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TENSIONES TERRITORIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO EN LA AMAZONIA

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La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.

Este libro presenta la investigación que el autor realizó en el marco del concurso “Estudios sobre políticas públicas en América Latina y el Caribe. Democracia, ciudadanía y justicia social” organizado por CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).

Los contenidos de este libro fueron evaluados por especialistas externos en un proceso de revisión por pares.

Betancourt, Milson

Tensiones territoriales y políticas públicas de desarrollo en la amazonia. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2015.

E-Book. (Becas de investigación)

ISBN 978-987-722-072-8

1. Ecología. 2. Políticas Públicas. I. Título

CDD 320.6

Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:

Ecología/ Políticas Públicas / Estado / Economía / Ciudadanía / Desarrollo / Colonialidad / Conflictos Sociales / Amazonia / Colombia

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Colección Becas de Investigación

TENSIONES TERRITORIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO EN LA AMAZONIA

Milson Betancourt

Lina M. Hurtado

Carlos W. Porto-Gonçalves

Secretario Ejecutivo de CLACSO Pablo Gentili

Directora Académica Fernanda Saforcada

Colección Becas de Investigación

Coordinadora del Programa de Becas Natalia Gianatelli

Asistentes Magdalena Rauch y Victoria Mutti

Área de Acceso abierto al conocimiento y difusión

Coordinador Editorial Lucas Sablich

Coordinador de Arte Marcelo Giardino

Primera edición

Tensiones territoriales y Políticas públicas de desarrollo en la Amazonia (Buenos Aires: CLACSO, abril de 2015)

ISBN 978-987-722-072-8

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

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ÍNDICE

Marco Teórico y Metodológico

1.1  Colonialidad, Estado-nación y desarrollo: La trascendencia teórica y política de la perspectiva socio-espacial

1.2  Capitalismo y sistema mundo moderno/colonial

1.3  Desarrollo, Estado-nación y políticas públicas

Políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en la Amazonia Andina, los casos del Área de Manejo Especial de la Macarena –AMEM– en Colombia y el Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure en Bolivia –TIPNIS

2.1  Políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en el AMEM

2.2  Políticas públicas de desarrollo y tensiones territoriales en el TIPNIS

Políticas públicas de desarrollo extractivisto y tensiones territoriales en la Amazonia.

3.1 Políticas públicas de desarrollo para la integración de la región al proyecto nacional y la exclusión de los grupos subalternos

3.2 El papel del Estado-nación en la (des) articulación entre capital, territorio y sociedad

3.3 Tensiones entre políticas públicas del Estado que convergen en un mismo territorio.

3.4 El análisis interescalar de la acción del Estado en la Amazonia Andina.

Bibliografía

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

1.1 COLONIALIDAD, ESTADO-NACIÓN Y DESARROLLO: LA TRASCENDENCIA TEÓRICA Y POLÍTICA DE LA PERSPECTIVA SOCIO-ESPACIAL

La perspectiva socioespacial es una apuesta teórica y política que permite analizar críticamente la construcción de los Estados-nación en América Latina y quizás otras regiones del mundo. En primer lugar pretende superar el marcado carácter historicista de las ciencias sociales, y de la teoría social crítica, que las ha hecho ciegas a las dinámicas espaciales presentes en todos los procesos sociales. Todo este debate hace parte del “giro espacial” que ha influenciado el pensamiento y las ciencias sociales desde los años 60-70 con la producción inicial de Fou-caulty Lefebvre, y que abrirá un amplio debate interdisciplinario en los últimos 30 años. Hoy tiempo y espacio se reconocen como “categorías básicas de la existencia humana” (Harvey, 1998: 225). De esta manera, cuando todavía las ciencias sociales dejan a un lado el espacio, no sólo desconocen la multiplicidad espacial, invisibilizando sujetos y episte-mes, sino que también, en el mismo movimiento, acaban quedando atrapadas en una sola temporalidad, la temporalidad moderno-colonial eurocéntrica, que organiza y clasifica el mundo en una sola escala temporal, que es además lineal. Es por todo esto que el reconocimiento del espacio, “como variable de primer orden en la estructuración de la sociedad” (Foucault, 1984: 239), viene construyendo un gran aporte a la teoría social crítica (Soya, 1993), para visibilizar temporalidades, espacialidades, territorialidades otras.

Pero no es solamente reconocer la dupla tiempo-espacio, lo que permite salir de la trampa moderno-colonial de las ciencias sociales, sino que es necesario también avanzar hacia marcos teóricos que permitan comprender la multiplicidad espacio-temporal presente en cada espacio. La simultaneidad de lo no coetáneo o como propone Milton Santos (1978), el espacio visto como “una acumulación desiguales de tiempos”. Espacios/tiempos hegemónicos que tienden a universalizar y homogenizar, y espacios/tiempos otros, subalternos, donde r-existe la diversidad y la diferencia. Es en el encuentro contradictorio de estos espacios/tiempos que tienen lugar las tensiones territoriales, por tanto, en cada espacio-tiempo existen diferentes tensiones entre procesos socio-espacio-temporales.

Estas tensiones territoriales de los diferentes espacios/tiempos se colocan en escena, se hacen evidentes, se hacen actuales, por lo tanto actuantes, en el marco de los conflictos territoriales por políticas públicas de desarrollo en la amazonia andina colombiana y boliviana. De un lado las temporalidades y territorialidades subalternas que han contribuido a sustentar diferentes formas de vida; de otro lado la temporalidad y territorialidad del Estado y el capital que diseña e implementa políticas públicas de desarrollo, pensadas desde “arriba.”

El desconocimiento de estas tensiones, significa no solamente el desconocimiento de otros epistemes socio-espacialmente conformados, sino también su subalternización a los tiempo-espacios hegemónicos, especialmente, el tiempo-espacio del colonialismo, de la modernidad, del Estado-nación, así como al tiempo-espacio del desarrollo del capital. Cada territorialidad otra r-existente con sus dinámicas socio-espacio-temporales, está atravesado a la vez, por toda una serie de huellas, marcas, en fin, múltiples grafías, escritas en su materialidad, en su memoria, en su forma de existencia. Las grafías de los tiempos ancestrales, las grafías de la colonia, las grafías de los Estados-nacionales, las grafías de los múltiples proyectos desarrollistas.

1.2 CAPITALISMO Y SISTEMA MUNDO MODERNO/COLONIAL

En América Latina y el Caribe se ha venido fortaleciendo una corriente de pensamiento que busca entender la compleja y múltiple escalaridad de un mismo proceso global, la del capitalismo y el sistema moderno-colonial, corriente que tiene entre sus principales tesis afirmar: a) que el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad, b) que la colonialidad y la modernidad son dos caras de la misma moneda, c) que la colonialidad y la modernidad fueron procesos mutuamente constitutivos, desde siempre, en la formación del capitalismo, y d) que el Estado-nación es el aparato ideal y necesario para la continuidad de la expansión de la colonialidad a todos los rincones del mundo, en donde no llegó en la época de la colonia. Uno de los principales intelectuales de este giro descolonial en la teoría social crítica es el sociólogo peruano Aníbal Quijano.

Cada una de las tesis mencionadas aporta al análisis y comprensión de la conflictividad inmanente en la relación de los Estados-nación colombiano y boliviano con la Amazonia, en particular a partir de la formulación y puesta en marcha de políticas públicas de desarrollo. Estas políticas públicas tienen ya un “patrón de conflictividad” (Tramontani, 2003), unas condiciones que hacen probable y posible los conflictos, ya que dan continuidad a la relación colonial de dominación sobre las territorialidades otras. Así los conflictos por desarrollo no pueden reducirse a un dilema entre desarrollo y medio ambiente, o un dilema entre progreso (para todos) y futuro inevitable y conservación (para ecologistas e indígenas) como problema o limitación.

A. EL FIN DEL COLONIALISMO NO SIGNIFICÓ EL FIN DE LA COLONIALIDAD

Para Quijano a pesar de que el colonialismo como sistema político formal se extinguió, “la colonialidad no ha dejado de ser el carácter central del poder social actual”. Con esto el autor quiere resaltar la continuidad y vigencia de un patrón de poder, que articula “diversas relaciones de explotación y de trabajo -esclavitud, servidumbre, reciprocidad, salariado, pequeña producción mercantil, en torno, del capital y de su mercado, a partir de una clasificación social basada en “la producción de nuevas identidades históricas, “indio”, “negro”, “blanco” y “mestizo”, impuestas como las categorías básicas de las relaciones de dominación y como fundamento de una cultura del racismo y etnicismo” (Quijano, 1992: 1). Estas clasificaciones sociales, así como su articulación de las relaciones de explotación y trabajo, influyen hoy en día las concepciones de pueblos o regiones “subdesarrolladas”, “atrasadas” e impregnan todas las relaciones intersubjetivas.

B. LA COLONIALIDAD Y LA MODERNIDAD SON DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Existe una tendencia de entender la modernidad como un fenómeno típico, esto es, originado y culminado en Europa especialmente occidental. Según este relato la modernidad es un proceso marcado por cuatro movimientos: el renacimiento, la reforma, la ilustración y la revolución francesa, todos ocurridos en las fronteras europeas. Para este relato, parte de los problemas de los Estados-nación en América Latina, se basan en el hecho de no haber vivido la modernidad, o haberla vivido de manera incompleta o deficiente. Visión que también ha colonizado las mentes de muchos intelectuales latinoamericanos, lo que Quijano (1992) llamó colonialidad del saber.

En contravía a esta perspectiva, desde el mundo mayoritario (mal llamado tercer mundo) y especialmente desde América Latina, el giro descolonial viene resaltando la necesidad de entender la modernidad y la colonialidad, como dos caras de la misma moneda. En este sentido subrayan que en primer lugar es necesario salir de esa versión provinciana europea de la modernidad (Porto-Gonçalves, 2008), para poder verla completa, como un proceso a escala mundial, que junto con la colonialidad aparecen activamente en la constitución del sistema-mundo. Esto por diferentes razones, entre ellas el hecho de que la posición hegemónica que asumió Europa después de 1492, no puede entenderse sin el oro, la plata, las plantas, los ríos, los suelos, el trabajo esclavo, y la explotación de indígenas en América (Tramontani, 2003).

Pero no fueron solamente los recursos naturales, la mano de obra esclava o servidumbre o la mercantilización de las manufacturas que se producían en América, fundamentales para la constitución de la modernidad. Según Quijano (2011) la “veta utopística” de la modernidad, basada en la idea de igualdad social y solidaridad, sobre las cuales se fundó la idea de democracia, es formada también con imágenes de procedencia americana. En el momento que aparecen estas ideas en Europa no existían referentes en el imaginario europeo para ellas, estos van a ser encontrados en las comunidades indígenas, especialmente en el mundo andino, por lo que según Quijano se entiende la afirmación de Mariategui de que “la idea del socialismo no es una importación, es un retorno” (Quijano, 2011).

Tenemos entonces que la modernidad tan aplaudida como invento europeo, se constituye en el mismo movimiento en que lo hace la colonialidad, dentro de todo un proceso histórico heterogéneo estructural (Quijano). Esto significa que no podemos ver el resto del mundo no europeo desde una sola escala de tiempo y forma, sino que es necesario romper con el “evolucionismo eurocéntrico que ve cada lugar del mundo como si fuese un determinado estado de evolución europea” (Porto-Gonçalves, 2003: 4), algo que solo es posible dentro de una perspectiva teórica que considera un solo tiempo lineal, el europeo, y desde ahí organiza el resto del mundo. Esta es una perspectiva de la historia, mono-temporal lineal y unidireccional, que ignora tanto otras temporalidades, como otras espacialidades, invisibilizando la simultaneidad constitutiva (espacio-tiempo) de la historia y la geografía del “sistema-mundo moderno-colonial” (Porto-Gonçalves, 2003). Esta perspectiva eurocéntrica influencia las políticas de Estado, las políticas educativas, culturales, que buscan alcanzar el “patrón europeo” moderno. Buena parte de las políticas públicas de desarrollo traen el argumento de modernizar, por ejemplo, la idea de modernizar el campo que es aplicada a otras culturas rurales que están fuera de este episte-me moderno/colonial, pero que al ser sujeto de estas políticas acaban siendo subalternizadas.

COLONIALIDAD Y MODERNIDAD FUERON PROCESOS MUTUAMENTE CONSTITUTIVOS, DESDE SIEMPRE, EN LA FORMACIÓN DEL CAPITALISMO

Esta crítica sobre el evolucionismo unilineal y unidireccional del euro-centrismo nos permite comprender que modernidad y colonialidad son dos dinámicas mundiales mutuamente constitutivas en la formación histórica y geográfica del sistema mundo. Pero aún debemos cuestionarnos por el papel que en esta relación juega el capitalismo. Para ello recurriremos a la categoría de heterogeneidad histórico-estructural desarrollada por Quijano[1], como forma constitutiva del capitalismo mundial moderno colonial, en donde el capitalismo mundial está lejos de ser una totalidad homogénea y continua, sino más bien se forma de múltiples y complejas amalgamas

“una articulación estructural entre elementos históricamente heterogéneos, es decir, que provienen de historias específicas y de espacios-tiempos distintos y distantes entre sí, que de ese modo tienen formas y caracteres no sólo diferentes, sino discontinuos, incoherentes y aun conflictivos entre sí, en cada momento y en el largo tiempo” (Quijano, 2007: 98).

Esta postura teórica y política dista mucho de aquella que basa el capitalismo en la relación capital-trabajo, y que centra su origen en Europa, en la cual otras economías en el mundo se conciben como precapitalistas. Nuevamente se exige la osadía teórica de salir del provincianismo europeo que ve el capitalismo como un fenómeno económico que nació y completó su formación en Europa, sino como un proceso que se constituye a nivel mundial, en una heterogeneidad histórica (y geográfica) de elementos que se van articulando de acuerdo a la colonialidad del poder, y su forma de incluir y jerarquizar, a nivel mundial, tanto “razas” y “etnias” como sistemas productivos, y en general formas económicas diversas. De esta manera en el capitalismo mundial

[…] el trabajo existe actualmente, como hace 500 años, en todas y cada una de sus formas históricamente conocidas (salario, esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil, reciprocidad), pero todas ellas al servicio del capital y articulándose en torno de su forma salarial (Quijano, 2007: 98).

La osadía de esta apuesta teórico-política no acaba ahí, pues es preciso considerar que esta heterogeneidad articuladora de la colonialidad del poder a escala mundial no se reduce solamente a las diferentes formas del trabajo y a las formas de clasificación social “racial” y “étnica” de poblaciones (y territorios). Ella incluye otros ámbitos, que se construyen como funcionales a esta producción/reproducción de la colonialidad del poder, como “la autoridad, el sexo, la subjetividad”, presentes en las formas institucionales llamadas de modernas: el “Estado-nación”, “la familia burguesa”, y la “racionalidad moderna” (Quijano, 2007: 98). Aquí nos acercamos al centro de lo que será nuestro objeto de debate y análisis en las tensiones territoriales de las políticas públicas de desarrollo, esto es, la conflictividad inherente a las políticas de desarrollo en la Amazonia, al implementarse espacialmente como “formas-contenido” (Santos, 2000: 91), continuando la colonialidad del poder, subordinando otras economías a un modelo moderno-colonial capitalista que trae sus serias contradicciones en sus efectos políticos, sociales, económicos y ambientales. Pero pensar, planear e implementar las políticas públicas de desarrollo supone la necesidad de un instrumento: el Estado-nación como instrumento de expansión/invasión del modelo moderno-colonial.

