Antología del pensamiento crítico argentino contemporáneo / José
Arico ... [et al.] ; compilado por Alejandro Grimson ; Sergio Caggiano ; coordinación general de Alejandro Grimson ; Sergio Caggiano. -
1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2015.

Libro digital, PDF - (Pensamento social latino-americano / Emir Sader, )

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ISBN 978-987-722-111-4

1. Pensamiento Crítico. I. Arico, José II. Grimson, Alejandro, comp. III. Caggiano, Sergio, comp. IV. Grimson, Alejandro, coord. V. Caggiano,
Sergio, coord.

CDD 301

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Pensamiento Crítico / Intelectuales / Pensamiento Contemporáneo / Pensamiento Social / Argentina

Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño

Director de la Colección Pablo Gentili

Coordinacion Editorial Fernanda Saforcada y Lucas Sablich

Diseño de Colección Marcelo Giardino

Producción Fluxus Estudio

Primera edición

Antología del pensamiento crítico argentino contemporáneo (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2015)

ISBN 978-987-722-111-4

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Índice

Introducción

los pensamientos
críticos argentinos

Alejandro Grimson* y Sergio Caggiano**

El pensamiento crítico
clásico y sus tensiones
latinoamericanas

José Aricó

Marx y América Latina*

Juan Carlos Portantiero

¿Por qué Gramsci?*

José Nun

La rebelión del coro*

Ernesto Laclau

¿Por qué los significantes vacíos
son importantes para la política?*

Historizar y pensar
desde América Latina

Tulio Halperín Donghi

Historia contemporánea
de América Latina

Prólogo a la primera edición*

Primera parte

Del orden colonial al neocolonial

Capítulo 1

El legado colonial

José Luis Romero

Latinoamérica

Las ciudades y las ideas

Introducción*

Alcira Argumedo

Las matrices del pensamiento
teórico-político*

Trabajadores y trabajadoras argentinos

Juan Carlos Torre

Ensayos sobre
movimiento obrero y peronismo

Introducción

Mirta Zaida Lobato

Historia de las trabajadoras
en la Argentina (1869-1960)

Introducción

Historia de las trabajadoras
en la Argentina (1869-1960)

Epílogo

Transformaciones
en tres temas

Guillermo O’Donnell

Antecedentes teóricos
e históricos para el estudio del
Estado burocrático autoritario

Elizabeth Jelin

Las luchas políticas
por la memoria

Dora Barrancos

Transición democrática
y traspié neoliberal

Avances (y algunos retrocesos)
de los derechos femeninos

Pensamiento
económico crítico

Aldo Ferrer

Crisis y alternativas de la política económica argentina

Prólogo*

Crisis y alternativas de la política económica argentina

La economía política del peronismo

Crisis y alternativas de la política económica argentina

La economía política del liberalismo

Jorge Schvarzer

La práctica de la
política económica*

Cultura y comunicación

Héctor Schmucler

Ideología y optimismo
tecnológico*

Beatriz Sarlo

Intelectuales

Néstor García Canclini

Las culturas populares
en el capitalismo

Introducción a la edición de 2002*

Incisiones desde el sur

Rodolfo Kusch

Una lógica de la negación
para comprender a América

Arturo Jauretche

Las pautas del “medio pelo”

Horacio González

Filogenia Argentina

Oficios de una política nueva

Sobre los autores

Sobre los antologistas

INTRODUCCIÓN

LOS PENSAMIENTOS
CRÍTICOS ARGENTINOS

Alejandro Grimson* y Sergio Caggiano**

El pensamiento crítico argentino producido en los últimos cincuenta años está atravesado por su heterogeneidad. Diversas pluralidades o escisiones específicas de la Argentina se entrecruzan con las huellas que marcaron direcciones divergentes. Cuando comenzamos a elaborar esta compilación nos propusimos evitar tres riesgos. Primero, escoger una tradición de pensamiento crítico desplazando a las otras, con lo cual este libro hubiera sido la antología de una perspectiva específica en pugna con otras, más que el intento de tener una visión abarcativa e inclusiva. Hubiera sido considerar exclusivamente como “crítico” a un sector delimitado de dichas divergencias: el pensamiento que se considera nacional y popular, el pensamiento llamado socialista, otros posmarxismos, el americanismo, el feminismo o cualquier otra vertiente. Son vertientes, afluentes de los pensamientos críticos, en plural. Afluentes atravesados de modos disímiles por Marx, por Gramsci, por los pensamientos críticos europeos, por las ideas de Argentina y de América Latina. Y que, a su vez, atraviesan esas tradiciones.

Segundo, caer en una visión evolucionista de la teoría y el análisis social, estructurando una “narrativa” que le otorgue homogeneidad a aquello que no lo tiene. Una narrativa que clasifique en términos evolucionistas los aportes, como si al final hubiera una verdad revelada, implicaría la fabricación de una teleología de la crítica. Ciertamente, esa narrativa podía también ser inversa, un relato de la decadencia del pensamiento, pero así dejaríamos el evolucionismo para adoptar el involucionismo.

Por ello, con las limitaciones que supone cualquier selección, esta antología se propone abarcar y ofrecer muestras contundentes de dicha heterogeneidad. Una compilación crítica no podría aprisionar dentro de un esquema o tipología predefinidos un pensamiento que desborda fronteras, que bebe de tradiciones múltiples y reelaboradas. Abandonada la presunta teleología, la crítica se caracteriza por sus expansiones contradictorias, sus tensiones inherentes, sus contrapuntos enfadados, pero no por ello deja de dibujar un territorio compartido cuando es considerada en relación con los otros: el territorio de la crítica.

¿De qué es “crítico” el pensamiento crítico? Es crítico de las apropiaciones desiguales e injustas de todas las formas de la plusvalía, desde las propiamente económicas hasta las expropiaciones simbólicas ancladas en formas de producción, regímenes económicos, modelos o sistemas políticos. Es crítico de los pensamientos naturalizados de los dispositivos hegemónicos, es decir, de las figuraciones culturales que legitiman asimetrías y ocultan las relaciones de poder sobre las que se sustentan, que convierten diferencias en desigualdades y construyen desigualdades como diferencias. Asimismo, de las construcciones teórico-metodológicas con pretensión de neutralidad técnica, y del tráfico de supuestos que descripciones presuntamente asépticas proponen como datos indiscutibles. Ahora bien, el pensamiento crítico también es crítico de los sentidos comunes de quienes buscamos enfrentar esas hegemonías. No se trata de equidistancia alguna: el pensamiento crítico toma partido, pero no cree –y vaya si tiene motivos para ello– que de la toma de partido se derive alguna verdad o alguna obviedad indiscutible, alguna religión intocable, alguna palabra que ya lo haya resuelto todo. Y es preciso, al mismo tiempo, recorrer este camino en otra dirección: la producción de conocimiento tampoco podría ser garantía absoluta para la toma de partido, a no ser que busquemos (una vez más) fundar una decisión en una “verdad” que habríamos sido capaces de revelar. Además, las vidas de todos nosotros, incluyendo intelectuales, miembros de movimientos sociales, de organizaciones populares, de izquierda, de sindicatos, feministas, militantes y activistas de otros campos incluyen dimensiones “religiosas”, en el sentido de lugares y personas sagradas, referencias indudables y rituales que no se cuestionan. En este sentido, el pensamiento crítico pretende detectar cuándo los lugares de sacralidad devienen obstáculos epistemológicos y políticos. Porque nunca renuncia a desplazar las fronteras de lo posible y de lo pensable.

El tercer riesgo derivaba de cómo comprender la palabra “argentino” en la fórmula “pensamientos críticos argentinos”. Podía parecer obvio que eran textos escritos por argentinos en la Argentina. Pero esa supuesta “obviedad” implicaba desconocer capítulos decisivos de nuestra historia intelectual, hecha de exilios y migraciones. Por ello, escogimos autores que no solo hubieran nacido en la Argentina, sino que se hubieran formado en ella y que fueran hoy parte inescindible de nuestros debates. Si en el momento de la escritura estaban o no habitando el territorio argentino lo consideramos un hecho contingente, no solo porque hay textos escritos entre varios países, sino porque el exilio y a veces la radicación en Brasil, México o Europa es parte de una historia.

La reposición de esa multiplicidad surge también del convencimiento de que en las disputas y querellas anida la productividad del pensamiento social. Seguramente, puede haber autores/as seleccionados que estarán incómodos en el índice, porque apuntamos a que la antología sea más que una congregación armónica. La selección propuesta trasciende a la vez la mera miscelánea, ya que en el conjunto de los textos escogidos trascurren diálogos, acuerdos y discusiones. Tensiones dentro de cada una de las secciones en que se divide la antología. Y hacia fuera, en líneas de encuentro y desencuentro que van más allá de los temas y los campos específicos. Buscamos que sea posible apreciar esos desencuentros y contrapuntos porque creemos en la vigencia que mantienen los textos y los debates, y en su potencia para generar nuevos interrogantes.

La antología trabaja sobre diversas dimensiones de esa heterogeneidad, comenzando por la pluralidad de tradiciones intelectuales y políticas. Renunciamos en esta presentación a proponer ninguna tipología de dichas tradiciones. Las tipologías pueden resultar útiles siempre y cuando puedan destacarse sus zonas de frontera, sus ambigüedades, sus transformaciones, cosa que excede por completo nuestras posibilidades aquí. Más aun cuando la tipologización, la identificación del propio pensamiento y de las argumentaciones de los adversarios constituye parte de la arena de la disputa intelectual, más atravesada por gestos de menosprecio, acusación o invisibilización de “los otros”, que por reconocimientos apaciguados de perspectivas en debate. Reconocimientos que también los ha habido y aparecen en este libro.

Para quien desconozca estas tipificaciones, mencionemos brevemente que en las disputas del último medio siglo muchas veces se ha propuesto distinguir, por un lado, la tradición de izquierda y, por otro, la del “pensamiento nacional”. Esta oposición se fundaría en el recurrente desafío de comprender los movimientos políticos y sociales alrededor de los “populismos” y, en particular, del peronismo, así como en los lugares otorgados al movimiento obrero, al pueblo o a las organizaciones sociales. Esa misma clasificación, más vigente en la primera etapa de los últimos cincuenta años que en la segunda, se vinculaba a intelectuales “peronistas” o “antiperonistas”, los primeros acusados de seguidismo populista, los segundos de un liberalismo extranjerizante.

En las décadas previas al último medio siglo que toma esta compilación, se iniciaba la obra de intelectuales como Rodolfo Puiggrós o Jorge Abelardo Ramos que provenían de una izquierda marxista que buscó comprender y apoyar críticamente al peronismo. Por otra parte, el momento crucial de la revista Contorno, donde se reunían Ismael Viñas, David Viñas, y escribieron Rozichner, Sebrelli, Kusch, Halperín Donghi, Carlos Correas y Oscar Masotta. En esas escrituras de izquierda puede percibirse una transformación de la interpretación del peronismo, contemporánea de su derrocamiento en 1955.

Si desde 1945 hasta la actualidad se consideran los acercamientos y alejamientos, las identificaciones y las críticas virulentas en torno al peronismo por parte de una buena parte de los intelectuales argentinos, podrían detectarse movimientos pendulares en más de una biografía. Por más que esos movimientos no resulten idénticos y sincronizados, resulta evidente que derivan mucho más de la pendularidad de los significados del propio peronismo que de cambios antojadizos en trayectorias críticas.

Trayectorias que pueden condensarse y observarse a través de revistas político-culturales. Si se da un salto histórico respecto de Contorno podrán analizarse experiencias como Pasado y presente o Los libros. Si se considera a los integrantes del Club de Cultura Socialista y de la revista Punto de Vista, también puede percibirse cómo los matices políticos propios de los años ochenta no encuentran fisiones cruciales en el auge neoliberal, pero implican derroteros divergentes a partir del kirchnerismo. Es cierto que el núcleo intelectual reunido alrededor de El ojo mocho mantuvo posiciones más cercanas, pero si se observan fenómenos más amplios como la revista Unidos podrá constatarse que entre algunos de sus miembros de los años ochenta las divergencias ante el kirchnerismo no han sido pocas ni sutiles. Ni siquiera quienes escribieron en revistas de un marxismo renovado como El Rodaballo, que comenzó a publicarse en los noventa, tuvieron posiciones políticas similares en este siglo. Algo no tan diferente podrá decirse del agrupamiento generado alrededor de la revista Confines.

Esto muestra que las tipificaciones pueden cumplir una función didáctica de fotografías, pero ninguna de ellas tolera el despliegue de la película si se pretenden detectar agrupamientos fijos. Lo que sí puede resultar útil es construir algunas preguntas. ¿Cuál es el peso de Marx, de Gramsci o de otros autores en las diferentes tradiciones críticas? ¿Hasta qué punto sus preocupaciones son acerca de dimensiones argentinas, latinoamericanas o mundiales? ¿Qué conceptos de trabajadores, movimientos sociales, pueblo o partidos consideran? ¿Cuál es la gravitación de tradiciones de la socialdemocracia europea, del bloque soviético en el período anterior a 1989 y cuáles son las concepciones sobre Cuba? ¿Cuáles son sus visiones sobre el iluminismo, el romanticismo o la posmodernidad? Estas y otras preguntas podrán permitir una comprensión de cada una de las posiciones y de sus cambios inexorables a través del tiempo. Sin embargo, no permitirán construir un cuadro sinóptico fiel a las zonas difusas.

Tensiones de otra naturaleza se despliegan en torno a las especificidades disciplinares y los diferentes procesos de institucionalización de las ciencias sociales. El predominio de la sociología, la historia, la ciencia política y la crítica literaria, el difícil lugar de la economía entre las ciencias sociales, el desarrollo relativamente menor de la antropología y el más reciente pero enérgico de los estudios de comunicación y cultura han dejado improntas en la forma y el grado en que ellas han aportado al pensamiento social crítico en Argentina. Asociadas a las anteriores, pero con su particularidad, impactan también las tensiones entre una tradición ensayista, que hunde sus raíces en los orígenes del pensamiento social en la región, y la investigación empírica, que toma singular fuerza en Argentina desde mediados del siglo XX.

Énfasis contrastantes también se encuentran en textos y autores abocados principalmente a la producción teórica, a narrativas históricas, al análisis de la sociedad nacional o latinoamericana. Así, incluimos textos que debaten ciertos conceptos (como hegemonía, sentido común, memoria u otros), realizando aportes que trascienden las fronteras nacionales y regionales, aunque se nutren de problemas y autores diferentes. A la vez, incluimos aportes para narrar historias y problemas latinoamericanos, tanto como incitaciones a reflexionar desde ángulos nuevos para su época grandes dilemas de las sociedades capitalistas y de las construcciones culturales y políticas. Inexorablemente, cada uno de estos textos, en su contexto y más allá de su contexto, produce impactos políticos en el pensamiento crítico.

Asimismo, el clivaje Buenos Aires / provincias, que estructura gran parte de los problemas sociales en el país y los modos en que ellos son comprendidos, necesariamente deja sus huellas en los procesos de producción y circulación intelectual. La distribución desigual de recursos y la valoración desigual de los productos afectan, entre otros, a estos procesos sociales, produciendo una historia de focalizaciones, opacamientos, apropiaciones, mímesis y reinvenciones. Demasiadas veces se toma en el lenguaje coloquial de los argentinos aquello que acontece en Buenos Aires como si sucediera en la dispar Argentina, y ese centralismo no siempre fue asumido, y menos de modo homogéneo, por los pensamientos críticos.

Por último, el sesgo de género, que puede detectarse en la historia intelectual a nivel global, ha tenido inevitablemente sus manifestaciones nacionales. Si es precisamente recién a inicios del período cubierto por la antología que las mujeres comienzan a ingresar masivamente a las universidades argentinas, no sorprende la escasa presencia de autoras entre los más “consagrados”, lo cual refleja aquella desigualdad. Avanzando este período, las cuestiones de género no solo redimensionarán el lugar de las mujeres en la sociedad, sino que llevarán a revisar los sesgos masculinos, cuando no patriarcales, en las preocupaciones intelectuales, en la forma de producir interrogantes y de buscar respuestas. Ello se verá reflejado en la producción de tesis, artículos y libros, así como en la creación de publicaciones especializadas que serán referencia de las problemáticas de género durante las últimas dos décadas y media, como la revista y editorial Feminaria y las revistas Mora y Travesías.

Estas fricciones teóricas y políticas constituyen inquietudes centrales que acompañaron la elaboración de la antología. Todas están a la vista, aunque de manera específica de acuerdo con sus particularidades. Respecto de las divergencias entre tradiciones intelectuales y políticas, sencillamente fueron expuestas apuntando, como señalamos, a la productividad de las disputas. En cuanto a las asimetrías en la representación de autores/as según género, disciplina específica y localización geográfica, el desafío era análogo y la resolución tomada fue común. En cada caso, se trataba de evitar los sesgos históricos (patriarcales, academicistas y centralistas) que podrían llevar a subestimar las producciones de mujeres, de disciplinas menos consagradas y de autores/as de provincias. Pero, al mismo tiempo, la historia real de estas desigualdades de género, disciplinares y geopolíticas había dejado sus marcas en la producción intelectual de estos cincuenta años. ¿Cómo historizar adecuadamente en una selección de textos las relaciones asimétricas entre producciones consagradas y producciones en los márgenes (o marginadas), sabiendo que la propia lógica de consagración resulta de relaciones asimétricas? Asumimos, en el marco de este difícil desafío, que el error inverso de buscar contestar sesgos históricos en una compilación podía resultar no solo falaz sino contraproducente, en la medida en que acabara precisamente ocultando las desigualdades que afectaron la producción intelectual argentina de este período.

Los aportes múltiples y divergentes del pensamiento crítico argentino fueron articulados en seis secciones. Una de ellas recoge redefiniciones e innovaciones teóricas que produjo la lectura de los autores clásicos del pensamiento crítico, fundamentalmente de la tradición marxista, desde el contexto local, nacional o latinoamericano. “El pensamiento crítico clásico y sus tensiones latinoamericanas” reúne, entonces, textos resultantes de un trabajo situado de interpretación de categorías y conceptos claves de dicha tradición, en tensión con el “lugar” desde el que escribía el autor, que fue a veces Argentina y a veces otras zonas de América Latina. También desde esta posición, los textos de la segunda sección, “Historizar y pensar desde América Latina”, se plantean, desde enfoques diferentes, el reto de comprender la historia y los presentes respectivos en términos latinoamericanos. No solamente tomar América Latina como objeto y desenvolver un conjunto de preguntas empíricas, sino también fundar posiciones teóricas y epistemológicas originales desde donde producir conocimiento. Los dos capítulos de “Trabajadores y trabajadoras argentinos” –la tercera sección– retoman un tema clásico de las ciencias sociales, como es la historia de los trabajadores y del movimiento obrero y, abordando el tema desde Argentina, también abordan, desde luego, el peronismo. A la vez, al poner foco en las mujeres trabajadoras, uno de esos textos conecta con la siguiente sección. En ella se proponen, como indica el título, “Transformaciones en tres temas”: el Estado, la memoria social y las mujeres en la historia. En cada uno aparecen nuevamente, por mérito de los/as autores/as y por requerimiento del objeto, rasgos propios de aquellas que pueden considerarse como perspectivas del sur. La quinta sección, “Pensamiento económico crítico”, reúne dos textos que condensan un horizonte crítico para pensar la economía política argentina, las condiciones de su desarrollo, la especificidad de sus desigualdades y de las vías para combatirlas. Al hacerlo, dialogan con aspectos estructurales de las economías latinoamericanas. En la sexta sección, “Dimensiones del análisis cultural”, tres autores/as que ocupan lugares clave en la vertiente latinoamericana de los “estudios culturales” se interrogan por las culturas populares y la convivencia de temporalidades múltiples en las formaciones capitalistas de la región, las tecnologías de la comunicación, sus transformaciones en las sociedades de masas y los usos sociales de las técnicas, las complejas y cambiantes posiciones intelectuales, el lugar del pensamiento crítico y su vinculación con la acción política. Por último, la sección “Incisiones desde el sur” culmina la antología con tres textos que de manera explícita interrogan rasgos nacionales y regionales, elementos que están en las bases simbólicas de la pertenencia nacional, así como de sus exclusiones aparentemente constitutivas –lo cual supone repensar no solo el peronismo sino también el antiperonismo–, las posibles bases epistemológicas para una comprensión latinoamericana de los procesos sociales, los destellos originales que la reformulación de algunas preguntas puede arrojar.

La antología

La selección de textos intentó seguir, en términos generales, los objetivos de la convocatoria de CLACSO y, en esta dirección, apuntó a una variedad de autores/as cuyas obras contribuyeran desde Argentina al pensamiento crítico, democrático y emancipatorio. Las tensiones que motorizan la dinámica de la crítica, tensiones entre tradiciones intelectuales y políticas, entre posicionamientos en el campo intelectual y disciplinar, entre autores/as de Buenos Aires y de las provincias y entre enfoques generizados, operaron a la hora de efectuar la selección. Atravesando estas diferencias, la interrogación por los principales clivajes sociales y políticos, y por la reproducción de desigualdades, por las formas de ejercicio del poder y las resistencias, por la dimensión cultural de la política y la politicidad de la cultura constituyen preguntas y problemas recurrentes, que permiten conexiones visibles o solapadas entre los diferentes textos escogidos.

Todos/as los/as autores/as han desarrollado obras influyentes en Argentina que han circulado también por América Latina y el Caribe y, en algunos casos, por países de Europa y América del Norte. Durante el período que cubre la antología, con la excepción de las etapas en que el país soportó dictaduras, la universidad argentina reservó un lugar importante al pensamiento crítico. Desde allí, entonces, muchos/as de estos/as académicos/as han producido aportes en diálogo con la política, los movimientos sociales y otras organizaciones. Al mismo tiempo, por fuera de la academia o con relaciones intermitentes con ella, otros/as han influido desde espacios diferentes, a través de formaciones menos institucionalizadas como agrupaciones, foros o revistas que alimentaron (y se alimentaron de) la militancia y las intervenciones públicas.

Exponer exhaustivamente las razones que justifican la inclusión de cada autor/a y texto es una tarea que excede largamente los límites de esta presentación. Son numerosos y de diversa naturaleza las lecturas y los usos con los cuales seguir aprendiendo de estos textos. Podemos encontrar en ellos conceptos y reflexiones que mantienen plena vigencia para pensar nuestras sociedades actuales o que nos invitan a realizar gestos intelectuales equivalentes, estrategias de interpretación creativa de clásicos de otras latitudes, esfuerzos por desarrollar bases epistemológicas situadas en la realidad de la región, preguntas que rompen con los marcos preestablecidos en las academias metropolitanas. En la enumeración que sigue de las secciones y textos nos permitimos, conscientes de que se trata de nuestra propia lectura, subrayar algún rasgo que nos resulta particularmente sugestivo para acercarnos hoy a cada obra.

La primera sección se titula “El pensamiento crítico clásico y sus tensiones latinoamericanas”. Incluimos allí cuatro autores que han buscado realizar elaboraciones teóricas desde el sur, en tensiones con el pensamiento de Marx y retomando énfasis diferentes de las tradiciones gramscianas. José Aricó se impone como una referencia clave. Junto con otros trabajos, como La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina, “Marx y América Latina” es fundamental para comprender los esfuerzos conceptuales por introducir la tradición marxista y explotar su productividad para pensar la realidad de la región y de la Argentina. Revisando el análisis que Marx hiciera de la figura de Simón Bolívar, Aricó concluye que aquel soslaya la especificidad americana, no pudiendo comprender “el movimiento latinoamericano en su autonomía y positividad propia”, ni apreciar el rol autónomo que el Estado jugó en América Latina en la producción de la sociedad civil, es decir, su papel en la modelización de dicha sociedad. Según Aricó, además, es desde la política que Marx yerra en su interpretación de América Latina y de Bolívar como una suerte de dictador bonapartista. Contextualizando a Marx, Aricó muestra la preeminencia en él de una perspectiva estratégico política por sobre un supuesto sistema teórico sin fisuras que acorralaría sus análisis concretos. De esta forma, Aricó enfatiza la relevancia de la política en Marx al tiempo que tematiza las limitaciones de su consideración de América Latina. Es en los límites de su pensamiento donde nuestro autor encuentra lo que Marx “nos sigue diciendo” y que, tal como declara, puede ayudarnos a evitar las encerronas del pensamiento de izquierda latinoamericano ante los populismos.

Juan Carlos Portantiero, por su parte, es uno de los mayores especialistas en la obra de Antonio Gramsci, y su libro “Los usos de Gramsci” ha marcado un antes y un después en la lectura de este autor desde la región. Portantiero señaló cómo la fragmentación y las condiciones de una obra, también sometida a censura partidaria, habían devenido un “espacio vacío, apto para recibir cualquier contenido”: leninista, frenteamplista, espontaneísta, socialdemócrata… Sus especificaciones de distintas apropiaciones muchas veces contrapuestas, vinculadas no solo a contextos, sino también a opciones políticas, ha repuesto una tensión en una polisemia que tiene límites políticos evidentes. El aporte de Portantiero no deriva de una profundización teórica en abstracto, sino de sus trabajos empíricos y de su involucramiento concreto en la militancia. Son reflexiones eruditas realizadas al compás de la experiencia política.

“La rebelión del coro”, a su vez, es una de las mejores muestras de un análisis político creativo que resulta del diálogo fecundo con textos clásicos de Marx y de Gramsci, a partir de la realidad latinoamericana. Como en otros trabajos de gran relevancia (vgr. Marginalidad y exclusión social), José Nun presenta en este artículo de comienzos de los ochenta una temprana comprensión de las movilizaciones políticas que, conectadas con la cotidianidad, ocupan el centro del escenario, reservado hasta entonces a la figura del “héroe”. Así, la introducción del pensamiento de Wittgenstein se vincula a la cuestión del lenguaje, de lo simbólico para releer el problema gramsciano del sentido común y sus relaciones complejas con otra categoría emergente por aquellos años: la vida cotidiana.

El capítulo “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?”, de Ernesto Laclau, constituye un aporte sustantivo en la larga historia de los usos de Gramsci –“intervenido” esta vez con conceptos y problemas provenientes de la filosofía del lenguaje, el psicoanálisis y el posestructuralismo–, como lo demuestra su apropiación en campos diversos del pensamiento crítico, que van desde la ciencia política a los estudios culturales. En esta interpretación se plasman las preocupaciones recurrentes en toda la obra de Laclau en torno a los nuevos movimientos sociales, las izquierdas nacionales y los populismos latinoamericanos. Comprometido con diferentes procesos políticos que le tocó vivir, sus textos en general, y el seleccionado aquí en particular, superan largamente las coyunturas. La relación hegemónica es propuesta en este texto como aquella en la que un cierto contenido particular logra ser “el significante de la plenitud comunitaria ausente”. Ahora bien, dado que el ser o sistematicidad del sistema que busca ser representado a través de significantes vacíos es constitutivamente inalcanzable, la política es un campo necesariamente abierto. El reconocimiento de que aquella sutura hegemónica es siempre precaria y reversible constituye, para Laclau, el punto de partida de la democracia moderna.

La sección siguiente, “Historizar y pensar desde América Latina”, comienza con un texto extraído de Historia Contemporánea de América Latina, de Tulio Halperín Donghi, y uno de Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, de José Luis Romero. Ambos son textos señeros de la historiografía argentina, y sus autores se encuentran entre los más importantes historiadores del país. Seleccionamos sus aportes para la historia latinoamericana. Puede reconocerse a Halperín Donghi una fructífera rebeldía contra la historiografía convencional. La selección de un fragmento de aquella obra clásica no se debe a que, con justicia, pueda establecerse que se trata de su mayor aporte, dictamen difícil de realizar en este y otros autores de vastísima producción. En cambio, utilizamos aquí el criterio de la excepcionalidad de asumir América Latina como plano de la historización, realizada en esta obra desde un énfasis en la estructura económica dependiente característica del análisis cepaliano de la época. Es una obra dividida en tres grandes períodos, siguiendo la larga duración braudeliana.

Asimismo, Romero, quien fuera su maestro, introdujo la Historia Social en Argentina, particularmente la Escuela de los Annales, además de entablar tempranamente diálogos interdisciplinares, especialmente con la sociología y la economía. Latinoamérica: las ciudades y las ideas es un libro maravilloso justamente por la combinación tan peculiar planteada desde el título. Analizar las transformaciones de los centros urbanos del subcontinente considerando cómo se transformaron sus economías, geografías, poblaciones, sus culturas y mentalidades. Nuevamente, tenemos aquí grandes etapas: el ciclo de las fundaciones, la ciudad hidalga de Indias, la ciudad criolla, la ciudad patricia, la ciudad burguesa y la ciudad de masas.

Desde posiciones intelectuales contrastantes, Alcira Argumedo también procura una reflexión sobre y, particularmente, desde América Latina. En la obra recuperada aquí, Los silencios y las voces en América Latina, analiza variantes de los enfoques eurocéntricos, así como vías posibles para pensar la historia y el presente del subcontinente (y lo hace apoyándose en autores como José Luis Romero y Arturo Jauretche, referencias clave de tradiciones que raramente se leyeron mutuamente). Su punto de partida es la vinculación entre corrientes teóricas, proyectos políticos y patrimonios y experiencias culturales de vastos sectores sociales. El señalamiento de estas continuidades –con rupturas– entre mentalidades, sentido común y teorías implica asumir el carácter situado de cualquier teoría social. Para dar cuenta de estas articulaciones, Argumedo propone la categoría de “matriz de pensamiento”. Estas matrices elaboran y sistematizan modos de percibir el mundo, idearios y aspiraciones de amplios contingentes poblacionales. Pero no se trata de sistemas de ideas que se corresponden con sistemas culturales: las matrices soportan variaciones, préstamos, migraciones e interpenetraciones. En estos entrecruzamientos y retroalimentaciones de fuentes diversas comienza el análisis de las tensiones y fricciones entre diversas formas de saber.

América Latina, horizonte de los textos compilados en esta sección, como tema, objeto y lugar desde el cual se analiza ha constituido uno de los epicentros de las preocupaciones de los pensamientos críticos argentinos. Además de trabajos de otros autores ya mencionados, cabe mencionar la obra de Josefina Ludmer, una de las críticas literarias más reconocidas, quien escribió Aquí América Latina y editó el volumen Las culturas contemporáneas de América Latina, en el marco de una obra más vasta.

Ciertamente, en el plano de los historiadores argentinos muchos otros podrían haber estado incluidos en esta antología. Milcíades Peña fue un autor decisivo que propuso una relectura de la estructura social argentina, de las características de su clase dirigente, y que buscó comprender el peronismo. Enrique Tandeter hizo aportes cruciales para una visión renovada y crítica de la historia colonial. Dora Schwarztein fue protagonista de la introducción en Argentina de la historia oral. José Carlos Chiaramonte renovó el estudio sobre los procesos de independencia y la formación de la idea de nación. Juan Suriano estudió el anarquismo, el movimiento obrero y otros movimientos sociales. Nicolás Iñigo Carrera es reconocido como un autor ineludible sobre la historia de la clase obrera argentina. Horacio Tarcus ha realizado contribuciones clave para comprender la historia del marxismo en Argentina y sus vínculos latinoamericanos. José Sazbón fue protagonista de las lecturas latinoamericanas del pensamiento crítico europeo.

En la sección “Transformaciones en tres temas” hemos incluido innovaciones desplegadas en nuevos abordajes. Estos modos de mirar pueden encontrarse, claro está, en muchas otras cuestiones. Aquí procuramos ofrecer al lector diversidad de objetos y disciplinas que generaran una renovación en temas globales. El aporte de Guillermo O’Donnell a los estudios y análisis sobre el Estado resulta ineludible, y constituye una referencia en Argentina y en el extranjero para estudiar la burocracia y los autoritarismos. El primer capítulo de El Estado burocrático autoritario, que aquí recogemos parcialmente, conserva muchos puntos sugestivos. 1) La idea de que en América Latina las identidades colectivas a nivel nacional se formaron más como “pueblo” que como “ciudadanía”. En el plano político el autor observa que ello trajo implicaciones en el funcionamiento del voto que podrían alentar comprensiones más densas de aquello que muchos observadores han opacado más que iluminado con conceptos como el de “clientelismo”. 2) La no coincidencia de las fronteras entre Estado, sociedad y nación, que se recupera de los estudios de la dependencia. Al insistir en los ribetes que esta no coincidencia tiene a partir de la transnacionalización del capital, O’Donnell señala cómo ello afecta a países de América Latina como Argentina, donde se configuran los mercados internos como ámbitos directos de acumulación de estos capitales. 3) Ligado a lo anterior, el carácter imitativo y transnacionalizante de la estructura productiva y las pautas de consumo en estos países conducen a que las franjas más poderosas de la sociedad desborden el Estado. De esta manera, no pudiendo abarcar en su ámbito a una parte sustantiva de los actores económicamente más dinámicos, “el Estado pierde verosimilitud como síntesis activa de la nación”.

Por su parte, el de Elizabeth Jelin es un trabajo clave para entender, como indica su título, “las luchas políticas por la memoria”, es decir, los trabajos de diversos actores sociales por la construcción, estabilización, desestabilización y reconstrucción de interpretaciones y sentidos sobre el pasado. La superposición de tiempos históricos en América Latina parece enmarcar una dinámica de revisionismos históricos que impugnan las historias oficiales y de revisiones que hacen lo propio con el revisionismo. Al mismo tiempo, el pasado reciente, los regímenes dictatoriales y la violencia institucional han generado diversas políticas de memoria en América Latina, el Cono Sur y Argentina, y los movimientos sociales ligados a ello han llamado la atención a nivel internacional, convirtiendo a la memoria en un tema clave en la región, que ha renovado el modo de estudiarlo en otras latitudes. El texto de Jelin llama la atención sobre aspectos cruciales de los conflictos en torno al sentido y los usos del pasado: la constitución de memorias oficiales, las resistencias a ellas, la emergencia de memorias silenciadas, los cambios políticos, que dan lugar al enfrentamiento de múltiples actores y lecturas, incluso dentro del mismo Estado, el papel de los “emprendedores de la memoria” o el carácter incluyente y excluyente del “nosotros” que logra la legitimidad para recordar.

La cuestión de la memoria también ha involucrado una notable producción crítica en las últimas décadas. Realmente, se trata de decenas de libros. Entre ellos, se destaca la aguda obra de Hugo Vezzetti Pasado y presente, así como la obra de Beatriz Sarlo Tiempo pasado. Una obra de un carácter muy distinto e imposible de incluir en una antología es La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós.

Por último, Dora Barrancos interroga en la historia reciente de la Argentina no solo la pervivencia de rasgos generales de inferiorización de las mujeres, sino también las formas en que se agrieta su sujeción, analizando el papel de movimientos sociales e instituciones específicas en un proceso de múltiples facetas. El fragmento seleccionado da cuenta de avances y retrocesos en las luchas por derechos de las mujeres en la historia reciente, analizando procesos complejos, con alianzas, presiones y transversalidades de mujeres construyendo horizontes comunes desde partidos, organizaciones y sindicatos. La autora subraya la participación de las mujeres en las disputas abiertas por los movimientos de mujeres y feministas, y muestra asimismo su intervención en organizaciones y movimientos sociales de diversa naturaleza, planteando preguntas inquietantes, como aquella en torno a la alta participación de las mujeres en los momentos de crisis y su reposición en los lugares y funciones arquetípicos de la división sexual en los momentos de relativa estabilidad o equilibrio. El trabajo presenta las formas concretas que problemas de la agenda internacional de género, como el “techo de cristal”, la doble o triple jornada y los derechos reproductivos y sexuales muestran en la Argentina de las últimas décadas, con sus avances y sus retrocesos o cuentas pendientes.

Las inquietudes y desafíos de género se multiplicaron en las últimas décadas, particularmente tras la apertura democrática. Desde la sociología, María del Carmen Feijoó estudió las transformaciones socioculturales en los años sesenta del siglo pasado, y Silvia Chejter las políticas públicas. En torno a la política y la violencia política, es insoslayable el aporte de Pilar Calveiro. Desde el ancho campo de la psicología, ligando género y subjetividad, y vinculando estos con problemáticas sociales, los de Gloria Bonder y Ana María Fernández. Eva Giberti, por su parte, estudió familia, violencias domésticas y de género, temas sobre los cuales se detuvo también Elizabeth Jelin. Por otro lado, volviendo al gesto de “traducir” e interpretar del primer apartado, en esta zona teórica y política particular vale reseñar la lectura que María Luisa Femenías, especialista en feminismos iberoamericanos, hiciera de la obra de Judith Butler.

La cuestión de los trabajadores, el peronismo, los peronismos, obviamente, ocupó a buena parte de los intelectuales argentinos. Aquí se presentaron varias dificultades. En términos prácticos era inviable repetir autores, como el trabajo clásico de Murmis y Portantiero, o el artículo que este escribiera con Emilio De Ipola sobre los populismos realmente existentes. También el aporte de Ricardo Sidicaro con su Los tres peronismos. Por otra parte, una cantidad de análisis más cercanos a los acontecimientos podían ser fácilmente comprendidos como estudios peronistas o antiperonistas del peronismo. O, también, análisis marxistas enclavados en una teleología de la “falsa conciencia”, debate que a nuestro juicio ha perdido vigencia histórica. Una pregunta crítica sobre nuestra propia producción intelectual es por qué ha sido necesario que un brillante historiador extranjero como Daniel James nos brindara una obra tan crucial como Resistencia e integración.

En su historización del movimiento obrero, Juan Carlos Torre lee el encuentro de las organizaciones y sus líderes con Perón, reponiendo la contingencia de los eventos que suelen ser anacrónicamente narrados. Recordemos que el peronismo constituye en sí mismo un capítulo central de todos los debates argentinos. Después de mitad del siglo XX, cuando lideraba la nueva sociología científica, Gino Germani planteó que la inmigración ligada a la urbanización generó el surgimiento de una nueva clase obrera, sin tradición sindical, que apoyó masivamente a Perón. La célebre obra de Murmis y Portantiero Ensayo sobre los orígenes del peronismo realizó una crítica de esa visión, realzando el papel de las viejas organizaciones y líderes sindicales, así como la racionalidad de la alianza de estos trabajadores con el nuevo líder. Torre había estudiado “la vieja guardia sindical” y conoce en detalle sus características. Comparte la necesidad de exorcizar las hipótesis del racionalismo obrero, pero señala la necesidad de pensar otra lógica de dicha racionalidad que reúne interés de clase y conciencia política heterónoma. Se trata de la formación de una nueva identidad política por sobre el eclipse de antiguas lealtades. Retoma también el argumento de Daniel James, para quien se trata de las soluciones económicas de Perón tanto como de su reconocimiento simbólico como miembros plenos de una comunidad política. En el texto que publicamos aquí, Torre no solo retoma estos debates, sino que avanza en cuestiones comparativas para interrogarse por qué las Américas en su conjunto “fueron un escenario poco propicio para que arraigaran partidos de clase” como en Europa. Comparar también implica desnaturalizar.

Lobato, por su parte, introduce de modo radical la cuestión de género en su historia de las trabajadoras, desplegando la singularidad de sus trayectorias, inserciones, luchas, desigualdades y protagonismos. A fines del siglo XIX la sociedad argentina estaba en plena transformación y también las relaciones de género se modificaban. Cambió el modo de habitar los espacios públicos, el hogar, el trabajo. Lobato analiza las experiencias de obreras, amas de casa, enfermeras, empleadas, maestras entre 1869 y 1960. Se pregunta por el papel de las mujeres en el mercado de trabajo, por sus experiencias, sus formas de participación en reclamos y protestas, cómo eran vistas por los varones, por el Estado y por las fuerzas políticas. Se trata también de un proceso de construcción de desigualdades. En ese desarrollo, no solo narra las experiencias laborales femeninas, sus vicisitudes, desafíos y cambios. También apunta lo dificultoso que resultó durante muchos años formular un proyecto de investigación de este tipo. Al mirar de modo generizado y singularizado no solo comprende acciones, hechos, discursos que permanecían borroneados en las narrativas previas, sino que también ofrece una lección de las implicancias de ese modo de mirar y narrar.

Una compilación sobre pensamiento crítico requiere de un capítulo sobre reflexiones económicas construidas desde perspectivas nacionales y regionales con horizontes igualitarios. En América Latina y en Argentina se desarrollaron durante el siglo XX herramientas y categorías económicas para comprender la realidad regional. Los libros La economía argentina o Crisis y alternativas de la política económica argentina, de Aldo Ferrer, son clásicos en esta tradición. Los esfuerzos críticos de este autor, dedicado en las últimas décadas a construir un modelo económico alternativo a las políticas neoliberales, se condensan en dirección a lograr una compresión crítica del sistema económico argentino. En el texto recogido en esta antología, Ferrer analiza el péndulo entre la economía política del peronismo y la del liberalismo. Toma una posición explícita acorde con los objetivos redistributivos del primero. Desarrolla una crítica aguda al liberalismo y señala su ausencia de legitimidad política. En ese sentido, de modo temprano, caracteriza la emergencia del neoliberalismo para fines de la década del sesenta. Pero sobre todo este texto interesa porque se pregunta si los problemas de inflación y la restricción externa son inherentes a los objetivos redistributivos. O si, por el contrario, fueron específicamente la consecuencia de las estrategias aplicadas. Ferrer se inclina claramente por la segunda idea, desplegando una argumentación que, a pesar de haber sido escrita hace más de treinta años, tiene una candente actualidad.

Por su parte, Jorge Schvarzer dedicó por décadas grandes esfuerzos a plasmar en libros, publicaciones periódicas e intervenciones públicas su mirada original y crítica sobre la economía nacional y regional, y se abocó a problemas clave del desarrollo argentino, como el de la deuda externa. En “La práctica de la política económica”, que reproducimos parcialmente, da cuenta de los objetivos, mecanismos y efectos con que intervino Martínez de Hoz desde el Ministerio de Economía de la última dictadura militar. Se propulsó un mercado de dinero de corto plazo y alta liquidez y se destruyeron las barreras para los movimientos de divisas. Convergentemente, el Estado autolimitaba cada vez su función reguladora. El mercado creado introducía inestabilidad en un sistema económico ya desequilibrado. En tal contexto, el equipo ministerial ganaba poder político porque aparecía como el único garante de la “estabilidad”. Estas líneas sintetizan muy apretadamente dos aportes sustantivos de Schvarzer. Por un lado, el autor indica cómo las medidas de Martínez de Hoz hicieron que el mercado financiero pasara a jugar un papel clave y dominante en la economía argentina de entonces y de las décadas subsiguientes. Por otro, al mostrar las vías de acumulación política de este funcionario y su grupo, asociado al pequeño sector social que controlaba el capital financiero, Schvarzer revitaliza la importancia de los análisis de política económica o, para decirlo más claramente, con el título del libro donde originalmente se publicó este artículo, el autor ejemplifica la riqueza de estudiar “la lógica política de la política económica”.

Otros trabajos, de autores como Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, por ejemplo, constituyen análisis insoslayables para comprender las consecuencias de largo plazo de las reformas estructurales que la última dictadura militar introdujo en el país en materia económica. Estos autores y otros como Hugo Nochteff, juntos o por separado, han legado grandes obras sobre la historia económica argentina y las grandes transformaciones estructurales de las últimas décadas.

Hace cincuenta años la televisión comenzaba a convertirse en un fenómeno masivo, y los cambios de estas décadas dan cuenta de transformaciones profundas. No hay pensamiento crítico que eluda estas transformaciones, al tiempo que tampoco lo podrá haber si se fascina con ellas o las analiza desde temporalidades cortas. Esta selección incluye a uno de los pioneros en el pensamiento crítico de la tecnología, como es Héctor Schmucler. A la vez, las transformaciones y relaciones complejas de las culturas populares en el capitalismo fueron abordadas de modo original y desafiante por Néstor García Canclini.

Schmucler, uno de los pioneros en los estudios de comunicación en Argentina, editor de las revistas Los libros y Comunicación y cultura, escribió en 1975 un texto anticipatorio de los debates que se darían en la década siguiente sobre el proceso de producción de significaciones. Afirmaba allí Schmucler que los significados no se producían en el texto, sino que también había una circulación que incluía el momento de la recepción que, a su vez, se vinculaba a las conflictividades sociales. Veinte años después, remando ahora contra una corriente mucho más poderosa, Schmucler afirma que el discurso de la tecnología ha ocupado el lugar político principal y que la “sociedad de la información” ocupa el lugar de la anunciación. La crítica de la ideología de la técnica como modo de pensar, como progreso, como episteme, como optimismo, plantea una tarea ardua. El tecnologicismo podría encarnar una nueva unidimensionalidad.

Ha habido múltiples contrapuntos críticos de estas perspectivas. Un capítulo destilaba en los setenta en la revista Crisis donde Ford, Rivera y Romano, entre otros, daban cuenta de las culturas populares y sus formas de apropiación. García Canclini tiene un recorrido propio que lo lleva de la filosofía y la estética al estudio de las artesanías populares en su exilio mexicano. Crítico a la vez de las variadas formas hegemónicas y alertando sobre los riesgos de las teorías esencialistas y folclorizantes, analiza los usos activos que los sectores populares realizan de las opciones no solo para sobrevivir, sino también para repensar e imaginar. En ese derrotero Las culturas populares en el capitalismo ocupa un lugar inicial y fundamental. Su introducción a la nueva edición en este siglo expresa una conversación entre dos puntos teóricos y políticos de ese recorrido sobre distintos conceptos y transformaciones. Recuperar específicamente estos textos constituye en sí misma una intervención crítica de las perspectivas hegemónicas sobre la comunicación y la cultura contemporáneas.

Beatriz Sarlo ha abordado en su trayectoria temas de la comunicación y la sociología de la cultura, pero hemos seleccionado aquí un texto clave sobre los intelectuales, que condensa una serie de debates que continúan abiertos. Sarlo analiza las transformaciones de esa figura, de la distancia respecto de los sentidos comunes que se instalan como verdades irrefutables. En el imperio del “relativismo valorativo”, cuando los principios morales universales parecen imposibles, los intelectuales no dejan de tener deberes, entre ellos “examinar las certidumbres propias con la misma pasión con que se juzgan las de los otros”. Aquella “voz universal que toma partido” que representó Sartre entró hace tiempo en un período de atenuación. Ahora, en el caso argentino la tensión “entre pensamiento crítico y acción política tendió a borrarse” hasta que el período abierto en 1976 planteó la exigencia de pensar “todo de nuevo”. Entre otros aspectos, la necesidad de la autonomía entre pensamiento crítico y práctica política. Una autonomía que no implica retiro de los problemas públicos, sino una relación no jerárquica y tensa. Además, la crisis de los escenarios tradicionales con la irrupción mediática. A la vez, Sarlo retoma debates planteados a partir de su libro Escenas de la vida posmoderna, con particular rechazo cuando fue –como tantos otros, tantas otras veces– criticada por “nostálgica”. Por otra parte, hace una crítica del elogio de la espontaneidad de la experiencia social y plantea la necesidad de intervenciones intelectuales críticas que refuten los pactos miméticos que llevan inexorablemente a la resignación.

Entre otros autores fundamentales en los estudios de comunicación y cultura cabe destacar la obra de Aníbal Ford, quien tuvo creativas aproximaciones teóricas, analíticas e intervenciones periodísticas. Entre sus libros se destaca Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis. Oscar Landi hizo contribuciones relevantes acerca de los lenguajes, las formas de lectura y el papel de la televisión, protagonizando en los noventa acalorados debates. Otro autor ineludible es Carlos Altamirano, con intervenciones múltiples sobre la cultura argentina y la sociología de la cultura, abocado principalmente en los últimos años a la historia intelectual y la cuestión de los intelectuales. Nuestros años sesenta de Oscar Terán constituye una obra ineludible para esta preocupación persistente del pensamiento crítico argentino, así como De utopías, catástrofes y esperanzas que, además, se aboca en una sección a las mitologías argentinas y en otra a la memoria.

Los horizontes latinoamericanos de algunos de estos textos no niegan que en las tradiciones críticas argentinas comprender a la propia sociedad nacional haya sido un capítulo fundamental. Por supuesto, esto está presente en diversos textos del libro, a la vez que le reservamos esta última sección. De Horacio González, uno de los intelectuales con mayor protagonismo en el debate público en los últimos años, hemos seleccionado una parte de su Restos pampeanos, donde analiza la cultura y la política argentina del siglo XX. A continuación, rescatamos la intervención de Arturo Jauretche, que posiblemente resulte una de las más polémicas de la presente antología que apuntó a recuperar la heterogeneidad. Lo cierto es que en las páginas finales de El medio pelo en la sociedad argentina, Jauretche introducía por primera vez un problema político y cultural de primer orden en la Argentina: el racismo y su negación. El individuo o grupo “medio pelo” es aquel que trata de aparentar un status superior al que en realidad posee. Desde una posición de crítica del sentido común, ya planteada en su famoso Manual de las zonceras argentinas, Jauretche aborda aquí la configuración económico-social e imaginaria de las aspiraciones de la distinción que constituyen todo un estilo de posicionamiento ante la sociedad.

El texto de Rodolfo Kusch, por último, es también parte de esa heterogeneidad crítica que sabemos que no se reconoce a sí misma como tal. Kusch, al igual que Jauretche, recorrió un camino paralelo a la academia, comparado con otros autores. Su obra es resultado de la constante búsqueda de una antropología y una filosofía situadas, y el artículo “Una lógica de la negación para comprender a América” proviene de su crítica al pensamiento colonizado y de su convicción acerca de la falta de categorías para analizar lo americano. El carácter lateral de su recorrido no impidió que influyera durante décadas, en filigrana, en la formación de posiciones críticas teóricas y políticas, y ha ofrecido algunas de las bases de lo que en años recientes condensaría como teoría decolonial y poscolonial. En el texto seleccionado, donde se entrelazan de modo infrecuente escenas andinas con referencias a la filosofía alemana, hay preguntas que aún pueden inquietarnos, como aquella sobre si Occidente es en América un episodio y no una totalidad, u observaciones tempranas sobre la necesidad de reparar en la “sobrerracionalidad americana”, que implicaría lo que, en términos de los “encasillamientos occidentales”, entendemos como lo emocional.

Seleccionar

El acto de seleccionar veinte textos implica intentar mirar una panorámica más amplia de los pensamientos críticos argentinos. Autores, textos y tradiciones que consideramos relevantes para un cuadro más completo no han podido ser incluidos aquí por motivos de espacio. Escrituras que, a nuestro juicio, han mostrado contribuciones decisivas para la comprensión de los dilemas de la sociedad argentina y de sus desigualdades.

Permítannos aclarar que realizar una selección de autores y textos para una antología de los pensamientos críticos argentinos es una tarea a la vez apasionante y frustrante. Esto último porque la lista de autores que no se han podido incluir es demasiado extensa y comprende pensadores de todas las vertientes y disciplinas. Ante cada pregunta, nuestra decisión fue, como dijimos desde el inicio, que el conjunto pudiera expresar una heterogeneidad que ha sido y es constitutiva. Seguramente, incluso guiados por este norte, que es un sur, esta o aquella selección podría haberse hecho de un modo diferente. Nosotros creemos que el conjunto rompe con cualquier clasificación prescriptiva acerca de qué es y qué no es crítico. Y sospechamos que algunos de los pensadores críticos contemporáneos no han leído a este o aquel autor, a una u otra vertiente. Las dinámicas de separación y de tradiciones que solo se leen a sí mismas anidan uno de los mayores riesgos del presente. Que cada vertiente del pensamiento crítico crea que puede alimentarse a sí misma, soslayando la relevancia del diálogo y la confrontación de ideas.

Hemos mencionado algunos de los autores que una antología ideal, interminable, quizás ilegible, hubiera incluido. Falta mencionar algunos realmente cruciales. David Viñas permitió una comprensión crítica y renovadora con Literatura argentina y política, publicada originalmente en 1964. León Rozichner exploró desde el trabajo filosófico crítico las concepciones y emergencias del sujeto. Nicolás Casullo intervino tempranamente sobre los debates modernidad/posmodernidad y mantuvo viva en su pensamiento la preocupación tanto por los grandes debates globales como por la comprensión de la Argentina y el peronismo. Norma Giarraca realizó contribuciones centrales sobre la cuestión agraria y los movimientos sociales. Eugenio Zaffaroni renovó las reflexiones sobre derecho penal y criminología, con publicaciones académicas y otras intervenciones públicas, y colocó de manera original las ciencias jurídicas en el marco de las ciencias sociales. Oscar del Barco hizo contribuciones sustantivas a las lecturas situadas de Marx, tanto como a los estudios de memoria.

Entre los grandes sacrificios al seleccionar para esta antología se encuentran los aportes de la antropología social argentina. Una disciplina que comenzó a desarrollarse en los años sesenta y setenta, a partir de estudios etnográficos que se caracterizaban por descentrar el análisis desde las grandes ciudades. Los estudios de Esther Hermitte en Catamarca y Chaco, de Leopoldo Bartolomé en Misiones, de Eduardo Archetti en el norte de Santa Fe, de Hebe Vessuri en Santiago del Estero y Tucumán, daban cuenta de un fenómeno emergente que fue brutalmente interrumpido por la dictadura militar. El texto de Hugo Ratier sobre El cabecita negra es una contribución decisiva para comprender el racismo-clasismo peculiar de la Argentina. En la crítica del imaginario europeísta de la nación las contribuciones de aquella época y posteriores han ido ganando creciente relevancia académica y política.

Quizás el lector sea piadoso y pueda disculparnos. Hemos procurado mitigar la frustración de seleccionar veinte entre un centenar de importantes pensadores críticos a través de la mención de algunos de ellos. Ojalá que la antología y esas menciones puedan contribuir a una visión del enorme potencial, de la persistencia, de la complejidad y la heterogeneidad de los pensamientos críticos argentinos.

Por último, no podemos dejar de realizar algunos agradecimientos a amigos y colegas que con gran amabilidad consultamos para, al menos, atenuar nuestros posibles errores ante campos tan divergentes como los que compilamos. Ninguno de los errores podría achacarse a nuestros amigos, que nunca vieron el índice en conjunto, pero algunos aciertos son sugerencias de Flavia Costa, Ana Castellani, Ricardo Aronskind, Sebastián Pereyra, Gerardo Aboy Carlés y Pedro Nuñez.

* Profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e Investigador del CONICET. Entre sus últimos libros se destacan Los límites de la cultura y Mitomanías argentinas.

** Investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y Profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata y en el IDAES (UNSAM). Ha publicado El sentido común visual y Lo que no entra en el crisol, entre otros libros.

El pensamiento crítico
clásico y sus tensiones
latinoamericanas

José Aricó

Marx y América Latina* [1]

América Latina: el confín del mundo de Marx

La inserción del marxismo en la cultura política latinoamericana es un tema aún insuficientemente explorado y que suscita problemas de compleja resolución. Obligado como está a incluir una extensa constelación de perspectivas diferentes en términos de teorías, doctrinas y programas de acción, situación que, por lo demás, lo aproxima en parte a lo que ocurre en otras áreas culturales, en Hispanoamérica el tema se complica porque, en muchos casos, partidos políticos o movimientos nacionales que reservan enfáticamente para sí el calificativo de “marxistas” deberían con mayor razón ser considerados expresiones más o menos modernizadas de antiguas corrientes democráticas, antes que formaciones ideológicas adheridas estrictamente al pensamiento de Marx o a las corrientes que de él se desprendieron. Si hoy, por ejemplo, no podríamos reducir el fenómeno aprista a una variante autóctona de movimientos inspirados en el marxismo, no debe olvidarse que en los años treinta sin embargo, se presentó como una genuina interpretación indoamericanista de la doctrina de Marx.

Una dificultad inicial para encarar esta problemática reside en el escaso interés (aunque en realidad, y como veremos, debería hablarse con mayor precisión de soslayamiento prejuicioso) que los fundadores del marxismo, y más en particular el propio Marx, prestaron a esa suerte de “confín” del mundo europeo que el colonialismo de ultramar hizo de América. Este hecho, como es lógico, acabó gravitando negativamente sobre el estatuto teórico del subcontinente en la tradición socialista. En primer lugar, porque a diferencia de lo ocurrido en aquellos países donde el marxismo pudo ser de manera significativa la teoría y la práctica de un movimiento social de carácter fundamentalmente obrero, entre nosotros sus intentos de “traducción” no pudieron medirse críticamente con una herencia teórica “fuerte” como la del mismo Marx, ni con elaboraciones equivalentes por su importancia teórica y política a las que él hizo de las diversas realidades nacionales europeas. Ausente una relación original con la complejidad de las categorías analíticas del pensamiento marxista, y con su potencial cognoscitivo aplicado a formaciones nacionales concretas, el marxismo fue en América Latina, salvo muy escasas excepciones, una réplica empobrecida de esa ideología del desarrollo y de la modernización canonizada como marxista por la Segunda y la Tercera Internacional.

Pero el “menosprecio” de Marx por la América hispana, o mejor dicho, su indiferencia frente al problema de la naturaleza específica de las sociedades nacionales constituidas a partir del derrumbe del colonialismo español y portugués —en una etapa de su reflexión en la que paradójicamente abordó con mayor amplitud y apertura crítica el mundo no europeo— tuvo también consecuencias negativas por razones de orden más estrictamente teórico. Forzado por el perfil fuertemente anti-hegeliano que adoptó de manera polémica su consideración del Estado moderno, Marx se sintió inclinado a negar teóricamente todo posible rol autónomo del Estado político, idea esta que sin embargo constituía el eje en torno del cual se estructuró su proyecto inicial de crítica de la política y del Estado. Al extender indebidamente al mundo no europeo la crítica del modelo hegeliano de un Estado político como forma suprema y fundante de la comunidad ética, Marx debía ser conducido, por la propia lógica de su análisis, a desconocer en el Estado toda capacidad de fundación o de “producción” de la sociedad civil y, por extensión y analogía, cualquier influencia decisoria sobre los procesos de constitución o fundación de una nación.

A partir de estos supuestos, que en el caso de sus trabajos sobre América Latina nunca estuvieron claramente explicitados, aunque pueden ser deducidos del análisis que hizo, por ejemplo, de la figura de Simón Bolívar, Marx se rehusó a conceder espesor histórico, alguna determinación real, a los Estados-naciones latinoamericanos y al conjunto de los procesos ideológicos, culturales, políticos y militares que los generaban. Al privilegiar el carácter arbitrario, absurdo e irracional de tales procesos en la América hispana, Marx concluyó haciendo un razonamiento semejante al de Hegel y con consecuencias similares. Porque si este excluyó a América de su filosofía de la historia al transferirla al futuro, Marx simplemente la soslayó.

La idea de un continente “atrasado” que solo podía lograr la modernidad a través de un proceso acelerado de aproximación y de identificación con Europa —paradigma fundante de todo el pensamiento latinoamericano del siglo pasado y aun del presente— estaba instalada en la matriz misma del pensamiento de Marx a partir de la lectura que de él hizo la conciencia europea. Pero la exhumación de sus escritos sobre Rusia y otros países “anómalos” con respecto a las formas occidentales de constitución del mundo burgués muestra que esa idea era impugnada por el propio Marx, quien comprometió buena parte de sus esfuerzos en la dilucidación de los caminos que pudieran evitar a determinados países los horrores del capitalismo. Su pensamiento, cada vez más renuente a dejarse encerrar en ortodoxias sistematizadoras, sus deslizamientos y descentramientos ajenos a cualquier manía teoricista, cristalizaron en una tradición que se consolidó bajo la forma de una ideología fuertemente eurocéntrica, legataria de la idea de progreso y de continuidad histórica. La inserción de esta tradición en la realidad latinoamericana no hizo sino acentuar, con el prestigio que le acordaba su presunta “cientificidad”, la arraigada convicción de una identidad con Europa que permitía confiar en una evolución futura destinada a suturar en un tiempo previsible los desniveles existentes. La “anomalía” latinoamericana tendió a ser vista por los socialistas de formación marxista como una atipicidad transitoria, una desviación de un esquema hipostatizado de capitalismo y de relaciones entre las clases adoptado como modelo “clásico”. Pero en la medida en que un razonamiento analógico como el aquí esbozado es, por su propia naturaleza, de carácter contrafáctico, las interpretaciones basadas en la identidad de América con Europa, o más ambiguamente con Occidente, de la que los marxistas latinoamericanos —excepto el caso atípico del peruano Mariátegui— se convirtieron en los más fervientes portavoces, no representaban en realidad otra cosa que transfiguraciones ideológicas de propuestas políticas modernizantes. De ahí entonces que la dilucidación del carácter histórico de las sociedades latinoamericanas, elemento imprescindible para fundar desde una perspectiva marxista las propuestas de transformación, estuviera fuertemente teñida de esta perspectiva eurocéntrica. A fin de cuentas, no era tanto la realidad efectiva, como la estrategia a implementar para modificarla en un sentido previamente establecido, lo que tendió a predominar en la forma teórica, ideológica y política adoptada por el marxismo en Hispanoamérica.

Contextualizar a Marx

Sin embargo, creo que no sería de mucha utilidad contentarnos con el reconocimiento de la existencia de un menosprecio, indiferencia o soslayamiento de la especificidad americana en el pensamiento de Marx, y aceptar este hecho como una evidencia más de las limitaciones de la conciencia europea para comprender y admitir la insuprimible heterogeneidad del mundo. Pienso por el contrario que reflexionar sobre esta admitida “laguna” de Marx, y sobre las razones que pudieron motivarla, puede ser un modo teóricamente relevante y políticamente productivo de contrastar una vez más la validez del corpus teórico marxista en su examen de las sociedades periféricas y no típicamente burguesas. Lo cual, como se comprende, es también una forma indirecta de poner a prueba su vigencia actual como teoría y práctica de la transformación histórica.

Si hoy sabemos que los textos de Marx y de Engels referidos en forma directa o indirecta a la América hispana son más abundantes de lo que se creyó, y que la actitud que adoptaron frente a nuestra realidad de ningún modo puede ser identificada por completo con la benevolencia y hasta la aceptación con que enjuiciaron, en una primera etapa de sus reflexiones, la invasión y el despojo de México por Estados Unidos[2], cuando hablamos de indiferencia evidentemente nos queremos referir a algo más que a un simple vacío de pensamiento. Lo que intentamos sostener no es que Marx —para referirnos solo a él— dejara de percibir la existencia de una parte del mundo ya en gran medida incorporada al mercado mundial capitalista en la época histórica que le tocó vivir. Más aun, el papel que desempeñaron y seguían desempeñando las regiones americanas en la génesis y reproducción del capital aparece nítidamente señalado en sus elaboraciones esenciales. Pero lo que nos interesa indagar es desde qué perspectiva estos territorios periféricos, estas “fronteras” del cosmos burgués, fueron o no considerados en su discurso teórico y político. Pero una vez admitido el hecho indiscutible[3] de que la América hispana emerge de los textos de Marx solamente como frontera, es decir como territorios sin personalidad ni autonomía propias, el nudo problemático se desplaza hacia la pregunta por las razones que pudieron conducirlo a hacer de América una realidad en cierto modo soslayada, o sea, “ocultada” en el mismo acto de referirse a ella.

A partir de lo hasta aquí afirmado pienso que para avanzar en la dilucidación del problema lo que corresponde es analizar la forma en que América Latina aparece en Marx —por ejemplo, en el panfleto desmedidamente negativo sobre la figura de Bolívar—, forma que, en mi opinión, exige para su develamiento ir más allá de los contenidos explícitos de los textos directamente referidos al tema. Se trata, por lo tanto, de construir una trama más vasta que permita contextualizar a Marx confrontando sus textos “americanos” con los que paralelamente dedicó al análisis del complejo fenómeno de descomposición del mundo no burgués. Dicho de otro modo, y para aclarar mejor el sentido de mi reflexión, no interesa tanto saber si Marx tenía o no razón frente a Bolívar como indagar por qué tendía a verlo del modo en que lo vio. En caso contrario la discusión no tendría otro valor que el estrictamente historiográfico, el cual, como es obvio, no tiene para nuestro caso relevancia alguna. Para saber algo de Bolívar nunca se necesitó leer el panfleto de Marx; pero este y otros textos suyos siguen siendo muy importantes para nosotros no por los conocimientos que aportan sobre el tema en sí, sino por lo que nos enseñan del propio Marx y de su modo de abordar realidades en buena parte ajenas al mundo social y cultural que dio razón de ser a sus concepciones.

Cuatro excusas equivocadas

Se han ensayado varias explicaciones para dar cuenta de este desencuentro de Marx con nuestra realidad, que en el caso de la ya citada diatriba antibolivariana estaba destinada a convertirse en una suerte de vía crucis para los marxistas latinoamericanos. En realidad, más que explicaciones satisfactorias fueron exoneraciones de culpas que mantenían intocado un sistema aceptado de antemano como verdad absoluta e incontrastable, o la enfatización de una supuesta incapacidad del marxismo para dar cuenta de la originalidad radical del mundo americano. Veamos algunos ejemplos de las explicaciones más usuales.

¿La superficialidad del periodista?

Basada en una distinción que rechazo como incorrecta o por lo menos superficial entre un Marx “científico” y un Marx “político”, es casi una frase hecha la afirmación de que muchas de las reflexiones de Marx sobre la política y la diplomacia mundiales, por provenir de artículos periodísticos justificados por razones económicas personales, no tienen un valor teórico propio. Se tratarían, por tanto, de trabajos ocasionales factibles de ser dejados de lado en el estudio de la naturaleza estricta del programa científico trazado por Marx. Y no puede negarse que durante muchos años fueron prácticamente desconocidos o no suficientemente utilizados por los investigadores. Material de acarreo de innumerables antologías, solo se los utilizaba para alimentar la vocación enciclopédica de una filosofía de la historia convertida en saber absoluto. Pero si recordamos que la abrumadora mayoría de sus textos sobre el mundo europeo, o para decirlo con más precisión sobre el mundo no capitalístico-céntrico, fueron escritos periodísticos, al aceptarlos solo como “material de segunda clase” estamos obligados a concluir que el análisis hecho por Marx sobre las formas particulares que adoptaba el proceso de devenir mundo del capitalismo occidental no constituye una reflexión sustantiva. Sus trabajos sobre Rusia, el mundo eslavo, China y la India, Turquía, la revolución en España, y hasta la cuestión irlandesa, no nos enseñarían nada equivalente a lo que en términos de teoría nos ofrecen sus análisis de formaciones sociales concretas como Inglaterra, Francia o Alemania.

Esta explicación, en el caso de que fuera reconocida como tal, es una tontería que hace muy poca justicia al estilo de trabajo de Marx. Utilizada por quienes rechazan a priori la existencia de fuertes tensiones internas en su pensamiento acaban fragmentándolo en un extraño ser bifronte que hace ciencia a la mañana y escribe liviandades a la tarde. Basta comparar sus escritos periodísticos sobre Irlanda, por ejemplo, con las muchas páginas dedicadas a la acumulación originaria del capital en su obra teórica más relevante, para advertir hasta dónde existe entre ambos textos una alimentación recíproca. Lo cual, como se comprende, es un proceso lógico, natural e inevitable que funda el rechazo de cualquier distinción o jerarquización de corte althusseriano de sus textos.

¿El desconocimiento del historiador?

He aquí otra de las razones aducidas con mayor frecuencia, aunque en realidad más que una explicación constituye simplemente una constatación de hecho al servicio de un intento justificatorio. “En descargo de Marx —recuerda Rubel comentando su texto antibolivariano— podría decirse que en los momentos en que escribió su artículo la historia de las luchas liberadoras de los países de América Latina estaban aún insuficientemente explorada” (Rubel, 1968: 2429). Nadie puede negar que el conocimiento por parte de Europa de la guerra de Independencia era limitado y que la información al alcance de Marx lo era aun más. Sin embargo, un argumento que intente fundarse sobre la limitación de las fuentes historiográficas solo es parcialmente válido porque deja de lado el problema más importante del modo en que tales fuentes son utilizadas. En cierto modo la permanente renovación y avance de los estudios históricos coloca siempre a un investigador en la incómoda situación de “desconocer” informaciones. Es más, prolongando el razonamiento sobre la contradictoria relación entre conocimiento y verdad histórica podríamos llegar a la conclusión —que no corresponde discutir aquí de que la historia, como “secuela de los hechos a narrar”, es de algún modo una tarea imposible. Pero no creo que resulte de utilidad alguna introducir este reconocimiento de validez más general que nos coloca fuera de la sustancia del problema que estamos abordando.

La rigurosidad extrema, el enfermizo exceso de celo, la insaciable capacidad de lectura y de reflexión de Marx, que sigue provocando en nosotros admiración, respeto y ¿por qué no? mucho de envidia, nos lleva a rechazar cualquier privilegiamiento de la ignorancia para explicar las razones de sus juicios. Para encarar el estudio de los diversos temas que despertaron su interés, Marx consultó una imponente cantidad de materiales en los más diversos idiomas que le permitieron disponer de una información excepcional para su época. Véase, por ejemplo, el exuberante listado de obras que consultó para escribir sus ensayos sobre España, o el referido al estudio que en los años setenta efectuó sobre las formas comunitarias en Asia, África y América; de su lectura se deduce un escrupuloso trabajo de búsqueda que no condice con la gratuita y superficial atribución a “desconocimientos” su facciosa valoración de Bolívar. Pero aun admitiendo que todo pudiera deberse a informaciones insuficientes, insisto en que esta razón no tiene validez explicativa. Porque o bien se demuestra que las informaciones de que disponía eran unívocamente negativas, y Marx fue un acrítico pero comprensible deudor, o bien se reconoce que era contradictoria y el argumento deja de tener validez. Y lo que sorprende es que disponiendo Marx de fuentes que evaluaban de manera contradictoria el papel desempeñado por Bolívar, hubiera aceptado plenamente los juicios de dos de sus enemigos declarados como eran Hippisley y Ducudray, en lugar de los más favorables de Miller. Todo lo cual constituye una prueba más de que la actitud de Marx hacia lo latinoamericano era previa a la lectura de los textos en los que se basó para redactar su panfleto. Y porque su juicio era desmedido e injusto el redactor de la enciclopedia para la cual lo escribió aceptó a regañadientes publicarlo y solo por el respeto que Marx le inspiraba.

¿Las limitaciones del metodólogo?

Quizás sea esta la objeción de mayor peso, aunque pienso que antes que a Marx habría que aplicarla a esa construcción teórica que arranca de él pero se constituye como sistema luego de su muerte, hacia fines de siglo. Si el marxismo enfatizó la supuesta división de la realidad en “base” y “superestructura” —división que indudablemente está en Marx, pero que tiene connotaciones distintas y sostuvo que las formaciones sociales solo podían ser analizadas arrancando de la infraestructura—, es lógico pensar que este método era de difícil aplicación a sociedades cuya estructuración de clase en el caso de existir era gelatinosa, y cuya organización giraba en torno del poder omnímodo del Estado nacional o de los poderes regionales. Sin embargo, si analizamos desde nuestra perspectiva los escritos de Marx sobre España, o sobre Rusia, nos sorprenderá observar que sus razonamientos parecen adoptar un camino inverso al previsible, y es precisamente este hecho el que aún provoca en muchos marxistas perplejidad y desconcierto. Como recuerda Sacristán al analizar sus trabajos sobre España, el método de Marx, notablemente evidenciado en sus textos “políticos”, es “proceder en la explicación de un fenómeno político de tal modo que el análisis agota todas las instancias sobreestructurales antes de apelar a las instancias económico-sociales fundamentales. Así se evita que estas se conviertan en Dei ex machina desprovistas de adecuada función heurística. Esa regla supone un principio epistemológico que podría formularse así: el orden del análisis en la investigación es inverso al orden de fundamentación real admitido por el método” (Sacristán, 1970: 14). Y es esto lo que afirma precisamente Marx cuando en El Capital (t. I, cap. XIII, nota 89) observa que aun cuando sea más fácil hallar mediante un análisis el contenido, el “núcleo terrenal” de las brumosas apariencias de la religión, el único método materialista, “y por consiguiente científico”, es adoptar el camino inverso que permita a partir del análisis de las condiciones reales de la vida desarrollar las formas divinizadas que les corresponden.

¿El eurocentrismo?

La última explicación del soslayamiento de Marx apela al socorrido argumento del supuesto desprecio “eurocéntrico”. Si dejamos de lado esa noción pedestre del concepto que se funda en la idea de una ontológica “ininteligibilidad” del mundo no europeo por la cultura occidental —idea esta profundamente arraigada en América Latina, en cuanto mundo de naciones aún en búsqueda de una identidad propia siempre evanescente e indeterminada— nos queda de todas maneras la fundamentación que el concepto recibe por parte de quienes, colocados en una perspectiva distante de la romántica-nacionalista que la visión de eurocentrismo conlleva, enfatizan el hecho indiscutible de un Marx pensador de su tiempo y poseído, como es lógico, de una creencia nunca puesta en cuestión en el progreso, en la necesidad del dominio del hombre sobre la naturaleza, en la revalorización de la tecnología productiva, y en una laicización de la visión judeocristiana de la historia. A partir de este basamento cultural, definido como un típico “paradigma eurocéntrico”, Marx habría construido un sistema categorial basado en las determinantes contradicciones de clase que debía necesariamente excluir aquellas realidades que escapaban al modelo. La contradicción subyacente entre un modelo teórico-abstracto y una realidad concreta irreductible a sus parámetros esenciales explicaría, por tanto, la exclusión de América. Marx no podía ver detrás del caos, del azar y de la irracionalidad, el proceso de devenir naciones de los pueblos latinoamericanos, porque su perspectiva capitalístico-céntrica se lo vedaba. Una construcción teórica como la suya, basada en la modalidad particular que adquirió la relación Nación-Estado en Europa, determinaba necesariamente una concepción de la política, del Estado, de las clases, y más en general del curso histórico de los procesos que no encontraba réplica cabal en América Latina.

Actitud política desviante

Confieso que esta explicación me resulta insatisfactoria por diversas razones, la principal es la de que acaba por convertir a Marx en un pensador esclavo de su teoría y a esta en un sistema cerrado e impermeable a la irrupción de la historia. Creo encontrar en Marx fuertes descentramientos de sus hipótesis que no podrían ser entendidas y evaluadas en su real significación si aceptáramos tal explicación. Cito solamente algunos casos:

- el viraje estratégico de los años setenta en torno del privilegiamiento de la independencia de Irlanda como elemento motriz de la revolución en Inglaterra;

- el rechazo explícito en los años setenta de la idea de un camino unilineal de la historia basado en la expansión capitalista y de la reducción de su teoría a una filosofía de la historia omnicomprensiva;

- el reconocimiento de la potencialidad de la comuna agraria como vía no capitalista para el tránsito a una sociedad socialista; y

- el privilegiamiento de la autonomía de la política en sus análisis concretos, privilegiamiento que impregna fuertemente todos sus escritos políticos desde los años cincuenta.

Pienso que cualquier estudio que se haga sobre su obra debe necesariamente ser capaz de integrar tales perspectivas que parecen contradecir una lectura en clave sistémica de tal obra.

Es debido a esta y otras razones por las que creo encontrar en la diatriba de Marx contra Bolívar elementos para fundar una interpretación que privilegie en cambio la presencia en sus reflexiones de una previa y prejuiciosa actitud política desviante de su mirada. La caracterización de Bolívar como delator, oportunista, incapaz, mal estratega militar, autoritario y dictador, y su identificación con el haitiano Soulouque, encontraba luego el tercero y verdadero término de comparación en el denostado Luis Bonaparte, contra cuyo régimen Marx desplegó toda su capacidad de análisis teórico y denuncia política, y todas sus energías de combatiente.

El rechazo del bonapartismo como obstáculo esencial para el triunfo de la democracia europea, el temor por las consecuencias políticas de la apertura hacia América de Napoleón III y la identificación de Bolívar como una forma burda de dictador bonapartista, fueron los parámetros sobre los que Marx construyó una perspectiva de análisis que unió a la hostilidad política una irreductible hostilidad personal. Este cabal prejuicio político pudo operar como un reactivador en su pensamiento de ciertos aromas ideológicos que, como aquella idea hegeliana de los “pueblos sin historia”, constituyeron dimensiones nunca extirpadas de su mirada del mundo. Y es indudable que tal idea subyace en su caracterización del proceso latinoamericano, aunque nunca —como en otros casos— haya sido claramente expresada; es indudable que más por lo no dicho que por lo dicho podemos descubrir en Marx la consideración de los pueblos de la América hispana como conglomerados humanos carentes de potencialidad propia y, podríamos decir, de esa masa “crítica” siempre necesaria para la constitución de una nación legitimada en sus derechos de existencia.

Paralelamente con la resurrección positiva de esta idea hegeliana el síndrome bonapartista hace aflorar también con fuerza su viejo rechazo juvenil al postulado de Hegel que coloca al Estado como instancia productora de la sociedad civil. Si el supuesto era la inexistencia de la nación, Marx no podía visualizar de otra forma que como presencia omnímoda y no racional —también en sentido hegeliano— del Estado sobre los esbozos de sociedad civil los procesos en curso en América Latina desde las guerras de Independencia, procesos en los que el Estado cumplía indudablemente un papel decisivo en la modelización de la sociedad. Marx no logró ver en ellos la presencia de una lucha de clases definitoria de su “movimiento real” y por lo tanto fundante de su sistematización lógico-histórica. A partir de lo cual no pudo caracterizar en su personalidad propia, en su sustantividad y autonomía una realidad que se le presentaba en estado magmático.

La revolución como separador de las aguas

Las condiciones de constitución de los Estados latinoamericanos y las primeras etapas de su desarrollo independiente eran tan excéntricas de los postulados de Marx respecto de la relación entre Estado y sociedad civil, que solo podían ser descubiertas en su positividad si Marx hubiera empleado frente a ellas un tipo de razonamiento como el que utilizó para el caso de España o del asiatismo ruso-mongol, pero en la medida en que las consideró como la potenciación sin contrapartida del bonapartismo y de la reacción europea, el resultado fue su soslayamiento. Es por esto que me siento inclinado a pensar que América Latina no aparece en Marx desde una perspectiva “autónoma” no porque la modalidad particular de la relación Nación-Estado desvíe su mirada, ni porque su concepción de la política y del Estado excluya la admisión de lo diverso, ni tampoco porque la perspectiva desde la cual analiza los procesos lo conduzca a no poder comprender aquellas sociedades ajenas a las virtualidades explicativas de su método. Ninguna de estas consideraciones, por más presentes que estén en Marx y que influyan sobre la manera de situarse frente a la realidad, me parecen suficientes por sí mismas para explicar el fenómeno. Todas ellas, curiosamente, menosprecian la perspectiva política desde la cual Marx analiza el contexto internacional, al mismo tiempo que critican la supuesta ausencia en él de una admisión de la “autonomía” de lo político como consecuencia de la rigidez de su método interpretativo. No eran esquemas teóricos definidos, sino más bien opciones estratégicas consideradas como favorables a la revolución, lo que llevaba a Marx a privilegiar campos o a jerarquizar fuerzas. La matriz de su pensamiento no era por tanto el reconocimiento indiscutido del carácter progresivo del desarrollo capitalista, sino la posibilidad que este abría para la revolución. Es la revolución el sitio desde el cual se caracteriza la “modernidad” o “atraso” de los movimientos de lo real. Y porque esto es así, la bendición o maldición marxista cae de manera aparentemente caprichosa sobre los hechos. Aun aceptando el carácter “progresivo” del capitalismo, es la Inglaterra “moderna” la que resulta denostada por Marx a causa de su entendimiento con el baluarte reaccionario del zarismo. El contexto internacional no puede ser analizado, en consecuencia, única y exclusivamente a partir de la confianza —presente en Marx— del determinismo del desarrollo de las fuerzas productivas. Requiere de otras formas de aproximación que permitan visualizar aquellas fuerzas que, puestas en movimiento por la dinámica avasalladora del capital, tiendan a destruir todo lo que impide el libre desenvolvimiento de los impulsos de la sociedad civil. Porque el desarrollo del modo capitalista de producción sucede sobre un mundo profundamente diverso y diferenciado, tratar de mostrar y de mutar la proteiforme realidad de este obliga a dejar de lado cualquier pretensión de unificarlo de manera abstracta y formal y abrirse a una perspectiva micrológica y fragmentaria.

En la enumeración material de lo que es verdaderamente está encerrada la posibilidad de aferrar la realidad histórica concreta para potenciar una práctica transformadora. Es desde la política, desde la admisión de la diversidad de lo real, desde la presentación de los elementos contiguos de la historia social de su tiempo, como Marx intenta fundar una lectura que descubra en los intersticios de las sociedades las fisuras por donde se filtre la dinámica revolucionaria de la sociedad civil. Tal es la razón de por qué sus análisis de “casos” nacionales no parecen obedecer a “procesos globales”, “mediaciones” o “totalizaciones” que otorguen un sentido único, un orden de regularidad, a sus movimientos. Por cuanto no existe en él una teoría sustantiva de la “cuestión nacional”, los momentos nacionales son solo variables de una política orientada a destruir todo aquello que bloquea el desarrollo del progreso, concepto este en el que Marx siempre incluye al movimiento social que pugna por la transformación y la conquista de la democracia. En última instancia, las naciones que realmente interesan a Marx son las que, desde su perspectiva, pueden desempeñar tal función histórica.

Como América Latina fue por él considerada desde la perspectiva de su real o imaginaria función de freno de la revolución española, o como Hinterland de la expansión bonapartista, su mirada estuvo fuertemente refractada por un juicio político adverso; procedimiento que se torna muy evidente e irritante en su escrito sobre Bolívar. El hecho de que a partir del reconocimiento de una perspectiva basada en lo que califico de prejuicio político podamos rastrear luego hasta dónde tal prejuicio se alimentó de aromas ideológicos, de concepciones teóricas y de ideas adquiridas en su formación ideológica y cultural, no invalida la necesidad de privilegiar una dirección de búsqueda más acorde con el sentido propio de la obra de Marx.

La compleja relación entre presencias y ausencias de determinadas perspectivas en el tratamiento de realidades de algún modo aproximables —la noción misma del “mercado mundial” sienta las bases para tal aproximación y las condiciones de existencia de una “historia mundial”— no debe ser resuelta apelando a categorizaciones que condicionen la obra de Marx en un sentido general. Y tal es el riesgo que conlleva la aplicación a su pensamiento de una noción general y confusa como la de europeísmo. Una lectura contextual como la que he intentado hacer sobre este tema instaura la posibilidad de que sus textos puedan iluminarse mutuamente, mostrando las fisuras e intersticios que grafican la presencia —a diferencia de lo que siempre se pensó— de un pensamiento fragmentario, refractario a un sistema definido y congelado de coordenadas. Es verdad que existen en el mismo Marx fuertes elementos para concebirlo como un genial creador de sistemas; pero visto de ese modo terminaría siendo un epígono de la civilización burguesa, el constructor de una nueva teoría afirmativa del mundo, y no, como quiso ser, el instrumento de una teoría crítica. Si como puede probarse Marx pareciera ser europeísta en un texto al tiempo que resultaría arbitrario designarlo como tal en otro, la explicación debe ser buscada fuera de esta noción y de la ciega fe en el progreso que la alimenta. Marx, es cierto, se propuso descubrir la “ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna”, y a partir de ella explicar el continuum de la historia como “historia” de los opresores, como progreso en apariencia automático. Pero el programa científico instalaba este momento cognoscitivo en el interior de una radical indagación que permitiera develar en la contradictoriedad del “movimiento real” las fuerzas que apuntaban a la destrucción de la sociedad burguesa, o sea revelar el sustancial discontinuum que corroe el proceso histórico. Utilizando una aguda observación de Benjamin, se puede afirmar que el concepto de progreso cumple en Marx la función crítica de dirigir la atención de los hombres a los movimientos retrógrados de la historia, a todo aquello que amenaza hacer estallar la continuidad histórica reificada en las formas de la conciencia burguesa. Contra la idea “marxista” de que los destinos debían cumplirse (“Que les destinées s’accomplissent!” escribía Engels al revolucionario ruso Danielson recordándole la inevitabilidad del progreso histórico) Marx defendía la necesidad y la posibilidad de evitarlos.

La sustitución del movimiento real por un falso héroe

La descalificación de Bolívar tenía consecuencias que Marx no sorteó y de las que, en realidad, jamás tuvo conciencia. El resultado fue la incomprensión del movimiento latinoamericano en su autonomía y positividad propia. Dejándose llevar por su odio al autoritarismo bolivariano, visto como una dictadura personal y no, como quizás fue, una dictadura “educativa” impuesta de manera coercitiva a masas que se pensaba inmaduras para una sociedad democrática, Marx dejó de considerar aquellos aspectos de la realidad que su propio método lo condujo a explorar en otros fenómenos sociales que analizó: la dinámica real de las fuerzas sociales, aquellos movimientos más orgánicos de la sociedad que el tumultuoso ocurrir de los hechos ocultaban detrás de la superficie. Es por esto que nos sorprende que no haya prestado atención alguna a las referencias que en algunas de las obras que consultó se hacen sobre la actitud de los distintos sectores sociales hispanoamericanos ante la guerra de Independencia; las rebeliones campesinas o rurales contra las elites criollas que dirigieron la revolución; la endeblez de las apoyaturas políticas de dichas elites entre los sectores populares de la población, y más en particular entre los negros y los indios, quienes en muchos casos sostuvieron la causa de los españoles; el alcance de la abolición del pongo y de la mita; la distinta característica de las guerras de Independencia en las regiones del Sur, donde las elites urbanas habían logrado mantener el control del proceso evitando el peligro de una abierta confrontación entre pobres y ricos, y en México, donde la Revolución comenzó siendo una rebelión generalizada de campesinos e indígenas.

Marx no comprendió que si el movimiento independizador estaba enfrentado a tan complejas y peligrosas alternativas, en un momento de clausura de la etapa revolucionaria en Europa y de plena expansión de la restauración conservadora, la forma bonapartista y autoritaria del proyecto bolivariano no expresaba simplemente, como creyó, las características personales de un individuo, sino la debilidad de un grupo social avanzado que en un contexto internacional y continental contrarrevolucionario solo pudo proyectar la construcción de una gran nación moderna a partir de la presencia de un Estado fuerte, legitimado por un estamento profesional e intelectual que por sus propias virtudes fuera capaz de conformar una opinión pública favorable al sistema, y por un ejército dispuesto a sofocar el constante impulso subversivo y fragmentador de las masas populares y de los poderes regionales. Por todo esto es posible afirmar que, dejando a un lado lo que constituía la forma mentis de su modo de abordar los procesos sociales, Marx sustantivó en la persona de Bolívar lo que de hecho se negó a ver en la realidad de Hispanoamérica: las fuerzas sociales que conformaban la trama de la historia. De modo idealista, reproduciendo un mecanismo que tan brillantemente criticara en Víctor Hugo, el movimiento real fue sustituido por las desventuras de un falso héroe.

La presencia obnubilante de los fenómenos del populismo que caracterizan la historia de los países americanos en el siglo XX llevó curiosamente a cuestionar como formas de “eurocentrismo” la resistencia a las modalidades bonapartistas y autoritarias que signan nuestra vida nacional. El resultado fue una fragmentación cada vez más acentuada del pensamiento de izquierda, dividido entre una aceptación del autoritarismo como costo ineludible de todo proceso de socialización de las masas, y un liberalismo aristocratizante como único resguardo posible de toda sociedad futura, aun al precio de enajenarse el apoyo de las masas. Aceptar la calificación de eurocéntrico implica en nuestro caso soslayar el filón democrático, nacional y popular que representa una parte inseparable del pensamiento de Marx. Si es innegable que el proceso de configuración de las naciones latinoamericanas se realizó en gran medida a espaldas y en contra de la voluntad de las masas populares, si pertenece más bien a la historia de los vencedores antes que a la de los vencidos, cuestionar la idea cara a la Segunda y a la Tercera Internacional de la progresividad en sí del desarrollo de las fuerzas productivas y de las formaciones estatales, significa de hecho reencontrarse con ese filón democrático y popular del marxismo para encarar un nuevo modo de apropiación del pasado. Problematizar las razones de la resistencia de Marx a incorporar a sus reflexiones la realidad del devenir estado de las formaciones sociales latinoamericanas no es, por esto, un mero problema historiográfico o un estéril ejercicio de marxología, sino una de las múltiples formas que puede, y yo diría más bien debe, adoptar el marxismo para cuestionarse a sí mismo.

Los puntos límite como puntos de partida

Estas son las razones por las que creo que es un camino inconducente atribuir a un supuesto “europeísmo” de Marx su paradójico soslayamiento de la realidad latinoamericana. Inconducente, porque clausura un nudo problemático que solo a condición de quedar abierto libera las capacidades críticas del pensamiento de Marx para que puedan ser utilizadas en la construcción de una inédita capacidad de representar lo real, de una nueva racionalidad que nos permita leer aquello que, como recordaba Hofmannsthal, “jamás fue escrito”.

Únicamente si la investigación marxista avanza a contrapelo en la historia puede cuestionar un patrimonio cultural que reclama siempre el momento destructivo para que la memoria de los sin nombre atraviese una historia que en la conciencia burguesa es siempre el cortejo triunfal de los vencedores. Es en los puntos límites de su pensamiento donde podemos encontrar todo aquello que Marx aún nos sigue diciendo. Pero esta tarea es posible solo porque siendo un pensador que alcanzó una aguda conciencia de la crisis fue capaz de leer en el libro de la vida la pluralidad de las historias que fragmentan un mundo que se propuso destruir, para que la posibilidad del futuro pudiera abrirse paso.

Bibliografía

García Cantú, Gastón 1969 El socialismo en México (México: Era).

Monjarás Ruiz, Jesús 1983 “Marx y México” en Nueva Sociedad, Nº 66, mayo-junio, p. 66.

Rubel, Maximilien 1968 Avant-propos a “Bolívar y Ponte” en Cahiers de Marxologie, T. II, Nº 12, diciembre, p. 2429.

Sacristán, Manuel 1970 “Prólogo a Marx y Engels” en Revolución en España (Barcelona: Ariel) p. 14.

1 Este trabajo, con algunas correcciones y agregados, reproduce la ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre “Karl Marx en África, Asia y América Latina”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert, en colaboración con la Comisión Alemana de la Unesco en Tréveris (RFA), del 14 al 16 de marzo de 1983.

2 ¿No es sorprendente la abusiva reiteración con que siempre se recuerdan estos juicios tempranos (1847) de Engels y de Marx como si fueran los únicos que hubieran emitido sobre las conflictivas relaciones entre México y Estados Unidos? Ver al respecto las siempre útiles reflexiones de García Cantú (1969: 186-198 y 464-469) y Monjarás Ruiz (1983: 66), como texto preliminar de su estimulante estudio sobre los textos éditos e inéditos de Marx y Engels referidos a América Latina.

3 Tal como lo he mostrado en mi libro Marx y América Latina (Lima: Cedep, 1980 y México: Alianza Editorial, 1982), del que el presente trabajo es en realidad una síntesis.

* Aricó, José 1983 “Marx y América Latina” en Nueva Sociedad (Buenos Aires) Nº 66, mayo-junio, pp. 71-86.

Juan Carlos Portantiero

¿Por qué Gramsci?*

“Toda verdad, incluso si es universal y también si puede ser expresada con una fórmula abstracta de tipo matemático (para la tribu de los teóricos) debe su eficacia al ser expresada en los lenguajes de las situaciones concretas particulares: si no es expresable en lenguas particulares es una abstracción bizantina y escolástica, buena para el solaz de los rumiadores de frases.”

Cuaderno IX, fragmento 63

Discurso teórico desplegado desde la defensa de una estrategia política concreta, el rescate del pensamiento gramsciano requiere, por lo tanto, una justificación particular. Si solo nos limitáramos a valorar su contribución como la de un precursor en el desarrollo de la ciencia política marxista, la pregunta que encabeza este epílogo tendría menos vigencia. Pero ese Gramsci no sería el real.

Su obra, para nosotros implica una propuesta que excede los marcos de la teoría general para avanzar, como estímulo, en el terreno de la práctica política. Sus preguntas se parecen a nuestras preguntas, sus respuestas se internan en caminos que creemos útil recorrer. Escribiendo para una Italia de hace cincuenta años, en sus textos reconocemos una respiración que es la nuestra, en otra punta del tiempo y del mundo. Educados en el hábito “consumista” tan reiterado en las izquierdas latinoamericanas, las referencias a esta actualidad de Gramsci podrían ser sospechadas como parte de los cíclicos enamoramientos hacia modelos lejanos, a los que se acata sumisamente para luego cambiarlos por otros.

Ciertamente, ¿por qué Gramsci, si él mismo señala que la estrategia propuesta “se plantea en los estados modernos y no en los países atrasados ni en las colonias, donde aún tienen vigencia las formas que en las primeras han sido superadas transformándose en anacrónicas”?

Esta propia estimación de su pensamiento parece avalar a quienes sostienen que el uso de sus conceptos es solo pertinente en las sociedades capitalistas avanzadas, en el centro del mundo, en el “Occidente” imperialista. Sin embargo su problemática, tal cual la hemos visto, se evade de esos límites rígidos y nos alcanza. Más aun: en uno de sus últimos trabajos previos a la prisión, Gramsci propone otro criterio para la distinción entre sociedades que, aunque nada más que indicativo, resulta más matizado que el extremo enfrentamiento entre “Oriente” y “Occidente”.

Analizando la situación internacional y las posibilidades revolucionarias, define entonces dos tipos de países: los de capitalismo avanzado y los de “capitalismo periférico”. En los primeros, “la clase dominante posee reservas políticas Y organizativas que no poseía en Rusia, por ejemplo […] el aparato estatal es mucho más resistente de lo que a menudo suele creerse y logra organizar, en los momentos de crisis, fuerzas fieles al régimen”.

En los segundos —y cita como ejemplo a Italia, España, Polonia y Portugal— pese a que el Estado está menos consolidado y sus fuerzas son menos eficientes, entre el proletariado y el capitalismo se extiende un amplio espectro de clases intermedias que llegan a conducir una política propia y a influir sobre el resto de las clases populares. “Incluso Francia —dice— aun cuando ocupa una posición eminente en el primer grupo de estados capitalistas, participa por algunas de sus características de la situación de los estados periféricos” (Gramsci, 1967 [1926]).

A partir de estas indicaciones que el mismo Gramsci proporciona, es posible pensar en la existencia de dos grandes tipos de sociedades “occidentales”, definidas principalmente en términos de las características que en ellas asume la articulación entre sociedad y Estado, dimensión que de manera nítida aparece en Gramsci como privilegiada para especificar diferenciaciones dentro de la unidad típica de un “modo de producción”.

“Occidente”, en sentido clásico, sería aquella situación en la que la articulación entre economía, estructura de clases y Estado asume forma equilibrada, como anillos entrelazados de una totalidad. Se trata de un modelo fuertemente societal de desarrollo político, en el que una clase dominante nacional integra el mercado, consolida su predominio en la economía como fracción más moderna y crea al Estado. La política toma la forma de un escenario reglamentado en el que las clases van articulando sus intereses, en un proceso creciente de constitución de su ciudadanía a través de expresiones orgánicas que culminan en un sistema nacional de representación que encuentra su punto de equilibrio en un orden considerado como legítimo a través de la intersección de una pluralidad de aparatos hegemónicos. Ese sería el “Occidente” puro (al menos luego de pasado el tránsito “impuro” de la acumulación originaria) cuya manifestación ideológica sería el liberalismo de cepa sajona, propio del capitalismo “temprano”.

Pero Gramsci permite pensar en otro tipo de situación “occidental”, aquella en la que, a diferencia de “Oriente”, puede hablarse de formas desarrolladas de articulación orgánica de los intereses de clase que rodean, como un anillo institucional, al Estado, pero en la cual la sociedad civil así conformada, aunque compleja, está desarticulada como sistema de representación, por lo que la sociedad política mantiene frente a ella una capacidad de iniciativa mucho mayor que en el modelo clásico. Sociedades, en fin, en las que la política tiene una influencia enorme en la configuración de los conflictos, modelando de algún modo a la sociedad, en un movimiento que puede esquematizarse como inverso al del caso anterior. Aquí, la relación economía, estructura de clases, política, no es lineal sino discontinua.

En realidad, la propuesta analítica gramsciana está pensada mucho más desde esta segunda perspectiva que desde la primera: basta repasar las características de la Italia de los veinte y los treinta sobre la que él trabajó, para confirmar esta obviedad no siempre advertida por los comentaristas que lo sacralizan como el teórico del “Occidente” más desarrollado. Como señala exactamente Colletti, la obra de Gramsci “consiste realmente en un estudio sociológico de la sociedad italiana”[1]. Por ello, su esquema metodológico, el impulso de su indagación, resulta sobre todo pertinente para el estudio de aquellas sociedades cuyo desarrollo gira alrededor del Estado y de sus crisis, como las llamadas de “capitalismo tardío” (Italia, Alemania, España, etc.; las que el texto gramsciano citado aparecen como de “capitalismo periférico”). Sociedades aún no “maduras”; dinamizadas por el Estado y por la política, pero en las que el Estado es mucho más “bonapartista” que “despótico oriental”. El modelo que Gramsci propone en los cuadernos para analizar el “bonapartismo”, ejemplo clásico de discontinuidad entre economía y política, entre clases y Estado, puede mostrar, esta plasticidad de su metodología para enfocar situaciones políticas escasamente probables en los países clásicos de “Occidente”, pero típicas bajo el capitalismo tardío y el dependiente, cuyo modo regular de crisis —fractura entre clases y Estado, crisis de representación en suma— toma como estímulo de pensamiento. El fragmento forma parte de una nota crítica contra el economicismo, pero sus alcances metodológicos tienen una concreta resonancia empírica para nosotros.

Luego de refutar la posibilidad de analizar a los movimientos “bonapartistas” como expresión inmediata de una clase, escribe:

Cuando se produce un movimiento de tipo boulanguista el análisis debería ser conducido, siguiendo una visión realista según. esta línea: 1) contenido social de la masa que adhiere al movimiento; 2) ¿qué función tiene en el equilibrio de fuerzas que se va transformando, como lo demuestra el nuevo movimiento por el hecho de nacer?; 3) ¿qué significado, desde el punto de vista político y social tienen las reivindicaciones que presentan los dirigentes y que encuentran una aprobación?, ¿a qué exigencias efectivas corresponden?; 4) examen de la conformidad de los medios con el fin propuesto; 5) solo en última instancia y presentada en forma política y no moralista se plantea la hipótesis de que un movimiento tal será necesariamente desnaturalizado y servirá a fines muy distintos de aquellos que esperan las multitudes adheridas. Por el contrario esta hipótesis es afirmada en previsión cuando ningún elemento concreto (y que aparezca, por lo tanto, con la evidencia del sentido común y no a través de un análisis “científico”, esotérico) existe aún para confirmarla. De allí que tal hipótesis aparezca como una acusación moral de doblez y de mala fe o de poca astucia, de estupidez para los secuaces. La lucha política se convierte así en una serie de hechos personales entre quienes lo saben todo y han pactado con el diablo y quienes son objeto de burla por parte de sus dirigentes sin querer convencerse de ello a causa de su incurable estupidez.

El texto parece un retrato ex profeso de tanta lectura “clasista” que se ha hecho (y se hace) en América Latina de los movimientos populistas. He tratado de desplazar la posibilidad del método gramsciano a los casos de capitalismo tardío, desde la indicación más habitual que tiende a confinarlo como teórico de la porción madura del sistema internacional. Pero América Latina, continente marcado por una secular situación de dependencia en el que ni una clase dominante autónoma ni un fuerte Estado han asumido la tarea del desarrollo nacional, ¿dónde se ubicaría? ¿No sería legítimo incluirla en “Oriente”, esto es, verla como ejemplo de una sociedad simple en donde “el Estado [es] todo y la sociedad civil […] primitiva y gelatinosa”?

Sociedades con más de siglo y medio de autonomía política, con una estructura social compleja, en las que, además, han tenido vigencia movimientos políticos nacionalistas y populistas de envergadura y en las que existe una historia organizacional de las clases subalternas de larga data, las latinoamericanas no entran sino por comodidad clasificatoria en la categoría general de “tercer mundo”, categoría residual que quizá pueda describir mucho mejor a algunas sociedades agrarias de Asia y África. Es cierto que es necesario distinguir en el interior de esa generalidad que puede ser América Latina: cada una de las sociedades que integra el continente refleja un modo particular de articulación al mercado mundial y un entrelazamiento específico de economía, sociedad y política. No introduciré acá lo que es ya suficientemente conocido, es decir, una caracterización tipológica de ese universo confuso, indiferenciado que para el observador europeo o norteamericano es América Latina: ciertamente esta zona del mundo no constituye una unidad, o si se prefiere usar la frase rutinaria, es una diversidad dentro de una unidad.

Nuestro discurso abarca, dentro de ese conjunto, a aquellos países que han avanzado en un proceso de industrialización desde principios de siglo y más claramente tras la crisis de 1930, con todas sus consecuencias sociales conocidas: complejización de la estructura de clases, urbanización, modernización, etc. Estos países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y últimamente, por las consecuencias notables de su “boom” petrolero, Venezuela, unificados entre sí porque todos ellos se insertan en la economía mundial a partir de un proceso de industrialización, conforman también sistemas hegemónicos específicos, caracterizados por el modo particular de articulación entre sociedad y Estado.

Comparables por su tipo de desarrollo, diferenciables como formaciones históricas “irrepetibles”, estos países tienen aún en ese nivel rasgos comunes: esa América latina no es “Oriente”, es claro, pero se acerca mucho al “occidente” periférico y tardío. Más claramente aun que en las sociedades de ese segundo Occidente que se constituye en Europa a finales del siglo XIX, en América Latina son el Estado y la política quienes modelan a la sociedad. Pero un Estado —y he aquí una de las determinaciones de la dependencia— que si bien trata de constituir la comunidad nacional no alcanza los grados de autonomía y soberanía de los modelos “bismarckianos” o “bonapartistas”.

Todas las pujas políticas del siglo XIX son pujas entre grupos que desde el punto de vista económico se hallan escasamente diferenciados y que aspiran al control del aparato del Estado para desarrollar desde él a la economía y promover, con ello, una estructura de clases más compleja. Sobre este virtual vacío social, en el que al amparo de la fuerza de los ejércitos, primera institución nacional, se crean los estados (y el espacio para el mercado económico) ha de penetrar el capital extranjero, configurando así la pareja de los principales protagonistas de la vida social y política latinoamericana en sus orígenes.

A estos dos grandes actores, con quienes se entrecruzan las fracciones dominantes nativas (y el peso original que tengan estas será decisivo para determinar los modos particulares de la dependencia), se van agregando, como producto local del desarrollo capitalista dependiente, otros sectores sociales, desde una burguesía urbana que aprovecha los intersticios dejados por el dinamismo de un patrón de acumulación que no controla, hasta, en el otro extremo, masas marginales.

Toda la historia política de América Latina es la historia del proceso de incorporación y de las tentativas de exclusión de estos nuevos sectores en el modelo más simple surgido hacia finales del siglo XIX. Es dentro de esta dialéctica de inserción-rechazo en la comunidad política que se va constituyendo —coexistente con la presencia, aunque subordinada, de modalidades clasistas— una voluntad nacional-popular como expresión histórica de la realización de las clases subalternas. Es que la situación de dependencia redefine (sobredetermina, si se quiere una expresión más ilustre) tanto a las clases dominantes como a las clases populares y jerarquiza el papel ideológico de los sectores medios y de los intelectuales.

La historia de la emergencia de las clases populares no puede ser asimilada con el desarrollo de grupos económicos que gradualmente se van constituyendo socialmente hasta lograr coronar esa presencia en el campo de la política como fuerzas autónomas. Su constitución como sujeto social está moldeada por la ideología y por la política desde un comienzo: cuando aparecen en la escena lo hacen de la mano de grandes movimientos populares y su emergencia coincide con desequilibrios profundos en toda la sociedad, con crisis del Estado.

En esa movilización colectiva, en la que coinciden todos los sectores excluidos del cerrado modelo “oligárquico”, la identidad de las clases populares es difusa si se la compara con la imagen clásica según la cual los grupos conquistan prioritariamente su especificidad económica (corporativa) y luego una especificidad política. Los movimientos nacionalistas populares del continente (desde la revolución mexicana hasta el peronismo) no son coaliciones al estilo europeo, en las que cada una de las partes conserva su perfil propio luego de “contratar” con el otro sino estructuras totalizantes del pueblo, generalmente con dirección ideológica de los sectores medios.

Las características de esta emergencia de las clases populares, señaladamente política pero a la vez cargada de “falsa conciencia” según la terminología habitual, han llenado de perplejidad a las izquierdas latinoamericanas que jamás supieron qué hacer frente a ese desafío: demasiado extraño para su pétrea imaginación. El único caso triunfante de una voluntad socialista (excluido Chile, ejemplo que nos llevaría muy lejos en el análisis) fue precisamente un caso “desviado” para las expectativas clásicas: el castrismo en Cuba.

El nudo del problema es que las clases populares se constituyen históricamente como tales con un peso marcado de elementos ideológicos y políticos, dentro de sociedades desarticuladas por los fuertes criterios de exclusión que pusieron en vigencia desde un principio las clases dominantes. En estas condiciones la movilización popular ha sido siempre la única garantía para que los sectores medios quebraran las barreras de aislamiento levantadas por las “oligarquías”[2]. Una conclusión calificarla escuetamente a las clases populares como “masa de maniobras” de un grupo de dominación contra otro. Observado desde la perspectiva del desarrollo capitalista, el juicio podría no estar errado. Pero sería parcial.

Esa movilización nacionalista y popular, integrada en un programa de reformas sociales y a menudo solo posible a través de la utilización de medios violentos de lucha, no es solo un capítulo de la historia de las burguesías: expresa también la experiencia, las tentativas de identificación de las clases populares que acumulan así características de clases históricamente “situadas” y no de una masa de cera virgen, apta para ser modelada desde afuera.

La observación gramsciana acerca de los campesinos italianos quienes, para poder ser incorporados a la lucha socialista, debían ser comprendidos no como categorías económicas sino como sujetos históricos marcados por determinaciones geográfico-culturales e ideológicas, vale como pauta de suma importancia para el análisis de las clases en América Latina.

Por supuesto que esta configuración particular de las clases populares no es un dato fatalista, tal como lo piensan los ideólogos nacionalistas. Pero es un punto de partida inevitable para todo proceso de superación política.

La primera forma de identidad de las masas arranca de su sentimiento de exclusión social, pero también nacional; económica, pero también política. Ese acento nacional, esa fragmentaria (aún) convicción de que frente al Estado y al capital extranjero, la nación se identifica con el pueblo, marca toda su historia y exige para el desarrollo de la hegemonía que pretenden los grupos socialistas la comprensión —señalada por Gramsci— que “la relación nacional es el resultado de una combinación original, única (en un cierto sentido) que debe ser comprendida y concebida en esa originalidad y unicidad si se desea dominarla y dirigirla”. Por fin, como añadirá Gramsci, “la clase dirigente merece ese nombre solo en cuanto interpreta esta combinación, de la que ella misma es un componente”.

En este punto, en que la complejidad de las situaciones descarta las fórmulas absolutas, el pensamiento de Gramsci, obra abierta a cada historia nacional, concepción para la teoría y para la práctica política que busca expresarse en “lenguas particulares” para experimentar su certeza, aparece como un estímulo útil, como un instrumento crítico permeable, alejado de los esquemas impávidos, buenos “para el solaz de los rumiadores de frases”.

Si es cierto que en la problemática de la hegemonía se anudan las exigencias de carácter nacional; si es cierto que las fórmulas políticas tendientes a agrupar a las clases populares bajo la dirección del proletariado industrial requieren un reconocimiento particular para cada espacio histórico; si es cierto que las clases populares, aún disgregadas, tienen su historia autónoma; si es cierto, en fin, que el partido “educador” tiene a su vez que ser “educado” por el pueblo, todo ello significa que la guerra de posiciones, la lucha por el socialismo y luego la realización del socialismo, no puede ser concebida sino como una empresa nacional y popular. Un bloque revolucionario se estructura en una sociedad en función histórica (no especulativa), a partir de una realidad que no está constituida solo por un sistema económico sino que se halla expresada en una articulación cultural compleja que arranca del “buen sentido” de las masas y que tiene por terreno su historia como pueblo-nación. El socialismo solo puede negar al nacionalismo y al populismo desde su propia inserción en lo nacional y en lo popular.

Tras la crisis vivida por todos los movimientos nacionalistas populares que caracteriza la etapa de desarrollo político latinoamericano desde comienzos de la década actual, esta reivindicación de sus temas de convocatoria puede sonar a inútil. Ya hace diez años que algunos teóricos “dependentistas” resumieron en una consigna su apreciación acerca de las alternativas inmediatas para América Latina: “socialismo o fascismo”. Era un pronóstico sobre la ineficacia irremediable de los movimientos políticos pluriclasistas que, sin haber alterado substancialmente el patrón de acumulación, habían abierto compuertas peligrosas de participación social y política. La esperanza del socialismo como una salida a ese camino ciego, estimulada por la revolución cubana y sus ecos, aparecía como una certeza; el populismo era un “perro muerto”.

La predicción —es sabido— se autorrealizó: los límites reales del populismo fueron precipitados por lo que Gramsci había llamado en un texto sobre el “cesarismo”, un “avance precoz” de las fuerzas que invocaban la revolución. El resultado fue la consolidación de un “equilibrio catastrófico” y, a partir del mismo, un proceso regresivo que, sobre todo en el cono sur del continente, ha instalado las formas más bárbaras de terror blanco[3].

Ciertamente, el populismo era ya impotente para resolver, como modelo de relación entre Estado y sociedad, el equilibrio de las propias fuerzas que había desatado. Como forma política del desarrollo capitalista dependiente había perdido sentido: estaba asociado a una etapa anterior de ese proceso y, como proyecto burgués de crecimiento nacional, solo podía mantener vigencia en aquellos países que no habían terminado aún con la etapa de unificación del mercado interior. Las burguesías nacionales de los países más maduros, preocupadas por encontrar su lugar en un universo económico caracterizado ahora por la penetración de las compañías trasnacionales, no podían ya resolver sus problemas de acumulación si no conjuraban la amenaza de la movilización populista, esto es, si no derrotaban a la forma política de lucha que las clases populares habían alcanzado realmente.

Es a partir de este cuadro de crisis política, que ponía al desnudo con una gravedad inusitada la desarticulación entre sociedad y Estado, que las burguesías más concentradas de los países maduros proyectan una refundación del Estado para colocarlo al servicio de lo que podría llamarse el tercer momento de la revolución burguesa en América Latina. Si la primera forma de esta, desde el siglo XIX hasta la crisis del 30, marcó la consolidación de un patrón de acumulación basado en el papel que en el mercado mundial pudieron cumplir las fracciones más modernas, agroexportadoras y mercantiles; y su segunda expresión fue el proceso de crecimiento industrial en los intersticios dejados por la crisis del comercio internacional y luego por la segunda guerra, la tercera etapa es la actual, en la que la burguesía para recomponer las condiciones de la acumulación desquiciadas por el populismo, reorganiza al Estado e intenta (con éxito variado, según las características de cada sociedad) poner en marcha un proceso de revolución-restauración. El punto de llegada ideal para este nuevo orden de dominación sería la consolidación de un bloque social dinámico, integrado por las cúspides de la burguesía (internacionalizada y local) y una capa tecnocrático-militar. El punto de partida que, según las relaciones de fuerza en cada sociedad, puede no evolucionar más allá de su propia reproducción inercial, es la instalación de una fase represivo-militar capaz de intentar a cualquier costo la desactivación de toda la herencia participativa y movilizadora del populismo[4].

Pero esta quiebra, este lógico abandono por parte de las clases dominantes de los recursos políticos del nacionalismo popular (que, vale decirlo, fue “burgués” mucho más por un proceso de sustitutismo que por la adhesión orgánica de la clase que le fijaba sus horizontes de posibilidad estructural) ¿implica necesariamente la superación de ese espacio de representación para las masas populares que nacieron a la historia dentro de él? La forma particular de conformación como sujeto social de las clases subalternas en la situación de dependencia, marcada por la ideología y por la política, determinada desde sus orígenes por un impulso “nacional y popular” hacia la constitución de su ciudadanía, es —al menos para el político— un dato de tanta “dureza” como los que pueden surgir de las estadísticas económicas.

¿Qué son los trabajadores argentinos sin la referencia al peronismo, o los chilenos sin su peculiar tradición socialista y comunista, o los mexicanos sin el proceso ideológico que se abre en su sociedad en la primera década del siglo? ¿Qué, sino una entelequia, una categoría libresca? (Por otro lado: ¿alguien podría entender a la clase obrera inglesa sin el laborismo?; los ejemplos podrían ir al infinito, porque se trata de un problema sustantivo para una teoría general, orgánica y no economicista, de las clases.) Todos estos procesos “políticos” son parte de su historia estructural, el terreno desde donde arranca su identidad colectiva nacional, su forma de superación del corporativismo como entrecruzamiento de economía, política y cultura en un concreto real.

Hay pues un principio nacional-popular que no es privativo de una etapa del desarrollo burgués sino que forma parte de la constitución de la conciencia de las clases subalternas en las sociedades capitalistas dependientes. “Visto así —señala Enzo Faletto— el populismo deja de ser solo la capacidad de manipulación que se ejerce sobre las masas pasando a ser la expresión de conflictos entre alternativas.” Desde la “izquierda”, solo una expresión también ella manipuladora, externalista, del proceso de constitución política de las clases populares podría negar la existencia de una historia propia de ellas, previa al momento de su “iluminación” por la “vanguardia”.

En un fragmento de los Cuadernos, incorporado luego a Il Risorgimento, Gramsci traza un cuadro sugerente (que debe ser completado con el texto, ya citado, sobre “espontaneidad y dirección consciente y con los apuntes sobre la relación entre sentido común y filosofía que encabezan la recopilación sobre Croce), acerca de los “criterios metódicos” que deberían seguirse para desplegar toda “historia de las clases subalternas”.

