatura en Cuba, fue el de la cubana Susana Aulet titulado “Leyendo el texto’La generación saltada’, de Leonardo Padura” en el que la autora dice:

En un país hoy más urgido de pensamiento que nunca, acribillado por carencias de todo tipo y empeñado en corregir sus rumbos con el concurso de todos sus hijos, el discurso de Padura, en mi opinión, lejos de nutrirnos como nación o irrigarnos el surco del pensamiento crítico, nos desorienta y desmoviliza. Nos cae encima como una niebla que oculta las piedras más difíciles y tremendas del camino a recorrer (Aulet, 2014).

Padura respondió en una carta abierta publicada en el sitio de Rebelión señalando que además de ser un error que le atribuyan la autoría de “La generación saltada” le parece que no es su literatura la que genera corrupción, marginalismo, etc. (Padura, 2014b). En la misma argumentación hace referencia al dato de la reciente circulación de un texto del profesor de economía Esteban Morales, experto en relaciones Cuba-Estados Unidos, quien en su blog publica una serie de textos que contribuyen a ampliar los horizontes de esta polémica y, sobre todo, plantearnos preguntas acerca de las nuevas reconfiguraciones geopolíticas y su relación con la dominación económica.

Lo que está sucediendo actualmente en América Latina nos da pistas para mirar procesos antes de que sus consecuencias sean más que evidentes, en concreto para alertar acerca de las formas positivas, poco críticas, con las que están siendo asumidos los recientes acuerdos económicos con Rusia y China. Aquí cabe preguntarse si estamos mirando la voracidad neoliberal en cuyo arrasamiento de territorios participan potencias que se promueven como aliadas de nuestros países.

Sin embargo, más allá de este punto, lo que interesa resaltar en este ensayo es que para Esteban Morales si bien esta coyuntura podría ser favorable para Cuba, habrá que ver lo que sucede al interior: “Aunque los avances externos puedan contribuir sobremanera a la superación de las dificultades de la economía cubana, el centro está en la dinámica interna de la sociedad cubana, en particular, dentro de su economía interna” (Morales, 2014).

Con este ejemplo, existen muchos espacios en los que se difunden posturas críticas hacia el capitalismo y que no obvian ni voltean la mirada para no hacer explícitas las dificultades internas o reconocer las contradicciones que operan desde los espacios más amplios de poder, hasta en lo más íntimo.

Uno de los nudos problemáticos en Cuba relacionado también con la mirada hacia el interior, es que constantemente se reproduce en la cotidianidad un viejo esquema que asume una dicotomía dogmática entre trabajo manual e intelectual. Padura dice al respecto en su respuesta a Susana Aulet:

[…] quiero referirme a sus opiniones sobre el trabajo literario, el mío en particular y el de cualquier escritor en general. Ya sé que usted no pertenece al gremio, que es una humilde cubana, pero también veo que maneja prejuicios contra el trabajo artístico que, casualmente, han estado sobre el tapete de la opinión del “gremio” en los últimos días. Ante todo me parece muy tendenciosa la contraposición que hace entre su filiación y la mía (de intelectual): da la impresión de que todavía estamos en el decenio negro cuando se utilizan esas retóricas y se aplican esas divisiones. Y luego me parece muy peligroso intentar decirle a los escritores sobre qué sectores de la realidad deben escribir y que el hecho de escoger unos u otros puede erosionar su responsabilidad intelectual. La realidad de un país es muy compleja y contradictoria, y precisamente de esas complejidades y contradicciones se vale muchas veces el artista para realizar su trabajo. Además, ¿le va a negar al artista -o al ciudadano más común- el derecho al pesimismo, a la tristeza, a la nostalgia? ¿Se le va a decir al creador sobre qué debe crear y sobre qué no debe hacerlo porque puede resultar pesimista? ¿No le parecen extemporáneos esos juicios, como aquellos otros que alguna vez no endilgaron de ser”intimistas”y cosas por el estilo (Padura, 2014b).

“Metafóricamente, y haciendo uso de un término proveniente de la biología, podemos pensar que la polémica generada tras la publicación de la entrevista a Padura conforma una especie de rizoma”.

Desde la página de internet de Cubadebate, el reportaje gráfico “Leonardo Padura y Mario Conde, de los más populares en la Feria del libro de Buenos Aires” del fotógrafo cubano Kaloian Santos, fue un espacio para dar cita a más de cuatro decenas de comentarios cruzados sobre esta polémica en los se despliega una pluralidad de puntos de vista que reasaltan diversos aspectos problemáticos de Cuba.

El pasado 9 de agosto se publicó un artículo en el diario Juventud Rebelde llamado “Gramsci y las cosas de intelectuales” de Mayra García Cardentey (García, 2014), una joven periodista cubana. Este artículo ha generado una serie de reacciones con vínculos inmediatos a la polémica mencionada que no sólo se relacionan con el punto anteriormente mencionado en torno a la dicotomía entre trabajo manual e intelectual o artístico, sino que ponen en el centro un tema fundamental: la transmisión de experiencia y conocimiento entre generaciones diversas.

Más allá de los cuestionamientos puntuales al artículo, algunos de los cuales se retomarán en líneas subsecuentes, la pregunta que surge es: ¿qué estamos haciendo para transmitir y conocer experiencias acumuladas todos aquellos que pensamos que en este presente es fundamental el conocimiento crítico del pasado para esbozar futuros distintos en medio de la hegemonía neoliberal?

Una tarea pendiente es encontrarnos en la crítica, en la polémica y disenso, no para hacer un elogio estéril de la diversidad política, intelectual, cultural o académica, sino para encontrar algunos nudos problemáticos que compartimos con otras experiencias desplegadas en distintos tiempos y espacios y a partir de los cuales se pueden generar discusiones en varios niveles, en los cuales se encuentren y expliciten de forma más clara tanto las confluencias, como los desacuerdos.

Un rizoma, además de originar nuevas raíces e incluso otros rizomas, tiene la función de almacenar agua y nutrientes. Siendo así, la polémica inciada con la entrevista a Leonardo Padura en La Nación ha sido rizomática porque ha nutrido y provocado nuevos temas de reflexión no sólo en torno al presente cubano, sino a los tiempos actuales en los que se reconfigura de múltiples formas el papel de la cultura en la vida social.

Lo es también porque tendrá una relación con otros tallos subterráneos, aquellos provenientes de la historia de otros debates, confrontaciones, disensos y disputas. De las formas en que recuperemos las polémicas del pasado, cuyas matrices resurgen o se transforman en el presente, depende en parte la creatividad que tengamos para configurar futuros; de otra forma corremos el peligro de entramparnos en una especie de círculos estériles en los que la memoria crítica no tiene lugar porque siempre se vive un presentismo en el que los disensos parecieran surgir por generación espontánea y no formar parte de procesos históricos colectivos.

Etimológicamente la palabra “polémica” hace referencia a la guerra, aunque también se relaciona con la acción de sacudir. Retomemos entonces esta otra raíz para elogiar a la polémica como una práctica indispensable para construir conocimiento acerca de lo social y elaborar preguntas colectivas que sacudan e inciten a la reflexión en torno a las relaciones entre conocimiento y política, entre indagación racional y experiencia. Polemicemos, pero de forma paralela recuperemos críticamente la historia de las formas en las que se han expresado disputas entre distintas concepciones estéticas, políticas y culturales en nuestro continente.

El acto de polemizar habrá que someterlo a una crítica profunda en cuanto a las formas mismas en que se construye y expresa, ¿cómo se polemiza?, ¿en qué medios?, ¿bajo qué formatos?, ¿quiénes participan?, ¿cuando marcamos el comienzo?, ¿cómo se recupera críticamente la memoria de otras polémicas con dilemas similares?, ¿se disputan problemas reales o se inventan falsos disensos?, ¿qué sucede cuando alguno de los participantes acepta un error, omisión o miopía en la perspectiva de su análisis u opinión?, o incluso, ¿hay cabida para expresar el error?, ¿se polemiza también para aprender o sólo para ganar batallas políticas desde el campo del saber?, ¿se practica la acción de escuchar y reflexionar o sólo se generan discursos reactivos de fácil y rápida resolución?, ¿polemizamos entre individuos o entre colectivos o comunidades?

Elogiar la polémica como acción y método de conocimiento y praxis implica también mirar históricamente cómo se han expresado en la dimensión cultural de nuestras sociedades algunos de los disensos y confrontaciones. Diversos ánimos polemistas han estado presentes en la historia cultural de América Latina.

Sin tener pretensiones de exhaustividad sobre el tema, bastará con recordar algunos ejemplos de interesantes polémicas que expresaron y sintetizaron las complejas relaciones entre cultura y política en nuestro continente durante o después de los años sesenta.

El proceso revolucionario cubano generó un gran consenso entre la izquierda mundial no sólo por la radicalidad de transformaciones sociales que se llevaron a cabo en esa pequeña isla en un tiempo bastante corto, sino porque rompía con los textos normativos acerca de cómo debería darse una revolución, en palabras de Fernando Martínez Heredia era una revolución socialista de liberación nacional cuya naturaleza no aparecían en los textos de marxismo que circulaban en Cuba por aquellos años.

Ese carácter le fue dado por la praxis consciente y organizada, primero de una minoría combatiente que se ganó el apoyo popular, y a partir del triunfo, de cientos de miles de personas que se concientiza-ban y organizaban, y de un consenso popular muy activo y muy decidido. De ese modo, la Revolución rompió una y otra vez los límites de lo posible, y creó nuevas realidades. Por consiguiente, el hecho mismo de la Revolución, su fuerza y su pervivencia, no se explicaban por un requisito fijado por aquellos textos tan normativos: la obligada correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción; más bien lo contradecían. Unir la liberación nacional y el socialismo fue un gran logro revolucionario que Cuba le aportó a la cultura del siglo XX (Martínez Heredia, 2014).

Una primera etapa de la Revolución produjo un pensamiento creativo; de hecho la apropiación masiva del poder emancipador de la palabra escrita fue una de las primeras concreciones de la Revolución Cubana, y junto a ella vino la necesidad imperante de generar un pensamiento no dogmático.

El llamado Caso Padilla fue uno de los primeros momentos que evidenciaron el resquebrajamiento de esta especie de consenso que había existido acerca de la Revolución Cubana. No es que durante los años sesenta no se tuvieran disensos sobre determinadas concepciones políticas y culturales sobre Cuba y la Revolución, para dar cuenta de ello bastaría con mencionar el libro compilado por Graciela Pogolotti Polémicas culturales de los sesenta, sino que el caso Padilla fue un hito a nivel internacional porque generó una nueva alineación de intelectuales y artistas que se detractaron del apoyo que habían mostrado a la Revolución Cubana.

De hecho, a propósito de la reciente polémica en torno a la entrevista de Padura en La Nación, Irene Rosa Perpiñal comienza su texto con la siguiente frase: “Nunca leeremos a Padura, ya tuvimos bastante con Vargas Llosa” (Perpiñal, 2014).

En este enunciado existe una evocación directa a una época en la que algunos defendían la idea de que no habría que leer a los autores con los que se discrepara profundamente en lo político, independientemente de las consideraciones acerca de la calidad literaria de su obra o de la politicidad de la misma.

El ensayo Calibán, de Roberto Fernández Retamar, debe ser leído en relación con las disputas sobre la cultura, la política y la revolución en un contexto en el que se estaban redefiniendo las relaciones entre el trabajo intelectual y artístico y el devenir político no sólo de la revolución cubana, sino de otros procesos emancipatorios en América Latina y el mundo. Con un sentido histórico hay que leer no sólo Calibán, sino los posteriores textos que escribió Retamar en los que acotaba, criticaba o redefinia lo dicho en aquel escrito de 1971 y que en conjunto muestran el proceso de construeción de ¡deas a partir del debate con otros pensamientos y concepciones.

El libro Literatura en la revolución y revolución en la literatura comparte el mismo origen de preguntas y disensos que el que dio origen a Calibán. Esta compilación de textos recupera un debate entre Óscar Collazos, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa que apareció originamente en la publicación uruguaya Marcha y en la cual se leen tensiones en torno a las relaciones entre lo político, el lenguaje, la realidad, la creación, la cultura y lo latinoamericano.

Como parte del mismo rizoma del que forma parte Calibán, la polémica anteriormente mencionada y una gran diversidad de textos producidos por varios autores al calor de aquella coyuntura, puede verse el diálogo compilado en forma de libro bajo título El intelectual y la sociedad, en el que se dan cita las voces de Roque Dalton, Rene Depreste, Edmundo Desnoes, Roberto Fernández Retamar, Ambrosio Fornet y Carlos María Gutiérrez para bordar acerca de una relación que en aquel entonces estaba en disputa: la del intelectual con la sociedad.

¿Qué será lo que tendrán que decirnos todos estos diálogos y polémicas en un momento en el que nuevamente se pone sobre la mesa no sólo la relación del intelectual con la sociedad, sino la propia concepción de intelectual y sociedad? Más adelante veremos cómo la reciente polémica sucitada por la entrevista de Leonardo Padura tiene una estrecha relación con cuestionamientos del pasado, lo cual no quiere decir que las polémicas actuales se reduzcan a interrogantes ya planteadas.

Dada la importancia histórica que han tenido los diferentes procesos de la Revolución Cubana, la recuperación de las polémicas culturales en torno a ella puede darnos luces para, por ejemplo, problematizar una de las frases finales de la entrevista otorgada por Padura después de haber sido cuestionado por el futuro cubano y sus anhelos: “¡Esta es la pregunta que nunca me deberían hacer! Todavía no tengo la bola mágica. Y como anhelo, pues anhelo la normalidad. Un país que sea normal, no excepcional” (Padura, 2014a)

Podríamos preguntarle a Padura por qué la pregunta por el futuro cubano es problemática, pero también podemos preguntarnos por qué siempre y de manera casi obligada se pretende que los cubanos respondan acerca de sus deseos futuros en relación con su singularidad histórica y su presente. ¿Por qué Cuba ha sido un excepción que se pone a pie de página en estudios generales sobre América Latina? La Revolución del 59 la hace singular, pero también hay procesos compartidos con otras latitudes. ¿En qué radica esta singularidad y por qué puede decir algo sobre el futuro más allá de su insularidad? ¿Qué la hace un espacio social profundamente diferenciado en ciertos procesos? ¿Qué la une a otros? ¿Qué la relaciona con el Caribe? ¿Qué con América Latina? ¿Qué con Argelia y Angola?

Quizá quienes preguntan por Cuba fuera de ella están indagando acerca de ellos mismos y sus futuros, preguntan para corroborar que el desánimo por el porvenir es generalizaba, que el futuro prometido en décadas pasadas no se encontraba al doblar la esquina del siglo XX al XXI o, en caso contrario, preguntan buscando respuestas para no tecnifkar el futuro, no hacerlo un lugar de llegada en términos teleológicos sino de contrucción colectiva e incesante.

Volviendo a la última frase de lo dicho por Padura nos preguntamos: ¿qué significa vivir en un país normal?, ¿existe algún país normal?, ¿lo normal lo entendemos en relación con la norma o con la justicia y dignidad?

En torno a este tema entran en disputa las nociones de justicia, libertad, democracia, dignidad y la propia idea de revolución incesante en donde todo aquello que se asuma como normal tendría que ser puesto en cuestión; cómo resolver en la práctica la articulación entre estas nociones es lo que está enjuego en Cuba, esa es una de las razones por las que son tan potentes y complejos los debates internos.

Es verdad que un gran número de las polémicas con un mayor grado de siste-maticidad suelen desarollarse vía intranet, lo que reduce el número de participantes y condiciona su procedencia social. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de que se construyen en un campo intelectual determinado, son muestra de la confrontación y encuentro de una pluralidad de posturas que dan cuenta de las limitaciones de aquellas visiones que reducen la experiencia social del presente en Cuba a una serie de esquemas binarios que aún se reproducen al momento de pensar o problematizar las realidades de aquel país: el adentro versus el afuera, lo revolucionario versus lo contrarrevolucionario, lo popular versus lo culto, lo estatal versus lo autónomo, trabajo intelectual versus trabajo manual, etc.

Para ejemplificar este dinamismo, bastará con mencionar algunos de los disensos 0 disputas en torno a la dimensión cultural de la vida social que se han difundido en los últimos tiempos. Aunque ya han pasado siete años de este aluvión de polemizantes correos electrónicos, esta exposición de ejemplos no puede omitir aquel momento en el que un programa de televisión sucitó una larga polémica en la que participaron varias decenas de personas de diferente nacionalidad, edad, género, disciplina artística, residencia, postura política, profesión, experiencia, etc.

El 5 de enero de 2007, en el programa Impronta del canal de televisión Cubavisión apareció Luis Pavón Tamayo, quien fue un polémico personaje de la cultura cubana, al ser uno de los principales ejecutores de las políticas de censura y parametrización cultural durante la década del setenta. Posteriormente se realizaron una serie de conferencias en las que participaron varios intelectuales cubanos cuyas ponencias conforman el libro La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión[1] y el cual fue signo de que en Cuba se tenía no sólo la necesidad de revisitar críticamente el pasado de las políticas culturales, sino las formas de transmitir diversas experiencias a las generaciones venideras.

Dicho programa tenía como objeto hacer breves cápsulas sobre personalidades que hubiesen dejado una huella en la cultura cubana. Luis Pavón Tamayo lo había hecho aunque su papel en la cultura cubana no fuese valorado positivamente, lo cual se puede rastrear en la instantánea reacción a este programa televisivo, cuyas participaciones rebasan la centena y fueron acopiadas en formato digital por la revista Consenso desde Cuba[2].

El 2011 terminó en Cuba con la polémica en torno a la nominación a los Premios Lucas del videoclip de la canción “Chupi chupi”del reguetonero Osmani García, en el cual tanto la letra como el contenido visual reproducen códigos compartidos por aquello que podría generalizarse como cultura del reguetón. La nominación se realizó mediante el envío de mensajes vía celular, lo que agregó a la discusión el factor socioeconómico del público.

Temas como lo culto y el gusto, el papel de la cultura en la educación, la relación del PCC y el Estado con la formación de gusto artístico, el poder y las relaciones de género, sexualidad y representación, tradición y modernidad, fueron ejes problemáticos en una serie de participaciones en torno al tema que, claramente, evidenciaron la existencia de disensos en torno temas fundamentales no sólo de la cultura, sino de su relación con otras dimensiones de lo social.

El Centro Teórico y Cultural Criterios, espacio que propició el encuentro mencionado sobre la política cultural del periodo revolucionario y la posterior publicación escrita de las participaciones orales, ha procurado que la discusión sea un elemento constante en la construcción de la esfera pública cubana. A propósito de sus cuarenta años de existencia, este Centro organizó una sesión de pláticas, en febrero de 2012, sobre la esfera pública que tuvieron una gran acogida en un público en el que se observó amplia presencia de jóvenes. Dos de los panelistas en aquella presentación participaron de la polémica actual sobre la entrevista de Padura: el entrevistado por el periódico La Nación, es decir el propio autor de El hombre que amaba a los perros, y el también escritor Arturo Arango.

A propósito de las condiciones existentes para el debate y la discusión pública en Cuba, Leonardo Padura señaló en su presentación, titulada Sentidos y sinsentidos de la esfera pública cubana, que “el debate público implica no solo la existencia de diversas opiniones, sino la posibilidad de expresarlas y, como bien lo dice su nombre, debati rías” (Padura, 2012a).

El panel en el que se expresó este par de escritores cubanos, también se escucharon las opiniones de Rafael Hernández, director de la revista Temas, Jorge Luis Acánda, Yasmín Portales autora del blog “En 2310 y 8225″ Roberto Veiga editor de la revista Espacio Laical, y Mario Castillo.

Como eje de las presentaciones se tomaron algunas de las ideas planteadas por Bernhard Peters en su texto El sentido de la esfera pública. De las apropiaciones de este texto a partir de la experiencia cubana, vale la pena citar dos ideas, la primera es la expresada por Arturo Arango en el sentido de pensar que en Cuba.

[…] la conversión del término’disidente’en sinónimo de oposición contrarrevolucionaria opera también a favor de la demonización del disenso, y en contra no ya de su necesidad sino, incluso, de su legitimidad. Es una palabra que el pensamiento revolucionario cubano se ha dejado arrebatar, y que es imprescindible recuperar. De esta manera, el disenso ha sido víctima del “empleo de un vocabulario con fuerte carga moral” lo que, de acuerdo con Peters,”obliga a aquellos a quienes se dirige la palabra a meterse en el lenguaje preestablecido y con ello asumir tácitamente ciertas premisas de valores” (Arango: 2012).

La experiencia como editor de la revista Espacio Laical, del Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana, llevó a Roberto Veigas a formular la idea de que si bien existe un diálogo entre cubanos sobre.

[…] la cosa pública, en la familia, el barrio y entre amistades” habría que dar un paso hacia su institu-cionalización aunque exista “un cansancio provocado por el diálogo sin respuestas efectivas” ya que “la diversidad de la nación tiene que expresarse políticamente”y se “debe crear un clima de confianza política entre quienes piensan diferente” para llegar a un consenso público mediado por “los criterios de las mayorías y las minorías” (Veiga, 2012).

Estas ideas pueden contribuir a pensar problemáticamente el presente cubano, en particular interesa resaltar aquellos conflictos o disensos en los que claramente están en juego visiones, posturas, experiencias e intenciones distintas acerca de lo político y su relación con lo cultural. Además de la polémica que ocupa un espacio central en este texto, existen tres ejemplos de relaciones en torno a lo cultural, en los que están presentes desencuentros, disensos o disputas de diversa índole.

El primero se originó a raíz de la publicación de un texto de Roberto Zurbano, director del Fondo Editorial de Casa de las Américas, aparecido en diario estadounidense The New York Times bajo el título “Para los negros cubanos, la revolución no ha comenzado”(Zurbano, 2013). Más allá de indagar acerca de si el diario respetó o no el sentido original del título puesto por Zurbano, lo cierto es que el revuelo ocasionado tras su publicación evidenció que es un tema sobre el cual se tienen experiencias y puntos de vista encontrados.

“Estas ideas pueden contribuir a pensar problemáticamente el presente cubano, en particular interesa resaltar aquellos conflictos o disensos en los que claramente están en juego visiones, posturas, experiencias e intenciones distintas acerca de lo político y su relación con lo cultural”.

Aunque no se trató de una polémica, en sentido estricto, también es imprescindible mencionar al que quizás pueda ser uno de los conflictos de más largo alcance. A partir de mayo de 2013, enterados de que el Estado había emprendido transformaciones en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) sin contar con la participación y sin consultar a los artistas, los cineastas se reunieron en una asamblea abierta, exigieron formar parte del proceso, y eligieron un grupo que los representara en su diálogo con las instituciones estatales. Desde entonces, se han realizado varias asambleas abiertas en las que han sido puestos en discusión todas las decisiones y documentos en proceso, se logró cambiar la manera en que las transformaciones estaban siendo concebidas, y se ha establecido un diálogo fluido y constructivo entre los artistas del audiovisual y los directivos del ICAIC. Es un proceso lento que busca la legalización del cine independiente y la discusión acerca de una nueva Ley de Cine.

El tercer dato con el cual se ejemplifican puntos de quiebre y disenso tiene que ver con el espacio cibernético. Hace meses que el portal Cartas desde Cuba, cobijado entonces por la BBC de Londres, se separó de ese consorcio de la comunicación por pretender cambiar el sentido de los reportajes del periodista Fernando Ravsberg, el cual denunciaba tanto el bloqueo estadounidense como las condiciones deplorables en las que viven (y mueren) los enfermos de un hospital público psiquiátrico.

El espacio que actualmente dedica la BBC a Cuba cambió de nombre a Voces desde Cuba, en el cual publican, en palabras del propio consorcio “El escritor Leonardo Padura, la bloguera opositora Regina Coyula, el periodista oficialista Yuris Nórido y el joven emprendedor Alejandro Rodríguez”[3]. Las preguntas que ha provocado este cambio tienen que ver con un tema coyuntural: la llamada democratización de los medios ¿Así se traduce esta exigencia social?, ¿la democratización pasa solamente por hacer coincidir en un espacio a voces divergentes?, ¿es más cómodo lidiar con este disenso aparentemente ordenado que con posturas complejas expresadas por un autor que no reducen al blanco y negro la realidad cubana?

Después de mostrar algunas de las posibilidades rizomáticas de ver la reciente polémica en torno a la entrevista que La Nación le hizo a Padura, las siguientes líneas expondrán algunos nudos problemáticos presentes en las distintas opiniones vertidas a raíz de este hecho. De las respuestas del escritor cubano a la entrevistadora Astrid Pikielny resaltaremos aquellas en las que se centrarán los posteriores comentarios.

La periodista argentina no pregunta, sino afirma que, a cincuenta años de la Revolución Cubana, se advierte que hay anhelos truncos y promesas que no sucedieron, a lo que Padura responde:

Yo recuerdo que se hablaba mucho del futuro, de un futuro que llegaría en algún momento y cuando ese futuro llegó, no trajo esas promesas que nos habían hecho. Más bien por el contrario, fue esa década del noventa en que mi generación está su momento de primera madurez y apogeo y nos sorprende una crisis que paraliza al país y que fundamentalmente paraliza a las personas. No hubo muchas posibilidades de desarrollo. Yo tuve la suerte de que mis posibilidades de expresión estaban en la literatura y que en esos años la literatura me salvó de la desesperación y de la locura (Padura, 2014 a).

Atilio Borón publicó, en el sitio de Rebelión, algunos señalamientos a la entrevista al escritor cubano en torno a varios de los puntos de vista expresados por Padura. En su texto “Padura en Buenos Aires” el politólogo y sociólogo argentino comienza con una pregunta eje sobre la cual girarán algunas otras opiniones: “¿Cómo es posible que los fracasos o distorsiones de la revolución, que, según Padura provocan ‘la nostalgia, el desencanto, las esperanzas perdidas’de una sociedad puedan ser señaladas sin decir una palabra sobre el imperialismo norteamericano y su criminal bloqueo de 55 años a Cuba?” (Borón, 2014).

Desagregando elementos de este enunciado podemos plantearnos la pregunta por las formas en las que se construyó la idea de futuro desde la izquierda a partir del triunfo de la Revolución Cubana y hasta la derrota sandinista en las urnas. ¿Qué función se le otorgó a la acción de los hombres en la configuración de esa idea futura? ¿Cómo opera la nostalgia por esas utopías que se teleologizaron? ¿Nos quedamos en el simple regodeo melancólico o pensamos, con Tomás Segovia, que habrá de defender el derecho de una nostalgia por el futuro?

Atilio Borón es un estudioso del Imperialismo, para él ese concepto es fundamental para comprender la realidad mundial actual, por lo tanto su mirada supone el realce del imperialismo frente a otros temas.

¿Padura y Borón entenderán lo mismo por Imperialismo? Sien una dimensión más lega y coloquial que les permite comunicarse en una primer momento, pero no en cuanto a la capacidad de esta palabra para dar cuenta de la complejidad de la realidad.

Habrá que ver desde qué contexto habla Borón de imperialismo, en el cual es generalizaba la complicidad de los medios con el poder económico. En el caso cubano es pertinente el cuestionamiento acerca de cómo se ha construido una idea de imperialismo que, de tanto repetirse de manera casi mecánica en muchos espacios sociales, ha dejado de nombrar aquella realidad de la que pretende dar cuenta. El bloqueo estadounidense está presente de muchas maneras en las novelas de Padura; el lector podrá mirar la complejidad en la recreación literaria de la vida cotidiana; la politicidad de sus novelas no obvia la existencia del bloqueo, pero los conflictos que Padura recrea en sus novelas no se reducen a esta mirada.

Leonardo Padura afirma que la necesidad que él tiene de comunicar se vale del uso de la palabra, la cual comunica:

[…] las más disímiles actitudes, realidades, sentimientos. Cuando uno escribe literatura o periodismo tiene que preguntar para qué lo escribe. Y muchas veces la respuesta a esa pregunta está en un pequeño detalle de la vida cotidiana o en un gran acontecimiento. Depende de muchas razones que no siempre son las mismas. A veces veo a una persona y eso me da pie para crear un personaje literario o escribir una crónica periodística, pero siempre tratando de que eso tenga una dimensión dentro de la sociedad que yo vivo y me permita comunicar una historia de esa sociedad y le permita al lector, identificarla (Padura, 2014).

Así, cabe decir que una reflexión rizomática y nutricia puede cuestionar el largo proceso de mercantilización de la literatura y sus autores, ¿qué se espera que diga Padura en una entrevista periodística?, ¿porqué en téminos mediáticos no basta con la difusión de la existencia de sus libros y se busca entrevistarlo?, ¿por qué darle centralidad a lo dicho en un medio como La Nación sin relacionar su postura con las formas de identificación del lector con, por ejemplo, las experiencias del personaje Mario Conde?

A propósito de la politicidad de lo que se escribe atendiendo no sólo a lo dicho, sino a lo callado, vale la pena hacer una digresión histórica a la que se ha hecho referencia en esta polémica en el sentido de traer a la memoria el año de 1882, cuando Bartolomé Mitre, entonces director de La Nación, remitió una carta a José Martí en la que le comunicó que suprimiría una parte de una carta enviada a propósito de las duras y precisas críticas hacia la política de los Estados Unidos.

La anéctoda acerca de la censura del texto martiano tiene una segunda parte que no ha sido mencionada en el debate en cuestión. Efectivamente, la primera carta que Martí envió a La Nación fue censurada; a pesar de ello, Martí decidió seguir publicando durante varios años en este periódico argentino, tiempo en que dio cuenta, aunque fuera de la mano de ciertos silencios o nombrando las cosas indirectamente, de la crudeza y violencia que el gobierno de Estados Unidos reproducía no sólo afuera de sus fronteras, sino en sus entrañas.

Roberto Fernández Retamar, en el prólogo a una compilación de escritos del autor de Nuestra América, analiza este suceso y menciona que la dirección del periódico le hizo saber que la carta enviada había sido juzgada “en su escencia, extremadamente radical en la forma asoluta de las conclusiones” las cuales se apartaban de la dirección que el periódico deseaba que tuviera la sección de cartas martianas.

Martí se encontró pues, al inicio mismo de su enjuiciamiento de los Estados Unidos para La Nación, con esta amarga disyuntiva: o perdía esa tribuna leída en todo el ámbito de la lengua, o procedía de manera astuta e indirecta. Optó, naturalmente por lo segundo. Hechos así explican que a unas horas de su muerte, al confesarle a su amigo mexicano Manuel Mercado que cuanto había hecho y haría era luchar para impedir la expansión criminal de los Estados Unidos sobre nuestras tierras le añadiera:”En silencio ha tenido que ser y como indirectamente” (Fernández, 1985:31).

En aquellos años lo que Martí defendió”en silencio y como indirectamente”fue la po-liticidad de sus cartas en un sentido profundo, el cual siempre sostuvo una clara visión crítica del capitalismo norteamericano. Por lo tanto sin duda es importante indagar acerca del medio en el que aparecen las opiniones con las que cuales se disiente, pero también mirar más allá de lo evidente.

En este caso particular habría que preguntarse por qué Leonardo Padura, teniendo conciencia del medio en el que publicaba, optó por poner el acento en las formas de ejercicio del poder por parte del Estado al esbozar algunos problemas de la Cuba actual y no mencionó la relación existente entre la crisis cubana y el bloqueo estadounidense.

¿Por qué poner el acento en una parte y no en otra?, ¿por qué no hablar tanto del bloqueo como de la corrupción interna?, ¿por qué no hablar del imperialismo no como entidad externa, sino en su dimensión y despliegue cultural al interior de Cuba?, ¿por qué reproducir en un medio como La Nación una mirada que pareciera reforzar las simples dicotomías en donde se pone el foco en los errores internos?, ¿por qué no hacerle saber a los muchos lectores de un periódico de circulación nacional que para entender a Cuba lo que menos sirve son planos bifocales y que por lo tanto se puede denunciar la escasez de medicamentos provocada por el bloqueo al tiempo que se señalan los límites existentes en la representación popular?, ¿por qué no colocarse en un lugar tanto de denuncia por la política económica interna, como de señalamiento de las nuevas formas de imperialismo (las cuales, por cierto, no son privativas de Estados Unidos e incluso podemos encontrarlas en las relaciones entre países latinoamericanos)? Pero también cabe preguntarse, ¿por qué hablar de los errores internos impediría hacer visibles las admirables muestras de resistencia, creatividad, dignidad y emancipación que se viven en Cuba cotidianamente?, ¿tienen escucha aquellos puntos de vista en los que están presentes tanto el imperialismo, la corrupción interna, el neoliberalismo en su dimensión cultural y la resistencia y creatividad que genera la educación popular?

En todo caso, lo que se defiende es el valor de uso de la literatura y no el valor de cambio, habrá que atender a la politicidad del arte y del pensamiento. El personaje Mario Cuende puede desplegar una politicidad disrruptiva, que opere transgrediendo en el marco de la micropolítica los cánones establecidos. Mario Conde es tan complejo como la realidad cubana, pero también como muchos sujetos que habitan el mundo actual. Es un personaje a veces desencantado, triste, agobiado, melancólico y gris, tal como se revela el presente en muchos momentos, pero también es un gran des-encubridor, un detective que busca más allá de lo visible, desempolva huellas no para tomarlas como simples indicios, sino para cuestionarlas en su carácter de huellas, porque lo que le importa a un detective no son sólo las huellas evidentes, sino lo que ha sido borrado ex profeso.

¿No es acaso esta mirada una exigencia de nuestro presente? Nuestras preguntas, ¿en algo están contribuyendo a recuperar los pasados empolvados y acallados?, ¿esta mirada no es indispensable para reencantar el futuro sin tecnrñcarlo? ¿Qué hubiese dicho Mario Conde si fuese él el entrevistado por La Nación?

Regresando a los cuestionamientos que Borón le hace a Padura por la ausencia en sus explicaciones de elementos que recreen en un plano analítico la totalidad del momento histórico, habría que citar la conclusión a la que llega.

El inventario de los errores y las insuficiencias de la Revolución es incomprensible, un galimatías infernal, en ausencia de una adecuada contextualización. Creo, modestamente, que quien no esté dispuesto a hablar del imperialismo norteamericano debería llamarse a un prudente silencio a la hora de emitir una opinión sobre la realidad cubana (Borón, 2014).

Después de otras intervenciones que mencionaremos más adelante, Fernando Butaz-zoni, escritor uruguayo que vivió en Cuba durante varios años, plantea con razón que si Padura se hubiese quedado en un “prudente silencio” no tendríamos el gran relato La novela de mi vida acerca del poeta universal José María Heredia, o la recuperación de experiencias periodísticas y literarias expuestas en El viaje más largo. “Sin esos libros” dice Butazzoni,

[…] Padura no sería quien es, Cuba no tendría hoy a una de sus glorias nacionales. La Nación no lo hubiera entrevistado y Borón no habría reflexionado sobre ello […] En cuanto al imperialismo norteamericano, es indudable que la política exterior de Estados Unidos ha causado grandes estragos y sufrimiento alrededor del mundo. Es indiscutible que la misma ha condicionado muchos procesos políticos en la América latina y, en el caso particular de Cuba, es clarísimo que su incidencia en la vida social ha sido determinante aun desde antes de su tardía independencia. Pero también me parece necesario señalar que, en muchas ocasiones, el “imperialismo norteamericano”(así, con infames comillas) ha sido y sigue siendo apenas una gran coartada para que, desde ciertos ámbitos de la izquierda, se eluda la reflexión autocrítica, se evite la rectificación de políticas equivocadas y se desatiendan las demandas urgentes de los ciudadanos, en aquellos países en que esa misma izquierda detenta el gobierno o incluso el poder”(Butazzoni, 2014).

Vale la pena acercarse a otro brote rizómatico de esta polémica que despliega sus raíces más profundas en Cuba, pero cuyos nutrientes pueden alimentar pensamientos y prácticas de otras latitudes. Fue Guillermo Rodríguez Rivera la primer voz que habló desde Cuba; en su texto “Padura, la literatura, el compromiso”(Rodríguez: 2014), reflexiona acerca de las relaciones entre política y arte, o llevándolo a un terreno más amplio, entre política y cultura.

La primera entrevista que el diario La Nación hiciera a Padura a propósito del éxito de su novela El hombre que amaba a los perros, se tituló “Leonardo Padura: No se puede jugar a la política desde el arte” (Padura, 2012b). En aquel entonces la periodista Hilde Pomeraniec, a propósito de la temática central de su novela, le planteó la pregunta: ¿hasta dónde es un sujeto capaz de llegar por una idea? ¿Le parece que existe todavía en el mundo el modelo de ciudadanos o colectivos militantes por una idea? A la cual el autor respondió:

Los compromisos de las militancias, ya sean políticas, religiosas, hasta deportivas, que impliquen una aceptación acrítica y muchas veces fanática de una idea, la realización de un acto o la entrega de la voluntad individual, son siempre asuntos muy complejos que deben verse cada uno en su contexto y condición. Por principio creo que el ser humano no tiene por qué responder afirmativa y fanáticamente a una política determinada sólo por fidelidad a una pertenencia o militância. Siempre pienso que el hombre tiene el deber de pensar y luego la responsabilidad de aceptar (Padura, 2012b).

Esta ¡dea es fundamental para comprender no sólo la intervención de Guillermo Rodríguez Rivera, sino el posterior intercambio de correos electrónicos entre él, Juan Carlos Tabío y Arturo Arango. Dice Rodriguez Rivera que contrario a las opiniones de Padura en el sentido de un compromiso del artista que deriva de su militância, argumenta que casi siempre la relación es a la inversa, “Son las grandes conmociones históricas las que han impulsado a grandes artistas a eso que Padura llama (minimizándolo) jugar con la política desde el arte” (Rodríguez, 2014), y es que en aquella entrevista, el escritor cubano dijo que:

Los artistas comprometidos de manera militante con un partido, filosofía. Estado o poder terminan siendo siempre -o casi- marionetas de ese poder. No se puede jugar a hacer política desde el arte porque al final los políticos son los que utilizan a los artistas para sus fines políticos. Creo que el compromiso del artista debe ser con la ética ciudadana, con su sentido de la verdad y de la justicia, o cuando menos, con su arte, con la mayor distancia posible de los círculos de decisión política y con la intención de hacer política desde el arte (Padura, 2012b).

Entonces Rodríguez Rivera, a propósito de esta idea, trajo a la memoria el poema de Neruda Explico algunas cosas que escribió el poeta chileno en medio de la Guerra Civil Española:”Preguntaréis por qué su poesía/no nos habla del sueño, de las hojas,/de los grandes volcanes de su país natal?/Venid a ver la sangre por las calles/venid a ver/ la sangre por las calles/venid a ver la sangre/por las calles!” (Neruda, 1937).

Y también habla del “Guernica” de Picasso, cuyos trazos dan cuenta del brutal bombardeo de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana a la población civil de la ciudad de Guernica. Ni ellos, ni Alberti, Maiacovski, Bertolt Brecht, Paul Eluard, Roque Dalton, dice Rodríguez Rivera “se resisten a degradarlos,y mi lengua -y me precio de tenerla bien mala- rechaza cometer el parricidio de llamarlos marionetas” (Rodríguez, 2014).

El cineasta Juan Carlos Tabío entra a la polémica con un acertado punto de vista dirigido, en un primer momento, a lo expresado por Atilio Borón. El cineasta dice que está de acuerdo en que alguien que emprenda un análisis global de carácter histórico sobre la realidad cubana estaría en la obligación de situar el bloqueo como un elemento clave. Sin embargo, se cuestiona si “la nostalgia, el desencanto y las ilusiones perdidas” son provocadas por el imperialismo y el bloqueo, o por “el inmovilismo y las absurdas restricciones que nuestra querida burocracia ha impuesto verticalmente durante todos estos años” (Tabío, 2014). Y continúa su argumentación “¿Es que cada vez que en un artículo periodístico, en una novela o en una película, se aborda de manera reflexiva, de manera crítica, algún aspecto de nuestra realidad actual […], habría que comenzar con la coletilla previa del imperialismo y del bloqueo?” (Tabío, 2014).

Arango también se sumó al debate alarmado por los ataques a Padura, el cual comparte con Reina María Rodriguez el haber sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura y formar parte de los escritores que escriben obras “inconformes, adoloridas, críticas, centradas en la Cuba que han vivido” (Arango, 2014). Al también guionista cubano le interesa alertar sobre el resurgimiento de visiones que subordinan la creación y las fronteras entre lo decible en el arte, la literatura, las ideas a las grandes batallas políticas. El arte y el pensamiento, entendido de esta forma difundida y practicada en Cuba durante los años setenta, tendría que ocultar las contradicciones en las propias luchas y procesos revolucionarios en pos de mantener la unidad nacional o la cohesión de bloques, lo cual tendría que alertarnos sobre cómo concebimos las relaciones entre arte y política.

El intercambio entre estos correos fue mucho más profundo y detallado de lo que se expone en estas líneas, sin embargo, lo que evidencia más allá de los pliegues finos, es que existen interrogantes que reaparecen en el tiempo y que la experiencia acumulada, el lugar de enunciación y la visión de futuro juegan un papel crucial en el sentido de las respuestas y la calidad del allanamiento a interrogantes más amplias.

La revista El Caimán Barbudo, con la elocuencia que la caracteriza, también participó en este debate que se enmarca no sólo en los comentarios suscitados tras la entrevista de Padura en La Nación, sino del revuelo causado por el texto que Juventud Rebelde publicó y en el que la periodista habla de su primo mecánico que:

[…] no es “intelectual” o al menos como usualmente lo clasifican. No le gusta la música de cámara, no resiste un concierto de jazz y de seguro no podrá deletrear o conocer el significado de palabras como multidisciplinario, empoderamiento, deconstrucción, panóptico o hipertexto […] Mi primo, por supuesto, tampoco sabe diferenciar entre Bukowski y Chaikovski y de seguro los confundirá con el bálsamo de Shostakovski. ¡Vamos! Que a más de uno le puede pasar eso, ¿no? (García, 2014).

Más adelante sigue argumentando que su primo de vez en cuando le dice “Sigue leyendo que te vas a volver loca. Si quieres de verdad escribir, deja el libro y sal al mundo. Conocer lo que hicieron otros te servirá pero ya está dicho. Aprende de la vida, que sólo los que viven pueden escribir grandes textos”. El primo mecánico, a decir de la autora, no necesitó libros, ni ínfulas de seudolector, le enseñó que la realidad no se lee: se siente, e”—indispensablemente— se la acepta y uno se integra a ella, o se la rechaza por incompatibilidad de piel o conveniencias personales” frase que para la periodista Mayra García refleja la capacidad de su primo de expresar”cosas de intelectuales” (García, 2014).

El hecho de que estas ideas fuesen publicadas un diario tan importante como Juventud Rebelde nos lleva a preguntarnos por los procesos que están sucediendo en Cuba que llevan a una joven periodista a reproducir esta visión de los artistas e intelectuales en la que se reproducen ideas antinómicas que, por cierto, no podrían ser puestas en boca de Gramsci.