D) EL ESTADO-NACIÓN ES EL APARATO IDEAL Y NECESARIO PARA LA CONTINUIDAD DE LA EXPANSIÓN DE LA COLONIALIDAD Y EL CAPITALISMO A TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO, EN DONDE NO LLEGÓ EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA.

Para entender la formación de los Estados-nación en América Latina es necesario remitirnos a la configuración histórico-geográfica del capitalismo y del sistema mundo moderno colonial, ya que conformado un aparato institucional e ideológico que será el garante de la continuidad del patrón de poder moderno-colonial, ésta ha sido la función central del Estado-nación. En este sentido, Quijano es contundente cuando afirma que

En la victoria final de esa versión eurocéntrica de la racionalidad/modernidad, el “Estado-nación” fue el agente central y decisivo. La derrota de las opciones rivales en la propia Europa no hubiera ocurrido sin él. Porque este fenómeno, en su realidad y en su mistificación, está ligado siempre a un proceso de colonización y de desintegración de unas sociedades y unas culturas por otras (Quijano, 1992: 8).

En América Latina, luego de las guerras de independencia unas elites, que no superaban el 5-10% de la población, se hicieron al control del aparato de poder del Estado-nación, y desde ahí estas elites, impregnadas de una mentalidad moderno-colonial de nación monocultural, progreso y desarrollo, han venido extendiéndose/invadiendo poblaciones y territorios, con el fin de construir la tan anhelada soberanía nacional de los recursos y territorios. Esta realidad ha sido definida como “colonialismo interno” (González, 2006).

No obstante, si bien el capitalismo mundial moderno colonial ha conseguido expandirse/integrar/invadir de manera heterogénea y en diversos grados, poblaciones y territorios de todo el mundo, esta expansión/integración/invasión se ha dado en grados diferenciados y por lo tanto hay territorialidades que r-existen como “territorios de vida” (Escobar, 2008), como “economías otras” (Gra-ham-Gribson, 1996). Tenemos entonces un panorama de Estados latinoamericanos, que se pretenden todos nacionales, soberanos y territoriales, no obstante en ellos r-existen múltiples territorialidades, esto es, múltiples formas de pensar y hacer la vida, obviamente con su componente material territorial, en pugna con el modelo moderno, nacional y colonial. Quijano (2000) se refiere a los Estados latinoamericanos, como “el imposible moderno Estado-nación”, pues en ellos no se dio una descolonización de la sociedad, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre otras bases institucionales. Así en sociedades desigualmente localizadas en las relaciones de poder y dominación se ponen en cuestión los principales valores de los Estados-nación, como la democracia así como la igualdad jurídica y civil.

En los Estados-nación colombiano y boliviano presenciamos la existencia de estás territorialidades, oprimidas y subalternizadas de diversos modos, así como reconocidas institucionalmente de diferente manera. Desde comienzos de la década del 90 presenciamos una fuerte movilización entorno a reconocer estas realidades. Las luchas sociales han hecho un gran aporte al re-significar epistémica y políticamente el concepto de territorio. En términos epistemológicos desafiando las tradiciones de teorías sociales, tanto conservadoras como críticas, que lo invisibilizaban como factor estructurado y estructurante de las sociedades y, en términos políticos descentrándolo del Estado-nación territorial, que ignoraba la diferencia y las territorialidades pre-exis-tentes. Territorio es ahora un concepto apropiado y revalorizado, política y epistémicamente por los movimientos sociales, especialmente indígenas, afroamerindios y campesinos, y que ha tenido su eco en las transformaciones de los Estados en las últimas dos décadas. Tanto teórica como políticamente el territorio ha dejado de ser la base “natural” del Estado y, de este modo desnaturalizado el territorio deja de ser visto como ente dado, en donde la sociedad y sus relaciones de poder solamente existen, sino que por el contrario comienza a ser considerado como proceso que implica una triada inseparable territorio-territoria-lidad-territorialización. (Porto-Gonçalves, 2012) en donde no hay territorio sin una territorialidad (forma de vivir/sentir/pensar el espacio) que haya pasado por un proceso de territorialización en donde entran enjuego relaciones de poder. Por tanto el territorio es una construcción social y no simplemente la base de existencia del Estado.

Tal vez la principal respuesta de los Estados-nación colombiano y boliviano frente a estas presiones que reclamaban reconocer sus territorialidades, se plasmaron en los reconocimientos constitucionales en Colombia con la fórmula de “nación pluriétnica y multicultural” y en Bolivia con la fórmula de “Estado Plurinacional Comunitario”.

Constitución de Colombia: “Artículo 7° El Estado reconoce y protege la diversidad étnicay cultural de la Nación colombiana”.

Constitución de Bolivia: “Artículo Io: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Según estos marcos constitucionales viviríamos en etapas de transición del Estado “uninacional” homogéneo, hacia una nación que reconoce su carácter “pluriétnico y multicultural” en Colombia, o incluso una apuesta de cambio más audaz, el carácter de Estado “plurinacional comunitario” en Bolivia. Estas transformaciones no son poca cosa, y requieren de construcciones e innovaciones en relación a las formas institucionales, económicas, sociales, políticas y culturales, como se estructura y actúa el Estado. Los conflictos territoriales generados en la Amazonia andina a partir de las políticas de desarrollo de Colombia y Bolivia, nos darán la “escena” privilegiada para observar, discutir y analizar el grado y carácter de estas transformaciones, en la práctica estatal.

1.3 DESARROLLO, ESTADO-NACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El desarrollo realmente existente, ha sido el desarrollo del capitalismo, y como hemos demostrado el Estado se ha convertido en el “adecuador”, social, político y obviamente espacial, para la llegada del capital, aunque constituido contradictoriamente a través de los conflictos/luchas sociales. El desarrollo es parte de un proyecto ideológico, político, social, económico y cultural, que está relacionado con el sometimiento de los territorios a las “exigencias territoriales y culturales del proyecto de modernidad capitalista” (Escobar, 2005: 55). En este marco entendemos el desarrollo, como parte del paquete moderno/colonial (Escobar, 2005, Leff: 2000). De acuerdo con Porto-Gonçalves (2009: 45) “la tercera colonialidad se afirmó sobre la idea del desarrollo”[2] y según Latouche “si el desarrollo no fue más que la continuación de la colonización por otros medios, la nueva mundialización, a su vez, no es más que la continuidad del desarrollo con otros medios” (Latouche 2003: 13).

Ahora bien, este desarrollo como ideología y práctica dominante en el mundo, adquiere una forma especial en América Latina, y en general en países (excolonias) que acaba continuando el rol que ha jugado la región en la división internacional del trabajo como fuente de recursos naturales. Rol que había sido heredado de sus relaciones coloniales con las metrópolis, que es continuado por los Estado-nación “independientes”, y que pareciera entrar en una nueva fase de profundización.

Autores como Svampa (2012) han definido esta característica como “desarrollo extractivista” definido como “[ ] aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos.” Así definido, el extractivismo no contempla solamente actividades típicamente consideradas como tal (minería y petróleo) sino también otras, como los agro-negocios o la producción de agrocombustibles, que abonan una lógica extractivista a través de la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor que destruye la biodiversidad, provoca el acaparamiento de tierras y la reconfiguración negativa de vastos territorios” (Svampa 2012: 20). Dichas actividades se articulan a través de proyectos de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, como la Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

La autora señala que este modelo de desarrollo extractivista se fundamenta en una reprimarización de las economías (especialmente marcada desde el 2000, Ver Gráfica 1), y se caracteriza por la gran escala de los emprendimientos, la consolidación de enclaves de exportación y va configurando espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional, que pone en riesgo tanto las territorialidades existentes, como la democracia, pues avanza con un consenso débil de las poblaciones basado en sus resultados de corto plazo. De tal manera que ese modelo agudiza los conflictos territoriales, pues viene acompañado de la pérdida de soberanía alimentaria; la profundización de una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios; al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación.

Ese modelo ha alimentado lo que Svampa (2012) ha llamado la “ilusión desarrollista”. Según la autora, esta se “expresa en la idea de que, gracias a oportunidades económicas actuales (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda proveniente sobre todo desde Asia), es posible acortar rápidamente la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades.” Dicha ilusión desarrollista se cuestiona con los efectos sociales, culturales y económicos de las actividades extractivistas que van en aumento en la región.

Si bien en este documento haremos uso del concepto de desarrollo ex-tractivista, consideramos que este concepto necesita de precisiones y aclaraciones. En primer lugar es un concepto amplio que incluye actividades tradicionalmente consideradas como extractivas y otras que no lo han sido, como ya lo explicita Svampa y que bien complementan o facilitan ese “nuevo” proyecto de desarrollo. Así el uso de la expresión “desarrollo extractivismo” en este artículo permitirá entonces articular las unas y las otras, para referirnos a ese desarrollo que ha privilegiado el carácter de acumulación de capital con base en la explotación de recursos naturales.

La generalización puede correr el riesgo de incluir experiencias emancipatorias como las “reservas extractivistas” en Brasil, orientadas a garantizar la forma de vida de las comunidades campesinas basadas en la extracción de recursos como la siringa, así como otros productos que no son producidos y/o sembrados, pero que sugieren un debate importante: la valorización de la extracción natural y el aprovechamiento de la productividad biológica primaria (Leff, 2006 e Porto-Gonçalves, 2006).

En segundo lugar, el marco de interpretación del extractivismo polariza y diferencia entre economías basadas en el “extractivismo” y economías “productivistas”, olvidando que las economías altamente pro-ductivistas, como la alemana, requieren de una importante extracción de recursos naturales que aparece como invisible en el producto final. Para producir el número de automóviles que produce Alemania son necesarios inmensos recursos de energía y de masa que son extraídos de algún lugar, o mejor, de muchos lugares del mundo en donde viven personas, que basan su vida en el extractivismo natural. Por tanto estas economías “productivistas” están basadas en un componente extractivista de gran escala y dimensiones, que a veces se pierde de vista en la división entre economías extractivistas y productivistas. Al final, nadie produce minerales, petróleo, agua, etc., que son recursos básicos para mantener el modelo de producción y consumo de las economías centrales. Consideramos que este modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, que hunde sus raíces históricas en la división internacional del trabajo instaurada desde la colonia, y que viene profundizándose y/o ampliándose a nuevos espacios (como la Amazonia) debe ser mejor caracterizado tanto en sus rasgos fundamentales, como en el carácter que adquiere en el contexto de las últimas décadas. Qué es lo nuevo del nuevo desarrollismo y extractivismo?, son cuestiones a debatir en posteriores trabajos. Aquí, no obstante, con estas salvedades, haremos uso del concepto de desarrollo extractivista, rescatando los elementos colocados por Svampa: extracción a gran escala, alto impacto del medio ambiente, su orientación a la exportación, y obviamente la imposición de su lógica, razón y escala, a las territorialidades del lugar.

Ahora bien, esta “forma-contenido” (Santos, 2000: 91) del desarrollo se ve reflejada en las políticas públicas de desarrollo que se han venido formulando en los países latinoamericanos. Bajo el término de políticas públicas es posible articular tanto la producción normativa de las instituciones públicas como las actividades políticas-administrativas realizadas tanto por actores políticos y sociales como por autoridades públicas para la elaboración, decisión, implementación y evaluación de esta producción (Roth, 2010:23). De tal manera que las políticas pueden ser iniciativa del Estado o de otros actores de la sociedad civil, pero para materializarse deben hacer parte de esa producción normativa. Así la producción normativa en términos de políticas públicas de desarrollo ha estado orientada por esa visión hegemónica sobre los territorios y las territorialidades, por lo cual ha privilegiado la territorialización del Estado y el capital.

Siendo así, los Estados-nación de América Latina se caracterizan en sus políticas públicas de desarrollo por desconocer las territorialidades y sus formas de vida preexistentes, quienes no ven sus intereses reflejados en el diseño de las políticas públicas de desarrollo que se diseñan e implementan con un marcado carácter vertical. Esta verticalidad colonial es más fuerte aún en la forma de pensar e implementar políticas públicas de desarrollo en territorios considerados fronterizos, marginales, en regiones consideradas como “vacíos demográficos”, “subdesarrolladas”, o con “poblaciones atrasadas”.

El proyecto de desarrollo para el caso colombiano se refleja hoy en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Para aumentar la competiu vidad de la economía y la productividad de las empresas, se propone el impulso a lo que ha llamado “las cinco locomotoras de crecimiento”, que las define “como sectores que avanzan más rápido que el resto de 1 economía”: (1) innovación, (2) vivienda, (3) infraestructura, (4) agropecuaria y (5) sector minero-energético (DNP, 2010). Las dos últimas se traducen en el impulso a la minería y la exploración y explotación de hidrocarburos, así como a la plantación de palma africana y la ganadería extensiva. El crecimiento de estos sectores “garantizaría una tasa de crecimiento potencial de 6 por ciento o más, de manera sostenida y sostenible social y ambientalmente” (DNP, 2010). Proyecto que además exige la pacificación del país, para lo cual se ha venido consolidando una política de seguridad, que ha tenido diferentes momentos, primero como Plan Colombia, después como Plan Patriota y que hoy se materializa en los Planes de Consolidación Integral.

Así la economía colombiana ha sufrido un redireccionamiento progresivo hacia la exportación de recursos naturales no renovables. Según Cabrera (2013) las exportaciones se circunscriben casi que en su totalidad a combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) con un aumento casi exponencial y sostenido desde 1982, que coincide con el inicio de la extracción de carbón en El Cerrejón, con una tasa de crecimiento anual de 7,3% (en toneladas), que parte casi de cero en 1981 y llega en 2007 a cerca de 90 millones de toneladas. Las proyecciones muestran el interés en aumentar la tendencia. El Plan Nacional para el Desarrollo Minero, Colombia país minero 2019. Tiene como uno de sus objetivos duplicar la exportación de carbón y cuadruplicar la de oro. Ambos materiales son exportados crudos de Colombia casi en su totalidad (99% del oro y entre 92 y 95% del carbón), razón por la cual no establecen encadenamientos productivos y por lo tanto, no dinamizan directamente la economía, al menos de manera apreciable respecto al valor explotado.

En el caso boliviano si bien el discurso político en torno al desarrollo es sustancialmente diferente, en tanto que se parte de premisas descolonizadoras, en la práctica las medidas de desarrollo clásico y de desarrollo extractivista continúan al orden del día. Un claro ejemplo de estas contradicciones discursivas y prácticas se encuentran en el mismo Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática. Ya en su parte introductoria se quiere diferenciar claramente de los periodos anteriores al señalar que “el largo periodo de imposición y dominación del colonialismo, profundizado en los últimos 20 años por las políticas neoliberales” tuvo severas consecuencias para la sociedad boliviana, por lo que es necesario reconstruir los fundamentos del país. Agrega de manera contundente que el Plan Nacional de Desarrollo marcará un antes y un después en las políticas del Estado, cuando afirma que:

las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) son la base de la transición que iniciará el desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirán para construir un Estado multinacional y comunitario que permita el empo-deramiento de los movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes. Su principal aspiración es que los bolivianos y bolivianas vivamos bien.