Está claro —dice— que la unidad histórica de cualquier clase social solo termina de realizarse en el Estado. La historia de las clases subalternas, por consiguiente; “está entrelazada con la de la sociedad civil, es una función disgregada y discontinua de la sociedad civil”. Pero esa historia existe y es también historia de instituciones. Agrega:

Hay que estudiar, por tanto: 1) la formación objetiva de los grupos sociales subalternos, por el desarrollo y las transformaciones que se producen en el mundo de la producción económica, su difusión cuantitativa y su origen a partir de grupos sociales preexistentes, de los que conservan durante algún tiempo la mentalidad, la ideología y los fines; 2) su adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir en los programas de estas formaciones para imponer reivindicaciones propias y las consecuencias que tengan esos intentos en la determinación de procesos de descomposición, renovación o neoformación; 3) el nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consentimiento y el control de los grupos subalternos; 4) las formaciones propias de los grupos subalternos para reivindicaciones de carácter reducido y parcial; 5) las nuevas formaciones que afirmen la autonomía de los grupos subalternos, pero dentro de los viejos marcos; 6) las formaciones que afirmen la autonomía integral, etc. La lista de esas fases puede precisarse todavía. El historiador debe observar y justificar la línea de desarrollo hacia la autonomía integral desde las fases más primitivas y tiene que observar toda manifestación del “espíritu de escisión” soreliano.

Todo proceso de composición de las formas organizativas de una voluntad nacional y popular por parte de las clases subalternas y sus intelectuales orgánicos supone, pues, un trabajoso trámite concreto de articulación entre “espontaneidad” y “dirección consciente”, en el que esta debe insertarse en el “espíritu de escisión” presente hasta en las formas más elementales. Ciertamente, la “masa” debe organizarse y esa organización es impensable sin “intelectuales”, esto es, sin organizadores y dirigentes. En palabras de Gramsci, “sin que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se distinga concretamente en una capa de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica”. Pero este proceso se vincula a una dialéctica intelectuales-masa y no a una “evangelización” unidireccional de la masa por los portadores de la “conciencia”.

Del mismo modo que la tercera etapa de la revolución burguesa latinoamericana tiene como punto de partida una reorganización del Estado y de la política, para la que se sirve de las tendencias mesiánicas y “fundacionales” que subyacen en los ejércitos, y que pretende subsumir en la idea de Estado a la idea de nación, la posibilidad que se abre a las clases populares para implementar una lucha contrahegemónica desde la situación de defensiva en que se encuentran, no puede sino arrancar de una consecuente reorganización de sus alternativas políticas, en la que lo “popular” (entendido en los sesenta como afirmación voluntarista de un socialismo verbal que pronto engendró su negación sangrienta) sea, a la vez, “lo nacional”. Cuando las clases dominantes identifican nación con Estado, las clases populares y los intelectuales que buscan articularse orgánicamente con ellas no pueden sino intentar recobrar críticamente (y organizativamente también) su propio pasado, la memoria histórica de una identidad entre nación y pueblo.

Para todo este proceso de autorreflexión desde la derrota, pocos estímulos mejores que los de Gramsci. Pero una relación política con Gramsci no implica “gramscianismo”. Reivindicar su estrategia como camino para la conquista del poder, significa para nosotros el respeto de ciertos ejes fundamentales como incitación para un desarrollo específico, que la lectura de los textos no brinda necesariamente de manera puntual, porque no se trata de libros sagrados.

Esos ejes —tan repetidos ya— suponen: que la revolución es un hecho de masas; que la historia de cada pueblo-nación es irrepetible; que el socialismo es (debe ser) el autogobierno de las masas y no una dictadura “para el pueblo”; que en la nueva sociedad, en fin, se intenta condensar una nueva moral, como crítica y superación humana de la alienación capitalista, pero también del “socialismo” de las cárceles psiquiátricas.

Como premisa metodológica para la orientación de la acción política esta propuesta no puede basarse sino en una definición de las relaciones entre estructura y superestructura, entre sociedad y política, entre crisis económica y crisis social. Este es el plano en que una práctica específica reclama una teoría que la sirva. Definición del Estado en sentido amplio; caracterización de cada sociedad como sistema hegemónico particular; determinación de las formas concretas de las clases sociales por su inclusión en un determinado bloque histórico que organiza la relación entre “estructura” y “superestructura”; todos ellos temas teóricos que implican un enorme avance en la maduración de la ciencia política son, asimismo, el correlato indispensable para el desarrollo de la práctica revolucionaria.

Ellos abarcan, en un nivel más especifico de la reflexión, la problemática de la organización partidaria, de su articulación con los movimientos obreros no partidarios y con los movimientos en que se expresan otras clases populares; la problemática, en fin, de la constitución de un bloque revolucionario en el que deben darse, simultáneamente, la dirección socialista y la autonomía de cada organización popular.

El modelo gramsciano supone, como punto de partida para el político socialista, la formulación de tres preguntas centrales. Ellas se refieren: al carácter de la sociedad que se quiere transformar; al carácter del Estado que se quiere destruir; a la distinción amigo-enemigo que debe trazarse en cada uno de los campos anteriores. Todo esto, dinamizado, vivificado, por el modelo de sociedad que se quiere construir, presente ya en la etapa de la destrucción, como su sentido.

La primera pregunta incluye el conocimiento de la estructura social en sentido amplio; esto es, las clases fundamentales, las fracciones de clase, las categorías que no son estrictamente clases, los estratos de población que constituyen —como las mujeres o los jóvenes, por ejemplo— campos homogéneos de problemas. Al análisis de esta estratificación interna se agrega el de la posición de la sociedad en una escala internacional de estratificación. Finalmente entran en el campo de la estructura social las diferencias regionales, los cortes internos de la sociedad nacional.

La segunda pregunta incluye el análisis del Estado entendido en sentido amplio, como articulación entre fuerza y consenso, entre el aparato estatal jurídico-político en sentido estricto y la constelación de instituciones “privadas” en que el poder se fragmenta. El análisis abarca, pues, no solo al Estado sino al sistema político, como conjunto de instituciones orgánicamente relacionadas cuya presencia sobredetermina la estructura social. En uno y otro nivel opera la distinción fundamental de la política: la que corta amigos de enemigos.

La sociedad que se quiere transformar es un sistema hegemónico (esto es, una unidad orgánica entre estructura y superestructura, ordenada, a través de la política, por un bloque de fuerzas que desde el Estado —en sentido amplio— expresan los intereses económicos, políticos e ideológicos de las clases dominantes), pero a la vez es un campo de relaciones de fuerza; un sistema sometido a contradicciones sociales, penetrado por la lucha de clases en todos los niveles.

El análisis de la estructura social y del sistema político comienza siendo un análisis estático, descriptivo de la sociedad como sistema hegemónico. Solo al pasar al trazado de la distinción amigo-enemigo ese análisis se dinamiza, porque incorpora explícitamente a las contradicciones. Pero en este pasaje —que es de alguna manera el pasaje de la estructura a la historia, de la reproducción del sistema a su transformación— hay una discontinuidad entre el análisis de las contradicciones en la estructura social y el análisis de las contradicciones en el sistema político. La distinción amigo-enemigo en la estructura social no se despliega simultáneamente en el sistema político. Se construye, y esa es la tarea de los grupos revolucionarios: que el alineamiento de las fuerzas en el terreno de la política corte igual que el alineamiento de las clases en la estructura social. Que los intereses “objetivos” de las clases populares pasen a ser intereses “subjetivos” de los actores sociales. Que el sistema de contradicciones en la política sea equivalente al sistema de contradicciones en la estructura social, que las coaliciones de fuerzas políticas recorten de manera equivalente a los campos sociales de interés.

El eje de toda estrategia revolucionaria se construye alrededor de la capacidad que tiene el grupo que se postula como hegemónico para construir un programa de transición que implique un nuevo modelo de sociedad y que articule la totalidad de las prácticas institucionales de las clases, fracciones, categorías y estratos de población que conforman, en una etapa histórica dada, al “pueblo”, haciendo que sea la ideología socialista la que opere como principio ordenador del conjunto.

En esta línea de razonamiento aparece el aporte más original de Gramsci: su teoría (no siempre formulada con la rigurosidad de tal) acerca de la autonomía de los movimientos de masas frente al partido y su caracterización de la revolución como un hecho “social” antes que “político”. Para sociedades complejas, caracterizadas por la multiplicidad de experiencias asociativas de las clases populares, el modelo de articulación organizacional propuesto por Gramsci aparece como la forma más realista de abarcar las energías de las masas en una lucha constante por modificar las relaciones de fuerza sociales. Este abanico institucional abarca desde los instrumentos para realizar la hegemonía obrera (partido, consejos de fábrica, fracciones sindicales) hasta el resto de los movimientos de masas “no obreros” (barriales, estudiantiles, agrarios, etc.) articulándolos en un movimiento único a través del cual “el pueblo” reconstruye su propia historia y supera la fragmentación en que lo colocan las clases dominantes.

En este cuadro se ubican también las fuerzas específicamente políticas, generalmente expresión ideológica de las capas medias, aptas, por lo tanto, para incorporar —no sin crisis en su interior— otro nivel de representación. Pero en relación con el resto de los aparatos sociales que nuclean al pueblo, su papel es secundario porque la trama institucional del nuevo Estado está en aquellos y no en los partidos, expresión típica del parlamentarismo liberal burgués e instrumento insuficiente, por lo tanto, para la democracia socialista. Esta compleja unidad política que incluye en su interior diversos grados, está amalgamada idealmente por un programa de transición que no es la suma de plataformas “reivindicativas” parciales de cada uno de los sectores, sino la expresión política de un nuevo modelo de sociedad.

Las líneas de acción que el pensamiento gramsciano permite desarrollar son las que aparecen como intuición, sin una formulación acabada, en el movimiento comunista tras el viraje de 1921 y que configuran la posibilidad de un segundo momento revolucionario luego de la ola insurreccionalista del 17. En una nota de 1932 titulada: “Cuestión del hombre colectivo o del conformismo social”, Gramsci diseña las diferencias entre uno y otro tipo de estrategia. El modelo insurrecciona! sería propio “de un período histórico en el cual no existían los grandes partidos políticos de masa ni los grandes sindicatos y la sociedad estaba aún, bajo muchos aspectos, en un estado de fluidez: mayor retraso en el campo y monopolio casi completo de la eficiencia política-estatal en pocas ciudades o directamente en una sola; aparato estatal relativamente poco desarrollado y mayor autonomía de la sociedad civil respecto de la actividad estatal; sistema determinado de las fuerzas militares y del armamento nacional; mayor autonomía de las economías nacionales frente a las relaciones económicas del mercado mundial, etc.”. En una segunda etapa estos elementos cambian: “Las relaciones internas de organización del Estado y las internacionales devienen más complejas y sólidas y la fórmula cuarentiochesca de la ‘revolución permanente’ es sometida a una reelaboración, encontrando la ciencia política su superación en la fórmula de ‘hegemonía civil’“.

El III y IV Congresos de la IC tratarán de fijar esas nuevas pautas. Fue Lenin, precisamente, quien con mayor ahínco intentó forzar las modificaciones estratégicas para adecuar el objetivo revolucionario a los nuevos términos de la lucha de clases: ese combate es el que le da sentido a los tres últimos años de su vida.

Pero el pasaje de una concepción teñida de jacobinismo a otra que ponía como centro la conquista de las masas, implicaba la necesidad de una reelaboración también teórica, que Lenin no llegó a desarrollar.

Para sociedades predominantemente agrarias, fueron el maoísmo primero y la experiencia vietnamita luego, quienes lograron efectivizar ese salto en la teoría y en la práctica, tanto a través de la estrategia de la guerra prolongada cuanto de una metodología de la organización que busca resolver de manera dialéctica la relación entre dirigentes y masas.

Gramsci es quien diseñará similar perspectiva para sociedades estructuralmente más complejas, en las que la revolución se presenta como un fenómeno esencialmente urbano. Preocupada por lograr la unidad política de las clases populares más allá de los cortes ideológicos que puedan fragmentarlas, la propuesta gramsciana se deslinda del neorreformismo de los “frentes populares” planteados por los partidos comunistas desde 1934 y transformados desde entonces en una línea constante de la que los latinoamericanos tenemos experiencia. Resumiendo sus supuestos básicos, el “frente populismo” considera:

1. que quienes articulan exclusivamente los intereses políticos de las clases son los partidos;

2. que los partidos comunistas, aunque sean minoritarios, son por el mero hecho de existir, la vanguardia de los intereses del proletariado, hablan en nombre de este y articulan acuerdos tácticos y/o estratégicos con otros “partidos-clases”;

3. que para complementar la acción de los partidos deben constituirse “movimientos de masas” puramente reivindicativos, expresión de intereses categoriales. Su iniciativa política es nula y solo actúan como “correa de transmisión” entre las masas y la política;

4. que el desemboque de ese proceso es un gobierno de coalición sostenido por una estructura institucional de tipo parlamentario.

Desde los escritos ordinovistas hasta sus últimas reflexiones, el eje que recorre la obra de Gramsci es otro: el poder político debe apoyarse sobre la capacidad gestionaria de la sociedad. No hay revoluciones en “dos tiempos”, escribía en 1919: sin una unión de poder político y poder social, la revolución se apoya en el vacío. Y esa unión se construye a través de una lucha prolongada, por medio del libramiento de una guerra de posiciones en la que se va desplegando la hegemonía de los obreros y de sus organizaciones sobre el conjunto del pueblo, modificando la relación de fuerzas sociales, políticas y militares y superando así la falsa oposición entre el combate cotidiano por una política de reformas y la lucha por la revolución.

Los nudos del discurso gramsciano elaboran pacientemente esta consideración esencial y es ella la que valida, para nosotros, la posibilidad de su uso. Pero queda todavía un recodo por explorar. Gramsci no era pensamiento puro, un hálito abstracto, la suma de unos libros, palabras desplegadas para “la tribu de los teóricos”.

Fue un jefe revolucionario y finalmente fue un cautivo. Un prisionero atormentado que sintió varias veces estar al borde de la locura (“me he vuelto medio loco y no estoy seguro de no llegar a estarlo del todo dentro de poco”, escribió el 6 de julio de 1933), pero que a pesar de que necesitaba salir a toda costa “de este infierno en el que muero poco a poco” jamás transó en solicitarle al régimen un pedido de gracia, como reclamaba Mussolini. “Estoy cansado inmensamente. Me siento separado de todo y de todos. Estoy vacío. En enero hice el último intento de vivir, tuve el último brote de vida”. Esa agobiante desesperación había de acompañarlo todavía cuatro años más: “Como dicen en Cerdeña, doy vueltas por la celda como una mosca que no sabe dónde morirse”.

Meridional, contrahecho, solo, este Antonio desmoronado que envolvía al otro Gramsci es lo contrario al semidiós de una revolución. Pero le alcanzaron las fuerzas, sin embargo, para cumplir hasta el fin con la porfiada convicción que llevó consigo a la cárcel: “Para estar tranquilo, quiero que no te asustes ni te inquietes cualquiera que sea la pena a que me condenen. Quiero que comprendas bien, incluso sentimentalmente, que soy un detenido político y que ahora seré un condenado político, que no tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo porque nunca he querido cambiar mis opiniones: por ellas estoy dispuesto a dar la vida y no solo a sufrir la cárcel”. Repetir la pregunta inicial puede adquirir, ahora, un nuevo sentido. ¿Por qué Gramsci? También por esto.

Bibliografía

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Trotsky, León 1973 “La industria nacionalizada y la administración obrera” en Escritos sobre América Latina (México: Cultura Obrera) p. 168

1 Cf. Anderson, 1975: 80.

2 La fragmentación de la clase dominante es una condición estructural del desequilibrio político latinoamericano, operando también como una variable importante para explicar las recurrencias “bonapartistas” de sus sistemas políticos. Un “bonapartismo”, sin embargo, diferente al europeo porque suele implicar la constitución de un bloque entre fracciones de la clase dominante y fracciones de la clase dominada. En un escrito ocasional pero sumamente interesante redactado por Trotsky en México en 1938 aparece por primera vez, que yo sepa una descripción de ese tipo de alianza del estado peculiar que ella proyecta: “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un papel decisivo. De aquí la debilidad relativa de la burguesía nacional respecto del proletariado nacional. Esto da origen a condiciones especiales del poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre la débil burguesía nacional y el proletariado relativamente poderoso. Esto confiere al gobierno un carácter bonapartista sui generis, un carácter distinto. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad puede gobernar, ya convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y aherrojando al proletariado con las cadenas de una dictadura policial o bien maniobrando con el proletariado hasta llegar a hacerle concesiones y obtener así la posibilidad de cierta independencia respecto de los capitalistas extranjeros”. Cf. Trotsky, 1973: 168.

3 Dice Gramsci: “La fase catastrófica puede emerger por una deficiencia política momentánea de la fuerza dominante tradicional y no ya por una deficiencia orgánica necesariamente insuperable. Hecho que se verificó en el caso de Napoleón III. La fuerza dominante en Francia desde 1815 a 1848 se había escindido políticamente (facciosamente) en cuatro fracciones: legitimista, orleanista, bonapartista y jacobino-republicana. Las luchas internas de facción eran tales como para tornar posible el avance de la fuerza antagónica B (progresista) en forma precoz; sin embargo la forma social existente no había aún agotado sus posibilidades de desarrollo, como lo demostraron abundantemente los acontecimientos posteriores.”

4 Sobre el tema, la bibliografía actual en América Latina es abundante. Quisiera citar sobre todo el estimulante, aunque a veces barroco, intento comprensivo de esta problemática realizado por Florestan Fernandes (1976: 191-276). Dos libros de Henrique Cardoso, Estado y sociedad en América Latina (1972) y Autoritarismo e democratização (1975), abundan en análisis sobre la cuestión. Por fin, como aporte europeo, la excelente recopilación de trabajos de Alain Touraine, Les sociétés dépendantes. Essais sur l’Amérique Latine (1976), en especial los ensayos “Les sociétés désarticulées” y “Les classes sociales dans une société dépendante” (pp. 58-112). Del mismo autor, en español, Vida y muerte del Chile popular (1974).

* Portantiero, Juan Carlos 1977 (1975) “¿Por qué Gramsci?” en Los usos de Gramsci (Buenos Aires: Grijalbo).

José Nun

La rebelión del coro* [1]

En la tragedia griega el centro del escenario lo ocupaban casi siempre los héroes, únicos que se hallaban en contacto directo con los dioses. La vida cotidiana tenía reservado, en cambio, un espacio subalterno y sin rostro: el del coro. Lo formaban las mujeres, los niños, los esclavos, los viejos, los mendigos, los inválidos, en una palabra, todos los que se quedaban en la ciudad cuando los demás partían en busca de la aventura, del poder y de la gloria[2].

En La República, Platón trazó el correlato político de esta visión del mundo: el gobierno de su sociedad ideal no estaría en manos de inexpertos (como en una democracia) sino en reyes-filósofos, únicos que se hallarían en contacto directo con la verdad. Perspectiva también heroica de la política esta, que ha dominado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Fueron cambiando los decorados (la catedral, la corte, el parlamento; el palacio presidencial) al igual que los personajes y sus virtudes (el príncipe, el jefe militar, el líder carismático, el gran orador, el sabio de Harvard, o, más módicamente, el galán de Hollywood); pero la política ha seguido siendo presentada como el espacio público de lo grandioso por oposición a la esfera privada en que casi todos vivimos nuestra realidad diaria, sudorosa y poco mostrable. (No hace mucho, los héroes de la Comisión TrilateraI tuvieron la gentileza de explicarnos que la gobernabilidad de las democracias dependía, precisamente, de que las cosas continuasen de este modo, de que la gente no se tomara demasiado en serio la idea de la participación.)

Porque ocurre que, en nuestra época, la vida cotidiana ha comenzado a rebelarse. Y ya no mediante gestas épicas como la toma de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno, sino de maneras menos deslumbrantes, pero también menos episódicas, hablando cuando no le corresponde, saliéndose del lugar asignado al coro aunque conservando su fisonomía propia. El símbolo por excelencia de esta rebelión es el movimiento de liberación femenina, justamente porque la mujer ha sido siempre el símbolo por excelencia de la vida cotidiana. En el colmo de la sorpresa, el guerrero o el tribuno de la plebe advierten que les pasan la cuenta por su ropa sucia o por la crianza de sus hijos. Pero la descompaginación del libreto es más general: también las minorías étnicas, los ancianos, los sin casa, los inválidos, los homosexuales, los marginados, los jóvenes —sobre todo, los jóvenes— violan el ritual de la discreción y de las buenas formas, se plantan en medio del escenario y exigen que se los oiga.

Por cierto, estos movimientos se han manifestado hasta ahora con mayor intensidad en las sociedades capitalistas avanzadas, confirmando que tampoco la protesta es un asunto de libre elección, disponible de igual manera para cualquier grupo en cualquier tiempo o lugar, sino que emerge allí donde las condiciones estructurales la hacen posible. Pero la importancia que deben asumir tales movimientos en la reflexión actual de la izquierda latinoamericana me parece incuestionable no solo porque también han venido surgiendo en nuestras latitudes sino porque procuran liquidar una imagen heroica de la política que no es para nada ajena a las tradiciones del marxismo criollo.

Este es el significado de fondo que se corre el riesgo de no percibir si uno se ofende prematuramente por el sectarismo de algunos de estos nuevos actores o se limita a considerar el problema desde un punto de vista puramente táctico. Sin duda, hay voceros apresurados de esos movimientos que decretan por sí el fin del proletariado como sujeto revolucionario, sin darse cuenta —ni ellos ni sus críticos— de que, según veremos, lo que en realidad están empezando a constatar es el fracaso del discurso heroico sobre la clase obrera. De ahí que el tema trascienda también meras discusiones coyunturales acerca de si, por ejemplo, darle impulso aquí y ahora al movimiento feminista es quitárselo al movimiento obrero o al movimiento campesino. Lo que está en juego es mucho más profundo: se trata de reivindicar y de potenciar los contenidos políticos de la cotidianeidad de todos los sectores oprimidos; y esto incluye, obviamente, la de los campesinos y la de los obreros. Pero ni esos contenidos ni esta cotidianeidad están ahí, ya dados, listos para ser aprehendidos en clave empiricista. Requieren ser constituidos como objeto e interpretados. Y la verdad es que somos muchos los “intelectuales tradicionales” (pace Gramsci) que, por más situados a la izquierda que estemos —o justamente por eso—, nos hallamos mal preparados para la tarea.

Algunas de las razones son ya bien conocidas. Así, durante más de un siglo, el reduccionismo de clase nos llevó a dar saliencia especial a una forma determinada de opresión, en la confianza de que las otras eran simples supervivencias del pasado o desaparecerían por arrastre. A la vez, en sus tratamientos de esta forma, tanto el “marxismo automático” de la Segunda Internacional como el “partido-conciencia externa” de la Tercera acabaron sepultando las Tesis sobre Feuerbach y, con ellas, la revolucionaria idea de Marx de que toda verdadera filosofía es autodidacta, de que la gente se educa a sí misma a través de su propia praxis. Pero hay otros obstáculos teóricos que tornan difícil aquel desciframiento y que son todavía parte del bagaje intelectual de muchos sectores de la izquierda latinoamericana. De estos obstáculos quiero ocuparme brevemente aquí. Para hacerlo, me centraré en el aludido fracaso del discurso heroico sobre la clase obrera.

La autoemancipación del proletariado

Hay, por lo menos, un sentido en que el pensamiento de Marx coincide con el de Platón: para ambos, la auténtica garantía de una sociedad justa no resulta tanto de un sistema institucional específico como de la educación política de quienes la formen. Por eso, la utopía platónica asignaba a los reyes-filósofos el papel de tutores de la ciudadanía, con la misión de orientarla hacia el conocimiento verdadero, esto es, el que propugnaba la escuela del propio Platón. Es claro que Marx va a rechazar vigorosamente la idea de un guía externo y, con ella, una visión heroica de la política. Para probarlo, basta leer su Tercera Tesis sobre Feuerbach. Pero, ¿basta realmente?

En sede filosófica, sí. Como se sabe, Marx refuta en esta Tesis al materialismo mecanicista, poniendo en evidencia la contradicción que le es inherente: una perspectiva que concibe a los hombres como productos pasivos de fuerzas materiales que los determinan por completo, solo puede fundar la posibilidad del cambio en la existencia de una minoría que, por razones que teóricamente quedan sin explicar, se hallaría libre de esas determinaciones, es decir, estaría por encima de la sociedad y podría, de este modo, educarla y conducirla al progreso. La réplica de Marx es aquí rotunda: no hace falta educadores externos porque son falsas las premisas que obligan a invocarlos; a través de su praxis, son los propios hombres quienes continuamente cambian sus circunstancias y se transforman a sí mismos.

Esta Tesis funda, a su vez, un programa: el de la autoemancipación del proletariado. Pero hay más que eso. Es un programa que, en principio, estaría sugiriendo el lugar preciso de la educación política de este sujeto colectivo concreto: aparentemente, tal lugar no podría ser otro que el de su praxis constitutiva, o sea la fábrica, desde que “no en vano el proletariado pasa por la escuela del trabajo, dura pero forjadora de temple” (Marx y Engels, 1967: 102). Solo que esta interpretación enfrenta serios problemas. Porque será el mismo Marx quien señale las limitaciones de esa “escuela”: si, por una parte, concentra a los obreros en grandes números y facilita así la comunicación y la solidaridad, por la otra “embrutece”, “produce imbecilidad y cretinismo”, convierte al operario en un mero “apéndice de la máquina” y, por último, “vence todas las resistencias” y sirve para reproducir las relaciones capitalistas de producción como si fuesen “las más lógicas leyes naturales”[3]. Esto sin mencionar las francas posibilidades de cooptación que abren los períodos de “prosperidad temporaria”, a los que se refiere en sus análisis de la situación política inglesa[4].

Sucede, primeramente, que la reflexión de Marx trasciende el ámbito de la fábrica y se sustenta en una hipótesis más global sobre el rumbo de los procesos culturales entonces en curso: como intenté demostrar en otro lado, la consolidación de la esfera pública, los progresos de la alfabetización y la revolución en las comunicaciones fueron algunos de los fenómenos que lo llevaron a suponer, en clave racionalista, que el proletariado lograría finalmente franquear la distancia que separaba a la ciencia del sentido común[5]. Esto, unido a aquellas constataciones, lo inducirá a atribuirles cautelosamente a los intelectuales burgueses que se desclasan funciones complementarias significativas: no únicamente la de “explicarle al mundo sus propios actos” sino también las de dar apoyo moral y organizativo a los obreros y difundir entre ellos la literatura y la propaganda revolucionarias. Pero, sobre todo, en sus escritos políticos de madurez Marx va a enfatizar cada vez más el papel de los sindicatos como potenciales “escuelas de socialismo”, estrechamente ligadas a la “escuela de trabajo”, pero, por cierto, no subsumibles en esta[6]. O sea que la educación política del obrero ya no aparece como un puro emergente de su actividad productiva sino que connota una transformación de la cultura y pone en juego mediaciones institucionales cuya densidad específica no hizo sino incrementarse desde la segunda mitad del siglo XIX.

Esto no significa que Marx preanuncie el voluntarismo radical del Lenin del ¿Qué hacer? Los sindicatos son concebidos como creaciones “espontáneas” de los trabajadores mismos que, “sin advertirlo conscientemente”, se van constituyendo en “centros de organización de la clase obrera, tal como las municipalidades y las comunas medievales lo fueron de la clase media” (Marx, 1976: 82-83). Lo importante es que, aunque Marx no llegó a plantearse en toda su complejidad la dialéctica base/sindicato, una apreciación realista del carácter contradictorio de la “escuela del trabajo” lo condujo a distinguir diversos niveles de estructuración de la clase y a poner distancia con cualquier visión heroica de la fábrica[7].

Y es en este punto donde sobreviene una cierta perplejidad. Dado lo anterior, ¿cómo se explica que tantas generaciones de militantes y de estudiosos marxistas se hayan empeñado en “descubrir” o en “desarrollar” la conciencia de clase por referencia exclusiva a los obreros mismos y a su experiencia fabril, como si este fuese el único plano de constitución del sujeto revolucionario[8]? Varios ismos se ofrecen como respuesta: economicismo, espontaneísmo, psicologismo y, seguramente, son en parte válidos. Pero soslayan una cuestión que me parece fundamental: las razones teóricas por las que, a pesar de todo lo expuesto, el marxismo se ha mostrado siempre propenso a esa concepción heroica de la política que generalmente Marx supo eludir. Porque lo paradójico de la apelación directa al obrero es que ha servido, en los hechos, para confinar su vida cotidiana a la oscuridad del coro, en la medida en que no se ajustaba —ni podía ajustarse— a los términos de la convocatoria. Veamos, entonces, cuáles son aquellas razones.

El marxismo como terapia radical

Ocurre que, por muchos años, ha predominado en el marxismo la tendencia a operar con una epistemología de corte empiricista. Esta tendencia halló su consagración canónica en Materialismo y empiriocriticismo, de Lenin, y luego, cuando se difundió La ideología alemana, fue considerablemente realimentada por la seductora (e insostenible) analogía de la cámara oscura[9]. Desde esta perspectiva, la conciencia refleja la realidad ya dada de las condiciones materiales de la existencia pero, al hacerlo, la invierte; y esta inversión no es casual sino que resulta de la sumisión de esa conciencia a las ideas dominantes de la época, es decir, a la hegemonía burguesa[10]. ¿Por qué se trata de una epistemología empiricista? Porque se maneja con una teoría del conocimiento en tanto simple copia de la realidad, según la cual esta última puede ser, en efecto, reproducida por la conciencia; y le añade un proceso distorsivo sin el cual se supone que la realidad podría ser directa y diáfanamente aprehendida por sus actores.

Pero, aparte de que teorías de este tipo no pueden dar cuenta de aquello que es “copiado” —o sea, de cómo y por qué la conciencia selecciona obviamente solo algunos de entre los muchos estímulos potenciales que recibe—, su falla básica radica en ignorar que nuestra concepción del mundo es parte ella misma de la constitución de lo real (y esto incluye las condiciones materiales de existencia que, en tanto productos de la actividad humana, no son nunca un puro dato anterior a la conciencia). En otras palabras, a través de sus diversas prácticas los hombres y las mujeres, lejos de reducirse a descubrir una realidad ya establecida, la van también construyendo, lo que revela la insuficiencia —y el carácter contemplativo— de cualquier idea de la copia o del reflejo. Sin embargo, que esta idea haya podido fascinar a los marxistas con vocación de “reyes-filósofos” tiene poco de sorprendente: entre otras cosas, ha servido para garantizarles de una vez para siempre su sitio junto a la verdad revelada. Invariablemente, la falsa conciencia es un problema de los otros.

La posición que critico se ha visto acompañada —y reforzada— por una teoría idealista de lenguaje, conforme a la cual las palabras son, a su vez, un reflejo de las ideas que nos pasan por la mente[11]. Lo que no deja de ser curioso, puesto que el marxismo se privó así de extender al lenguaje uno de sus hallazgos fundamentales, a saber, que las ideas no son nunca disociables del contexto histórico en que emergen. De manera análoga, el significado específico de una palabra no se averigua simplemente interrogando a quien la enuncia o recurriendo al diccionario; para entenderlo es preciso investigar sus usos concretos, el a el que desempeña en las prácticas sociales en que interviene. Y esto justamente porque las palabras no son meras transmisoras de ideas o de conceptos: descontextualizadas, carecen de sentido. No basta que un discurso apele a nociones como “conciencia proletaria” o “lucha de clases” para juzgarlo revolucionario, ni que no lo haga es condición suficiente para disputarle su calidad de tal. Como se ve, esta crítica resulta casi el reverso de la anterior: donde una teoría empiricista del conocimiento niega la función constituyente de la conciencia, una teoría idealista del lenguaje impide aprehender las formas discursivas como componentes centrales —y escasamente arbitrarios— de la realidad social material. Sumadas, ambas perspectivas dan sustento a una versión del marxismo que conduce necesariamente a una imagen heroica de la política.

Para entenderlo, conviene reordenar los elementos ya presentados. En primer término, todo discurso es concebido como un reflejo de la conciencia y esta, por su parte como un reflejo (distorsionado) de la realidad. En segundo lugar, el discurso marxista aparece como el único verdadero porque expresa la conciencia revolucionaria capaz de explicar esa distorsión y de indicar el camino para cancelarla. Más aun, esta conciencia revolucionaria es la conciencia de clase del proletariado, aunque sean muchos los obreros concretos que no estén todavía en condiciones de asumirla porque son víctimas del proceso que invierte su conocimiento de la realidad. Respecto a ellos, el marxismo no puede menos que proponer, entonces, una terapia radical: su discurso debe desalojar el discurso falso que las ideas dominantes han instalado en la cabeza de esos trabajadores; y debe desalojarlo todo. El agente terapéutico pueden ser las crisis económicas —como en el joven Lukács— o el partido de vanguardia —como en el ¿Qué hacer?—; pero el criterio de éxito no ofrece dudas: las ideas verdaderas deben penetrar las conciencias para disolver las distorsiones que las afectan; y las nuevas palabras que esa conciencia asuma como propias darán testimonio de la misión cumplida. El proletariado será revolucionario, esto es, “hablará marxismo”, o no será. (Curiosamente, no se requiere sin embargo de los trabajadores que conozcan las teorías de la competencia o de los costos comparativos cuando se los juzga unidimensionalmente integrados a la cultura dominante; y ni siquiera se espera eso de los mismos burgueses.)

Por este camino, los obreros se ven asignados sin más el rol abstracto y heroico de clase universal, con la misión de liberar a la humanidad en su conjunto. La teoría ha develado el secreto de esta predestinación y lo ofrece generosamente a sus elegidos: si estos incorporan el mensaje, se salvan porque su conciencia se hace revolucionaria; de lo contrario, se pierden porque su conciencia sigue siendo burguesa.

Lo paradójico es que, entendido de este modo, el marxismo deja de ser un potente instrumento de análisis de la realidad para verse reducido a una de tantas propuestas ideológicas en busca de portador. Y nada pone más en evidencia este empobrecimiento que el mecanismo de la operación por la cual la mayoría de los obreros concretos son relegados al coro de los alienados, de los sometidos a la hegemonía burguesa, como si lo único que hubiese que explicar es por qué no se comportan como se supone que debieran[12]. Normatividad de transfondo idealista que alimenta una imagen heroica de la política que acaba siendo desmovilizadora: su épica está poblada de obreros conscientes y de muertos gloriosos con los que difícilmente puedan medirse los hombres y las mujeres de carne y hueso que deben ocupar la mayor parte de su vida en ganársela.

¿Se trata de contribuir, entonces, a que acepten pasivamente su suerte? Todo lo contrario. Es justamente el ángulo estrecho de visión que critico el que impide comprender el potencial transformador que realmente alberga en los sectores populares, por más que estos no se expresen como se espera. ¿Cuál es la alternativa? A la luz de lo dicho, me parece que la rebelión del coro está indicando, por lo menos, su rumbo. Procuraré hacerlo un poco más visible.

De Marx a Wittgenstein

El complejo problema de los diferentes niveles en que se estructura una clase en formación —y al que, según señalé, Marx le fue atribuyendo cada vez mayor saliencia— se rebaja a pura cuestión táctica si de lo que se trata es de transmitir un único discurso verdadero. Es que, en este caso, resulta lógico pensar tales niveles como otros tantos espacios en que ese discurso debe ser literalmente reproducido. La imagen piramidal de la organización que consagró la Tercera Internacional (en la cúspide, el partido, en la base, los trabajadores, y, entre ambos, los sindicatos actuando como correas de transmisión) brinda el ejemplo clásico de este planteo a la vez que sugiere que el estalinismo fue algo más que una aberración individual.

El fracaso de esa concepción es hoy evidente. En la mayoría de los países llamados socialistas, las cúpulas ya ni siquiera simulan intentar que “el discurso verdadero” sea asumido en serio por las masas y, significativamente, terminan convirtiendo al marxismo en tema apto sobre todo para académicos. Pero tampoco la historia de las luchas populares en el resto del mundo confirma la supuesta eficacia terapéutica de ese discurso en los términos descriptos. Como pregunta Gintis con toda pertinencia: “¿Dónde han servido ‘la alienación’, ‘la objetivización’, ‘el fetichismo de las mercancías’ o ‘la hegemonía’ como gritos de guerra —de la lucha de clases— sin mencionar ‘la desublimación represiva’ o ‘la negatividad artificial’?” (Gintis, 1980: 197).

Sucede que los diversos niveles de la práctica social no son transparentes ni asimilables entre sí: cada uno tiene características cognitivas propias, estilos particulares de desarrollo y modos específicos de institucionalización. Pero hay más; esa misma práctica en su conjunto está siempre históricamente situada, de manera que no se trata solo de distinguir entre sus instancias —la teoría, la acción política organizada, la actividad sindical, la vida cotidiana, etc.— sino de notar que las formas y los contenidos de estas últimas deben ser contextualizados para hacerse inteligibles.

En este sentido, la literatura marxista parece no haber sacado aun todas las consecuencias de la que hoy se ha vuelto una constatación ineludible: nunca hubo un modelo de revolución burguesa, desde que el desarrollo del capitalismo ha tomado formas marcadamente diferentes según los países. Y si no ha habido uniformidad en los modos de dominación, tampoco ha podido haberla en la manera en que se fueron configurando en cada sitio los múltiples niveles de lucha contra esa dominación. Siendo esto así, ¿cómo sostener a priori que existe un único discurso verdadero, un solo camino hacia la liberación, postulable urbi et orbi[13]?

Creo que tanto este punto como las dos cuestiones generales recién propuestas —la necesidad de diferenciar niveles en la práctica social y el carácter siempre históricamente determinado de esta última— ganan en claridad a la luz del famoso par de metáforas que empleó Wittgenstein en su análisis del lenguaje. Por una parte, sostuvo, las palabras operan como herramientas (Wittgenstein, 1958: párrafo 11). Pretender definirlas en sí mismas es “una ceremonia vacía”: lo que realmente importa son las funciones que cumplen. Y estas funciones dependen del uso que se les da, del mismo modo que un martillo puede servir tanto para construir como para destruir —alternativa que, por cierto, no resuelve su definición sino la manera concreta en que se lo utiliza—. Por eso, “imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida” (Wittgenstein, 1958: párrafo 19).

Por otro lado, las palabras son comparables a las piezas de un juego y el lenguaje mismo a un conjunto de juegos. Sin duda, no hay una propiedad que sea común a todas las actividades que corrientemente llamamos “juegos”: unos requieren concentración y otros no, están los que exigen habilidades especiales y están los que no reclaman ninguna, hay juegos competitivos y no competitivos, individuales y de equipo, etc. Más bien identificamos a los “juegos” en base a una complicada red de similitudes que se superponen y se entrecruzan, sin perjuicio de la especificidad de cada juego particular. (Nótese, por ejemplo, el carácter no transitivo de los juegos: el juego A puede parecerse al B y el B al C sin que se asemejen A y C.) Desde este punto de vista, el lenguaje —como parte de una “forma de vida”— puede ser concebido como un repertorio de juegos, cada uno con sus reglas propias, en que intervienen palabras y acciones (Wittgenstein, 1958: párrafo 7). Así, la ciencia, la religión, la política, la vida cotidiana, etc., se articulan y se comunican por medio de múltiples “juegos de lenguaje”, cuyas características y texturas lógicas son peculiares de cada esfera. El astrónomo que antes de ir al observatorio le comenta a la esposa que es una suerte que “el sol haya salido más temprano”, no está renegando por eso de Copérnico: está participando, simple y saludablemente, en uno de los juegos de lenguaje del sentido común y no de la ciencia.

Si regresamos ahora al tema de los niveles y de su historicidad, se comprenderá mejor por qué es inviable la idea del “único discurso verdadero” que homogenice la totalidad de las prácticas de las clases subalternas. Ante todo, como queda dicho, no solo cada instancia estructura sus propios juegos de lenguaje sino que entre los de las distintas esferas hay una discontinuidad necesaria, por más que no se trate de compartimientos estancos. Ya lo advertía Gramsci cuando diferenciaba lúcidamente entre los niveles de la teoría y del sentido común: “Es pueril pensar que un concepto claro, oportunamente difundido, se insertará en las diversas conciencias con los mismos efectos organizadores de una claridad difundida” (Gramsci, 1975: 2267). En todo caso, ese concepto claro será refractado y reinterpretado según las reglas y los usos de los nuevos juegos de lenguaje en que busque colocarse; o, sencillamente, estos no estarán en condiciones de hacerle lugar. Lo que importa añadir es que las diferenciaciones a que me refiero no connotan idea alguna de jerarquía sino que corresponden meramente a diversos planos de actividad; a este respecto, cuanto antes se liquide la imagen de la pirámide, mejor[14].

Después, las piezas de esos juegos de lenguaje varían en cada contexto particular. Aquí interviene la metáfora de las “herramientas” en un doble sentido: tanto el arsenal disponible en una sociedad dada como el modo prevaleciente de su uso son siempre el resultado concreto de luchas pasadas o presentes, larvadas o abiertas. Por eso, contra lo que suponen las teorías idealistas y/o conspiratorias, los discursos dominantes a cualquiera de los niveles —incluido el teórico— están lejos de ser un puro producto de emisores individualizables; más bien, eventualmente, manifiestan la forma peculiar en que el mensaje de estos últimos se ha refractado en una realidad determinada; y esta forma, que condensa conflictos anteriores, se vuelve, a su vez, objeto de nuevos enfrentamientos. E. P. Thompson ha mostrado, por ejemplo, cómo en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII “la ley había sido menos un instrumento de poder de clase que una arena central de conflicto”. De este modo fue cambiando la noción misma de ley hasta que saturó finalmente “la retórica de Inglaterra en el siglo XVIII” y sirvió, entonces, para consolidar la dominación de la aristocracia. Solo que “era inherente a la misma naturaleza del medio que [esta] había seleccionado para su propia defensa que no pudiese ser reservado para su uso exclusivo”. El conjunto de las relaciones de clase pasó a expresarse a través de formas legales; y si estas beneficiaban a los grupos dominantes, también ponían límites a su acción. Pero, sobre todo, los sectores subalternos impulsaron usos muchas veces inesperados de esas formas legales, generando choques que no siempre los jueces pudieron resolver a favor de la aristocracia. Por esta vía, acabaron por legitimarse aplicaciones no previstas de las herramientas originales (Thompson, 1975: 261-264). Las ilustraciones de este punto podrían multiplicarse. En el siglo XIX, la burguesía luchó en Inglaterra o en Francia por la libertad de asociación para poder contar con organizaciones que fortaleciesen su poder de clase y que le permitieran controlar a los gobernantes de turno; pero los obreros se valieron de ese mismo principio para reivindicar su derecho a formar sindicatos que pudiesen enfrentarse a la dominación de la propia burguesía. En este caso, atribuir simplemente el derecho de agremiación al discurso liberal —del que, en efecto, pasó a formar parte— implicaría olvidar hasta dónde fue esta una penosa conquista de los trabajadores (Macpherson, 1975: 7-11).

Es claro que dista de ser irrelevante para el curso concreto de la lucha de clases en una sociedad determinada que los conflictos tiendan a revestir formas legales o a expresarse a través del discurso liberal. Tanto los juegos de lenguaje como las piezas que estos movilizan no son neutros respecto a las prácticas sociales a que están ligados sino que contribuyen a constituirlas y a regular sus condiciones de variabilidad: ni el ajedrez desarrolla los músculos ni con un martillo se puede pintar paredes.

Pero, salvo que uno opte por la metafísica, esas prácticas, a los diversos niveles, deben ser el punto de partida obligado de cualquier esfuerzo de transformación que se quiera eficaz. Más aun: por mejor intencionada que esté, una estrategia política que pretenda soslayar la compleja trama de condicionamientos a que acabo de referirme termina produciendo consecuencias no queridas. Es el caso de las versiones del marxismo que critico, y de una en especial: la de perpetuar una visión heroica de la política, que conduce tanto a la impotencia —porque el coro no puede oír— como al autoritarismo —porque al coro no se lo deja hablar—.

Vida cotidiana y buen sentido

Es significativo que seis años después de la Revolución de Octubre Trotsky se viese obligado a concluir: “La primera tarea, la más profunda y urgente, es romper el silencio que rodea a los problemas de la vida cotidiana”[15]. Por cierto, no se dirigía a los funcionarios del zar, que habían sabido intervenir en las experiencias cotidianas del pueblo ruso mediante una represión abierta y vociferante; estaba escribiendo para un público de militantes comunistas y empezaba a advertir que el silencio puede ser otra forma de la coerción.

En nuestros países, la rebelión del coro viene pugnando fragmentariamente por romper este silencio aquí y ahora, sin esperar “el gran cambio revolucionario” para pedir la palabra. Es natural que los sectores dominantes se la nieguen o se la concedan bajo condiciones que la invalidan. Lo que sería lamentable es que la izquierda persistiese en hacer lo mismo, instalada en la certeza de su discurso verdadero.

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que la militancia deba volverse seguidismo. En primer lugar, ello implicaría caer en un reduccionismo basista que anularía todo lo dicho acerca de la significación y de la singularidad de las múltiples instancias en que se estructura un sujeto revolucionario. Por otra parte, la vida cotidiana de los oprimidos se expresa a través de los juegos de lenguaje de un sentido común acrítico, vehículo de muchas falsas verdades recibidas de la religión, de las tradiciones populares, de la cultura oficial, etc. A lo que cabe añadir que esa cotidianeidad tiende a agotarse en el particularismo, cierre de horizontes que opera, a la vez, como defensa frente a la continua agresión de los poderes establecidos y como obstáculo para una estrategia unitaria de acción.

No obstante, al mismo tiempo —como también intuyera Gramsci— el sentido común de los explotados suele contener un núcleo de buen sentido, un sentimiento elemental de separación y de antagonismo (manifiesto o no) frente a los dominantes. En este núcleo se aglutinan experiencias pasadas y presentes; y, aunque el sentido común se ocupe de sabotearlo y de oscurecerlo de mil maneras, hay juegos de lenguaje específicos que lo preservan. Son estos, justamente, los que deben ser elaborados y fortalecidos. Pero, para eso, es preciso comprenderlos antes en sus propios términos, como resultado concreto de procesos de lucha que importa identificar. Tal esfuerzo de comprensión es tanto más importante dado que los diversos sectores subordinados difícilmente coincidirán en esos juegos de lenguaje, lo que quiere decir que no puede esperarse una homogeneidad espontánea de los modos en que el núcleo de buen sentido define, en cada caso, sus áreas de igualdad y de oposición, sus aliados y sus enemigos. Pero, aunque significativo, este es solamente el primer paso de la tarea de desciframiento a que aludí al comienzo. Porque, entre otras cosas, se requiere establecer además cuál es el grado de consistencia interna de los juegos de lenguaje del buen sentido en un momento histórico dado y según los segmentos sociales de que se trate, hasta dónde son traducibles a otras situaciones, cuáles son sus posibilidades propias de expansión, qué lugar les corresponde en el conjunto de los dominios de relevancia del actor y del grupo[16], etc. Todo esto es condición necesaria para una comunicación auténtica entre masa e intelectuales (militantes incluidos), concebida como empresa de esclarecimiento mutuo que lleva a un desarrollo pleno del potencial crítico contenido en aquel núcleo de buen sentido. Si no me parece todavía condición suficiente es porque tal comunicación no puede darse en el aire: exige contextos institucionales adecuados, que no son postulables en abstracto y que pueden ir desde la asociación vecinal o el club deportivo hasta la cooperativa de consumidores o el consejo de fábrica. Estamos ante un vastísimo campo de acción, tan vasto como la intrincada red de determinaciones de la sociedad civil que se quiere transformar.

Desde luego, la hipótesis política que guía este planteo es que el mundo de la vida cotidiana de los oprimidos no es el mero espacio de la reproducción sino que se halla atravesado por múltiples puntos de ruptura con el orden dominante y que, aunque muchas veces contradictorios y parciales, estos puntos de ruptura hacen a la lógica más íntima y permanente de la lucha social. De ahí que la cabal recuperación de esta esfera de la práctica para entenderla y para potenciarla deba verse como una decisión estratégica, a la que se liga estrechamente cualquier posibilidad de construir una genuina democracia socialista. En cambio, dado el desarrollo siempre desigual de los niveles, será la coyuntura la que indique cuál de ellos debe recibir prioridad táctica: en contextos históricos muy diferentes, Marx pudo privilegiar a los sindicatos, Rosa Luxemburg, a los movimientos de base y Lenin, al partido de vanguardia[17].

Dije al comienzo que iba a tomar como punto de referencia de mis reflexiones el fracaso del discurso heroico sobre la clase obrera. Pero la rebelión del coro hace algo más que ponerlo en descubierto: socava también la imagen del proletariado como clase universal al traer al centro del escenario reivindicaciones que trasciendan los supuestos “intereses objetivos” de este último, soporte de aquella imagen. Sin duda, se trata de un cuestionamiento válido, aunque debamos cuidarnos de dicotomías simplistas: que la clase obrera deba ser pensada como un actor limitado y no universal no le quita nada a su centralidad en la lucha, dado su papel decisivo en el proceso capitalista de producción y su capacidad tantas veces probada de organización estable. Actor limitado y central, entonces, cuyas demandas, concretas deben articularse con las que suscitan todas las otras formas de opresión. La tarea es extremadamente compleja y, sobre todo, roto el encanto de la teleología, no hay nada que garantice sus resultados. Pero, en estas cuestiones, ¿hubo alguna vez seguridades que fueran realistas?

Bibliografía

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1 Publicado originalmente en Nexos (México), octubre de 1981, N° 46, pp. 19-26. La versión ligeramente corregida que aquí se incluye apareció en Punto de Vista (Buenos Aires), mayo de 1984, N° 20, pp. 6-11.

2 Para un excelente esbozo histórico de la emergencia de la problemática de la vida cotidiana véase Gouldner (1975).

3 Las primeras citas están tomadas de diversos escritos juveniles de Marx; las dos últimas corresponden a El Capital (Marx, 1946: Tomo I, Cap. 24, 627). Es instructivo contrastar la imagen de la fábrica que ofrece este texto con la que presenta el Manifiesto Comunista, Parte l.

4 Véase, por ejemplo, Johnson (1980).

5 Véase Nun (1989).

6 Adamson (1977) documenta cuidadosamente la referida evolución de Marx. Véase también Leiss (1974).

7 Es casi innecesario señalar que Marx no pudo prever los procesos de burocratización sindical que solo se tornarían fuertemente visibles desde comienzos de este siglo.

8 La pregunta se aplica también a los numerosos científicos sociales —especialmente anglosajones— que se han dedicado a refutar a Marx mediante el simple procedimiento de construir un supuesto tipo ideal de conciencia de clase, para después mostrar cómo se apartan de él las orientaciones de los obreros que entrevistan. Pero, insisto, uno no puede ensañarse demasiado con estos críticos cuando los propios marxistas adoptan métodos similares.

9 “Y si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a un proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico”, Marx y Engels (1968: 26). [Nótese que nos hallamos aquí ante una relación de semejanza real (y no meramente contingente) entre dos procesos: el de la ideología y el de la visión. Por eso se trata de una analogía y no de una metáfora, observación que debo a Boudon (1986: 58).]

10 Conviene subrayar que no me propongo hacer aquí una exégesis del pensamiento de Marx sino que me estoy refiriendo a algunas partes del mismo que se volvieron moneda corriente en la izquierda marxista. Digo esto porque la teoría del fetichismo de la mercancía que presenta El Capital permite fundar un análisis de los procesos de refracción/inversión radicalmente distinto —y mucho más rico— que el contenido de La ideología alemana. Véase a este respecto Lichtman (1975: 23).

11 Para una detenida elaboración de este punto me remito al importante trabajo de Gintis (1980), que me ha sido especialmente útil en la preparación de este artículo.

12 Seguramente, pocos razonamientos circulares lo hubieran irritado tanto a Gramsci como ese tan cómodo que se hace hoy invocando su nombre: “—¿Por qué el proletariado no ha desarrollado todavía su conciencia revolucionaria? —Porque la burguesía es hegemónica”.

13 Reencuentro así la pregunta que se formulaba hace unos años Birnbaum (1968: 371).

14 Véase Nun (1973).

15 Pravda, 17/08/1923, reproducido en Trotsky (1978: 157).

16 Introduzco intencionalmente la temática de los dominios de relevancia, elaborada por Schutz (1974: cap. 6). Es que, sin perjuicio de criticar el subjetivismo idealista de que parten, resultan especialmente útiles algunos análisis de la sociología de cuño fenomenológico acerca de la estructura del mundo de la vida cotidiana. Para una introducción general a estas cuestiones puede verse, por ejemplo, Smart (1976: 95-104). Lo mismo ocurre con los aportes de la etnometodología, de la antropología cultural y de la creciente —y heterogénea— literatura sociopolítica inspirada en el segundo Wittgenstein.

17 Para un mayor desarrollo de este punto, véase Nun (1973: 218-219).

* Nun, José 1989 “La rebelión del coro” en La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común (Buenos Aires: Nueva Visión) pp. 11-24.

Ernesto Laclau

¿Por qué los significantes vacíos
son importantes para la política?*

La producción social de “significantes vacíos”

Un significante vacío es, en el sentido estricto del término, un significante sin significado. Esta definición es también, sin embargo, la enunciación de un problema. Porque, ¿cómo es posible que un significante no esté unido a ningún significado y continúe siendo, a pesar de todo, parte integral de un sistema de significación? Un significante vacío sería una mera secuencia de sonidos, y si estos últimos carecieran de toda función significativa, el propio término “significante” sería claramente excesivo. La única posibilidad de que una sucesión de sonidos estuviera desprendida de todo vínculo con un significado determinado y que continuara siendo, sin embargo, un significante, sería que a través de la subversión del signo que la posibilidad de un significante vacío implica, se realizara algo que es un requerimiento interno del proceso de significación como tal. ¿Cuál es esta posibilidad?

Algunas pseudo-respuestas pueden ser muy rápidamente descartadas. Una consistiría en sostener que el mismo significante puede ser vinculado a distintos significados en diferentes contextos (como consecuencia de la arbitrariedad del signo). Pero resulta claro que, en este caso, el significante no sería vacío sino equívoco: en cada contexto la función de significación se realizaría plenamente. Una segunda posibilidad es que el significante no fuera equívoco sino ambiguo: es decir, que una sobredeterminación o bien una subdeterminación de significados impidiera fijarlo plenamente. Sin embargo, este carácter flotante del significante no hace todavía de él un significante vacío. Si bien el flotamiento nos hace avanzar un paso en la dirección de una respuesta adecuada a nuestro problema, los términos de esta respuesta aún se nos escapan. Con lo que nos enfrentamos no es con una plétora o una deficiencia de significaciones, sino con la estricta posibilidad teórica de algo que apunte, desde el interior del proceso de significación, a la presencia discursiva de sus propios límites.

En consecuencia, un significante vacío solo puede surgir si la significación en cuanto tal está habitada por una imposibilidad estructural, y si esta imposibilidad solo puede significarse a sí misma como interrupción (subversión, distorsión, etc.) de la estructura del signo. Es decir, que los límites de la significación solo pueden anunciarse a sí mismos como imposibilidad de realizar aquello que está en el interior de esos límites —si los límites pudieran significarse de modo directo ellos serían límites internos a la significación, ergo no serían límites en absoluto—. Una consideración inicial y puramente formal puede ayudar a aclarar el punto. Sabemos, a partir de Saussure, que la lengua (y por extensión todas las estructuras significativas) es un sistema de diferencias; que las identidades lingüísticas —los valores— son puramente relacionales; y que, en consecuencia, la totalidad de la lengua está implicada en cada acto individual de significación. Ahora bien, en tal caso está claro que esa totalidad es un requerimiento esencial de la significación —si las diferencias no constituyeran un sistema, ningún acto de significación sería posible—. El problema es, sin embargo, que si la posibilidad misma de la significación es el sistema, la posibilidad del sistema es equivalente a la posibilidad de sus límites. Podemos decir, con Hegel, que pensar los límites de algo implica pensar lo que está más allá de esos límites. Pero si de lo que estamos hablando es de los límites de un sistema significativo, resulta claro que esos límites no pueden ser ellos mismos significados, sino que tienen que mostrarse a sí mismos como interrupción o quiebra del proceso de significación. De tal modo, nos encontramos en la situación paradójica de que aquello que constituye la condición de posibilidad de un sistema significativo —sus límites— es también aquello que constituye su condición de imposibilidad —un bloqueo en la expansión continua del proceso de significación—.

Una consecuencia primera y capital que se deriva de lo anterior, es que los límites auténticos nunca son neutrales sino que presuponen una exclusión. Un límite neutral implicaría que él es esencialmente continuo con lo que está a sus dos lados, y que estos dos lados serían simplemente diferentes el uno del otro. Pero como una totalidad significativa es precisamente un sistema de diferencias, esto significa que ambos lados son parte del mismo sistema y que, en consecuencia, los límites que separan a uno del otro no pueden ser los límites del sistema. Por el contrarío, en el caso de una exclusión tenemos auténticos límites, dado que la realización de lo que está más allá del límite de exclusión implica la imposibilidad de lo que está de este lado del límite. Los límites auténticos son siempre antagónicos. Pero el operar de esta lógica de los límites excluyentes tiene una serie de efectos necesarios que se extienden a ambos lados del límite y que nos conduce de modo directo a la emergencia de los significantes vacíos.

1) Un primer efecto del límite excluyente es que él introduce una ambivalencia esencial en el interior del sistema de diferencias que ese límite instituye. Por un lado, cada elemento del sistema solo tiene una identidad en la medida en que es diferente de los otros. Diferencia = identidad. Por el otro lado, sin embargo, todas estas diferencias son equivalentes las unas a las otras en la medida en que todas ellas pertenecen al lado interno de la frontera de exclusión. Pero, en tal caso, la identidad de cada elemento del sistema aparece constitutivamente dividida: por un lado cada diferencia se expresa a sí misma como diferencia; por el otro, cada una de ellas se cancela a sí misma en cuanto tal al entrar en una relación de equivalencia con todas las otras diferencias del sistema. Y, dado que solo hay sistema en la medida en que hay exclusión radical, esta división o ambivalencia es constitutiva de toda identidad sistémica. Es solo en la medida en que hay la imposibilidad radical de un sistema que sea pura presencia, que esté por encima de todas las exclusiones, que los sistemas (en plural) factuales pueden existir. Ahora bien, si la sistematicidad del sistema es un resultado directo del límite excluyente, es solo esta exclusión la que funda al sistema como tal. Este punto es esencial, porque de él se sigue que el sistema no puede tener un fundamento positivo y que, en consecuencia, tampoco puede significarse a sí mismo en términos de ningún significado positivo. Supongamos por un momento que el conjunto sistemático resultara de que todos sus elementos comparten un rasgo positivo (por ejemplo que todos ellos pertenecen a una misma categoría regional). En tal caso, ese rasgo positivo sería diferente de otros rasgos positivos, y todos ellos apelarían a un conjunto sistemático más profundo en el interior del cual sus diferencias podrían ser pensadas como diferencias. Pero un sistema constituido a través de la exclusión radical interrumpe este juego de la lógica diferencial: aquello que está excluido del sistema funda a este último en un acto que, yendo más allá de las diferencias positivas que lo constituyen, muestra a todas ellas como expresiones equivalentes del puro principio de la positividad (= del ser en cuanto tal). Esto ya anuncia la posibilidad de un significante vacío —es decir un significante de la pura cancelación dé toda diferencia—.

2) Desde luego, la condición para que esta operación sea posible es que lo que está más allá de la frontera de exclusión sea reducido a la pura negatividad —es decir, a la pura amenaza que ese más allá presenta al sistema (amenaza que a su vez, sin embargo, lo constituye)—. Si la dimensión de exclusión fuera eliminada, o aun tan solo reducida, lo que ocurriría es que el carácter diferencial de ese “más allá” se impondría, lo que resultaría en un desdibujamiento de los límites del sistema. Solo, si el más allá pasa a ser el significante de la pura amenaza, de la pura negatividad, de lo simplemente excluido, puede haber límites y sistema (es decir, un orden objetivo). Pero las varias categorías excluidas, a los efectos de ser los significantes de lo excluido (o, simplemente, de la exclusión), tienen que cancelar sus diferencias a través de la formación de una cadena de equivalencias de aquello que el sistema demoniza a los efectos de significarse a sí mismo. Nuevamente, vemos aquí la posibilidad de un significante vacío anunciándose a sí mismo a través de esta lógica en que las diferencias se disuelven en cadenas equivalenciales.

3) Pero, podríamos preguntarnos, ¿por qué este puro ser o sistematicidad del sistema, o —su reverso— la pura negatividad de lo excluido, requieren la producción de significantes vacíos para significarse a sí mismos? La respuesta es que como estamos tratando de significar los limites de la significación —lo real, si se quiere, en el sentido lacaniano—, no hay forma directa de hacerlo excepto a través de la subversión del proceso de significación. Sabemos, a través del psicoanálisis, que lo que no es directamente representable —el inconsciente— solo puede encontrar su medio de representación en la subversión del proceso de significación. Cada significante constituye un signo mediante su unión a un significado particular, mediante su inscripción en tanto diferencia en el proceso de significación. Pero si lo que estamos tratando de significar no es una diferencia sino, al contrario, una exclusión radical que es fundamento y condición de todas las diferencias, en tal caso la producción de una diferencia más no constituye ninguna solución al problema. Como, sin embargo, todos los medios de representación son por naturaleza diferenciales, es solo si el carácter diferencial de las unidades significativas es subvertido, solo si los significantes se vacían de todo vínculo con significados particulares y asumen el papel de representar el puro ser del sistema —o, más bien, el sistema como ser puro y simple— que tal significación es posible. ¿Cuál es el terreno ontológico de esta subversión, qué es lo que la hace posible? La respuesta es: la división de cada unidad de significación que el sistema tiene que construir como el locus indecidible en que tanto la lógica de la diferencia como la lógica de la equivalencia operan. Es solo privilegiando la dimensión de equivalencia hasta el punto en que su carácter diferencial es casi enteramente anulado —es decir, vaciándose de su dimensión diferencial— que el sistema puede significarse a sí mismo como totalidad.

Dos puntos merecen subrayarse. El primero es que el ser o sistematicidad del sistema que es representado a través de significantes vacíos, no es un ser que no haya sido realizado tan solo fácticamente, sino que es constitutivamente inalcanzable, porque cualesquiera que sean los efectos sistémicos que factualmente existan serán siempre el resultado del compromiso inestable entre equivalencia y diferencia. Es decir, que estamos frente a una falta constitutiva, a un objeto imposible que, como en Kant, se muestra a través de la imposibilidad de su representación adecuada. Ahora podemos dar una respuesta completa a nuestra pregunta inicial: puede haber significantes vacíos dentro del campo de la significación porque todo sistema significativo está estructurado en torno a un lugar vacío que resulta de a imposibilidad de producir un objeto que es, sin embargo, requerido por la sistematicidad del sistema. Es decir, que no estamos hablando de una imposibilidad sin lugar propio, como en el caso de una contradicción lógica, sino de una imposibilidad positiva, real, a la que la x del significante vacío apunta.

Sin embargo, si este objeto imposible carece de los medios de su representación adecuada o directa, esto solo puede implicar que el significante que es vaciado a los efectos de asumir la función representativa será siempre constitutivamente inadecuado. ¿Qué es lo que determina, en tal caso, que sea un significante y no otro el que asume, en diferentes circunstancias, esa función significativa? En este punto debemos pasar al tema principal de este ensayo: la relación entre significantes vacíos y política.

Hegemonía

Volvamos a un ejemplo que hemos discutido en detalle en Hegemonía y estrategia socialista (Laclau y Mouffe, 1988): la constitución, según Rosa Luxemburgo, de la unidad de la clase obrera, durante un largo período, a través de una sobredeterminación de luchas parciales. Su argumento básico es que la unidad de la clase no está determinada por ninguna consideración teórica acerca de la prioridad respectiva de las luchas política o económica, sino por los efectos acumulados de la división interna inherente a toda movilización parcial. En relación a nuestro tema, su argumento es aproximadamente el siguiente: en un clima de extrema represión, toda movilización por un objetivo parcial será percibida no solo en relación con la reivindicación u objetivo concreto de esas luchas, sino también como acto de oposición respecto al sistema. Este último hecho es el que establece el lazo entre una variedad de luchas y movilizaciones concretas o parciales —todas ellas son vistas como relacionadas entre sí, no porque sus objetivos concretos estén intrínsecamente ligados, sino porque todas ellas son vistas como equivalentes en su confrontación con el régimen represivo—. Lo que establece su unidad no es, por consiguiente, algo positivo que ellas compartan, sino algo negativo: su oposición a un enemigo común. El argumento de Rosa Luxemburgo es que una identidad revolucionaria de masas se establece a través de la sobredeterminación, durante un largo período histórico, de una multiplicidad de luchas separadas. Estas tradiciones se funden, en el momento revolucionario, en un punto ruptural.

Tratemos de aplicar esta secuencia a nuestras categorías anteriores. El sentido (el significado) de toda lucha concreta aparece, desde el mismo comienzo, internamente dividido, El objetivo concreto de la lucha no es solo este objetivo en su concreción; él significa también oposición al sistema. El primer significado establece el carácter diferencial de esa reivindicación o movilización frente a todas las otras demandas o movilizaciones. El segundo significado establece la equivalencia de todas esas reivindicaciones en su común oposición al sistema. Como vemos, toda lucha concreta está dominada por este movimiento contradictorio que se funda al mismo tiempo en la afirmación y la abolición de su propia singularidad. La función de representar al sistema como totalidad depende, en consecuencia, de la posibilidad de que la dimensión de equivalencia prevalezca netamente sobre la dimensión diferencial; pero esta posibilidad es simplemente el resultado de que toda lucha individual haya estado ya, desde el comienzo, penetrada por esta ambigüedad constitutiva.

Es importante observar que si, como lo hemos señalado, la función de los significantes vacíos es renunciar a su identidad diferencial a los efectos de representar la identidad puramente equivalencial de un espacio comunitario, ellos no pueden construir esta identidad equivalencial como algo perteneciente al orden de las diferencias. Por ejemplo: podemos presentar tanto como queramos al régimen zarista como un orden represivo sobre la base de enumerar los distintos tipos de opresión que él impone a distintos sectores de la población; esa enumeración, sin embargo, no nos dará la especificidad del momento represivo, de aquello que constituye —a través de su negación— lo que es peculiar a una relación represiva entre agentes sociales. Porque en una tal relación, cada instancia del poder represivo cuenta como simple sustentador de la negación de la identidad reprimida. Ahora bien, si la identidad diferencial de la acción represiva se “distancia” de sí misma a través de su transformación en mero cuerpo encarnante de la negación del ser de otra entidad, resulta claro que entre esta negación y el cuerpo a través del cual ella se expresa no hay ninguna relación necesaria —nada determina que un cuerpo particular esté predeterminado a encarnar lo negativo como tal—.

Es esto, precisamente, lo que hace posible la relación de equivalencia: diferentes luchas individuales son otros tantos cuerpos, cualquiera de los cuales puede encarnar la oposición colectiva de todos ellos al poder represivo. Esto implica un doble movimiento. Por un lado, cuanto más extendida sea la cadena de equivalencias. Menor será la capacidad de cada lucha concreta de permanecer encerrada en su identidad diferencial —es decir, en una diferencia propia que la separe de todas las otras identidades diferenciales—. Al contrario, como la relación equivalencial muestra que estas identidades diferenciales son tan solo cuerpos que encarnan sin distinción posible algo igualmente presente en todos ellos. Cuanto más extendida sea la cadena de equivalencias, menos concreto este “algo igualmente presente” será. En su límite extremo este “algo” será el puro ser de la comunidad, al margen de toda manifestación concreta. Por otro lado, aquello que está más allá de la frontera de exclusión que delimita el espacio comunitario —el poder represivo— contará menos como instrumento de represiones particulares diferenciales y expresará más la pura anticomunidad, la pura negatividad y el mal. La comunidad creada por esta expansión equivalencial será, pues, la pura idea de una plenitud comunitaria que está ausente como resultado de la presencia del poder represivo.

Pero en este punto comienza el segundo movimiento. Esta pura función equivalencial que representa una plenitud ausente y que se muestra a través de la disolución tendencial de todas las identidades diferenciales, es algo que no puede tener un significado propio y fijo —porque en tal caso el “más allá de las diferencias” sería una diferencia más y no el resultado de la fusión equivalencial de todas las identidades diferenciales—. Precisamente porque la comunidad en cuanto tal no es el puro espacio diferencial de una identidad objetiva sino una plenitud ausente, ella no puede tener ninguna forma propia de representación y tiene que tomar esta última en préstamo de alguna identidad constituida en el interior del espacio equivalencial —del mismo modo que el oro es un valor de uso particular que asume, al mismo tiempo, la función de representar al valor en general—. Este vaciamiento de un significante de aquello que lo liga a un significado diferencial y particular es, según vimos, lo que hace posible la emergencia de significantes “vacíos” como significantes de una falta, de una totalidad ausente. Pero esto nos conduce nuevamente a la cuestión con la que cerráramos la sección anterior: si toda lucha diferencial —en nuestro ejemplo— es igualmente capaz de expresar, más allá de sus objetivos concretos, la plenitud ausente de la comunidad; si la función equivalencial torna a todas las posiciones diferenciales igualmente indiferentes en lo que respecta a la representación equivalencial; si ninguna está predeterminada per se a cumplir este papel; ¿qué es lo que determina que sea una y no las otras la que encarna, en momentos históricos particulares, esta función universal?

La respuesta es: el carácter desnivelado[1] de lo social. Porque si la lógica equivalencial tiende a erradicar la relevancia de toda localización diferencial, este es solo un movimiento tendencial, siempre resistido por la lógica de la diferencia que es esencialmente anti-igualitaria. (No es una sorpresa que el modelo del estado de naturaleza de Hobbes, que intenta describir una sociedad en la que el libre juego de la lógica de la equivalencia torna imposible a todo orden comunitario, tenga que presuponer, en lo que respecta al poder, una originaria y esencial igualdad entre los hombres.) No toda posición en la sociedad, no toda lucha es igualmente capaz de transformar sus contenidos en un punto nodal que pueda tornarse un significante vacío. ¿Pero no es esto volver a una concepción por demás tradicional de la efectividad histórica de las fuerzas sociales, una que afirme que el desnivel de las localizaciones estructurales determina cuál de entre ellas va a ser la fuente de efectos totalizantes? No, no lo es, porque estas localizaciones sociales desiguales, algunas de las cuales representan puntos de alta concentración de poder, son ellas mismas el resultado de procesos en los que las lógicas de la diferencia y de la equivalencia se sobredeterminan entre sí. No se trata de negar la efectividad histórica de la lógica de las localizaciones estructurales diferenciales, sino más bien de negar que estas localizaciones, consideradas como un todo, tengan el carácter de una infraestructura que determinaría, a partir de sí misma, las leyes de movimiento de la sociedad.

Si esto es correcto, es imposible determinar al nivel del mero análisis de la forma diferencia/equivalencia, qué diferencia particular pasará a ser el locus de efectos equivalenciales —esto requiere el estudio de una coyuntura particular, precisamente porque la presencia de efectos equivalenciales es siempre necesaria, pero la relación equivalencia/diferencia no está intrínsecamente ligada a ningún contenido diferencial particular—. Esta relación por la que un contenido particular pasa a ser el significante de la plenitud comunitaria ausente, es exactamente lo que llamamos relación hegemónica. La presencia de significantes vacíos —en el sentido en que los hemos definido— es la condición misma de la hegemonía. Esto puede verse fácilmente si consideramos una dificultad bien conocida que ha sido un obstáculo recurrente en la mayor parte de las teorizaciones de la hegemonía —la de Gramsci incluida—. Una clase o grupo es considerado como hegemónico cuando no se cierra en una estrecha perspectiva corporatista sino que se presenta a amplios sectores de la población como el agente realizador de objetivos más amplios tales como la emancipación o la restauración del orden social. Pero esto nos enfrenta con una dificultad, en la medida en que no determinemos más precisamente qué entendemos por más amplios al referirnos a los objetivos y a las masas. Hay dos posibilidades: la primera, que la sociedad sea una adición de grupos separados, cada uno de los cuales tiende a su propio objetivo y está en constante colisión con los otros. En tal caso, “más amplio” solo podría significar el equilibrio precario de un acuerdo negociado entre grupos, todos los cuales mantendrían sus objetivos conflictivos y su identidad. Pero “hegemonía” se refiere claramente a un tipo de unidad comunitaria más fuerte que la que un tal acuerdo sugiere. Segunda posibilidad: que la sociedad tenga algún tipo de esencia preestablecida, de modo que el “más amplio” tenga un contenido propio, independiente de la voluntad de los grupos particulares, y que “hegemonía” significara la realización de esa esencia. Pero esto no solo eliminaría la dimensión de contingencia que ha estado siempre asociada con la operación hegemónica, sino que también sería incompatible con el carácter consensual de la “hegemonía”: el orden hegemónico sería la imposición de un principio organizacional preexistente y no algo que emergería de la interacción política entre los grupos. Ahora bien, si consideramos la cuestión desde el punto de vista de la producción social de significantes vacíos, el problema desaparece. Porque en tal caso la operación hegemónica sería la presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación del significante vacío que hace referencia al orden comunitario como ausencia, como objetivo no realizado.

¿Cómo opera este mecanismo? Consideremos la situación extrema de una desorganización radical del tejido social. En tales condiciones —que no son muy distantes del estado de naturaleza en Hobbes— la gente necesita un orden, y el contenido factual del mismo pasa a ser una consideración secundaria. El “orden” como tal no tiene contenido, ya que solo existe en las varias formas en que es en los hechos realizado; pero en una situación .de desorden radical, el “orden” está presente como aquello que está ausente; pasa a ser un significante vacío, el significante de esa ausencia. En tal sentido, varias fuerzas políticas pueden competir en su esfuerzo por presentar sus objetivos particulares como aquellos que llenan ese vacío. Hegemonizar algo significa, exactamente llenar ese vacío. (Hemos hablado acerca de “orden”, pero obviamente “unidad”, “liberación”, “revolución”, etc., pertenecen al mismo orden de cosas. Cualquier término que en un cierto contexto político pasa a ser el significante de la falta desempeña el mismo papel. La política es posible porque la imposibilidad constitutiva de la sociedad solo puede representarse a sí misma a través de la producción de significantes vacíos.)

Esto explica también por qué la hegemonía es siempre inestable y penetrada por una constitutiva ambigüedad. Supongamos que una movilización obrera tiene éxito en presentar sus propios objetivos como el significante de “liberación” en general. (Como hemos visto, esto es posible porque la movilización obrera, que tiene lugar en el marco de un régimen represivo, es vista también como una lucha antisistema.) En un sentido esta es una victoria hegemónica, dado que los objetivos de un grupo particular son identificados con los de la sociedad en su conjunto. Pero, en otro sentido, es una victoria peligrosa. Si la lucha “obrera” pasa a ser el significante de la liberación en cuanto tal, ella pasa también a ser la superficie de inscripción y el medio de expresión de todas las luchas emancipatorias, de modo que la cadena de equivalencias que se unifica en torno a este significante tiende a vaciarlo y a desdibujar su conexión con el contenido concreto (el significado) con el que estaba originariamente asociado. De tal modo, como resultado de su mismo éxito, la operación hegemónica tiende a atenuar sus vínculos con la fuerza que había sido originariamente su promotor y beneficiario.

Hegemonía y democracia

Concluyamos con algunas reflexiones acerca la relación entre significantes vacíos, hegemonía y democracia.

Consideremos por un momento el papel de los significantes sociales en la emergencia del pensamiento político moderno —estoy pensando esencialmente en la obra de Hobbes—. Hobbes, como hemos visto, presentaba al estado de naturaleza como aquello radicalmente opuesto a una sociedad ordenada, como una situación tan solo definida en términos negativos. Pero, como resultado de tal descripción, el orden impuesto por el soberano tiene que ser aceptado, no a causa de ningún mérito intrínseco que él pueda tener, sino tan solo porque él es un orden y la única otra alternativa es el desorden radical. La condición, sin embargo, de la coherencia de este esquema es el postulado de un poder igual de todos los individuos en el estado de naturaleza —si los individuos fueran desiguales en términos de poder, el orden podría ser garantizado a través de la dominación pura y simple—. De este modo el poder es eliminado dos veces: en el estado de naturaleza, dado que todos los individuos participan en él por igual, y en el Commonwealth, dado que él está enteramente concentrado en las manos del soberano. (Un poder que es total o un poder que está igualmente repartido entre todos los miembros de la comunidad no es de ningún modo un poder.) De tal modo, si bien Hobbes percibe implícitamente la distinción entre el significante vacío “orden en cuanto tal” y orden factual impuesto por el soberano, como él reduce, a través del covenant, el primero al segundo, no puede pensar en ningún tipo de dialéctica o juego hegemónico entre los dos.

¿Qué ocurre, sin embargo, si reintroducimos al poder dentro de este cuadro —es decir, si aceptamos los desniveles de poder en las relaciones sociales—? En tal caso, la sociedad civil estará parcialmente estructurada y parcialmente desestructurada y, como resultado, la total concentración del poder en las manos del soberano dejará de ser un requerimiento lógico. Pero en tal caso las credenciales del soberano para reclamar el poder total serán mucho menos obvias. Si un orden parcial existe en la sociedad, la legitimidad de la identificación del significante vacío del “orden” con la voluntad del soberano dependerá de un nuevo requerimiento: que el contenido de esa voluntad no choque con algo que la sociedad ya es. Como la sociedad cambia a lo largo del tiempo, este proceso de identificación será siempre precario y reversible y, dado que la identificación ha dejado de ser automática, diferentes proyectos o voluntades competirán en su intento de hegemonizar los significantes vacíos de la comunidad ausente. El reconocimiento de la naturaleza constitutiva de este hiato y su institucionalización política son el punto de partida de la democracia moderna.

Bibliografía

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1988 Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (Madrid: Siglo XXI).

1 “Unevennes”, en el texto original.

* Laclau, Ernesto 1996 “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?” en Emancipación y diferencia (Buenos Aires: Ariel) pp. 69-86.

Historizar y pensar
desde América Latina

Tulio Halperín Donghi

Historia contemporánea
de América Latina

Prólogo a la primera edición*

Una historia de Latinoamérica independiente: he aquí un tema problemático. Problema es ya la unidad del objeto mismo; el extremo abigarramiento de las realidades latinoamericanas suele ser lo primero que descubre el observador extraño; con cautela acaso recomendable, Lucien Febvre titulaba el volumen que los Annales dedicaron al subcontinente Á travers les Amériques latines. ¿Las Américas latinas, entonces, tantas como las naciones que la fragmentación post-revolucionaria ha creado? He aquí una solución que tiene sobre todo el encanto de la facilidad: son muchos los manuales que la prefieren, y alinean diligentemente una veintena de historias paralelas. ¿Pero la nación ofrece ella misma un seguro marco unitario? Cuando Simpson quiso recoger en un libro el fruto de decenios de exploración admirablemente sagaz de la historia mexicana le puso por título Many Mexicos; estos muchos Méxicos no eran tan solo los que van desde el esplendor indígena hasta la revolución del siglo XX; también son los que una geografía atormentada y una historia compleja hacen subsistir lado a lado sobre el suelo mexicano. La geografía antes que la historia opone entonces a la meseta mexicana, de sombría vegetación, el desierto y la costa tropical; la que en otras naciones está en el punto de partida de diferenciaciones no menos profundas: así como ocurría con las Américas latinas, el plural parece imponerse también, contra toda gramática, para reflejar los desconcertantes contrastes aun de países relativamente pequeños, como el Ecuador o Guatemala…

Problema es también la posibilidad de una consideración propiamente histórica del tema: aun sin seguir el ejemplo de quienes buscando (por caminos acaso demasiado fáciles) subrayar la originalidad latinoamericana, niegan que Latinoamérica tenga en rigor historia, es preciso admitir que, en cuanto a ciertos planos de la realidad social, la historia se mueve acaso más despacio aquí que en otras partes. De allí el avance de los exámenes ahistóricos de la realidad hispanoamericana pasada o presente; ese avance, a ratos excesivo y prepotente, si por una parte complementa las perspectivas de una histoire événementielle que en América Latina no suele ser menos intelectualmente perezosa que en otras comarcas, no está tampoco exento de aspectos negativos; el geógrafo, el sociólogo, el antropólogo social, al ignorar la dimensión histórica de los problemas que les interesan, corren riesgo de entenderlos muy mal… No reduzcamos, sin embargo, el problema a una querella de especialistas sensibles a las limitaciones ajenas más que a las propias: la gravitación de esas ciencias del hombre que se diferencian de la historia en cuanto ponen el acento en el estudio y descripción de complejas estructuras —examinadas al margen del proceso temporal al que deben su existencia— no se debe tan solo al contexto cultural en el cual se dan hoy los estudios latinoamericanos; es en parte requerida por el objeto mismo. Si hoy Fernand Braudel puede reivindicar como la conquista acaso más valiosa de la historiografía última el haber descubierto que la historia no es solo ciencia de lo que cambia, sino también de lo que permanece, ese descubrimiento es para el estudioso de la América Latina incomparablemente más fácil; quizá por eso mismo puede también ser a menudo menos fructífero.

Descubrir que la historia es también ciencia de lo cambiante, que tras las anécdotas coloridas o monótonas en que suelen perderse con delicia tantos historiadores latinoamericanos, junto con tantos de otras latitudes, existen procesos que puede ser interesante rastrear, es en cambio menos fácil; entre los relatos políticos y patrióticos y las constantes a cuyo examen se consagran otras ciencias humanas, la historia halla difícil en Latinoamérica encontrar su terreno propio.

A esa empresa difícil, orientada hacia un objeto problemático, está consagrado este libro. En él se ha querido, a pesar de todo, ofrecer una historia de la América Latina moderna, a partir de la crisis de independencia que la creó. Una historia que procure no ignorar qué servidumbre imponen realidades que se presentan inmóviles no solo en la perspectiva limitada que ofrece el trayecto temporal de una vida humana, sino también en la más amplia que proporcionan los siglos. Pero que no por eso renuncie a ser historia; es decir, examen de lo que en ese marco se transforma y a la vez lo transforma.

Una historia de América Latina que pretende hallar la garantía de su unidad y a la vez de su carácter efectivamente histórico al centrarse en el rasgo que domina la historia latinoamericana desde su incorporación a una unidad mundial, cuyo centro está en Europa: la situación colonial. Son las vicisitudes de esa situación, desde el primer pacto colonial cuyo agotamiento está en el punto de partida de la emancipación, hasta el establecimiento de un nuevo pacto, más adecuado, sin duda, para las nuevas metrópolis, ahora industriales y financieras a la vez que mercantiles, pero más adecuado también para una nueva Latinoamérica más dominada que antes de la Independencia por los señores de la tierra, y una vez abierta la crisis de ese segundo pacto colonial, la búsqueda y el fracaso de nuevas soluciones de equilibrio menos renovadoras de lo que suponían a la vez sus partidarios y sus adversarios; menos renovadoras, sobre todo, de lo que las transformaciones del orden mundial exigen de los países marginales que no quieren sufrir las consecuencias de un deterioro cada vez más rápido. Y finalmente, el desequilibrio y las tensiones de la hora actual, que confluyen en conflictos planteados a escala planetaria.

Dentro de esta perspectiva se ha intentado aquí ordenar una realidad cuya riqueza no quisiera traicionarse. A pesar de todo, las limitaciones son necesarias, y este libro no pretende ser una historia total de la América Latina: se buscarán en vano en él los cuadros —frecuentemente demasiado rápidos— que suelen ofrecer, paralelamente a la historia sin adjetivos, la historia literaria e ideológica a través de un puñado de nombres y fechas, y de caracterizaciones escasamente evocadoras para quienes no conocen por experiencias más directas la realidad en ellas aludida. No es esa la única carencia que el autor se ha resignado a aceptar para su obra; muchas otras que no advierte las descubrirá sin duda el lector, cruelmente evidentes. Aun así este libro, que no se propone ser un comentario de actualidad, pero tampoco rehuye acompañar hasta hoy el avance a menudo atormentado de América Latina, no ha de carecer de alguna utilidad si logra ayudar —con la perspectiva que precisamente solo la historia podría ofrecer— a la comprensión de esta hora latinoamericana, en que los crueles dilemas que tan largamente han venido siendo eludidos se presentan con urgencia bastante como para ganar para este subcontinente, demasiado tiempo contemplado por el resto del mundo con mirada distraída, una atención por primera vez alerta, y a ratos alarmada.

Primera parte

Del orden colonial al neocolonial

Capítulo 1

El legado colonial

Todavía a principios del siglo XIX seguían siendo visibles en Iberoamérica las huellas del proceso de conquista. Las de las vicisitudes de los conquistadores mismos, que iban a fascinar a los historiadores de esa centuria: Lima, Buenos Aires, Asunción, eran el fruto perdurable de la decisión de ciertos hombres… Tras de esa versión heroica de la histoire événementielle no es imposible descubrir ciertos acondicionamientos objetivos de esas trayectorias fulgurantes, aparentemente regidas por una caprichosa libertad; es la vigencia perdurable de esos acondicionamientos la que asegura la continuidad entre la conquista y la más lenta colonización.

Como sabían bien quienes en el siglo XVIII se habían inclinado sobre el enigma de ese gigantesco imperio dominado por una de las más arcaicas naciones de Europa, lo que había movido a los conquistadores era la búsqueda de metal precioso. Siguiendo sus huellas, su poco afectuosa heredera la corona de Castilla iba a buscar exactamente lo mismo y organizar sus Indias con este objeto principal. Si hasta 1520 el núcleo de la colonización española estuvo en las Antillas, las dos décadas siguientes fueron de conquista de las zonas continentales de meseta, donde iba a estar por dos siglos y medio el corazón del imperio español, desde México hasta el Alto Perú; ya antes de mediados de siglo el agotamiento de la población antillana ha puesto fin a la explotación del oro superficial del archipiélago; hacia esa fecha la plata excede ya en volumen al oro en los envíos de metal precioso a la metrópoli, y a fines de esa centuria lo supera también en valor.

Para ese momento las Indias españolas han adquirido una figura geográfica que va a permanecer sustancialmente incambiada hasta la emancipación. Sin duda las Antillas y hasta mediados del siglo XVIII el entero frente atlántico son el flanco débil de ese imperio organizado en torno a la minería andina: desde Jamaica hasta la Colonia de Sacramento en el Río de la Plata, el dominio español ha retrocedido en más de un punto (provisoria o definitivamente) ante la presión de sus rivales. Aun así, el Imperio llega casi intacto hasta 1810, y es precisamente la longevidad de esa caduca estructura la que intriga (y a veces indigna) a los observadores del siglo XVIII.

Ese sistema colonial tan capaz de sobrevivir a sus debilidades tenía —se ha señalado ya— el fin principal de obtener la mayor cantidad posible de metálico con el menor desembolso de recursos metropolitanos. De aquí deriva más de una de las peculiaridades que el pacto colonial tuvo en América española, no solo en cuanto a las relaciones entre metrópoli y colonias, sino también en las que corrían entre la economía colonial en su conjunto y los sectores mineros dentro de ella. ¿De qué manera podía lograrse, en efecto, que las tierras que producían metálico suficiente para revolucionar la economía europea estuviesen crónicamente desprovistas de moneda? A más de la porción —nada desdeñable— extraída por la Corona por vía de impuesto, era necesario orientar hacia la metrópoli, mediante el intercambio comercial, la mayor parte de ese tesoro metálico. Ello se hacía posible manteniendo altos no solo los costes de las importaciones metropolitanas, sino también los de comercialización, sea entre España y sus Indias, sea entre los puertos y los centros mineros de estas. Las consecuencias de este sistema comercial para la economía hispanoamericana eran múltiples y tanto más violentas cuanto más las favoreciesen los datos de la geografía. La primera de ellas era la supremacía económica de los emisarios locales de la economía metropolitana: el fisco y los comerciantes que aseguraban el vínculo con la Península. La segunda era el mantenimiento casi total de los demás sectores de la economía colonial —incluso en más de un aspecto los mineros— al margen de la circulación monetaria.

Las ventajas que este sistema aportaba a la metrópoli son evidentes. Más dudoso parece que pudiese deparar algunas a los sectores a los que la conquista había hecho dominantes en las colonias; pero los puntos de vista de estos (luego de las pruebas de fuerza de las que abundó el siglo XVI) debieron aprender a conciliarse con los de la Corona, organizadora de la economía indiana en su propio beneficio y el de la metrópoli. Esa conciliación —base de un equilibrio siempre inestable y no desprovisto de tensiones— fue posible sobre todo gracias a que (desde una perspectiva americana) el botín de la conquista no incluía solo metálico, sino también hombres y tierras. Lo que hizo del área de mesetas y montañas de México a Potosí el núcleo de las Indias españolas no fue solo su riqueza minera, sino también la presencia de poblaciones indígenas, a las que su organización anterior a la conquista hacía utilizables para la economía surgida de esta.

Para la minería, desde luego, pero también para actividades artesanales y agrícolas. Hacia estas últimas se orientan predominantemente los conquistadores y sus herederos, primero como encomenderos a quienes un lote de indios ha sido otorgado para percibir de ellos el tributo que de todos modos los vasallos indígenas deben a la Corona; luego —de modo cada vez más frecuente en medio del derrumbe demográfico del siglo XVII— como dueños de tierras recibidas por mercedes reales. Sobre la tierra y el trabajo indio se apoya un modo de vida señorial que conserva hasta el siglo XIX rasgos contradictorios de opulencia y miseria. Sin duda, la situación de los nuevos señores de la tierra no ha sido ganada sin lucha, primero abierta (el precio del retorno a la obediencia en el Perú, luego de las luchas entre conquistadores, a mediados del siglo XVI, fue una mejora en el status jurídico de los encomenderos) y luego más discreta contra las exigencias de la Corona y de los sectores mineros y mercantiles que contaban en principio con su apoyo: a medida que el derrumbe de la población indígena se aceleraba, la defensa de la mano de obra (en particular contra esa insaciable devoradora de hombres que era la mina) se hacía más urgente, y antes de llenar —con entera justicia— uno de los pasajes más negros de la llamada leyenda negra, la mita —el servicio obligatorio en las minas y obrajes textiles— había ganado una sólida antipatía entre señores territoriales y administradores laicos y eclesiásticos de las zonas en que los mitayos debían ser reclutados.

Los señores de la tierra tenían así un inequívoco predominio sobre amplias zonas de la sociedad colonial; no habían conquistado situación igualmente predominante en la economía hispanoamericana globalmente considerada. Esta es una de las objeciones sin duda más graves a la imagen que muestra al orden social de la colonia como dominado por rasgos feudales, por otra parte indiscutiblemente presentes en las relaciones socioeconómicas de muy amplios sectores primarios. Pero es que el peso económico de estos sectores es menor de lo que podría hacer esperar su lugar en el conjunto de la población hispanoamericana (y aun este era desde el siglo XVII menos abrumadoramente dominante de lo que gusta a veces suponerse). Ello es así porque es la organización de la entera economía hispanoamericana la que margina a esos sectores, a la vez que acentúa en ellos los rasgos feudales. Por otra parte, estos están lejos de aparecer con igual intensidad en el entero sector agrícola. Desde muy pronto surgen al lado de las tierras de agricultura indígena islotes de agricultura española; pese a la exigüidad de estos, su sola supervivencia está mostrando una de las fallas de la agricultura apoyada en el trabajo indio: debiendo sostener dos estructuras señoriales a la vez (la todavía muy fuerte de origen prehispánico y la española, laica y eclesiástica a la vez) le resulta cada vez menos fácil, mientras el derrumbe demográfico y la concurrencia de otras actividades arrebatan buena parte de su mano de obra, producir a precios bajos excedentes para el mercado.

La catástrofe demográfica del siglo XVII provocará transformaciones aun más importantes en el sector agrario: reemplazo de la agricultura por la ganadería del ovino, respuesta elaborada desde México hasta Tucumán a la disminución de la población trabajadora; reemplazo parcial de la comunidad agraria indígena, de la que el sector español se limita a extraer una renta señorial en frutos y trabajo, por la hacienda, unidad de explotación del suelo dirigida por españoles. Este último cambio es, sin embargo, muy incompleto; de intensidad y formas jurídicas variables según las comarcas, de algunas estuvo casi totalmente ausente. Es que el estímulo brutal del derrumbe demográfico no bastaba para provocarlo; era necesaria también la presencia de mercados capaces de sostener, mediante la expansión del consumo, una expansión productiva: a diferencia de la comunidad indígena, a la que la conquista ha impuesto un nuevo señor, la hacienda es una organización orientada hacia consumidores ajenos a ella.

Su triunfo es entonces limitado; se da con mayor pureza allí donde el contacto más directo con la economía metropolitana, gracias al cual los sectores mercantiles y mineros defienden mejor su parte del producto de la actividad económica, da a las economías urbanas una mayor capacidad de consumo. Esa es sin duda la causa del ritmo relativamente más acelerado que el proceso tuvo en México, que pese al papel secundario que al principio le cupo dentro de la producción minera hispanoamericana alcanzó, desde muy pronto, una situación relativamente privilegiada en sus relaciones económicas con la metrópoli. Pero aun en México el avance de la hacienda no dará lugar al surgimiento de un asalariado rural auténtico: los salarios, aunque expresados por lo menos parcialmente en términos monetarios, de hecho son predominantemente en especie, y por otra parte el endeudamiento de los peones hace a veces ilusoria su libertad de romper la relación con el patrón. No ha de olvidarse por añadidura que, entre la explotación directa de toda la tierra y la percepción pura y simple de una renta señorial, existen numerosos estadios intermedios (comparables a los bien conocidos en la metrópoli y la entera Europa) en que si el campesino cultiva para sí un lote, debe trabajar con intensidad localmente variable la tierra señorial… Esta última solución, si facilita la producción de excedentes para mercados externos, no siempre va acompañada de ella; en este punto el panorama hispanoamericano es extremadamente complejo, y estamos por cierto lejos de conocerlo bien.

De todos modos, dentro del orden económico colonial la explotación agrícola forma una suerte de segunda zona, dependiente de la mercantil y minera (en la medida en que a través de ellas recibe los últimos ecos de una economía monetaria de ritmo lento y baja intensidad), pero a la vez capaz de desarrollos propios bajo el signo de una economía de autoconsumo que elabora su propios y desconcertantes signos de riqueza. El repliegue sobre sí misma ofrece solución solo provisional y siempre frágil al desequilibrio entre ambas zonas: hay en el sector dominante quienes se interesan en mantener entreabierta la comunicación con la que tiende a aislarse; buena parte de los lucros que las Indias ofrecen suelen cosecharse en esa frontera entre sus dos economías. Esos esfuerzos cuentan en general con el apoyo del poder político: la función del sector agrícola es, dentro del orden colonial, proporcionar fuerza de trabajo, alimentos, tejidos y bestias de carga a bajo precio para ciudades y minas; si una incorporación menos limitada del sector rural a los circuitos económicos encarecería acaso sus productos, su aislamiento total tendría la consecuencia aún más grave de hacerlos desaparecer de los mercados mineros y urbanos…

Esa combinación de intereses privados y presiones oficiales tiene acaso su expresión más típica (aunque sin duda no su manifestación más importante) en la institución del repartimiento de efectos. Para evitar que, por ausencia de una espontánea corriente de intercambios, faltase a enteras zonas rurales lo más necesario, se decide inducir esta corriente por acto de imperio: los corregidores, funcionarios ubicados por la Corona al frente de enteros distritos, ofrecerán esos productos al trueque de las poblaciones indígenas sometidas a su mando. Se adivina qué provechos dejó el sistema a funcionarios y comerciantes por ellos favorecidos: las quejas sobre las muchas cosas inútiles que se obliga a los indios a comprar —fondos de almacén que no han encontrado adquirentes en la ciudad— se hacen cada vez más ruidosas a lo largo del siglo XVIII… Pero si estos episodios dicen mucho sobre la situación real de los campesinos indígenas, también echan luz sobre las limitaciones del poder y la riqueza de los señores territoriales: la debilidad de estos frente a la doble presión de la Corona y de los emisarios de la economía mercantil se hace sentir no solo cuando examinamos globalmente la economía colonial hispanoamericana, sino aun si se limita el campo de observación a los rincones semiaislados que se supondría destinados a sufrir el inmitigado predominio señorial.

Menos nítida es la situación en lo que toca a las relaciones entre sectores mercantiles y mineros. Como en la explotación de la tierra, y todavía más que en esta, se impone la diferenciación entre México y el resto del imperio. Mientras en México los mineros constituyen un grupo dotado de capital bastante para encarar a menudo autónomamente la expansión de sus explotaciones (y aun cuando deben buscarlo fuera, la comparativa abundancia hace que no deban sacrificar a cambio de él su autonomía económica real), en Perú los mineros de Potosí dependen cada vez más de los adelantos de los comerciantes, y el ritmo despiadado que a lo largo del siglo XVIII imponen a la explotación de la mano de obra, a medida que se empobrecen los filones, es en parte una tentativa de revertir sobre esta las consecuencias de la dependencia creciente de la economía minera respecto de la mercantil.

Esta diferencia entre México y el resto del imperio (que hace que, nada sorprendentemente, en México un efectivo régimen de salariado —y con niveles de salario que observadores europeos encuentran inesperadamente altos— domine la actividad minera y aparezca en algunos sectores privilegiados de la agrícola) se vincula (como se ha observado ya) con la situación privilegiada de esta región, menos duramente golpeada por las consecuencias del pacto colonial.

Este pacto colonial, laboriosamente madurado en los siglos XVI y XVII, comienza a transformarse en el siglo XVIII. Influye en ello más que la estagnación minera —que está lejos de ser el rasgo dominante en el siglo que asiste al boom de la plata mexicana— la decisión por parte de la metrópoli de asumir un nuevo papel frente a la economía colonial, cuya expresión legal son las reformas del sistema comercial introducidas en 1778-1782, que establecen el comercio libre entre la Península y las Indias. ¿Qué implicaban estas reformas? Por una parte la admisión de que el tesoro metálico no era el solo aporte posible de las colonias a la metrópoli; por otra —en medio de un avance de la economía europea en que España tenía una participación limitada pero real—, el descubrimiento de las posibilidades de las colonias como mercado consumidor. Una y otra innovación debían afectar el delicado equilibrio interregional de las Indias españolas; los nuevos contactos directos entre la metrópoli y las colonias hacen aparecer a aquella como rival —y rival exitosa— de las que entre estas habían surgido como núcleos secundarios del anterior sistema mercantil. Es lo que descubren los estudiosos del comercio colonial en el siglo XVIII, desde el Caribe al Plata, desde las grandes Antillas antes ganaderas y orientadas hacia el mercado mexicano, ahora transformadas por la agricultura del tabaco y del azúcar y vueltas hacia la Península, hasta el litoral venezolano, que reorienta sus exportaciones de cacao de México a España, y hasta las pampas rioplatenses en que se expande una ganadería cuyos cueros también encuentran salida en la metrópoli.

En los casos arriba mencionados el contacto directo con la Península comienza la fragmentación del área económica hispanoamericana en zonas de monocultivo que terminarán por estar mejor comunicadas con su metrópoli ultramarina que con cualquier área vecina. Esa fragmentación es a la larga políticamente peligrosa; si parece fortificar los vínculos entre Hispanoamérica y su metrópoli, rompe los que en el pasado han unido entre sí a las distintas comarcas de las Indias españolas.

La reforma comercial no solo consolida y promueve esos cambios en la economía indiana; se vincula además —tal como se ha señalado— con otros que se dan en la metrópoli. Esa nueva oleada de conquista mercantil que desde Veracruz a Buenos Aires va dando, a lo largo del siglo XVIII, el dominio de los mercados locales a comerciantes venidos de la Península (que desplazan a los criollos antes dominantes) es denunciada en todas partes como afirmación del monopolio de Cádiz. Pero a su vez, quienes dominan el nudo mercantil andaluz provienen ahora de la España del Norte; Cádiz es esencialmente el emisario de Barcelona. Junto con la hegemonía mercantil de la renaciente España septentrional se afirma también —más ambiguamente— su avance industrial, que las medidas proteccionistas incluidas en el nuevo sistema comercial intentan fortalecer asegurándole facilidades en el mercado colonial. En este sentido la reforma alcanza un éxito muy limitado: el despertar económico de la España del setecientos no tiene vigor bastante para que la metrópoli pueda asumir plenamente el papel de proveedora de productos industriales para su imperio.

Estando así las cosas, los privilegios que el nuevo sistema comercial otorga a la metrópoli benefician menos a su industria que a su comercio: el nuevo pacto colonial fracasa sustancialmente porque mediante él España solo logra transformarse en onerosa intermediaria entre sus Indias y las nuevas metrópolis económicas de la Europa industrial.

La economía y la sociedad del virreinato rioplatense muestran una complejidad que deriva, en parte, de que sus tierras han sido reunidas por decisión política en fecha reciente, luego de haber seguido trayectorias profundamente distintas. Idéntica situación en cuanto a la población: el Alto Perú es una zona de elevado porcentaje de indígenas y mestizos, con una exigua minoría blanca; por añadidura los indios —y en parte los mestizos urbanos— utilizan aún sus lenguas (quechua y aimara) y fuera de las ciudades suelen no entender español, la población negra es poco numerosa y se halla concentrada en tareas domésticas y artesanales urbanas. En el interior de las provincias rioplatenses (Tucumán y Cuyo), la población indígena era menos importante (salvo en el extremo norte); los mestizos predominaban, las tierras de comunidad eran ya excepcionales, pero el predominio de la gran propiedad no era la única situación conocida en las tierras de españoles. Había, en cambio, núcleos importantes de población negra (esta, traída a partir del siglo XVII, luego del catastrófico derrumbe de la indígena, era, en su mayor parte, libre a fines del siglo XVIII). En el litoral las ciudades contaban con un 30 por 100 de negros y castas, entre los que predominaban los primeros; para los censos no existen casi indios ni mestizos pero, como en Chile, sus cifras parecen reflejar más bien la preponderancia de las pautas culturales españolas que un predominio de la sangre europea, desmentido por los observadores. En la campaña ganadera los negros eran más escasos, los indios (guaraníes), más frecuentes, y la indiferencia a las fronteras de casta hacía menos fácil alcanzar una imagen clara de su equilibrio. En Misiones una sociedad indígena estaba en rápido derrumbe, en Paraguay y el norte de Corrientes una mestiza (que usaba como lengua el guaraní, pero cuyos usos culturales eran más españoles que indios) estaba sometida a una clase alta que se proclamaba (no siempre verazmente) blanca.

He aquí un cuadro complejo hasta el abigarramiento: ello no tiene nada de sorprendente si se tiene en cuenta que en él se refleja el destino divergente de las comarcas hispanoamericanas a través de la primera y la segunda colonización española; a fines del siglo XVIII un equilibrio rico en desigualdades tiende a ser reemplazado por otro que, sin eliminarlas, introduce otras nuevas. Es posible —y oportuno— señalar, junto con tantas diferencias, ciertos rasgos comunes a toda la América española. Uno de ellos es el peso económico de la Iglesia y de las órdenes, que se da, aunque con intensidad variable, tanto en México como en Nueva Granada o en el Río de la Plata, y que influye de mil maneras diversas en la vida colonial (como la mayor parte de las consecuencias no son propiamente económicas —en este aspecto la diferencia entre la propiedad civil y eclesiástica no era tan notable como hubiera podido esperarse—, se las examinará, sin embargo, más adelante). Otro es la existencia de líneas de casta cada vez más sensibles, que no se afirman tan solo allí donde coinciden con diferencias económicas bien marcadas (por ejemplo en sociedades como la serrana de los Andes o la mexicana, donde los indios son —como los definirá luego un pensador peruano— “una raza social”), sino también donde, por el contrario, deben dar nueva fuerza a diferenciaciones que corren peligro de borrarse, sobre todo entre los blancos, los mestizos y mulatos libres. Las tensiones entre estos grupos étnicos envenenan la vida urbana en toda Hispanoamérica, desde Montevideo, una fundación de aire tan moderno en ese Río de la Plata relativamente abierto a los vientos del mundo, en que un funcionario no logra, ni aun mediante una declaración judicial que atestigua la pureza de su sangre española, esquivar una insistente campana que lo presenta como mestizo, y por lo tanto indigno de ocupar cargos de confianza, hasta Venezuela, en que la nobleza criolla, a través de algunos de sus miembros más ilustrados, se hace portavoz de resistencias más amplias al protestar contra la largueza con que las autoridades regias distribuyen ejecutorias de hidalguía a quienes tienen con qué pagarlas. Allí donde existe, además, el abismo entre dominadores blancos y pobladores indios, esa resistencia adquiere un tono aun más prepotente y violento, tanto más irritante porque muchos de los que son legalmente blancos solo pueden pasar por tales porque en los dos siglos anteriores las curiosidades sobre linajes eran menos vivas.

La diferenciación de castas es, sin duda, un elemento de estabilización, destinado a impedir el ascenso de los sectores urbanos más bajos a través de la administración, el ejército y la Iglesia, a la vez que a despojar de consecuencias sociales el difícil ascenso económico obtenido por otras vías, pero su acuidad creciente revela acaso el problema capital de la sociedad hispanoamericana en las últimas etapas coloniales: si todas las fronteras entre las castas se hacen dolorosas es porque la sociedad colonial no tiene lugar para todos sus integrantes; no solo las tendencias al ascenso, también las mucho más difundidas que empujan a asegurar para los descendientes el nivel social ya conquistado se hacen difíciles de satisfacer, en una Hispanoamérica donde el espacio entre una clase rica en la que es difícil ingresar y el océano de la plebe y las castas sigue ocupado por grupos muy reducidos. Con estas tensiones se vincula la violencia creciente del sentimiento antipeninsular: son los españoles europeos los que, al introducirse arrolladoramente (gracias a las reformas mercantiles y administrativas borbónicas) en un espacio ya tan limitado, hacen desesperada una lucha por la supervivencia social que era ya muy difícil. Por añadidura, el triunfo de los peninsulares no se basa en ninguna de las causas de superioridad reconocidas como legítimas dentro de la escala jerárquica —a la vez social y racial— vigente en Hispanoamérica: por eso mismo resulta menos fácil de tolerar que, por ejemplo, la marginación de los mestizos por los criollos blancos, que no hace sino deducir consecuencias cada vez más duras de una diferenciación jerárquica ya tradicional. La sociedad colonial crea así, en sus muy reducidos sectores medios, una masa de descontento creciente: es la de los que no logran ocupación, o la logran solo por debajo del que juzgan su lugar. En México, que comienza a ser arrollado por el crecimiento demográfico, o en las ciudades de la sierra sudamericana con su rígida diferenciación entre castas y españoles, o en Lima, afectada por la decadencia económica, o aun en el litoral rioplatense, en que el crecimiento económico es más rápido que el de la población, esos hijos de familia ociosos comienzan a ser, para los observadores más agudos, un problema político: de ellos no se puede esperar lealtad alguna al sistema. Problema agravado porque en lo más bajo de la escala veremos reproducirse una situación análoga: frente a los léperos de la capital mexicana, Lima, Santiago, y aun Buenos Aires, pueden exhibir también una vasta plebe sin oficio, que sobrevive precariamente gracias —como se dice— a la generosidad del clima y del suelo, gracias, sobre todo, a la modestia de sus exigencias inmediatas. Su tendencia al ocio puede ser reprochada, pero no hay duda de que el sistema mismo la alienta, en la medida en que crea a los sectores artesanales libres la competencia de los esclavos. De nuevo es impresionante volver a descubrir esta constante de la sociedad colonial hispanoamericana en Buenos Aires, que con sus cuarenta mil habitantes cumple funciones económicas y administrativas muy vastas en el sur del imperio español, pero no logra dar ocupación plena a su población relativamente reducida.

Esta característica de la sociedad urbana colonial crea una corriente de malevolencia apenas subterránea, cuyos ecos pueden rastrearse en la vida administrativa y eclesiástica y de modo más indirecto, pero no menos seguro en la literatura. Tiende, por otra parte, a agudizar el conflicto que opone a los peninsulares y el conjunto de la población hispanoamericana (en particular la blanca y la mestiza). Si no en su origen, por lo menos en sus modalidades este conflicto estuvo condicionado por las características de la inmigración desde la metrópoli. Desde el comienzo de la colonización esta había sido relativamente poco numerosa; iba a seguir siéndolo a lo largo de la expansión del siglo XVIII: en el momento de la emancipación no llegan, sin duda, a doscientos mil los españoles europeos residentes en las Indias; esto cuando la presencia de la metrópoli y sus hijos se hace sentir de modo cada vez más vivo. En la vida administrativa como en la mercantil, los españoles europeos constituyen un sector dirigente bien pronto peligrosamente aislado frente a rivales que tienen (a veces tan solo creen tener) apoyos más vastos en la población hispanoamericana.

Pero si dejamos de lado tensiones ricas sobre todo en consecuencias futuras, el agolpamiento de la población urbana (que sigue siendo relativamente escasa) en torno a posibilidades de ocupación y ascenso demasiado limitadas para ella, se revela como un aspecto de otro rasgo más general: la desigualdad extrema de la implantación de la sociedad hispanoamericana en el vastísimo territorio bajo dominio español. Se ha visto ya cómo casi la mitad de los trece millones de habitantes de las Indias españolas se concentraban en México: aun aquí la población se agolpaba en el Anahuac, que podía ofrecer en sus zonas nucleares paisajes rurales de tipo europeo, pero estaba orlado de desiertos, algunos naturales —es el caso del Norte—, otros creados por la pura falta de pobladores. Fuera de México, y salvo las zonas de fuerte población indígena, mal soldadas a la economía y la sociedad colonial, el desierto es la regla: antes de los intérpretes románticos de la realidad argentina, un obispo de Córdoba pudo preguntarse, hacia 1780, si la población demasiado tenue de su diócesis no hacía radicalmente imposible la disciplina social, sin la cual ni la lealtad política al soberano ni la religiosa a la Iglesia podrían sobrevivir. Y lo mismo podría repetirse en muchas partes.

Sin duda, contra ciertas críticas demasiado sistemáticas del orden español, es preciso recordar que esta distribución desigual era en parte imposición de la geografía: la violencia de los contrastes de población en Hispanoamérica se debe en parte al abrupto relieve, a las características de los sistemas hidrográficos, a las oposiciones de clima que suelen darse aun en espacios pequeños. Pero las modalidades de la conquista vinieron ya a acentuarlos: al preferir las zonas de meseta (donde la adaptación de los europeos al clima era más fácil, pero sobre todo donde la presencia de poblaciones prehispánicas de agricultores sedentarios hacía posible la organización de una sociedad agraria señorial) condenó a quedar desiertas aun a tierras potencialmente capaces de sostener población densa. Aunque la expansión del siglo XVIII corrigió en algunos aspectos la concentración anterior en las zonas altas mexicanas y andinas (a ella se debe la nueva expansión antillana, la venezolana, la rioplatense) reprodujo en las zonas que valorizaba los mismos contrastes de las de más antigua colonización: a una ciudad de Buenos Aires con población sobrante se contraponía una campaña en que la falta de mano de obra era el obstáculo principal a la expansión económica; y la situación no tendía a corregirse, sino a agravarse con el tiempo (un proceso análogo puede rastrearse en Venezuela). Esos desequilibrios son consecuencia del orden social de la colonia: no solo en las tierras en que la sociedad rural se divide en señores blancos y labradores indios, también en la de colonización más nueva y estructura más fluida las posibilidades de prosperidad que ofrece la campaña no compensan la extrema rudeza de la vida campesina: no es extraño entonces que aun los indigentes de la ciudad de Buenos Aires solo participen en las actividades agrícolas cuando son obligados a ello por la fuerza. Aun dentro de la ciudad se reiteran actitudes análogas: la repugnancia por los oficios manuales, que es achacada a veces a perversas características de la psicología colectiva española, o bien a la supervivencia de un sistema de valoraciones propio de una sociedad señorial, se apoya en todo caso en una valoración bastante justa de las posibilidades que ellos abren a quienes tienen que luchar con la concurrencia de un artesanado esclavo, protegido por los influyentes amos en cuyo provecho trabaja. Que esta consideración es la decisiva lo muestra el hecho de que, ignorando tradiciones que también le son hostiles, la actividad mercantil es extremadamente prestigiosa (porque, sin duda, a diferencia de la artesanal, es lucrativa). El agolpamiento de grupos humanos cada vez más vastos en torno de las limitadas posibilidades que ofrecen los “oficios de república”, o las de un sistema mercantil al que contribuyen a hacer cada vez más costoso, se apoya entonces, a la vez que en consideraciones de prestigio, en una noción sustancialmente justa de las posibilidades de prosperar que dejaba abiertas el orden colonial.

Debido a esa desigual implantación, la colonización seguía concentrada —como se ha señalado ya— en núcleos separados por desiertos u obstáculos naturales difícilmente franqueables; antes de alcanzar el vacío demográfico y económico la instalación española se hace, en vastísimas zonas, increíblemente rala. En México, y pese a las tentativas de proteger esas tierras de las asechanzas de potencias rivales, la franja septentrional de las tierras españolas sigue siendo un cuasi vacío; a ambos lados de la ruta del istmo, entre Panamá y Portobelo (que había sido hasta el siglo XVIII uno de los ejes del sistema mercantil español), tierras mal dominadas la separan de Guatemala y Nueva Granada. De nuevo entre esta y Venezuela, entre Quito y Perú, la barrera formada por los indios de guerra que siguen poblando las tierras bajas hacen preferibles las rutas montañesas. No es extraño entonces que en la monótona epopeya que los textos escolares han hecho de la guerra de independencia, algunos de los momentos culminantes los proporcione la victoria del héroe sobre la montaña y el desierto: es Bolívar irrumpiendo desde los Llanos en Nueva Granada; es San Martín cayendo a través de los Andes sobre el valle central de Chile…

Cada uno de esos núcleos tan mal integrados con sus vecinos suele carecer, además, de coherencia interna: en Nueva Granada o en el Río de la Plata los istmos terrestres (surgidos en torno a rutas esenciales que cruzan tierras nunca enteramente conquistadas) van a durar hasta bien entrado el siglo XIX. Ese escaso dominio de las tierras, sumado a los obstáculos naturales, explica la importancia que conservan los ríos en el sistema de comunicación hispanoamericana: el transporte fluvial permite esquivar las dificultades que una naturaleza apenas transformada impone al terrestre; proporciona además una relativa seguridad cuando se trata de bordear zonas pobladas por indios guerreros: así ocurre con el Orinoco en Venezuela, con el Paraná-Paraguay entre Santa Fe y Asunción, en el Río de la Plata. En estas condiciones, aun atravesar las rutas axiales de una comarca puede exigir (como van a descubrir los viajeros europeos a comienzos del siglo XIX) algún heroísmo.