El Caimán Barbudo desempolvó un texto de Abel Prieto publicado en 1996 en un momento en el que se expresaron opiniones acerca del trabajo artístico e intelectual en el que parecían reproducirse la imagen fabulesca de la cigarra haragana y la hormiga trabajadora.

Dice Abel Prieto:

Existe una visión dogmatizada acerca del trabajo intelectual y manual, la cual se recrea en la fábula de la cigarra y la hormiga […] El dogma es sinónimo de incultura, estrechez mental, sectarismo, rigidez antidialéctica, mediocridad intelectual, subvaloración de los ámbitos espirituales en que ese Hombre (con mayúsculas) se realiza. ¿Puede el dogma llevarnos a alguna parte? […] Y no sólo obstaculiza el arribo a una cultura humanista, solidaria, socialista: el dogma puede cerrarnos el camino hacia ese socialismo renovado, marxista, leninista y martiano, al que no hemos renunciado ni renunciaremos. Un socialismo de ciudadanos “libres y cultos” que disfruten de una “prosperidad” colmada de poesía (Prieto, 1996).

Múltiples experiencias nos hacen ver que la articulación entre diversos dogmas vuelve sedentario al pensamiento. Cuando Félix Guattari y Gilíes Deleuze hablaron de los libros como rizomas, apuntan no a pensar al libro en sí, sino a las relaciones en él implicadas, habría siempre que pensar no en una cosa y la otra, en un acto y otro, sino en aquello que sucede entre ellos; un camino reflexivo similar podríamos recorrer al volver la mirada a rizomas de las muchas polémicas de nuestra historia.”Haced rizoma y no raíz” (Deleuze y Guattari, 2013) decían estos autores franceses en los años setenta; hoy, en medio de la hegemonía neoliberal contra la que se manifiestan multiplicidad de luchas y resistencias, es indispensable practicar y ejercitar la crítica, la polémica, el disenso, la controversia, ello para hacer rizoma y no raíz, para escapar del dogma y el fanatismo; pero también, retomando el poema A los hombres futuros de Bertolt Brecht, cuya pertinencia se alarga hasta el presente, habremos de pensar en cómo polemizar sin que se juzgue el acto de hablar sobre los árboles como casi un crimen, o cómo hacer para saber que, si bien la lucha contra la injusticia endurece el rostro y pone ronca la voz, es urgente la escucha no para imponer la unanimidad de pensamiento, sino para aprender.

Justamente sucede que tanto el pensamiento crítico, como las prácticas contra-hegemónicas, emancipadoras y/o libertarias, tienen mucho que aprender y escuchar acerca de las experiencias recientes vividas en Cuba; aquellas que se remiten a la historia de la Revolución para establecer puntos de quiebre y continuidad con el presente; que hablan de sus contradicciones para hacer más fuertes sus rebeldías, su dignidad; aquellas que no esconden su desazón o incertidumbre pero tampoco se conforman con la quietud derrotista de brazos caídos; que se reconocen en la poesía cubana, tanto la de José Martí, José María Heredia, Roberto Fernández Retamar o de Luis Rogelio Nogueras o Reina María Rodríguez; y que también se buscan en la poesía de jóvenes como Sergio García Zamora o Jámila Medina Ríos, quien comienza su poema Emigro con las palabras “Hay algo ahí con la desposesión: raíces sin tener dónde agarrar”. Así, polemizar rizomáticamente no enraizados en dogmas, puede darnos múltiples puntos de apoyo no para agarrarnos, sino para sacudir profundamente al pensamiento y la práctica.

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El libro completo puede consultarse en el sitio «http://www.criterios.es/pdf/navarrointrociclo.pdf» ↵

El debate originado puede consultarse en el sitio «http://www.desdecuba.com/polemica/articulos/25_01. shtml» ↵

Ver «http://www.bbcco.uk/mundo/temas/blog_voces_desde_cuba/». ↵

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DEBATE

Rejuvenecer la protesta

DERIVAS URBANAS LATINOAMERICANAS: ANESTESIA Y CONTROL SOCIAL (APROXIMACIONES TEÓRICAS)

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Rejuvenecer la protesta. Los movimientos sociales van a la escuela

Armando Bartra

Investigador e intelectual mexicano.

Resumen

Tomando distancia de las visiones instrumentales de la política que adopta cierta sociología anglosajona, se abordan los recientes movimientos juveniles como performances y utopías autocumplidas a los que cabe aproximarse con conceptos tales como grotesco y carnaval. Un repaso sobre rebeldías recientes como las de México en 2012 y las de Brasil en 2013, permite ubicar provisionalmente algunas de sus características destacadas como la imaginación, el humor y la voluntad de forma que les otorgan un carácter visionario, grotesco, festivo y celebratorio, sin soslayar su limitada eficacia y poca persistencia que los ponen en desventaja frente a otros actores contestatarios más estructurados. Pese a lo cual, se concluye que los recientes movimientos juveniles están llamados a ser parte sustantiva de la nueva rebeldía social.

Abstract

Stepping away from the instrumental visions of politics adopted by a certain Anglo-Saxon sociology, this article addresses recent youth movements as performances and self-fulfilling utopias that can be approached with concepts such as grotesque and carnival. A review of recent rebellions like the ones in Mexico in 2012 and the ones in Brazil in 2013, allows us to find -provisionally- some of their prominent characteristics, like imagination, humor and willpower, that give them a visionary, grotesque, festive and celebratory character, without circumventing their limited efficacy and little persistence which place them at a disadvantage in front of other more structured non-conformist actors. However, the author concludes that the recent youth movements are called to be a substantive part of the new social rebellion.

Palabras clave

Movimiento social, jóvenes, carnaval, grotesco, utopía, imaginación política.

Keywords

Social movement, youth, carnival, grotesque, utopia, imagination, politics.

La revolución no tiene que ser experimentada como la serie e

penalidades que tenemos que sufrir para la felicidad y libertad

de las generaciones futuras, sino precisamente como esas

penalidades presentes sobre las que esa felicidad y libertad

futuras proyectan ya su sombra. En ellas ya somos libres

cuando estamos luchando por la libertad y ya somos felices

mientras luchamos por la felicidad

(Zizek,2010).

No entendemos lo que está ocurriendo. Ni en nuestros

tiempos conseguimos llevar 100 mil personas a la calle en

pocas horas. Ellos, los jóvenes, dicen que nosotros usamos

un repertorio del siglo pasado para dialogar y que no

entendemos lo que está pasando. Nosotros estábamos

acostumbrados aun vehículo con altoparlantes y líderes para

negociar. Ellos no usan ni vehículo ni comando…

Gilberto Carvalho[1].

Los tiempos que corren -y vaya que corren- son tiempos de jóvenes. Lo testimonian las movilizaciones que desde 2011 y aun antes han ocurrido en calles y plazas de Chile, Egipto, Túnez, España, Grecia, Estados Unidos, Colombia, Canadá, México, Turquía, Brasil, Ucrania… Y cuando los tiempos rejuvenecen hay que deshacerse de vejestorios intelectuales y jubilar ideas rancias que no sirven más.

“El programa somos nosotros” Una de las añejas presunciones que se han ido desacreditando con el desgaste de la modernidad es el carácter puramente instrumental de la política. Visión pragmática que viene desde Maquiavelo y que tiene una de sus expresiones extremas en las propuestas de cierta sociología anglosajona contemporánea que reduce los movimientos sociales a acciones colectivas protagonizadas por individuos racionales a los que no mueve más que el atisbo de oportunidades y el cálculo de costos y beneficios.

Pero no sólo se desfonda el chato y calculador utilitarismo sociopolítico, también se erosiona el providencialismo: la idea de que hay una predestinación, una “razón histórica”que trabaja a favor del curso progresivo de los tiempos.

La experiencia juvenil de la crisis va acompañada del descreimiento en las profecías científicas decimonónicas: en las viejas promesas de futuro que reclamaban a los militantes libertarios los sufrimientos que hicieran falta para abrirle paso a las arcádias precontratadas y mil veces anunciadas por los agoreros casi bicentenários de la emancipación humana.

Yen esa medida la praxis contestataria va transitando de simple lucha revolucionaria o reivindicativa de carácter finalista que se agota en la siempre pospuesta consecución de ciertos objetivos inamovibles, a ser también performance emancipatorio que satisface por sí mismo; deja de ser sólo un medio a ser también un fin; pasa de utopía siempre posdatada a utopía autocumplida. Rasgo performativo (Turner, 1986) de las luchas, que junto con el carácter celebratorio, carnavalesco y grotesco de las acciones libertarias colectivas, me parece fundamental en las experiencias de la crisis, sobre todo en las que protagonizan los jóvenes.

Yes que los jóvenes tocan de oído. Inexpertos en los andamiajes que aprisionan el accionar de grupos formales y partidos, las nuevas generaciones improvisan, inventan, jazzean; marchando a campo traviesa enfilan por rumbos poco transitados. Por eso a los políticos profesionales -tanto de izquierda como de derecha- los sacan de quicio protestas que no dicen claramente lo que quieren porque seguramente -piensan los carcamales- ni siquiera saben lo que quieren. Pero es precisamente la inmediatez de los movimientos juveniles loque les permite sacar a flote lo sumergido, ponerle palabras (cantos, bailes, gestos, gritos) a lo indecible. La insatisfacción de los jóvenes de clase media, que por lo general son los que protagonizan estas luchas, no es la única ni es por fuerza la socialmente prioritaria cuando hay sectores mayoritarios también agraviados y más lacerados que a veces permanecen silenciosos y a la expectativa. Pero el malestar de los jóvenes es el más significativo porque mira al futuro. Un futuro que no tienen o que no quieren como se les anuncia, pero que en cualquier caso quisieran diseñar a su aire y por su pie.

Ante el sorpresivo activismo de los proverbialmente inmaduros, analistas de todo signo se afanan en descubrir lo que realmente buscan pero no saben formular. Así los desarrollistas dicen que los jóvenes encolerizados expresan los deseos de los que recientemente llegaron a las clases medias pero no ven satisfechas sus expectativas en términos de educación, transporte, salud… es decir calidad de vida. Y seguramente lo que afirman es cierto. Los posdesarrollistas sostienen que en el fondo los jóvenes representan la vocación anticapitalista de nuestros pueblos y quisieran acabar con el neoliberalismo, el extractivismo, el colonialismo interno y otras maldiciones sistémicas. Y sin duda algo de verdad hay en sus aseveraciones. Pero mi impresión es que se quedan cortos al confundir sus propios planteos programáticos con los deseos profundos de los protagonistas sociales.

Habría que escuchar sus propias voces: “¿Qué queremos de Wall Street? Nada, porque nada puede ofrecernos. Hemos venido a desvanecer nuestros fantasmas” escribieron en 2011 los ocupantes del Parque Zuccotti, junto al gran centro financiero. Y cuando se les preguntaba por su plataforma reivindicativa decían: “El programa somos nosotros” (Tidal, 2011). A fines de ese mismo año en un mitin celebrado en Tel-Aviv, una pancarta proclamaba: “El triunfo es ya habernos reunido”. En 2012 un estudiante mexicano sintetizaba así el sentido de su movimiento: “La meta del 132 es la reapropiación de la política por la sociedad” (Muñoz, 2012:241). Sobre los jóvenes que en junio de 2013 desquiciaron Brasil, escribió el Movimiento de los Sin Tierra (MST):”Ellos quieren participar de alguna forma. Aunque sea caminar por la calle sin represión”[2].

No trivializo sus proyectos y visiones de futuro aprovechando la presunta falta de perspectiva histórica de los rebeldes principiantes. Al contrario, quiero destacar su radical negativa a que se les convierta en simples peticionistas.”¿Que quieren?” Dice el poder.”Nada que nos puedan dar. Nada que pueda serconcedido por ustedes” con-testan/’Pero ¿algo desean?” insiste/’Deseamos desear” reviran recuperando a Freud a través del Antiedipo de Deleuze y Guattari (1972).

La necesidades radicales (Márkuz, 2007) que subyacen en los movimientos trascendentes, se hacen visibles -incluso ante sus propios protagonistas- sólo en la medida en que el accionar colectivo va removiendo lo “políticamente correcto” va disolviendo la capa de lugares comunes y rompiendo las inercias que conducen a repetir lo tan sabido. Así en la primera Declaración de la Selva Lacandona los pueblos chapanecos insurrectos enumeraban el consabido rosario de demandas: tierra, trabajo, educación, salud, vivienda… reivindicaciones legítimas y hasta vitales pero periféricas a sus agravios ancestrales; a sus exigencias profundas que fueron aparecieron al calor de los combates armados y pacíficos que los iban empoderando. Y estas necesidades radicales fueron dignidad y derechos autonómicos, dos cuestiones que de hecho no pueden concederse pues más que un tener son un hacer.

A quienes acostumbran poner sus propios deseos en boca de los movimientos, les convendría reflexionar sobre la paradoja de que los históricamente más desfavorecidos en la distribución social de satisfactores no pongan por delante la exigencia de que mediante recursos públicos compensatorios se remedie dicha injusticia, sino que por el contrario prioricen necesidades radicales que en rigor nadie puede conceder pues su satisfacción será obra de ellos mismos, y sólo demanden que no se les obstaculice. Cuando el gobierno les ofrecía “piso firme”y otras bagatelas, los indio insumisos exigían derechos. Y cuando se les preguntaba por el más importante, decían que era el derecho a tener derechos. Quién los entiende.

En algún sitio Marx dijo que el proletariado tenía que hacer la revolución no sólo para construir el socialismo sino también para salir del fango en que se encontraba, valga decir: para recuperar su dignidad (la dignidad de una clase, de un género, de un pueblo, de una generación…). Y una vez más el viejo Marx tenía razón.

No perderse la diversión Quizá porque nuestra revolución fue una larga guerra con un millón de muertos, quizá porque nuestras mayores huelgas obreras terminaron en represiones militares, quizá porque nuestro 68 culminó en un baño de sangre, quizá porque casi todos nuestros líderes justicieros murieron asesinados… en México tenemos una visión necrológica, panteonera de la rebeldía social y con frecuencia olvidamos su lado jubiloso, festivo, lúdico, carnavalesco. Mariana, del 132, describe asíel ánimo de las marchas.”Era indignación, no enojo. Marchábamos con mucha alegría. Las consignas eran distintas, con humor” (Muñoz, 2012:69). Por fortuna los jóvenes, que hoy están saliendo a las calles en muchos países del mundo, a bailar y cantar su indignación, nos recuerdan que, como decía Monsiváis ayer, “la seriedad es un robo”y, como decía Herzen en el siglo XIX, “la risa es revolucionaria”. No es primera vez que el espíritu burlesco politizado toma la calle, ocurrió en el 68 del pasado siglo y también a principios de los ochenta cuando, acosados por los revolucionarios de corsé, los neosituacionistas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que “reivindicaban el sentido del humor como herramienta crítica” les gritaban”¡Falócratas los solemnes!”(Paredes Pacho, 2014:192).

Pero al leer lo que sobre los nuevos y novísimos movimientos se escribe, sentimos con frecuencia que algo falta, que algo nos estamos perdiendo. Y este algo que los sociólogos y a na listas nos escamotean es la insensatez, la desmesura; es el”momento de la pasión”que diría Benedetto Croce, es la”catarsis política”que diría Antonio Gramsci. Ambos seguidores en esto del vitalismo de Henri Bergson:”nuestro pensamiento, en su forma puramente lógica, es incapaz de representarse la verdadera naturaleza de la vida” (1999: 319), y sobre todo de la teoría de la acción revolucionaria de Georges Sorel, para el cual no la razón sino el mito es lo que permite “comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares” (1963:46).

En algunos meritorios académicos que se ocupan de la llamada “acción colectiva” encuentro la tendencia a trabajar con modelos, definiciones, enumeraciones y clasrñ-catorias que en el mejor de los casos soportan una analítica de los movimientos sociales, una disección más o menos pertinente de sus elementos constitutivos a la que sin embargo se le escapa el pathos crociano, la catarsis gramsciana o, en otros términos, su dimensión dialéctica entendida hegelianamente como nihilización creativa.

Porque la clave de los movimientos que hacen historia está en que ejercen el poder de la imaginación política para saltar fuera del tiempo lineal, en un ejercicio del todo semejante al que Gastón Bachelard veía en la imaginación poética; la imaginación que “escapa a la causalidad” y al “desprendernos del pasado y de la realidad, se abre al porvenir” (1965: 28). Los tiempos calmos hablan en prosa, los movimientos sociales son los poetas de la historia.

Bien lo sabía Hugo Chávez, cuya creatividad política le abrió la puerta a una Latinoamérica si no del todo justa y libertaria sí cuando menos inesperada y sorprendente, una Latinoamérica que antes de su primer triunfo electoral en 1998 ninguna prospectiva hubiera pronosticado. Decía Chávez:”El camino que elegimos nos obliga a crear permanentemente. No hay modelos anteriores. Hay que crear en la marcha de los acontecimientos” y concluía:”Esto es lo revolucionario”(Caloni, 2013).

El cartesianismo del pensamiento instrumental propio de la modernidad busca reducirlo todo a causas y efectos, a medios y fines. Por su parte el providencialismo de derecha o de izquierda con su visión unilineal y progresiva de la historia, nos convoca a ver en los acontecimientos sociales la sucesión de escalones por los que ascendemos a un futuro preestablecido. En la misma tesitura cierta sociología se ocupa sólo de las”leyes”o”regularidades”presuntamente explicativas del curso social e ignora el acontecimiento imprevisible, irrepetible, inexplicable, imposible. En todos estos enfoques se pierde el lado carnavalesco y performático de la acción multitudinaria; una praxis por lo general imaginativa y creadora que en la visión sociológica positivista es reducida a eventuales convergencias de individuos racionales movidos por el cálculo de los costos y los beneficios.

Mascarón de proa de esta sociología es la propuesta de Mancur Olson (1999): un modelo racionalista de la acción -tanto de la individual como de la colectiva- cuyo protagonista es un siempre sensato y calculador hommo economicus, un paradigma neo utilitarista incapaz de adentrarse en las abismales vetas de transgresión e irracionalidad siempre presentes en los movimientos sociales, rupturas que en esta visión aparecen como exabruptos marginales e indeseables, como epifenómenos de una acción racional que es lo que en verdad importa.

Algo semejante sucede con las lecturas estructuralistas y funcionalistas que, reconociendo la existencia no residual de comportamientos colectivos insensatos, los ven como producto de sistemas integrados y efecto de órdenes normativos previos, a cuyas necesidades responden o de cuyas contradicciones dan cuenta.

Aunque diversos, estos enfoques son todos herederos de la ilustración, el iluminismo y el positivismo de Augusto Comte:”el verdadero espíritu positivo consiste sobre todo en ver para prever, en estudiar lo que es para deducir lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales”(1962:60). Legado chatamente determinista que reformulo nítidamente Durkheim en sus Reglas del método sociológico:

Nuestro principal objetivo es extender a la conducta humana el racionalismo científico, haciendo ver que, considerada en el pasado, puede reducirse a relaciones de causa-efecto que una operación no menos racional puede transformar, seguidamente, en una serie de reglas para el porvenir. Lo que se ha llamado entre nosotros positivismo no es más que una consecuencia de este racionalismo (2011:9).

Gracias a Nietzsche y Freud, entre otros, la insensatez recuperó el lugar que el radical desencanto del mundo había querido quitarle. Pero no hay vuelta atrás. El iluminismo, el cientificismo y su lucha contra el oscurantismo y la superstición no fueron en vano y la recuperación de lo oscuro de lo irreflexivo se hace hoy desde la razón, aunque la de ahora es una razón descentrada que reconoce sus límites; es desde la ciencia que se valora la importancia de las intuiciones totalizadores del que Levy Strauss llamó”pen-samiento salvaje”; es desde la conciencia que se explora el inconsciente develado por el sicoanálisis; y es desde la universalidad -ciertamente incluyente y relativizada- que se reconoce la irreductibilidad de las singularidades.

Pero tampoco es posible volver atrás, a un racionalismo positivista previo a la crisis del ego cogito, como lo hacen las corrientes sociológicas de las que aquítomo distancia. Y es que desde estos miradores la acción -individual o colectiva- es vista o como manifestación de una racionalidad ontológica constitutiva del sujeto y previa a todo acto posible, y/o como efecto y función de un sistema estructurado y coherente. En ninguna de estas atalayas la praxis aparece como originaria, como constituyente de relaciones sociales y no sólo como constituida por ellas. Y por lo mismo ninguno da cuenta de la dimensión impredecible y poiética de los movimientos sociales, en tanto que verdaderos acontecimientos creadores de fugaces experiencias inéditas y con ello -quizá- de relaciones sociales más estables pero también nuevas.

Si a ciertos sociólogos se les escurre la realidad por las rendijas del andamiaje conceptual, es frecuente que por engolosinarse en los detalles a los etnólogos se les extravíe la vida de sus exóticas criaturas. La recuperación del pathos, de la catarsis, del alma de la “acción colectiva” es un desafío de las ciencias sociales que ya enfrentaron antes los literatos y los cronistas de viajes. Decía Stendhal, autor de la novela El rojo y el negro:”Describir usos y costumbres deja frío. Hay que transformar la descripción es estupor, (…) transformar la descripción en un sentimiento”[3].

En un brillante capítulo de El antropólogo como autor, titulado significativamente “Estar allí” Clifford Geertz escribe:

La habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen, tiene menos que ver con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con su capacidad de convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar (o, si se prefiere, ser penetrados por) la otra forma de vida; de haber, de un modo u otro, realmente “estado allí”. Y en la persuasión de que ese milagro invisible ha ocurrido es donde interviene la escritura (1997:14).

El problema con ciertos sociólogos de la acción colectiva es que no sólo no me convencen de que estuvieron ahí, ni siquiera me convencen de que les hubiera gustado estar ahí. Yo, en cambio, soy de la opinión de que cuando uno realmente estuvo ahí tiene que hacer valer sociológicamente esa vivencia. Y que ponerla en acto a la hora de escribir no es incompatible con la necesaria “vigilancia epistemológica” que entre otros preconizan Gastón Bachelard y Pierre Bourdieu. Sigo en esto no únicamente las -arriba mencionadas- recomendaciones de Geertz, sino también su ejemplo en el espléndido libro que es Tras los hechos, donde reconoce que, como sus informantes, también él tiene “historias que contar, visiones que revelar”. Y lo hace seleccionando fragmentos”arreglados y cortados a propósito para que encajen” con el fin de “tratar de inducir a alguien en algún sitio a mirar ciertas cosas de la misma forma”en que yo las miro (1996:67). Seguiré pues, su consejo.

Veamos. El 27 de julio de 2012, un exitoso novelista policíaco algo pasado de peso, un joven historiador y un filósofo entrado en años narraban episodios de la revolución mexicana a un público bullicioso y participante que se arracimaba en la esquina derecha de la carpa que el 132 había instalado bajo el Monumento a la Revolución. En la otra esquina de la gran tienda de campaña se afanaban los encargados de organizar el cerco a Televisa, en el que iban a participar también los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros contingentes. Fuera, bajo una llovizna persistente de la que mal protegía la alta cúpula del monumento, la banda se ocupaba en los más diversos menesteres: desde botear y pintar carteles hasta comer y fajar. Y no podían faltar los curiosos, tránsfugas del balneario en que los chilangos hemos transformado la fuente de la Plaza de la República. Otros días había ahí tocadas, teatro callejero, slam poético, debates, batucada.. . Aquello era un desmadre, un espléndido desmadre. Más allá de los consensos y disensos políticos que bajo esas carpas se cocinaron, las semanas de la acampada Re-evolución fueron una fiesta, un carnaval y a veces un aquelarre con hartas brujas y machos cabríos. Un trance utópico, un performance contrahegemónico, un ritual contestatario que tatuó para siempre el alma de sus oficiantes. Cierto, después del primero de diciembre todo se fue al carajo y el 132 anda a los tumbos, entre desfondándose y refundándose, pero lo bailado ¿quién se los quita? […]

¿Qué nos dice este texto? Ante todo que yo estaba ahíy que lo disfrutaba. Y también que además de denostar al duopolio televisivo y tratar de impedir la imposición de Peña Nieto, las acciones del 132 fueron epifanías, trances extáticos durante los cuales los oficiantes eran visitados por el “duende”al que invocaba el poeta García Lorca (1965), tocados por el “aura” mesiánica de Walter Benjamin (2008), de modo que si bien en términos de logros, por una parte, y de daños corporales, por la otra, el balance del movimiento es francamente rojo (dicho esto sin metáfora) es de esperarse que, como el 68 del pasado siglo, el 132 irá calando en el imaginario colectivo de ésta generación y de las próximas. Que no le digan, que no le cuenten, ésta hornada de mexicanos insumisos ya tuvo su mito fundacional.

Va otra. El primero de diciembre de 2012 yo protestaba por la imposición de Peña Nieto, y lo hacía con Andrés Manuel López Obrador y los de Morena y en el ángel de la Independencia, un lugar futbolero donde era difícil que prendiera la provocación. Mientras tanto, a dos kilómetros de ahí, en los alrededores de San Lázaro, el 132 y algunos contingentes de la Convención Nacional contra la Imposición, merodeaban por las proximidades de la muralla metálica que acordonaba el Palacio Legislativo. Todos sabíamos que de haber violencia el día de la toma de posesión del copetes, el beneficiado sería el gobierno, y que -tal como ocurrió- las proximidades de la barricada eran el lugar perfecto para la provocación. Sin embargo, mientras que mi cabeza racional estaba en el ángel con los prudentes, mi corazón apasionado estaba con los que protestaban de bulto y arriesgaban el pellejo por el rumbo del Congreso de la Unión. Porque en los movimientos sociales hay algo más que cálculo político y a veces las palabras no bastan, hay que poner el cuerpo.

¿Qué podemos leer aquí, además del íntimo desgarramiento de un activista setentón que ya no se anima a poner el cuerpo, porque se lo rompen? Sin duda, que los movimientos sociales se desarrollan en “arenas” donde los “actores” muestran su “agencia”en “interfaz”con otros “actores” y otras”arenas”; que hay “ciclos de protesta” y que ésta responde a “agravios” aprovecha las “oportunidades” echa mano de sus “repertorios de confrontación”y tiene “costos de transacción”; como nos enseñan Norman Long, Mancur Olson, Sidney Tarrow, Charles Tilly y otros connotados especialistas en la acción. Pero, además de cosas que podemos nombrar con los términos por ellos acuñados, debiéramos percatarnos de que los movimientos también tienen que ver con el cuerpo y escurren sudor, adrenalina, sangre; una dimensión irreductible al cálculo y que, en el fondo, es lo que los hace invencibles.

Como invencibles son las comunidades Zapatistas que a fines de 1993 decidieron por asamblea que en vez de morir de pobreza, hambre, enfermedad, parto, borrachera, filo, bala o humillación, que en vez de morir muertes impuestas por los otros, iban a morir su propia muerte, una muerte elegida que los hace invencibles. Y si alguien piensa que esto no es más que literatura, le recomiendo leer al Sup o de perdida la Fenomenología del espíritu, de Hegel, quien en el apartado sobre lo que se ha dado en llamar la”dialéctica del amo y el esclavo” escribe:”Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad […] El individuo que no ha arriesgado la vida puede ser reconocido como persona pero no ha alcanzado la verdad de ese reconocimiento”.

Sin subestimar la capacidad explicativa de paradigmas más o menos novedosos como”acción colectiva””acción racional””movilización de recursos””interaccionismo simbólico” “actor red” “conductividad estructural” “teoría de las oportunidades”… creo que también puede ser útil ver las experiencias juveniles debutantes a la luz de viejos resortes y añosos comportamientos como el mito, el aquelarre y el carnaval. Un mitin, una marcha, un bloqueo carretero, la toma colectiva de espacios públicos con fines contestatarios -lo que ahora llaman “ocupar” o “acampar”- no son aquelarres ni carnavales ni ritos que actualicen mitos, no hay ahí brujas ni machos cabríos (bueno, no muchos) ni comportamientos previamente codificados, además de que se celebran cuando hace falta y no por fuerza en semana santa. Hoy de lo que se trata es de carnavalizar la política. El desafío es seguir sacando al carnaval de la cuaresma y de su acotamiento como espectáculo, empleando sus poderosos recursos en desquiciar el orden que nos agobia.

Las voces de la calle En muchos lugares del mundo esta carnavalización ya está ocurriendo. En Chile el 14 de agosto de 2011, los”pingüinos”de secundaria y otros estudiantes que exigen educación superior gratuita y de calidad, organizaron en Valparaíso una Marcha carnaval hacia la sede del Congreso, en la que hubo consignas políticas pero también disfraces, pintura corporal, batucada. Dos meses después, en Nueva York, los manifestantes de Ocupa Wall Street desfilaron por las calles de Manhattan devorando puñados de dólares y disfrazados de zombis: muertos vivientes como los banqueros que sangran a la humanidad. Ese mismo año en Colombia los jóvenes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se movilizaban contra la reforma educativa. Al año siguiente en Quebec, Canadá, los estudiantes emprendían una huelga contra el incremento en el pago de la matrícula, que duraría 100 días y movilizaría a 200 mil personas por las calles de Montreal. A mediados de 2012 el movimiento #YoSoy132 rejuvenecía en México a la anquilosada protesta social con marchas multitudinarias y una alharaquienta acampada en el Monumento a la Revolución. En 2013 los jóvenes turcos que se manrñes-taban en la plaza Taksim y el parque Gesi, en Estambul, primero contra un desarrollo urbano inconsulto y luego contra la represión gubernamental, sacaron un piano de cola a la calle para acompañar sus canciones y el coreógrafo Erdem Gunduz inventó una forma inédita de protesta: las vigilias inmóviles y solitarias en la plaza, que pronto fueron replicadas por cientos de nuevos imperturbables “sólitarios” En junio de 2013, en Brasil, tras de varios días de protestas multitudinarias y espontáneas disparadas por un alza en el precio del transporte, los manifestantes decidieron acampar con sus hijos pequeños frente al Congreso Nacional, en Brasilia, ahí una pancarta decía “Cuidado, protestas jugando”.

Hay muchas cosas destacables en estos movimientos, entre ellas la imperiosa necesidad de teatralizar, de ritualizar y en definitiva de estetizar sus acciones. Estetiza-ciónde la protesta que nada tiene que ver con la belleza y sí con que, para una generación graduada en los videojuegos y en los videoclips, continente mata contenido o, dicho de otro modo, forma es fondo.

Una generación a la que no dejaron intervenir el mundo, hecho por sus mayores de una vez y para siempre, y a la que no dejaron intervenir la historia porque dizque ya había terminado. Pero que a cambio de estas prohibiciones y ataduras, mediante el graffiti y el estêncil, intervino los muros; mediante el fotoshop intervino las imágenes señalizadas de los medios; mediante tatuajes y piercing intervino su cuerpo; mediante música tecno, tachas y sicotrópicos intervino sus sentidos. Una generación así no puede escalar sus intervenciones expandiéndolas ahora al ámbito sociopolítico, sin exaltar la dimensión formal, estética de la acción colectiva.

Algunos verán en esta voluntad de forma un eco del barroco con el que presuntamente se estetizo el mestizaje americano (Echeverría, 2000). Yo veo más bien una intención grotesca (Bartra, 2013), una necesidad de transgredir que se manifiesta primero en el orden de las apariencias. Una actitud iconoclasta que se expresa a través de prácticas de inversión por las que se carnaliza el espíritu, se mundaniza lo sublime, se trivializa lo elevado y en general se pone al mundo de cabeza, es decir sobre sus verdaderos pies, si admitimos que desde hace mucho andamos alrevesados.

Transgresión carnavalesca que aplica para las propias prácticas contestatarias: la primera marcha grande del 132 no fue del ángel de la Independencia al Zócalo, como se estila, sino al revés: del Zócalo al ángel; la siguiente manifestación fue una paradoja pues no la convocó nadie, o más bien fue desconvocada para evitar provocaciones, y sin embargo se realizó y fue multitudinaria; en contraste con los prolongados y retóricos mítines con que concluyen las movilizaciones convencionales, en las del 132 por lo general no hay tribuna, ni sonido, ni oradores… No es de intención, es que así suceden las cosas al otro lado del espejo, como bien sabían Alicia y Lewis.

Los más recientes fueron años con aura, que diría el filósofo, con duende, que diría el poeta. Años de desmecatadas carnestolendas donde el Corán y la Biblia compartían en buen plan las alharaquientas plazas magrebíes; pandemoniun altermundista de encimosos ocupa y chimiscoleros piratas cibernéticos; aquelarre contestatario donde grotescos activistas, unos tiernitos y otros que ya no se cuecen al primer hervor, suplían con ventaja a los íncubos y súcubos del medioevo… Quizá entre 2011 y 2013 no cambiamos el mundo pero sin duda lo hicimos menos siniestro y opresivo, más aireado y luminoso.

El testimonio de un aganaktismeni griego ilustra bien el talante neoutópico de los activistas del tercer milenio:

¿Cómo se hace la revolución? Sepa. Pero hoy, en Grecia, se despliega desobediencia popular en todos lados. Vivimos dentro de su sistema, vivimos entre ellos, pero pensamos, actuamos y respiramos como si estuviéramos más allá de su mundo cerrado. Nos sentimos más libres. Rompemos todos los días la disciplina que intentan imponer […] Vivimos entre ellos y sin ellos, trabajando por la mañana y participando en marchas, protestas, asambleas en la tarde […] Creamos en cada barrio pequeños grupos de apoyo para no pagar los impuestos, para reconectar la luz en las casas que no pueden pagar, para ocupar los espacios de trabajo, para reaprender a hacer las cosas a nuestra manera, para no sentirnos solos […] (en Esteva, 2011).

En el número uno de la revista Tidal de los Ocupa Wall Street, aparecido en diciembre de 2011, el movimiento estadounidense se explica:

Nos nacieron en un mundo de fantasmas e ilusiones que han perseguido nuestras mentes a lo largo de todas nuestras vidas […] Crecimos en este mundo de pantallas e hipérbole e imaginería surrealista […] No tenemos una idea clara de cómo se siente realmente la vida […] Hemos venido a Wall Street como refugiados de esta tierra nativa de sueños, buscando asilo en la realidad […] ¿Qué queremos de Wall Street? Nada, porque nada puede ofrecernos […] Hemos venido a desvanecer nuestros fantasmas […]; a construir relaciones genuínas entre nosotros y con el mundo; y a recordarnos que otro camino es posible […] (en Esteva, 2012).

Restablecer la multidimensional convivencia, propia de las comunidades verdaderas, es la función específicamente carnavalesca de las acciones colectivas contestatarias. Tienen razón los Ocupa Wall Street, el programa son ellos mismos, no lista de demandas justas sino utopía vivida, altermundismo en acto, aquelarre. Algunos habrá que vayan a verlos como quién visita un zoológico, pero de lo que se trata es de meterse en la jaula hasta que la especie en extinción sean los otros.

“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir” han dicho los indignados de la madrileña Plaza del Sol, citando a Shakespeare. Consigna memorable que no desmerece frente al “Seamos realistas, pidamos lo imposible”de sus abuelos, los enrages del Barrio Latino.

La sorpresiva marejada juvenil brasileña iniciada en junio de 2013, documenta nítidamente el nuevo tipo de activismo social cuyo nacimiento -o renacimiento porque ya existió en los sesenta del pasado siglo- estamos presenciando. El jueves seis de ese mes dos mil manifestantes protestaban en Sao Paulo por una alza de pasaje en el transporte urbano, el jueves siguiente ya eran 50 mil en Sao Paulo y había réplicas en otras ciudades, pasada una semana más un millón 250 mil personas se manifestaba en 460 ciudades brasileñas y ya para entonces las demandas se habían extendido del transporte a la educación y la salud, además de la exigencia de acabar con la corrupción y con el dispendio motivado por la preparación del mundial de fútbol de 2014, del que Brasil fue sede. Un factor incendiario que calentó la lucha y propició el vandalismo fue la violenta represión de la fuerza pública. Aunque las primeras acciones las convocó a través de las redes sociales Movimiento Pase Libre (MPL), que tiene unos 270 mil seguidores y demanda la gratuidad del trasporte público, las movilizaciones subsecuentes se extendieron casi sin convocatoria sin dirección aparente y sin que los participantes estuvieran formalmente estructurados, hasta que a fines de junio algunas convergencias sindicales como la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y organizaciones campesinas como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), anunciaron que se incorporaban al movimiento respaldando sus propuestas y esgrimiendo demandas propias.

Al principio la perplejidad de muchos por el estallido, pretendía sustentarse en el hecho cierto de que en la década reciente han gobernado Brasil Luiz Inácio “Lula”da Silva y Dilma Rousseff, militantes del Partido de los Trabajadores, y que durante sus administraciones se crearon casi dos millones de empleos anuales, los salarios reales aumentaron 50% y cerca de 40 millones salieron de la pobreza e ingresaron en la clase media. Medio pelo al que pertenecen la mayoría de quienes se movilizan y que, según esto, no tendrían razón para protestar.

Con el paso de los días fue resultando evidente que si bien es constatable y plausible el ascenso social de muchos brasileños antes extremadamente pobres, Brasil sigue siendo uno de los países socialmente más polarizados del continente con un Coeficiente de Gini de 0.547, también lo es que la calidad de la vida urbana empeoró dramáticamente en la década pasada, pues no se invirtió en transporte público y otros servicios básicos, mientras que la especulación inmobiliaria elevaba el precio de la tierra y el monto de los alquileres que se incrementaba 150% en los últimos tres año[4]; además de que si bien en los años recientes se duplicó el número de universidades públicas la oferta educativa sigue siendo de mala calidad e insuficiente pues el índice de escolaridad es de apenas 7.2 años. A esto se agrega que la moderada prosperidad de millones de pobres ha ido acompañada del ofensivo enriquecimiento de un puñado de ricos; que la infraestructura destinada el mundial de 2014está suponiendo un gasto exorbitante, y que desde 2011 la economía casi se estancó mientras que se disparaba la inflación. Entonces, hay factores estructurales que explican el malestar. Pero ¿eso es todo? ¿En el fondo lo que hay son sólo indicadores socioeconómicos insatisfactorios?

Según encuestas recientes, el 80% de los brasileños quisiera mejor transporte y otro tanto demanda mejores servicios médicos, mientras que uno de cada tres quiere mejor educación y menos corrupción. Paradójicamente el 70% manifiesta estar satisfecho con lo que hoy tiene… y sin embargo el 75% apoya las marchas. ¿Quién los entiende? A menos que las marchas no sean sólo un medio para conseguir mejores servicios sino algo más: un mododedecir”¡Aquíestamosyel países nuestro!”

Porque en Brasil la milionária inclusión social ocurrida en la última década fue impulsada desde arriba por el gobierno, pero sin que mediara participación social. Los mayores de 30 años posiblemente participaron en la resistencia a la dictadura entre 1964 y 1979, en las grandes movilizaciones para destituir al presidente Collor de Melo en 1992, o para llevar a Lula al gobierno en las elecciones de 2002, pero los nacidos en la última década del siglo XX, la llamada”generacióndel milenio” ha visto pasar los años sin participaren la historia.

Y están hartos. No sólo porque los que gobiernan no lo hacen del todo bien, sino porque gobiernan sin ellos; porque en el gigante del Cono sur los jóvenes -no los inventados por los medios o por las estadísticas sino los realmente existentes- son espectrales, son invisibles.

A diferencia de lo que ocurre en todos los demás países donde los jóvenes protestan, en Brasil hay un gobierno de izquierda encabezado por una mujer, Dilma Rous-seff, que cuando tenía los mismos veinte años que han cumplido o cumplirán pronto muchos de los que hoy gritan en las calles, era guerrillera. Y da la impresión de que Dilma se dio cuenta de lo que el movimiento representaba. Después de unos días de pasmo, la presidente declaró enfáticamente: “Mi gobierno está oyendo las voces democráticas que piden cambios […] Yo los estoy oyendo […] Las calles quieren más salud, educación, seguridad, transporte […]”. Y reconoció que “las manifestaciones trajeron importantes lecciones”y que “tenemos que aprovechar el vigor” de ese movimiento. Tres días después se reunió con representantes del MPL y después con gobernadores y alcaldes, y propuso cinco pactos para responder a las “voces de la calle” puntos que como era de esperarse se refieren a educación, salud y trasporte, rubros a los que se piensa destinar toda la renta petrolera.

Pero lo que me parece más importante del planteamiento hecho por Dilma el 24 de junio, es la propuesta de que el Congreso convoque a una asamblea constituyente y si no es posible un referendo, que deberá discutir una reforma política destinada a acotar a los partidos y a los parlamentarios, grupos de interés que el sistema actual de financiamiento privado a las campañas mantiene sumidos en un fangoso mundo de chantajes y pago de favores, que es la base de la incontrolable corrupción. De hecho lo que se propone es abrir un período de amplia participación ciudadana que permita construir un nuevo pacto social, cuando menos en lo tocante a las reglas del juego político. Y con esto la presidente rebasa por la izquierda al movimiento, no a base de concesiones, dádivas y promesas sino buscando que la movilización popular sirva para modificar la correlación de fuerzas a favor del polo progresista. La iniciativa era buena pero, a principios de 2014 cuando escribo esto, las fuerzas conservadoras no la habían dejado pasar.

En la postura del gobierno brasileño encuentro un eco del planteamiento sobre las “tensiones creativas” que hace unos años hiciera otro gobernante progresista, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, refiriéndose a que cuando hay un cambio social en curso, las contradicciones”al interior del amplio bloque popular” es decir entre los diferentes sectores del pueblo, que quieren democratizar las decisiones, y el gobierno, que por definición tiende a concentrarlas, son deseables y constructivas pues pueden resolverse a favor del proceso.

YoSoy132 En 2012 también en México los chavos se hartaron, y su coraje cobró la forma de multitudinarias, airadas, carnavalescas movilizaciones.

Despliegues callejeros como el del 19 de mayo de 2012, una acción no partidista pero claramente política y en repudio a Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, y contra las televisoras que lo respaldaban, que fue convocada por estudiantes de la Universidad Iberoamericana a través de las redes sociales y movilizó a 40 mil personas en el D. F.ya 10 mil en los estados. Como el mitin del 20 de ese mismo mes, también convocado vía web, pero esta vez por activistas culturales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que congregó a 20 mil jóvenes en el Zócalo, en apoyo al candidato de la izquierda a la presidencia de la República. Como la concentración del 21 en la Plaza de las Tres Culturas, donde jóvenes adherentes de Morena provenientes de todo el país escucharon a López Obrador. Como la acción del 23 del mismo mes, ya convocada por el recién constituido movimiento estudiantil YoSoyl 32, que llevó a la llamada Estela de la Corrupción conocida por los jóvenes como “la suavicrema”a unas 20 mil personas críticas de la manipulación mediática en favor de la derecha.

El punto más alto de una movilización social juvenil que a la postre resultó intensamente política y claramente electoral pero a la vez tajantemente apartidista, fueron las grandes marchas del 10 de junio de 2012, que convocaron a más de 100 mil personas en la capital de la República, seis mil en Guadalajara, dos mil en Cuernavaca y contingentes mayores o menores en 18 ciudades más.