Sin embargo, esta clara posición anticolonial de las políticas de desarrollo del Estado, va cediendo lugar a medida que avanzamos en el mismo texto del PND. En especial cuando se piensa en las ventajas comparativas de Bolivia, a partir de la coyuntura favorable de altos precios internacionales para las materias primas, así como por las grandes reservas hidrocarburíferas con que Bolivia cuenta. En efecto los planes del gobierno en el campo de producción se basan en la (1) nacionalización, industrialización y ampliación de la explotación de petróleo y gas, la apuesta por (2) volver a ser un país minero, así como por una estrategia complementaria que viabiliza este modelo extractivista, (3) “Revolución Vial para un país integrado: Carreteras y puentes”, que es todo un sistema de vías (una de ellas central en el caso-conflicto aquí analizado) que integra las principales capitales departamentales y las interconecta con los ejes de desarrollo e integración de la URSA.

Las contradicciones entre el horizonte de transformación que la Nueva Constitución Política y la parte introductoria del PND traen, con las políticas públicas de desarrollo que se planearon y que vienen siendo implementadas dentro del componente de producción son evidentes y constituyen uno de los principales retos del proceso de cambio en Bolivia. El gobierno boliviano es elegido a partir de movimientos sociales que deslegitimaron con sus luchas las políticas neoliberales y que presionan por mejoras sociales, por lo que se encuentra dentro del desafío de garantizar mejores condiciones sociales para un sector significativo de la población, teniendo como principal fuente de divisas la explotación/exportación de recursos naturales. Esto engendra graves contradicciones puesto que se pretende descolonizar las políticas del Estado, manteniendo e incluso profundizando el mismo papel que siempre tuvo Bolivia desde el periodo colonial, esto es, el de exportador de materias primas en una configuración geoeconómica que ha tenido y continua teniendo graves implicaciones para los territorios indígenas, dentro de un sistema capitalista que como vimos, se constituyó en el mismo proceso de formación de la modernidad/colonialidad, que se reactualiza y reconfigura hoy en las ideas y prácticas del desarrollo. El reto para salir de este ciclo es inmenso y este trabajo pretende hacer un aporte teórico-político que ayude a comprender el profundo carácter de estas contradicciones y sus implicaciones para los pueblos.

Propuesta teórica que busca superar dialécticamente tanto el materialismo histórico marxista como el estructuralismo funcionalista, así como el posmodernismo. ↵

Porto-Gonçalves señala que la primera colonialidad se afirmó en nombre de la fe cristiana, la segunda colonialidad en nombre de la fe en la ciencia y la tercera colonialidad en nombre de la fe en la idea del desarrollo. De este modo se destaca el caráter religioso de la fé en los tres casos. ↵

2. POLÍTICAS PUBLICAS DE DESARROLLO Y TENSIONES TERRITORIALES EN LA AMAZONIA ANDINA, LOS CASOS DEL ÁREA DE MANEIO ESPECIAL DE LA MACARENA -AMEM- EN COLOMBIA Y EL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO- SECURE EN BOLIVIA -TIPNIS-

2.1 POLITICAS PUBLICAS DE DESARROLLO Y TENSIONES TERRITORIALES EN EL AMEM A. LOCALIZACIÓN

Lo que se conoce hoy como la región de la Macarena, es un Área de Manejo Especial -AMEM-[1] creada en el año 1989. Cuenta con aproximadamente cuatro millones de hectáreas, incluyendo el área de catorce municipios en los departamentos del Meta y Guaviare,[2] en el cruce de los ecosistemas de los Andes, la Orinoquia y la Amazonia. Los ríos Ariari y Duda-Guayabero han permitido la comunicación de esta región con el resto de la cuenca del Orinoco; y son también un puente con la Amazonia. Muy cerca están los ríos Vaupés, Tunia-Apaporis, Yarí y Caguán, que son afluentes del río Negro y el Caquetá, y estos del Amazonas (Arcila: 2007:17). Las selvas amazónicas de La Macarena incluyen bosques transicionales y sabanas orinocenses, al mismo tiempo la Sierra está constituida por trozos del Macizo de las Guaya-nas, plegamientos andinos y sedimentos terciarios y cuaternarios del Orinoco-Amazonas. (Arcila et al., 2007: 15). En consecuencia es un lugar de encuentro de ecosistemas pero también de tensión de territorialidades en ese espacio geográfico. Como bien la ha definido Camilo Domínguez la Macarena es “[ ] una encrucijada geológica, biológica y antropológica, un cruce neurálgico de caminos.” (Domínguez, 2005, citado por Arcila et al., 2007: 17)

El AMEM fue antecedido por la Reserva Biológica de la Macarena creada en el año 1948. Esa reforma tuvo la intención de compensar las zonas ya degradadas de la Reserva, incorporando nuevas áreas protegidas de conservación estricta en el corazón del AMEM, parte del territorio de los Parques Nacionales Naturales -PNN- Picachos y Sumapaz y la totalidad de los PNN Tinigua y Sierra de la Macarena; mientras que en la periferia creó tres Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Macarena Norte, Macarena Sur y Ariari Guayabero, con menores restricciones al uso y la tenencia de la tierra. (Mapa 1.)

La población de la Macarena desciende principalmente población indígena local y de colonos provenientes de la región andina, que fueron desplazados por la violencia finalizando los años cuarenta. Para el siglo XVI se habían identificado diferentes pueblos como los guayupes de las sabanas de San Juan, los tiniguas y los carijonas del Yarí, al sur del río Guayabero (Arcila: 2007). Hoy menos del 1% de la población está conformado por indígenas (1.085), distribuidos en tres resguardos indígenas[3]: Caño La Sal -familia Guayabero-, Villa Lucía -familia Páez- y Yaguara II -familias Pijao, Tucano y Piratapuyo- y en otros asentamientos[4]: La Julia -Embera-Catío-, Caño Ceiba y Mirolindo -Guayabero-, Candilejas, El Paraíso, Los Planes, Ondas del Cafre -Páez-; que ocupan una extensión total de 160.618 hectáreas, menos del 4% del área. (Unidad de Parques Nacionales, 2004)

A pesar de su privilegiada ubicación, la Macarena ha sido considerada una frontera interna. Esto se explica por el proceso de constitución del Estado-nación colombiano, toda vez que desde la colonia no logró imponer su dominio en la totalidad del territorio nacional. Si bien una parte del país está integrado a la red urbana y comercial, otra parte se encuentra en las márgenes ya sea por ser frentes de resistencia, por la dificultad para el acceso, o por carencia de recursos que fueran considerados como explotables. Así como afirma Serje (2011:20) refiriéndose a Colombia, “la nación se ha definido en contraposición a sus “confines”: a aquellas áreas habitadas por grupos aparentemente ajenos al orden del Estado y de la economía moderna, que históricamente no se han considerado ni intervenidas ni apropiadas por la sociedad nacional, y que por ello han representado un problema para el control y el alcance del Estado.” La Macarena como frontera y en consecuencia como lugar de conflicto y contradicción, es un lugar privilegiado para pensar la relación del Estado con esas regiones otras en particular a lo que se refiere a los esfuerzos por integrarlas al proyecto nacional de desarrollo bajo una mirada moderno-colonial.

B. LA MACARENA EN EL PROYECTO NACIONAL

Si bien es cierto que durante los años noventa emergió un gran interés por integrar las regiones Orinoquia y Amazonia al proyecto nacional, este no es reciente. En la época de la colonia, españoles y alemanes llegaron a la Sierra de La Macarena buscando nuevas rutas de acceso al Perú. En el siglo XVI los diferentes pueblos indígenas -guayupes de las sabanas de San Juan, los tiniguas y los carijonas del Yarí, al sur del río Guayabero- fueron esclavizados por los españoles para la extracción de oro y plata, lo cual al parecer llevó a su desaparecimiento (Arcila: 2007).

Más tarde frailes franciscanos llegaron para evangelizar a los indígenas guayaberos y otras comunidades que poblaban algunas zonas de esta área, así como para iniciar el montaje de ganadería en las sabanas de lo que hoy es San Juan de Arama (Arcila et al., 2007: 15). Los indígenas optaron por refugiarse en las proximidades de los ríos Ariari, Guaviare y Guayabero como una forma de defensa de su cultura y de resistencia pacífica al evangelio (CORMACARENA, 1999).

En el siglo XIX, fueron los franceses en cabeza de Jules Crevaux, quienes con la intención de explotar comercialmente el cultivo de la quina llegaron a la región (Arcila, 1989), así como también los concesionarios del Estado y los empresarios ganaderos, caucheros y cacaoteros dueños de la Compañía Colombia, con el fin de apropiarse y de explotar el caucho y la quina existente en las estribaciones de la Cordillera Oriental en dirección a San Juan de Arama, hasta los llanos de San Martín, cuando todos estos territorios eran considerados “baldíos”, categoría recusada por los indígenas allí habitaban. A pesar de la importancia que tuvo la empresa holandesa Shell en la región, cuando a mediados del siglo XX exploró en busca de petróleo, fue el extractivismo cauchero el que mediante la construcción de las primeras vías de comunicación terrestre, facilitó los avances de los frentes de colonización hacia la Sierra de La Macarena (CORMACARENA, 1999). Así mismo durante los años 50 se dio un proceso de explotación de maderas finas tales como el cedro y el abarco, vinculando a la zona no solo a pequeños aserradores sino a compañías que pretendía hacer una explotación más intensiva. Al tiempo que la cacería y la pesca constituyeron renglones comerciales de primer orden.

El interés de integración de la región al proyecto nacional se refleja hoy en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que se propone lograr el crecimiento sostenido y la generación de empleo dando impulso a lo que ha llamado las locomotoras minero-energética, de infraestructura para el transporte y agropecuaria[5]‘, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos, la plantación de palma africana para la producción de aceite y la ganadería extensiva, en el cual la Orinoquia ocupa un papel fundamental.

En el Plan Nacional de Desarrollo -PND- propone tres lineamentos estratégicos para lo que han denominado crecimiento sostenible para el departamento del Meta, y que mantiene la mirada colonial sobre estos territorios:

Modernización de la infraestructura de transporte minero-energético, desarrollo de cluster minero-energético y diversificación de la estructura económica.

Promoción de eslabonamientos y desarrollo de clusters de alto valor agregado, para aprovechar las crecientes posibilidades de mayores ingresos, por cuenta de la expansión de la actividad minero-energética de la próxima década.

Creación de condiciones para la productividad y competitivi-dad económica de la Altillanura a través del mejoramiento de la infraestructura vial, de comunicaciones y comercialización, promoción de la investigación y el impulso de estrategias para asegurar un desarrollo sostenible. (Departamento Nacional de Planeación, 2010)

Así mismo el PND prevé diferentes macroproyectos según regiones que considera “estratégicos para lograr mayor convergencia y desarrollo regional, así como para contribuir a alcanzar los objetivos de mayor crecimiento, competitividad e igualdad de oportunidades.” Para la Ori-noquia y en particular para la Altillanura ha previsto el macroproyecto de “aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la Orino-quía (Altillanura).”

La Orinoquia colombiana es vista como una región con gran potencial para la expansión del cultivo de palma de aceite. Según Rodríguez (2008) el gobierno nacional ha dispuesto una política de subsidios dirigida a aumentar la producción y las exportaciones de aceite de palma, y a atender el mercado nacional e internacional de biodiesel. Actualmente la región aporta el 30% de la producción nacional de palma. Entre 2008 y 2010 se sembraron 1.500 nuevas hectáreas en cinco de los municipios con mayor incidencia en el sector Nororiental del AMEM San Juan de Arama, Puerto Lleras, Vista Hermosa y Puerto Rico (Fedepalma, 2008; Ministerio de Agricultura, 2010).

Así mismo, la Orinoquia ocupa cada vez un papel más importante en la producción de petróleo en el país. En 2005 los departamentos de Casanare, Meta y Arauca produjeron el 69% de la producción nacional[6] (Viloria de la Hoz, 2009: 78). Para 2009 en la región se extrajeron 425 mil barriles diarios de petróleo, equivalentes al 66.45% de la producción nacional que se estimaba en 640 mil barriles diarios.[7] En relación con la ganadería, el departamento del Meta ocupaba el primer lugar como productor nacional de ganado bovino para el año 2008, ya que destinaba el 87,5% del área departamental a la ganadería extensiva, cifra que para el año 2012 aumentó al 90%. (DANE, 2008, 2012)

Esta visión de integración al proyecto nacional a través de modelos económicos basados en economías extractivas, tiene su mayor sustento en las propuestas de articulación a través de la construcción de infraestructura vial. La Macarena es también una zona estratégica para la conexión de las tres regiones de la cual hace parte: Andes, Orinoquia y Amazonia. En ella está proyectada la vía Marginal de la Selva y el Llano, que hace parte del Eje Andino -Buenaventura-Puerto Ordaz-de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -URSA- y que puede llegar a ser una de las vías más importantes de Suramérica, pues permitiría la conexión entre Caracas, Bogotá y Quito con el sur del Ecuador (Arcila: 2007:17). Adicionalmente para atender la demanda de electricidad que necesitan los grandes proyectos agroindus-triales y de explotación petrolera se construyó en el municipio de Puerto Gaitán la “subestación altillanura” un proyecto hidroeléctrico, que tiene una capacidad de transformación de 55 MVA a 115/34.5 KV.

Finalmente el cultivo y transformación de coca que inició hacia final de los años ochenta, es una dinámica del capital que si bien está por fuera de la legalidad, ha tenido una fuerte influencia en la formación socio-espacial de este territorio. Para el año 2005 el departamento del Meta era el mayor productor nacional de coca con 18.740 hectáreas sembradas, mientras que Guaviare contaba con 9.477 hectáreas. Según las cifras oficiales en el 2012 los departamentos de Meta y Guaviare aparecen con 2.699 hectáreas sembradas y 3.851 hectáreas respectivamente, de un total nacional de 48.000 hectáreas[8] (Naciones Unidas, 2005, 2012). Entre las principales consecuencias se encuentra el incremento acelerado de la población en los momentos de mayor auge, la pérdida de prácticas agropecuarias, así como la alta fragmentación de la propiedad.

C. TENSIONES TERRITORIALES EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA

En la Macarena se presentan entonces diferentes dinámicas socio-espaciales del Estado y el capital que se superponen en sus intereses y entran en tensión con las dinámicas socio-espaciales de los grupos subalternos. Se identifican entonces tres dinámicas socio-espaciales del Estado y el capital: la del Nororiente bajo la influencia de la región Orinoquia con una tendencia al avance del monocultivo de palma africana, ganadería, coca e hidrocarburos; la del Noroccidente bajo el influjo de la zona Andina cuyas mayores presiones las constituyen las proyecciones de minería e hidrocarburos; y finalmente la del Sur de mayor articulación con la Amazonia y sobre la cual avanza las dinámicas de hidrocarburos y ganadería fuertemente en la parte oriental.

a. DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL DEL NORORIENTE, LA ÚLTIMA FRONTERA AGRARIA DEL PAÍS.