Un heroísmo que debe multiplicarse ante las dificultades de la geografía. Los ríos pueden ser preferibles a las rutas terrestres; aun así presentan a menudo riesgos muy serios: el Magdalena, que comunica las tierras altas de Bogotá con la costa neogranadina, es rico en saltos traicioneros, y el viajero no puede ver sin inquietud a los enormes saurios tendidos en paciente espera…

Por tierra es, desde luego, lo mismo y peor: donde las favoritas tierras altas se estrechan, la ruta se transforma en un laberinto de breñas salvajemente inhospitalarias: así en el nudo de Pasto, entre Nueva Granada y Quito. Y por otra parte la comunicación entre tierras altas y bajas suele ser mala, y no hay siempre un río que facilite la transición: la salida de la meseta de Anahuac (núcleo del México español) hacia el Atlántico y hacia el Pacífico no se da sin dificultades; aun más laboriosa es la comunicación entre las tierras altas y las bajas del Perú…

Las consecuencias de estas dificultades en cuanto a la cohesión interior de Hispanoamérica eran, sin embargo, menos graves de lo que hubiera podido esperarse. Como pudo advertir C. Lévi-Strauss, en el Brasil aun arcaico que él alcanzó a conocer, la general dificultad de las comunicaciones favorecía comparativamente a las zonas más abruptas; puesto que era preciso vencerlas a la salida misma de las capitales (en las afueras de Buenos Aires un océano de barro constituía uno de los obstáculos más graves al transporte carretero de la pampa; muy pronto, al salir de Lima solo era posible seguir avanzando con mulas), era posible utilizar esa victoria de todos modos indispensable para alcanzar los rincones más remotos. Mantener en uso el sumario sistema de comunicaciones internas es en todo caso una victoria extremadamente costosa, a la vez en esfuerzo humano y económico: el transporte de vino de San Juan a Salta —una ruta rioplatense relativamente frecuentada— implicaba para arrieros y mulas cuarenta días de marcha sin encontrar agua. Dejemos de lado la resignación heroica (compartida por los más encumbrados en la sociedad hispanoamericana; por la ruta fluvial del Magdalena, que provoca el mal humor y a ratos el terror de los viajeros ultramarinos del siglo XIX, han llegado a su sede bogotana prelados y virreyes, animados frente a sus riesgos e incomodidades de sentimientos más sobrios, o por lo menos más sobriamente expresados). Pero las consecuencias económicas de esas modalidades del sistema de comunicaciones son muy graves: a principios del siglo XIX, en Mendoza, una próspera pequeña ciudad en la ruta entre Buenos Aires y Santiago, en la que el comercio era menos importante que la agricultura, un 10 por 100 de la población es flotante: está formado por los carreteros… En transportes se agota entonces una parte importante de la fuerza de trabajo, a menudo escasa. Y por otra parte no es este el único aspecto en que el peso del sistema de transportes se hace sentir. Las mulas de la montaña tienen un rendimiento limitado en el tiempo; aun en el Río de la Plata, en que la llanura facilita excepcionalmente el transporte, las carretas solo resisten un corto número de travesías pampeanas. De allí la prosperidad de Tucumán, donde una industria artesanal produce carretas empleando cueros y maderas duras locales; de allí (por lo menos en parte) la expansión de la explotación de mulas en Venezuela, en el norte del Perú, en el Río de la Plata. Pero este consumo desenfrenado de los medios de transporte no contribuye por cierto a abaratar las comunicaciones; introduce, por el contrario, uno de los rubros más pesados en el coste total del sistema.

Gracias a él se da una Hispanoamérica a la vez integrada (en ciertos aspectos más que la actual) y extremadamente fragmentada en áreas pequeñas; una Hispanoamérica, en suma, que recuerda a la Europa del quinientos, atravesada de una red de rutas comerciales que solo a precio muy alto vencen las distancias y que comunican muy insuficientemente a unidades económicas diminutas. Este sistema de transportes seguía siendo más adecuado a la Hispanoamérica de la primera colonización que a la que comenzaba a esbozarse, dividida en zonas de monoproducción económicamente soldadas a ultramar: la supervivencia misma del esquema de comunicaciones que le es previo muestra hasta qué punto esta transformación sigue siendo incompleta.

* Halperín Donghi, Tulio 1998 (1969) “Prólogo a la primera edición” y “El legado colonial” (fragmento) en Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza).

José Luis Romero

Latinoamérica

Las ciudades y las ideas

Introducción*

Este libro intenta responder a la pregunta de cuál es el papel que las ciudades han cumplido en el proceso histórico latinoamericano. Diverso hasta parecer caótico, ese proceso tiene sin duda un hilo conductor. Seguramente es difícil hallarlo porque cierta homogeneidad originaria se ha desvanecido a lo largo de los profundos conflictos que se desencadenaron con las guerras de la Independencia. Pero ciertas constantes sugieren la posibilidad de que se halle oculto detrás de los factores que intervienen en el proceso. Para un historiador social no hay duda de que el camino que hay que seguir para encontrarlo es el que transitan las sociedades latinoamericanas a través de las singulares circunstancias en que se constituyen y de aquellas, múltiples y a veces oscuras, en que se opera su constante diferenciación. Y en ese camino, el papel que cumplen las ciudades —esto es, las sociedades urbanas y su densa creación— parece ofrecer alguna clave aprehensible en medio de un cuadro muy confuso.

Ciertamente, la ciudad no ha desempeñado el mismo papel en todas partes. Brasil constituye un caso extremo, en el que los procesos sociales y culturales pasan fundamentalmente por las áreas rurales durante los primeros siglos de la Colonia; y en menor medida ocurre lo mismo en algunos sectores del área hispánica, donde la presencia de las grandes haciendas nacidas del régimen de la encomienda asume caracteres predominantes. Pero aun en esas zonas las ciudades llegaron a alcanzar con el tiempo la significación que en otras áreas hispánicas tuvieron desde el comienzo mismo de la colonización, acaso porque Latinoamérica se había constituido a partir del siglo XVI como una proyección del mundo europeo, mercantil y burgués. Vigorosos centros de concentración de poder, las ciudades aseguraron la presencia de la cultura europea, dirigieron el proceso económico, y sobre todo, trazaron el perfil de las regiones sobre las que ejercían su influencia y, en conjunto, sobre toda el área latinoamericana. Fueron las sociedades urbanas las que cumplieron este papel, algunas desde el primer día de la ocupación de la tierra, y otras luego de un proceso en el que sometieron y conformaron la vida espontánea de las áreas rurales.

La historia de Latinoamérica, naturalmente, es urbana y rural. Pero si se persiguen las claves para la comprensión del desarrollo que conduce hasta su presente, parecería que es en sus ciudades, en el papel que cumplieron sus sociedades urbanas y las culturas que crearon, donde hay que buscarlas, puesto que el mundo rural fue el que se mantuvo más estable y las ciudades fueron las que desencadenaron los cambios partiendo tanto de los impactos externos que recibieron como de las ideologías que elaboraron con elementos propios y extraños. Esa búsqueda es la que se propone realizar este estudio que, en principio, es una historia pero que quiere ofrecer más de lo que habitualmente se le pide a la historia.

Sin duda, suele pedírsele a la historia solo lo que puede ofrecer y dar la historia política: es una vieja y triste limitación tanto de los historiadores como de los curiosos que piden respuesta para el enigma de los hechos desarticulados. Pero este estudio se propone establecer y ordenar el proceso de la historia social y cultural de las ciudades latinoamericanas; y a esta historia puede pedírsele mucho más, precisamente porque es la que articula los hechos y descubre su trama profunda. Acaso en esa trama profunda estén las claves para la comprensión de la historia de las sociedades urbanas e, indirectamente, de la sociedad global.

Si en Brasil predominó durante cierto tiempo la sociedad eminentemente rural originariamente constituida, en el área hispánica la nueva sociedad fue, desde un principio, un conjunto de sociedades urbanas junto a las cuales las sociedades rurales se constituyeron como instrumentos económicos dependientes de las comunidades congregadas en las ciudades, cuyos sectores predominantes eran los beneficiarios de la explotación del mundo rural. Y no fue un designio arbitrario de España el poner el acento en ese tipo de sociedad: dependía de una concepción de la ciudad que tenía vieja tradición doctrinaria y que se había robustecido con la experiencia de los últimos cinco siglos que precedieron a la llegada de los conquistadores a América. La ciudad —en rigor, la sociedad urbana— era la forma más alta que podía alcanzar la vida humana, la forma “perfecta”, según había sostenido Aristóteles y lo recordaba a mediados del siglo XVI fray Bartolomé de las Casas en su Apologética Historia Sumaria con gran acopio de antecedentes paganos y cristianos. Y a ese ideal parecía tender el mundo mercantilista y burgués que era, cada vez más, un mundo de ciudades. Acaso por eso se acentuó en Latinoamérica la tendencia urbana que se dibujara desde la conquista, y que consiguió arrastrar finalmente a las áreas que habían nacido bajo otro signo.

En general, la América indígena fue un mundo predominantemente rural, y vastas áreas apenas conocieron la vida urbana. Hubo, ciertamente, en el ámbito de las culturas superiores, algunas grandes ciudades, como Tenochtitlán y Cuzco, y hubo numerosas ciudades menores, todas las cuales despertaron en distinta medida la admiración de los españoles, Cortés y Cieza de León ante todo. Y precisamente en la existencia de ciudades fundó las Casas su defensa de la capacidad racional de los indios. Pero la corriente principal de la vida fluía por los campos y las aldeas rurales, como rurales fueron los caracteres básicos de su cultura. Las Antillas y Brasil no conocieron centros urbanos. Los pueblos no fueron baluartes de la defensa contra los invasores, y si Cortés decidió la destrucción de Tenochtitlán no fue porque la temiera como baluarte sino por su tremenda significación simbólica: era en ese lugar y no en ningún otro donde debía ser fundada la capital hispánica de Nueva España, de la España de Indias.

Si los españoles destruyeron Tenochtitlán, los propios indígenas destruyeron Cuzco; y las otras ciudades y pueblos fueron incluidos en los repartimientos sin que se reparara apenas en su condición de centros urbanos. Solo su bien escogida situación geográfica atrajo a los conquistadores, que con frecuencia se instalaron en ellos refundándolos y reordenando su vida según los módulos de la conquista. Así surgieron Tlaxcala y Cholula, Bogotá, Huamanga, Quito y, especialmente, México y Cuzco, como poblaciones españolas. Pueblos y ciudades indígenas quedaron subsumidos en el mundo nuevo de los conquistadores.

Fue designio de ellos borrar los vestigios de las viejas culturas indígenas, y lo cumplieron implacablemente, acaso porque estaban convencidos de que era justo hacerlo con infieles. Si en muchas regiones los conquistadores no encontraron sino culturas primitivas —como en la costa brasileña o en el Río de la Plata—, en otras tropezaron con culturas de alto nivel que los asombraron. Pero en todos los casos un inconmovible preconcepto los llevó a operar como si la tierra conquistada estuviera vacía —culturalmente vacía—, y solo poblada por individuos que podían y debían ser desarraigados de su trama cultural para incorporarlos desgajados al sistema económico que los conquistadores instauraron, mientras procuraban reducirlos a su sistema cultural por la vía de la catequesis religiosa. El aniquilamiento de las viejas culturas —primitivas o desarrolladas— y la deliberada ignorancia de su significación constituía el paso imprescindible para el designio fundamental de la conquista: instaurar sobre una naturaleza vacía una nueva Europa, a cuyos montes, ríos y provincias ordenaba una real cédula que se les pusieran nombres como si nunca los hubieran tenido.

Distinta concepción de los métodos que debían utilizarse tuvieron España y Portugal. Este último confió la tarea a los señores que recibieron las tierras aptas para la agricultura, en las que empezó a producirse azúcar, tabaco y algodón, y donde surgieron las plantaciones y los ingenios, unidades económicas y sociales sobre las que se organizó la vida de la colonia. Centros administrativos, las ciudades fueron durante largo tiempo simples factorías que daban paso a la riqueza que se embarcaba para Europa. Fueron los señores de la tierra los que dibujaron la primera fisonomía del Brasil colonial, en tanto que las poblaciones urbanas —artesanos y pequeños funcionarios, clérigos y pequeños comerciantes— fueron sobrepasadas. Y hasta el siglo XVIII solo alguna ciudad —Salvador de Bahía y, sobre todo, la Recife holandesa— insinuaba su capacidad de influir sobre la poderosa aristocracia terrateniente, que amaba la vida rural y residía en medio de sus posesiones.

España, en cambio, imaginó su imperio colonial como una red de ciudades. Sin duda en ciertas regiones prevaleció la influencia de las grandes haciendas, o mejor, de los viejos encomenderos que se hacían fuertes en sus dominios rurales. Pero, a diferencia de Portugal, asignaba a la colonización una trascendencia que no se agotaba en la explotación económica. Vagamente unas veces, muy categóricamente otras, España afirmaba una misión que debía realizar un grupo compacto, una sociedad nueva que mantenía sus vínculos y velaba por el cumplimiento de aquella. Era una misión que sobrepasaba el objetivo personal del enriquecimiento y la existencia personal del encomendero. Debían cumplirla todos, y el instrumento que se puso en funcionamiento para lograrlo fue la ciudad.

Desde su fundación misma tenía asignado la ciudad ese papel. La fundación, más que erigir la ciudad física, creaba una sociedad. Y a esa sociedad compacta, homogénea y militante, correspondíale conformar la realidad circundante, adecuar sus elementos —naturales y sociales, autóctonos y exógenos— al designio preestablecido, forzarlos y constreñirlos, si fuera necesario. La sociedad urbana —compacta, homogénea, militante— se constituía conformada por una ideología y era invitada a defenderla e imponerla sobre una realidad que se juzgaba inerte y amorfa. Era una vieja concepción de las posibilidades que encerraban las ciudades y las sociedades urbanas: la que habían elaborado y puesto en práctica Alejandro Magno y los diadocos, los procónsules romanos, los adelantados del núcleo europeo medieval que inició la expansión hacia la periferia desde el siglo XI. Había en el fondo de esa concepción una teoría de la sociedad y la cultura y una experiencia práctica que España tradujo en una política.

El supuesto de la capacidad virtual de la ciudad ideológica para conformar la realidad se apoyaba en dos premisas. Una era el carácter inerte y amorfo de la realidad preexistente. La otra era la decisión de que esa realidad suscitada por un designio preconcebido no llegara a tener —no debía tener— un desarrollo autónomo y espontáneo. Minuciosamente especificada, traducida en prescripciones que aspiraban a prever todas las circunstancias posibles, la política social y cultural española parecía descartar absolutamente la posibilidad de toda contingencia inesperada, como si la sociedad que se constituyera al conjuro de un designio del poder estuviera al abrigo de todo cambio, de todo proceso de diferenciación. En rigor, aquella decisión suponía la percepción del riesgo, demasiado notorio en la experiencia española, del contacto con la cultura musulmana. Era el riesgo del mestizaje y la aculturación. Y para preverlo, más aun que para prever el de posibles rebeliones, pareció eficaz constituir la red de ciudades, de sociedades urbanas compactas, homogéneas y militantes, encuadradas dentro de un riguroso sistema político rígidamente jerárquico y apoyado en la sólida estructura ideológica de la monarquía cristiana tal como se había conformado con el apoyo de la Iglesia en las luchas contra los musulmanes primero y en las luchas contra la Reforma después.

La red de ciudades debía crear una América hispánica, europea, católica; pero, sobre todo, un imperio colonial en el sentido estricto del vocablo, esto es, un mundo dependiente y sin expresión propia, periferia del mundo metropolitano al que debía reflejar y seguir en todas sus acciones y reacciones. Para que constituyera un imperio —un imperio entendido a la manera hispánica—, era imprescindible que fuera homogéneo, más aun, monolítico. No solo era imprescindible que el aparato estatal fuera rígido y que el fundamento doctrinario del orden establecido fuera totalmente aceptado tanto en sus raíces religiosas como en sus derivaciones jurídicas y políticas. También era imprescindible que la nueva sociedad admitiera su dependencia y se vedara el espontáneo movimiento hacia su diferenciación; porque solo una sociedad jerárquica y estable hasta la inmovilidad perinde ac cadaver, según la fórmula ignaciana, aseguraba la dependencia y su instrumentalización para los fines superiores de la metrópoli. Era una ideología, pero una ideología extremada —casi una especie de delirio— que, en principio, aspiraba a moldear plenamente la realidad. Pero la realidad —la realidad social y cultural— de Latinoamérica ya era caótica. La audacia del experimento social y cultural desató desde el primer momento innumerables procesos que resultaron incontenibles, y el designio se fue frustrando.

Ese designio no fue el de Portugal, y por eso en el ámbito de la colonización portuguesa el proceso fue más pragmático, casi absolutamente pragmático. La sociedad agraria hizo su ciclo completo y delineó un área en la que los señores aceptaron la formación espontánea de una nueva sociedad y, poco a poco, de una nueva cultura. Solo alteró ese delineamiento la progresiva presión del mundo mercantilista y burgués en el que Brasil —como toda Latinoamérica— estaba incluido como una zona periférica. Y cuando esa presión creció, las ciudades y las sociedades urbanas —con sus burguesías progresivamente vigorosas— comenzaron a tener una significación creciente, como no la habían tenido en las primeras etapas de la colonización. El desarrollo económico y la diferenciación social provocaron, independientemente de los vínculos políticos, una creciente autonomía de hecho que se manifestó a lo largo del siglo XVIII a través de la formación de las burguesías locales. Entonces las ciudades dejaron de ser los endebles centros administrativos de un comienzo, poblados por sociedades urbanas de mezquinos recursos y escasas aspiraciones, y comenzaron a crecer y tonificarse hasta adquirir, en el siglo XIX, una significación semejante a la que por entonces cobraban en el área hispánica.

En esta área el proceso fue, naturalmente, más visible. Fundadas y mantenidas para asegurar la homogeneidad y la dependencia del mundo colonial, las ciudades comenzaron a asumir plenamente el papel ideológico que se les había asignado; pero no para ser solamente las intermediarias de la ideología metropolitana, sino para crear nuevas ideologías que fueran adecuadas respuestas a la situación que, espontáneamente, se había ido constituyendo en cada región. Las ciudades dejaron de ser poco a poco remedos de las ciudades españolas —repetidos hasta los nombres— y comenzaron a perder carácter genérico.

Ciertamente, siguieron siendo los focos sensibles de la influencia exterior. A ellas llegaban y en ellas repercutían los impactos del mundo hispánico y también del agitado resto del mundo, que nunca renunció a integrar a Latinoamérica en el vasto ámbito del sistema mercantilista. Pero comenzaron a cuestionar esos impactos y muy pronto se vio que empezaban a elaborar respuestas que no provenían del monolítico sistema imperial, sino de una prudente estimación de las circunstancias en que cada una de ellas operaba. Las ciudades mantuvieron y aun acentuaron su papel ideológico, pero lo ejercitaron proporcionando a su área de influencia una imagen del mundo, una explicación de la coyuntura y, sobre todo, un proyecto adecuado a las expectativas que en cada área se iban delineando.

Sin duda los cuadros de esas ideologías que empezaron a elaborar por su cuenta las ciudades estuvieron siempre conformados en alguna medida por los impactos exteriores: el de la estructura socioeconómica de las metrópolis; el de la estructura socioeconómica del mundo capitalista, mercantil y burgués; el de las grandes corrientes de nuevas ideas que entrañaban versiones ideológicas de la realidad, explicativas unas y proyectivas otras, y ambas en diversos sentidos. Y siempre partieron de la imagen de una América europeizada, de la América como una nueva Europa, inmersa en el sistema de relaciones creado por Europa y dirigido por ella. Pero aun dentro de esos marcos, y muy lentamente, las ideologías fueron hallando su propio camino y, por debajo de los encuadres generales, comenzaron a cobrar cierta autonomía. Pronto podrían manifestarse como respuestas espontáneas y definiciones concretas frente a las situaciones reales.

Una definición concreta fue la que se refería a la posición real de cada ciudad en el vasto y diferenciado ámbito continental. La ciudad formal de la época de las fundaciones —la del acta y el escribano, la espada y la cruz— empezó a descubrir que era una ciudad real, pequeña y miserable casi siempre, con pocos vecinos y muchos riesgos e incertidumbres. Empezó a descubrir que estaba en un sitio real, rodeada de una región real, comunicada por caminos que llevaban a otras ciudades reales a través de zonas rurales reales, todo con caracteres singulares que escapaban a cualquier generalización curialesca. Y empezó a descubrir que de todo eso derivaban sus verdaderos problemas y dependían sus posibilidades futuras. Así, las ciudades se hicieron reales tomando conciencia de la región en la que estaban insertas.

Pero la ciudad real tomó también conciencia de que constituía una sociedad real, no la de los primeros vecinos sino la de los que finalmente se quedaron en ella, levantaron su casa, o no pudiendo, se instalaron en casa ajena, o se resignaron a la mísera vivienda que consagraba su marginalidad; los que vivieron de su trabajo en la ciudad y poblaron sus calles y sus plazas; los que disputaron por los pequeños problemas cotidianos o por los más graves que entrañaban decisiones acerca del destino de la ciudad; y luego los herederos de aquellos y los que lentamente se fueron agregando hasta quedar incorporados. La ciudad real tomó conciencia de que era una sociedad urbana compuesta de sus integrantes reales: los españoles y los criollos, los indios, los mestizos, los negros, los mulatos y los zambos, todos unidos inexorablemente a pesar de su ordenamiento jerárquico, todos unidos en un proceso que conducía, inexorablemente también, a su interpenetración y a la incierta aventura desencadenada por los azares de la movilidad social. Y cada sociedad urbana tomó conciencia de que era una sociedad sui generis, distinta en general de las sociedades urbanas de las ciudades españolas y en particular de las otras ciudades latinoamericanas, de las remotas y aun de las próximas, cada una de ellas atada a sus propios problemas y sometida a la singular e irreductible ecuación que regía las relaciones entre sus elementos sociales. Y tomó conciencia, finalmente, de que había empezado a tener una historia de la que no podía prescindir, cuyo peso se hacía presente en cada situación real y en cada momento en que era necesario tomar una decisión: una historia comprometida con la sociedad urbana compuesta de generaciones sucesivas encadenadas de algún modo a la misma estructura y al mismo género de situaciones. Tomar conciencia de la peculiaridad de cada sociedad urbana fue, para cada una de ellas, esbozar otra definición concreta que se integraba en el cuadro de su ideología.

Finalmente, fue una definición concreta precisar cuál era la función real de la ciudad. Sin duda compartían todas las ciudades la misma función básica que les había fijado la política colonial española: asegurar el dominio de la zona, ser baluartes de la pureza racial y cultural del grupo colonizador y promover el desarrollo de la región en que estaban insertas. Pero cada una de ellas había recibido una función específica: eran puertos, o reductos militares, o centros mineros, o emporios mercantiles. Eran funciones muy delimitadas que se relacionaban con el funcionamiento general del sistema. Pero una ciudad y una sociedad urbana no se fundan en balde. Al cabo de unas cuantas generaciones, cada sociedad urbana había sobrepasado los alcances de la misión instrumental que se le había asignado y esbozaba el delineamiento de su función real: la que la ciudad estaba constreñida a cumplir, la que la ciudad podía cumplir y la que la sociedad urbana —una y distinta a través del tiempo— quería cumplir. Diversas combinaciones aparecieron entre estas diversas perspectivas, y los distintos grupos sociales dejaron entrever sus disímiles tendencias. Poco a poco, por debajo de las funciones básicas que la ciudad asumía, aparecieron los estilos de vida del conjunto y de cada uno de los grupos sociales, dibujando la peculiaridad de cada cultura urbana.

Estas definiciones entrañaban una interpretación del pasado y un proyecto para el futuro: constituían las ideologías específicas con que cada una de las ciudades iba sustituyendo poco a poco la ideología genérica de la colonización; y al diferenciarse, remodelaban el cuadro del imperio originario —utópicamente homogéneo— e insinuaban el nuevo ordenamiento que vendría más tarde.

El nuevo reordenamiento empezó a dibujarse en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando el mundo latinoamericano recibió frontalmente el impacto de la ofensiva mercantilista. Entonces, las ciudades hidalgas de Indias que se habían constituido a partir de las fundaciones se diversificaron según las posibilidades que les ofrecía su situación y su estructura social: unas —perpetuando la ideología de la ciudad hidalga— mantuvieron su sistema tradicional, iniciando la marcha hacia un destino de ciudades estancadas, y otras —aceptando la ideología burguesa— dieron el salto para transformarse en activas ciudades mercantiles —con una vocación internacional que desbordaba los límites hispánicos—, presididas por nuevas burguesías que crecían en vigor. Fue un cambio profundo, acentuado por otros factores que acelerarían la diversificación: unas que, entre hidalgas y burguesas, preferían mantenerse dentro del área hispánica, y otras, decididamente burguesas, que entreveían las ventajas de la independencia política.

Fue como un ajuste del mundo hispánico al mundo internacional, mercantil y burgués. El nuevo ensayo social, económico, político y cultural que se inició con la Independencia movilizó las áreas rurales, pero repercutió fundamentalmente sobre las ciudades. Las burguesías que aceptaron el desafío de producir un cambio profundo en la estructura del área que controlaban las ciudades, sometieron en alguna medida sus propios intereses a los intereses comunes; se sumaron a sus filas las novísimas élites creadas por el ascenso de los grupos rurales, y juntas asumieron la misión de darle un proyecto político y una orientación al conjunto social. Así se constituyó el nuevo patriciado, comprometido entrañablemente con el destino nacional, aunque sus miembros mezclaran imprecisamente los intereses públicos con sus intereses privados.

Para entonces comenzó a ser claro que las ciudades latinoamericana seguían en su desarrollo un variado destino. Las ciudades estancadas acentuaron su aislamiento, sin perjuicio de que se manifestaran en su seno procesos sociales muy complejos; y las activas procuraron adecuarse a las exigencias del mundo internacional mientras afrontaban también los problemas suscitados por las transformaciones de su estructura interna. En rigor, todas las ciudades latinoamericanas aceleraron a partir de entonces un doble proceso que estaba iniciado desde la fundación. Por una parte procuraban adecuarse al modelo europeo siguiendo sus líneas de cambio y por otra sufrían las transformaciones derivadas de su estructura interna, que alteraban las funciones de la ciudad y, además, las relaciones entre los distintos grupos sociales y entre la ciudad y la región. Ese doble proceso; —de desarrollo heterónomo y de desarrollo autónomo— continuó a lo largo del período independiente, acentuándose cada vez más. Los sectores postergados durante la época colonial —especialmente los sectores rurales— hicieron irrupción en la vida pública, pidiendo su parte en el poder y buscando su ascenso social, con lo cual se incorporaron a las sociedades urbanas nuevos grupos que le imprimieron un aire vernáculo. Así se intensificó el proceso de desarrollo autónomo. Pero entretanto un nuevo impacto externo —el de la sociedad industrial— se hizo sentir sobre las ciudades activas en las últimas décadas del siglo XIX y forzó su desarrollo heterónomo hasta incluirlas plenamente en el sistema económico del mundo capitalista, cada vez más lanzado hacia una política imperialista.

Fue la que se inició entonces una época menos agitada que la anterior. Las burguesías, definitivamente constituidas y largamente experimentadas, aceptaron la ideología del progreso y procuraron acentuar el desarrollo heterónomo de las ciudades conteniendo el desarrollo autónomo mediante el ejercicio de un poder fuerte. Sin duda tuvieron éxito, y el mundo rural se vio constreñido a aceptar el proyecto de los grupos intermediarios. Pero era inevitable que fracasaran al cabo de algunos decenios. A los factores sociales que operaban tradicionalmente se agregaron en muchas de las ciudades activas otros nuevos, algunos de carácter étnico y social, como las migraciones, y otros de carácter funcional como el crecimiento de los grupos afectados a las actividades terciarias. Agravados por la alteración de las relaciones entre el mundo urbano y el mundo rural, los problemas urbanos se multiplicaron por el crecimiento demográfico, por la diferenciación social y, a veces, por la diferenciación ideológica entre los grupos. El impacto de la crisis financiera de 1929 precipitó los cambios.

Desde entonces el proceso de metropolización de las más importantes de las ciudades activas latinoamericanas dio la medida de la intensidad del proceso de urbanización de Latinoamérica, e inversamente de la crisis del mundo rural. Lanzadas por el camino del desarrollo heterónomo, las metrópolis adquirieron cada vez más poder. Las altas burguesías se adhirieron a la ideología de la sociedad de consumo y procuraron impulsar el desarrollo heterónomo de las metrópolis. Pero las metrópolis habían suscitado un tremendo cambio social, agregando a las altas burguesías y, en general, a los sectores sociales integrados, una vasta muchedumbre de marginales que hicieron inseparable de la imagen de la metrópoli moderna la de los rancheríos que la rodeaban. Era un inesperado desarrollo autónomo de las ciudades que revelaba la diversidad de funciones de la ciudad, y las variantes de las relaciones entre la ciudad y la región; pero que, sobre todo, inauguraba una etapa de importantes cambios en la estructura social, económica y cultural de las sociedades urbanas. No tardaron mucho en manifestarse los cambios políticos.

Una indagación minuciosa de la formación de las sociedades urbanas y sus cambios, de las culturas urbanas —diferentes dentro de cada período en cada ciudad, y diferentes dentro de ella según los grupos sociales en épocas de intenso cambio— ha sido la que ha conducido a los resultados que expone este libro. En el fondo, quiere puntualizar cómo juega el desarrollo heterónomo de las ciudades con su desarrollo autónomo, entendiendo que en ese juego no solo se elaboran las culturas y subculturas urbanas sino también las relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano. En este último es donde las ideologías adquieren más vigor y afrontan más claramente su enfrentamiento —un juego dialéctico— con las estructuras reales.

* Romero, José Luis 1976 “Introducción” en Latinoamérica. Las ciudades y las ideas (Buenos Aires: Siglo XXI) pp. 9-20.

Alcira Argumedo

Las matrices del pensamiento
teórico-político*

Ciencia, política y cultura

La multiplicidad de corrientes teóricas, las disímiles fundamentaciones, líneas de interpretación y metodologías de análisis presentes en el campo de los estudios del hombre, evidencian la relatividad del conocimiento acerca de lo histórico y lo social. Con su sola presencia cuestionan la ciencia libre de valores y los postulados de objetividad y universalidad de sus afirmaciones. A su vez, estas características se vinculan con las dificultades de predicción de los procesos socio-históricos —más allá de la capacidad para señalar ciertas tendencias o probabilidades— evidenciando el carácter hipotético, controvertido y controvertible de las humanidades y las ciencias sociales. Sin duda, la modalidad esencialmente polémica manifestada por el desarrollo histórico del pensamiento social, se deriva de la íntima vertebración entre estas formulaciones teóricas y determinados proyectos político-culturales, como expresión de visiones del mundo que impregnan los más diversos aspectos del acontecer de las sociedades.

Afirmar que las grandes corrientes de las ciencias humanísticas y sociales están intrínsecamente vinculadas con proyectos históricos y políticos de vasto alcance, supone concebirlas como sistematizaciones conceptuales que influyen, fundamentan o explicitan tales proyectos y que, por lo tanto, están siempre preñadas de política aun cuando pretendan ser portadoras de una inapelable objetividad científica. Pero este reconocimiento de las profundas diferencias que exhibe el pensamiento político y social —incluyendo el concepto mismo de sociedad, es decir, el objeto de estudio por excelencia— no implica descalificar la utilidad de las herramientas teóricas y metodológicas. No niega la riqueza de las diversas líneas interpretativas ni las potencialidades de la recuperación crítica de ideas o valores que, a través de mediaciones más o menos elaboradas, procuran un ordenamiento de los datos de la realidad y la fundamentación de grandes propuestas estratégicas.

Esta relación históricamente condicionada entre la producción teórica y los procesos políticos, obliga a definir el lugar, la perspectiva desde donde se interpretan los fenómenos sociales y problematiza la pretensión de aquellas posiciones que se autoatribuyen el patrimonio de la ciencia —con los criterios de autoridad que esto conlleva— considerando a las otras formas del pensamiento como políticas, ideológicas, valorativas o precientíficas. Es por ello que la premisa de la cual partimos busca establecer las connotaciones y propuestas explícita o implícitamente formuladas por los diferentes marcos conceptuales frente a los momentos históricos en los cuales emergen, se actualizan, se adaptan o enriquecen; de modo tal que la controversia teórica deja de ser un problema estrictamente académico y se engarza con los debates políticos sustantivos que signan el desarrollo histórico y social.

El tema de las influencias políticas en las ciencias humanísticas ha sido señalado, con los matices del caso, por autores pertenecientes a diversos enfoques dentro de este campo.

Con referencia a la historiografía, José Luis Romero afirma:

La historia social debe hacer el esfuerzo de llevar sus temas al campo de la más estricta objetividad. Este esfuerzo, por cierto, no es fácil… Las casi inevitables implicaciones de tipo ideológico que entrañan estos temas hacen el esfuerzo aún más difícil… Un capítulo fundamental es el de la conquista y la colonización durante los primeros siglos de la dominación hispano-lusitana. Los problemas que allí se originaron con motivo de la impostación de un núcleo conquistador y colonizador sobre la masa aborigen derrotada recibieron distintas y sucesivas soluciones; pero ninguna de ellas acabó con aquellos. Los problemas subsisten aún hoy, y si constituyen un tema histórico, constituyen también cuestiones de palpitante actualidad… La cuestión del enfrentamiento entre los grupos blancos y los grupos de indígenas, negros, mestizos, etc., ha asumido caracteres de problema decisivo en distintas épocas y en diferentes países… ha condicionado el estudio de los problemas de la historia social, puesto que, en la medida en que son problemas vivos que han originado actos de poder, se insertan inevitablemente en el cuadro de la historia política y responden en sus planteos a las incitaciones de la política misma. (Romero, 1987)

Desde una visión diferente y con énfasis aún mayor, también Arturo Jauretche remarca el carácter esencialmente político de las interpretaciones históricas:

No es pues un problema de historiografía, sino de política: lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, en que esta es solo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a impedir que la historia, la historia verdadera, contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional que es la base necesaria de toda política de la Nación. Así, pues, de la necesidad de un pensamiento político nacional ha surgido la necesidad del revisionismo histórico. De tal manera el revisionismo se ve obligado a superar sus fines exclusivamente históricos, como correspondería si el problema fuera solo de técnica e investigación, y apareja necesariamente consecuencias y finalidades políticas. (Jauretche, 1959)

La dificultosa decantación de las interpretaciones, la caracterización de los procesos y las figuras de la historia que se hace especialmente evidente en América Latina manifiesta esta vinculación entre los estudios historiográficos y las posiciones políticas. En tal medida, antes que el refinamiento alcanzado por las herramientas académicas, son los condicionamientos políticos del presente y las posibilidades de encontrar puntos de acuerdo, limar asperezas y habilitar espacios de verdadero diálogo, las que pueden facilitar una aproximación menos maniquea a la recuperación de la propia historia. Lo señalado para la historiografía es extensible al conjunto de las teorías y recursos conceptuales y metodológicos de las ciencias sociales, e invade asimismo el campo de la filosofía:

Las filosofías de la historia, en particular las que produjo el siglo XIX pueden ser consideradas como discursos políticos abiertamente intencionados, en los que se ha planteado como objeto señalar el camino que se debía recorrer, como asimismo los escollos que se debían evitar para que las potencias europeas pudieran cumplir con un destino al cual se sentían convocadas dentro del vasto proceso de dominación del globo iniciado con el Renacimiento. De este modo puede afirmarse que la filosofía de la historia acabó constituyéndose, en una de sus líneas de desarrollo, sin duda la de mayor volumen, en un modo de “filosofía imperial” que se ocupó tanto de los eventuales motivos de decadencia que había que evitar, como de las formas mediante las cuales la humanidad europea y dentro de ella una burguesía ya segura de sí misma, había de asumir de modo definitivo el destino de toda humanidad posible. (Roig, 1981)

Y si, como señala Rodolfo Agoglia, “nuestro siglo hace filosofía desde las ciencias humanas e históricas” (Agoglia, 1978; 1988), es posible concluir que todas ellas —la filosofía, las ciencias sociales, la historia— se vertebran en marcos más amplios, en concepciones culturales y modos de percibir el mundo que les otorgan sus significaciones esenciales al margen de la especificidad y las características de cada una de sus áreas de estudio. Como contracara, esta afirmación considera que es posible recuperar, sistematizar y reelaborar en términos de rigurosidad teórica, el pensamiento popular latinoamericano que históricamente se ha manifestado bajo la forma del discurso político o como expresiones discursivas no académicas (Roig, 1981; Salazar Bondy, 1969).

La íntima conexión existente entre ciencias humanas y política, entre las vertientes académicas y los proyectos que se despliegan en mutua confrontación, comienza a evidenciarse asimismo en el debate político y cultural europeo procesado en el contexto de la actual crisis de época y de las profundas reformulaciones en los planteos históricos de los países centrales del Este y del Oeste:

Las crisis… deshicieron las seguridades tan laboriosamente conquistadas… Paralelamente a las múltiples dudas que socavarían todos los rincones de la práctica, desde hace varias décadas experiencias de las más variadas erosionarían, progresiva e implacablemente, a su vez, las nociones epistemológicas más preciadas heredadas del siglo pasado —cuna del proyecto científico moderno— entre las cuales descollarían las de objetividad, neutralidad valorativa, causalidad lineal, verdad transhistórica, etc. Si aquí importa echar alguna luz sobre la crisis epistemológica, es porque la puesta en cuestión de estas categorías basales del pensamiento científico y de la epistemología moderna es indisociable de la crisis del proyecto de la modernidad. Aunque la cadena de mediaciones a recorrer sea sumamente larga e intrincada, no cabe duda de que gran parte de lo más rico que podemos encontrar en la crítica que la postmodernidad le hace a la modernidad está ligada tanto al cuestionamiento de sus proyectos políticos y sociales cuanto a los supuestos epistemológicos e ideológicos a los que estos estaban implacablemente unidos. (Piscitelli, 1988; Harvey, 1991)

Tomando esta perspectiva, en el desarrollo conceptual de Thomas Hobbes resalta el objetivo de dar legitimidad a la monarquía absoluta sobre bases no teológicas, para una Inglaterra que a mediados del siglo XVII buscaba superar sus conflictos dinásticos y lanzar una ofensiva contra el Imperio Español, cuestionando a la autoridad religiosa que avalaba el Tratado de Tordesillas y, en el nombre de Dios, ponía obstáculos a su sed colonial. Décadas más tarde, la Revolución Gloriosa va a encontrar en la obra de John Locke los fundamentos de la monarquía parlamentaria donde, bajo una forma filosófica fundacional que apela a la naturaleza humana originaria, al modo de constitución de las sociedades, a sus modelos organizativos o al carácter del poder federativo y de la guerra justa, es posible encontrar los lineamientos de la nueva era política abierta con el arribo al poder de Guillermo de Orange.

El potencial alcanzado por Inglaterra desde mediados del siglo XVIII y su óptima preparación para competir por el dominio del mercado mundial en proceso de consolidación, así como la reformulación del poder interno que produce el crecimiento de las nuevas burguesías comerciales e industriales, están en la base de las propuestas científicas del liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo. De la misma manera, en la brillante sistematización teórica hegeliana subyace el problema de la conformación de un Estado fuerte capaz de orientar las tendencias de la sociedad civil hacia la construcción de la unidad de los principados alemanes luego de la traumática experiencia de la invasión napoleónica. Una invasión que también ha de influir sustancialmente en distintas vertientes del romanticismo alemán y en pensadores como Fichte o Clausewitz.

La ciencia en Carlos Marx —que sintetiza críticamente los aportes de la filosofía, la política y la economía elaborados por los intelectuales orgánicos del ascenso burgués en Europa— constituye el sustento teórico de una política que intenta develar el horizonte del proletariado europeo, elegido para forjar la verdadera historia humana. Con las características propias de los diferentes tiempos y lugares históricos, este objetivo fundamenta los aportes de Lenin, Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci. El debate sobre el futuro de Alemania en las décadas que corren entre 1890 y 1920 es alimentado por todas y cada una de las categorías aparentemente formales y neutralmente valorativas de Max Weber; en tanto la búsqueda de nuevas formas de equilibrio e integración social para reencauzar la vertiginosa historia de Francia en los cien años que siguen a la Revolución, impregna las formulaciones teóricas de Émile Durkheim. Tales condicionamientos políticos, que pueden detectarse en los más diversos autores y teorías de las ciencias humanas no se refieren solo al “contexto del descubrimiento”, ni se ligan con aspectos parciales de la “sociología del conocimiento” o de una historia social de las ideas. La definición y concatenación misma de las categorías conceptuales están contaminadas por objetivos políticos globales y desde su óptica peculiar influyen en los grandes enfrentamientos procesados durante el transcurso de la historia.

Para analizar de este modo las corrientes del pensamiento académico-político, es preciso adoptar un punto de vista integral, un marco abarcador entendido tanto en términos teóricos como históricos. La mirada crítica incluye necesariamente una perspectiva englobadora, trasciende las supuestas fronteras entre las distintas disciplinas científicas, ramas o subramas de las ciencias sociales y la filosofía, y se entremezcla con los espacios culturales más amplios, con el mundo de lo político y de los comportamientos colectivos, con la interpretación de los principales hechos de la historia. En tal sentido, no puede limitarse a la discusión de conceptos aislados, de ideas parciales, de fenómenos acotados, dado que solo en el marco de una visión de conjunto esos conceptos, ideas o fenómenos adquieren una significación más acabada, una verdadera coherencia, un sentido más riguroso y consistente.

Las sucesivas particiones del conocimiento social, que en las últimas cuatro o cinco décadas dieron lugar a una profusión de “ciencias” parcializadas, son hijas de una de las versiones dominantes en las ciencias sociales. Principalmente el liberal-funcionalismo formula el requisito de establecer compartimientos estancos, divisiones del saber susceptibles de desarrollos autárquicos, sin considerar la vertebración de cada una de esas particularidades con los otros fenómenos que, en muchos casos, inciden de manera decisiva sobre el específico problema en estudio.

A partir de la segunda postguerra, el liberal-funcionalismo —tal vez una de las vertientes más empobrecedoras de Max Weber, a cuya concepción se le elimina la historia, la política y la filosofía para cosificarla en un anodino sistema de acción social— fue el promotor de la “departamentalización” de los estudios académicos, pretendiendo elevar al plano de ciencias autárquicas a las diferentes subramas que abordan problemas sectoriales del acontecer histórico y social como la sociología, las ciencias políticas, la psicología social o las ciencias de la comunicación, diferenciándolas tajantemente de la historia, la economía, la filosofía o la antropología.

No obstante, estos planteos de especialización científica y el establecimiento de severos límites entre las distintas disciplinas, considerados como garantía de la rigurosidad y la objetividad del saber, fueron incapaces de impedir que las principales corrientes teóricas se hicieran presentes en sus respectivos programas de estudio —Marx, Gramsci o Weber, por citar solo algunos— de manera tal que aquello que se pretendía diferenciar “verticalmente” en supuestas ciencias autónomas vuelve de hecho a articularse “horizontalmente” en función de las distintas concepciones que dan cuenta, desde una visión integral, de la problemática socio-histórica. Lo cual no supone negar la legitimidad de las investigaciones sobre aspectos parciales, relativamente autónomos, con dinámicas propias de desarrollo, susceptibles de ser estudiados analíticamente como factores con cierta independencia, tal como son encarados por los estudios económicos, la historia del desarrollo tecnológico, la estrategia militar, los procesos políticos, las comunicaciones, los aspectos vinculados con el Estado y la administración, los movimientos sociales, la demografía, el sindicalismo, los regímenes de gobierno, las políticas económicas o las culturas indianas. Pero algo muy distinto es el planteo que ignora en forma sistemática la vertebración de estas particularidades con los marcos abarcadores dentro de los cuales adquieren su significado más cabal; o pretender que existe una única forma “científica” y “objetiva” de interpretar cada uno de estos procesos (Zea, 1977).

El análisis crítico de las corrientes de pensamiento desde una óptica global, “transdisciplinaria”, susceptible de dar cuenta de la incorporación de los fenómenos sociales dentro de las coordenadas que trazan las grandes líneas interpretativas, se conjuga con el requisito de abordar los fenómenos sociales e históricos desde una determinada idea de totalidad. En rasgos muy generales, entendemos por totalidad una mirada que no solo contemple en sus principales tendencias los factores y contradicciones que juegan en una sociedad determinada sino, además, la articulación de estos procesos en su relación con otras sociedades, con la dinámica internacional en un momento histórico dado (Argumedo, 1987). No se trata de reivindicar entonces una idea de totalidad cerrada sobre sí misma ni de ignorar la obvia dificultad de incluir todos los factores que intervienen en los procesos históricos y sociales. La noción de totalidad que utilizamos pretende recuperar una visión comprensiva, abierta y dinámica, que cuestione las interpretaciones parcializadas y permita incluir lo excluido, señalar los silencios. Una idea de totalidad que reconoce la riqueza y complejidad del desarrollo de las sociedades y plantea la elaboración de hipótesis, diagnósticos o supuestos acerca de las tendencias fundamentales que actúan en los fenómenos sociales, sin caer en un generalismo abstracto o en negar la relativa autonomía con que puede encararse el conocimiento y la investigación de aspectos específicos.

Uno de los instrumentos más típicos de distorsión y encubrimiento de las realidades sociales ha sido el aislamiento de los hechos particulares, eludiendo su articulación con contextos más amplios o la inclusión de otros elementos que muchas veces tienden a reformular drásticamente el diagnóstico de una situación dada. No casualmente las vertientes de origen liberal son las que más enfatizan la parcialización en el análisis de los problemas históricos, políticos y sociales, negando la posibilidad científica de abordarlos desde una perspectiva de conjunto. Las verdades a medias, los cautos silencios, acompañaron el desarrollo histórico del liberalismo, tanto en la matriz de la filosofía jurídico-política —con sus hombres libres, iguales y propietarios, organizados socialmente a través de un contrato— como en la versión de la economía política, que prefiere a ver a las sociedades cual fruto de la sabia e invisible mano del mercado, capaz de transformar en un bienestar general el comportamiento egoísta de los hombres que procuran su lucro individual. Tales metáforas conformaron un instrumental ideológico contundente en la desintegración del mundo feudal europeo y se fueron enriqueciendo al ritmo de desarrollo de las nuevas técnicas aplicadas a la industria, al transporte y a las comunicaciones; acompañando los procesos de expansión colonial, fundamentando la legitimidad de un destino manifiesto para civilizar al mundo, para incorporarlo al progreso de las artes y de las ciencias, de la iniciativa privada, de la acumulación del capital. A lo largo de los siglos XVIII y XIX las ideas liberales asentarían su predominio en Europa y América del Norte, dando origen a las llamadas Revoluciones Democráticas, aportando a la construcción de una nueva era de libertad e igualdad y al despliegue del proyecto de la modernidad formulado por los filósofos del Iluminismo.

Sin embargo, esta es solo una parte del relato. La primera gran revolución democrática liberal instaurada en los Estados Unidos, incorpora la teoría revolucionaria que impulsa Thomas Jefferson, autor intelectual de la Declaración de la Independencia. Como es sabido, la Declaración establecía las bases de una sociedad democrática, republicana, independiente, federativa, igualitaria, regida por la elección de representantes y las libertades individuales; pero los hombres y mujeres negros seguían siendo esclavos. Esta otra parte del relato simplemente no se menciona, ni en esa Declaración ni en la posterior Constitución que iba a regir los destinos de la gran nación del Norte. Ejemplo democrático en el cual los postulados liberales convivieron durante casi un siglo con la presencia aberrante de la esclavitud para millones de seres humanos de esa misma sociedad. Silencios repetidos en las más diversas experiencias de conformación de los gobiernos liberales de las naciones europeas. Desde las monarquías parlamentarias a las repúblicas, la lógica del pensamiento liberal tuvo la misma constante: iguales, libres y propietarios, los blancos (Hinkelammert, 1978; Beard y Beard, 1962). Los hindúes, vietnamitas, argelinos, chinos o negros —que no eran verdaderamente humanos— solo podían aspirar al privilegio de ser civilizados por el dominio blanco, transformándose en pueblos “deudores” y pagando los costos correspondientes. Una visión contundente del mundo que subyace al pensamiento académico y político europeo; que absorben fascinadas las oligarquías y ciertas elites ilustradas de América Latina; que condena al ostracismo a los pueblos de ultramar.

Para nosotros, esta doble perspectiva integral —por una parte, con referencia a las grandes concepciones teóricas y por otra en lo relativo a la interpretación de los procesos históricos y sociales— constituye un punto de partida para aproximarnos a los nudos cruciales de la polémica en el seno de la filosofía y las ciencias sociales y su relación con los proyectos estratégicos que se formulan para afrontar una nueva época mundial. Desde una visión popular latinoamericana, la confrontación política de los años ochenta y noventa en Occidente, donde se hacen presentes los neoliberales, los neoconservadores, los postmarxistas, los modernizantes o los postmodernos; las nuevas tendencias políticas e ideológicas que comienzan a procesarse en las naciones del Este; los interrogantes acerca del futuro de América Latina; obligan a insertar la discusión teórico-política en el contexto de las agudas transformaciones que se están produciendo en la arena mundial, como consecuencia del reordenamiento de los ejes del poder y el acelerado despliegue de la Revolución Científico Técnica (Argumedo, 1987).

Imponen el requisito de enfrentar el debate con herramientas capaces de detectar las claves teóricas más sustantivas; las connotaciones e interrogantes de los distintos ejes de interpretación; las lógicas internas, los puntos de continuidad o ruptura y las formas de actualización de las diversas teorías. Herramientas conceptuales dirigidas a establecer lineamientos de análisis que vayan más allá de los acuerdos insospechados, la profusión de matices, las renovadas lecturas de las fuentes, las lacerantes críticas de antiguas identidades, la muerte de las utopías y los grandes relatos, el fin de los sujetos colectivos, el anacronismo de los consensos, la reivindicación de las subjetividades y otras formulaciones que expone el debate predominante en Occidente, signado en su conjunto por la impronta del silencio acerca de los costos sociales y nacionales de las nuevas sendas de la modernización.

Como intentaremos ver más adelante, existen sin duda significativas diferencias entre el neoconservador Daniel Bell, el neoliberal Von Hayek o el postmoderno Lyotard. Pero coinciden demasiado en su desprecio hacia las formas del consenso y en la afirmación de un individualismo más o menos egoísta; precisamente cuando la “ingobernabilidad” de las democracias ante demandas sociales que no han de ser satisfechas en la lógica impuesta por un poder económico y financiero cada vez más concentrado, constituye una grave preocupación de los sectores dominantes en los países centrales. Los postmarxistas y los modernizantes no parecen avanzar mucho más allá del sistema elaborado por Weber y restringen sus propuestas a un neo-contractualismo abstracto, que elude las relaciones de poder y la polarización creciente en la distribución de los recursos en detrimento de las mayorías sociales y las naciones periféricas. Los juegos del lenguaje y los intercambios simbólicos tienden a dejar la realidad tal cual es y no hablan de los actores excluidos del juego. Podemos preguntarnos entonces hasta dónde, una vez más, el debate del Norte occidental incluye solo una parte del relato. En la otra parte, América Latina padece las presiones del endeudamiento externo y el comportamiento de los grupos locales de poder económico-financiero que, en una acción articulada con la banca y las corporaciones transnacionales —y al margen de sus eventuales contradicciones secundarias— actúan con una implacable voracidad sobre los recursos nacionales; desgajando a nuestras sociedades entre un bloque social concentrado, excluyente y pretendidamente modernizante y amplias capas de la población que se van empobreciendo día a día, mientras crece en niveles alarmantes el desempleo y la marginalidad con sus secuelas de desesperación.

Por lo tanto, planteamos un concepto de totalidad que, sin caer en totalizaciones reduccionistas, sea capaz de develar los silencios de las corrientes hegemónicas en las ciencias sociales y de hacer emerger las voces de otros protagonistas de la historia (Roig, 1981; Piscitelli, 1988). Se trata de incorporar los datos de la realidad dentro de un marco comprensivo, para evaluar críticamente esas versiones que, al considerar solo una parte de los procesos históricos, al desarticular los fenómenos sociales en múltiples espacios sin relación entre sí, al seleccionar unos rasgos y eludir otros, al jerarquizar los saberes parcializados, pretenden imponer una versión “científica” del relato de la historia que ve solo el rostro del progreso y no el del espanto, que habla de una actualidad y de un nosotros de selectos e ignora o desprecia a ese otro que integran las masas populares de América Latina (Todorov, 1987).

La estrecha relación de las corrientes teóricas con determinados proyectos político-históricos, indican a su vez una articulación más o menos mediatizada entre las ciencias humanas y los patrimonios culturales y experiencias vitales de diferentes capas sociales y áreas geográficas. En tanto modos de percibir el mundo de distintos sectores de un país o región dados, tales patrimonios y experiencias conforman el sustento para la constitución de las “voluntades colectivas” sobre las cuales se erigen y consolidan los proyectos de sociedad. En tal sentido, las formulaciones teóricas —al margen de los conceptos y metodologías planteados, del carácter fundacional o perecedero de los aportes conceptuales, del menor o mayor alcance de su influencia— están inmersas en contextos culturales, son expresión de épocas históricas particulares y se vertebran con las mentalidades predominantes en diferentes capas de la población de un país. Mentalidades y sentido común entendidos como la incorporación socializada de patrones culturales que actúan —con sus espacios de opacidad y sus contradicciones— como referentes de la vida cotidiana y base para la construcción de los consensos políticos (Perón, 1980; Bialet Massé, 1904; Stavenhagen, 1987; Durán, 1987; Bonfill Batalla, 1987). Así, los límites entre las distintas formas del conocimiento, entre los diversos modos de percepción de la realidad, se hacen más difusos. Tienden a romperse esquemas rígidos que pretenden reivindicar la racionalidad y la posesión de la verdad para la ciencia, despojando de toda capacidad de saber a las expresiones de lo popular. Y de la misma manera que se diluyen las divisiones estancas entre conocimiento sistemático y sentido común, entre ciencia y saber popular, tienden a desestructurarse también las versiones elitistas, las soberbias iluminadas, las distancias entre las fracciones intelectuales y el “pueblo-nación” (Aricó, 1988; Foucault, 1979).

La existencia de “trincheras” en el seno de la sociedad civil —verdaderas reservas estratégicas de una concepción del mundo desparramada en la conciencia de las clases subordinadas— fue brillantemente percibida por Antonio Gramsci luego de la derrota de los levantamientos de 1919 a 1921. Cuando la magnitud del fracaso y el dolor de la cárcel lo obligan a replantearse las preguntas acerca de los límites y falencias de sus propuestas, Gramsci hará el intento más lúcido de rompimiento con las rígidas determinaciones del marxismo en lo referido a los procesos de desarrollo de la conciencia social (Gramsci, 1958; 1961; 1962). Va a buscar en las complejidades culturales los caminos de elaboración de una reforma intelectual y moral que difícilmente podía ser impuesta “desde afuera”. Pensando desde Italia y desde Europa, formula fértiles interrogantes acerca de la articulación entre sentido común, política y filosofía superior, que abren al pensamiento social caminos más fructíferos que las divisiones entre “el sabio” y “el político”. Esa drástica separación entre ciencia y política, que la inteligencia y la pasión impidieron alcanzar al propio Weber, cuya producción intelectual está decididamente impregnada de la cultura y la política alemana de su tiempo.

El concepto de matrices de pensamiento

A los fines de nuestro trabajo, denominamos matriz teórico-política a la articulación de un conjunto de categorías y valores constitutivos, que conforman la trama lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos de una determinada corriente de pensamiento. Dentro de las coordenadas impuestas por esa articulación conceptual fundante se procesan las distintas vertientes internas como expresiones o modos particulares de desarrollo teórico. Estas vertientes constituyen ramificaciones de un tronco común y reconocen una misma matriz, no obstante sus múltiples matices, sus características particulares, sus eventuales contradicciones o los grados de refinamiento y actualización alcanzados por cada una de ellas.

Las diversas matrices de pensamiento contienen definiciones acerca de la naturaleza humana; de la constitución de las sociedades, su composición y formas de desarrollo; diferentes interpretaciones de la historia; elementos para la comprensión de los fenómenos del presente y modelos de organización social que marcan los ejes fundamentales de los proyectos políticos hacia el futuro. Asimismo, formulan planteos sobre los sujetos protagónicos del devenir histórico y social; hipótesis referidas a los comportamientos políticos, económicos, sociales y culturales y fundamentos para optar entre valores o intereses en conflicto. Constituyen los marcos más abarcadores que actúan como referencia explícita o implícita, manifiesta o encubierta de las corrientes ideológicas otorgando un “parecido de familia” a las vertientes y actualizaciones que procesan en su seno.

Siguiendo a Gunnar Olsson (1970), la pregunta por la esencia de lo social, por el concepto o la naturaleza de la sociedad, es la base para la construcción de las distintas matrices presentes en las ciencias sociales y en el pensamiento político e ideológico. El punto de partida de una matriz de pensamiento estaría dado entonces por la forma como concibe a lo social. Las afirmaciones referidas al modo en que se constituye la sociedad —las relaciones entre los hombres en un ámbito espacial dado y las relaciones entre sociedades— establecen la matriz teórica que vertebra, en sus principales lineamientos, las concepciones y la actividad política tanto como el pensamiento científico social. El concepto de sociedad conlleva una determinada visión acerca de la naturaleza humana y es el núcleo a partir del cual se estructura el entramado más sustantivo de los esquemas de pensamiento, estableciendo una cierta coherencia interna dentro de la cual adquieren su sentido los distintos conceptos, metodologías de análisis y relaciones, formulados como líneas de comprensión de los procesos sociales e históricos:

En las ciencias sociales existe un concepto básico que es el de sociedad. En el punto de partida de la investigación estaría determinada la naturaleza de “lo social”. El objetivo de la ciencia sería determinar la realidad de lo social, pensar o conocer esa realidad. Definido de esta manera el objeto de la ciencia social quedaría por definir su método. Pero el método debe ser apropiado al objeto, es decir, que la pregunta por la esencia de lo social es previa a la ciencia, en el sentido de que su respuesta ha de ser la base para la constitución de la ciencia. Dicho de otra manera, la constitución de una ciencia social comienza por determinar el concepto o la realidad de “lo social”. Se trata de ver, por lo tanto, las distintas concepciones de lo social como el fundamento de las distintas corrientes de las ciencias sociales. (Olsson, 1970)

Partiendo de las definiciones básicas sobre el concepto de sociedad, se despliegan con una coherencia lógica particular las relaciones entre los diferentes postulados acerca de qué es la ciencia social, cuáles son sus formas de objetividad y conocimiento y los métodos de aproximación a ese objeto de estudio. Se establece la vinculación entre conocimiento científico y concepciones políticas; se desarrollan las afirmaciones fundamentales con referencia a los sujetos y los comportamientos sociales; los criterios para la opción entre valores o intereses contrapuestos; las articulaciones existentes entre las diversas manifestaciones de los procesos socio-históricos (economía, política, cultura, ciencia y tecnología, comunicaciones, etc.) y las hipótesis centrales relativas a su funcionamiento y relaciones mutuas. Esta sistematización conceptual otorga —por encima de las distinciones entre sus vertientes internas— la significación más ajustada a los distintos conceptos: estamentos o clases sociales, la forma y las funciones del Estado, las relaciones del sistema político con la sociedad civil, las hipótesis sobre el carácter y los contenidos de la comunicación social, la construcción de la hegemonía, el consenso o el dominio, las definiciones de la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad y otros aspectos que hacen a la formulación de los modelos de sociedad y Estado y a las relaciones entre sociedades. A su vez, tales marcos conceptuales establecen las líneas metodológicas; el “método” de la ciencia que es diferente, en sus aspectos más decisivos, para cada una de las matrices consideradas. Esta perspectiva se asimila a las afirmaciones de Jean Piaget y Rolando García cuando señalan que:

El método científico aparece subordinado a la concepción del mundo y a la naturaleza de los problemas formulados. Es en la concepción del mundo y en la naturaleza de los problemas y no en la metodología, donde se sitúa la diferencia fundamental entre Oresme y Galileo. (Piaget, 1984)

La definición de las matrices de pensamiento nos permite detectar las líneas de continuidad o ruptura de los valores, conceptos, enunciados y propuestas pertenecientes a las principales corrientes ideológicas en las ciencias sociales y en el debate político de nuestro tiempo. Ante la transmigración de ideas parciales o la interpenetración de conceptos y valores que se produce necesariamente en el proceso de confrontación teórica y política, es preciso establecer el significado real adquirido por cada uno de ellos en el interior de una matriz dada; ya que los conceptos no actúan aisladamente ni alcanzan un sentido consistente al margen de su inserción en un específico contexto teórico. Lo cual no implica plantear esquemas rígidos, desconociendo los cambios que se están produciendo en el pensamiento contemporáneo, o la evolución de las ideas que pueden ser reconstituidas a través de nuevas síntesis. Sin embargo, los meros juegos de palabras no garantizan verdaderas transformaciones del pensamiento social; y al eludir la vinculación de esas ideas con las tramas conceptuales sustantivas, se corre el riesgo de confundir la mención vacía de determinados conceptos con el sentido profundo que estos adquieren en el marco de las diferentes matrices teórico-políticas.

Las matrices de pensamiento son formas de reelaboración y sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen raigambre en procesos históricos y experiencias políticas de amplios contingentes de población y se alimentan de sustratos culturales que exceden los marcos estrictamente científicos o intelectuales. Es por ello que la construcción de las matrices se relaciona estrechamente con lo señalado por José Luis Romero refiriéndose a las ideas de la Ilustración:

En general, las ideas de la Ilustración se elaboraron despaciosamente en Europa a través de múltiples experiencias que hizo la burguesía durante la Edad Media y a lo largo de un proceso intelectual que fijó la concepción racionalista. Solo después de tan larga elaboración, el pensamiento burgués y racionalista logró integrarse en un sistema no solo de gran coherencia sino también de creciente simplicidad. Sin embargo, la síntesis no fue universal… En todos los casos, el sistema arrastraba un conjunto de experiencias reales previas a su elaboración intelectual y un nutrido contexto de supuestos que anunciaban su presencia cualquiera fuera el esfuerzo que se hiciera por ocultarlo… (Romero, 1987)

En este sentido las matrices de pensamiento son expresión de procesos sociales, políticos, económicos y culturales y tienden a incidir con mayor o menor fuerza sobre las realidades y los conflictos nacionales e internacionales. Conforman las bases de fundamentación de proyectos históricos y guardan una fluida continuidad con las manifestaciones de la cultura, con las mentalidades predominantes en distintos estratos de población y en diferentes regiones, reflejando el carácter intrínsecamente polémico del conocimiento social.

Matrices y paradigmas

La idea de matriz de pensamiento presenta algunas similitudes y significativas diferencias con el concepto de paradigma elaborado por T. S. Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas. Vinculado fundamentalmente con el estudio histórico de las ciencias exactas y naturales, el paradigma hace referencia a “las realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1983), y conlleva teorías, métodos y normas de investigación casi siempre inseparables entre sí. Esta herramienta conceptual es especialmente rica para aproximarse al origen de las controversias existentes en el campo de las ciencias; detectar los momentos de crisis y ruptura de determinados modelos que han sido predominantes en su desarrollo e indicar la emergencia de nuevos lineamientos que transforman rotundamente los marcos en los cuales hasta entonces se habían procesado las investigaciones científicas.

Kuhn señala explícitamente que en su esquema no ha sido considerado el papel que desempeñan el progreso tecnológico o las condiciones externas —sociales, económicas o intelectuales— en la evolución de las ciencias. La propuesta tiende más bien a romper con ciertas ideas acerca del carácter lineal y acumulativo del desarrollo científico, haciendo resaltar los decisivos cambios que se producen en las teorías explicativas, en las formas de percibir los interrogantes y las hipótesis y en los métodos de investigación, a partir de las llamadas “revoluciones científicas”. Tales revoluciones dan lugar a transformaciones significativas del mundo en el que se llevaba a cabo el trabajo científico anterior, donde predominaban determinadas normas para el desarrollo de la “ciencia normal”, es decir, la práctica investigativa cuyos fundamentos no son puestos en cuestión. Empero, cuando en una ciencia exacta o natural un individuo o grupo produce una nueva síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen gradualmente. Se ha producido entonces una “revolución científica” que establece nuevas pautas de investigación y promueve la ciencia normal sobre carriles diferentes, donde vuelven a predominar los temas acotados, los estudios detallados y en profundidad, que van enriqueciendo las líneas trazadas por el nuevo paradigma o reformulando sobre estas bases los interrogantes anteriores; tratando de ajustar y resolver las ambigüedades, de dar respuesta a los enigmas formulados, de precisar con creciente rigurosidad las coordenadas establecidas por el paradigma emergente.

El instrumento elaborado por Kuhn es sugestivo también para orientar ciertas problemáticas de las ciencias sociales, precisamente porque indica que: “es asombroso el número y alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales sobre la naturaleza de los problemas y los métodos científicos aceptados” (Kuhn, 1983). No cabe duda de que es en este tipo de ciencias donde más se hace presente la influencia de los factores externos: en la convivencia conflictiva “endémica” de diferentes corrientes de pensamiento, se expresa su carácter intrínsecamente político; y las ciencias sociales se manifiestan como parte de un debate más amplio y una confrontación que tiene sus raíces en conflictos “extracientíficos”.

De esta manera, un primer punto de diferenciación estaría dado en el hecho de que, mientras el paradigma hace referencia específica y restringidamente al campo científico —sin tomar necesariamente en consideración los llamados factores externos— las matrices de pensamiento serían las formas más sistemáticas y analíticas de fundamentación teórica y metodológica de esos factores externos. Uno de los modos de expresión de concepciones culturales abarcadoras y que, por lo tanto, se engarzan con otras formas de expresión —como la literatura, ciertas manifestaciones artísticas o el sentido común de distintas capas de la población— y con propuestas políticas articuladas como proyectos estratégicos. Un segundo eje de diferenciación nos permitiría establecer que, en tanto el paradigma tiende a enfatizar los momentos de crisis y ruptura de los modelos predominantes en las ciencias durante un período dado y su reemplazo por nuevos patrones científicos, las matrices buscan más bien establecer las líneas de continuidad histórica de determinadas corrientes de pensamiento, vinculadas con la recuperación explícita o implícita de concepciones y valores fundantes que se reproducen en las distintas vertientes o actualizaciones desarrolladas a partir de un tronco común.

Para la construcción del concepto de matrices teórico-políticas consideramos especialmente valiosos los aportes que pueden derivarse de los trabajos de Jean Piaget y Rolando García (1984). Aun con el temor de excedernos en la libertad interpretativa de sus investigaciones sobre psicogénesis e historia de las ciencias exactas y naturales, algunas de esas ideas centrales nos permiten formular hipótesis de aproximación al problema de las relaciones entre patrimonios culturales, sentido común, política, filosofía y ciencias sociales. Una primera línea se vincula con el carácter de los mecanismos e instrumentos del conocimiento:

Todo conocimiento, por nuevo que parezca, no es jamás un “hecho primigenio” totalmente independiente de los que lo han precedido. Se llega a un nuevo conocimiento por reorganizaciones, ajustes, correcciones, adjunciones… No se integran sin más al acervo cognoscitivo del sujeto: hace falta un esfuerzo de asimilación y acomodación que condiciona la coherencia interna del propio sujeto, sin el cual este no se entendería ya a sí mismo… En el caso de los procesos cognoscitivos se agrega otra determinación: la transmisión cultural. Dicho de otra manera, el conocimiento no es nunca un estado, sino un proceso influido por las etapas precedentes de desarrollo… De aquí surge la necesidad del análisis histórico-crítico. El conocimiento científico no es una categoría nueva, fundamentalmente diferente y heterogénea con respecto a las normas del pensamiento precientífico y a los mecanismos inherentes a las conductas instrumentales propias de la inteligencia práctica. Las normas científicas se sitúan en la prolongación de las normas de pensamiento y de prácticas anteriores, pero incorporando dos exigencias nuevas: la coherencia interna (del sistema total) y la verificación experimental (para las ciencias no deductivas). (Piaget y García, 1984)

Esta relación entre las distintas formas del conocimiento y el hecho de que las estructuras a partir de las cuales se asimilan los nuevos elementos cognoscitivos estén fuertemente impregnadas por las influencias sociales y culturales, permitiría suponer que, entre el sentido común —ligado con las normas del pensamiento precientífico y con las pautas que condicionan las conductas instrumentales de la inteligencia práctica— y los proyectos políticos con sus fundamentos teórico-conceptuales —que requieren mayores niveles de sistematización y coherencia interna— existe una continuidad otorgada por los sustratos culturales y los modos diversos de ver el mundo y practicar el conocimiento (García Canclini, 1988). Este punto de vista —que permite retomar el análisis de José Luis Romero acerca de la construcción histórica de las ideas de la Ilustración —conlleva la recuperación de un saber, de un conocimiento válido, de una sabiduría propia del sentido común, aun cuando este se manifieste bajo formas no sistemáticas y con eventuales incoherencias internas. Las matrices de pensamiento serían entonces las sistematizaciones teóricas y las articulaciones conceptuales coherentizadas de esos saberes y mentalidades propios de distintas capas de la población de un país de los cuales se nutren y a los que, a su vez, les ofrecen modalidades de interpretación tendientes a enriquecer los procesos del conocimiento y el desarrollo del sentido común.

La persistencia de los patrimonios culturales —como acervos colectivos de diversos estratos sociales o identidades nacionales, que constituyen las estructuras primigenias del sentido común, a partir de las cuales se van incorporando las nuevas experiencias, conocimientos e ideas— establece las líneas de continuidad histórica, transmitidas generacionalmente. En ese proceso, los datos de las nuevas realidades vitalizan, reformulan, actualizan y enriquecen los significados, los códigos, símbolos y valores de las memorias sociales, otorgando fluidez a la relación entre las distintas expresiones de una compleja concepción cultural. Es lo que plantea Arturo Andrés Roig con referencia al primer Juan Bautista Alberdi, el de las Ideas y el Fragmento preliminar al estudio del Derecho:

Junto con la crítica negativa de los “filósofos sociales europeos” consagrados, se produce en Alberdi el rechazo del eclecticismo… Plantea el problema de la naturaleza de la filosofía desde dos ángulos: es entendida como una suerte de saber espontáneo, semejante a aquella “metafísica habitual” de la que hablaba Hegel y que anticipa la problemática de los horizontes de comprensión que caracteriza a las llamadas concepciones del mundo y de la vida. Hay, en efecto, ciertos “principios que residen en la conciencia de nuestras sociedades” que “están dados” y “son conocidos”. Se trata de un saber que surge naturalmente como “razón” y “sentimiento” de una época y de una sociedad, que si bien es, en un primer momento, una especie de saber “precientífico”, se organiza luego como saber de ciencia y determina las modalidades propias u originales de este. De ahí que Alberdi entienda… que su propio discurso filosófico no sea incompatible con otras formas discursivas, de otros grupos humanos colocados en estamentos sociales “populares”. (Alberdi, 1968; Roig, 1981; Martínez, 1988)

Al recuperar en esta perspectiva algunos conceptos de Piaget y García, puede considerarse que las matrices de pensamiento son formas de tematización de determinadas visiones del mundo que han sido procesadas por las mentalidades sociales. Constituirían una resultante del pasaje desde el uso o aplicación implícita de una noción particular, que ya ha sido utilizada en numerosos casos prácticos, hacia la reflexión que permite su utilización consciente, una conceptualización de esas nociones. La tematización requiere mayores niveles de organización y refinamiento de ideas que han guiado el comportamiento práctico; pero ello no implica que una menor tematización acerca de los fundamentos teórico-conceptuales lleve necesariamente a un pragmatismo ciego. La praxis política y las experiencias vitales conllevan interpretaciones implícitas, derivadas de marcos culturales e históricos que otorgan significados y orientaciones a ese accionar, actuando como estructuras cognoscitivas básicas susceptibles de un mayor enriquecimiento. Así, la actividad práctica se desarrolla en situaciones generadas por un entorno sociocultural que le da sentido e influye en las “estructuras lógicas fundamentales” a partir de las cuales se articulan las respuestas. A su vez, tales respuestas se reorganizan, se corrigen o se ajustan mediante nuevas experiencias o mayores niveles de tematización:

Nuestra tesis será (por el momento, para los adultos) que un sujeto enfrenta al mundo de la experiencia con un arsenal de instrumentos cognoscitivos que le permiten asimilar, por consiguiente interpretar, los datos que recibe de los objetos circundantes, pero también asimilar la información que le es transmitida por la sociedad en la cual está inmerso. Esta última información se refiere a objetos y a situaciones ya interpretadas por dicha sociedad… A partir de la adolescencia, cuando se han desarrollado las estructuras lógicas fundamentales que habrán de constituir los instrumentos básicos de .su desarrollo cognoscitivo posterior, el sujeto dispone ya, además de dichos instrumentos, de una concepción del mundo (Weltanschaung) que condiciona la asimilación ulterior de cualquier experiencia. Esta concepción del mundo actúa a diferentes niveles y de diferente manera en cada nivel. (Piaget y García, 1984; Ribeiro, 1991)

Dada esta dinámica, en el campo de las ciencias sociales —mucho más marcadamente tal vez que en el de las ciencias físico-naturales— los factores externos tienen una influencia decisiva en el desarrollo conceptual. El contexto cultural de distintos estratos sociales o espacios regionales no puede ser eludido en la sistematización teórica que, a su vez, incide con distinta intensidad en los procesos históricos y políticos de carácter extracientífico. Por ello, la perspectiva nacional y popular latinoamericana de la filosofía y las ciencias sociales recupera como punto de partida la presencia contundente de las visiones del mundo, de los saberes, valores, memorias y experiencias de las capas populares del continente. Se desarrolla a partir de esas otras ideas de América Latina ignoradas o despreciadas por las vertientes hegemónicas en los ámbitos académicos.

Matrices y “epistemes”

No obstante las dificultades para aprehender el concepto de episteme utilizado por Foucault (1986) —esas estructuras profundas, subyacentes, que delimitan al campo más amplio del conocimiento y la percepción en una época histórica determinada— es válido interrogarnos acerca de las relaciones del concepto de matrices con esa idea. Foucault señala que en la episteme no interesan las eventuales conexiones internas que obedezcan a una especie de armonía preestablecida; importa, sobre todo, remarcar las discontinuidades, las rupturas, la dispersión que caracteriza al campo epistemológico predominante en un período de la historia. Indica expresamente que no es posible establecer líneas de continuidad o progreso histórico dentro de una episteme ni puede hablarse de una historia de epistemes, porque no se trata de una historia global ni de una historia de las ideas, en tanto no existe continuidad entre una y otra episteme. Fenómeno subterráneo, inconsciente, que establece el “lugar” donde los hombres están instalados y desde el cual se conoce y actúa. Una disposición general que carece de reglas estructurales, que se diferencia de una concepción del mundo y a la cual solo puede accederse por la arqueología para detectar claves, pasadizos, dispersiones, incógnitas de difícil resolución.

A partir de estas nociones, consideramos posible afirmar que, en el marco de una misma episteme, pueden convivir distintas concepciones o matrices de pensamiento. De hecho, si se toma como referencia la “episteme moderna” —que, para Foucault, abre a comienzos del siglo XIX los umbrales de la modernidad europea y de la cual forman parte las ciencias humanas— esta contiene en su seno, entre otras, las tres principales matrices del pensamiento occidental predominantes, con sus crisis y actualizaciones, en las ciencias sociales y en la realidad política contemporánea: la matriz del liberalismo económico, la matriz derivada de la filosofía jurídico-política liberal y la que estructura el marxismo.

Las profundas contradicciones y antagonismos que signaron la política europea desde la primera mitad del siglo pasado se fueron articulando básicamente alrededor de esas matrices en tanto las expresiones más representativas en los espacios sociales, políticos y culturales y en la evolución de las ciencias humanas, enriquecidas por las múltiples vertientes que se procesaron a partir de cada uno de los troncos principales. A través de diversas influencias, reformulaciones, líneas de contacto y ruptura con las corrientes del romanticismo, las peculiaridades nacionales o la recuperación crítica de aportes parciales, tales matrices se consolidaron como los modos más contundentes de vertebración de las mentalidades en Europa, acompañando los procesos de formación de las naciones y del mercado mundial. Las confrontaciones ideológicas se fueron desarrollando en el marco de un distanciamiento creciente respecto de las influencias teológicas, pero conservaron algunas premisas que parecían no discutirse a pesar de los torrentosos procesos de cambio que atravesara el mundo europeo: la confianza en el progreso indefinido de la historia humana y en la supremacía de la Razón; la autodefinición del pensamiento occidental, con sus raíces en la antigua Grecia, como la única línea legítima y superior del conocimiento humano.

Cabría preguntarse en este punto hasta dónde la supremacía de la Razón —que desplaza el predominio religioso en Europa— no mantiene, sin embargo, una continuidad valorativa mas profunda aún que las propias epistemes; que recorre el conjunto del pensamiento europeo desde finales del siglo XV, cuando la historia comienza a transformarse en historia universal. Un hilo de Ariadna unificante de las sucesivas epistemes que predominaron desde entonces en el viejo continente, alrededor de esa idea que define a Europa como la única propietaria, indiscutida y legítima, de la religión, del conocimiento, la Razón, la Ciencia y por lo tanto, la Verdad. Esa idea que, al margen de las disputas por las hegemonías nacionales o sociales, designa a los europeos como artífices de la humanización de la humanidad, legitimados para utilizar los medios de la conquista y la colonización que tan magna tarea requería. Una idea cuya contracara es el desprecio por las culturas de ultramar —formas primitivas, arcaicas, pre-racionales de lo humano— y que, de la misma manera que se apropiara por la violencia de las tierras y los cuerpos de los pueblos periféricos, dejó para sí también el privilegio de la palabra, el relato de la historia, el derecho a la voz. Como señala José Luis Romero:

La palabra cristianismo representaba, por cierto, no tanto una religión como una cultura. Esta idea adquirió su mayor vigor en España y fue la que inspiró la actitud de los conquistadores. En grado distinto inspiró la actitud de Portugal o Inglaterra. Y fue esa idea la que justificó la conquista y la colonización. Las poblaciones indígenas americanas fueron equiparadas a los turcos que amenazaban a Europa y comprometían no solo la posesión del suelo sino también la cultura europea de signo cristiano. La conquista fue una guerra de culturas, esto es, una guerra sin cuartel en la que la victoria significaba el aniquilamiento del vencido o, al menos, la sumisión incondicional… Esa imagen que los europeos se hicieron de América correspondía a la que, en las guerras de cultura, se habían hecho los europeos de Europa misma. Europa era, en última instancia, el nuevo pueblo elegido, el poseedor de fa verdad, el destinatario de la revelación, esto es, el depositario de la cultura superior… (Romero, 1987)

Así, desde esa Edad Moderna iniciada al promediar el siglo XV, las cosmovisiones que se sucedieron en la hegemonía cultural de Occidente tendieron a autoconcebirse como integrantes de la expresión verdadera, exclusiva, del pensamiento humano. La superioridad europea —tanto bajo sus formas religiosas como más tarde bajo el Iluminismo y la Razón, la civilización y el progreso, la modernización o el desarrollo— relegaría a la categoría de residuos de la historia, de expresiones primitivas, de manifestaciones de la barbarie, a los pueblos que integraban las vastas regiones sometidas a su dominio imperial. Es lo que reiteran diversos escritos, interrogándose sobre el verdadero significado del “encuentro” entre Europa y nuestras tierras:

Durante siglos Europa había preparado a gran parte de sus hijos para ser dominadores de otros pueblos, para hacerlo desde una certeza: la superioridad de lo propio. Las conciencias habían sido largamente trabajadas. Primero fue la recuperación del Santo Sepulcro en manos de los infieles; luego las guerras contra árabes y turcos. Para defenderse de los enemigos peligrosos que profesaban otras religiones, hablaban otras lenguas y ejercían otras modalidades de vida, los grupos dominantes de Europa habían machacado: la propia fe es la verdadera, la propia razón era la razón humana por excelencia… Prácticas, actitudes, visiones e imaginaciones eran algo más que exclusivo patrimonio de españoles y portugueses. Están ahí los conquistadores holandeses, ingleses y franceses para corroborarlo… (Pomer, 1988)

Todavía en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta posición predominaba en el seno de la filosofía europea. Entre otros, Edmund Husserl consideraba que, frente a la crisis de la ciencia como expresión de una crisis integral de la cultura, los filósofos —funcionarios de la humanidad— debían encontrar el sentido de una humanidad auténtica, una radical autocomprensión, porque:

Solamente con ello se resolvería si la humanidad europea es portadora en sí de una idea absoluta y no de un mero tipo antropológico empírico como “China” o “India”; y a la vez, si el cuadro de europeización de todas las humanidades extranjeras revela en sí el imperio de un sentido absoluto, perteneciente al sentido del mundo, y no un sin sentido histórico del mismo. (Husserl, 1935; Casalla, 1975; Rinesi, 1987)

Una transepisteme entonces que hunde sus raíces en las vetas discriminatorias del pensamiento platónico y en las formulaciones de Aristóteles sobre los bárbaros. Que se extiende hacia el presente penetrando las visiones contemporáneas en múltiples aspectos, legitimando silencios, negando en última instancia el reconocimiento de la historicidad de estas regiones; que impregna el pensamiento de las clases dominantes y de una parte significativa de las elites ilustradas de América Latina:

Una exigencia de reconocer la historicidad de todo hombre es equivalente al reconocimiento de que todo ser humano posee voz. En consecuencia, la distinción entre “hombres históricos” y “hombres naturales”, entre un ser parlante y otro mudo, entre un individuo capaz de discurso y otro impotente para el mismo no puede ser más que ideológica… El problema que señalamos no es una cuestión del pasado, dio la tónica a toda una época de nuestra modernidad, en particular la que culminó en el siglo XIX, el gran siglo de la Europa colonizadora, pero se ha seguido repitiendo bajo otras formas a las cuales no podían ser ajenas las sociedades latinoamericanas. (Roig, 1981)

Si, tal como lo corroboran diversos autores latinoamericanos, es posible detectar como una constante del pensamiento europeo de los últimos cinco siglos esa idea más profunda que las propias epistemes acerca de la superioridad occidental. De la incuestionada primacía de sus idearios en tanto las únicas formas válidas, como la culminación de las expresiones de lo humano; debemos interrogarnos acerca de las características de la otra episteme que se constituye en nuestro continente luego de la conquista. De esas otras ideas existentes en América Latina, que se van conformando a partir de la experiencia traumática del dominio occidental. Las que se procesan desde esas culturas acosadas; las que hundiendo sus raíces en los ancestros precolombinos y en los acervos de la esclavitud negra, también muestran su permanencia, mestizadas y enriquecidas, a través de estos cinco siglos, a pesar del hostigamiento y las derrotas. Las que emergen en grandes movilizaciones de masas, en movimientos reivindicativos de la dignidad y las identidades populares. Se trata de ver cuál es el potencial teórico, las concepciones autónomas inmersas en esos códigos ignorados, los significantes que expresan esas voces silenciadas.

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Trabajadores y trabajadoras argentinos

Juan Carlos Torre

Ensayos sobre
movimiento obrero y peronismo

Introducción

En este libro he reunido artículos que publiqué sobre las relaciones entre trabajadores, sindicatos y peronismo. La excepción son los incluidos en la primera parte: se refieren a un período histórico anterior al surgimiento del peronismo y giran en torno a los avatares del socialismo argentino en el mundo del trabajo. Tomé la decisión de incluirlos porque esos avatares pusieron de relieve un fenómeno premonitorio de la trayectoria de los trabajadores en el país: la falta de correspondencia entre condición obrera e identificación política de clase. Este fenómeno se hizo visible durante los años veinte a través de la experiencia de numerosos trabajadores que se organizaban en sindicatos y elegían para conducirlos a militantes de corrientes de izquierda pero, llegado el día de los comicios, votaban por candidatos de un partido de orientación no obrera, en lugar de hacerlo por los que proponía el Partido Socialista.

Este fue el caso de las elecciones de 1928 que condujeron nuevamente a Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Entonces, en varias seccionales del principal gremio de la época, la Unión Ferroviaria, dirigido por socialistas y sindicalistas, se formaron comités de apoyo al líder del radicalismo. Estas iniciativas fueron la expresión de las tendencias electorales de esos años, que mostraban el progresivo aumento del aporte obrero al caudal de votos del radicalismo. Las razones más inmediatas de este respaldo electoral, que dejaba atrás momentos conflictivos como los de la Semana Trágica de 1919, respondían a un proceso en marcha: el clima laboral más auspicioso experimentado durante los gobiernos radicales a través del incremento sostenido de los salarios y de la adopción de diversas medidas de protección social. En un plano más general, la disociación de las lealtades obreras en el terreno de la economía y en la esfera pública puso de manifiesto aspectos distintivos de la Argentina de entonces: la existencia, por un lado, de relaciones de trabajo capitalistas y, por el otro, de un sistema político que permitía el acceso indirecto de núcleos importantes de trabajadores a los recursos y garantías distribuidos desde el Estado.

Ese paisaje económico y político, y con él la doble lógica del comportamiento de los trabajadores, no habría de ser solo argentino; caracterizaría también al de diversos países de América Latina. Entre los ejemplos de la capacidad de partidos policlasistas para absorber demandas de los trabajadores y obtener su adhesión política, cabe citar al Partido Colorado de Uruguay, que supo aprovechar el legado de las precursoras reformas sociales llevadas a cabo por José Batlle y Ordóñez en las primeras décadas del siglo y logró un fuerte arraigo en el electorado obrero urbano; también al Partido Liberal de Colombia, que anudó una relación privilegiada con sectores del trabajo a partir de las presidencias de Alfonso López Pumarejo en 1934-1938 y en 1942-1945, cuando los poderes públicos impulsaron la sindicalización y dejaron de ubicarse sistemáticamente del lado patronal en los conflictos laborales. En Uruguay como en Colombia pudo observarse el mismo fenómeno que en la Argentina: los trabajadores tendieron a apoyar en sus cuestiones inmediatas a militantes socialistas o comunistas, mientras se identificaban políticamente con partidos no obreros que promovían su incorporación social.

En Perú y Venezuela las intervenciones sobre el mundo del trabajo por parte de partidos policlasistas tuvieron un alcance mayor. El APRA en Perú, fundado por Víctor Haya de la Torre en 1924 como partido de oposición, con el tiempo no solo consiguió implantarse políticamente entre los sectores del trabajo, sino que además logró disputar con éxito a los comunistas el predominio en las filas del sindicalismo. El momento culminante de esta trayectoria se alcanzó entre 1945 y 1947, cuando los vínculos entre el APRA y el movimiento obrero adquirieron un carácter orgánico y se volvieron virtualmente sinónimos en el marco de una relación de mutua dependencia. También desde la oposición, el partido Acción Democrática de Venezuela procuró ampliar sus apoyos populares, estimulando la formación de sindicatos en competencia con la labor organizativa desarrollada por los militantes comunistas. La correlación de fuerzas se resolvió en su favor durante una breve experiencia en el gobierno, entre 1945 y 1948, con la promulgación de una legislación prolaboral, el respaldo a la realización de negociaciones colectivas y la constitución de una central sindical bajo su influencia. El papel de los dirigentes políticos en la creación de sindicatos y la gravitación de los representantes sindicales en el partido condujeron a una fusión entre ambos liderazgos que facilitó la movilización política de trabajadores por Acción Democrática. Los casos de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela sumariamente reseñados ilustran una constatación: en numerosos países de América Latina, subraya Alain Touraine, la trayectoria política del mundo del trabajo se desenvolvió casi siempre asociada directa o indirectamente a partidos o líderes ajenos a la clase obrera (Touraine, 1988).

Esa constatación planteó una de las cuestiones principales de los debates de la sociología latinoamericana en los años sesenta y setenta. Considerada como una desviación respecto de los cánones clásicos del comportamiento obrero, extraídos a su vez de una versión estilizada de la experiencia europea, suscitó diversas interpretaciones. Estas tuvieron inicialmente un denominador común: la clave de ese estado de cosas residía en las características o atributos de los propios trabajadores. La explicación de por qué los trabajadores tendían a formar parte de movimientos políticos con otras fuerzas radicaba, durante los años más tempranos, en su estatus relativamente más privilegiado dentro de las masas urbanas, y, durante los tiempos más recientes, en los efectos del flujo de nuevos contingentes al mundo del trabajo, menos identificados con la condición obrera y con mayor disponibilidad política. Esta clave interpretativa abonaba una conclusión: la inexistencia en América Latina de actores de clase “conscientes y organizados” como los que poblaban las historias obreras del Viejo Continente. La excepción en este panorama eran los mineros de Chile, un bastión sindical del Partido Comunista.

Leída a la distancia, como puedo hacerlo hoy, la literatura sociológica producida a partir de esa clave interpretativa exhibe dos falencias principales. La primera es haber pasado por alto las medidas prolaborales promovidas por los partidos no obreros que resultaron beneficiarios del sostén político de sectores importantes de trabajadores. Una mayor atención a dichas medidas y, en consecuencia, el examen de su impacto social y político en las circunstancias de la época podría haber tornado ese sostén político en una cuestión menos problemática. Estimo que ese examen habría sido más factible si el análisis del comportamiento político de los trabajadores se hubiese hecho sin la hipoteca del modelo deducido de la experiencia europea. La segunda falencia de esa literatura consistió, precisamente, en la influencia que tuvo sobre ella este patrón normativo, esto es, un patrón respecto del cual el mundo del trabajo en América Latina estuvo, por definición, siempre debajo de sus expectativas. De allí la tendencia predominante en los estudios que, en busca de las causas del alineamiento político de los trabajadores por fuera de los partidos de clase, colocaron el foco en sus carencias y debilidades.

Ocurre que cuando se amplía la perspectiva del análisis y se introduce el caso de los Estados Unidos detectamos en él la presencia de un fenómeno familiar en nuestras latitudes: también allí y desde muy temprano los trabajadores tendieron a votar mayoritariamente por un partido con perfiles policlasistas muy similares a los beneficiados del apoyo obrero en América Latina: el Partido Demócrata. No sorprende que este rasgo común a ambas trayectorias haya pasado inadvertido; en este tópico, como en otros, la literatura sociológica que estamos comentando tuvo por eje un juego de oposiciones con la historia social y política de Europa y omitió toda comparación con la experiencia norteamericana. Si esta se hubiese explorado, se habría hallado una pista a mi juicio más efectiva para dar cuenta de los vínculos históricos forjados entre los trabajadores y los partidos y líderes políticos ajenos a la clase obrera.

El primer corolario que se desprende de esta comparación es un gran interrogante sobre el rol causal asignado a las características o atributos de los propios trabajadores. Al poner en relación el mundo del trabajo en los centros urbanos e industriales de América Latina y de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, lo que salta a la vista son sus diferencias. En los países de la región se puede convenir que estamos ante una clase obrera en formación, ya sea porque su tamaño es reducido o porque al crecer sus nuevos contingentes aún no tienen sólidas raíces en la ciudad y la fábrica. La contextura social de los trabajadores en los Estados Unidos es ciertamente otra, como cabría esperar del país más desarrollado del orbe capitalista y en el cual los sectores más calificados de la fuerza de trabajo están organizados en la poderosa American Federation of Labor. Sin embargo, sabemos que cuando unos y otros tuvieron ocasión de expresarse políticamente tendieron por igual a dar su apoyo a partidos que reunían bajo su liderazgo amplias y heterogéneas coaliciones. Razonando, pues, a la luz de estas evidencias, emerge una conclusión: aquello que estas dos experiencias obreras tienen de diferente (su consistencia como fuerza social) no puede explicar lo que tienen en común (sus comportamientos políticos).

¿Hacia adónde apuntar entonces para entender por qué las Américas en su conjunto, y no solo los países del sur, fueron un escenario poco propicio para que arraigaran partidos de clase en sintonía con la trayectoria política del proletariado en Europa? Cualquier respuesta a esta pregunta conduce a confrontarse con otra: ¿cuáles fueron las condiciones que tanto los trabajadores de América Latina como los de Estados Unidos compartieron y que, eventualmente, los llevaron a hacer opciones políticas parecidas y, por ello mismo, distintas a las de sus pares europeos? En el artículo “¿Por qué no existió un fuerte movimiento obrero socialista en Argentina?” (2009), propuse una respuesta que quisiera retomar con el fin de analizar esa cuestión: en ambos casos, los trabajadores dieron sus primeros pasos en la esfera pública, en el marco de un sistema político que se caracterizó por la ausencia de restricciones al ejercicio del sufragio basadas en la propiedad y la riqueza.

Dos son las implicaciones que se siguen de esa trayectoria compartida. En primer lugar, al tener los mismos derechos políticos que las otras clases sociales se vieron privados de una experiencia crucial; me refiero a la experiencia de una exclusión legalmente sancionada que podría haberlos llevado a percibirse como una categoría política diferenciada y, por lo tanto, a reaccionar en forma positiva a la convocatoria de partidos de clase. La proyección de partidos obreros en Europa como organizaciones de masas comenzó justamente en el contexto de las luchas cívicas que libraron en el filo del siglo XX contra las barreras al derecho al voto de los trabajadores. En segundo lugar, al ser parte de la comunidad política los trabajadores se convirtieron en un valioso recurso dentro de la dinámica de los conflictos por el reparto del poder. Ese fue su rol, sobre todo, en la estrategia de los partidos que desafiaron a las elites dirigentes tradicionales, y que, con ese objetivo, se esforzaron por absorber las demandas obreras para ampliar sus bases sociales y potenciar sus capacidades de gobierno. Los poderes de integración de las estructuras partidarias existentes sumaron, así, nuevos obstáculos a la consolidación de movimientos autónomos de clase.

De la comparación entre América Latina y los Estados Unidos se infiere un segundo corolario: las trayectorias políticas del mundo del trabajo dependen menos de las características sociológicas de los trabajadores que de las modalidades históricas del proceso político y su impacto sobre las fuerzas sociales. Vistos desde este ángulo, los cánones clásicos sobre el comportamiento obrero aparecen como lo que son: el resultado de transformar en postulado general los efectos de un proceso político delimitado en el tiempo, la Europa del último tramo del siglo XIX.

Para ceñirnos ahora a nuestra problemática, consideremos brevemente los aspectos salientes de esa experiencia y su contraste con el proceso político en América Latina. En la Europa previa a la ampliación del sufragio, la burguesía coincidió en gran medida con la elite dirigente en el Estado, de tal modo que los trabajadores se enfrentaron con un adversario relativamente homogéneo en el terreno económico y la esfera pública. Esas circunstancias, es decir, la mayor transparencia de los conflictos, contribuyeron a dar unidad a sus comportamientos sindicales y políticos y a reforzar su cohesión de clase. En los países de la región y debido al acceso de los trabajadores al sistema político no hubo una clara superposición de los antagonismos en ambos campos de la acción obrera. De allí que la movilización política y los enfrentamientos entre trabajadores y capitalistas fuesen dos ejes con frecuencia independientes. Esto se hizo visible, como vimos, en la participación obrera en partidos policlasistas. La lección que nos deja este contraste puede condensarse en la fórmula siguiente: el análisis debe comenzar dejando de lado el presupuesto de la unidad de los comportamientos obreros para hacer tanto de esa unidad como de su ausencia cuestiones a ser dilucidadas (Pécaut, 1973).

La segunda parte de este libro incluye artículos en los que examino, desde distintas perspectivas, la gestación del vínculo entre los trabajadores, los sindicatos y el peronismo. Entre ellos, “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo” (1989) es el más cercano al enfoque del argumento expuesto hasta aquí. Escrito como comentario sociológico a la trama histórica de las relaciones entre la vieja guardia sindical y Perón —el tema de mi tesis de doctorado de 1983—, este artículo también identificó en la naturaleza del proceso político la clave principal de la convergencia entre los trabajadores y el emergente líder de masas. En lugar de concentrarme en el debate sobre la vieja y la nueva clase obrera, con sus secuelas en el terreno de la explicación, di por buena la evidencia disponible, a saber, que una y otra respondieron positivamente a la convocatoria de Perón, y dirigí la atención a las transformaciones del sistema político en el período anterior y posterior al golpe de junio de 1943 orquestado por una logia de coroneles filofascistas.

El punto de partida de este repaso de la historia fue la década del treinta bajo la restauración conservadora y sus efectos sobre el sistema político. Durante esos años el uso sistemático del fraude electoral hizo que el sistema político dejara de funcionar como vehículo de la presión de sectores del mundo del trabajo. Restringidas las vías de acceso a las decisiones de gobierno, perdió fuerza el pilar que sostenía la brecha existente entre los comportamientos obreros en el terreno económico y en la esfera pública. En estas condiciones, que eran las de un bloque económico dominante y políticamente excluyente en el control del Estado, las prácticas de los trabajadores comenzaron a ganar mayor consistencia interna. Desde mediados de los años treinta pudo observarse la politización de los principales gremios, reclamando un lugar propio en las luchas políticas, mientras los militantes de izquierda iniciaban su implantación entre los asalariados de la industria, acrecidos en número por la expansión económica. Contra el telón de fondo de las mutaciones producidas en el proceso político se fue delineando así, hacia delante, el sendero virtual para la construcción por parte de los trabajadores organizados de sus propios instrumentos de acción política.

El curso de la historia habría de seguir, sin embargo, un itinerario diferente. En el vértice del régimen militar instalado en 1943, cobró forma una iniciativa a dos puntas hacia el mundo del trabajo: reprimir las expresiones del comunismo y, a la vez, remover las causas del comunismo. Conocemos quién fue su promotor y cuales fueron sus justificaciones. En nombre de la necesidad de evitar la lucha de clases y garantizar el orden social, el coronel Perón secundó las medidas represivas con una sucesión de reformas laborales por decreto: promovió las negociaciones colectivas, estimuló la sindicalización, reparó viejos agravios, y todo ello enmarcado por un potente mensaje que anunciaba el advenimiento de la justicia social.

He recordado hechos bien conocidos con el propósito de llamar la atención a su impacto más inmediato: al reabrir de par en par las puertas del Estado a los problemas del trabajo, esas iniciativas cancelaron simultáneamente el sendero virtual recién esbozado. En la Argentina posterior a 1943, no se asistió a la secuencia histórica que pone en marcha el surgimiento de una fuerza social obrera, prosigue luego con su movilización política autónoma y culmina con la conquista de cambios institucionales. Más concretamente, los recursos y garantías adquiridos por los trabajadores no fueron el fruto de prolongadas luchas contra un poder de clase adverso entronizado en el Estado. Sin duda, un potencial de activismo obrero estuvo presente en la coyuntura de la época y este fue el que dictó sus razones a la estrategia preventiva en curso. Pero el motor del cambio fue la iniciativa lanzada desde arriba por un jefe militar salido de las entrañas del propio Estado.

Por los derechos que concedía, por la influencia que habilitaba, la intervención de Perón sobre el mundo del trabajo fue más allá de la satisfacción de sus necesidades económicas, es decir, ofreció a las masas obreras un bien simbólico de consecuencias duraderas: su reconocimiento como miembros plenos de la comunidad política. En un artículo reciente, Silvia Sigal revisó críticamente los argumentos de Gino Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Daniel James y también los míos con relación a esa secuencia crucial en los orígenes del peronismo, y ha resaltado cuánta innovación hubo en ella (Sigal, 2008: 190-191). Sus argumentos los encuentro persuasivos y tienen el mérito de capturar más cabalmente lo que fue el desenlace de dicha innovación: la formación de una nueva identidad política obrera por sobre el eclipse de antiguas lealtades. En la decisiva coyuntura de 1945, los trabajadores no se movilizaron como un actor político ya plenamente constituido que escoge y luego vuelca su apoyo al hombre fuerte de la Revolución de Junio como la mejor de las alternativas disponibles para el logro de sus aspiraciones materiales; más bien, su emergencia como fuerza social fue sustancialmente el resultado de la intervención de Perón que, como resume Daniel James, les brindó soluciones viables a sus problemas y una visión creíble del lugar que les correspondía en la sociedad argentina (James, 1990). Desde entonces, hablar de la clase obrera devino poco más que una abstracción del lenguaje político ante la significación concreta que revistió la noción de los trabajadores peronistas, en la que convergieron tanto la afirmación de su condición de clase como la referencia a la vertiente histórica de su integración política.

Los ejes que vertebraron esta noción de los trabajadores peronistas remiten, en principio, a la disyunción visible en las prácticas del mundo del trabajo en los tiempos del yrigoyenismo. Pero entre estos momentos históricos hay, como destaqué recién, una importante diferencia. En los años veinte los dos componentes de la experiencia obrera, la dimensión de oposición social y la dimensión de adhesión política, coexistieron sin fusionarse, como lo puso de manifiesto la presencia conjunta de gremios de tradición socialista y de votos obreros en favor del radicalismo. Con la intervención de Perón lo que estaba separado se unificó y lo hizo en un movimiento político que tendría una fuerte gravitación tanto en el terreno económico como en la esfera política. Para concluir esta breve síntesis y retomar un punto anterior: la génesis de ese movimiento recreó en la Argentina, pero en forma más rotunda que en el pasado, la tendencia del mundo del trabajo en América Latina a desenvolverse políticamente a la sombra de líderes ajenos a la clase obrera.

En los intersticios del proceso político que forjó la identificación de los trabajadores con Perón, tuvo lugar otra historia. Sus protagonistas fueron los cuadros dirigentes de los principales gremios existentes al producirse el golpe militar de 1943. Perón se dirigió a ellos, en primer lugar, en busca de apoyo para poner las credenciales y los recursos organizativos con los que contaban al servicio de su penetración en el mundo del trabajo. Luego de reclamar por años la acción protectora del Estado, una mayoría de los dirigentes obreros respondió favorablemente a la convocatoria; se colocaron así, en palabras de Hugo del Campo, los cimientos de un vínculo perdurable entre el movimiento obrero y el peronismo (Del Campo, 2005). En la segunda parte de este libro, los artículos “La CGT en el 17 de Octubre de 1945” (1976) y “La caída de Luis Gay” (1974) reconstruyen momentos centrales de esa historia, que fue, como señalé anteriormente, el hilo conductor de la tesis de doctorado que escribí con la dirección de Alain Touraine y publiqué en La vieja guardia sindical y Perón (Torre, 1990).

Hasta aquí, esta introducción ha girado alrededor del enfoque de la sociología histórica a través del cual procuré dar cuenta de la formación del peronismo como una variante, con sus características propias, de un fenómeno extendido en América Latina: la incorporación política de trabajadores en movimientos policlasistas. Al abordar la trama de las relaciones de la vieja guardia sindical con Perón escogí, en cambio, una pregunta y una aproximación más cercanas a la historia política.

La materia histórica de mi pregunta la proveyó la parábola que describieron esas relaciones entre 1943 y 1946. En una primera fase los dirigentes obreros se aproximaron con cautela a Perón, cuyo uniforme militar suscitaba prevenciones comprensibles entre hombres formados en tradiciones de izquierda, y solo buscaron sacar partido de la inesperada recepción estatal a sus demandas; luego llegó la hora de su compromiso explícito con la suerte del secretario de Trabajo, caído en desgracia por la presión del vasto arco opositor a sus reformas laborales, en la jornada histórica de la movilización de masas del 17 de octubre de 1945; le siguió la decisión de crear un partido de los sindicatos, el Partido Laborista, para incorporarse con voz propia en la coalición electoral que llevó a Perón a la presidencia en los comicios de febrero de 1946. La última fase marcó el fin de la empresa política de la vieja guardia sindical: una vez legitimado por el voto popular, Perón ordenó disolver el Partido Laborista como parte de la unificación de sus apoyos políticos en un nuevo partido —bien pronto el Partido Peronista— y después desplazó de la conducción de la CGT a los dirigentes obreros más celosos de su independencia política. A la vista de las vicisitudes de las relaciones de la vieja guardia sindical con Perón, me interrogué sobre las condiciones y los límites de una política de autonomía sindical en un proceso de cambio lanzado desde el vértice del Estado y conducido por un liderazgo plebiscitario. Esa pregunta no fue ajena a un estado de espíritu. Como destaqué en el prefacio a la primera edición de mi libro, la historia del peronismo ha funcionado habitualmente como un test proyectivo en el que las preocupaciones del presente han iluminado ciertos aspectos de esa experiencia histórica y dejado a otros tantos en la penumbra, al compás de un interés siempre renovado por indagar su naturaleza y comprender su significación política.

El marco político de la gestación de La vieja guardia sindical y Perón —entre 1973 y 1982— fue la vuelta del peronismo al gobierno y su final catastrófico en el vértigo de la violencia política y el terrorismo de Estado. Durante esos años terribles fui cobrando conciencia, junto a otros miembros de mi generación, del valor de la democracia pluralista y de los riesgos del poder sin límites. A partir de esa nueva sensibilidad política reorienté mis pasos en esta otra incursión sobre los orígenes del peronismo con un objetivo: recorrer la trayectoria del proyecto ideal insinuado en el intento de un puñado de dirigentes obreros por participar desde una posición independiente en las transformaciones sociales impulsadas por la naciente Argentina peronista. Con ese fin reuní testimonios, recopilé documentos, reconstruí el flujo de los acontecimientos, y me embarqué en un ejercicio de historia política. Para poner en un contexto teórico esa decisión quisiera mencionar, muy esquemáticamente, un contraste conocido entre las dos perspectivas a las que recurrí en mi investigación.

Mientras que el móvil de la sociología histórica consiste en encontrar una respuesta a por qué los procesos históricos ocurrieron de un modo y no de otro —como el caso de trabajadores que respaldan políticamente a partidos y liderazgos ajenos a la clase obrera antes que a movimientos políticos de clase— y tiene por lo tanto un propósito analítico, la historia política aspira, por su parte, a esclarecer cómo fue que ocurrió un determinado desenlace histórico —en nuestro ejemplo, la emergencia y la posterior frustración de un proyecto de autonomía sindical— y descansa en una retórica descriptiva. Durante los años en que trabajé en mi tesis de doctorado las preguntas por el porqué y el cómo dividían las aguas en el campo de la historia: por un lado, los partidarios de un abordaje más en sintonía con el de las ciencias sociales, centrado en la búsqueda de explicaciones causales —sea de orden económico, como social, demográfico o institucional— y con el foco puesto sobre grandes colectivos; por el otro, quienes abogaban por el retorno de la narrativa y, con ella, a volver a colocar en el primer plano a los actores individuales, sus dilemas y sus opciones para armar a partir de ellas y de su interpretación una historia bien contada. Sociólogo por formación e historiador por inclinación, no tomé partido en ese debate y busqué eclécticamente aprovechar los recursos de uno y otro enfoque según me lo pidieran los interrogantes que intentaba responder.

Volviendo ahora a la historia política, diré que esta me ofreció, además, una eficaz vía de entrada al momento decisivo de los orígenes del peronismo. Me refiero a esa coyuntura de aceleración de la historia que fue el año 1945. Durante su transcurso, el poder político, en tanto capacidad de fijar un rumbo, se desprende de sus anclajes institucionales, se dispersa y oscila al vaivén de los aciertos y los errores de los personajes políticos en pugna por apropiárselo y volcarlo en favor de sus objetivos. Puesto a la tarea de narrar las peripecias de esa coyuntura hasta su resolución —el triunfo de Perón sobre sus adversarios y sus aliados—, apelé a la fórmula mixta de empatía e hipótesis con el fin de ubicarme sucesivamente en aquel punto de la trama en el que para sus protagonistas la historia estaba toda por hacerse. Como me ha señalado Darío Roldán, quien escribe historia política debe esforzarse por restituir en el pasado la incertidumbre del futuro, de modo tal de mostrar a actores tomando decisiones frente a las alternativas que cada uno de ellos tiene ante sí, pero en la ignorancia de las consecuencias últimas de lo que hacen, puesto que no son los únicos implicados en el juego político. El doble desafío de contar una historia cuyo final se conoce está, pues, en transmitir ese margen de incertidumbre con el que los diversos actores hicieron sus apuestas, y en lograr a la vez que quien la lee acompañe la suerte cambiante de la fortuna política y suspenda durante la lectura lo que ya sabe sobre su desenlace.

Entre sus consecuencias más inmediatas, la resolución de la coyuntura de 1945 comportó el colapso de la tentativa política de los dirigentes obreros. Juzgada retrospectivamente, varias eran las razones que anticipaban su destino final. La primera y más importante: los dirigentes obreros no eran un actor independiente, esto es, no controlaban las condiciones que habían hecho posible su influencia en el terreno económico, las cuales debían y mucho a las oportunidades creadas por la intervención de Perón. Es verdad que durante los acontecimientos de 1945 la gravitación de esas condiciones pareció por momentos diluirse, hasta el punto en que el mismo Perón devino un actor entre otros, luchando por su supervivencia política; en esas circunstancias, que incluyeron su desplazamiento del poder, perdió la iniciativa política y esta recayó sobre los cuadros sindicales, que tras el éxito de la huelga general del 17 de octubre se aprestaron a actuar directamente en el proceso de cambio político y social por venir. Poco después, la consagración plebiscitaria de Perón en las elecciones de 1946 vino a cancelar abruptamente las ilusiones de la vieja guardia sindical. Con conceptos ya utilizados, podría decirse que las determinaciones de la sociología histórica recuperaron entonces sus fueros y prevalecieron naturalmente sobre las contingencias de la historia política.

Formulada en este modo la afirmación anterior requiere ser matizada porque ese predominio no sería total ni completo. Una cosa es subrayar el peso de las condiciones que enmarcan el comportamiento de unos actores concretos, en nuestro caso, la asimetría de recursos de poder entre Perón y los dirigentes obreros; otra muy distinta es postular que dichas condiciones determinan enteramente la dinámica política que se establece entre ellos, dado que esta depende también de las consecuencias de la estrategia de acción que adopten en el logro de sus objetivos. Recordemos al respecto que en la puja por definir el perfil de la Argentina de posguerra y asegurarse una posición preeminente, Perón promovió la activación política del mundo del trabajo; coordinada por los sindicatos, esa activación tuvo un papel autónomo en las horas decisivas de 1945 y se convirtió desde entonces en la principal fuente de su sostén político. Según he intentado destacar en los ensayos de la segunda parte de este libro, la trayectoria del peronismo estará, pues, marcada por el sobredimensionamiento del lugar político ocupado por los trabajadores organizados, resultado inesperado e indisociable de la coyuntura histórica en la que surgió como movimiento político y conquistó el poder del Estado.

Como surge del estudio de Louise Doyon sobre el movimiento obrero entre 1946 y 1955, los efectos del protagonismo de los trabajadores organizados no solo se hicieron visibles en las formas predominantes de movilización en los años peronistas, sino que fueron más allá: tendieron a contaminar los conflictos políticos con la conflictividad social (Doyon, 2006). El clivaje “pueblo/oligarquía” que alimentó la retórica oficial se desplazó, así, recurrentemente, hacia el enfrentamiento entre trabajadores y capitalistas, y comprometió la eficacia de un proyecto concebido en sus inicios para poner la Argentina al abrigo de la lucha de clases. A su vez, el partido que debía unificar la coalición electoral victoriosa en 1946 no logró contener la participación de los trabajadores en su formato original. Perón suministró efectivamente a los sectores congregados bajo su liderazgo una nueva identidad. Pero esta no tuvo, sin embargo, la densidad ideológica capaz de reconvertidos y hacer de ellos fuerzas nuevas y homogéneas. Moira Mackinnon ha mostrado que la decisión de reunir los apoyos de origen sindical provenientes del laborismo, y los de origen partidario reclutados en el radicalismo disidente en una misma organización desencadenó fuertes tensiones; estas tensiones recién pudieron ser neutralizadas cuando se optó por reconocerle a la rama sindical un estatus diferenciado dentro de las filas del partido peronista (Mackinnon, 2002).

Dicho esto, corresponde destacar que de esa coyuntura histórica el movimiento obrero también emergió hondamente transformado. Ya aludí a un capítulo central de esa transformación: el fin del Partido Laborista y el desplazamiento de los dirigentes sindicales que más intransigentemente reclamaban autonomía partir de 1946, la CGT debió resignar su aspiración a representar a los trabajadores ante el gobierno para actuar más bien como representante del gobierno ante los trabajadores. El otro componente de este nuevo perfil del movimiento obrero fue el cambio experimentado en sus principios de acción. En las vísperas del golpe de 1943, y bajo el clima hostil de la restauración conservadora, los principales gremios habían decidido sumarse a un frente político en ciernes por la vigencia de la Constitución y el respeto de las libertades públicas en nombre de la defensa del mundo del trabajo. Para los promotores de esa iniciativa, existía una relación de continuidad entre los problemas del orden político y los problemas de los trabajadores. La apertura laboral lanzada por el régimen militar que había suprimido los derechos políticos y proscripta los partidos los sorprendió con una ecuación diferente: los intereses obreros podían progresar sin que lo hicieran paralelamente las garantías democráticas. En esas circunstancias optaron por archivar sus flamantes convicciones y aprovechar pragmáticamente la protección estatal por tanto tiempo reclamada en vano. Pero cuando les llegó el momento de poder escoger su propio rumbo intentaron reunir bajo las banderas del Partido Laborista la causa de la justicia social, la causa de la democracia política y el respaldo a Perón. La combinación de esos tres objetivos probó ser insostenible. Con su inserción en un régimen crecientemente autoritario, la teoría y la práctica del sindicalismo habrán de reflejar la disociación entre las aspiraciones del mundo del trabajo y la suerte del pluralismo democrático.