A esto siguieron una Asamblea Cultural que con el apoyo de Circo Demente y la música de Panteón Rococó, Los de abajo, Los músicos de José, Los malditos cocodrilos, Botellita de jerez, Natalia Lafoucade y Barricada Azul reunió a 100 mil en un Zócalo lleno de banda aperrada por la aglomeración. A la algarabía sigue el 30 de junio una “marcha del silencio” en acatamiento de la prohibición de hacer política en la inminencia de los comicios. Tras del anuncio de los resultados electorales se convoca una marcha contra la imposición y el 26 de julio un nuevo cerco a Televisa.

Así, con una breve pero intensa secuencia de acciones callejeras, los estudiantes reaparecieron multitudinariamente en la escena política mexicana después de un mutis histórico de casi medio siglo, apenas interrumpido en 1986 y 1999 por huelgas en la UNAM motivadas por cuestiones educativas. Y lo hicieron con una añeja bandera antisistémica: el repudio al autoritarismo manifiesto en la imposición de gobernantes, leyes y políticas, pero también de decisiones menudas igualmente opresivas. Una antidemocracia cuya contraparte es el “masaje” mediático que nos recetan las televisoras.

Sorprendió a algunos que el antiautoritarismo juvenil se asociara con la defensa de los comicios como espacio no único pero si privilegiado de la democracia. Pero ellos lo tenían claro. “Nos han tratado de separar del término “política” como si fuera una enfermedad […] Somos apartidistas (pero) todo el tiempo hacemos política” (Muñoz, 2012:134), observa Virginia de la UNAM y del 132. Y redondea la idea Melissa:

El movimiento se declara apartidista porque no sigue la línea ideológica de ningún partido, pero no es apolítico porque lo que hacemos es política. López Obrador […] no hubiera sido la solución a todos los problemas que hay, pero creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que tiene una línea electoral pero con una base ciudadana. No queríamos plantear el voto nulo, queríamos que la gente pudiera decidir entre las opciones que hay. Sin embargo el movimiento fue claro y dijo que la lucha iba a seguir adelante aunque ganara López Obrador (Muñoz, 2012:154).

La politización electoral de un movimiento que sin embargo era ajeno a los partidos abrió la puerta para que, a través de la Convención Nacional contra la Imposición, organizaciones sociales que hasta ese momento se habían abstenido de participar abiertamente en la campaña, se incorporaran a la lucha contra el candidato de la derecha y así, de soslayo, apoyaran al candidato de las izquierdas. Por cierto, habría que recordar que en el segundo encuentro de la Convención, realizado en Oaxaca, participó entre otras muchas una delegación de Morena sin que la abuchearan por protopartidista.

No podemos saber de cierto si en 2012 los jóvenes votaron y por quién. Pero declaraciones como las arriba citadas, planteamientos del 132 como el Posicionamiento ante las elecciones, hecho público el 26 de junio: “Respetamos el voto libre, crítico e informado de quien ha decidido dar la lucha electoral” y también el haber participado en las movilizaciones del 132, coreado sus consignas y leído algunos de los incontables carteles personalizados que los marchantes exhibían, da sólidos elementos para suponer que los estudiantes de enseñanza media y superior no son, en su mayoría, ni conservadores ni electoralmente abstinentes. Lo que explica, en parte, que en la elección presidencial la izquierda haya ganado la mayoría de los distritos urbanos de clase media, donde se concentra gran parte de la población escolarizada en edad de sufragar.

En el principio estuvo el tropezón de Enrique Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde no pudo mencionar tres lecturas que lo hayan marcado. El tuit de su hija Paulina, que llamó a los críticos “prole” y “bola de pendejos” profundizó el escándalo. Pero, lo que catapultó el movimiento fue su respuesta al ser cuestionado durante una comparecencia ante estudiantes de Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, institución privada propiedad de los jesuitas a la que concurren jóvenes de posición económica más que desahogada (tan así que cuando con mala leche los periodistas les preguntan quién financia sus movilizaciones, responden: “¡Papi!”… En broma, claro). Ahí, el candidato del PRI alardeó de la cruenta agresión a los pobladores de Ateneo perpetrada durante su gobierno en el Estado de México, en un balconeador desplante verbal digno del ex presidente Díaz Ordaz: el chacal del 68. Lo de Ateneo, dijo,”fue una acción determinada personalmente para restablecer el orden y la paz, en el legítimo derecho que tiene el estado mexicano de hacer uso de la fuerza”. Tampoco le ayudó al hombre que se apuntaba para cumplir y hacer cumplir la Constitución, no saber que significa “anomia” Todo aderezado con el impúdico manipuleo del duopolio televisivo, que haciéndose eco de personeros del candidato como Pedro Joaquín Coldwell, acusó a los inconformes de la Ibero de ser porros al servicio de López Obrador.

Con base en las decenas de entrevistas realizadas por los periodistas de la revista electrónica Desinfórmemonos, traté de reconstruir los acontecimientos del 11 de mayo. Y lo hice recuperando el habla de los chavos, neolalia que los balconea como nativos digitales de la generación que nació con un mouse en la mano.

Démosle clic. En 2006, cuando ocurrió la represión en Ateneo ordenada por el presidente Calderón y el gobernador Peña Nieto, seis emputados chavos y chavas de la Ibero bajaron y repartieron Romper el cerco, el devedé del Canal 6 de julio, y aventaron unos flyers en el campus. Nadie los peló y la seguridad les quitó todo. En 2012 fue distinto.

En cuanto saben que el 11 de mayo Peña Nieto irá a la Ibero de Santa Fe, los que estudian comunicación se coordinan por WhatsApp para hacer en la compu máscaras de Carlos Salinas y flyers sobre Ateneo, que en la mañana imprimen, además de varios stenciles y una manta de las tradicionales hecha sobre la sábana que uno de ellos expropia a su familia. Los de historia, por su parte, editan un devedé documentando las trapacerías del PRI y lo reparten. La tarde y la noche anteriores, y la mañana del 11, los tuits y retuits se multiplican y la red de followers se extiende. Cuando llega el candidato a la Ibero, además de sus fans con copetes de goma, lo esperan la manta, los flyers, las máscaras de Salinas, gente con las manos pintadas de rojo, decenas de carteles con mensajes injuriosos y unas chavas con playeras pintadas que debajo solo traen el brassiere para que la seguridad no se las pueda quitar. Además, los inconformes han preparado preguntas comprometedoras y algunas de ellas salen en el sorteo. Peña Nieto primero se balconea, luego se paniquea y al final se esconde en el baño. Cientos de celulares registran y suben las imágenes, que los ausentes captan en el streeming y otros reciben por skype. El livestream, los innumerables memes y hasta un quizz en el que participa un medio digital del norte, hacen del hashtag #EPNIaibe-roNoTeQuiere un duradero trendingtopic. Saturadas, algunas compus crashean… En los días siguientes los videos delatores se suben al YouTube mientras que el Twitter y el Facebook se calientan y más hashtags sobre el candidato y sus desfiguras se vuelven trending topic. Y el colmo, algunas intervenciones en las asambleas de la Ibero emplean Power point… Lo demás es historia.

La web y los recursos digitales le dieron enteral 132, pero como ha insistido la chilena Camila Vallejo, refiriéndose al movimiento estudiantil de su país, los movimientos necesitan trascender a la red.

“Las redes sociales posibilitan la articulación del movimiento -dice Tania, del 132-Sin embargo perdemos donde las plataformas no han sido desarrolladas. Necesitamos encontrarnos en la interuniversitaria para hacernos escuchar, vernos fuera de las redes sigue siendo fundamental” (Muñoz, 2012:240-241).

Desde mayo de 2012 la nación comenzó a hablar por boca de sus jóvenes. Y era elocuente:”El futuro es ahora” decía un tuit;”La vida empieza después de los comerciales” puso en su cartel un manifestante;”Si no ardemos ahora ¿Quién iluminará esta oscuridad?” garabateó otro. “Es mi primera vez, y votaré por el pez” escribió una niña, aludiendo a López Obrador, candidato de la izquierda y proverbial Pejelagarto.

Afines de 2012, cuando la imposición se había consumado, acuñaron frases como: “Me duele México””Me gustas democracia porque estás como ausente””México lindo y qué herido” y una que resulta premonitoria cuando la reforma energética que nos asestó el debutante gobierno de Peña Nieto amenaza con entregar a las trasnaciona-les y otros inversionistas privados, no los fierros de Pemex pero sí la renta petrolera: “Quien compra la presidencia, venderá el país”

No encuentro en el discurso verbal del 132 escritos memorables como los del Sup, por ejemplo, pero sí frases contundentes, lapidarias. Capacidad de síntesis atribui-ble a la disciplina del twitter. En el discurso con el que agradeció que le otorgaran el Premio Nobel, el poeta Joseph Brodsky dijo. “Creo que para quien ha leído mucho a Dickens, disparar contra el prójimo en nombre de una idea es más problemático que para quién no lo ha leído”. El anónimo manifestante del 132 escribió con plumón en su cartulina/’Quien lee poco dispara mucho” No cabe duda: tuit mata rollo.

En un mes, los escolares de educación media y superior pasaron de ser público desatento a ocuparei centro del escenario político. Antes de junio de 2012, los jóvenes estudiantes ya estaban ahí, agazapados en las redes sociales del mundo virtual donde hoy conviven. Y siguen en la red que por ratos se transformó en un carnaval contestatario lleno de humor y de ira: “Sesenta años durmiendo, doce años soñando. Yo ya desperté ¿Y tú?”. Pero también están en las calles:”No vine por mi torta, vine por mis huevos”. “El poder está en nuestras manos -han dicho- no perdamos la oportunidad de hacer y cambiar la historia de nuestro país”

Al principio el movimiento se orientó contra los medios electrónicos y en particular las televisoras que los descalificaban y eran los gestores de la imposición presidencial. Pero en pocos días amplió su perspectiva y para el 28 de junio ya se definía como”anti-neoliberal”.”Nuestros pasos tienen memoria” proclamaba un cartel, y el manifiesto leído el 26 de julio en el cerco a Televisa es, entre otras cosas, un puntilloso memorial de los agravios sufridos por las dos últimas generaciones de mexicanos:

Cuando llegamos estaba el mundo y éramos ya un pueblo con hambre y siglos de opresión. Éramos cúmulo de descontento, éramos fraudes electorales sin revolución, éramos Chiapas y 500 años sin nombre levantados en armas, éramos Aguas Blancas y el pueblo en la tierra asesinado, éramos crisis y deudas ajenas, manos sin trabajo, éramos huelga, barricadas aplastadas. Ateneo y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de represión. Éramos trabajo de esclavos, familias migrantes, infancia calcinada, cuerpos en puentes colgados, víctimas del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado […] Dijimos que #YoSoy 132 es ponerse de pie ante la afrenta y negarse a bajar la cabeza. Es no aceptar la representación que nos imponen como realidad[5].

Si “el sistema” es todo lo que nos jode, las movilizaciones juveniles de 2012 fueron antisistémicas y lo dejaron claro en el ya citado discurso del cerco a Televisa, que fija seis puntos programáticos:”Democratización de los medios de comunicación””Cambio del modelo educativo, científico y tecnológico” “Cambio del modelo económico neoliberal” “Cambio en el modelo de seguridad nacional” “Vinculación con los movimientos sociales”y”Cumplimiento del derecho a la salud”.

Pero sobre todo tienen una espontaneidad y una frescura infrecuentes. A fuerza de foto shop y plotter, la marcha del 10 de junio de 2012 fue una fiesta de la imaginación en la que cada manifestante llevaba su propio mensaje. Batucada, aquelarre, carnaval contestatario en el que no faltaron consignas tan políticamente incorrectas comoel”¡Peña puto!, ¡Peña puto!”que coreaban alborozadas un puñado de niñas “bonitas pero no pendejas” como dice su cartel, que hace no demasiados años debían gritar”¡moco, pito y caca!” con idéntico ánimo transgresor.

Una somera revisión de las grandes eclosiones populares empezando por la Revolución Francesa y la Comuna de París y pasando por los carnavales contestatarios de 1968, permite constatar que más allá de sus resultados tangibles las grandes emergencias sociales son eventos culturales a veces míticamente fundacionales, que me-tamorfosean a quienes las viven y a la postre transforman también los imaginarios colectivos de los pueblos que las reciben como herencia. Todos los enrolados participan de la experiencia extática pero algunos se animan a comunicarla y a darle el peso político que tiene.

La Gran Revolución de 1789, puso patas arriba el imaginario de occidente; la Comuna de París de 1871, redefinió el talante del socialismo; la revolución rusa de 1914 inauguró el mundo bipolar del siglo XX; el 68 francés dio banderazo de salida al protagonismo de los movimientos sociales. Y si estas emergencias populares ocurridas en lapsos de alrededor de medio siglo, no fueron simples eslabones de una cadena causal preestablecida sino verdaderos acontecimientos, es decir disruptivos y fundacionales, hay que verlas también como trances iniciáticos, como vivencias inauditas de cuyo vértigo dan fe sus protagonistas más abismados.

Ese día todo era posible… El futuro fue presente, es decir, ya no hay tiempo sino un relámpago de eternidad. Jules Michelet, Francia, 1789 (en Leví-Strauss, 1970:189).

Era una fiesta sin principio ni fin… Parecía que el universo entero estuviera al revés; lo increíble se había convertido en habitual, lo imposible en posible. Mijaíl Bakunin, Francia, 1871 (en Reszler, 1974:40).

Y luego la palabra… Conferencias debates, discursos… en teatros, circos, escuelas, clubes, salas de reu
niones de los soviets, locales sindicales, cuarteles… Los 40 mil obreros de la fábrica Putilov saliendo en
torrentes para escuchar a socialdemócratas, socialistas revolucionarios, anarquistas… Durante meses,
en Petrogrado y en toda Rusia, cada esquina era una tribuna pública. John Reed, Rusia, 1917(1974:41).

En el momento de la explosión, un lunes cualquiera, todos nos echamos a la calle por primera vez… Había mucha gente… Las primeras piedras… He vivido momentos de libertad que me parece muy difícil que vuelva a tener en mi vida. Julián G., Francia, 1968 (Durandeaux, 1970:24).

Idéntica vivencia encontramos en los debutantes chavos del 132. Habla Mariana:

Cuando entran los contingentes al Zócalo, todos guardan silencio. Volteas a ver y muchos están llorando. Es un silencio tan solemne… Pero luego se escucha el grito ¡YoSoyl32!… Conmueve mucho… Hay un compa que dice que este movimiento es lúdico y terapéutico; que sabemos que hay cosas inevitables pero cuando estamos juntos es mucho menos peor. Una de las grandes aportaciones del movimiento fue sacarnos de la soledad… y darnos algo que se nos había negado a los jóvenes: tener comunidad (Muñoz, 2012:95).

Y digo yo: el que al irrumpir en el gran comal cívico del Zócalo saliendo en contestatario tropel de la caja de ecos que es Madero, no haya sentido ñañaras y sabido que ora sí tenía comunidad, que alce la primera ceja sociológica.

El 132 no cambió a México pero cambió a sus participantes y esto, tarde o temprano, cala en los sentimientos de la nación. Hablan tres de los entrevistados por Desin-fórmemonos:

Dice Luis:”Lo que viví en el ITAM, cambió mi vida, nunca lo voy a olvidar”. Recuerda Virginia: “A mí también me cambió la vida un montón… El día de la marcha de lasua-vicrema, de verdad, nunca había sentido esta cosa en la panza y en la piel, asíque dije, no mames, es un montón de gente”. Remacha Sandra:”EI movimiento cambió mi vida. No fue sólo en la Ibero. Luego el enojo se contagió a los jóvenes que estaban en el D. E, en los diferentes estados o en otros países… Yo no creo que sólo haya cambiado mi vida, cambió la vida del país en general”.”Esta marcha es más grande que las del 68 ¿verdad?” pregunta esperanzado un manifestante adolescente a su acompañante canoso. Claro que es más grande, y más alegre, y más creativa… Por fin esta generación se libró del ritornelo con que las anteriores fueron atosigadas por padres y abuelos. Ya no el proverbial:”Yo a tu edad…” sino el más insidioso:”Porque nosotros, los estudiantes del 68…” Pase lo que pase en los años por venir este es el 68 del tercer milenio. Los del viejo 68 ya podemos morir en paz. En una manta portada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, leo el mensaje que los chavos nos envían:”Somos nietos de los que no pudieron matar, hijos de los que no pudieron callar y alumnos de los que no pudieron comprar”

El 132 se apagó y para muchos de sus participantes el languidecimiento todavía duele. Así las cosas, no me animo a terminar esto con una conclusiva conclusión sociológica, sino con un alentador Continuará y dándoles la palabra a los protagonistas que hablan mucho mejor que los académicos. Dice Melissa:

Mi temor… Yo tengo 30 años y a mi generación le han tocado los tres grandes fraudes electorales… Nos ha tocado la crisis política, la crisis económica, la devaluación; nos tocó todo, los 70 mil muertos, la invasión del narcotráfico. El otro día mi padre hablaba de la marcha que hubo después del 88, y de que querían la revolución, y que los paró Cárdenas. Y yo le dije, bueno y porque no hiciste nada… Me daría miedo decirles a mis hijos dentro de 30 años que viví algo así, y que nos cansamos, nos gastamos. Y que ellos sufran un México todavía peor que el que a mi generación le ha tocado vivir (Muñoz, 2012:167).

Dice Max:

La generación del 132 se planteaba como una generación perdida, hija del neoliberalismo, apática, individualista. Demostramos que no era así. Pero podríamos entrar en lo que los Zapatistas llaman la larga noche; podríamos entrar en el espíritu de decepción, de desánimo, de desmotivación que nos estanque (Muñoz, 2012:169).

El debe y el haber de los movimientos juveniles Seamos realistas, pidamos lo imposible, reza la consigna del mayo francés de 1968, pero su complemento no menos válido es Seamos utópicos, hagamos lo que se pueda. Dicho de otro modo: no olvidemos nuestros sueños pero empujemos aquíy ahora los cambios necesarios para mejorar nuestra penosa situación.

La experiencia utópica y la subversión carnavalesca de las que me he ocupado, no niegan ni suplen otra dimensión igualmente importante del altermundismo: la que conforman la estrategia política contestataria y la ingeniería social reformista. Prácticas instrumentales que se mueven en la esfera del posibilismo y demandan firmeza en los principios pero también eficacia y eficiencia. Ahora bien, desde la insoslayable perspectiva de la llamada realpolitik, el saldo del excéntrico activismo con el que arranca el tercer milenio parece bastante modesto.

El asunto tiene historia. Recordemos que después del mayo francés de 1968, en las elecciones de julio a la Asamblea Nacional, los partidarios del gobernante, general De Gaulle, con una mayoría absoluta de 7 millones devotos, derrotaron ampliamente a la izquierda electoral formada por el Partido Comunista Francés y la Federación de Izquierda Democrática y Socialista, que obtuvieron menos de 3 millones cada uno. Y así sucede en el cabalístico año de 2011: en la España de los indignados el derechista Partido Popular de Mariano Rajoy gana abrumadoramente la presidencia y la mayoría legislativa; en Egipto los jóvenes manifestantes de la Plaza Tahrir -en su mayoría libertarios y laicos- que en enero defenestran a Hosni Mubarak, y los partidos seculares que bien que mal los representan, son barridos en las elecciones legislativas de noviembre por agrupaciones integristas como los Hermanos Musulmanes y la Alianza Islámica, que juntos obtienen casi el 70% de los votos; en Estados Unidos el activismo de los Ocupa Wall Street no hace mella en el imparable avance de la derecha Republicana y su Tea Party; en México la pasmosa emergencia del YoSoyl 32 no fue suficiente para impedir que su bestia negra, Peña Nieto, llegara a la presidencia.

En lo que toca a nuestro país es claro que desde 2013 el 132 oscila entre el desfiguro y la reconfiguración. Y es que, guardadas las proporciones, el primero de diciembre de 2012 fue el 2 de octubre del nuevo movimiento estudiantil. Por las granadas lacrimógenas y las balas de goma que la policía federal disparaba al cuerpo de los manifestantes un joven perdió un ojo, un teatrero terminó en coma y un año después falleció, y muchos más fueron heridos. Mientras tanto, la policía de la ciudad detenía injustificadamente a 100 personas de lasque 14 fueron enjuiciadas. La agresión de la autoridad defeña ha sido cuando menos investigada y cuando escribo esto, en mayo de 2014, se está en proceso de resarcir el daño. En cambio a la brutalidad de la fuerza federal no se le ha dado ningún seguimiento y siguen impunes sus responsables dentro de la administración de Peña Nieto, que ese mismo día tomaba las riendas del país.

El cerco de San Lázaro el día de la toma de posesión del nuevo gobierno, causó polémica y divisiones desde su planeación. Una corriente del movimiento contra la imposición proponía movilizarse en torno al palacio legislativo pero evitando los choques, mientras que otros insistían en la necesidad de “acciones contundentes”. A mi juicio la idea misma de desplazarse frente a las barricadas era discutible por riesgosa. Algunos, quizá los del Frente Popular Revolucionario, provenientes de Oaxaca y participantes en el movimiento de la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, debieron recordar que la movilización con que la insurgencia oaxaqueña trató de cercar el centro de la ciudad ocupado por la policía federal, terminó en una sangrienta confrontación que no se proponían ni deseaban. Y es que salir al encuentro de las posiciones fortificadas de la fuerza pública, cuando es cantado que el gobierno que la maneja está buscando el choque que justifique la satanización del movimiento por presuntamente violento, es siempre una decisión impertinente o cuando menos arriesgada.

Y los meses que siguieron al primero de diciembre de 2012 fueron aún más traumáticos que el propio día de la represión inaugural del régimen. La emblemática acampada del Monumento a la Revolución se desmanteló y muchos de los participantes originales en el 132 se desmovilizaron regresando a sus rutinas académicas. Aunque quizá no a sus viejos hábitos mentales, pues marchar por las calles en compañía de decenas de miles deja huellas imborrables. El resto se ha ido desgajando en diferentes tendencias. Creo reconocer entre ellas a una corriente narodniki, que se autodenomina “clasista”y busca conectar con las luchas de diferentes sectores populares, en el D. F.; esta postura está representada sobre todo en el llamado Frente Oriente. Otros, que ya estaban cerca del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o que se vincularon posteriormente con esta organización, no sólo están rejuveneciendo a un obradorismo donde predominaba la tercera edad, también están llevando al futuro partido de las izquierdas un pertinente aire contestatario y movimientista. Otros más radicalizan el discurso, se ponen el pasamontañas y emprenden acciones de confrontación, por lo general con poca pertinencia y ningún consenso. De ellos se dice que son “provocadores”e “infiltrados” Yo en cambio, sin compartir sus dichos ni sus hechos, pienso que más allá de los colados que cobran en Gobernación, lo que llaman “la ultra”es el producto natural de un movimiento que no alcanzó sus fines: Peña Nieto es presidente, Televisa sigue siendo el “gran hermano”y con el regreso del PRI al poder la imposición se extiende a todos los ámbitos. Pero que además fue reprimido y calumniado. ¿Qué esperaban de los jóvenes? ¿Qué se fueran a sus casas a chatear y lamerse las heridas?

Por si no fuera suficiente la “guerra contra el narco” en la primera mitad de 2013 la violencia social creció exponencialmente en México a resultas de las formas de autodefensa armada con que las comunidades rurales se defienden de la delincuencia organizada, incluyendo en ésta delincuencia a la de la propia fuerza pública. Y también entre los estudiantes se van extendiendo las medidas drásticas y, en ocasiones, las acciones violentas. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) vivió una huelga de más de cien días; en el mes de octubre varias escuelas del Instituto Politécnico Nacional se fueron al paro; en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Naucalpan un grupo de estudiantes incendió la dirección, posteriormente otros jóvenes tomaron la dirección general de los CCH, en Ciudad Universitaria y dos meses después un pequeño grupo ocupó la base de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); más recientemente un puñado de estudiantes tomó las instalaciones de la Preparatoria 6, de la UNAM, y días después un grupo ocupó las oficinas de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa; el 10 de junio pasado, en el 42 aniversario del haIconazo, jóvenes encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública en el Zócalo…

Interrogado sobre la presunta violencia de una parte del movimiento juvenil un miembro del Frente Oriente declaró recientemente:

La violencia viene del Estado. Es violencia que haya medio millón de jóvenes analfabetos; que 8 millones de jóvenes no tengan acceso a la educación… El sistema no nos da respuestas ni alternativas; nos han cerrado todas las puertas: la electoral, la del trabajo, la de la educación… eso es violencia (en Rodríguez, 2013).

Al llamar la atención sobre el aporte de los nuevos y novísimos movimientos juveniles no busco disminuir las virtudes de otros activismos sociales como los que protagonizan los sindicatos obreros, las uniones campesinas, los ciudadanos políticamente encuadrados o los cada vez más visibles pueblos originarios.

Los movimientos con estructura gremial o político partidista aprendieron de antiguo a definir con claridad sus plataformas programáticas, a planear, a coaligarse, a negociar; aprendieron a ser en la medida de lo posible eficientes y hasta eficaces. Por otra parte, quizá a causa de sus raíces ancestrales, los movimientos indígenas -aunque a veces estallan- son por lo general sordos profundos, perseverantes, han aprendido a encuevarse y durar. En cambio, sin duda por la condición transitoria de sus protagonistas individuales, a los movimientos juveniles les falta el pragmatismo aprendido que tienen los institucionales y la telúrica persistencia de que gozan los étnicos pero, en compensación, su rechazo a las esclerosadas rutinas políticas, su carácter creativo, su imaginación desbordada, su polimórfica perversión, su desconcertante imprevisi-bilidad les permiten desquiciar ordenes prácticos y simbólicos que parecían eternos. Los movimientos partidistas o gremiales trabajan en el ámbito de lo coyunturalmente factible y los pueblos indios reivindican lo históricamente necesario, mientras que en sus momentos de inspiración los movimientos juveniles son un salto a lo imposible a través de lo grotesco.

El malestar de los jóvenes es global. El primero de junio de 2013 los chavos y otros inconformes estallaron en Turquía, país árabe donde sin embargo hay elecciones y cuyas estructuras la actual administración ha modernizado, cuando menos en lo aparente. Pero sin duda en Turquía hay mar de fondo, pues un desarrollo urbano inconsulto desató la furia popular, encabezada por los jóvenes clasemedieros que ocuparon la plaza Taksim y el parque Gezi, en Estambul, y la plaza Kugulu, en Ankara, exigiendo la renuncia del mandatario RecipTayyip Erdogan.

Más recientemente, el 6 de junio de 2013, decenas de miles de brasileños, en su mayoría jóvenes clasemedieros con educación superior, salieron a las calles a protestar por el alza del transporte público, en un movimiento sin dirigencia clara y convocado mediante las redes sociales, que pronto incorporó otras reivindicaciones sobre todo referentes a los servicios públicos. Rebelión popular de la que ya dimos cuenta más arriba.

En noviembre de ese mismo año fueron las grandes protestas mayormente juveniles escenificadas en la Plaza Maidán de Kiev, Ucrania, las que provocaron la caída del autoritario, represivo y proruso, presidente Víctor Yanukovich. Participación popular que no impidió que lo sucediera un gobierno proccidental y neofascista.

Todo parece indicar que además de los agravios y carencias físicas hay en el mundo de los jóvenes un malestar cultural, una inconformidad metafísica como laqueen el 68 del pasado siglo globalizo la lucha estudiantil. Una palanca contestataria que a los chatos cultores del posibilismo de plano se les escapa. Y es que los que se movilizan no son los de hasta abajo, sus motivos son diversos y a veces confusos y no los encabezan ni partidos ni direcciones gremiales. Pero todo hace pensar que los novísimos movimientos juveniles llegaron para quedarse y que con ellos -también con ellos- habrá que construir la historia del tercer milenio.

Vivimos un inextricable entrevero de estructuras, aparatos, inercias, intereses y rutinas, esto por el lado de la necesidad; y de procesos, movimientos, creatividad, deseo e imaginación, esto por el lado de la libertad. Nos movemos en una dialéctica política que va del estable centro a los fluidos márgenes. Un activismo de múltiples rostros donde subestimar lo excéntrico revolucionario porque supuestamente lo limita su condición voluntarista y efímera, achata la política; pero subestimar del centro conservador por su condición pragmática y gradualista, la banaliza. El precio de separar sueñoy vigilia, posibilismoyexperiencia utópica, es la inmovilidad, es el aquietamien-to en uno u otro de los extremos. Tan necesaria es la negatividad de la llama, inaprensible pero quemante, como la contundencia sólida y afirmativa de la piedra.

Como el arte, la política demanda una pizca de inspiración y mucho de transpiración. En ausencia de movimientos visionarios -generalmente minoritarios-que actualicen la utopía, el conservadurismo inmovilizaría a la sociedad; pero sin las morosas y por lo general prudentes mudanzas de los más, los estallidos fugaces no le harían ni cosquillas al status quo. Al principio los carnavales contestatarios asustan a los tímidos y a veces provocan corrimientos mayoritarios a la derecha pero, tarde o temprano, las experiencias altermundistas calan en el conjunto social. Y ésta debiera ser su principal apuesta. Así ocurrió con los aquelarres sesentaiocheros del pasado siglo, que en muchos países fueron estallidos socialmente circunscritos y sólo con el tiempo se volvieron parte entrañable del imaginario colectivo.

Posdata: un joven en vilo Hijo de una disfuncional familia provinciana de origen campesino y reciente adscripción a la clase media, que en su ascenso social se había vuelto claustrofóbica y conservadora, Arturo es un niño solitario y sin amigos al que sus compañeros llaman “el cochino santurrón” De él un profesor recuerda “sus uñas siempre limpias, cuadernos sin borrones, tareas asombrosamente correctas y buenas calificaciones; en resumen uno de esos pequeños monstruos ejemplares que encarnan la figura del nerd”(citado en Gasear, 1971:27).

Un día, a los 16 años, Arturo se rebela contra la familia, la escuela, la provincia… y convocado por un amigo mayor algo gay que escribe poemas, se marcha a la capital. En la gran ciudad el reprimido se destrampa: cultiva una larga melena, viste ropa estrafalaria, fuma pipa con la cazuela hacia abajo y un día sí y otro también se pone hasta atrás con su amigo Pablo.

Al año siguiente se desencadena ahí un movimiento popular tan confuso como radical, una revolución sin vanguardia ni estructura pero vehemente y apasionada, una “fiesta de la imaginación”que sacude profundamente al joven provinciano.

Se imagina sin esfuerzo el milagro que representa esta insurrección, esta explosión de fraternidad para un joven sometido a la opresión materna, religiosa, escolar -escribe Pierre Gasear-. Vivir joven una revolución, un gran alzamiento popular, es algo que modifica para siempre nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nos une a la familia humana por lazos de los que no podremos nunca deshacernos, incluso en la soledad y a veces hasta en la negación (Gasear, 1971:91).

El joven es Rimbaud, el alzamiento es la Comuna de París de 1871 y el resultado de la conjunción será una obra literaria desgarrada pero esplendente de la que forman parte poemas y prosas poéticas como Iluminaciones y Una temporada en el infierno. Años después André Bretón ubicará el aporte de Rimbaud junto al del otro gran crítico de la modernidad:

Transformar el mundo, dijo Marx.

Cambiar la vida, dijo Rimbaud.

Estas consignas son para nosotros una sola (en Gasear, 1971:7).

Hace un siglo y medio, en septiembre de 1870, poco antes destripar del colegio, dejar a su madre e irse a París con el grueso de Paul Verlaine, el casi niño Arthur Rimbaud escribía:

Con diecisiete años no puedes ser formal.

-¡Una tarde, te asqueas de jarra y limonada,

de los cafés ruidosos con lustros deslumbrantes!

-Y te vas por los tilos verdes de la alameda (Rimbaud, 2003:141).

Y en carta a un amigo confesaba su íntimo desgarramiento: “Estas locas cóleras me llevan hacia la batalla de París, donde tantos trabajadores mueren mientras yo estoy escribiendo”(en Gasear, 1971:44). Años después recordaría:

¿No transité una vez una juventud amable, heroica, fabulosa? […]

¿Cuándo iremos, más allá de la playas y los montes, a saludar el nacimiento del trabajo nuevo, de la sagacidad nueva, la huida de los tiranos y los demonios, el fin de la superstición, a adorar -¡los primeros!- la Navidad sobre la tierra? ¡El canto de los cielos, la marcha de los pueblos! Esclavos, no maldigamos la vida (Rimbaud: 2003:43).

Pero más allá de sus poemas dedicados expresamente a la Comuna, como Canto de guerra parisiense, quiero terminar este breviario con fragmentos de un texto que contiene una poderosa imagen carnavalesca de la revolución. Empleando una prosa tan heterodoxa como la de los comunicados en red de sus pares del tercer milenio, el poeta adolescente abomina de los desfiles militares, al tiempo que celebra los carnavales: las marchas grotescas y contestatarias que se escenificaban en París en los años del siglo XIX bien llamados”primavera de los pueblos”. La confrontación entre el ominoso cartesianismo de la soldadesca marchante y la desquiciante grotescidad de las carnestolendas tradicionales o políticas, dramatiza de manera insuperable la colisión de mundos en que hoy nos jugamos la vida.

Solidísimos bribones […] ¡Ojos alelados a la manera de la noche de estío, rojos y negros, tricolores, de acero punteado por estrellas de oro; semblantes deformes, plomizos, lívidos, incendiados; alocadas ronqueras! ¡El paso cruel de los oropeles! […] Los envían a pavonearse en la ciudad, ridiculamente ataviados de un lujo repugnante […].

Sin comparación con nuestros Faquires y demás bufonadas escénicas. En trajes improvisados con el sabor del mal sueño representan endechas, tragedias de malandrines y de semidioses espirituales como nunca lo han sido la historia y las religiones. Chinos, hotentotes, zíngaros, necios, hienas, Molocs, viejas demencias, demonios siniestros, mezclan giros populares, maternales, con las posturas y las ternuras bestiales […] Maestros juglares, transforman el lugar y las personas y emplean la comedia magnética. Llamean los ojos, la sangre canta, los huesos se ensanchan, las lágrimas y unos hilillos rojos chorrean. Su burla o su terror duran un minuto, o meses enteros. Sólo yo tengo la clave de este desfile salvaje (Rimbaud, 2003:56).

San AndrésTotoltepec, junio, 2013.

Bibliografía

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Ver s/a"La grave crisis urbana motor de la protesta: MST" en La jornada (México), 22 de junio de 2013. ↵

Citado en Ginsburg (2010:262). ↵

La tesis de la crisis urbana es sostenida por el MST, que la recoge de los análisis de la especialista Erminia Mari-cato. Ver: "Es hora de que el gobierno se alie con el pueblo: MST" publicado inicialmente en Brasil da fato, y después en La Jornada (México) 25 de junio de 2013. ↵

Ver"Discurso leído durante la toma pacífica de las instalaciones de la empresa Televisa"(Muño?, 2012:321). ↵

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Derivas urbanas latinoamericanas: anestesia y control social (aproximaciones teóricas)

Daniel InclAn

Doctor en estudios latinoamericanos. Académico del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, proyecto PAPIITIN301012 “Territorialidad, modos de vida y bifurcación sistémica”.

Resumen

En este artículo se aborda la compleja relación entre estética, capitalismo y la producción del espacio en las ciudades latinoamericanas. Tomando como referencia las ideas de Max Weber sobre la ética protestante se avanza sobre el planteamiento de una estética del espíritu del capitalismo, articulada a la producción y consumo de mercancías y expresada en la constitución de las ciudades actuales.

Abstract

This article addresses the complex relationship between aesthetic, capitalism and production of space in Latin American cities. Using as a reference the ideas of Max Weber on the protestant ethic, the author moves towards a proposal of an aesthetic of the spirit of capitalism linked to the production and consumption of goods and expressed in the constitution of the current cities.

Palabras clave

Estética, cotidianidad, capitalismo, modernidad, mercancías, producción, consumo, espacio urbano.

Keywords

Aesthetic, everyday life, capitalism, modernity, goods, production, conmsuption, urban space.

O es que ese era el lenguaje del poder, así se hablaba

desde arriba para amedrentar a los de abajo, que era un

lodazal membranoso al que todavía había que ensuciar

con palabrerío zanguango y luego con balas y muerte.

Un enorme escupitajo, al fin.

Daniel Sada, El lenguaje del juego.

La clásica observación de Max Weber (2004) sobre la ética protestante, fundada en la ascética mundanidad del tiempo cotidiano, permite pensar la existencia de una estética del espíritu del capitalismo, igualmente fundada en su cotidianidad. La ética y la estética en el espíritu del capitalismo comparten una racionalidad como fundamento de ambos procesos. Así como la ética capitalista no es sólo una forma de bien actuar, la estética no sería la expresión de su forma deseable o bella; sino, ambas, resultado de creer y practicar una racionalidad que se impone por sobre otras para organizar los espacios y tiempos de la vida cotidiana de manera adecuada. En este sentido se puede suponer que si la ética capitalista deriva del trabajo, la estética está determinada en el consumo. La esfera de la producción hace a la ética lo mismo que la de la circulación y consumo a la estética[1].

Ambas dimensiones se complementan para lograr un comportamiento adecuado, acorde con las necesidades de la economía capitalista. Ética y estética funcionan como mecanismos de disciplinamiento social. Referir a una estética capitalista no implica, ni por mucho, hablar de las múltiples formas que la estética puede tener en el capitalismo, lo mismo que sucede con la ética. La forma concreta en que se expresa, como parte del espíritu del capitalismo, depende de las transformaciones históricas de este sistema social. Lo que acá interesa es reflexionar sobre la forma en la que la sensibilidad, como parte de la construcción del sentido de la vida cotidiana, se acopla a las necesidades de acumulación de capital en un emplazamiento particular: las ciudades latinoamericanas del siglo XXI en el nuevo contexto autoritario.

Estética de las mercancías o el espectáculo de la vida cotidiana La estética del capitalismo no sólo se expresa en la forma de los objetos que se intercambian (incluidos los sujetos transformados en mercancía fuerza de trabajo). El espíritu del capital contiene una dimensión formal que se actualiza en la organización de los actos de la vida cotidiana (de ahí su mundanidad). El proceso civilizatorio de la modernidad capitalista, además del disciplinamiento y normalización de las prácticas, requiere formas sensibles que expresen la manera legítima de ser modernos, el compromiso con la racionalidad del capital. Se constriñe el percibir (producir percepciones y recibir percepciones) por medio de una racionalidad que lo organiza, que se expresa no sólo en el mundo de los objetos o el de las formas de comportamiento social, sino en los cuerpos de los sujetos sociales, masrñcados bajo el cobijo de las identidades nacionales.

Esta dimensión sensible del espíritu de capitalismo es lo que Bolívar Echeverría llama la blanquitud de la modernidad, la forma estética de la ética protestante; que no es un simple dato formal: el color blanco; sino una articulación y composición que está detrás de las formas, independientemente de su color. Si bien la blancura asecha por debajo de la blanquitud, ésta no requiere necesariamente de la otra para actualizarse (Echeverría 2011 )[2].

“El proceso civilizatorio de la modernidad capitalista, además del disciplinamiento y normalización de las prácticas, requiere formas sensibles que expresen la manera legítima de ser modernos, el compromiso con la racionalidad del capital”

Además de las formas sensibles fundadas en la blanquitud, la estética capitalista puede identificarse en dos dimensiones que son complementarias: el mundo de las mercancías y el espacio, el urbano por excelencia[3]. Las mercancías construyen una constelación de significaciones paralela a la circulación y distribución de su objetuali-dad, que se adelantan, prefigurativamente, a la percepción de la realidad que hace el consumidor. De tal forma que las mercancías también son medios de comportamientos, de uso adecuadoy pleno de las cualidades que en sícontiene, que implícitamente son un estilo de vida, una forma de estar en el mundo.

Marx había prefigurado esta singularidad del mundo de las mercancías, siempre ligada a la producción, al decir que ésta da al consumo: 1) su material, su objeto; 2) su carácter (“el objeto no es un objeto general sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada, que a su vez debe ser mediada por la producción misma”); y 3)”provee un material a la necesidad [de consumo] y una necesidad al material” (1990:42). En cierto sentido la producción crea al consumidor. Aunque la modernidad tardía se prefigura una inversión, se consumen experiencias que demandan objetos, invirtiendo la relación clásica, diríamos burguesa, de la posesión de las mercancías como garantes de una posición social; en su lugar se poseen experiencias reificadas en objetos intercambiables, como la experiencia del consumo de productos orgánicos, o el vegetarianismo, o el comercio justo, etcétera (2izek2003).

A pesar de esta mudanza, el mundo de los objetos sigue imponiendo, delimitando y produciendo sensibilidades. Este universo de las mercancías es la expresión de lo que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo, que durante la segunda mitad del siglo xxfuncionó como el terreno de la contrarrevolución, a través del cual se universalizo una forma singular de consumir: la estadounidense y su american way of life. La espectacularización del consumo no es un adorno del sistema capitalista avanzado, sino un complemento necesario para su reproductibilidad; no es un mundo de imágenes, sino un mundo mediado por ellas, no es que se viva en la apariencia, sino que ésta sirve para ocultar la negación de la vida histórica que hay detrás de la circulación de mercancías (Debord, 2002).

“La ciudad para habitarse requiere de mapas, y no sólo cartográficos, sino también cognitivos, mapas que organizan la percepción de la múltiple información que se emite y recibe en ella”.

Esta relación mediada por las mercancías convertidas en imágenes sólo es posible si la enajenación se despliega como articulación de las relaciones del sujeto con los objetos del mundo de la vida. La imagen del mundo y la mercancía se radicalizan con el desarrollo de la técnica mediática y de la mediación por la técnica, la sobreproducción de contenidos visuales tiene detrás un desarrollo tecnológico acelerado, que intenta, a veces con mucho éxito, invadir con imágenes todos los espacios de la vida. Transformando la percepción al sobre-estetizar la existencia y modificar la experiencia estética, convirtiendo en regla su excepcionalidad y anulando así su potencial político. La sobre-estetización de las mercancías pretende obliterar una violencia fundante contenida en el mundo de las cosas dentro del capitalismo: la violencia que intenta convertir en mercancías todo aquello que se pueda y que subsume la diversidad de formas técnicas al modo de producción capitalista (Echeverría 2006). El privilegio de la mirada y la proliferación de lo atractivo producen un efecto anestésico de la percepción, ante la proliferación de la estética de la violencia y la miseria que se extiende aceleradamente a lo largo del planeta. Junto a las mercancías de diseño se extiende cuerpos lacerados y moribundos, resultado de la misma racionalidad social que demanda un mundo de objetos bellos.