La dinámica socio espacial del nororiente, de mayor articulación con la región de la Orinoquia, recibe las presiones de las iniciativas de desarrollo en la Altillanura,[9] un área de siete millones de hectáreas de las cuales cuatro y media podrán ser utilizadas para la agricultura, principalmente a la siembra de cultivos de maíz, arroz, sorgo, soya, caña de azúcar, palma, caucho y forestales. Este proyecto estaría acompañado del desarrollo de infraestructura vial para unir al departamento del Meta con el Vichada, lo cual facilitará la importación y la exportación de carga por Venezuela, en lo que es hoy el Eje Andino de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -URSA-.[10] Esta región ha sido comparada con el cerrado brasilero, más conocido como “el milagro agrícola”, en el cual sabanas fueron convertidas en áreas de producción principalmente de soya y maíz, y además se impulsaron grandes empresas avícolas y de producción de aceite.

Así las presiones que se tienen sobre el sector nororiental del AMEM, en particular las zonas de preservación y recuperación para la producción norte, que incluyen los ríos Ariari y Güejar y la Sierra de la Macarena, en los municipios de Puerto Rico, Vistahermosa, San  Juan de Arma y Puerto Lleras, están asociadas a su proximidad con la Altillanura. El cultivo de la palma de aceite, se afianzó a partir del año 2003 con la finalización de la carretera entre Villavicencio y San José del Guaviare y ha tenido una fuerte influencia en los cambios en los precios y la tenencia de la tierra, con una tendencia a la concentración de la propiedad y una especulación de los precios de la misma; a lo cual se suma un incremento de la migración de la población, y por tanto el crecimiento desordenado de centros poblados y ciudades (Rodríguez, 2008).

Para articular estas iniciativas de desarrollo se ha contemplado la construcción de infraestructura vial en el eje Buenaventura – Puerto Ordaz del URSA, que se propone “desarrollar un corredor bioceánico Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico, para aprovechar los potenciales e incentivar intercambios comerciales entre las regiones de Colombia y Venezuela que se ubican a lado y lado del eje, proyectando las economías hacia los mercados internacionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

A lo anterior se suma la siembra y transformación de cultivos de coca por las comunidades campesinas, que inició hacia final de los año setenta y que se mantiene. Esta dinámica avanzó dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Para el año 2005 este parque tenía un área sembrada en coca de 2.712 hectáreas, lo cual representaba la mitad de la extensión sembrada en la totalidad de las áreas protegidas del país; cifra que disminuyó casi en un 50% pues para el año 2012 contaba con 1.466 hectáreas. Entre otras consecuencias la siembra de coca ha traído como resultado una alta fragmentación de la propiedad, una alta migración de población andina y de procedencia urbana, que derivó en la conformación de centros poblados asociados a la transformación y comercio de la misma y finalmente en la erosión de las economías indígenas y campesinas de la región.

b. LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL DEL NOROCCIDENTE

El Noroccidente del AMEM tiene una mayor articulación con la zona Andina del país. En él se localizan tres resguardos indígenas de la familia Paéz, Villa Lucía, Los Planes y Ondas del Cafre en jurisdicción del municipio de Mesetas. Y se tienen proyectada la exploración de hidrocarburos en la zona de recuperación para la producción occidente, a lo cual se suma la presión de la minería que viene avanzando fuertemente en el departamento de Cundinamarca y la dinámica de expansión de la pequeña y mediana ganadería en proximidades a la parte norte del Parque Nacional Natural Tinigua.

Para articular la región al proyecto nacional se tiene prevista la construcción de la vía que conecta el municipio de Colombia en el departamento del Huila y el municipio de Uribe en el Meta. Esta vía hace parte del Corredor Vial Transversal de la Macarena, cuyo trazado corresponde al tramo San Juan de Arama – Uribe – Colombia – Baraya, que atravesaría la zona de preservación vertiente oriental del AMEM y que ha estado en disputa no sólo de las comunidades campesinas, sino entre la institucionalidad del sector ambiental y la institucionalidad del sector infraestructura del Estado, mostrando la contradicción entre dos políticas públicas en un mismo espacio.

c. LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL DEL SUR

Tanto el suroriente como el suroccidente del AMEM son áreas de transición hacia la Amazonia. En la región del suroriente se presentan dos áreas de preservación, Serranía de la Lindosa y recuperación para la preservación sur y una gran área de recuperación para la producción que se conecta con la parte suroccidental del AMEM. Este sector se caracteriza por una fuerte iniciativa ambiental de conservación jalonada por el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques Nacionales, que busca conectar la región con los parques nacionales naturales de la Amazonia, en particular, Nukak y Chiri-biquete, que estaría articulado por la Reserva Forestal de la Amazonia. Sobre esta área se avanzaría en la formulación y desarrollo de proyectos de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, REDD, en fin de captación de carbono.

En el suroriente del AMEM se identifica también un interés para la exploración y explotación de hidrocarburos, sin embargo la Agencia Nacional de Hidrocarburos la ha clasificado como un “área reservada” por entrar en contradicción con el proyecto conservacionista. De igual manera se presenta una tendencia al desarrollo de pequeña y mediana ganadería, así como a la plantación y transformación de cultivos de coca, que ha tenido incidencia en la transformación de las prácticas agrícolas, pecuarias de las comunidades campesinas y en general en las formas de apropiarse material y simbólicamente de ese espacio.

En el suroccidente predomina la expansión de la pequeña y mediana ganadería por parte de la población campesina para la producción de leche y una tendencia al establecimiento de grandes hatos ganaderos. En buena parte de la zona de recuperación para la producción sur, localizada en el municipio de La Macarena, está prevista la exploración de petróleo y en ella se ubica un pozo en producción, el Ombu (Capella) operado por Emerald Energy Pie Sucursal Colombia.

d. LAS TENSIONES TERRITORIALES ENTRE LAS DINÁMICAS SOCIO-ESPACIALES DEL ESTADO Y EL CAPITAL, Y EL PROYECTO CAMPESINO EN EL AMEM

El proceso de resistencia campesina que inició en la región de la Macarena durante los años cuarenta en el período denominado de la “Violencia en Colombia”[11] hoy se mantiene. Las movilizaciones de finales de los años ochenta de los campesinos dedicados a la plantación y transformación de coca en la cuenca del río Duda, entre la cordillera oriental y la serranía de la Macarena, terminó en la inclusión de las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- en la legislación nacional en el año 1994. Esta figura está orientada al reconocimiento de las territorialidades campesinas en zonas de frontera agraria. Según los campesinos la ZRC “es la única figura jurídica que reconoce al campesinado, su derecho a la tierra, alternativa de permanencia en el territorio, una herramienta para combatir el latifundio, [ ]; una apuesta por soberanía y autonomía alimentaria que genera respuestas ante la crisis alimentaria mundial, desde la eficiencia de la pequeña propiedad rural en articulación con los centros urbanos; una alternativa real de sustitución a los cultivos de coca, y un camino hacia la construcción de modelos de vida en equilibrio con la naturaleza.” (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, 2011) Hoy hay una disputa con el Estado por los sentidos de esta figura y el gobierno ha suspendido la conformación de nuevas ZRC, así como el apoyo a las ya constituidas en el territorio nacional. Las organizaciones campesinas sustentan sus posiciones en defensa de las ZRCs.

Las políticas de desarrollo que se reflejan en las dinámicas socio-espaciales del capital en la muestra como el Estado-nación colombiano da continuidad al proyecto moderno colonial en la Macarena, ignorando las territorialidades campesinas e indígenas y los proyectos que estas tienen sobre ese espacio geográfico. De las seis ZRC que existen en el país tres están localizadas en el AMEM y en zonas próximas, y de las cinco que están en proceso de constitución dos estarán en la región. Las dinámicas socio-espaciales del capital en el sur asociadas a hidrocarburos principalmente ejercen una fuerte presión sobre el proyecto campesino que está avanzando en la constitución de una ZRC en el sector Losada-Perdido en el municipio de La Macarena, así como con las ya constituidas, Pato Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguán y con la de Calamar, en la cual se ha identificado un proceso de concentración de la propiedad que avanza en la medida en que la ganadería va ganando espacio dentro de la ZRC y por lo cual las comunidades campesinas han solicitado la ampliación. Así mismo en el sector nororiental, en el municipio de Puerto Rico, se localiza la proyectada ZRC Güejar-Cafre que sufre las presiones derivadas principalmente de los cultivos de coca y de las proyecciones viales, de hidrocarburos y de plantación de palma africana, sobre la llamada región de la Altillanura.

Para para dar continuidad a ese proceso de resistencia y para fortalecer la discusión y el diálogo nacional sobre esa figura, las organizaciones campesinas del AMEM vienen avanzando en la constitución de una red de organizaciones campesinas de carácter regional.[12] Esta iniciativa está materializándose en la Corporación para la defensa del AMEM -CORPO-AMEM-, que reúne 22 organizaciones campesinas que buscan conformar una red de ZRC alrededor de los parques nacionales naturales del área de manejo especial, en lo que hoy son zonas de producción de los distritos de manejo integrado. Según el planteamiento de los líderes campesinos, esta red tendría dos objetivos, reconocer el derecho a la tierra de los campesinos y servir de “barrera” para los procesos de colonización que vienen avanzando en los parques nacionales del AMEM.[13] Dicha red regional se articula con una de carácter nacional, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -AN-ZORC- que recoge iniciativas de conformación o consolidación de ZRC en las diferentes regiones del país.

Entre las principales amenazas a la constitución de las zonas de reserva campesina esta asociación nacional ha identificado las siguientes:

Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de los pobladores campesinos.

Compra masiva de tierras en el proceso de acumulación de riquezas causando el desplazamiento paulatino del campesinado.

La persecución, estigmatización, judicialización y criminalización de los líderes campesinos articulados a procesos organizativos o iniciativas de desarrollo alternativo.

La militarización de las regiones que trae consigo la represión a los campesinos en su trabajo organizativo y las campañas civi-comilitares que intentan generar confusión alrededor de la zona de reserva campesina.

Las fumigaciones a los cultivos de coca que afectan directamente la soberanía alimentaria y nutricional, la salud y la integración de la población.

Los bloqueos económicos, militares y alimentarios.

El asistencialismo estatal.

La presencia e implementación de megaproyectos a través de la entrada de grandes empresas nacionales, multinacionales y transnacionales, que no respetan la autonomía y el ordenamiento territorial campesino.

Explotación masiva de recursos naturales y mineros, al igual que la comercialización de servicios ambientales como petróleo, oro, agua, madera, oxígeno (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, 2011).

Estas amenazas identificadas por el movimiento campesino concuerdan con las señaladas por Svampa (2002) para el modelo de desarrollo basado principalmente en economías de carácter extractivista: el acaparamiento de tierras, los grandes emprendimientos de escala supranacional, así como la reprimarización de las economías, la perdida de seguridad alimentaria, nuevas formas de dependencia y dominación, así como la afectación a la democracia. En este último aspecto es importante destacar para el caso colombiano, la forma cómo sobre territorios campesinos vienen avanzando las dinámicas del capital. A diferencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas, los campesinos no tienen derecho a la consulta previa,[14] de tal forma que las dinámicas socio-espaciales de la ganadería, palma de aceite e hidrocarburos han venido avanzando sin tener en cuenta las comunidades campesinas, a través del uso de las violencias simbólica y física (desplazamientos forzados).

Es importante destacar que en Colombia el proyecto de desarrollo está articulado con el proyecto de seguridad nacional. Así se ha venido generando un consenso sobre la necesidad de pacificar para integrar, para lo cual se han puesto en marcha, como ya se mencionó, diferentes planes de seguridad, el Plan Colombia entre los años 2000 y 2004; el Plan Patriota entre el 2004 y 2006; y a partir del año 2007 el Plan de Consolidación Integral[15], siendo la Macarena “el laboratorio” de una estrategia de pacificación que actualmente se desarrolla en otras catorce zonas del país.[16]

Frente a las presiones del desarrollo y de las estrategias de pacificación, y en el medio de un proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, los campesinos de Colombia y desde luego los de la Macarena han intensificado las movilizaciones pacíficas, uniéndose a una de las más importantes manifestaciones, la del Paro Nacional Agrario que tuvo lugar en agosto del año 2013. Durante casi un mes este paro reunió no sólo a campesinos, sino a camioneros y mineros informales y artesanales, productores de cebolla, papa, arroz, leche, entre otros, y a la cual se sumaron habitantes de las ciudades, y en particular el movimiento estudiantil que se solidarizó y enmarcaron sus demandas en las del movimiento agrario. Aunque esta ha sido una de las movilizaciones más visibles en la última década, es el resultado de diferentes movilizaciones regionales que ocurrieron a lo largo del año, la del Catatumbo por la constitución de una zona de reserva campesina, el paro cafetero y de los mineros, el de los paperos, arroceros, lecheros, entre otras, buena parte de ellas en la región Andina, en departamentos considerados como prósperos.

Los conflictos que han emergido en los últimos años en Colombia, son el resultado de la conflictividad inmanente a un proyecto nacional que invisibiliza la diversidad territorial contenida en el espacio geográfico nacional. Ese proyecto favorece las dinámicas territoriales del capital basado principalmente en economías extractivas, frente a las territorialidades campesinas, afroamerindias e indígenas, lo cual cuestiona los principios fundantes de los Estados-nacionales, como la democracia, la igualdad y la ciudadanía. Así Colombia sería un ejemplo “del imposible moderno Estado-nación” Quijano (2000), pues no se dio una descolonización de la sociedad si no una re articulación de la colo-nialidad del poder sobre otras bases institucionales. Bajo el supuesto de unidad nacional, se ha homogeneizado la diferencia y por tanto los movimientos sociales cuestionan la legitimidad del Estado-nación y su proyecto nacional.

2.2 POLITICAS PUBLICAS DE DESARROLLO Y TENSIONES TERRITORIALES EN EL TIPNIS

A. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-GEOGRÁFICA.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, TIPNIS, es un área protegida de 1.236.296 hectáreas en el corazón de Bolivia, por tanto de Suramérica. Se crea como parque nacional en 1965 y como territorio indígena en 1990 luego de la I Marcha por la Dignidad, por la Vida y por el Territorio. El TIPNIS se extiende por cuatro municipios de dos departamentos: San Ignacio de Moxos y Loreto en el departamento del Beni, y Villatunari y Morochota en el departamento de Cochabam-ba. Su superficie alberga tres diferentes geologías: Al oriente la Planicie Aluvial Beniana, también llamada de llanura beniana, llanos de moxos o pampa (62%), la parte central-occidental corresponde al Piedemonte Andino-amazónico (8%) y al extremo occidente las Serranías o también llamado de Subandino (28%) (Sernap, 2011). La altitud oscila entre los 153 y 4760 msnm, representando una variada fisiografía a causa de su ubicación transicional entre las serranías subandinas y los llanos de Moxos. La parte sur y occidental es esencialmente montañosa e incluye las Serranías de Mosetenes y Sejeruma como contrafuertes del Subandino. La parte central y oriental tiene un relieve casi plano de la llanura aluvial de Moxos. Su ubicación y relieve determinan una rica variedad tanto de grupos de ecosistemas como de climas. El clima varía según la altitud, desde templado a frio en las partes altas, hasta cálido en las tierras bajas. Las temperaturas medias anuales se ubican entre los 15°C en la serranía hasta los 32°C en el pie de monte y la llanura boscosa (parte central), y 25°C en la llanura o pampas de Moxos. Las precipitaciones también varían desde los 1900 mm en la parte Norte hasta los 3500 mm en la parte suroccidental, con un 80% del área comprendida en un rango de entre 2000 y 3000 mm de precipitación media anual. Las mayores precipitaciones y superávit hídrico, se da en el piedemonte andino, entre Villa Tunari e Isinuta, donde se encuentra la zona más lluviosa de toda Bolivia (Sernap, 2011).