En el ensayo “La crisis argentina de principios de los años cuarenta y sus alternativas” (1999), analicé el proceso político que condujo al triunfo de Perón para esclarecer las razones que lo llevaron a prevalecer y derrotar a sus rivales políticos. En la búsqueda de esas razones, comencé por explorar una: ¿acaso la victoria de Perón fue el resultado de su mejor sintonía con las demandas colocadas por la Argentina de la época? Con el propósito de despejar este interrogante, di un paso atrás y formulé otro: ¿cuáles eran los problemas que estaban en el centro de la agenda pública del país a principios de los años cuarenta? Para identificarlos, superpuse las imágenes contrastantes ofrecidas por la historia económica y social, y por la historia política. De un lado, tenemos una sociedad que se transforma por el empuje industrializador, que torna más compleja su estructura social, expande el mundo del trabajo, aumenta las expectativas colectivas. Del otro, estamos ante la hora política más oscura de la restauración conservadora, que retoma las prácticas del fraude electoral mientras proyecta su sucesión en brazos de la vieja elite dirigente.

Ese doble movimiento, el de una sociedad que cambia en el sentido de la modernización al tiempo que se refuerza un orden político excluyente, delineó el perfil de la crisis latente generada por la brecha entre las instituciones existentes y las nuevas realidades y aspiraciones impulsadas por las transformaciones en curso. Colocados en el puesto de observación de la Argentina de entonces, se podría postular, por consiguiente, que la agenda pública tenía por delante la tarea de hacer efectivas dos prioridades: (a) una mayor representatividad en el sistema político para canalizar el difuso sentimiento de alienación política de amplios segmentos de la población, y (b) una mayor institucionalización de las relaciones laborales para regular los conflictos propios de un país más industrial.

Con esta clave de lectura, revisé el itinerario de las distintas iniciativas políticas que se confrontaron entre 1943 y 1946 para establecer en qué medida las tenían en cuenta y cuáles eran los mecanismos institucionales con los que se disponían a satisfacerlas. De ese recorrido, solo voy a ocuparme ahora del tramo final: las elecciones de febrero de 1946. En ellas, los argentinos debieron escoger entre dos soluciones alternativas a los desafíos de su tiempo, la que propuso la alianza de la Unión Democrática y la que tuvo por eje la convocatoria de Perón.

¿Qué decir, pues, del contrapunto entre estas dos soluciones? En el ensayo que estoy glosando sostuve que, consideradas en sus propios términos, ambas eran funcionalmente equivalentes respecto de las cuestiones que dominaban la agenda pública. Esto es, una y otra revisaban críticamente el statu quo y ofrecían una respuesta a las demandas tanto de un sistema político más representativo como de relaciones laborales menos sujetas a las fuerzas de mercado. Ciertamente, se trataba de respuestas diferentes. La solución de la Unión Democrática abogaba por encaminar el país hacia una estructura de partidos competitiva y la preservación de la autonomía sindical. La solución de Perón apuntó a una relación directa entre líder y masas, y al establecimiento de un régimen laboral corporatista. Pero por cualquiera de esas dos rutas la Argentina podía, a mi juicio, ir cerrando la cesura entre las instituciones del viejo orden conservador y la nueva sociedad que había crecido a sus espaldas.

Si estas conjeturas son verosímiles, no habría sido su mejor sintonía con las prioridades de la hora el factor que inclinó la balanza en favor de la fórmula institucional de Perón. Más bien, sobre el desenlace electoral primaron las decisiones y los recursos políticos de los actores en pugna. Con una segura confianza en su empresa política, la Unión Democrática acogió sin reservas el respaldo ostensible del mundo de los negocios y del ex embajador norteamericano Spruille Braden. Con ello entregó a Perón una ventaja táctica que él supo aprovechar con una retórica eficaz para descalificar a sus adversarios y replantear los dilemas en juego. Además de los recursos políticos que el frente opositor depositó en sus manos, Perón contó con los que extrajo de sus apoyos en el aparato del Estado, los gremios, la jerarquía de la iglesia. En definitiva, fue la dimensión propia de la acción —los errores y aciertos de las fuerzas en conflicto por definir la Argentina de posguerra— la que franqueó las puertas a los años peronistas.

En esta recopilación he incluido el ensayo que escribí por encargo de la editorial Taurus, al ser invitado a participar en el libro colectivo organizado en torno de la pregunta “¿Qué hubiera pasado si…?”, y coordinado por el historiador inglés Niall Ferguson (1998). Para responder a la cuestión que me fue planteada, en “La Argentina sin el peronismo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese fracasado el 17 de Octubre” (1998) visité la lógica de los ejercicios contrafácticos. En estos ejercicios, la trama de la historia se desarrolla a partir de un punto del pasado en el que un determinado acontecimiento sucede de modo distinto a lo que ocurrió en la realidad. Debido a la centralidad que he asignado a los avatares de la coyuntura de 1945, la invitación me brindó un pretexto intelectualmente atractivo para echar luz sobre los juegos de la imaginación que transcurren en la trastienda del historiador cuando elige un curso de acción para armar un relato: dar por supuesto que otro curso era posible y que, por lo tanto, lo que realmente tuvo lugar no era necesario. Con palabras como estas, Santos Juliá, otro de los participantes del libro Historia virtual, recordó la advertencia de Raymond Aron a quienes hacen historia política: evitar la ilusión retrospectiva de la fatalidad a fin de no perder de vista, en la reconstrucción del pasado, que el desenlace de los acontecimientos no estaba escrito de antemano y que dependía de tales personas o de tales circunstancias el que la culminación de la historia hubiese sido distinta (Juliá, 2011; Aron, 1967).

El ejercicio contrafáctico sobre la jornada del 17 de Octubre descansó sobre dos decisiones. La primera tuvo que ver con la justificación del ejercicio mismo, esto es, que estuviese construido sobre una hipótesis plausible. Según la hoja de ruta que Niall Ferguson sugirió a los autores convocados, en la búsqueda del momento que probablemente pudo haber torcido el rumbo de la historia solo cabía considerar legítimamente aquellas alternativas para las que era posible demostrar, con los testimonios disponibles, que fueron contempladas por los propios actores en el pasado. Con ese objetivo, repasé los eventos de ese día decisivo y la actitud de sus principales protagonistas a fin de detectar si se había insinuado un curso de acción que, en definitiva, no fue adoptado y cuyo eventual impacto podría haber llegado a frustrar el éxito de la movilización obrera.

Luego de examinar distintas opciones y desecharlas, en la crónica del 17 de Octubre desde la perspectiva de los altos mandos militares hecha por Robert Potash encontré una pista prometedora: en horas de la mañana la guarnición de Campo de Mayo solicitó autorización para avanzar sobre la ciudad con el propósito de disuadir y, llegado el caso, reprimir a los grupos de trabajadores, todavía poco numerosos, que se dirigían desde los suburbios hacia Plaza de Mayo. El destinatario fue el jefe de la guarnición, el general Ávalos, responsable de la operación que condujo al desplazamiento de Perón. En la encrucijada ante la que fue colocado por las circunstancias, Ávalos prefirió denegarla y ordenó a sus oficiales permanecer acantonados, solo para terminar asistiendo, sin hallar una salida política, a la ocupación de la plaza por las masas obreras hasta que, hacia la mitad de la tarde, admitió su derrota y devolvió todo el poder a Perón. En mi ejercicio contrafáctico, las cosas suceden de otro modo: Ávalos autoriza el despliegue de las fuerzas militares en el centro de la ciudad. Esa maniobra temprana logra detener la movilización de los trabajadores, no sin antes provocar muertos y heridos; y ahora es Perón quien abandona la escena para evitar más violencia, y se marcha a un exilio en el interior del país mientras los jefes militares confían a la Corte Suprema la supervisión de los comicios de 1946 donde triunfará la Unión Democrática.

La segunda decisión a partir de la cual tracé de allí en más la trayectoria de la Argentina fue mantener, como marco de una historia política cuyos rumbos cambian totalmente, dos dimensiones constantes: el fin del breve ciclo de los términos de intercambio favorables para la economía del país (1946-1948) y los comienzos de la Guerra Fría y su secuela, la cruzada anticomunista de los Estados Unidos sobre los países de América Latina.

Los ejercicios contrafácticos son una práctica escasamente legítima entre los historiadores profesionales, para los cuales la historia debe ocuparse de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. Sin embargo, muchos de ellos —destaca Henry Ashby Turner Jr.— recurren a razonamientos parecidos al explicar o formular juicios sobre el pasado (Turner, 1999; 2000). Cuando se califica como errónea la decisión de un actor, se está postulando implícitamente que podría haber alcanzado un mejor resultado para sus objetivos si hubiese adoptado otra; cuando se subraya la importancia de un factor o de un evento a la vista de lo que vino después, se está reconstruyendo imaginariamente el posterior curso de la historia para estimar el impacto de la ausencia hipotética de ese factor o ese evento. Ciertamente, en el trabajo de los historiadores estos razonamientos no se prolongan luego en una historia conjetural. Y es posible que las historias que nunca ocurrieron no tengan un valor en sí mismas, fuera del placer literario que brindan a quienes las urden con la libertad de un pintor frente a los bastidores de una tela en blanco. No obstante, quizás puedan ser útiles al ofrecer una perspectiva desde donde evaluar lo que realmente ocurrió.

Los artículos y notas de la tercera parte de este libro se centran en el período comprendido entre 1955, año en que el régimen de Perón fue derrocado por un golpe militar, y 1976, cuando otro golpe militar puso fin al gobierno que Perón formó a su regreso al país después de dieciocho años de exilio. Son trabajos que desarrollan o sintetizan argumentos que publiqué en 1983 y reedité en 2006, en una nueva versión, en El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976 (Torre, 2006). Si bien allí examiné un espectro más amplio de cuestiones, me interesa aquí dirigir la atención a las relaciones de los cuadros dirigentes del movimiento obrero y el liderazgo de Perón para reanudar el examen de las peculiaridades del peronismo como movimiento político.

Evocar una relación con dos polos ya nos ubica a una cierta distancia de la visión de un movimiento encuadrado verticalmente por un jefe carismático. Como vía de entrada a los años peronistas esa visión brinda una imagen verosímil de la dinámica política entre Perón y los trabajadores, pero a condición de limitar sus alcances a la esfera política. En el terreno económico, el régimen peronista debió convivir con un nivel de agitación de las bases obreras que no pocas veces desbordó las consignas oficiales y lo forzó a intervenir sindicatos y, en ocasiones, a revisar sus propias políticas. Pero partir de 1955 esa forma de entender el funcionamiento del núcleo del peronismo como movimiento político es claramente insuficiente.

Con el fin del régimen peronista y, en consecuencia, con la destrucción de los lazos institucionales que eran a la vez plataforma de apoyo y de constricción, el movimiento obrero tuvo que levantarse y caminar sobre sus propios pies. Esa experiencia de regeneración en la adversidad hizo que sus organizaciones recuperaran más plenamente la capacidad de articular y orientar el mundo del trabajo. Movilizando el respaldo de una clase obrera fuertemente constituida como actor de clase por sus sólidas raíces en el mercado de trabajo y su compacta cohesión política, los sindicatos encabezaron la resistencia a un orden social y político que repudiaba el legado de la década peronista y confinaba sus expresiones políticas a la periferia de la legalidad. Con el paso del tiempo, la sucesión de gobiernos bajo la constante amenaza de golpes militares, la dispersión y fragilidad de los partidos, las divisiones del mundo de los negocios se combinaron de manera de facilitar a los dirigentes sindicales abrir grietas en sus adversarios y negociar ventajas económicas para sus bases y un espacio creciente en el reparto del poder. Esa empresa, que conoció por cierto avances y retrocesos, tuvo un timonel en el sindicato metalúrgico con la conducción de Augusto Vandor, y se tradujo, finalmente, en el reconocimiento de la gravitación del movimiento obrero sobre el orden político surgido del golpe de 1955.

En el artículo “El lugar de la UOM en la trayectoria del sindicalismo” (1993), me he ocupado del itinerario de esa empresa y de su momento culminante: el desafío a la autoridad política de Perón. El enfrentamiento, a mediados de 1960, se resolvió en favor del líder exiliado, pero sirvió para mostrar la reactivación del polo de autonomía política de origen sindical dentro de las filas del peronismo. Pocos años más tarde, tanto los jefes sindicales como Perón fueron, a su vez, desafiados desde el más nuevo de los afluentes al movimiento gestado el 17 de octubre de 1945: sectores juveniles de clases medias partidarios de la violencia armada. En el ámbito sindical, este desafío se concretó en una campaña sistemática de asesinatos de sus principales dirigentes. Para el líder del peronismo, implicó ser cuestionado en nombre de un peronismo distinto al suyo, opuesto a las consignas de reconciliación política y social con las que reingresaba al país para sellar una postrera victoria sobre sus rivales de 1955. En “A partir del Cordobaza” (1994), exploré las fuentes de ese, al final, trágico desencuentro que, aunque debilitó, no canceló del todo los conflictos sociales y políticos que hicieron eclosión durante el fallido retorno del peronismo al gobierno.

En la crónica de esos años turbulentos, resumida en “El movimiento obrero y el último gobierno peronista (1973-1976)” (1982), dos fueron los momentos en los que se puso a prueba el vínculo entre los sindicatos y el movimiento peronista. El primero, cuando se implementó una política de control de precios y salarios, con el fin de neutralizar la puja distributiva abierta por el nuevo escenario político. Esta política comportó una frustración para los dirigentes sindicales, que esperaban recuperar la libertad de negociación para rehabilitar sus credenciales, luego de las forzadas treguas reivindicativas durante el pasado régimen militar. Lo cierto es que terminaron sumándose a ella porque Perón jugó su autoridad política a favor de la concertación social y en compensación les ofreció el silencio para con antiguas querellas, beneficios a sus organizaciones y una escalada de medidas represivas que extinguió progresivamente los focos de oposición obrera. Si cabe hablar aquí de la subordinación de la acción sindical a la acción política, es para ver en ella el fruto de un sistema de intercambios antes que la expresión de un encuadramiento que sería pasivo y heterónomo.

En 1975, a diez años de la tentativa de Vandor, el movimiento peronista experimentó un cuestionamiento similar desde los cuadros sindicales, pero esta vez en el ejercicio del gobierno y en un contexto que tornó más graves e irreversibles sus consecuencias. Para entonces Perón había fallecido, no sin antes comprobar el deterioro creciente de los mecanismos de concertación que había montado y confesar su impotencia para poner freno a la puja distributiva. En la emergencia, sus sucesores lanzaron un drástico plan de ajuste. De su diseño, los dirigentes del movimiento obrero fueron deliberadamente excluidos en una decisión que no fue ajena al intento de recortar la influencia sindical sobre los rumbos del movimiento gobernante. Los sindicalistas se encontraron entonces frente a un dilema: si rechazaban el plan de ajuste corrían el riesgo de desestabilizar la sustentación misma de un gobierno peronista; si, en cambio, en nombre de sus solidaridades políticas, secundaban la iniciativa oficial, se condenaban a una derrota ejemplar que los marginaría del esquema de poder. Nuevamente, fue el sindicato metalúrgico, ahora bajo la conducción de Lorenzo Miguel, el que tuvo a su cargo resolver ese dilema: poniendo en primer lugar la subsistencia del poder sindical, encabezó una movilización que bloqueó el plan de ajuste e infligió al elenco gobernante un revés político que, combinado con la ola de violencia que sacudía al país, contribuyó a acelerar su caída. La dictadura militar abrió un paréntesis entre las ambiciones rivales del polo sindical y el polo político del movimiento peronista. Con la restauración de la democracia, nuevos conflictos volverían a enfrentarlos.

Recapitulando esta historia de las relaciones entre trabajadores, sindicatos y peronismo, estamos, pues, ante una primera conclusión: el sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores organizados en el movimiento identificado con el liderazgo de Perón. Producto de las vicisitudes de la coyuntura de 1945, este fenómeno en todo contingente se independizó bien pronto de sus condiciones de origen y adquirió una consistencia y una influencia duraderas como consecuencia de tres factores: la solidez del mundo del trabajo tras la fusión de viejos y nuevos trabajadores, el aporte de tradiciones sindicales de hondo arraigo en la experiencia obrera, los recursos y derechos laborales distribuidos en los años peronistas. El resultado histórico de esa amalgama autoriza una segunda conclusión: despojado de las ilusiones de la vieja guardia sindical, el proyecto laborista sobrevivió a su derrota como lo ha mostrado la unificación nunca acabada de los trabajadores con los demás sectores en las filas del peronismo y la tendencia siempre presente en el movimiento obrero a intervenir en primera persona en el escenario político del país.

En la recopilación de los textos de este libro conté con la generosa colaboración de Mariela Giacoponello, y hoy se publican luego de haber sido revisados para evitar, cuando fue posible, superposiciones y pulir su escritura gracias a la dedicación de Mariana Bozetti. Al volver a leerlos he notado cuántas veces me remito directa o indirectamente a Tulio Halperin Donghi; aprovecho esta ocasión para dejar testimonio de mi reconocimiento a su invalorable guía en mis incursiones en la historia de la Argentina contemporánea. Y una vez más quiero reiterar mi deuda intelectual con Silvia Sigal, con quien he tenido la suerte de prolongar en el tiempo una conversación que tanto ha contribuido a que pusiera en claro mis ideas y las expresara mejor. Finalmente, mi agradecimiento a las autoridades y colegas del Instituto Di Tella y de la Universidad Di Tella por el apoyo y el estimulante clima de ideas que me han acompañado a lo largo de los años.

Bibliografía

Aron, Raymond 1967 “Prólogo” a Weber, Max El político y el científico (Madrid: Alianza).

Del Campo, Hugo 2005 Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable (Buenos Aires: Siglo XXI).

Doyon, Louise 2006 Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955 (Buenos Aires: Siglo XXI).

Ferguson, Niall 1998 Historia virtual (Madrid: Taurus).

James, Daniel 1990 Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976 (Buenos Aires, Sudamericana) Capítulo l.

Juliá, Santos 2011 Elogio de historia en tiempo de memoria (Madrid: Marcial Pons) Capítulo 4.

Mackinnon, Moira 2002 Los años formativos del Partido Peronista (Buenos Aires: Instituto Di Tella).

Pécaut, Daniel 1973 Política y sindicalismo en Colombia (Bogotá: La Carreta) introducción.

Sigal, Silvia 2008 “El peronismo como promesa” en Desarrollo Económico, Vol. 45, pp. 190-191, julio-diciembre.

Torre, Juan Carlos 1990 La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo (Buenos Aires: Sudamericana).

Torre, Juan Carlos 2006 El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976 (Buenos Aires: Siglo XXI).

Touraine, Alain 1988 La Parole et le Sang. Politique et Société en Amérique Latine (París: Odile Jacob) Capítulo 4.

Turner, Henry Ashby Jr. 1999 “Human agency and impersonal determinants in historical causation” en History and Theory, Vol. 38, N° 3, octubre.

Turner, Henry Ashby Jr. 2000 Hitler: a treinta días del poder (Barcelona: Edhasa) Capítulo 7.

* Torre, Juan Carlos 2012 “Introducción” en Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo (Buenos Aires: Siglo XXI) pp. 13-35.

Mirta Zaida Lobato

Historia de las trabajadoras
en la Argentina (1869-1960)

Introducción

Hacia fines del siglo XIX los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que habían comenzado a darse en la Argentina se aceleraron de manera notable adquiriendo visibilidad las modificaciones de las costumbres, de la vida cotidiana, de los vínculos entre los sexos. Una extensa literatura ha señalado la importancia de esas innovaciones: el paso de la frugalidad criolla a la ostentación, el deseo de exhibición, el consumo y el lujo, así como la constatación de la emergencia de nuevos conflictos y peligros, por ejemplo el de los trabajadores ganando las calles, haciendo huelgas o promoviendo la “agitación”.

Bajo el torbellino de la modernización empezaron a modificarse los espacios públicos de sociabilidad. Las calles se renovaron con el progreso y el despliegue del consumo, visible en las vidrieras y en la publicidad; se poblaron de cafés y restaurantes y fueron el escenario del reclamo, la reivindicación, el festejo político y la seducción del otro sexo. Las calles fueron mayoritariamente masculinas; al finalizar el siglo XIX las mujeres solo las transitaban acompañadas y apenas un pequeño grupo las convirtieron en áreas donde se ofrecía goce y placer a los varones. La mayoría de ellas estaba recluida en el hogar y limitada a la sociabilidad familiar pero, en tanto las transformaciones se fueron consolidando, algunas se aventuraron más allá de las fronteras del barrio y viajaron al centro de la ciudad así como otras dejaron sus pueblos natales para trasladarse al centro urbano más próximo o hacia las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario.

Durante esos años fueron notables las mutaciones en los roles sexuales: los hombres fueron dominando los espacios públicos y las mujeres se convirtieron en las “reinas” del hogar. Se consolidaron al mismo tiempo dos ideales de género: para las mujeres la maternidad se delineó como la meta y el fin de sus vidas y como un dato fundamental para la salud de la raza y de la Nación; para los varones se acentuó la función de productor, proveedor y actor fundamental de la vida política. La familia se convirtió en el oasis que permitía a los varones escapar del torbellino del mundo moderno pero sucumbió también frente a las innovaciones. La limitación en el número de hijos fue la modificación más evidente y ello llamaría la atención de intelectuales y políticos en la década del veinte.

El mundo del trabajo también cambió radicalmente y las fábricas y talleres se extendieron en las ciudades más importantes; los campos se modificaron con la expansión de la ganadería y la agricultura; y crecieron las actividades comerciales y los servicios. Aunque se fue conformando como predominantemente masculino, las mujeres se incorporaron al trabajo asalariado empujadas por la necesidad o por deseos inconfesables de autonomía.

Las experiencias laborales de obreras, empleadas, amas de casa, enfermeras, maestras, de las que nos ocuparemos para el período que se extiende entre 1869 y 1960, abarcaron la amplia geografía del territorio nacional, aunque existieron diferencias regionales. La elección temporal no es arbitraria, comprende una extensa etapa en la que se realizaron numerosos relevamientos estadísticos. Además la “larga duración” es más adecuada para dar cuenta de la presencia de elementos residuales y emergentes en los múltiples procesos que se entrecruzan en este análisis. La transformación de las mujeres en trabajadoras y amas de casa es el resultado de una densa red de nociones y de acciones prácticas relacionadas con las ideas de la época, la acción del Estado y los numerosos conflictos que se generaban entre trabajo, lugares, funciones y atribuciones para varones y mujeres así como con los modos de representar a la mujer obrera.

En Historia de las trabajadoras en la Argentina se analizan rupturas y continuidades en la experiencia laboral femenina y se busca responder a las siguientes preguntas: ¿Participaban las mujeres en el mercado laboral? ¿De qué modo lo hacían? ¿El trabajo en el hogar era considerado trabajo? ¿Cuáles eran sus características? ¿Se organizaban gremialmente? ¿Participaban en los sindicatos y federaciones gremiales? ¿Las mujeres tenían intereses diferentes a los de los varones? ¿Los defendían? ¿Participaban en las protestas? ¿De qué modo? ¿Cuáles fueron las ideas que circulaban en el período sobre el trabajo femenino? ¿Qué contradicciones y conflictos se planteaban a las trabajadoras? ¿Cuál fue la actitud del Estado? ¿Qué postulaban las fuerzas políticas? ¿Qué pensaban los trabajadores varones? ¿Cómo veían su trabajo las mujeres?

Estos interrogantes tienen un origen bastante lejano pues se remontan a mis investigaciones sobre el trabajo en la comunidad obrera de Berisso. En ese momento (1985) comencé estudiando a las obreras del frigorífico Armour y luego seguí con el trabajo femenino en la empresa Swift y en la hilandería The Pattent Knitting Co., los resultados formaron parte de mi tesis de doctorado y de un libro (Lobato, 2001). Desde entonces mi interés se amplió a las preocupaciones estatales sobre las condiciones de trabajo de las obreras, al campo de las representaciones sobre el mundo laboral y al lenguaje de la prensa en los marcos de la conformación de una cultura de los trabajadores.

La presentación de los primeros resultados de las investigaciones sobre las obreras fabriles se realizó en las reuniones académicas que organizaban (y lo siguen haciendo) los departamentos de historia de las universidades nacionales, al calor de la normalización universitaria que siguió a la última dictadura militar. En una de esas reuniones un colega, especialista en estudios del trabajo, me dijo de manera enfática ante el planteo de mis incertidumbres: “No sé por qué te preocupás por las mujeres en el trabajo y en el sindicato, no están, y si no están, no hay nada que explicar”. Sus certezas eran tales que no había espacio para la duda. Sin embargo sus expresiones eran un síntoma de la época, pues todavía la historia como disciplina de conocimiento era poco permeable a los estudios que enfatizaban la importancia de estudiar las complejas relaciones de género.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo los puentes de la historia y de los estudios de género en nuestro país y más allá de sus fronteras. El debate de ideas, la creación de instituciones, la organización de reuniones científicas y la multiplicación de publicaciones especializadas son las expresiones de un movimiento que colocó en el centro de la reflexión de varias disciplinas las cuestiones asociadas con las relaciones sociales y las formas de poder que se basaban en la diferencia sexual. Para pensar ese complejo mundo de relaciones era necesario explorar las ideas y las prácticas expresadas por doctrinas políticas, religiosas, científicas, legales y educacionales, sus vínculos a veces conflictivos, los símbolos y representaciones, las instituciones y organizaciones sociales y, al mismo tiempo, prestar atención a la formación de las identidades, cuyas fronteras eran y son inestables y variables.

Apoyándome en parte en las viejas certezas para el análisis del pasado pero sensible al desafío que implica lidiar con los problemas que planteaban los nuevos conocimientos, me interesa enfatizar con esta investigación el carácter histórico de las diferencias de género, del ejercicio del poder y de la dominación en el mundo del trabajo. No se trata de la búsqueda de víctimas ni de destacar la inmutabilidad de los cambios en la condición femenina sino de fijar la mirada sobre lo permanente y lo emergente, en palabras de Raymond Williams, de la experiencia laboral femenina (Williams, 1980). Como se verá en los diversos capítulos, en el tiempo largo de la historia del trabajo (lo que permanece) se fueron consolidando los elementos de un lenguaje laboral sexuado, discriminatorio y marcado por la noción de subordinación; en cambio en los tiempos cortos se pueden analizar situaciones de conflictos donde se balbucean los intereses de clase y de género. Busco que este juego esté presente en todos los capítulos, por eso a veces realizo análisis que incluyen prácticamente todo el período y otras me detengo en acontecimientos específicos y, por momentos, borro los límites temporales clásicos de las cronologías usuales en historia argentina. Además las historias que surgen de estas páginas abarcan todo el territorio pues selecciono actividades que, aunque sea de modo somero, den idea de las diversidades regionales.

Para responder a los interrogantes que me formulo he analizado diversas fuentes. Podría decir que he realizado una caminata inferencial por distintos tipos de documentos. Como dice Michelle Perrot en su examen sobre la historia de las mujeres en Francia, he examinado las fuentes tradicionales desde un ángulo diferente para encontrar las huellas del trabajo femenino y he utilizado todos aquellos materiales que muchas veces los historiadores desdeñamos, porque están muy dispersos y entonces su búsqueda lleva mucho tiempo, energía y recursos, o por que se consideran indignos de crédito (Perrot, 1992). Recuerdos, novelas, fotografías, películas y testimonios orales me ayudaron a pensar cómo había sido la posición de las mujeres en la cultura del trabajo en Argentina.

Esta investigación ha sido realizada en el marco de proyectos desarrollados en el Programa de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) del Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Emilio Ravignani y en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE), ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. He contado también con el soporte económico de la Universidad de Buenos Aires a través del proyecto UBACYT Trabajadores, cultura y política, Argentina, 1890-1945 y de la Agencia Nacional de Promoción Científica, Ministerio de Educación de la Nación, por medio del proyecto Género y Sociedad. Cultura, política, trabajo y salud. Argentina, siglo XX, por supuesto que estoy agradecida por el apoyo recibido.

Tengo además otras deudas. En primer lugar con Juan Suriano pues, además de compartir las alegrías del pasado y las tristezas del presente, me ha prestado todos sus materiales y un trabajo titulado: El trabajo femenino e infantil (1984), que no fue editado por los avatares de las empresas y proyectos editoriales en nuestro país. Luego a las colegas del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y a las integrantes del Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con las que trabajamos en la recuperación de las voces, cuerpos y actos de mujeres. Deliberadamente omito sus nombres para evitar los olvidos en una lista que es ciertamente extensa. También quiero expresar mi gratitud con las investigadoras que se interesaron por la condición femenina y con las estudiantes que realizaron sus primeros pasos en la investigación estudiando aspectos parciales sobre el tema. En cada una de las citas de sus tesis, monografías, artículos y libros reconozco el aporte que hicieron a la producción histórica, trabajando en espacios a veces poco propicios y sin contar con los recursos necesarios. Con María Damilakou y Lizel Tornay trabajamos en la búsqueda y selección de los documentos visuales, Cecilia Belej y Alina Silveira me ayudaron en diversas oportunidades y Ricardo Ceppi me facilitó generosamente algunas fotografías. Finalmente agradezco a Fernando Fagnani por confiar en la necesidad de editar este libro.

[…]

Historia de las trabajadoras
en la Argentina (1869-1960)

Epílogo

I

Cuando desde mediados del siglo XIX se dio impulso a los cambios que permitirían construir un nuevo orden político, cuya consecuencia más visible fue la conformación de una nación bajo el imperio de la Constitución de 1853, pocos políticos e intelectuales prestaban atención a la situación de las mujeres. Esto no quiere decir que no hubiera voces audibles que plantearan la necesidad de darles educación, más bien lo que quiero expresar es que la cuestión de la mujer no había adquirido aún ni la textura ni la densidad que comenzaría a cobrar hacia fines del siglo XIX.

La cuestión de la mujer abarca un abanico de problemas, pero en este libro he elegido el tema del trabajo ya que esa experiencia fue crucial en la vida de las mujeres de las clases populares. Ellas realizaban innumerables tareas dentro y fuera del hogar y cuando se produjeron cambios importantes asociados con las transformaciones económicas y sociales se modificaron algunas situaciones. En principio las actividades que habían sido importantes en las etapas previas, como la producción de textiles, declinaron con la introducción de bienes importados, aunque se mantuvo como actividad artesanal residual. En las provincias de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero se producían ponchos, frazadas, bayetas y alfombras sobre la base del trabajo femenino y su declinación fue acompañada por la disminución en la cantidad de mujeres dedicadas a esa actividad. Como consecuencia de ese proceso muchas de ellas encontraron un lugar en el servicio doméstico. En realidad estas labores se constituyeron en refugio para un amplio número de trabajadoras que comenzaron a quedar por fuera de los registros censales.

Al mismo tiempo, el crecimiento de las industrias destinadas a satisfacer el consumo de la población, cuyo número había crecido enormemente en las áreas urbanas del litoral, como resultado de la creciente inmigración europea, abrió un espacio laboral al que las mujeres se integraron rápidamente. La ciudad de Buenos Aires fue un centro importante de muchas de esas actividades, en las fábricas de cigarrillos, de alpargatas y de alimentos que se desparramaron por Barracas, San Telmo, Constitución, Almagro, Once, Chacarita, Villa Crespo, la demanda de brazos fue satisfecha por mujeres de diversas edades y origen. Lo mismo ocurrió en otras ciudades como Rosario, Bahía Blanca y Córdoba.

Paralelamente se configuraron algunos polos de producción de bienes agroindustriales en el interior del país. Así, en Tucumán y Jujuy la producción de azúcar demandó brazos para las plantaciones de caña de azúcar e ingenios y, en Mendoza, la industria vitivinícola hizo lo suyo con la expansión de viñedos y bodegas. Ambas actividades ocuparon muchas mujeres. A los ingenios tucumanos se trasladaban numerosas familias de origen criollo, de las provincias vecinas como Santiago del Estero, para realizar las labores, mientras que en Jujuy las mujeres criollas se mezclaban con las indígenas. Cabe resaltar que poco más de la tercera parte de los trabajadores eran mujeres en los ingenios La Mendieta y Ledesma.

Aunque estos cambios se produjeron hacia fines del siglo XIX adquirieron mayor peso al comenzar el siglo XX y fue a lo largo del mismo que las mujeres se integraron a segmentos definidos del mercado laboral: la producción de alimentos, la vestimenta y los textiles (hilanderías y tejedurías), caracterizados por mayores fluctuaciones en la demanda de brazos y por los bajos niveles de calificación, aunque, como se ha señalado, ellas derivaban de una particular valorización de las habilidades y destrezas y por los salarios inferiores a los de los varones. El trabajo asalariado femenino se extendió y se localizó en dos ámbitos bien definidos: en fábricas y talleres fuera del hogar y en el domicilio, configurando lo que Del Valle Iberlucea denominó el “departamento exterior de la fábrica”. El trabajo a domicilio fue una de las caras del trabajo industrial que se realizaba por cuenta y orden de un patrón y se diferenciaba del trabajo por cuenta propia en el domicilio y del servicio doméstico, ambos se constituyeron como bolsones de empleo femenino caracterizados por su precariedad.

En el período de entreguerras se afianzaron algunas ramas industriales así como aparecieron y se desarrollaron otras. El ejemplo clave entre las primeras es el de la industria textil que aumentó su capacidad de producción, realizó numerosas reformas en las instalaciones fabriles e incorporó nuevas maquinarias. Alrededor de las dos terceras partes de sus trabajadores eran mujeres, aunque el número variaba levemente en las diferentes ramas (algodón, lana, seda y sintéticos). Otra actividad que fue adquiriendo relevancia fue la industria de la conserva de pescado, cuyo centro estaba en Mar del Plata, una ciudad identificada más frecuentemente con el goce de los baños de mar y de las playas. Allí tuvo además un importante desarrollo la industria del tejido sobre la base del trabajo femenino y familiar.

La transformación económica del país fue acompañada también por una expansión de servicios de diferente tipo. Las mujeres se convirtieron en maestras, enfermeras, empleadas, dactilógrafas, vendedoras y hasta se aventuraron en el ejercicio de algunas profesiones. La expansión del consumo fomentado por el desarrollo del comercio minorista y la instalación de grandes tiendas, con innumerables bocas de expendio, facilitó la asociación de trabajo femenino con el de vendedora de tiendas. Las grandes tiendas y los almacenes generales se concentraban en la ciudad de Buenos Aires pero no estaban limitados a ella. La empresa Gath & Chaves tenía sucursales en Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Paraná, La Plata, Mendoza, Tucumán y Mercedes donde vendían ropa, perfumes, comestibles, muebles, cortinas y artículos de lujo[1].

La transformación del sistema educativo y el desarrollo de la escuela pública, así como la creciente expansión de los servicios de atención de la salud, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales abrió otro arco de oportunidades. En tanto las mujeres estaban destinadas a cuidar de los otros, ellas se convirtieron en las encargadas de consolar y animar a los enfermos en los centros de salud y educar y proteger a los niños en las escuelas. Se verificó una relativamente rápida feminización de la docencia y de la enfermería con sus secuelas de desjerarquización y subordinación. Maestras y enfermeras fueron entendidas como labores que derivaban de la extensión de las funciones domésticas y de sus atribuciones como abnegación, sacrificio y servicio, de ese modo perdían peso los atributos profesionales asociados con una formación específica. La imagen que se naturalizó fue la de madres que cuidaban niños y enfermos, los trataban con cariño y además acataban las órdenes de sus superiores, sean ellos directores, inspectores o médicos.

La expansión agropecuaria también requirió de muchos brazos y, aunque no se ha profundizado en el análisis de las actividades rurales, el examen realizado nos permite afirmar que, a pesar de que es más conocido el movimiento de jornaleros durante la esquila de ovejas a partir de su expansión en la segunda mitad del siglo XIX o para la siembra y cosecha de cereales, las mujeres estuvieron presentes en todas esas labores como individuos y como parte del núcleo familiar. Además trabajaban en los tambos ordeñando leche o en la cría de aves y cerdos.

Entre 1869 y 1914 el trabajo femenino por un salario adquirió forma y rasgos propios en todo el territorio nacional, sin embargo el Segundo Censo Nacional de 1895 muestra una declinación de los porcentajes de participación laboral femenina. De acuerdo con los datos del Tercer Censo Nacional de 1914 se mantuvo la tendencia decreciente para comenzar a revertirse recién en el período de entreguerras, por lo que sus resultados adquirieron visibilidad en el Cuarto Censo Nacional de 1947. Entre 1947 y 1960 se consolidaron las tendencias presentes en las etapas previas, aunque fue más difícil encontrar información desagregada de acuerdo al sexo. No obstante, los porcentajes de participación femenina en el trabajo asalariado medido por las agencias estatales no fueron inferiores a los existentes en otros países europeos y americanos y, en algunos casos hasta fueron superiores como por ejemplo en el caso chileno[2]. El número de las trabajadoras fue el dato novedoso y ello estaba entre las causas de los debates sobre la pertinencia o no del trabajo femenino asalariado. Una consideración extremadamente confiada en las estadísticas puede llevar a valorizaciones y consideraciones distorsionadas sobre la participación de las mujeres en la economía y por eso he tratado de mostrar la importancia del trabajo a domicilio y de otras actividades que se cumplían en el ámbito del hogar y en el que a veces participaban otros miembros de la familia. Ocupaciones que hoy se califican como informales, empleos irregulares, servicio doméstico, trabajo a domicilio son difíciles de medir y evaluar y su consideración está estrechamente asociada con lo que se considera o no trabajo y con procesos complejos de construcción de identidades. La conformación y consolidación de una estructura de pensar articulada sobre la noción de clase obrera, el afianzamiento de la figura del trabajador varón y el problema de la formación del ideal doméstico, basados en una lectura biológica de la diferencia sexual, se encuentran en la base de la formación de una cultura que implicó para las mujeres un lento pero sostenido confinamiento en espacios y roles crecientemente alejados de los espacios y roles de los varones[3].

II

Espacios y ámbitos de actuación de mujeres y varones eran vistos como separados a pesar de que la mayoría de las veces las fronteras entre uno y otro se presentaran desdibujadas o las experiencias se solaparan. Aunque parezca repetitivo, este proceso histórico fue paralelo a la construcción de un conjunto de rituales asociados con la domesticidad que era primordialmente femenina (la casa, la lectura, la costura, la relación con los hijos y la familia), y con la idea de que existe una contradicción efectiva entre moralidad y trabajo, en tanto este se realizaba en el espacio público de la fábrica o del taller. La edificación de la idea de domesticidad se realizó de manera análoga y enfrentada a otros rituales, como los de la fraternidad masculina, que se materializaban en el valor que se asignaba al trabajo asalariado, a la presencia en los actos políticos y gremiales, en suma a la legitimidad incuestionable de la presencia de los varones en los espacios públicos y en los ámbitos de sociabilidad como cafés, peluquerías y barberías y también en el ejercicio del sufragio. Una derivación, que solo parcialmente se analiza en este trabajo, pero que es importante cuando se examinan los procesos políticos de construcción de la ciudadanía y de la democracia, es que en el mismo proceso histórico en el que las mujeres se incorporaron al trabajo asalariado y se construyó a la trabajadora como una figura controvertida se dio forma a una democracia exclusiva, en palabras de Geneviève Fraisse, en tanto no enuncia las reglas de exclusión sino que lo hace “por una serie de impedimentos reales e imaginarios, jurídicos y médicos, literarios y filosóficos” (Fraisse, 2003: 54).

III

En cuanto a las condiciones de trabajo, ellas tenían una matriz común de explotación con otros grupos de trabajadores y, aunque cada rama de actividad tiene su especificidad y el desarrollo industrial no es uniforme, el trabajo de las mujeres tiene ciertas características que miradas en el largo plazo dan cuenta de la conformación de un patrón de desigualdad basado en la descalificación y una valoración distinta de sus habilidades y destrezas. Esta afirmación puede sugerir un tono de naturalización de la discriminación de las mujeres pero considerando que su integración al trabajo asalariado se produce con la consolidación de una economía capitalista, lo que el análisis histórico revela es que las mujeres se concentraban en un restringido número de ocupaciones que se asociaban con habilidades consideradas “naturales”.

La naturalización es clave para entender la desigual valoración de las destrezas femeninas y masculinas. Es como un círculo vicioso, las habilidades femeninas son naturales y por eso se consideran inferiores, y esta consideración no se modificaba aunque tuvieran un largo período de entrenamiento para la realización de las labores, generalmente basadas en la velocidad para la ejecución de tareas que requerían buena coordinación motriz, y cumplieran con los requisitos de formación adquiridos en instituciones especiales. La descalificación fue acompañada (y continúa hasta el presente) de un salario inferior y adquirió forma contractual cuando se plasmaron las diferencias en los convenios colectivos de trabajo que, por otra parte, se extendieron regulando las relaciones obrero-patronales desde los años treinta. Pero a pesar de que la diferencia salarial es otro dato inscrito en la larga duración, la distancia entre salarios femeninos y masculinos se acortó durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón. El valor desigual de las habilidades y destrezas que se asignaba a varones y mujeres se expresaba también en el ejercicio del poder, la autoridad en los lugares de trabajo fue ejercida mayoritariamente por los varones.

IV

Este largo proceso de construcción de la diferencia y la desigualdad basada en argumentos asociados con la naturaleza y la biología tuvo un momento de cimentación entre fines del siglo XIX y principios del XX cuando se fueron dando forma a ciertos ideales, roles y atribuciones de género. Como ya he señalado y aunque parezca un lugar común se delinearon los ideales de domesticidad femenina y de producción y poder masculino lo que influyó decisivamente no solo en la identificación de labores y espacios diferenciados para varones y mujeres sino que también favoreció la configuración de ciertas nociones como complementariedad, participación y representación subordinada que dieron forma a una exclusión que se producía cotidianamente. Claro que paralelamente por efecto de múltiples resistencias y confrontaciones, inclusive en el orden de las ideas, se dio otro proceso, el de la inclusión a partir del reconocimiento de ciertos derechos sociales.

Proteger a la obrera madre se convirtió a principios del siglo XX en un imperativo y en una fuerza generadora de consenso entre las clases (las divergencias entre obreros y patrones fueron menores aunque no carecieron de picos de confrontación) y las ideologías (socialistas, liberales, conservadores, comunistas), la excepción fueron los anarquistas quienes se opusieron a cualquier tipo de intervención y regulación estatal con el argumento de que las desigualdades desaparecerían con la eliminación de la explotación. Desde las organizaciones obreras, los partidos políticos de izquierda y el catolicismo social se planteó la necesidad de proteger la maternidad presente y futura a partir del establecimiento de una legislación adecuada. Para ello impulsaron la sanción de leyes y reglamentaciones y desde las agencias estatales, como el Departamento Nacional del Trabajo, se buscó estudiar las diversas situaciones laborales, incluso de las mujeres, y reglamentar y vigilar el cumplimiento de las normas. Se puede afirmar que el conjunto de las investigaciones realizadas en las agencias estatales sobre las condiciones de labor femeninas ayudaron a colocar no solo el problema obrero como importante para el Estado, sino también a diseñar políticas públicas generizadas.

El trabajo femenino extradoméstico y sus condiciones se convirtieron en preocupación para políticos y dirigentes gremiales varones y para las mujeres que, desde la participación en las organizaciones sindicales o desde el movimiento feminista, buscaron realizar cambios sustantivos en las nuevas situaciones que la transformación capitalista generaba. La búsqueda de un salario se consideraba como perjudicial para la sociedad pues era la causa del abandono de las obligaciones familiares. El hogar era su refugio y allí debía estar para hacer posible “que los hombres se ocupen de la política y de dictar leyes”, tal como podía leerse en un libro de lectura que los niños y niñas de la República utilizaban en la escuela primaria en 1920. Además, el trabajo asalariado fuera del hogar era una amenaza para su moral aunque es cierto que también acechaba a las trabajadoras a domicilio que podían sufrir las presiones de los contratistas.

La discusión sobre los problemas que planteaba la integración de las mujeres al trabajo asalariado no implicó la ampliación de las fronteras del debate sobre aquellas labores que garantizaban (y garantizan) la reproducción personal y familiar. En el largo plazo permaneció como un núcleo resistente a sus posibles reconsideraciones y para ello pesaron condicionamientos culturales, económicos y políticos. Algunas mujeres reclamaron pensar el problema y otras utilizaron el ideal de domesticidad para justificar su intervención en el espacio público pero fue insuficiente para horadar esa matriz. Podría recuperarse aquí la imagen de Guitl Kanutzky, activista en el gremio de la confección en la década del treinta, concurriendo con su pequeño hijo a las reuniones sindicales.

Hogar, dulce hogar, las labores en él no se consideraban trabajo eran una misión, por eso en 1958 muchas de nosotras seguíamos aprendiendo nuestras primeras letras con lecturas que enfatizaban el carácter misional del trabajo de fregar, lavar, planchar, cocinar, coser, bordar, tejer, así como la tarea de brindar consuelo a quienes nos rodeaban, además de hacer la vida bella y encantadora, incluso recurriendo a las armas de la seducción que tan perniciosas resultaban cuando eran utilizadas para la propia satisfacción. A cambio de todo esto se nos garantizaba la seguridad brindada por los verdaderos productores: los compañeros varones. En parte, la historia de la seguridad social con el sistema de jubilaciones, pensiones y subsidios familiares se basaba en estos criterios.

Si el debate acerca de quién hace qué cosa en el ámbito doméstico permaneció casi inalterable a lo largo de un siglo de historia, no sucedió lo mismo con las condiciones de trabajo en el hogar. Las mujeres podían modernizar y racionalizar las tareas, hacerlas más llevaderas y eficientes si adquirían mejores conocimientos e incorporaban la tecnología adecuada. La sociedad que se articulaba alrededor de la expansión del consumo, sobre todo a partir del período de entreguerras, hizo de los artefactos, que hoy designamos como electrodomésticos, elementos imprescindibles para las labores hogareñas. Sin embargo, como ya se ha señalado, su difusión no fue uniforme entre las clases, en las distintas regiones del país y en diferentes momentos históricos, pues ellos estaban condicionados por el nivel de ingresos de las familias. La satisfacción de esas nuevas necesidades requería de dinero para realizar las compras y este se obtenía con la entrada al mercado laboral de las mujeres y de otros miembros de la familia, así como fue favorecido por la expansión de los sistemas de crédito y la organización de cooperativas de consumo por parte de algunos grupos de trabajadores (la más conocida es la de los ferroviarios).

V

Las condiciones de trabajo y de vida estuvieron íntimamente relacionadas con los niveles de organización y las formas que adquirió la protesta. Desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX se construyeron diferentes asociaciones gremiales y federaciones sindicales impulsadas por distintas corrientes ideológicas y políticas. Las corrientes de izquierda (anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas) le dieron forma y contenido a esas organizaciones, aunque rápidamente se sumaron los grupos de católicos y, a partir de la década de 1920, los nacionalistas ubicados en el espectro de la derecha política. A todas ellas se sumó el peronismo cuando su líder, Juan Domingo Perón, unió su destino político a las organizaciones obreras.

Las mujeres tuvieron un lugar conflictivo y ambiguo en este proceso de construcción de organizaciones obreras. Al final del siglo XIX y principios del XX se realizaron numerosos esfuerzos, ya sea por militantes mujeres o por sus compañeros varones, para organizar asociaciones constituidas exclusivamente por mujeres. Se consideraba que, aunque compartían la situación de expoliación, las características del género femenino requerían de organizaciones separadas de la de los varones. En esas organizaciones ellas encontrarían el espacio adecuado para discutir, organizarse y hasta decidir los senderos que las conducirían a la acción común con sus hermanos de explotación. Aunque efímeras, como muchas otras organizaciones de trabajadores, los gremios femeninos fueron desapareciendo no solo por las pugnas ideológicas en su seno o por la anemia de las organizaciones. Paralelamente, el sindicato se consolidó como un espacio para la sociabilidad masculina reforzando la idea de que el trabajo masculino es el principal y los espacios públicos son los ámbitos adecuados para su intervención. Allí se reunían los varones de verbo encendido, de predisposición para la acción, dispuestos a enfrentarse con los patrones y las fuerzas de represión, como derivación las mujeres fueron ocupando los márgenes y, en el largo plazo, se consolidó una forma de representación sindical subordinada porque los varones, en nombre del bienestar general de todos, fueron soterrando las demandas específicas de las mujeres asociadas con la existencia de la doble jornada. El proceso que dio lugar a la conformación de estructuras sindicales y al reconocimiento por parte del Estado y de las corporaciones empresarias de su legitimidad creó también una clase profesional de líderes sindicales que estimuló la delegación de facultades en la cúpula sindical que fue totalmente masculina.

Del mismo modo, al comenzar el siglo XX las mujeres participaron activamente en las protestas y hasta organizaron huelgas ellas solas, pero acorde con las prácticas de las organizaciones sindicales estas expresiones de la acción colectiva pronto quedaron subsumidas en formas de protestas indiferenciadas. La participación de mujeres y varones en las huelgas se extendió desde la década de 1880 hasta convertirse en un problema para los patrones y el gobierno que buscaron encausar la conflictividad obrera, cuyos hitos se advierten en la sanción de determinadas leyes y en la conformación de burocracias estatales cuya área de actuación estaba constituida por los problemas laborales. Además, la huelga como forma de acción colectiva se extendió a otros grupos de trabajadores como maestras y artistas que debatieron intensamente la pertinencia de su uso por personas que no se consideraban estrictamente obreros. Lo interesante es que las mujeres se movilizaban no solo en defensa de los intereses gremiales del conjunto de los trabajadores y en el de los más específicos de su género, sino que también se constituyeron en activas defensoras del bienestar del hogar. Las imágenes son multiformes. Mujeres llevando carteles, marchando en manifestación por las calles en diferentes ciudades, amenazantes con sus escobas, en ocasiones desafiantes y en otras temerosas. El ingreso femenino al espacio público era considerado por las fuerzas políticas del arco conservador y el aparato represivo como una intrusión en un terreno inapropiado. Eran niñas caprichosas que con sus conductas alteraban el orden social y moral. Rescato aquí una imagen fotográfica del diario Crítica en la que se ve una mujer cuando es detenida durante el desarrollo de la huelga de la construcción de julio de 1935. Tomada del brazo como una niña malcriada es conducida por la policía mientras ella se tapa la cara, imaginamos que sollozando[4].

Todo este largo proceso dio paso a la conformación de un lenguaje laboral generizado, basado en la contradicción moral/trabajo/espacio público que se constituyó en la materia prima con la que se amalgamó un sentido común que consideró como natural lo que era el resultado de un proceso político cultural y que opuso, diría de manera permanente, a la obrera, o a la trabajadora en un sentido amplio, con el ama de casa. No solo eso, alimentó también la formación de un marco jurídico y de reconocimiento de derechos inscrito en un marco conflictivo de regulaciones. El tema de la maternidad fue clave en ese proceso. La protección de la obrera madre fue tanto un derecho como un deber, aunque en la práctica dio lugar a situaciones de discriminación indirecta o invisible (no se contrataban mujeres jóvenes porque ellas podían convertirse en madres o para determinadas tareas y horarios). Hay algo más, el reconocimiento de derechos para las obreras madres hizo más visibles las desigualdades y asincronías existentes en otros campos. Mientras en 1907 se estableció la ley de protección del trabajo femenino e infantil, una norma que asegurara a las mujeres la plena disponibilidad de sus bienes, aspecto fundamental de los derechos civiles, tuvo que esperar al año 1926 y el derecho a elegir y ser elegidas, que estaba asociado con el sufragio, se estableció en 1947.

VI

Explicar el mundo del trabajo femenino incluye el universo simbólico y el de las representaciones. La representación del trabajo femenino se realizó a través de palabras e imágenes que fueron formando una serie de anillos concéntricos alrededor del núcleo de la pobre obrerita. La palabra que se destaca es la de víctima. Víctima de la explotación capitalista, víctima de la ignorancia que desde la óptica de los trabajadores organizados se traducía en falta de conciencia y organización, víctima de la Iglesia que la alejaba del camino de la revolución, víctima de las ideologías “disolventes” que la desviaban del camino de la piedad y de la moral abnegada. La pintura, la literatura, el cine, la radio, la publicidad, la prensa fueron cada uno de los eslabones de diferentes modos de representar el trabajo femenino. Lo destacable es la persistencia de la imagen de la mujer-víctima cuyo cuerpo se marchitaba como consecuencia de las labores cotidianas fuera del hogar. Representación que a veces entraba en colisión con las fotografías, con las propagandas y con las palabras diseminadas en las publicaciones periódicas de diferente tipo, en particular desde los años veinte, y que rescataban a la “mujer moderna”: ella era al mismo tiempo madre, esposa, ama de casa, amante, mujer independiente, trabajadora, burguesa, obrera, lo que muestra, por otra parte, que las representaciones implican una multiplicidad de definiciones.

La ruptura de la representación de la pobre obrera, víctima, desfigurada por el trabajo vino, aunque parezca contradictorio, de la mano del peronismo cuando la dignificación de los trabajadores se asoció con la belleza femenina exhibida en el ritual del 1º de Mayo. En efecto, la elección de las reinas del trabajo cada año, entre 1948 y 1955, diseminó por efecto de su multiplicación a través del espectáculo político, la imagen del trabajo digno opuesto al trabajo humillante del pasado que deformaba a la mujer e incidía en sus hijos. La figura de la reina del trabajo encarnaba la posibilidad de combinar trabajo y belleza que habían sido considerados como incompatibles en el pasado, en particular en las tradiciones políticas de izquierda. La belleza de la mujer trabajadora fue importante en la formación del lenguaje político cultural del peronismo pues se asociaba a la noción de gracia y armonía entendida como un don natural. Pero como he demostrado, ello no fue acompañado con una modificación radical de la experiencia laboral femenina. Más bien se insertó en el tono ambiguo y contradictorio de la política del primer peronismo que por un lado impulsaba a la acción y a la participación y, por otro, otorgaba renovados sentidos al ideal de la domesticidad.

VII

A lo largo de la primera mitad del siglo XX las mujeres golpearon una y otra vez las puertas de una cultura dominada por los hombres. El trabajo fue una de esas puertas y lo que he tratado de mostrar en este libro fue el proceso histórico por el cual la conformación de una experiencia trabajadora en la Argentina se hizo en el cruce de las situaciones vividas por varones y mujeres, poniendo en permanente tensión (o al menos intentando) una estructura de pensar que, aunque discutida o negada, se mantuvo durante mucho tiempo. Al considerar el trabajo dentro y fuera del hogar he vuelto sobre un viejo tópico de la militancia feminista que no ha sido totalmente superado, aquel que reclamaba que los historiadores del trabajo tenían que prestar atención no solo al trabajo asalariado masculino sino también a las innumerables situaciones que quedaban al margen de esa consideración. Paradójicamente muchos de los debates del presente vuelven una y otra vez sobre las demandas del pasado: poner límites a las incertidumbres y a la precariedad laboral y sobre todo, trabajar sobre la discriminación y la desigualdad para lograr una mayor equidad.

Bibliografía

Batalha, Claudia; Teixeira da Silva, Fernando y Fortes, Alexandre 2004 Culturas de clase (Campinas: Editora da Unicamp).

Fraisse, Geneviève 2003 Los dos gobiernos: la familia y la ciudad (Madrid: Cátedra).

Lobato, Mirta Zaida 2001 La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y conflicto en una comunidad obrera. Berisso, 1904-1970 (Buenos Aires: Prometeo libros/Entrepasados).

Lobato, Mirta Zaida 2003 “De las huelgas a los cortes de ruta: la historiografía sobre la protesta social en Argentina” en Anuario de Estudios Americanos (Sevilla) T. LX, 1.

Lobato, Mirta Zaida y Suriano, Juan 1993 “Trabajadores y movimiento obrero: entre la crisis de los paradigmas y la profesionalización del historiador” en Entrepasados (Buenos Aires) Nº 4/5.

Nash, Mary 1999 “El mundo de las trabajadoras; identidades, cultura de género y espacios de actuación” en Paniagua, Javier; Piqueras; José A. y Sanz, Vicente (eds.) Cultura social y política en el mundo del trabajo (Valencia: Biblioteca Historia Social).

Paniagua, Javier; Piqueras; José A. y Sanz, Vicente (eds.) 1999 Cultura social y política en el mundo del trabajo (Valencia: Biblioteca Historia Social).

Perrot, Michelle 1992 “Haciendo historia: las mujeres en Francia”, en Ramos Escandón, Carmen (comp.) Género e Historia: la historiografía sobre la mujer (México: Instituto Mora).

Quay Hutchinson, Elizabeth 2000 “La historia detrás de las cifras. La evolución del censo chileno y la representación del trabajo femenino, 1895-1930” en Historia 33 (Santiago: Instituto de Historia Universidad Católica de Chile).

Scott, Joan y Tilly, Louise 1984 “El trabajo de la mujer y de la familia en Europa durante el siglo XIX” en Nash, Mary (ed.) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer (Barcelona: Ediciones del Serbal).

Williams, Raymond 1980 Marxismo y literatura (Barcelona: Península).

Zancarini-Fournel, Michelle 1999 “Historia de las mujeres: juego de niveles y construcción social de los discursos” en Paniagua, Javier; Piqueras; José A. y Sanz, Vicente (eds.) Cultura social y política en el mundo del trabajo (Valencia: Biblioteca Historia Social).

1 Cabe recordar algunos nombres de las grandes tiendas además de Gath & Chaves: Tiendas San Juan, A la Ciudad de Méjico, La Piedad, El Siglo y San Martín. Entre los establecimientos especializados se pueden mencionar: Thompson Muebles, La Mondiale y La Tienda Inglesa.

2 Por ejemplo en la segunda mitad del siglo XIX el porcentaje de participación femenina en Gran Bretaña era del orden del 25% (Scott y Tilly, 1984). En Chile el porcentaje de las mujeres en la población económicamente activa pasó del 30,7% en 1854 al 21,8% en 1907 y 12,6% en 1930 (Quay Hutchinson, 2000).

3 Las transformaciones del mundo del trabajo han generado intensos debates sobre los rumbos a seguir en una historia laboral que muestra signos de anquilosamiento. Como ejemplo pueden consultarse Paniagua, Piqueras y Sanz (1999), en particular los artículos de Nash (1999) y Zancarini-Fournel (1999); Batalha, Teixeira da Silva y Fortes (2004); el conjunto de artículos publicados en Historia social Nº 10 (1991), y las versiones nativas de ese debate en Lobato y Suriano (1993) y Lobato (2003).

4 Archivo General de la Nación, Documentos fotográficos, Nº 255.312.

* Lobato, Mirta Zaida 2007 “Introducción” y “Epílogo” en Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960) (Buenos Aires: Edhasa) pp. 13-17 y 321-332.

Transformaciones
en tres temas

Guillermo O’Donnell

Antecedentes teóricos
e históricos para el estudio del
Estado burocrático autoritario

En el Capítulo II comenzaremos el estudio de un caso, el argentino entre junio de 1966 y marzo de 1973. El análisis es hecho desde la perspectiva de la implantación, impactos y colapso de un tipo de Estado, el burocrático-autoritario (en adelante, BA). En el presente capítulo delineo algunos temas que me parecen decisivos como antecedentes mediatos de la implantación de aquel BA, así como de similares emergidos en las décadas del sesenta y el setenta en otros países de América Latina. También definiré aquí los principales conceptos a utilizar en este libro.

En la primera sección presento sucintamente mis ideas sobre el género —Estado capitalista— del cual el BA es un tipo históricamente específico. En la misma sección discuto otros conceptos estrechamente relacionados a aquel: sociedad, nación, pueblo, ciudadanía, clase, régimen y gobierno. Esta es la batería básica de conceptos que se irá desplegando junto con el estudio del caso argentino y sus comparaciones con otros.

En la segunda sección, munidos ya de las definiciones presentadas en la anterior, discuto los procesos, posteriores a la ruptura de la dominación oligárquica, de activación popular —y, en general, de emergencia en la arena política de la temática de lo popular—, así como sus ambiguas relaciones con la problemática de la ciudadanía y la democracia política. En la sección tercera delineo un proceso que en no escasa medida fue coetáneo con el anterior y que colocó fuertes restricciones a la continuada expansión de la presencia popular en nuestros países: la transnacionalización de economía y sociedad operada entonces.

De la confluencia de los procesos presentados en la segunda y tercera sección se fue conformando una crisis económica que, aunque con diversos niveles de gravedad, fue un crucial antecedente de la implantación de los BA. La cuarta sección contiene una discusión genérica de dicha crisis, que retomaremos con más detalle al entrar al caso argentino. Pero esa crisis es también una profunda crisis política. En la quinta sección discuto, también de manera genérica que será especificada mediante el examen del caso argentino, diversos tipos de crisis política y social. Ello permite, en la misma sección, ubicar los tipos de crisis que preceden, con diversos grados de intensidad, la implantación de los BA. La confluencia de aquellas crisis, así como las particulares características que ellas asumieron en estos casos, permiten entonces entender al BA como resultado de la atemorizada reacción de la burguesía (y sus aliados internos y externos) frente a un proceso acaecido en sociedades dependientes pero extensamente industrializadas que, impulsado por una creciente activación popular, parece amenazar (aunque con diversos grados de inminencia de caso a caso) los parámetros capitalistas y las afiliaciones internacionales de estos países.

En la sexta y última sección el camino recorrido desemboca en el enunciado de los atributos que definen al BA y lo distinguen de otras formas políticas autoritarias. A partir de allí quedamos en condiciones de emprender el estudio del caso argentino. A lo largo del mismo, basándome en el material que esa historia ofrece, volveré sobre las reflexiones teóricas y comparativas que debo presentar aquí de manera sucinta y preliminar.

Sobre el Estado capitalista y temas conexos

El Estado BA es un tipo de Estado de una sociedad capitalista. Por eso, antes de entrar a lo que es el BA, tenemos que precisar un poco el género —Estado capitalista— del cual es un tipo. La indagación sobre este tema, como veremos, nos conduce a la de otros, que delineo en los acápites de esta sección.

Estado y aparato estatal[1]

El entramado fundamental (aunque no único) de una sociedad capitalista, y lo que la caracteriza como tal sociedad capitalista, son sus relaciones de producción. Estas son relaciones desiguales y, últimamente, contradictorias, establecidas en una fundamental célula de la sociedad: el proceso y lugar de trabajo. Según la concepción que iremos desplegando, el Estado es, originaria y constitutivamente, una parte o, más propiamente, un aspecto de dicha relación social. En efecto, aunque la relación social capitalista aparece ante la conciencia ordinaria como puramente económica, un examen más atento muestra que también está constituida por otros aspectos. Uno de ellos es la garantía coactiva que dicha relación contiene para su vigencia y reproducción. El Estado es el aspecto de dicha relación que pone esa garantía. Pero, aunque esa garantía coactiva sea fundamental, el Estado no es solo eso. También es organizador de las relaciones capitalistas, en el sentido que tiende a articular y acolchar las relaciones entre clases y prestar cruciales elementos para la habitual reproducción de dichas relaciones.

Entonces, el Estado capitalista es garante y organizador de las relaciones sociales capitalistas y, por lo tanto, de la dominación que ellas concretan. Esto implica que el Estado no es garante de la burguesía, sino del conjunto de la relación que establece a esta clase como clase dominante. No es, por lo tanto, un Estado de la burguesía: es un Estado capitalista, lo cual no es exactamente lo mismo. Esto entraña que, en tanto el Estado garantiza y organiza la vigencia de —principalmente— las relaciones sociales capitalistas, es garante y organizador de las clases que se enlazan en esa relación. Esto incluye a las clases dominadas, aunque su garantía de estas sea en el sentido de reponerlas, o reproducirlas, como tales clases dominadas. Esto tiene algunas consecuencias importantes. Una de ellas es que, no pocas veces, el interés general de reproducción de dichas relaciones (y, por lo tanto, de las clases por ellas vinculadas) lleva al aparato estatal a desempeñar un papel custodia respecto de las clases dominadas, incluso en contra de demandas de la burguesía. El interés general de clase de la burguesía en su conjunto implica, necesariamente, que se acote la racionalidad microeconómica de cada uno de sus miembros, ya que de otra manera estos tenderían a acentuar cada vez más las condiciones de explotación. En el límite, una simple agregación de esas racionalidades individuales llevaría o bien a la desaparición de la clase dominada por una explotación excesiva o bien a su reconocimiento del carácter explotativo y antagónico de las relaciones que la ligan a la clase dominante, o a alguna combinación de aproximaciones a una y otra situación. La primera posibilidad entrañaría la desaparición de la burguesía, debido a la eliminación de la clase dominada y, por lo tanto, de la relación social que hace tal a la burguesía. La segunda conduciría a una generalizada impugnación de dichas relaciones (y de la dominación que se asienta en ellas), desde que se habría evaporado la percepción habitual —sustento de la dominación ideológica— de dichas relaciones como puramente económicas, libremente consentidas y no explotativas. He dicho que el Estado no es solo el garante coactivo sino también el organizador de las relaciones sociales capitalistas, porque es el momento que limita y, en diversos sentidos dirige, el interés individual de los miembros de la burguesía hacia lo que, al acolchonar las condiciones de explotación y su posible develamiento ideológico, es el interés general y de largo plazo de la burguesía en tanto clase: la reproducción de las relaciones sociales que la constituyen, precisamente, en tal clase dominante.

Por lo tanto, el Estado es parte, intrínseca y originaria, de las relaciones sociales fundamentales de una sociedad capitalista, no solo como garantía coactiva sino también como organizador de las mismas. Adviértase que hasta este momento he hablado en un plano analítico. Así delineado, el Estado es un concepto del mismo nivel que el de clase o el de relación social capitalista. Uno no ve, digamos, ni a “la burguesía” ni a “el Estado”. Pero en un nivel concreto (es decir, no analítico) esas categorías se objetivan, o cristalizan, en actores o sujetos sociales; entre otros, en las instituciones o aparato estatal.

Argumenté que el Estado capitalista es, primaria y constitutivamente, un aspecto (que debe ser captado analítica, no concretamente) de las relaciones sociales capitalistas. En este sentido fundamental el Estado es parte de la sociedad o, dicho de otra manera, esta última es la categoría más originaria y englobante. Pero en el párrafo anterior agregué que, en términos de los sujetos sociales concretos que son portadores de esas (y otras) relaciones, el Estado es también (aunque, insistamos, derivadamente) un conjunto de aparatos o instituciones. Dentro de esta perspectiva teórica la mercancía es un momento objetivado del proceso global de producción y circulación del capital. Pero esta objetivación se convierte en apariencia engañosa si no vemos que, antes de ella y dándole su sentido, se encuentran las relaciones de producción; por eso, el análisis que comienza por la mercancía solo puede arañar la superficie de la realidad social que interesaría desentrañar para, incluso, conocer adecuadamente el momento de la mercancía. Lo mismo ocurre con el Estado, del cual sus instituciones son un momento objetivado del proceso global de producción y circulación del poder. Lo mismo que la mercancía, dichas instituciones son de enorme importancia y de ellas derivan cruciales efectos propios. Pero también entrañan el riesgo de que las confundamos con “todo el Estado” y, por lo tanto, perdamos de vista su fundamento profundo y originario en el seno mismo de las relaciones capitalistas (y, por lo tanto, de la sociedad).

La conciencia ordinaria —no crítica— cree ver en las instituciones estatales el alfa y omega. Con ello queda apresada tanto por la objetivación del capital en mercancías como por la objetivación del Estado en sus instituciones. La consecuencia de no captar la realidad profunda de uno y otro fenómeno es no percibirlos como, respectivamente, explotación y dominación. En otras palabras, la limitación de la conciencia ordinaria a la apariencia concreta —fetichizada— del capital y del Estado, es el principal manto con que la dominación de clase (y, dentro de ella, el Estado) se recubre ideológicamente. La apariencia fetichizada del Estado-aparato frente a los sujetos sociales le hace aparecer como un tercero externo a las relaciones sociales fundamentales entre aquellos sujetos, a pesar de que, como hemos visto, el Estado es constitutivamente parte de dichas relaciones. Esa apariencia de externalidad sustenta la posibilidad del Estado de constituirse en organizador de la sociedad capitalista o, lo que es equivalente, en organizador de la dominación de la burguesía. Es sobre esta base que el aparato estatal se proclama —y suele ser habitualmente creído— custodio y agente del interés general. Pero esto, como todo lo que estamos viendo (de allí la intrínseca dificultad del tema) contiene un lado de verdad que es, por otra parte, el ocultamiento de su lado de falsedad. En efecto, el Estado —ya lo hemos visto— es agente de un interés general pero parcializado; esto es, del interés general (incluso contra voliciones de la clase dominante) de vigencia y reproducción de ciertas relaciones sociales. No es, como se proclama y se suele creer, agente de un interés general realmente común e imparcial respecto de las posiciones sociales de los sujetos sociales.

Nación

El interés general a que está referido el Estado es un interés de clase, que —por eso mismo— incluye un papel custodial en la reproducción de la clase dominada en tanto dominada. Pero el discurso desde el aparato estatal, se postula servidor de un interés general indiferenciado: no el de las clases en la sociedad, sino el de la nación. La nación es el arco englobante de solidaridades que postula la homogeneidad de un “nosotros” frente al “ellos” de otras naciones. Por otro lado, la efectividad de la garantía coactiva del Estado requiere supremacía en el control de los medios de coacción. Esta supremacía queda delimitada territorialmente; es adentro de esa delimitación que tiende a constituirse, por su propia dinámica y como consecuencia de reiteradas invocaciones desde el aparato estatal, el arco de solidaridades de la nación. Por eso el Estado es, o tiende siempre a ser, un Estado nacional: su territorialidad es el ámbito de su supremacía coactiva y los sujetos sociales —en tanto nación— son el referente aludido por el aparato estatal en su postulación de servir un interés general.

Pueblo y clase

Por añadidura, el papel custodial del Estado hacia las clases dominadas puede llevar al reconocimiento de otra entidad: el pueblo. Esto es, la subcomunidad adentro de la nación, constituida por los menos favorecidos, a los que razones de justicia sustantiva llevan a atender específicamente. Los pobres, los más débiles que son el pueblo, en ciertas coyunturas (algunas de las cuales estudiaremos) pueden ser canal de explosiva reivindicación de justicia sustantiva contra el Estado y el pacto de dominación (Cardoso, 1977) que aquel garantiza y organiza. Pueden ser también canal de develamiento de identidades de sus miembros no solo en tanto tales sino también en tanto clases dominadas y, por esta vía, de impugnaciones que apuntan al corazón mismo de la dominación en la sociedad —las relaciones sociales que los constituyen en tales clases dominadas—. Pero la misma categoría de lo popular puede, en otras circunstancias, ocluir estos develamientos y convertirse fundamentalmente en instrumento de reacomodación de relaciones entre las clases dominantes[2].

Si lo señalado sugiere la inherente ambigüedad de la categoría pueblo, la sociedad capitalista tiende a generar otra categoría no más unívoca. De la misma forma que en la esfera fetichizada de la circulación del capital —el mercado, la mercancía y el dinero— cada sujeto social aparece como abstractamente igual y libre, el ciudadano es otro momento de igualdad abstracta. En el “mercado político”, la formalización de relaciones que genera (y en la que sustenta su viabilidad ideológica) la sociedad capitalista, queda presupuesto que el fundamento del derecho de las instituciones estatales a mandar, y a coaccionar, es la libre voluntad abstracta e igual, de los miembros-de-la-nación-en-tanto-ciudadanos. Lo mismo que las anteriores, esta categoría es una transmutación parcial del subyacente constitutivo de todas ellas, la sociedad. Pero, igual que las otras, sus faces conjuntas de verdad y falsedad tienen fundamentales consecuencias. La figura del ciudadano igual a todos los demás con abstracción de su posición en la sociedad es falsa en diversos sentidos, pero su lado de verdad es la razón de que la forma menos imperfecta de organización política del Estado capitalista sea un régimen de democracia política (no social ni económica). En ella quienes mandan dicen hacerlo (y suelen ser creídos) porque así los han autorizado ciudadanos (abstractamente) libres e iguales, quienes, además, tienen en principio derecho a protección y reparación frente a acciones arbitrarias del aparato estatal y de otros sujetos sociales. Pero la democracia política contiene ambigüedades similares a las que hemos detectado en las restantes categorías. En efecto, si bien por un lado suele ser un óptimo encubrimiento de la dominación de clase y de la inherente vinculación del Estado con esa dominación, por el otro contiene mecanismos y posibilidades que, al dar lugar para diversas acciones de las clases dominadas, permiten el logro de intereses y demandas objetivas y subjetivamente importantes para aquellas clases. Asimismo, en ciertas coyunturas, tales mecanismos y posibilidades pueden llevar a hacer tambalear esa misma dominación de clase. Nada es unívoco ni, en sus impactos de largo plazo, predeterminable a priori; esto depende de circunstancias específicas que deben ser detectadas y evaluadas en el curso de la historia.

Recapitulando tenemos, primero y fundamentalmente, la sociedad, y dentro de ella, como su corazón —en toda sociedad en la que el capitalismo ha llegado a ser predominante—, las relaciones capitalistas de producción. Este es el nivel celular de la dominación de clase. Dentro de esas relaciones y, por lo tanto, dentro de la sociedad en su nivel celular, tenemos también el Estado como aspecto, analíticamente detectable, de garantía y organización de esas relaciones. Luego, derivadamente, las objetivaciones de esas relaciones en sujetos sociales concretos, incluso el aparato estatal. Finalmente, como otras emanaciones de la sociedad, parciales pero fundamentales (tanto por su presencia como por su ausencia, como veremos), la nación, la ciudadanía y el pueblo. Por otro lado, subyaciendo a ellas como principal modo de articulación de la sociedad, las clases[3].

Gobierno y régimen

Debemos ahora precisar otras dos categorías: régimen y gobierno. Entiendo por régimen al conjunto de patrones realmente vigentes (no necesariamente consagrados jurídica o formalmente) que establecen las modalidades de reclutamiento y acceso a los roles gubernamentales, así como los criterios de representación en base a los cuales se formulan expectativas de acceso a dichos roles[4]. Dichos criterios pueden ser los presupuestos por la teoría democrática clásica (ciudadanos y partidos), y/o articulaciones de intereses de la sociedad civil (por ejemplo, representación corporativa), y/o instituciones estatales (por ejemplo, las Fuerzas Armadas), que abren acceso a los roles formalmente superiores del aparato estatal[5]. El conjunto de esos roles es el gobierno, desde donde se movilizan, directamente o por delegación a escalones inferiores en la jerarquía burocrática, en apoyo de órdenes y disuasiones, los recursos controlados por el aparato estatal, incluso su supremacía coactiva. Se pueden resumir las definiciones de gobierno y régimen diciendo que el primero es la cumbre del aparato estatal, y que el régimen es el trazado de las rutas que conducen a esa cumbre.

* * *

Con este bagaje podemos comenzar el estudio de algunos procesos que tuvieron decisiva incidencia en la implantación del Estado BA en varios países de América Latina. No se encontrará aquí una explicación puntual de la emergencia del BA argentino de 1966[6], sino la explicitación de algunos temas centrales para entender esa emergencia y la dinámica posterior a la misma.

Pueblo en América Latina

Pueblo

En América Latina la formación de identidades colectivas a nivel nacional, por parte de vastos sectores hasta entonces marginados, se hizo mucho más como pueblo que como ciudadanía[7]. Más tarde o más temprano —no solo mediante los llamados populismos[8]—, diversos sectores apartados de toda participación (salvo como elementos subordinados en sistemas clientelísticos) irrumpieron como pueblo. Esto implicaba hacerse reconocer como miembros de la nación a través de demandas de justicia sustantiva planteadas no en tanto clases sino como pobres, como postergados que, además, encarnaban a lo más auténticamente nacional. En esto jugaron un papel subordinado a otros actores, sobre todo fracciones de la burguesía urbana y algunos sectores medios. Su emergencia fue parte y consecuencia de una alianza que proponía como adversarios a las capas más atrasadas de las clases dominantes (la oligarquía en sus diversas variantes) y los segmentos del capital transnacional ligados a la exportación de productos primarios. Desde la imagen de Getúlio Vargas como pai do povo, hasta el discurso más movilizador de Eva Perón[9] estaban allí “los pobres”, haciéndose pueblo y miembros de la nación en el entrecruzamiento de las interpelaciones que así los definían[10] con un movimiento más amplio apuntado a liquidar el Estado oligárquico. Constituirse en miembros de la nación a partir de reconocerse como pueblo, entrañaba tender un arco solidarizante entre clases y sectores colocados como adversarios del viejo sistema de dominación. Estos fueron movimientos nacional-populares, que definían a un “nosotros” que pretendía abarcar —y por momentos lo logró— desde las clases subordinadas hasta buena parte de una burguesía urbana que parecía capaz de jugar un dinámico papel en el “desarrollo”. El arcaísmo de la oligarquía y la evidente alteridad del capital transnacional ligado a la exportación de productos primarios, daban el blanco contra el que se definía la identidad colectiva de lo nacional-popular[11].

¿Qué sentido tiene afirmar que en América Latina las identidades colectivas de la mayoría se forjaron más como pueblo que como ciudadanía? En primer lugar, esto nos remite a la textura de la sociedad, en la que la emergencia del pueblo en tanto actor —subordinado, pero actor— en la escena política se dio juntamente con una gran expansión de las relaciones capitalistas, la industrialización y la urbanización. Se ha señalado muchas veces esta superposición del tiempo histórico en nuestros países, en contraste con los ritmos más largos y secuenciales de los del centro. Aun en casos de homogeneidad intranacional relativamente alta como los de Argentina, Uruguay y (en menor grado) Chile, esa superposición entrañó que las significaciones implicadas por la ciudadanía no tuvieron —ni en las experiencias de las clases dominadas ni en la carencia de una plena textura capitalista de la sociedad[12]— posibilidad de anclarse en las identidades que se iban elaborando en medio de aquellos grandes cambios sociales. En las invocaciones desde los liderazgos populistas, y las consiguientes identificaciones de los sectores recientemente incorporados a la arena política nacional, no hubo, entonces, un sentido predominante de aquellos como ciudadanos. Lo que sobresalió fue la invocación de lo popular como fundamento de demandas de justicia sustantiva que un Estado tutelar habría de atender, así como la autoafirmación nacional-popular frente a la oligarquía y a lo extranjero entrevisto en el anterior sistema de dominación. En un primer momento esto coincidió con una fuerte expansión de la economía urbana, que parecía demostrar que el aparato estatal se ocupaba efectivamente de los intereses del pueblo y que, además, parecía sugerir que las demandas pendientes no tardarían en ser atendidas. Más o menos plena y brevemente según cada país, en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial el Estado apareció como un Estado nacional y popular. Esto se relacionó con que los discursos políticos, desde e] gobierno y/o desde importantes partidos y movimientos, se dirigieran a quienes hasta entonces habían sido vistos, desde el Estado y las clases dominantes, como masas silentes sujetas a ocasionales explosiones, Ahora se los interpelaba y se reconocían como pueblo que, además de experimentar mejoras en su situación material, era invitado a la celebración de lo nacional en las decisiones y ceremonias que simbolizaban la derrota del adversario: la oligarquía y el capital transnacional.

Ciudadanía y democracia política

Con la parcial excepción de Chile, lo que al mismo tiempo ocurrió con la ciudadanía marcó un fuerte contraste. Antes de la expansión de lo popular, aquella estaba lejos de ser vigencia plena, en parte por las restricciones impuestas por la dominación oligárquica, en parte porque —como ya he sugerido— aquella presupone una sociedad extensamente capitalista que genera otros planos de igualdad abstracta —en particular, la de sujetos formalmente iguales en el mercado de compra-venta de fuerza de trabajo—. Además, en el período de eclosión de lo popular, la ciudadanía quedó ligada al debate sobre las formas oligárquicas de la democracia política, restringida y trampeada, que había sido y seguía pareciendo un eficaz mecanismo de contención de la eclosión popular. El voto, entonces, fue fundamentalmente ratificación de los procesos que constituían a la nación como pueblo, mucho más que actualización de la ciudadanía[13]. Por eso la “defensa de la democracia” por parte de los sectores cuya dominación estaba siendo desplazada, así como de los que ya no querían que se avanzara más, parecía colocar al debate sobre la democracia como una de las tretas con que se trataba de abortar la eclosión popular y paralizar los liderazgos que la impulsaban. Esa postura democrática de clases a la defensiva era notoriamente ambigua, porque ellas expresaban de mil maneras sus temores ante el enorme arrastre electoral con que contaban quienes invocaban a lo popular. En tanto, entonces, para unos los mecanismos de la democracia política solo parecían trabar la eclosión popular y, para otros, levantaban el fantasma de toparse con mayorías electorales adversas, la cuestión de la democracia recorrió el período sin que los primeros quisieran ni los segundos pudieran apropiarse de ella. Paralelamente, su correlato —la ciudadanía— se imbricó en la textura de la sociedad, quedando para unos como identidad secundaria respecto de su constitución en lo nacional-popular y, para otros, como temible canal que a través del voto podía impulsar aún más un proceso que había que detener —a pesar de que quienes así sentían eran los mismos que seguían declamando la democracia contra las inclinaciones “despóticas” de los liderazgos populares—. Así, cuando caducaron los autoritarismos y las restrictivas democracias del período oligárquico, el proceso que se lanzó tendió a escindir, en la experiencia histórica de las clases dominadas y en los términos en que se planteó uno de los principales ejes de la lucha ideológica, la identificación en tanto pueblo con las categorías de ciudadanía y democracia política[14].

Las eclosiones populares no fueron movimientos de clase, en el sentido de que las clases subordinadas pudieran plantearse metas autónomas y orientar la dirección general del proceso. Antes bien, se canalizaron hacia una recomposición de las clases dominantes que preparó el lugar para que su franja superior fuera ocupada por los nuevos apéndices del centro capitalista mundial. En algunos casos (México y Argentina, cada uno a su manera y en sus respectivos tiempos) la emergencia popular-nacional ya estaba exangüe cuando se produjo el gran salto hacia la transnacionalización de la estructura productiva urbana. En otros (Brasil y Chile, también cada uno a su manera) ambos procesos se superpusieron en el tiempo. Pero en todos los casos el proceso condujo a una reacomodación de las clases dominantes, a una veloz expansión del capitalismo y a una fuerte transnacionalización de la estructura productiva. Que esa recomposición de las clases dominantes marcara los límites de un proceso que sin embargo colocaba en la arena política a vastos sectores populares, permite entender que el Estado no pudiera aportar ni una articulación más o menos fácil entre aquellas ni una hegemonía sobre las clases subordinadas. El “Estado de compromiso”[15] fue viable mientras lo popular como principal contenido de la nación[16] no encontró, en sus demandas de justicia sustantiva, límites en las modalidades en que tendía a expandirse una economía que, más o menos simultáneamente, se transnacionalizó profundamente. Los intentos de gobiernos y partidos por resolver la incongruencia entre esa presencia popular, por una parte, y dichos límites, por la otra, apareció entonces como “demagogia”, como “prematuro distribucionismo”, como suma de “ineficiencias” y como agobiante expansión de un aparato estatal que, mejor o peor, pretendía seguir tutelando al pueblo.

Debido a esto, antes de que se adoptaran “soluciones” desembozadamente autoritarias, muchos sectores, cualquiera que hubiera sido su posición hacía poco, buscaron caminos que implicaban escindir a la nación de lo popular y anclarla en algún otro referente. Esto ocurrió en una situación que poco había avanzado en la instauración de la ciudadanía y que contenía a un pueblo que, aunque parcial y subordinadamente, había superado su anterior marginación política. Esta presencia, aunque se desconociera a sí misma como clase y cada vez tuviera menos espacio económico para concretarse como justicia sustantiva, entrañaba siempre la posibilidad, percibida como crecientemente peligrosa, de invocarla “demagógicamente”. Para las clases dominantes —nuevas y viejas— esto fue convirtiéndose en el nudo gordiano que había que cortar[17].

Dependencia y desborde transnacionalizante
de la sociedad

Las teorizaciones sobre el Estado han dado por supuesta la coextensividad de este con la sociedad y la nación. Esto es, no se ha problematizado si las “fronteras” de Estado, sociedad y nación pudieran o no coincidir. Esta ha sido la visión desde el centro del capitalismo mundial, donde el Estado pudo ser visto como engarce entre el sistema de dominación social y las relaciones capitalistas de producción, por una parte, y el arco englobante de la nación, por la otra. No es casual que esta visión haya sido cuestionada desde la periferia, sobre todo en los estudios de la dependencia. Ellos han planteado la no coextensividad de la sociedad con la nación[18], pero pocas veces se ha ligado explícitamente esto con la trilogía Estado-sociedad-nación[19].

Después de la Segunda Guerra Mundial nuestros países conservaron sus vinculaciones con el mercado mundial a través de exportaciones de productos primarios, pero estas actividades quedaron subordinadas —en la dinámica de la acumulación de capital y en el peso relativo de las respectivas clases— a la expansión de las empresas transnacionales (en adelante ETs)[20]. Ellas son dinámicas impulsoras de la transnacionalización del capital, el que, como consecuencia de ese patrón, acentuó sus características oligopólicas, a nivel mundial y dentro de cada mercado. Ya no se trató, como antes (aunque no la anulara), de la extracción en la periferia de materiales cuyo ámbito de circulación son los países centrales. La novedad fue que los mercados internos de los capitalismos periféricos pasaron a ser ámbito directo de acumulación de capital para las ETs. Esos trasplantes del capital transnacional se convirtieron en las unidades económicas más dinámicas y rentables de los países en que se insertaron. Saltando barreras aduaneras y cambiarias, convirtiéndose así en productoras directas en y para los mercados de la periferia, las ETs se adaptaron, a partir de la crisis del 30 y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, a políticas proteccionistas que implicaban la parcelación de mercados por los Estados nacionales. Con ello avanzó la transnacionalización del capital, no solo mediante la expansión global de las ETs sino también debido a los cambios que provocó en el comercio y en el sistema financiero internacionales. El resultado para los países recipiendarios (sobre todo los de mayor mercado interno, que lo fueron en mucho mayor medida que los restantes, debido a la lógica de una expansión que ahora se interesaba en la periferia como ámbito directo de la acumulación), fue que en pocos años el eje dinámico de su crecimiento económico (sobre todo en industria y en servicios no tradicionales) se había desplazado hacia las filiales de ETs.

De esto resultó una sociedad capitalista cuyas características la definen como un original producto histórico. Es un capitalismo dependiente, porque su funcionamiento “normal”[21] entraña un decisivo papel del capital transnacional y porque la acumulación en su mercado no cierra allí sino que es un grifo abierto hacia los grandes centros del capitalismo mundial. Pero —aunque tardío y dependiente— es también un capitalismo extensamente industrializado, tanto debido al fuerte peso de la industria como por el alto grado en que esta determina las características y modalidades de articulación del conjunto de las clases. Pero, aunque extensamente industrializada, es una sociedad marcada por agudos desequilibrios. Baste señalar[22] que: 1) produce pocos de los bienes de capital y de la tecnología que utiliza; 2) buena parte de los servicios de generación, transmisión y procesamiento de información tampoco es producida localmente; 3) su balanza de pagos tiende a ser negativa, aunque pueda ser positivo el saldo de su balanza comercial; 4) cuenta, cuanto más, con el embrión de un mercado interno de capitales; 5) la distribución de recursos (no solo económicos) es significativamente más desigual que la de los capitalismos centrales; 6) a pesar de lo cual la oferta de bienes y servicios tiende a imitar la de aquellos, y 7) buena parte de sus unidades económicas privadas de mayor tamaño y tasa de crecimiento son filiales de ETs.

Estas características pueden resumirse diciendo que si bien la estructura productiva de estas sociedades es diferenciada y compleja, es también desequilibrada e incompleta, en el sentido que su integración vertical es limitada, sobre todo, por la escasa producción interna de bienes de capital complejos y de tecnología. A lo cual hay que agregar que buena parte de sus actores más dinámicos de capital privado son filiales de ETs o firmas de capital nacional que se hallan íntimamente ligadas, por diversos mecanismos, al capital transnacional. Lo dicho basta para anotar que estas economías no son, ni en sus características ni en los problemas que típicamente deben afrontar, iguales a la de los países capitalistas centrales —que lo son, precisamente, porque su estructura productiva está más verticalmente integrada y porque las unidades económicas allí originadas, actuantes en cualquier parte del mundo, cierran y deciden estratégicamente en aquellos centros su acumulación de capital[23]—. Esto también señala las diferencias de las sociedades que aquí estudiamos con otras, más cercanas a las imágenes arquetípicas del “subdesarrollo”, que tienen un nivel significativamente menor de complejidad de la estructura productiva y, en particular, de extensión de la industria.

De lo señalado ha resultado una estructura productiva (y una sociedad) profundamente transnacionalizada. No se trata solo de que muchos de sus actores económicos más dinámicos y rentables sean filiales de ETs. El proceso que ha llevado a esta introyección del capital transnacional como productor directo en y para sus mercados ha sido un típico fenómeno de recreación, destrucción y subordinación del conjunto de la sociedad. Y esto en varios sentidos. En primer lugar, la inserción del capital transnacional en la economía urbana, montándose en la ola de los esfuerzos industrializantes de los períodos populistas, desplazó la anterior supremacía de las actividades primarias-exportadoras y de las clases ligadas a ellas. En segundo lugar, provocó una profunda recomposición de la burguesía. Lo que ocurrió no fue la captura de una estructura productiva ya existente (aunque en sus formas más parasitarias lo hiciera) sino la creación ex novo de ramas y actividades industriales y comerciales y de servicios. Ante ello buena parte de la burguesía urbana preexistente —en su abrumadora mayoría nacional, en lo que respecta al origen de su capital y a la ubicación de sus centros de decisiones— quedó arrinconada en ramas más tradicionales, de crecimiento más lento, menos capital y tecnología intensivas, y sujetas a condiciones más competitivas. Algunas de esas empresas se sumaron a otras nuevas de capital nacional, para colocarse en los eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante[24] de las actividades de las filiales. Ya sea, hacia atrás, como proveedoras de insumos, partes o servicios, o hacia adelante, como comercializadoras de productos de las filiales o adquirentes de sus insumos para elaboración final, esas empresas nacionales son parte subordinadas de sistemas de poder (no solo económico) controlados por las filiales respecto de las cuales se eslabonan[25]. Estas suelen ser oligopolios u oligopsonios que controlan la tecnología del proceso y suelen hallarse en condiciones de gobernar las modalidades de acumulación de capital de sus subordinadas. El grado en que esas empresas eslabonadas siguen siendo “nacionales”, más allá de un punto de vista formal, es dudoso si se considera que están insertas en la red de relaciones económicas tendida por las filiales de ETs para promover su propia acumulación de capital. Por lo menos, dichas empresas no son el ámbito institucional de una burguesía independiente, rectora de su acumulación, de la tecnología que utiliza y de las relaciones sociales —salvo las internas a cada empresa— que entabla. Otro efecto de transnacionalización es el que deriva de las empresas que han logrado competir exitosamente con las filiales y /o que han podido expandirse dinámicamente en las ramas tradicionales: las empresas locales más exitosas en este sentido suelen ser las más transnacionalizadas. Esto es, las que han podido expandirse vigorosamente afuera de la red de eslabonamientos directos de las filiales son las que, para ello, más han debido “modernizarse” en un doble sentido. Uno, imitando el tipo de oferta de bienes, de comercialización y de publicidad de las filiales —con lo cual aunque nacionales—, extienden aún más el perfil transnacionalizado de producción y oferta de bienes y servicios. Otro vinculándose con otros segmentos del capital transnacional mediante adquisición de equipos, contratos de provisión de tecnología, usos de marcas y diversos servicios que las convierten en réplicas de aquellas filiales[26]. De manera que se ha generado[27] una estructura y un “estilo de desarrollo” que, tanto a través de las filiales de ETs, como de las empresas a ellas eslabonadas, como de las fracciones de capital nacional que han logrado expandirse dinámicamente, imita al de los centros del capitalismo mundial. Dado esto, es elemental que la tecnología en uso sea la que corresponda a, e impulsa, el patrón de crecimiento del centro, y que la estructura productiva de la periferia, aun de la extensamente industrializada, siga descabezada de esa tecnología y de los bienes de capital que la corporizan —y que cuando logra avanzar en este plano, el ingenio local tienda a reproducir tardíamente la tecnología del centro, o a adaptar, creativamente pero adaptar[28], las innovaciones del centro a las condiciones locales de producción y mercado—. También es elemental que lo que se siente como “necesidad” obedezca a esta determinación social. Esto es, acceder a un consumo cuyo epítome es el devorador de nuevos productos. La estructura productiva y el circuito subyacente del capital se flexionan entonces hacia la réplica del centro mundial, ratificando a las ETs como conductoras y principales beneficiarias de la transnacionalización del capital.

Pero esta tensión hacia la réplica ocurre en una sociedad que difiere sustancialmente de las que originaron el modelo ejemplar. Ya anoté algunas características, suficientes para que ese flexionamiento imitativo se inserte en, y plasme, una sociedad muy diferente de las del centro. Además, si bien no pocas de las demandas de justicia sustantiva atrás de la afirmación de lo popular reflejan “necesidades” socialmente inducidas por este patrón de “desarrollo”, ellas también son parte de una presencia popular frente a la cual no solo no pudo constituirse una hegemonía burguesa sino también, como veremos, tuvo, con la implantación del Estado BA, que retroceder aún más en sus posibilidades de ser lograda. Dichas demandas son, por ello, por una parte ratificación del flexionamiento imitativo y transnacionalizante de la estructura productiva y, por la otra, un continuo rebotar contra los límites de esa estructura, que tiende a agudizar las desigualdades —relativas y absolutas— preexistentes.

Hay otro punto, cercanamente conectado al anterior, sobre el que quiero insistir. Si bien las fronteras reales de la sociedad en la era de exportación de productos primarios ya eran mucho más borrosas que en los capitalismos centrales, a partir de la introyección del capital transnacional en la estructura productiva urbana fue claro que la sociedad se había estirado bastante más allá de lo que supuestamente demarcaba el respectivo Estado. La franja superior de esta burguesía contiene numerosos centros de decisión que no pueden sino hallarse afuera del territorio que el Estado pretende acotar. Esto es así, porque la inserción en estos mercados es función de un proceso de acumulación a nivel transnacional que para poder cumplirse ha llevado, precisamente, a instalar las filiales de ETs como productoras directas en ellos. Esta es, a su vez, una de las modalidades del proceso más amplio de transnacionalización del capital[29]. De esta manera la sociedad, en sus franjas más dinámicas y económicamente poderosas, ha desbordado al Estado, desde cuyas instituciones se puede negociar algunas de sus modalidades de inserción en la economía mundial —pero no el papel que dichas franjas cumplen como cruciales palancas de la transnacionalización del capital—. Esta presencia ostensible y dinámica de lo ajeno (en el sentido de lo no-nacional) ocurre, sin embargo, en el ámbito de un Estado que no puede dejar de presentarse como un Estado nacional; es decir, como la delimitación de un “nosotros” frente a un “ellos” que, sin embargo, ahora aparece introyectado, nada menos que como parte de la franja superior de la propia burguesía.

De lo dicho en la primera sección se desprende el sesgo sistemático del Estado (como aspecto de una relación social y como aparato) hacia la reproducción de la sociedad como, fundamentalmente, un plexo de relaciones sociales capitalistas y, por lo tanto, de la dominación de clase que resulta de ellas. Ese sesgo tiende a velarse cuando el Estado, aparece como Estado-para-la-nación. Pero esta apariencia se vuelve más tenue cuando la sociedad se estira hasta incluir como franja superior de la burguesía a los mencionados segmentos del capital transnacional. El Estado, entonces, por imperio de ese desborde de la sociedad, no puede ya abarcar dentro de su ámbito a buena parte de los actores económicamente más dinámicos ni de las relaciones sociales —no solo económicas— que ellos irradian[30]. Por la misma razón, el Estado pierde verosimilitud como síntesis activa de la nación. Esto ahonda un hiato que es específico del capitalismo dependiente altamente transnacionalizado en su estructura productiva[31].

Ese hiato reduce las posibilidades de hegemonía de la dominación que desde el Estado se aporta para la reproducción de la sociedad. Por otro lado, las posibilidades de conducción ideológica del conjunto de la sociedad por las fracciones superiores de la burguesía quedan trabadas por la evidencia de que buena parte de aquellas no es “de” ni “para” la nación. Otro obstáculo surge de que la subordinación estratégica de las filiales a sus matrices no les permite desplegarse como una burguesía que tiene su ámbito principal en un mercado nacional y en la construcción de un Estado con el que podría lograr exactamente lo que las casas matrices de las ETs no pueden querer: defenderse de intrusiones externas y proyectarse conquistadoramente hacia afuera del mercado nacional —esto es, ser propiamente una burguesía nacional y hegemónica—. Por su parte, el capital propiamente local no puede, por imperio del mismo proceso de recreación y subordinación ya referido, convertirse en tal burguesía nacional.

Los tempos de los procesos mencionados en esta sección y la anterior variaron de caso a caso, pero en todos fueron un fundamental antecedente para la emergencia del Estado BA. El mismo Estado que se enlazaba con lo nacional-popular obedecía a las tendencias expansivas del capitalismo mundial, abriendo espacios internos que promovían la introyección de nuevos segmentos del capital transnacional y, con ello, el desborde de su sociedad. Además, se implantaba así un crecimiento económico que, por una parte, transformaba la burguesía local (y subordinaba no pocas de sus fracciones al capital transnacional y al aparato estatal) y, por la otra, a través de sus sesgos desigualizantes, generaba demandas que tenía que limitar a solo parte de quienes —como miembros de un pueblo y una nación— habían llegado a sentirse con título a su satisfacción. Por eso, el período que medió entre la ruptura del Estado oligárquico y la implantación del Estado BA fue —con sus tempos y secuencias específicas a cada caso—, el del despliegue crecientemente contradictorio entre, por una parte, la eclosión de lo popular como principal contenido de la nación, y, por la otra, de las restricciones resultantes de una estructura productiva que acentuaba sus características económica y socialmente desigualizantes, así como desbordantes del ámbito presupuesto por la pretensión nacional del Estado.

[…]

El Estado burocrático-autoritario (BA)

El BA es un tipo de Estado autoritario cuyas principales características son:

1. Es, primaria y fundamentalmente, el aspecto de la sociedad global que garante y organiza la dominación ejercida a través de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y transnacionalizada. Dicho de otra manera, su principal base social es esta gran burguesía[32]·

2. Institucionalmente, es un conjunto de organizaciones en el que adquieren peso decisivo las especializadas en la coacción, así como las que intentan llevar a cabo la “normalización” de la economía. Ese peso es la expresión institucional de la definición, por sus propios actores, de las dos grandes tareas (que aparecen como íntima y necesariamente relacionadas) que incumbe realizar al BA: la reimplantación del “orden” en la sociedad mediante la resubordinación del sector popular, por una parte, y la “normalización” de la economía, por la otra.

3. Es un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado, al que somete a severos controles tendientes a eliminar su previa presencia en la escena política, así como a destruir o capturar los recursos (especialmente los cristalizados en organizaciones de clase y movimientos políticos) que sustentaban dicha activación. Esta exclusión, además, está orientada por la determinación de imponer un particular orden en la sociedad y viabilizarlo hacia el futuro, como requisito para consolidar la dominación social que garantiza y para, después de lograda la normalización de la economía, retomar un crecimiento fuertemente transnacionalizante y sesgador de la distribución general de recursos.

4. Dicha exclusión trae aparejada la supresión de la ciudadanía y de la democracia política. Es también la prohibición de lo popular: impide (respaldándolo con su capacidad coactiva) invocaciones en tanto pueblo y, por supuesto, en tanto clase. Por añadidura, la supresión de las posiciones institucionales y canales de acceso al gobierno de la democracia política está en gran medida orientada a eliminar roles y organizaciones (partidos, entre ellos) que han filtrado demandas de justicia sustantiva que se consideran incompatibles con la reimposición del orden y la normalización. Es, por lo tanto, la supresión de dos mediaciones fundamentales entre el Estado y la sociedad: la ciudadanía y lo popular.

5. Es también un sistema de exclusión económica del sector popular, en tanto promueve una particular normalización económica y un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgados en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado y de algunas instituciones estatales, que acrecienta las desigualdades preexistentes.

6. Corresponde a, y promueve, una mayor transnacionalización que entraña un nuevo desborde de la sociedad respecto del ámbito territorial y de relaciones sociales que ese Estado pretende acotar.

7. Ese nuevo desborde de la sociedad corresponde, en una dirección inversa, a un encogimiento de la nación. Esto es así porque —a pesar del discurso marcial y patriótico con que se retumba desde la cumbre institucional del BA—, al emerger este de condiciones que aparecen implicando un profundo desgarramiento del arco homogeneizante de la nación, los portavoces del BA no pueden sino negarse como representantes de “esa” nación, a la que primero tienen que purgar de los elementos que la han enfermado tan seriamente.

8. Desde sus instituciones se llevan a cabo intentos sistemáticos de “despolitizar” el tratamiento de cuestiones sociales, sometiéndolas a los que se proclama son criterios neutros y objetivos de racionalidad técnica. Esta es la contrafaz de la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva ligadas a lo popular o clase, que aparecen introduciendo “irracionalidades” respecto de la normalización económica y los mecanismos de acumulación de capital.

9. Su régimen, no formalizado pero claramente vigente, implica el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupan la cúpula de grandes organizaciones, especialmente las Fuerzas Armadas y grandes empresas, privadas y públicas.

Los rasgos que acabo de enunciar permiten distinguir al BA de otros Estados autoritarios. Este no es cualquier autoritarismo sino uno marcado por características que provienen de la especificidad histórica que he tratado de dilucidar en las páginas precedentes. A partir de aquí quedamos en condiciones de estudiar la dinámica e impactos sociales del Estado BA implantado en la Argentina de 1966[33].

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1 Para mayor desarrollo de los razonamientos que presento en esta Sección, cf. O’Donnell, 1970.

2 Estas consideraciones acerca de lo popular así como las que siguen en la próxima sección se inspiran en las contribuciones de Laclau (1978) y Landi (1981).

3 Para no complicar demasiado la exposición, las consideraciones precedentes se refieren a una sociedad en la que rigen exclusivamente relaciones capitalistas. Además, me he ceñido a las relaciones de producción. Por supuesto, el Estado suele ser también garante y organizador de otras relaciones de dominación en la sociedad, cuyo fundamento originario puede o no hallarse en la esfera de la producción. Entre las primeras piénsese, por ejemplo, en diversas relaciones pre-capitalistas de producción (históricamente importantes en América Latina). Entre las segundas, las que ligan a diversos sectores medios como las clases dominantes, o diversos mecanismos de explotación o subyugación sexual. El Estado “real” —es decir, el observable en el despliegue de la especificidad histórica de cada caso—, es la síntesis compleja, a ser indagada empíricamente, de esta serie de determinaciones; esto es lo que intentaremos respecto de un tipo de estado, el BA, con especial referencia al caso Argentino de 1966-1973. Pero, a pesar de esa complejidad, todavía tiene sentido hablar de Estado capitalista, en tanto sea válido afirmar (otro punto que pasa por, aunque no termina en, una etapa empírica) que son las relaciones de producción (y el proceso de acumulación de capital y formación de clases que de ellas deriva), el eje dinámicamente subordinante de las otras relaciones.

4 Para una definición semejante, que también tiene la ventaja de distinguir claramente entre régimen y Estado, ver Collier (1979).

5 Tipo de Estado y tipo de régimen suelen corresponderse cercana pero no unívocamente. Un régimen competitivo (o democrático, o poliárquico en la terminología de Robert Dahl, cf. esp. Dahl, 1966) implica la vigencia de criterios universalistas de representación (ciudadanía) así como de patrones pluralistas de representación corporativa, no unilateralmente determinados por las instituciones estatales (cf. Schmitter, 1974: 85-131). Este tipo de régimen es incompatible con, por ejemplo, el Estado BA, que definiré más adelante. Pero, por su lado, un Estado autoritario puede combinarse con un régimen de partido único, o de partido dominante (México), o de dos partidos formalmente autorizados (Brasil hasta 1979) o de ningún partido (Chile), así como regular con variada rigidez (y con diferentes sesgos hacia diversas clases sociales) la representación corporativa.

6 Dicho intento puede hallarse en O’Donnell, 1972a y 1972b.

7 Esto no obstó para que también se expandiera la participación electoral, pero el proceso desbordó ampliamente ese plano.

8 Debo tratar estos temas con gran generalidad, en parte por razones de espacio y en parte porque no abundan trabajos comparativos que se ocupen con suficiente detalle de los avatares políticos de América Latina con posterioridad a la ruptura del Estado oligárquico. Un anticipo de una investigación apuntada a clarificar diversos aspectos de los períodos anteriores al Estado BA puede hallarse en Cavarozzi (1976). La principal contribución al estudio de este tema sigue siendo Weffort; cf. esp. Weffort (1980).

Para importantes contribuciones comparativas de los períodos populistas y del autoritarismo burocrático surgido con posterioridad, Collier (1979), Kaufman (1979) y Berins Collier (1982).

9 En Chile esa invocación se anudó más cercanamente con las clases que subyacen a la indiferenciación del discurso populista, y fue demarcando tempranamente un campo de significaciones más antagónico con el conjunto de las clases dominantes, no solo con sus fracciones más ligadas al anterior sistema de dominación oligárquica.

10 Cf. Laclau (1978) y Landi (1981).

11 De allí el inmenso valor simbólico de ciertas expropiaciones o incluso de gestos más moderados como la compra. de los ferrocarriles ingleses durante el, primer gobierno peronista (1946-1952) en la Argentina, que también estuvo rodeada del solemne ritual implicado por la postulación de que en ese acto la Nación, identificada con su pueblo, se constituía plenamente en tal.

12 El carácter parcial —en relación con los países centrales— de la articulación capitalista de nuestras sociedades y algunas de sus consecuencias en relación con los temas que aquí nos ocupan es destacado por Cavarozzi (1979).

13 A la vez que el componente de garantías individuales de la ciudadanía frente al arbitrio estatal también avanzaba escasamente.

14 Ciertamente, un componente fundamental de estos procesos fueron los avances de participación económica y social que lograron al menos las franjas más activas y mejor organizadas del sector popular urbano, no solo en términos de sus ingresos sino también en tanto beneficiarios de acciones tutelares del aparato estatal. Pero estos avances se lograron al impulso de !invocaciones e identificaciones como pueblo y muchas veces, en contra de los acotamientos que se pretendía introducir.

15 Cf. Weffort (1980).

16 La invocación a lo popular fue característica fuere o no que el gobernante proviniere o no, de movimientos dispuestos a promover tales identificaciones. Su voz podía sonar más o menos verosímil, pero el lapso que media entre la ruptura del Estado oligárquico y la implantación del BA es el de la “populización” del discurso de las instituciones estatales.

17 Mis propios trabajos han girado alrededor de estos procesos, de sus “afinidades electivas” con la emergencia de los EA y —contrapuntualmente— con las tortuosas, pero novedosas, formas en que queda así planteado el problema de la democracia en nuestros países. Ninguna discusión de estos temas puede dejar de comenzar por reconocer el inmenso aporte hecho, para su lúcido y crítico análisis, por Fernando Henrique Cardoso; cf. además Cardoso y Faletto (1969), y especialmente las colecciones de sus artículos en Cardoso, 1973 y 1975, y Cardoso y Faletto (1979).

18 Cf. esp., el pionero y hasta hoy magnífico libro de Cardoso y Faletto (1969).

19 Un sugestivo intento en este sentido es Lechner (1977). En realidad, la visión del centro sobre sí mismo también debe ser puesta en cuestión; en “La internacionalización de las relaciones capitalistas de producción y el estado nacional”, Nicos Poulantzas (1975) realiza un interesante análisis de este problema en el contexto de los países de Europa Occidental.

20 Sobre esta expansión, Wilkins (1974).

21 Lo de “funcionamiento normal” será explicado más abajo.

22 La información más completa sobre las características de la industrialización de América Latina, desde el punto de vista de las peculiaridades que sintetizo aquí, es Ayza, Ficht y González (1975). Con referencia al caso argentino, dos interesantes esfuerzos por conceptualizar la especificidad resultante de estas y otras características son Malloy y Sourrouille (1976) y Diamand (1973).

23 Las características y las principales consecuencias económicas de la expansión de las ETs en nuestros países han sido materia de valiosas investigaciones. Sobre Brasil, especialmente Von Dellinger y Cavalcanti (1975), y Fajnzlber (1971); sobre México especialmente Fajnzlber y Martínez Tarragó (1976); sobre Argentina, Sourrouille (1976 y 1978), así como la recopilación de información en O’Donnell y Linck (1973: Cap. III). Ver también Vaitsos (1974); Newfarmer y Mueller (1975) y De Souza (1978).

24 Cf. Hirschman (1957 y 1971).

25 Lo cual —contrariamente a lo que suponen las versiones simplistas de la dependencia— no obsta para que puedan suscitarse importantes conflictos; pero ellos tienden a plantearse y resolverse dentro de los límites impuestos por aquella subordinación, tal como podremos ver en este libro. Estos temas y los que siguen los he desarrollado en O’Donnell (1978).

26 Aunque no dejan de ser réplicas parciales, porque esas empresas nacionales suelen ofrecer una gama más limitada y más lentamente renovada de productos, con las consiguientes rigideces para adaptarse a las condiciones económicas internas y a la competencia internacional.

27 Como salvedad, pertinente para el lector interiorizado de la situación argentina reciente, cabe señalar que un trabajo de Schvarzer (1978: 307-352), muestra una realidad que parecería apartarse de lo que acabo de afirmar. Esto es, las altas tasas de expansión y rápida conglomeración de algunos grupos de grandes empresas de capital local, impulsadas en buena medida por generosas subvenciones estatales y por el bajo interés mostrado últimamente por las ETs en el mercado argentino. Pero, según los datos de Schvarzer, el comienzo de esta expansión de algunos grandes grupos de capital local (en gran medida colocados, por otra parte, en la producción de insumos y de exportación, no de artículos de consumo, “modernos” o no) comenzó durante la política económica 1967-1969, que aquí tendremos oportunidad de estudiar. Por otro lado, el desinterés de las ETs en el mercado argentino (que en algunos casos se convirtió en una verdadera fuga), se acentuó marcadamente a partir de los conflictos y la crisis económica que se desataron durante el período aquí estudiado. Volveremos sobre estos temas.

28 Las contribuciones de Jorge Katz (cf. esp. Katz y Ablin, 1977), muestran por un lado una notable creatividad en ese plano pero, por el otro, que ella suele limitarse a adaptaciones de innovaciones de productos, procesos o equipos generados en el centro. No suele tratarse ni de una pura réplica pasiva ni, tampoco, de ir más allá de a veces creativas adaptaciones.

29 La situación aquí descripta se complicó aún más debido a la introducción de un nuevo factor, que aquí no considero porque desplegó su importancia con posterioridad al término del período aquí estudiado, el creciente papel que, en conexión con cambios en la coyuntura mundial a partir de 1973-1974, y pasó a jugar el capital financiero internacional privado en los patrones de vinculación de estos países con el mercado internacional.

30 Sobre este punto y conexos, Lechner (1977).

31 La no coextensividad entre Estado, Sociedad (incluyendo la economía) y Nación es una dimensión insuficientemente resaltada en la literatura que ha insistido en la “crisis hegemónica” que recorre la historia de la región desde —por lo menos— la ruptura de la dominación oligárquica. El más influyente y provocativo trabajo en la perspectiva de esa problemática sigue siendo Nun, 1967.

32 Vale la pena precisar las diferencias comparativas que ponen de relieve la especificidad del BA. Obviamente, hay escasa posibilidad de confundirlo con diversas formas de democracia política. En lo que respecta a otras formas autoritarias, a partir de lo dicho en el texto acerca de la base social del BA es posible agregar: (i) no se trata, como en las formas más tradicionales de dominación política en América Latina, de una base social en oligarquías y en el capital transnacional insertado en actividades primario-exportadoras, operando sobre clases subordinadas con muy escasa o nula activación política y en las que el componente propiamente obrero es muy bajo; (ii) tampoco se trata, como en las diversas variantes más o menos políticamente autoritarias del populismo, de una compleja combinación nacionalista y antioligárquica, basada en nuevas fracciones industriales y del capital transnacional surgidas al amparo de políticas proteccionistas, junto con diversos sectores medios en expansión y un sector popular recientemente activado e incorporado a la escena política; (iii) por el otro lado, tampoco se trata del fascismo, que giró alrededor de una burguesía mucho más propiamente nacional que la de los BA y de un movimiento-partido, y liderazgos, completamente diferentes a los atributos centrales del sujeto político —las Fuerzas Armadas— que lleva a cabo la implantación de los BA y a partir de ello ocupa las más altas posiciones gubernamentales. Una buena discusión del BA respecto del fascismo puede encontrarse en Borón, 1977.