Estética del espacio urbano o el laberinto de las percepciones Como la enajenación nunca es completa, hay otras mediaciones de la sensibilidad en el capitalismo por las que se define la percepción del mundo.Tal vez la más importante es la producción del espacio urbano, como síntesis de múltiples determinaciones de la vida social, en las que la percepción se organiza como garantía de la validación y legitimación implícitas del telos productivista. La ciudad es por excelencia el espacio de la urbanización y de los sueños progresistas de la modernidad capitalista, al tiempo que es el escenario de disputa por los sentidos (como fin y como sensibilidad) de las historias singulares. La ciudad es la expresión de las aporias de la modernidad y sus políticas estetizantes, desde el siglo xix es un campo de batalla de la guerra de clases en sus múltiples dimensiones.

Este conflicto por la ocupación del espacio urbano no es, ni por mucho, equitativo ni en igualdad de condiciones. En principio porque la forma de la ciudad está dada a partir de una racionalidad que excede a los usos de quienes la habitan, y que está al servicio de la reproducción de las estructuras necesarias de la acumulación de capital. Primero como espacio ideal, expresión acabada de un proyecto civilizatorio al que tienen acceso pleno los ciudadanos modernos: los propietarios privados. Segundo, como contracara de la producción, espacio por excelencia de la circulación de las mercancías, con la intención de ocultar, alejar o enmascarar la estética abyecta de la producción.

La ciudad para habitarse requiere de mapas, y no sólo cartográficos, sino también cognitivos, mapas que organizan la percepción de la múltiple información que se emite y recibe en ella[4]. Estos mapas tienen que vérselas con los mapas que organizan la vida económica: además de ordenar la circulación de las mercancías, de su durabilidad formal y objetual, ordena la división del tiempo social productivo, la división del trabajo social (Buck-Mors, 2005). Esta cartografía de la experiencia urbana se hace más complicada cuando los modos de acumulación de capitales se complejizan; en el modelo de acumulación flexible, con su aparejada desterritorialización de capitales, la composición organizada de la vida en la ciudad requiere de nuevas configuraciones del tiempo y el espacio (Jameson, 2002).

No obstante, la ciudad sigue siendo el espacio de los mundos soñados del capital y su correlato de masas legitimadoras, en ella se sintetiza el telos productivista y el telos consumista, se verifica un reencantamiento del mundo por la circulación de fetiches, una nueva versión mítica de la vida colectiva (Buck-Mors, 2001). El poder social implícito en la producción del tiempo y el espacio se comprime en el capitalismo tardío, se compacta por la aceleración de sus usos y sus significados, privilegiando la instantaneidad, expresada en imágenes (Harvey 2004). El espacio del ensueño cede su volumen formal a la volatilidad temporal de las imágenes. De tal forma que la experiencia estética enajenada conjunta el ensueño del espacio por la mediación de las imágenes.

En este entramado de relaciones que construyen una política de la percepción estética (producir sentidos y recibir sentidos), es donde existen las posibilidades para que acontezca la pérdida del sentido del mundo, una deriva sin rumbo de la existencia, pero no como decisión colectiva, sino como consecuencia de la percepción cansada por la sobreinformación y por carecer de estrategias ideológico-políticas para procesarla y darle un lugar en una temporalidad que esté por encima del fugacidad instantánea y unívoca de las imágenes mercantiles. El sujeto abstracto que surge de esto es aquel que hace de sí su propia ficción coyuntural, es un sujeto que ya no se comporta respecto de sí mismo en el modo de la pasión, de la raigambre afectiva. Un sujeto que descree de las ilusiones que lo hicieron posible históricamente como magnitud entitativa, es también un sujeto que entiende que su viabilidad actual tiene más bien que ver con no tomarse demasiado en serio y, sobre todo, con mantener el control (Oyarzún 2001:80).

En esta dinámica el sentido ausente puede llevar a una absoluta ausencia de sentido, sobre todo en aquellos momentos en los que la mediación de imágenes para la reproducción del sistema capitalista no es suficiente, como el caso de las violencias políticas que actualmente vivimos en todo el continente.

La inversión de la bardas Las ciudades en América Latina también son el escenario de la catástrofe, la geografía del terror y el espacio en el que el miedo organiza las vidas cotidianas. En ellas se realiza con éxito la construcción de sujetos abyectos, aquellas “amenazas” que merecen ser anuladas; “el otro-enemigo interno (inimicus) sirve de paradigma y motivo para construir al otro-enemigo exterior (hostis) a ella, para instaurar a las otras comunidades como comunidades enemigas” (Echeverría 2006:67). Los enemigos internos proyectan la construcción de un enemigo externo, del cohabitante, el vecino incómodo, se vuelve una exterioridad radical que debe ser eliminada antes que vencida, pero no por una razón de odio, sino por un principio instrumental. La fundamentación es de cálculo, porque en sentido estricto el odio es un sentimiento que se tiene hacia alguien concreto y la construcción de los enemigos eliminables es una abstracción que intenta definir negativamente una autenticidad y una legitimidad a partir de un principio moral binario (bueno, malo) y un antagonismo pronominal (nosotros, ellos).

De la construcción de los sujetos abyectos tiene una doble matriz. Por un lado, es resultado de la militarización de la vida cotidiana, que en los últimos años ha transitado de la construcción de estados de excepción en contextos de amenaza (la suspensión legal de la ley para su protección) a la legalización de la excepción (leyes antiterroristas, leyes de seguridad interna que conviven con las dinámicas jurídicas de un estado de derecho en contextos de paz). Toda violencia funda derecho (Benjamin, 2010), y en contexto contemporáneo es una violencia militar que funda un derecho militarizado (más allá de los contextos de guerra históricamente aceptados).

Por otro lado, los medios de comunicación se encargan de construir la imagen y el sentido de los sujetos abyectos. En estos casos la producción y circulación de imágenes no intenta re-presentar el comportamiento inadecuado o anormal de los enemigos y el “castigo que merecen”; las imágenes de la violencia asociada a los sujetos abyectos son parte del ejercicio mismo de la violencia (Sontag, 2005). La construcción simbólica del enemigo es un proceso complementario a la instrumentación de las tareas represivas y la configuración de un nuevo tipo de legalidad.

El sujeto abyecto ya no es un representante de un proyecto político alternativo, como lo fue en la segunda mitad del siglo XX el enemigo comunista. A diferencia del periodo dictatorial latinoamericano, hoy el enemigo encarna en todo aquel comportamiento negativo, que cuestiones o se oponga a las imposiciones de las distintas versiones del capitalismo (desde las más progresistas hasta las más reaccionarias). En la construcción del enemigo ya no se le identifica como el promotor de un mundo incompatible con los “verdaderos” destinos nacionales; ahora son presentados como simples radicales, insensatos y fundamentalistas; por lo que pueden ser caracterizados por grupos étnicos en resistencia al despojo o por sectores urbano populares que disputa el derecho a la ciudad.

Desde este mirador se pude entender de otra manera el amurallamiento de las ciudades y la radicalización de la segregación del espacio. Las bardas no se construyen para que la gente no entre, sino para que los que están adentro no salgan y perciban la complejidad de una realidad que es simplificada por la sobre-estetización, tanto de la vida cotidiana, como por las imágenes de la violencia. La fundamentación pública de las murallas es la de servir para protección de los externos, el asilamiento de los otros; pero en la práctica opera a la inversa, el peligro no es la existencia de los otros, sino reconocer el orden de falsedades que sostienen el control de las sociedades contemporáneas. Las bardas sirven para legitimar el fetiche de la seguridad y alimentar el miedo a la diversidad.

La muralla está ahí para evitar que la gente salga, no para que nadie más entre; este es el icono de la ley que construye la frontera entre lo auténtico del comportamiento dentro del capitalismo, es el icono de la ética del capital. Un icono que prefigura una percepción y un sentido, su dimensión estética no sólo está en sus formas (por muy diversas que estas sean: altas murallas que impiden la visión; vallas de alambres electrificados que muestran amenazantemente el interior inaccesible; o muros invisibles controlados por cámaras de seguridad y cuerpos para-policiacos), está, sobre todo, en los sentidos que detona. La dimensión estética de las murallas funciona de manera metafórica e hiperbólica, se asocia con realidades no enunciadas y con sentimiento exagerados: la amenaza y el miedo, respectivamente.

El peligro real es salir del mundo amurallado y reconocer la verdadera violencia que articula las prácticas cotidianas: la del capitalismo salvaje intentando superar la crisis civilizatoria. Afuera de las vallas existe un sinfín de violencias desnudas, algunas muy parecidas a las violencias que ocurren al interior de las bardas, sólo que desprovistas de mediaciones estetizantes (como la violencia de género); pero su fundamento no es una naturaleza salvaje, sino la violencia excluyente del capital. Las actuales murallas latinoamericanas sintetizan las tensiones por alimentar y conservar la ética del capital, al tiempo que operan como formas sensibles que intentan dar sentido al capitalismo en una época de decadencia.

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Aunque vale recordar la dialéctica que ambos procesos guardan, ya que hay un consumo productivo y una producción consumidora. ↵

Para este filósofo la blanquitud fundamenta un racismo distinto al del color de la piel; por el contrario, cons-truye una política de segregación y exclusión sobre la base de la adecuada reproducción del ethos capitalista, del cumplimiento de la demanda de un comportarse aséptico, necesario para la reproducción del sistema capitalista. Esta idea es cerca, y complementaria, a la del mestizaje colonial andino que elabora Silvia Rivera Cusicanqui (2010), que analiza las relaciones identitarias en Bolivia como resultado de la segregación y de la reproducción de un colonialismo interno que rebasa los límites formales del color de la piel. ↵

Lo urbano se entiende aquí no como un resultado, sino como un proceso de producción de espacialidad, cuya realidad concreta más acabada es la ciudad pero no se reduce a ella, ya que no se limita al conjunto organizado de las formas del espacio habitable, sino al proceso de articulación de actividades prácticas y de las significaciones que tienen en la reproducción material de una espacialidad. De tal forma, que puede reconocerse una dimensión urbana en espacios rurales, que se organizan por esquemas de comportamiento que no son propios de su espacialidad (p.e. el consumo de ciertas mercancías, la organización de actividades en el espacio privado, etc.). ↵

Kevin Lynch (2000) construyó el concepto de mapa cognitivo para explicar las formas en las que se construyen las imágenes de la ciudad por sus diseñadores y sus habitantes, que sirven como formas de organizar la habitabi¬lidad de los espacios. Walter Benjamin decía que "No orientarse en una ciudad: esto quizás sea poco interesante y banal. Para eso se necesita desconocimiento y nada más. Pero perderse en una ciudad -igual que uno se pierde en un bosque- es algo que requiere ya una formación distinta. Para ello, letreros y nombres de calles, transeúntes, tejados, quioscos, o tabernas tienen que hablarle a callejeante como ramas que crujen en el bosque bajo sus pies, como el espantoso grito de un avetoro a lo lejos, como la súbita calma de un claro del bosque en cuyo centro un lirio ha brotado"(1996:193). ↵

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Experiencias Latinoamericanas

La legitimidad social de las formas de lucha. Una aproximación a partir de la investigación por

ENCUESTA

as lutas da classe trabalhadora no brasil dos

“MEGA-EVENTOS”

El ciclo de protestas sociales en Colombia y la movilización agraria

La promoción del modelo minero en contextos

SUBNACIONALES. Un RECORRIDO ANALÍTICO POR LAS PROVINCIAS DE La RlOJA Y SAN JUAN, ARGENTINA

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La legitimidad social de las formas de lucha. Una aproximación a partir de la investigación por encuesta

Julián Rebón

Investigador IIGG-UBAyCONICET.

Resumen

La lucha social representa un elemento significativo de la historia de la Argentina reciente. El presente trabajo indaga con base en la investigación por encuesta las formas dominantes de la lucha social a partir de su práctica y representación en la población. El análisis de los datos establece que a pesar de las innovaciones en la práctica de la protesta en las últimas décadas, la forma clásica de la protesta social, la movilización, y la de la protesta laboral, la huelga, son los esquemas que revisten mayor nivel de participación. Con relación a la legitimidad de las formas de lucha, esta guarda correspondencia con sus niveles de institucionali-zación. Sin embargo, formas disruptivas y extra-institucionales pueden constituirse en exitosas en términos de valoración social a partir de la moralización de su uso en particular con base en valores con amplio anclaje en la sociedad.

Abstract

The social struggle represents a significant element of Argentina society. This paper is based on survey research. It is focus in the dominant performances of collective action from his practice and representation in the population. The analysis of data sets that despite innovations in the practice of protest in recent decades, the classics forms of social protest, mobilization and strike, are the schemes that are higher level of participation. Regarding the legitimacy of forms of struggle, this keeps correspondence with their levels of institutionalization. However, disruptive and extra-institutional forms can become successful in terms of social value from moralizing use in particular based on values with large anchor in society.

Palabras clave

Lucha social- Formas de Lucha- Legitimidad social- repertorio de confrontación.

Keywords

Social protest -forms of struggle- Social Legitimacy-repertoire of contention.

Introducción

La lucha social protagonizada por la sociedad civil representa un elemento significativo de la historia de la Argentina reciente. Desocupados cortando un puente urbano reclamando por trabajo y planes sociales. Cacerolazo y movilización contra el estado de sitio decretado por un gobierno ante una crisis de gobernabilidad. Huelgas por mejoras de salario y condiciones de trabajo. Ocupación de una fábrica por sus trabajadores con el objeto de ponerla a producir de forma autogestionária. Corte de las principales rutas del país y escraches a políticos oficialistas por parte de los propietarios rurales contra el aumento a las retenciones a las exportaciones. Cacerolazo contra un gobierno por restricciones a la compra de divisas. Estas situaciones, representan entre otras muchas posibles, postales de las formas que asume este heterogéneo y activo campo de acción colectiva en un país que desde larga data se ha caracterizado por una rica historia de lucha y organización en sus clases populares.

Las personificaciones de las luchas son diversas. Obreros, capas medias, estudiantes, vecinos, ecologistas, pueblos originarios e incluso cámaras patronales, que entre otros muchos eligen este campo de acción como la forma del reclamo. A veces con un fuerte contenido político, en otras ocasiones este es desplazado parcialmente por otros contenidos económicos y corporativos[1]. El campo de la lucha social también es heterogéneo en sus formas. En las últimas dos décadas, junto a sus formas clásicas como la movilización y la huelga, emergieron recreaciones con características innovadoras de distintas formas: cortes de vías de tránsito, cacerolazos, bloqueos, acampes, escraches, entre otras acciones, adquirieron un inusitado protagonismo (Auyero, 2002; Farinetti, 2000; Schuster et. al: 2006; Gómez, 2014). La difusión de algunos de estos formatos, como por ejemplo los cortes, junto a la debilidad institucional y cambios culturales de diverso tipo, promovieron una tendencia al desborde de los canales institucionales dominantes de procesamiento del conflicto (Giarracca yTeubal, 2007; Anton et. al, 2011). Estos cambios también condujeron a algunos académicos y activistas a plantear el desplazamiento de los “viejos formatos” por los”nuevos”. Más allá de que dicho cambio nunca aconteció con la intensidad propuesta -incluso retomando vigor en el último período la actividad huelguística-, asistimos probablemente a una protesta social más heterogénea en sus formas y contenidos que en otros períodos de nuestra historia, en donde las formas extra-institucionales del reclamo mantienen una presencia significativa.

La profusa producción académica sobre la temática con diversidad de orientaciones teóricas y metodológicas abordó la dinámica de la protesta, así como las estructuras de movilización e indentitarias que la sustentan (Antón et. al., 2011; Auyero, 2002; Giarracca yTeubal, 2007; Schuster et. al, 2006; Svampa, 2008; Svampa y Pereyra, 2003; Maneiro, 2009; Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; PIMSA, 2012). A diferencia de las aproximaciones dominantes en los estudios del conflicto social, nuestro trabajo desplaza el eje de análisis de los conflictos y las organizaciones al conjunto de la población. El enfoque del presente trabajo se centra en el análisis de los niveles de experiencia y la percepción social de las formas dominantes de la lucha social ¿Cuáles son los niveles de experiencia alcanzados por la población en los distintos formatos? Y más allá de su práctica, ¿cuáles son las percepciones en torno a los mismos? ¿Cuáles son sus niveles de legitimidad social? En el presente artículo avanzamos preliminar y descriptivamente en la respuesta a estos interrogantes teniendo como eje el análisis a partir de la estadística descriptiva de una encuesta representativa de la población mayor de 18 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tuvo entre sus objetos de indagación la percepción social sobre las formas de la acción colectiva. La misma fue realizada por nuestro equipo de investigación en el mes de agosto del año 2012, en el marco del proyecto UBACyT”La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso” con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social en América Latina. Se trabajó con un diseño muestral polie-tápico, estratificado y probabilístico. La muestra es de 599 casos con un margen de error ±4%. El que la muestra se circunscriba a la población metropolitana hace que los resultados no sean generalizabas al conjunto del país. No obstante, cabe resaltar que constituye una región de alta relevancia tanto por su peso demográfico como por su centralidad en los procesos políticos argentinos.

En el primer apartado presentamos una breve introducción conceptual a la problemática de las formas de lucha, en particular en torno a las dimensiones culturales involucradas en las modalidades de la protesta y lucha social de los sectores populares. En el segundo apartado presentamos, basándonos en la encuesta ya señalada, el análisis de la participación de la población en las principales formas de la protesta social y la percepción de las mismas en términos de legitimidad. En este análisis encontramos que la participación y en especial la legitimidad varían en función de los niveles de institucionalización de las modalidades. En el tercer apartado, a partir del estudio de dos modalidades de toma u ocupación -una vinculada a procesos au-togestivos y otra con fines habitacionales- indagamos más detenidamente algunas claves de procesos exitosos de legitimación de formas de acción extra institucionales. Finalmente, compartimos unas breves reflexiones a modo de cierre.

Las formas de lucha Como toda relación social, la relación de lucha nos refiere a una correspondencia de acciones o de configuraciones de acciones. Su especificidad estriba, como señaló Weber (1984), en que la acción de una de las partes va dirigida a obstaculizar o resistir la acción de la otra. Las modalidades de acción materializadas con este objeto nos refieren a las formas de lucha. Representan configuraciones de acciones mediante las cuales se instrumentaliza el enfrentamiento entre fuerzas sociales, cualquiera sea el carácter o nivel de desarrollo de éstas. Dependiendo de la sociedad, el tipo de conflicto, los protagonistas, entre otras dimensiones, estas formas de acción varían. Pero en la práctica estas siempre representan un número relativamente limitado frente a todas las formas que teóricamente podrían ser realizadas o empleadas ante situaciones semejantes. Incluso representan un número marcadamente limitado en comparación con las que efectivamente han sido instrumentalizadas en otros contextos histórico sociales ante conflictos relativamente semejantes. Como señala Charles Tilly, “Cualquier actor colectivo emplea una gama mucho menor de performances colectivas que lasque podría utilizaren un principio”(2000:14).

Esta limitación práctica de los esquemas de acción efectivamente empleados nos indica la presencia de culturas de luchas. Los grupos sociales actúan con modelos de acción (Thompson, 1979) que conocen y valoran como posibilidades de respuesta frente a determinado tipo de agravio[2]. Las culturas de lucha median las acciones en todo conflicto promoviendo que estas tiendan a asumir unas formas y no otras. De este modo limitan los horizontes de posibilidad de las mismas e incluso las transformaciones subsecuentes que pudieran ocurrir. Los esquemas de acción instalados en la cultura de un grupo constituyen la “caja de herramientas” con las cuales cuenta el mismo para materializar sus reclamos. Esta metáfora nos es útil para entender que todo grupo materializa la expresión en el campo de la lucha de sus intereses a partir de la acumulación instrumental de esquemas de acción -con distinto grado de elaboración- que posee previamente. Estos habilitan y potencian la acción colectiva. Nunca un actor es una tabla rasa ni su acción una expresión espasmódica de tensiones o intereses. No obstante, esta metáfora puede dar a equívocos que deben ser señalados. En primer lugar, se trata de representaciones de formas sociales y no de cosas, como tales aun cuando estén formateadas y esquematizadas en su representación, su uso depende siempre de la composición situacional -de la dinámica de coordinación, cooperación con unos y confrontación con otros- existiendo una gran cantidad de prácticas de cada forma. En segundo lugar, los grupos sociales, o al menos en la totalidad de los mismos, no existe una plena racionalidad y en tal sentido una especialización de las “herramientas” según situaciones. Implican más bien un saber práctico, un “saber hacer” que puede incluso en casos límite estar naturalizado como lo único posible o lo que se “debe hacer”. Así algunas herramientas pueden presentar una sobrecarga de funciones atribuidas y tiendan a ser percibidas como un recurso para afrontar prácticamente cualquier situación. En esta dirección, como en ocasiones ocurre entre el artesano y sus herramientas, hay una relación emotiva-valorativa que excede lo meramente instrumental.

Otro concepto acuñado porTilly (2000), anclado en el término de origen teatral, es el de repertorio, el cual nos permite articular el contenido cognitivo y práctico referente al uso limitado de los esquemas o performance de acción. Con el término repertorio de acción o confrontación este autor plantea a la práctica de la acción colectiva como combinación de libretos históricos e improvisación. Así, el repertorio nos habla de la existencia de culturas, abiertas y dinámicas, que influyen y son redefinidas por la práctica. En el caso específico de los trabajadores asalariados en la Argentina la huelga y la movilización han formado históricamente parte de su repertorio de confrontación.

Otras formas históricamente con menor presencia han incrementado su presencia (el corte por ejemplo) o ampliado las ocasiones de su uso (la toma de establecimientos productivos)[3].

“Los esquemas de acción instalados en la cultura de un grupo constituyen la “caja de herramientas” con las cuales cuenta el mismo para materializar sus reclamos”.

La noción de repertorio implica que las modalidades de acción tienen su dinámica de cambio social.

Estas surgen, por una parte, de la interacción en el marco de las relaciones de conflicto, donde los esquemas preexistentes son redefinidos por innovaciones, aprendizajes y adaptaciones. Los disconformes en el marco de la acción innovan, en especial cuando se generan situaciones novedosas, o como respuestas a limitaciones o imposiciones del adversario. En la medida que estas nuevas adaptaciones sean percibidas como exitosas serán incorporadas por el propio grupo y por otros a partir de un efecto imitación que promueve su difusión. En este caso, la acción original irá siendo objeto de un formateo social. La emergencia y difusión cultural de una forma de lucha es necesariamente seguida por un proceso de representación de ciertos atributos de la forma de acción y exclusión de otros que incide en los modos concretos en los cuales esta se practica[4].

Otra fuente, en permanente interacción con la ya mencionada, son los cambios institucionales y estructurales que impactan en la relevancia o condiciones de posibilidad de las formas de lucha. Estas revisten necesariamente universos de posibilidad. Algunas por su misma constitución presuponen un universo específico de ¡nstrumen-talización. La huelga laboral por ejemplo, requiere del desarrollo del trabajo asalariado, dado que sólo puede ser materializada por trabajadores empleados en esta condición. Pero incluso otras formas de acción más modulares -capaces de ser instrumentalizadas por composiciones sociales heterogéneas- implican requisitos para su materialización. Por ejemplo, la movilización o marcha tal como la conocemos hoy como elemento defmitorio de los repertorios de los movimientos sociales presupone entre otros requisitos la existencia del monopolio de la violencia por parte del Estado y de ciertas garantías civiles y políticas (Tilly y Wood, 2010). Estos requisitos posibilitan que habitualmente éstas puedan desarrollarse pacíficamente sin derivar en ataques yenfrentamientos.

Las formas de lucha en origen pueden avanzar desbordando y vulnerando la ins-titucionalidad dominante y los canales de procesamiento de la conflictividad. Cuando se difunden y convencionalizan tienden a su institucionalización. El orden social tiende a institucionalizar las formas de lucha que no puede eliminar frenando su carácter disruptivo, tornándolas previsibles, ordenando e incluso estableciendo sus condiciones y contenidos posibles. En sus etapas más primarias esto se produce a partir del establecimiento de reglas implícitas o informales que promueven la tolerancia y permisividad hacia una forma de lucha. En un nivel más pleno, esto supone el cambio jurídico-normativo. Se trata de procesos adaptativos, donde se configuran diferentes puntos de equilibración entre el proceso de acomodo de la institucionali-dad dominante a la innovación protagonizada por los disconformes y la asimilación de la misma por dicha institucionalidad. Una ejemplrñcación histórica en este sentido, es la institucionalización de la huelga en Europa occidental del siglo XIX, producto de una alianza entre fracciones de la clase obrera y de la burguesía. De esta manera, a una fracción de los obreros se les legitimó un instrumento para su enfrentamiento económico pero a expensas de dejar excluidos de tal derecho a las fracciones más pauperizadas de los trabajadores. Por otra parte, si bien la legalización de las huelgas protegió el derecho de los trabajadores a reunirse, deliberar y abandonar el trabajo de manera colectiva; al mismo tiempo, en contrapartida, declaró ilegal un amplio rango de acciones que eran frecuentes entre estos, como por ejemplo, la coerción de los no huelguistas y el ataque a la casa de los empleadores (Tilly, 2000; Marín, 2007). Con sus particularidades, este proceso se extendió, posteriormente, a diferentes territorios, no estando exento de reversiones.

De este modo cada Estado regula la conflictividad habilitando y deshabilitando canales para su procesamiento y, subsidiariamente, prescribiendo ciertas formas de acción y proscribiendo otras. Este conjunto de formas de lucha proscriptas por el ordenamiento institucional dominante las hemos conceptualizado en otro trabajo como acción directa (Rebón y Pérez: 2012). Dicha proscripción adquiere carácter jurídico, es decir está sustentada en reglas codificadas formalmente, que poseen carácter imperativo y cuyo cumplimiento está asegurado en última instancia por el uso de la coacción externa a los individuos o, en otras palabras, por el uso del monopolio de la fuerza del Estado. A diferencia de las acciones institucionalizadas, a través de la acción directa los actores sociales procuran lograr sus objetivos sin la mediación de los canales institucionales dominantes del orden social para el procesamiento de sus demandas[5]. Estos son desbordados o vulnerados en el campo práctico. En toda acción directa su fuerza moral es un elemento central para inhibir procesos de carácter punitivo. En la medida en que la acción no alcance legitimidad social tenderá, con mayor facilidad, a ser criminalizada y tipificada por el orden social como un delito. En este sentido, el estudio de los procesos de construcción de legitimidad social es uno de los elementos significativos para entender las condiciones que promueven su uso.

Práctica y percepción de las formas de lucha En este trabajo nos focalizamos en la indagación de las modalidades recurrentes de la acción colectiva y protesta social en la Argentina actual. Las principales formas en las cuales se expresa la protesta social como las movilizaciones, huelgas, cortes, cacero-lazos, escraches y tomas, son indagadas en sus niveles de participación y legitimidad entre la población de la zona metropolitana. Se trata de formas con distintos niveles de modularidad, institucionalización y como después veremos, también distinta recurrence y masividad en su uso.

Abordemos en primer lugar a la participación en general en el conjunto de estas formas de protesta. ¿Qué tan difundida es? ¿Es aleatoria su distribución en el conjunto social?

Sin desmerecer la importancia que tienen estas formas de lucha en la expresión del conflicto social y político en el país, un primer hecho significativo registrado por nuestra encuesta es que la participación en los reclamos colectivos y protesta social no es un atributo de la mayoría de la población adulta del área metropolitana del país. Alrededor de un tercio de la población (32%) admite haber participado al menos una vez en alguna de estas modalidades de reclamo[6]. No obstante, este valor no debe ser subestimado.

En primer lugar porque es probable la existencia de subregistro. El mismo entendemos está vinculado a lo que es considerado socialmente participar, probablemente participaciones secundarias o cuasi pasivas pueden ser soslayadas.También puede incidir la posible existencia de cierta reticencia a reconocer abiertamente dicha participación dado el carácter controversial que las mismas tienen o temores de tipo represivo anclados en otros momentos de la historia del país. Por otra parte, existen los problemas típicos de los registros retrospectivos, en tanto el instrumento indaga en el presente por acciones pasadas, estas pueden ser subestimadas en función del contexto personal y social actual. Lamentablemente, hoy no contamos con estudios que nos permitan ponderar este subregistro. En suma, como otros acercamientos investigati-vos al campo del conflicto, esta aproximación tampoco está exenta de limitaciones[7].

En segundo lugar, el valor registrado no debe desmerecerse, porque estas formas pueden interpelar y expresar en determinados contextos a la mayor parte de la población aunque no participen activamente en las mismas. Al fin y al cabo, los grandes cambios sociales acaecidos en la historia, incluso los procesos revolucionarios, suelen ser resultado de la acción de minorías activas que procuran representar a las grandes mayorías.

La participación en la protesta está vinculada a procesos identitarios y de participación más amplios. Reviste un significativo anclaje en el involucramiento activo en el rico entramado organizativo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones gremiales de distinto tipo que han caracterizado nuestra historia[8]. En concordancia con la amplia y diversa composición social de estos entramados asociativos, la composición social de la participación en las formas de la lucha es diversa. Sin embargo, su distribución no es azarosa teniendo diferentes intensidades según las posiciones en la estructura social y los clivajes políticos. Reseñemos sucintamente algunos de estos elementos.

En primer lugar, condiciona a la participación la pertenencia de clase del encues-tado. A pesar de la significativa historia de lucha y organización de las clases trabajadoras, entre aquellos que personifican sólo fuerza de trabajo la participación en las acciones y reclamos colectivos alcanza alrededor de un cuarto de la población. Po[9]r el contrario, esta proporción se eleva a algo más de la mitad entre las capas medias -aquellos que personifican en algún grado propiedad, autoridad o credenciales educativas-. En consonancia con otros estudios (Gómez, 2014; Rebón y Pérez, 2012) la extracción de clase más elevada, otorga mayores posibilidades de participación en la acción colectiva. La distribución en la estructura social condiciona los recursos para reclamar incluso allí donde se requiere de menos recursos institucionales como en el campo de la protesta social[10].

Cuadro 1. Participación en acción colectiva según posición en la estructura de clases de la población del AMBA (2012).

En segundo lugar, la participación guarda correspondencia con el principal clivaje político organizador del período, la autoidentrñcadón frente a la fuerza social en el gobierno del Estado nacional, la ubicación en la antinomia “kirchnerismo-antikirch-nerismo”[11]. En esta línea, la base social del kirchnerismo, con su dinámica movilizante encuentra una mayor presencia de población participante (42%) que en el campo opositor (26%). También se registra una correlación con el clivaje izquierda-derecha. Entre los sectores autoidentrñcados en la izquierda y centro izquierda del espectro político, este valor alcanza a más de la mitad de la población (54%), restringiéndose a alrededor de un quinto de la misma (22%) entre quienes se posicionan en el centro y la derecha. Regístrese a pesar de estas correspondencias, que los niveles de participación aunque con un peso menor tienen un nivel significativo entre opositores y población identificada con posiciones de centro y de derecha. Esto guarda estrecha relación con las características heterogénea de las protestas en el período reciente.

Cuadro 2. Participación en acción colectiva según autoidentificación en clivajes políticos de la población del AMBA (2012).

Focalicémonos ahora en los usos específicos de las formas de acción que indagamos en nuestra encuesta: la movilización, la huelga o paro laboral, el corte de vías de tránsito, el cacerolazo, el escrache y la ocupación de edificios y espacios. Reseñemos brevemente algunos atributos asociados a los mismos.

La movilización refiere al desplazamiento de un conjunto de manifestantes por la vía pública. Representa la forma clásica de los repertorios de los movimientos sociales en la sociedad contemporánea (Tilly y Wood, 2010). Se caracteriza por su modula-ridad (heterogeneidad potencial de personificaciones y metas), y en el caso específico argentino, por su convencionalización (ritualización) e institucionalización. Dos formas vinculadas a esta modalidad pero con menor modularidad son el cacerolazo y el escrache. La primera consiste en blandir cacerolas, utensilios de cocina u otros elementos que emitan sonidos con el objeto de hacer sentir su disconformidad o malestar con una situación. Los cacerolazos han sido significativos en diversos sucesos, por ejemplo, fue la forma que dio inicio a la rebelión del 19 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires que enmarcó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Más recientemente, han sido herramientas frecuentes de la movilización opositora protagonizadas por las capas medias-altas de la población. (Gamallo, 2013) Por su parte, el escrache consiste en atacar simbólicamente a una persona o grupo con el objeto de marcar públicamente su responsabilidad o involucramiento en un hecho que se considera agraviante. De origen en el movimiento de derechos humanos de mediados de los años noventa, esta forma se ha generalizado a distintas situaciones. Puedevariarde modalidades muy ritualizadas y simbólicas, a formas que no excluyan elementos de violencia y que representan como tal verdaderas formas de acción directa.

La huelga, la no cooperación en el ámbito laboral, es un elemento central y típico del repertorio del conflicto laboral, como tal posee poca modularidad. En Argentina presenta un alto grado de institucionalización, estando dicha forma inscripta en el derecho laboral.[12].

El corte de vías de tránsito, la obstaculización de la circulación, es una forma de acción de significativa convencionalización en la Argentina actual. Si bien posee una larga historia en el país, alcanzó una fuerte difusión en la última década del siglo XX, asociada a movimientos de desocupados (“piqueteros”) en un contexto de alto desempleo. Hoy su empleo es heterogéneo, siendo un instrumento recurrente de distintos grupos en la materialización de sus reclamos. Su realización al interrumpir el flujo vehicular tiene un fuerte carácter disruptivo y de desborde institucional.

Finalmente, la ocupación de establecimientos laborales, de edificios públicos, de viviendas y de tierras representa una modalidad de acción de larga historia en el país pero de escasa institucionalización como forma de reclamo.

Ahora bien, ¿cuáles de estos esquemas de acción concitan mayor participación entre la población en la Argentina reciente?

Contextualicemos los niveles de participación, en el campo de la frecuencia relativa de las distintas formas en el conjunto de la protesta. Diversos registros de la forma de conflictividad que habitualmente se denomina protesta o lucha social elaborados con base en la prensa escrita nos permiten realizar una aproximación en este sentido. El relevamiento del Grupo de Estudios sobre la protesta y la Acción colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani encuentra que en el período 2000-2007 las tres formas más implementadas en la protestas fueron las movilizaciones en el 42% de los casos, los cortes en el 21 % y las huelgas en el 17% de los episodios. El Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad Argentina (PIMSA) para el período 2000-2010 registra que la movilización es la principal forma de lo que denomina hechos de rebelión con el 46% de los episodios (incluye aquí también “escraches”y “cacerolazos”). Le siguen en orden de importancia los cortes con el 25%, las huelgas con el 11% y las ocupaciones con el 4% de los casos. Para el período de nuestra encuesta, segundo semestre de 2012, este mismo programa estima que más de la mitad de los hechos (52%) representaron manifestaciones en sus distintas variantes (con un importante componente de cacerolazos), seguidas a un nivel muy menor por los cortes de calles, rutas, accesos a ciudades y vías férreas (12%), las huelgas (8%) y las ocupaciones (6%).

Pasemos ahora de la descripción de las protestas, a las huellas o efectos de las protestas en el conjunto de la población. Cambiemos la unidad de análisis y evaluemos continuidades y rupturas. En líneas generales encontramos correspondencia entre las prácticas de las formas de acción recién presentadas en Argentina y los niveles de participación reconocidos por la población de la población adulta del Área metropolitana. En primer lugar, al igual que los distintos relevamientos se destaca la movilización como el esquema de acción con mayor nivel de participación. Un cuarto de la población reconoce haber participado alguna vez en esta modalidad de acción. En segundo lugar, encontramos la huelga con el 18% y en tercero los cortes de vías de circulación con algo menos del 8%. El que los cortes registren un menor nivel de participación que las huelgas -pese a la menor frecuencia registrada por estas en los distintos relevamientos- nos está indicando un número medio de participantes menor en esta modalidad de acción, junto al carácter más reciente de su generalización como acción colectiva. También en valores cercanos al 8% de la población encon-tramos la participación en los escraches v cacerolazos. Finalmente, encontramos las ocupaciones de los edificios y espacios como la forma con menor participación (algo menos del 4%).

Las distintas modalidades de reclamo no sólo poseen desiguales niveles de uso por la población. También son heterogéneas en cuanto a la legitimidad que esta le atribuye como forma de plantear los reclamos.

Con relación a la legitimidad atribuida a las distintas formas de acción -de acuerdo con su uso en la Argentina reciente- encontramos un gradiente que va desde las formas más generalizadas e institucionalizadas, como la movilización y la huelga, donde quienes acuerdan con su uso habitual superan levemente a quienes la rechazan, al extremo de las formas que expresan nítidos atributos que vulneran los canales institucionales de procesamiento de las demandas como el corte y la ocupación, donde sólo una pequeña minoría, entre el 17% y el 19% para cada caso, legitima su uso. En valores intermedios encontramos el cacerolazo (36%) y el escrache (35%).

“El corte de vías de tránsito, la obstaculización de la circulación, es una forma de acción de significativa convencionalización en la Argentina actual. Si bien posee una larga historia en el país, alcanzó una fuerte difusión en la última década del siglo XX, asociada a movimientos de desocupados (“piqueteros”) en un contexto de alto desempleo”.

Cuadro 3. Participación y grado de acuerdo con su uso para distintas modalidades de acción colectiva entre la población del AMBA (2012).

Imagen 13

Destaquemos tres aristas salientes.

En primer lugar, la legitimidad de las formas de acción siempre excede ampliamente su uso. Consistentemente con lo anteriormente señalado, en nuestra hipótesis, esto nos está indicando que la identificación en general con las protestas excede a quienes efectivamente participan.

En segundo lugar, las formas dominantes de la lucha social son siempre contraversiales. La legitimidad de las formas de acción colectiva de la protesta en un país donde esta representa un elemento significativo de expresión y articulación de intereses nunca es plena, aun en sus formas más recurrentes e institucionalizadas como la movilización y la huelga esta apenas alcanza algo más de la mitad de la población. Finalmente, la marcada ilegitimidad de la acción extrainstitucional. El corte y la ocupación, las formas menos institucionalizadas en su uso actual, no sólo entran en tensión con la legalidad, también se encuentran en contradicción plenamente con la atribución de legitimidad por parte de la población. Menos de 2 de cada 10 en-cuestados están de acuerdo con su uso habitual. En este sentido, nos interrogamos: ¿Cómo se desarrollan estas formas de acción en un contexto de amplia ilegitimidad social? Esta pregunta es relevante por dos razones. Por una parte, la actitud hacia las formas es un elemento clave que hace a la predisposición a su uso. Un esquema de acción al que se le atribuye legitimidad, es de más probable uso ante una situación específica que aquel que se considera ilegítimo[13]. Por otra parte y relacionado con este elemento, la legitimidad social como instrumento de protesta promueve la tolerancia social a su uso, dificultando que la misma sea reprimida, riesgo inmanente de la acción directa. ¿Puede aun cuando la forma en general es considerada en sí ilegítima, ser la acción específica legitimada? Si esto es así, ¿de dónde deviene dicha legitimidad? Con el objeto de avanzar en esta dirección, en el próximo apartado analizaremos como ejemplificación dos usos de la toma u ocupación presentes en el repertorio de acción de los trabajadores y sectores populares. La hipótesis propuesta señala que la legitimidad de cada caso depende de la capacidad de activación de valores morales con base en sus atributos singulares.

La toma. Condiciones para su legitimidad La toma u ocupación como modalidad de acción colectiva implica el avance sobre un territorio que se encontraba bajo el control de un otro, alterando de este modo las relaciones de propiedad. Dado que desborda los mecanismos institucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos, la toma se inscribe en el conjunto de acciones que caen bajo la categoría de acción directa, las cuales están vedadas por el ordenamiento social y son susceptibles de ser penalizadas (Rebón, 2007; Rebón y Pérez, 2012). Esta forma de acción se caracteriza por ser un esquema de lucha fuertemente disruptivo; la toma u ocupación genera incertidumbre y altera el orden social. Al mismo tiempo, se diferencia de otras formas de acción por su carácter modular. Si nos remitimos a la historia de esta forma de acción en nuestra sociedad, distintos espacios han sido objeto de ocupación: fábricas, tierras, viviendas, universidades, radios, escuelas, dependencias gubernamentales, entre otros; variando las personificaciones sociales que llevan adelante la acción y las metas perseguidas. Habitualmente, dicha forma está asociada como una respuesta frente agravios o situaciones de alta relevancia para sus protagonistas como la pérdida del empleo o la falta de vivienda.

A pesar de su extensa historia social y su carácter modular, como ya señalamos, la toma es un formato cuya utilización y legitimidad es relativamente baja. En este sentido, resulta sugerente preguntarse: ¿Es posible que la utilización de este esquema de acción en ocasiones alcance altos grados de legitimidad social? ¿Y si esto es así cuáles son los elementos que colaboran para entender este proceso?

Corresponde señalar que la repuesta a esta pregunta no es trivial. En tanto la acción directa corre permanentemente el riesgo de la represión, una de las formas de obstaculizar los procesos punitivos resultantes es constituir una legitimación específica del conflicto. En esta dirección, en nuestra hipótesis esta posibilidad depende de su moralización. En este sentido, los protagonistas de la acción directa tienden a personalizar el hecho a expensas del carácter intrínsecamente impersonal de la normativa transgredida. Moralizar el acto de reclamo en cuestión, implica presentar las particularidades de la situación que justifican la violación de la norma legal. Con tal objeto los cuadros promotores y organizadores emplean diversas tácticas en el campo expresivo con la doble finalidad de movilizar al conjunto de la propia base social de la acción y lograr por parte de la opinión pública su comprensión en términos positivos. Las características personales de quienes protagonizan el acto, la historia de maltratos, la intensidad de las injusticias, las metas que se buscan satisfacer con la acción; suelen ser el conjunto de atributos que son presentados y comunicados como los que convierten a la lucha en singular. Esta singularización tiene mayor posibilidad de ser exitosa en tanto se vincule con valores morales de amplia difusión social que operen como nociones legitimantes (Thompson, 1979). De este modo, se promueve la posibilidad de reconocimiento moral por parte de terceros, pese a la transgresión que introduce en el orden social y la afectación que de este modo puede ocasionar a otras personas no directamente involucradas en el conflicto. En la medida en que la acción no alcance legitimidad, tenderá con mayor facilidad, a ser criminalizada y tipificada como un delito. Por lo tanto, su legitimidad dependerá de su capacidad para activar valores morales compartidos o complementarios entre los demandantes y terceros, o incluso hasta con el mismo adversario (Rebón y Pérez, 2012).