B. CONFORMACIÓN SOCIAL HISTÓRICO-GEOGRÁFICA

En el corazón de Bolivia y Suramérica se encuentra el TIPNIS – Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure – en donde habitan tres pueblos indígenas: Yuracarés, Tsimanes y Mojeño-Trinitarios. El territorio del TIPNIS tiene una ocupación milenaria de población nativa, prácticamente ininterrumpida, ya que tanto la colonia española como el Estado boliviano no consiguieron integrar la región al sistema mundo moderno/colonial. Las empresas caucheras que se ubicaron cerca de la región no afectaron directamente el territorio, por el contrario éste se constituyó en lugar de refugio de los indígenas de otras regiones, especialmente Mojeño-Trinitarios, que migraban hasta aquí para escapar del régimen esclavista de las caucheras y de las haciendas ganaderas que se conformaron acabado el ciclo cauchero. Estas características determinaron que el territorio fuera conocido entre los indígenas como la “loma santa” en el contexto de un movimiento milenarista conocido como la “búsqueda de la Loma Santa” de migrantes indígenas que por generaciones buscaban un territorio de libertad fuera del control de las empresas o el Estado. Estas migraciones determinaron el poblamiento actual del TIPNIS. La forma de organización social de estos pueblos se caracteriza, según Clastres por “una amplia igualdad interna y por una autonomía local máxima. Son sociedades sin Estado e indivisas” (Clastres, 2001: 86-87).

En términos generales las economías de los tres pueblos se caracterizan por haber desarrollado su cultura económica aprovechando la productividad biológica primaria en prácticas con la naturaleza y no contra la naturaleza (Leff, 2006 y Porto-Gonçalves, 2006). Según Paz estas economías están basadas en una “relación compleja entre caza, pesca, recolección y agricultura” constituyendo “economías étnicas” de carácter comunitario (Paz, 2012: 10)[17]– Si bien los tres pueblos mantienen algunas diferencias los yuracarés y tsimanes se han especializado más en la agricultura de carácter forestal en la selva alta, mientras que los Mójenos han desarrollado mayor conocimiento agrícola en la parte baja de los bosques inundables e incorporando las sabanas a su sistema productivo demostrando un gran acoplamiento a “los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas” del TIPNIS. Acoplamiento que es

[…] optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca ( ) La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. (Paz, 2012: 13).

Esta caracterización es central porque la condición básica de estos complejos sistemas económicos milenarios en el acceso comunal a los bienes que garantizan la vida y la reproducción de las familias. Existe un gran componente familiar, comunal y colectivo en la apropiación de las condiciones naturales y por lo tanto la absoluta garantía de la continuidad de su existencia es la propiedad colectiva sobre el bosque, “es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados” (Paz, 2012: 13), como viene pasando en la zona sur con la llegada de migrantes colonos y las parcelas de cultivos de coca. En la última década por medio de la acción de órganos estatales algunas comunidades han adoptado diferentes “proyectos” de economía forestal, agrícola con el cacao así como de turismo, proyectos que han determinado formas de aprovechamiento de recursos renovables con destino comercial, constituidos en dialogo entre las comunidades y las entidades estatales sobre los criterios de conservación como área protegida.

LA COLONIZACIÓN POR MIGRANTES ANDINOS

En 1966 en el contexto de los programas de cooperación para el desarrollo de Estados Unidos con su agencia USAID y el gobierno boliviano se elaboran los proyectos viales para conectar en un primer tramo Co-chabamba-Villa Tunari-Puerto Villarroel, y en un segundo tramo Villa Tunari-Rio Isiboro. Estas vías determinarían el inicio de oleadas de migrantes del altiplano en busca de tierras para colonizar. En las últimas décadas (aprox. últimos 30 años) el territorio se ha visto perturbado con las constantes migraciones de colonos venidos de las sierras andinas, denominados localmente como “cocaleros” por su involucramiento en el cultivo de la hoja de coca[18]. Los cocaleros se van asentando de manera ilegal en la zona sur del TIPNIS, llamada de “polígono 7″: Luego de muchos enfrentamientos se llegó a un acuerdo en 1994 entre el entonces líder de los cocaleros Evo Morales y Marcial Fabricano del TIPNIS, en donde se estableció la llamada “línea roja” como límite del avance de los cocaleros. Sin embargo son continuas las noticias de avance de los cocaleros desde el polígono hacia el norte y oriente, imágenes satelitales de la deforestación así lo demuestran.

Finalmente, es importante señalar además que el TIPNIS participa del origen del nuevo ciclo de luchas que se instauró en Bolivia en 1990 con la I Marcha por la Dignidad, por la Vida y por el Territorio, de cuyos resultados salió el reconocimiento por Bolivia de la Convención 169 de la OIT y la creación por decreto presidencial de los cuatro primeros territorios indígenas, siendo uno de ellos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Pero la I Marcha fue central para que los indígenas de las tierras bajas se colocaran como protagonistas en la escala nacional e internacional con la introducción del debate teórico-político de la cuestión territorial (Tierras Comunitarias de Origen, TCO) que marca reformas constitucionales en toda la región para reconocer que dentro de las fronteras del Estado-nación no solamente existe el territorio nacional, sino que existen múltiples territorialidades diferentes a la nacional. Desde ahí la presión del movimiento indígena derivará en la constituyente y en la definición del carácter de Estado Plurinacional y las Autonomías Territoriales como proceso de reconocimiento a esas otras formas diferenciadas de existir. Esta historia forma parte de los elementos sociales e históricos que conforman la memoria de r-existencia (Porto-Gonçalves, 2001) de los actuales habitantes del TIPNIS.

C. POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO, CONFLICTOS Y TENSIONES TERRITORIALES

El actual gobierno ha optado por dos políticas de desarrollo: a) la construcción de una carretera que atravesaría por la mitad el territorio del TIPNIS y que integraría el TIPNIS a la red vial que comunica las principales ciudades de Bolivia. La obra proyectada además se conecta a uno de los “ejes de integración y desarrollo”, el Eje Andino, de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Suramericana, URSA y sirve al mismo tiempo de conexión con otros dos “ejes”: el Eje Interoceánico Central y el Eje Perú-Brasil-Bolivia; b) esta decisión se ve acompañada de la concesión de lotes petroleros para su exploración y explotación a Petrobras y Petroandina en el TIPNIS y que afectan especialmente la Selva Alta.

La construcción de la carretera ha desatado un gran conflicto con las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS. El conflicto alcanza su máxima expresión en agosto, septiembre, octubre de 2002 con la realización de la “VIII Gran Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS, los territorios, la dignidad, la vida y los derechos de los pueblos indígenas” que a su llegada a La Paz consigue reunir más de 500.000 marchistas, siendo una de las mayores manifestaciones realizadas en Bolivia. Ante la impresionante manifestación de fuerza y apoyo a la movilización el gobierno saca una Ley 180 del 24 de octubre de 2011 que decide declarar el TIPNIS como “intangible” declaración que en las acciones posteriores del gobierno se convertiría en un artilugio jurídico para presionar políticamente al movimiento, al considerar que al ser intangible, las economías existentes en el TIPNIS deberían ser prohibidas. No olvidemos que para los pueblos que habitan el TIPNIS, con sus economías étnicas, el concepto de intangibilidad no tiene el menor sentido en la medida en que siempre basaron sus prácticas económico-culturales en la explotación de la productividad biológica primaria. Además, esta maniobra jurídica así como otros actos, acompañaran el proceso impulsado por el gobierno de consulta “postuma”, como fue llamada por el movimiento. El conflicto continúa, según el gobierno el proyecto de carretera va mientras que la mayoría de la población indígena rechaza el proyecto de carretera y propone un trazo que no afecte la integridad del territorio.

La ocurrencia del conflicto en Bolivia, en razón a las características de sus procesos políticos, tiene alto impacto para los debates y las definiciones teóricas y políticas de la cuestión territorial y las formas de Estado-nación en América Latina. Es por tanto una circunstancia que debe ser considerada en el análisis, pues los hechos que acompañaron su proceso constituyente, en torno al pacto campesino-indígena, que definiría la declaración de Estado Plurinacional Comunitario, señalan un marco de interpretación en torno a conceptos como territorio, autonomía, derechos de la naturaleza, que obligan a que la cuestión territorial en torno a los conflictos vinculados a los ejes de integración y desarrollo del URSA deban ser contemplados desde nuevos horizontes conceptuales, más allá de los conceptos tradicionales de democracia, ciudadanía y justicia social, para entender lo que está en juego en el TIPNIS y lo que podríamos llamar por justicia como justicia territorial y justicia cognitiva.

TENSIONES TERRITORIALES POR DINÁMICAS SOCIO-ESPACIALES ECONÓMICAS EN EXPANSIÓN/INVASIÓN

El proyecto de carretera viene a consolidar y/o profundizar una serie de economías no indígenas que se encuentran amenazando desde diferentes direcciones la integridad del territorio del TIPNIS. Se trata de economías vinculadas a la extracción de recursos naturales y/o a producciones intensivas que tiene como destino los circuitos comerciales capitalistas. De acuerdo con Pablo González Casanova los “frente de expansión” del capital y del colonialismo actúan a la vez como “frentes de invasión” (González, 2006), siguiendo estos conceptos buscamos identificar las presiones de estos frentes de expansión/invasión sobre el TIPNIS, afirmando que la carretera proyectada por el URSA como adecuación espacial posibilita el avance de estos frentes de expansión/ invasión.

En el TIPNIS se identifican especialmente cinco dinámicas socio-espaciales económicas en expansión/invasión (Mapa 7), que a continuación presentaremos brevemente.

1) LA DINÂMICA SOCIO-ESPACIAL DELA COCA EN EL SUR:

El área sur del TIPNIS es la que presenta mayor tensión territorial en la actualidad a partir de la ocupación de hecho por parte de migrantes andinos, quienes forman pequeñas parcelas privadas integradas a la dinámica económica de la coca, todo indica, para la producción de cocaína, y por tanto con fuerte vínculos con el mercado global (Mapa 8). En absoluta contraposición con las economías indígenas del TIPNIS, los cocaleros priorizan el uso individual de la tierra, frente al uso colectivo del bosque practicado por los indígenas. Esto viene determinando una significativa desforestación del área ocupada por los cocaleros que avanza con gran velocidad (Mapa 9) lo que permite evidenciar el gran impacto de este frente de expansión/invasión cocalera. Los cultivos de coca en el TIPNIS se caracterizan por un uso intensivo del suelo con agro-tóxicos, que impone pérdida por erosión y caída de la producción y avance permanente del frente de expansión/invasión por conquista de nuevos espacios. A diferencia de otras zonas con cultivos de coca en Bolivia, más ligadas al consumo interno tradicional y en donde la producción económica es campesina y mezcla la coca con una producción diversificada de cítricos, frutas, arroz, café, yuca, entre otros, los migrantes que se han asentado en el TIPNIS se dedican prioritariamente a la producción de la hoja de coca para la producción de cocaína. Esta directa vinculación les permite consolidar un actor con mucho poder económico, político y fuente de presión sobre las instituciones policiales y militares[19].

Como se comentó anteriormente en 1994 fruto de las negociaciones se trazó la “línea roja” que marcaría el límite de la colonización cocale-ra. Sin embargo este límite pactado no se ha respetado. En 2009 Evo Morales hace entrega del título de propiedad colectivo como Tierra Comunitaria de Origen, TCO[20], a las comunidades del TIPNIS y deja por fuera de este título a los cocaleros ubicados en el “polígono 7″ quienes accederían a títulos individuales. Según Paz el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca es compatible con los modelos agroin-dustriales calificados como extractivistas: monoproductor de un bien destinado a la exportación, uso intensivo de un recurso natural, la tierra, y la producción de un bien bajo las necesidades del mercado global y en donde

La única gran diferencia con los modelos extractivos agro-industriales es que la mono producción no está en manos de empresarios que controlan la tierra y el proceso productivo, sino más bien en manos de campesinos que buscan optimizar la producción de hoja de coca abriendo cada año nuevas fronteras agrícolas.

Todo indica entonces que el primer beneficiario de la construcción de la carretera sería el sector cocalero, ya que permitiría que su dinámica socio-espacial continuara aún más en proceso de expansión/invasión. Esto es claramente percibido por los indígenas del TIPNIS. Además la expansión/invasión de la dinámica socio-espacial de la coca es totalmente compatible con la otra principal política de desarrollo del gobierno sobre la región: la exploración y explotación petrolera. Se juega en el TIPNIS la legitimidad del pacto indígena-campesino base del proceso de cambio político de Bolivia que tiene en la 1 Marcha de 1990, en la Guerra del Agua de Cochabamba de 2000 y en las jornadas políticas de 2003 (Guerra del Gas) sus principales marcos. En fin, la coca solo es legítima si es indígena-campesina y no solo campesina, es decir, cocalera.

2) LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL RELACIONADA CON EL SUBSUELO RICO EN GAS Y PETRÓLEO

La dinámica socio-espacial relacionada con la explotación de hidrocarburos es una dinámica en la región que es compartida con el resto del piedemonte andino-amazónico (Amazonia ecuatoriana, peruana y colombiana), por tener las condiciones geológicas en donde han sido depositados grandes yacimientos de petróleo y gas así como otros minerales, lo que despierta inmensos intereses en el contexto de una crisis energética, que presiona cada vez más por la ampliación y profundiza-ción de las extracciones de petróleo. Esta presión minero-energética se concretiza sobre el TIPNIS en abril de 2007 con la Ley 3.672 que aprueba un contrato de exploración por sociedad mixta entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con la Petrobras Bolivia y la TOTAL, en el área de Río Hondo (Bloque Ichoa), localizada en la Zona Núcleo del TIPNIS, una zona que según el propio gobierno (SERNAP) y las comunidades indígenas, es calificada como “área de extrema protección”. Posteriormente se aprueba contrato de exploración, también por sociedad mixta, de YPFB con Petroandina SAM (PDVSA) abarcando el Bloque Secure 19 y 20, también localizado en el interior del TIPNIS en la parte occidental en las serranías. En mayo de 2007, el Decreto Supremo 29.130 establece, entre otros, el Bloque Secure 19 y 20, en el TIPNIS, como área no tradicional de interés hidrocarburífero reservada para YPFB. Finalmente el Decreto Supremo 676 permite que las actividades de exploración se realicen en áreas protegidas, “aunque excepcionalmente”.