33 Conviene anticipar aquí, completando las definiciones ya dadas, los referentes empíricos de algunos términos que utilizaré frecuentemente: (1) Por “gran burguesía” entenderé las fracciones superiores, mono u oligopólicas del capital privado urbano, nacional o transnacional; (2) por “capital transnacional”, dependiendo del contexto, a las filiales de ETs radicadas en este mercado (las que a su vez son el subconjunto principal y más dinámico de la gran burguesía) y/o al que opera desde el exterior, principalmente mediante operaciones financieras; (3) por “burguesía local”, a las fracciones de capital nacional medio y pequeño, no perteneciente al subconjunto mono u oligopolizado del capital nacional que forma parte de la gran burguesía; (4) por “burguesía pampeana”, a la que explota la región pampeana, y (5) por “burguesía” al conjunto de las precedentes categorías. Por otro lado, (6) por “organizaciones de la gran burguesía” entenderé a las organizaciones en que, en la época estudiada, se nucleaban predominantemente diversos segmentos de la gran burguesía: Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Asociaciones de Bancos, así como las principales organizaciones de la burguesía pampeana, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coordinadora de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP); dicho término también comprenderá las asociaciones en la que a su vez se nuclearon casi todas las organizaciones de la gran burguesía, la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL). Por supuesto, cada vez que sea necesario precisar me referiré específicamente a estas u otras asociaciones según corresponda; (7) por asociaciones de la “burguesía local” me referiré principalmente a la Confederación General Económica y a la Confederación General Industrial (CGI). En adelante identificaré todas estas organizaciones por sus siglas. Finalmente, (8) por “gran prensa” entenderé algunos diarios (La Prensa, La Nación, La Razón, Economic Survey) que habitualmente expresaban puntos de vista de la gran burguesía y/o de la burguesía pampeana. He utilizado otras publicaciones (especialmente los diarios La Opinión a partir de 1971 y Clarín, y los semanarios Análisis, Primera Plana, Panorama y Confirmado a los que, como expresaban puntos de vista más ambiguos y, en general, más cambiantes a lo largo del período que estudiaremos, identificaré expresamente; pero cuando el contexto lo permita, utilizaré el término “la prensa”, que deberá entenderse referido al conjunto formado por todas las publicaciones arriba mencionadas.

* O’Donnell, Guillermo 1982 “Antecedentes teóricos e históricos para el estudio del Estado Burocrático Autoritario” (fragmento) en El Estado Burocrático Autoritario (Buenos Aires: Editorial de Belgrano) pp. 13-36 y 60-63.

Elizabeth Jelin

Las luchas políticas
por la memoria

Paul Ricoeur plantea una paradoja. El pasado ya pasó, es algo de-terminado, no puede ser cambiado. El futuro, por el contrario, es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas hacia ese futuro[1]. Ese sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencios. Actores y militantes “usan” el pasado, colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y sentidos del mismo. La intención es establecer / convencer / transmitir una narrativa, que pueda llegar a ser aceptada.

La investigación del tema, entonces, no consiste en “tratar con los hechos sociales como cosas, sino en analizar cómo los hechos sociales se tornan cosas, cómo y por qué son solidificados y dotados de duración y estabilidad” (Pollak, 1989: 4). Se trata de estudiar los procesos y actores que intervienen en el trabajo de construcción y formalización de las memorias. ¿Quiénes son esos actores? ¿Con quiénes se enfrentan o dialogan en ese proceso? Actores sociales diversos, con diferentes vinculaciones con la experiencia pasada —quienes la vivieron y quienes la heredaron, quienes la estudiaron y quienes la expresaron de diversas maneras— pugnan por afirmar la legitimidad de “su” verdad. Se trata de actores que luchan por el poder, que legitiman su posición en vínculos privilegiados con el pasado, afirmando su continuidad o su ruptura. En estos intentos, sin duda los agentes estatales tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar la “historia / memoria oficial”. Se torna necesario centrar la mirada sobre conflictos y disputas en la interpretación y sentido del pasado, y en el proceso por el cual algunos relatos logran desplazar a otros y convertirse en hegemónicos.

La conformación de una historia nacional
y una memoria oficial

En los procesos de formación del Estado —en América Latina a lo largo del siglo XIX, por ejemplo— una de las operaciones simbólicas centrales fue la elaboración del “gran relato” de la nación. Una versión de la historia que, junto con los símbolos patrios, monumentos y panteones de héroes nacionales, pudiera servir como nodo central de identificación y de anclaje de la identidad nacional.

¿Para qué sirven estas memorias oficiales? Son intentos más o menos conscientes de definir y reforzar sentimientos de pertenencia, que apuntan a mantener la cohesión social y a defender fronteras simbólicas (Pollak, 1989: 9). Al mismo tiempo, proporcionan los puntos de referencia para “encuadrar” las memorias de grupos y sectores dentro de cada contexto nacional.

Como toda narrativa, estos relatos nacionales son selectivos. Construir un conjunto de héroes implica opacar la acción de otros. Resaltar ciertos rasgos como señales de heroísmo implica silenciar otros rasgos, especialmente los errores y malos pasos de los que son definidos como héroes y deben aparecer “inmaculados” en esa historia. Una vez establecidas estas narrativas canónicas oficiales, ligadas históricamente al proceso de centralización política de la etapa de conformación de Estados nacionales, se expresan y cristalizan en los textos de historia que se transmiten en la educación formal. Al mismo tiempo, se constituyen en los blancos para intentos de reformas, revisionismos y relatos alternativos. Porque la narrativa nacional tiende a ser la de los vencedores, y habrá otros que, sea en la forma de relatos privados de transmisión oral o como prácticas de resistencia frente al poder, ofrecerán narrativas y sentidos diferentes del pasado, amenazando el consenso nacional que se pretende imponer[2].

Si el Estado es fuerte, y el “policiamiento” incluye controlar las ideas y la libertad de expresión en el espacio público, las narrativas alternativas se refugian en el mundo de las “memorias privadas”, a veces silenciadas aun en el ámbito de la intimidad (por vergüenza o por debilidad), o se integran en prácticas de resistencia más o menos clandestinas (Scott, 1992).

En este punto, el trabajo de los historiadores profesionales ocupa un lugar central. Porque en el mundo moderno, las narrativas oficiales son escritas por historiadores profesionales. El vínculo con el poder es, sin embargo, central en la intencionalidad de la construcción de la narrativa de la nación. Las interpretaciones contrapuestas y las revisiones de las narrativas históricas se producen a lo largo del tiempo, como producto de las luchas políticas, de los cambios de sensibilidad de época y del propio avance de la investigación histórica.

Con relación a la historia de acontecimientos contemporáneos o cercanos en el tiempo, especialmente cuando estuvieron signados por fuerte conflictividad social y política, la instalación de una historia oficial se torna difícil y problemática. Durante los períodos dictatoriales de este siglo —el stalinismo, el nazismo, el franquismo, las dictaduras militares en Brasil, Chile, Argentina o Uruguay, el stronismo en Paraguay— el espacio público está monopolizado por un relato político dominante, donde “buenos” y “malos” están claramente identificados. La censura es explícita, las memorias alternativas son subterráneas, prohibidas y clandestinas, y se agregan a los estragos del terror, el miedo y los huecos traumáticos que generan parálisis y silencio. En estas circunstancias, los relatos oficiales ofrecidos por los voceros del régimen tienen pocos desafíos en la esfera pública.

Por lo general, los relatos de las dictaduras dan a los militares un papel “salvador” frente a la amenaza (en el Cono Sur, en los setenta, se trataba de la amenaza del “comunismo”) y al caos creado por quienes intentan subvertir a la nación. En este contexto, los relatos posteriores ponen el énfasis sobre los logros pacificadores (especialmente notorios en la Argentina) o sobre el progreso económico. Por ejemplo, las conmemoraciones del décimo aniversario del golpe de Estado en Brasil, en 1974, fueron una ocasión para poner en la esfera pública y en el sistema escolar una versión donde el éxito económico del régimen —el “milagro económico” brasileño— fue el relato excluyente. No hubo menciones sobre el sistema político o sobre libertades públicas (Carvalho y Catela, 2002). El papel político y ético de los historiadores e intelectuales críticos es, en esos períodos, de una importancia especial[3].

Las aperturas políticas, los deshielos, liberalizaciones y transiciones habilitan una esfera pública y en ella se pueden incorporar narrativas y relatos hasta entonces contenidos y censurados. También se pueden generar nuevos. Esta apertura implica un escenario de luchas por el sentido del pasado, con una pluralidad de actores y agentes, con demandas y reivindicaciones múltiples.

El escenario político es de cambio institucional en el Estado y en la relación Estado-sociedad. La lucha se da, entonces, entre actores que reclaman el reconocimiento y la legitimidad de su palabra y de sus demandas. Las memorias de quienes fueron oprimidos y marginalizados —en el extremo, quienes fueron directamente afectados en su integridad física por muertes, desapariciones forzadas, torturas, exilios y encierros— surgen con una doble pretensión, la de dar la versión “verdadera” de la historia a partir de su memoria y la de reclamar justicia. En esos momentos, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido del pasado sobre el que se está luchando es, en realidad, parte de la demanda de justicia en el presente.

Son momentos en los que emergen públicamente relatos y narrativas que estuvieron ocultos y silenciados por mucho tiempo. Provoca gran sorpresa pública la supervivencia, a veces durante décadas, de memorias silenciadas en el mundo público pero conservadas y transmitidas en el ámbito privado (familiar o de sociabilidad clandestina), guardadas en la intimidad personal, “olvidadas” en un olvido “evasivo” —porque pueden ser memorias prohibidas, indecibles o vergonzantes, como señala Pollak (1989: 8), o enterradas en huecos y síntomas traumáticos—. Estas coyunturas de apertura muestran con toda claridad e intensidad que los procesos de olvido y recuerdo no responden simple y lineal o directamente al paso del tiempo cronológico[4].

Las aperturas políticas, por otra parte, no implican necesaria y centralmente una contraposición binaria, entre una historia oficial o una memoria dominante expresada por el Estado, y otra narrativa de la sociedad. Son momentos, por el contrario, donde se enfrentan múltiples actores sociales y políticos que van estructurando relatos del pasado y, en el proceso de hacerlo, expresan también sus proyectos y expectativas políticas hacia el futuro. En estas coyunturas, el Estado tampoco se presenta de manera unitaria. La transición implica un cambio en el Estado, un nuevo intento fundacional, con nuevas lecturas del pasado. Dentro mismo del Estado hay lecturas múltiples en pugna, que se articulan con la multiplicidad de sentidos del pasado presentes en el escenario social.

La conflictiva historia de las memorias

Las controversias sobre los sentidos del pasado se inician con el acontecimiento conflictivo mismo. En el momento de un golpe militar o en la invasión a un país extranjero, los vencedores interpretan su accionar y el acontecimiento producido en términos de su inserción en un proceso histórico de duración más larga. Ya las proclamas iniciales y la manera como el acontecimiento es presentado a la población expresan un sentido del acontecimiento, una visión generalmente salvadora de sí mismos. Como señala Rousso, “si queremos comprender la configuración de un discurso sobre el pasado, hay que tomar en cuenta el hecho de que ese discurso se construye desde el comienzo del acontecimiento, que se enraíza allí” (Rousso, en Feld, 2000: 32). Este discurso se irá revisando y resignificando en períodos siguientes, dependiendo de la configuración de fuerzas políticas en los espacios de disputa que se generan en distintas coyunturas económicas y políticas.

Rousso estudia la memoria de Vichy en Francia. Ya en los primeros discursos de De Gaulle, en 1940, la postura expresada es que Francia (la “verdadera”) no fue vencida, y que el régimen de Vichy es un “paréntesis”. A partir de 1944, se construye una memoria mitificada de la guerra: los franceses son presentados como los héroes de la resistencia, visión acompañada por los juicios a colaboradores y la “depuración” después de la guerra. La primera ola de juicios en la posguerra se centró en el crimen de la colaboración, definida como “traición a la patria”. Solo a comienzos de los años setenta se produce la primera inculpación de un francés por crímenes “contra la humanidad”. La definición de la norma que se transgrede y el marco interpretativo cambian: pueden reconocerse crímenes cometidos por franceses en el marco de organizaciones fascistas francesas, crímenes no ligados a la noción de “traición a la patria”.

En lugar de poner por delante la traición a Francia y la relación con Alemania, o sea una visión nacional del crimen […] se va a tratar de saber hasta qué punto ellos eran “fascistas” y “antisemitas”, partiendo de la idea, en gran parte exacta, de que el fascismo y el antisemitismo pertenecían a la tradición francesa, independientemente de la ocupación alemana. En el extremo, en estas representaciones recientes, el alemán, el ocupante nazi va a pasar a un segundo plano, particularmente en el marco de los juicios. (Rousso, en Feld, 2000: 34)

Otro punto que marca Rousso es que si al comienzo la acusación provino del Estado, que necesitó marcar una ruptura con el régimen de Vichy anterior, décadas después quienes promovieron las acciones judiciales y los reconocimientos simbólicos oficiales fueron actores sociales, ex deportados y ex resistentes, que lo hicieron como “militantes de la memoria”, “en nombre de un ‘deber de memoria’ cuyo objetivo era la perpetuación del recuerdo contra toda forma de olvido, que en esta perspectiva se considera como un nuevo crimen” (Rousso, en Feld, 2000: 36). Estas gestiones públicas de la memoria deben ser entendidas, sin duda, en el contexto del escenario político francés, del surgimiento y popularidad de discursos y prácticas de la derecha y sus expresiones antisemitas, y del contexto europeo más amplio, temas que obviamente escapan a este trabajo.

Los momentos de cambio de régimen político, los períodos de transición, crean un escenario de confrontación entre actores con experiencias y expectativas políticas diferentes, generalmente contrapuestas. Y cada una de esas posturas involucra una visión del pasado y un programa (implícito en muchos casos) de tratamiento de ese pasado en la nueva etapa que es definida como ruptura y cambio en relación con la anterior. En el caso de la transición en España, la memoria dolorosa de distintos actores políticos, más que avivar las diferencias y las confrontaciones, dieron lugar a la posibilidad de convergencia y negociación. Aguilar Fernández sostiene que “la existencia de una memoria traumática de la Guerra Civil española jugó un papel crucial en el diseño institucional de la transición al favorecer la negociación e inspirar la actitud conciliadora y tolerante de los principales actores” (Aguilar Fernández, 1996: 56). La memoria de la guerra —esta es la hipótesis central de su trabajo— jugó un papel pacificador en la transición.

¿Qué memoria? ¿Cómo se construyó? “En primer lugar, la existencia de una memoria colectiva traumática de la Guerra Civil, la cual empujaba a la mayor parte de los actores a tratar de evitar su repetición a cualquier precio […]” (Aguilar Fernández, 1996: 57-58). En la transición, los españoles vieron la brutalidad de la Guerra Civil acontecida casi cuarenta años antes como “locura colectiva”, y la principal lección que sacaron de esta visión fue el “nunca más”. “Jamás debe repetirse en la historia de España un drama semejante, y a esto deben contribuir todas las fuerzas políticas, sociales y económicas” (Aguilar Fernández, 1996: 359). Hubo una activación muy fuerte de la memoria de la Guerra Civil en el momento de la muerte de Franco y la transición. La asociación entre el momento que se estaba viviendo y el período previo a la guerra (la Segunda República) fue importante, como parámetro para no repetir los errores cometidos[5]. Al mismo tiempo, se intentó olvidar los rencores del pasado, en un olvido intencional, que permitiera “retener el aprendizaje de la historia sin hurgar en la misma”. Era un olvido político, o más bien un silencio estratégico, que pudo ocurrir porque en el plano cultural la Guerra Civil se convirtió en el foco de atención de cineastas y músicos, de escritores y académicos[6].

Las transiciones en el Cono Sur fueron distintas y singulares, y las memorias de los conflictos sociales previos a la instauración dictatorial, así como la crudeza e inmediatez de las violaciones a los derechos humanos durante las mismas, crearon escenarios para la manifestación de confrontaciones, en el marco de un difícil intento de generar consensos entre los diversos actores políticos. Las voces censuradas y prohibidas comenzaron a hacerse oír, pero las voces autoritarias no necesariamente desaparecieron del debate público. No se trataba —como pudo haber sido representado en Francia en 1945— de un ejército de ocupación que se retira, de una comunidad política que se libera de yugos extraños. Eran actores y fuerzas políticas internas (como también lo eran en gran medida en Francia, pero llevó décadas poder reconocerlo y actuar en consecuencia), que tenían que convivir en el marco de nuevas reglas de funcionamiento democrático. La cuestión de cómo encarar las cuentas con el pasado reciente se convirtió entonces en el eje de disputas entre estrategias políticas diversas. En términos de las cuestiones sobre la memoria, en las transiciones en el Cono Sur la diversidad de actores incluyó una presencia fuerte y visible del movimiento de derechos humanos como actor político y como gestor de memoria, un papel protagónico de los actores autoritarios —los militares y la derecha (especialmente fuerte en Chile— y un papel a menudo ambiguo de los partidos políticos tradicionales (notorio en Uruguay)[7].

Los agentes de la memoria y sus emprendimientos

En un libro ya clásico de la sociología norteamericana, Howard Becker propone una perspectiva que en su momento revolucionó la manera de pensar el tema de la desviación social, y que, a mi entender, ofrece algunos puntos para pensar analógicamente los campos de disputa sobre memorias y los actores que intervienen en ellos [Becker, 1971 (1963)]. Becker sostiene que en el proceso de generar y “enmarcar” ciertas conductas como desviadas, “alguien debe llamar la atención del público hacia estos asuntos, proveer el impulso necesario para que las cosas se hagan, y dirigir estas energías, a medida que van surgiendo, en la dirección adecuada para que se cree una regla…” (Becker, 1971: 151). Llama a ese grupo “moral entrepreneurs”, empresarios o emprendedores morales, agentes sociales que —muy a menudo sobre la base de sentimientos humanitarios— movilizan sus energías en función de una causa.

Tomo prestada esta noción de moral entrepreneur para aplicarla al campo de las luchas por las memorias, donde quienes se expresan e intentan definir el campo pueden ser vistos, a menudo, como “emprendedores de la memoria”[8].

La pregunta de cómo y por qué cierto tema se convierte en un momento y lugar dados en una cuestión pública atrae la atención de analistas, desde quienes trabajan sobre políticas públicas hasta quienes intentan explicar el éxito de una película o el fracaso de alguna iniciativa que se creía “debía” provocar debate y atención. Lo que es claro es que la gestación de una cuestión pública es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, y que requiere energías y perseverancia. Tiene que haber alguien que lo promueve, que empuja y dirige sus energías al fin deseado. Estos son los moral entrepreneurs de los que habla Becker, extendiendo su acepción a la esfera pública en diversos temas.

En el campo que nos ocupa, el de las memorias de un pasado político reciente en un escenario conflictivo, hay una lucha entre “emprendedores de la memoria”, que pretenden el reconocimiento social y de legitimidad política de una (su) versión o narrativa del pasado. Y que también se ocupan y preocupan por mantener visible y activa la atención social y política sobre su emprendimiento.

¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Qué los mueve? En distintas coyunturas y momentos, los actores en la escena son diversos, así como sus intereses y sus estrategias. Podría decirse que, con relación a las dictaduras del Cono Sur, el movimiento de derechos humanos ha sido y sigue siendo un actor privilegiado. Su presencia y accionar han sido sistemáticos y permanentes en, Argentina, y con una menor fuerza se han manifestado en Chile y Uruguay. La movilización social alrededor de los derechos humanos ha sido significativamente menor en Brasil, especialmente a partir de la movilización por la amnistía en 1979. Se trata de un actor heterogéneo, donde conviven —no sin tensiones y conflictos— experiencias diversas y horizontes de expectativas múltiples. Hay también intereses empresariales que se mueven por una mezcla de criterios, donde lo lucrativo y lo moral pueden combinarse de maneras diversas[9]. Las fuerzas de la derecha política (la Fundación Pinochet en Chile es posiblemente el caso emblemático) y grupos políticos diversos también pueden jugar un papel. El debate académico y el mundo artístico ofrecen también canales de expresión a partir de marcos interpretativos y oportunidades performáticas novedosas.

No cabe duda del protagonismo privilegiado de un grupo especial, el de las víctimas o afectados directos. En Francia podrán ser ex deportados o ex resistentes, podrán ser grupos de veteranos de guerras (de Vietnam o de Malvinas) o sobrevivientes de masacres. Sus frentes de demandas y de luchas varían. Pueden intentar influir y cambiar el sentido y el contenido de la “historia oficial” o dominante sobre un período con el fin de eliminar distorsiones históricas o hacer públicos y legítimos los relatos que habían estado en las “catacumbas”, ocultos, censurados y silenciados. Pueden buscar reivindicaciones y reparaciones materiales, centrados en su lugar de víctimas de daños que el Estado debe reconocer y frente a las cuales debe asumir su responsabilidad. Pueden buscar comunidades de pertenencia y contención personal en grupos de pares. Pueden elaborar rituales, participar en conmemoraciones, reclamar marcas simbólicas de reconocimiento en memoriales, monumentos, o museos.

En realidad, en el planteo de la acción de los “emprendedores de la memoria” está implícito el uso político y público que se hace de la memoria. Y aquí cabe distinguir, siguiendo a Todorov, entre usos “buenos” y “malos” de la memoria. Un grupo humano puede recordar un acontecimiento de manera literal o de manera ejemplar. En el primer caso, se preserva un caso único, intransferible, que no conduce a nada más allá de sí mismo. O, sin negar la singularidad, se puede traducir la experiencia en demandas más generalizadas. A partir de la analogía y la generalización, el recuerdo se convierte en un ejemplo que permite aprendizajes y el pasado se convierte en un principio de acción para el presente.

El uso literal, que torna al acontecimiento pasado en indispensable, supone someter el pasado al presente. El uso ejemplar, en cambio, permite usar el pasado en vistas del presente, usar las lecciones de las injusticias vividas para combatir las presentes […] El uso común tiende a designar con dos términos distintos que son, para la memoria literal, la palabra memoria, y para la memoria ejemplar, justicia. La justicia nace de la generalización de la ofensa particular, y es por ello que se encarna en la ley impersonal, aplicada por un juez anónimo y puesta en acto por personas que ignoran a la persona del ofensor así como la ofensa […]. (Todorov, 1998: 31-32)

Sobre la base del análisis de la rememoración de las situaciones de guerra en el siglo XX (principalmente en Europa), Winter y Sivan (1999) plantean que la rememoración es una negociación multifacética en la que el Estado está siempre presente, pero no necesariamente es el único actor ni es omnipotente. Grupos sociales diversos pueden estar participando, con estrategias convergentes o contrarias a las políticas de Estado. Son voces diversas, algunas más altas que otras —por estar más lejos del micrófono, por autocensura, o por falta de legitimidad moral frente a otros—. Muestran también que los propósitos manifiestos de un grupo que rememora no necesariamente coinciden con las consecuencias de sus acciones. Puede haber actores con propósitos personales (recordar la muerte en acción de un hijo, por ejemplo) que terminan teniendo consecuencias inesperadas sobre el proceso de recuerdo público y social. También, agrego yo, puede haber momentos en que lo que se produce en el mundo público es una “saturación de memoria” con un efecto de congelamiento o rechazo, contrarios a lo esperado[10].

Algunas marcas de la memoria: conmemoraciones
y lugares

El papel de los “emprendedores de la memoria” es central en la dinámica de los conflictos alrededor de la memoria pública. Una primera ruta para explorar los conflictos de la memoria consiste en analizar la dinámica social en las fechas, los aniversarios y las conmemoraciones. Algunas fechas tienen significados muy amplios y generalizados en una sociedad, como el 11 de septiembre en Chile o el 24 de marzo en Argentina. Otras pueden ser significativas en un nivel regional o local. Finalmente, otras pueden tener sentido en el plano más personal o privado: el aniversario de una desaparición, la fecha de cumpleaños de alguien que ya no está.

En la medida en que hay diferentes interpretaciones sociales del pasado, las fechas de conmemoración pública están sujetas a conflictos y debates. ¿Qué fecha conmemorar? O mejor dicho, ¿quién quiere conmemorar qué? Pocas veces hay consenso social sobre esto. El 11 de septiembre en Chile es claramente una fecha conflictiva. El mismo acontecimiento —el golpe militar— es recordado y conmemorado de diferentes maneras por izquierda y derecha, por el bando militar y por el movimiento de derechos humanos. Además, el sentido de las fechas cambia a lo largo del tiempo, a medida que las diferentes visiones cristalizan y se institucionalizan, y a medida que nuevas generaciones y nuevos actores les confieren nuevos sentidos (Jelin, ed., 2002).

Las fechas y los aniversarios son coyunturas de activación de la memoria. La esfera pública es ocupada por la conmemoración, con manifestaciones explícitas compartidas y con confrontaciones. En términos personales y de la subjetividad, son momentos en que el trabajo de la memoria es arduo para todos, para los distintos bandos, para viejos y jóvenes, con experiencias vividas muy diversas. Los hechos se reordenan, se desordenan esquemas existentes, aparecen las voces de nuevas y viejas generaciones que preguntan, relatan, crean espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, lo escuchado o lo omitido. Son hitos o marcas, ocasiones cuando las claves de lo que está ocurriendo en la subjetividad y en el plano simbólico se tornan más visibles, cuando las memorias de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven “presente”.

Aun en esos momentos, sin embargo, no todos comparten las mismas memorias. Además de las diferencias ideológicas entre los oponentes en el momento del conflicto político y entre sus sucesores, las diferencias entre cohortes —entre quienes vivieron la represión o la guerra en diferentes etapas de sus vidas personales, entre ellos y los muy jóvenes que no tienen memorias personales de la represión— producen una dinámica particular en la circulación social de las memorias. Por ejemplo, a lo largo de los años, los 24 de marzo han sido conmemorados de distintas maneras en Argentina (Lorenz, 2002). Durante la dictadura, lo único que aparecía en esa fecha en el espacio público era un “Mensaje al pueblo argentino” en que las fuerzas armadas daban su versión de lo que habían hecho, enfatizando su papel salvador de la nación amenazada por un enemigo, la “subversión”. Dada la represión, no había actividades o relatos alternativos, excepto fuera del país, entre exiliados y en el movimiento solidario. A partir de la derrota en la guerra de Malvinas (1982) las conmemoraciones oficiales perdieron su vigencia, e inclusive el último año antes de la transición (1983) no hubo “Mensaje”.

Las organizaciones de derechos humanos elaboraron una versión antagónica de lo ocurrido el 24 de marzo de 1976, y fueron quienes ocuparon la escena pública de la conmemoración a partir de la transición. El Estado estuvo ausente de las mismas durante muchos años, hasta mediados de los noventa[11]. Las marchas y actividades conmemorativas han ido cambiando, tanto en la configuración y orden de quienes marchan como en las presencias y ausencias. Los primeros años de la década de los noventa fueron de escasa actividad, para reactivarse a partir de 1995, en los preparativos del 20 aniversario y en los años posteriores. Nuevos actores juveniles, nuevas formas de expresión y de participación (la agrupación HIJOS, las murgas) marcan las transformaciones de la fecha.

Este breve y resumido relato sirve para mostrar que en la Argentina la conmemoración del 24 de marzo en la esfera pública no es un espacio de confrontación manifiesta y conflicto abierto entre versiones radicalmente diferentes del pasado. Unos hablaban y otros callaban en un período, y al cambiar el contexto político, cambian los actores, que siguen sin enfrentarse abiertamente[12]. Los carriles del conflicto político sobre cómo encarar las cuentas con el pasado son otros: las demandas de la corporación militar frente al Estado y, fundamentalmente, los casos que se dirimen en la justicia.

El contraste entre esta conmemoración en Argentina con la realidad de cada 11 de setiembre en Chile es notorio. En Chile, la confrontación entre actores con visiones y proyectos contrapuestos se da en las calles, a veces inclusive con considerable violencia (Candina, 2002; Jelin, 2001; para Uruguay, Marchesi, 2002).

Además de las marcas de las fechas, están también las marcas en el espacio, los lugares. ¿Cuáles son los objetos materiales o los lugares ligados con acontecimientos pasados que son elegidos por diversos actores para inscribir territorialmente las memorias? Monumentos, placas recordatorias y otras marcas son las maneras en que actores oficiales y no oficiales tratan de dar materialidad a las memorias. Hay también fuerzas sociales que tratan de borrar y de transformar, como si al cambiar la forma y la función de un lugar, se borrara la memoria.

Las luchas por los monumentos y recordatorios se despliegan abiertamente en el escenario político mundial. Toda decisión de construir un monumento, de habilitar lugares donde se cometieron afrentas graves a la dignidad humana (campos de concentración y detención, especialmente) como espacios de memoria, o la construcción de museos y recordatorios, es fruto de la iniciativa y la lucha de grupos sociales que actúan como “emprendedores de la memoria”. Hay entonces luchas y conflictos por el reconocimiento público y oficial de esos recordatorios materializados, entre quienes lo promueven y otros que lo rechazan o no le dan la prioridad que los promotores reclaman. Y está también la lucha y la confrontación por el relato que se va a transmitir, por el contenido de la narrativa ligada al lugar[13].

Tomemos un par de ejemplos del destino de lugares y espacios donde ocurrió la represión, de los campos y cárceles de las dictaduras. Hay casos en que el espacio físico ha sido “recuperado para la memoria”, como el Parque de la Paz en Santiago, Chile, en el predio que había sido el campo de la Villa Grimaldi durante la dictadura. La iniciativa fue de vecinos y activistas de los derechos humanos, que lograron detener la destrucción de la edificación y el proyecto de cambiar su sentido (iba a ser un condominio, pequeño “barrio privado”). También se da el caso contrario, los proyectos que borran las marcas y destruyen los edificios, y no permiten la materialización de la memoria, como la cárcel de Punta Carretas en Montevideo, convertida en un moderno centro de compras. Otros intentos de transformar sitios de represión en sitios de memoria enfrentan oposición y destrucción, como las placas y recordatorios que se intentaron poner en el lugar donde funcionó el campo de detención El Atlético, en el centro de Buenos Aires[14].

Estos lugares son los espacios físicos donde ocurrió la represión dictatorial. Testigos innegables. Se puede intentar borrarlos, destruir edificios, pero quedan las marcas en la memoria personalizada de la gente, con sus múltiples sentidos. ¿Qué pasa cuando se malogra la iniciativa de ubicar físicamente el acto del recuerdo en un monumento? ¿Cuándo la memoria no puede materializarse en un lugar específico? Parecería que la fuerza o las medidas administrativas no pueden borrar las memorias personalizadas y los proyectos públicos de emprendedores activos. Los sujetos tienen que buscar entonces canales alternativos de expresión. Cuando se encuentra bloqueada por otras fuerzas sociales, la subjetividad, el deseo y la voluntad de las mujeres y hombres que están luchando por materializar su memoria se ponen claramente de manifiesto de manera pública, y se renueva su fuerza o potencia. No hay pausa, no hay descanso, porque la memoria no ha sido “depositada” en ningún lugar; tiene que quedar en las cabezas y corazones de la gente[15]. La cuestión de transformar los sentimientos personales, únicos e intransferibles en significados colectivos y públicos queda abierta y activa. La pregunta que cabe aquí es si es posible “destruir” lo que la gente intenta recordar o perpetuar. ¿No será que el olvido que se quiere imponer con la oposición/represión policial tiene el efecto paradójico de multiplicar las memorias, y de actualizar las preguntas y el debate de lo vivido en el pasado reciente? Enfrentamos aquí nuevamente el tema de la temporalidad y las etapas por las cuales transitan las memorias: es posible que este efecto paradójico ocurra en un “tiempo personal” o biográfico específico, que las energías y el desasosiego existan en un grupo humano específico que vivió un período y una experiencia dada, y que no sean transferibles o transmisibles a otros que no lo vivieron.

La controversia y el conflicto de interpretaciones no se aquietan necesariamente una vez construido el memorial, el museo o el monumento, con la versión del sentido del pasado que quienes lograron su cometido impusieron o negociaron. El paso del tiempo histórico, político y cultural necesariamente implica nuevos procesos de significación del pasado, con nuevas interpretaciones. Y entonces surgen revisiones, cambios en las narrativas y nuevos conflictos.

Un caso extremo de esta conflictividad y este cambio es lo ocurrido en Alemania, a partir de la reunificación, especialmente en la ex RDA. Según Koonz (1994) los relatos que se oían en las visitas a los campos de concentración en Alemania Oriental cuando estaba bajo la órbita soviética enfatizaban tres puntos básicos: primero, la responsabilidad de los crímenes de guerra del fascismo y el capitalismo monopolista; segundo, que la clase obrera alemana, liderada por el PC y ayudada por las tropas soviéticas resistió con bravura el dominio nazi; tercero, que esta herencia heroica es la base para las luchas futuras contra el capitalismo internacional. No había referencia a los judíos, a los gitanos o a víctimas no marxistas en los campos. En el lado occidental, la narrativa era muy diferente.

La reunificación bajo el dominio de Alemania Occidental provocó, por parte de grupos de ciudadanos de la ex RDA, reacciones de rechazo a rehacer sus historias según el molde occidental. Se rompieron los consensos “oficiales” de un lado y del otro, y el resultado fueron conflictos localizados (por ejemplo, intentos de conmemorar a las víctimas de los campos soviéticos instalados en la posguerra en los mismos campos nazis, por un lado; intentos de reivindicar o reparar a víctimas judías por otro). También hubo expresiones de protesta de comunidades cercanas, que no querían ver sus lugares dañados por imágenes de horror, e intereses económicos que intentaron capitalizar el horror en iniciativas potencialmente lucrativas por la atracción turística. Como concluye Koonz: “Los campos de concentración siguen embrujando (haunting) el paisaje alemán, pero las categorías de víctimas se han expandido más allá de los antifascistas recordados en el Este y las víctimas del Holocausto por las que se hace duelo en el Oeste”. Y termina con una exhortación más general:

Los paisajes de la brutalidad nazi retienen su poder de horrorizar. Las atrocidades nazis deben permanecer en el centro de la memoria pública compartida, aun mientras confrontamos la compleja herencia que conforma nuestro mundo de la pos-posguerra. Para lograrlo, los memoriales en los campos deben conmemorar tanto el rol soviético en la liberación de los aliados como reconocer que algunos alemanes murieron injustamente en los “campos especiales”. El legado persistente de los campos, sin embargo, debe servir como alerta contra todas las formas del terror político y del odio racial. (Koonz, 1994: 275)

Usos y abusos de la memoria, la propiedad
y los sentidos del “nosotros”

Volvamos a Todorov por un momento, cuando establece la distinción entre recuperar un pasado o sus huellas frente a intentos de borrarlos, y el uso que se hace de ese pasado recuperado, o sea, el rol que el pasado tiene y debe tener en el presente. En la esfera de la vida pública, no todos los recuerdos del pasado son igualmente admirables. Puede haber gestos de revancha y de venganza, o experiencias de aprendizaje. Y la pregunta siguiente es, sin duda, si hay maneras de distinguir de antemano los “buenos” y los “malos” usos del pasado (Todorov, 1998: 30).

Como ya se ha dicho, Todorov propone la distinción entre memoria “literal” y memoria “ejemplar” como punto de arranque para avanzar en el tema. Y la frase final del texto de Koonz es un buen caso de esta distinción. Cuando ella pide que el legado de los campos sirva “como alerta contra todas las formas del terror político y del odio racial” está exhortando a un uso universalizador de la memoria de los múltiples horrores de los campos, en contraste con quienes se quieren apropiar de uno solo de esos horrores —el de los horrores nazis contra judíos, gitanos o comunistas, o los horrores soviéticos contra alemanes— lo cual llevaría a una política de glorificación de unos y la infamia de otros, al mismo tiempo que traería la identificación de “víctimas privilegiadas”.

Se trata de una apelación a la memoria “ejemplar”. Esta postura implica una doble tarea. Por un lado, superar el dolor causado por el recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida; por el otro —y aquí salimos del ámbito personal y privado para pasar a la esfera pública— aprender de él, derivar del pasado las lecciones que puedan convertirse en principios de acción para el presente.

La memoria literal, por otro lado, queda encerrada en sí misma. Todo el trabajo de memoria se sitúa en la contigüidad directa. Las búsquedas y el trabajo de memoria servirán para identificar a todas las personas que tuvieron que ver con el sufrimiento inicial, para relevar en detalle lo acontecido, para entender, causas y consecuencias del acontecimiento, para profundizar en él. Pero no para guiar comportamientos futuros en otros campos de la vida, porque los recuerdos literales son inconmensurables, y está vedada la transmisión hacia otras experiencias. El uso literal, dirá Todorov “hace del acontecimiento pasado algo insuperable, y a fin de cuentas somete el presente al pasado” (Todorov, 1998: 31).

Los usos que se hacen de la memoria corresponden a estas dos modalidades. En el caso literal, la memoria es un fin en sí mismo, en oposición a lo que pide Koonz. La acción se explica y justifica como “deber de memoria”, y hay un mandato moral de perpetuación del recuerdo contra toda forma de olvido. Rousso se queja de estos “militantes de la memoria”, cuya acción tendrá efectos diferentes según el contexto más amplio que los recibe más abiertamente o se niega a escuchar[16]. La noción de “emprendedor de la memoria”, que planteamos más arriba, implica una elaboración de la memoria en función de un proyecto o emprendimiento, que puede significar la posibilidad de un pasaje hacia una memoria “ejemplar”.

El problema público y social que acompaña a estas dos posturas refiere, de manera directa, a la conformación de la comunidad política y a las reglas que la rigen. Y aquí podemos introducir el guaraní. En guaraní hay dos vocablos para expresar la idea de “nosotros”. Uno —ore— marca la frontera entre quienes hablan y su comunidad y el “otro”, el que escucha u observa, que queda claramente excluido. El otro —ñande— es un nosotros incluyente, que invita al interlocutor a ser parte de la misma comunidad. Voy a sugerir que las dos formas de memoria, y sus dos usos, corresponden a estas dos nociones de “nosotros” o de comunidad, una inclusiva, la otra excluyente[17].

Tanto en las conmemoraciones como en el establecimiento de los lugares de la memoria hay una lucha política cuyos adversarios principales son las fuerzas sociales que demandan marcas de memoria y quienes piden la borradura de la marca, sobre la base de una versión del pasado que minimiza o elimina el sentido de lo que los otros quieren rememorar. También hay confrontaciones acerca de las formas o medios “apropiados” de rememorar, así como en la determinación de qué actores tienen legitimidad para actuar, es decir, quiénes tienen el poder (simbólico) de decidir cuál deberá ser el contenido de la memoria. Estos conflictos pueden resumirse en el tema de la propiedad o la apropiación de la memoria.

En un nivel, hay una confrontación acerca de las formas apropiadas y no apropiadas de expresar la memoria. ¿Existen estándares para juzgar las rememoraciones y los memoriales? Pero, y esto es lo más importante, ¿quién es la autoridad que va a decidir cuáles son las formas “apropiadas” de recordar? ¿Quiénes encarnan la verdadera memoria? ¿Es condición necesaria haber sido víctima directa de la represión? ¿Pueden quienes no vivieron en carne propia una experiencia personal de represión participar del proceso histórico de construcción de una memoria colectiva? La propia definición de qué es “vivir en carne propia” o ser “víctima directa” es también parte del proceso histórico de construcción social del sentido.

Nadie duda del dolor de la víctima, ni de su derecho a recuperar las verdades de lo ocurrido. Tampoco está en discusión el papel protagónico (en términos históricos) que en diferentes casos tuvieron las “víctimas directas” y sus familiares como voces iniciales en los emprendimientos de las memorias. El tema, más bien, es otro, y es doble. Por un lado, ¿quién es el “nosotros” con legitimidad para recordar? ¿Es un nosotros excluyente, en el que solo pueden participar quienes “vivieron” el acontecimiento? ¿O hay lugar para ampliar ese nosotros, en una operación por la cual comienzan a funcionar mecanismos de incorporación legítima —sobre la base del diálogo horizontal más que de la identificación vertical, tema sobre el cual volveremos al hablar de testimonios— de (nos)otros? ¿Se trata de un ore o un ñande? Por otro lado, está el tema planteado por Todorov, es decir, ¿en qué medida la memoria sirve para ampliar el horizonte de experiencias y expectativas, o se restringe al acontecimiento? Aquí el tema de la memoria entra a jugar en otro escenario, el de la justicia y las instituciones. Porque cuando se plantea la generalización y universalización, la memoria y la justicia confluyen, en oposición al olvido intencional (Yerushalmi, 1989a y 1989b).

Una hipótesis preliminar, que deberá ser objeto de investigación futura, relaciona los escenarios de la lucha por la memoria con la acción estatal. Cuando el Estado no desarrolla canales institucionalizados oficiales y legítimos que reconocen abiertamente los acontecimientos de violencia de Estado y represión pasados, la lucha sobre la verdad y sobre las memorias apropiadas se desarrolla en la arena societal. En ese escenario, hay voces cuya legitimidad es pocas veces cuestionada: el discurso de las víctimas directas y sus parientes más cercanos. En ausencia de parámetros de legitimación sociopolítica basados en entenas éticos generales (la legitimidad del Estado de derecho) y de la traducción o traslado de la memoria a la justicia institucional, hay disputas permanentes acerca de quién puede promover o reclamar qué, acerca de quién puede hablar y en nombre de quién.

La cuestión de la autoridad de la memoria y la VERDAD puede llegar a tener una dimensión aún más inquietante. Existe el peligro (especular en relación con el biologismo racista) de anclar la legitimidad de quienes expresan la VERDAD en una visión esencializadora de la biología y del cuerpo. El sufrimiento personal (especialmente cuando se vivió en “carne” propia o a partir de vínculos de parentesco sanguíneo) puede llegar a convertirse para muchos en el determinante básico de la legitimidad y de la verdad. Paradójicamente, si la legitimidad social para expresar la memoria colectiva es socialmente asignada a aquellos que tuvieron una experiencia personal de sufrimiento corporal, esta autoridad simbólica puede fácilmente deslizarse (consciente o inconscientemente) a un reclamo monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de la verdad[18]. El nosotros reconocido es, entonces, excluyente e intransferible. Además, en aquellas situaciones en que prevalece el silencio y la ausencia de espacios sociales de circulación de la memoria (mecanismos necesarios para la elaboración de las experiencias traumáticas) las víctimas pueden verse aisladas y encerradas en una repetición ritualizada de su dolor, sin elaboración social. En el extremo, este poder puede llegar a obstruir los mecanismos de ampliación del compromiso social con la memoria, al no dejar lugar para la reinterpretación y la resignificación —en sus propios términos— del sentido de las experiencias transmitidas.

Hay aquí un doble peligro histórico: el olvido y el vacío institucional por un lado, que convierte a las memorias en memorias literales de propiedad intransferible e incompartible. Se obturan así las posibilidades de incorporación de nuevos sujetos. Y la fijación de los “militantes de la memoria” en el acontecimiento específico del pasado, que obtura la posibilidad de creación de nuevos sentidos. Elegir hablar de “emprendedores” de la memoria: agrega aquí un elemento de optimismo. Porque los emprendedores saben muy bien que su éxito depende de “reproducciones ampliadas” y de aperturas de nuevos proyectos y nuevos espacios. Y allí reside la posibilidad de un ñande y de la acción de la memoria ejemplar.

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Winter, Jay y Sivan, Emmanuel 1999 “Introduction” en Winter, Jay y Sivan, Emmanuel (eds.) War and Remembrance in the Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press).

Yerushalmi, Yosef 1989a “Reflexiones sobre el olvido” en AAVV Usos del olvido (Buenos Aires: Nueva Visión).

Yerushalmi, Yosef 1989b Zakhor. Jewish History and Jewish Memory (Washington: University of Washington Press).

Yoneyama, Lisa 1999 Hiroshima Traces. Time, Space and Dialectics of Memory (Berkeley: California University Press).

1 “Aunque, en efecto, los hechos son imborrables y no puede deshacerse lo que se ha hecho, ni hacer que lo que ha sucedido no suceda, el sentido de lo que pasó, por el contrario, no está fijado de una vez por todas. Además de que los acontecimientos del pasado pueden interpretarse de otra manera, la carga moral vinculada a la relación de deuda respecto al pasado puede incrementarse o rebajarse, según tengan primacía la acusación, que encierra al culpable en el sentimiento doloroso de lo irreversible, o el perdón, que abre la perspectiva de la exención de la deuda, que equivale a una conversión del propio sentido del pasado. Podemos considerar este fenómeno de la reinterpretación tanto en el plano moral como en el del simple relato, como un caso de acción retroactiva de la intencionalidad del futuro sobre la aprehensión del pasado” (Ricoeur, 1999: 49).

2 Sobre la relación entre memoria y nación, y el análisis de varios casos específicos, ver el número especial de Social Science History compilado por J. Olick (1998b).

3 “[…] ya no se trata de una cuestión de decadencia de la memoria colectiva […], sino de la violación brutal de lo que la memoria puede todavía conservar, de la mentira deliberada por deformación de fuentes y archivos, de la invención de pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes de las tinieblas. Contra los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él con excepción del sombrero, el historiador […] animado por la austera pasión por los hechos […] puede velar y montar guardia” (Yerushalmi, 1989a: 25).

4 La persistencia y apropiación de los iconos de la música de protesta y de las consignas prohibidas por parte de jóvenes que no pudieron tener experiencias directas en espacios públicos durante las dictaduras son ejemplo de esto. En la apertura española de la segunda mitad de los años setenta, adolescentes cantaban las canciones republicanas de la Guerra Civil y voceaban las consignas de la época. En la transición argentina, los jóvenes coreaban las canciones de la conocida cantante Mercedes Sosa (cuyas canciones estaban prohibidas en los medios de difusión pública durante la dictadura militar), como si hubieran tenido un contacto directo con ella desde siempre. Pollak (1989) presenta varios casos europeos de memorias silenciadas.

5 “La sociedad española intentó […] que no se reprodujeran los errores que habían acabado con la Segunda República, para lo que se evitó, de forma casi supersticiosa […] repetir su diseño institucional. Esta es una de las razones que mejor explican la preferencia de la forma monárquica de gobierno sobre la republicana, del sistema electoral proporcional sobre el mayoritario […]” (Aguilar Fernández, 1996: 360).

6 Esta interpretación de la transición española y el lugar del olvido político en ella puede ser leída en la clave que Nicole Loraux propone para la Antigua Grecia: la amnistía (y la amnesia) en el campo de la política, como medio para construir el nuevo pacto o acuerdo, y la reaparición del pasado conflictivo en forma simbólica en el plano cultural, en la clásica tragedia, con una especificidad de género interesante para profundizar. Los hombres de la política olvidan y construyen instituciones; las mujeres de la tragedia expresan el dolor y lloran a sus muertos (Loraux, 1989).

7 El papel del movimiento de derechos humanos en la transición argentina, tanto en relación con la memoria, como con las demandas de justicia, es analizado en Jelin (1995). Acuña y Smulovitz analizan las relaciones cívico-militares en las transiciones de Argentina, Brasil y Chile (Acuña y Smulovitz, 1996).

8 Prefiero el uso de la palabra “emprendedor” a la de “empresario”. Este último término puede provocar alguna confusión, dada la asociación de la noción de “empresa” con la idea de lucro privado. La idea de emprendedor, aquí elegida, no tiene por qué estar asociada con el lucro económico privado, sino que podemos pensar en emprendimientos de carácter “social” o colectivo. Lo importante en este punto, y que es algo que quiero rescatar y conservar, es que el emprendedor se involucra personalmente en su proyecto, pero también compromete a otros, generando participación y una tarea organizada de carácter colectivo. A diferencia de la noción de “militantes de la memoria” (utilizada, por ejemplo, por Rousso), el emprendedor es un generador de proyectos, de nuevas ideas y expresiones, de creatividad —más que de repeticiones—. La noción remite también a la existencia de una organización social ligada al proyecto de memoria, que puede implicar jerarquías sociales, mecanismos de control y de división del trabajo bajo el mando de estos emprendedores.

9 Claudia Feld analiza la televisión argentina y la “espectacularización” de las memorias de la dictadura. Cuando en 1998 la televisión abierta proyectó un programa especial sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (principal centro de detención clandestina durante la dictadura militar) conducido por la conocida periodista y ex miembro de la CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú, los diarios informaron del evento con el título: “La memoria [el juicio a los ex comandantes] tiene rating” (Feld, 2002).

10 En la introducción a su libro, Ernst van Alphen relata, en tono autobiográfico, la “saturación” de memoria del nazismo que rodeó su infancia y adolescencia en Holanda, en los años sesenta y setenta, y la reacción de alejamiento y aun rechazo que esto provocó en él y en su generación (Van Alphen, 1997).

11 El 23 de marzo de 1984, un día antes del aniversario del golpe, el presidente Alfonsín dirigió un mensaje a la nación con motivo de los 100 días de su gobierno. El discurso, publicado el 24 de marzo de 1984 en todos los diarios, no hace ninguna alusión al aniversario del golpe (Lorenz, 2002).

12 Esto no significa la ausencia de conflictividad en el espacio público en las conmemoraciones del 24. Pero se trata de confrontaciones entre actores diversos dentro del campo del movimiento de derechos humanos. Desde hace más de una década, existen al menos dos convocatorias diferentes a dos eventos conmemorativos distintos: la Asociación Madres de Plaza de Mayo no comparte la marcha con el resto de las organizaciones de derechos humanos y la multitud de organizaciones sociales (alrededor de 200) que se han agrupado para organizar la marcha central en Buenos Aires. Aun dentro de la misma marcha, existen disputas sobre la ubicación de los diversos grupos y las diversas consignas. Esto muestra con claridad que la fecha y la conmemoración tienen sentidos diferentes incluso para la gente que está “en el mismo bando”, para los distintos grupos y las distintas identidades que se juegan en ese espacio.

13 El análisis de este tipo de conflictos ha sido objeto de trabajos ya clásicos en la crítica cultural. Young (1993 y 2000) es quien ha analizado en profundidad los conflictos alrededor de los diversos monumentos y obras de arte que conmemoran el exterminio nazi. Yoneyama (1999) los analiza en el caso del Memorial de Hiroshima. Para el museo del Holocausto en Washington, ver Linenthal, 1995. El Memorial de Vietnam en Washington es analizado por Sturken (1997). Algunos estudios de casos del Cono Sur, entre ellos el monumento Tortura Nunca Mais en Recife, Brasil, el edificio de la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) en Río de Janeiro, el Palacio de la Moneda y varios monumentos en Santiago, el Parque de la Memoria y la Plaza de Mayo en Buenos Aires, serán publicados en Langland y Jelin (eds.), en preparación.

14 En ese caso, hubo varios eventos públicos de conmemoración, en los cuales se instalaron algunas marcas —murales, placas con nombres de represores, esculturas conmemorativas, etc.—. En sucesivas oportunidades, estas marcas fueron destruidas durante la noche siguiente a su instalación. Finalmente, se lograron instalar algunas señales que han perdurado y no han sido vandalizadas (Jelin y Kaufman, 2000).

15 Esta falta de materialización se hace mucho más crucial cuando se trata de memorias de desaparecidos, ya que la ausencia de cuerpos y la incertidumbre de la muerte tornan imposible el duelo.

16 Rousso señala que el problema no es la militancia en sí, sino el peligro de que para el militante, el fin justifica los medios, y los militantes “aceptan a veces mentir sobre la historia, muchas veces intencionadamente, para salvaguardar una idea pura y simple del pasado, con ‘buenos’ y ‘malos’ bien identificados, fuera de toda la complejidad de los comportamientos humanos” (Rousso, en Feld, 2000: 37).

17 He aprendido esta distinción de Line Bareiro, colega paraguaya con quien compartimos inquietudes y preocupaciones en estos temas. Los vocablos en guaraní no están acentuados, ya que en esa lengua toda palabra que termina en vocal es aguda. La pronunciación es “oré” y “ñandé”.

18 Los símbolos del sufrimiento personal tienden a estar corporeizados en las mujeres —las Madres y las Abuelas en el caso de Argentina— mientras que los mecanismos institucionales parecen pertenecer más a menudo al mundo de los hombres. El significado de esta dimensión de género del tema y las dificultades de quebrar los estereotipos de género en relación con los recursos del poder requieren, sin duda, mucha más atención analítica. La investigación futura también deberá estudiar el impacto que la imagen prevaleciente —en el movimiento de derechos humanos y en la sociedad en su conjunto— de demandas de verdad basadas en el sufrimiento y de las imágenes de la familia y los vínculos de parentesco (Filc, 1997) tienen en el proceso de construcción de una cultura de la ciudadanía y la igualdad, temas a los que también alude Catela (2002).

* Jelin, Elizabeth 2012 “Las luchas políticas por la memoria” en Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo XXI) pp. 39-62.

Dora Barrancos

Transición democrática
y traspié neoliberal

Avances (y algunos retrocesos)
de los derechos femeninos

[…]

No cabe ninguna duda acerca de que el período de la “transición democrática”, más allá de los aciertos y de los graves errores, de sus luces y sombras, significó una ampliación de los derechos de las mujeres. Ello se debió a la energía que mostró el renovado movimiento feminista y de mujeres, también a la mayor porosidad de la sociedad y a ciertas transformaciones del imaginario social para asimilar que la diferencia jerárquica entre los sexos formaba parte de los cimientos autoritarios que había que remover. Mucho contribuyeron los cambios culturales producidos en el país, y no en menor proporción, el “efecto demostrativo” del feminismo en el área internacional que impulsaba numerosas transformaciones y que estaba presente en diversas esferas locales. Me demoraré en algunos procesos que marcaron ese ascenso, pero también en aquellos que evidencian que no todo ha sido un lecho de rosas para las mujeres y que hubo retrocesos en materia de derechos sociales. En fin, a pesar de los avances singulares de las últimas décadas del siglo pasado, la ciudadanía plena y universal para las mujeres todavía está en camino.

[…]

Ampliación de los derechos políticos:
la ley de cupo femenino

Esta ley constituyó un importante paso hacia la construcción de la ciudadanía femenina, puesto que mitigó el escaso reconocimiento de las mujeres a participar en la vida cívica, aunque al momento de su sanción algunas feministas no alcanzaban a avizorar plenamente su significado. La ley de cupo —o de cuotas, como se prefiere enunciar en otros países de América Latina— colocó al país en una condición singular pues fue el primero en efectuar esta reforma. Las mujeres que participaban en la arena partidaria sabían en carne propia que sus fuerzas políticas, aun las más progresistas, les retaceaban reconocimiento y oportunidad para el desempeño de cargos, tanto partidarios como representativos. A la hora de volver a la acción política partidaria, con la retomada democrática, resultaba moneda corriente que esforzadas militantes fueran omitidas al momento de la confección de las listas de candidaturas, que no se las tuviera en cuenta en los primeros lugares de las concejalías ni de las diputaciones, y muchísimo menos de las senadurías. También era común que los reclamos devinieran en diversos grados de incomprensión y que no faltaran las notas de sarcasmo por parte de los varones partidarios, muy poco acostumbrados a reflexionar sobre la condición de sus compañeras. Se descontaba —aun en las fuerzas de izquierda—, que la representación correspondía a los varones en primer lugar y por añadidura venían las mujeres. Pero es necesario admitir que la agenda feminista, en rigor, no había hecho un lugar destacado a este ángulo de los derechos políticos, y a la hora en que se difundió el objetivo de demandar alguna proporción mínima de escaños, no todas estuvieron de acuerdo. Muy probablemente, aunque se trata solo de una conjetura que debería indagarse en profundidad, obraban las divisiones —a menudo no tan sutiles— entre “las políticas” y “las feministas”, aun cuando las primeras pudieran identificarse con el feminismo. No solo en nuestro país menudeaba la desconfianza acerca de la identidad consustancial de “las políticas” con la causa, y por parte de estas, no faltaba la sospecha acerca del aislamiento que caracterizaba la acción de las feministas, a las que se atribuía incapacidad de comprender la realidad y más aun las reglas de la arena política. Ambos sentimientos contrariados solían inundar las relaciones de estos dos grupos de mujeres en la mayoría de los países latinoamericanos. En nuestro país existía el antecedente del peronismo, cuya carta orgánica ordenaba una representación del 33% para cada una de las ramas integrantes y no solo para los cargos partidarios. Durante los primeros años de la recuperación democrática se había establecido un nexo entre las políticas que pertenecían a diferentes vertientes a través de la Multisectorial, pero no fue el cupo su preocupación dominante, aunque había reclamos por el relegamiento que sufrían, por las condiciones adversas que caracterizaban su desempeño en la vida partidaria. Las mujeres políticas feministas iniciaron presiones hacia sus fuerzas políticas y sus bancadas en torno de un mayor reconocimiento. En noviembre de 1989, la senadora radical por Mendoza, Margarita Malharro de Torres, presentó un proyecto de reforma para que se fijara un piso mínimo del 30% con el fin de garantizar las representaciones femeninas, y lo propio hicieron más tarde en la Cámara de Diputados las radicales Florentina Gómez Miranda, Blanca Macedo de Gómez y Norma Allegrone de Fonte, la justicialista Inés Botella, la demócrata cristiana Matilde Fernández de Quarracino y la representante del federalismo, Ruth Monjardín. En 1990, a propósito del IV Encuentro de las Feministas Latinoamericanas y del Caribe, en San Bernardo, se incorporó entre sus conclusiones la demanda de un cupo para garantizar la presencia femenina en la vida parlamentaria. Se conformó entonces la Red de Feministas Políticas, que reunía a un amplio conjunto de partidarias provenientes de la UCR, del Partido Intransigente, del justicialismo, del MID —la expresión que había tomado el desarrollismo frondicista—. Se trataba de reunir los esfuerzos para que fueran tratados los proyectos de ley existentes en materia de cupo, y hubo desde entonces una serie de actividades conjuntas para interesar, en primer lugar, a las representantes en el Congreso. Las mujeres radicales hicieron una marcha hasta el Comité Central, y en el interior de algunas fuerzas partidarias se hizo sentir la presión de las más activas. La Red de Feministas Políticas organizó una sesión simbólica en el Concejo Deliberante que debió desarrollarse sin la presencia masculina, a pesar de que las organizadoras habían invitado a un cierto número de varones. La idea era invertir las representaciones habituales, por lo tanto estos hubieran significado igualmente una muy escasa presencia. La sesión, cuya presidencia estuvo a cargo de Lidia Otero, de la UCR —mientras las vicepresidencias recayeron en Cecilia Lipszic, del PI, y en Juliana Marino, del PJ— permitió conocer los tópicos más importantes de la agenda feminista en materia de legislación, debatiéndose con especial énfasis la cuestión de una representación proporcional mínima. Esta sesión simbólica tuvo repercusión en los medios, que ampliaron las notas relacionadas con el cupo femenino. Las representantes de la Unión del Centro Democrático (UCD) —fuerza aliada al menemismo— se manifestaban contrarias a la medida de acción positiva puesto que aseguraban que bastaban los méritos femeninos para acceder a los escaños.

Entre el 21 y 22 de septiembre de 1990, el Senado fue el escenario de una singular manifestación de activistas que ocuparon las galerías, dispuestas a apoyar la sanción de la iniciativa sobre el cupo femenino propuesta por Margarita Malharro de Torres. Había una despacho firmado por la mayoría de los senadores en las comisiones intervinientes para que la iniciativa volviera a comisión con el fin de que “opinaran los partidos provinciales reconocidos en cada jurisdicción”, sin duda una maniobra disuasiva. Entre los firmantes de ese despacho estaban Luis Amoedo, Juan Aguirre Lanari, Carlos Juárez y Rubén Marín. El despacho de la minoría de las comisiones era favorable al inmediato tratamiento, y lo firmaban Contado Storani y Luis Brasesco. La discusión se inició y fue sorprendentemente corta, gracias al vuelco de la bancada justicialista, en la que fue decisiva la posición de la senadora Liliana Gurdulich de Correa. Pero debe admitirse que quien condujo el voto positivo del peronismo en el Senado fue Deolindo Bittel: sin el cambio de su actitud, la ley no se hubiera votado. Margarita Malharro de Torres, al defender su proyecto dijo, entre otras cosas: “que los partidos políticos se abren para amontonar mujeres que trabajen en las campañas electorales, para amontonar mujeres al pie de la tribuna y que el candidato pueda decir lo que va a hacer por ellas. Pero no empiezan a hacer desde el vamos lo fundamental”. A la hora de votar venció el despacho de la minoría y se impuso la ley del cupo femenino que garantizaba un mínimo del 30% de participación femenina y en lugares con posibilidad de resultar electa. Las galerías estallaron de júbilo, pero quedaba mucho por hacer: había que prepararse para el debate en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa solo fue discutida más de un año después. Las activistas a favor del cupo habían originado una campaña que consistía sobre todo en entrevistarse con los legisladores. En general, avanzaba la anuencia entre las mujeres de las diversas fuerzas representadas en la Cámara baja ya que en su gran mayoría apoyaban la medida. La cuestión fundamental era sortear la lealtad partidaria, pero eran pocas las que mantendrían esa fidelidad si sus fuerzas se oponían al cupo. Quienes integraban el Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer —antecedente del Consejo Nacional de la Mujer— desarrollaron diversas actividades para la sanción definitiva de la norma. El 5 de noviembre de 1991 había sesionado el Foro Federal de Mujeres Parlamentarias con el resultado unánime de apoyar el cupo. Al día siguiente se iniciaría, muy tarde, el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. Diversos protagonistas de la jornada —parlamentarios, periodistas, público— han manifestado que buena parte de los varones del Partido Justicialista, a pesar de las posiciones que sostenían las diputadas de la bancada, no estaban dispuestos a acompañar la ley. Obviamente, tampoco lo harían los representantes más conservadores, pero sí la enorme mayoría de los radicales y los díscolos que ya se separaban del justicialismo, tal el caso de Carlos Álvarez, quien defendió la medida. Pero el diputado de izquierda Luis Zamora dijo que se abstendría y fundamentó su voto en una perspectiva clasista: lo que se debatía no interesaba a las trabajadoras, que estaban preocupadas en otros problemas.

La agitación era intensa en los corredores pues había numerosas activistas tratando de convencer a los diputados y eran muchas también las que ocupaban bulliciosamente las galerías. El debate iba desarrollándose con los peores presagios de derrota, pero luego ocurrió algo singular. Se ha sostenido que la presencia del ministro del Interior, José Luis Manzano, tuvo mucho que ver con los mensajes urgentes que provenían no solo de las adherentes peronistas. El diputado Matzkin hasta había anunciado en un momento de la sesión que el justicialismo no acompañaría la sanción del cupo, pero un poco después, al filo de la medianoche, la bancada fue convocada por Manzano. El ministro transmitía órdenes muy precisas e indubitables: había que sancionar la ley y hubo entonces un inmediato ordenamiento del justicialismo. Este giro no pudo ocurrir por el influjo personal del ministro, que sin duda era importante. No hay cómo sustraerse a la idea de que el propio presidente Menem deseaba la aprobación de este proyecto, y en otro lugar he conjeturado que frente a los cambios del modelo económico, a la alteración del viejo cauce distributivista y estatalista del peronismo y a los nuevos compromisos que encaraba con actores conservadores, la sanción del cupo descomprimía las resistencias. También actuaba como una disuasión anticipada a cualquier medida favorable a la extensión de derechos en la esfera de la reproducción, o de otro modo, era necesario compensar a las mujeres con mayores prerrogativas, porque lo que el presidente Menem no estaba dispuesto a hacer, era permitir avances en materia de aborto. La sanción de la ley 24.012, que reformó le ley electoral para dar lugar al cupo, no significó que los partidos políticos se prestaran a su inmediato acatamiento. En las elecciones que siguieron a noviembre de 1991, el incumplimiento fue flagrante en muchas jurisdicciones y en relación con las diversas categorías disputadas. Uno de los casos más notables llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en junio de 1994, y fue el de María Teresa Merciadri de Moroni, quien planteó que se habían lesionado los derechos otorgados por la ley por su partido, la UCR. En la nómina de los seis candidatos a diputados nacionales el radicalismo había otorgado el cuarto y sexto lugar a mujeres, y finalmente Moroni ganó la disputa. Fueron numerosos los pleitos en muy diversos tribunales nacionales. En 1993 se hizo necesaria una primera reglamentación de la ley, a través del decreto 379, que señalaba que comprendía la totalidad de los cargos de representación en todo el país, que el 30% debía entenderse como una proporción mínima y mostraba con precisión —ofreciendo incluso una tabla en anexo—, cómo debía actuarse para respetar el cupo en el caso de alianzas partidarias. Debido a las elecciones en las que por primera vez había que escoger senadores por la mayoría y la minoría, de acuerdo con la reforma constitucional, en 2000 el Poder Ejecutivo volvió a reglamentar la ley mediante el decreto 1246. Allí quedó establecido que cuando se renueve solo un cargo, dará lo mismo que sea varón o mujer, pero será imprescindible colocar a una persona del sexo opuesto en el segundo lugar; cuando se renueven más de dos cargos, debe figurar una mujer en alguno de los tres primeros lugares; tampoco es aceptable que haya tres candidatos del mismo sexo en orden correlativo. La discusión sobre los cupos o cuotas que se ha extendido en las ciencias sociales y políticas tiene como una de las grandes referencias a la experiencia argentina. No me ocuparé sino de dos aspectos del debate. En primer lugar, a la cuestión de la posible manipulación que sufren las candidaturas femeninas por parte de los varones, que de modo arbitrario suelen colocar a familiares, a mujeres con quienes mantienen tratos íntimos o a las que resultan indicadas debido a la influencia o tutoría política que aquellos ejercen, aunque no sean ni familiares ni amantes. Se suele sostener que estas candidatas constituyen figuras advenedizas y no son auténticas expresiones partidarias. A esto puede responderse que lo mismo ocurre con los varones seleccionados para incorporarse como candidatos. A menudo sus méritos se restringen al padrinazgo de los más poderosos según líneas internas y cualquier experiencia partidaria conoce la postergación que han sufrido muchos cuadros masculinos valiosos y bien preparados. La manipulación y la discrecionalidad no afectan solo a las mujeres en la vida de los partidos aunque estas sean las más perjudicadas. La otra cuestión muy debatida es si la presencia de mujeres en los órganos parlamentarios ha significado un avance de los derechos femeninos, o de otro modo, si el programa feminista se ha podido desarrollar mejor con la participación de las mujeres. Diremos hasta el hartazgo que un cuerpo de mujer no garantiza una conciencia feminista, pero no hay duda de que se producen cambios cuando las mujeres se incorporan masivamente a las instituciones públicas para legislar o gestionar. Muchas leyes que han consagrado mayores derechos no hubieran podido sancionarse si no hubiera sido por la sensibilidad de las legisladoras, aun de aquellas alejadas del feminismo, y creo que al calor de los debates con los varones —y de las experiencias de segregación—, algunas se sintonizaron con sus principios. Sin duda, las representantes feministas suelen agudizar el tono crítico, conducir a las comisiones y los recintos hacia reflexiones más osadas en la igualación de las personas y estimular medidas importantes para la autonomía de las mujeres. Y no solo de estas, puesto que el código ético feminista obliga a una atención de las demandas que formulan los sujetos marginalizados, las minorías discriminadas por su orientación sexual, por cuestiones étnicas. Pero aun con la mínima presencia de voces feministas, creo que la legislación favorable a las mujeres pudo avanzar con firmeza en la década del noventa y que debe reconocerse una alta participación de aquellas que pudieron ingresar gracias al cupo.

Trabajo femenino, pobreza y exclusión
en los años noventa

Frente al cuadro de desocupación que golpeaba a las jefaturas masculinas de los hogares, las mujeres debieron salir a procurar empleo. No fueron exclusivamente las que pertenecían a los estratos populares, a las antiguas clases trabajadoras, las que de modo urgente debían procurar ingresos para sostener a sus familias, aunque el fenómeno las focalizara especialmente. El tembladeral llegaba a grupos de clase media, a empleados despedidos que se deparaban con enormes dificultades para nuevas ocupaciones y cuyas esposas o hijas mayores estaban forzadas a trabajar fuera de casa para la sobrevivencia de la familia. En las condiciones de la “nueva pobreza”, las mujeres constituían un recurso para impedir que la caída fuera más abrupta. El Ministerio de Economía llegó a explicar la estampida de las tasas de desocupación a mediados de la década por la presión que ejercían las mujeres quienes, encantadas con las perspectivas abiertas, se disponían a ingresar al mercado laboral para aumentar su independencia. Esta interpretación era patética. El ascenso de la desocupación puede observarse en el siguiente cuadro, que pone en evidencia lo ocurrido en la década del noventa, de acuerdo con un informe de la OIT:

Tabla 1

Desempleo abierto urbano por sexo en Argentina (1990-1999) (tasas anuales)

Años / Sexo

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Varones

7,4

5,6

6,5

8,5

10,7

16,5

16,8

13,4

12,2

16,9

Mujeres

7,3

6,2

7,1

12,7

14,5

22,3

20,9

19,2

15,2

13,8

Total

7,3

5,8

6,7

10,1

12,1

18,8

18,4

15,7

12,9

15,1

Fuente: INDEC. Elaboración propia.

La presión de las mujeres aumentaba en la búsqueda de empleo y, consecuentemente, el nivel de desocupación, y fue en 1995 que ocurrió el clímax del fenómeno. ¿Pero en qué proporción aumentaron las mujeres su presencia en el mercado laboral, ya fuera como ocupadas o desocupadas? ¿A dónde fueron a colocarse, en qué sectores? ¿Cuáles eran las características principales de esa inserción? ¿Y las inactivas, por qué a pesar de las necesidades apremiantes que marcaban la vida de miles de familias, un buen número permaneció solo en el hogar? La primera cuestión debe responderse con una apreciación general de la participación femenina en actividades económicas, y aunque no hay un estudio detallado a lo largo de las décadas —y los censos nacionales ofrecen dificultades no solo por el subregistro del trabajo femenino, sino por los problemas conceptuales—, un análisis muestra cierta excepcionalidad del censo de 1869, en donde se registró una alta participación de las mujeres. En las décadas del sesenta y del setenta, la tasa de actividad femenina rondó un promedio del 30%, y en los años ochenta, el promedio se situó en torno del 33%. Es necesario subrayar que las tasas correspondientes a los varones siempre han sobrepasado el 70%. Esto pone en evidencia prominentes características de género que indican a los varones el papel fundamental productivo y proveedor, y a las mujeres el ejercicio de las funciones domésticas y reproductivas.

Si en 1974 la tasa de actividad de la cónyuge, en los hogares asalariados cuyos jefes realizaban tareas calificadas no manuales —circunstancia que podía tipificarlos como de clase media— rondaba el 29%, ya a inicios de la década del noventa se situaba en poco más del 37%. Estas proporciones eran sensiblemente menores entre las cónyuges del grupo de los jefes de hogar que ejercían labores manuales calificadas —grupos medios bajos—, ya que en 1974, la tasa de actividad de esas mujeres no llegaba al 22%, pero igualmente había ascendido a casi el 37% en los primeros años de la década. En 1997 la tasa de actividad de las mujeres subió a una proporción cercana al 42%, esto significa que desde los años ochenta hasta fines de los noventa se registró una notable expansión de la presencia femenina en actividades económicas. Desde luego, siempre ha sido mayor la proporción de las mujeres jóvenes, que más tarde se apartaban del mercado laboral para atender la crianza de los hijos. Pero durante los años noventa hubo un cambio de enorme significado: las curvas de la participación femenina ya no caían en edades de la fecundidad y crianza, sino que tendieron a mantenerse, lo que originó un diseño nuevo que una investigadora denominó “meseta”. Pero esas miles de mujeres que pugnaban por empleo, en una enorme proporción significaban una fuerza de trabajo sin calificación absorbida por el sector servicios, donde abundaban las tareas de muy baja productividad y remuneración. Las diversas ramas del sector empleaban a casi el 60%, pero las que se desempeñaban en el servicio doméstico alcanzaban una proporción cercana al 25%. Aunque la brecha salarial con los varones era menos significativa que en otros segmentos de la estructura ocupacional, las retribuciones significaban que las mujeres percibieran salarios en una magnitud del 25% más bajo. Las formalmente más educadas, incluyendo las profesionales universitarias, que podían desempeñarse en cargos más calificados o más reconocidos, sin embargo ganaban proporcionalmente bastante menos que los varones. La brecha de la masa salarial de estas comparada con la de los varones significaba al menos el 30%. Lo notable es que no se ha corregido esta diferencia entre los salarios masculinos y femeninos hasta el presente. En general persiste el fenómeno de que los ingresos medios de las mujeres representan cerca del 70% de lo que perciben los varones. Y aunque durante esos años hubo un egreso notable de mujeres profesionales que accedieron a puestos de trabajo en el sector público y en el privado, los ascensos a los lugares de conducción era una experiencia que alcanzaba a un escasísimo número. Aun pudiendo competir con más méritos curriculares, las mujeres eran postergadas en las funciones de mayor capacidad decisoria. Este fenómeno, conocido como “techo de cristal”, se revelaba en todos los ambientes laborales. Hasta 2000 solo había accedido al rectorado de una universidad pública una mujer, y todavía no había integrantes mujeres en el directorio del CONICET —algo que ocurrió un poco después— y se trataba de esferas de altísima feminización. No había mujeres en el gabinete del presidente Alfonsín y solo una mujer en el elenco ministerial del presidente Menem.

Otro aspecto distinguía el empleo de las mujeres y era una inserción en el mercado mucho más precaria aun. Se ha sostenido —y con razón— que en verdad habían sido las mujeres las que habían experimentado la flexibilidad a lo largo de la historia debido al bajo reconocimiento de sus tareas, al envilecimiento de los salarios y al incumplimiento, en general, de fórmulas contractuales legales, lo que permitía toda suerte de abusos. La relación laboral que se imponía entre las ingresantes a diversos puestos de trabajo durante los noventa, aun los de mejor calificación, se hacía sin reconocimiento de la seguridad social, de modo tal que el trabajo “en negro”, que se había extendido notablemente, era aun más expresivo en relación con las mujeres. La desocupación femenina también era visiblemente superior a la masculina, como puede observarse en el cuadro precedente, y también lo era la subocupación. Entre los jóvenes de ambos sexos que tenían entre 18 y 25 años, las tasas de desocupación eran muy elevadas: alrededor del 20% no encontraba empleo en los primeros años noventa. Pero entre las muchachas, ese impedimento era aun mayor. Es bien conocida la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, el rechazo que sufren por su situación de conyugalidad, por el maternaje, por la atribución antojadiza de que su productividad es más baja. En el período del vendaval del desempleo abierto, el mercado seleccionaba aun con mayor discrecionalidad y las jóvenes veían obturadas las posibilidades de trabajo de manera más acentuada que los varones. La sanción de la Constitución de 1994 que, como ya he expresado, garantizaba la completa igualación de las personas, se ofrecía solo como un marco formal de derechos cuya interpelación era poco probable en orden a rectificar este problema. Para paliar la gravedad de la desocupación, el propio Ministerio de Economía, con el apoyo del PNUD, y un préstamo del BID, desarrolló el Proyecto Joven, tal vez la intervención que mayores recursos dispuso para capacitar a los jóvenes y ofrecerles más competencias para el mercado laboral. Fue un instrumento de política social paliativa que incorporó centralmente la perspectiva de género, la exigencia de la igualación de oportunidades para las mujeres, y en efecto hubo paridad entre sus beneficiarios.

Durante esos años se registró un aumento muy significativo de las mujeres que se tornaron “principales proveedoras”, en contraposición a los alicaídos recursos de los varones jefes de hogar, y este fenómeno ascendió del 19,5%, al principio de los noventa, al 24,5% al finalizar la década. Fueron especialmente los hogares más pobres los que vivieron esta experiencia expansiva de las mujeres como principales sostenedoras, puesto que en el segmento de los menos favorecidos se pasó del 18,5%, a inicios de la década, al 27,5% hacia 1997. Entre los sectores de mayores recursos, aunque también se registró un aumento relativo de las mujeres convertidas en el sostén principal, el salto no resultó tan notable. La complementariedad del salario masculino, en los hogares de los sectores medios y aun más altos, provino del desempeño de cónyuges que aportaban una alta proporción de los gastos de mantenimiento. También aumentaron las jefaturas de hogar a cargo de mujeres; en 1992 tales jefaturas representaban una proporción del 22%, y en 1997, el 26%. Fue sobre todo en relación con la mayor vulnerabilidad que tenían los hogares monoparentales a cargo de mujeres, que se extendió el concepto de “feminización de la pobreza”, noción que daba cuenta del fenómeno de la doble jornada de trabajo, de tareas extenuantes que debían atender a un mayor número de hijos pequeños en pésimas viviendas y de los exiguos ingresos para hacer frente a esas responsabilidades. Este concepto ha sido debatido, puesto que se ha aducido que la condición de los varones pobres y desempleados no queda atrás en la galería de los infortunios de las políticas neoliberales. Pero se empinó la opinión —sobre todo en ciertos espacios internacionales—, de que la pobreza podía retarse más eficazmente si se otorgaba asignaciones a las madres y mejores oportunidades para calificarse, y a los hijos mayor contención en guarderías y establecimientos educativos. El encogimiento del Estado llevó a sostener entonces políticas focalizadas, baterías de socorro para atender a los damnificados directos, y aparecieron una serie de planes como los Planes Intensivos, y sus sucesivas versiones, una de cuyas modalidades más recientes ha sido el Plan Jefas y Jefes de Hogar.

Aunque los procesos de autoempleo y otras formas de empleo informal habían comenzado bastante antes —durante la dictadura ya se habían incrementado estas opciones—, las políticas de ajuste llevaron a un aumento notable del cuentapropismo y también del número de trabajadores y trabajadoras, en condiciones aun más precarizadas, que se insertaban en los nichos de la informalidad laboral. En 1998, la proporción de quienes realizaban actividades económicas en el sector informal se calculaba en un 45%, y mientras los varones conformaban cerca del 44%, el número de mujeres era mayor aun puesto que significaban el 47%. Entre estas, casi el 20% eran empleadas del servicio doméstico, mientras que los varones, en casi idéntica cuota, eran trabajadores por cuenta propia.

El conjunto de las transformaciones impactaron sobre la organización familiar, en los roles domésticos y en las modalidades gerenciales de los hogares. No pocos maridos trastocaron tareas productivas por las funciones domésticas, proceso que ha afectado sus subjetividades representando crisis identitarias profundas, tal como ha sido narrado por las y los profesionales psicólogos. Para las mujeres, de igual manera, la experiencia de trabajar fuera del hogar obligó a modificar el diseño de tiempos y tareas frente a la experiencia de la “doble jornada” para quienes apenas la conocían. Aunque aliviadas por la posibilidad de ingresar recursos y pilotear la crisis, no pudieron evitar los sentimientos de culpa por la transferencia de las obligaciones hogareñas, el aflojamiento de los controles de hijos e hijas adolescentes en contextos facilitadores de experiencias problemáticas, cuando no las repetidas sensaciones de frustración por el efectivo ingresado, una magra respuesta a las necesidades. Paradójicamente, cuando más se quiso señalar la profundidad de la crisis exponiéndolas como víctimas, las mujeres de los sectores populares fueron responsabilizadas por los desajustes familiares; el aumento de la criminalidad y la drogadicción entre los jóvenes las señalaban en primer lugar. Sin duda un cargo injusto que revelaba poca comprensión frente al fenómeno de que para muchas mujeres, también fue la hora de pensar en sí, de acceder a una nueva subjetividad que solicitaba a menudo terminar con vínculos conyugales deplorables.

En síntesis, la pobreza y la marginalidad crecieron hasta límites inéditos durante la década del noventa, probablemente algo más del 60% en algunas áreas del país, sobre todo en el conurbano bonaerense y en la periferia de las grandes ciudades. En el vasto conjunto que comportaba el 45% de la población, afectada por una pérdida efectiva de ciudadanía, el 27% recibía ingresos insuficientes y se encontraba entonces bajo la línea de pobreza; cerca del 55% presentaba necesidades básicas no satisfechas; y el porcentaje restante se situaba en la franja de la indigencia, en condiciones infrahumanas, como podía atestiguarlo la falta de sustento alimentario en los grandes conglomerados, y no solo en estos. Las mujeres representaban más de la mitad de esos grupos, y si durante la década pudieron obtener más derechos civiles y políticos, hubo una notoria involución de las garantías sociales. Los años noventa fueron paradójicos.

Un último interrogante que he formulado debe ser respondido y es el que se refiere a las significativas tasas de inactividad entre las mujeres jóvenes de hasta 30 años. Durante la década que me ocupa, a pesar de la masiva concurrencia femenina al mercado laboral, una buena cantidad optaba por permanecer en sus hogares. Algunos análisis realizados a propósito del desempeño del Proyecto Joven, mostraban que aun habiendo accedido a alguna forma de capacitación, las mujeres de los sectores afectados por la pobreza no demandaban empleo. Caben varias conjeturas, y entre ellas, la más importante es la del “costo de oportunidad”. El abandono de las tareas de la casa y sobre todo la delegación de la crianza, suponen un costo que debe cotejarse con el probable beneficio del ingreso, y esa relación arrojaba conclusiones negativas. El gasto representado por el desplazamiento incorporaba no solo el transporte, sino el dispendio del tiempo para ir y regresar del trabajo, a lo que se sumaban las ponderaciones de orden cualitativo. El resultado de esa operación indicaba que lo mejor, entonces, era quedarse en casa. Muchos varones también desistían de procurar empleo puesto que era muy dispendioso procurarlo, además de frustrante. En relación con algunas mujeres que se habían calificado, es necesario admitir que tampoco aceptaban regresar al servicio doméstico y preferían quedar “inactivas”, aunque cargadas de tareas en el hogar.

Finalmente, me referiré a una circunstancia redundante en América Latina y también en nuestro país, y es la que se refiere a la ocupación femenina en las tareas de auxilio comunitario, en acciones de ayuda voluntaria en barrios populares para paliar carencias de todo orden. Es necesario reconocer que mucho antes de los signos ostensibles de aplicación de las políticas neoliberales, se contaba con el protagonismo de las mujeres en muy diversas acciones caracterizadas como “movimientos de la sociedad civil”. En los años setenta se constataba la presencia femenina para desarrollar tareas supletorias de salud y en colectivos para obtener equipamientos básicos (puestos sanitarios, construcción de viviendas, apertura de calles, acceso al agua, a medios de locomoción), así como para atender comedores populares. Pero ese voluntariado se incrementó notablemente a raíz de la gran crisis hiperinflacionaria de los ochenta y de la desocupación de los noventa. Los gobiernos obtuvieron recursos de los organismos multilaterales de créditos —especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo— para sostener intervenciones sociales cuyos agentes eran las propias poblaciones, y se sabía bien que descollaba la participación de las mujeres. Miles de mujeres trabajaron a destajo para desarrollar programas asistenciales y se envolvieron directamente en la gerencia de emprendimientos para mejorar a sus familias y a sus comunidades. De modo creciente, los organismos internacionales visualizaron este peculiar protagonismo mientras aparecieron críticas, especialmente provenientes del feminismo activo en las ONG y también del académico, acerca de la sobrecarga que representaba para las mujeres de los grupos más pobres, lo que aparecía como una “tercera jornada de trabajo”. En efecto, las mujeres pobres devenidas trabajadoras extradomésticas, reunían ahora las tres esferas de servicio —hogar, actividad laboral y atención comunitaria— lo que aumentaba en exceso sus responsabilidades. No obstante las críticas, sin duda fundadas, acerca de esta “utilización” de los contingentes femeninos para sustituir al Estado, su presencia en la negociación de recursos y en el desarrollo de los proyectos —que las llevó muchas veces a litigar y no solo con los sectores gubernamentales—, no hay dudas de que estos procesos las habilitaron para la esfera pública. No otra cosa significaba la acción supradoméstica en que estaban empeñadas. Aparecieron así trazos de liderazgo social en muchas protagonistas, y la aptitud para ser referencia en sus comunidades y aun en contextos mayores. Eludo adoptar el punto de vista crítico respecto de las formas cooptativas que tantas veces caracteriza la participación popular y de las cuales no están ausentes las mujeres. Entre las fórmulas de movilización asistencial más importantes del período se encuentra la experiencia de las “manzaneras” creada por Hilda “Chiche” González de Duhalde, la esposa del gobernador Eduardo Duhalde, en la provincia de Buenos Aires. Los principales recursos de atención directa a las poblaciones carecientes del conurbano estuvieron en ese caso en manos de mujeres de las propias comunidades, y las críticas arreciaron señalando el carácter clientelístico de esa intervención. Pero más allá del problema ético que subyacía en las maniobras de cooptación, y no tan solo en el caso de las “manzaneras”, apunto a las transformaciones de las subjetividades de muchas mujeres que aprendieron a tratar con los poderes públicos, a demandar y regatear, a protestar y a hacerse escuchar, a veces con estridencia. Ese ejercicio es el que debe rescatarse aun con las vacilaciones, y hasta las involuciones, impuestas por contextos en donde retrocedía el concepto de ciudadanía. Destaco la transformación que las habilitó para salir al espacio público, la modificación de los ambientes domésticos para dotarlos de sentidos políticos que pudieron constituirse en procesos de reflexión sobre sí mismas. Desde luego, no escapa el significado que tuvieron las ONG feministas en el despertar de la conciencia de muchas mujeres de los sectores populares en América Latina. Lo cierto es que antes y después de los años noventa se registraron cambios en su relación con los ámbitos doméstico y público, de modo que se estableció una interacción en sentido doble, necesidades domésticas se constituyeron en demandas públicas, y cuestiones públicas pudieron hospedarse en el seno de los hogares que servían como plaza para la interpelación política.

Mujeres en los movimientos sociales

El tembladeral social provocado por las políticas neoliberales iniciadas en 1991 no tenía precedentes en nuestro país. Las crisis del siglo XIX y las más severas y abarcativas del XX —la más importante sin duda fue la de 1929-1930—, no se compadecen con la conmoción de la década del noventa por una sencilla razón: ni los sacudones económicos de los años 1800, ni las crisis del treinta, ni los estremecimientos del “rodrigazo” durante el gobierno de Isabel Perón, ni la estampida hiperinflacionaria y el “golpe de mercado” que obligó a precipitar la salida de Alfonsín, conmovieron estructuralmente a la economía y al Estado. Los años noventa, en contraposición, transformaron de modo integral las características de la economía y de la gubernamentalidad, se puso fin al deambular entre mercado externo o interno, concentración o distribución, capital extranjero o capital nacional, agro o industria, apertura o cierre, para señalar algunos de los polos en los que fluctuó el poder político en el siglo pasado, tantas veces dictatorial. Los sectores liberales —política e ideológicamente conservadores— que avanzaron con Martínez de Hoz no se habían animado a esa auténtica contrarrevolución, que sí pudo acontecer con el gobierno del presidente Menem. El traspaso de las empresas públicas al sector privado no se hizo sin negociaciones y pactos con las cúpulas de los grandes sindicatos, a las que no les había faltado —más allá de sus conocidos trazos burocráticos y de la venalidad de muchos dirigentes—, una historia con episodios de resistencia. Pero los tiempos habían cambiado y las manifestaciones contrariadas por la venta de las empresas —teléfonos, ferrocarriles, petróleo, gas, minas, fábricas militares, astilleros, servicios de control y otros organismos públicos—, corrieron por cuenta de los gremios locales, de organizaciones espontáneas que se definían como “autoconvocados”, de nuevos agrupamientos sindicales y, más tarde, de las asociaciones de desocupados. Algunos movimientos se originaban en respuesta a la falta de cumplimiento de medidas que ya habían adoptado los gobiernos provinciales, o a la extinción de negociaciones que significaban que no se contaría con fuentes de trabajo prometidas. Aparecieron entonces nuevas formas de resistencia, manifestaciones que si habían conocido antecedentes en las luchas populares, caracterizaban ahora centralmente la protesta. En cada una de ellas les cupo otra vez a las mujeres un papel de gran significado.

Tal como pone en evidencia una investigación, en el invierno de 1996 las áreas petroleras de Plaza Huincul y Cutral-Có, de Neuquén, presentaban un cuadro social agravado. La desocupación alcanzaba a la mayoría de los hogares y se extenuaban las indemnizaciones. El gobierno provincial había entablado negociaciones con una empresa canadiense que se disponía a producir fertilizantes y que constituía la principal expectativa de empleo, pero se supo que el proyecto no iría adelante. Había otras iniciativas, como el de municipalización de una instalación gasífera al que se sumaban expectativas de nuevas inversiones. Pero el malogrado fin de las negociaciones con la empresa canadiense fue el detonante. Fue entonces que de modo espontáneo los pobladores de ambas localidades decidieron cortar las rutas tanto la provincial como la nacional, e interdictar los caminos aledaños entre el 20 y 26 de junio. Se inició así una forma de reclamo que sería reconocida como “protesta piquetera”. Las mujeres tenían el mismo involucramiento que los varones en las acciones del piquete, además de las funciones de preparar la comida, cuidar a la prole y prodigar otros cuidados. Durante la noche, el frío arreciaba y había que mantener la obstrucción de los accesos. El movimiento fue eficaz, el propio gobernador Felipe Sapag debió viajar a la zona del conflicto y se entablaron acuerdos para acelerar la instalación de una serie de fuentes de trabajo. Entre quienes representaron a las comunidades en este pacto había dos mujeres, Laura Padilla y Betty León. Ambas respondían a inscripciones sociales diversas, Laura era maestra; Betty, ama de casa, esposa de un trabajador, pero las dos reconocían seguramente la común identidad de su condición de mujeres y el mandato imperioso de evitar la miseria.

Un año más tarde, y en el contexto de un importante conflicto docente, nuevamente aquellas poblaciones recurrieron a los piquetes, en abril de 1997. Durante varios días las barricadas impidieron el tránsito en las principales rutas, y esta vez la protesta rindió la muerte de Teresa Rodríguez, una humilde pobladora, debido a la represión de los agentes provinciales. Teresa devenía un símbolo del compromiso de las mujeres en la protesta y su nombre fue objeto de diversas reivindicaciones. Nuevamente debió arribarse a la negociación que establecía una serie de medidas para resolver los reclamos de las poblaciones; el gobierno, además, prometió identificar y llevar a juicio a los responsables de la muerte de Teresa. La investigación en la que baso mi análisis pone en evidencia el giro fundamental de las mujeres en estas poblaciones, la evolución de sus percepciones y sensibilidades, el desafío traído por el nuevo marco de precariedades, la falta de horizontes para los hijos, en fin, la emergencia de una nueva subjetividad que presagiaba conductas insospechadas. La experiencia de las pérdidas y, sobre todo, la cerrazón del futuro, las llevó a abjurar de los modos canónicos del deber ser femenino y reclamar en el medio de la ruta, zona pública por excelencia, como había ocurrido con las Madres de Plaza de Mayo. Las protestas se desarrollaron luego en el norte del país, de nuevo en áreas petrolíferas, en Tartagal y General Mosconi, en la provincia de Salta, a donde se habían extenuado por completo las indemnizaciones y la desocupación rondaba el 70%; solo en General Mosconi los despedidos eran más de 3000, una proporción altísima en esa localidad. Entre quienes habían perdido el empleo había una cierta proporción de mujeres, de modo que en 1996, cuando surgió la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), no faltaban representantes femeninas en el grupo dirigente; una de ellas era Ica, a quien se deben no solo esfuerzos militantes, sino mucha claridad para entrever el orden de los problemas. Como en el caso neuquino, debe entenderse que se trataba de convulsiones que incorporaban a comunidades enteras, y no solo a algunos segmentos sociales —las clases trabajadoras—, toda vez que se trataba de enfrentar perjuicios colectivos, que sobrepasaban la afectación de unos pocos. En esas localidades casi no circulaba dinero, el consumo se había paralizado y los comerciantes estaban obligados a cerrar las puertas, por lo que su participación en la protesta era explicable. En mayo de 1997 se produjo el primer corte en la ruta 34, vía central de las comunicaciones, y el espectáculo de las barricadas que impedían el tránsito era por lo general acompañado del encendido de fogatas para que el humo auxiliara a la obstrucción, tal como había ocurrido en Neuquén. El conflicto duró una semana y el gobierno fue forzado a pactar un conjunto de medidas, pero hubo una circunstancia singular: un grupo importante no aceptó los términos y volvió a la ruta, se trataba sobre todo de mujeres que acusaban a los hombres de la mayor cobardía por haberse doblado a lo exigido por el gobierno. Los piquetes volvieron a la ruta 34 en 1999, 2000 y 2001, y generalmente convocaban a un gran número de pobladores en el que siempre fue expresivo no solo el número de mujeres, sino el lugar de su participación. A menudo eran las líderes más reconocidas, aunque a la hora de los acuerdos y sobre todo de los reconocimientos, no fueran en verdad pares de los compañeros varones. En Jujuy la experiencia de cortes de rutas se conocía ya en los años ochenta, numerosos conflictos se habían expresado de este modo, pero a mediados de los noventa, los motivos para la confrontación se agolparon. En mayo de 1997 estalló una disputa que en verdad tenía menos que ver con las privatizaciones que con los despidos en el ingenio Ledesma, planta que había sido históricamente una muestra, no solo de los abusos patronales, sino instrumento de la represión durante la dictadura. Pero se sumaron las manifestaciones originadas en otros lugares de la provincia y que incluía un vasto abanico, desde los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla hasta los demandantes de Humahuaca y La Quiaca. El clima de agitación inundaba la capital gracias a la acción del sindicalista Carlos “Perro” Santillán, y fue entonces decretado un paro de 24 horas. Los cortes de rutas contaban con muchas mujeres y había algunas, como Nancy Barroso y Alicia Benítez, que mostraban capacidad para conducir las movilizaciones. En agosto se repitieron los piquetes debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos, y esta vez, ambas fueron detenidas. Fruto de esas movilizaciones resultaron la Agrupación 22 de Mayo de Desocupados —un homenaje al día en que la represión había sido más severa— y la Corriente Clasista y Combativa —CCC— conducida por Santillán. No ha sido fácil para las mujeres que entonces intervinieron continuar participando y no solo por razones personales, debido a las responsabilidades domésticas, sino porque asomaron una serie de desavenencias a propósito de la distribución de los beneficios. Hábitos de discrecionalidad, cuando no de corruptela, sobrevinieron en algunas de las formas institucionales que tuvieron las resistencias piqueteras en Jujuy, y esto obligó a buena parte de las principales protagonistas a replegarse.

Entre 1996 y 1999 esas expresiones de descontento ocuparon más territorios, influyeron sobre un mayor número de poblaciones carecientes y constituyeron el centro de la protesta social. Habían desplazado a las antiguas manifestaciones políticas e ideológicas, aunque diferentes grupos de la izquierda radicalizada aún obraban como sobrevivientes de las viejas capacidades partidarias. En el conurbano bonaerense había un gran número de asociaciones, y más allá de las semejanzas en la metodología y en las formas de asistir a los adherentes, diferían en varios aspectos, sobre todo en uno que ya había dividido aguas y que se refería a la recepción de las asignaciones estatales —las diferentes metamorfosis de los Planes Trabajar, el Plan Jefas y Jefes de Hogar y un conjunto de programas provinciales para paliar la pobreza—. Otras cuestiones divergentes se situaban en torno de la independencia política —sin duda algo que se vinculaba con lo anterior—, pero fue evidente que muy pocos encuadramientos piqueteros se mantuvieron al margen de esta tentación. Resultaba incontestable que, con diversos ropajes, las viejas maneras del “clientelismo político” avanzaron asimilando a una gran cantidad de organizaciones. Las fórmulas prebendarias comenzaron a ser moneda corriente en varios movimientos y asomaron entonces conductas corporativas que se escudaban en el colectivo demandante para imponer reglas de juego y tallar con cuotas propias de poder. A pesar de que la presencia de las mujeres resultaba insoslayable en las movilizaciones que acampaban e interdictaban rutas y calles, en general las organizaciones les retaceaban reconocimiento y no dedicaban atención a sus problemas, aun frente a las evidencias de mal trato doméstico y de las jornadas interminables de desempeño en la casa y en el movimiento. Solo de modo reciente, algunas agrupaciones visibilizaron la particular condición de las militantes y ha dejado de ser “natural” la sobreocupación femenina y la mengua de derechos que las afectaban.

Aunque en una alta proporción los procesos de recuperación de fábricas ocurrieron a partir de la crisis de 2001, durante las décadas del ochenta y del noventa hubo un cierto número de empresas que pasaron, luego de prolongados conflictos y de sortear complejos trámites legales, a ser conducidas de modo directo por los trabajadores. Una buena cantidad de esas plantas estaba operada por varones debido a sus especialidades; las mujeres, por lo general, constituían un grupo muy pequeño de empleadas administrativas. Diversas investigaciones han mostrado la extensión del fenómeno recuperatorio, a partir de 2001, de plantas en las que, por el contrario, había una gran proporción de personal femenino, tal el caso de Brukman. Una sucesión de problemas financieros llevaron a que los dueños abandonaran esta fábrica de confección de vestimenta y que esto condujera a la toma por parte de las y los trabajadores. Se inició así un largo y tortuoso trayecto en la que solo su resistencia obtuvo finalmente normas legales para el traspaso de la empresa que quedó así bajo su control. Esta historia revela las luces y sombras de la acción colectiva, abundan las aristas en las que cuestiones de género resultan insoslayables, como las jornadas agotadoras para las mujeres, y también las tentativas manipuladoras de agencias políticas e ideológicas.

Algunos hechos encendieron la movilización de las poblaciones por razones no estrictamente económicas, tal el caso del asesinato de la adolescente María Soledad Morales, en Catamarca, luego que fuera sometida sexualmente por un grupo de varones pertenecientes, en buena parte, a familias que encarnaban los poderes locales. Las manifestaciones exigiendo el esclarecimiento de los hechos y justicia tuvieron a su frente a una religiosa, la hermana Marta Pelloni, quien se desempeñaba en el instituto donde estudiaba la joven. El crimen de María Soledad exhibía, aunque de modo exponencial, el comportamiento habitual violento contra las mujeres, la actitud de afrentar la condición femenina y no solo en geografías dominadas por tendencias conservadoras. Se pusieron de manifiesto diversos ángulos del ejercicio discrecional del poder, el ocultamiento por parte de altos funcionarios y, como en otros casos, los signos de la impunidad que caracterizaban la acción de la Justicia. La persistencia del reclamo de los familiares junto con la comunidad catamarqueña consiguió que los principales responsables fueran juzgados.

Finalmente, a modo de ejemplo de lo que ocurría en las áreas rurales, donde hubo diversas manifestaciones de protesta, introduciré la acción de las mujeres pertenecientes a grupos de pequeños productores. La reconversión económica solicitaba por un lado la renovación tecnológica agraria, lo que llevaba al endeudamiento, y por otro, se asistía a una caída notable de los precios de los bienes agrícolas en el orden internacional, a lo que debe agregarse el agravamiento que producía la paridad cambiaria y las altas tasas de interés. Una buena parte de los productores había contraído préstamos que muy difícilmente podían ser honrados; la disconformidad había llevado, luego de diversas expresiones parciales, a la Gran Marcha Agraria de 1993, en la que se habían hecho presentes desde los grandes productores hasta los más pequeños, amenazados de consunción. En La Pampa tomó fuerza en 1995 un movimiento peculiar, ya que a su frente se pusieron las mujeres cuyos establecimientos iban a ser rematados por incumplimiento de los créditos bancarios. Lucy de Cornelis fue una protagonista central; su exasperada demanda evitó el remate de su campo, y de allí en más se unieron numerosas mujeres que padecían la misma circunstancia en otras provincias. Nació entonces el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha —MMAL—, gracias a cuyo desempeño pudo seguramente evitarse la enajenación de muchos predios. No hay dudas de que las crisis han permitido, a lo largo de los tiempos, hacer visible la participación de las mujeres. La cripta hogareña se sacude y emerge entonces una mujer-otra que desmiente el arquetipo. Las rupturas siempre han significado una toma de la palabra para las mujeres, y en algunos casos, hasta con más osadía que los varones. El problema —y la incógnita— es por qué, cuando las aguas vuelven a su nivel, las mujeres son repuestas a su mismidad, a los lugares y las funciones del arquetipo de los sexos.

Derechos reproductivos y derechos sexuales

Las manifestaciones feministas de los años sesenta y setenta habían contenido reclamos sobre la despenalización del aborto, pero cuando se extendieron las agitaciones en los años ochenta, aunque aquel constaba en el programa de la mayoría de los nucleamientos, el énfasis fue puesto en que las mujeres de los grupos de menores recursos accedieran de modo gratuito a métodos y técnicas anticonceptivas. Sobre esto había una total coincidencia en el amplio movimiento de mujeres. Tal como he señalado en el capítulo precedente, se ponía así de manifiesto una alteración notable de las expresiones de las militantes setentistas, aunque como ya se ha visto, no faltaron iniciativas en materia de “planificación familiar” en medios populares durante los años previos a la dictadura.

Desde 1985 el país había suscripto la Convención contra toda Forma de Discriminación de las Mujeres, en la que se hacían consideraciones relacionadas con el pleno derecho a la autonomía para decidir en materia de procreación y a los medios que aseguraran esa autonomía. No otra cosa aseguraba el artículo 16 cuando afirmaba el derecho de “decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y tener acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. Se estaba entonces frente a la necesidad de cumplir con la Convención, pero sobresalía la negligencia de los organismos de salud y también la falta de legislación adecuada. En 1986 un decreto de Poder Ejecutivo creaba la Comisión Nacional de Políticas Familiares y de Población, pero fue solo un organismo asesor que brindó recomendaciones conservadoras, puesto que su objetivo mayor no estaba inspirado por la soberanía de los sujetos, sino en una valoración de la familia, que debía ser —en opinión de este grupo— el núcleo central de las preocupaciones en materia de reproducción.

Tal como lo muestra una importante investigación, entre 1986 y 1987 aparecieron iniciativas en relación con la planificación familiar en el Congreso de la Nación; algunas eran francamente obstructivas, como la presentada por los senadores Eduardo Menem y Libardo Sánchez, puesto que prohibían expresamente los anticonceptivos que, según los fundamentos de la iniciativa, tenían carácter abortivo. Es necesario decir que se había extendido en los medios católicos, ya desde su aparición, opiniones que atribuían consecuencias abortivas a técnicas como el DIU. Solo la ciudad de Buenos Aires —todavía municipio— contaba en 1987 con un programa de procreación responsable, pero no se lo difundía de modo adecuado y no todos los servicios sanitarios municipales lo llevaban adelante, ya que intervenían solo algunos hospitales. Constaba en ese programa una nómina de técnicas y métodos que podían brindarse a quienes se acercaban a los servicios, previa información acerca de sus características.

En 1991, la provincia de La Pampa fue la primera que legisló en materia de procreación responsable con una norma que si bien no era exhaustiva, ordenaba la gratuidad del acceso a un buen número de técnicas anticonceptivas. Es necesario recordar que la ley demoró un cierto tiempo para ser promulgada debido a la tenaz oposición de la Iglesia. Esta se manifestaba en todas las jurisdicciones con el fin de impedir que se avanzara con la asistencia gratuita en materia de anticonceptivos. De este modo, no fue sino a mediados de la década y bajo los efectos de expresiones más enfáticas del movimiento feminista, en virtud de dos importantes conferencias internacionales, que pudo avanzarse en la cuestión. Una de esas conferencias fue la de Población y Desarrollo, convocada por Naciones Unidas en El Cairo en 1994, a donde el gobierno de Menem estrenó, en un palco mundial, sus posiciones pro natalistas, oponiéndose a las medidas limitacionistas que allí se sostuvieron, con expresa condena del aborto. Formó parte de los diez Estados —junto a Djibouti, Ecuador, Egipto, Guatemala, la República Islámica del Irán, Malta, Perú, la República Dominicana y la Santa Sede—, que hicieron reservas de las decisiones mayoritarias de la Conferencia. La segunda gran reunión internacional involucró a muy diversas agencias feministas y al movimiento de mujeres, y esta fue la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, nuevamente convocada por Naciones Unidas. Estuvo allí un gran número de argentinas, tanto en el grupo de la delegación oficial como en el que representaba a las ONG del país. No hay dudas de que esas experiencias precipitaron las estrategias para sancionar una ley que asegurara medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Congreso. Se habían acumulado más de una decena de iniciativas, una de ellas suscripta entre Graciela Fernández Meijide, Cristina Zuccardi y Carlos Álvarez, y en noviembre de 1995 —luego de una acalorada sesión— se consiguió el voto favorable de Diputados. Pero como tantas veces había ocurrido, su pase a la Cámara de Senadores significó el ingreso a una vía muerta puesto que caducó el tiempo previsto para su tratamiento. Era del todo evidente que había órdenes de no tratarlo, emanadas del Poder Ejecutivo y dirigidas a la bancada mayoritaria. La ley contrariaba el acuerdo con la Iglesia; el ministro de Justicia, Rodolfo Barra —miembro del Opus Dei y con un pasado de extrema derecha—, constituía el más firme dique contra la medida.

Pero en diferentes provincias las legislaturas conseguían avanzar con normas que, aunque concedían bastante a la presión eclesiástica, posibilitaban que las poblaciones pudieran acceder a la información en materia de procreación y a algunas técnicas anticonceptivas. Tal fue el caso de los programas sancionados en Córdoba, Chaco y Río Negro a lo largo de 1996. Entre 1997 y 2000 buen número de provincias también establecieron normativas haciendo lugar a los derechos sexuales y reproductivos. Neuquén lo hizo en 1997, Jujuy y Chubut en 1999. Misiones fijó por decreto el Programa de Planificación Familiar Integral en 1998. El caso de Corrientes es bastante paradigmático, puesto que auspició en 2000 una ley con el nombre —toda una síntesis de sus objetivos— Programa a favor de la Salud de la Mujer y el Niño, pero no se trataba de ofrecer derechos a las mujeres que deseaban limitar en número de embarazos, ya que ni mencionaba la cuestión, y sí de afirmar los valores más convencionales de la maternidad y la crianza. Solo años más tarde esta ley consiguió ser modificada. En 1999, un nuevo proyecto ingresó a la Cámara de Diputados suscripto por Elisa Carrió y Miriam Curletti. Con los antecedentes de 1995 y los que se sumaron luego, solo en 2002, en una coyuntura excepcional —la Iglesia era sacudida por las acusaciones contra el obispo Storni, de Santa Fe, debido a abusos sexuales a menores—, se convirtió en ley 25.673 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación. En 2000 vieron la luz al menos tres leyes, una en la provincia de Mendoza, la segunda en La Rioja —que mereció el veto parcial del Ejecutivo y en 2003 fue derogada— y la tercera en la Ciudad de Buenos Aires. Voy a referirme en particular a esta última, la ley 418 de Salud Sexual y Reproductiva, pues se trata de una de las más avanzadas del país. A pesar de las presiones ejercidas sobre la Legislatura, no se hizo lugar a la fijación de edades mínimas de las/los adolescentes, tampoco a la necesidad del consentimiento informado ni a la posibilidad de que !os facultativos pudieran ampararse en la excusa de la “objeción de conciencia”, ni se aceptó limitar las categorías de técnicas y métodos a cuyo acceso gratuito faculta la ley. Puedo testimoniar sobre los entretelones de su sanción, sobre el cúmulo de presiones que ejercía la Iglesia y el temor de algunos dirigentes que no deseaban, absolutamente, un clima de alboroto. Pero lo más patético ocurrió cuando ya había comenzado —con mucho atraso— la sesión en la Cámara y el presidente Fernando de la Rúa solicitó cambios a los representantes de la Alianza. La rebelión no se hizo esperar y la amplia bancada de la coalición, con escasas excepciones, pudo defender el proyecto que había suscripto la mayoría, sin mutilaciones.

No pueden omitirse algunas reflexiones sobre la debilidad con que se pusieron en marcha, en general, las normas que permitían el acceso gratuito a los anticoncepcionales. Las poblaciones afectadas tenían escasísima información acerca de sus derechos, y esto se constataba entre públicos tan disímiles como estudiantes universitarios y jóvenes escasamente escolarizados de comunidades carecientes. Otra cuestión se refiere a que debido a la estrategia seguida para sortear el planteo de las jerarquías de la Iglesia católica, que consistía en subsumir los derechos de la sexualidad dentro de los derechos reproductivos, fue un hecho repetido que los programas unificaran la fórmula “derechos sexuales y reproductivos”. Lo cierto es que deben ser percibidos como derechos diferenciados, y resulta concluyente que los derechos de la sexualidad estuvieron escasamente comprendidos en las normativas tendientes a aumentar la autonomía relacionada con la reproducción expandida en el período.

[…]

* Barrancos, Dora 2007 “Transición democrática y traspié neoliberal: avances (y algunos retrocesos) de los derechos femeninos” en Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos (Buenos Aires: Sudamericana).

Pensamiento
económico crítico

Aldo Ferrer

Crisis y alternativas de la política económica argentina

Prólogo*

La política económica argentina en las últimas tres décadas estuvo sujeta a frecuentes cambios de rumbo que reflejaron la inestabilidad institucional del país en el periodo, Los conflictos profundos de la sociedad argentina estallaron en el plano político e impidieron la inserción de la política económica en una estrategia de largo plazo. Las relaciones de causalidad del proceso serían las siguientes: el desarrollo económico y los cambios en la estructura de la producción promovieron el ascenso de nuevas fuerzas sociales, en particular, de los trabajadores industriales y clases medias. Desde 1943 estas fuerzas disputaron el poder a los grupos que habían conducido tradicionalmente a la economía argentina. El sistema político preexistente resultó demasiado inflexible para incorporar a las nuevas fuerzas sociales y el acceso de aquellas al poder implicó entonces, la discontinuidad institucional. Radica aquí una diferencia fundamental con la experiencia de países como Australia y Canadá, que el liberalismo argentino propone, injustificadamente, como paradigma de los cuales Argentina se habría alejado, por la irracionalidad nacionalista. La intransigencia entre las nuevas y viejas fuerzas sociales operantes en la realidad argentina impidió la adopción de reglas del juego que fueran aceptadas, como encuadre, para dirimir los conflictos inherentes al desarrollo de las sociedades modernas. El triunfo político de unas u otras provocó, así, sucesivas rupturas del orden institucional. Argentina tuvo cinco pronunciamientos militares desde 1943, resultados electorales que fueron golpes de estado contra el régimen político anterior y varios cambios dentro de los mismos gobiernos militares. El acceso al poder de cada uno de los 17 presidentes de la República desde 1943 implicó casi siempre, un golpe de estado contra la situación preexistente. Los cambios políticos tuvieron su contrapartida en la conducción de la política económica. Desde 1945 el país tuvo 35 ministros de economía y cada relevo significó, generalmente, alteraciones bruscas en la interpretación de los hechos y en las medidas adoptadas.

Las nuevas fuerzas sociales, abrumadoramente mayoritarias y con una formidable capacidad de movilización política, fueron capaces de acceder varias veces al poder pero notoriamente incapaces de conservarlo. Esas fuerzas no lograron, de 1943 en adelante, diseñar y poner en práctica una estrategia económica viable en el largo plazo. Esto es, una estrategia que promoviese la acumulación y el crecimiento, con la expansión sostenida del empleo y los salarios reales. El peronismo, como expresión política dominante de los trabajadores y las clases medias, terminó promoviendo la redistribución del ingreso sin crecimiento, la participación sin disciplina social y el nacionalismo sin eficiencia. A su turno, el liberalismo, aplicó estrategias no viables que terminaron abriendo paso al retorno de las corrientes mayoritarias.

La política económica argentina quedó así atrapada en un juego pendular que impidió un desarrollo sostenido en condiciones razonables de estabilidad de precios y equilibrio externo. Los períodos en que se aplicaron políticas económicas de distinto signo, fueron demasiado breves para romper ese carácter pendular de la conducción económica en las últimas tres décadas. Probablemente puede afirmarse que el desborde inflacionario refleja el descontrol de las fuerzas actuantes y la debilidad del poder político para imponer pautas básicas de distribución del ingreso. No se trata de que la economía argentina haya permanecido estancada durante 30 años. Pero resulta evidente que su crecimiento ha sido inferior a las posibilidades de un país excepcionalmente dotado en recursos humanos y naturales. Esto fue bien claro a partir de 1973, en que la crisis petrolera y alimentaria mundial reveló la capacidad potencial de desarrollo de una economía excedentaria en alimentos y a un paso del autoabastecimiento energético. El deterioro relativo de la Argentina en el ámbito latinoamericano es especialmente notable si se tiene en cuenta que es el país mejor dotado para un desarrollo acelerado y para el crecimiento sostenido de los niveles de vida. De allí la perplejidad de los analistas extranjeros del desarrollo económico al evaluar el caso argentino. La ingeniosa expresión atribuida a Kutznetz es ilustrativa al respecto: existen cuatro clases de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Las experiencias argentina y japonesa son, en efecto, casos opuestos que no pueden entenderse a partir de la comparación entre el potencial de recursos y el crecimiento efectivo.

El lento desarrollo de la economía fue agudizando los conflictos entre una estructura productiva vulnerable y las aspiraciones crecientes de las nuevas fuerzas sociales. El peronismo, notable expresión del populismo, transó el conflicto promoviendo el consumo a corto plazo y el caos más tarde. El liberalismo pretendió enfrentarlo con el receso, la desocupación y la reducción de los salarios reales, con el consecuente estallido político.

En este volumen se intenta evaluar el comportamiento de la economía argentina bajo la conducción de las dos corrientes predominantes en los últimos 30 años. Se explora, también, el fenómeno de hiperinflación con receso instalado en el curso de 1975 y primeros meses de 1976. Finalmente, se procura identificar algunos requisitos mínimos que debería cumplir una política económica viable y alternativa a los modelos liberal y populista, tomando en cuenta la incidencia del actual contexto internacional.

He tenido oportunidad de discutir versiones preliminares de algunos de los trabajos contenidos en este volumen en el seno del Centro de Estudios de Coyuntura del Instituto de Desarrollo Económico y Social. El análisis de los problemas tratados fue extremadamente útil para una mejor apreciación de los hechos. Además, el contenido de este volumen fue desarrollado, en el segundo semestre de 1976 dentro de los Cursos para Graduados del IDES y sujeto a la crítica y sugestiones de los participantes. Aunque sea obvio, es habitual señalar que lo dicho aquí compromete solo al autor.

Crisis y alternativas de la política económica argentina

La economía política del peronismo

El interrogante básico y un intento de respuesta

Durante 13 de los últimos 30 años[1], la economía argentina fue administrada por gobiernos peronistas. Su evolución desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de profundas transformaciones del sistema económico internacional, ha sido decisivamente influido por las políticas seguidas por aquellos gobiernos.