En este sentido, como ejercicio investigativo es sugerente pasar del análisis abstracto de las tomas, a una búsqueda de aproximación empírica a las formas que esta se desarrolla en la práctica. Con tal propósito vamos a plantear un ejercicio analítico con dos modalidades de significativo uso en la Argentina reciente. Por una parte, abordaremos el caso de las tomas de terreno que tienen como objeto el acceso a la vivienda por personas que carecen de ellas. Se trata de una forma de larga data en la historia de nuestro país, que refiere al acceso informal a la tierra y la vivienda. En ocasiones, se hace de un modo espontáneo e individual, en otras de un modo organizado y planificado, formando parte estas últimas de procesos de organización y lucha colectiva (Cravino, 2001). Esta modalidad representa una de las formas de acceso al habitat urbano, donde la lógica de la necesidad conduce a la autoproducción del habitat (Rodríguez et. al, 2007). Por la otra parte, nos centraremos en la ocupación de establecimientos productivos que tienen como objeto los denominados procesos de recuperación de empresas por sus trabajadores. Desde fines de la década del noventa, y especialmente a partir de la inédita crisis general de 2001, las recuperaciones de empresas se desarrollaron en nuestro país, representando un proceso aún abierto en la actualidad. Asalariados de unidades productivas en crisis asumen de forma colectiva, organizados en cooperativas de trabajo, la responsabilidad de llevar adelante la producción. Frente a la vulneración de la relación salarial por parte del capital, los trabajadores en la defensa de su puesto laboral avanzan sobre la dirección de la producción. La toma ha sido la forma de acción colectiva emblemática de dichas experiencias. Ha cumplido un rol central como medio eficaz de apropiarse en los hechos del espacio de la fábrica para evitar su vaciamiento y reiniciar la producción de manera autogestionada (Fajn et. al, 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2012). Comparemos a continuación la legitimidad social de estos dos usos de la ocupación.

Cuando indagamos sobre la legitimidad en términos de justicia de estas formas de acción encontramos una amplia variación[14]. Mientras en el caso de la toma de terrenos con el objeto de habitarlos predomina la representación de injusticia (65%), por el contrario en el caso de la toma de fábricas con fines productivos los valores cambian significativamente, el 84% considera justo este tipo de toma. Estas diferencias significativas nos muestran que la legitimidad no depende sólo de la modalidad de acción colectiva, sino que está determinada por el conjunto de atributos sociales en los cuales esta se enmarca. La legitimidad o no de un esquema de acción colectiva, no refiere a una característica intrínseca del instrumento sino de su singularidad: quiénes la usan, cuál es el objeto de su acción y su objetivo. De este modo, aun en una forma extrainstitucional de plantear y resolver reclamos colectivos y que es resistida en términos de legitimidad social, el tipo específico de singularización configura las condiciones de su legitimación. Exploremos brevemente los procesos de legitimación en cada una de estas formas.

Cuadro 4. Percepción de toma en términos de justicia según modalidad entre la población del AMBA (2012)

Analicemos en primer lugar el ejemplo referente a la ocupación de empresas. Como ya señalamos en contraposición a la valoración de la toma como forma de lucha genérica y la atinente al caso de apropiación con fines de vivienda, la ocupación de la unidad productiva con el fin de recuperar la empresa es considerada una forma legítima de acción. ¿Sobre qué elementos se funda dicha valoración positiva? La defensa de la fuente de trabajo es el criterio que convalida la acción directa (65%). Los trabajadores son acreedores de una solidaridad social que legitima alterar las relaciones de propiedad -si fuera necesario- para defender su fuente laboral. En menor medida, la falta de otra alternativa de elección y por ende de decisión moral, legitima la acción (20%). Como señalan los encuestados: lo hacen porque es la única alternativa que les queda. En este caso, el trabajo aparece como elemento implícito que funda la valoración, no siendo una opción posible perderlo. Otra respuesta convierte al trabajo en fuente de propiedad, es justa la ocupación o toma de la fábrica ya que”les pertenece porque es fruto de su propio trabajo”(15%). Así, el esfuerzo de los trabajadores y el trabajo adeudado, torna difusas las fronteras entre propiedad establecida y propiedad merecida, promoviendo la legitimidad de la toma del establecimiento.

Por el contrario, la minoría de los encuestados que no considera legítima esta forma de acción colectiva destaca, en su mayoría, la existencia de otras formas de reclamo. Frente a la percepción de ausencia de alternativas, emerge aquí la existencia de otros canales que podrían ser utilizados. En menor medida, el valor de la propiedad, en relación a la legitimidad que le confiere el marco legal, o enfatizado en sí mismo, son los elementos que se destacan.

Cuadro 5: Razones de percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de recuperación productiva de la población del AMBA (2012).

En el caso la ocupación con fines habitacionales, el valor de la propiedad -aquello-que no lograba subsumir al trabajo en el caso de las empresas recuperadas-, aparece como el eje central que funda la percepción dominante. Para casi la mitad de los en-cuestados es ilegítima porque el terreno no es de su propiedad. En segundo lugar, con algo más de un cuarto de las respuestas encontramos el carácter jurídico de las relaciones de propiedad, (“viola la ley”). Finalmente, con un valor algo menor, encontramos la crítica desde la lógica del merecimiento, “las cosas hay que pagarlas”. Es el esfuerzo personal -elemento vinculado frecuentemente a la cultura del trabajo- la forma justa de acceder a esta clase de bienes.

En cambio, entre aquella minoría que justifica este tipo de ocupación es la lógica de la necesidad, lo significativo y urgente de la carencia, el principal elemento que permite configurar como justo el acto de la ocupación de terrenos. Para prácticamente la mitad de los encuestados no se trata de un merecimiento, de algo que es justo porque es la resultante de su propio trabajo o esfuerzo, sino de una necesidad que urge ser satisfecha. En segundo lugar, un tercio de los encuestados no le otorga carácter electivo al acto, la acción es planteada como la única alternativa para enfrentar la situación. Nótese, que esta respuesta adquiere mayor intensidad que en el caso de las empresas recuperadas. Este mayor peso de la desresponsabilización se debe en nuestro entender por la menor fuerza que tienen otras formas argumentativas positivas. Finalmente, con menor valor emerge la valoración del derecho a la vivienda (18%). Acá no es la mera necesidad o el merecimiento el punto argumentativo, se trata de una relación que debe ser garantizada a todos los ciudadanos independientemente de su situación o acción.

Cuadro 6. Razones de percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de habitar de la población del AMBA (2012).

En suma, mientras la alteración del valor de la propiedad -elemento implícito en las tomas planteadas- es relativizado y subsumido por el valor del trabajo en el caso de la recuperación, este aflora como el núcleo ordenador de la ilegitimidad de la toma con objeto habitacional. La singularidad del uso de la toma en el caso de la recuperación de empresas, logra construir una fuerza moral a su favor que le otorga legitimidad aun cuando transgreda normas y valores dominantes en la sociedad argentina. En nuestra hipótesis, el proceso exitoso de singularización se basa en cuatro elementos.

En primer lugar, el valor social del trabajo como elemento legitimador de la acción. Como hemos señalado en otro artículo, el trabajo como bien social aglutina diversos valores, significados e ideas los cuales le imponen límites a su mercantiliza-ción, promoviendo el pasaje por parte de los trabajadores de la privación a la acción contenciosa. En nuestra hipótesis esto se produce porque las empresas recuperadas han logrado quedar signadas en el marco de un elemento clave de la configuración cultural argentina que hemos denominado -inspirados por Thompson (1979)- economía moral del trabajo. (Rebón, Kasparian, Hernández: en prensa). La economía moral del trabajo está en nuestra perspectiva definida por los modos concretos en que una forma histórica de trabajo es socialmente valorada, en articulación y oposición a otros valores. En nuestro país una forma específica de trabajo -asalariado a tiempo completo, estable y con beneficios sociales- es un elemento clave en términos identitarios. Representa tanto el modo legítimo de obtener medios de vida, como de brindar pertenencia y reconocimiento social, orientar la vida y proyectar el futuro. El orgullo por trabajar y por ser trabajador son dos expresiones de esta cultura (Danani y Grassi, 2009). Si bien durante la última década del siglo XX esta cultura entró en crisis, ha seguido operando bajo nuevas condiciones, en las cuales el continuar u obtener trabajo se independiza de la forma salarial (Rebón, Kasparian y Hernández: en prensa). La defensa de la fuente de trabajo adquiere la suficiente fuerza moral como para relativizar el valor de la propiedad privada frente al valor del trabajo. Esto no ocurre en el caso de la vivienda. A pesar de que el acceso a la vivienda, al igual que el trabajo, es un derecho constitucional, éste tiene un rol más relevante en el entramado institucional y cultural; precisamente se lo considera el medio legítimo para obtener una vivienda, entre otros bienes y necesidades. El trabajo con su cultura del esfuerzo y sacrificio es considerado socialmente la principal vía de integración social. Los trabajadores al ocupar para producir realizan este valor. Por eso en las respuestas anteriormente encontradas hallamos que el “trabajar” legitima la toma por recuperación, y el que las cosas”deben ser pagadas y no regaladas”estructura argumentativamente la ilegitimidad de la toma de terrenos.

En segundo lugar, el espacio afectado por la ocupación es la fábrica o empresa, es decir, un bien de carácter lucrativo y no generalizado. Es de carácter lucrativo, en tanto que persigue una ganancia y no simplemente una retribución a un esfuerzo. Es de carácter no generalizado, en tanto que sólo una ínfima minoría de la población es propietaria de establecimientos productivos. Además, la recuperación de empresas es un fenómeno acotado, esta característica favorece que ni siquiera se generalice el miedo a su expansión en el conjunto de los sectores empresarios. Por estas razones, no se propicia una identificación inmediata con la personificación afectada por la ocupación. Precisamente, a nivel simbólico, es más generalizado el temor a la pérdida de la fuente de trabajo que el ver afectado un bien lucrativo pasible de ser ocupado; esta última es una situación más ajena para la mayoría de la población. Por el contrario, en el caso de los terrenos estamos ante un espacio de posesión más generalizado y no necesariamente relacionado a la obtención de ganancias. Aquí, en nuestra hipótesis aumenta el temor en parte de los encuestados a ser afectados directa -pérdida de terreno o casa- o indirectamente -depreciación- en su propiedad personal.

En tercer lugar, otro elemento sobre el cual se funda la legitimidad es el carácter defensivo y restaurador de la meta perseguida por los trabajadores. Toda defensa pretende la preservación de una condición o relación previa. En el caso de las empresas recuperadas se busca mantener la condición de trabajador, representando el trabajo un derecho adquirido e institucionalizado. Precisamente, la búsqueda de la defensa de una relación legitimada socialmente es la que permite definir la situación como un “agravio”. La toma persigue un principio de restablecimiento o restauración de una situación. Por el contrario, la toma de terrenos tiene un carácter ofensivo, es decir, apunta a transformar las relaciones preexistentes, buscando obtener una condición que anteriormente no se poseía, implicando de este modo un desafío de otro tipo.

Finalmente, la legitimidad suscitada se sostiene en la no aleatoriedad o arbitrariedad de la acción. En el caso de la recuperación de empresas existe una vinculación entre el espacio que se ocupa, los actores que llevan a cabo la acción y la fuente del conflicto, que hace que la ocupación no sea considerada como arbitraria. Es decir, hay un principio de vinculación específica y causal entre el causante del agravio y el afectado por la acción. La fábrica tomada pertenece o pertenecía a quien es percibido como el responsable de la pérdida de la fuente laboral. Los agraviados no son un grupo genérico, no son los trabajadores en general, se trata del personal de la empresa específica que cierra o entra en crisis. Esto hace que el mecanismo de vinculación sea plenamente consistente. Dado que el trabajador afectado por la crisis empresarial aportó productivamente en dicho establecimiento, entablando un conjunto de relaciones de diverso tipo que preexisten al desarrollo del conflicto, la legitimidad se potencia. Incluso, habitualmente en los procesos de recuperación, este aporte productivo no ha sido remunerado en los términos establecidos por ley, existiendo deudas laborales, tales como salarios caídos o indemnizaciones. Por el contrario, generalmente en la toma de terrenos, no existe una relación previa entre el espacio que se ocupa y los actores que llevan a cabo la acción. De este modo, no se logra establecer un criterio de justicia que legitime la relación ya sea basado en la compensación de un agravio previo, o en un merecimiento en torno a un aporte o esfuerzo realizado previamente en torno al objeto.

En suma, la brecha en términos de percepción de justicia entre la generalizada ilegitimidad de un formato de acción -la ocupación-, y la alta legitimidad de una forma específica que la misma asume -la recuperación- se explica por el proceso exitoso de singularización. El mismo se logra a partir de la combinatoria del valor que la fundamenta, su objeto, el carácter de la meta que persigue y la no arbitrariedad de la acción. La toma u ocupación del establecimiento productivo en el caso de la recuperación de empresas funda su legitimidad en la moral del trabajo. Pero esto no implica que toda legitimación basada en dicha moral sea exitosa. En nuestra hipótesis, el proceso legitimador es posible porque se combina con el principio de no aleatoriedad y el de restauración de una situación definida en términos de derecho. De este modo, la singularización o moralización del proceso de recuperación de empresas, construida sobre las particularidades de la situación, justifica la violación de la propiedad privada, permitiendo activar valores morales entre los demandantes y terceros, dotando a la acción de amplia legitimidad social.

Comentarios finales El ejercicio aquí presentado con base en la investigación por encuesta nos proporciona un panorama de los repertorios de confrontación presentes en la población. A diferencia de otras aproximaciones que tienen como unidad de análisis los conflictos, aquí abordamos los mismos a partir de la experiencia adquirida por la población aportando algunos elementos que entendemos colaboran en una comprensión integral de los eventos contenciosos. Nuestra aproximación a la población del Área Metropolitana nos permite destacar tres elementos.

En primer lugar, la participación en las formas de la protesta es reconocida por una porción significativa pero minoritaria de la población. A pesar de las innovaciones en la práctica de la protesta en las últimas décadas, la forma clásica de la protesta social, la movilización, y la de la protesta laboral, la huelga, son los esquemas que revisten mayor nivel de participación. En términos generales, la participación en los reclamos está ordenada según clivajes políticos y sociales, siendo mayor en sectores organizados, de estratos medios y favorables a la fuerza en el gobierno y los sectores progresistas y de izquierda en general.

En segundo lugar, los esquemas de acción colectiva indagados son controversia-les. Una parte significativa de la población rechaza el uso del conjunto de las formas de acción colectiva indagadas. No obstante, las legitimidades son diferenciales. Entre aquellas modalidades clásicas y más institucionalizadas las opiniones, favorables y contrarias, se encuentran divididas en magnitudes relativamente semejantes. Por el contrario, entre las formas menos institucionalizadas la crítica es lo dominante.

Finalmente, nuestro análisis de la toma en la recuperación de empresas por sus trabajadores, nos proporciona un abordaje que aporta en comprender los procesos constituyentes de la legitimidad de las formas extra institucionales y disruptivas. Es la singularización y moralización resultante, que retoma ciertos valores en articulación con elementos contextúales que viabilizan su expansión, lo que permite en el caso abordado tornar a la acción directa objeto de una alta legitimidad. No se trata de la forma de lucha en abstracto, sino de cómo ésta se instala en una lucha logrando activar nociones legitimantes de más amplio alcance. Indagar en futuras investigaciones con más detenimiento las condiciones constituyentes de la legitimidad, no debe ser sólo un objeto de curiosidad intelectual. Puede sin lugar a dudas representar un aporte que enriquezca las cajas de herramientas con las que contamos en los sectores populares y, sobre todo, perfeccionar la artesanía social de su uso.

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La protesta social es una forma significativa que asume la política entre nosotros. En paralelo a los mecanis¬mos institucionales de la democracia representativa, las acciones colectivas contenciosas son un fuerte mecanis¬mo informal de canalización de intereses hacia el Estado argentino. La protesta y la movilización pública son una herramienta significativa para la resistencia o legitimación de políticas y gobernantes. En el pasado fue un campo central de la resistencia a la reestructuración neoliberal y sus efectos, más recientemente también fue el espacio de protagonismo de las capas media-altas contra el ciclo del gobierno reformista inaugurado por Néstor Kirchner y posteriormente continuado por Cristina Fernández de Kirchner (Gamallo, 2013). ↵

En su célebre trabajo Economía moral de la multitud, Thompson (1979) encuentra en los motines de sub-sistencia de la Inglaterra del siglo XVIII un modelo de acción instalado culturalmente en la plebe para actuar en situaciones de escasez y alza del precio del pan. Dicho modelo de acción se encontraba vinculado a la existencia de un consenso popular -al cual denomina economía moral- que le permitía a los sujetos distinguir las prácticas económicas en función de su legitimidad, estableciendo un marco cultural que inspira y legitima la acción colectiva ↵

La toma históricamente estaba asociada a una acción de fuerza en la lucha contra despidos y suspensiones. A partir de inicios del siglo XXI esta comienza a incorporarse a la caja de herramientas de los trabajadores como una forma de enfrentar el cierre de unidades productivas a partir de la apropiación de las mismas y su puesta en funcionamiento mediante la autogestión (Rebón, 2007). ↵

En esta dirección, en ocasiones, en este proceso de difusión tienden a "fetichizarse"las formas de lucha, es decir absolutizarlas, atribuyéndose a las mismas propiedades intrínsecas. La representación dominante de la forma de acción tiende tornar inobserva ble la sociogénesis de la forma de lucha, al otorgarle atributos que la independizan del conjunto de relaciones sociales que median en cada situación concreta. Así, la toma, el corte, la huelga, o el foco guerrillero, fueron en distintos momentos hipostasiadas a un absoluto estratégico para todo tiempo o lugar (Marín, 2007). ↵

Supone desde nuestra conceptualización tanto la no mediación de la autoridad - aquellos que personifican la función de dirección del Estado- en la realización del reclamo y en ocasiones incluso en la resolución del mis¬mo, como la existencia de tensión entre la acción y el conjunto de regulaciones normativas que estructuran los comportamientos permitidos y esperables. Por otra parte, una de sus características, a diferencia de muchas de las formas institucionales como por ejemplo la democracia representativa, es que su ejecución no se delega en terceros. En este sentido, la acción directa es también acción no intermediada, involucrando necesariamente la participación personal y física de los interesados en su organización y realización. El uso del propio cuerpo, habitualmente junto a otros, es el recurso primordial de la acción directa. ↵

Este valor es relativamente semejante al 31% registrado en la"Encuesta sobre predisposición a la acción colec-tiva y nuevas prácticas reivindicativas"realizada entre la población del AMBA por el CINEA UNTREF, en las semanas previas a la crisis del 2001. No obstante, es significativamente menor que el registrada por Gómez (2014) en una encuesta realizada entre la población del AMBA por el CINEA UNTREF, en 2007. En este estudio se estima que el 47% de la población ha participado en alguna acción colectiva. Los valores no son comparables dado que en este estudio a diferencia del nuestro se registra huelga de hambre y apagones y no se registra escraches. En las formas de lucha que se registran en ambos relevamientos los valores tienden a asemejarse para todos los formatos a excepción del cacerolazo que registra valores significativamente superiores en el relevamiento de Gómez por cuestiones metodológicas. Lamentablemente carecemos de registros en otras zonas del país o en otros países quepodamos utilizar con fines comparativos para situar los niveles registrados en el AMBA. ↵

Por ejemplo, la utilización de la prensa como fuente para la elaboración de un catálogo o serie de conflic-tividad tiene un significativo uso en las ciencias sociales a pesar de no estar exenta de limitaciones (Silver, 2005; Schuster et al, 2006). Entre estas corresponde destacar que la muestra de hechos que nos provee está sesgada por una estrategia editorial. Dicha estrategia tiende a incluir más a unos hechos que a otros, con el agravante que dicho sesgo no tiene carácter sistemático en el tiempo. En la prensa acontecimientos de diverso tipo pueden alterar el peso y relación entre los distintos eventos. ↵

La participación en la protesta está condicionada por la asociatividad político-social. En el relevamiento cita-do encontramos que entre aquellos que participaron en alguna organización gremial o política casi tres cuartos presentan experiencia en las formas de lucha indagadas. Por el contrario, en aquellos sin experiencia asociativa política-social la participación en estas formas de reclamos desciende a sólo un cuarto de la población. De este modo, podemos hipotetizar que una parte significativa de la participación en la lucha social no asume caracterís-ticas"espontáneas"o"inorgánicas" La participación en la protesta, tiende a implicar procesos identitarios en torno a la lucha y a la organización colectiva. "Participar" tiende a formar parte de procesos más amplios que refieren a redes sociales de diferente carácter y culturas que valorizan la organización colectiva. ↵

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La aproximación social a la pertenencia de clase se realiza a partir de una adaptación del esquema clasifica-torio de Dalle (2012) a nuestro registro. Los patrones, los asalariados con alta calificación y/o personificación de las funciones de dirección en el proceso productivo, y los cuentapropistas con tareas de alta calificación fueron clasificados en las capas medias. En cambio, los asalariados sin jerarquía ocupacional y baja calificación, junto los cuentapropistas con baja calificación, fueron clasificados como clase trabajadora. Regístrese aquí que una parte significativa de estas capas medias representa a sectores asalarizados de la pequeña burguesía con importantes niveles de sindicalización. ↵

En la encuesta también se registró la autoidentification en el clivaje peronismo-antiperonismo, en esta oca-sión el cruce con esta variable no se presenta porque no ha mostrado ser significativo. El clivaje posición frente a la fuerza en el gobierno -kirchnerismo-antikirchnerismo- ha mostrado en líneas generales ser el de mayor ordenamiento del conjunto de los encuestados. Corresponde destacar que este clivaje al momento de la encuesta divide la población del AMBA en prácticamente tres tercios. Por supuesto, los clivajes plantean correlaciones entre sí, el kirchnerismo tiene una intensa correlación positiva con el peronismo y una de menor intensidad con la izquierda. ↵

No obstante, en la práctica concreta la huelga por su uso específico o por su combinación con otras formas puede implicar desbordes de los anales institucionales. ↵

Esta atribución no es la única significativa en esta dirección. Por ejemplo, en ocasiones estas formas pueden tener cierta atribución de efectividad. En una situación en la cual se perciba un agravio como muy intenso la atribución de efectividad promueve su uso por los disconformes aún a expensas de su falta de legitimidad. Por otra parte, corresponde destacar que entre la percepción de una forma y la disposición a su uso práctico median todo un conjunto de atributos sociales y personales. Por ejemplo, en un estudio sobre una serie ataques violentos protagonizados por usuarios de trenes hemos encontrado que pese a que la actitud hacia dichos episodios no mostraba diferencia por género, en la práctica ésta era muy significativa (Rebón y Pérez, 2012). ↵

La pregunta textual que se realizó para indagar la legitimidad de la toma con el objeto de recuperación pro-ductiva fue: ¿es justo que un grupo de trabajadores de una fábrica que está por cerrar la ocupe para ponerla a producir? Para el caso ocupación con objeto de habitat la pregunta fue: ¿considera que es justo que personas que no tienen vivienda ocupen un terreno deshabitado para vivir? Regístrese que si bien en ambas preguntas la forma de acción es una (toma), cambian el protagonista, la meta y el objeto de la toma. Posteriormente desarrollaremos con más detalle estas diferencias. ↵

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As lutas da classe trabalhadora no Brasil dos”mega-eventos”

Marcelo Badaró Mattos

Universidade Federal Fluminense, Brasil.

Resumen

Existe una conexión indirecta entre las protestas masivas de junio de 2013 y el ciclo ascendente de luchas y huelgas de los trabajadores en Brasil, ya que este episodio multitudinario surge en medio de un proceso ya iniciado y, al mismo tiempo, lo impulsa. El recurso a la huelga, como arma para enfrentar los bajos salarios, la pérdida de derechos y las pésimas condiciones de trabajo, volvió a ser un instrumento de lucha a pesar, o a contrapelo, de las tradiciones y las prácticas de las principales direcciones sindicales. En la manifestaciones de junio de 2013 prevaleció un perfil de jóvenes precarios con bajos salarios y, no obstante, sus demandas tenían contenidos universales y clasistas: transporte, salud, educación, libertad de expresión y de manifestación, contra la represión policiaca y los monopolios de los medios de comunicación de masa. Actualmente, en los meses siguientes al mundial del fútbol, el número y el impacto de las huelgas no se está repitiendo, posiblemente por la escalada represiva y criminalizante contra los militantes de los movimientos sociales.

Abstract

There is an indirect connection between the massive protests of June 2013 and the ascending cycle of struggles and strikes of workers in Brazil, given that this multitudinous episode emerges in the middle of an already initiated process and, at the same time, propels it. The resource of striking as a weapon to confront low wages, the loss of rights and the terrible working conditions, became again an instrument of struggle, in spite, or even against, the traditions and practices of the main union leaderships. In the protests of June 2013 a profile of precarious youth with low wages prevailed and, nonetheless, their demands had universal and classist contents: transport, health, education, freedom of expression and assembly, against police repression and monopolies in mass media. Currently, in the months that followed the World Cup, the number and impact of the strikes has not repeated, possibly because of the rise in repression and criminalization of social movement militants.

Palabras clave

Brasil, clase trabajadora, huelga, protestas de junio de 2013.

Keywords

Brazil, working class, strike, protests of June 2013.

A emergência de diversas e múltiplas manifestações de protesto social no plano internacional, no período dos últimos cinco ou seis anos, tem gerado caracterizações sobre a novidade ou especificidade desses movimentos, seja pelo perfil dos manifestantes, seja pelas modalidades organizativas que os convocam ou deles surgem, seja ainda por seus programas de reivindicações implícitos ou explícitos. Entre tais caracterizações e análises predomina a valorização de elementos como: a rejeição às formas tradicionais de organização das lutas da classe trabalhadora desde o século XIX (os partidos e sindicatos em especial); um perfil de lideranças e bases distinto daquele tradicionalmente associado à classe trabalhadora; um horizonte organizativo diferenciado, pautado pela rejeição a formas institucionais e estruturas hierarquizadas e um conjunto de propostas e demandas muito diversificado e fragmentado, que possui por pontos de contato uma difusa rejeição à ordem política e uma reação decidida aos modelos de ajuste económico típicos das estratégias de enfrentamento da crise capitalista pelos governos de diferentes matrizes partidárias após 2008.

Este artigo está longe de pretender questionar em bloco tal caracterização dominante. Porém, a partir do caso brasileiro, estudado com ênfase sobre o caráter das manifestações multitudinarias que eclodiram, em meio à chamada Copa das Confederações de futebol, em meados de 2013 (denominadas como”jornadas de junho”) e das lutas sociais que a estas se relacionaram – ocorrendo antes ou depois – espera-se demonstrar uma conexão entre protestos coletivos que aparentemente se encaixam plenamente na caracterização acima resumida e formas mais tradicionais de luta e organização da classe trabalhadora, como as greves e o movimento sindical.

Isso porque as “jornadas de junho” ocorreram em meio a uma retomada progressiva de lutas sindicais típicas, como as greves, ainda que com tais movimentos não mantivessem uma relação direta. Mais que isso, as mobilizações de massa de 2013 impulsionaram uma nova onda de movimentos grevistas (entre outros movimentos sociais) que se estendeu, pelo menos, até meados de 2014, quando o Brasil recebeu a Copa do Mundo de futebol. Explicar essas “coincidências” exige uma reflexão que vá além dos elementos mais aparentes desses fenómenos. Comecemos por uma recuperação rápida das informações gerais sobre os ciclos grevistas no Brasil recente, para em seguida retomar a discussão sobre as jornadas de junho e seu efeito multiplicador de lutas. Ao fim, esperamos conseguir esboçar uma avaliação do quadro atual.

O retorno das greves? Um dos mais visíveis indicadores do recuo das lutas coletivas da classe trabalhadora brasileira, a partir dos anos 1990, foi a diminuição do número de greves. Em 1989, no auge do ciclo de lutas sociais que marcou o fim da ditadura empresarial-militar instalada em 1964, ocorreram cerca de 4000 greves no Brasil. Nos anos seguintes este número foi caindo, até atingir 1228 greves em 1996,525 em 2000 e 299, em 2005, num dos pontos mais baixos da curva (o menor número foi de 298 em 2002)[1]. Para explicar tal declínio das mobilizações organizadas dos trabalhadores, podemos elencar diversos fatores: o desemprego e a precarização das relações de trabalho decorrentes do processo de reestruturação produtiva que se acelerou a partir da década de 1990; o progressivo apassivamento da maioria da direção sindical mais

combativa (reunida em torno da Central Única dos Trabalhadores, a CUT), que ao longo dos anos 1990 aderiu progressivamente a uma lógica conciliatória e amoldou-se à ordem do capital e à estrutura sindical oficial; e, já nos anos 2000, a incorporação de dirigentes sindicais aos governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, acompanhada da transformação da CUT em braço sindical dos governos petistas e de sua definitiva incorporação à estrutura sindical oficial. Explicar detalhadamente cada um desses fatores demandaria mais espaço e tempo do que dispomos aqui.

O que nos interessa neste momento, porém, é assinalar uma inflexão. Depois de 446 greves contabilizadas em 2010 e 554 em 2011, no ano de 2012 aconteceram 873 greves no Brasil, segundo os estudos do DIEESE. É o maior número registrado desde 1996 e revela um crescimento significativo nos últimos anos do recurso à paralisação do trabalho, como arma para enfrentar os baixos salários, a perda de direitos dos trabalhadores e as péssimas condições de trabalho, geradoras de uma crescente onda de acidentes de trabalho, especialmente em setores como o da Construção Civil, que se viu mais aquecido com as grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos”mega-eventos”(Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas). A relativa estabilidade do nível de emprego (relativa porque os números oficiais contabilizam cerca de 6 milhões de desempregados, mas também 62 milhões de brasileiras e brasileiros em idade ativa que por alguma razão não buscam empregos) também pode ajudar a explicar porque cresce o número de greves. Ainda não foram divulgados os dados sobre as greves no ano de 2013, mas tudo indica que a tendência ao crescimento se manterá.

No entanto, o crescimento do número de greves está longe de ser o principal fenómeno das lutas sociais no Brasil na conjuntura recente. Em junho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas em protestos que chegaram a envolver mais de 400 cidades e cerca de 2 milhões de pessoas, apenas na noite de 20 de junho, quando as manifestações atingiram seu ponto mais alto. Há certo consenso em avaliar que tais protestos, ao menos naquelas dimensões, não eram esperados e não alcançaram tamanha amplitude por terem sido convocados por alguma força política ou movimento social organizado. Embora existissem organizações e movimentos impulsionando as primeiras manifestações, que reuniram algumas centenas ou poucos milhares de pessoas contra os reajustes das tarifas do transporte urbano, a explosão das multidões nas ruas foi um efeito em grande medida “espontâneo” típico daquelas situações históricas nas quais descontentamentos sociais latentes, extravasam por canais não institucionais. Diante disso, que relações poderiam ser estabelecidas entre assomadas de junho”e as greves?

As jornadas de junho: sentido de classe? No momento das grandes manifestações de meados de 2013, uma das características mais discutidas de seu perfil foi a rejeição aos partidos políticos e, em alguma medida, às organizações sindicais proclamada por parcela significativa dos manifestantes. Quando as centrais sindicais tentaram aproveitar o embalo das grandes passeatas para impulsionar dois dias nacionais de luta unificada, o que se viu foram manifestações de escala muito reduzida e, em grande medida, restringidas a dirigentes e funcionários dos aparatos sindicais. De que relação com as greves se poderia tratar então?

Antes de qualquer resposta apressada, tentemos entender melhor junho de 2013. É fato que o perfil de seus participantes, dimensionado por um pequeno número de levantamentos realizadas por institutos de pesquisa de opinião, cujos critérios de estratificação dos entrevistados são questionáveis, revelam uma composição social heterogénea. No entanto, revelam também uma clara predominância de manifestantes nas faixas de rendimento de 0 a 5 salários mínimos e nas faias etárias mais jovens[2]. Indo um pouco além da aparência dos acontecimentos, podemos perceber que apesar de terem sido palco para todo tipo de propostas, inclusive algumas de teor claramente reacionário, as grandes demandas daquelas manifestações que permaneceram em pauta ao longo do processo – pela redução do preço e melhoria da qualidade do transporte coletivo, contra a violência policial, contra as corporações empresariais de mídia, em defesa da saúde e da educação – possuíam um claro perfil de classe. Isso se vislumbrava desde o momento em que ficou evidente a ampla simpatia que despertou a sua reivindicação original. Capitaneadas pelo Movimento pelo Passe Livre de São Paulo e organizações semelhantes em outros estados, que já possuem cerca de uma década de lutas acumuladas, mobilizando especialmente os estudantes, as primeiras passeatas se opunham ao aumento das tarifas do transporte urbano. Os transportes públicos urbanos, muito caros e de péssima qualidade, são um pesadelo no orçamento e no cotidiano justamente dos setores mais precarizados da classe trabalhadora, que moram mais distante do trabalho e não recebem qualquer tipo de auxílio para o transporte[3]. Quando as manifestações reuniram milhões nas ruas, mesmo após a revogação dos reajustes de tarifas na maioria das capitais, a pauta mais sensível foi justamente a demanda por serviços públicos de qualidade – além do transporte, também saúde e educação -, reivindicação nitidamente orientada pelos interesses da classe trabalhadora, que exige, ainda que de forma difusa, mais do que o acesso a serviços no mercado, seus direitos sociais universais.

Os que foram às ruas naquelas “jornadas” protestaram também contra a violência policial, não apenas para garantir seu direito à manifestação, mas também para denunciar o sentido opressivo de um aparato militarizado de coerção estatal, que constitui uma das faces mais visíveis do tratamento dispensado pelo Estado aos setores mais precarizados da classe trabalhadora em um país com os níveis de desigualdade social do Brasil.

Diante da extrema violência empregada pelos policiais contra os primeiros atos contra os reajustes das passagens, nas primeiras semanas de junho, alguns comentários enfatizaram que a polícia cometeu “excessos” enquanto outros afirmaram que os policiais eram despreparados. Análises como essas geram equívocos e confusões. Não é despreparo o que os policiais demonstram quando atiram a queima roupa em manifestantes – eles foram treinados para fazer isso todos os dias nas favelas e periferias das grandes cidades brasileiras (com a diferença de que lá as balas não são de borracha)[4].

Para quem tinha alguma dúvida, isso ficou nítido em plena onda de manifestações, quando na madrugada do dia 24 pra 25 de junho, na sequência à repressão a um ato de protesto, que segundo a polícia teria dado ensejo a atos criminosos, os helicópteros e carros blindados de uma polícia militar armada para a guerra, foram empregados contra a população da favela Nova Holanda, no chamado”complexo”da Maré. O resultado noticiado foi a morte de nove moradores, e um sargento da polícia. 0 mesmo “complexo” de favelas que, meses depois, em abril de 2014, seria ocupado por tropas da Marinha e do Exército. Localizado à margem da via expressa que liga o maior aeroporto do Rio de Janeiro ao centro da cidade, o conjunto de favelas, cuja visão desde a autopista já era obstada por muros acrílicos pintados, estaria assim “neutralizado” como potencial de perigo para a circulação de delegações e turistas durante o mundial de futebol. No entanto, a ocupação prossegue após o fim da Copa do Mundo, tendo resultado desde abril em outro tanto de mortes de moradores, sempre sob a acusação de pertencerem ao”mundo do crime”

Nesse sentido, da mesma forma que a demanda por direitos sociais, como transporte, saúde e educação, a reação à violência policial possui também um sentido de classe. Questionar a violência policial é questionar um pilar central da forma atual da dominação de classes no Brasil. As jornadas de junho também questionaram outro dos pilares fundamentais dessa dominação: os monopólios empresariais de comunicação de massas, onde alguns poucos grupos familiares privados controlam a imensa maioria dos canais de comunicação jornalística e rádio-televisiva. Os manifestantes denunciavam a cobertura tendenciosa desses canais sobre os protestos, contribuindo assim, ainda que com muitas contradições, para abrir caminho para o esclarecimento de alguns setores sobre o papel de classe fundamental exercido pelos monopólios empresariais de comunicação.

Por isso alguns intérpretes associaram as “jornadas de junho” a uma explosão de protesto político justamente daqueles setores da classe trabalhadora brasileira que se submetem às novas formas (ou velhas formas reinventadas) de precarização das relações de trabalho. Ruy Braga, por exemplo, acredita que os que foram à rua eram os representantes do”precariado”:”a massa formada por trabalhadores desqualificados e semiqualificados que entram e saem rapidamente do mercado de trabalho, por jovens à procura do primeiro emprego, por trabalhadores recém-saídos da informalidade e por trabalhadores sub-remunerados” (Braga, 2012:96).

É importante ressaltar que, ao contrário do uso dominante do termo pela literatura sociológica francesa, Braga não distingue completamente o”precariado”da classe trabalhadora, mas considera-o uma parte dela, definindo-o como “a fração mais mal paga e explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores agrícolas” que se diferencia tanto dos”setores profissionais” mais qualificados e melhor remunerados da classe trabalhadora, quanto da população pauperizada e do lumpenproletariado (Braga, 2012: 19). Não é necessário aceitar o conceito de”precariado”sem reservas para concordar com Braga na avaliação de que a explosão política de junho de 2013 teve como protagonistas setores mais precarizados da classe trabalhadora brasileira, justamente aquele setor mais distante da organização sindical tradicional, porque menos representado por ela.

Ainda assim, e voltando à questão da relação entre as jornadas e as greves, é possível enxergar as manifestações de junho de 2013 como potencializadas por/e poten-cializadoras de lutas sindicais.

Em primeiro lugar, porque as reivindicações dos manifestantes estavam longe de ser novidades. Trata-se de um conjunto de bandeiras assumidas e propagandeadas pelos movimentos sociais que mantiveram uma perspectiva mais mobilizadora e combativa, mesmo em meio à maré vazante de lutas dos anos 1990 e 2000. Em especial a defesa de mais verbas e melhor qualidade para saúde e educação públicas teve nos sindicatos de trabalhadores desses dois setores no serviço público brasileiro seus principais propagadores. Em 2012, por exemplo, uma grande greve dos trabalhadores da educação no serviço público federal atravessou mais de três meses de enfrenta-mentos com o governo de Dilma Rousseff, colocando em evidência as condições precárias de expansão do ensino nas instituições federais. Ou seja, as lutas sindicais, ainda que fragilizadas e fragmentadas, das duas décadas passadas foram essenciais para manter em pauta a defesa desses direitos fundamentais. Por isso, não é possível desconsiderar que palavras de ordem ouvias nas manifestações de junho de 2013 -como “- Da copa eu abro mão. Quero dinheiro pra saúde e educação”- possuíssem alguma possibilidade de emergir porque foram antes elaboradas em lutas dos trabalhadores desses serviços públicos.

Por outro lado, as manifestações de 2013 impulsionaram greves e táticas de lutas dos sindicatos mais combativos. Em vários estados do país, sindicatos de profissionais da educação das redes públicas de ensino básico, percebendo o clima de apoio populará causa pela qual sempre lutaram, fizeram greves no segundo semestre de 2013. No Rio de Janeiro, a greve foi longa, enfrentou a intransigência dos governos estadual e municipal, mas gerou uma nova onda de passeatas multitudinarias em seu apoio, chegando a reunir novamente cerca de 100 mil pessoas nas ruas do centro da cidade em outubro. Muitos dos manifestantes de junho foram às ruas novamente concretizar a palavra de ordem da defesa da educação, consubstanciando-a em apoio ativo à luta dos trabalhadores do setor.

A mesma tática de levara greve para a rua, na forma de grandes manifestações,foi empregada pelos trabalhadores da limpeza urbana do Rio de Janeiro (os garis), que em pleno carnaval carioca deste 2014 paralisaram suas atividades para garantir melhorias salariais e de condições de trabalho. Apesar do incómodo com o acúmulo de lixo nas calçadas e ruas, em plena festa carnavalesca, a maioria da população da cidade apoiou a greve e quando, em 7 de março, os garis fizeram sua maior manifestação pelo Centro foram fortemente aplaudidos e receberam muitas adesões em seu protesto. Imediatamente após essa demonstração de força, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que havia classificado a greve como”motim”e mobilizara escoltas policiais para forçar os garis a trabalharem, chamou os líderes da greve para negociar e a paralisação se encerrou com ganhos substantivos para os trabalhadores.

Greves como essa colocam em questão também a natureza do sindicalismo brasileiro hoje. Embora continue a existir um setor combativo do movimento sindical, que se mobiliza e comanda greves (como entre os profissionais de educação, ou entre os metroviários de São Paulo, que realizaram uma forte greve em junho de 2014, às vésperas do mundial de futebol) e apesar de até mesmo a burocracia mais acomodada em alguns momentos ser obrigada a convocar paralisações do trabalho, o que chama a atenção em muitos desses movimentos grevistas recentes é que eles se fazem à margem das, e muitas vezes contra as, direções sindicais.

Nos anos finais da ditadura e até finais da década de 1980, a emergência do chamado “novo sindicalismo” se fez não apenas através da explosão das mobilizações grevistas, mas também através de um questionamento à estrutura sindical corporativista (vigente no Brasil desde os anos 1930) que valorizava a “autonomia” dos sindicatos. A formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, e as lutas levadas adiante por aquela central, como as diversas greves gerais da década de 1980, foram a face mais visível de um movimento combativo que explicitava a diferenciação dos interesses e projetos de classe dos trabalhadores brasileiros em relação à classe dominante. Um quadro complexo de situações – que envolve, entre outros elementos já rapidamente mencionados, a reação dessas direções sindicais ao processo de “reestruturação produtiva” sua progressiva adaptação à estrutura sindical que antes criticara e a adesão a mecanismos novos de colaboração de classes (como câmaras de negociação tripartites, conselhos de fundos de pensão de empresas estatais e de fundos públicos, etc.) – explica a progressiva conversão do polo sindical antes combativo a uma lógica de atuação mais propensa aos acordos que viabilizaram a retirada de direitos dos trabalhadores e a ampliação da produtividade/lucratividade do capital desde os anos 1990. A chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo Federal, em 2003, levou esse processo de incorporação à ordem a um novo patamar, com a nomeação de centenas de dirigentes sindicais para cargos públicos e de gestão de empresas e a transformação da CUT em braço auxiliar das políticas de governo, quebrando a resistência mesmo àquelas contrarreformas de matriz neoliberal às quais tal setor do sindicalismo ainda se opunha[5].

Na greve dos garis cariocas, a direção sindical, encastelada há décadas no sindicato de trabalhadores da limpeza urbana e sempre disposta a colaborar com os governos e a conter mobilizações, não só se posicionou contra a greve, como tentou evitá-la, boicotando a assembleia dos trabalhadores que iria deflagrá-la e anunciando acordos com a municipalidade que nunca foram discutidos pela categoria. Mesmo na greve dos profissionais da educação do Rio de Janeiro no segundo semestre de 2013, dirigida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE), cuja composição é majoritariamente de militantes da esquerda mais combativa, houve uma nítida tensão entre o posicionamento da direção (mostrando disposição para negociar acordos que pusessem fim à greve, ainda que sem maiores garantias de conquistas) e uma parcela expressiva das bases, mais radicalizada.