Todas estas decisiones de política pública de desarrollo, tomadas por el gobierno nacional, determinan que cerca de la tercera parte dei TIPNIS sea declarado como zona petrolera y al declarar el carácter de interés nacional de estas exploraciones/explotaciones vulnerabiliza y subordina las políticas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en especial su derecho al territorio, así como las políticas medio ambientales y de preservación natural, al permitir que éstas operaciones se desarrollen en áreas protegidas, como el TIPNIS.

Si pensamos la política petrolera del gobierno de Evo Morales en conjunción con el proyecto de carretera como parte de la URSA encontraremos una conjunción de intereses de reproducción del capitalismo en la región del TIPNIS, que se refuerzan como frentes de expansión/ invasión. En esta conjunción los intereses brasileros son explícitos, no solamente financia por medio de un préstamo del BNDES la construcción de la carretera, que permitiría la salida rápida de la soya brasilera hacia los puertos del pacífico, sino que la constructora contratada para la obra es la OAS, y para concluir, como mostramos, el bloque Rio Hondo sobre el TIPNIS, fue concedido a la Petrobras. Estamos al frente entonces de una fuertísima dinámica de presión territorial sobre el TIPNIS que pasa por diferentes intereses económicos y geopolíticos.

La presión petrolera contra el TIPNIS señala además el quiebre con la Agenda de Octubre levantada por los movimientos sociales y según la cual era necesario además de nacionalizar los hidrocarburos, buscar su industrialización. Sin embargo, vemos que luego de la renegociación de contratos con las transnacionales que le ha permitido al gobierno un mayor recaudo de regalías, el acento mayor de su política ha sido la búsqueda de nuevos campos de exploración por medio de contratos de sociedad mixta, antes que avanzar en la industrialización de los campos ya existentes. Esta política se ha convertido en política económica estratégica para el gobierno de Evo Morales, porque se impone sobre otras políticas, que habían tenido cierta atención del primer gobierno de Morales, en especial la defensa de los derechos indígenas y la protección de la madre tierra. Tenemos entonces que en el TIPNIS, la profundización del modelo económico extractivista del Estado, se convierte en un frente de expansión/invasión con altísimo poder, considerando el carácter estratégico que la explotación de hidrocarburos tienen para el gobierno boliviano, para las empresas transnacionales y los intereses de Brasil.

3) LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL GANADERA DEL NORORIENTE

El departamento del Beni, en donde se encuentra la mayor parte del territorio del TIPNIS tiene una larga tradición ganadera en Bolivia. Se trata de una actividad que fue creada en el periodo colonial por iniciativa de los jesuítas, como en buena parte de las llanuras centrales de Suramérica en donde se asentaron estas misiones. Luego de que las misiones fueron expulsadas del continente quedo como práctica pero perdió fuerza como actividad económica. Esto cambiaría con el descenso del boom cauchero en la región, ya que muchos de los ex-em-presarios del caucho invirtieron los capitales que habían acumulado en la ganadería, conformándose como verdaderos terratenientes oligarcas que llegarían a concentrar grandes extensiones de tierra, despojando a muchas comunidades sobretodo mojeñas de sus territorios, y así se fueron extendiendo hasta las sabanas nororientales del TIPNIS (Mapa 11). La concentración de la tierra y de cabezas de ganado es tal que han llegado incluso a ser “dueños de poblados enteros”, como son los casos de Magdalena, Santa Ana del Yacuma, San Ramón, San Joaquín, San Borja, San Ignacio de Moxos, San Lorenzo y Loreto, “donde los hacendados solían contar con 8 o 10 estancias que en muchos casos suman una cifra de 60 a 80 mil hectáreas de tierra en manos de una sola familia” (Paz, 2012).

Es por ello que el sector latifundista ganadero es quien en mayor medida se ha apoderado de tierras indígenas. Según entrevistas realizadas en Trinidad, capital del Beni, será una gran favorecida por la carretera que proyecta el gobierno ya que conseguirá independizarse de Santa Cruz en su venta de carne al principal centro de consumo del país, La Paz y otras ciudades del altiplano.

Ya en el interior del TIPNIS, la actividad se desarrolla en pequeñas y medianas propiedades en manos de no indígenas, como en Gundonovia y San Pedro e involucra población indígena como peones, subalternizándola. Esta actividad restringe el uso de las áreas comunitariamente usadas para la caza. Como bien lo señala el documento de Evaluación Ambiental Estratégica del SERNAP se produce un “mercado local de venta de mano de obra que se realiza en los momentos de inactividad del ciclo productivo de las comunidades” (SERNAP, 2011), en donde los propietarios de las haciendas se benefician no solo de la mano de obra indígena, sino también de sus conocimientos sobre las sabanas y de las áreas inundables, lo que permite la optimización de los suelos y las gramíneas que se desarrollan naturalmente y que permiten alimentar el ganado durante el periodo seco cuando los ríos bajan. Los ganaderos hacen igualmente uso de las “lomas” en las temporadas de inundación, espacios elevados que en realidad fueron milenariamente construidos dentro del “antiguo sistema de adaptación cultural a la sabana que implicaba tecnología hidráulica para sobrevivir a las inundaciones en una región con casi ninguna inclinación” (SERNAP, 2011).

Las comunidades indígenas yuracarés y trinitarias habitan los bosques de galería del Rio Secure y del Isiboro, aunque acostumbran atravesar la sabana para hacer uso de las lagunas o pequeños ríos que se encuentran en medio de las sabanas. Antes del saneamiento territorial del área del TIPNIS (2002), el acceso a estos lagos y ríos era objeto de tensos e intensos conflictos con los hacendados. Según el SERNAP después del saneamiento quedo claro “que la propiedad de las haciendas es sobre la tierra y que el resto de bienes forman parte de la TCO. Así, las lagunas y arroyos formados entre la propiedad pecuaria o terceros, admiten áreas de acceso colectivo para las comunidades que conviven con la propiedad privada de las haciendas” (SERNAP, 2011).

La actividad ganadera en esa área del TIPNIS no sólo involucra terceros, sino también se da entre indígenas, como es el caso de Tres de Mayo, Puerto San Lorenzo, Coquinal, San Vicente, Galilea y Gundonovia, en el bajo Secure, y en la comunidad de San Pablo, en el bajo Isiboro, en donde varias familias indígenas ven en la ganadería una actividad que les permite ahorrar algún dinero que puede ser usado posteriormente en alguna emergencia. Esto ha generado algunos conflictos entre comunarios en relación con las reglas de uso de las áreas comunes entre indígenas y entre comunidades (SERNAP, 2011).

4) LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL FORESTAL DEL NOROCCIDENTE

En la parte noroccidental del TIPNIS desde la década de 1970 se con-cesionaron extensas áreas de bosques a empresa privadas para que extrajeran las valiosas maderas del Bosque de Tsimanes. Estas concesiones se otorgaron asumiendo que la región era un vacío demográfico y podía ser objeto de ocupación. En este contexto las comunidades, especialmente Tsimanes fueron desalojadas y sus bosques privatizados, afectando la subsistencia de las comunidades en tanto que los bosques son vitales para la práctica de la cacería, uno de los principales suplementos de proteínas a la dieta indígena.

Hoy, luego del saneamiento del territorio, las concesiones ya no están dentro del territorio, pero bordean la parte noroccidental del TIPNIS (Mapa 12) lo que ha incentivado la práctica del “cuartoneo”, en donde las empresas promueven el involucramiento de indígenas para que violando las reglas comunales de gestión del territorio, les permitan acceder a troncos de madera. De hecho las empresas cuentan con diferentes caminos hasta la frontera del TIPNIS, y desde ahí, existen diferentes tramos abiertos, que se cierran por temporadas, pero luego de abren nuevamente. Esta práctica sigue siendo una amenaza para la integridad de los mejores bosques existentes en el TIPNIS y para las formas tradicionales comunales de uso del bosque, el impacto es aún mayor si se tiene en cuenta que la zona en mención es en “donde mayor realización tiene la matriz cultural de ocupación espacial” tradicional de los indígenas y por tanto en donde “mayor impacto puede sufrir en cuanto a las dinámicas de cambio socioeconómico estructural” (SERNAP, 2011: 143).

De acuerdo con el mismo documento que venimos citando del SERNAP la presión de las empresas incluso influencia la forma en que las comunidades organizan su relación con el bosque e incluso “la formación de espacios forestales comunales con desgobierno”, aunque igualmente advierte que en los intersticios hay un espacio para ciertos tipos de “cuartoneo” más satisfactorio a partir de un mayor control de las comunidades sin la presión de las empresas:

Los datos nos muestran que cuando las comunidades indígenas no se encuentran presionadas por la empresa maderera ni la concesión forestal, logran una actividad de cuartoneo satisfactoria, que no rompe con las reglas básicas de asignación de beneficios familiares mediante el uso y aprovechamiento de los bosques intercomunales ( ) Pero cuando las comunidades indígenas se encuentran presionadas por la empresa maderera y la concesión forestal, la actividad del cuartoneo se vuelve una herramienta de disociación social y debilitamiento de las reglas comunitarias e intercomunitarias para aprovechar el bosque (SERNAP, 2011)

5) LA DINÁMICA SOCIO-ESPACIAL LIGADA AL AGRONEGOCIO

Finalmente presentamos la dinámica socio-espacial ligada al agronegocio, que si bien no toca hoy en día directamente las fronteras cercanas del TIPNIS, no es ingenuo pensar en un futuro de expansión/invasión al territorio si tenemos en cuentas las principales características de la forma de reproducción socio-espacial del agronegocio vinculado a la soya. El avance del agronegocio en el continente suramericano sobre tierras indígenas y/o campesinas ocurre de manera categórica, como lo indican diversos estudios (Mançano, 2008 y 2009, Fajardo, 2008; Domínguez, 2005; Urioste y Pacheco 2001). En efecto vivimos un avance del agrobusiness, en sus diferentes versiones, sobre las tierras bajas del continente, y en especial sobre la Amazonia, en donde los proyectos de infraestructura del URSA, que se conectan con la vía que atravesaría el TIPNIS, contempla ya en sus objetivos promover la expansión de los diferentes proyectos agroindustriales. Este conjunto de factores determinan una fuerza de expansión/invasión que no tiene parangón en la historia de los pueblos amazónicos.

Las monoculturas se caracterizan por concentrar la propiedad sobre la tierra, consumir gran cantidad de recursos naturales, en especial tierra y agua, su capacidad para avanzar diversificándose según las características y potencialidades de los lugares (soya, palma africana, caña, algodón, eucalipto, entre otras), pero una característica central ha sido su poder como frente de expansión/invasión avanzar sobre territorios en donde la configuración histórica y legal de la tierra, en principio, se lo dificultaría: los territorios étnicos de propiedad colectiva y comunitaria. Los recursos con los que las monoculturas han conseguido avanzar no pocas veces pasan por las violencias físicas, como en los casos destacados de Colombia y Brasil, u otros tipos de violencias económicas que pueden adoptar el carácter de verdaderas guerras económicas contra el indigenato y campesinato.

En el caso boliviano, la soya y la caña de azúcar son los principales commodities del agronegocio. Tiene su epicentro en Santa Cruz especialmente en el llamado “Norte Integrado”, hoy relativamente lejos, pero en expansión hacia el nororiente y noroccidente, justo en dirección al TIPNIS. La presión desde el eje del agrobusiness de Santa Cruz se complementa con la presión que ya viene de Brasil, en donde las áreas de expansión de la soya ya llegan hasta los límites de las fronteras orientales y nororientales de Bolivia, avanzando desde los Estados de Mato Grosso y Rondonia. Incluso la publicidad de la empresa Syngenta habla de esa área como República Unida de la Soya (incluyendo Bolivia) lo que tuvo implicaciones con la tentativa separatista de la Media Luna entre 2008 y 2009.

EL TIPNIS EN EL MEDIO DE DIFERENTES ESCALAS DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN

Hemos visto entonces una serie de dinámicas socio-espaciales ligadas a economías privadas en desarrollo de diferente tipo, que se viene a juntar con las dos grandes políticas públicas de desarrollo del gobierno para el TIPNIS, una infraestructura (carretera) y una industria extrac -tivista (petróleo). En conjunto conforman todo un bloque de dinámicas socio-espaciales (Mapa 13) en expansión/invasión que se refuerzan mutuamente y con seguridad serán reforzadas con la construcción de la carretera, cumpliendo los objetivos de la URSA. Si bien todos estos frentes son amenazas para el territorio del TIPNIS, el debate en el marco del conflicto entre gobierno y comunidades, se ha concentrado en los campesinos andinos colonizadores, “cocaleros”, en tanto que no solamente son quienes más fuertemente han invadido, afectado la vida y medio ambiente de la zona sur del TIPNIS en la actualidad, sino que también son la base social principal del gobierno de Evo Morales, quien proyecta con ahínco la carretera, para los habitantes del TIPNIS. La máxima expresión de las tensiones territoriales en el TIPNIS se da en el hecho de que en un territorio caracterizado por ser ocupado por “hombres de ríos” sobre el Isiboro y el Secure, el gobierno propone una integración por carretera.

Sin embargo las dimensiones del involucramiento del TIPNIS a los procesos espaciales del capitalismo deben pensarse en múltiples escalas, desde actores que hablan y se afirman desde esas escalas (Por-to-Gonçalves, 2001). En el TIPNIS tenemos un proceso geopolítico continental materializado en los “ejes de integración y desarrollo de la URSA que determina involucrar a los espacios amazónicos al capital y en donde el Estado cumple una gran función de acompañar su ordenamiento espacial.