El comportamiento de la economía argentina bajo las administraciones peronistas abre interrogantes importantes. ¿Es legítimo concluir que un régimen pluralista, nacionalista y popular es incapaz, por los objetivos que se propone y las expectativas que moviliza, de promover un crecimiento acelerado en condiciones razonables de estabilidad de precios, equilibrio del balance de pagos y disciplina social? O, por el contrario, ¿los problemas emergentes de la conducción peronista son consecuencia de las inconsistencias entre los objetivos perseguidos y la estrategia aplicada?

La respuesta al interrogante tiene un interés más que académico. El peronismo puede ser concebido como expresión de una sociedad diversificada y compleja, con experiencias y expectativas de participación enraizadas en sectores sociales muy amplios. Por otra parte, la evaluación de la experiencia peronista en los últimos 30 años debe tomar en cuenta los resultados alcanzados por conducciones económicas de distinto signo, en los años en que el peronismo no estuvo en el poder. Por ejemplo, las estrategias aplicadas, en varios períodos, por los intereses tradicionales que el peronismo desplazó del poder engendraron, también, problemas graves y, sobre todo, fueron incapaces de generar un consenso que les permitiera perdurar sobre bases políticas sólidas. La economía argentina enfrenta hoy desequilibrios tales que no parece posible, a corto plazo, la adopción de políticas económicas que insisten en los objetivos que signaron la gestión peronista. Pero cabe suponer que la diversificación y complejidad de la estructura económica y social del país volverán a tener expresión en el plano político. Y, en este caso, nuevos regímenes pluralistas de amplio respaldo popular volverán seguramente a insistir en la búsqueda de objetivos sociales y nacionalistas que, según revela la historia política argentina, corresponden a motivaciones profundas de las mayorías nacionales. De ahí que la respuesta a aquellos interrogantes sea importante para explorar las perspectivas futuras de la economía argentina.

El análisis de la política económica y sus resultados forman solo parte de la historia argentina bajo las administraciones peronistas. En un movimiento de bases populares tan amplias se movilizan motivaciones y procesos más complejos que los referidos predominantemente al sistema económico. Pero estos últimos forman parte principal de la trama y sin su comprensión es prácticamente imposible apreciar el curso de los acontecimientos.

Desde el poder, el peronismo mantuvo un conjunto de objetivos económicos y sociales básicos: redistribuir ingresos en favor de los asalariados y los sectores populares, expandir el empleo, ampliar la esfera de influencia del Estado sobre el sistema productivo y desplazar al capital extranjero de algunas posiciones preexistentes en la economía argentina. Reveló, también, una notable insistencia en utilizar un mismo conjunto de instrumentos de política: aumentos de salarios nominales, controles de precios, tipos de cambios sobrevaluados, aumento del empleo en el Estado y expansión del gasto público de consumo. En 1952, en plena crisis económica, el gobierno introdujo cambios importantes en su orientación económica, pero la experiencia fue breve y, en todo caso, alejada de las orientaciones que caracterizan al peronismo histórico. En 1975, también en plena crisis y en un contexto distinto, se intentó otro cambio de rumbo que fue arrasado en pocos días por la resistencia sindical.

La insistencia del peronismo en ciertos objetivos, estrategias e instrumentos de política imprimieron a la economía argentina, bajo su administración, orientaciones determinadas. En este trabajo se sostiene, en respuesta al interrogante inicial, que estas orientaciones no son consecuencia inevitable de los objetivos que se propone y las expectativas que moviliza un régimen político pluralista y nacionalista. Concluye, en cambio, que el curso de los acontecimientos puede explicarse por las inconsistencias entre los objetivos perseguidos y las estrategias e instrumentos de política económica aplicados. Esto no implica desconocer las dificultades de instrumentar, dentro de un régimen político de aquel tipo, una conducción económica que promueva el crecimiento acelerado, preserve la disciplina social y mantenga condiciones razonables de estabilidad de precios y de equilibrio del balance de pagos. Pero el análisis de la experiencia peronista induce a pensar que otros cursos de acción fueron posibles y que, en todo caso, las crisis de 1952 y 1976 fueron resultado directo de políticas no viables.

En este trabajo se intenta presentar una visión de síntesis del comportamiento de la economía nacional bajo los gobiernos peronistas. Se procura, con estos propósitos, destacar los rasgos dominantes del comportamiento de la economía bajo las políticas aplicadas por el peronismo. En seguida se hace referencia a los acontecimientos dominantes en tres períodos claramente identificables: 1946-1951, 1952-1955 y 1973-1976. Por último, se procura precisar las inconsistencias básicas de la política económica, que engendraron crisis profundas y provocaron, en definitiva, el derrumbe del régimen.

Modelo de comportamiento de la economía
argentina bajo el peronismo

A partir de la teoría poskeynesiana de la formación del ingreso, la demanda efectiva, la inversión y el empleo, es posible definir un modelo básico de comportamiento de la economía argentina bajo las políticas aplicadas por el peronismo. Es lo que se intenta hacer en esta sección. Se hace abstracción aquí de los cambios producidos en la estructura económica del país entre el primer y segundo gobierno peronista y de las transformaciones ocurridas en el contexto internacional. Estos aspectos son mencionados al hacer referencia a las experiencias concretas. De todos modos, se parte del supuesto de que el peronismo operó siempre en un sistema económico con un nivel de ingreso por habitante relativamente alto (digamos, en una posición intermedia entre el ingreso promedio de los países industrializados y los subdesarrollados), el predominio del empleo en la industria y los servicios dentro de la ocupación total y un desequilibrio estructural del balance de pagos. La validez del intento de definir un modelo básico de comportamiento de la economía argentina bajo los dos gobiernos peronistas emerge del sendero común de la formación del ingreso, la acumulación de capital y la generación de empleo bajo las políticas económicas aplicadas.

Se señaló antes que uno de los objetivos centrales del peronismo es la redistribución de ingresos en favor de los asalariados y de los grupos sociales ocupados en actividades marginales. Los instrumentos aplicados para alcanzarlo son tres: la política de salarios, los controles de precios y el tipo de cambio. Supletoriamente pueden utilizarse otros instrumentos con fines redistributivos, por ejemplo, la reducción de los ingresos de la propiedad urbana y rural por medio del control de alquileres y arrendamientos, los subsidios para productos de consumo popular y el mantenimiento de tasas de interés negativas. Estos instrumentos pueden llegar a tener fuertes efectos redistributivos pero son de importancia marginal para la dinámica interna de la economía política del peronismo.

Conviene analizar los efectos de la política de salarios y controles de precios, por una parte y, por otra, los de la política cambiaria. Esta última tiene repercusiones importantes sobre el equilibrio externo de la economía, aparte de sus efectos distributivos internos. Veamos primero la repercusión en el comportamiento del modelo de la política de precios y salarios.

El aumento de salarios nominales es utilizado para lograr el aumento de la participación de los asalariados en el ingreso generado en la producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo, la imposición de precios máximos implica que el aumento de salarios tiene como contrapartida la disminución de márgenes de ganancias de las empresas. El aumento del ingreso real de los asalariados provoca una expansión de la demanda y lleva a las empresas que producen bienes de consumo a ocupar plenamente su capacidad productiva instalada. Sin embargo, esto no estimula la inversión para aumentar la capacidad productiva, por dos razones principales. Primero, la disminución de los márgenes de ganancia y, consecuentemente, de la capacidad inversora de las empresas. Segundo, el deterioro de las expectativas acerca de la rentabilidad futura de las inversiones. La existencia de tasas de interés negativas y subsidios (vía tipo de cambios preferenciales) para la importación de maquinarias y equipos, no compensan, a largo plazo, aquellos determinantes básicos del nivel de la inversión privada: los márgenes de ganancias y las expectativas de futuro. El estancamiento de la inversión en el sector privado debilita la absorción de empleo en el sector. Cuando estalla la recesión y se agota la capacidad de retener mano de obra vía disminución de horas trabajadas y el deterioro del producto por hombre ocupado, el sector privado comienza a despedir mano de obra.

El estancamiento del empleo en el sector privado primero y, más tarde, su disminución, es compensado por el aumento de la ocupación en el sector público. La Administración Central, las empresas públicas y los gobiernos provinciales y municipales amplían su dotación de personal, y esto compensa el deterioro del empleo en el sector privado sobre el nivel de ocupación. Particularmente en las provincias y los municipios, el empleo aumenta también por una mayor receptividad del sector público a absorber mano de obra previamente desempleada o subempleada en actividades marginales de baja remuneración. La mayor ocupación en el Estado implica un aumento de los gastos corrientes en las actividades administrativas y de los gastos de explotación en las empresas públicas. Frente a esto, no se produce un aumento de la recaudación tributaria y de las tarifas y precios de los bienes y servicios producidos por las empresas estatales. El régimen político tiene una manifiesta resistencia a aumentar la presión tributaria y utiliza los bajos precios y tarifas como otro instrumento de su política redistributiva en favor de los usuarios de bienes y servicios de consumo masivo. Esto beneficia, al mismo tiempo, a grandes empresas usuarias de algunos de esos servicios, como energía, transportes y comunicaciones. El Tesoro Nacional se hace cargo del desequilibrio financiero de las empresas públicas y de los gobiernos provinciales y municipales.

La consecuencia de este proceso es el deterioro de la posición financiera del Estado a través de la eliminación del ahorro que pudiera estar generando, como diferencia entre sus ingresos y gastos corrientes. El deterioro se agrava cuando los gastos exceden los ingresos. Esto implica, que desaparece la capacidad de autofinanciamiento de la inversión pública: las operaciones corrientes del Estado dejan de generar ahorro. Frente a este deterioro financiero una primera respuesta puede ser la colocación de títulos públicos en el mercado interno de capitales[2], pero la magnitud del déficit excede la posibilidad de absorción del mercado, aun con el atractivo de cláusulas de mantenimiento de valor real del dinero invertido en loo títulos públicos. Cuando el déficit representa el 15% o el 20% del producto interno, equivale, o aun excede, a la totalidad del ahorro del sector privado. En tales condiciones, el financiamiento del Tesoro pasa a depender crecientemente del crédito del Banco Central, mediante la expansión monetaria con ese destino[3]. De este modo, el financiamiento del déficit fiscal provoca una rápida expansión de los medios de pagos.

Veamos ahora la repercusión de la política cambiaria. Esta procura la sobrevaluación del peso, con un propósito redistributivo de ingresos desde el sector agropecuario exportador, en beneficio de las actividades urbanas. Dada la proporción de la producción agropecuaria de la zona pampeana que se exporta, el tipo de cambio efectivo de exportación regula el nivel de precios internos recibidos par los productores, tanto para la producción destinada a la exportación como al mercado interno. La determinación del tipo de cambio efectivo para las exportaciones agropecuarias puede derivarse de la vigencia de un tipo de cambio sobrevaluado o por la aplicación de retenciones sobre un tipo de cambio más alto. Dentro del modelo analizado, la fijación de tipos de cambio sobrevaluados para el peso es la vía dominante para deprimir los precios relativos internos de la producción agropecuaria.

La fijación de tipos de cambio sobrevaluados no solo incide sobre la distribución del ingreso entre el sector rural y el resto de la economía. Influye, también, sobre otras variables económicas y contribuye a generar un creciente desequilibrio externo. Por un lado, la política de ingresos aplicada al sector agropecuario, vía el tipo de cambio, tiende a desalentar la expansión de la producción rural. En condiciones de alta inflación, los cambios a corto plazo en los precios reales de la producción agropecuaria tienen el mismo efecto. Frente al mantenimiento de elevados niveles de consumo interno, los saldos exportables declinan. Por otra parte, las exportaciones de manufacturas de origen no agropecuario son también desalentadas por la vigencia de tipos sobrevaluados que no alcanzan a ser compensados por subsidios a la exportación. Por otra parte, en condiciones inflacionarias como las que predominan en el modelo, se registran desajustes entre el tipo de cambio efectivo para las exportaciones de manufacturas y los costos internos de producción. Consecuencia de la política cambiaria adoptada es el desaliento de la producción rural exportable y de las exportaciones de manufacturas. Del lado de las importaciones, el tipo de cambio sobrevaluado estimula las adquisiciones en el exterior, aunque la presencia de controles de cambio y otras restricciones a la importación puedan disminuir la gravitación real de este efecto. Al mismo tiempo que se producen estas repercusiones en el balance de comercio, el deterioro de la formación de ahorro interno y la creciente vulnerabilidad externa disminuyen la acumulación de capital productivo. Esto afecta primordialmente a las industrias sustitutivas de importaciones, que requieren grandes inversiones de capital, con alto contenido importado, debido a los grandes tamaños de planta y la complejidad tecnológica que caracterizan a las industrias básicas (siderurgia, metales básicos, petroquímica, papel de diario y celulosa, etc.). Como consecuencia de la convergencia del conjunto de fuerzas operantes sobre el balance de pagos, se genera un creciente déficit en cuenta corriente, que es cubierto, en una primera instancia, con un mayor endeudamiento externo y la disminución de las reservas internacionales. Cuando estas últimas llegan a un punto críticamente bajo y las exportaciones se mantienen deprimidas, estalla nuevamente la crisis externa. Entonces, se restringen las importaciones para generar un superávit en cuenta corriente, que permita, junto a la refinanciación de parte de los servicios de la deuda, hacer frente a los crecientes compromisos externos. Dada la íntima vinculación entre las importaciones y el nivel de la actividad productiva interna, la restricción de aquellas tiene una repercusión directa sobre la producción y el empleo.

La convergencia de este conjunto de tendencias, reduce la oferta de bienes y servicios. Esta se contrae por las siguientes razones principales: Primero, disminución de la productividad media de la fuerza de trabajo por el desplazamiento de empleo desde el sector privado hacia ocupaciones de menor productividad o productividad marginal igual a cero, en el sector público. Por otra parte, dentro del sector privado también se produce un deterioro de la productividad por hombre, una vez que se instala la recesión, por la disminución de las horas trabajadas por obrero y el mantenimiento de una ocupación superior a la necesaria para mantener los niveles de producción vigentes[4]. A mediano y largo plazo, la falta de reposición del capital productivo y su obsolescencia también genera un deterioro del producto por hombre. Segundo, la restricción de importaciones a causa de la crisis del sector externo.

Frente a esta restricción de la oferta, el gasto monetario mantiene un alto nivel por dos razones principales. En primer lugar, el creciente déficit fiscal y la fuerte expansión monetaria con ese destino. En segundo lugar, el aumento de los salarios nominales impulsados por las presiones sindicales destinadas a mantener el salario real.

El comportamiento de la oferta de bienes y servicios y del gasto monetario del sector público y de los consumidores, sumado a la presión alcista de los salarios sobre los costos, provoca repercusiones profundas sobre el nivel de precios. En una primera etapa del proceso, el aumento de salarios reales por encima de los incrementos de la productividad genera una elevación del costo unitario del trabajo (medido como una relación entre el salario y el producto por hombre ocupado) y una presión alcista de los precios. En la medida en que el aumento de los costos unitarios del trabajo no puede ser transferido a los precios se produce una disminución del margen de ganancia de las empresas. El relajamiento del control de precios da lugar, en una segunda etapa, a aumentos abiertos o encubiertos de precios. Se está en presencia aquí de una inflación de costos vía salarios. Cuando los aumentos de salarios nominales, ya en plena explosión inflacionaria, no alcanzan a cubrir los aumentos del costo de vida, el proceso inflacionario pasa a descansar en la aceleración del gasto monetario vía déficit y en las expectativas de creciente inflación de los agentes económicos. A esta altura, los aumentos de salarios nominales juegan como un agente de propagación del proceso y ya no como una fuente primaria del alza de precios. La inflación genera fuertes modificaciones en los precios relativos de productos y factores de la producción, acrecentando las presiones de cada sector por mantener o elevar su posición relativa en la distribución del ingreso. En tales condiciones, la administración del sistema económico es cada vez más difícil y más intransigente la posición de cada sector en defensa de sus intereses. En este contexto, las tensiones sociales se agudizan, las relaciones laborales son más conflictivas y se producen nuevas caídas del producto por hombre ocupado.

La recesión se ha ido incubando dentro del proceso y estalla cuando convergen una serie de tendencias que operan sobre la liquidez del sistema y el gasto real de los consumidores e inversores. Los medios de pagos aumentan rápidamente debido a la creciente generación de crédito para cubrir el déficit fiscal. Frente al fuerte aumento de la oferta monetaria, las autoridades procuran restringir la liquidez total, frenando el crédito al sector privado. El crecimiento del valor de la producción a precios corrientes reclama, sin embargo, volúmenes mayores de liquidez para las transacciones del sistema. En estas condiciones, las autoridades económicas deciden evitar que la expansión de la base monetaria (vía aumento del crédito al sector público) se catapulte mediante una expansión secundaria de dinero (vía crédito al sector privado, bien sea por un mayor redescuento del Banco Central a los Bancos o por la reducción de los encajes mínimos). De este modo, el producto interno a precios corrientes aumenta más rápidamente que los medios de pago, generando una iliquidez creciente en el sistema y un aumento persistente de los costos de financiamiento del sector privado.

Simultáneamente, el gasto real de consumidores e inversores tiende a deprimirse. El ingreso real de los asalariados disminuye, como consecuencia del rezago en los ajustes de salarios en relación al aumento de precios y por los niveles crecientes de desempleo. El ingreso real disponible de los sectores que perciben ingresos y rentas que se ajustan con rezago a la inflación (jubilados, pequeños propietarios, empleados públicos) también declina y esto deprime aun más la demanda de consumo. En otros términos, pese al aumento del gasto nominal, en términos reales se produce una contracción y esto comienza a repercutir sobre el nivel de producción de las industrias de bienes de consumo, en particular las de bienes durables y semidurables (artículos del hogar, vehículos, textiles, etc.). La contracción de la inversión de las empresas y de la construcción de vivienda genera, a su vez, niveles crecientes de desocupación en las industrias productoras de maquinarias y equipos, materiales de construcción y en la misma industria de la construcción. La contracción de la inversión pública agrava el proceso. El crecimiento de stocks en varias ramas industriales absorbe, en una primera etapa, la baja del nivel de la demanda. Cuando las empresas comienzan a liquidar esos stocks, para aliviar su situación financiera, se agrava el impacto de la caída de la demanda sobre la producción y el empleo. Dada la existencia de tipos de cambio efectivos no compensatorios para la exportación de manufacturas, y la incertidumbre acerca de las relaciones entre costos de producción e ingresos, tienden a declinar también las exportaciones de manufacturas. En tales condiciones, predominan en la economía fuertes presiones inflacionarias con la contracción de la producción y el empleo. La disminución de la capacidad de absorción de empleo del sistema económico se refleja, primero, en el aumento de la ocupación improductiva en el sector público y en la retención en el sector privado de una dotación de mano de obra mayor que la requerida por los niveles de producción vigentes. Cuando avanza el proceso recesivo surge el desempleo abierto. El proceso es acumulativo en la medida en que el sector público pretenda absorber el desempleo creciente del sector privado, expandiendo su gasto corriente, acrecentando su déficit y elevando el crédito del Banco Central para financiarlo.

En condiciones de caída del producto interno, la participación de los asalariados se estanca o tiende a declinar. Asalariados y población pasiva con menor capacidad negociadora que los trabajadores sindicalizados, registran una franca caída de su ingreso real y de su participación en el ingreso nacional. La política de precios y salarios afecta a las empresas de mayor participación de mano de obra en su valor agregado, que son, en su mayoría, empresas medianas y pequeñas de capital privado nacional. Estas empresas son, además, las de menor capacidad financiera y las que más sufren las condiciones crecientes de iliquidez de la economía y los mayores costos de financiamiento. Las grandes empresas que operan en las industrias intensivas en el uso de capital y con mayores conexiones externas —incluyendo las subsidiarias de corporaciones transnacionales—, están en mejores condiciones de absorber los incrementos de los costos unitarios del trabajo y la congelación de precios y obtener financiamiento del exterior. La dinámica del proceso lleva en consecuencia, a una eliminación de pequeñas y medianas empresas nacionales y a una mayor concentración en grandes firmas de capital extranjero y privado nacional que mantienen entre sí relaciones estrechas.

Simultáneamente se fortalecen las actividades especulativas tendientes a aprovechar las distorsiones en la estructura de precios relativos y sus bruscos cambios, impuestos por la política de controles de precios y tipos de cambio.

En relación al sector público, debe observarse que la ampliación de la esfera de influencia sobre el sistema productivo está íntimamente ligada al sesgo nacionalista de la economía política del peronismo. La disminución del área de participación extranjera en la economía nacional (servicios públicos, sistema financiero, comercialización internacional de productos básicos, ciertas industrias) se instrumenta con una mayor participación estatal. Esta ampliación se realiza no solo sobre los intereses foráneos sino también sobre actividades desarrolladas por capital privado nacional. El sesgo nacionalista tiene, así, una implicación antiprivatista. En tales condiciones, el sector público asume mayores responsabilidades sobre el funcionamiento y desarrollo del sistema. El éxito de este objetivo es, sin embargo, impedido por el comportamiento dinámico del modelo global de política económica adoptado. El deterioro de la situación financiera del Estado y el desequilibrio creciente de las empresas públicas frena, como se ha señalado, la acumulación de capital dentro del sector. La creciente presión sindical por modificaciones en los regímenes de trabajo afecta la disciplina interna de las empresas, lo cual, sumado a la caída de la acumulación de capital y el deterioro de la gestión empresaria, disminuye la productividad en las empresas públicas y provoca, eventualmente, una caída de los niveles de producción. El sector público comienza a tener una creciente incapacidad operativa. El deterioro de la productividad del sector, el estancamiento o caída de la producción de bienes y servicios esenciales (por ejemplo, petróleo) y el ineficiente manejo de la multiplicidad de controles aplicados, convierten al sector público en un obstáculo para el desarrollo en lugar de un agente dinámico fundamental. La dinámica interna del modelo derrota, también, este objetivo central de la política económica peronista.

Lo mismo ocurre con el objetivo de la independencia económica. El creciente desequilibrio del balance de pagos y el deterioro de la posición de pagos del país termina por debilitar radicalmente su libertad de maniobra externa. Se reinstalan así las presiones para lograr acuerdos de refinanciación de la deuda externa que permitan evitar el colapso de las importaciones y la eventual cesación de pagos. En tales condiciones, desaparece toda posibilidad de realizar una política efectiva de regulación y control del capital extranjero y la transferencia de tecnología. Por otra parte, la contracción de la acumulación de capital interno también impide poner en marcha un proceso de expansión de la capacidad productiva asentado en el poder interno de decisión.

Crisis y alternativas de la política económica argentina

La economía política del liberalismo

El liberalismo condujo la economía argentina desde la organización nacional hasta principios de la década de 1940 y, a partir de 1955, durante breves períodos. El ascenso al poder del radicalismo en 1916, hasta el derrocamiento de Irigoyen en 1930, introdujo cambios importantes en el funcionamiento del régimen político, pero no alteró fundamentalmente la orientación de la política económica. A su vez, la experiencia de los últimos 30 años revela la capacidad de los intereses dominantes de reasumir la conducción económica, cada vez que fracasaron los proyectos alternativos.

Los cambios en el sistema económico mundial y las propias transformaciones en la estructura de la economía y sociedad argentinas provocaron modificaciones sustanciales en las políticas desarrolladas por el liberalismo. De todos modos probablemente puede afirmarse que los rasgos dominantes de la estrategia liberal se centran en tres puntos. Primero, la apertura de la economía argentina y su integración en el sistema económico internacional liderado por los países industriales. Segundo, la concentración del ingreso como instrumento fundamental de la acumulación y el crecimiento. Tercero, el mantenimiento del área de actuación del Estado en límites compatibles con la preservación de los intereses dominantes.

Se procura presentar aquí una visión de síntesis de la aplicación de la estrategia liberal en distintas circunstancias históricas. Desde esta perspectiva se destaca, en primer lugar, el período comprendido entre la organización nacional y la crisis económica mundial de 1930. Esta etapa del desarrollo económico argentino, definido en otro trabajo como de la economía primaria exportadora (Ferrer, 1976ª), abarca aproximadamente siete décadas de aplicación prácticamente ininterrumpida de la estrategia liberal. La década de 1930 hasta principios de la siguiente comprende un período crítico de la economía argentina, fuertemente afectada por las consecuencias de la depresión económica mundial y, enseguida, por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La estrategia liberal enfrentó, en este contexto, desafíos inéditos, frente a los cuales reveló una considerable capacidad de adaptación y maniobra. Finalmente, después de la caída del peronismo en 1955, el liberalismo reasumió la conducción económica durante varios períodos breves. A diferencia de la experiencia histórica del liberalismo hasta principios de la década de 1940, después de 1955 su objetivo dominante fue recuperar poder y redistribuir ingresos en su favor antes que asentar su política en una estrategia de crecimiento de largo plazo. Por otra parte, a partir de I955 hizo crisis un rasgo del liberalismo, presente desde la caída de Irigoyen: su incapacidad de lograr consenso político.

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Las dos vertientes dominantes de la política liberal

La contestación al bloque liberal a partir de las nuevas fuerzas actuantes en la sociedad argentina y la complejidad y conflictos de intereses en el interior del bloque, condicionaron decisivamente el comportamiento del liberalismo después de 1955. Por una parte, no logró, en ninguna de sus reconquistas de la conducción económica, afirmarse sobre una base política firme que le permitiera conducir a la economía en el marco de una estrategia de largo plazo. De hecho, esas reconquistas fueron todas efímeras y la más duradera de ellas se agotó en 3 años. Además, en todas esas experiencias, la conducción liberal estuvo permanentemente acosada por las fuerzas hostiles. Consecuentemente, un aspecto central de la estrategia del bloque fue desmantelar el poder del adversario y redistribuir ingresos en su favor, antes que asentar su política económica con una visión orgánica y a largo plazo de los problemas de la economía argentina.

Por otra parte, la complejidad y conflictos de intereses en el interior del bloque liberal hicieron más errática y contradictoria la formulación de la estrategia económica. En este contexto, pueden diferenciarse dos vertientes dominantes dentro de la estrategia económica del liberalismo. La primera, vinculada a los enfoques e intereses rurales tradicionales. La segunda, referida a las nuevas formaciones industriales estrechamente asociadas al capital extranjero.

La primera versión es extremadamente ortodoxa y apoyada en concepciones prekeynesianas. Concibe la necesidad de una economía abierta, con un muy bajo nivel de protección al desarrollo industrial y vinculada al resto del mundo dentro de los moldes clásicos de la economía primaria exportadora. Es decir, la especialización de la economía argentina en la explotación de su riqueza agraria y el abastecimiento de la demanda interna con manufacturas importadas. Esta es la versión límite de la concepción ortodoxa y las concesiones que puedan hacerse a la misma responden más a necesidades de oportunidad política que a una apreciación distinta del país. El objetivo central de la versión liberal ortodoxa es reinstalar al sector agrario en su papel de núcleo dinámico del desarrollo económico. De allí su insistencia en vincular la estructura de precios internos a los internacionales y lograr, por esta vía, una sustancial mejora de los precios relativos de la producción primaria, con las consecuentes transferencias de ingresos en su favor. La devaluación del peso y la eliminación de retenciones sobre las exportaciones primarias es, así, un reclamo permanente de la posición ortodoxa. La política fiscal y monetaria responde a criterios estrechos de equilibrio presupuestario y de restricción de la oferta monetaria, como instrumentos centrales de la lucha antiinflacionaria. La convergencia de modificaciones en los precios relativos a favor del agro, la restricción del gasto público y la oferta monetaria producen, inevitablemente, contracciones de los salarios reales, disminución de las ganancias del sector industrial y caídas de la demanda efectiva, la producción y el empleo. Como la producción de cereales y carnes se comercializa en proporción sustancial en el exterior y los mayores excedentes exportables generados por la contracción de la demanda interna pueden encontrar mercados en el resto del mundo, la concepción ortodoxa tiene escasa preocupación por los problemas del mercado interno y el nivel de empleo. Por el contrario, el receso y el desempleo pueden ser concebidos como instrumentos eficaces para desmantelar el poder de los sindicatos y de otras organizaciones empresarias ajenas al bloque liberal. La política de coyuntura se convierte, así, en un instrumento de la lucha por el poder. La concepción ortodoxa es violentamente antiestatista. Limita la acción del sector público a sus funciones tradicionales en ciertos servicios sociales, la defensa nacional, la seguridad interna y el desarrollo de la infraestructura. Pero esta última tiene un ámbito de desarrollo reducido en una economía asentada en la producción primaria y con un débil desarrollo industrial.

La visión neoliberal tiene un enfoque más sofisticado y complejo de la conducción económica. En primer lugar, su concepción de la inserción externa del país trasciende los límites impuestos por la visión ortodoxa. Se trata de vincular la economía nacional a las corporaciones transnacionales y a su fuerza expansiva, favoreciendo su acceso en condiciones de igualdad de trato con el capital nacional. Como la General Motors o la ITT no son iguales en potencial tecnológico y financiero a ninguna empresa argentina, la política del libre acceso implica, en la práctica, la penetración creciente de las subsidiarias de corporaciones transnacionales en el sistema industrial argentino. Dentro de este núcleo dinámico del desarrollo industrial se canalizan las principales corrientes de tecnología y recursos financieros del exterior. En torno de las formaciones industriales con fuerte gravitación foránea se consolida una compleja red de intereses locales que da lugar a lo que se ha definido como el “capitalismo asociado”.

La mayor capacidad de generación de ganancias de las empresas que operan en las industrias dinámicas y su acceso más amplio al financiamiento interno e internacional, consolidan progresivamente la posición dominante de las formaciones industriales en las ramas fuertemente asociadas al capital extranjero. La visión neoliberal es, entonces, más compleja que la ortodoxa en el plano de las relaciones internacionales y abarca el tratamiento del capital extranjero, la transferencia de tecnología y la movilización del financiamiento para las nuevas formaciones industriales. Por otra parte, la visión neoliberal no procura el desmantelamiento del sistema de protección industrial.

A su amparo se han desarrollado aquellas formaciones y, en todo caso, se propone su racionalización, pero en modo alguno su anulación.

La visión neoliberal del proceso de acumulación y de la política fiscal y monetaria, tiene diferencias sustanciales con la concepción ortodoxa. Aquella presta mayor atención a los problemas del mercado interno visto que es este el destino principal de la producción industrial. La concentración del ingreso se concibe mediante crecimientos de salarios inferiores a los de la productividad antes que por la reducción de los salarios reales. La expansión de la demanda de consumo es una condición necesaria para el crecimiento del sistema. A su vez, la política fiscal y monetaria es menos restrictiva. El enfoque tiene una interpretación keynesiana del papel del déficit en la determinación de la demanda efectiva y concibe a la política monetaria como un instrumento pasivo en el arsenal de medidas anti-inflacionistas. La inflación es enfrentada vía costos antes que por la depresión de la demanda efectiva, al contrario de la concepción ortodoxa, que concibe que todas las inflaciones tienen su origen en el exceso del gasto, aun frente a la evidencia del desempleo y la existencia de capacidad ociosa. En la visión neoliberal, el control de los salarios y del tipo de cambio son instrumentos clave para regular los costos y las presiones inflacionarias. Una diferencia central entre los enfoques ortodoxo y neoliberal se refiere al manejo de los precios relativos agro-industriales. La defensa de los ingresos de las formaciones industriales y de la fuerza de trabajo induce al neoliberalismo a regular los precios relativos y evitar transferencias de ingresos en favor del sector rural. Este es un punto central de conflicto con la concepción ortodoxa. Las llamadas políticas de ingresos son, así, instrumento principal del arsenal antiinflacionario neoliberal, mientras que la concepción ortodoxa descansa fundamentalmente en la contracción de la demanda efectiva y la liquidez a través de la política fiscal y monetaria.

El papel del Estado también plantea diferencias significativas entre ambos enfoques. Para el desarrollo de las formaciones industriales fuertemente vinculadas al mercado interno y al capital extranjero, el Estado tiene que cumplir varias funciones esenciales. En primer lugar, es indispensable el desarrollo de la infraestructura de transportes, energía y comunicaciones y la integración del espacio físico. Esto impone importantes responsabilidades de acumulación de capital en el sector público. De allí la preocupación del neoliberalismo en hacer operar eficientemente a las empresas del Estado. El capitalismo de Estado llega a ser la contraparte del “capitalismo asociado”. Dada la complejidad de las relaciones sociales en el interior de las formaciones industriales, el Estado debe cumplir un papel de transacción destinado a aliviar las tensiones sociales y políticas. De allí que el Estado neoliberal sea más receptivo acerca de la necesidad de mejorar el sistema de seguridad social. En relación a los sindicatos consecuencia inevitable de toda sociedad industrial, el Estado neoliberal trata de orientarlos antes que destruirlos como en la visión ortodoxa. Como las relaciones laborales son más complejas en una sociedad industrial que en una estructura dominada por el sector primario, se comprende que el enfoque neoliberal preste más atención al mantenimiento del salario real, el nivel de empleo y el aflojamiento de las tensiones sociales.

Se advierte, pues, que existen diferencias sustanciales en la concepción de la política económica dentro del bloque liberal. Sin embargo, el bloque, en conjunto, ha mantenido bastante coherencia en los últimos 20 años para enfrentar los problemas que afectan la posición de los intereses dominantes. El liberalismo ha cuestionado frontalmente el nacionalismo, la redistribución de ingresos y la ampliación del área de actuación del sector público. Sus voceros han atribuido las dificultades de la economía argentina a la violación de las reglas de juego del mercado, por la aplicación de políticas económicas de aquel signo. En particular, el nacionalismo ha sido atacado como una actitud irracional ante la realidad, basada en prejuicios antes que en datos empíricos. El liberalismo propone la alineación del país junto a los países desarrollados industriales y postula que Argentina no es un país subdesarrollado. No existirían, por lo tanto, razones para la vinculación argentina en el bloque tercermundista, y mucho menos, en el de países no alineados. El costo del nacionalismo suele ser medido por los voceros del liberalismo, comparando el desarrollo de Canadá y Australia con el de Argentina. Aquellos países que, a fines de la década de 1930, tenían un nivel de desarrollo comparable al argentino; se distanciaron radicalmente en las últimas décadas, supuestamente por las consecuencias de las políticas nacionalistas en la Argentina[5].

Con todas las diferencias mencionadas acerca de la concepción del Estado en las vertientes ortodoxas y neoliberales, el bloque ha atacado sistemáticamente la expansión del área de influencia del sector público. En particular, ha enfrentado la posibilidad de fortalecer la capacidad negociadora del sector público frente al resto del mundo y, con esto, debilitado inevitablemente la capacidad del país de modificar las relaciones tradicionales con los centros industriales. El aprovechamiento de las nuevas oportunidades abiertas en el contexto internacional depende de varios factores. Entre ellos, la articulación del poder negociador externo a través de la concentración de poder financiero en el sector público y grupos privados nacionales; la vinculación del gasto público con la producción interna de maquinarias, equipos y tecnología; la desagregación de los paquetes tecnológicos y financieros de los proyectos para mejorar las condiciones de su adquisición en el exterior y maximizar la participación local en las inversiones; el fortalecimiento de la capacidad gerencial interna para la administración de recursos y la incorporación de tecnología y recursos financieros externos en empresas bajo control nacional. El sector público cumple un papel decisivo en la articulación de la capacidad negociadora externa del país con esos propósitos. Pero esto afecta los intereses dominantes del bloque liberal asociado a estructuras fuertemente dependientes de subsidiarias de corporaciones transnacionales, la transferencia externa de tecnología y el financiamiento proveniente del exterior. De allí una de las causas de la actitud antiestatista del liberalismo.

Pese a los conflictos en el interior del bloque liberal, este ha mantenido una clara posición de enfrentamiento con otras fuerzas sociales y un consistente embate en el plano ideológico contra las propuestas distintas al proyecto liberal.

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Inviabilidad de las estrategias del liberalismo

Toda estrategia económica requiere un sustento político de largo plazo. Radica aquí la inviabilidad fundamental del liberalismo argentino. A diferencia de la experiencia posterior a la organización nacional, no logró, en ninguno de sus retornos posteriores a 1955, generar suficiente apoyo para respaldar sus estrategias económicas. Entró siempre en conflicto con otros sectores sociales y generó, incluso, tensiones dentro del mismo bloque de intereses que lo respalda. La experiencia revela que la aplicación de las políticas liberales terminó provocando cambios dentro del propio régimen institucional y la conducción económica.

¿Pero se trata, solamente, de que las expectativas sociales y políticas en la Argentina le impidieron al liberalismo ganar tiempo suficiente[6] para mostrar sus frutos? ¿O, por el contrario, las estrategias económicas del liberalismo no son viables y, entonces, no pueden generar condiciones propicias para su legitimación política a largo plazo? Múltiples razones inducen a concluir que la respuesta es esta última.

¿Qué es la viabilidad de una estrategia económica? Desde la perspectiva que interesa analizar aquí, es el aumento de la acumulación de capital y el crecimiento del producto, en condiciones de equilibrio externo, que permitan la expansión generalizada del empleo y los salarios reales. En otros términos, la viabilidad de una estrategia económica radica en su capacidad de incorporar al área de prosperidad al grueso de la población, como ocurrió en la etapa de la economía primaria-exportadora. Conviene observar que las condiciones en la Argentina son particularmente propicias para la expansión del empleo y los salarios reales. El punto de partida proporcionado por un ingreso medio alto y la ausencia de contingentes relativamente importantes de mano de obra desocupada y marginal en el campo y los centros urbanos, no impone, a diferencia de Brasil y México, un desafío formidable a la política económica.

Para responder el interrogante conviene volver a la diferenciación de la estrategia liberal en sus dos vertientes dominantes: la ortodoxa y la neoliberal. La primera es claramente no viable. El sector agropecuario emplea solo el 15% de la fuerza de trabajo. Aunque la producción agropecuaria y las exportaciones crecieran rápidamente, no es posible generar una demanda suficiente de empleo en el conjunto del sistema. Dada la dimensión de la economía y su nivel de desarrollo, una estructura primaria exportadora es decisivamente no viable. Por otra parte, las políticas ortodoxas provocan tensiones de tal magnitud, que la conducción económica entra en crisis a breve plazo. La experiencia de 1962-1963 es suficientemente ilustrativa al respecto. En otros términos, la estrategia ortodoxa no tiene posibilidad alguna de conducir al desarrollo, al aumento del empleo y los salarios reales ni, tampoco, de manejar la coyuntura sin tensiones insoportables.

El enfoque neoliberal está más ligado a la estructura productiva existente y compromete un conjunto de intereses más diversificado y complejo que la estrategia ortodoxa. Su problema fundamental radica en su vinculación con un proceso de acumulación de capital y cambio tecnológico que tiende a utilizar poca mano de obra por unidad de producto. El empleo de tecnologías provenientes de los centros industriales avanzados, la gravitación creciente de las industrias dinámicas en el sistema productivo y la concentración de la producción en estructuras oligopólicas, provocan un empleo creciente de capital por hombre ocupado y un rápido ascenso de la productividad. Esto implica que, para elevar el empleo en el conjunto del sistema económico, sea necesaria una tasa alta de crecimiento del producto bruto interno, probablemente superior al 7% anual[7]. Como el aumento del producto en las industrias dinámicas duplica aproximadamente el del conjunto de la economía, sería necesario un crecimiento de aquellas a tasas vecinas del 12% al 14% anual. Un fuerte desarrollo de los sectores productores de bienes es, a su vez, indispensable para expandir la demanda de trabajo en los servicios y mejorar los salarios reales en los mismos. Esto último impone una mejora de los precios relativos en favor de los servicios, para permitirles participar en los incrementos de la productividad, que se concentran en la industria dinámica y otros sectores productores de bienes.

En el modelo neoliberal, si el producto no crece intensamente, cabe esperar un aumento de desempleo y la marginalidad. En otros términos, el progreso técnico y la acumulación desplazan mano de obra y no generan fuentes alternativas de ocupación. Se producen, así, fracturas en la estructura de la producción y el mercado de trabajo, el rezago de los sectores no vinculados al núcleo dinámico del sistema y la caída de la participación de los asalariados en el ingreso. De este modo, se gesta una estructura productiva dual con una clara línea divisoria, en los niveles relativos de ingresos, entre las actividades dinámicas (industrias fuertemente asociadas al capital extranjero, la agricultura avanzada, ciertas actividades del sector público) y el resto de la economía. La redistribución regresiva del ingreso tiene su contrapartida en una estructura productiva que acumula y produce para satisfacer la demanda de los grupos de altos ingresos.

La viabilidad económica del neoliberalismo se asienta, pues, en la tasa de crecimiento de la producción y el empleo. Esta depende, a su vez, de dos condiciones principales. Primero, un aumento sustancial de la acumulación de capital. Segundo, un sostenido crecimiento de las exportaciones para mantener el equilibrio externo de un sistema fuertemente integrado al sistema mundial. El enfoque neoliberal presupone que esas dos condiciones pueden cumplirse mediante los fuertes estímulos externos que operarían sobre la economía argentina. Esos estímulos provendrían de un sustancial aumento de las inversiones directas, incorporación de tecnología y exportaciones de manufacturas por parte de las subsidiarias de las corporaciones transnacionales.

La experiencia argentina, que coincide con tendencias generalizadas en la América Latina y el resto del Tercer Mundo, contradice esos supuestos del enfoque neoliberal.

En relación a la factibilidad de una incorporación sustancial de inversiones privadas directas extranjeras, cabe observar la estructura tradicional de financiamiento de ese tipo de inversiones. Las subsidiarias de las corporaciones transnacionales se financian en alrededor de un 80% con recursos generales internamente (reinversión de utilidades, fondos de reservas y créditos del sistema financiero local). Los créditos exteriores, basados en la capacidad de endeudamiento externo de los países en que operan las subsidiarias, es otra fuente principal de financiamiento. Los recursos propios aportados por las casas matrices son, normalmente, una proporción marginal del financiamiento. No cabría esperar, por lo tanto, un aumento sustancial de la tasa de acumulación del país vía incorporación de inversiones del exterior. En todo caso, se trataría de la reasignación del ahorro interno y de la capacidad de endeudamiento externo argentino en torno de los proyectos desarrollados por las corporaciones. Las corrientes de tecnología están, a su vez, íntimamente asociadas a las transacciones atadas entre matrices y subsidiarias y cabe esperar que la intensidad de su incorporación estaría directamente vinculada a la expansión de los intereses foráneos en el sistema productivo[8].

En cuanto a la posibilidad de una rápida expansión de exportaciones de manufacturas a través de las subsidiarias, conviene recordar que, en la Argentina y el resto de América Latina, la inversión privada directa extranjera en el sector industrial se volcó, tradicionalmente, a la producción para el mercado interno en el marco de la sustitución de importaciones. Las subsidiarias han jugado un papel importante en la exportación de manufacturas en otro tipo de países, a saber, economías industriales avanzadas y economías subdesarrolladas con abundancia de mano de obra barata en las cuales es políticamente viable el “redespliegue” industrial de las corporaciones transnacionales. El primer caso se refiere especialmente a la experiencia de Europa Occidental. Allí, las corporaciones norteamericanas realizaron la mayor parte de sus inversiones en los últimos lustros y participaron activamente en la expansión de las exportaciones de manufacturas de tecnología avanzada. Pero se trata, en esta experiencia, de un comportamiento estrechamente vinculado a la integración e interdependencia creciente entre economías industrialmente avanzadas[9]. El segundo caso se refiere, particularmente, a economías del Sudeste Asiático, como las de Corea del Sur y Formosa. En estos países se han producido importantes desarrollos de corporaciones transnacionales en fases del proceso industrial intensivas en el uso de mano de obra. La estrategia consiste en rebajar los costos integrando los procesos productivos a escala internacional. Ninguna de las experiencias mencionadas tiene relación con las condiciones vigentes en la Argentina contemporánea.

Cabe concluir que la convergencia de múltiples factores quita sustento a los supuestos del neoliberalismo acerca de la dimensión del impulso externo sobre la economía argentina. En última instancia, el éxito de la estrategia neoliberal depende de una condición de difícil cumplimiento: una fuerte y sostenida expansión de las exportaciones de manufacturas, que induzca el crecimiento del conjunto del sistema. El aumento de las inversiones de las corporaciones transnacionales depende del mismo factor. Estas podrían hacerlo inducidas por la expansión del mercado interno si se dieran dos condiciones. Primero, un rápido crecimiento de los salarios reales y el empleo. Segundo, una adecuación de la tecnología incorporada a la dotación de recursos y factores productivos del país, que permitieran la expansión del empleo simultáneamente con la producción. Pero la primera condición es un resultado que cabría esperar después de un aumento masivo de inversiones extranjeras, no antes. Y la segunda condición no es compatible con el modelo de desarrollo dependiente.

En las condiciones argentinas, la aceleración de la tasa de crecimiento depende de un orden de causalidad distinto del propuesto por la estrategia neoliberal. La expansión del mercado interno, la política nacional de inversiones y el crecimiento de las exportaciones a partir de centros internos de decisión, pasan a ocupar la posición de procesos dinámicos del desarrollo. Es decir, procesos opuestos a la concentración del ingreso, la consolidación de las estructuras oligopólicas, el debilitamiento del sector público, la gravitación creciente de los intereses foráneos y la integración con los centros desarrollados del sistema mundial, propuestos por la estrategia neoliberal.

Bibliografía

Ferrer, Aldo 1974 Tecnología y política económica en América Latina (Buenos Aires: Paidós).

Ferrer, Aldo 1976a (1963) La economía argentina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Ferrer, Aldo 1976b Economía internacional contemporánea; texto para latinoamericanos (México: Fondo de Cultura Económica) Cap. 1.

Ferrer, Aldo y Monsalve, M. 1957 Carnes, comercio anglo argentino (Buenos Aires) mimeo.

Ferrer, Aldo y Wheelwright, E. 1966 lndustrialization in Argentina and Australia. A comparative study (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella).

FMI 1976 Boletín (Washington DC) 23 de febrero.

Mallon, R. y Sourrouille, J. 1976 La política económica en una sociedad conflictiva: el caso argentino (Buenos Aires: Amorrortu Editores).

OECD 1975 Economic Outlook (París) diciembre.

1 Para un análisis comprensivo de la política económica en esas tres décadas véase Mallon y Sourrouille, 1976.

2 En el período 1946-1955 los mercados financieros internacionales para la colocación de valores públicos no se habían recuperado plenamente de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Esa fuente de financiamiento público que tuvo una gran importancia para la Argentina hasta la década de 1930, no fue accesible al primer gobierno peronista. En cambio, en el periodo. 1973-1976, existió una intensa actividad en los mercados financieros internacionales, particularmente en los de euromonedas y eurovalores. Países latinoamericanos especialmente Brasil y México, tuvieron un amplio acceso a esa fuente de financiamiento. Argentina, en cambio, en gran parte debido a sus dificultades financieras internas y externas realizó solo operaciones de menor importancia en esos mercados. En 1975 Brasil obtuvo créditos en euromonedas por 2.000 millones de dólares, México por 2.200 millones y Argentina por 34 millones. Véase Boletín del FMI (1976).

3 Es interesante observar que actualmente, en varios países industrializados, el déficit fiscal representa proporciones importantes del producto interno. Pero en estos países a diferencia de la Argentina, el déficit se financia primordialmente con recursos genuinos del público, vía la colocación de valores. En consecuencia, no se produce una adición neta al gasto, como ocurre cuando el déficit se financia predominantemente vía crédito del Banco Central.

4 Este tipo de situación se plantea también en las economías industriales avanzadas en condiciones de receso económico. El desempleo en esas economías es en parte absorbido por la disminución de horas trabajadas por hombre. Se registra también un deterioro del producto por hombre ocupado, por la retención de una dotación de personal mayor que lo requerido por el nivel de producción. Estas tendencias se observan con claridad en el receso de los países industriales del período 1974-1975. Véase OECD, 1975.

5 Sin perjuicio de los costos soportados por la Argentina por la irracionalidad de sus políticas económicas durante largos períodos, la comparación no es válida. En el caso del Canadá, su estrecha vinculación con la economía norteamericana prácticamente convierte la experiencia canadiense en un capítulo importante del desarrollo de la economía norteamericana. Razones obvias de localización geográfica y formación demográfica, hacen imposible cualquier comparación válida. En el caso de Australia, las razones son más complejas. En primer lugar, el sistema político australiano difiere sustancialmente del argentino. Antes de la Primera Guerra Mundial, Australia tuvo un gobierno laborista y, en ningún momento los intereses vinculados a la propiedad territorial y el comercio exterior ejercieron una gravitación comparable a la que tuvieron en la Argentina. Esto confirió al sistema político de Australia una mayor flexibilidad para transar los conflictos de intereses y adecuarse a los cambios impuestos por las transformaciones del contexto internacional y el propio desarrollo interno. Por otra parte, el papel de beligerante de Australia en las dos guerras mundiales estimuló un desarrollo industrial más intenso que en Argentina, en actividades directamente vinculadas con el esfuerzo bélico. Más importante que esto, Australia mantuvo antes de 1930 una actitud más proteccionista de su desarrollo industrial, y cuando estalló la crisis mundial, el sistema industrial de ese país era más desarrollado que el argentino. Además, Australia siempre defendió con más eficacia la comercialización de sus carnes en el Reino Unido y no toleró la formación de una combinación oligopólica y oligosónica entre frigoríficos en Australia e importadores en el Reino Unido, como ocurrió en la Argentina bajo el Comité de Fletes del Río de la Plata hasta la década de 1950. En los hechos pese a ser un Dominio de la Corona británica, Australia mantuvo una política económica frente al Reino Unido más independiente que la Argentina. Más tarde surgieron en Australia nuevas fuentes de recursos exportables, en el campo minero, que no existieron en la Argentina. En consecuencia, las diferencias entre las condiciones del desarrollo político y económico de Argentina y Australia son tantas que no parece razonable efectuar una comparación entre ambos y sacar conclusiones simplistas vinculadas con la incidencia de algunos factores, como el costo relativo del nacionalismo en la Argentina. Una simple comparación de indicadores de ingresos es, por lo tanto, insuficiente. Sobre estas cuestiones puede verse Ferrer y Wheelwright (1966), y Ferrer y Monsalve (1957).

6 La propuesta de un tiempo económico, primero, luego social y, por último, político, planteada por el gobierno militar en 1966 puede interpretarse en este sentido: ganar tiempo para que el programa económico genere más empleo y bienestar permitiendo la legitimación política del régimen.

7 La necesidad de una alta tasa de crecimiento es no solo un requisito de viabilidad de la estrategia neoliberal. Aun cuando Argentina pudiera adecuar el cambio tecnológico a su dotación de factores productivos y recursos, no podría evitarse la tendencia a un fuerte crecimiento del producto por hombre. En consecuencia, una alta tasa de crecimiento es requisito necesario de toda estrategia orientada a aumentar el empleo y los salarios reales.

8 Existen vías de incorporación de tecnología distintas de las operaciones atadas matriz-subsidiaria. Pero el desarrollo intenso de esas vías implica salirse de los límites del modelo neoliberal. Puede verse Ferrer, 1974.

9 Puede verse Ferrer, 1976b: Cap. 1.

* Ferrer, Aldo 1987 (1977) “Prólogo”, “La economía política del peronismo” y “La economía política del liberalismo” (fragmentos) en Crisis y alternativas de la política económica argentina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Jorge Schvarzer

La práctica de la
política económica*

Para presentar las hipótesis que propondremos en este trabajo es preciso efectuar un relato pormenorizado de la política económica llevada a cabo en el período 1976-1981. Obviamente no pretendemos ofrecer una crónica completa de lo sucedido. Pero necesitamos recordar una serie de hechos para poder jerarquizar algunas decisiones adoptadas y describir el contexto político global en el que se tomaron. Solo así se podrá destacar la relación entre ciertas opciones clave que fueron elegidas y los costos que se estuvo dispuesto a pagar por ello. Con ese propósito centramos nuestro relato en las grandes líneas de acción y las principales medidas tomadas para conformar un nuevo mercado financiero en el país, con tasas de interés libres y una relación cada vez más estrecha con el exterior.

Conviene adelantar algunas de las conclusiones que surgen del análisis. En primer lugar, debemos señalar que no existieron intentos serios de organizar un mercado de capitales a largo plazo a través del cual se canalizaran los recursos de ahorro y se orientara la inversión. La política económica favoreció casi exclusivamente y a costos muy elevados, la creación de un mercado de dinero de corto plazo y alta liquidez, mercado que operó como un factor permanente de inestabilidad del sistema económico. La nueva estructura incrementó el desequilibrio encontrado en la plaza en marzo de 1976, al tiempo que alentaba otros factores negativos como el mantenimiento de una alta inflación.

El desarrollo de este mercado fue acompañado por una permanente voluntad de destruir todas las barreras existentes para el movimiento de capitales hacia y desde el exterior. En la primera etapa, se configuraron condiciones que hicieron sumamente rentable el ingreso de divisas a la plaza financiera local. De hecho, la mayor parte del “ahorro” registrado en el período —consistente en fondos a muy corto plazo en el mercado financiero con elevadas tasas de interés— se debe al ingreso de divisas que se incorporaban a la plaza convertidas en pesos. Los beneficios obtenidos por esa vía fueron muy grandes, tanto en términos absolutos como en comparación con el producto bruto del país. Puesto que la riqueza no se crea de la nada, ellos se generaban evidentemente gracias al proceso de redistribución del ingreso que reducía los salarios liberando fondos para la especulación.

La combinación de estas dos estrategias —mercado de corto plazo y libertad para los movimientos de divisas— engendró condiciones particulares en la medida en que el Estado, a su vez, autolimitaba su función reguladora a favor de movimientos más y más espontáneos del dinero. El mercado perverso así creado fue adquiriendo una influencia cada vez mayor en el ámbito económico y social que, inevitablemente, tuvo un correlato en el plano político. La creciente fluidez del movimiento del dinero hizo que, progresivamente, llegara a tener una importancia decisiva la “confianza” que los agentes económicos podían tener en la continuidad y orientación de la política económica que se estaba llevando a cabo. El desequilibrio original del sistema tendió a aumentar, no a disminuir, por impulso de la política económica, hasta encontrarse en una situación prácticamente insostenible en su última etapa. A partir de determinado momento, la era sospechosa sobre un posible desplazamiento del equipo económico podía provocar el colapso de la economía argentina. La experiencia de fines de 1980 y comienzos de 1981 que se analiza más adelante, exime de mayores comentarios al respecto.

Se generó así una condición estructural —antes que de coyuntura— muy particular. Los grandes agentes económicos lograban elevados beneficios en la medida en que desplazaban sus actividades para aprovechar los sucesivos mecanismos financieros que las autoridades económicas ponían en marcha. Estas autoridades, a su vez, iban autocercenando sus posibilidades de controlar el sistema, de modo que este tendía a depender más y más de las decisiones de un sector privado que crecía en conjunción con el mercado financiero. En esas condiciones la clave del mantenimiento de dichos beneficios consistía simultáneamente en la continuidad del desequilibrio, que se creaba y ampliaba constantemente, y en la continuidad de la política en vigor. Esta última condición operaba como un verdadero reaseguro de la permanencia del equipo económico desde el momento en que ese equipo era el único que lograba generar la confianza de los grandes factores privados de decisión.

La política económica avanzó sobre dos andariveles paralelos. Por uno de ellos ofrecía la posibilidad de realizar operaciones muy lucrativas a quienes orientaran su actividad de acuerdo con los estímulos brindados al mercado financiero. Por el otro, el propio crecimiento de ese mercado creaba las condiciones para la continuidad y firmeza de la política económica que se llevaba a cabo. El desequilibrio económico otorgaba fuerza política a quienes lo creaban, grandes beneficios a quienes lo aprovechaban y un poder cada vez mayor a los grupos privados que controlaban el mercado financiero.

Durante un tramo extenso de su gestión, Martínez de Hoz actuó como si condujera la economía argentina a lo largo de un camino de cornisa. Era necesaria toda la pericia y la sangre fría del conductor para evitar una caída fatal —que en varias oportunidades estuvo muy cerca de producirse—. Al mismo tiempo, la situación condicionaba la actitud de los pasajeros del vehículo: aunque quisieran, debían esperar que el conductor saliera del borde del precipicio para poder reemplazarlo en su puesto. La metáfora resulta transparente si se tiene en cuenta las numerosas polémicas que se suscitaron en el seno del poder militar acerca del mantenimiento de la política económica.

La experiencia muestra que no hubo salida del camino de cornisa. Cuando se reemplazó a Martínez de Hoz la economía argentina se derrumbó, pero el derrumbe fue solo la consecuencia inevitable del funcionamiento perverso de los mecanismos creados en los años anteriores. Durante un tiempo, las ruinas y el desconcierto impidieron vislumbrar con claridad las profundas transformaciones que la gestión de Martínez de Hoz había producido en las relaciones de poder dentro del país. El más inmediato y notorio de estos cambios provino de la formidable transferencia de ingresos que había acontecido, principalmente en perjuicio de los asalariados, pero también a costa de importantes sectores productivos. Esa transferencia significó una brusca y cuantiosa acumulación de riqueza —y por consiguiente de poder— en manos de pequeños grupos sociales, en especial de los que dominaban los flujos financieros. A su turno, esa acumulación de riqueza proporcionó un sólido punto de apoyo a otra transformación de índole más permanente y estructural. En efecto, las modificaciones introducidas por Martínez de Hoz en las reglas y mecanismos de funcionamiento del mercado financiero determinaron que este pasara a desempeñar un papel central y dominante en la economía argentina. Progresivamente, las empresas privadas, empresas públicas, el Estado Nacional, las Provincias y hasta las municipalidades se encontraron fuertemente endeudadas, lo cual las ubicaba en una posición vulnerable y dependiente frente al sistema financiero. Al mismo tiempo las facilidades otorgadas al movimiento internacional de capitales y divisas despojaron al Estado del control que antes ejercía y lo transfirieron de hecho a los grupos privados que manipulaban dichos fondos. De este modo, frente a las empresas y organismos endeudados, el sistema financiero se colocaba también en la posición de intermediario y agente de los acreedores foráneos. Este punto es fundamental, ya que proveía un formidable respaldo externo para impedir que dentro de la Argentina se tratara de alterar las nuevas reglas de juego que se habían impuesto. Los cuarenta mil millones de dólares de deuda habían de cumplir, en gran medida, la función de asegurar que eso no ocurriera, amenazando con una tremenda sanción exterior —que la Argentina no podría soportar todo intento de modificar lo hecho—. En términos de poder esto significa que el pequeño sector social que controla el sistema financiero dispone ahora de una enorme capacidad para influir sobre el funcionamiento de la economía argentina, y por lo tanto sobre la sociedad y la política dentro del país. Es posible que nunca, desde que en 1916 Hipólito Yrigoyen fuera elegido Presidente de la República, tan pocas personas selectas tuvieran tanto poder en la Argentina. A Martínez de Hoz le cupo el papel de ser el artífice de esa restauración conservadora, sin vacilar ante los costos que la población, y el conjunto de la Argentina, debieron pagar para ello.

Todo esto es lo que intentaremos destacar en las páginas que siguen, comenzando nuestro relato en la época inmediatamente anterior al cambio de gobierno que aconteció en marzo de 1976.

[…]

La estratégica reforma financiera de 1977

A principios de 1977 la situación económica había mejorado notablemente en todos los aspectos excepto en lo que hacía a la retribución de los asalariados. El resultado no era demasiado inesperado, ya que correspondía a las expectativas de los analistas económicos en función del diagnóstico resumido más arriba. El 26 de marzo de 1976, apenas producido el cambio de gobierno y aún antes de que se anunciara formalmente el plan económico del 2 de abril, el comentario económico del diario La Nación señalaba que “si todo anda bien se puede esperar una mejoría para fin de año”. El optimismo de este comentario reflejaba la opinión del equipo económico sobre la facilidad de la transición en virtud de la nueva situación socio-política y tenía, como se vio, causas justificadas.

Un balance optimista

La mejoría reforzó la posición del equipo económico y creó posibilidades para que emprendiera los cambios que deseaba aplicar. Los éxitos, si no eran muchos, resaltaban significativamente frente al período anterior a marzo de 1976 cuyos aspectos más negativos la versión oficial se encargaba persistentemente de magnificar. La inflación había bajado, es cierto, pero se mantenía en un desagradable 8% mensual que no parecía posible doblegar. En cambio, era cierto que se estaba superando la recesión y mejoraban diversos indicadores económicos. Una cosecha formidable de trigo arrojaba grandes esperanzas sobre las posibilidades del agro pampeano para resolver los problemas del sector externo y se notaba cierta recuperación de la producción industrial. Finalmente, los salarios se mantenían bajos pero no más de lo registrado en el segundo trimestre de 1976 que fue el momento de menor ingreso real. Haber atravesado la recesión sin desocupación apreciable era un mérito que podía exhibir el Ministro de Economía, especialmente frente a las Fuerzas Armadas que habrían planteado dicha restricción por razones político-sociales.

La incipiente recuperación económica y, sobre todo, las nuevas perspectivas abiertas por la excepcional cosecha de trigo y las estimaciones de siembra de la cosecha gruesa, ofrecían aliento para creer que el plan económico tendría éxito en una de sus propuestas más concretas: la conversión del país en un importante exportador de cereales hacia el mercado mundial. Las expectativas optimistas, que encontraban fuerte eco en otros factores de poder, abrieron el paso a las primeras hipótesis que se emitían públicamente sobre el proyecto de un largo período de gobierno militar que aplicaría políticas económicas ortodoxas para transformar a la Argentina en una potencia emergente. En febrero de 1977 Mariano Grondona lanza una estimación de un proceso “de transición” de 15 años (Carta Política) y en mayo, el comentario político de La Nación (22-5-1977), recogiendo la misma idea, pronostica para el nuevo régimen una duración de 10 a 15 años.

Resulta difícil todavía saber si estos pronósticos reflejaban una propuesta del grupo económico en el poder hacia las Fuerzas Armadas, puesto que ese era el plazo que se mencionaba para la transformación de la estructura productiva de la Argentina, o si se trataba de una convergencia de expectativas e intereses. En todo caso, lo cierto es que los primeros éxitos del equipo económico fortalecían su posición en el gobierno y aportaban elementos de fuerza para que siguiera avanzando, exitosamente, en su propuesta a largo plazo. Es probable, a su vez, que esas estimaciones de larga duración tuvieran bastante que ver con algunas decisiones políticas tomadas en esa época como parte de la relativa euforia exitista del momento.

La reforma financiera

La oportunidad era excelente para que el equipo económico emprendiera el cambio estructural más importante que iba a realizar en su gestión. El instrumento esencial era la nueva legislación financiera que se acababa de aprobar luego de una sorda batalla en los distintos ámbitos del gobierno. En lo esencial, la ley autorizaba un mercado libre del dinero, en el que las tasas de interés se definirían a través de la oferta y la demanda; un sistema complejo establecía igualdad de tratamiento para los depósitos a interés y las cuentas corrientes que, en definitiva, alentaría a los primeros dentro de la estructura financiera y se creaban amplias facilidades para la instalación de nuevas entidades que incrementaran la competencia en el sector[1].

La tregua de precios, ¿una condición necesaria?

Uno de los inconvenientes principales que se afrontaba en ese momento consistía en que la tasa de inflación resultaba todavía demasiado elevada para un ensayo financiero de esa naturaleza. En marzo de 1977 Martínez de Hoz adopta la decisión, que en ese momento resultó difícil de comprender, de congelar los precios por 120 días. La llamada oficialmente “tregua de precios” marcaba un curioso cambio de frente en la actitud de la conducción económica que en marzo de 1976 no había trepidado en liberar todos los precios a pesar de que el índice de inflación de dicho mes registraba un dramático 37,6%; ahora volvía sobre sus pasos para ensayar una congelación temporaria frente a un ritmo de aumento del 8% mensual violando sus proclamados principios contra el “dirigismo estatal”.

Juan Carlos de Pablo (1981) consideró —aunque resulta difícil saber por qué— que la “tregua de precios” decidida el 9 de marzo de 1977 y que debía durar hasta el 22 de junio del mismo año era una “nueva etapa en la lucha contra la inflación”. La experiencia del período 1973-1976, precisamente, había creado profundas dudas y grandes resistencias empresarias sobre la validez del mecanismo de control de precios como arma para la lucha antiinflacionaria y la oportunidad elegida no podía explicarse por ese objetivo. El tiempo dio lugar a la convicción de que la “tregua” se dirigía a un objetivo mucho más inmediato y concreto; se trataba, simplemente, de lograr una morigeración coyuntural del alza de los precios en el momento en que se iba a aplicar la reforma financiera. Precisamente, la ley 21.526, del 14-2-1977 establecía que el nuevo sistema comenzaría a regir desde el primero de junio de ese año[2].

Adolfo Canitrot (1980) analizó esta etapa con sumo cuidado y destacó que la tregua de precios fue aplicada para facilitar la implantación de la nueva política financiera. Luego se pregunta por qué se llevó a cabo una transformación de tanta magnitud en esa oportunidad y resume con claridad los aspectos centrales. Hasta junio de 1977, dice, “no hubo modificación sustancial en el funcionamiento del sistema económico”; todo lo hecho, “se reducía a la baja de los salarios”. Esas pocas modificaciones habían tenido éxito; la economía mostraba una tendencia a mejorar que se podía fortalecer por vías normales siguiendo las pautas intermedias y graduales aplicadas en ese año.

No es imposible imaginar que esta situación pudiera haberse prolongado y canalizado en un proceso de rápido crecimiento, un milagro argentino, cualesquiera hubieran sido los padecimientos de las clases asalariadas. Algo parecido, aunque en menor grado, había ocurrido a comienzos de la década de los 60.

El gobierno, sin embargo, desestimó esa perspectiva, y decidió dar atención excluyente al problema inflacionario. Tomó decisiones expresamente dirigidas a cortar el proceso de auge económico y a constreñir la libertad de operación de las empresas…

En el servicio de su proyecto político, nacido de la ideología liberal que compartía con las clases empresarias y propietarias, no dudó en herir los intereses inmediatos de los miembros de esas mismas clases y, con ello, apostar casi íntegramente su capital político. A partir de allí solo el éxito podía justificarlo. (Canitrot, 1980)

Los peligros del éxito: hay que aprovechar la coyuntura

Comparto con Canitrot la evaluación de la importancia trascendental de la reforma financiera pero a partir de una perspectiva política diferente, que diverge en lo que respecta a la forma de asegurar el “capital político” del equipo económico así como en la definición de “los intereses inmediatos” de las clases que lo apoyaban.

En efecto, si la economía comenzaba a marchar bien, con una suave tendencia a la desaceleración de la inflación, al mejoramiento de los salarios reales y de la producción física, en condiciones en que una buena cosecha aflojaba las trabas e inconvenientes del estrangulamiento externo, entonces Martínez de Hoz y su equipo comenzaban a dejar de ser funcionalmente necesarios. No se trataba de que serían expulsados del gabinete por su éxito pero la emergencia paulatina de demandas sectoriales, la heterogeneidad de las perspectivas económicas y políticas de los funcionarios más encumbrados del gobierno, la existencia de planes alternativos, sumaban presiones que abrían la posibilidad de un cambio en cualquier momento. La experiencia de Krieger Vasena, resultaba suficiente para recordar que algunos éxitos parciales no eran suficiente garantía para mantenerse en el poder; por el contrario, a partir de ellos, el país podía seguir adelante con otros líderes en la política económica y otros objetivos divergentes con los que se planteaban. No había razones suficientes para que la estructura política apoyara la alternativa propuesta sin reticencias que a la larga erosionaran las posibilidades del equipo económico. La ideología señalaba los objetivos de largo plazo; la coyuntura, la oportunidad de actuar. Era el momento preciso para apostar ese “capital político”, ganado de una u otra manera durante el primer año de gestión, para iniciar la reforma estructural que fortalecería no solo el poder del equipo económico sino, esencialmente, del grupo social en el que se apoyaba y al que pertenecía. De allí la decisión de liberar en profundidad y costara lo que costase, el mercado del dinero.

La reforma financiera representa un hito fundamental en este proceso. En marzo de 1976 se había producido un desplazamiento del poder político y social que requería cambios estructurales para contener un posible retroceso político que repercutiera en lo económico. La intervención de los sindicatos no había suprimido la presencia de los dirigentes anteriores en la vida social del país ni la prohibición de actividades políticas había anulado a los clásicos dirigentes del sector; la economía seguía funcionando, en lo esencial, igual que antes y con un golpe de timón podía retomar senderos aparentemente superados. El cambio más importante de toda la etapa derivaba del aliento a un sistema financiero-especulativo cuya impetuosa acción, a comienzos de 1976, había derribado las últimas barreras defensivas del gobierno peronista. En junio de 1977 ese desplazamiento del poder económico quedaba sancionado y se estructuraba orgánicamente. El nuevo mercado financiero, a partir de entonces, se iría convirtiendo en la valla más importante contra cualquier intento de retroceder en el camino emprendido.

Martínez de Hoz tenía muy claro que no disponía de tiempo ilimitado para llevar adelante su gestión y que, por lo tanto, debía aprovechar la oportunidad que se le presentaba para avanzar en algunos aspectos fundamentales de su programa. No parece casual que en el mismo mes en que se aplicó la reforma financiera recordara, en un panel de televisión, la experiencia de Roberto Campos en el Brasil respecto a la conservación del poder. En las propias palabras del Ministro argentino:

Ustedes recordarán a Roberto Campos, el que fue Ministro de Economía del Brasil, que de alguna manera le tocó en el año 64 hacer un poco los primeros años del restablecimiento de una economía como estamos haciendo ahora. El año pasado, yo lo vi a él en julio, cuando viajé a Europa, y estuvimos una noche juntos, y me dijo más o menos textualmente lo siguiente: “Tú estás en este momento apoyado por todo el mundo en tu país, todo el mundo está contento, han salido de una crisis muy honda, la cosa va para arriba, todo el mundo aplaude. Vas a ver que en el segundo año, a medida que el programa vaya teniendo éxito, y que para tener éxito tenés que producir un reacomodamiento general de la economía, o sea, le va a hacer doler a algunos sectores alguna de las cosas que inevitablemente hay que hacer, van a arreciar las críticas. Entonces, si consigues superar el segundo año de la crítica generalizada, habrás triunfado”. (Discursos, 20-06-1977)

Es difícil saber si el Ministro estaba pensando en las críticas que le harían o en la estrategia política a aplicar, pero es claro que tenía una idea de la necesidad de sincronizar su estrategia económica con las expectativas políticas y sociales. Es claro, también, que de alguna manera comenzaba a alertar sobre los problemas que sobrevendrían a partir de la reforma financiera y que no eran inesperados aunque sí necesarios para su programa.

La importancia estratégica que asignaba el equipo económico a la reforma, surge casi directamente de la observación de los costos aceptados para ponerla en marcha. Emprender la transformación del mercado financiero en medio de la acelerada inflación que todavía atravesaba el país —y que no se redujo sustancialmente por el control de precios— implicaba relegar la prioridad de la lucha antiinflacionaria a un segundo plano, generar nuevas e intensas transferencias de ingresos entre sectores y aceptar el inicio de un nuevo ciclo recesivo apenas superado el anterior. La importancia de estos temas exige un análisis detallado de la cuestión.

Reciclaje inflacionario y recesión provocada

Era previsible que el brusco ascenso de los costos financieros incidiera profundamente sobre los costos empresarios. Las tasas de interés se convertirían, por esa vía, en una parte decisiva de la estructura de costos y obligarían a recomponer nuevamente los precios relativos hacia un nuevo estado de equilibrio. Las tasas de interés tendrían también un papel apreciable en la función de expectativas; sus valores nominales se convertirían en un anticipo de la inflación esperada por los agentes económicos, colaborando por ese lado en sostener el ritmo de avance de los precios.

Reforma financiera e inflación

En 1976 los precios buscaban, a través de la inflación, un nuevo estado de equilibrio a partir de la situación de salarios reales más bajos que en el pasado. En 1977 lo buscarían, siempre a través de la inflación, a partir de una nueva situación en que a los salarios bajos se agregaban los costos financieros súbitamente crecientes. Esto es lo que se notó desde el tercer trimestre de 1977, cuando los costos del dinero comenzaron a gravitar pesadamente sobre el sector productivo y la recesión incipiente se sintió junto a una aceleración de los índices de precios.

La reactivación de la inflación no era un fenómeno inesperado. Y ni siquiera indeseable, para el equipo económico. Se trataba de un costo aceptable y necesario para la aplicación plena de la reforma financiera aunque eso no se hiciera explícito en dicha oportunidad. Las hipótesis no explicitadas por el sector oficial fueron adelantadas, en cambio, por importantes voceros privados. Un comentario de ADEBA resulta suficientemente explícito respecto a las expectativas de los banqueros frente a la liberación de las tasas de interés[3]:

Tasas altas de interés pueden requerir de cierta inflación perpetua para funcionar. El argumento es el siguiente: supongamos que los bancos de un hipotético sistema financiero, por sus elevados costos operativos, no pueden efectuar préstamos a menos del 20% anual. Si la inflación se reduce a cero, los bancos que presten a menos del 20% anual de interés, estarán experimentando pérdidas. Recíprocamente, difícilmente las empresas en condiciones de estabilidad total de precios, puedan soportar costos financieros del 20%.

En consecuencia, solo cierta tasa de inflación podría compatibilizar la rentabilidad de los bancos con las posibilidades de los prestatarios.

Este ejemplo no responde a la realidad actual del sistema financiero argentino pero permite visualizar el problema al exagerarlo. Ni la tasa de inflación puede reducirse a cero rápidamente ni los costos de los bancos son incomprimibles. (ADEBA, Memoria 1976/1977)

La experiencia de los años siguientes mostró que el ejemplo no era tan hipotético y que se correspondía bastante con la realidad del sistema financiero argentino. Los banqueros sentían que hacía falta una dosis de inflación para operar y ella estuvo presente todo el tiempo. La continua onda inflacionaria logró que, por una larga etapa, resultara menos visible el costo real de los préstamos en el nuevo sistema financiero. Los bancos operaron con “spreads” ubicados en la gama del 10% al 20% anual entre 1977 y 1981 con valores más altos en algunas coyunturas especiales: los picos del “spread” llegaron al 3% mensual en los meses finales de 1977.

Los hechos demuestran que por lo menos algunos sectores de las clases dominantes, que apoyaban a Martínez de Hoz, no sentían reparos frente a la reforma financiera en condiciones de alta inflación y, por el contrario, le encontraban ventajas apreciables.

La aquiescencia del FMI

Es imprescindible destacar que esta renuncia a dar prioridad a la lucha antiinflacionaria, implícitamente adoptada por el equipo económico, fue seguramente objeto de negociaciones especiales con los centros financieros del exterior en el curso de 1977. Pese a la tradicional reserva que se tiende, en general, sobre las tratativas de este tipo, se dispone de un relato sobre las negociaciones del mes de setiembre de 1977, entre el gobierno argentino y el FMI, que ofrece una pauta muy significativa sobre la estrategia antiinflacionaria local en esa etapa. Según la fuente (Bortzman, Lifschitz y Renzi, 1979), la reunión de los 20 directores ejecutivos del FMI del 16-9-1977 discutía un préstamo de 194 millones de dólares a la Argentina en cuya solicitud, se observaba

[…] faltaba inexplicablemente la meta para reducir la inflación en un término de tres meses —omisión importante puesto que dicho país tiene actualmente la más alta inflación del mundo—. La aprobación del préstamo equivalía a la aceptación de un doble criterio. Los presentes fruncieron el ceño y se inició una acalorada discusión.

Esa omisión representaba el “abandono de sistemas y prácticas acostumbradas en lo que respecta a préstamos especiales a un año”, dijo Lamberto Dini, director ejecutivo por Italia, España, Portugal y Malta. Después, Denis Samuel-Lajeunesse, de Francia, se mostró “sorprendido por la omisión de condiciones” mientras O. H. Ruding de los Países Bajos preguntaba en voz alta si “habría razones convincentes legales y económicas para incluir las condiciones”…

Terminada la discusión, seis directores que representaban a todos los grandes países de Europa Occidental se opusieron al cambio de condiciones para la Argentina. Pero el FMI es una institución fundamentalmente norteamericana; no europeo-occidental… Sam Cross, el director ejecutivo norteamericano, no hizo objeción al trato especial que el personal del FMI dio a la Argentina, diciendo que le agradaba el considerable y continuado progreso que había logrado la economía argentina “con la oportuna ayuda proporcionada por el Fondo”…

Como de costumbre, prevaleció el punto de vista norteamericano, ya que el personal rechazó los cargos de los europeos occidentales invocando los caprichos de la cosecha argentina y las dificultades para predecir la inflación desenfrenada en la nación pero sin explicar la razón de que otros solicitantes de préstamos con sus propios elementos económicos imponderables tuvieran que observar condiciones precisas.

Esta larga cita permite testimoniar la importancia del apoyo concedido por el FMI, gracias a la acción del representante norteamericano, que contradijo expresas normas de la institución a los efectos de que el gobierno argentino no se viera obligado a compromisos difíciles de cumplir en lo que respecta a control del proceso inflacionario. El testimonio es especialmente importante en vista de la escasez de informaciones adecuadas y confiables sobre el funcionamiento interno del FMI y de los grupos de intereses que giran en torno del mismo.

Conviene destacar la amplia capacidad de maniobra que ese apoyo le proporcionaba a Martínez de Hoz y a su política. Una generosa oferta de fondos, junto a enfáticas declaraciones de apoyo, ayudaban a legitimar una vez más su posición al frente de la economía argentina y le permitían consolidarse a lo largo del tiempo.

Las dos fuentes utilizadas permiten compensar el silencio oficial sobre las perspectivas inflacionarias que podrían derivarse del ensayo financiero. Los grandes bancos locales esperaban que siguiera el proceso inflacionario con cierto ritmo para que no se apreciara en toda su plenitud el tremendo efecto de las tasas de interés positivas y, sobre todo, los inconvenientes derivados de sus altos costos operativos; el principal organismo financiero internacional, a su vez, otorgaba su visto bueno a la política llevada a cabo en la Argentina por motivos que no eran solo los ortodoxos esgrimidos más frecuentemente; estaba dispuesto a reconocerle méritos al programa aún cuando no contuviera explícitos compromisos en el tema de la lucha contra la inflación y haría sentir su opinión con peso político y económico.

La reforma financiera bajo la sordina oficial

Un repaso de los discursos del Ministro de Economía a lo largo de ese crítico año 1977, en el que se realiza la reforma financiera, muestra que Martínez de Hoz parecía concederle escasa importancia. No hay una presentación especial de ella en el momento en que se pone en marcha y solo se encuentran algunas referencias secundarias como si se tratara de una parte menor de un programa con objetivos más ambiciosos. En ese período el Ministro pone énfasis en los éxitos alcanzados en el tema inflación desde abril de 1976; insiste sobre el inicio de la reactivación productiva así como sobre el elevado nivel de la inversión pública y sus efectos sobre el mediano plazo. En toda oportunidad recuerda, también, el monto de los proyectos de promoción industrial aprobados entre 1976 y 1977[4]. El énfasis en estos últimos dos puntos indica que el equipo económico seguía preocupado por defender su imagen, frente a la sociedad y frente a los otros factores de poder, en el sentido de que, efectivamente, intentaba lograr el desarrollo sostenido en un plazo relativamente corto. La aplicación de la nueva política financiera pondría un paréntesis a esos argumentos a medida que el ciclo económico volvía a recorrer tendencias negativas.

Expansión financiera y crisis

La liberación del sistema financiero, en el segundo semestre de 1977, coincidió con una serie de medidas oficiales que tendieron a generar las condiciones para un alza de las tasas de interés en el mercado. El Banco Central tendió, en ese período, a reducir la emisión monetaria; el ritmo de esta quedó debajo de la evolución del nivel de precios a partir de agosto, provocando una intensa contracción de la liquidez en los meses de setiembre-octubre. Este fenómeno, que tendió por sí mismo a provocar tensiones en la plaza financiera, se vio acompañado por otros dos que operaron en el mismo sentido.

El Estado impulsa al alza de las tasas de interés

En el bimestre setiembre-octubre de 1977 comenzaron a aparecer en el mercado del dinero, en demanda de fondos, diversas empresas públicas que necesitaban asegurar por esa vía sus programas operativos (ADEBA, 1977-1978). Su demanda, considerable para las dimensiones del mercado existente, provocó el alza de las tasas en un proceso que se repetiría en varias oportunidades en el período siguiente. Lo nuevo consistía en que las empresas tenían controlados sus ingresos por las restricciones tarifarias que le imponía la política económica mientras dejaban de percibir fondos del Tesoro —con excepción, al principio de esta política, de los ferrocarriles—; en consecuencia, su demanda de dinero debía pasar, inevitablemente, por el mercado financiero. El impacto de esta nueva orientación de las estrategias financieras de las empresas públicas fue tan fuerte que en 1978 la Secretaría de Hacienda estableció un rígido ordenamiento de sus demandas financieras hacia el mercado local y externo.

En el mismo período en que las empresas públicas presionaban al alza del mercado financiero se incorporó otro factor apreciable con el mismo efecto: la Tesorería. Este organismo había estado liquidando deudas en el primer semestre del año y luego cambió de actitud (BCRA, Memoria, 1977). La súbita demanda de créditos originada por su política en el tercer trimestre de 1977 impactó al mercado en un momento muy particular.

La convergencia de la creciente demanda del sector público (Tesorería más empresas estatales) con la caída de la liquidez en el mercado del dinero provocó una verdadera explosión en las tasas de interés. La tasa pasiva saltó de 7% a 9% mensual en julio-setiembre de 1977 a 10,5% de promedio en el cuatrimestre octubre de 1977 - enero de 1978 pero con picos registrados de 12% a 14% que ofrecían ciertas entidades financieras en dificultades[5].

La política de las autoridades fue bien definida. Luego de haber creado las condiciones para el alza de las tasas de interés, se adoptó una actitud pasiva frente a su evolución; más aún, se convalidó directamente la tendencia alcista de los precios del dinero. En el primer semestre de 1977 el Banco Central operó con las letras de Tesorería de manera de impulsar suavemente el alza de las tasas nominales hacia valores positivos respecto de la evolución de los precios. El organismo emisor fijaba la tasa de interés sin poner tope a la demanda de títulos solicitados por los entes financieros de manera que, en la práctica, esas tasas

“constituyeron un límite inferior informal para las tasas abonadas por las entidades financieras en sus operaciones pasivas, dado que estas, en caso de ser inferiores al rendimiento de las letras, hubieran implicado la pérdida de recursos” (BCRA, 1977).

En el segundo semestre, con el alza de las tasas nominales, el Banco Central abandonó sus intentos de control y optó por cambiar el sistema de suscripción de las letras. Con el nuevo criterio se fijaba el monto de la emisión pero no la tasa, que surgía de las ofertas del mercado. De esta manera, la acción del Banco posibilitó el alza acelerada de los rendimientos nominales del dinero; las colocaciones en letras se contrajeron en valor y eran tomadas solo circunstancialmente por las entidades financieras. La nueva política del Banco Central tendía claramente a disminuir sus propias posibilidades de regulación sobre un mercado que no disponía de parámetros tradicionales de operación y podía moverse en cualquier sentido frente a tos sucesos de la coyuntura. Estos incipientes intentos de “desregulación” fueron acompañados por otros en el mismo sentido, como se verá más adelante, a pesar de sus costos para la Tesorería y sus efectos sobre la marcha de la economía.

El margen de ganancias financiero

El alza de las tasas activas resultó mucho más intenso que el de las pasivas debido al notable incremento del “spread” en ese período. El spread, o margen de intermediación de las entidades financieras, saltó del 1% mensual en el tercer trimestre de 1977 —durante los primeros pasos de la aplicación de la reforma— a más de 3% en el cuarto trimestre. Solo muy lentamente fue retrocediendo en los meses siguientes hasta llegar de nuevo al 1% mensual a mediados de 1978 (ADEBA, 1977-1978). Ese valor es un promedio para los bancos más grandes y disimula, en cierta forma, variaciones mucho mayores producidas en las entidades de dimensiones medias, pero señala claramente la tendencia general.

La política financiera provoca la recesión

El efecto recesivo del alza del precio del dinero fue prácticamente instantáneo. Los tomadores de créditos se encontraron frente a costos crecientes y reaccionaron mediante la liquidación de stocks, que impulsó la caída de la actividad industrial. Canitrot (1980) ha graficado las fluctuaciones del producto industrial y la tasa de interés real mostrando claramente la relación inversa entre ambas variables en esa etapa, y la continuidad del mismo efecto en todo el período 1976-1980.

La combinación del sistema, financiero libre con los esfuerzos por elevar la tasa de interés generó rápidamente una situación explosiva. El sistema productivo ingresó nuevamente en un proceso recesivo mientras la inflación retomaba su impulso ascendente. El impacto inflacionario de este crecimiento desmesurado de los costos del dinero fue reconocido, mucho tiempo más tarde, por Martínez de Hoz. Casi un año después señaló que ese era uno de los cinco factores que estaban “reciclando” la inflación y cuyo efecto esperaba “quebrar” con las nuevas medidas que estaba adoptando para entonces (M. de Hoz, Discursos, 11-9-1978)[6].

Nuevo impulso a la entrada de divisas

La evolución del sistema financiero en esa etapa tuvo, también, considerable influencia sobre el sector externo de la economía argentina. La elevada tasa de interés de fines de 1977 y comienzos de 1978 se combinó con una política que provocaba una evolución relativamente suave del tipo de cambio, hasta generar una fuerte corriente de ingreso de capitales extranjeros que buscaban beneficiarse del rendimiento ofrecido por la plaza local. Ferrer (1981) señala que entre el tercer trimestre de 1977 y el primero de 1978 la entrada de capitales de corto plazo alcanzó a 2.300 millones de dólares.

La política oficial alentaba la entrada de divisas por ese medio pero intentaba, en esa etapa, ponerle cierto límite mediante medidas restrictivas coyunturales; para ello estableció cierta incertidumbre a través de un plazo mínimo para el reembolso de dichos créditos al exterior, que fue fijado en seis meses primero (agosto de 1977) y se extendió a dos años en noviembre de 1977. El ingreso de divisas se producía en una coyuntura favorable de la balanza comercial y, por lo tanto, se dirigió a engrosar las reservas internacionales del país. Estas llegaron a fines de 1977 a 3.900 millones de dólares provocando una elevada expansión de la base monetaria; con el tiempo, comenzó a sentirse el efecto de la tendencia a la reducción a las tasas nominales de interés luego de que esos capitales obtuvieron atractivos beneficios.

El mecanismo ensayado en esta oportunidad permitía comprobar que una estrecha relación entre el mercado financiero local y el externo arrojaba como consecuencia el ingreso de capitales al país en el supuesto de que la tasa nominal de interés se mantuviera por encima del ritmo de devaluación. Esa sería en esencia la base de la política posterior que culminaría en el programa de “pautas” de evolución del tipo de cambio de 1979-1980. La opción tenía costos que ya fueron observados en 1978; Frenkel (Frenkel y O’Donnell, 1978) señaló que ese ingreso de capital extranjero, “configura una situación financiera inestable que reduce el margen de maniobra del Estado”.

La política aplicada tendía a incentivar los movimientos del mercado pero no reducía simétricamente el papel del Estado. Por el contrario, incrementaba el peso de las decisiones asumidas por la conducción económica, que buscaba imprimirle cierto ritmo y cierta dirección. Los ensayos de fines de 1977 buscaron, por ejemplo, regular el aflujo de divisas extendiendo el período mínimo de reembolso de los créditos (que aumentaba la incertidumbre sobre el valor del tipo de cambio en el momento de repago). Estas primeras medidas para controlar la conexión entre los mercados financieros internos y externos se adoptarían con mayor fuerza y distinto énfasis un año después, cuando el equipo económico pudo contar con la necesaria libertad de maniobra luego de un período de transición.

Transición política y tanteos económicos en 1978

El año 1978 marcó una transición difícil en más de un sentido. La política económica fue calificada de “ambigua” por Canitrot debido a que no parecía acertar en la elección de un proyecto definido. Hubo varios cambios de dirección que no llegaban a señalar una tendencia concreta y, más bien, contribuían a incrementar la incertidumbre de los observadores. Los problemas derivaron de dificultades en el sistema político global así como de enfrentamientos en el mismo seno del equipo económico.

Cambios en la Junta Militar

A lo largo de ese año se produce el cambio de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y se toma la decisión sobre la reelección del Presidente. A mediados del 1978 el general Videla es confirmado por un período adicional de tres años, a contar desde el 24 de marzo anterior, y se decide que dejará de ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército. Es así que en julio, con la designación del general Viola para ese puesto, que asume a fines del mismo mes, ingresa un cuarto hombre a la cúpula militar. En setiembre pasa a retiro el almirante Massera y es reemplazado en su cargo de jefe de la Armada por el almirante Lambruschini. Finalmente en los primeros días de 1979 asume el comando de la Fuerza Aérea el brigadier Graffigna (en reemplazo del brigadier Agosti).

No es difícil suponer que esos cambios, que afectaban a los hombres y al propio esquema de poder, exigieron profunda atención en el seno de las Fuerzas Armadas. No es difícil suponer, tampoco, que sus consecuencias condicionaban en cierta forma al equipo económico que debía regularmente informar de sus decisiones y la marcha de la coyuntura a la Junta Militar. Todo indica, por ejemplo, que la decisión de reelegir al general Videla como Presidente significaba un refuerzo para Martínez de Hoz que se veía compensado, siquiera parcialmente, por el nombramiento de Viola en la Comandancia del ejército. Este último comenzó a marcar, suave pero claramente, sus disidencias con el equipo económico desde que asumió el nuevo cargo. A los dos meses de estar en el cargo de Comandante, Viola afirma que la continuidad de la inflación era un problema y que “no cree en la recesión como paliativo” (La Nación, 29-9-1978). La resistencia a la política económica se hizo sentir, también, en la Armada. El almirante Massera, que conservó ciertas relaciones con la fuerza, comenzó a actuar políticamente desde el momento de su pase a retiro, prodigando críticas cada vez más enérgicas a la estrategia de Martínez de Hoz.

Crecen los conflictos con los sectores productivos

Los conflictos entre diversas posiciones se reflejaban también con fuerza en el equipo económico. En particular a lo largo de 1978, hubo una batalla interna sobre el manejo del tipo de cambio entre quienes deseaban mantenerlo, en términos reales, para alentar las exportaciones y quienes buscaban seguir utilizándolo como instrumento para regular los flujos financieros del exterior, objetivo que exigía un continuo proceso de subvaluación real.

En el segundo semestre de 1977 el tipo de cambio se había atrasado entre 10 y 15 puntos respecto de la inflación ofreciendo un atractivo rendimiento a los capitales provenientes del exterior. El proceso de retraso del tipo de cambio continuaba a principios de 1978, con análogos beneficios financieros, pero creando una fuerte presión sobre los sectores exportadores que veían reducido su ingreso real. Esto generó una intensa polémica en el gobierno.

En marzo de 1978 el Secretario de Agricultura parecía estar ganando la batalla cuando logró anunciar un precio sostén para el trigo que eliminara la incertidumbre de los agricultores; la disposición —en cierta forma contradictoria con la “filosofía” de mercado libre que se pretendía implantar— establecía una doble garantía para el productor: el gobierno les pagaría por la tonelada de trigo el equivalente a 100 dólares, u 80% del precio internacional si este superaba los 125 dólares en el curso del año (La Nación, 6-3-1978). Esta medida que tendía a fortalecer la producción agraria del país y consolidar, por dicha vía, la situación real del sector externo, se vio rápidamente jaqueada por la victoria de quienes tomaron la decisión, a partir de mayo, de retrasar el tipo de cambio respecto de la inflación. La devaluación del peso resultó 30% menor a la evolución de los precios internos en el año (Ferrer, 1981) y provocó un sensible deterioro de los ingresos del agro en la cosecha 1978-1979. La garantía ofrecida por Agricultura resultó ineficaz en la medida en que ella estaba comprometida en dólares con la suposición implícita de un tipo de cambio constante que no se cumplió.

El manejo del tipo de cambio provoca el enojo de los productores y una ruptura dentro del equipo. En agosto de 1978 renuncia Lanusse, subsecretario de agricultura; en diciembre hace lo mismo Mihura, subsecretario de ganadería; en marzo de 1979 se retira el propio Cadenas Madariaga, secretario del ramo y uno de los miembros originales del equipo de 1976. El funcionario renunciante considera “suicida mantener el atraso cambiario” (La Nación, 9-6-1981). Por entonces, el presidente de CARBAP, Jorge Aguado, denuncia que

determinadas concentraciones ministeriales terminan casi siendo un gobierno dentro del gobierno o teniendo tanto poder que pueden terminar condicionando el poder presidencial. (La Nación, 13-10-1978)

El equipo económico sufre otros desgranamientos menores en ese período. En 1977 había renunciado el Secretario de Comercio, Bravo, y luego lo siguieron, por otras razones, el de Industria, Podestá (su reemplazante, Benedit, también renunciará más tarde) y el de Energía, Zubarán. Como resultado de cada uno de estos desplazamientos se nota el avance de los sectores más ortodoxos, que consolidan sus posiciones en el interior del equipo, al mismo tiempo que fortalecen su unidad frente a otros sectores del poder.

En busca de mayor vinculación entre mercados
interno y externo

La consolidación del equipo económico se ve acompañada por un creciente énfasis en la política cambiaria como arma para estrechar las relaciones entre el mercado local de capitales y el exterior y que servirá de formidable mecanismo regulador de la continuación de la política adoptada.

Esa tendencia se va consolidando a lo largo de todo el año a través de diversos mecanismos que se adoptan sucesivamente. En los hechos, dicha estrategia se convierte en el eje sobre el que gira la política económica en dicha etapa.

El manejo de la política cambiaria se ve apoyado por el auge exportador de la economía argentina, basado en el salto de la producción agraria de la zona pampeana, que libera considerables saldos exportables desde 1977. Ese incremento admite, todavía, cierto retraso cambiario sin que se afecte el balance comercial mientras se impulsa el ingreso de capitales especulativos del exterior. En julio de 1978, en plena aplicación de dicha política, las reservas llegan ya a 6.000 millones de dólares (2.100 millones más que seis meses antes). El incremento de reservas sigue alimentando la emisión pero aporta una nueva variable para la coyuntura; a partir de entonces su nivel absoluto es lo suficientemente elevado como para ofrecer un amplio margen de maniobra frente a las posibles contingencias de un deterioro en la balanza comercial, provocado por la revaluación relativa del peso.

La corriente de ingreso de divisas es tan intensa que las autoridades adoptan nuevas medidas restringiendo los créditos externos. El método adoptado consiste en exigir un depósito del 20% de los fondos tomados en el exterior que, en esencia, encarece su costo real para los tomadores. Esta restricción coexiste con un proceso de creciente liberación de las transacciones cambiarias en el mercado local, que tiende a suprimir toda regulación anterior.

En enero se amplía a 5.000 dólares el monto de divisas que se pueden comprar sin declaración ni justificación (RC 716 del 7-1-1978); en junio ese monto se eleva nuevamente a 10.000 dólares (RC 761 del 30-6-1978) y tres meses después se lleva a 20.000 dólares (RC 778 del 1-9-1978). Las circulares son tan ambiguas que mencionan el monto que “se puede comprar por vez” —y no hacen ninguna aclaración sobre si se trata de una vez por día, casa cambiaria u otra limitación— con lo que, en la práctica, el mercado queda completamente liberado. La ambigüedad aplicada en la redacción de las resoluciones significa una manera vergonzante de autorizar a los inversores locales a comprar divisas en la cantidad y oportunidad en que lo deseen. Más adelante se verá que a partir de las “pautas”, en diciembre de 1978, se eliminan todas las restricciones para solicitar créditos en el exterior, excepto la de un plazo mínimo de un año, para saldarlos, culminando así el proceso de apertura.

Hacia un funcionamiento irrestricto del mercado financiero

A lo largo de 1978 las autoridades económicas prosiguen, asimismo, con los esfuerzos por liberar y hacer más fluido el movimiento en el mercado del dinero. En febrero de 1978 se aprueba una reducción en el plazo mínimo autorizado a las entidades financieras para tomar depósitos indexados; de seis meses se baja a tres (RF 200 del 1-2-1978). Un par de meses después se aprueba otra disposición que reduce el plazo mínimo para tomar depósitos a tasa fija de 30 días a 7 días (RF 252 del 7-4-1978). Estas medidas se toman apenas pasada la gran ola alcista de las tasas de interés, que mostró las dificultades para manejar el mercado financiero, y en contraposición a lo aconsejado por la experiencia chilena en ese aspecto.

En Chile se elevó el plazo mínimo de los depósitos a lo largo de 1975 como una manera de controlar el sistema financiero luego de las primeras etapas de práctica irrestricta de liberación del mercado; hasta abril ese plazo fue de 4 días, luego se elevó a 15 y, finalmente, en junio, se extendió a 30 días como mínimo (Moulian y Vergara, 1979). En la Argentina, tres años después, se adoptaba la dirección opuesta, pese a los obvios contactos de experiencias entre las dos conducciones económicas. Analizando la experiencia local, Canitrot (1980) señala que

el vigor de la política antiinflacionaria fue subalternizado a la lógica intrínseca del mercado de capitales funcionando de manera irrestricta. O se creyó que era imposible levantar trabas a la dinámica de este mercado, o se pensó que su operación a la larga, habría de revertir por sí sola sus efectos en un sentido favorable a la política antiinflacionaria.

Esta debilidad en la aplicación de la política antiinflacionaria no es pasible, sin embargo, de una explicación basada en falta de claridad de propósitos o en vacilaciones para adoptar las medidas que fueran necesarias. El gobierno dio clara muestra, en su gestión, de afrontar los costos políticos de sus decisiones.

La lógica de un mercado funcionando de manera “irrestricta” se estaba convirtiendo, ya, en una lógica de poder. La libertad absoluta de desplazamiento en el mercado financiero y la apertura al sector externo ligaban fuertemente los dos mercados a la confianza que despertara el equipo económico. La experiencia de los años siguientes mostraría que ella podía ser una pesada carta de triunfo en manos del equipo económico.

Este aspecto puede destacarse mejor si se observa que las autoridades continuaron autolimitándose en lo que respecta al manejo del sistema financiero aun cuando ello representara costos muy altos para el Tesoro. El sistema muy líquido, con tasas libres, no era un resultado espontáneo de las fuerzas del mercado sino la consecuencia directa de un persistente esfuerzo oficial en ese sentido. Este punto debe ser destacado mediante el análisis de algunas políticas específicas aplicadas en ese período en el sector financiero, primero, y en el sector externo después.

La cuenta de regulación monetaria y sus costos

La creación y manejo de la Cuenta de Regulación Monetaria constituye un caso muy representativo de esta política, cuyos elementos principales se detallan a continuación. La legislación de entidades financieras estableció un efectivo mínimo (encaje) uniforme para todo el sistema y un mecanismo de créditos y débitos entre las entidades y el Banco Central que permitiera equilibrar el sistema, manejado a través de una cuenta especial en este último, denominada de Regulación Monetaria. En esencia, el Banco Central cobraba una tasa a las entidades por los fondos depositados en cuentas corrientes y pagaba una compensación por el dinero inmovilizado en el efectivo mínimo; en teoría, la cuenta debía estabilizarse en algún momento a través de la compensación de débitos y réditos[7].

Al aplicarse la reforma financiera el efectivo mínimo se estableció en 45% del total de depósitos y, por lo tanto, la compensación que pagaban las autoridades llegó a representar una porción decisiva de los ingresos de las Compañías financieras. Desde octubre de 1977 a febrero de 1978, el Banco Central estableció el valor de la compensación con anticipación al inicio de cada mes, mediante una decisión que, por sus propias características, señalaba una tendencia para el mercado. Las compañías financieras debían tener en cuenta esa tasa para calcular sus costos e ingresos; si, por ejemplo, las tasas pagadas por ellas en el mercado superaban apreciablemente el valor de la compensación, debían elevar mucho el valor del “spread” —es decir, la tasa activa— para no incurrir en pérdidas. Esto explica parcialmente lo ocurrido en el último trimestre de 1977 en el que la tasa de compensación tendía a frenar el alza de las tasas de mercado; ADEBA (1976-1977) lo presenta como la causa fundamental del súbito incremento del “spread” de 0,8% mensual en el primer semestre de 1977 a cerca de 3% en el segundo.

A mediados de 1978, el Banco Central modificó esa política, adoptando una mayor pasividad. A partir de entonces, la tasa de compensación se calculó a fin de cada mes, sobre la base de las tasas efectivamente pagadas en el mercado durante ese período. Con esta medida, y a través del argumento de que así se evitaban inconvenientes a las entidades, el Banco Central renunció a dos facultades esenciales para un organismo de ese tipo: la de regular sus propias erogaciones —en este caso, las originadas en la Cuenta de Regulación Monetaria— y la de incidir por esa misma vía en la evolución de las tasas de interés en el mercado. Los efectos eran de esperar. La tasa de interés quedó liberada de una restricción adicional pese a que la inflación no bajaba, con lo que se alentó el componente especulativo inherente a su formación. Por otro lado, el Banco Central incurrió en un costo creciente, a través de la Cuenta de Regulación Monetaria, para alimentar el funcionamiento de las entidades.

El efectivo mínimo se mantuvo constante en 45% hasta enero de 1978 —desde el comienzo de la reforma—; luego fue reducido gradualmente hasta 29% en diciembre de ese año en función de las necesidades de regular el mercado de crédito y la liquidez de la economía. Esta política requirió aportes a las entidades, por cuenta del Banco Central, por un monto neto de un billón 425.000 millones de pesos en el curso de 1978 (BCRA, 1978). La intensidad del proceso inflacionario exige presentar esa cifra con criterios comparativos. En esa forma, puede decirse que los pagos originados en la Cuenta de Regulación Monetaria en 1978 superaron el déficit monetarizado del sector público en ese mismo año que fue de 979.000 millones. Para mantener en funcionamiento el nuevo sistema en la forma deseada, las autoridades gastaron una suma equivalente a una vez y media el déficit del sector público que era considerado, oficialmente, una de las causas decisivas de la inflación[8].

Cambios en la oferta monetaria e inestabilidad potencial

El efecto monetario de estas políticas se vio reforzado por la evolución de la balanza de pagos, influida a su tumo por la relación cada vez más estrecha entre la plaza financiera local y la internacional. El análisis de estos movimientos permitirá observar la inestabilidad que se generaba a través de los mecanismos mencionados.

El saldo de la balanza comercial de 1978 fue positivo y sumó 2.500 millones de dólares por la conjunción de buenas exportaciones con reducidas compras en el exterior originadas en la recesión interna. Ese apreciable superávit no impidió que se continuara con la política de alentar los créditos financieros del exterior; en ese mismo año entraron 1.000 millones de dólares netos cuyo destino consistió en engrosar las reservas que alcanzaban 6.000 millones de dólares a fines de 1978. Estos movimientos estrechaban la relación entre el mercado financiero externo e interno en una medida que se puede reflejar con algunas cifras comparativas.

El total de medios de pago, cuentas corrientes y depósitos de ahorro (lo que se conoce como M2) sumaba, a fines de 1978, 14.300 billones de pesos; al cambio de ese momento (1.000 pesos por dólar) esa suma equivalía a 14.300 millones de dólares. De ella, la mitad correspondía a depósitos a plazo fijo en cuya composición predominaba el corto plazo; puede estimarse de los comentarios de la época —a falta de información oficial— que había el equivalente en pesos de 6.000 millones de dólares invertidos a un plazo de 30 días o menos.

La evolución del mercado financiero interno no puede separarse de la política de acumulación de reservas que se estaba llevando a cabo. El incremento de estas últimas se monetizaba y, en cierta medida, quedaba colocado en la plaza financiera. En otras palabras, la entrada de divisas tenía una influencia predominante sobre la formación de los depósitos a interés en el mercado local; los 2.000 millones de dólares de divisas acumulados en 1978 ofrecían la principal explicación del crecimiento de los depósitos.

La inestabilidad financiera comienza a actuar como factor para exigir estabilidad política

Las magnitudes relativas alcanzadas agregaban una nota de inestabilidad creciente al mercado. El total de depósitos a plazo, con elevada liquidez, resultaba similar a la masa de reservas. Si la tasa de interés interna podía atraer recursos del exterior, también era cierto que una modificación de la coyuntura financiera podía provocar una intensa presión sobre el equilibrio externo. Para ello bastaba con que se verificaran incertidumbres políticas que movilizaran a los inversores[9].

El agravamiento del conflicto fronterizo con Chile, en los últimos meses de 1978, puso a prueba esta situación. Hubo momentos en que quienes actuaban en el mercado financiero eligieron comprar dólares, por miedo a las perspectivas, provocando fuertes presiones en el mercado cambiario y la tendencia a la elevación de la tasa de interés. El fenómeno no pasó desapercibido para los observadores. En su edición del 3-11-1978 El Economista señalaba que

Pocas veces como esta semana se apreció la fuerte relación entre economía y política. Los estrechos vasos comunicantes que las unen hacen casi imposible el desarrollo independiente de alguna de ellas; más aún, agregan el peligro cierto de que los inconvenientes de una se trasladen inmediatamente a la otra…

Menciona la demanda de divisas y los efectos previsibles dada la fluidez del mercado financiero local y concluye que

la experiencia es clara. Un desplazamiento menor desde el mercado financiero —que tiene una sorprendente capacidad de movilización— puede desequilibrar cualquier otro sector económico. Y si ese proceso se genera como consecuencia de problemas políticos, puede transformarse en una avalancha arrolladora que desestabilice el sistema. Una perspectiva delicada que merece ser tenida en cuenta.

Las medidas adoptadas a lo largo del año habían alentado la formación de una masa de maniobra de depósitos a corto plazo, acentuando la extrema liquidez de la plaza financiera. La combinación de esas medidas con la apertura de las transferencias de divisas con el exterior había generado una combinación explosiva. Cualquier desplazamiento no deseado en el camino de la organización político-económica que se estaba formando repercutiría inmediatamente en el equilibrio de ambos sectores. El Ministerio de Economía autocercenaba sus posibilidades de control del mercado a costa de un incremento de la importancia de la “confianza” en la evolución de este. Dicha “confianza” se transformaría en el principal capital político de la conducción económica en los años siguientes.

¿Un mecanismo para ganar poder?

Esta conclusión nos parece fundamental. Las autoridades aceptaban los riesgos implícitos en el mecanismo económico que estaban forjando en la medida en que este les aseguraba su preeminencia en la conducción de la estrategia. La inestabilidad del mercado de capitales era la contraparte de su creciente estabilidad política. La propia fluidez de los movimientos del dinero y las divisas y la creciente interrelación entre ambos auguraba posibilidades de creciente desequilibrio inmediato no bien se quisiera modificar la política en vigor. En la medida en que esta estaba encarnada en los miembros del equipo económico, la relativa estabilidad de un mercado construido sobre bases esencialmente inestables era el principal voto de confianza con el que contaban.

Esta situación se vería reforzada a partir de ese momento con la política de “pautas del tipo de cambio” que acentuaría las condiciones de liquidez del mercado financiero y su vinculación con el sector externo a lo largo de los dos años siguientes.

[…]

La primera crisis político-financiera de 1980

Desde fines de 1979 había sordos anuncios de una puja entre los miembros del equipo económico y los directivos de algunos de los bancos que más habían crecido en los años anteriores. El enfrentamiento entre ambos grupos se veía mediatizado por la presunción de que algunos de los nuevos bancos estaban operando en condiciones que escapaban a las normas y regulaciones en vigor. En todo caso, en el primer trimestre de 1980 la situación comenzó a tomar un giro favorable a la decisión de actuar de las autoridades, que se concretó en ese mismo período pese a los efectos negativos previsibles.

La decisión de cerrar el mayor de los bancos locales, adoptada en marzo de 1980, descerrajó una crisis complicada que debe seguirse con detalle. La liquidación del BIR afectó a un volumen considerable de fondos así como a una amplia masa de ahorristas pequeños y medianos; se estima que ese banco tenía 350.000 ahorristas con un total de depósitos en pesos equivalente a mil millones de dólares. A los pocos días la autoridad monetaria cerró otros tres bancos que se contaban entre los más grandes del país, provocando un pánico generalizado entre los inversores y una ola de demanda especulativa de divisas.

El cierre de cuatro grandes bancos y otros menores en el curso de los meses de abril y mayo no era un problema secundario. Esas instituciones poseían depósitos que sumaban el 8% de los recursos financieros del país y su impacto sobre el sistema resultó creciente a medida que el Banco Central extendió su política de liquidación a otras entidades en el curso del año[10].

Pánico de los inversores y retroceso oficial para calmar
la plaza

Los inversores afectados tuvieron que soportar largas esperas para recuperar sus colocaciones. El pánico comenzó a expandirse en el mercado. La desconfianza creciente sobre el sistema financiero, combinada con la convicción de que el tipo de cambio estaba retrasado, llevaron a una fuerte presión de la demanda de divisas. Allí se pudo apreciar la importancia de la masa acumulada de reservas —provocara o no el traslado del impuesto inflacionario al exterior— para sostener el equilibrio precario de un sistema cuya lógica descansaba en su permanente desequilibrio. La fuga de los depósitos, en condiciones de extrema liquidez del sistema, y la presión sobre el tipo de cambio, exigieron medidas drásticas de parte de las autoridades.

Una de las primeras medidas adoptadas fue la reinstauración de la garantía oficial sobre los depósitos. El cambio de política resulta especialmente destacable luego de la larga batalla que había llevado adelante el equipo económico para eliminar el sistema de garantía aprobado en la ley 21.526 de 1977 debido al juego de presiones políticas en el seno del poder. La batalla había logrado ciertos resultados ya que a fines de 1979 se aprobó la ley 22.051 que modificó la anterior y permitió reducir la garantía a un cierto máximo a establecer en cada oportunidad por el Banco Central. Este organismo aplicó el nuevo régimen a partir de enero de 1980 limitando la garantía oficial a los depósitos a colocaciones inferiores a un millón de pesos (equivalente en esos momentos a unos 600 dólares). Pero las “corridas” del segundo trimestre de ese año obligaron a las autoridades a volver sobre sus pasos, reestableciendo la garantía como uno de los mecanismos para tranquilizar el mercado. En el mes de abril el monto de los depósitos garantizados se elevó hasta 100 millones de pesos. Este cambio es sumamente significativo; luego de casi cuatro años de puja, el equipo económico volvía a retroceder hasta aplicar una garantía más extensa que lo deseado con el objetivo de contener la fuga masiva de los depósitos.

La reinstalación de la garantía obligaba al Banco Central a aportar montos considerables para la devolución de los fondos colocados en las entidades intervenidas o liquidadas. A esos montos deben agregarse los adelantos que se vio obligado a conceder a los bancos y financieras que perdían depósitos por los temores del público. La circular 1051, decidida al efecto, fue denominada sugestivamente “red de seguridad” del sistema porque a través del apoyo monetario irrestricto a las entidades sostenía su supervivencia. Ya a mediados de mayo, apenas un mes y medio después de iniciada la “corrida”, se estimaba que los adelantos exigidos por la coyuntura representaban el equivalente a más de 2.600 millones de dólares (El Economista, 23-5-1980). El flujo continuaría en el resto del año, multiplicando ese monto como se verá más adelante.

Coyuntura negativa con efectos sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y el proceso inflacionario

Una parte de los fondos que salían del circuito financiero se dirigió a la compra de divisas, aprovechando la oportunidad del mercado libre establecido a ese efecto. La presión de esos movimientos de dinero puede seguirse, analizando las tablas trimestrales del balance de pagos. La cuenta de capitales compensatorios tuvo un saldo negativo de 715 millones de dólares en el segundo trimestre de 1980 —luego de varios períodos de resultados positivos— y, simultáneamente, las reservas cayeron 1.477 millones de dólares. La tendencia ascendente del monto de reservas quedó quebrada en forma definitiva sin que las autoridades tomaran medida alguna en ese frente. La libertad del mercado cambiario que significaba, en los hechos, que el Banco Central vendía las divisas al precio fijado a quien las solicitara, se convirtió en un pilar de la política del período.

Al mismo tiempo, la presión sobre el mercado del dinero elevó aún más las tasas de interés, agravando la situación de las empresas y sectores endeudados. Álvaro Alsogaray (1980) explicó la crisis de esta manera en octubre de ese año:

La crisis es aplacada transitoriamente extendiendo lo que el presidente del Banco Central llama la red de seguridad del sistema. La red de seguridad no significa otra cosa que agregar a la plaza 4.100 millones de dólares. Es decir que para tranquilizar a los ahorristas, para que no se escapen, hemos tenido que proveerle a la plaza 4.100 millones de dólares. La expansión monetaria producida por estas razones alcanza en estos momentos a más de 8 billones de pesos; y no es cierto que vayamos a recuperar de esto sino una mínima fracción. Y aunque lo recuperemos, el efecto inflacionario ya está producido, porque ese dinero ya está circulando.

Más adelante, el ex Ministro de Economía agrega reflexiones decisivas sobre el carácter de la plaza financiera que conviene transcribir por provenir, precisamente, de un hombre de su posición:

Este es “el punto de inflexión de una onda de muchos años que agotó sus posibilidades… la inestabilidad existe. En este momento hay en los bancos el equivalente a 20.000 millones de dólares colocados a plazos de 7 a 30 días. ¿Qué pasaría si los tenedores de ese dinero resuelven irse a otra parte? Eso es lo que llamo una inestabilidad potencial grande. Alguna vez, hace más de dos años y medio, discutía un problema equivalente con Jacques Rueff y me decía, ‘mire, esto es como tener un gas en la sentina de un barco; mientras ustedes no pongan un fósforo, no pasa nada, pero si hay un fósforo, el gas explota’. Evidentemente, si hay 20.000 millones de dólares colocados a menos de 30 días, que dependen de la voluntad de miles de personas que pueden hacer lo que quieran con ellos, va a haber que cuidar muy bien la confianza pública, va a haber que proceder con mucha prudencia para evitar que esa gente haga cosas indeseables para la marcha de la economía del país” (ídem).