Outro exemplo, bastante significativo, é o das várias greves dos operários da construção civil nos canteiros de obras do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj). Duas delas ocorreram em 2013 e uma terceira, de maiores dimensões, atravessou mais de 40 dias nos meses de fevereiro e março de 2014 (outras menores ocorreriam depois). Novamente aia direção do sindicato local colocou-se contrária à greve e buscou “negociar”com as construtoras à revelia dos 28 mil grevistas, que por mais de uma vez mantiveram a paralisação dos trabalhos após anúncios de acordo e fim de greve por parte dos dirigentes sindicais. Os protestos dos trabalhadores em greve envolveram fechamento de estradas e incêndio de ônibus e logo no início do movimento, na madrugada de 6 de fevereiro, dois trabalhadores foram feridos à tiros. Várias declarações de envolvidos no protesto acusaram “seguranças” contratados pelo sindicato como responsáveis pelos disparos.

Nos meses seguintes, chamaram a atenção greves de rodoviários, em várias capitais brasileiras, reivindicando melhores salários e condições de trabalho (como o fim da “dupla função” de motoristas obrigados a também fazer a cobrança das passagens). De certa forma, assim como na greve dos trabalhadores do metro paulistano, as paralisações de rodoviários indicaram o outro lado da questão dos transportes públicos que estava no centro dos protestos do ano anterior, qual seja, as das péssimas condições de trabalho e baixos salários dos trabalhadores neles empregados, analogamente ao caso dos trabalhadores em educação, também nesse caso é possível avaliar que as “jornadas de junho” exerceram um papel de impulso para tais greves. Tanto quanto nas greves da limpeza urbana, nas greves de rodoviários os também trabalhadores paralisaram suas atividades sem o apoio das direções sindicais, ou mesmo se enfrentando com diretorias de sindicatos identificadas com as formas mais tradicionais de colaboração de classe no meio sindical brasileiro.

Não é, entretanto, apenas no plano sindical que podemos observar um efeito “bumerangue”das”jornadas de junho”em relação a lutas anteriores e posteriores. No caso dos movimentos sociais urbanos de luta pelo direito à moradia, por exemplo, o crescimento recente das mobilizações é bastante significativo. O déficit de moradias no Brasil é enorme – com cerca de 7 milhões de famílias (mais de 20 milhões de pessoas) carecendo de um teto – e as grandes obras urbanas relacionadas aos mega-eventos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016), gerando um amplo número de despejos e remoções agravou as tensões sociais em torno do problema. O melhor exemplo é o do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que, em junho de 2013, organizou diversas manifestações em conjunto com outras organizações nas periferias dos grandes centros, especialmente em São Paulo, e protagonizou uma série de ocupações de terrenos urbanos por milhares de famílias em busca de uma moradia digna, tendo tido desde então expressivas conquistas nesse terreno, o que confirma a importância das lutas territoriais e por direitos reprodutivos, numa configuração das relações de trabalho marcada pela precariedade e fragmentação espacial da exploração[6].

Em que ponto estamos? Este texto foi concluído em meados de setembro de 2014. O número e o impacto público das greves do primeiro semestre não está se repetindo nos meses seguintes ao mundial de futebol. Podemos especular que as direções sindicais mais comprometidas com o apoio ao governo federal, que estão à frente do maior número de sindicatos e da principal central sindical do país (a CUT), tem todo o interesse em conter as mobilizações numa conjuntura de eleições gerais, que ocorrerão em outubro. Há, no entanto, um outro fator explicativo relevante.

Em 11 de julho deste ano de 2014, às vésperas do jogo final do torneio mundial de seleções de futebol que se realizava no Brasil, a justiça do Rio de Janeiro, local da partida decisiva, expediu um mandado de prisão temporária contra 19 pessoas acusadas de planejarem e executarem atos criminosos durante manifestações públicas, que se realizaram desde 2013. Presos os 19 acusados, após escaramuças judiciárias alguns foram libertados (em um segundo momento se decretaria a prisão preventiva dos 19 e mais outros 4 ativistas), e outros permaneceram encarcerados, até que os mandados acabassem por ser revogados via habeas corpus de instância superior, em 23 de julho. Do ponto de vista das regras jurídicas brasileiras, os mandados eram aberrações completas, pois baseados em inquéritos policiais montados a partir de evidências inexistentes ou muito frágeis. Sua base seriam depoimentos de supostos ex-militantes, que teriam se apresentado espontaneamente à polícia em decorrência de traições amorosas, ou rancores pessoais, somados a escutas telefónicas de conteúdo pouco esclarecedor, chegando-se ao ponto de se arrolar entre os suspeitos (porque mencionado em uma mensagem) o revolucionário russo Mikhail Bakunin, até que provem o contrário, falecido em 1876.

A primeira impressão da maioria dos militantes e analistas era de que tal aberração jurídica estava sendo utilizada de forma “preventiva” pelo Estado brasileiro, com o objetivo de tentar evitar manifestações de vulto no dia da “grande final” entre os seccionados de Argentina e Alemanha. De fato, ocorreram manifestações, no domingo 13 de julho, em um bairro próximo ao estádio do Maracaná e a repressão policial foi brutal, com um contingente de 2.000 policiais utilizado para cercar, manter acuados por horas em uma praça, atacar com bombas de gás e muita pancada, um número igual ou inferior de manifestantes desarmados.

No entanto, a Copa do Mundo acabou e as prisões arbitrárias se mantiveram, ampliando-se as informações sobre outros acusados e novos inquéritos que estariam em curso, como, por exemplo, contra organizações sindicais, acusadas de financiar os atos de “vandalismo” dos grupos e militantes encarcerados e/ou processados. O que faz surgir outra indagação: seria toda essa fúria repressiva motivada pela garantia à realização da Copa do Mundo de futebol ou, ao revés, o campeonato mundial de seleções foi utilizado como pretexto para mais um avanço na escalada repressiva e criminalizante sobre os movimentos sociais e militantes que se mobilizam com algum tipo de perspectiva de confronto contra a ordem estabelecida?

Afinal, em todos os movimentos que emergiram nos últimos meses, sociais em sentido mais amplo e sindicais em um sentido mais restrito, uma característica em comum pode ser destacada: todos, sem exceção, enfrentaram dura repressão estatal.

Despejos violentos, no caso das ocupações urbanas; decisões judiciais favoráveis à punição dos grevistas e violência policial na repressão às manifestações das categorias em greve foram elementos constantes a comprovar a prioridade conferida pelo Estado à repressão das mobilizações, com recurso à criminalização de movimentos, organizações e militantes combativos.

Não é novidade que essa mesma força policial militar seja cotidianamente empregada contra todos os movimentos da classe trabalhadora que nas últimas décadas tenham ousado enfrentar os interesses do latifúndio no campo, da especulação imobiliária nos grandes centros urbanos ou da “paz industrial” nos espaços da produção. Basta lembrar, para ficarmos em poucos exemplos, os massacres de trabalhadores rurais sem-terra (como em Eldorado dos Carajás, Pará, em 1996), o despejo violentíssimo dos moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos, São Paulo, em 2012 (com inúmeras denúncias de espancamento, incluindo uma resultante em morte), ou a repressão às greves dos últimos anos nas obras das grandes hidroelétricas em construção na Amazónia, como nos canteiros da usina de Jirau, em Rondônia, que também envolveram relatos de operários mortos por espancamento, desaparecidos e mais de uma centena de presos.

No entanto, tendo em vista a ascensão das lutas que se seguiu às “jornadas de junho” podemos voltar ao caso das prisões no período final da Copa do Mundo combinado à extrema violência na repressão às manifestações naquele momento, para levantar a hipótese de que assistimos agora a um esforço de contenção no nascedouro, pela via do uso desabrido da violência exemplar do Estado, de um novo ciclo de lutas da classe trabalhadora brasileira que ameaça despontar no horizonte. Um esforço que se combina ao papel de colaboração com a ordem instituída, desempenhado pela maior parte das direções sindicais e que, ao menos até onde se pode avaliar neste momento, parece estar sendo bem sucedido.

Só com o passar do tempo poderemos ter condições para avaliar realmente se estamos diante de um novo ciclo de crescimento das lutas organizadas da classe trabalhadora no Brasil, que crie condições para a superação de tais obstáculos, em seus aspectos de coerção e consenso. No entanto, pode-se dizer desde já que, entre outras questões importantes postas pelas manifestações, greves e ocupações, parece ser fundamental compreender que uma nova onda de mobilizações grevistas, que possa recolocar a classe trabalhadora organizada no centro do debate político nacional, dependerá, por um lado, da capacidade das bases sindicais e dos dirigentes mais combativos de alargarem as lutas, através de mobilizações de massas que envolvam também os setores mais precarizados e menos organizados da classe trabalhadora, que demonstraram seu potencial de descontentamento em junho de 2013 e nos movimentos seguintes, de forma a unir sindicatos e movimentos mais combativos em uma só frente de lutas. A formação de frentes de lutas entre mobilizações sindicais/ grevistas e lutas territoriais urbanas, por exemplo, pode gerar um outro patamar de organização para a retomada das mobilizações de rua. Por outro lado esse novo crescimento do patamar de lutas sociais dependerá também – tanto no plano sindical quanto no que tange à maioria das direções dos movimentos sociais – de uma renovação dos quadros organizativos, com a substituição de burocracias, esclerosadas em função do colaboracionismo de classes, por novas lideranças surgidas das greves e mobilizações que se enfrentam com esses burocratas.

Bibliografia

Badaró Mattos, Marcelo 2009 Reorganizando em meio ao refluxo: ensaios de intervenção sobre a classe trabalhadora no Brasil recente (Rio de Janeiro, Vício de Leitura).

Braga, Ruy 2012 A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista (São Paulo: Boitempo).

Braga, Ruy 2014″Cenedic: uma sociologia à altura de Junho” in <http://blogdaboitempo.com.br/cate-gory/colunas/ruy-braga/>.

Boulos, Guilherme 2014 Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto, 2a. Ed., (São Paulo, Scortecci).

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Económicos (DIEESE) en <www.dieese.org.br>. Fórum 2014″Quase um terco dos brasileiros vive nas periferias urbanas”, janeiro.

Justiça Global in <global.org.br>.

No Brasil, os levantamentos mais sistemáticos sobre greves são os produzidos pelo Departamento Intersindi¬cal de Estatística e Estudos Económicos (DIEESE) e podem ser consultados em <www.dieese.org.br> ↵

Ver a esse respeito os dados de pesquisas comentados por Ruy Braga, a partir de sistematização de André Singer, em "Cenedic uma sociologia à altura de Junho" in http://blogdaboitempo.com.br/category/colunas/ruy-braga/↵

Estimativas de 2014 apontam para 29% da população brasileira vivendo nas periferias dos centros urbanos. Ver <http://revistaforum.com.br/blog/2014/01/quase-um-terco-dos-brasileiros-vive-nas-periferias-urbanas/&gt;, consultado em fevereiro de 2014. ↵

Alguns números: entre 2005 e 2009, a polícia de São Paulo matou 2.045 pessoas, registrando as mortes como resultantes de "confronto" e "resistência à prisão" O número, para se ter um grau de comparação, é superior aos dos mortos por todos os órgãos policiais dos Estados Unidos no mesmo período. No Rio de Janeiro, a polícia mili-tar, campeã de homicídios registrados como "resistência" matou 416 pessoas somente em 2013, quase o mesmo número do ano anterior (em 2008 foram 649). Dados que podem ser bem maiores, diante dos mais de 6.000 re-gistros de"desaparecimentos"em 2013, números nos quais por certo se incluem muitos assassinatos por policiais que resultaram em ocultação de cadáveres, como no caso do pedreiro Amarildo, morador da favela da Rocinha, morto por policiais que sumiram com seu corpo, em pleno contexto das jornadas dejunho, ou no rumoroso caso recentemente documentado de morte por policiais de um jovem de 14 anos, relatado por outros dois jovens com eles levados para uma área desabitada da cidade, ao que tudo indica utilizada rotineiramente para "desova" de corpos pelos policiais. Ver <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-07-27/pms-envolvidos-em-mortes-no-sumare-queriam-executar-mais-jovens-infratores.html&gt;. Informações sistemáticas sobre a violência policial podem ser encontrados nos relatórios de organizações como a Justiça Global, ver . ↵

Estudei tal processo, aqui apresentado deforma muito esquemática e resumida, em diversos trabalhos, como os reunidos no livro Marcelo Badaró Mattos, Reorganizando em meio ao refluxo: ensaios de intervenção sobre a classe trabalhadora no Brasil recente, Rio de Janeiro, Vício de Leitura, 2009. ↵

Sobre o déficit de moradias, as lutas do MTST e o impulso das "jornadas de junho" a uma onda de ocupações, ver Guilherme Boulos, Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto, 2a. Ed., São Paulo, Scortecci, 2014. ↵

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El ciclo de protestas sociales en Colombia y la movilización agraria

Jaime Rafael Nieto López

Sociólogo, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación: Cultura, política y desarrollo social del CISH-FCSH.

Ana María Osório López

Juan Esteban

Franco Jaramillo

Sebastián Pérez Arbeláez

Estudiantes del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Resumen

Las movilizaciones agrarias de Colombia de los últimos años y en particular desde 2013 han adquirido mayor fuerza alcanzando a articular diferentes sectores del ámbito rural, en congruencia con una escalada de protesta que también ocurre en espacios urbanos. El presente artículo nos ofrece una mirada amplia de este nuevo ciclo iniciado en 2008 y con especial atención a algunos casos de productores agrícolas para echar luz a la conformación de la Cumbre Agraria en la lucha contra los avances del capital en la reprimarización de la economía colombiana y en la firma de Tratados de Libre Comercio, principalmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Abstract

The agricultural protests in Colombia in recent years, and particularly since 2013, have gained more strength by linking different sectors of the rural sphere consistent with an escalation of protests that are also taking place in urban spaces. The present article offers a broad view of this new cycle that started in 2008 with special attention to some cases of agricultural producers, in order to shed some light on the conformation of the Agrarian Summit that struggles against the advances of capital in the”re-primarization” of Colombian economy and the singing of Free Trade Treaties, mainly during the government of Juan Manuel Santos.

Palabras clave

Sector agrario, movilizaciones agrarias, Cumbre Agraria, Colombia.

Keywords

Agricultural sector, agrarian protests, Agrarian Summit, Colombia.

Quieren más parches,

pero no un cambio estructural.

Quieren que marche,

pero sin tocar su propiedad.

(porta voz hip-hop chileno)

Desde comienzos de la segunda década del siglo XXI, Colombia asiste a un nuevo ciclo de movilizaciones sociales populares. Las movilizaciones de protesta comprenden un amplio espectro de actores sociales y de exigencias ciudadanas alrededor de la tierra, el despojo, el territorio, el agua, el medio ambiente, la educación, la salud, los servicios públicos, el empleo, la producción agropecuaria, el medio ambiente, la defensa de las opciones sexuales y los derechos humanos, entre otros. Un enjambre sostenido en el tiempo de protestas sociales protagonizadas por campesinos, afro-descendientes, población LGTBI, ambientalistas, trabajadores agrícolas, desempleados, estudiantes, pobladores urbanos y víctimas; surca el territorio nacional, tanto en el campo como en las ciudades.

El eje aglutinador y detonante de este ciclo vigoroso y múltiple de movilización popular se encuentra en los efectos sociales y económicos perversos producidos por la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio y la nueva fase extractivis-ta y reprimarizadora del modelo neoliberal de desarrollo ejecutado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo lo cual lesiona duramente las condiciones de vida y el medio ambiente de amplios sectores de la sociedad colombiana, especialmente de los históricamente subordinados, agravando situaciones de pobreza y exclusión de muchos más. Este nuevo ciclo de movilizaciones populares se produce además bajo condiciones extremas de criminalización de la protesta social, determinadas por un degradado y prolongado conflicto armado interno, en el que destaca el terrorismo de Estado y la acción del paramilitarismo, que ha destruido y destruye el tejido social popular y los liderazgos ciudadanos.

En los últimos años, además de la gran movilización universitaria de 2011 contra la reforma educativa del gobierno de Santos y la defensa de la universidad pública, descolla la amplia y poderosa movilización social agraria de 2013 y 2014, convirtiéndose en epicentro de este nuevo ciclo de protesta y movilización social. Desde la década del setenta del siglo pasado, durante la cual el movimiento agrario colombiano protagonizó históricas movilizaciones sociales, con tomas de tierra y paros cívicos locales, Colombia no había presenciado un despliegue de acción y de protestas agrarias, como las desarrolladas durante 2013 y parte de 2014. Teniendo en cuenta el papel protagónico que este sector social ha jugado en este nuevo ciclo de la protesta social, en este artículo intentaremos efectuar un análisis acerca de sus desarrollos y potencialidades en el corto y mediano plazo.

Para comprender el auge de la movilización social agraria en el año inmediatamente anterior y los intentos de configuración de un movimiento agrario en Colombia, se hace necesario ubicar algunos de los elementos históricos que determinaron dicho auge. Por esta razón, proponemos hacer una mirada retrospectiva de los últimos seis años, con el fin de identificar los acontecimientos más relevantes que permitán analizar el hilo conductor de las movilizaciones sociales agrarias en Colombia.

En primera medida, cabe mencionar que si bien los diversos autores que abordan el tema de los movimientos sociales en Colombia hacen referencia a momentos totalmente distintos para comprender el curso actual de los mismos, nos basamos en la premisa de que los acontecimientos acaecidos a partir de finales del 2008 representaron elementos de ruptura y continuidad, que dieron pie a una serie de movilizaciones sociales que hoy en día se reflejan como frutos para las luchas del sector agrario. De esta forma, nos proponemos mostrar cómo las protestas de los y las campesinas entre el 2013 y el 2014, fueron el punto culmen de un proceso de acumulación de fuerzas, que posibilitó que tales movilizaciones adquirieran la contundencia que alcanzaron. Así mismo, que es necesario entender que las movilizaciones sociales agrarias en Colombia de los últimos 15 años se han visto transversalizadas por dos procesos económicos relevantes: las políticas extractivistas y la firma de los Tratados de Libre Comercio, ambos enmarcados dentro de la fase de desarrollo neoliberal del modo de producción capitalista.

De acuerdo con esto, partimos metodológicamente del año 2008 como elemento clave para la comprensión de las tres movilizaciones más representativas que se llevaron a cabo en el año 2013 por parte del movimiento agrario en Colombia: el paro cafetero, el paro del Catatumbo y el paro nacional agrario, las cuales desembocaron en un salto cualitativo hacia la construcción de un movimiento agrario: la Cumbre Nacional Agraria, étnica y popular.

“En los últimos años, además de la gran movilización universitaria de 2011 contra la reforma educativa del gobierno de Santos y la defensa de la universidad pública, descolla la amplia y poderosa movilización social agraria de 2013 y 2014, convirtiéndose en epicentro de este nuevo ciclo de protesta y movilización social”.

El movimiento social agrario colombiano: una retrospectiva de los últimos seis años.

Como antecedente inmediato nos remitimos a los hechos acaecidos en el 2008, en especial al paro de los corteros de caña más conocido como la huelga de los machetes caídos, y a la gran jornada de protesta indígena, configurándose este año como un referente de suma importancia para el análisis de la movilización social agraria en Colombia durante la última década.

El 15 de septiembre de 2008 se dio inicio en el Valle del Cauca a la huelga de los machetes caídos, un paro sin precedentes en el país, pues pocas veces en la historia colombiana los trabajadores de caña de azúcar eran protagonistas de una movilización de semejante magnitud. Con una duración de dos meses, el paro fue la plataforma para la reivindicación y la exigencia de mejoras en la estabilidad y la igualdad laboral, por parte de unos dieciocho mil trabajadores en este departamento ubicado al suroccidente del país. Los reclamos planteaban un alza en los salarios, la afiliación y prestación de la seguridad social y la contratación colectiva directa por encima de la tercerización de la mano de obra.

De acuerdo con Gloria Montoya (2011: 104), “el paro de corteros evidencia una reivindicación de los derechos laborales, un conflicto de clase, a su vez se patentizan alternativas de cara a la exclusión e inequidad. Igualmente, están cuestionando el modelo de Estado, el ejercicio del poder y los efectos de la crisis económica bajo el neoliberalismo”. Por tal razón, esta movilización se configuró como unas de las acciones de protesta más reveladoras en la coyuntura social y económica del país durante los últimos seis años, pues representó el levantamiento de los trabajadores agrícolas frente a las condiciones laborales indignas sobre las que se erige el “agro-negocio” propio del modo de producción capitalista en su fase de desarrollo neoliberal.

La minga indígena por su parte, tuvo lugar el 12 de octubre de 2008 en el departamento del Cauca, un territorio histórico de disputa entre los actores de la confrontación armada que vive Colombia y escenario de luchas de resistencia de los indígenas paeces por el respeto a su cultura, territorio y autonomía. En esta ocasión, cerca de 12 mil indígenas se dispusieron al cierre indefinido de la vía Panamericana, la cual conecta a los países de Colombia y Ecuador. Los y las indígenas se movilizaron en relación a temas como el “Tratado de Libre Comercio, pasando por terror y seguridad democrática, legislación de despojo, acuerdos incumplidos y carencia de democracia y participación real”[1]. Entre las exigencias de la movilización, la minga planteaba que era importante “avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados desde 1988 entre el Gobierno y diferentes pueblos, principalmente indígenas y campesinos. Entre ellos, el arreglo amistoso pactado como reparación de la masacre de El Nilo, Cauca, en 1991, por la cual el Estado reconoció su responsabilidad; el pacto que selló la masiva movilización indígena y campesina de 2005″ (PNUD, 2009:4). El diálogo y la firma de “acuerdos”con los movimientos sociales de protesta, que luego incumple, ha sido una estrategia desmovilizadora recurrente utilizada por los gobiernos de turno, casi siempre cuando las protestas tienden a salírseles de las manos.

De esta jornada de protesta indígena salió a relucir, más que su variado y creativo repertorio de acción, el llamado a la unidad del movimiento social, al alzar el pueblo indígena su voz para gritar”solos no podemos”; convocando asía la configuración de la minga de resistencia social, como una plataforma articuladora de diferentes sectores y organizaciones, que correspondiera con nuevas formas de construcción social y política y de trabajar con la gente, marcadas por la construcción desde abajo y con referentes de autodeterminación, soberanía y trabajo popular.

El cardiógrafo de la movilización: no en datos pero sí en vitalidad Tomar el ritmo de un movimiento como el agrario es la posibilidad de ubicar el orden acompasado y zigzagueante en la sucesión o acaecimiento de hechos y acontecimientos, en donde lo fundamental es hallar aquellos momentos que se podrían denominar como vitales, relevantes o desencadenantes. Además de la confluencia casi simultánea en tiempo y espacio entre el paro de los corteros de caña y la minga indígena, en el 2008 fueron también protagonistas otras expresiones sociales como, por ejemplo, el paro de trabajadores de la rama judicial de mediados de agosto, que duró aproximadamente 40 días. Así mismo, entre el 2009 y principios del 2011, hace presencia una serie de movilizaciones sectoriales como las de la salud y los transportistas. Esta irrupción social, nacional, regional y local, se convierte en caldo de cultivo para que surjan así mismo nuevos agrupamientos de izquierda, como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, integrados por fuerzas sociales y políticas múltiples y plurales, en estrecha conexión con este nuevo ciclo de protestas.

El cardiógrafo de la protesta social intensificó su ritmo durante el 2011, año en el que las protestas universitarias inundaron las calles de las grandes ciudades colombianas, exigiendo educación pública gratuita y de calidad para todos. Había aprendizajes mutuos y efectos repotenciadores entre las múltiples manifestaciones de protesta, pese a la inexistencia o escasa coordinación entre ellas. Según Cristian Rodríguez y Luis Alexander Díaz, directores del documental El surde la universidad, el movimiento estudiantil tomó este fuerte impulso gracias a la movilización indígena del 2008.

No obstante, el 2013 es sin lugar a dudas el año de mayor conflictividad social y movilización de las últimas cuatro décadas en la historia del país. De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Educación Popular – CINEP (2014), en el 2013 se presentaron 1.027 protestas, registro que demuestra la convulsión social del momento, aunque el dato aislado no evidencie la contundencia o vitalidad misma de los acontecimientos.

Los elementos anteriormente expuestos, nos llevan a preguntarnos cómo se enlazan los acontecimientos que desde el 2008 han dado lugar al movimiento social colombiano actual y, en especial, a la movilización social agraria.

Movilizaciones sociales del sector agrario en el 2013 El año 2013 fue epicentro de una multiplicidad de luchas populares que exigen al gobierno nacional, a la cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la configuración de una política agraria integral, que llegara al fondo y diera solución a la crisis del sector agrario en Colombia. Esta crisis emanaba de un enfoque neoliberal en el que resaltaban: 1) la producción minero energética como eje fundamental de desarrollo propuesto desde el gobierno anterior hasta el actual, y que trajo consigo la concesión de grandes extensiones de territorio a empresas privadas multinacionales y nativas para la explotación de minerales y el monocultivo de caña y palma aceitera para la producción de bio-diesel; y 2) la entrada en vigencia de Tratados de Libre Comercio con varios países, principalmente con Estados Unidos, tratados que se dieron en condiciones desiguales y que implicaron, según los mismos sectores movilizados, un detrimento de la producción agropecuaria nacional debido a la importación directa de productos sin aranceles. Teniendo como trasfondo la tradicional estructura latifundista de la propiedad agraria y el despojo de cerca de 8 millones de hectáreas de pequeños y medianos campesinos a manos de grupos paramilitares y latifundistas.

La disminución de la producción del café da cuenta de la caída del dólar en relación al peso, la reducción de las utilidades en las exportaciones y la ausencia de precios y subsidios de sustentación, desencadenaron el paro cafetero acaecido entre los meses de febrero y marzo de 2013, el cual buscaba llamar la atención del gobierno nacional en temas fundamentales como la regulación del precio del grano, el establecimiento de subsidios para la producción y un considerable freno de las importaciones del café en el país.

El paro cafetero tuvo varias particularidades a resaltar. La primera de ellas es que aún ante las propuestas de diálogo planteadas por el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, los cafkultores optaron por movilizarse, dando inicio al paro el 25 de febrero en 21 puntos de concentración territorial distribuidos en los departamentos del eje cafetero: Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Nariño. La segunda es que si bien la Federación Nacional de Cafeteros calificó el paro de injustificado, los grandes empresarios cafeteros participaron de la movilización “[…] por cuanto sabían que serían los principales beneficiados al obtener un subsidio estatal al precio de compra de café (PIC). Por eso ayudaron apoyando económicamente las movilizaciones y bloqueos” (Dorado, 2014:4). De esta manera se logró recoger al grueso del gremio cafetero, siendo partícipe del paro tanto los grandes propietarios como los pequeños y medianos cafkultores, gracias a que las exigencias radicaban en el precio del café, y no de acuerdo a la extensión del área sembrada.

Por su parte, aunque el paro cafetero no encontraba en su hacer un sustento político, sino por el contrario, correspondía a un proceso reivindicativo con orientación económica; diferentes sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, intentaron instrumentalizarlo políticamente con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del 2014. Todo lo cual no interfirió ni su autonomía como tal ni la legitimidad social de sus exigencias. De esta movilización surgió como organización “las Dignidades Cafeteras” propuesta que reunía a los dirigentes cafeteros y que luego se extendería a otras ramas de producción como la papera y la cacaotera. El 8 de marzo culminó el paro cafetero, luego de días de negociaciones con el gobierno nacional, dejando como resultado la concesión de un billón de pesos en subsidios para la producción. El paro cafetero, además de despertar grandes sentimientos de solidaridad a lo largo y ancho de la región cafetera, fue la base sobre la que se configuró la oleada de protestas agrarias devenidas a lo largo del 2013, gracias a los efectos ejemplarizantes producidos.

La otra gran movilización agraria se produjo en el Catatumbo, al nororiente del país. El paro del Catatumbo que tuvo lugar entre los meses de junio y julio de 2013 en el departamento Norte de Santander, zona limítrofe con Venezuela, representó igualmente un punto de quiebre para el gobierno nacional en relación con las políticas neoliberales y sus efectos sobre lo agrario. Como zona de encuentro de diversos grupos armados, epicentro de gran actividad petrolera, y vía para el tránsito de drogas entre ambos países, el Catatumbo es la ejemplificación de las crisis sociales que afronta la sociedad civil en aquellos territorios en los que la presencia del Estado ha sido nula.

Dando comienzo el día 11 de junio, en este paro confluyeron pequeños cultivadores no organizados y la Asociación de Campesinos del Catatumbo, instaurada en el 2009. Inicialmente, el paro del Catatumbo encontraba como principal exigencia el cese de la erradicación no concertada de los cultivos de coca2, actividad agrícola que era fuente vital de ingresos y recursos para gran parte de la población -por no decir la única-; argumentando que el gobierno nacional les quitaba el sustento, pero que al mismo tiempo no les proponía alternativas de vida.

Ante el abandono estatal y la ausencia de otras alternativas de sobrevivencia, la erradicación de tales cultivos significaría condenar al hambre y la miseria a decenas de familias campesinas. Por tal razón la convocatoria del paro obtuvo un respaldo generalizado y unánime entre los campesinos y labriegos de la región. Habiéndose iniciado en la zona rural del municipio de Tibú, la voz del paro se regó como pólvora por veredas y pueblos de siete municipios más, que poco a poco y en forma entusiasta se fueron sumando al torrente de la movilización. Desde el inicio, el paro adoptó la forma del bloqueo y el cierre de vías y carreteras, acompañado de una formidable presencia de masas en permanente movilización (Nieto, 2013:6).

Eventualmente, se fueron sumando a las peticiones la creación de una Zona de Reserva Campesina, contemplada en la ley 160 de 1994, proyectos productivos de sustitución, subsidios al agro, entre otras peticiones que habían sido recogidas en la propuesta Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, la cual pretendía ofrecer al gobierno nacional una alternativa al problema de los cultivos ilícitos. No obstante, éste fue reacio ante la propuesta, lo que derivó en la prolongación del paro, a pesar de la desembozada represión militar a que fue sometido por los grupos policiales de choque del gobierno nacional.

Al igual que el paro cafetero, lo acontecido en el Catatumbo se convirtió en detonante de la protesta social para otros actores colectivos del país, que paulatinamente se fueron sumando frente a la necesidad de reclamarle al gobierno sus agravios e inconformidades.

Casi inmediatamente después del levantamiento del paro del Catatumbo, se desencadena el paro nacional agrario, que articuló una multiplicidad amplia y plural de gremios y actores, que buscaban de manera unificada hacer sentir su descontento generalizado frente al gobierno nacional, dando pie a un cese de actividades el 19 de agosto. Los persistentes intentos de deslegitimación de la protesta agraria por parte de los entes gubernamentales y los medios de comunicación, atribuyéndoles un ca-rácter”subversivo”a las movilizaciones y la famosa frase desafiante “el tal paro agrario no existe” expresada por el presidente Santos a los medios, generó altos grados de indignación nacional tanto del sector agrario como de la población de las áreas urbanas y otros actores sociales, lo que le imprimió una fuerza social descomunal al paro, encontrando a su vez un respaldo importante por parte de la opinión pública.

Pese a que la construcción de los pliegos de peticiones de la protesta agraria significó un intento sustancial por consolidar una propuesta unitaria en la que se vieran representados los diversos sectores agrarios, el paro desde su organización no encontró una forma efectiva de articular a los dirigentes y las zonas en las que se focalizaban las acciones. Además, al plantear dentro de los pliegos la renegociación de los Tratados de Libre Comercio como una de las principales reivindicaciones, los grandes empresarios y terratenientes que inicialmente se vincularon al paro, se echaron para atrás y decidieron no apoyar la movilización. Ello se reflejó en la débil participación de los pequeños productores que, por falta de organización, dependían del apoyo económico de los grandes cafeteros para poder sostener el movimiento (Dorado, 2014).

Al establecerse finalmente las mesas de diálogo a lo largo del país como estrategia de desmovilización del gobierno nacional, en las que cada gremio negoció por separado, se debilitó fuertemente la contundencia de las manifestaciones y se fragmentó el movimiento, lo que le facilitó el trabajo al gobierno nacional para lograr pequeñas victorias y cooptar algunas de las expresiones, reduciendo así considerablemente cualquier intento del sector agrario por configurarse como un movimiento de carácter político.

Como se planteó en líneas anteriores, enmarcar procesos coyunturales en miradas de larga duración implica necesariamente preguntarse por los elementos de continuidad y ruptura, que dan pie a transformaciones estructurales. En este sentido, cabe mencionar que la constitución del Frente Nacional a mediados del siglo XX configuró nuevos repertorios de acción en lo político, en la medida en que los partidos políticos dejaron de ser los sujetos de la representación y de la acción política, como idea fundamental de la democracia liberal (Nieto y Beltrán, 2011:146). Diversos autores han argumentado que el Frente Nacional (1957) produjo una serie de cambios en el espectro político que redefinieron la articulación entre los partidos políticos, el Estado y la sociedad. Al respecto, Pizarra (1991) plantea que como consecuencia del pacto bipartidista, la sociedad no tuvo un papel real dentro de la configuración de las estructuras estatales y de los aparatos políticos, viéndose así reducida a asumir su rol dentro de un juego de contraprestaciones, lo que impidió la consolidación de una cultura política representativa. Esta democracia sin pueblo, conllevó a la necesidad de buscar espacios de acción e influencia dentro de los “estrechos marcos de participación definidos en las instituciones y partidos políticos colombianos” (Pizarro, 1991: 304), por parte de las nuevas fuerzas políticas y capas sociales que iban emergiendo.

Las movilizaciones agrarias confirman esta tendencia larga de desarticulación entre lo político y lo social. Es así como las movilizaciones sociales agrarias que surgieron de manera espontánea en el 2013 empezaron a adquirir un papel protagónico y autónomo, pues no se veían representadas por las cabezas visibles de los gremios hasta ese momento -como la Federación Nacional de Cafeteros-y mucho menos por la clase política tradicional. De esta manera, podría hablarse de un resurgimiento de nuevas formas de hacer y vivir la política por parte de los sectores subalternos, expresiones que no están ya mediadas por los partidos, ya que no encuentran en el espectro político una alternativa para hacer valer sus reclamaciones.

Del paro a la cumbre y otra vez al paro: intentos de construcción de un movimiento agrario en Colombia

Luego de este panorama de movilización que podríamos definir como regional-sec-torial, en el que cada rama del sector agrario luchó por reivindicaciones propias, las cuales en algunos puntos iban incluso en contravía de otras propuestas, aunado a las negociaciones regionales; hacia el 2014, diferentes organizaciones intentaron generar una articulación que permitiera la construcción de un pliego nacional único y la posibilidad de instaurar una mesa nacional de diálogo para negociarlo. De esta manera, empezó a tomar forma lo que se denominó como la Cumbre Agraria que además intentó acercar sectores indígenas y afro-descendientes, pobladores urbanos, entre otros.

Esta cumbre fue la muestra de la experiencia adquirida por los sectores populares en los años pasados, entendiendo la organización como una de estas experiencias, haciendo presencia como impulsoras de esta cumbre la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones sociales y políticas con gran experiencia de lucha como la Organización Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), entre otros[2].

La cumbre se consolidó entonces como el resultado de las movilizaciones anteriores y fue fruto del análisis hecho por los diferentes sectores. Se resalta en este punto el carácter democrático de estas construcciones, gracias a la realización de precumbres regionales que desembocaron en la Cumbre Nacional del mes de marzo en Bogotá y en la que participaron cerca de 4000 líderes sociales y de base; hablamos de democrático desde una perspectiva de democracia directa y popular, en la que los diferentes asistentes a nivel nacional participaron de manera abierta y donde se pretendía la construcción de consensos. De esta manera, como objetivo central de la cumbre estaba la construcción de un pliego nacional unificado de exigencias y la convocatoria a un nuevo paro nacional.

La crisis de representación política ha traído consigo varios movimientos que han planteado la consigna de no nos representan, proponiendo una forma de hacer política en la que cada quien se represente a sí mismo, es decir, una democracia directa o asambleísta de singularidades. Para el caso colombiano, y como fruto de estas discusiones y reuniones, surgieron acumulados políticos que más que exigidos al gobierno fueron cumplidos por las mismas comunidades que los desarrollaron, emergiendo así el término mandato o proceso constituyente, que salieron como partes fundamentales del pliego en el proceso de la Cumbre Nacional.

Titulamos este apartado como intentos de construcción de un movimiento agrario en Colombia por varios puntos: 1) la articulación regional-nacional; 2) el intento de superación de los segmentos de producción por un movimiento agrario, étnico y popular; y 3) la construcción de un pliego que en varios puntos rebasó lo meramente reivindicativo.

Frente a la articulación regional-nacional la Cumbre Agraria tomó la experiencia de los paros pasados y, basándose en los elementos negativos de estos planteó nuevos pasos. Por ejemplo, frente a las negociaciones regionales y por ramas de producción que hicieron que las ganancias políticas para los campesinos fueran pocas, la Cumbre Agraria planteó que “no es con la fragmentación de nuestras luchas, sino con la comprensión de nuestras experiencias, que daremos fuerza a la transformación de nuestro país” (Comunicado Cumbre Agraria, 2013), proyectando la articulación de los diferentes procesos, organizaciones, movimientos de carácter regional en un proceso nacional; poniendo además como prioridad la instauración de una mesa nacional de negociación con el gobierno, en la que se aborde la totalidad del pliego construido en el encuentro en Bogotá.

El pliego de la cumbre agraria, fruto de varios encuentros regionales y un encuentro nacional, se agrupó en ocho ejes temáticos que partían de un enunciado general, desde el cual se exigían y mandataban varios puntos. Como ya se indicó, el tema de mandatar implica no sólo delegar en el Estado el cumplimiento sino que es entendido como un ejercicio de soberanía, autodeterminación y legislación popular, sino que además el pliego se convierte en punto de disputa que rebasa lo meramente reivindicativo, llegando a esbozar incluso un modelo de economía propia, planteando:

La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio”.

Además del modelo económico, se plantearon a su vez temas de tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, economía propia contra el modelo del despojo, minería, energía y ruralidad, cultivos de coca, marihuana y amapola, derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, derechos sociales, relación campo-ciudad, paz, justicia social y solución política.

Estos puntos comenzaron a generar articulación nacional, haciéndose el llamamiento a un nuevo paro nacional para el primero de mayo de 2014. A la par, se conformaron comités de paro regionales, se empezó a trabajar en la logística necesaria para el paro, se crearon comisiones de derechos humanos, entre otras planificaciones, que permiten vislumbrar los intentos de organización y superación de la espontaneidad y dispersión de las movilizaciones anteriores.

En cuanto a las formas como se desarrolló este paro agrario, hay que decir que no se distanciaron mucho de los anteriores, donde el repertorio de acción fue muy amplio, partiendo de la amenaza de dejar perder la cosecha cafetera hasta los bloqueos de vías y la toma indefinida de carreteras principales y secundarias en los diferentes departamentos colombianos. Hay que advertir de igual forma que ante esta medida de presión la respuesta del gobierno fue desmedida incluso mandando tanques de guerra para desalojar las barricadas, además el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ES-MAD) adscrito a la policía nacional tuvo una respuesta feroz y desmedida contra los campesinos.

“Frente a la articulación regional-nacional la Cumbre Agraria tomó la experiencia de los paros pasados y, basándose en los elementos negativos de estos planteó nuevos pasos”.

Las movilizaciones agrarias anteriores a la cumbre estuvieron marcadas por la espontaneidad en la medida que no había puntos de concentración definidos, no había criterios claros de exigencia del paro ni de negociación. Además, los apoyos de otros sectores se dieron en parte a raíz de los atropellos por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) hacia los campesinos, lo que conllevó a que pobladores urbanos convocaran varios tipos de movilizaciones, como marchas, plantones, cacerolazos, entre otros; las cuales rebasaron por completo las posibilidades de la fuerza pública para controlarlas. Ese carácter disperso y la negociación por partes y sin muchas claridades, implicó que, si bien el impacto mediático fue muy amplio por los cortes de vías, el desabastecimiento, entre otros; las ganancias para los sectores agrarios fueron pocas. En otro sentido el paro de la Cumbre Agraria tenía más organización con puntos claros de concentración y movilización, este hecho sumado a la capacidad de aprendizaje de los diferentes sectores posibilitó una nueva respuesta estatal frente a la movilización, lo que a su vez hizo que las concentraciones y los cortes de vías no fueran de la magnitud que se esperaba, aunado al uso de gases lacrimógenos, balas y tanquetas, el no dejar pasar la comida a los puntos de concentración. Sin embargo estas estrategias fueron incompletas y amplios sectores se lograron movilizar, pudiendo avanzar en varios puntos como la instauración de la mesa nacional para negociar el pliego, algunos términos para los subsidios, quedando aún pendientes de discusión los puntos más gruesos del pliego construido en la Cumbre.

Conclusiones Las movilizaciones sociales agrarias que han encontrado cabida desde el 2008 hasta 2013 tensionan la crisis del neoliberalismo y cuestionan de manera concreta el curso que viene tomando la economía nacional, en relación a la reprimarización de la misma.

Así mismo, estas movilizaciones se desarrollaron en un marco de criminalización y estigmatización de la protesta, así como de represión estatal. De esta forma, se lanzaron acusaciones de infiltración guerrillera dentro de las estructuras organizativas de las movilizaciones, por parte de miembros de ministerios y de altos mandos militares, pretendiendo con esto deslegitimar las reivindicaciones sociales, por de más justas, de campesinos y agricultores, y derivando eventualmente en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.

Frente a los intentos de organización y la espontaneidad de los paros anteriores, sería interesante incluir dentro del análisis los impactos y los alcances de los mismos. Como se mencionó anteriormente, la espontaneidad en las movilizaciones sociales agrarias de 2013 posibilitó un gran impacto pero limitó sus alcances. Por su parte, si bien el paro de la Cumbre Agraria no tuvo mayor trascendencia para la opinión pública, en términos de alcances fue más significativo.

Sobre el balance y el significado del paro agrario nacional las valoraciones son diversas. Para algunos, las movilizaciones agrarias fueron “[…] masivas, beligerantes, sacrificadas, importantes pero no contundentes. Representan un destacado auge de las luchas populares en Colombia pero la división y dispersión del movimiento debilitaron su accionar y le mermaron la fuerza que hubiera podido tener si se combinara la unidad con la claridad política” (Dorado, 2014:2).

Para otros, pese a sus evidentes limitaciones, las movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 marcan un hito en la historia de las luchas y protestas de los sectores subalternos en Colombia. Bien lo anota Nieto:

Después del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, convocado por las cuatro centrales sindicales de la época, el país no había vivido un despliegue de la protesta social con las dimensiones, intensidad, radicalidad y cobertura socio espacial como el que se acaba de vivir con el paro nacional agrario de los meses de agosto y septiembre. Es cierto que el paro agrario de este año no tuvo los alcances del paro cívico de 1977, tampoco sus protagonistas fueron los mismos; sin embargo, vale resaltar que uno y otro tuvieron en común una formidable e inusitada movilización de fuerzas y sectores sociales comprometidos con la protesta, adquiriendo ambos características propias de la huelga general de masas como rasgo distintivo. Lo vimos igualmente en el Catatumbo, como paro de carácter regional. Típicos episodios de lucha de clases, en los que lo social y lo económico reivindicativo aparecen entrelazados con lo político (Nieto, 2013: 7).