3 El Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, establece la po-sibilidad de delimitar Áreas de Manejo Especial -AME- para la administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. Según el Código estas AME pueden ser de cinco categorías: (1) Área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, (2) Distrito de Manejo Integrado, (3) Área de Recreación, (4) Cuenca en ordenación y, (5) Distrito de conservación de suelos. Cada una de estas categorías de protección, presenta restricciones al uso, el aprovechamiento y la tenencia de la tierra. Sin embargo un área de manejo especial no es una categoría de protección en sí misma, sino un concepto que reúne dentro de sí varias posibilidades de protección (Ponce, 2005) ↵

El AMEM ocupa el 41,88% del territorio del departamento del Meta y 10% del Guaviare. ↵

Los Resguardos Indígenas, son una figura creada en la Ley 160 de 1994, que reconoce formalmente el derecho a la tierra de las comunidades indígenas, a través de un título de propiedad colectiva. ↵

6 En los asentamientos indígenas aún no se ha hecho reconocimiento legal, a través de un título de propiedad colectiva. ↵

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 para lograr el objetivo propuesto de crecimiento económico sostenido y la generación de empleo, identificó la necesidad de dar fuerza a cuatro sectores de la economía que ha llamado locomotoras, estas las define como sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía: (1) sector minero-energético, (2) infraestructura de transporte, (3) agropecuaria y (4) vivienda. ↵

Viloria de la Hoz, J. , Ibid. ,p.78 ↵

Campetrol, 2009 "La producción de los distintos tipos de crudo en Colombia." EN Bena- vides, J. El desarrollo económico de la Orinoquia. Como aprendizaje y construcción de instituciones. Debates presidenciales. 2009 ↵

Respecto de la cifra nacional actualmente hay una discusión en relación con la veracidad de los datos proporcionados para el año 2012.Según ellos se presentó una disminución del 25% en los últimos dos años, pasando de 64.000 en el 2011 a 48.000 en el 2012, lo que aumenta el promedio de disminución anual que estaba entre el 8% y 11%, lo cual no parece lógico si se tiene en cuenta que hubo una disminución en las hectáreas fumigadas así como en el área en la cual se realizó erradicación forzada. ↵

Los municipios que corresponde a la Altillanura son los de Puerto López, Puerto Gai-tán, Mapiripán en el departamento del Meta; y Cumaribo, Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía en el departamento del Vichada. ↵

12 El Eje Andino URSA contempla cuatro conexiones transversales que articulan a Colombia y Venezuela: el Eje Norte comunica la Costa Caribe con Maracaibo; el segundo Eje hace tránsito por Cúcuta, Santander y Norte de Santander y el centro del país; el tercer Eje comunica Venezuela y Colombia por Arauca y el piedemonte llanero y el cuarto Eje comunica los dos países y los océanos por la Orinoquia, buscando acceder al Pacífico, por Buenaventura. ↵

La Violencia es como se denomina al período histórico de Colombia en el siglo XX, de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, y que inició en 1948 con la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y tuvo lugar hasta 1966. ↵

El primer nivel de organización campesina se ha entendido como el de la vereda, que se organiza a través de la Junta de Acción Comunal, JAC. El segundo nivel son asociaciones que reúnan un grupo de veredas y de JAC. El tercer nivel son asociaciones o corporaciones que reúnan dos o más asociaciones de las del segundo nivel. ↵

Manifestación realizada en la reunión del 30 de mayo del Grupo Gestor del AMEM en Villavicencio, Meta. ↵

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que establece el derecho a la consulta previa fue aprobado mediante la Ley 21 de 1991. Hoy tiene el status de derecho fundamental declarado por la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-039 de 1997. Según dispone el Convenio 169, las colectividades deben ser consultadas antes de tomar cualquier decisión que pueda afectarles directamente, o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios. Mediante la consulta se busca garantizar el derecho a la participación, lograr el acuerdo con la comunidad, y proteger su integridad cultural, social y económica ↵

El Plan de Consolidación Integral -PCI- fue puesto en marcha a través de la Directiva Presidencial 01 de marzo de 2009. Las zonas priorizadas para el desarrollo de Planes de Consolidación Integral son Macarena, Río Caguán, Nariño, Córdoba, Bajo Cauca An-tioqueño, Buenaventura, Montes de María, Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó. Los PCI implican el desarrollo de tres fases : la primera de recuperación -de zonas rojas-, cuyo objetivo es la seguridad territorial con una alta intervención militar; La segunda de transición -zonas amari¬llas- en áreas que están bajo el control territorial y en las cuales se inician actividades de desarrollo económico y se búscala atención de otras instituciones del Estado; Le tercera de consolidación -zonas verdes- son áreas estabilizadas, con mayor intensidad en el esfuerzo político y social. ↵

Las zonas priorizadas para el desarrollo de Planes de Consolidación Integral son Macarena, Río Caguán, Nariño, Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Buenaventura, Mon¬tes de María, Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó. ↵

Buena parte de la información aquí presentada se apoyan en los trabajos de la socióloga boliviana Sarela Paz, quien es una de las investigadoras que mejor conoce la región y sus procesos sociales, a partir de su experiencia de décadas con las comunidades del TIPNIS. Par esta investigación le realizamos una entrevista en profundidad a Sarela el 7 de julio de 2013. ↵

Una aclaración necesaria. En Bolivia los cultivos de coca no están prohibidos como en Colombia. El consumo de hoja de coca ha sido defendido por los bolivianos como parte de los elementos milenarios de las culturas andino-amazónicas. No obstante en Bolivia se sabe que la coca sembrada en los Yungas, zona norte de La Paz, es la coca para el consumo tradicional interno, mientras que la coca del Chapare, la coca que ha venido extendiéndose e invadiendo el territorio de TIPNIS, es la coca que se destino para los mercados internacionales de cocaína. ↵

El poder económico es evidente, el poder político está representado en la figura de Evo Morales, quien tiene su principal base social en los cocaleros de esta región y continúa siendo el presidente "honorífico" de la confederación de cocaleros. El poder militar no solamente consiste en el poder armado, sino que sectores de seguridad bolivianos están fuertemente presionados por el narcotráfico. ↵

Según la Ley INRA, numeral 5 (art. 41) es definida como: "los espacios geográficos que constituyen el habitat de los pueblos y comunidades indígenas, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organi¬zación económica, social y cultural, de modo que aseguren su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles". ↵

3. POLITICAS PUBLICAS DE DESARROLLO EXTRACTIVISTA Y TENSIONES TERRITORIALES EN LA AMAZONIA.

Para el análisis comparado de las tensiones territoriales derivadas de la puesta en marcha de políticas públicas de desarrollo extractivista en dos fronteras internas, el Territorio indígena y Parque Nacional Isibo-ro-Sécure en Bolivia y el Área de Manejo Especial de la Macarena en Colombia, se proponen cuatro ejes de análisis, desde los cuales es posible cuestionar la forma en que emergen y se desenvuelven los conflictos territoriales y lo que esto representa para analizar de manera crítica la democracia, la ciudadanía y la justicia social para las territorialidades campesinas e indígenas. Dichos ejes de análisis están atravesados por la perspectiva espacio/temporal, que reconoce que en un mismo espacio se desenvuelven temporalidades diferentes y de manera contradictoria. Un primer eje de análisis evalúa de manera crítica los efectos de la puesta en marcha de las políticas públicas de desarrollo que integran la región al proyecto nacional desde una perspectiva moderno-colonial y que por tanto ignoran las territorialidades pre y re-existentes. El segundo eje de análisis cuestiona el papel del Estado-nación en la (des) articulación territorial, como instrumento que permite dar continuidad al colonialismo interno y que se refleja en la visión de desarrollo sobre la Amazonia Andina. El tercer eje analiza las tensiones entre políticas públicas del Estado que convergen en un mismo territorio, especialmente entre las políticas públicas de desarrollo, las de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y campesinos, y las medioambientales orientadas a la reserva y conservación de recursos naturales. Finalmente un cuarto eje avanza hacia un análisis interescalar de las tensiones territoriales analizadas en los casos de estudio, con el fin de interpretar la reconfiguración territorial que vive la Amazonia Andina y lo que eso significa para las territorialidades indígenas, campesinas que en ella habitan.

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN AL PROYECTO NACIONAL Y LA EXCLUSIÓN DE LOS GRUPOS SUBALTERNOS

Las políticas públicas de desarrollo provenientes del Estado, como hemos visto en los dos casos analizados, han privilegiado el carácter de acumulación de capital con base en la explotación de recursos naturales. Este perfil se acentúa para la Amazonia Andina, ya sea en gobiernos denominados de izquierda/progresistas o de derecha/neoliberales, con lo cual se ha dado continuidad y se ha profundizado la inserción histórica de Suramérica al sistema capitalista moderno/colonial, según el cual a estos países les corresponde el suministro de materias primas basadas en recursos naturales no renovables.

Los Estados-nación colombiano y boliviano consideraban los territorios amazónicos como espacios improductivos y que por tanto poco aportaban al proyecto de desarrollo nacional. Su integración al modelo económico nacional se ha hecho vía el desarrollo basado en la extracción de recursos naturales y de manera más reciente con la agroindustria. Dichas actividades se adecúan por medio de inversiones públicas en infraestructura, de subsidios y préstamos estatales, o vía concesiones mineras y de hidrocarburos. De tal manera que los Estados-nación privilegian el establecimiento del capital, frente a la obligación de asegurar las condiciones materiales para el desarrollo de las territorialidades subalternas. Así los pueblos amazónicos quedan entonces incluidos de manera desigual y marginal en las políticas de desarrollo, pues estas promueven una sola una forma de desarrollo, la capitalista, y por tanto subvalora, invisibiliza y silencia otras economías que garantizan la vida de sus pobladores hace más de 11.000 años, esto es, antes de que se formaran los Estados y el capitalismo mundial. Esto pone en cuestión los principios de igualdad, como valor fundamental de los Estados-nación en relación con sus ciudadanos.

Las políticas públicas de desarrollo de los Estados boliviano y colombiano en el TIPNIS y la Macarena, han consistido principalmente en la construcción de infraestructura que posibilita y refuerza las dinámicas socio-espaciales de expansión/invasión, así como en la concesión para la extracción minero-energética a empresas de capital privado transnacional (Colombia) o capital mixto (Bolivia). Sobre la Macarena adicionalmente viene avanzando el cultivo y transformación de palma africana, que se ha venido consolidando gracias al proceso de concentración de la propiedad, ahora llamado “acaparamiento de tierras” y que se asocia con compras masivas de tierra o arrendamiento de grandes superficies, que están relacionados en muchos casos al uso de la violencia física. De tal manera que la conjunción de infraestructura, extracción minero-energética, agrocombustibles y violencia ha sido la base sobre la cual el capital se asienta en la Amazonia y que constituye tensiones territoriales con las formas campesinas e indígenas de organización territorial.

El caso colombiano se diferencia del boliviano, en cuanto ha sido fundamental el uso de la violencia física por parte del Estado con el fin de adecuar la región para la puesta en marcha del proyecto de desarrollo extractivista. De tal manera que en Colombia se ha venido generando un consenso sobre la necesidad de pacificar para integrar, para lo cual se han implementado diferentes planes de seguridad, como ya se mencionó, el Plan Colombia, el Plan Patriota, y de manera más reciente el Plan de Consolidación Integral. Este último toma la Macarena como “laboratorio” de una estrategia de pacificación que actualmente se desarrolla en otras regiones del país también consideras como violentas y que se estarían articulando al proyecto de desarrollo, como la zona del Catatumbo, donde también hay importantes iniciativas de hidrocarburos. Así violencia y desarrollo incluyen regiones y excluyen territorialidades campesinas e indígenas.

En Bolivia si bien el Estado no ha hecho uso de la fuerza en la magnitud que se ha hecho en Colombia, las políticas de implementa-ción del desarrollo extractivista no han estado exentas de violencia. La VIII Marcha indígena que se colocaba en contra de la construcción de la carretera en el TIPNIS, y en la cual participaban mujeres, niños, ancianos y en general un nutrido y diversificado grupo de indígenas, fue intervenida militarmente con un alto grado de violencia. A ésta intervención se le ha denominado en Bolivia el caso “Chaparina” que aún no ha sido aclarado judicialmente. A esto se suma la creación por parte del gobierno de organizaciones paralelas a las organizaciones indígenas legítimamente constituidas, estrategia que busca la división y debilitamiento del movimiento social indígena. Además a los líderes opositores a los proyectos de adecuación extractivista del TIPNIS se les han iniciado procesos judiciales que solo demuestran una grave persecución de la oposición indígena. Igualmente el gobierno ha colocado a los militares como la punta de lanza del desarrollo nacional, y son ellos quienes organizan los re-poblamientos e inversiones estratégicas para integrar las regiones al proyecto nacional. En el TIPNIS ésta estrategia ha significado la militarización del territorio indígena por medio de los denominados “cuarteles ecológicos” una acción de fuerza que intimida internamente las oposiciones al proyecto de desarrollo extractivista planeado sobre ese territorio.

Tanto Colombia como Bolivia han caído en la “ilusión desarro-Uista” que señala Svampa (2012), según la cual la reprimarización de las economías acortaría la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades.” Esta ilusión desarrollista es promovida por un discurso que coloca el desarrollo como la posibilidad de salvar a aquellas comunidades del “atraso”, llevando el progreso. Poco a poco se va generando un consenso sobre los beneficios que esas actividades minero-energético de carácter extractivo traerían, como trabajo remunerado, interconexión eléctrica, vial y de comunicaciones, mejor acceso a servicios de salud y educación. Sin embargo en balances hechos por las mismas comunidades, la mano de obra es mayoritariamente traída de fuera de las comunidades y esos proyectos generan una “sensación de progreso” por un período determinado, sobre todo por la dinamiza-ción del sector de servicios y comercio, como suelen hacerlo las “bonanzas” en la Amazonia, pero que al final genera nefastas consecuencias al facilitar y acelerar la articulación de la región al proyecto nacional de desarrollo, con sus componentes de profundización de relaciones de poder de carácter moderno/colonial.

Este modelo ha traído consigo rupturas en los sistemas de conocimiento, de relacionamiento y en consecuencia de las prácticas agrícolas, pecuarias y culturales, pues al tiempo que articula desde arriba a través de infraestructura vial y energética, desarticula culturas y formas de vida desde abajo. Así se han fragmentado vastos territorios indígenas y campesinos, y se han reducido a espacios delimitados bajo figuras contenidas en las legislaciones nacionales, resguardos indígenas, reservas campesinas para el caso colombiano, cuyo constitución y consolidación hoy se encuentra suspendida, y tierras comunitarias de origen para el caso boliviano.

A pesar de que los Estados colombiano y boliviano han avanzado en el reconocimiento constitucional de estas territorialidades que sustentan otras formas de vida, en Colombia bajo la fórmula del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y en Bolivia bajo la fórmula más audaz de Estado Plurinacional Comunitario, en las políticas públicas de desarrollo que recaen sobre territorios de frontera, la nación sigue siendo unitaria y mono cultural, y continúa reproduciendo los viejos discursos de desarrollo, integración, crecimiento y progreso.

Los Estados colombiano y boliviano continúan entonces en deuda con las territorialidades campesinas e indígenas y su reconocimiento como sujetos de derechos colectivos e individuales, para que sean integradas como ciudadanías rurales diferenciadas plenamente reconocidas. Esto no se puede limitar a un reconocimiento en el texto constitucional, sino que implica una tarea de transformar estructuralmente el Estado, sus discursos y sus prácticas, que se reflejan en las políticas públicas de desarrollo, o mejor, de buen vivir, para incorporar el nuevo léxico político que emerge desde los indígenas. Implica un respeto en términos de igualdad de ciudadanía democrática hacia las diferencias, esto es, un respeto a las otras economías, políticas, culturas e epistemes basados en el lugar. Son cuestiones que se deben tomar en cuenta para que no se continúe imponiendo una escala, la escala del proyecto de nación, hoy actualizada a la escala del proyecto continental y global, que reproduce el capitalismo y la colonialidad/modernidad sobre los territorios y poblaciones históricamente subalternizadas.