Una bomba de tiempo que unos pocos pueden detonar

Alsogaray pone el tema en su justo lugar; el sistema ha sido organizado de tal manera que su funcionamiento depende, en lo esencial, de la confianza de los operadores. A la menor crisis, se convierte en un barril de pólvora. La reacción de las intervenciones bancarias lo demostró con fuerza en ese período. Alsogaray, en cambio, mistifica relativamente la importancia del mercado al hablar de “miles de personas” que pueden hacer lo que quieran. La concentración de los depósitos es un fenómeno universal que pone en manos de una minoría las primeras decisiones sobre una opción de ese tipo y su importancia no debe ser ignorada. Aunque el equipo económico se cuidó en todo el período de presentar la más mínima inferencia sobre concentración de depósitos en el sistema financiero, puede estimarse que unas 200 empresas manejaban la cuarta parte de los fondos totales colocados en él. Es probable que diversos movimientos producidos en el sistema se originaran en decisiones de estas empresas cuya operativa era seguida, a corto plazo, por la multitud de pequeños inversores. El liderazgo implícito de los inversores más grandes es un tema que se deja de lado en la publicidad ideológica de la “democracia de mercado” pero que no puede ignorarse —aunque no se conozca su dimensión exacta— en las afiebradas operaciones de todo el período.

La crisis del BIR estalló poco antes de que se produjera un cambio importante en la coyuntura política del país. Los cambios en esta última, a su vez, contribuyeron parcialmente a disimular algunos de los inconvenientes más graves derivados del desequilibrio económico que se estaba produciendo.

El problema político de la transición como trasfondo

A principios de 1980 se daba por aceptado que el general Viola era el candidato presidencial para el período que comenzaría en marzo de 1981. Todos los medios tendían a difundir esa perspectiva, que preparaba a la opinión pública respecto de las decisiones en el seno del poder, hasta que a mediados de marzo comenzaron a sentirse algunos movimientos de resistencia a dicha decisión. Los primeros anuncios públicos al respecto pueden seguirse en un artículo de la revista “Carta Política” (marzo 1980) que reveló que la candidatura de Viola “no es un horizonte” y puede “no ser tan fácil”; el mismo comentario agregaba crípticamente que la “suerte de la línea económica y de la apertura política aparecen ligadas a esa perspectiva”.

Resulta ahora evidente que en mayo las diferencias en el seno del gobierno habían alcanzado una nueva dimensión en torno a la candidatura presidencial y que, en el proceso, se entrecruzaban las expectativas políticas y las diferencias económicas. Algunos sectores intentaban modificar la política económica y buscaban, para ello, apoyos sociales a través de alguna forma de apertura política; el general Viola parecía ligado a esa perspectiva. Otros sectores, en cambio, pretendían mantener la política económica y, por lo tanto, necesitaban postergar la apertura política hasta que lograran asegurar el éxito de aquella. Las diferencias eran poco visibles para el gran público debido a la extrema reserva de las negociaciones entre las distintas corrientes, pero comenzaban a perfilarse más y más a medida que pasaba el tiempo.

Es evidente que el equipo económico no podía ser ajeno a la discusión que se llevaba a cabo y que sus decisiones debían tener en cuenta las perspectivas que se abrían en el ámbito político. La experiencia demostró que ese proceso se convirtió en una de las causas esenciales de las actitudes estratégicas del equipo económico aunque este nunca difundiera públicamente su posición.

Retraso cambiario versus continuidad del equipo

El problema del retraso del tipo de cambio respecto de su paridad real era decisivo en el primer semestre de 1980 y se agudizó por la presión originada en el mercado financiero a partir del cierre del BIR. Sin embargo, el equipo económico se mantuvo inflexible en su posición contrariando las dudas anteriores de Martínez de Hoz respecto de la bondad del sistema elegido. En una temprana visión del problema, El Economista (31-5-1980) señalaba la necesidad de eliminar las pautas y pasar a la flotación del tipo de cambio para que este recuperara su nivel, excepto –señalaba— “que las autoridades estén dispuestas a transferirle el problema al equipo económico que regirá el país a partir de marzo de 1981”.

La decisión de transferir o no el problema dependía, casi directamente, de que el equipo de relevo fuera o no elegido entre los candidatos deseados por la conducción económica. Para ese entonces se especulaba con la posibilidad de que Guillermo Walter Klein, segundo del equipo económico, quedara a cargo de la gestión ministerial en el período siguiente. La falta de definición al respecto en esos meses abrió un período de transición en el que el equipo mantuvo la pauta mientras ajustaba otras variables a la espera, probablemente, de las decisiones políticas definitivas.

En el mercado financiero proseguían la fuga del dinero y la presión sobre la plaza cambiaria. El equipo económico debía tomar alguna decisión y esta se conoció a través de un discurso de Martínez de Hoz del 10 de julio. El Ministro anunció una serie muy amplia de medidas que, en general, tendían a reducir el efecto competitivo de los bienes provenientes del exterior en el sector industrial: derogación del aporte jubilatorio a cargo de los empresarios, del aporte al Fondo Nacional de la Vivienda sobre los montos salariales pagados, modificación de la tasa del IVA y extensión de su aplicación, etc. Junto a ese programa —cuya vigencia requería disposiciones legales que se fueron aprobando en los meses siguientes— se anunció y decidió lo que sería uno de los factores esenciales de la coyuntura inmediata: la eliminación del plazo mínimo de un año para tomar créditos en el exterior. A partir de ese momento los particulares podrían renovar sus créditos en divisas por el plazo deseado; la única, relativa, medida de control de los movimientos de divisas se suprimía en un momento crítico de intensas expectativas políticas.

De acuerdo al cronograma político, el nuevo gobierno debía asumir en marzo de 1981. En esa misma fecha, la pauta cambiaria llegaría a un ritmo de devaluación cero que permitía presumir el fin de su vigencia —y más aún si se modificaba el equipo económico—. En la perspectiva del tercer trimestre de 1980, tomar créditos en el exterior a un año de plazo —con las restricciones anteriores— significaba una apuesta, dado que el vencimiento correspondería al período de gestión de otra conducción económica. La eliminación del plazo mínimo permitía a los operadores ajustar sus renovaciones de deudas en divisas de acuerdo al cronograma político, disminuyendo el riesgo previsible.

La política económica como arma de presión política

En esas jornadas, el matutino Clarín señaló claramente que se trataba de una decisión política que, en esencia, implicaba un “tremendo elemento de presión sobre el nuevo Presidente” (Clarín, 13-7-1980).

Más aún, señalaba, la presión se originaba a través de la construcción de una masa de maniobra de reservas sumamente volátiles por las condiciones planteadas:

El asunto de las reservas tiene una envergadura más elevada y, según dicen los hombres cercanos al Palacio de Hacienda, ahí se esconde el proyecto global de esta operación política. La inestabilidad de las reservas, se supone, podrá hacer decir al Ministro que esos caudales estarán en el país solo junto a él o junto a quien él diga. De lo contrario, podrá argumentar en el momento de la negociación, el nivel de las reservas experimentará una brusca caída (ídem).

Parece difícil menospreciar la importancia de estos elementos en las discusiones íntimas dentro del poder sobre la elección del nuevo Presidente. Lo cierto es que la Junta de Comandantes se reunió en setiembre sin lograr ponerse de acuerdo sobre el candidato. La elección de Viola no resultó tan fácil como se llegó a suponer en un principio y, más bien, confirmaba que las advertencias en sentido contrario ya mencionadas tenían una sólida base de sustentación. En un primer momento, la opinión pública fue informada que la decisión se postergaba por diez días. Antes de finalizar dicho plazo la Junta aprobó el nombramiento de Viola para Presidente durante el período 1981-1984. El triunfo de la línea política que este representaba se hizo sentir pronto en diversos ámbitos, entre los que no puede excluirse al económico.

La designación del Presidente se concretó en el momento en que el debate económico nacional se centraba en el valor del tipo de cambio. Su retraso estaba provocando situaciones difíciles en las actividades exportadoras y en aquellas sometidas a la presión de las importaciones. Por otra parte, se sabía que Lorenzo Sigaut, asesor económico de Viola y candidato para el cargo de Ministro, estaba en contra de la política de pautas y sus efectos. No era extraño que, a partir de ese momento, la confianza sobre la continuidad o no de la pauta cambiaria se convirtiera en el tema fundamental de los operadores.

La actitud del equipo económico hacía muy poco para consolidar la confianza en la pauta cuyo contenido se mantenía en términos muy confusos. La estrategia oficial había dejado deliberadamente abierto el período de aplicación de la misma y en los meses siguientes ayudaría a incrementar la incertidumbre de los observadores.

Se ha señalado más arriba que la pauta decidida por el Banco Central no tenía fecha de vencimiento; su evolución partía de presunciones sobre el hecho de que en marzo de 1981 la devaluación mensual llegaba a cero pero nada más. Un directivo de entidades financieras destacó dicha característica con cierta preocupación:

La política oficial de pautas, por motivos que es difícil de explicar, nunca fue cumplida totalmente y nunca fue explicitada con la profundidad y la definición con que se ha hecho, por ejemplo, en Chile o en Uruguay. Siempre hemos tenido esta frase de ‘los meses subsiguientes’, este esquema que ha hecho que a medida que transcurriera el tiempo desde un anuncio de este tipo se fuera debilitando la confianza y la apertura entre las tasas de interés externas, más la devaluación y las tasas de interés internas se fuera profundizando. (Carballo, 1980)

En las jornadas en que la Junta está abocada a la designación del presidente, el Banco Central decide efectuar una nueva modificación de la pauta. La circular RC 907, de setiembre de 1980, resuelve que la devaluación será de 1% para octubre —tal como correspondía con el régimen anterior— pero que se mantendrá en el mismo ritmo para “noviembre y los meses subsiguientes”. La diferencia entre la pauta anterior y la nueva era mínima. Como se recordará, el tipo de cambio venía devaluándose a un ritmo cada vez menor, de manera que en noviembre correspondía una tasa de 0,8% y en diciembre de 0,6%; con la nueva pauta esos valores se llevaban a 1%. En consecuencia, en el tercer trimestre de 1980 la devaluación real fue de 3% en lugar del 2,4% previsto originalmente. Como elemento de comparación, cabe señalar que la evolución de los precios internos en ese mismo período fue de 16,9%, medido por el índice de costo de la vida, y de 9,3%, según el índice mayorista.

El equipo económico siembra desconfianza

La importancia de la nueva resolución descansa en el aspecto cualitativo antes que en el cuantitativo; la pauta cambiaria había sido modificada. Los inversores perdían confianza en ella en la medida en que percibían que el propio equipo parecía ensayar la búsqueda de un mecanismo de ajuste.

El tema de la certidumbre sobre la pauta, y su importancia crucial sobre el manejo de las expectativas del mercado, había sido explorado ya por Carlos Rodríguez (1979) en su análisis del plan. Rodríguez señalaba que las autoridades podían afectar la prima de riesgo para los capitales del exterior y, por lo tanto, la tasa de interés interna —y el equilibrio del sector externo— mediante dos herramientas cruciales: reduciendo el plazo de vigencia de la disposición o aumentando la incertidumbre sobre su futuro. La resolución 907 había logrado ambos objetivos a la vez: el Banco Central modificaba la pauta anterior, agregando incertidumbre al mercado, y ni siquiera establecía un plazo de vigencia para la nueva disposición; ella quedaba en condiciones de ser modificada de nuevo en cualquier oportunidad.

Esta extraña decisión de las autoridades se producía en momentos difíciles que acentuaban su impacto. Los fenómenos políticos que se anunciaban en el horizonte generaban expectativas de cambios. Las presiones sobre la economía derivadas de la revaluación del peso confirmaban su necesidad. La medida oficial confirmaba a su vez las sospechas de los operadores.

Todo indica que en esos meses volvió a recrudecer en el propio seno del equipo económico la intensa discusión en torno a la continuidad o no de la pauta. Al parecer, la carga contra esa estrategia fue asumida por Alejandro Estrada, entonces Secretario de Comercio, que reflejaba la creciente preocupación de algunos sectores económicos por los resultados que se estaban produciendo. Un año después ese funcionario reconocería públicamente que

el principal error del equipo económico del cual formé parte fue no dejar flotar el tipo de cambio. (La Nación, 19-6-1981)

Otro sector del equipo pensaba diferente y ganó la partida con argumentos no conocidos. Quizás ni siquiera señaló sus puntos de vista en el interior del equipo y se limitó a defender la política en vigor; no parece casual, en ese sentido, que hacia fines de año Martínez de Hoz reflexionara crípticamente sobre la imposibilidad de explicar ciertas posiciones que asumía:

Puede haber silencios públicos y diálogos privados —decía—; a veces no siempre es bueno decir todas las cosas en público. (Boletín, 15-12-1980)

Es probable que el Ministro de Economía ni siquiera dejara conocer ciertas opiniones a sus colaboradores más íntimos que consideraban un “error” mantener el tipo de cambio atrasado. El “error” económico podía reflejar un criterio político diferente.

La devaluación de febrero de 1981 da la señal de largada hacia la especulación cambiaria

La nueva pauta cambiaria solo rigió tres meses. El 3 de febrero de 1981, súbitamente, se anunció una devaluación excepcional de 10% y una nueva pauta de devaluación mensual constante de 3% hasta agosto de 1981. El comunicado oficial se preocupó de señalar que la devaluación se concretó a pedido de las nuevas autoridades; se oficializaban así las versiones de que el próximo equipo económico estaba preocupado por el retraso cambiario y que el actual reconocía el problema. Era suficiente como luz roja para el mercado. El cambio de pautas terminó por eliminar toda certidumbre sobre la permanencia de esa política más allá de marzo de 1981. La devaluación aplicada del 10% resultaba insignificante frente a un retraso cambiario estimado superior al 50% y abría la perspectiva de nuevas devaluaciones. La avalancha sobre el mercado de divisas resultó incontenible a partir de ese momento y se mantuvo intensa hasta el día del cambio de gobierno[11].

El equipo económico designado por el general Viola se convirtió, en esos meses, en un testigo impotente de la rápida deserción de los ahorristas del mercado financiero, la compra masiva de divisas, y la evaporación de las reservas. El equipo se vio obligado a esperar el momento en que asumiera el cargo para actuar mientras Martínez de Hoz proseguía, imperturbable, con su estrategia. A partir de ese momento, el Ministro insistió en que los problemas del mercado cambiario se debían a las expectativas generadas por el cambio de gobierno e insistió en que el alza de las tasas de interés podría contener la fuga hacia el dólar. Los costos del dinero subieron sin resultado alguno porque el equilibrio resultaba imposible. Bastan para demostrarlo unas cuantas cifras. Frente a expectativas de una devaluación que, en el mejor de los casos, se estimaba en 30%, el costo del dinero debía llegar al 30% mensual, a principios de marzo, para equilibrar el rendimiento esperado de la posesión de divisas si se devaluaba a fines de ese mes; a mediados de marzo, el acortamiento del plazo para el cambio de equipo debería llevar las tasas de interés a 30% en quince días, y así progresivamente, en una escalada prácticamente imposible. El “enfoque monetario de la balanza de pagos” operaba solo como una justificación ideológica; el esquema no puede funcionar en una crisis de este tipo cuando el retraso del tipo de cambio ha alcanzado las magnitudes conocidas en la Argentina. El resultado inevitable consiste en una combinación de tasas nominales sumamente elevadas con una fuga masiva del dinero hacia las divisas.

El día que asumieron las nuevas autoridades ya no se podía esperar más. El nuevo equipo económico se vio obligado a decretar un feriado cambiario para decidir la devaluación. No tenía más alternativas.

El mal ya estaba hecho. El mercado descubrió que su presión podía modificar las decisiones oficiales. Ya nunca más aceptaría las pautas. Las condiciones esenciales para los ‘desbordes’ de los meses posteriores estaban dadas. La estrecha relación entre las tasas de interés internas y el mercado cambiario iba a continuar en condiciones tales que las influencias serían alcistas en los dos sentidos simultáneamente. La experiencia de marzo (de 1981) y la devaluación que la siguió se repetiría sucesivamente a lo largo de 1981. (Schvarzer, 1981, b)

1981. Del poder en el gobierno al poder fuera de él

Se ha señalado más arriba que hubo, disensos internos en el propio equipo económico en torno a la continuación de las pautas frente a sus resultados coyunturales. Ellos reflejaban concepciones teóricas diferentes y, sobre todo, la situación particular que estaban sufriendo algunos sectores sociales por dicha política pero eso no era todo. En un momento de transición política como el que se estaba viviendo desde fines de 1980, la perspectiva de las condiciones en que se entregaría la economía nacional al próximo gobierno debía tener un papel decisivo. Parece evidente que ese fue uno de los elementos que llevó a Martínez de Hoz a sostener la política de la pauta cambiaria en ese período en contra de las dudas que curiosamente había experimentado al respecto un año antes. Pero, si bien mantuvo dicha posición durante los últimos tramos de su gestión, pese a los costos evidentes de esa política en términos del equilibrio global de la economía, se trataba de una rigidez más formal que real puesto que los propios cambios decididos en el período alentaban la incertidumbre de los operadores.

La actitud del equipo económico frente a su reemplazo

El candidato a reemplazarlo en el cargo relató mucho más tarde su preocupación por las cifras y estimaciones que le entregaban los funcionarios oficiales a comienzos de 1981. Según Sigaut (Ámbito Financiero, 29-7-1982) las primeras proyecciones sobre resultado de transacciones externas de la Argentina para 1981, que le entregaron el 21-11-1980, estimaban un saldo negativo para los rubros de comercio y servicios —es decir, independientemente de las transacciones financieras— de 5.445 millones de dólares. En una segunda estimación, esta vez del 6-2-1981, ese saldo llegaba a 6.200 millones de dólares; en la tercera y última entregada a Sigaut el 6-3-1981 subía ya a 6.481 millones de dólares. El ex Ministro destaca que esos déficits proyectados eran independientes de la “confianza” del mercado que actúa sobre la demanda de divisas pero no sobre los movimientos comerciales; por eso, efectuó diversas consultas al respecto para entender los criterios y expectativas del equipo económico. Según explica,

sin recibir respuestas concretas, deducía que para los citados funcionarios, la continuación del sistema cambiario no generaba inconvenientes y todos los innumerables problemas de la economía argentina hacia comienzos de 1981 eran consecuencias del simple juego de expectativas originadas por el cambio de gobierno… los citados funcionarios estaban defendiendo lo indefendible.

Y cuando se produjo el ajuste de febrero de 1981, con la aprobación del Presidente de la Nación en ejercicio y del presidente designado, el ministro no defendió la medida, desapareciendo de la escena —como nunca lo había hecho hasta ese entonces— permitiendo que se produjesen y desatasen esas famosas “expectativas desfavorables” que tanto “temía”. Solo después que estas adquirieron extrema gravedad apareció dando tardías y no convincentes explicaciones.

Otro protagonista de ese período relató los problemas encontrados a raíz de una polémica con Martínez de Hoz. Jorge Aguado, que fue nombrado Ministro de Agricultura y Ganadería por el Presidente Viola y llegó, en 1982, a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, afirmó en un airado comentario que Martínez de Hoz se había negado a rectificar ninguna medida cuando lo entrevistaron en marzo de 1982 y que era falso que hubiera intentado facilitar la transición (La Nación, 9-12-1981).

Resulta claro que los “silencios públicos y diálogos privados” no incluían a los nuevos miembros del gabinete económico que debía asumir el relevo. Martínez de Hoz señaló las diferencias de enfoque entre su equipo y el siguiente y dejó abierta a la opinión pública la expectativa de una devaluación que, en los hechos, fue enfatizada y no frenada por las medidas del 2 de febrero. El Ministro parecía hacer caso omiso de la situación coyuntural, como si ella fuera únicamente responsabilidad de sus continuadores y se preparaba para su futura acción. En una conferencia ante un grupo de empresarios en ese difícil período de transición fue sumamente explícito en el sentido de que estaba pensando en la manera de actuar luego de terminada su etapa en el gobierno.

Yo voy a pertenecer al sector privado dentro de 10 días, de manera que voy a estar al lado de ustedes y todos debemos exigir a nuestras autoridades el cumplimiento de las grandes líneas a las cuales las Fuerzas Armadas se comprometieron en marzo de 1976. Porque si no habremos hecho un esfuerzo en vano, un fracaso más de la política y la economía argentina. (19-3-1981, citado por Ledesma, 1981)

La batalla se centraba en la victoria de un sector antes que de una línea económica. Los sucesos del primer trimestre de 1981 confirmaban que algunos estaban dispuestos a lograrla a cualquier costo. La crisis del país se agudizaba por el combate entre sectores con diferentes posiciones políticas antes que por la supuesta convicción ideológica de los defensores de la política económica que se estaba llevando a cabo. El equipo económico había tirado varias veces por la borda sus principios cuando se trataba de defender algunos aspectos coyunturales; su rigidez en la etapa final buscaba un efecto político muy claro: recrear condiciones económicas tales que maniataran la capacidad de acción del nuevo equipo de gobierno. El resultado agregaría nuevos problemas a la economía nacional.

El costo de la transición

Las dos crisis de 1980, la originada en la liquidación de bancos en el primer trimestre y la iniciada con la elección del nuevo gobierno en el cuarto trimestre, generaron costos cuyo repaso parece imprescindible para comprender el carácter de la política económica llevada a cabo en ese período.

La emisión masiva de dinero

Ya se señaló más arriba que el cierre de varias entidades obligó al Banco Central a otorgar adelantos sin límites, para cubrir la garantía de los depósitos de los bancos liquidados así como los faltantes de fondos de aquellos que sufrieron la “corrida”. Esos adelantos llegaron a sumar 11,8 billones de pesos al 31-12-1980 que equivalían entonces a 5.900 millones de dólares al tipo de cambio vigente. Una comparación más efectiva consiste en decir que ellos representaban el 6% del producto bruto del país y que, en rigor, se debían sumar al déficit declarado del sector público que en ese año fue de 4% del PBI. Esos gastos se contabilizaron como “adelantos” del Banco Central en la suposición implícita de que serían recobrados en el período siguiente —lo que parece sumamente difícil dadas las maniobras efectuadas por las entidades liquidadas—; esa presentación no disminuye su carácter de erogación oficial para cubrir los defectos del sistema financiero ni su impacto sobre la emisión.

Los 11,8 billones de pesos “adelantados” por el Banco Central superaron a la emisión monetaria total de 1980. Esta fue de 10,3 billones de pesos, con lo que se duplicaba la circulación monetaria en el curso del año superando la evolución de los precios internos. Es claro que los adelantos transitorios fueron la causa de la emisión del período, cuya dimensión no fue mayor gracias a la existencia de otros factores de absorción: la brusca disminución de las reservas y, en menor medida, la cuenta de regulación monetaria que comenzó a compensar las erogaciones de los años anteriores.

De esa manera se cumplía el tercer año consecutivo en el que las autoridades se veían obligadas a emitir masivamente para sostener el funcionamiento del sistema financiero que habían puesto en marcha en 1977. Como se señaló más arriba, en 1978 la parte sustancial de la emisión se originó en la cuenta de regulación monetaria —verdadero subsidio al sistema—; en 1979 en el alza desproporcionada de las reservas de divisas originada en el aliento a la entrada masiva de capitales especulativos del exterior; en 1980 en los adelantos a las entidades intervenidas por “irregularidades”. En todo el trienio esas operaciones influyeron en el incremento acelerado de la emisión monetaria agilizando el proceso inflacionario que se decía combatir. La mayor parte de esos costos era, en realidad, un déficit fiscal que no se contabilizaba como tal y un subsidio implícito, igualmente negado, al sistema financiero.

La evaporación de la reserva de divisas

La crisis financiera coincidió, como se ha visto, con la fuga de divisas. Esta comenzó en el segundo trimestre de 1980, luego del cierre del Banco de Intercambio Regional (BIR), y alcanzó dimensiones apreciables en los últimos meses del año y primeros de 1981; la combinación de la crisis financiera con el atraso cambiario y la perspectiva de un cambio de orientación política sumaban sus efectos para incrementar la demanda de divisas en el mercado de cambios. Ya se ha señalado que el equipo económico optó por mantener permanentemente liberado el mercado cambiario y liberalizar aún más la entrada de créditos, lo que preparaba las condiciones de una situación explosiva con costos muy elevados.

La demanda de divisas por parte del sector privado obligaba a las autoridades a tomar nuevos créditos externos para atenderla, manteniendo el tipo de cambio en el mercado interno de acuerdo a la pauta. La salida de divisas alcanzó dimensiones inusitadas; el Banco Central vendió a las casas de cambio 4.124 millones de dólares para que estas atendieran la demanda de divisas mientras otros fondos salían mediante la cancelación de créditos con el exterior y diversos mecanismos financieros.

Las dimensiones de la salida total se pueden apreciar en el balance de fin de año. Las reservas de divisas cayeron en 2.850 millones de dólares en el curso de 1980 (hasta llegar a 7.288 millones) mientras que el incremento de la deuda externa en el mismo período fue de 8.128 millones de dólares. La deuda externa neta (deuda bruta menos reservas) trepó en ese año 11.000 millones de dólares. Esta cifra equivalía al 11% del producto bruto, a los valores de 1980, que los argentinos habían gastado por encima de sus posibilidades.

Estos resultados no impidieron que la política económica prosiguiera en la misma línea hasta el momento de la transferencia del gobierno. No es de extrañar que la coyuntura se siguiera agravando en el primer trimestre de 1981. En ese período las reservas internacionales cayeron otros 2.980 millones de dólares adicionales mientras la deuda externa subía 2.425 millones de la misma moneda. La deuda neta trepó en ese trimestre 5.405 millones de dólares que se suman a lo registrado en el curso de 1980. Es decir que otro 5,5% del producto bruto se evaporó en solo tres meses, hasta que se produjo el cambio de gobierno. En ese momento el desequilibrio del sector externo había llegado a una situación inmanejable que se reflejaría en todo el período posterior.

La creación de una gigantesca deuda externa

Esta evolución permite apreciar en un enfoque de más largo plazo las hipótesis, y las consecuencias, subyacentes en la estrategia llevada a cabo en todo el período 1976-1981 en el sector externo de la economía argentina. Hasta fines de 1979 el incremento de la deuda externa se dirigía casi exclusivamente a la acumulación de reservas. El 90% de la variación nominal de la deuda entre 1976 y 1979 se destinó a ese fin. La economía argentina tomaba créditos que se acumulaban como reserva que superaba todas las necesidades comerciales del país y solo se explica en función de criterios financieros; a fines de 1979 las reservas alcanzaban para pagar 18 meses de exportaciones lo que superaba varias veces las prácticas normales en el mundo.

A partir de ese momento, las reservas comenzaron a actuar como compensadoras de la demanda de divisas por parte del sector privado local antes que para atender los requerimientos del sector externo. Más aún, la intensa demanda de divisas, que se agudizó a medida que se acercaba marzo de 1981, llevó a las autoridades a tomar créditos adicionales para atender los requerimientos del mercado. Los créditos obtenidos por el sector público amortiguaban la pérdida de reservas con los resultados señalados más arriba.

Esto explica que la deuda externa del sector público haya subido en 4500 millones de dólares (46%) en el curso de 1980. La mayor parte de ese endeudamiento adicional se realizó a corto plazo desequilibrando las posibilidades del sector externo. Los vencimientos de la deuda del sector público a menos de un año eran 28,8% del total a fines de 1979 y pasaron al 37,4% en diciembre de 1980; en términos absolutos la evolución resulta más grave puesto que esos vencimientos sumaban 2.868 millones en la primera fecha indicada y 5.414 millones de dólares en un año después.

Sigaut lo señaló claramente en un análisis posterior a su gestión, en el que destacó aquello que había silenciado mientras ejercía la función pública. Era grave, decía,

la concentración de los vencimientos en el muy corto plazo, por deuda de arrastre pero principalmente por deuda creada en el primer trimestre de 1981.

De la deuda a fines de marzo del 1981 vencían (por capital solamente) en el segundo trimestre (abril-junio) un total de 7.159 millones de dólares y en el tercer trimestre (julio-setiembre) 4.435 millones de dólares.

Lo que asombraba de esos vencimientos, por un total de 11.594 millones de dólares es que 9.732 millones de dólares correspondían a deudas de corto plazo tomadas en los últimos meses del gobierno que finalizaba en marzo de 1981, generando un absolutamente inadecuado perfil de la deuda. (Ámbito Financiero, 29-7-1982).

La relación entre reservas y deudas permite una comparación adicional muy sugestiva. En diciembre de 1979 las primeras superaban ampliamente (126,9%) a las obligaciones por capital que debían cancelarse en todo el año siguiente. Un año después, las reservas se habían contraído a solo el 55,6% de los compromisos para el año 1981. Al 31 de marzo la situación se había agravado más aún; las reservas registradas en ese momento apenas alcanzaban para cancelar 16,9% de los compromisos que vencerían en los doce meses siguientes.

Los condicionamientos para el futuro empresario

A principios de 1981 eran ya evidentes los signos de la recesión que se acentuaría en el resto del año. Mucho más claros, aunque de diferente categoría, eran los problemas de equilibrio en el sector externo y de los elevados costos del sistema financiero para los tomadores de fondos. Los costos del sistema financiero planteaban a los tomadores una serie de dificultades que solo podrían resolverse, a la larga, mediante transferencias de ingresos en sentido contrario a las operadas en esos años. Algo de eso ocurrió a través de numerosas medidas adoptadas en 1981 y 1982 que tendieron a resolver los pasivos existentes. En el corto plazo el problema más grave que presentó el sistema financiero consistió en su extremada liquidez, que frenaba toda posibilidad de corregir el estado de cosas existente en el sector externo como se experimentó a lo largo de la nueva gestión económica después de marzo de 1981. El mercado libre del dinero ofrecía una traba para la libertad operativa de las autoridades cuya importancia no puede desdeñarse y que solo se intentó neutralizar a partir de las reformas encaradas por Cavallo —como asesor del Ministro de Interior en diciembre de 1981 y como Presidente del Banco Central en julio de 1982—.

El problema de la deuda externa acumulada resultó mucho más grave. Ella se convirtió en la restricción más importante y permanente a todo cambio de política económica. Sus enormes dimensiones relativas exigen un esfuerzo considerable por exportar, obligan a mantener un tipo de cambio relativo alto —que combinado con una política de tipo de cambio único impone severas restricciones al salario real—, y eleva el papel político- económico de dos sectores claves: los productores agropecuarios de la pampa húmeda —que pueden ofrecer los saldos exportables necesarios y exigen, en cambio, precios altos y políticas de apertura— y los acreedores del exterior —que imponen sus objetivos a través del FMI y, especialmente, de sus “contactos” locales formados esencialmente por los miembros del “establishment”—.

En cierta forma, la coyuntura de comienzos de 1981 repetía, aunque en sentido inverso, la experiencia de marzo de 1976. En aquella fecha el gobierno constitucional caía aplastado por el desplazamiento del poder político-social hacia esos mismos sectores a raíz de la crisis del sector externo y la espiral inflacionaria. Cinco años después Martínez de Hoz cedía el poder formal en condiciones de una nueva crisis del sector externo —originada en la propia política económica— y sin que la inflación estuviera contenida lo suficientemente como para esperar una estabilización. Por el contrario, se tendería nuevamente a una agudización del proceso inflacionario que preparaba las mismas condiciones de inestabilidad de fines de 1975. La victoria política del equipo de Viola se enfrentaba a una instrumentación económica que preparaba inconvenientes graves para el futuro inmediato.

La socialización del despilfarro

Para terminar con el listado de los costos de la política aplicada conviene analizar un último factor de tipo social. El tipo de cambio retrasado que se sostuvo en 1980 y se exacerbó a fines del período y comienzos de 1981 tuvo ciertos efectos sociales que deben ser considerados en una perspectiva política. Amplios sectores medios y altos tuvieron una oportunidad excelente para viajar al exterior y adquirir bienes en otros mercados en condiciones que implicaban un verdadero subsidio de parte de la comunidad. Aunque no existen estadísticas detalladas, se sabe que esos sectores viajaron masivamente al extranjero en la temporada veraniega de 1980-1981, ocupando todas las plazas disponibles en las líneas aéreas y en una verdadera avalancha eufórica de paseos y compras. El costo de tales movimientos puede estimarse en varios miles de millones de dólares, comprados libremente en las casas de cambio locales y gastados sin preocupaciones en el exterior, que se sumaron a la deuda externa.

La convicción generalizada de que el período de tipo de cambio no podía durar impulsó a los sectores privilegiados a aprovechar al máximo la oportunidad que se les presentaba en una actitud naturalmente comprensible pero socialmente dilapidadora. Esos sectores van a recordar con alegría los beneficios que tuvieron y que les son permanentemente reiterados por los defensores de la política aplicada; se trata de un argumento persuasivo para sus beneficiarios aunque poco convincente en términos económicos dados los costos que representó para el país[12].

Esa política generó ciertas formas de corrupción social mediante las cuales un sector, minoritario pero poderoso, de la población encontró a su alcance posibilidades jamás pensadas en el país. El dólar “barato” —a aproximadamente la mitad de su paridad histórica— y de compra libre era un subsidio al despilfarro que los beneficiados utilizaron con la lógica desaprensión de quienes no ganaron trabajando la riqueza que de pronto tuvieron en sus manos. La transferencia de ingresos provocada por esa vía ayudaría a crear una psicología social favorable a una política que, en esencia, implicaba que el país gastó divisas, y riquezas, por encima de sus posibilidades a cuenta del futuro.

Bibliografía

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Schvarzer, Jorge 1981 “Mercado financiero: una marcha errática en busca de soluciones” en Guía de consulta de El Economista (Buenos Aires).

1 El debate interno sobre una nueva legislación involucró varios aspectos cuyo análisis escapa a este trabajo aunque podía resultar de mucha utilidad para comprender las fuerzas en juego y sus expectativas. Una de las características más discutidas de la nueva ley, y que motivó un cambio apreciable entre su versión preliminar y la aprobada finalmente, fue la aplicación de la garantía de los depósitos. La propuesta original consistía en eliminar totalmente la garantía pero, finalmente, se decidió sostenerla a costa del erario público. Otra modificación importante entre el proyecto y la ley aprobada incorporaba una serie de privilegios especiales concedidos a las entidades del interior del país por el término de dos años que, supuestamente, les permitiría afrontar la competencia, de otro modo desigual, de los grandes bancos de la Capital y las sucursales de bancos extranjeros —que fueron sometidos a restricciones temporarias en su expansión física—. La combinación de la garantía a los depósitos con la mayor libertad que tenían, como instituciones del interior, para abrir sucursales en todo el país, explica que los tres bancos más grandes cerrados en la crisis financiera de marzo-abril de 1980 crecieran prodigiosamente en los tres años de vigencia de la ley hasta ubicarse entre los mayores del país.

2 No debe concluirse de este análisis que la nueva política financiera era la causa exclusiva de la tregua de precios. Las presiones para lograr una desaceleración inflacionaria eran ya lo suficientemente fuertes como para que el equipo económico sintiera la necesidad de “hacer algo” en ese sentido a sabiendas de que, en esas condiciones, no tendría demasiado costo político respecto a sus principios. Por otra parte, conviene destacar que ya en ese período ciertos integrantes del equipo eco-nómico se sentían incómodos con los resultados alcanzados en ese frente cuya evolución no alcanzaban a comprender. Uno de los asesores de Martínez de Hoz señaló públicamente su desconcierto frente a la actitud de los empresarios que, según él, “hacen lo contrario de lo que dicen todos y cada uno de los libros de economía” y suben los precios frente a la recesión (Armando Ribas en La Opinión 10-03-1977). Al parecer, no sentía el mismo desconcierto frente a los libros de economía que no podían explicar lo que ocurría en la realidad.

3 ADEBA. Asociación de Bancos Argentinos, es una organización nacida en 1972 que nuclea a los bancos de capital local y que se ha incorporado con energía al pequeño número de agrupaciones empresarias que tienen un peso determinante en las decisiones de la vida económica nacional. En este texto nos limitamos a analizar algunas de sus proposiciones dejando para otra ocasión el análisis de su papel dentro del “establishment”.

4 La inversión pública se mantuvo en niveles más elevados que los históricos durante todo el período de Martínez de Hoz y su evolución parece haber cumplido una importante función anticíclica en las coyunturas más recesivas (al respecto se puede ver Schvarzer, 1981, capítulo II). En cuanto a los proyectos industriales promocionados, se trata de unos cuantos grandes emprendimientos en los sectores básicos, preparados con apoyo oficial en los primeros años de la década del setenta, que fueron confirmados en los dos primeros años del nuevo gobierno. Sin embargo, varios de ellos fueron afectados por las marchas y contramarchas de la política oficial y de la coyuntura económica y seguían en trámite en 1982. A partir de 1978 no hubo prácticamente más promoción industrial en la Argentina, con excepción de algunos casos aislados en cemento y de los intentos de reactivación regional en La Rioja y Tierra del Fuego (sobre los proyectos industriales en la etapa 1975-1978 ver Schvarzer, 1978).

5 El salto brusco de las tasas de interés se vio facilitado por la inexperiencia de las entidades financieras frente a las nuevas condiciones del mercado y a la carencia de una regulación adecuada de parte de las autoridades monetarias. La crisis estalló cuando el Banco de la Provincia del Chaco se encontró, casi repentinamente, sin fondos y se vio obligado a salir al mercado ofreciendo tasas muy altas para captar dinero. En ese mismo período se produjeron fuertes trasferencias de fondos en el mercado interfinanciero con elevados beneficios para aquellos que supieron arbitrar entre los costos del dinero tomado y el prestado en una oportunidad en que las tasas nominales subían en cuestión de horas. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas realizó una exhaustiva investigación sobre presuntos manejos indebidos de fondos entre el Banco de la Nación y algunos grandes bancos privados locales cuyos resultados no se conocen oficialmente pero que fueron publicados por fuentes privadas (La Patria Financiera, 1981).

6 Los otros cuatro factores mencionados entonces por el Ministro eran: 1) el propio índice de precios; 2) la tasa de cambio (que a partir de mayo fluctuaba por debajo de la inflación); 3) las tarifas de servicios públicos y 4) los salarios. Como al mismo tiempo reconoció que los salarios “no son factor de inflación en este proceso siempre que no se vuelva al libreto de los aumentos masivos”, resulta que el proceso inflacionario dependía. en esa perspectiva, de dos variables manejadas por la política oficial (tarifas y tipo de cambio) y de las tasas de interés, fuertemente influidas por la misma política, como se señaló más arriba.

7 La intensa discusión de los primeros años sobre la Cuenta de Regulación Monetaria no aporta mucho respecto de los supuestos preliminares de las autoridades sobre su funcionamiento. Era obvio que el nuevo mercado tendía a desalentar las colocaciones del público en cuentas corrientes por el mayor atractivo de las operaciones a corto plazo que devengaban interés, tal como efectivamente ocurrió a partir de la reforma financiera. En consecuencia, la contracción de la base de fondos que debía haber compensado los egresos de la Cuenta incentivó su saldo negativo.

8 Dada la forma en que se presenta contablemente la cuenta, ese gasto aparece como un “adelanto” en el Balance del Banco Central para 1978 lo que no modifica las conclusiones ni los efectos. En 1979 la cuenta siguió arrojando déficit a pesar de la continua reducción del efectivo mínimo. En ese año ella demandó una emisión equivalente a la mitad del déficit del sector público (un billón 219.000 millones versus dos billones 335.000 millones de pesos según BCRA, 1979).

9 En ese período el tipo de cambio se estaba “retrasando” para los requerimientos de la exportación pero las autoridades intervenían para que no cayera aún más frente a la entrada masiva de dinero del exterior. Esta paradoja era el “resultado sorprendente de las nuevas condiciones en que opera la economía argentina”, comentaba el semanario El Economista (25-8-1978).

10 Se ha estimado que los depósitos colocados en las instituciones liquidadas por el Banco Centra! representaban el 12,7 % del total de fondos del sistema, (ABRA, Memoria, 1980). Esta proporción se hace más significativa aún si se comparan los depósitos de esas entidades con el total de depósitos captados por el sector privado —descontando la participación de la banca oficial—; en ese caso, se llega a que 21 % de los depósitos captados por el sistema fueron sujetos a maniobras poco claras que llevaron a la intervención del Banco Central. Es difícil suponer que ese problema pueda disimularse con menciones a “ladrones de guante blanco” o a meras fallas en el sistema de control del Banco Central.

11 La única medida de control del mercado cambiario aplicada por las autoridades consistió en la exigencia de llenar un formulario a los compradores de divisas que alentó las especulaciones sobre un futuro control de cambios sin modificar la operatoria real de la plaza.

12 Aunque resulte meramente anecdótico, conviene recordar que en marzo de 1981. una semana antes del cambio de gobierno, el Ministro de Economía liberó los topes para la importación de bienes que los turistas podían traer del exterior. La medida pasó casi inadvertida, debido a la amplia preocupación política reinante. pero se convirtió en un pequeño traspié para Sigaut que se vio obligado a reponer los máximos anteriores dadas las condiciones de la balanza de pagos. En ese momento fue acusado de un intento de cerrar la economía argentina y calificado de dirigista. Esta pequeña maldad de los miembros del equipo de Martínez de Hoz tiende a confirmar la impresión de que el centro de sus preocupaciones no estaba ya en el equilibrio económico del país sino en los argumentos para justificar sus posiciones y, sobre todo, en la forma de extender el período de su control sobre el sistema local.

* Schvarzer, Jorge 1983 “La práctica de la política económica” (fragmento) en Martínez de Hoz: La lógica política de la política económica (Buenos Aires: Ensayos y Tesis CISEA).

Cultura y comunicación

Héctor Schmucler

Ideología y optimismo
tecnológico* [1]

No requiere demasiado esfuerzo comprobar que el discurso sobre la tecnología —rigurosamente podríamos decir: el discurso de la tecnología— ha ido ocupando el lugar político que hasta hace pocas décadas era cubierto por alegatos vinculados al orden social, económico o moral de los pueblos. La imaginación colectiva contemporánea, por ejemplo, se dejó penetrar en un tiempo sorprendentemente breve por una idea exclusiva: “la llegada de la sociedad de la información”. En un salto de audacia, esta idea pretende encontrar una clave explicativa a la totalidad de la compleja trama que constituye el concepto de sociedad. Pero tan sorprendente como la rapidez con la que se expandió es la docilidad manifestada por el imaginario colectivo: sin resistencia, “sociedad de la información” se volvió doxa, opinión corriente. Todo parece haber estado preparado para la bienvenida y de allí la euforia que atraviesa el anuncio de la llegada. Una llegada que subraya sus dos significados: arribo y culminación; cumplimiento de una promesa. Nueva “anunciación” que parodia la del arcángel Gabriel. La diferencia entre una y otra anunciación, sin embargo, no es nada desdeñable: mientras el emisario del relato bíblico, el nuncio, confirma el misterio fundante del mundo, los anuncios sobre las autopistas de la información resuelven el enigma del futuro.

¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? El interrogante habita con persistente inquietud los estudios que intentan comprender el comportamiento de las sociedades actuales. Pero también habita las preocupaciones de quienes no se resignan a comprobar que “jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. El espíritu de la afirmación de Walter Benjamin ha sido indagado desde todos los saberes, incluidos la filosofía, la literatura o la teología. Ninguna respuesta es del todo convincente. En lo que sigue tratamos de explorar, fragmentariamente, algunos datos sobre la técnica convertida en ideología y el optimismo que la sustenta, hijo de la razón y del progreso. Señalamos igualmente, el papel intelectual de dos hombres sin los cuales nuestra época no sería lo que es.

Ideología y progreso

Las ideologías solían disputar interpretaciones del mundo en procura de afirmar ciertas formas de poder. No solo construían una versión de la historia pasada, coherente con el sesgo de su propia mirada, sino que destacaban los datos por los cuales el futuro debía transcurrir por un sendero determinado. Si de algo no había duda era de la existencia de ese futuro marcado por un necesario progreso. El progreso, obediente a designios tan indeterminables como irrenunciables, se encontraba en la raíz de cualquier forma de optimismo social. La técnica aparecía, con frecuencia, como el instrumento privilegiado para sustentar el optimismo. Y detrás de la técnica, la razón humana.

Aun en la historia reciente, en los momentos más perturbadores de la Guerra Fría, los grandes esquemas ideológicos en pugna reivindicaban la ciencia y la técnica como su estandarte más valioso. El futuro que cada uno ofrecía tenía un punto de clivaje: al servicio de qué y de quiénes se colocaban esa ciencia y esa técnica. Alguna vez se debería escribir un relato de la historia del siglo que parece haber concluido con el final de la Guerra Fría en el que se muestre cómo la disputa de raíz económica entre modelos antagónicos enmascaró aquello que crecía incesante y celebratoriamente: la técnica. Durante ese capítulo postrero, el de la Guerra Fría, el planeta pudo haber desaparecido por causa de una oposición aparente. El socialismo y el capitalismo eran máscaras distintas de un solo actor, el pensar técnico, que dominaba la escena de la historia desde hacía siglos y que en este, el número veinte, descubrió dos veces su verdadero rostro en Auschwitz e Hiroshima.

Ideología y pensar técnico

El pensar técnico, en nuestros días, no necesita máscaras: se ha vuelto, él mismo, ideología dominante. Y tal vez esa circunstancia nos coloque ante una oportunidad sin precedentes: despojado de lastre, nuestro pensamiento admite la posibilidad de reflexionar con más nitidez sobre la ideología de la técnica. El camino no es fácil. La ideología de la técnica ha realizado una jugada maestra al sustentar que todas las ideologías han concluido. La tecnología, en realidad, intenta marginarse del campo del discurso —lugar de la ideología y de la disputa— para erigirse como transparencia. Impone hablar de ella solo desde ella misma, en un tautológico ser lo que es que la instala en un ámbito de sacralidad. Indiscutible. La tecnología desdibuja su lugar en la historia construyendo su propia historia, que aparece como una sucesión de triunfos del hombre sobre lo que lo rodea. El optimismo que atraviesa la tecnología se enraíza en una doble convicción: el hombre, a través del progreso, tiene un camino ya trazado en el mundo y la tecnología es la cifra que le permite conducirse adecuadamente por ese camino. En el límite, la tecnología es el medio en el que (no con el que) los seres humanos se constituyen como tales. Tal, al menos, lo que señala Norbert Bolz como característica del hombre moderno. Profesor de la Universidad de Essen, Alemania, Norbert Bolz sostiene[2] que durante la Era Moderna el hombre ha sufrido tres humillaciones narcisistas sustanciales: la primera lo excluyó del lugar predominante en el Universo al demostrarse que la Tierra no es el centro del mundo; la segunda se la infirió el psicoanálisis al mostrar que “el yo no es amo en su propia casa”. La tercera humillación se verifica ante nuestros ojos: la inteligencia artificial “se dispone a poner en tela de juicio nuestro último y glorioso bastión: el pensamiento”. Los “datos” han dejado de ser instrumentos utilizados por el hombre, dado que “él mismo es insertado en los circuitos de realimentación”. En consecuencia —insiste Bolz— “el hombre ya no es usuario de la herramienta sino momento de conexión en el conjunto de medios”.

La técnica como verdad

Las ideas expuestas por Norbert Bolz poseen un mérito infrecuente: no disimulan que su punto de partida es la técnica y que al hombre le espera ser lo que ella es.

Todos los problemas de identidad de nuestra cultura contemporánea resultan de las exigencias de una nueva sinergia hombre-máquina,

en la que el hombre se define en relación con la máquina. De la máquina aprende quién es, por lo que tienen en común y por lo que tienen de distinto. Diferencia, es bueno subrayarlo, que no entraña privilegios sino posibilidad de adecuar funciones. Las metáforas computacionales tienen valor de verdad: “El hombre se inserta en los circuitos”, “el procesamiento de datos hace que el ingenio pase a ser superfluo”. La sociedad de la información adquiere su sentido último en la autorreproducción del sistema mediático: el que “existan comunicaciones aun cuando no haya nada para comunicar”. La comunicación, como tal, es la razón que explica la existencia de los entes.

Dice Bolz en clara alusión a Heidegger:

La lengua ha dejado de ser la morada de nuestro ser ya que en la tercera nueva era esa morada se construye sobre algoritmos.

En más de un sentido el pensamiento de Bolz —que bien podría ser una abreviatura de las prácticas que hoy sostienen las estructuras sociales— es la descripción fáctica de lo que Heidegger reflexionaba cuarenta años antes en su célebre “La pregunta por la técnica” (Heidegger, 1983a). Heidegger considera que la usual determinación de la técnica —un medio para un fin y un hacer del hombre— vale como concepción instrumental y antropológica de la técnica moderna, pero no alcanza lo esencial. Lo esencial de la técnica no es su carácter instrumental, manejado por el hombre, sino una manera de “destinarse el ser al hombre”, la forma en la que el hombre devela la realidad, establece la verdad. Verdad, entonces, como develación, alétheia, y no como adecuación del pensamiento y la cosa. Y

[...] el desocultar dominante en la técnica moderna —dice Heidegger— es un provocar que pone en la naturaleza la exigencia de liberar energías, que en cuanto tales pueden ser explotadas y acumuladas.

Esta técnica que convierte la naturaleza en “una única y gigantesca ‘estación de servicio’, en fuente de energía”, es lo contrapuesto a la significación original de tejné, que confundía su sentido con poiesis. La otra técnica, pues, como arte, como habilidad para hacer algo. Ese arte, poiesis, creación, ha devenido —en la técnica moderna— una voluntad de dominio. Dominio de la naturaleza que se hace dominio de los hombres. Las cosas dejan de ser las cosas para convertirse en “puras reservas” a ser utilizadas.

El bosque deja de ser un objeto (lo que era para el hombre científico de los siglos XVIII y XIX), y se convierte en “espacio verde” para el hombre desenmascarado finalmente como técnico, es decir, para el hombre que considera a lo ente a priori en el escenario de la utilización. (Heidegger, 1983b)

Es el pensar técnico, y no el aparataje de la técnica, lo que constituye el meollo significativo de la técnica moderna, para la cual cada cosa es, esencialmente, reemplazable; todo puede tomar el lugar de todo, puesto que solo interesa en cuanto su utilización, o, más rigurosamente, en cuanto su consumo. “La naturaleza, en tanto naturaleza, se retira”, indica Heidegger. Lo tradicional desaparece, nada se transmite de generación en generación porque la mirada técnico-instrumental exige la novedad, lo siempre disponible en cuanto recurso, lo que puede cambiarse permanentemente.

El proceso de abstracción

Previa abstracción de las cosas, todo, en realidad, se ha ido transformando en información para. La posibilidad de que el mundo constituya una sola realidad, la de los impulsos electrónicos, es la máxima realización a la que aspira la “sociedad de la información”. Un triunfo de la técnica cuya magnitud no podía sospechar Karl Marx cuando afirmaba que, en el capitalismo, “todo lo sólido se desvanece en el aire”. En la sociedad mercantil —anticipaba Marx— las cosas tienden a abstraerse; todo se reduce a un “equivalente general”: el dinero. Pero en la “sociedad de la información” el propio dinero se vuelve un “dato” más, que circula a través de un flujo imparable e infinito. El citado Norbert Bolz, inspirado parcialmente en los vaticinios de Alvin Toffler, afirma sin titubeos:

[...] la creciente complejidad de nuestra civilización nos obliga a mecanizar totalmente los recuerdos, la memoria y los archivos.

De esta manera surge una profesión privilegiada: el navegante del saber. “Su tarea es la de hacer transitables los caminos a través del laberinto de lo almacenado”. En la sociedad de la información, en consecuencia, saber es “saber qué es lo que se sabe”, porque todo ya está convertido en información, en datos. El “navegante del saber”, que solo existe como parte del circuito al que se integra, adquiere un papel estratégico.

Hemos llegado a una situación tal que todo pensar que no mide, que no calcula técnicamente, es desechado como un no pensar. En ese acto totalizante el pensar técnico se engendra como ideología y no puede reconocerse como lo que es, como una manera, entre otras, del pensar. Como —en el lenguaje de Heidegger— una manera específica de “desocultar”, una forma de establecimiento de la verdad.

El optimismo tecnológico se despreocupa de la verdad que la técnica moderna establece sobre el mundo: la ideología convoca al optimismo. La verdad, en cambio, prescinde del elogio de lo óptimo y, en todo caso, se aproxima a una ética, a una valoración de la realidad que no necesita justificar lo existente como lo único posible.

Dice Hannah Arendt (1981) en Los orígenes del totalitarismo:

Comprender no significa negar lo terrible. Significa, más bien, analizar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos nos han legado sin, por otra parte, negar su existencia o inclinarse humildemente ante su peso, como si todo aquello que ha sucedido no pudiera haber sucedido de otra manera.

El optimismo de la técnica

Si no se establece previamente un punto de referencia, cualquier noción de optimismo (o pesimismo) resulta insostenible. ¿Se es optimista respecto de qué? Si el punto de mira es el ser humano (¿y en relación con qué otro sujeto terrenal podríamos pensar?), toda valoración dependerá de una percepción —de una creencia— sobre el ser del ser humano. El optimismo, al igual que la ideología, suele prescindir de estas consideraciones.

Walter Benjamin, en sus “Tesis de filosofía de la historia” (Benjamin, 1973), sugiere la necesidad de “pasarle a la historia el cepillo a contrapelo”. Su razonamiento parte de la convicción de que los dominadores, en cada momento, son “herederos de todos los que alguna vez han vencido” y que “la empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los nuevos dominadores”. A contrapelo, entonces, quiere decir contra la tendencia establecida que ve en el progreso una ley necesaria de la historia. Luchar en nombre del progreso, piensa Benjamin poco antes de su muerte en 1940, puede ser el mayor desatino cuando se combate al fascismo; porque el fascismo es más bien producto y no negación del progreso. Por eso, dice Benjamin, el “Angelus Novas” de Paul Klee, que tiene “el aspecto del ángel de la historia”, quiere resistirse al huracán que lo empuja hacia el futuro, a “ese huracán” al “que nosotros llamamos progreso”; por eso quiere resistirse al “conformismo” que es causa del derrumbamiento. Benjamin evoca la historia de Alemania en los años 30:

[...] nada ha corrompido tanto a los obreros alemanes como la opinión de que están nadando con la corriente. El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de la corriente.

El conformismo, en nuestros días, podría merecer el mismo gesto irónico con el que Voltaire criticó, en 1759, el concepto de “optimismo” que, veinte años antes, había sido consagrado por las Mémoires de Trévoux[3] para designar la teoría sobre la bondad del mundo desarrollada por Gottfried Leibniz en su Teodicea, en 1710. Voltaire, en su Cándido o el optimismo, se burlaba del razonamiento leibniziano que considera al mundo existente como el mejor de los mundos posibles[4]. Panglós, el preceptor de Cándido, habla por Leibniz:

[...] está demostrado que las cosas no pueden ser de otro modo: porque estando todo hecho para un fin, todo lo está necesariamente para el mejor fin. Observad que las narices han sido hechas para llevar antiparras, por eso tenemos antiparras. Las piernas están instituidas, visiblemente, para ser calzadas, y por eso tenemos calzas. Las piedras han sido formadas para ser talladas, y para hacer castillos con ellas, por eso monseñor tiene un bellísimo castillo [...]: por consiguiente, quienes han afirmado que todo está bien, han dicho una tontería; había que decir que todo está lo mejor posible. (Voltaire, 1984)

La ironía de Voltaire ponía en duda la necesariedad del orden existente en el mundo. Quedaba abierta la pregunta: ¿el asombro ante la misteriosa (y por lo tanto indiscutible) existencia de las cosas alcanza a las creaciones efectuadas por los hombres? Uno de los interlocutores de Panglós avanza una respuesta:

[...] aparentemente el señor no cree en el pecado original, porque si todo es del mejor modo, entonces no hubo caída ni castigo.

Crítica a la ideología de la técnica

El frecuente señalamiento de que la ideología es mera ilusión y distorsión de lo real presupone la existencia de una realidad independiente, externa, traicionada por un sistema de imágenes e ideas. Sin embargo, las ideologías son formas simbólicas que construyen una visión del mundo no distanciada de la realidad que se vive, pues vivimos según ese ver. En consecuencia, cuando la ideología de la técnica proclama su identificación con la realidad afirma el hecho de que esa realidad es, a su vez, una construcción derivada de la visión del mundo del pensar tecnológico. Cualquier posibilidad crítica, entonces, no debería apuntar al hecho real de la materialidad maquínica, sino a la concepción del vivir al que esa materialidad sirve. Si, como propone John B. Thompson (1993), la ideología es “significado al servicio del poder”, no es extraño que tienda al optimismo. Pero ese optimismo —cuando se trata del desarrollo tecnológico— se vuelve una categoría inútil pues deja a un lado la posibilidad de pensar otro mundo no marcado por el “pensar técnico”. Optimismo, progreso y tecnología conforman una tríada inescindible. La tecnología, sustento del progreso histórico y social, remite a una teleología. El progreso, desde el punto de vista social, convoca una fuerte connotación de deseable y aventura un destino de justicia y bienestar crecientes en el que la tecnología cumple el más destacado papel como motor del crecimiento económico y como garante de una existencia humana más confortable. El optimismo es posible porque hay posibilidad de progreso.

Progreso y optimismo sustentaron el pensamiento de la Ilustración, alrededor del cual se construyó el mundo contemporáneo. Cuando la perplejidad y la incredulidad se hicieron presentes en los dos últimos siglos de la historia humana, fueron siempre reclamos por el incumplimiento de sus promesas. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Max Horkheimer y Theodor Adorno (1969) fueron portadores de la decepción más honda:

[...] el Iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y convertirlos en amos. Pero la Tierra enteramente iluminada resplandece bajo el signo de una triunfal desventura.

Darwin y Marx

En el proceso de “iluminación” dos nombres se habían destacado: Charles Darwin y Karl Marx. El largo siglo que arranca desde la mitad de 1800, y que nos sigue acompañando a pesar de las múltiples fragmentaciones que se han pretendido establecer, no puede deshacerse de estos nombres. En 1859 apareció El origen de las especies y ocho años después se publicaba el primer tomo de El capital que Marx había pensado dedicarle a Darwin. Desde entonces, las marcas de ambas obras no dejaron de multiplicarse en Occidente y, cuando ciertas conclusiones surgidas de las llamadas ciencias naturales se trasladaron al análisis de la sociedad humana, el estudio de la historia quedó atravesado por metáforas biológicas. “Leyes de la necesidad histórica” sirvieron para entender la transformación del mundo social, al igual que otras leyes habían explicado el surgimiento de los seres vivos. Las organizaciones sociales, así como las especies animadas —pero también el espíritu del hombre— tenían marcado un destino de evolución.

El nuevo orden capitalista mostraba una realidad traumática: la lucha competitiva reemplazaba brutalmente el orden jerárquico anterior, mayormente estático. Las teorías sustentadas por Darwin no solo aquietaron la alarma, sino que hicieron de la competitividad algo normal, deseable.

En 1798, el economista y pastor Thomas Robert Malthus dio a conocer la primera versión del Ensayo sobre el principio de población (cuyo título, en la edición original, agregaba “a View of ist past and present Effects on human Happiness”), donde se establecía que la

[...] causa de las aflicciones humanas [es] la tendencia constante que se manifiesta entre todos los seres vivos de aumentar su especie más de lo que permite la cantidad de alimento que está a su alcance.

El pastor anglicano describía los mecanismos “naturales” que restablecen normalmente el equilibrio: las guerras, las enfermedades, el hambre. Sin embargo, alertaba Malthus, este tipo de restricciones podrían resultar insuficientes en el futuro inmediato, por lo cual resultaban aconsejables “restricciones morales” tales como la “abstención sexual”.

La ciencia y la técnica vinieron a poner en discusión la hipótesis malthusiana. Los recursos podían multiplicarse de manera antes imprevisible. Al optimismo tecnocientífico, prometeico, se agregó otro de orden histórico: una redistribución de la riqueza haría innecesaria la limitación del número de habitantes. La tierra podía ser exigida a producir más pan y la conciencia humana, hecha voluntad, lo distribuiría con justicia. El malthusianismo solo postergó sus razones para regresar detrás de las catástrofes ecológicas y demográficas. El neomalthusianismo (que para nada es un antimalthusianismo) proclama en nuestros días, con intensidad jamás conocida, que el control de la natalidad es condición necesaria para la sobrevivencia de la especie. Si la solución preconizada por Malthus pasaba por ciertas “restricciones morales”, el neomalthusianismo propone salidas técnicas: métodos anticonceptivos, estímulo al aborto, condiciones socioeconómicas y culturales que desalienten la procreación.

El designio neomalthusiano es, esencialmente, una postulación moral, pero su justificación arranca, una vez más, de un enunciado que no parece requerir principios éticos: el progreso. Antes de la glorificación arrolladora del progreso al concluir el siglo XX, Charles Robert Darwin, después de hacer suyas las formulaciones del economista Malthus, dejó sentada la más sólida clave científica para el optimismo en el futuro. Tal vez desde que el telescopio de Galileo permitió “considerar a la naturaleza de la Tierra desde el punto de vista del universo” (Horkheimer y Adorno, 1969), ningún hecho de cultura tuvo influencia similar a la que ejercieron las teorías darwinistas sobre el origen del hombre y de las especies. En 1838 Darwin leyó la obra de Malthus. Allí aprendió que el proceso de selección natural ejerce una presión que fuerza a algunos a “abandonar la partida” y que otros se “adaptan” y se “sobreponen”. La selección natural es producto de las modificaciones “victoriosas” que transmiten a sus descendientes aquel!os, los más aptos, que han sobrevivido en la lucha por la existencia dentro de un ambiente cambiante. Desde que en 1859 apareció On the Origin of Species by Means of natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, el evolucionismo biológico no dejó de influir en teorías sociales, en análisis económicos y en conductas políticas.

La selección natural —afirma Darwin—[5] no induce la variabilidad, sino “que implica solamente la conservación de las variaciones que aparecen y son beneficiosas al ser en sus condiciones de vida”. Esas variaciones beneficiosas constituyen los caracteres adquiridos que son transmisibles a los descendientes. Selección natural y selección sexual. La gran metáfora que construyó posteriormente el darwinismo social alimentó buena parte del optimismo perfeccionista. No era necesario llegar a los límites insoportables del holocausto nazi para verificar la simplista vinculación entre raza y progreso que se desarrolló, como teoría, desde mediados del siglo XIX. La voluntad de “mejoramiento” de la especie no cesó de crecer a pesar de las innumerables críticas efectuadas desde perspectivas filosóficas, sociales y religiosas. La ingeniería genética, uno de los sectores de punta del actual prestigio de la ciencia y la técnica, mantiene lazos de parentesco con el darwinismo social más estrechos de lo que frecuentemente se reconoce y reinscribe en la agenda científica, a través de la manipulación genética, algunas afirmaciones sobre la transmisión sexual de los cambios favorables, cuestionadas, desde hace tiempo, a las teorías de Darwin[6]. El estadounidense William Graham Sumner (1840-1910) había delineado con precisión los alcances del darwinismo social:

[...] queda bien claro que no podemos salir de esta alternativa: libertad, desigualdad, supervivencia del más apto; o libertad, igualdad, supervivencia del menos apto. El primer término de la alternativa lleva a la sociedad hacia adelante y favorece todos sus mejores miembros; el segundo lleva a la sociedad hacia atrás y favorece sus peores miembros[7].

La afirmación desnuda, que irritó moralmente a la burguesía humanista de la segunda mitad del siglo pasado, no hacía más que describir, apologéticamente, un aspecto sustancial de las relaciones humanas en Occidente. El optimismo de un capitalismo que descubría el uso calculado de la ciencia y la técnica para sus logros más significativos prescindió de otras verificaciones que no fueran las celebraciones de sí mismo. La impía lucidez de Sumner venía a describir lo que efectivamente estaba ocurriendo. Su punto de vista no era pesimista, sino que rechazaba el optimismo sustentado en un simulacro de igualdad. Para Sumner, al final del camino estaba el triunfo de una humanidad recreada por la capacidad de los propios hombres conscientes de su desigualdad.

La evolución progresiva de la naturaleza, puesta de manifiesto por el darwinismo naturalista, encontró un correlato en el progreso de la civilización y este progreso rápidamente fue trasladado al ámbito moral. El darwinismo daba sustento científico, mediante analogías post factum, a las interpretaciones sobre la “naturaleza” humana que habían sugerido los padres del liberalismo y de la economía política. En 1776 Adam Smith (An Inquire into the Nature and into the Causes of the Wealth of Nations) había hecho suya la idea de François Quesnay (Tableau Économique, 1758) sobre la “mano invisible” que fomenta el bienestar general de los seres humanos más allá de las tendencias egoístas de cada actor en el espacio económico. El progreso técnico y la división del trabajo, como elementos sustanciales, permitían al empresario, persiguiendo sus propios egoístas fines, “impulsar a la sociedad más efectivamente de lo que se propone en realidad”. Al organizar su actividad profesional “de tal manera que su producto obtenga el mayor valor”, razona Adam Smith, el empresario persigue únicamente su propio beneficio, pero “es guiado, en este como en muchos otros casos, por una mano invisible, fomentando así fines que no se propuso”. Ni Malthus (1766-1843), ni David Ricardo (1772-1843) compartieron el optimismo ingenuamente metafísico de Adam Smith. La armonía anunciada no se mostraba por ninguna parte. La sociedad se fracturaba cada vez más en la misma medida en que aumentaba la injusticia y la desdicha.

Desde mediados del siglo XIX Occidente no dejó de pensar en Darwin; pocos años después no podría prescindir del marxismo. Después de Darwin el hombre podía eludir la presencia de Dios, pues ningún acto creador estaba en un comienzo. Tampoco quedaba desamparado: un destino de perfeccionamiento como especie se extendía en el ilimitado futuro. Después de Marx, las desdichas padecidas por los hombres tuvieron un sentido que descartaba la caída inicial: eran parte de un doloroso camino que la historia había señalado y que lo conducía al reino de la libertad. El paraíso no había quedado atrás, sino que esperaba en el horizonte. No era un don, sino la conquista de ese hombre al que Darwin le explicó de dónde viene y al que Marx le indicó el rumbo por donde debía transitar.

No era el asombro ante la existencia de las cosas lo que guiaba el pensamiento que creció durante el siglo XIX de la mano de la ciencia natural y social. Aquel asombro, punto de origen de toda gran filosofía en la historia de Occidente, sabe que hay una línea infranqueable a la que, por otra parte, no pretende vencer: el misterio. El pensar científico-técnico se instaló en los antípodas: no hay misterio sino problemas. Los problemas pueden ser tratados mediante técnicas apropiadas en función de las cuales son concebidos; los misterios trascienden toda técnica concebible.

Marx recuperó el optimismo para una humanidad a la que Darwin había liberado del yugo de lo absoluto, pero que veía crecer la inseguridad y el malestar. Marx instalaba a la humanidad en una historia material regida por “leyes necesarias” cuyo cumplimiento debía desencadenar definitivamente a Prometeo. De Darwin se desprendía un devenir natural de las sociedades a través de la constante “lucha por la existencia” entre los individuos, que permitía la “sobrevivencia de los mejor adaptados”: la historia de la naturaleza era el resultado de sucesivos triunfos de los mejores. De Marx se desprendía una historia humana paradójica, en la que cierto determinismo materialista estaba cruzado por el aleteo de la esperanza mesiánica. Para el marxismo la lucha por la existencia se vuelve un acto moral —humano— que, a su vez, encuentra asidero en el cumplimiento de leyes que están más allá de la voluntad humana.

Marx creyó descubrir lo que estaba oculto para el pensamiento de los economistas burgueses: el mundo visible del siglo XIX mostraba solo un momento de un devenir que ya estaba signado. La expansión de las técnicas productivas llevaba, al mismo tiempo, al triunfo y a la derrota del sistema capitalista. La técnica era la manifestación de la grandeza del hombre que toma en sus manos su propio destino[8], si bien por el momento producía el sujeto más desposeído de todos los tiempos históricos: el proletariado. La técnica, agente de la degradación a cosa de todo rasgo humano, contenía ocultamente la fuerza de la humanización acabada. El proletario, hombre reducido a la nada, instrumento de los instrumentos, tenía, sin embargo, un destino de nobleza jamás sospechado: desaparecer en un acto que reivindicaría todo el pasado y que daría lugar al nacimiento de la verdadera historia. La revolución iniciaría un tiempo en el que los hombres solo obedecerían a sus propios conscientes objetivos. Un mundo donde quedaría segado, de raíz, el origen de todos los males.

Un mismo optimismo, producto tal vez de una misma desolación, alimenta las teorías del “triunfo del más fuerte” en la naturaleza y el triunfo del proletariado en la historia. Sin la esperanza de que la especie y la sociedad fueran mejores, el mundo, abandonado a sí mismo, sería insoportable. ¿Pero hay realmente posibilidad de esperanza en un mundo abandonado a sí mismo? Tal vez sea este el interrogante más desconcertante que hoy se formulan los hombres. A su vez, es el interrogante en el que puede anidar cualquier promesa.

Bibliografía

Arendt, Hannah 1981 Antisemitismo, primera parte (Madrid: Alianza) (prólogo a la edición original en inglés: The Origins of Totalitarianism, Part 1).

Benjamin, Walter 1973 Discursos interrumpidos (Madrid: Taurus).

Bolz, Norbert 1995 “La despedida de la Galaxia Gutenberg. Sobre la teoría mediática como ciencia fundamental de la tercera nueva era”, conferencia dictada en el Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, agosto.

Darwin, Ch. 1992 El origen de las especies (Barcelona: Planeta-Agostini) Cap. 4.

Ferrater Mora, J. 1994 Diccionario de filosofía (Barcelona: Ariel).

Heidegger, M. 1983a “La pregunta por la técnica” en Ciencia y técnica (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).

Heidegger, M. 1983b “Protocolo a Seminario de Le Thor”, en Ciencia y técnica (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).

Horkheimer, M. y Adorno, T. 1969 Dialéctica del Iluminismo (Buenos Aires: Sur).

Thompson, J. B. 1993 Ideología y cultura moderna (México: UAM).

Voltaire 1984 Cándido (Madrid: Espasa-Calpe) (Trad. de Mauro Ariño).

1 Publicado originalmente en Redes. Revista del Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, N° 5, Buenos Aires, diciembre de 1995.

2 Cf. Bolz, 1995.

3 Mémoires pour l’histoire des sciences et des arts, publicación periódica editada en Trévoux, en la Borgoña francesa, con la colaboración de prestigiosos jesuitas de la época.

4 Cincuenta años antes, Baruch de Spinoza ya había escrito que “[...] las cosas son hechas por Dios con la máxima perfección, puesto que se han deducido con necesidad de una naturaleza perfectísima “.

5 Cf. Darwin, 1992.

6 Noëlle Lenoir, presidenta del Comité Internacional de Bioética de la Unesco, escribe: “[...] la biomedicina, por fin, está en condiciones de abrir el camino a toda una serie de transformaciones programadas de la especie humana a través de la modificación de su patrimonio genético. La transgénesis, aplicada a las plantas y a los animales pero jamás, hasta ahora, a los seres humanos, consiste en efecto en transferir un material genético enteramente nuevo a un organismo en un estadio suficientemente precoz como para que las transformaciones incorporadas sean definitivas y se transmitan a su descendencia” (Le Monde, 3 de noviembre de 1995).

7 Citado en Ferrater Mora, 1994.

8 El Manifiesto comunista sin duda constituye el más entusiasta elogio a las fuerzas liberadas por el capitalismo: “La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social?”.

* Schmucler, Héctor 1997 “Ideología y optimismo tecnológico” en Memoria de la comunicación (Buenos Aires: Biblos) pp. 41-54.

Beatriz Sarlo

Intelectuales

Las formas del honor

Propiedades simbólicas

Las culturas son máquinas de producir formas. El honor es una propiedad simbólica que tuvo diferentes formas culturales, pero siempre implicó sometimiento a una esfera exterior a la voluntad, los deseos y los intereses subjetivos. Así, el honor plantea sus dilemas a la pasión.

El honor podía perderse como consecuencia de los propios actos, pero también como mancha dejada por actos ajenos: una violación destruía el honor de la víctima antes que el del victimario. Hoy resulta casi imposible pensar en un acto que afecte el honor sin que ese acto sea deliberado.

En el imaginario de las sociedades aristocráticas y en el de cualquier sociedad que estableciera una división aceptada entre el pueblo, por un lado, y los señores, por el otro, el honor se vinculaba a categorías de personas. Así, los señores tenían o perdían su honor, pero los villanos no poseían esa propiedad ni para cuidarla ni para perderla.

Afortunadamente, no vivimos en sociedades de señores, y las cualidades que definen la virtud no están ordenadas por un concepto de honor que nos clasifique socialmente y desborde la voluntad. Sin embargo, incluso después de las revoluciones culturales modernas, persiste una jerarquía de valores que organiza el espacio de lo deseable. Aunque la palabra siga empleándose, antes que el honor, las sociedades occidentales reconocen hoy la noción (más empírica) de decencia o la noción (más subjetiva) de honestidad. Lo mismo les sucede a los intelectuales modernos.

¿Una moral para intelectuales?

La trivialidad, la indolencia y el cálculo (escribió Adorno) son el pantano del pensamiento académico. Frente a los senderos ya conocidos, Adorno oponía la búsqueda de lo que no se adapta a los sistemas generales y la resistencia a totalizar. Lo que Adorno decía de la filosofía puede pensarse como líneas de una moral para intelectuales. También podría imaginarse una perspectiva moral vinculada con el aspecto público de la práctica intelectual: no aceptar la lógica del dinero, del poder, del prestigio o del éxito.

En estos tiempos de relativismo valorativo, un principio moral universal parece imposible. Todo lo que puede pedirse, entonces, es la lealtad a los principios ideológicos o estéticos que un intelectual dice tener. Alguien podría objetar que esto vale tanto para los intelectuales como para el resto del mundo. En efecto, estalladas las formas de legitimación externa (que eran las bases del honor), los intelectuales son ciudadanos cuyo único privilegio es el uso vocacional del tiempo para trabajar con materias que, producidas por otros intelectuales o por el pueblo, tienen en su base las marcas históricas de grandes esfuerzos colectivos y suponen formas de dominación. Este privilegio, en mi opinión, impone deberes.

Karl Kraus señaló que “el arte desordena la vida”. Para Kraus este era el deber del arte y también de los intelectuales. Desorden quiere decir justamente aquello que ni el mercado, ni las instituciones, ni los medios han previsto en su lógica.

Como sea, el trabajo bien hecho es ir en contra de lo que se cree seguro o conveniente y examinar las certidumbres propias con la misma pasión con que se juzgan las de los otros. Parece un programa mínimo pero cualquiera que se lo haya propuesto sabe que es dificilísimo.

Existe también otra forma del deber moral: la que proviene del hecho de que los intelectuales sean, en sociedades despiadadas en lo económico y lo cultural, quienes estén probablemente bien colocados para mostrar la complicidad de ellos mismos y la responsabilidad del poder respecto de las diferencias materiales y simbólicas. No hay honor, pero quizá pueda existir una forma de la fuerza moral (lo que los antiguos llamaban virtud) para nosotros.

¿La voz universal que toma partido?

1

Nunca, ni antes ni después, me sentí tan ajena, tan salvajemente separada de la sociedad argentina como en los meses de la guerra de Malvinas. Si el festejo del mundial de fútbol de 1978 reveló que las pasiones colectivas pueden ser singularmente oscuras, la guerra de Malvinas fue el momento más tenebroso.

Algunos fuimos derrotistas y discutimos desde esta posición con quienes, en el exilio y en la Argentina, creyeron descubrir, en esa exacerbación irracional de las querellas territoriales y en ese paradójico renacer del nacionalismo, una ocasión para avanzar primero con los militares contra los ingleses, y, humillados los ingleses, forjar una unidad nacional victoriosa que, a su turno, derrotara a los militares. Olvidaban, como lo escribió Carlos Altamirano en ese momento, que la invasión a las Malvinas “no se puso en marcha para iniciar la liquidación del proceso militar comenzado seis años atrás, sino para sacarlo del atolladero y conducirlo al cumplimiento de sus metas”[1]. La derrota, continuaba Altamirano, “solo precipitó el resquebrajamiento de un régimen que vio en la recuperación de las Malvinas un camino para resolver sus problemas, incluido el de su legitimidad”. No pasó tanto tiempo como para que esos hechos se transformen en historia. Comienzo por ellos porque creo descubrir allí algunas sugerencias para la situación presente.

La guerra de Malvinas fue el primer acontecimiento de magnitud que tuvo lugar en un escenario casi completamente mediático. Aunque el mundial sea la fecha que marca el ingreso de la Argentina a la contemporaneidad televisiva (por la incorporación territorial del satélite y la tecnología del color), la guerra de Malvinas reclama para sí el privilegio de ser el hecho cuya proyección simbólica dependió casi completamente de los mass-media y, para decirlo sin remilgos, de la gigantesca manipulación televisiva de los episodios de combate. Por primera vez, millones de argentinos veíamos imágenes del Atlántico Sur donde navegaban, bajo nuestra bandera, barcos de guerra en plan de ataque y cielos patagónicos surcados por aviones en vuelos rasantes, contingentes de soldados estacionados en las bases, cubiertas de portaviones y destellos de bombas disparadas por compatriotas o contra ellos.

La visión de estas imágenes inéditas por su contenido referencial nacional, por sí sola, ya es liminar. Pero me refiero no únicamente a ellas sino a la producción de la ideología bélica en la feria continuada de los medios audiovisuales: kermeses heroicas donde actrices y otras celebridades donaban sus joyas, periodistas súbitamente convertidos a un antiimperialismo febril, semanas de noticias falsas donde la televisión afirmaba una victoria próxima mientras los británicos, del otro lado de las islas, se preparaban para el ataque final. La rendición de Puerto Stanley fue el desenlace de la serie bélica que los medios no habían ni siquiera anunciado. La sorpresa, que llevó nuevamente a miles a la Plaza de Mayo, salió disparada por el tenso arco de un triunfalismo que la televisión no atenuó hasta que se encontró frente a la necesidad de trasmitir la rendición argentina. Antes se habían abierto fisuras en la creencia colectiva (verdadera ilusión cuya omnipotencia solo se apoyaba en la fuerza mítica del renacimiento nacionalista) de que la Argentina iba a derrotar a la decadente potencia marítima inglesa mientras que los Estados Unidos contemplarían inactivos, en nombre del panamericanismo, el traspié de su principal aliado militar en el Atlántico Norte.

Quienes no participábamos del entusiasmo, con argumentos bastante sencillos por otra parte, estábamos más lejos que nunca del sentido común y de los deseos colectivos: en todos los aspectos, éramos intelectuales alienados de la comunidad. Y este es el segundo aspecto que querría subrayar a propósito de la guerra. Frente a ella, el discurso crítico fue impotente no solo porque los medios habían construido el acontecimiento y profetizado la victoria según todas las reglas de la más clásica manipulación, sino también porque en ese momento, aun cuando hubiera sido posible saltar el cerco simbólico trazado por los medios y desafiar el cerco material custodiado por la dictadura, aun en ese caso doblemente hipotético, el discurso crítico no tenía condiciones de audibilidad. Solo después, cuando (como escribe Altamirano) quedó patente que “un sentimiento y una reivindicación legítimos habían sido jugados en una aventura militar cuyo precio era la mutilación de otra generación de jóvenes argentinos”, solo entonces el discurso antibélico de algunos intelectuales se cruzó con aquellos que pretendíamos convencer. Durante los episodios de la guerra, los pacifistas-derrotistas estábamos demasiado lejos.

¿Estábamos por eso equivocados? ¿Nos equivocábamos porque éramos inaudibles? ¿Nos equivocábamos porque no nos sumábamos a la fiebre beligerante de un viejo reclamo territorial que movilizó a multitudes y, entre ellas, a cientos de intelectuales? Voy a dar un rodeo.

2

Vivimos en una época en que los discursos intelectuales compiten no solo entre sí (como lo ha enseñado la sociología). En verdad, los intelectuales “clásicos”, para llamarnos de algún modo, están ya totalmente imbricados en una red que incorpora a los técnicos, en una dimensión, y a los intelectuales de los medios masivos, en la otra. No hay lugar universalmente reconocido para el discurso intelectual: más bien, ese lugar está desbordado por los discursos que provienen de uno y otro espacio. Hoy no se trata solo de enunciar un discurso sino de prever las condiciones de esa enunciación: ellas lo vuelven audible o inaudible, porque las opiniones se autorizan de maneras muy variadas pero siempre unidas al marco que construye creencia de modo más fuerte que las razones mismas del discurso. El primer problema que enfrentamos es el del cambio de estilos de intervención: frente a esos cambios, la figura de intelectual crítico ha sufrido probablemente más que ninguna otra.

Todo esto es sabido. Después de la muerte de Sartre, Pierre Bourdieu afirmó que ese lugar ya no estaba disponible en la sociedad francesa. No se trataba de que no hubiera ningún sustituto a mano; no se trataba, siquiera, de que no existieran postulantes. Ocurría, en cambio, que aquello que en una poderosa tradición cultural se reconocía como la voz universal que toma partido (ese verdadero oxímoron que se despliega en la figura clásica del intelectual) había entrado, en todo Occidente, en un período de atenuación. Se esfumaban, al mismo tiempo, el universalismo y el partidismo, como dos caras de una misma figura pública. Por eso, afirmaba Bourdieu, esa clase a la cual Sartre había pertenecido y, al mismo tiempo, había hecho todo por consolidar ya no estaba en condiciones de reclamar para sí la universalidad valorativa y la audiencia universal que Sartre, como primus inter pares, tenía en el mismo núcleo de su identidad pública.

Si bien Sartre representó la figura que concentraba en mayor grado la potencia de esa clase, él mismo configuraba dentro de ella un caso único. Por eso, su lugar no hubiera podido tener pretendientes que sustentaran sus aspiraciones con títulos legítimos y sobre todo actualizados. Incluso en el caso de la sociedad francesa donde la tradición cultural reserva a los intelectuales un espacio de extrema visibilidad, la fragmentación y rearticulación de ese espacio queda simbólicamente unida a la desaparición de Sartre y la tragedia que marca los últimos años de Althusser.

La competencia por el lugar del intelectual que emite su voz de cara a la sociedad y es escuchado por ella (una disposición espacial que tiene tanto de imaginario como de real) ya no sucedía únicamente entre esos iguales que, con las armas del discurso, enfrentaban otros discursos y, en ocasiones, otras armas. Lo nuevo de la situación es que, junto a ellos, otros pretendientes, venidos de más lejos (los periodistas, los comunicadores), se ubican en posiciones desde donde su palabra es más persuasiva, más próxima y sobre todo más familiar. Si la autoridad del intelectual se legitimaba en una diferencia de saberes, la autoridad de estas voces nuevas es producto de un efecto de comunidad ideológica y de representación cercana: paradójicamente, las voces más mediatizadas (justamente, las voces que llegan a través de los medios) producen la ilusión de una comunidad estrecha.

En su polémico trabajo sobre los intelectuales del siglo XX, Michael Walzer (1993) se pregunta cuál es la distancia adecuada que el discurso crítico debe establecer con la sociedad a la que se dirige. Esta cuestión, que es completamente irrelevante para el arte, es, en cambio, central para los intelectuales. Walzer la soluciona de manera, a mi juicio, demasiado sencilla: la distancia adecuada es la distancia media, ni tan crítica de la sociedad como para que ella no se reconozca, ni tan próxima como para que el momento crítico se mezcle en el sentido común hasta desaparecer. Defensor de lazos colectivos fuertes, basados en tradiciones compartidas, el intelectual de Walzer es, por supuesto, la contrafigura del profeta solitario (representado en la Argentina por Martínez Estrada como tipo clásico e irrepetible) que se ha separado de la comunidad y no reconoce en ella sino la sombra equivocada de su propia figura heroica. Este tipo de intelectual, continúa Walzer, ha perdido el sentido de pertenencia: porque no puede escuchar, corre el peligro de no entender otros argumentos. Su desviación más segura es el elitismo de las vanguardias ideológicas.

El argumento de Walzer (quien, por cierto, encuentra en Sartre uno de los objetos de su crítica) presupone comunidades donde los discursos intelectuales, casi determinados por las ideas que enuncian, se ubican más cerca o más lejos de aquellos interlocutores colectivos que los tendrían como destinatarios. La crítica eficaz es la que logra exponer una “intimidad” con su destinatario. Porque considera intelectuales básicamente anteriores a la gran reconfiguración mass-mediática de la cultura, la cuestión se plantea de una manera, digamos, sencilla. Para Walzer, los términos del problema son dos: por un lado, los intelectuales tentados o negándose a articular su discurso crítico en relación con la cultura común, por el otro, esa cultura común sobre cuya configuración actual Walzer no se interroga.

Pero, si se quiere evitar el anacronismo, los términos de la cuestión no son dos sino tres: a los primeros, se agrega el discurso de los medios masivos que también producen intelectuales, más próximos al sentido de la comunidad, tal como le gustaría a Walzer: ¿qué hay más central en nuestras vidas que un televisor instalado como un tótem tecnológico en el corazón mismo de nuestras casas? ¿Es en esa cultura común, producida en el encuentro de las imágenes mediáticas con la experiencia de sus públicos, donde podría anclar el discurso de los intelectuales? Parece difícil señalar hoy una comunidad donde las nuevas “tradiciones” mediáticas no estén entretejidas con nuevos y viejos sentidos. Este problema redefine de manera radical el problema.

La cuestión tiene entonces varios aspectos. Está, por un lado, la reconfiguración mass-mediática de la cultura, que es el rasgo verdaderamente distintivo de las últimas décadas. En ese cuadro, el ocaso (tanta veces mencionado y con cuánta trivialidad) del intelectual crítico, cuyo monopolio de la verdad discursiva, si es que alguna vez existió con la fuerza que se le atribuye cuando se lo piensa perdido, hoy ha sido fracturado por el pluralismo que emerge como una consecuencia tardía del relativismo valorativo y de la nivelación mediática. El lugar de Sartre, efectivamente, está clausurado: pero no solo la muerte de Sartre cerró para siempre esa “clase de uno”, como la llamó Pierre Bourdieu. Ese lugar ya era impracticable antes de su muerte: los lenguajes de la crítica habían comenzado a especializarse; los saberes técnico-prácticos habían tomado la delantera de los saberes filosófico-morales; el derrumbe de las utopías políticas reactualizaba de manera contradictoria el dilema de “las manos sucias”: el futuro ya no garantizaba todos los actos que en el presente se cometieran invocando su nombre o el de la utopía. Este es, sin duda, el tercer rasgo de la situación.

3

Volvamos rápidamente hacia atrás. Si examinamos los últimos veinte años transcurridos en la Argentina, será posible indicar cuáles fueron algunas de las peripecias locales del probablemente último capítulo de la novela intelectual. En 1974 asistimos a los destellos finales y el fulminante derrumbe de una variante de esa figura. Ese año, en particular, podría considerarse una bisagra entre las voces de la política que habían colonizado casi por completo el campo del pensamiento de izquierda, y los ruidos de la violencia que lo destruirían físicamente o lo arrojarían a un silencio impuesto por la persecución y la censura.

En verdad, en los años anteriores, la tensión entre pensamiento crítico y acción política tendió a borrarse y, en ese borramiento, fue la política la que impuso su lógica. Muy brevemente: esa imposición liquidó los conflictos que el pensamiento crítico plantea invariablemente a la razón política e instituyó a la razón política (que se concebía como razón revolucionaria, fueran cuales fueran las tácticas para llegar al poder) en mentora de un discurso intelectual que había dejado de ser crítico porque resignaba el examen de sus supuestos para ejercerse solamente sobre los supuestos del adversario. La garantía de verdad de ese discurso quedaba asegurada no por sus regulaciones internas, ni por su relación argumentativa con saberes y valores, sino por una caución externa que era imaginariamente ubicada en el partido revolucionario o en el Pueblo. En un círculo probatorio completamente cerrado, el intelectual extraía su fundamento de la política revolucionaria a la que, en versión leninista, debía otorgarle sus instrumentos teóricos; en la versión populista de esta relación, era el pueblo quien transfería a sus intelectuales las verdades de las que era portador “natural”. En ambos casos, el círculo liquidaba el conflicto entre pensamiento crítico y práctica política, juzgando su emergencia solo en términos de moralismo pequeñoburgués o vacilaciones teóricas cuyo origen era de clase.

En su versión más exasperada, el intelectual de izquierda realizaba el programa que uno de ellos plantó con claridad ejemplar y singular tranquilidad en 1972: “A mi juicio, la resolución del problema de los intelectuales y la revolución se plantea a nivel político, en las relaciones de ese intelectual con las organizaciones revolucionarias. Lo contrario de eso es… el independentismo, el franco tirador, la resolución moralista, individual” (Jitrik y otros, 1971-1972). La fuerza lapidaria de este postulado, que colocaba a la política en el puesto de mando (para citar la frase de época con que se resumía el problema), hoy parece sencillamente increíble. Pero quienes participamos de ese continente ideológico, si conservamos la memoria, podemos dar testimonio de que era así de manera literal.

El golpe de Estado de 1976 quebró materialmente las bases de esta ideología. Quienes sobrevivieron a la represión lo hicieron en escenarios completamente distintos. Si algunas organizaciones revolucionarias continuaron imponiendo la subordinación de los intelectuales a la política (los episodios finales de Montoneros son una prueba de ello, en el escenario del exilio), de todas formas el terreno de movilización masiva, de inquietud obrera, de lucha de calles, que hacía más verosímil el círculo de la sujeción intelectual a la política, había sido arado con sal por las fuerzas de la represión. Muy sencillamente: era casi imposible pensar la relación intelectual-política a través de la mediación de las organizaciones revolucionarias porque estas habían desaparecido o se habían vuelto cruelmente anacrónicas. De la noche a la mañana se pulverizaron las fuerzas que habían impulsado discursos emblemáticos como el de la cita copiada más arriba.

Siempre hubo algo de ilusorio en el postulado de una relación recta entre intelectuales y organizaciones revolucionarias o de masas, pero en las condiciones de la dictadura militar pasó a ser inconcebible. El programa no solo era cuestionable teóricamente, sino que llevarlo a la práctica quedaba descartado por completo. Lo que había subyugado al pensamiento crítico, arraigándolo de modo muchas veces imaginario en el suelo de la práctica, había desaparecido en la hecatombe.

Durante varios años, tanto en la Argentina como en el exilio, la situación intelectual fue de estupor. Salvo quienes repitieron sordamente el ritual de los catecismos teóricos o políticos, como zombies sobrevivientes de un pasado revolucionario que se negaban a revisar pese a la derrota gigantesca, los demás buscamos a tientas no tanto nuevos discursos globales sino fragmentos de explicación. Queda por hacerse el recuento de los caminos, bien distintos, que se recorrieron durante esos años posteriores a 1976: las estrategias de supervivencia intelectual fueron tan variadas como los miembros dispersos: desde el reingreso a la academia que había sido menospreciada en los años del auge revolucionario (posible para quienes vivían en el extranjero), hasta las resistencias opacas de una cultura débil que durante cuatro o cinco años permaneció casi completamente invisible en la Argentina.

En uno y otro espacio se estaban aprendiendo algunas lecciones de manera excepcionalmente dura y en condiciones también excepcionales. Para los que integramos desde un principio la redacción de esta revista, Punto de Vista, ella fue el espacio, singularmente fraternal, donde este proceso se dio a través de una revisión lenta no solo de la política sino también de sus presupuestos teóricos. Había que pensar todo de nuevo.

4

¿Qué sacamos en limpio? Aprendimos (hoy esta frase parece demasiado simple para haber costado tanto) que el pensamiento crítico es, por definición, autónomo.

Autonomía y crítica son dos rasgos que se presuponen y la exclusión de uno inevitablemente pone en peligro al otro. Con trabajo (en efecto, trabajando además sobre la historia de los intelectuales argentinos en muchos casos), descubrimos que la relación entre intelectuales y política, entre arte e ideología, entre ideas, valores y prácticas no tiene ninguna unidad final que garantice sus manifestaciones episódicas. Por el contrario, buscar esa unidad implica saltar en vano sobre el problema: la unidad no es una solución entre otras a ese problema sino una forma de plantearlo, una forma histórica que, en el siglo XX, tuvo las peores de las consecuencias (desde los socialismos reales a los vanguardismos revolucionarios). Aprendimos que la política no podía constituirse en un fundamento de la práctica intelectual por varias razones: en primer lugar, porque esa heteronomía no dejaba a ambos términos en un pie de igualdad. Por el contrario, establecía una jerarquía que, solucionándose para el lado que fuera, imponía relaciones de subordinación que eran malas para la política y peores para el pensamiento crítico. Tardíamente, aprendimos que la división en esferas que aseguran una autonomía a la dimensión simbólica no era solo una herramienta con la que la sociología clásica había descripto a la modernidad, sino también un presupuesto necesario para pensar la práctica intelectual y también la práctica política.

¿Y eso era todo? Quizá parezca un resumen excesivamente módico para quien no haya atravesado los pasadizos de la izquierda revolucionaria de los años setenta, donde estas frases hubieran sido impronunciables. Probablemente, entonces, esa lección de autonomía y esa ausencia de fundamento político para el pensamiento crítico sea una lección solo para quienes durante años pensamos otra cosa. Sin embargo, la autonomía del pensamiento crítico (que, si se lo mira sin prejuicios, debería ser su definición más evidente) fue una posición que debió ser conquistada, en todo Occidente, a través de complicadas maniobras sobre las mejores tradiciones del pensamiento progresista desde el siglo XIX, el marxismo en primer lugar. Ese ajuste de cuentas tiene un sentido biográfico para nosotros; al mismo tiempo, es comprensible que muestre un carácter más desinteresado y distante, en ocasiones filológico, en ocasiones arqueológico, para los que llegaron después.

De nuevo: ¿eso es todo? Agregaría dos cosas. Subrayar la autonomía del pensamiento crítico no tiene como consecuencia necesaria el retiro de la política y el desdén por las cuestiones públicas. Por el contrario, sin una relación tensa con la política, en la que el pensamiento crítico resista la expansión colonizante de los intereses inmediatos pero, al mismo tiempo, no considere una virtud sustraerse a los problemas que estos le plantean, parece difícil pensar la práctica intelectual crítica. La autonomía es condición de esa práctica; el retiro parnasiano (que muchas veces esconde la menos elaborada subordinación a algún viejo evangelio político) es la contrafigura, igualmente somera en su capacidad de aferrar las dificultades reales, de la unidad de hierro entre intelectuales y política construida en los años setenta.

Entonces, el pensamiento crítico mantiene una relación con la política, sin dictarle sus bases de acción y sin recibir de ella más legitimación de la que ambos, política y discurso crítico, pueden ganarse por sus propios medios en la sociedad. Esta relación de contacto múltiple y no jerárquico es infinitamente complicada, no tiene una configuración permanente ni un escenario preestablecido: sucede.

En segundo lugar, así como no existe una totalidad que sintetice política y pensamiento crítico ratificando su unidad esencial, también se ha borroneado el libreto único donde los intelectuales emitían su dictamen sobre las cosas de este mundo. Por un lado, los saberes se han especializado hasta un punto de extrema complejidad e intraductibilidad (cuya caricatura es el tecnócrata, pero que no debe ser juzgado únicamente por su autoritarismo rústico). Por otro lado, un rompecabezas de conflictos “regionales” reemplazó el mapa simétrico de los “grandes conflictos” (que fueron el motor de una visión de la historia: burguesía y proletariado como protagonistas de un duelo único que habría atravesado a la modernidad de punta a punta); los actores se dispersaron en una multiplicidad de peripecias que son a veces políticas, a veces culturales, que entretejen los reclamos de mayor justicia económica con los de mejor calidad de vida, que cortan transversalmente a la sociedad y generan no solo nuevas coincidencias sino enfrentamientos de valores hasta hace poco desconocidos.

Finalmente, un nuevo escenario donde la cultura más familiar a los intelectuales, la cultura de la letra, retrocede frente a una cultura nueva que no puede alinearse dentro de las dicotomías antiguas de cultura popular y cultura “culta”. En ese escenario, que es mediático, nuevos intelectuales (que podemos llamar, sin ironía, intelectuales electrónicos) establecen fuertes relaciones de comunidad con nuevos públicos. Nadie más próximo que ellos a un sentido común colectivo que interpretan y al mismo tiempo construyen, atienden sus reclamos y repiten sus desasosiegos sin dejar de adoctrinarlo. Siguen al sentido común en su forma: las cuestiones responden siempre a un régimen discursivo donde la simplicidad es la máxima virtud argumentativa.

No es extraño que el pensamiento crítico atraviese un desfiladero: de un lado, la crisis de sus propios paradigmas; del otro, la crisis de sus escenarios tradicionales; por todas partes, la tentación de cambiar su régimen para obtener una escucha. ¿Cómo se mide la distancia media para estar cerca de una comunidad (como quería Walzer), cuando esa comunidad es electrónica y su sentido común un compuesto no de elementos tradicionales, en los que también el intelectual podía reconocerse, sino de nuevos y viejos prejuicios organizados bajo los focos del mercado simbólico?

El sentido de “intimidad”, que Walzer cree identificar en aquellos intelectuales críticos que establecieron la “buena” relación con la sociedad a la que pertenecían, se ha perdido, si es que alguna vez existió con independencia de los deseos bienintencionados de un populismo democrático. Con ello, también ha sido desalojada la figura del intelectual que fue paradigmática en la primera mitad del siglo XX (en esto piensa Bourdieu cuando afirma la clausura del lugar ocupado por Sartre). La voz universal que toma partido ya no tiene una universalidad fundante a la que remitirse; y tomar partido (la frase parece extrañamente fuera de época, hoy, cuando solo los poderosos consideran que está bien tomar partido), sin embargo, parece necesario porque, si han naufrago las soluciones y han cambiado los problemas, el discurso crítico no se agota en la consideración de sus errores pasados o su debilidad presente.

Ni la política, ni los movimientos sociales, ni los mass-media ocupan por completo el espacio donde todavía hoy es posible subrayar la resistencia del arte frente a la abundancia obscena del mundo audiovisual. También la razón política necesita no quedar arrinconada teniendo en frente solo la espontaneidad perfectamente construida del sentido común. Los valores de los que ninguna política progresista puede independizarse no están allí como un repertorio que es posible consultar sin apuro cuando se lo necesite. En estas tres dimensiones (del arte, de la acción pública, de la ética), el pensamiento crítico no hegemoniza nada. Sin embargo, podría encontrar recursos para resistir el juicio banal de que entre la hegemonía y la insignificancia no existe la virtualidad de un espacio.

Retomar el debate

En 1994 publiqué Escenas de la vida posmoderna. Horacio González, en la revista Espacios, le planteó a este libro varias objeciones que, a grandes rasgos, lo ubicaban en el clima negociador de la época al que yo le agregaría algo de pedagogismo bienpensante. A mediados de 1996, una reseña firmada por Eduardo Hojman en Página 12, usaba el adjetivo “nostálgico” para referirse a posiciones que yo presenté en un nuevo libro, Instantáneas; medios, ciudad y costumbres en el fin de siglo. Desde Alemania, Andrea Pagni y Erna van der Walde se ocupan, en paralelo, de Escenas de la vida posmoderna y de Devórame otra vez, de Oscar Landi. El mismo adjetivo, “nostálgico”, aparece dos veces en el artículo de Pagni y Van der Walde. Esta serie de textos[2] me obliga a volver sobre lo dicho, ya que el adjetivo “nostálgico” va en una dirección y las “soluciones de política práctica y emprendedora”, como las define González, van en otra.

Se trata de ver si ese reformismo conciliador que me reprocha González es una estrategia de intelectual nostálgico de posiciones perdidas, como me caracterizan Pagni y Van der Walde.

Me ocuparé entonces de la nostalgia, de la cultura popular y de los intelectuales, porque creo que tantas coincidencias críticas, aunque los argumentos sean claramente divergentes, no pueden provenir de la casualidad. Algo en mis libros llama al adjetivo que Menem usó para descalificar a quienes dentro del justicialismo se opusieron a su política: nostálgicos del 17 de octubre.

¿De qué sería yo nostálgica? La respuesta que dan Pagni y Van der Walde es inequívoca: extraño el lugar que, antes, los intelectuales tenían en la sociedad. Extraño el lugar que otros tuvieron y que ahora nosotros no tenemos. González piensa, en cambio, que he resignado precisamente ese lugar, y junto con él, me alejé del discurso puro y duro de la resistencia crítica.

Algo pasa entonces con la nostalgia, salvo que se piense que esa palabra es usada en su acepción vulgar (puede ser el caso de la reseña de Página 12, pero no del trabajo bien razonado de Pagni y Van der Walde). Por otra parte, creo que González ha captado con inteligencia las dificultades en las que me muevo describiendo una doble pinza o paradoja de la que yo intentaría, ingenuamente y en vano, encontrar una salida. González piensa que he tomado un camino de conciliación porque, después de presentados los conflictos de la condición contemporánea, insisto en encontrarles una solución reformista. Pagni y Van der Walde piensan casi lo contrario: que me niego a abandonar viejas posiciones críticas en relación con los medios y la cultura popular.

Voy a ver por dónde yo no intento salir de la condición contemporánea. Y qué significa, si es que algo significa, el sustantivo “nostalgia” identificado con mis posiciones.

Adaptación / subversión

Hay una salida que yo llamaría uso adaptativo de Michel de Certeau (1984; 1986). Más de lo que se ha reconocido hasta el momento, Michel de Certeau impregna el análisis cultural latinoamericano y su creencia en las maravillas que hacen los sectores populares con los objetos materiales y simbólicos que retiran del mercado. Probablemente, De Certeau no se reconocería en este escenario optimista donde algunos capítulos de Arts de faire sirven para conclusiones casi triunfalistas y un poco moralizantes. Michel de Certeau no es un ideólogo empeñado en descubrir una salida a la situación contemporánea de las masas populares ni de ningún otro actor social. Se trata más bien de un teórico en usos desviados, que plantea una especie de modelo insurreccional frente a las indicaciones institucionales que impone la cultura (un modelo que, por momentos, recuerda la actividad desafiante del vanguardista con el ready-made y el objet trouvé). Afirma, reiteradamente, que la naturaleza del uso es su desvío. En este sentido, De Certeau define la poética de un tipo de lector siempre dispuesto a contradecir el camino que pretende imponérsele: “productores no reconocidos, poetas de sus propios actos, descubridores silenciosos de sus propios caminos en la jungla de la racionalidad funcional”. Frente a un modelo (ciertamente unilateral) en el que los usuarios seguirían fielmente las instrucciones inscriptas en los objetos, De Certeau (sin recargar su argumento con una masa de investigación empírica) afirma lo inverso: usar no es cumplir un mandato sino subvertirlo. Las identidades serían así más insurreccionales que repetitivas.

Michel de Certeau da forma teórica a la dinámica poética del consumidor popular y a su poder de transformación de los objetos y las prácticas que se le imponen. El consumidor popular tiene “tácticas” y describe “trayectorias” que no están inscriptas en el uso institucional previsto para los objetos y los bienes simbólicos. Esto es así. Ningún consumidor cumple enteramente el programa inscripto en un texto. Desde este punto de vista, el gesto de De Certeau, que supone una hermenéutica y una teoría de la recepción, responde a la ruptura del círculo de la manipulación: nadie es manipulado porque todo objeto encierra en su uso la posibilidad de tácticas opuestas a las de sus fines estratégicos: “Los débiles deben continuamente convertir a sus propios fines fuerzas que les son ajenas”.

Pero el problema no es solamente qué hacen los sujetos con los objetos, sino qué objetos están dentro de las posibilidades de acción de los sujetos. Esos objetos establecen el horizonte de sus experiencias que son la conjunción variada del encuentro de una cultura con los objetos de otras culturas, de viejos saberes con saberes nuevos, de privación simbólica y de abundancia. Cuando Carlo Ginzburg, en El queso y los gusanos, describe la herejía de Menocchio como producto del encuentro de una página escrita con la cultura oral, está mostrando, de modo más preciso que De Certeau, de un modo menos generalizador y probablemente menos vanguardista, lo que sucede con los públicos populares. Algo análogo sucede con los intelectuales. Ni el pueblo ni los letrados se salvan del círculo hermenéutico: se hace lo que se puede con lo que se tiene a mano o se conoce, con lo que se ha tenido y se ha conocido antes; las experiencias que se insubordinan frente a las indicaciones de un texto cultural han sido producidas por otros textos y otras insubordinaciones o aceptaciones.

La salida por la vía abierta por Michel de Certeau nos devuelve a un punto: “Así Carlitos Chaplin multiplica las posibilidades de su bastón: hace otras cosas con la misma cosa y va más allá de los límites que los determinantes del objeto plantean a su utilización. Del mismo modo, el caminante transforma cada significado espacial en algo diferente. Y si por un lado él realiza solo unas pocas entre las posibilidades fijadas por el orden construido (va solo allí y no allá), por el otro, incrementa el número de posibilidades (creando, por ejemplo, desvíos y cortocircuitos) y de prohibiciones (se prohíbe a sí mismo, por ejemplo, tomar caminos considerados accesibles o, incluso, obligatorios)”. En efecto, aunque el ejemplo no sea demasiado elaborado, el caminante urbano usa algunas posibilidades, desecha otras y, en la medida en que le sea posible, transgrede algunas disposiciones.

Pero existe la ciudad, dividida de manera material y simbólica, existe el trazado de sus calles y la libertad de su recorrido tiene los límites impuestos por el escenario social. El ejemplo muestra que el círculo de las prácticas-interpretaciones es precisamente eso, un círculo en el que aun las transgresiones están contempladas por las indicaciones de uso (las indicaciones de uso dan forma y contenido a las transgresiones). Esto no es una novedad, ni para los paseantes populares ni para los intelectuales, sean o no nostálgicos. El hecho de que durante muchas décadas se haya dado primacía a las indicaciones de uso contenidas en los objetos y los mensajes, el hecho de que durante décadas se haya recurrido a la teoría de la manipulación para describir lo que los medios o las instituciones hacen con la gente, el hecho de que un foucaultismo vulgar no haya encontrado sino panópticos desde los que se vigila a todo el mundo, en fin, todo eso, no autoriza a pensar que la verdad reside en la inversión lisa y llana de la teoría manipulatoria.

Si la teoría estaba equivocada no se sale de la equivocación por el cortocircuito de tomar sus propios términos e invertirlos: donde había sojuzgamiento hay libertad, donde había imposición hay tácticas de rebelión, donde había unificación hay mezcla, etc., etc.

Los intérpretes

Otra salida (con la que parecen simpatizar Pagni y Van der Walde), es la del intelectual-intérprete que Zygmunt Bauman presenta aunque no es seguro que suscriba (el libro donde lo hace tiene dos conclusiones, las de estilo “moderno” y las de estilo “posmoderno”) (Bauman, 1987)[3]. Los intelectuales, dice Bauman, durante uno o dos siglos, según los lugares, reclamaron el podio del profeta. Hoy más les valdría revisar esa equivocación ya que o profetizaron en el desierto, o fueron descabezados por el público que pretendían influir, o lograron que sus profecías dieran forma a la sociedad y entonces todo fue para peor.

Desde una perspectiva “posmoderna”, lo que pueden hacer hoy los intelectuales es convertirse en intérpretes, es decir escuchar la multiplicidad de voces de la sociedad y tejer la red de intersección de estos discursos: intelectuales carteros. “El pluralismo es irreversible, el consenso universal sobre una visión del mundo y sobre valores es improbable, todas las Weltanschauungen están firmemente ancladas en sus respectivas tradiciones culturales… Por lo tanto, la comunicación entre tradiciones se convierte en el mayor problema de nuestra época… Se trata de un problema que requiere de especialistas en traducción entre las diferentes tradiciones culturales”. La gente se basta bien por sí misma y, en consecuencia, los intelectuales, si todavía quieren hacer algo que nadie les pide, pueden colaborar para que los que no se oyen bien entre sí, por razones de distancia o de traductibilidad, se escuchen.

Una especie de ideal bajtiniano de sociedad polilógica, sin centro: una utopía, posiblemente más amable que la de los profetas.

Cultura y experiencia

No hay salida fácil. Creo que nunca hubo una salida fácil y por lo tanto me siento mal representada por los adjetivos que remiten a la “nostalgia”. Arriesgaré sin embargo, dos o tres ideas no para salir del atolladero (Horacio González me aconseja no salir de los conflictos por el camino de la reforma) sino para seguir pensado dentro de él.

Creo que la cultura, tal como conocemos la dimensión simbólica del mundo social en Occidente, se produce en la intersección de instituciones y experiencias. Pero al decir instituciones y experiencias, quiero decir que no hay experiencias que no tengan de alguna manera a las instituciones como referencia presente o ausente, activa, dominante o débil. Y que no existen instituciones que, activas, dominantes o débiles, actúen en un vacío de experiencia. Las instituciones pueden variar en la historia: la iglesia, la escuela, los medios, la familia, los sindicatos, las asociaciones, los partidos se reordenan según cuál de ellas imprima su dirección aceptada o conflictual. Según las épocas alguna de estas instituciones fue más importante que las otras en la definición de un campo de posibilidades para la producción de experiencias, el mantenimiento de normas o su innovación. Pero no conozco sociedad moderna en la cual estas dos instancias, instituciones y experiencias, estén ausentes de una relación que las implica.

No tendría sentido hablar de transgresiones, desvíos, tácticas secretas, si no existiera un mapa de indicaciones, caminos rectos, movimientos prescriptos. Lo que sea ese mapa es fundamental para ver qué resulta de sus transgresiones y desvíos. Esto parece olvidarse con cierta frecuencia cuando se pone en primer plano la mezcla cultural y en un segundo plano los discursos que entran en ese proceso. ¿Qué se mezcla en la mezcla? Es obvio que no vivimos en un vacío de experiencias (ni siquiera los intelectuales vivimos, créase o no, en tal ambiente esterilizado). Pero también es obvio que no vivimos en un vacío de instituciones. Si algo como el imaginario pudiera rozarse con la punta de los dedos, algunas preguntas surgen de inmediato. Y voy a poner un ejemplo: desde hace más de treinta años, los teléfonos funcionaban mal en la Argentina. Sin embargo, es una novedad de los últimos diez que la gente comenzara a pensar que la privatización podía solucionar ese problema. La desastrosa experiencia con los teléfonos no sirvió, por ella misma, para llegar a la sencilla conclusión de que su gestión debía ser cambiada. Otros discursos debieron, antes, vencer al discurso estatista nacionalista sobre los servicios públicos que formaba parte del sentido común aunque pusiera en tela de juicio los resultados de la experiencia. La experiencia de todos los días no alcanzaba para afectar ese imaginario.

Otros temas de un imaginario nuevo sí lo alcanzaron y esos temas fueron procesados por una serie de instituciones, para empezar por el discurso de gobierno. Mientras tanto, la gente usaba su creatividad desviándose de la norma del uso de teléfonos: pagaba coimas a los empleados, rompía los teléfonos públicos, compartía líneas. Pero el verdadero cambio cultural vino con un cambio de los actores políticos: la experiencia por sí misma era insuficiente. Alguien podría decir que las estrategias alternativas eran culturalmente más interesantes que la privatización menemista y yo podría estar dispuesta a suscribirlo. Pero el cambio cultural se dio desde un discurso de Estado que logró conectar con la experiencia, como si la experiencia librada a su propio juego no pudiera sino recurrir a las tácticas del bricoleur que paga coimas si tiene la plata y si no la tiene se queda sin teléfono y, eventualmente, ejerce su venganza destrozando teléfonos públicos.

La experiencia es extraordinariamente activa, pero no gira en el vacío endogámico. No hay “generación espontánea” de experiencia, no hay espontaneidad de la experiencia, sino producción de alternativas que pueden estar, según las circunstancias, más o menos condicionadas por el poder simbólico. Hay variaciones de la experiencia en relación con instituciones que a su vez cambian cuando cambian las tácticas y las trayectorias. Esto, por lo menos, en sociedades como la argentina, que tiene más diarios per capita que las demás naciones de América Latina, mayor cableado de televisión, y mayor número de computadoras por habitante. Lo que la gente hace con las instituciones y con los medios es lo que puede. Y su relación no es siempre de insubordinación frente a la hegemonía cultural, como sería absurdo pensar que es siempre de adaptación funcional.

Por eso, para mí lo interesante de la cuestión sobre intelectuales, sectores populares, opinión pública y medios es el modo en que se configura su interacción. Es diferente una sociedad donde la escuela no está en crisis que una sociedad donde la escuela está completamente vaciada de prestigio simbólico y oferta cultural. Las experiencias de la gente son diferentes frente a una escuela que tiene poder para prohibir el uso del chador a las chicas árabes, como sucedió hace algunos años en la escuela francesa donde todo el peso de la institución se jugó en un conflicto odioso, y una escuela que no puede impedir que los chicos la consideren el lugar vacío por excelencia y donde nada puede ser impuesto completamente. La escuela francesa llama a la insurrección simbólica, la escuela argentina a la indiferencia. Esto es tan obvio que casi no valdría la pena decirlo. Y sin embargo me encuentro repitiéndolo. Las estrategias de desvío de los usos de la escuela en los sectores populares podrán ser de un tipo cuando se trate de un Estado que proporciona servicios plenos e igualitarios, y de otro tipo cuando la institución parezca más exhausta que una patrulla de boy-scouts perdida en el desierto.

Del mismo modo, se podría pensar en los efectos de los medios. Ellos se recortan sobre un continuum simbólico: si la escuela alfabetizara eficientemente, si la escuela propusiera convincentes modelos para la transgresión, el uso libre, el desvío y la hibridación, los medios tendrían que recortarse sobre este espacio discursivo. Se mezclarían experiencias de varios tipos y el cruce tendría lugar en un espacio donde ciertas instituciones también propondrían elementos para ser mezclados. Probablemente no habría solo un lugar de enunciación autorizado, sino lugares con diferentes tipos de autorización y de autoridad. Como diría González, quizá mi perspectiva exprese un optimismo voluntarista. Pero estoy simplemente planteando la idea de que es el conflicto entre instituciones lo que hace dinámicas a las sociedades. Sin ese conflicto, nuestros “cazadores furtivos” (para usar la fórmula poética de Michel de Certeau) no van a tener muchas trayectorias que desviar ni muchos caminos indicados que transgredir. Incluso para una mirada caracterizada por la positividad de la transgresión, la existencia de instituciones está en la base de las posibilidades transgresoras.