A un año del paro de agosto-septiembre de 2013, y ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con los líderes agrarios, la Cumbre Agraria Nacional se apresta para el lanzamiento de un nuevo paro agrario nacional para el mes de septiembre de 2014.

Bibliografía

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Veáse:"La minga continúa" disponible en: <http://www.dhcolombia.info/spip.php7article683&gt;. ↵

Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA; la Marcha Patriótica; el Coordinador Nacional Agrario - CNA; el Congreso de los Pueblos; el Proceso de Comunidades Negras - PCN; la Mesa de Unidad Agraria -MUA; la Coalición de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC; el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria; FENSUAGRO; Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC;y Asociación Campesina Popular, se realizó en la ciudad de Bogotá del 15 al 17 de marzo la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país. La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y de-cenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta "rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones"que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional. El presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia agraria. Veáse: Declaración Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular. Bogotá, marzo 16 de 2014, disponible en: <http://www.prensarural.org/spip/spip.php7article13260&gt;. ↵

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La promoción del modelo minero en contextos subnacionales. Un recorrido analítico por las provincias de La Rioja y San Juan, Argentina

Lorena Bottaro y Marian Sola Alvarez

Investigadoras docentes del Área de Sociología, Universidad Nacional de General Sarmiento[1].

Resumen

Las estrategias desplegadas por los Estados provinciales en el proceso de ¡m-plementación, consolidación, institucio-nalización de la megaminería presenta similitudes en nuestro país, pero sus discursos, temporalidades y conflictos emergentes encuentran una expresión particular en los diferentes contextos subnacionales. Este artículo se refiere a dos provincias que han sido promotoras del modelo minero, desde la década de los ’90: San Juan y La Rioja. La pregunta central es, entonces, si ambas provincias comparten una matriz económica y política similar y fueron promotoras de la megaminería ¿por qué la minería a gran escala se halla fuertemente instalada en San Juan y no sucede lo mismo -no con igual alcance- en La Rioja? ¿Por qué en San Juan se ha instalado un Mineralo-Estado, mientras que en La Rioja, las resistencias existentes han impedido o demorado tal consolidación?

Abstract

The strategies deployed by Argentina’s provincial States in the process of implementation, consolidation and institutionalization of mega-mining present similarities in the country, but their discourses, temporalities and emerging conflicts find a particular expression in the different subnational contexts. This article adresses two provinces that have been promoters of the mining model since the nineties: San Juan and La Rioja.The main question is; if both provinces share a similar economic and political matrix and both were promoters of mega-mining, why is large-scale mining firmily settled in San Juan and not -at least not with the same reach- in La Rioja? Why is it that a Mining-State has been installed in San Juan while in La Rioja the existing resistances have blocked or delayed such consolidation?

Introducción

Desde nuestras primeras investigaciones sobre la problemática de la megaminería en Argentina hemos señalado la importancia de analizar las características que asumen, tanto el desarrollo del “modelo minero” como la conflictividad socioambiental que este desencadena en sus diferentes escalas (local, regional, nacional, global) (Svampa; Bottaro; Sola Álvarez, 2009). El carácter multiescalar del fenómeno obliga a que su abordaje remita a cada uno de estos ámbitos. En esta oportunidad nos adentraremos en la escala subnacional, la que para el caso argentino, tiene una especial relevancia. En efecto, en el marco legal vigente se le asigna a las provincias un rol central: por un lado, a partir de la provincialización de los recursos naturales consagrada en la reforma constitucional de 1994 y, por otro, por el reconocimiento de la facultad, que éstas tienen, de otorgar la concesión de explotación de las minas dispuesta en la actualización del Código de Minería[2]. Esta potestad de los gobiernos provinciales hace que las características que asume el modelo minero en cada territorio dependan, en gran parte, de cómo se articulen en la escala provincial diferentes variables que van a configurar el devenir de la actividad y del conflicto. Indagar en la escala subnacional nos permitirá analizar y comparar dos provincias con gran protagonismo en el proceso de implementación de la megaminería.

Las provincias de San Juan y La Rioja, junto con Catamarca las hemos definido (Svampa; Bottaro; Sola Álvarez, 2009) como aquellas que forman parte de lo que denominamos el núcleo duro del modelo minero debido a que fue desde esos gobiernos provinciales desde donde se promovió el arribo de la megaminería al país. En efecto, los legisladores y miembros del ejecutivo de esas provincias fueron los que trabajaron activamente en las reformas legislativas de los años noventa que habilitaron el ejercicio de la actividad con las características que actualmente presenta.

A pesar de las similitudes en las estrategias desplegadas por los Estados provinciales y las empresas mineras para avanzar en la implantación de la megaminería, este proceso se desarrolló de manera particular en cada provincia, generando como resultado diferentes grados de consolidación, institucionalización, aceptación y conflictividad.

Las dos provincias que abordaremos en este artículo, San Juan y La Rioja, comparten una matriz económica y política similar y fueron promotoras de la megaminería desde la década del noventa. Sin embargo, el modelo minero pudo consolidarse en la provincia de San Juan erigiéndola como el paradigma a nivel nacional, el cual supone la instauración de un Mineralo-Estado[3], mientras que en La Rioja, a pesar de las activas políticas y estrategias del gobierno provincial, el modelo no cuenta con el mismo grado de avance. A tal punto que, en el Valle de Famatina, las estrategias desplegadas por las empresas y el gobierno provincial, vieron frustrados, en reiteradas oportunidades y desde hace ya varios años, los intentos de instalación de diversas empresas, entre ellas la canadiense Barrick Gold, mientras que en San Juan la misma empresa explota desde el año 2005 el emprendimiento Veladero y tiene en construcción el proyecto binacional -hoy suspendido- más importante de América Latina, Pascua Lama[4].

La pregunta central en este capítulo es, entonces, ¿por qué la minería a gran escala se halla fuertemente instalada en San Juan y no sucede lo mismo -no con igual alcance- en La Rioja? ¿Por qué en San Juan se ha desarrollado un Mineralo-Estado, mientras que en La Rioja, a pesar de los esfuerzos muchas veces efectivos, se ha impedido o demorado tal consolidación aunque se registran avances en el otorgamiento de diversas concesiones y en lo que respecta a la exploración de uranio?

“¿por qué la minería a gran escala se halla fuertemente instalada en San Juan y no sucede lo mismo -no con igual alcance- en La Rioja? ¿Por qué en San Juan se ha desarrollado un Mineralo-Estado, mientras que en La Rioja, a pesar de los esfuerzos muchas veces efectivos, se ha impedido o demorado tal consolidación aunque se registran avances en el otorgamiento de diversas concesiones y en lo que respecta a la exploración de uranio?”

Hacia una caracterización socioeconómica de ambas provincias Las provincias a las que aquí hacemos referencia tienen prácticamente una superficie similar, sin embargo, San Juan duplica a La Rioja en lo que hace al tamaño pobladonal[5]. Ambos territorios se caracterizan por la aridez del suelo y la poca disponibilidad de agua, motivo por el cual las actividades productivas se concentraron en localiza-dones específicas (oasis naturales o irrigados) con importantes niveles de intervención para el desarrollo de sistemas de riego.

Como punto de partida es posible remitir a un estudio comparativo sobre la evolución económica de ambas provincias realizado por Francisco Gatto (2008). En dicho trabajo, el autor señala que La Rioja y San Juan son provincias económicamente débiles caracterizadas por un “retraso relativo” que en la etapa expansiva de la convertibilidad ambas tuvieron un crecimiento sustancialmente menor al promedio nacional pero una caída semejante a la del promedio nacional en el período de la posconvertibilidad, con lo cual su situación relativa, en relación al escenario nacional, empeoró.

Algunos indicadores relevantes para describir las características de la matriz económica de las provincias son: la composición del Producto Bruto Geográfico (PBG) y su posición en la escala nacional, la capacidad de las provincias para la generación de ingresos propios y su dependencia de las transferencias del Estado nacional. El PBG, indicador frecuentemente utilizado para evaluar el funcionamiento y la evolución de las economías provinciales, sitúa a San Juan en el puesto 11 del ranking, dejando a La Rioja en el lugar 22 respecto del resto de las provincias del territorio nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012). En cuanto a la estructura del PBG, en ambas provincias el sector terciario es el de mayor magnitud (supera el 60%), le sigue en importancia el sector secundario (alrededor del 30 %) y en tercer lugar, el sector primario (inferior al 10%). Es decir, en ambas provincias el PBG se conforma mayoritaria-mente por actividades del sector terciario, en un nivel próximo al promedio nacional.

Sin embargo, la importante presencia del empleo público es significativamente superior en el escenario riojano. El mismo tiene una alta predominancia en la estructura económica pr[6]ovincial, a tal punto que triplica la media nacional. Al menos entre los años 1988 y 2002, La Rioja tuvo el promedio más alto del país de empleados públicos por habitante económicamente activo[7] (Giraudy, 2011). Esta tendencia pareciera sostenerse y, según datos del año 2009, La Rioja duplicaría la cantidad de empleados públicos que posee la provincia de San Juan; mientras que La Rioja registra 84 empleados públicos cada 1000 habitantes, en San Juan se reportan 43 (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas-Dirección de Planificación Económica, 2009).

En relación a la generación de ingresos, ambas provincias se encuentran entre las que reciben importantes transferencias del gobierno nacional. En el año 2010, La Rioja recibió de la Nación el 92% de sus ingresos y San Juan el 78%[8]. En este sentido, La Rioja constituye una de las provincias con menor autonomía financiera respecto del gobierno nacional: su baja capacidad tributaria se articula con uno de los más altos niveles de endeudamiento a nivel subnacional del país. En efecto, más del 90% de los ingresos de la provincia proviene del Estado nacional y solo alrededor de un 60% de ese 90% llega a la provincia en concepto de copartipación provincial (Giraudy, 2011). El caso de la provincia de San Juan es similar, en el año 2011, el 84% de los ingresos de la provincia provinieron de la coparticipación federal (más el Fondo Federal Solidario[9]) (IARAF, informe N° 156,2012).

En la provincia de San Juan el desarrollo del modelo minero en los últimos años -a partir de la puesta en marcha de tres mega proyectos: Veladero (2005), Gualcamayo (2009) y Casposo (2010) y alrededor de cincuenta proyectos en etapas de exploración y factibilidad- ha impactado fuertemente en la composición de las exportaciones provinciales. Según un informe del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia el año 2011 fue el mejor en materia de exportaciones desde 1997. En la composición de las exportaciones destaca la minería con más del 75 %, seguida por los productos vitivinícolas que representan alrededor de un 12% (Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, 2012)[10].

Sin embargo, la expansión de la megaminería no se encuentra reflejada de igual manera ni en la composición de PBG, ni en los indicadores de empleo y pobreza. Por un lado, en relación al PBG, a pesar de presentar un crecimiento en los últimos años, no se modificó sustancialmente su estructura, ya que el peso relativo de los sectores mantiene una tendencia similar a la que tenían antes del desarrollo del modelo minero[11]. Por otro lado, si bien la provincia ha experimentado una importante mejora de los indicadores de empleo y pobreza a partir de 2003, en términos relativos, son similares o incluso peores a otras provincias (con matrices económicas similares) en donde no se consolidó, del mismo modo, el modelo minero, por ejemplo en La Rioja. Ambas provincias parten del 2001 con un porcentaje similar de población bajo la línea de pobreza, en La Rioja 44,1 % y en San Juan 44,5 %; en el tercer trimestre de 2011, La Rioja contaba con un 12% y San Juan con un 12,8%. La tasa de desocupación para el mismo trimestre, en La Rioja representaba un 3,9% y un 8,1% en San Juan[12].

Ambas provincias están marcadas por una trama productiva débil y poco diversificada, con una alta dependencia financiera del Estado nacional, y aunque en retroceso, importantes niveles de desocupación y pobreza. Frente a este escenario, desde los gobiernos provinciales se propone a la megaminería como la alternativa capaz de promoverei crecimiento y el desarrollo, y como una estrategia para alcanzar mayores niveles de autonomía provincial.

Las características socioeconómicas provinciales, resultado de una matriz económica y política, que se fueron configurando incluso desde la conformación del Estado nación, presentan determinadas condiciones de posibilidad para el desarrollo del modelo minero. Estas condiciones, en articulación con los imaginarios presentes en estos territorios, y los discursos proferidos desde los gobiernos provinciales para promover la actividad, conforman un escenario complejo en el cual se despliega el modelo minero en la escala subnacional.

Periferia, megaminería e imaginarios del desarrollo Las provincias de San Juan y La Rioja compartieron un lugar marginal en el modelo agroexportador hegemónico de nuestro país. La incorporación desde un rol periférico además de constituir una determinada matriz económica y política, también abonó a la conformación de un imaginario de territorio relegado, subsidiario de la Pampa Húmeda. Se trató de un modelo en el cual algunos sectores económicos pudieron integrarse, pero que excluía, ya sea a las regiones más áridas o a aquellas que no proveyeran un “insumo estratégico” para el modelo hegemónico. Más aún, en ocasiones, la incorporación al modelo vigente, a partir del suministro de un determinado bien, significó la devastación y el empobrecimiento de los territorios. En consecuencia, se fueron consolidando desigualdades regionales de carácter interprovincial e intrapro-vincial.

La gran asimetría entre las regiones que componen el territorio de nuestro país debe su origen a la modalidad de organización asumida en la última etapa del siglo XIX. En ese contexto, el modelo agroexportador de base pampeana que ocupó el centro de la dinámica nacional, generó una brecha con el resto de los territorios que nunca pudo cerrarse (Cao y Vaca, 2006:96). Para un número importante de las provincias argentinas, este patrón geográfico de desarrollo no se modificó prácticamente en dos siglos de historia.

Desde nuestra perspectiva, es precisamente en esta brecha, esto es, en el sentimiento de postergación histórica que habita en los imaginario[13] de las provincias que han quedado al margen de los procesos de industrialización o que participaron de un modo débil, donde se pretende anclar un imaginario en el cual la megaminería tenga incluso un”efecto redentor”, o de”reparación histórica” como se esgrimía en los años noventa. Crecimiento, desarrollo, progreso forman parte del discurso legitimador que resuena en territorios históricamente excluidos de la modernización.

Es preciso señalar que la proyección del imaginario del modelo agroexportador más allá de los límites territoriales de las propias actividades agrícola ganaderas, fue posible debido al accionar de diversos actores sociales que mediante representaciones, símbolos, emblemas lo engrandecieron, velaron por su protección y procuraron instituirlo como propio del conjunto del país. De este modo, en Argentina el modelo exportador vinculado al agro se extendió y consolidó por más de un siglo, mientras que no ocurriría lo mismo con la minería. Por esta razón, la república Argentina suele ser evocada a partir de la imagen de un país agrícola y ganadero y es por ello que la promoción del modelo minero requiere precisamente un esfuerzo en términos de construcción de una identidad diferente (Svampa y Antonelli, 2009) que torne pensable e, incluso, deseable el despliegue de la actividad megaminera.

En el marco de una disputa entre diferentes valoraciones sobre el territorio[14] quienes impulsan el modelo minero apelan al imaginario de desierto o territorio postergado como una estrategia para generar consenso en torno a la actividad; mientras quienes lo resisten se sustentan en otras valoraciones que reenvían a registros bien diversos y propios de cada territorio[15].

En torno a la construcción de la matriz económica La principal actividad económica de la provincia de San Juan a lo largo del siglo XX fue la vitivinicultura, emprendimiento que se desarrolló con las características propias de las economías regionales, cuyos elementos centrales son su carácter de monopro-ducción provincial y su principal destino, el mercado interno nacional (Favaro, lurno, Cao, 2006). La hegemonía de la vitivinicultura que se asentó en el Oasis central de la provincia generó grandes asimetrías hacia el interior de la misma entre las regiones cordilleranas y la región central.

Alrededor de 1930 se terminó de consolidar en San Juan el modelo vitivinícola en el Oasis central, y se profundizó la postergación de las regiones cordilleranas, orientadas al desarrollo de otras actividades como la ganadería, la producción frutihortícola o la minería. De este modo, la economía provincial se estructuró cada vez más con su mirada hacia el Atlántico, dándole la espalda a la cordillera. La región central de la provincia concentró todo el flujo poblacional y el mayor desarrollo económico en la etapa de especialización productiva.

La Rioja, por su parte, se incorporó al modelo agroexportador desde un lugar subordinado y este perfil marcará también su inserción en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Las obras y los servicios financiados por el incipíente Estado moderno tendieron a perpetuar y profundizar su posición periférica. La actividad minera de principios del siglo XX tuvo, en este sentido, un lugar privilegiado. La importante inversión en la construcción del cablecarril en el cordón serrano de Famatina así como la extensión del ferrocarril, no redundó en el progreso que en la época se profesaba. La actividad forestal, promovida tanto por la minería como por la construcción del tendido de vías del ferrocarril y, en menor medida, para la utilización en la vitivinicultura, fue la actividad económica que primó en la región de Los Llanos desde 1920 a 1960 (Natenzon, 1994, y Rojas, 2013 b).

La progresiva modernización agrícola hizo que la superficie cultivada aumentara a lo largo del siglo XX aunque dicho proceso se concentró en el Valle de Famatina y en Arauco, departamento en el que en la década de 1940 comenzó a registrarse el impulso de la olivicultura (Rojas, 2013a). En el Valle de Famatina, la vitivinicultura en manos de pequeños y medianos productores tuvo un importante desarrollo. No obstante y aun cuando la región a mediados del siglo XX, basaba su economía en las actividades vinculadas a la uva,”el volumen y las características de estas producciones no lograron revertir el escaso desarrollo y estancamiento con que todos los especialistas refieren a la situación del oeste riojano hasta por lo menos la década de 1970″ (Rojas, 2013a: 35).

En ambas provincias, las acciones adoptadas desde el gobierno nacional en materia de promoción agrícola e industrial hacia fines de la década de 1970 son fundamentales para explicar la fisonomía de la matriz económica actual. En efecto, a partir de la Ley de Desarrollo Económico 22.021 que establecía un régimen de promoción para las explotaciones, agrícolas, ganaderas, turísticas e industriales se pretendía “estimular el desarrollo económico de estas regiones, atrayendo la radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico”y “radicar empresas sólidas que terminaran con el estancamiento económico de la provincia” (Ley N° 22.021)[16]. Atraer capitales para “acortar la distancia con el resto del país y conseguir un desarrollo equilibrado” fue el propósito explícito de esta norma.

La promoción basada en diferimientos impositivos consistió en que las empresas que invirtieran y establecieran en las provincias de la región podrían postergar el pago de una parte o del total de los impuestos nacionales siempre y cuando lo destinen a la inversión productiva agrícola (Allub, 1996:475).

En La Rioja se hicieron presentes nuevos agentes económicos provenientes de sectores no agropecuarios para los que el régimen de promoción y los diferimientos constituyeron atractivas oportunidades. Estas producciones configuran un nuevo sistema agrícola en la provincia, cercano al agronegocio, que cuenta con agentes con mayor poder económico y político que los agricultores medianos y pequeños (Giarra-ca y Hadad, 2009).

Estas leyes no tuvieron el efecto deseado para el desarrollo regional. Por el contrario, la política de diferimientos no alcanzó a los pequeños productores, los cuales empeoraron su condición relativa, aunque si cambió la tradicional estructura minifun-dista a partir de la incorporación del sistema productivo de grandes extensiones de tierra que estaban en desuso o que fueron vendidas por los pequeños productores (Narodowski y Garnero, 2010:98)

Estas transformaciones de la economía regional y la crisis del modelo vitivinícola en San Juan, afectaron especialmente a los actores locales tradicionales, viñateros y bodegueros, que debieron amoldarse a la nueva situación económica. El productor agrícola, miembro de la clase política tradicional sanjuanina fue reemplazado por el productor internacionalizado con menos vínculos con el territorio, y con los actores políticos y económicos locales (Favaro, luorno y Cao, 2006).

Es así que la implementación de los regímenes no permitió atenuar las crisis económicas ni mejorar las condiciones de vida de la población que, muy por el contrario, se deterioraban a un ritmo acelerado en el marco de políticas neoliberales que se profundizaron en la década del noventa.

Características que configuran la matriz política Durante los años noventa, tanto la provincia de San Juan como de La Rioja mantuvieron un fuerte vínculo con el gobierno nacional. Esto supuso la transferencia de importantes sumas de dinero a la vez que la implementación de políticas de ajuste.

La llegada de Carlos Menem a la presidencia en el año 1989 significó para la provincia de La Rioja una fuerte injerencia del gobierno nacional que, aunque adjudicó un apoyo financiero diferencial, ejerció presión en pos de promover medidas tendientes a implementar el ajuste fiscal (Olmeda, 2003).

Como en otras provincias, la alianza con el gobierno nacional durante este periodo supuso adherir aun proceso de ajuste y reforma que daría lugar a diferentes movilizaciones y protestas, especialmente de los empleados de la administración pública y de los docentes. En La Rioja fue durante diciembre de 1993, luego de que la Legislatura votara una ley de reforma del Estado provincial[17], que se produjo una manifestación de la que participaron estudiantes, miembros de la Pastoral de los Barrios de la Iglesia (Católica), de organizaciones profesionales y vecinales. La movilización incluyó el incendio de la casa de gobierno y desencadenó una fuerte represión. Numerosos manifestantes apedrearon casas y empresas de políticos, protagonizaron choques con la policía y, finalmente, la gendarmería ocupó la ciudad (Iñigo Carrera y Cotarelo, s/f; Schulman, 2002). El Riojanazo fue un adelanto de los sucesos que días después se desarrollarían en Santiago del Estero, asumiendo éstos últimos mayor visibilidad a escala nacional.

En San Juan, por su parte, la “Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Previsional” sancionada por el legislativo provincial, en junio de 1995, impulsaba un paquete de recortes que afectaba especialmente a la administración pública provincial. A partir de la sanción de la ley se desarrollaron una serie de movilizaciones y manifestaciones protagonizadas principalmente por los sindicatos estatales. Con el correr de los días, se intensificaron las protestas ocurriendo algunos incidentes graves (destrozos e incendio de vehículos, roturas de vidrieras, saqueos de algunos comercios y choques con efectivos de la policía provincial). Estos hechos van a ser recordados con el nombre del El Sanjuanazo (Favaro; luorno; Cao, 2006).

A pesar del crítico escenario riojano, no se produjo un cambio en el signo político de sus gobernantes. Como dijimos, desde 1983 el peronismo resultó vencedor en todas las elecciones a gobernador y diputados provinciales, siendo La Rioja la única provincia en la que el justicialismo se impuso de manera consecutiva en los comicios para elegir diputados nacionales. De allí que, por lo menos en estos más de 30 años ininterrumpidos de mandato peronista, la vida política a nivel local haya estado signada por las disputas internas del partido gobernante.

A diferencia de una matriz política signada por la hegemonía del Partido Justicia-lista en La Rioja; en San Juan la “alternancia política”que caracterizaba al sistema provincial finaliza en el 2003 con la llegada de José Luis Gioja a la gobernación. A partir del 2002 la política provincial atraviesa una crisis de los partidos políticos locales lo cual produce el fin de la alternancia y asienta las bases de la hegemonía del Partido Justicialista, en este caso inscripto en el Frente para la Victoria, representado por los hermanos Gioja. La carrera política de José Luis Gioja fue en ascenso durante toda la década del noventa, de la mano del menemismo tanto a nivel provincial como nacional. En 1995 fue reelecto Diputado de la Nación por el periodo (1995-1999) cargo al que renunció para asumir como Senador Nacional en 1995. En esta función, integró diversas Comisiones relacionadas con la minería y fue presidente de la Comisión de Coparticipación Federal. Además, su hermano, César Gioja también ocupó diferentes cargos legislativos y ejecutivos desde la década del noventa[18].

El sistema político provincial en San Juan, está organizado en los últimos diez años en torno a un fuerte liderazgo del gobernador José Luis Gioja (reelecto por tercera vez en 2011). Como objetivo central de su plan de gobierno planteó, desde su asunción en el 2003, la “Segunda Reconstrucción de San Juan”sobre la base de cuatro pilares fundamentales: agroindustria, ganadería turismo y ‘Viueva minería”[19]. En el marco de este proyecto la megaminería se convertiría en la punta de lanza del gobierno provincial, y sería presentada como la actividad económica que posibilitaría a San Juan el “Desarrollo y el Progreso largamente postergado”

El escenario riojano está caracterizado también por la permanencia en el tiempo de sus figuras políticas. Ángel Maza fue gobernador de La Rioja por tres períodos consecutivos (1995-2007) y el actual gobernador, Beder Herrera, cumple funciones en el ejecutivo desde el año 1991, cuando se desempeñó como ministro Coordinador de Gobierno; asimismo, entre 1995-2007 fue vicegobernador de la provincia. Su primera llegada a la gobernación estuvo imbuida de un fuerte discurso en contra de la explotación minera. Sin embargo, como analizaremos más adelante, una vez que resultara electo gobernador se convirtió en un impulsor del modelo.

En San Juan, desde su llegada a la gobernación el “giojismo”ganó en las diferentes instancias electorales en la provincia, desde el 2003 el caudal de votos en apoyo a la gobernación de Gioja, como en las elecciones legislativas fue en incremento, logrando de este modo, una hegemonía del Frente para la Victoria no sólo en la gobernación sino también en los cargos de importancia en la función pública provincial.

El estilo de conducción de corte personalista y decisionista encuentra similitudes entre ambos gobernadores. Este tipo de liderazgo político del ejecutivo provincial tiene importantes repercusiones en lo que hace a la dinámica de la división de poderes.

Pioneros en la promoción y en la defensa del modelo minero Las reformas legislativas que tuvieron lugar durante la década del noventa fueron la puerta de entrada para la incorporación y expansión de la minería metalífera a gran escala en el país. Más precisamente la ley de inversiones mineras (Ley 24.196) sancionada en 1993 fue el puntapié inicial para un conjunto de transformaciones legislativas conducentes a la Reforma del Código de Minería. Dicha norma fue impulsada por los representantes legislativos de aquellas provincias que veían en la existencia de la ley, la oportunidad para la radicación de capitales extranjeros y el desarrollo de la actividad. De esta manera, el proyecto de ley presentado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, fue recomendado para su sanción por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, y fue apoyado por el Secretario de Minería de aquel entonces, Ángel Maza, y por José Luis Gioja, por entonces integrante de la Comisión de Minería de la cámara de diputados de la nación.

En este escenario, la ley de inversiones mineras fue tratada con urgencia y contó con el apoyo de los partidos de la oposición. Así lo atestiguan las intervenciones que se dieron en el marco del debate parlamentario que tuvo lugar en marzo de 1993. El “Acuerdo Federal Minero”firmado entre las provincias y la nación en mayo de ese mismo año contó con el aval de los distintos partidos políticos y fue ratificado dos meses después por el congreso nacional, a través de la Ley 24.228 que brindó una plataforma de ventajas impositivas a las empresas que invirtieran en la actividad .

En 2004, siendo presidente Néstor Kirchner, éste confirmó la continuidad del modelo minero, declarándolo como un “objetivo estratégico” avanzando incluso en la exención total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la minería y otros puntos favorables para el desarrollo del sector minero. La continuidad de la política, el in-volucramiento de la estructura del Estado nacional, y por supuesto, el compromiso aún mayor de sus homólogos provinciales, demuestran hasta qué punto este tipo de minería se había convertido en política de Estado.

A fines de 2007, la presidente Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones de las exportaciones a los hidrocarburos y productos agrícolas. En ese marco, también se introdujeron retenciones móviles a las exportaciones mineras, llevándolas del 3 al 5%. Sin embargo, en el marco de la puesta en agenda a nivel nacional a partir del conflicto en Famatina (enero de 2012), la línea general del gobierno nacional cambió, observándose un viraje entre el apoyo fáctico a la política minera, que había coexistido con la ausencia de un discurso oficial más explícito sobre estos temas, hacia una proclama favorable a la megaminería y sus beneficios para el país (Svampa y Viale, 2014).

Estructura de oportunidades políticas y desarrollo del modelo minero La megaminería constituye algo más que una actividad económica, propone una reconfiguración de las economías y del territorio a través de los cuales se despliega de manera inconsulta. Es decir, avanza sin recurrir a los mecanismos con los que cuentan las democracias contemporáneas para dirimir proyectos que impactan fuertemente en las condiciones de vida de la población. De allí, la necesidad de indagar en las estructuras de oportunidades políticas que habilitan o desalientan instancias de participación ciudadana en torno al desarrollo del modelo minero.

En el caso de La Rioja y San Juan, ambas provincias presentan una estructura de oportunidades políticas restringida para la manifestación y expresión pública de disconformidad en relación al modelo minero. Sin embargo, en La Rioja la acción colectiva encontró ventanas de oportunidad a partir de las cuales pudo expresarse y, de este modo, profundizar la resistencia (al menos, en ciertos territorios hoy emblemáticos respecto de la megaminería, como Famatina). A diferencia de San Juan donde el modelo minero se consolidó tempranamente a partir de la explotación de Veladero y la progresiva conformación de un Mineralo-Estado.

El concepto Mineralo-Estado es definido por Sacher (2010) para caracterizar al Estado canadiense en su rol promotor del modelo minero. Según el autor, Canadá, como líder internacional del sector, busca difundir el modelo más allá de sus fronteras. Con este fin, el gobierno proporciona apoyo político, financiero y moral sostenido a las empresas mineras multinacionales en su territorio y en otros donde se instalan (Sacher, 2010). Muchas de las dimensiones que el autor contempla para el caso canadiense se encuentran presentes en la política implementada para la promoción de la megaminería en los últimos años por el gobierno sanjuanino y, como veremos más adelante, con menor intensidad por el gobierno de La Rioja[20].

San Juan, la conformación del Mineralo-Estado

“La megaminería constituye algo más que una actividad económica, propone una reconfiguración de las economías y del territorio a través de los cuales se despliega de manera inconsulta”.

El inicio de la explotación de Veladero cristalizó una alianza estratégica entre la empresa Barrick Gold y el gobierno sanjuanino para el desarrollo de la megaminería en la provincia. A pesar de las resistencias sociales, que por ese entonces se expandieron en los departamentos cordilleranos y en la Ciudad de San Juan, Veladero inició su explotación[21]. A partir de entonces, puede observase un reforzamiento institucional de la política minera por parte del gobierno provincial, acompañada de una fuerte inserción de la empresa Barrick Gold en el territorio.

Durante el segundo gobierno de José Luis Gioja, comienzan a consolidarse los elementos que caracterizarían al Estado sanjuanino como un Mineralo-Estado. Por un lado, a través de la institucionalización de la megaminería por medio de diferentes agencias estatales y la promoción de inversiones extranjeras en el sector. Por otro lado, a partir de la profundización de un discurso “ecoeficientista”y un reforzamiento en la criminalización de las resistencias.

En el año 2007 entró en funciones la Secretaría de Estado de Minería, creada en marzo de 2006 a través de un decreto de necesidad y urgencia del ejecutivo provincial. Esta secretaría tiene por objetivo la promoción del sector”[…] a través de la puesta en exploración y explotación de las riquezas mineras de la provincia […]”(Ley N° 7687). En el año 2010, pasará a tener el estatus de Ministerio de Minería. Por otra parte, en diciembre de 2007 se creó la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones la cual tiene por objeto promover la inversión en la Provincia. Si bien este organismo no tiene atribuciones exclusivas en el sector minero, la política de atracción de inversiones extranjeras hacia el sector se encuentra entre sus principales objetivos. Según un informe elaborado por la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (Prosper.AR) la provincia logró el primer lugar en el ranking de provincias receptoras de inversiones extranjeras, entre los años 2008 y 2009, concentrándose principalmente en la actividad minera y la agroindustria. A esta política de promoción de las inversiones en el sector minero se suman los viajes realizados por el gobernador a Toronto, desde el año 2004 (generalmente acompañado por una comitiva) con el fin de participar en eventos vinculados al sector y mantener reuniones con los principales CEOs de las empresas mineras multinacionales más importantes a nivel mundial.

La consolidación en los últimos años de un Mineralo-Estado en la provincia de San Juan se realizó a través del discurso del desarrollo sustentable, concepto compartido por aquellos que promueven la actividad a nivel nacional, e incluso por los organismos multinacionales y empresas que a lo largo de las últimas décadas lo han instalado en el marco de procesos hegemónicos de producción de sentidos sociales (Antonelli, 2009). Este discurso evoca diferentes mecanismos de control ambiental que harían posible que no se produzcan efectos negativos sobre el ambiente apelando a la capacidad humana para controlar y/o remediar, los efectos negativos de las actividades económicas. Esta, es una dimensión más a través de la cual opera el Minerlo-Estado en San Juan, y quedó claramente plasmada en las intervenciones del gobierno provincial en la discusión en torno a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares[22].

En el marco del debate sobre los glaciares las intervenciones del gobierno sanjuanino fueron acompañadas por un plantel de técnicos especialistas que asesoraban al gobernador de la provincia en diferentes instancias en las que se discutió la ley. En el marco del debate, las intervenciones tanto el gobernador como sus asesores tuvieron como principal objetivo que dicha ley no fuese aprobada.

Una vez sancionada, la misma no llegó a reglamentarse en San Juan donde los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales de la provincia presentaron medidas cautelares denunciando la inconstitucionalidad de ley ante un juez federal con asiento en San Juan. Este juez en un fallo acelerado (apenas 20 horas) dio lugar a los reclamos y suspendió los artículos que ponían en riesgo la continuidad de la actividad minera en zona de glaciares.

A pesar de que las tres medidas cautelares fueron levantadas y denegadas -en julio de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de La Nación- el gobierno provincial no renunció al propósito de que sean organismos provinciales los encargados del moni-toreo y control de los glaciares . Con este fin, en agosto de 2012 creó por decreto la Unidad Especial de Auditoría Ambiental[23].

En esta etapa de reforzamiento del modelo minero en la provincia, no podemos dejar de mencionar el paso decidido hacia la criminalización de la protesta ambiental, a través de la aprobación en el 2007 de un nuevo régimen contravencional, que incorpora importantes sanciones para quienes desarrollaran “contravenciones contra la tranquilidad y el orden público” (Svampa; Bottaro; Sola Alvarez, 2009).

Desde el “Primer Congreso en defensa de los Recursos Naturales”-realizado en Já-chal en el 2004 y organizado por las asambleas locales, la Asamblea de vecinos auto-convocados de Esquel y otras organizaciones sociales de la provincia-, se presentaron diferentes denuncias relacionadas con la censura y la persecución a periodistas e integrantes de las asambleas por difundir información contra la minería a cielo abierto. Esta va a ser la primera de una serie de denuncias que presentarán, tanto las organizaciones contra la megaminería, como periodistas, y pobladores de la provincia de San Juan ante la justicia en sus diferentes jurisdicciones. La censura y la criminalización de la protesta socioambiental por parte de los gobiernos provinciales, es un rasgo que comparten San Juan y La Rioja.

Como una muestra más del compromiso del gobierno sanjuanino en el desarrollo del modelo minero, hacemos referencia al enfrentamiento entre los hermanos Gioja, durante el año 2011, a raíz de la enmienda constitucional que habilitó la realización de un plebiscito para la re re-elección de José Luis Gioja como gobernador de la provincia. En este contexto, César Gioja acusó a su hermano, entre otras cuestiones, de ser un “instrumento de las mineras”yde buscarla re-reelección para garantizar las”abusivas ganancias”de la minera canadiense BarrickGold. La disputa por la gobernación entre los hermanos sacó a la luz la intrincada trama política y económica que se teje por detrás del modelo minero en San Juan. Por primera vez, desde el mismo arco político que durante años apoyó e impulsó el modelo, en esta ocasión ocupando el rol de opositor, el senador César Gioja, acusó a su propio hermano de habilitar ganancias extraordinarias a las empresas mineras, así como el interés de las mismas de que sea José Luis Gioja, y no otro, el que gobierne la provincia.

La Rioja, la reactualización de las resistencias inscriptas enla memoria larga. Como señalamos anteriormente, la estructura de oportunidades políticas restringida es, en muchas ocasiones, sorteada por diversos actores en la dinámica del conflicto en La Rioja. Para indagar en esta dinámica es preciso situarnos en diversas temporalidades; por un lado rastrear en las tradiciones y representaciones en torno a experiencias de resistencia de la historia riojana, que entran en juego y son reeditadas en el marco del conflicto por la llegada de la megaminería a la provincia. Algunas de ellas inscriptas -incluso- en la memoria larga, le dan a estos territorios la densidad de un palimpsesto[24]. Por otro lado, el devenir de la megaminería en la provincia está marcado, en gran medida, por las coyunturas que atraviesa el partido político dominante.

Con relación a lo primero, no es exagerado afirmar que tanto las leyendas indígenas como las secuelas propias de los conflictos políticos del siglo XIX brindan un sustrato que interviene en la argumentación que se construye para la oposición al modelo minero. La exhortación a la defensa del territorio vincula con los importantes levantamientos indígenas que se produjeron en la región contra el dominio español. Más precisamente, la llamada Gran Rebelión, que tiene a los famatinas como protagonistas, hizo que los conquistadores desestimaran los proyectos que implicaban internarse en territorio sublevado (Ansaldi, 1985).

Si bien los procesos de exterminio, la inmigración y el mestizaje, explican que actualmente las comunidades indígenas no sean un actor de trascendencia, tan central en los conflictos que se suscitan en otras áreas andinas de América Latina, es en las instituciones, los rituales y las tradiciones orales donde permanece latente el contenido de las resistencias pasadas.

La acción colectiva rural tuvo en la provincia de La Rioja un escenario privilegiado. No sólo por la actuación de los legendarios Juan Facundo Quiroga (1788-1835) y Vicente Peñaloza (1798-1863), sino por los sucesivos levantamientos que protagonizaron los caudillos federales riojanos y los gauchos que los seguían. Estas movilizaciones, en nombre del federalismo, tenían como destinatario tanto el gobierno nacional y como el provincial.

Los conflictos y la resistencia que el proceso de constitución del Estado desencadenó en la provincia de La Rioja, constituyeron experiencias de participación y compromiso, que se presentan como antecedentes que si bien se concentraron en la región de Los Llanos, luego en Famatina y, en menor medida, en otras regiones, dejaron huellas en la identidad provincial. En este sentido, el legado de las montoneras remite a las posibilidades de resistencia frente a los modelos que buscan imponerse y subordinar territorios.

La historia riojana, sostiene Ricardo Mercado Luna (1991: 18 y 51) está marcada por la existencia de una “cultura de los hechos consumados” por los aparentes fatalismos y por la “tolerancia cómplice” pero frente a ella se levanta la cultura de la resistencia; “una resistencia vigilante y viva” que no se agota con los caudillos federales. En este sentido, expresiones de organización y resistencia serán casi una constante en la historia riojana y en esta línea es posible inscribir el movimiento en contra de la megaminería. Sin embargo, también es preciso señalar la centralidad que asumió la coyuntura de la política provincial en el momento en que se produjo la expulsión de la empresa minera transnacional.

En efecto, la crisis política provincial pondría de manifiesto el alcance de las internas del peronismo, al tiempo que abriría la estructura de oportunidades políticas, dando mayor visibilidad a las demandas ciudadanas. Así, la sanción de la ley que prohibiera la explotación minera en la provincia exigida por las asambleas, llegaría de manera coincidente con el inicio de un corte permanente y selectivo en el camino de acceso a la zona donde la empresa BarrickGold se encontraba realizando la exploración[25]. Es decir, en el caso riojano, para comprender las características que asumió la promulgación de la ley que prohibía la megaminería, así como también su posterior derogación, es preciso hacer referencia al convulsionado escenario político riojano marcado por la crisis del partido hegemónico.

En marzo de 2007, el entonces gobernador Ángel Maza fue suspendido en sus funciones en medio de una crisis institucional, acontecimiento que se produjo a menos de una semana de promulgada la ley que prohibía la minería a cielo abierto. El discurso “antiminero”fue empleado por el vicegobernador Beder Herrera, desde entonces a cargo del ejecutivo de la provincia, como estrategia para destituir a su excompañero de fórmula. En este contexto, para la promulgación de la ley que evitara la explotación del Cerro Famatina, las asambleas de Famatina y Chilecito contaron como aliado estratégico al vicegobernador.

Ahora bien, una vez superada la contienda electoral por la cual Beder Herrera retuvo la gobernación, la apuesta del gobierno provincial hizo que la ley de prohibición de la megaminería fuera derogada, así como también aquella que establecía el llamado a consulta pública. Se obturó, de esta manera, la posibilidad de hacer uso de un mecanismo que permitiese conocer la opinión de la población en torno a la deseabilidad o no del proyecto. Se instaló, en cambio, un escenario en el que la amenaza a perder los puestos de trabajo[26], la represión y judicialización de los integrantes de las asambleas y otros miembros de la comunidad se volvieron una constante. Paralelamente, la prohibición de brindar información crítica, por ejemplo en las instituciones educativas, se fue conjugando con campañas publicitarias que procuran instalar la noción de “minería sustentable”. Las represiones y judicializaciones sobre quienes participan de acciones que cuestionan el modelo minero se fueron incrementando a medida que se consolidaba la alianza del gobierno provincial con las empresas mineras, para atenuarse en épocas electorales.

Los más que favorables resultados obtenidos por el partido gobernante en las elecciones provinciales y nacionales de 2011[27], fueron presentados desde las autoridades locales como un apoyo de la población al “modelo minero”. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar desde los primeros días de enero de 2012 lo desmentirían categóricamente. La instalación de un acampe permanente, la masividad de las movilizaciones en Famatina y la capital riojana, fueron una señal clara y contundente de oposición al proyecto por parte de los pobladores de la región.

La pueblada de Famatina fue ganando cada vez mayor visibilidad y se instalaba con potencia en la agenda pública, el gobierno riojano, que en un comienzo había planteado una intervención situada por fuera de los cánones de la licencia social (argumentando que en cumplimiento del Código de Minería se realizaría la exploración, aun con la oposición de los pobladores), anunció la suspensión del proyecto. Ahora bien, no menos importantes son las acciones que encaró el gobierno provincial luego de los acontecimientos del 2012, las cuales poco remiten al inicio de un camino de diálogo democrático para la resolución del conflicto.

Por un lado, la ausencia de una institucionalidad que regule la asignación y distribución de fondos destinados a los municipios le valió al ejecutivo provincial para desfinanciar al municipio de Famatina, cuyo intendente se posiciono públicamente contrario al proyecto minero[28]. Es decir, la falencia que supone la inexistencia de una ley de coparticipación al interior de la provincia, fue utilizada como una herramienta de castigo y disciplinamiento. Por otro lado, mientras que en los medios de circulación nacional, la Cámara de Empresarios Mineros lanzó una importante campaña publicitaria cuyo contenido aludía a la imposibilidad de concebir un “mundo sin minería” en la provincia de La Rioja fue la pauta oficial la que se empleó para instalar la imagen de una “minería amigable”. Esta acción dista enormemente de lo que una campaña de información puede suponer y mucho más aún de lo que la democratización del proceso de discusión en torno a la licencia social exige.