3.2 EL PAPEL DEL ESTADO-NACIÓN EN LA (DES) ARTICULACIÓN ENTRE CAPITAL, TERRITORIO Y SOCIEDAD

El desarrollo en la Amazonia se caracteriza por un marcado desequilibrio de las fuerzas actuantes. El Estado a pesar de contar con las herramientas normativas e institucionales, lejos de colocar en sus prioridades la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, frente al avance de las dinámicas socio-espaciales de la agroindustria, las iniciativas minero-energéticas y de infraestructura, se constituye en verdadero gestor de las acomodamientos espaciales, sociales y políticos necesarios para el avance y profundización de relaciones capitalistas sobre las territorialidades preexistentes. ¿Si el Estado es el viabilizador de la llegada del capital sobre las territorialidades otras, cómo pensar en democracia, ciudadanía y justicia social y cognitiva para las territorialidades indígenas y campesinas, cuándo no son reconocidas como iguales dentro del Estado-nación?

La razón del capital invisibiliza/invialibiza y silencia estas territorialidades al colonizarlas, y en esa medida las convierte en subalternas. Como ya fue señalado los reconocimientos constitucionales en Colombia y Bolivia, deberían significar un reconocimiento de estas otras colectividades (etnias, pueblos, naciones, campesinidades), para que los planes de desarrollo nacional no signifiquen la destrucción de los planes de vida de estas comunidades, existentes y en permanente actualización desde hace más de 11.000 años (Porto-Gonçalves, A URSA e a Amazonia. COICA. Inédito). Sin embargo vemos que si bien los planes de desarrollo colombiano y boliviano parten de referentes teóricos opuestos, como la inclusión en el PND boliviano del debate descolonial en su argumentación, en la parte ejecutiva acaban reproduciendo los mismos discursos y prácticas del Estado desarrollista, basado en el crecimiento y la modernización. En Bolivia se han intentado introducir discusiones críticas frente a la colonialidad de las políticas desarrollis-tas, sin embargo la inercia del Estado y el capital determinan que el gobierno no consiga dirigir el rumbo económico del país por una experiencia alterna a la explotación de la naturaleza y los seres humanos del capitalismo. Como si los “sistemas de objetos” fuesen variables independientes de los “sistemas de normas” en conceptos de Milton Santos, o como si las fuerzas productivas fuesen una variable independiente de las relaciones de producción, en el lenguaje conceptual marxista.

Los ordenamientos territoriales propuestos y desarrollados por los Estados colombiano y boliviano buscan integrar estos espacios amazónicos a las dinámicas económicas dominantes, a través de la puesta en marcha de políticas que buscan integrar a la región por medio de vías de comunicación, que hacen viable la expansión de economías dominantes sobre las selvas suramericanas como la agroindustria, las concesiones directas para minería y extracción de petróleo, anclando y/o profundizando el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y que caracteriza la “integración” de muchas regiones a sus Estados-nacionales.

Estos proyectos de integración y desarrollo contienen temporalidades, espacialidades y prácticas sociales, económicas y técnicas, desde una escala nacional/global, que proyectan ordenar estos territorios, pero que significan un desordenamiento territorial de las formas de vida de las comunidades locales. La imposición de una escala sobre otra, significa la imposición de los actores que se reafirman desde esa escala, en este caso, las grandes empresas transnacionales o las elites nacionales integradas al capitalismo mundial. Estas poblaciones se ven confrontadas con una contradictoria política estatal: por un lado el Estado tiene un discurso que hace alusión a derechos, ciudadanía, democracia y justicia social, pero de otro lado viabiliza la territoria-lización de las dinámicas socio-espaciales del capital que significan explotación/exclusión/dominación sobre las comunidades, afectando derechos ya reconocidos por el propio Estado. Todo indica que el Estado juega más del lado del desarrollo del capital, que del desarrollo de la democracia, la ciudadanía y la justicia social.

Tanto las comunidades indígenas del TIPNIS como las comunidades campesinas e indígenas de la Macarena han construido en su habitat formas de organización territorial que vienen siendo inviabilizadas por la llegada de dinámicas socio-espaciales ligadas a economías en expansión/invasión. Los derechos económicos sociales y culturales de estas poblaciones se ven infringidos por el accionar del Estado y el capital. Dar continuidad al proyecto colonizador ha significado invisibilizar y silenciar territorialidades otras, y por tanto un desconocimiento a la diversidad contenida en el proyecto de nación, lo cual determina grandes limitaciones para una democracia y justicia social real. Así como Santos (2008: 110) señala que “no hay justicia social sin justicia cognitiva global”, nosotros afirmamos aquí que no podrá haber justicia social y justicia cognitiva sin justicia territorial.

Colombia y Bolivia, usando la expresión de Aníbal Quijano (2000), serían los “imposibles modernos Estados-nación”, pues han rearticulado la colonialidad del poder sobre otras bases institucionales, imponiendo un ordenamiento territorial sobre la región amazónica y por tanto negando/ocultando/unificando la diferencia que en ella subyace entre indios, negros, campesinos y en general los ciudadanos amazónicos. “Al final, el Estado es una construcción socio-espacial delimitada por y a partir de relaciones de poder (Souza, 1995), donde se afirman una serie de instituciones, normas, leyes, reglas, en fin un conjunto de relaciones políticas y económicas que, ellas mismas, delimitan un espacio. Todavía, es preciso considerar que un mismo Estado contiene siempre, territorialidades distintas (Gonçalves, 2001a) e conflictivas. El Estado (y su territorio) es así, una identidad de contrarios en la medida que, siempre, abriga múltiples territorialidades – la que-ahí-está y las posibles a partir de lo que ahí está (Tramontani, 2003: 16).

3.3 TENSIONES ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO QUE CONVERGEN EN UN MISMO TERRITORIO.

En los espacios del TIPNIS y Macarena confluyen diferentes políticas públicas del Estado, con diferentes intencionalidades y que son contradictorias, especialmente resaltamos las políticas públicas de desarrollo, las de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y campesinos, y las medioambientales orientadas a la reserva y conservación de recursos naturales. Otras son complementarias a ese proyecto de desarrollo, como las de seguridad y defensa nacional.

Antes de ser legalmente reconocidos los territorios indígenas y campesinos en lo que hoy se conoce como el TIPNIS y la Macarena, estás áreas fueron declaradas como de protección, la primera en 1965 y la segunda en 1948. En el TIPNIS sólo hasta 1990 serían declarados las tierras comunitarias de origen. Por su parte en la Macarena el reconocimiento de los resguardos indígenas sólo se dio hasta después de la década de los noventa cuando la población indígena representaba sólo el 1% del total de la región, pero en la cual se daría inicio también a la constitución de zonas de reserva campesina.

Así, áreas ya ocupadas por comunidades indígenas y campesinas, fueron reservadas primero para la conservación, dando nuevas sentidos a esos espacios geográficos y por tanto influenciando prácticas institucionales, así como campesinas e indígenas. Vale la pena cuestionar para qué y para quién se conserva. Pues esos territorios reservados para la conservación, que en otro tiempo fueron territorios indígenas y campesinos, hoy están siendo amenazados por las dinámicas espaciales minero-energéticas, de agroindustria, de los cultivos de coca y la ganadería, que encuentran sustento en las políticas públicas provenientes del mismo Estado que de manera contradictoria promueve conservación y explotación sobre los mismos territorios sin consultar a sus pobladores, incluso siendo Estados voluntariamente signatarios de convenios internacionales que los obligan a eso, como el Convenio 169 de la OIT y la Convención de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007.

Si bien la normatividad ambiental tanto en TIPNIS como en Macarena es restrictiva y excluyente de los usos productivos, la gestión estatal para la aplicación de esa normatividad ambiental no se compadece con la exigencia de la ley. Así, en la Macarena sobre áreas que de acuerdo con la normatividad están destinadas a la preservación, se están desarrollando iniciativas mineras, de ganadería y plantación de coca, estas dos últimas también en los parques nacionales naturales. Lo mismo ocurre en el TIPNIS donde se han concesionado áreas para exploración y explotación petroleras por parte de Petrobras y Petroandi-na. En ambos casos se ha proyectado infraestructura vial por parte del Estado, o se han consolidado vías ya existentes, para articularlos a las dinámicas socio-económicas de desarrollo que van ganando espacio en estas áreas.

¿Para quién o para qué el Estado ha reservado esas áreas de conservación? Así se pone de presente el desequilibrio de la acción del Estado, de un lado se cuenta con un aparato institucional débil que buscan reservar para conservar, y de reconocimiento de las territorialidades indígenas y campesinas; de otro un aparato institucional fuerte que busca superar esas barreras normativas de la conservación y el reconocimiento territorial indígena y campesino, a cualquier costo para integrar espacios geográficos al proyecto de desarrollo nacional/global.

Las políticas de desarrollo de carácter extractivista han prevalecido también sobre las de reconocimiento de territorios indígenas y campesinos, con lo cual evidencian la afectación a la democracia, como valor central de los Estados-nación. Para el caso colombiano los proyectos de desarrollo han avanzado sobre territorios de comunidades indígenas aún cuando éstas tienen reconocido el derecho constitucional a la consulta previa. El caso campesino es más dramático pues al no tener garantizado el derecho a la consulta previa las dinámicas socio-espaciales de ganadería, palma de aceite e hidrocarburos han venido avanzando, trayendo entre otras consecuencias la de concentración de tierras, el desplazamiento forzado y la destrucción de la diversidad.

En Colombia las políticas de seguridad se han puesto al servicio del proyecto de desarrollo. De tal forma que las áreas que no han sido integradas al proyecto de nación, bien sea porque no se apreciaba hasta ahora su potencial productivo o porque habían sido territorios en disputa entre el Estado y ejércitos de guerrillas, hoy están siendo pacificadas a través de políticas de seguridad que usan la violencia física como su principal instrumento de dominación, como es el caso del Plan de Consolidación Integral.

Así los Estados con el poder de producir normas para conservar o para promover proyectos de desarrollo, y como detentores del uso de la violencia física, han logrado imponer un proyecto de desarrollo sobre la región amazónica, aquel basado en la extracción de recursos naturales y que incluso se imponen sobre otra visión, también del Estado que pretende legislar para conservar los recursos naturales. Se confirma entonces que la producción normativa en términos de políticas públicas de desarrollo ha estado orientada por una visión hegemónica sobre los territorios y las territorialidades que ha privilegiado la territorializa-ción del Estado y el capital, sobre la territorialización de los campesinos e indígenas, pasando por encima de normatividades ambientales o de derechos ciudadanos para sacar adelante ese proyecto homogenizador.

3.4 EL ANÁLISIS INTERESCALAR DE LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA AMAZONIA ANDINA.

Consideramos que lo que ocurre en La Macarena en Colombia y en el TIPNIS en Bolivia son procesos que nos muestran las dinámicas más regionales y continentales de integración de la Amazonia Andina al desarrollo del capitalismo moderno/colonial, que constantemente necesita reestructurar sus bases espaciales para reproducirse (Harvey 2007) y que ve hoy en la Amazonia un gran espacio para expandirse. Procesos similares hemos evidenciado en la amazonia peruana y ecuatoriana, y obviamente en donde más se ha avanzado en esta integración de la Amazonia a las dinámicas espaciales y sociales del gran capital: Brasil. Los procesos históricos de colonización, tanto de la corona española como de los Estados-nación, sobre la actual Amazonia colombiana y boliviana deben verse de manera diferenciada en tanto que ocurrieron con intensidades y formas diferenciadas. La Macarena ha tenido un avance de los procesos de colonización mucho más intenso que el del TIPNIS y eso marca diferencias en su configuración actual: en el caso de La Macarena se encuentra mayoritariamente habitada por campesinos migrantes y/o expulsados de otras regiones y los indígenas se encuentran reducidos y marginalizados a pequeños resguardos. En Bolivia el peso del sector indígena es mayoritario a nivel nacional donde se mantiene una presencia milenaria de los indígenas que habitan esta región y que aún controlan aproximadamente el 90% de ese territorio.

No obstante estas diferencias históricas, las dos regiones se encuentran hoy en un proceso similar de integración y desarrollo vinculado a los planes geoestratégicos de desarrollo para la Amazonia Andina. A pesar de las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos de Bolivia y Colombia, sus políticas públicas de desarrollo acaban integrando esta región y sus pueblos a las dinámicas del capitalismo, con todos los efectos sociales, ambientales y políticos que esto supone. En efecto la Amazonia Andina viene cobrando un papel protagónico para la expansión del capital y la integración de los mercados suramerica-nos, pero con una fuerte relación con los procesos de reestructuración del capitalismo mundial, como el cambio del eje central del capitalismo del Océano Atlántico al Océano Pacífico, a partir del crecimiento de la economía China y la necesidad de Brasil de buscar una salida hacia los puertos suramericanos sobre el Pacífico. Toda esta reconfiguración del capitalismo mundial y suramericano recae hoy sobre la Amazonia andina. Y las políticas públicas de integración y desarrollo, basadas en la construcción de infraestructura y viabilización de extracciones minero-energéticas, de Colombia y Bolivia hacia sus respectivas amazonias resultan compatibles con las necesidades que demanda la reconfiguración del capitalismo en sus múltiples escalas.

La Amazonia Andina es hoy un inmenso espacio de cerca de 2 millones de km2 que ha pasado en las últimas décadas de ser considerado la periferia histórica de los Estado-nación suramericanos, territorio de frontera, vacío demográfico, espacio a integrar, con inmensos tesoros reservados para la futura riqueza de la nación, a ser considerada como el centro de los procesos de integración suramericana bajo la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Suramérica, URSA, como la base para dar continuidad a la nueva fase de acumulación de capital con base en la explotación de recursos naturales minero-energéticos y la agroindustria. Desde la perspectiva del Estado y del capital, estas obras de infraestructura constituyen la llegada del progreso a la región, para sacarla de su atraso histórico, concepciones que pertenecen a la temporalidad lineal del discurso moderno colonial. Para las formas de vida ancladas en los territorios ya hemos visto lo que significa. Pero esto es aún más grave si tenemos en cuenta la configuración históri-co-geográfica de la Amazonia Andina determinó que se constituyera en un espacio de refugio de territorialidades otras, de ahí su riqueza cultural y de biodiversidad, siendo la región amazónica en donde sus ecosistemas están mejor mantenidos gracias a los modelos económicos indígena y campesino.

La expansión del capital cuenta hoy con diversos aliados para penetrar/invadir las territorialidades de los pueblos amazónicos, ya no solamente el Estado-nación, sino toda una burocracia supranacional en el marco de los planes de integración suramericana vía URSA, como El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSI-PLAN, y La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR; la estrategia estadounidense que busca fragilizar esa iniciativa por medio de la Alianza del Pacífico y la presencia cada vez más intensa de China, hoy por hoy el mayor inversionista en ese proceso de exportación de commodities. Para todas estas iniciativas las infraestructuras físicas cumplen su papel logístico en contra de los pueblos indígenas, afroa-meríndios y campesinos. Las instancias nacionales y supranacionales se fortalecen, junto con el discurso moderno/colonial del desarrollo y la integración, y que aquí hemos intentado develar en dos estudios de caso en Colombia y Bolivia, que no solo muestran la ocurrencia de estas tensiones territoriales a nivel local, sino que señalan una profundización a nivel nacional y continental de las dinámicas histórico-geográficas de exclusión y opresión de los pueblos y sus territorialidades. Sin un reconocimiento de la justicia territorial y cognitiva hacia las ciudadanías diferenciadas en nuestro continente, será imposible avanzar hacia procesos de justicia social y profundización de la democracia.

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