A pocos meses de transcurridos los momentos más álgidos del conflicto, mediante dos actos administrativos, desde la Secretaría de Ambiente se dieron claras señales del rumbo político a adoptar. En primer lugar, el órgano de competencia ambiental, estableció un nuevo sistema provincial de áreas protegidas por el cual la reserva Laguna Brava[29] es puesta a disposición de los capitales mineros. En segundo lugar, se aprobaron nuevos informes de impacto ambiental para la exploración de uranio en proximidades de la ciudad capital[30]. Asimismo, a partir de la aprobación del Informe de Impacto Ambiental para la prospección del Famatina presentado por la empresa estatal -EMSE- y la Osisko Mining, se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza el inicio del ciclo minero (Res. N° 271/12)[31] allí donde el poder judicial local había ordenado su suspensión invocando la Ley de Protección de Glaciares[32].

En la ciudad capital, la amenaza percibida por la expansión de proyectos de explotación de uranio condujo a que se promulgara una ordenanza que declara al departamento Capital como”municipio no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable” y que prohibe “el uso del agua para procesos mineros de cáteos, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos y radiactivos” (Ord. 390/12). Es de destacar que la norma refiere al agua como bien común y natural (art. 2).

El derrotero del conflicto que se desarrolla por el arribo de la megaminería en la provincia de La Rioja ilustra la fragilidad de los instrumentos legales frente a la presión de las empresas trasnacionales, que encuentran en la baja calidad institucional, atributos propicios para el desarrollo de esta actividad. Como señalamos, la alianza del gobierno provincial con el sector minero ubica a este actor público, proclive a prácticas clientela res y autoritarias, como el principal promotor de la actividad extractiva.

El año 2012 se inició en La Rioja con movilizaciones masivas que pusieron de manifiesto el rechazo que la minería a cielo abierto genera en estos territorios. En el devenir de los acontecimientos quedó claro el compromiso del poder político con el “modelo minero”. Más aún, en pleno contexto de efervescencia y pocos días antes de la pueblada que sacudiera a la provincia, la Cámara de Diputados declaró al 2012 “Año Provincial del cuidado del ambiente, el fomento y la promoción de la actividad minera”

Poco tiempo después, el proceso de debate iniciado a partir de la visibilización que asumió el caso Famatina a escala nacional a partir de la presencia en los medios de comunicación fue obturado rápidamente. Sin embargo, el “efecto Famatina” tuvo consecuencias directas en la formulación de un nuevo “Acuerdo Federal Minero”que se firmaría en marzo de 2012.

Las diferencias de este acuerdo con respecto al primero (firmado en 1993) son importantes. Por un lado, se celebra en un contexto de alta conflictividad socioambien-tal en torno a la megaminería que alcanzó por primera vez visibilidad y trascendencia en la escala nacional. En este escenario, son las provincias de la recientemente conformada Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) las que se convocan para refundar el modelo minero y garantizar en él un lugar destacado para las provincias[33].

La iniciativa de los gobernadores condensada en el Acuerdo contempla el desarrollo de empresas públicas provinciales y de acciones tendientes a ampliar la participación de las provincias en la renta generada por la actividad minera. Además estipula que la OFEMI tiene la potestad para instrumentar mecanismos que incorporen valor agregado industrial en los territorios donde yacen los recursos mineros. Al mismo tiempo que actuará como organismo interjurisdiccional de asesoramiento con una mesa de conducción integrada por la gobernadora de Catamarca y los gobiernos deJujuy y San Juan.

Este acuerdo no fue tratado por el Congreso Nacional[34] lo cual, tal vez, le hubiera dado continuidad a un debate que ya estaba en declinación y que se inició con la aprobación de la Ley Nacional de Glaciares. Por el contrario, las cámaras de diputados ratificaron, en mayo del mismo año en la provincia de La Rioja (Ley 9192) y en septiembre (Ley 8301) en San Juan, la vigencia e importancia del acuerdo.

Conclusiones

En el marco de los procesos de implantación del modelo minero en nuestro país en las últimas décadas, las provincias de San Juan y La Rioja han tenido un importante protagonismo en lo que hace a la promoción del modelo, tanto en la escala provincial como nacional. Sin embargo, San Juan se posiciona como el paradigma del modelo minero a nivel nacional, referencia obligada para el resto de las provincias que tienen por objetivo desarrollar la megaminería. Por su parte, La Rioja, se presenta como el emblema de las resistencias, donde las asambleas socioambientales y la comunidad pudieron expulsar a Barrick Gold y otras empresas de su territorio, y donde, más recientemente han comenzado a expresarse acciones de rechazo a la explotación de uranio.

Como señalamos a lo largo del artículo ambas provincias presentan condiciones económicas y políticas similares, sin embargo, mientras que en San Juan se consolidó tempranamente un Mineralo-Estado, en La Rioja, las resistencias sociales, pudieron evitar la consolidación del modelo minero. Consideramos que las claves para dar cuenta de estas diferencias se encuentran, por un lado, en la manera particular en la que se articulan en cada territorio la matriz económica y política, con los imaginarios sociales. Por otro, en el acelerado proceso de conformación de un Mineralo-Estado en San Juan, y la capacidad de resistencia de las asambleas socioambientales en La Rioja.

Los discursos proferidos desde ambos gobiernos provinciales que apelan a los imaginarios sobre el territorio postergado, recalan con más fuerza en San Juan debido a las grandes asimetrías intraprovinciales que históricamente dividieron a la provincia entre los departamentos cordilleranos y el Oasis central. De este modo, el modelo minero, que se impulsa principalmente en los departamentos cordilleranos, encuentra un terreno fértil en el imaginario de postergación histórica que han tenido los habitantes de estas regiones durante la hegemonía del modelo económico vitivinícola.

No es el caso de La Rioja donde el primer proyecto de explotación minera aurífera a cielo abierto pretende localizarse en el Valle de Famatina, región con cierto desarrollo de la actividad productiva y turística y donde la proximidad y valoración que los pobladores tienen del Cerro, explican que el imaginario de territorio postergado no resuene con tanta fuerza como en el caso sanjuanino.

Las diferentes temporalidades en las que se desarrollan los proyectos mineros en las provincias en cuestión, también parecieran conjugarse con otros procesos aquí mencionados. En el caso de San Juan, como vimos, se consolidó rápidamente un Mineralo-Estado, a partir de un reforzamiento de las políticas y organismos del gobierno provincial para desarrollar la megaminería. Esto tuvo como consecuencia un acelerado proceso de implantación del modelo minero en los territorios cordilleranos que se vio impulsado a partir de 2005 por la explotación de Veladero de la mano de la expansión de las acciones de responsabilidad social empresaria de Barrick Gold y la censura y criminalización por parte del gobierno provincial, elementos que se conjugaron para precipitar la desarticulación de las resistencias en los departamentos cordilleranos.

En La Rioja, más específicamente en Chilecito y Famatina, la experiencia y resignificación de un pasado minero, sumados a la tradición de movilización de la región, se convirtieron en factores relevantes en el proceso de resistencia. De este modo, a lo largo del conflicto, las asambleas socioambientales pudieron sortear las restricciones para la acción colectiva presentes en la estructura de oportunidades políticas, al mismo tiempo que tuvieron la capacidad para acumular experiencias que fortalecieron su posición a lo largo de estos años.

Las diferentes dimensiones que se encuentran en juego en la implementación del modelo minero en la escala subnacional ponen de manifiesto un escenario, además de complejo, dinámico y cambiante, donde la estructura de oportunidades políticas puede abrir ventanas para el desarrollo de la acción colectiva. De este modo, si bien, las resistencias tienen más posibilidades de éxito en aquellos contextos provinciales donde aún no se ha iniciado la explotación -esto es donde las empresas mineras aún no se han constituido en actores locales de gran protagonismo en la vida social, económica y política local- la propia dinámica del conflicto puede generar acciones de resistencias en territorios donde el modelo se encuentra ya consolidado. En este sentido, la paralización del proyecto Pascua Lama evidencia que, aun en el marco de un territorio con una fuerte tradición minera y con políticas que abrazan la noción de la “megaminería como motor de desarrollo” la actividad extractiva puede, ser puesta en cuestión.

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Las reflexiones que se presentan forman parte de las investigaciones realizadas por las autoras en el marco del proyecto PICT Modelos de desarrollo: actores, disputas y nuevos escenarios en la Argentina contemporánea y en sus respectivas tesis doctorales. Agradecemos a Maristella Svampa por los comentarios realizados a la versión preliminar de este artículo. ↵

Los estados provinciales ya contaban con el reconocimiento del dominio originario de los recursos mineros pero, a partir de la reforma del Código, el Estado no puede explotar ni disponer de las minas motivo por el cual se las debe conceder a particulares. ↵

2 Término utilizado por William Sacher(2010) para caracterizar al Estado canadiense como promotor de la me-gamineríaa nivel mundial, más adelante volveremos sobre este concepto. ↵

El proyecto original de Pascua Lama, aprobado en 2006, contemplaba la remoción de 13 hectáreas de hielos glaciares, este fue uno de los motivos que alentaron la movilización social contra el proyecto desde sus inicios tanto en Chile como en Argentina. Desde el año 2013 se encuentra paralizado debido al incumplimiento de las medidas especificadas en su calificación ambiental para proteger los glaciares. ↵

4 Superficie y población: San Juan: 89.651 km2 - 681.055 hab.; La Rioja: 89.680 km2- 333.642 hab. (INDEC, 2010). ↵

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Según Giraudy (2011) el empleo público provincial tuvo para ese periodo una media de 127 cada 1000 por habitante económicamente activo. ↵

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dirección de Planificación Económica, 2012. ↵

El Fondo Federal Solidario creado por Decreto en el año 2009, se conforma con el 30% de las sumas que el Estado Nacional percibe en concepto de exportaciones de soja, sus variedades y derivados. ↵

Los datos coinciden con los presentados para el mismo año por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que señala que el 76% de las exportaciones corresponde al sector minero cuyo principal país de destino es Canadá (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011). ↵

Para el año 2011 las cifras del sector secundario y terciario rondaron el 31% y 62% respectivamente, porcentajes similares al año 2005, cuando estos sectores representaban el 28,4% y el 58,4%, mientras que hay una disminución de alrededor del 50% en el sector primario (Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, 2012; Garnero, 2007). ↵

Los datos corresponden al tercer trimestre del año 2011 y fueron extraídos del Informe de Coyuntura Econó-mica Regional del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ICER N° 5. ↵

Cuando referimos a imaginarios, aludimos a la construcción de un relato unificador, que reposa sobre ciertas marcas identitarias, mitos de origen, que van moldeando las representaciones colectivas acerca del presente y del futuro (Svampa, 2011 a partir de Baczko, 1993). ↵

En nuestros trabajos adoptamos la noción de lenguajes de valoración desarrollada por Martínez Alier. ↵

Sobre este tema ver: Svampa (2008), Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2009) y Sola Álvarez (2012). ↵

Esta ley que se promulgó para La Rioja en 1979 se extendería en 1982 a Catamarca y San Luis y un año más tardea San Juan. ↵

La ley votada fue la Ley de Emergencia Financiera N° 5923, a partir de la cual se ponían a disposición todos los empleados públicos y se dejaba abierta la posibilidad de despidos masivos y recortes salariales. ↵

Cesar Gioja fue, en 1991, Subsecretario de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Interior de la Nación; en 1992, Ministro de Gobierno de la Provincia de San Juan. Desde el 2003 hasta el 2005, ocupó el cargo de asesor del Gobernador de la Provincia de San Juan, y entre el 2005 y 2011 fue Senador Nacional por la Provincia y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación. ↵

En el segundo periodo de Gioja como gobernador (2007-2011) la ganadería dejaría de ser un pilar y será reemplazada en la plataforma de gobierno por la "Integración" incluyendo en este ítem la integración con Chile, la salida al Océano Pacífico y diferentes obras de infraestructura vinculadas, en la mayoría de los casos, a la accesibi-lidad y transporte de la actividad minera. ↵

18 El concepto Mineral-estado (o mineral política) es también utilizado por Marcelo Arancibia (2011) para carac-terizar al Estado sanjuanino durante los dos primeros gobiernos de José Luis Gioja. ↵

El periodo de mayor movilización contra la megaminería en la provincia tuvo lugar entre los años 2004y 2007 a partir de la organización de asambleas socioambientales en la ciudad de San Juan, Jáchal, Iglesia y Calingasta y la participación de otros actores movilizados. El momento de mayor expresión del conflicto en torno a la me-gaminería en estos departamentos, coincide con los momentos previos a la explotación de Veladero y los años inmediatamente posteriores. ↵

El 22 de octubre de 2008 el Congreso sancionó la Ley N° 26.418, que exigía la creación de un inventario na-cional de glaciares. Esta ley había sido votada poruña amplia mayoría del Congreso Nacional y fue vetada por la presidente de la nación a través del decreto N°1837/08. A pesar del veto, el movimiento socioambiental, en articu-lación con otros actores sociales (intelectuales, políticos, académicos, artistas, entre otros), continuó con la puesta en agenda del tema a escala nacional. No obstante el accionar del lobby minero y de algunos estados provinciales que presionaban para que la ley no se aprobara, finalmente fue sancionada en septiembre de 2010. ↵

En agosto de 2012, bajo el decreto N° 1246, el gobierno de San Juan estableció que la investigación quedaba a cargo de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, integrada por el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares (que reúne a responsables de distintas áreas del gobierno provincial) y expertos de la Universidad Nacional de San Juan. ↵

Tomamos la idea del territorio como palimpsesto de André Corboz (1996). ↵

La cámara de diputados de la provincia sancionó tres leyes que impedían la minería a gran escala: la Ley N° 8137, prohibiendo la explotación minera a cielo abierto con usos de sustancias tóxicas, la Ley N° 8138, convocando a una consulta popular y la Ley N° 8139, que ordenaba la formación de la comisión investigadora legislativa sobre los contratos de concesión firmados entre el gobierno provincial y la empresa BarrickGold. ↵

Se trata de puestos en la administración pública, principal fuente de empleo en la provincia. ↵

En las elecciones provinciales, realizadas en mayo de 2011, Beder Herrera fue reelecto gobernador con el 67,20%. En octubre 2011, en las elecciones legislativas, el Frente para la Victoria - alianza política que gobierna a nivel nacional- obtuvo un 51,28 % devotos. ↵

Es preciso señalar que el Intendente de Famatina llegó a su cargo integrando un frente departamental que acompañaba la candidatura del actual gobernador. ↵

Para ser más precisos, el viraje hacia la categoría "reserva de uso múltiple" ratifica la autorización que fuera otorgada en el año 2007 para la explotación minera, a la vez que fija nuevos requisitos sumamente flexibles para que las empresas puedan operar. ↵

28 Diversas acciones, aunque con un tenue impacto, desarrollaron los habitantes de las localidades en las que se iniciaron tareas de exploración de uranio. Tal vez, como consecuencia del "efecto Famatina" y su fuerte resonancia a nivel provincial, la ciudad de La Rioja promulgó una ordenanza que declara al departamento Capital como "municipio no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable"y que prohibe el uso del agua en los procesos mineros. Desde entonces, se intensificaron las actividades de resistencia a la vez que, a diferencia de las empresas transnacionales mineras, la Comisión Nacional de Energía Atómica pareciera haberse dado una estrategia de co-municación en los territorios a la vez que avanza con los cáteos. ↵

29 Boletín Oficial de La Rioja N° 11.025. Disponible en: <http://www.boletinoflarioja.gob.ar/boletin/2012-11-06. pdfx ↵

En el departamento de Chilecito, el 18/07/12 un juez dictó una medida cautelar para suspender la vigencia del convenio firmado por el ejecutivo provincial y la minera Osisko hasta que se cumpla con el inventario que exige la Ley Nacional de Protección a los Glaciares. ↵

La firma del acuerdo estuvo presidida por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Lleva las firmas de los gobernadores de: Jujuy, quien preside la OFEMI; Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, y Santa Cruz; por las provincias de Neuquén y Chubut, asistieron funcionarios. ↵

Nótese que aun habiendo mayoría en las cámaras, el tema no fue puesto en la agenda del Congreso. ↵

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Aportes del pensamiento crítico

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Ernesto Laclau: variaciones sobre el populismo

Roberto Agustín Follari

Resumen

El artículo se propone rendir homenaje a la obra del recientemente fallecido Ernesto Laclau, en especial se reivindica su compromiso político con los gobiernos nacional-populares latinoamericanos, particularmente el de su natal Argentina. Se pondera su teorización del populismo por haber convertido este fenómeno en un objeto conceptual complejo y digno de respeto. Posteriormente se muestran los avances de la teoría política de Laclau sobre el populismo tomando los aspectos democrático, plebeyo y republicano del fenómeno y defendiéndolo frente a las posturas liberales y pluralistas.

Abstract

The article pays tribute to the workof the late Ernesto Laclau, especially his political commitment with Latin American national-popular governments, starting with his native Argentina. His theoretical approach to populism, which turned it into an object both complex and worthy of respect, is praised. Later, the democratic, plebeian and republican aspects of populism are taken into account in order to show the accomplishments of Laclau’s political theory. Liberal and pluralist stances are confronted.

Palabras clave

Laclau, populismo, democrático, plebeyo, republicano.

Keywords

Laclau, populism, democratic, plebeian, republican.

La muerte de Ernesto Laclau nos entristeció a muchos. No a todos, claro: están los que calladamente se regocijaron, en tanto los antagonismos de los que el teórico argentino tan bien supo teorizar, llevaron a que en alguna revista le hubieran dedicado una tapa que debiera avergonzar a sus autores (Noticias, 2012). Los perpetradores de ese sitio donde se afirmaba que Laclau era “el filósofo que divide a los argentinos” mostraban una vez más que el teórico de la política tenía razón: la política cuando es tal es parteaguas, es ruptura, es enfrentamiento de intereses y posiciones. En ese limitado sentido, un reaccionario como Cari Schmitt mostró acierto en sus nociones; y es evidente que concepciones como las de Rancière (1996), insistiendo en la distinción entre política y administración de lo dado (a la cual una poco afortunada traducción transformó en “policía”), se hacen plenamente pertinentes. La política es lucha entre posiciones diferentes, o no es ninguna cosa.

Y Laclau fue coherente en este sentido. Contradijo punto por punto el lugar de privilegio que suele concederse a los intelectuales. Estaba situado en el panteón internacional de las ciencias sociales, junto a Negri, Zizek, Butler, Badiou, Agamben y unos pocos más. Podía vivir tranquilamente de congresos y homenajes, conferencias y premiaciones. Había ascendido a la cúspide del prestigio académico. Y sin embargo, fue capaz de dejar Europa para visitar permanentemente la Argentina, y de abandonar el pedestal para pisar el barro de la política concreta; donde se cambiaría los elogios académicos por los insultos exaltados de aquellos que no podrían comprender quizá media página de su obra, pero advirtieron su compromiso con los gobiernos nacional/populares latinoamericanos, y le dedicaron al sofisticado autor la misma gama de ataques burdos y primarios que llenan día a día los principales medios gráficos y electrónicos de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina, en contra de esos gobiernos que el stablishment detesta sin miramientos.

Laclau bajó de un sitial del que pocos bajan; o, mejor, fue capaz de combinar su condición de intelectual destacado con la de quien opina en la discusión político-mediática, y asume los riesgos de la misma. Se habla allí de temas no decididos siempre por el autor, a diferencia de lo que suele ocurrir en el campo intelectual; y hay que responder a la rápida, hacia auditorios masivos y desconocidos. El autor asumió esa difícil condición, que rara vez los intelectuales suelen reconocer como espacio de incertidumbre en que se da la política práctica, a menudo despreciada desde el pináculo intelectual.

Además, supo mantener una sencillez realmente notable. Me tocó, casi azarosamente, compartir la que luego sabríamos fue su última tarde en la Argentina: concurrimos juntos a la Universidad Nacional de La Plata para presentar el número 5 de la revista Debates y Combates, que él dirigió hasta el final de su vida. No se mostró conversador, pero sí dispuesto y afable. Y esto implicaba no poco en relación con mi persona, pues yo (en tiempos en que no imaginé que llegaría a conocerlo personalmente) había planteado una serie de diferencias teóricas importantes para con sus trabajos (Follari, 2010: 65). Nos habíamos conocido en Mendoza en el año 2011 y él entonces había recibido mi libro y había podido leer las críticas, a veces bastante ácidas, si bien siempre expuestas desde un claro acuerdo en la posición política.

Frente a tales situaciones de diferenciación conceptual muchos suelen tomar distancia, más aún si tales diferencias vienen desde personas que no están en el mismo nivel de estatuto y reconocimiento dentro del campo académico, como obviamente sucedía (y sucede) con quien suscribe este texto.

El comportamiento de Ernesto Laclau fue por completo diferente, ajeno a lo que podríamos llamar la regla de correspondencia entre académicos, basada en la complacencia mutua y la sumisión a quien ya está consagrado. Por el contrario, en los breves años que mediaron entre que nos conociéramos y su muerte, el comportamiento de Laclau fue de aliento y apoyo a mis escritos, en la medida en que ellos convergían plenamente con los suyos en el campo principal de sus finalidades: las estrictamente políticas, colectivas y suprapersonales, desprovistas de referencia a los acuerdos y desacuerdos en el plano de la discusión propiamente teórica.

Vaya, entonces, el homenaje a uno de los pocos intelectuales de relevancia mundial (otro podría ser Bourdieu) que han contradicho aquella pretendida ley de hierro que implica que la radicalización ideológica es inversamente proporcional a la altura que se logra en el campo del prestigio y poder académicos.

El respetable populismo Uno de los principales aportes del politólogo argentino, fue su puesta del populismo en un lugar de objeto de teoría digno de respeto. En ese sentido, las “rupturas epistemológicas” solicitadas desde posturas de origen bachelardiano (Bourdieu, 1975) no se habían cumplido para este caso: el sentido común establecido para las clases medias y altas, según el cual el populismo refiere a gobiernos demagógicos, corruptos y autoritarios, se había venido repitiendo considerablemente en el espacio de la sociología y la ciencia política “oficiales”. De tal modo los partidarios del populismo (en la Argentina, no pocos: Cooke, Hdez. Arregui, Jauretche, Walsh entre otros) resultaron marginales a la academia oficial,”ideólogos” “ensayistas” pero en ningún caso considerados científicos, ni tampoco parte de un pensamiento humanístico que valiera la pena considerar dentro del espacio de la filosofía a secas, y no más que marginalmente dentro de la filosofía política.

Hijo conceptual de la obra de Jorge Abelardo Ramos, Laclau partió desde otro lugar: el marxismo como teoría social desde la cual se interpretaba al peronismo como un fenómeno contradictorio pero positivo para los sectores populares, una especie de “momento” en la constitución gradual de la autoconciencia emancipatoria de los sectores populares de la Argentina.

Ya radicado en Europa, Laclau no pudo dejar de sentirse atraído por la obra de Louis Althusser, como a todos los universitarios ocurría en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado. De tal manera, con base en el intento del pensador francés, con su compleja visión del marxismo como una ciencia incluso comparable con las matemáticas, derivó de nuevo al análisis del populismo.

Con un Althusser que había apelado a Lacan para forjar la noción de “interpelación” en relación a la constitución ideológica del sujeto, Laclau pergeñó su primera sistematización teórica sobre el populismo en aquel libro inicial, uno de cuyos tres capítulos fue dedicado al tema (Laclau, 1978). Se trató de pensar cómo la constitución del sujeto populista se daba por vía de la interpelación discursiva del líder, en la medida en que la categoría de “pueblo” podía sintetizar diferencias de posición social en la identidad común del sujeto popular.

Lo fecundo de esta posición no radicaba solamente en la apelación al psicoanálisis para pensar la constitución de la identidad colectiva (un aporte impensable para el marxismo oficial soviético de la época), sino en la más sutil cuestión de que el autor advirtiera que el sujeto “se constituye”; es decir, que -no es un a priori y, además, que no responde a la sola expresión de condiciones objetivas previas, como estaba pensado en la dialéctica lukacsciana de despliegue de la conciencia a partir del ser social (Lu kaes, 1979).

“La referencia al peso de la cadena equivalencial de demandas en la constitución del sujeto político popular, marca la posibilidad que tiene el liderazgo de unificar la heterogeneidad estructural de esas demandas, y posibilitar la constitución de un sujeto/el pueblo”

De tal manera, este despegue entre las condiciones objetivas y las de la significación, ubicaba a la noción de populismo dentro de los cánones del giro lingüístico por entonces en pleno auge. Laclau pensaba al populismo con las categorías teóricas más avanzadas de la época, sacándolo -de tal modo- del espacio de”rechazo a lo plebeyo” que daba lugar a su sempiterna consideración como objeto conceptual de segunda clase, cuando no lisa y llanamente como modalidad del barroso espacio de lo político en una de sus peores manifestaciones.

El libro fundamental sobre populismo escrito a comienzos del siglo XXI, a partir de lo abierto por las experiencias de Chávez y de Néstor Kirchner, implicó un paso más decisivo aún para la “presentación en sociedad”del populismo dentro del espacio académico (Laclau, 2008). Con una sutil apelación a las obras de Lacan y de Derrida, el texto se volvió difícil de refutar, además de nada fácil de comprender. Y en la complejidad de sus categorías de análisis, se pudo y se debió discutir con/contra Laclau con una altura que no permitían ni los marxismos ortodoxos (carentes de categorías para enfrentar a la deconstrucción o al psicoanálisis de Lacan), ni las sociologías empiristas o las teorías políticas ortodoxas, ajenas por completo a una reflexión que viniera de fuentes filosóficas o psicoanalíticas tan aggiornadas y difíciles de asimilar, de comprender y-consecuentemente-también de refutar.

Ha habido que tomar al populismo como objeto de análisis, entonces, ya sin anatemas ni desprecios previos. Es no poco cuando eso se logró en el plano de la academia mundial, no sólo de la latinoamericana, en la cual el tema del populismo tenía un cierto recorrido, si bien siempre cercano a sociologías disciplinarmente cerradas sobre sí, tal es el caso de la conocida discusión abierta en su momento por Gino Germani (1962).

Lo democrático en el populismo Sin dudas que este es un punto capital en el desarrollo laclausiano. La democracia no es sólo lo procedimental, como nos ha acostumbrado a pensar cierta versión liberal que se autoproclama republicana. Esa versión basada en la desconfianza hacia la política y hacia el Estado, deja de tener en cuenta el hecho principal de que la política es el único medio que tienen los ciudadanos para enfrentar a los poderes fácticos (iglesias, multinacionales, empresas mediáticas, geoestrategia de Estados Unidos y otros países centrales, etc.).

De tal manera, la referencia al peso de la cadena equivalencial de demandas en la constitución del sujeto político popular, marca la posibilidad que tiene el liderazgo de unificar la heterogeneidad estructural de esas demandas, y posibilitar la constitución de un sujeto,”el pueblo” capaz de establecerse como representante de intereses ma-yoritarios, y pasible de enfrentar al bloque político que ostenta el poder real (el cual, obviamente, es siempre mucho más que el poder exclusivamente político).

Lo democrático entonces, retomando el más genuino sentido de esa expresión, es “el gobierno del pueblo” El pueblo en esa duplicidad de ser entendido como”po-pulus” -toda la polación- o como “plebs” -los pobres, las clases “de abajo” (Laclau, 2008); y en la superposición/confusión que suele producirse entre ambas acepciones. Lo cierto es que a partir de “demandas democráticas”se constituye el sujeto popular (Laclau, 2008), y el gobierno que represente a este sujeto será un gobierno democrático, por fuera de los procedimentalismos habituales que se utilizan para referir a la cuestión de la democracia.

De tal manera, la cuestión de lo democrático es llevada a su punto preciso: el gobierno por parte de las mayorías sociales, en la medida en que las mismas incluyen a los sectores populares y explotados. Fuertemente diverso de la versión edulcorada que primó (y todavía predomina) en buena parte de la politología oficial, para la cual democrático es igual a elecciones, instituciones ya establecidas y división de poderes, con lo que se deja fuera de consideración la explotación, así como la simple y llana expulsión del sistema de amplias capas sociales, las que no están representadas habitualmente por aquellos que consiguen los votos según la medida en la cual están comprometidos con las políticas que favorecen y sirven al statu quo económico-financiero.

No está de más recordar cuánto la pretensión de ser”democráticos”legitima a esos regímenes políticos ligados a la mantención del privilegio y la dominación de clase. Cuestión que, por cierto, bien asumieron los neoliberales; a diferencia de sus antecesores en estrategias de dominación planetaria, se propusieron ligar economía de mercado con la noción de “libertades democráticas”. De tal modo se re-semantizó el sitial del mercado, que de ser espacio para el enriquecimiento y la codicia, pasó de pronto a ser entendido como lugar de la libertad y de las garantías individuales (Follari, 1988).

Por supuesto que ello no impidió que el neoliberalismo fuera la política económica concreta de todas las dictaduras latinoamericanas, con éxitos diferentes en cada caso (el ejemplo chileno fue sin duda el que implicó más alto cumplimiento de las expectativas de plena privatización y mercantilización de las relaciones sociales). Pero el cinismo alcanzó como para pretender que se la disimulara con declaraciones equívocas. Así Milton Friedman, luego de ser separado de su lugar como asesor de las políticas económicas del pinochetismo, declaró ufano que el fracaso de su rol seguramente se debió a la incompatibilidad que -según él- existe entre el libre mercado y una condición política dictatorial. Aún ante la prueba concreta de su colaboración abierta con lo dictatorial, los popes de la pseudodemocracia neoliberal insistían en presentarse “democráticos”.

Por ello, la operación de Laclau no es para nada menor: la democracia no es problema de régimen político en primera instancia, sino de quién es el sujeto efectivo y mayo-ritario que está representado en los actos de gobierno y las políticas de Estado. Y si bien cabría discordar en que el acento puesto en el protagonismo popular pudiera hacer olvidar -como si fuera secundaria- la cuestión del régimen como tal, lo cierto es que la posición laclausiana pone en otro espacio de problemática la cuestión, y lleva a acabar con la rutina teórica por la cual se denomina habitualmente democráticos, a gobiernos que están muy lejos de serlo efectivamente.

Lo plebeyo en el populismo Lo popular es lo plebeyo, en una de sus principales acepciones. Y si “pueblo” puede entenderse también como la población, como el conjunto de la sociedad en cuanto tal, Laclau muestra cómo en el populismo habita la tendencia a que lo plebeyo sea la representación del todo social, es decir, cómo la parte busca la (imposible) representación del todo, al deslegitimar a aquellos que se le oponen como ajenos a la nacionalidad, o a la cohesión social en general.

Habita allí la tendencia hegemonizante del populismo que algunos han rechazado en el plano de la teoría Aboy-Carlés (2013)[1] y muchísimos más en el plano cotidiano de la opinión y los sentidos comunes. El populismo atropellaría al pluralismo, lo cual sería un logro altamente valioso de los regímenes políticos modernos, y un bastión de lo propiamente democrático.

Pero el pluralismo divide la voluntad popular, e impide consiguientemente la construcción de poder político suficiente para imponerse a los poderes fácticos. El único modo en que se vuelva cierto aquello de”la política al puesto de mando” es que se pueda construir un sujeto político fuerte y robusto, capaz por ello de imponerse a los poderes de hecho. El pluralismo sería aquello que se juega en lo que el líder Juan Perón solía llamar despectivamente “partidocracia”; división del poder social en una fragmentación de opciones que garantizan solamente un efecto: el de impedir la suficiente acumulación de poder ciudadano que pusiera dique a que el gobierno efectivo de la sociedad lo hagan las multinacionales, la geoestrategia imperial, los dueños de los grandes medios de comunicación, y parecidos múltiples agentes sociales.

Por supuesto que el del pluralismo no es nunca un problema menor y no podría agotarse sólo con esta referencia, pero es bueno advertir que los populismos latinoamericanos en ningún caso han abandonado el juego parlamentario, o han suprimido a los partidos políticos opositores. Y esto, más claramente aún si nos referimos a los “neopopulismos”surgidos desde el gobierno venezolano de Chávez en adelante, gobiernos que han instaurado condiciones de garantía pluralista muy superiores a los de sus antecesores sedicentemente “democráticos” (por ejemplo, la clausula de rescisión de mandato presidencial en el caso venezolano -usada luego por las oposiciones contra Chávez-, o la eliminación del delito de injurias para periodistas por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, que ha recibido luego ataques inauditos en el espacio mediático, haciendo provecho de esa concesión gubernamental previamente inexistente).

En todo caso, con su sutileza teórica pero a la vez sana crudeza política, Laclau deja claro un nuevo escenario para discutir: lo democrático requiere un margen de concentración de fuerza política; el pluralismo, a menudo va en contra de esa posibilidad. De modo que quien quiera defender el pluralismo en nombre de lo democrático, deberá responder la fuerte objeción que surge desde la obra del autor argentino: no hay democracia si no hay gobierno desde la política, no hay democracia si gobiernan poderes no elegidos, que no se van, que no rinden cuentas, que gobiernan sin decirlo desde el poder económico, el religioso, el mediático o el geopolítico. Recuperar la democracia es algo que sólo el populismo consigue, en la medida en que es capaz de constituir fuerza para que desde el Estado efectivamente se gobierne, en vez de estar en permanente falencia ante poderes no-políticos y no-controlados, que gobiernan secretamente en los hechos e impiden así todo ejercicio de democracia, para colmo presentándose como si fueran la forma perfecta de la democracia misma.

Lo plebeyo también implica la reivindicación de los de abajo, frente a un institu-cionalismo que los excluye. Los excluidos no saben de envío de notas, leyes y reglamentos, normatividad social hegemónica. Por ello, las instituciones establecidas por el orden liberal los dejan fuera sin remedio. Y es imperativo de cualquier noción seria de democracia el incluirlos efectivamente en las condiciones de funcionamiento del Estado y de los gobiernos.

A su vez, ello implica reivindicar a los sectores populares en su cultura y sus modalidades de vida (Laclau, 2008). Se trata de quitar a lo no-calculado el mote de “irracional” con que a menudo se lo etiqueta. Lo”afectivo”suele ser considerado sinónimo de ajeno a la razón; con ello, los sectores populares son pensados como sentimentales, manejables por el lado de la demagogia, insuficientemente pensantes.

Pero podemos considerar racional a todo aquello de lo que podamos a posteriori dar razón argumentativamente. Racional no es siempre lo calculado. Si alguien me asalta, podría ser racional gritar. Si se muere alguien muy querido será razonable que yo llore. De ningún modo las manifestaciones de exaltación, de pasión o de tristeza son ajenas a la razón: sólo lo serían si fueran absurdas en relación al caso del cual se trata (alegría por la ausencia de alguien querido, por ejemplo). Y, en el mismo sentido, sería irracional no llorar cuando viene a cuento, no gritar cuando parece necesario hacerlo, no apasionarse cuando está en juego el amor, la amistad, la identidad propia o colectiva, etc.

De tal modo, queda expulsada la dupla civilización/barbarie que estableciera Sarmiento, donde el primer polo es siempre el de la gente que ha pasado por la educación formal y -a menudo- que por ello es incapaz de hacerse cargo de sus propias pasiones y afectos, como bien mostraría la invectiva de Nietzsche:”¡Hipócritas amantes del conocimiento puro, desconocéis la inocencia del deseo!” bramó el gran filósofo, echando por tierra la pretensión de idealidad que suele asignarse a esa entelequia que es el “pensamiento puro” siempre asignado como propio de las clases acomodadas.

Mucho mejor que Sarmiento, esto lo pensó Benjamin: “Todo documento de cultura lo es a la vez de barbarie”; algo que la historia de la “culta” Europa muestra muy bien, construida sobre el sufrimiento de quienes por entonces poblaban América, haciendo buena parte de la acumulación originaria en base a los materiales que se saqueaban de nuestros territorios, denominados hoy”latinoamericanos”.

En esta dirección trabajó Laclau al a poyar y teorizar el populismo. La mirada de superioridad que los ilustrados nos hacemos respecto de los más pobres, es horadada por la advertencia de que no toda la razón es ilustrada, y que no todo lo ilustrado es racional. De tal manera, mucho de irracional se esconde bajo los pliegues prolijos y excluyentes de la democracia liberal.

Lo republicano en el populismo Es Rinesi quien mucho ha insistido en que el populismo se combina con el republicanismo en los nuevos gobiernos latinoamericanos populares (Rinesi, 1988). Ello es indudable, a mi juicio, pues si de lo que se trata es de la res publica, es notorio que más se la resguarda con un Estado activo que con un Estado ausente como el propuesto por los liberales y algunos pretendidos”republicanos” que solamente guardan la expresión para referir a las formas de la división de poderes y respeto al resultado electoral, identificando con ello, también y equívocamente, los rasgos de lo que entienden -limitadamente- por “democrático”

Se cuida lo público cuando se cuida los derechos de la naturaleza (como en la nueva Constitución ecuatoriana), cuando se da salud y educación para todos (como ha ocurrido en Venezuela), cuando se democratiza la palabra pública (como con la Ley de Servicios audiovisuales en la Argentina). Sin duda que hay un”momento” republica no de estos gobiernos, pensado como momento lógico, obviamente no como momento cronológico.

En todo caso, puede discutirse -y lo hemos hecho en alguna ocasión- que si los gobiernos que Laclau llama populistas (habiendo él adherido sólo a los populistas de izquierda, como bien se sabe) guardan una serie de condiciones propias de la tradición republicana, ello no obsta para que el aspecto dominante de tales gobiernos sea el populista, y que por ello no se requeriría poner nuevos nombres o adjetivos para caracterizar a tales gobiernos.

Pero lo del párrafo anterior es menos importante que lo decisivo: que lo populista no sólo no es anti-republicano -como a menudo se pretende presentar-, sino que muchas veces resulta más propiamente republicano que los gobiernos que se ponen a sí mismos ese rótulo.

Lograr que todos los sectores sociales participen de la cosa pública no es sólo democrático, sino que es obviamente republicano. Y cuidar que el gobierno elegido por elecciones sea el que efectivamente gobierne, en vez de que lo hagan los poderes “de hecho” es sin dudas una muestra de cuidado de lo público, que en esos casos es puesto fuera de la propiedad y voluntad de unos pocos”propietarios”que nadie eligió para que se pudieran adueñar de la condición de gobierno de la sociedad.

La cuestión de la ciudadanía pensada en término de acceso a derechos, es sin duda una muestra de republicanismo.También la defensa de los derechos humanos, sostenida con claridad en el caso argentino respecto de las responsabilidades en los crímenes de la última dictadura.

Aquíse liga la cuestión de la institucionalidad. En su libro capital sobre populismo, Laclau había opuesto la misma al “momento populista” como momento de ruptura con esa institucionalidad establecida. Ello ponía su posición en un lugar anti-institu-cional no fácil de sostener. Ante posteriores críticas, en sus últimos tiempos no cambió, pero sí matizó su postura (Follari, 2014): de tal modo, ya no se trató de liquidar sino de modificar -siempre parcialmente- las instituciones. Por cierto que, por su parte, el institucionalismo propone la insostenible idea de defender todo lo instituido como intocable. Frente a ello el populismo postula cambiar las instituciones, sin dejar de sostener la necesidad de que ellas existan como cristalización -en cada caso diversa- de relaciones sociales de fuerza.

En parecido sentido cabe pensar sobre el pluralismo como aspecto ligado, según suele señalarse, indisolublemente a lo republicano. Ya un tanto hemos dicho al respecto. Pero valga señalar también una paradoja de la lógica subyacente a la “ética de la responsabilidad”que se suele oponer, weberianamente, a la “ética de la convicción”

Se ataca a los neopopulismos suponiéndolos demasiado aferrados a una ética de la convicción, lo que los haría cuasi-fanatizantes, excluyentes de otros pensamientos, y otras objeciones parecidas, por de más conocidas. Nunca se sospecha de la posición opuesta: la de los que carecen de convicción y por ello niegan en los hechos a la política y a la defensa de la res pública. La falta de convicción jamás debiera considerarse como virtud, salvo que la existencia de un gobierno débil y fluctuante fuera tomada por maravillosa, y el gobierno del mercado y de otros poderes de hecho fuera asumido como valioso.

Pero, además, la lógica pura de la “ética de la responsabilidad” linda también en el absurdo. Así como una pura ética de la convicción lleva a la exclusión de los otros (vuelvo a subrayar que tal ética excluyente nunca se ha expresado institucionalmente en los actuales gobiernos del populismo latinoamericano), la de la responsabilidad lleva a la extraña idea de que habría actores sociales para los cuales daría igual cualquier idea ajena que la propia, dado que todas tendrían que ser igualmente atendibles y respetables.Tal licuación de las convicciones lleva a una especie de punto cero de las creencias y una atención al pluralismo que conlleva una enorme desafección por las propias posiciones, lo que linda en la total indiferencia en cuanto al diferencial valor intrínseco que pudiera asignarse a creencias y posiciones distintas entre sí. Es decir, la pura ética de la responsabilidad es irresponsable respecto a las propias convicciones y sus pretensiones de validez, lo cual las hace políticamente inermes e impotentes.

In memoriam Mucho más podría discutirse en términos de teoría a partir del legado de Laclau, quien no solamente refirió al tema del populismo, pero que en ese punto centró la teoría y el compromiso durante los últimos años de su vida.

Hay que advertir que sin duda, para quienes pudimos saber de su testimonio de vida, no es sólo inmanente al plano de la teoría aquello que de él podremos retener. Un modelo diferente de intelectual, el de quien pone el cuerpo y el corazón a la altura de su cerebro y su pensamiento, es aquello a que Laclau supo abrir su decisión y su práctica.

Una decisión que, por cierto, no es del todo exógena a su toma de posición en favor del populismo. Porque está claro que en alguna época se habló de los “izquierdistas de café” en referencia a ideólogos de lo irrealizable que hacían interminable verborragia respecto del socialismo siempre porvenir. Pero el populismo es una realidad en estado práctico, nunca sólo una promesa de futuro: por eso sería absurda e inconsistente la aparición de algún inopinado “populista de café”.

Bibliografía

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Bourdieu, P. et al. 1975 El oficio de sociólogo (Buenos Aires Siglo XXI).

Follari, R. 2014″Entrevista e Ernesto Laclau”en Tiempo Argentino (Buenos Aires) 25 de enero.

Follari, R. 1988 Los Obispos de Estados Unidos contra Reagan (San Luis: UNSL).

Follari, R. 2010 La alternativa neopopulista, (Rosario: Homo Sapiens).

Germani, G. 1962 Política y sociedad en una época de transición (Buenos Aires Paidós)

Laclau, E. 1978 Ideología y política en la teoría marxista (Madrid, Siglo XXI).

Laclau, E. 2008 La razón populista (Buenos Aires: FCE).

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Utopía y praxis latinoamericana 2014 (Maracaibo) N° 64, enero-marzo.

Hemos discutido esto en la reseña de ese libro publicada por Utopía y praxis latinoamericana 2014. ↵