Sobre la nostalgia

Pagni y Van der Walde opinan que esta es una posición nostálgica propia de intelectuales que estaríamos extrañando un lugar que hemos perdido para siempre: el lugar de mentores y profetas. Esta es, sin duda, una de las figuras clásicas del intelectual, pero hace ya por lo menos treinta años que entró en crisis. Fue en primer lugar la política la que la hizo entrar en crisis, fueron los años de la nueva izquierda los que sepultaron, casi al mismo tiempo, a Martínez Estrada y a Sartre. Mi generación, que fue la de la violencia de los años sesenta y setenta, ya no tuvo a esa figura como modelo. Nuestros intelectuales fueron Mao, Ho Chi Minh, el Che; en realidad Martínez Estrada ya había sido desalojado por los últimos intelectuales prototípicos de la historia argentina: David e Ismael Viñas, Sebreli y el grupo de la revista Contorno. Difícilmente se extrañe aquello que no se tuvo nunca la posibilidad de ser. No hay nostalgia para ese lado.

Pero entonces, ¿hay nostalgia? O mejor dicho, ¿hay elementos en el pasado que no parezcan invariablemente peores que lo que se encuentra en el presente? ¿Todo juicio que no afirme que el pasado fue peor es nostálgico? Yo creo que la escuela argentina fue más eficaz para los sectores populares desde comienzos de siglo hasta la década del cincuenta. Creo que el cine italiano de la década del cincuenta y del sesenta es mejor que el actual. Lo mismo opino del cine francés de los sesenta. ¿Siento nostalgia por Visconti, por Truffaut o por la escuela número 14 del distrito escolar 15 en 1920? ¿Es nostálgico pensar que la escuela donde los chicos aprendían a leer y escribir bien en cuatro años preparaba mejor a los sectores populares que aquella que los abandona semialfabetizados cuando esos chicos desertan? ¿Es nostálgico quien piense que la gente ganaba más hace diez años que ahora?

Convengamos que es absurdo afirmar que un juicio, por el solo hecho de relacionar valorativamente presente y pasado, se convierte en nostálgico. Como no tengo la superstición del pasado, es posible que no enferme del optimismo experiencial del presente.

Es nostálgico quien busca reconducir las condiciones presentes a las del pasado. El voluntarismo que me atribuye Horacio González no va en esa dirección. Ni quiero volver a 1922 porque entonces se publicó el Ulises, ni quiero volver a los años de Krieger Vassena porque entonces hubo pleno empleo. Tampoco (aunque les cueste creerlo a Pagni y Van der Walde) extraño las épocas de Martínez Estrada. Porque creo que los intelectuales hoy sabemos más y entendemos mejor la Argentina de lo que la entendió Martínez Estrada. Sabemos mejor cuáles son esas esfinges que Martínez Estrada intentó criticar. Sabemos más del peronismo, sabemos más de los sectores populares y de la política; porque actuamos mucho en estas décadas, tenemos una imagen menos conforme con lo que somos.

¿Qué mezcla?

Confío tanto como cualquiera en lo que la gente pueda hacer con los mensajes que saturan la sociedad. Pero confío de manera diferente: creo que importa no solo la mezcla sino qué se mezcla en la mezcla. En El queso y los gusanos, Carlo Ginzburg muestra que Menocchio fue tan extraordinariamente imaginativo no porque trabajó solo con sus experiencias inmediatas de molinero, sino porque leyó algunos libros, y mezcló libros y experiencias, lo sabido directamente, lo oído a medias, lo deseado. Varios siglos después de Menocchio, hay instituciones que tienden más que otras al nivelamiento democrático y la comunicación de saberes: la escuela es una de ellas.

En La imaginación técnica, estudié para los años veinte el modo en que la alfabetización, producida por la eficiencia de la escuela pública, hizo posible el despliegue de saberes técnicos que estaban en la vida cotidiana de los sectores populares. Sin la escuela, esos saberes del bricoleur no hubieran podido conformar del modo en que lo hicieron las experiencias con los medios masivos y la tecnología. Las revistas técnicas no hubieran podido circular, las destrezas aprendidas en el trabajo no se hubieran potenciado. ¿Por qué afirmar solo la primacía de la experiencia y de los desvíos como si la experiencia en una sociedad urbanizada y mediatizada se ejerciera en el vacío intuitivo de un imaginario pueblo de mito arcádico? Cuando hablamos de desvíos y de lateralidad es porque estos movimientos se realizan respecto de otros polos de organización y atracción. Sin esos polos no hay desvío. Es absurdo que hoy tengamos que discutir si las instituciones intelectuales fueron importantes en la formación de las naciones modernas. Hay bibliotecas: unas dicen que fueron importantes porque sojuzgaron, disciplinaron y reprimieron; otras dicen que fueron importantes porque entraron conflictivamente en un proceso de mezcla. No conozco las que dicen que la gente se puso a mirar su experiencia como si fuera un ectoplasma y viera qué fantasma salía de allí. ¿Por qué los sectores populares pueden hacer cosas que no hacen otros sectores sociales? ¿Por qué necesitarían menos escuela, menos calidad en los medios menos abundancia y variedad simbólica? ¿Los sectores populares se conformarían solo remendando, cosiendo, tiñendo su experiencia?

¿Qué estaba pidiendo finalmente en Escenas de la vida posmoderna y que posiblemente fue mejor entendido por su público menos especializado? Por supuesto, no quería, como sugiere Bauman en una de sus conclusiones, ser el tejedor de la red de discursos sociales, sino poner mi discurso en esa red, subrayar mi discurso, del mismo modo que los expertos y los medios subrayan el que emiten. Ser intelectual hoy no es ser profeta, pero tampoco intérprete que traslade simplemente los valores de un lado a otro con la esperanza de que la gente que cree en valores diferentes, en lugar de pelearse, se comprenda. El intelectual, como el ciudadano, es parte de ese conflicto de valores y defiende valores aunque, al mismo tiempo, tenga respecto de los valores una perspectiva relativista (que implica una primera valoración de base si no entiendo mal el relativismo).

Además, seamos un poco responsables: allí está la cuestión del gobierno, del Estado y del poder. Allí, los que dirigen las instituciones son cada vez más compactos y más poderosos. Se necesita mucha política, mucha construcción de poder y de nuevas formas culturales (que no son simples desvíos y transgresiones) para modificar las cosas allí arriba. Salvo que las estrategias populares los condenen para siempre a manejar una FM barrial, o una olla popular, mientras los intelectuales sintonizamos algún canal extranjero de cable, entre libro y libro, y nos extasiamos frente al círculo donde los sectores populares practican sus insurrecciones simbólicas trabajando como pueden con lo que pueden.

Contra la mimesis. Izquierda cultural,
izquierda política

La revolución neoliberal nos dejó malamente descolocados. En el caso argentino, no bien pasaron los primeros años de una difícil transición democrática, cuando empezábamos a pensar críticamente nuestro pasado en las izquierdas revolucionarias o populistas de los años sesenta y setenta, impuso su hegemonía el neoliberalismo, que no solo ofreció una fachada política a la derecha que procuraba disimular su apoyo a la dictadura sino que también reclutó a técnicos y cuadros de los partidos mayoritarios, sin excluir a algunos que habían formado parte de la izquierda o, muy notablemente, del peronismo revolucionario.

Cuando los intelectuales de izquierda nos tomábamos como objeto de crítica, mientras, con razón, seguíamos hasta el centro teórico del marxismo la genealogía de nuestros errores, al mismo tiempo que discutíamos con un pensamiento revolucionario cristalizado que deseaba permanecer más o menos intacto mientras se derrumbaba Europa del Este, Cuba desaparecía de cualquier horizonte ideológico progresista y, finalmente, caía el muro de Berlín, mientras estas cosas sucedían, también se afirmaba la predominancia de una doctrina liberal que nos dejó donde hoy están los países latinoamericanos.

Esto no equivale a una exculpación. Es simplemente la escena donde se ablanda, casi hasta desaparecer, la oposición que, en el pasado, articulaba nuestra ideología. Pensadores como Norberto Bobbio percibieron la necesidad de sostener que esa división, derecha/izquierda, que había definido conflictos no solo imaginarios, tiene todavía una vigencia. Defensivamente, Bobbio afirma que esos dos adjetivos no han perdido todo su sentido. Más allá de su diáfana argumentación que evita al mismo tiempo las trampas de la vieja izquierda y la disolución lisa y llana de la izquierda en una nueva Realpolitik, la debilidad semántica de ambos adjetivos, o más bien la debilidad semántica de la palabra “izquierda” marca el voluntarismo de ese nuevo intento de definición abreviada.

En efecto, la izquierda se representa defensivamente, como aquel espacio donde todavía se considera que algunos valores no deben ser olvidados en un proceso de reconversión social y económica que, al mismo tiempo, parece inevitable y produce el sufrimiento de millones. Escribo esta frase y, en su propio movimiento, puede leerse la inseguridad que la izquierda percibe en su autodefinición y, por lo tanto, en las condiciones de su posible (difícil) expansión. La frase está llena de atenuaciones, inflexiones negativas y limitativas, adjetivos que implican el reconocimiento de transformaciones que no pudieron encararse de otro modo, adverbios que más que señalar el futuro indican la mera persistencia en el presente de algo que sucedió en el pasado. La sintaxis y el vocabulario de la frase escrita me evoca las dificultades de la pregunta sobre la izquierda hoy.

Primero diré lo que creo que la izquierda política no debería ser: 1. No puede ser solo izquierda académica, a la manera norteamericana, donde los conflictos teóricos son vividos como sucedáneo fantasmal de una esfera pública inalcanzable; 2. No puede ser una izquierda que considere solo como acontecimientos accesorios los dramas del marxismo en el siglo XX; 3. No puede ser un apéndice cultural de los partidos que gestionan el epílogo de las transformaciones neoliberales; 4. No puede ser solo una izquierda testimonial, que se refugie en la reafirmación moral-formal de sus valores.

En efecto, la izquierda no puede ser solo eso, aunque sería equivocado que no sea también eso. El pensamiento de izquierda tiene que movilizar las disciplinas y las rutinas académicas, cuestionando sus sentidos comunes teóricos e institucionales, colocar al marxismo como una de las grandes filosofías del siglo XIX y no solo como la ideología que habría conducido directamente al leninismo y todas sus variantes; fortalecer la dimensión cultural de la política, rechazando sin más la dirección económica de lo social; preservar la memoria de los sufrimientos y el dolor, manteniendo, como un dato ineliminable, los actos de represión y la responsabilidad jurídica y moral de los represores. La izquierda tiene que tener una poderosa implantación cultural y, en consecuencia, con el argumento de que una implantación cultural “no es suficiente”, sería absurdo que renunciara a aquel espacio donde todavía puede encontrar una escucha y ejercer una influencia.

Sin embargo, una izquierda política no es solo una izquierda cultural. Aquí es donde el desconcierto es más fuerte precisamente porque la política parece repeler a la izquierda en nombre de un posibilismo cuyos límites son tan ideológicos como los de un extremismo que ya casi no puede encontrarse en ninguna parte. En el caso argentino, la izquierda política prácticamente ha desaparecido de ese nuevo espacio partidario que, en los últimos años, había abierto el Frepaso. En efecto, instalado en la Alianza de gobierno, el Frepaso, partido nuevo, padeció todas las enfermedades seniles del moderatismo extremo, puesto a demostrar que está a la altura de las circunstancias y que las circunstancias son las que marcan límites inviolables. Y hablo del Frepaso porque no puedo reconocer una izquierda del nuevo siglo en la constelación de grupos contestatarios cuya existencia es completamente testimonial y radicada más en las aulas universitarias que en el movimiento de la sociedad.

¿Qué es ser de izquierda entonces? Si pudiera contestar a esta pregunta no sentiría la incomodidad permanente que, junto con decenas de intelectuales progresistas, parece ser un padecimiento que las últimas décadas del siglo XX le transfirieron al XXI. No puedo contestar la pregunta porque ella no se responde solo en el campo del discurso, a riesgo de que cualquier respuesta sea solo una respuesta simbólica, mientras que “ser de izquierda” tiene también una dimensión social y práctica. Como sea, reconocido el problema del izquierdismo de cátedra, último refugio de una izquierda sin posibilidad de acción, ser de izquierda tiene que ver, para mí, con algunos principios que trataré de exponer.

En primer lugar, no aceptar como límite objetivo un diagnóstico que lleva inscriptas las condiciones de hegemonía que lo imponen; no aceptar como algo que está en la naturaleza de las cosas aquellos juicios que, como todo juicio sobre la práctica, están atravesados por ideas e intereses que, lejos de garantizar la objetividad inamovible de lo descripto, certifican la hegemonía de los poderosos sobre quienes toman las decisiones políticas. Los diagnósticos sobre lo posible forman parte de los discursos y como tales deben examinarse. No hay objetividad que pueda reclamar una naturaleza completamente objetiva. La objetividad, como dimensión epistemológica indispensable para la acción, se apoya y tiende a reproducir una relación de fuerzas que, por supuesto, forma parte de lo real social.

En segundo lugar, la izquierda debería sostener unos puntos completamente no negociables en el marco del sistema de transacciones que también es la política: la cuestión de los derechos humanos como cuestión abierta para siempre, cuestión que carece de resolución en el sentido de que, incluso las resoluciones jurídicas, los juicios y castigos, no la cierran. Tuvimos, la Argentina y Chile, el trágico privilegio de que esa cuestión sea central no solo como interpretación de nuestro pasado sino como la única base desde la cual es posible el futuro. De la resolución de esta cuestión ha dependido en la Argentina y hoy depende en Chile la forma de la democracia. Esta cuestión no es negociable y desborda sobre la ampliación de los derechos, la emergencia de nuevas necesidades y la multiplicación de diferencias.

El otro punto no negociable es el de la conservación de la vida en condiciones dignas materiales y simbólicas: este es el horizonte móvil de la izquierda, la línea maestra que organiza todas las coordenadas de su carta de navegar. Se la ha olvidado demasiado tiempo. Esa carta no ofrece ningún diseño utópico, es más bien un espacio móvil y plegado que puede desplegarse en la medida en que haya un impulso político que no acepte como único pacto forzoso el de mimesis con lo existente.

A eso precisamente quería llegar, una izquierda es, precisamente, antimimética. Y uso la palabra para separarme de todas las prácticas de mimesis que caracterizan hoy a la política: las encuestas, la construcción de una opinión pública que refleja las condiciones existentes, el seguidismo populista conservador de todos los miedos sociales, la aquiescencia automática ante las relaciones de poder establecidas. Ser de izquierda hoy es intervenir en el espacio público y en la política refutando los pactos de mimesis que son pactos de complicidad o de resignación.

Bibliografía

Altamirano, Carlos 1982 “Lecciones de una guerra” en Punto de Vista (Buenos Aires) N° 15, agosto.

Bauman, Zygmunt 1987 Legislators and Interpreters (Cambridge: Polity Press).

De Certeau, Michel 1984 The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press).

De Certeau, Michel 1986 Heterologies: Discourse on the Other (Minneapolis: University of Minnesota Press).

González, Horacio 1995 “Perspectivas de la crítica cultural. Sobre Escenas de la vida posmoderna de Beatriz Sarlo” en Espacios (Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA) N° 16, julio-agosto.

Jitrik, Noé; Kaplan, Marcos; Vazeilles, José; Piglia, Ricardo; Meinares Mauricio y Rozitchner, León 1971/1972 “Intelectuales y revolución ¿conciencia crítica o conciencia culpable?” (mesa redonda) en Nuevos Aires (Buenos Aires)
N° 6, diciembre-febrero.

Pagni, Andrea y Van der Walde, Erna 1996 “Qué intelectuales en tiempos posmodernos o de ‘cómo ser radical sin ser fundamentalista’. Aportes para una discusión con Beatriz Sarlo” en Spiller, Roland (ed.) Culturas del Río de la Plata (1973-1995); transgresión e intercambio, Lateinamerika-Studien, 36 (Núremberg: Universidad Erlangen-Nürnberg / Vervuert Verlag).

Walzer, Michael 1993 La compañía de los críticos (Buenos Aires: Nueva Visión).

1 Ver Altamirano, 1982. Este fue uno de los primeros análisis realizados sobre la guerra de Malvinas, precedido, durante las semanas de la guerra, de un texto colectivo que redactamos, entre otros; Altamirano, Luis Príamo, Jorge Goldemberg.

2 Ver González, 1995. Horacio González también escribió al respecto en El ojo mocho (donde Eduardo Rinesi apiló, a su vez, una serie de insinuaciones más o menos ofensivas). Ver también Pagni y Van der Walde, 1996.

3 Significativamente, la conclusión tiene dos partes: “Conclusion, modern style” y “Conclusion, postmodern style”.

* Sarlo, Beatriz 2001 “Intelectuales” en Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una cultura (Buenos Aires: Siglo XXI) pp. 195-235.

Néstor García Canclini

Las culturas populares
en el capitalismo

Introducción a la edición de 2002*

Cómo llegaron las culturas populares al siglo XXI

Este libro fue escrito para estudiar algunos vínculos contradictorios entre capitalismo y cultura. Se trataba de entender las “paradojas” que representaban las culturas populares, concebidas como formas tradicionales de producción y representación, dentro de una modernización que hace veinte años se asociaba principalmente a la urbanización y al desarrollo industrial. Se basó en una investigación de campo en México, país cuya acelerada industrialización, al coexistir con artesanías en auge y exuberantes fiestas antiguas, ofrecía un escenario alentador para discutir la interacción entre las concepciones evolucionistas del capitalismo y las exaltaciones folcloristas de la cultura.

Sabemos que en las sociedades actuales el desarrollo tecnológico, la globalización de los intercambios y su utilización neoliberal modificaron la articulación entre capital, trabajo y procesos simbólicos. La producción cultural se volvió más importante que nunca para la reproducción y expansión capitalista, pero no son las artesanías y fiestas tradicionales las que aprovechan este avance. Otras culturas populares, susceptibles de industrializarse en forma audiovisual, sobre todo la música, se vuelven protagónicas en la economía.

Reeditar este libro exige preguntarse por el modo en que son resituados los productos populares y lo que hoy puede entenderse por cultura popular. Mi hipótesis inicial es que algo clave de las relaciones entre modernidad, capitalismo y cultura puede captarse al explorar este desplazamiento de las artesanías por la industria audiovisual y de las fiestas locales por los espectáculos mediáticos y los circuitos transnacionales. Estas páginas habían tenido que plantearse estas interrogantes en su primera edición, y debo decir que ni las artesanías ni las fiestas campesinas e indígenas cambiaron mucho desde entonces. Se trata más bien de entender qué significan esas expresiones tradicionales en la recomposición de los mercados culturales y de lo que ahora son las culturas de los sectores populares.

Me apresuro a aclarar que cuando afirmo que las artesanías y fiestas no se modificaron mucho me refiero a la continuidad de los objetos y la mayoría de los diseños, el volumen de su producción, la cantidad de artesanos y las condiciones de vida de casi todos los pueblos que las hacen.

Esta afirmación surge de datos frágiles, como los que proporcionan parciales estudios económicos y etnográficos, ya que las estadísticas culturales son incipientes en América Latina y muchos países no dan información desagregada sobre los movimientos de cada rama. La producción y comercialización artesanal suele estar subsumida en el sector rural o en la industria manufacturera (Albornoz, 1996). Entre los pocos trabajos que permiten apreciaciones comparativas se hallan los del Convenio Andrés Bello: por ejemplo, Perú facturaba, en 1999, 217 millones de dólares en artesanías en tanto la radio lograba 34 millones y la televisión 815 millones en inversión publicitaria; Colombia exportaba 30 millones de dólares mientras la industria editorial alcanzaba 102 millones. En Ecuador las artesanías sobresalen con 122 millones obtenidos en la exportación, más que los libros, la radio y la televisión.

Hay que decir que un trabajo de campo sobre artesanías debe incluir hoy un viaje por las páginas de Internet donde se publicitan y venden. En esas “tiendas virtuales” se anuncian los productos tradicionales, aunque se destacan los diseños innovadores y no se realzan tanto las “comunidades étnicas” como las “pequeñas empresas”. La idealización antropológica y política de “la autenticidad” persiste, pero cede lugar a la competitividad de estos neo-mini-empresarios para situarse en mercados globales. De las artesanías que, como símbolos de la creatividad indígena y mestiza, sostenían con orgullo la identidad nacional pasan a contarnos las promesas de la belleza textil exportable, las virtudes internacionales de la alfarería sin plomo, cómo “optimizar las ventas” en páginas web para “recuperar los créditos que actualmente se encuentran en cartera vencida” (<www.fonart.gob.mx>).

Una lectura de estas páginas electrónicas, a menudo presentadas en español e inglés, muestra que los discursos oscilan entre el voluntarismo de ser modernos de última actualidad y las referencias a formas de vida antiguas y pobres. El sitio de Artesanías de Colombia dedica amplio espacio a informar no solo de la tradicional “asistencia técnica” estatal (extendida ahora con la acción de ONG) sino del “diseño asistido por computador”, “interdiseños” —o sea colaboración de diseñadores con artesanos—, “desarrollo de imagen”, “pruebas de mercado” y otras actividades que connotan organización empresarial, calidad en los productos y en la comercialización. Pero el Censo Económico colombiano indica que el sector artesanal abarca aproximadamente el mismo número de personas dedicadas en décadas anteriores a esta producción (58.821) y están localizadas en los pueblos de siempre, en Nariño, Sucre, Córdoba, Boyacá, César, Atlántico y Tolima. Un 12 por ciento de los artesanos son analfabetos, mientras el promedio nacional está debajo del 5 por ciento, 34,2 por ciento no completó la primaria, y solo 1,7 por ciento de quienes producen artesanías asistió a cursos de formación técnica (<www.artesaniasdecolombia.com.co>). Otro estudio señala que en muchas ramas el índice de analfabetismo “se acerca al cincuenta por ciento” y “el oficio lo aprendieron por tradición” (Benavides, 1997: 20).

Artesanías de Chile, un organismo que aumentó en los últimos años sus labores de capacitación, los créditos a productores y la promoción internacional, en parte gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, dice mucho de la ubicación de las artesanías al situar estas tareas dentro del Plan Nacional de Superación de la Pobreza (<www.xmission.com/Narts/chile/indexs.html>).

En el mapa de la producción artesanal de México sobresalen Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla, como hace veinte o cincuenta años. El plan de trabajo de 2001 del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) propone nuevas metas a fin de aprovechar “facilidades para la exportación” dadas por los Tratados de Libre Comercio con América del Norte y la Unión Europea, que redujeron a cero las tasas arancelarias en estos bienes. Como “la institución no puede quedarse al margen de la mundialización de la economía y el progreso”, se propone desplegar nuevos puntos de venta en dos centros turísticos del país (Cancún, Tlaquepaque) y en Nueva York, Nuevo México, Texas, Canadá, Alemania y España. No obstante, el TLC casi no ha modificado la comercialización en Estados Unidos, entre otras razones por la competencia desfavorable con los precios muy bajos de las artesanías chinas e hindúes, con frecuencia de mejor calidad (algodón, tinturas, etcétera).

En entrevistas recientes con sus directivos, encontramos deprimida la actividad del FONART. Esta institución, que llegó a tener 25 centros de exhibición y venta en México, ahora cuenta con dos en la capital y tres en provincia. A principios del siglo XXI se estiman 6 millones de artesanos en el país de los cuales este organismo ha atendido en el último sexenio a menos del cinco por ciento, y en el 2001 a 23.784, ni el 0,5 por ciento, según entrevista con su director de comercialización. Este apoyo “circunstancial”, según lo califica un artesano de Chihuahua, cuando mucho “dos o tres veces por año”, deja casi toda la producción librada a la especulación de intermediarios nacionales e internacionales. El discurso de FONART sigue argumentando sus apoyos a artesanos en la necesidad de “preservar los valores de su cultura tradicional” y “mejorar sus niveles de vida”, sobre todo “en condiciones de pobreza extrema”. Tradiciones y penuria: los componentes más reconocidos de las llamadas culturas populares.

Algunas artesanías mexicanas declinan, por ejemplo el arte plumario. La cerámica se mantiene en primer lugar de ventas, los textiles en segundo y ciertas lacas, especialmente las de Olinalá, así como la platería de Taxco, muestran continuidad y a veces renovación de diseños que acrecientan su interés. La intervención de diseñadores, empresarios y organismos de fomento artesanal ha elevado la calidad de algunos talleres y convertido en unos pocos casos el anonimato de los artesanos en carreras artísticas. La mayoría de los comerciantes y funcionarios expanden los mexican curios. Con frecuencia, los mismos artesanos reemplazan el algodón y la lana por fibras sintéticas, o los pigmentos por anilinas. Aun artesanías que siguen presentándose como alternativa a la estandarización industrial, adoptan los nuevos materiales y recursos tecnológicos, e incorporan la iconografía de los medios masivos tratando de mimetizarse con los éxitos de la industrialización de la cultura. A diferencia del rechazo prevaleciente a estas apropiaciones y acomodaciones en la bibliografía de hace veinte años, varios autores reconocen en esos procesos la capacidad de los sectores subalternos de convertirse en agentes activos (Franco, Lauer, Mato, Novelo, Turok).

Al regresar a principios de 2002 a Michoacán observé que es una de las regiones de México donde la producción se mantiene más firme, logra expandirse gracias a la extensión de la alfarería de alta temperatura (que permite eliminar el plomo contaminante), fondos de apoyo para préstamos y para que los artesanos participen en centros comerciales y ferias multitudinarias —algunas con más de cien mil visitantes— en ciudades mexicanas grandes o de alto turismo. La casa de Artesanías de Michoacán, entre 1995 y 2001, contribuyó a mejorar la calidad de la producción y a ampliar la comercialización, otorgó casi 15.000 créditos por un monto de 12.759.894 pesos, que beneficiaron a 130 mil familias. Si se suman los 215 concursos realizados en el último sexenio, en los qué participaron 28.828 artesanos de 232 comunidades, a los que se otorgaron premios por más de seis millones de pesos, así como programas de orientación mini-empresarial de los productores y certificación de la calidad y el origen de las piezas, la acción en este Estado es notoriamente mayor que la del organismo nacional FONART en la actualidad.

Los artesanos —que aprecian el valor de tales estímulos— reclaman mayor acción estatal para abrir nuevos mercados y obtener facilidades para exportar. Su descripción del actual modo de trabajo, casi idéntico al que describimos aquí hace dos décadas, muestra dificultades de los productores para insertarse en redes más amplias y exigentes. Uno de los ganadores de un premio nacional, Abdón Punzó Ángel, de Santa Clara del Cobre, el pueblo mexicano con mejor y mayor producción en este metal, dice en febrero de 2002: “Nunca he realizado un inventario para saber cuánto gano en un día con esta labor, porque hay trabajos muy delicados y una pieza que tardo ocho o l5 días en hacer a veces se me echa a perder y no gano nada, pero en otras ocasiones logro obtener piezas en los primeros intentos. Pero en muy resumidas cuentas es muy desigual este trabajo, no tenemos recursos asegurados y por lo menos se busca la manera de ganar lo esencial para seguir sobreviviendo, para comer.”

Él mismo reconoce la necesidad de cambiar estas condiciones para que las comunidades “no se queden vacías, porque mucha gente al no poder vender sus productos tiene que cerrar sus talleres e irse a otro país a buscar empleo.” El apoyo gubernamental a 130 mil familias no es poco en un Estado con 4 millones de habitantes en su territorio y 2 millones y medio de michoacanos en Estados Unidos, pero los hábitos de trabajo tradicionales y las políticas dirigidas casi siempre solo a la preservación local son insuficientes para situar competitivamente a los artesanos en la etapa actual.

La mayor parte de la producción artesanal reitera sus diseños y materiales antiguos. Se destina a sectores de bajos ingresos y les provee muebles hogareños, cestas y alfarería a precios más accesibles que los supermercados. Aun otros bienes de alto costo, que brindan mejores ganancias cuando logran insertarse en los consumos de elite (aretes, máscaras y tejidos sofisticados) siguen encontrando su lugar preferente en danzas y celebraciones, ocasiones excepcionales en que los sectores populares gastan sus ahorros de muchos meses porque la boda o la procesión con su santo, garantizar ritualmente la cosecha o evocar a sus muertos, requiere lo más bello y valioso que son capaces de hacer.

A diferencia de la lógica empresarial y globalizada exhibida en Internet, la mayor parte de las artesanías continúa circulando dentro del propio país, en mercados de plaza y casas populares. Las piezas que reciben la consagración de concursos y museos, o la atención de turistas y consumidores de niveles medios Y altos, ocupan franjas minoritarias en la economía material y simbólica. Compiten poco y mal con los bienes industriales. El atractivo que fueron conquistando en los imaginarios del nacionalismo político y entre usuarios descontentos con la serialidad industrial sigue presente en nichos de consumo, como los descriptos en este libro. Pero su peso comparativo disminuye en el desarrollo nacional y global.

La llegada de las artesanías a las ciudades medianas y grandes reubicó las “misiones” que se le atribuían —representar tradiciones populares y nacionales, ofrecer experiencias estéticas alternativas a la homogeneidad industrial— en beneficio de funciones decorativas y prácticas. Como revela el estudio de María Teresa Ejea sobre consumidores de artesanías en la ciudad de México, los compradores urbanos seleccionan ahora textiles de más calidad y cerámica de alta temperatura, sofisticados, con calidad técnica en el acabado y durabilidad. “Se aprecia la tradicionalidad de las formas pero se demanda funcionalidad” (Ejea, 1998: 378). Por eso, las artesanías se encuentran más en bazares, tiendas y mercados donde habitan sectores medios y altos (San Ángel, Coyoacán, Colonia del Valle) que en los mercados populares de San Juan, Salto del Agua y Abelardo Rodríguez, donde los compradores prefieren objetos de plástico, peltre y aluminio.

Aun dando ingresos menores que en otros trabajos, desvalorizadas por su connotación étnica y su realización precaria, porque se las asocia con lo pobre y discriminado, las artesanías ayudan a sobrevivir a millones de familias en América Latina. La continuidad de esta función socioeconómica, junto al interés que conservan y renuevan en otras franjas sociales, las mantienen como necesidades “contradictorias” del capitalismo actual. El trabajo artesanal reduce el desempleo y la migración, y por eso las artesanías son reactivadas —o reinventadas— en zonas agredidas por la desindustrialización y el empobrecimiento rural y urbano que propician la políticas neoliberales.

El estudio de la comercialización y difusión de las artesanías nos llevó a las ferias y fiestas donde las danzas que hablan de dioses extraños al desarrollo industrial coexisten con juegos mecánicos y atraen cada año más turistas enterados por los medios electrónicos de las prácticas de las culturas tradicionales. La continuidad y los cambios de estas celebraciones confirman la tesis propuesta en este libro de que las fiestas, síntesis de la vida entera de cada comunidad y por tanto de sus interacciones con “lo moderno”, no son evasiones al pasado, ni tampoco rupturas radicales con lo cotidiano, según propusieron algunos fenomenólogos de la religión. Lo que las fiestas tienen de excepcional —y de “arcaizante”—, o sea vestir ropa especial, usar adornos y comidas inusuales, son modos de elaborar simbólicamente las tensiones entre lo propio y lo ajeno, los conflictos entre tradición y modernidad dentro del grupo. Su posición ambivalente es semejante a la de ciertas artesanías, como se verá en un reciente ejemplo de diablos de Ocumicho al final de esta introducción.

Así como las artesanías se hacen para usar y para vender, para celebrar lo propio y seducir a extraños, las fiestas suelen seguir representando, al juntar elementos tradicionales y modernos, la transición de una etapa a otra en la vida social. De modo semejante a como las artesanías no fueron sustituidas por el desarrollo industrial, las fiestas —al menos una parte de ellas— no son fatalmente reemplazadas por el sentido festivo que promueven los medios masivos. En festivales urbanos y en hoteles turísticos se aíslan elementos —por ejemplo, las danzas de viejitos o los voladores de Papantla— para insertarlos en contextos comerciales o culturales regidos por lógicas que desvanecen el significado original. En otros casos, la ritualidad y la vida cotidiana que afirman las fiestas pueblerinas son reformuladas por actores externos (empresas de refrescos y cerveceras, puestos de productos industriales y la presencia de turistas y medios masivos), y en parte por la propia decisión de los sectores locales de apropiarse de recursos modernos. Las propias artesanías dan cuenta de estas interrelaciones, como en esta escena festiva de Ocumicho en que las parejas de danzantes y “viejitos” conviven con un camarógrafo que los filma. Como las guitarras, las flores y la vestimenta tradicional, la cámara filmadora es integrada a la estética comunitaria.

¿Lo popular es lo tradicional o lo masivo?

Para comprender la reubicación de las culturas populares debemos analizar las diferencias históricas entre las corrientes que las asocian con lo local-tradicional y las que hablan de “lo popular” para referirse a bienes y mensajes generados por la industrialización y masificación del campo simbólico.

Como se analiza en los dos primeros capítulos de este libro, la valoración de lo popular fue iniciada por folcloristas, antropólogos y escritores desde el siglo XIX, quienes vieron en relatos, objetos y músicas de las clases bajas, diferentes de los reconocidos por la alta cultura, recursos para configurar la idea de nación. Cuando historiadores y sociólogos comenzaron a aceptar, durante el siglo XX, que debían incluir en sus agendas la cultura popular, aparecieron intelectuales italianos y latinoamericanos, y hasta ingleses entusiasmados por el supuesto potencial político de los sectores subalternos, diciendo que lo popular era lo otro, un desafío al capitalismo y la nación, la promesa de que los explotados podían alumbrar un mundo alternativo.

Entre tanto, los estadounidenses —que hicieron su nación con demasiadas tradiciones como para tener una que defina su “ser” y que industrializan todas las culturas que encuentran: altas, medias y bajas— decidieron que popular era lo que lograba difusión masiva. “Cultura popular es todo entretenimiento que se produce masivamente o resulta accesible para un gran número de personas”, define John Street, lo cual le permite abarcar a las películas de Hollywood, la televisión, las músicas pop y rock, y aun la clásica si, como ocurre con Chopin y Pavarotti, llegan a audiencias numerosas (Street, 2000: 20). Con el tiempo fueron incorporando a sus repertorios populares músicas de países lejanos, modos de expresar los dramas familiares que los italianos llegados a Nueva York, los afroamericanos que tocaban jazz en Nueva Orleáns, los mexicanos instalados en Los Ángeles, Texas o Chicago compatibilizaban como podían con el american way of life. De manera que se fue aceptando que la expresividad corporal ítalo-neoyorquina, la comida tex-mex y otras aportaciones simbólicas podían formar parte de la cultura popular estadounidense, con la condición de que fueran habladas en inglés.

No es fácil hacer teoría con un término constantemente en fuga. Los tiempos de globalización, que pretenden unificar los modos de nombrar el mundo, no consienten que lo popular sea designado con las enormes variaciones que le dieron los folcloristas, los izquierdistas ingleses, los gramscianos, los nacionalismos, populismos o tropicalismos latinoamericanos. Como eco de la hegemonía de las industrias culturales, tiende a admitirse su identificación de lo popular con la masividad de las audiencias. Pero esta tendencia no sabe qué hacer con los millones de productores tradicionales, como los artesanos, que reproducen su vida y su cultura antigua, y contribuyen así a la continuidad de sociedades nacionales en las que la globalización coexiste con procesos desglobalizados, o de inclusión y exclusión. Tampoco el sentido de lo popular como indicador de la masividad de los públicos puede abarcar otros sentidos de la palabra —ligados a la representación política— que no desaparecen. El término se sigue usando en museos de arte popular recién creados, en el nombre de partidos políticos cuya masa de militantes cabe en un taxi, en alianzas de grupos indígenas o movimientos sociales impugnadores.

Esta utilización proliferante de la noción de popular debe significar algo. Por tanto, en vez de buscar un improbable denominador común, se me ocurre más fértil preguntar por qué —aun en esta época mundializada— el desarrollo o el estancamiento capitalista necesitan seguirla empleando.

La globalización, a su vez, tampoco es una expresión unívoca. De hecho, los autores que mejor la teorizan (por ejemplo, Appadurai, Bauman, Beck, Castells, Giddens, Hannerz, Ortiz, Sassen) han dejado de presentarla como simple universalización uniformada de los mercados. Reconocen su complejidad multidimensional: en la globalización convergen procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios que acentúan la interdependencia entre distintas clases sociales, de muchas sociedades, y generan mayor interconexión supranacional que en cualquier época anterior. Es un proceso abierto, que incluye diversas tendencias y efectos, a veces combinables, a veces contradictorios, dentro de una misma sociedad. Si bien bajo la globalización las sociedades son parcialmente homogeneizadas, estos procesos trabajan articulando las diferencias preexistentes y engendrando otras. Existen movimientos circulares de globalización (sobre todo en los mercados financieros) que abarcan todo el planeta, pero gran parte de los procesos globalizadores son tangenciales, agrupan regiones con afinidades históricas o lingüísticas (como la industria editorial), ciudades con infraestructura propicia para negocios y turismo transnacionales, o que contienen migrantes multinacionales (García Canclini, 1999). Las desigualdades y asimetrías de los intercambios hacen de la globalización, en términos de Lawrence Grossberg, una máquina a la vez homogeneizadora y segregante.

Las culturas populares, integradas y/o segregadas en medio de estos movimientos multidireccionales, hacen visibles los problemas limítrofes de la globalización que algunos autores y administradores se rehusan a considerar. Pienso, sobre todo, en dos: la subalternidad y la exclusión. A la inversa, podemos decir que los recursos conceptuales de los estudios sobre globalización ayudan a revisar los procesos en los que las culturas populares parecen haberse desdibujado, o sea el pasaje de lo tradicional-local a lo industrializado-masivo.

Lo que sigue y lo que cambió

El principal objetivo de esta introducción es revisar cómo se altera últimamente el sentido y la función de las culturas populares. Conviene, sin embargo, no pasar en silencio riesgos frecuentes en los prefacios a libros publicados hace buen tiempo: rejuvenecerlos, devolverles interés y disminuir los errores del autor. Enterado de estos peligros, Borges ironizó su recopilación de este tipo de textos titulándola Prólogos con un prólogo de prólogos. Pero no se privó de redactarlos en las reediciones de muchos de sus libros, ni de recogerlos en un volumen, añadirles posdatas, y así tratar de seguir controlando el azar de lecturas a que se presta toda publicación.

Hay libros de los que uno se despide al publicarlos. Quedan entregados al interés o la indiferencia de libreros y lectores, a que las urgencias editoriales los reediten o abandonen, o las fotocopiadoras y los estudiantes los reduzcan a “los dos capítulos que hay que leer”.

A este libro le sucedió todo esto, de un modo que tienta a interpretar sus peripecias como un síntoma de lo que las políticas neoliberales hacen con la cultura. Si solo puede comprarse en los últimos años su versión en inglés, la lengua en la que se vendió más lentamente, es porque una editorial universitaria (University of Texas Press) lo mantuvo en su catálogo con más perseverancia académica que interés mercantil. La editora Brasiliense vendió en poco más de un año la versión en portugués, pero lo mantuvo agotado cuando a mediados de los ochenta los vaivenes económicos la llevaron a concentrarse en los títulos que se vendían más velozmente. En español, además de la impresión que hizo circular dentro de Cuba el Premio Casa de las Américas, hubo cinco ediciones hechas en México por Nueva Imagen, pero en la cuarta apareció sin fotos porque en la venta de la editorial se extraviaron. Entregué a los nuevos dueños otras copias de las imágenes y mi protesta, pero ambas se cayeron en una nueva venta de la empresa. Comprendí que era tan difícil hablar con ciertos editores de los derechos del autor sobre la totalidad de un libro como con el empleado de una tienda de fotocopias.

Confieso que en 1996, a quince años de haberlo escrito, mi pelea con los últimos compradores de la editorial se apoyaba más en argumentos jurídicos que en el deseo de reeditar una investigación lejana. Había actualizado la argumentación teórica sobre las culturas populares en un capítulo de Culturas híbridas (1990). En la revisión periódica de los estudios sobre artesanías encontré tres libros que avanzaban en la conceptualización: el de Catherine Good Eshelman sobre las pinturas de amate, el de Gobi Stromberg acerca de la platería de Taxco y el de Cécile Gouy-Gilbert dedicado a Patamban y Ocumicho. Me impresionó especialmente el primero por la metodología con que capta las variaciones de sentido del trabajo artesanal en la circulación y el consumo. Por primera vez la autora había prolongado su trabajo de campo siguiendo la vida cotidiana de los pintores de amate lejos de sus pueblos de Guerrero, registrando sus interacciones con otras regiones de México, con comerciantes y compradores muy diversos de ellos. Utilicé las contribuciones de ese libro y del de Cecile Gouy-Gilbert, Ocumicho y Patamban, que profundizaba el contraste entre los modos de ser artesanos en ambos pueblos, en mi estudio sobre hibridaciones.

¿Por qué volver a escribir sobre artesanías y fiestas, asuntos que han motivado menos renovación que muchos otros en el pensamiento antropológico? Me parece atractivo considerar la diferencia entre lo que era este objeto de estudio en aquel paisaje cultural y lo que significa ahora, o sea hablar de las razones por las cuales las artesanías y las fiestas, vertebrales en las culturas populares de aquel momento, ya no lo son. Aunque algunos estudios de los últimos años pretenden que habría “cierto consenso” en las ciencias sociales de América Latina “en torno a que la artesanía constituye el referente material más palpable de la cultura popular” (Albornoz, 1996), tanto las cifras de venta como las etnografías sobre el consumo de música y productos “populares” mediáticos obligan a reconsiderar esa afirmación (de Carvalho, Ochoa, Yúdice). Son incomparables los volúmenes de venta artesanal con las sumas movilizadas en inversiones y ganancias por los megafestivales de world music y los discos y videos que los acompañan. La propia evolución de las artesanías, ahora ofrecidas a menudo como parte de paquetes turísticos, junto a la gastronomía, las músicas étnicas industrializadas y otros bienes “de sabor local”, incita a revisar el lugar de esos objetos tradicionales y su interacción con la cultura masificada.

Varios analistas de las culturas populares se interesaron por este libro en el momento inicial (Lauer, Littlefield, Prieto, Tavares) porque exploraba, además de la función y el significado de las artesanías en la comunidad que las producía, la migración de esos objetos —a veces de sus creadores— cuando eran vendidas y reimaginadas en mercados urbanos y por turistas. Esos desplazamientos se han intensificado propiciando mayores relaciones interculturales y deslizamientos semánticos. ¿Quién se asombra hoy de que las máscaras decoren departamentos, las cazuelas se conviertan en macetas y los sarapes en sobrecamas? Ya en los años setenta y ochenta del siglo XX algunas artesanías latinoamericanas llegaban a muchas ciudades de Estados Unidos y Europa, por lo cual —aunque todavía no se hablaba de globalización— lo que se sabía sobre transnacionalización tuvo que ocupar un lugar en estos análisis.

Ahora disponemos de más herramientas para comprender la reinserción extracomunitaria y más difusa de las artesanías, fiestas y otras manifestaciones de cultura local. Trascendieron las fronteras nacionales y se entremezclaron con culturas de otros países y continentes, y por supuesto con objetos y repertorios simbólicos transnacionales, que a veces fueron achicando el espacio de los bienes y mensajes particulares de cada territorio. Un antropólogo brasileño, Renato Ortiz (1998), acuñó la fórmula “cultura internacional-popular” para designar este nuevo proceso globalizado que, como sabemos, a menudo logra fuerte arraigo en la cotidianeidad local.

¿Tiene sentido, entonces, seguir hablando de culturas populares? Por supuesto, continúan existiendo procesos socioculturales como los que describe este libro y los de Good Eshelman y Gouy-Gilbert: apropiación desigual de los bienes económicos y culturales, comprensión y reproducción subordinada de las propias condiciones de vida, movilización en torno de las artesanías y fiestas de recursos étnicos o locales (relaciones de parentesco, sistema de cargos) para resistir la fuerte extracción de excedentes económicos y buscar alternativas a la migración.

Me sigue pareciendo preferible designar las culturas generadas en esta situación como populares y no como orales o tradicionales, fórmulas que aún inducen la reducción de lo popular a un rasgo que suele ser visto como esencial. A la vez, considerar a las culturas como populares y no como tradicionales ha permitido superar la visión de las artesanías y de costumbres antiguas como “atrasos” o “supervivencias” equivocadas de siglo.

Pero además percibo otro valor en la noción de culturas populares: sirve para registrar procesos de subalternidad o exclusión que no se eliminan en la globalización. En tanto esta no es simple interdependencia económica y comunicativa entre las culturas locales con la finalidad de homogeneizarlas, necesitamos seguir hablando de culturas populares para entender la producción diversa de lo local y la desigual masividad de los intercambios simbólicos.

Por estas razones, el texto original permanece casi idéntico en esta nueva edición. Algunas propuestas teóricas han tenido, obviamente, desarrollos más satisfactorios que los elaborados en la primera publicación, por ejemplo al explicar transformaciones culturales globalizadas y no de simple transnacionalización. No quise remendar la escritura con citas de lo que yo mismo intenté repensar en trabajos posteriores, sobre todo en el libro La globalización imaginada. Si el asunto del presente libro fueran las industrias culturales, hubiera sido indispensable rehacer el texto. En el caso de las artesanías y fiestas tradicionales, aquella ubicación de lo local en una teoría de la transnacionalización no pierde pertinencia debido a que la circulación un poco mayor de las artesanías gracias a Internet y la atracción de más turistas a las fiestas expanden las relaciones interculturales pero no modifican mucho la estructura de la producción ni los intercambios.

He intervenido unas pocas veces el texto anterior para corregir afirmaciones que merecieron críticas. Michel y Monique Pinçon cuestionaron en su reseña la atribución de acciones y responsabilidades al capitalismo, como si fuera un actor social, “una entidad capaz de fijar sus propios fines” (Pinçon y Pinçon, 1985: 178). Por eso, en el primer capítulo, una frase que decía “El pensamiento liberal juega al ajedrez con distintas piezas y estrategias variadas…” cambió a “En el pensamiento liberal se juega al ajedrez…” Asimismo, al describir en el capítulo cuarto cómo la homogeneización mercantil de las artesanías convierte lo étnico en típico, decía que “el capitalismo no solo desestructura y aísla: también reunifica, recompone los pedazos desintegrados en un nuevo sistema: la organización transnacional de la cultura”; ahora se leerá que “Esta lógica de interacciones sociales no solo desestructura y aísla… “

Suprimí, también, algunas frases introductorias al pensamiento de Pierre Bourdieu, necesarias hace veinte años cuando este autor comenzaba a conocerse en español y que hoy son prescindibles al utilizar sus aportes sobre el capital cultural y el habitus.

La reflexión en la que quiero detenerme ahora va dirigida a extraer lo que el análisis de las culturas populares —en la doble acepción antes señalada— puede ofrecernos para repensar las interacciones entre capitalismo y cultura. Enuncio brevemente dos hipótesis:

1. la globalización, entendida como intensificación de las dependencias recíprocas en la economía, las tecnologías y las culturas, es el estado prevaleciente del mundo al comenzar el siglo XXI;

2. la perseverancia de las diferencias y la asimetría de las integraciones hacen que, en la globalización, las culturas populares y locales no desaparezcan ni puedan seguir siendo lo que fueron, ni oponiéndose a los sectores hegemónicos como en las formas anteriores de subalternidad. Las diferencias no existen intrínsecamente, ensimismadas, sino reformuladas desigual y diversamente por los movimientos globalizadores.

Para examinar las actuales condiciones de las culturas populares necesito recordar brevemente el análisis que hice en otro texto sobre la reubicación de los productos de las culturas locales y populares en los mercados transnacionales. Se trata de tener en cuenta cómo se reformularon las nociones de pueblo, popular y popularidad (García Canclini, 2001: capítulos 5 y 6). Luego, trataré de ir más allá de aquellas distinciones.

La noción de popular refería hasta hace pocas décadas, en los países latinoamericanos, a productos artesanales. Las formas tradicionales de economía indígena y campesina, así como sus simbólicas regionales, sirvieron de sustento a la conceptualización temprana de las culturas populares. Las artesanías de barro, de madera y textiles tuvieron un papel significativo en el desarrollo de muchos países (Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú) durante el periodo en que la industrialización era el núcleo estratégico del desarrollo capitalista. A diferencia del modernismo evolucionista que veía las artesanías como una producción aparentemente anacrónica, su larga persistencia junto al desarrollo industrial, así como su consumo nostálgico por parte de sectores urbanos, contribuían a entender algo medular del capitalismo.

Los avances realizados en el estudio de este campo en los años setenta y ochenta indicaron cuatro razones por las cuales la modernización del desarrollo económico no elimina las culturas populares tradicionales: a) la imposibilidad de incorporar a toda la población a la producción industrial urbana; b) la necesidad del mercado de incluir las estructuras y los bienes simbólicos tradicionales en los circuitos masivos de comunicación, para alcanzar aun a las capas populares menos integradas a la modernidad; c) el interés de los sistemas políticos por tomar en cuenta el folclor a fin de fortalecer su hegemonía y su legitimidad, como referencias históricas de la creatividad nacional; d) la continuidad en la producción cultural de los sectores populares.

Las artesanías fueron modificándose al pasar, en la segunda mitad del siglo veinte, de autoabastecer comunidades tradicionales a convertirse en un recurso para obtener ingresos en ámbitos urbanos, y también en relación con turistas y con la exportación. Los folcloristas y antropólogos que no tomaron en cuenta esos procesos, así como los museos, las políticas gubernamentales y de ONG que se estacionan en las modalidades arcaicas de estos objetos, aíslan comunidades locales o grupos étnicos, seleccionan sus rasgos tradicionales y reducen las explicaciones a la lógica interna del pequeño universo analizado. Por eso, su recolección de datos sobre los aspectos “puros” de la identidad local presta atención únicamente a lo que diferencia a ese grupo de otros y pretende resistir la penetración occidental o moderna. Ese tipo de pensamiento se retrae ante los conflictos contemporáneos y no logra explicar las formas en que las etnias o los grupos tradicionales reproducen en su interior el desarrollo modernizador capitalista, se subordinan —no siempre de mala gana— y construyen con él formaciones mixtas.

La segunda noción de lo popular, entendida como popularidad, o sea la que prevalece en los últimos veinte años, está ligada a la industrialización de la cultura y su difusión masiva. En rigor, al mercado y a los medios no les importa lo popular sino la popularidad. No les preocupa guardar lo popular como cultura o tradición. Más que la formación de la memoria histórica, a la industria cultural le interesa construir y renovar el contacto simultáneo entre emisores mediáticos Y millones de receptores. El desplazamiento del sustantivo pueblo al adjetivo popular, y por fin al sustantivo abstracto popularidad, es una operación neutralizante de los sujetos que padecen el orden hegemónico.

Hay que agregar que, bajo la lógica globalizadora, aquello que se juzga “popular” deja de tener relación estricta con un territorio. Por lo mismo, la definición comunicacional de popular abandona también el carácter ontológico que le asignó el folclor. Lo popular no consiste en lo que el pueblo es o tiene en un espacio determinado, sino lo que le resulta accesible, le gusta, merece su adhesión o usa con frecuencia. Dada la tendencia a expandir los mercados, lo que se produce en un país debe interesar a los habitantes de otros. “Lo que se lleva” en la ropa puede combinar batiks africanos o hindúes, encajes que evocan mantones españoles u otros referentes de latinidad, colores tropicales y jeans que ya pueden ser de cualquier parte. “Lo que se oye” en música depende más de los gustos en que se socializaron distintas generaciones que de la región en que esas melodías fueron “populares”: boleros o tangos para los adultos, rock-pop para los jóvenes, tecno para los adolescentes. También las referencias étnicas han sido globalizadas por las modas, más que por su significado político-cultural por su valor de mercado en distintas épocas. Así, lo afroamericano, “popular” en los años setenta, fue desplazado en las dos últimas décadas por lo latino.

Esta parcial desterritorialización y desetnización de las culturas populares no es, como a veces oímos, simple efecto de la industrialización de la cultura, ni de la norteamericanización de las sociedades. Sus cambios de función y significado derivan, asimismo, de otras transiciones específicamente culturales ocurridas en escalas amplias: tienen que ver con las maneras en que pasamos de lo oral a lo letrado, y de este a lo visual; de lo local a lo nacional y ahora a lo global; de lo visual a lo informático; de lo oral textual a lo musical. Estos cambios tecnológicos y socioculturales han contribuido a reconfigurar la economía simbólica del capitalismo. Por tanto, los desplazamientos de las artesanías y de otros fenómenos locales o étnicos deben ser reexaminados como parte de la orientación neoliberal de los mercados y también en el marco de recomposición cultural y comunicacional de la vida en los sectores populares. No se entienden si optamos por una sola de estas perspectivas.

Cabe señalar que el desplazamiento de lo artesanal a lo musical mediático y de lo local a lo global no aleja tanto a los nuevos trabajadores de la cultura de las condiciones precarias de las economías tradicionales. Los músicos sufren alteraciones de sus productos y de su propiedad intelectual semejantes a las de muchos artesanos, y por cierto a lo que describí hace un momento que sucedió con este libro. Discos emblemáticos de culturas latinoamericanas, por ejemplo la obra de Milton Nascimento y Fernando Brandt grabada en los años 70 por la editorial Arlequina, pertenece ahora a EMI; sambas cantadas por Clara Nunes, piezas como “Pelo telefone” y “Carinhoso”, valoradas como fundadoras de la canción popular brasileña, son propiedad de empresas estadounidenses. “Y hasta Hermeto Paschoal —escribe José Jorge de Carvalho—, quizás nuestro músico popular más original y autónomo, para tocar su música en conciertos tiene que pedir permiso a una de las majors… si no quiere caer en la ilegalidad de ser acusado de piratearse a sí mismo” (Carvalho, 2002).

La producción actual de lo popular

Estas ideas y vueltas de las culturas populares y de su potencialidad económica, cultural y política, pueden llevar a una reconsideración teórica y política de su lugar en las sociedades actuales:

1. El desarrollo capitalista opera a la vez por apropiación, subordinación, resemantización y exclusión de diversos aspectos de las culturas populares. El carácter asimétrico y multitendencial del sistema hegemónico en su tratamiento de las culturas populares continúa, aunque transformándose, de acuerdo con la lógica globalizadora y del desarrollo tecnológico. Una de las características de la presente etapa es que la apropiación y subordinación actúa menos sobre los objetos, por ejemplo las artesanías, que sobre las músicas y las imágenes transmisibles audiovisual y electrónicamente. Es por eso que en estos últimos circuitos se efectúan las operaciones predominantes de valorización de las culturas populares, resemantización y refuncionalización en nuevos contextos y circuitos.

2. La subordinación de las culturas populares se manifiesta no solo en la posición subalterna respecto a los grupos que controlan económica y culturalmente el desarrollo, sino también porque los sectores populares se posicionan significativa y productivamente respecto de lo que es hegemónico en cada etapa del capitalismo: en la época de industrialización el contraste se dio con la producción artesanal; en tiempos de la cultura letrada con la oralidad; cuando predomina la cultura audiovisual, la confrontación ocurre con la producción musical de los sectores populares, con sus diseños y con su expresividad en la estilización de lo cotidiano. Por eso, el lugar que antes ocupaban las artesanías en el desarrollo cultural, como referentes populares, en los últimos años lo ocupan músicas populares y telenovelas.
La reutilización de lo artesanal, étnico y nacional en circuitos globalizados se aprecia claramente en la música desde la producción hasta los modos de consumo, pasando por las temáticas o narrativas. Así como en este libro analizamos el modo en que la comercialización diluyó las marcas étnicas en etiquetas nacionales (la alfarería purépecha, los tejidos tzeltales y las máscaras zapotecas se unificaban como “artesanías mexicanas”), ahora las melodías de varios grupos indígenas pueden convertirse en “música mexicana”, y las de distintas naciones caribeñas (cubanas, colombianas, dominicanas y mexicanas) se difunden como “música tropical”. Con una versatilidad que las artesanías no han llegado a tener, melodías étnicas de continentes alejados son presentadas como “músicas del mundo” (world music).

3. La posibilidad de que las culturas populares potencien su lugar y transformen su posición depende de que logren actuar no contra el desarrollo capitalista en abstracto, ni buscando alternativas fuera de él, o en etapas anteriores, sino comprendiendo lo que les ocurre en la economía actual de la cultura. A partir de esa comprensión es posible ensayar cambios en lo que el desarrollo globalizado hace con las culturas populares. Por ejemplo: reducir la apropiación heterocontrolada, la subordinación económica y simbólica, y evitar la exclusión, en beneficio de una participación más productiva en las tendencias hegemónicas del desarrollo. Esto quiere decir, entre otras cosas, que quizá fomentar las políticas artesanales no es lo decisivo si la industrialización material no es la tendencia prevaleciente. Sin duda, tiene sentido estudiar y promover las artesanías y las tradiciones folclóricas, porque son importantes para ciertos grupos y porque nos hablan del espesor histórico de nuestras sociedades. Pero la política cultural con las producciones populares no puede detenerse en una perspectiva tradicionalista y localizada. En la medida en que se espera de las culturas populares que sean lo otro de lo hegemónico, es razonable que sean las músicas y narrativas populares las producciones más apreciadas e incorporadas a los mercados comunicacionales y a la economía actual de lo simbólico. En los últimos años, algunos movimientos populares han logrado aumentar su eficacia política al hacer trascender sus demandas y articularse solidariamente con grupos de otros países gracias al video e Internet. La producción de localidad y de popularidad depende tanto de afirmaciones territoriales como de conexiones, intercambios y debates en comunidades imaginadas translocales.

Deseos globalizados de comunidad

Situar a las culturas populares como parte de la lógica expansiva y subordinadora del capitalismo significaba, hace dos décadas, negarse a considerarlas anteriores a este modo de producción, según se hacía en el folclor. Ni tampoco en sus orillas, como había ocurrido en los estudios sobre marginalidad. También hoy las culturas populares —las tradicionales y las industrializadas— subsisten, crecen o decaen dependiendo de las funciones que cumplen en la reproducción social, la división del trabajo y las distinciones del consumo. Sin embargo, los procedimientos de exclusión acentuados por las políticas neoliberales estrechan su reconocimiento, agravan la desposesión de los bienes y significados de los sectores subalternos, y a veces expulsan de los intercambios globales a pueblos enteros.

La disminución de dispositivos protectores de los Estados, desde los subsidios y préstamos de organismos tipo FONART hasta la reducción de presupuestos culturales, hace vivir a amplios sectores campesinos, obreros y artesanales la competencia internacional como una desglobalización. Las culturas locales pierden sustrato económico y social, muchos de sus miembros emigran, quedan menos para reproducir tradiciones y habilidades, memorizar relatos o músicas.

Los artesanos y danzantes siguen estando en las franjas más desamparadas de la pobreza. Sin salarios regulados ni seguridad social, con bajo acceso a la educación y al conocimiento de las complejidades e innovaciones de los mercados: “¿alguien ha oído hablar de un artesano que se pueda jubilar, cobrar indemnización por accidente de trabajo o pensión por incapacidad?” —pregunta Victoria Novelo (1999: 166)—. Una de las novedades que traen las últimas décadas en la reubicación de este sector, es que ahora una enorme parte de los trabajadores industriales y de servicios “modernos” comparten esa inestabilidad. Aun las clases medias, los profesionales asalariados, los músicos contratados por televisoras transnacionales y los autores maltratados por los editores, estamos descubriendo nuestra condición “popular”.

La conclusión de este libro señalaba que, en tanto la opresión de los indígenas es compartido por los demás sectores populares, y como los movimientos étnicos no pueden cambiar solitariamente el sistema global, la única perspectiva de mejorar la condición de los artesanos, danzantes y otros productores culturales es articularse con obreros, campesinos y demás grupos subalternos. Esa propuesta de frente popular, desacreditada durante los años noventa del siglo XX junto con las aspiraciones socialistas, resurge con nuevo formato.

En Brasil, en el área andina y en Mesoamérica agrupaciones indígenas realizan acuerdos para defender sus lenguas y tierras, sus tradiciones y recursos de biodiversidad, con otros sectores: ecologistas, estudiantes, médicos y antropólogos. Durante junio de 2001, por ejemplo, 180 organizaciones civiles de 15 países de América y Europa se reunieron en Chiapas en un Seminario por la Biodiversidad Cultural y Biológica. La escala global de la biopiratería, o sea la inversión de millones de dólares por parte de transnacionales farmacéuticas para estudiar plantas medicinales, apropiarse de recursos y conocimientos de los pueblos, patentarlos y explorarlos, indica la necesidad de construir alianzas también transnacionales entre los sectores populares para conseguir legislaciones protectoras y medidas políticas que garanticen el uso sustentable de la naturaleza y la cultura, con participación de las comunidades locales.

Otros sectores interesados en esta solidaridad son los migrantes y desempleados, cuya masiva dependencia de lógicas y aventuras transnacionales coloca su inseguridad en el trabajo y en el acceso a beneficios modernos ante semejantes “injurias de clase” y “conexiones de carácter” (Cobb y Sennett) que las sufridas por artesanos y creadores populares. No es casual que algunos relatos e imágenes populares recogidos en este libro y en tantos otros hablen desde los viajes y el desarraigo, expliquen “lo propio” desde lugares extraños. Hace veinte años todavía la narrativa desarrollista presentaba la industrialización como el incontenible avance moderno que iba a acabar con las artesanías, y a las industrias culturales como sustitutos de las fiestas en que se demoraba el tradicionalismo. Ahora también las fábricas son fugaces, sus puestos de trabajo pueden aparecer y esfumarse en pocos años. El último vanguardismo tecnológico fue el de la nueva economía basada en la ciberproducción y el ciberconsumo. Pero descubrimos que también los inversores y trabajadores en este campo hacen “la experiencia de un tiempo desarticulado que amenaza la capacidad de la gente de consolidar su carácter en narraciones duraderas” (Sennett: 30). Después de estudiar varios casos de inestabilidad laboral, como los 40.000 empleados y técnicos de IBM despedidos a fines de los noventa cuando esta empresa perdió su competencia con Microsoft, Richard Sennett observa que este neocapitalismo refuerza “el valor del lugar y ha despertado un deseo de comunidad”. Su descripción de cómo “las incertidumbres de la flexibilidad” laboral, “la ausencia de confianza y compromiso con raíces profundas” y la “superficialidad del trabajo en equipo” impulsan a muchos estadounidenses a autoprotegerse en un “nosotros comunal” (Sennett: 145) recuerda lo que experimentan los artesanos y migrantes, cuando regresan a sus pueblos para cooperar en las fiestas y reafirmar su pertenencia.

Como en otros campos socioeconómicos, para mejorar las condiciones de producción y de vida se requiere —además de la solidaridad intercomunitaria o laboral— que los Estados protejan los derechos de los productores culturales y favorezcan su trabajo y la comercialización de los bienes. Los estudios de los últimos años reiteran la importancia de apoyar a los artesanos en el abastecimiento de materias primas y herramientas, capacitarlos en diseño y técnicas a fin de calificar su producción y reducir el peso de los intermediarios. En vista del bajo nivel escolar de los artesanos, la preparación técnica y la comprensión de los procesos de comercialización nacional e internacional es clave para situarlos más competitivamente. La misma recomendación es pertinente para otros productores de cultura popular, por ejemplo danzantes y músicos. Promover investigaciones sistemáticas sobre la economía de estos campos culturales, también responsabilidad de los organismos estatales, contribuirá a aumentar la productividad y elevar la valorización de estos bienes. Es obvio que llegar a los mercados internacionales requiere identificar los posibles demandantes y sus hábitos culturales, los canales de distribución, las ferias y los festivales de otros países, los requisitos de participación y modos de comunicación intercultural, o sea estudiar la posible proyección cultural externa de cada país: esta exploración, casi inexistente en América Latina, solo la encontramos en relación con las culturas populares en publicaciones de Colombia (Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 1999).

El encuentro de las artesanías con Internet no ha aumentado espectacularmente las ventas de esos objetos, ni modificado la condición económica y cultural de sus productores. Desde el punto de vista discursivo, el aspecto curios de las artesanías se incrementa al verlas anunciadas en la pantalla de la computadora con mensajes que las asocian a certezas ultramodernas. Si compras águilas o delfines de madera, cerámica poblana y cualquier otro producto con tu tarjeta de crédito a Artesanías del Sol, The Mexican Handcraft Place, te las enviarán con certificación digital, “encryption technologies” y SSL, o sea “Secure Socket Layer”. Crece la fascinación ante el hecho de que tantas garantías vengan en página web ofreciendo, como dicen los sitios electrónicos, artesanías “no sujetas a la producción en serie”, “productos hechos a mano, con paciencia y misticismo” (<www.oaxaca.gob.mx/sedetur/index-artesanias.html>).

Contrasta la experiencia de consultar estas páginas electrónicas con lo que encontré al volver a Michoacán, en febrero de 2002, y ver algunas obras de Ocumicho que comentan los acontecimientos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 2001. Ya había registrado en la primera etapa de la investigación que en ese pueblo purépecha, al que se llegaba entonces por camino de tierra, las alfareras situaban sus diablos míticos en cabinas telefónicas, piloteando aviones y viajando en autobuses que anunciaban “México-Laredo”, el recorrido de los migrantes a Estados Unidos. En Culturas híbridas revisité sus trabajos y vi que mezclaban cada vez con más libertad serpientes y casas purépechas con escenas bíblicas, eróticas y mediáticas. La repercusión internacional lograda por estas obras de factura “primitiva”, en las que diablos de aspecto rural aparecían en techos de trenes, en hospitales urbanos, peleando con policías y haciendo el amor con sirenas, mostraba sus modos de reírse y “demonizar” celebratoriamente sus intercambios con la modernidad. Como si la apertura burlona, a veces crítica, a los símbolos y prácticas modernas los afirmara mejor en lo propio que la repetición encapsulada de tradiciones.

Presenté también en ese libro lo que diez alfareras hicieron cuando Mercedes Iturbe, directora del Centro Cultural de México en París, les llevó en 1989 imágenes clásicas de la Revolución francesa y les propuso que hicieran con su lenguaje plástico interpretaciones propias. Virginia Pascual realizó una caricatura de María Antonieta, Guadalupe Álvarez metió a los diablos en la Toma de la Bastilla, Antonia Martínez se ocupó de “arreglar” el aguafuerte anónimo Bombardeo de todos los tronos de Europa y caída de todos los tiranos para la felicidad del universo, Carmela Martínez mostró cómo El verdugo se guillotina a sí mismo. Estas indígenas no sabían mucho de la revolución francesa, pero tenían memoria de los horrores realizados por la conquista española, los vividos en la revolución mexicana y la contrarrevolución cristera, hasta las represiones de los gobiernos recientes.

Luego de los acontecimientos de septiembre en Nueva York encontraron tema para reinsertar una vez más su sofisticada iconografía diabólica en las contradicciones modernas. La obra de Natividad González Morales —que reproduzco aquí— las dos torres representativas de la alta tecnología disminuidas por la figura de la muerte más alta que ellas y la tosca representación de barro que las somete a una especie de estética de autoconstrucción, obtuvo el tercer premio en el concurso artesanal de Michoacán de comienzos del 2002. No es la primera pieza que representa estos hechos. Un funcionario de la Casa de las Artesanías de Morelia, donde se hizo el concurso, me contó que inmediatamente después del ataque a las torres varias artesanas comenzaron a construir su diálogo con el discurso mediático sobre estos hechos, pero antes no quisieron premiarlas “para que no pensaran que este tema era un modo fácil de explotar lo que había ocurrido”. No es esa derivación la que uno prevé cuando ve que la obra coloca a Bin Laden en la silla eléctrica, entre las dos torres, y en cada lado una tumba con la bandera mexicana y otra con la estadounidense (de los 16 mexicanos muertos en las torres, cuatro eran michoacanos). Más bien me incita a pensar en la cercanía con que siguió este drama, y sus derivaciones bélicas, un pueblo dividido entre sus residentes locales y los emigrados, entre lo que los amenaza y la capacidad de reelaborarlo artística y políticamente. ¿Es posible, ante obras semejantes, seguir escindiendo la cultura popular tradicional y la mediática, lo doméstico y lo global?

Bibliografía

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Benavides, Ernesto Orlando 1997 Comportamiento de las exportaciones de las artesanías colombianas 1972-1992 (Bogotá: Artesanías de Colombia).

Carvalho, José Jorge de 2002 “Las culturas afroamericanas en Iberoamérica: lo negociable y lo innegociable” en García Canclini, Néstor (coord.) Culturas de Iberoamérica. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural (Madrid/México: OEI/Santillana).

Ejea, María Teresa 1998 “El sutil encanto de las artesanías: usos en la ciudad”, en García Canclini, Néstor (coord.) Cultura y comunicación en la ciudad de México (México: Grijalbo).

García Canclini, Néstor 1999 La globalización imaginada (Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós).

García Canclini, Néstor 2001 Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (Buenos Aires: Paidós).

Instituto Colombiano de Comercio Exterior 1999 Guía para exportar artesanías e identificación del oficio artesanal para la determinación de origen en Colombia (Bogotá: Incomex, Artesanías de Colombia).

Novelo, Victoria 1999 “Las artesanías mexicanas, hoy”, en Aguilar, Encarnación (coord.) El patrimonio etnológico: nuevas perspectivas de estudio (Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico/Fundación Machado).

Ortiz, Renato 1998 Otro territorio: Ensayos sobre el mundo contemporáneo (Bogotá: TM Editores).

Pinçon, Michel y Pinçon, Monique 1985 «Las culturas populares en el capitalismo» (reseña) en Revue Française De Sociologie (París) Vol. 26, Nº 1, enero-marzo.

Street, John 2000 Política y cultura popular (Madrid: Alianza).

* García Canclini, Néstor 2002 “Introducción a la edición de 2002” en Las culturas populares en el capitalismo (Buenos Aires: Grijalbo).

Incisiones desde el sur

Rodolfo Kusch

Una lógica de la negación
para comprender a América

Es corriente creer que la solución de nuestros problemas habrá de surgir recién al cabo de una aplicación rigurosa de habilidades científicas adquiridas en otros continentes. Al cabo de andar por América, y ver muy dignos, aunque evidentes, fracasos en este sentido, caemos en la cuenta que la cuestión no radica en la importación de ciencia, tanto como en la falta de categorías para analizar, aun científicamente, lo americano.

Entra como componente significativa en nuestra mentalidad colonizada una cierta ceguera que no nos deja ver qué ocurre con América, porque es muy probable que la cuestión no esté en ella sino en nosotros, ya que nos falta la fe y no tenemos las categorías necesarias para comprenderla.

De ahí entonces esta lógica de la negación. Es un ensayo para ver desde un ángulo imprevisto lo americano, para captar todo su peso, hasta ese punto donde lo que ocurre en nuestro continente violente las pautas culturales de nuestra pequeña burguesía tan empeñada, sospechosamente, en reformar algo que tiene demasiada consistencia para ser alterado.

Ante todo cabe hacer notar que la negación no está tomada aquí en su sentido matemáticamente estricto, sino más bien en su semántica. Una cosa es utilizar la afirmación y la negación dentro de la lógica proposicional, con sus leyes apriorísticas, y otra lo es cuando se las toma desde el ángulo existencial.

Varía entre ambas propuestas el sentido de la verdad. Porque si en el primer caso esta consiste en una coincidencia entre pensamiento y realidad, en el segundo la verdad es entendida en su sentido ontológico como vinculada con el ser del existente.

Pero no obstante estas aclaraciones, estoy convencido que las afirmaciones matemáticas, pese a su apriorismo lógico, no están exentas de una cierta carga existencial. Esta por su parte les confiere una semántica, según la cual decir sí o decir no hace en gran medida al ser de lo existente mucho más que al apriorismo lógico.

Esto se advierte en la observación que hace el matemático Brouwer cuando señala la dificultad que media en pasar de la negación a la afirmación. “Entre lo que se ha demostrado falso y lo que se ha comprobado verdadero hay un lugar para lo que no está ni verificado ni reconocido absurdo”. En cambio afirma que la verdad de una proposición implica la negación de su falsedad. Y esto ocurre así porque la verdad lógica en el sentido de Brouwer, es una verdad que apunta a la posibilidad de decir sí, de afirmar, lo cual es propio de la ciencia. La prueba está que Hilbert reacciona creando la meta-matemática como teoría de la demostración. Se trataba de decir siempre sí, y de residualizar todo lo que se vincula con el no.

Según esto el afán de matematizar del pensamiento moderno occidental responde al deseo de delimitar, o de señalar, como si hubiera una urgencia de afirmar lo que realmente y no aparentemente se da, así como que eso que se da esté fundado a priori. Lo que no se da realmente es entonces residualizado con la negación a modo de desecho que no cumple con la instancia de la afirmación.

Es el motivo por el cual la lógica sirve a la exigencia de la ciencia, en tanto ella se construye con un cúmulo de afirmaciones. A su vez se afirman cosas, porque no hay ciencia sin objetos. Esto hace a la índole de Occidente, porque si es creadora de ciencia es porque no ve sino objetos. ¿Será este un defecto epistemológico de Occidente?

Si la matemática apunta a la afirmación no dice todo lo que hay que decir de la verdad, porque se le escapa la verdad ontológica. Todo lo que hace a la ontología invierte a la verdad matemática. ¿Es que cabe pensar entonces que si a la matemática le corresponde una lógica de afirmación, a la ontología en cambio le es propio una lógica de negación? Veamos.

Yo existo en cuanto tengo un intuición de la totalidad, o sea de ser y esa es toda mi verdad y la afirmo. Exijo entonces la verdad que es la plenitud de ser. Y existo en tanto hago proyectos para afirmar el ser. Existir implica ser posible. No puedo existir si no convierto mi existir en proyectos.

Ahora bien, utilizo un proyecto en tanto cruzo la calle y proyecto la posibilidad de cruzarla, o también cuando proyecto para mi madurez la obtención de un título universitario, o, si soy hechicero, cuando recurro a un ritual para cumplir con mi posibilidad de ser. Ese proyecto participa de la totalidad de ser. En el fondo no interesa si este se realiza o no. Mi vivir está montado sobre su realización y ante todo sobre el supuesto de que esto es posible. Y esto, a los fines del vivir puro, basta. En esto no entra la propuesta científica. ¿Por qué?

Porque parto del axioma de que existir es estar en la falsedad, esa que corresponde a las circunstancias que se oponen a mi proyecto de ser. Dijimos que vivir es requerir la totalidad de ser. Ahí media el proyecto. Todo lo que haga en mi vida lo haré con una firmeza lógica, pero desde la falsedad de la circunstancia, o sea lo haré en un sentido simétrico e invertido a la proposición de Brouwer. Si él afirma que en ciencia no hay continuidad entre lo falso y lo verdadero, yo existo como si la continuidad se diera. La afirmación de la verdad está colocada como una totalización de mi ser a partir de la negación de las circunstancias.

A su vez existen muchas totalizaciones. La puedo lograr en la brujería, como ejecutivo de una empresa, o como religioso. Lo puedo hacer como mahometano, como quechua o como aymara. ¿Por qué? Pues por la propuesta cultural. La razón profunda de ser de una cultura es la de brindarme un horizonte simbólico que me posibilita la realización de mi proyecto existencial. La cultura reglamenta mi totalización correcta, y es correcta aun cuando la totalización se dé a nivel de simple brujería. Además es tan correcta la totalización en la cultura aymara, como en la quechua o en la occidental.

El punto de arranque para esto es el puro existir o, como podríamos llamarlo en América, el puro estar, como un estar aquí y ahora, asediado por la negación o sea por las circunstancias. Y esto lleva a un axioma. Si vivo la falsedad y quiero lograr la verdad de ser, si la lógica de vivir es una lógica simétricamente invertida a la lógica científica, cabe afirmar que la lógica como ciencia, o la ciencia misma son apenas un episodio de la lógica del vivir.

En suma existo, luego pienso y no al revés. Por eso la verdad matemática es solo un episodio de la verdad ontológica. La pretensión occidental en este sentido, de encontrar una ciencia universal es falsa. En vez de ciencia se puede hablar apenas de una actitud metódica. Además, como el existir es básico lo único universal es el existir mismo.

Esto por su parte hace que el trabajo social no pueda en América ser una actividad respaldada por el conocimiento científico. Ciencia supone un enfrentar el objeto a partir del sujeto de acuerdo con una lógica de la afirmación. Pero en los fenómenos sociales no intervienen objetos sino sujetos. No son cosas las que tengo delante, sino algo que tiene existencia. De ahí que lo que cabe al trabajo social es, ya no el conocimiento desde una lógica de la afirmación, sino la comprensión que solo se logra por una lógica de la negación. No me interesa ya cómo hace el brujo un ritual, sino el hecho de que ponga en este su proyecto de ser. Con esto el trabajo social se hace a-científico en el sentido corriente. Si se sigue insistiendo, es porque detrás del trabajo social hay un interés político de convertir el sujeto observado en cosa. En ese caso el trabajo social servirá para traducir sujetos en objetos-cosas, o sea en ver al brujo como cosa y a esta cosa como susceptible de transformación a fin de someterla al uso de la pequeña burguesía, lo cual no es posible.

Esto lleva a una seria duda sobre la posibilidad en general del trabajo social. Se trabaja en general sobre algo y no hay un algo en lo social, como dijimos, sino sujetos que existen. Es más, si transformamos el conocer en comprender todo cambia. Cuando se comprende se sacrifica todo respaldo científico. Comprender supone sacrificar al sujeto que comprende, e implica ser absorbido o condicionado por el sujeto comprendido, pone sus pautas a mí como observador. No hay entonces trabajo social. Entonces si asisto a un ritual de un brujo y lo comprendo, este me implica.

Quien trabaja es el brujo sobre mí, y no yo sobre el brujo. Este en tanto es comprendido brinda toda la solidez existencial de su quehacer ritual, afianza con ello su cultura o sea pone al desnudo no su brujería sino su ser posible. Por eso cabe afirmar que si a partir de una lógica de la afirmación yo quiero modificar la brujería, desde el ángulo de una lógica de la negación, el brujo modifica mi pauta cultural occidental, o sea en este caso mi prejuicio sobre la brujería.

¿Por qué ocurre esto? Pues porque la comprensión apunta a la aprehensión de la esencia del existir del sujeto comprendido, o sea de su ser posible. Comprender la existencia de un sujeto es captar el mecanismo central de todo existir, cuya finalidad fundamental es su posibilidad de ser en el propio horizonte cultural. Existir es ser posible, proyección de ser y ser es totalización, según una lógica de negación que me lleva de la negación a la afirmación de ser, a la inversa de lo propuesto por Brouwer para la matemática.

No hay existente sin una intuición de la totalidad de ser. Si vivo en una villa miseria o soy un indio aymara me acompaña siempre una intuición de la totalidad como posibilidad y dentro del horizonte de una cultura propia. Es el poder ser esencial que da sentido al existir. Y frente a este poder ser ¿qué remedio queda al trabajo social sino someterse al proyecto del brujo, a su negación que hace la razón de ser que lo hace vivir?

Veamos algunos ejemplos. En Eucaliptos, una localidad situada a 80 kilómetros al norte de Oruro en Bolivia, asistí a un ritual que servía para sacralizar un camión recién comprado. Se lo colocaba entre dos construcciones. Una se denominaba Gloria, y la otra Anchanchu. Una era fasta, vinculada al dios cristiano y la segunda nefasta, de vieja data en la cultura aymara. El camión, desde el punto de vista de lo dicho más arriba, era consecuencia de una lógica de la afirmación, porque es cosa, objeto. Pero su instalación entre las dos construcciones solo es comprensible a partir de una lógica de la negación. Gloria y Anchanchu parten de la falsedad original del existir y sumergen al camión en un horizonte simbólico condicionado por la cultura aymara. Simbolizan el requerimiento de una verdad del existir. Esta verdad sobrepasa al camión. Este representa por su parte una verdad menor y circunstancial. Es más cierta la verdad existencial que el camión. El camión es un episodio dentro de la totalidad del ritual. Lo que vale es el ritual porque ampara la posibilidad de operar existencialmente con el camión. A la inversa de Occidente donde el camión vale por sí mismo, sin ritual. Va en esto una especie de sobrerracionalidad americana que se apoya en la afirmación de esa totalidad. Esto lleva a preguntar al margen: ¿Occidente es en América un episodio y no una totalidad?

Veamos otro ejemplo. Anastasio Quiroga es un hombre de pueblo que llegó a tener cierta notoriedad como folklorista. Había sido pastor de cabras en Jujuy y luego se radicó en Buenos Aires, donde mantuvo una notable pureza de pensamiento. Tenía una interesante concepción del mundo. Por una parte concebía la “natura” como un símbolo sumamente cargado, ya que ella tenía virtudes como la de ser “un libro abierto que decía las esencias de la vida”, o compartimentaba a la naturaleza y la ordenaba: “Los leones con los leones, los tigres con los tigres. Cada uno con su sendita y con su chacrita, su cuevita”.

Por el otro calificaba peyorativamente a la sociedad, porque estaba alejada de la “natura”, como un ámbito temible, despiadado e injusto. “La única perfecta es para mí la natura. No hay sociedad en el mundo que sea perfecta. Que me perdonen todos si me equivoco”. Había sin embargo un grupo humano intermedio que eran los que tenían el don de “natura” y podían curar “incluso por teléfono” el embichamiento de los animales, o sabían comportarse de acuerdo con normas morales.

Quiroga distinguía entonces dos áreas. Por una parte tomaba el elemento simbólico como la “natura” que es inspiradora de energía vital y de moral, y por el otro negaba todo lo que se opone a ella, como ser la sociedad como entidad hostil y nefasta. El universo está ordenado por la “natura” en tanto crea compartimentos naturales, en los cuales se encuadra la acción de todos, tanto animales como hombres. Solo a partir de “natura” logra Quiroga negar lo que se da delante o mejor negaba lo que desde el punto de vista occidental se afirma. Su operar lógico era por la negación. Negaba lo que se daba delante para recurrir a una especie de operador seminal, o sea la “natura”, que le servía para dar sentido al mundo.

Tanto en el ritual de Eucaliptos con el Anchanchu y la Gloria, como la “natura” de Quiroga constituyen una especie de sobrerracionalidad que si hacemos caso a los encasillamientos occidentales tendrá que ver algo con lo emocional. Pero lo emocional es un campo poco abordado por la investigación occidental. Constituye un concepto residual al cual va a parar lo que no es útil y no se somete a una explicación científica.

Lo emocional es en general considerado como lo irracional. Pero a partir de las investigaciones de Jung, pareciera tener una racionalidad propia como que influye en la estructuración de la psique. Sin embargo lo emocional no es una entidad psíquica opuesta, sino que cabe entenderla como un área psíquica en donde lo intelectual o sea la capacidad de delimitación o sea de afirmación a nivel cosas, se va perdiendo gradualmente, pero que no por eso carece de una vigencia energética primordial en todo lo que hace a la integridad del sujeto.

Desde lo emocional, y desde sus capas profundas, brotan los principales sostenes de la vida de un sujeto. En cierto modo el concepto de “natura” de Quiroga surge como un arquetipo ordenador del mundo.

A esto cabe agregar la forma como operaba Quiroga para poner en vigencia esa área así llamada emocional. Su discurso era acompañado por un antidiscurso el cual niega lo dicho, y entre ambos constituirán una trampa lógica, a fin de que lo emocional brindara un término que sirva de operador seminal como lo es el de “natura”. Este no surge del razonamiento proposicional sino a nivel de intuición emocional, y al margen del conocer y del inteligir. Quizá sea por eso mismo que este concepto le servía de elemento de referencia para mantener la vigencia de su posibilidad de ser, puesta en práctica frente a las amenazas de la gran ciudad como Buenos Aires.

Ahora bien, ¿podemos idear un método que se base en la negación, y que consista en invertir el sentido lógico y científico y parta de la negación para entrar en la pregunta total por la posibilidad de ser? Ahí, como es natural, uno no puede delimitar y determinar, sino seguir la orientación dada por esa respuesta para ser. Pero es ahí, en ese campo residual o mejor residualizado por la actitud mental occidental, en donde uno se encuentra con toda la verdad de nuestro existir. Es el estar, que es al fin la tierra virgen sobre la cual he montado mi posibilidad de ser. Ahí se da la seminalidad que orienta mi proyecto para ser y casi siempre con elementos que habían sido descartados por una cultura pública.

Si encontramos a paisanos salteños cantando coplas en una carpa, podemos hacer dos cosas, o tomamos en cuenta simplemente el aspecto delimitativo o sea la copla, o por un método de negación llegar al otro margen profundo de estar, desde donde se da la voluntad de ser de ellos que sostiene el canto de las coplas. Ahí se abren otros condicionamientos de su restante concepción del mundo, incluso el motivo real por el cual dicen las coplas.

Es indudable que un método de negación niega lo meramente dado a nivel perceptivo o de conceptualización inmediata, y llega a la profundidad del fenómeno, o sea va de la mera copla al trasfondo humano. Pero es claro también que, negando así se entra en un campo de indeterminación. Es el campo donde no se dan las determinaciones occidentales a las cuales uno está habituado. Se coloca entonces uno por debajo de las pautas culturales vigentes, pero entra en el área de verdad del objeto de estudio. Entra en suma en el campo donde se configura la posibilidad de ser con sus propias pautas y su propia voluntad cultural que las condiciona.

Al hacer esto se rompe el modelo del universo que suele acompañar a la investigación. Se dice por ejemplo que el canto de la copla es la consecuencia de un proceso y que se realiza para mostrar destreza o encubrir intenciones, con lo cual se cree agotar la descripción de lo que está detrás del hecho de cantar. Sin embargo no es así. La posibilidad de ser, el proyecto de existir trasciende el mero hecho del canto. Mejor dicho el existir ni siquiera se agota en el proyecto mismo del canto circunstancial de la copla, sino que sobrevive y puede manifestarse en muchos otros fenómenos laterales.

Esto por su parte se advierte en el hecho de que el proyecto de existir surge de una inmersión en lo negativo mismo. No habría proyecto si no hubiera un horizonte de negación que niega o tiende a negar el hecho mismo de vivir. Enfermedades, miedos, amenazas políticas, o de autoridades, la simple angustia de no poder realizarse, todo ello condiciona el proyecto en sí y hace al proyecto lo que la negación a la afirmación.

Por aquí se desciende a la verdad del existente. La verdad del mismo requiere una totalización de su existir y esta se da como área en la cual se entra una vez que se niegan sus pautas puestas en claro. En suma, menos valor tiene el canto de la copla que la voluntad de existir y de ser del coplero.

Pero si a través de la negación llegamos a descubrir la realidad humana en sí misma, cabe ver qué pasa con la indeterminación que se abre al cabo de la aplicación del método. Por ejemplo, si Freire propone la concientización, es porque ya parte de elementos concientizados, de los cuales quiere que participe el educando de acuerdo a una lógica de la afirmación. Pero he aquí que si niego estos elementos entro en un campo de indeterminación, según el cual no sé con exactitud qué es lo que debo concientizar.

Y he aquí la cuestión. ¿Puedo estar seguro de saber con exactitud qué es lo que debo concientizar, y si ello vale la pena? Tomemos por ejemplo las láminas 3 y 4 de su libro “La educación como práctica de la libertad”. Supone Freire que cuando se muestra al cazador con arco y flecha y luego al cazador con un fusil, el sujeto suele advertir que el segundo pertenece a un rango cultural más desarrollado.

¿Pero qué pasa si niego a ambos cazadores? Si hago esto la negación me lleva a una infraestructura del existir que condiciona el hecho de cazar. A su vez en ese fondo rescato —y eso es mucho— la voluntad de vivir de los dos cazadores, previo a la determinación del cómo hay que cazar. En esta área en que me coloco, se me aproximan los dos cazadores y además entro en el área de la verdad existencial de ambos. Habría que recobrar desde esta área recién la posibilidad de ser de ambos, o sea el proyecto de su vivir y no me toparé sino con el hecho de que ambos han propuesto su propia verdad, que terminará en que uno use el arco y la flecha y el otro el fusil, y que ambas cosas no son reversibles.

A su vez esta conclusión choca con mi propuesta cultural occidental, ya que solo veo como única solución el fusil. Pero he aquí que, como no son reversibles, no puedo sino tolerar el arco y la flecha y redescubrir a partir de ahí la voluntad de ser del cazador indígena. A esto conduce la ventaja de comprender y no de conocer.

En todo esto he terminado por negar el elemento delimitativo y me he quedado con el irracional si se quiere llamarlo así. Cabe considerar que no hay otra denominación menos peyorativa que esta. Pero si entramos a analizar a esta, encontraremos quizá otros aspectos. Lo irracional hace que Quiroga se aferre a un concepto seminal como la “natura”, o que en Eucaliptos esa presunta irracionalidad se coloque como telón de fondo y dé lugar al ritual hasta el punto de crear una superestructura que cubra al camión y lo trascienda.

Lo irracional, o lo emocional, como querramos llamarle, no debe ser tomado sino como una zona energética de mayor indeterminación que lo intelectual, pero que contiene elementos delimitativos igualmente positivos, porque son elementos puestos a priori según otra lógica. Decir Anchanchu es una forma de delimitar a partir de una emocionalidad. Es que la emocionalidad no es totalmente irracional, sino que cuenta con una racionalidad invertida y simétrica y cumple con la función de proponer una lógica que parta de lo negativo, o mejor de lo que es antagónico respecto a la propuesta intelectual, y que por lo tanto tiene una función compensativa y por eso fundamental, ya que hace a la existencia misma. La emocionalidad en los dos casos compensa la intelectualidad a la cual se los quiere someter desde el punto de vista occidental. Ni Quiroga quiere someterse a la intelectualización socializante de la gran urbe, ni los campesinos de Eucaliptos quieren someterse al puro camión. De ahí en el primer caso la contrapropuesta de la “natura”, y en el segundo la del ritual. En los dos casos se juega la totalidad del hombre, porque este en ninguno de los dos casos quiere alienarse.

Mediante la negación se desciende al campo de verdad en el que se desempeña el existir. Este no se concibe sino en el horizonte de su estar. Se trata en suma de todo lo que condiciona el ser del existente. En el horizonte del estar entra la necesidad de cazar con flechas y no con el fusil, o recurrir a la “natura”, o sonsacar al Anchanchu el buen funcionamiento del camión o, incluso, en el caso de Occidente, cazar con el fusil y no con el arco.

La senda que se interna en la emocionalidad de ningún modo me introduce en un campo de indeterminación, sino a nuevas determinaciones, ante las cuales no estoy preparado como sujeto investigador occidentalizado, pero que debo utilizar a nivel de trabajo social. Por este camino llego a formas aparentemente negras y secundarias pero que hacen a la esencialidad del existir del sujeto observado. Es evidente que no puedo existir adorando nada más que un camión o lo meramente social de la gran urbe. Es lo que los métodos así llamados científicos no conciben, como que estos no salen del estrecho ámbito de lo delimitado y esto a su vez, lo delimitado, del campo cerrado de una cultura occidental.

Solo mediante la negación habremos de lograr la entrada en el estar simple, que es lo mismo que la inmersión en una totalidad real del existente. En el fondo, detrás de la negación se daría la pregunta por lo condicionante o sea el puro hecho de darse, de estar ahí existiendo. Y lo condicionante está, como vimos, en sectores no explorados desde nuestra perspectiva, porque esta última no pasa de ser en todos los casos meramente occidental.

Cabe tomar en cuenta un último problema y es este: ¿cómo debo encarar el trabajo social si empleo el método de negación ya que no debo modificar al sujeto comprendido? Tomemos el caso de un grupo aymara, y digamos que hemos resuelto encontrar alguna solución de tipo económico para que hagan frente a la economía del dinero del mundo occidental.

Ahora bien, en la cultura aymara encuentro que esta resuelve sus cuestiones económicas con una economía de trueque basada a su vez en un sistema de prestación llamado “ayni” según el cual los integrantes de una comunidad se prestan ayuda mutua, sin remuneración, para levantar la cosecha o para construir la casa.

Esta costumbre entra en la posibilidad de ser de la comunidad aymara. No puedo sustituirla entonces por ninguna cooperativa, ni por formas occidentales aun cuando estas me parezcan más convenientes. Debo continuar la línea evolutiva que plantea la propuesta aymara.

En este punto cabe pensar entonces que, si tomo en cuenta la lógica de negación del aymara, debo extender la negación a mis propias propuestas culturales occidentales. Pero como no se trata de dejar a los aymaras librados a su suerte es necesario que encuentre una salida, pero únicamente a partir de la propuesta de ellos. O sea que tiene que ser con todos los contenidos de la cultura aymara.

No cabe duda que una salida al problema lo constituyen los días de prestación que ellos contabilizan minuciosamente. Es probable que estableciendo un banco de días de prestación, se logre agrupar a las comunidades para realizar trabajos colectivos que ya no beneficiarían a cada comunidad, sino a todas las comunidades. Recién con los productos agrícolas obtenidos por este medio habrá de lograrse en ellos una suficiente fuerza económica para hacer frente a la economía occidental. A todo esto se ha montado un mecanismo en el cual no entra el dinero —al que desde un punto de vista cultural el aymara no es afecto— pero que sin embargo manifestaría una fuerza económica que puede resolver los problemas comunitarios con mejor solvencia como lo hacen habitualmente.

Cualquier solución en otro sentido, como ser proporcionarle los medios tecnológicos necesarios para su evolución sería prematura si no se les facilita la evolución de sus propias raíces. De nada vale sustituir el arado de madera por el de hierro, o imponerles la bomba hidráulica o el uso del jabón, y menos incorporarlos violentamente en la economía del dinero occidental, si no se ha respetado la evolución propia del etnos, su voluntad de ser.

* Kusch, Rodolfo 2000 (1973) “Una lógica de la negación para comprender a América” en Obras completas (Rosario: Editorial Fundación Ross) Tomo II, pp. 547-565.

Arturo Jauretche

Las pautas del “medio pelo”

Por su misma ambigüedad y lo equívoco de la situación, las pautas que rigen la conducta de la gente del “medio pelo”, son más numerosas y de observancia más prolija que las que corresponden a los status consolidados.

En esto del prestigio es de aplicación la diferencia que hay entre orgullo y vanidad; parecen la misma cosa y son opuestas, por cuanto a la vanidad solo le interesa parecer, y al parecer sacrifica el ser. El orgullo en cambio es una afirmación del ser en que lo subsidiario es parecer, y en todo caso, es esto lo que se sacrifica.

Las pautas que corresponden al grupo de pertenencia están en el subconsciente de los individuos que lo componen, y el comportamiento se rige por ellas en razón del hábito sin que generalmente intervenga la voluntad; hay el asentamiento que los españoles llaman tolera, como en los vinos; por lo mismo, poco preocupa una infracción accidental, porque no hay el temor de descolocarse. Pero cuando se trata de un falso status, cuando en realidad se trata de aplicar pautas de imitación de otro grupo de pertenencia, la observación de las pautas es religiosa. Como no hay autenticidad, las pautas no nacen del grupo; será más acertado decir que el grupo nace de las pautas, porque estas crean la imagen del status, y lógicamente solo por estas se logra la apariencia de pertenecer al mismo: es la apariencia de una apariencia.

Con lo dicho basta para señalar que la práctica puntillosa de las pautas es esencial al “medio pelo”. El colchón no tiene lana y existe en la medida en que se lo crea colchón.

De las dos vertientes que proveen el material humano que concurre a la formación de este falso status, la primera, constituida por los que se han llamado “primos pobres” y la alta clase media, no necesita contrariar profundamente su íntima naturaleza, ya que el filo de clase en que está ubicada, de por sí le asigna una situación equívoca pero aproximada; para este grupo el equívoco surge del pie forzado del “quiero y no puedo”; no proviene del estilo sino de la escasez de recursos para mantener el tren.

La que se desnaturaliza profundamente es la que proviene de la burguesía reciente, porque sustituye las pautas burguesas del prestigio que son su fuerza, por las de imitación en que se degrada.

[…]

Pautas ideológicas

De algún modo hay que llamar al repertorio de ideas con que la gente del “medio pelo” parece expresar una visión del mundo y del país. Como se trata de una postura y no de una posición, la ideología no tiene ningún fundamento ético y es exclusivamente estética: se adoptan las ideas como medios de acreditar la pertenencia al imaginario status.

Todas estas pautas tienden a dar una idea depresiva del país.

A este propósito dije en el artículo de “Confirmado” que ya cité: “Que ese sector se consuma a sí mismo en su propia tontería, no tiene importancia. Lo peligroso para el país es que siga gravitando con su tilinguería en la imagen del mundo. Porque son los tilingos los que desde 1965 en adelante han construido esta imagen argentina de país derrotado, sustituyendo la —si se quiere guaranga— que siempre dio la Argentina, aun en su oligarquía cuando tiraba manteca al techo. Porque guaranga —arrogante y consentida— fue la Argentina del viejo régimen con su rastacuerismo; y lo fue la Argentina de Yrigoyen, pretenciosa de ser algo en el concierto del mundo, y lo fue la de Perón. Riámonos de esas pretensiones y digámosle guaranguería. Pero por ese camino con seguridad se va hacia adelante; por lo menos no se va hacia atrás como en la idea del país mendicante, de “último orejón del tarro” que el tilingo siembra cuando se trata de lo nuestro. Esto no nos ayuda a marchar, que es lo que el país necesita. Descorazona, destruye la fe, limita el empuje.”

“Esos desclasados como primos pobres están ahora teniendo que alimentar los símbolos sin las rentas necesarias que la simplista estructura liberal no les puede dar. Aferrados a la ficción, a contrapelo de sus posibilidades reales en lugar de comprender su fracaso y rectificar el rumbo para acomodarse a la realidad, se envenenan.”

Y se envenenan contra el país. De ahí sale esa expresión ya clásica: “Este país de m…”. Es una actitud disminuida, como argentinos; están acechando los baches de la calle, el corte de luz o de agua corriente, la falta de horario del transporte, el vidrio o la ventanilla rota, para dar satisfacción a su masoquismo. Hay algunos que llegan a tal extremo que parecen desear que su mujer los engañe para poder decir que los argentinos son cornudos. Desde que las letras de los tangos han dejado de ser lloronas y de estar construidas sobre la base de “minas que piantan”, si aceptan oír un tango es con la condición de que se trate de eso, lo que no les impide agregar a renglón seguido que los argentinos son cafishios. Si por casualidad hacen un viaje al extranjero, en sus comparaciones del retorno nunca recuerdan aquello en que estamos en ventaja y sí, todo lo que en la comparación no es desfavorable. Y nunca buscan como término de comparación un país de nivel aproximado al nuestro. Siempre el modelo es uno de primera.

Estaba mal el guarango que utilizaba como medida de cotejo internacional el bife a caballo. Pero entre este y el tilingo, lo positivo para el país era el guarango.

Para esta gente la opinión que importa sobre lo nuestro es la del periódico extranjero. Lo que diga Financial News, el Times o el New York Herald y hasta Pravda, si es desfavorable. Jamás se les ocurrirá pensar que el punto de vista del acreedor es distinto al del deudor, y el del país dominante, al del dominado, y que lo más probable es que lo que esa prensa condena por eso mismo puede ser lo conveniente desde que el interés es opuesto. Antes ya lo he dicho: la gran prensa internacional opina sobre Egipto más favorablemente que Faruk que para Nasser. Es razonable. Lo absurdo sería que los egipcios hicieran su opinión por la de esa prensa.

Por otra parte, desde las altas esferas de gobierno esto se ha estimulado constantemente. ¿Qué significado tienen esas comidas mensuales de la prensa extranjera donde gobernantes y figuras de actuación van con toda regularidad a absolver posiciones ante un grupo de tinterillos presididos por la insolente importancia de un tal Percy Foster, que se permite hacer emplazamientos y sentirse menoscabado por el menor detalle, ni más ni menos que si fuera un embajador?

Pero la culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer, y no se puede pretender que un extranjero tenga mejor opinión del país que la que tienen esos “nativos”. Lo de “nativo” no molesta al medio pelo, más bien agrada[1].

Obreros y “negros”

Beatriz Guido nos ha proporcionado una de las más curiosas pautas ideológicas del “medio pelo”: es la dicotomía hecha en sus referencias a los trabajadores, a quienes divide en obreros y “negros”.

El obrero es un ente imaginario de piel blanca y apellido preferentemente italiano, más concretamente, ocupado en los servicios públicos, y con una cultura media que lo pone al margen de los movimientos multitudinarios. Su característica no es su ideología que supone comunista, socialista o anarquista, posiciones repudiables pero cultas.

Esta es una manifestación del racismo del “medio pelo” que se verá enseguida, y no son las pautas de la alta clase las que se reproducen, tanto como las de la común plataforma de la intelligentzia, difundidas por la superestructura cultural preexistente, pero cuya responsabilidad directa emana de las llamadas izquierdas y reposa en la existencia de una imaginaria clase obrera, que subsiste en la realidad con la misma consistencia que los 32 gremios democráticos.

Hasta la aparición del cabecita negra había un tácito acuerdo en virtud del cual los obreros y las demás clases tenían un terreno conflictual referido a condiciones de trabajo y a divergencias ideológicas, pero sobre una base de sobreentendidos culturales, y el conflicto era social. Pero este fue alterado por la presencia de los trabajadores argentinos del interior, excluidos como factores sociales.

Este huésped que venía del fondo de la historia, les dio a todos la sensación de que su casa era invadida, provocando idénticas reacciones en la sala y en la cocina, en cuanto importaba la integración del país con un elemento descartado en sus esquemas.

Ideológicamente Rodolfo Ghioldi y el Almirante Rojas están diametralmente opuestos, y podrían fusilarse recíprocamente. Pero su actitud es la misma y coinciden cuando se trata de la aparición del elemento auténticamente nacional, porque este altera los supuestos ideológicos comunes, tal como ocurriría entre Moscú y Nueva York —y posiblemente también Pekín— si ocurriese un desembarco de marcianos. Siguiendo el símil podríamos decir hoy que todavía Pekín representa a los marcianos, pero a condición de que los platos voladores no sean ciertos. Habría entre todas las ideologías un presupuesto común que defender: el de los terrícolas. Para izquierda y derecha, la presencia de un trabajador que culturalmente era inexistente fue un desembarco de marcianos, y sigue siéndolo en la mentalidad del “medio pelo”. A contrario imperio han fabricado la imagen de un supuesto obrero que es terrícola, es decir, “decente”, parte sana de la población[2].

Este es el obrero: los “otros” son los “negros”.

El racismo del “medio pelo”

En el artículo que he citado reiteradamente digo:

“El racismo es otra forma frecuente de la tilinguería.

“La tilinguería racista no es de ahora y tiene la tradición histórica de todo el liberalismo. Su padre más conocido es Sarmiento, y ese racismo está contenido implícitamente en el pueril dilema de ‘civilización y barbarie’. Todo lo respetable es del Norte de Europa, y lo intolerable, español o americano, mayormente si es mestizo. De allí la imagen del mundo distribuida por la enseñanza y todos los medios de formación de la inteligencia que han manejado la superestructura cultural del país.

“Recuerdo que cuando cayó Frondizi, uno de los tilingos racistas me dijo, en medio de su euforia:

—¡Por fin cayó el italiano! —Se quedó un poco perplejo cuando yo le contesté:

—¡Sí! Lo volteó Poggi.

“Muchos estábamos enfrentados a Frondizi; pero es bueno que no nos confundan con estos otros que al margen de la realidad argentina, tan ‘heredoitálica’ en el presidente como en el general que lo volteó, solo se guiaban por los esquemas de su tilinguería.

Ernesto Sábato, con buen humor, pero tal vez respirando por la herida, ha dicho en Sobre Héroes y Tumbas más o menos lo siguiente: ‘más vale descender de un chanchero de Bayona llamado Vignau, que de un profesor de Filosofía napolitano’. Lo dicho me chocó en mi trasfondo tilingo inevitable (fui a la misma escuela y leí la misma literatura), porque tengo una abuela bearnesa de apellido Vignau. (Vuelvo a recordar que fui a la misma escuela, etcétera).

“La verdad es que ni el presidente ni el general son italianos (después los hicieron vascos a Illia y a Onganía para verlos mejor situados). Simplemente son argentinos de esta Argentina real que los liberales apuraron cortando las raíces.

“Esta mentalidad tiene una escala de valores raciales que se identifica por los apellidos cuando son extranjeros. Arriba están los nórdicos, escandinavos, anglosajones y germánicos; después siguen los franceses; después los bearneses y los vascos; más abajo los españoles y los italianos, y al último, muy lejos, los turcos y los judíos. Cuando yo era chiquilín nunca oí nombrar a un inglés que generalmente era irlandés, diferencia muy sutil entonces, sin decir ‘Don’, aunque estuviera ‘mamao hasta las patas’. El francés, a veces, ligaba el don; y en ocasiones también el vasco. Jamás el español, que era gallego de…, lo mismo que el italiano ‘gringo de…’ ¿Para qué hablar del turco y del ruso?”

El maestro ciruela

Pero esta escala no la ha fabricado el “medio pelo”. Tampoco la clase alta: ni siquiera la intelligentzia que la sigue difundiendo. Está en el entresijo de la enseñanza: en nuestro libro, en nuestra Universidad, en nuestra escuela. Tan en el entresijo que ya no hace falta repetirlo, porque hay un acuerdo tácito y los descendientes de cada una de las razas ocupan su lugar en el palo del gallinero a la hora de dormir, y las que están abajo aceptan como cosa natural que las de arriba…

Oigamos un poco esta música.

“Rossini agasajaba exageradamente a los españoles que encontraba en el camino. Preguntado por el motivo de tal ocurrencia, explicó: ‘—La Spagna impediva a l’Italia di essere l´última nazione d’Europa’. A nuestra vez, los gallegos deben agradecernos a nosotros que les impidamos a ellos, ser la última nación del mundo civilizado.”

Podríais creer que la referencia no es racista sino cultural, pero cultura y raza se identifican, y lo que originariamente es intelectual se hace anatómico y viceversa: “En tanto el cráneo de los norteamericanos se ha abovedado, el de los españoles se ha contraído por tres siglos de Inquisición, pues el norteamericano es anglosajón sin mezcla de razas inferiores”.

Lógicamente, los argentinos “somos pobres hombres llenos de pretensiones y de inepcia, miserables pueblos ignorantes, inmorales y apenas en la infancia. Somos una raza bastarda que no ocupa sino embaraza la tierra”.

Pero vosotros creeréis que la cosa corre con los demás, por ejemplo si sois judíos. ¡Oíd esto, camaradas de la DAIA, que no lo ha dicho Errecarte Pueyrredón sino el cerebro, el gran cerebro, el único cerebro!: “… El pueblo judío esparcido por toda la tierra, ejerciendo y acumulando millones, rechazando la patria en que nacen y mueren… Ahora mismo, en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta el grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano, de amor al prójimo, de amor a la tierra, del culto del heroísmo, de la virtud, de los grandes hechos donde quiera que se produzcan”. Y en otra parte: “¡¡Fuera la raza semítica! ¿O no tenemos derecho, como un alemán, ni cualquiera, un polaco, para hacer salir a estos gitanos bohemios que han hecho del mundo una patria?”

Pero esto de los semitas corre también para los árabes (¿creían los “turcos” que se la iba a llevar de arriba?). Los árabes “son una canalla que los franceses corrieron a bayonetazos hasta el Sahara”.

Ni los árabes, ni siquiera todos los alemanes; se dice que vendrán aquellos alemanes del Volga, que son católicos y que efectivamente después vinieron: “Estarían pronto a embarcarse con destino a estas playas cantidad de estos bípedos, razas que están más abajo de los pueblos más atrasados del mundo.” ¿Creéis que se salvarán los irlandeses, sobre todo esos que andan por ahí disfrazados de ingleses y entreverados en los negocios anglosajones? ¡Que oigan los irlandeses!

“La chusma irlandesa organizada por los curas. El irlandés llega a los Estados Unidos ‘borracho e ignorante’. Muchedumbres groseras, ignorantes, atrasadas, las únicas a ese grado.” De esta gente desciende vuestro admirado John Fitzgerald (los dos, el que voló a las Malvinas y aquel a quien hicieron volar en Dallas los admirados anglosajones): “‘Fanáticos, ebrios, semisalvajes”. “Si vinieran aquí en diez años quedaría reducida la Argentina a la condición de Irlanda: pueblo por siglos ignorante, fanatizado”. El personaje que estoy citando vio en los Estados Unidos unos vagones rústicos, ordinarios, e inquirió para qué se los utilizaba, le respondieron que para transportar negros y europeos, y le aclararon que “europeos quería decir inmigrantes recién llegados, irlandeses”: se tranquilizó, “negros e irlandeses”.

“…Se dirá sórdido como un judío, falso como un gringo, sanguinario, inmoral como un argentino.”

Supondréis que esto lo ha dicho una señora gorda, de las que suelen concentrarse en la calle Austria y Santa Fe para pedir la reaparición del modelo racial que admiran.

¡No! ¡Esto es de Sarmiento! ¡El Gran Sarmiento!

Está en toda su obra disimulado por los profesionales del sarmientismo, en la raíz de las ideas básicas que para la mesocultura divulga la intelligentzia. Y así Sarmiento es reverenciado por los descendientes de irlandeses y alemanes del Volga, por los descendientes de judíos y árabes, de italianos y españoles, todos conformes en el racismo de Sarmiento. Porque de todos modos ellos están un escalón más alto que los criollos; y les basta aunque de arriba… como en el gallinero. Para esa gente la cuestión es ser más que alguien; no importa ser menos…

Puedo ahorraros la verificación tomo por tomo, página por página de estos dichos, porque el repertorio de las ideas sarmientinas están admirablemente resumidas en el libro de Roberto Tamagno “Sarmiento, los Liberales y el Imperialismo Inglés”, A. Peña Lillo, editor. Tomadlo juntamente con las obras completas del “maestro” y verificad cita por cita. Y encontraréis mil más que no transcribo porque toda la obra es eso: sandeces injuriosas sobre todos los pueblos que, sin los beneficios de la raza anglosajona y su cultura, no han podido desarrollar la “bóveda craneana” a semejanza de los habitantes de los Estados Unidos[3].

La raza superior

En cambio la raza anglosajona es la “primera en el mundo por su energía, por su trabajo o por las instituciones libres que ha dotado a la humanidad”, y es rasgo de “godismo recelar de Inglaterra o hacer ironía con la amistad inglesa”.

Un inglés que llegó a San Juan por razones mineras “ayudó mucho a levantar el tono de la sociedad regenerada”. “Gloria a Dios son los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Norte de Europa”. Es natural entonces que siendo Ministro argentino en la República del Norte propuso un tratado de arbitraje con la misma en que el árbitro sería ¡la Suprema Corte de Estados Unidos!, lo que no deja de ser lógico en el “maestro ciruela” por cuanto “para nosotros basta que haya nacido una Constitución y se propague en Norteamérica, para reputarla útil, práctica, económica y fundada en razones”.

¿Dónde está la diferencia con la “señora gorda”?

Le habían fracasado las Invasiones Inglesas. Lo dice: “Todos se preguntan ahora, y diez años después los mismos héroes de la gloriosa hazaña: ¿por qué peleamos contra Inglaterra que nos traía el comercio libre, la libertad de imprenta, el escrito de hábeas corpus, y una civilización que abrazaba todos los ramos de la cultura humana?” “Siendo absurdos los motivos parece ridícula o al menos lastimosa la defensa y ruinosa la victoria, porque ruinosa lo fue”[4].

Le fracasó también la inmigración inglesa. Hubo la dominación económica, pero los ingleses no vinieron como inmigrantes ni con las subvenciones de propaganda que Sarmiento dio “para que las leyes de la perfectibilidad humana se realicen por quienes han sido preparados por Dios para realizarlas, que son razas humanas perfectas en su organización y perfectibilidad”. Llegaron en cambio gentes del sur europeo que en “Estados Unidos son elementos de barbarie”. Hubo que aguantarlos porque los superiores venían como gerentes. (Inglaterra no manda colonos donde hay cipayos que cumplen el oficio).

Ya que no se pudo hacer el país con las razas superiores, había que anglicanizar en lo posible a las inferiores; aunque no se prestasen por la forma de su bóveda craneana. Así, cuando funda la de la instrucción pública según la concibe nombra director a un norteamericano, Mr. George Stearns, que recién empieza a balbucear el castellano. Lo que importa no es que el director de la escuela sepa español sino que lo niños aprendan inglés, y así el programa de la escuela de aplicación anexa al curso Normal, y que empieza a los seis años tiene desde el primer grado enseñanza de inglés que dura los seis grados de primaria y los cuatro de la enseñanza Normal, en que era la asignatura más importante. Fue un doble fracaso; ni los entrerrianos se hicieron ingleses, lo que “mediopelezcamente” es lamentable, ni el director aprendió español, lo que es natural, por una razón de respeto hacia la raza superior que Sarmiento comprendía.

Flor de ceibo y nostalgia

Para el “medio pelo” todo producto industrial argentino es “flor de ceibo”. La humilde flor del ceibo fue declarada flor nacional hace muchos años. No es que sea fea; lo que la desacredita es que es nacional; sus admiradores quisieron honrarla e hicieron de ella un título denigrante aplicado a la industria, también conforme a las ideas económicas de ‘“el maestro”.

Sarmiento se ha encontrado con Cobden y ha recogido directamente en su ancha oreja aquello de que “Inglaterra será el taller del mundo y América del Sur su granja”. Desde el gigantesco receptor transmite con su vozarrón las sabias enseñanzas: “Afortunadamente nuestro inventario se compone de un producto cambiable por todos nuestros consumos. Produce la tierra pasto que nada cuesta y que casi sin costos se transforma en lanas, cuero y carnes”. Y entonces prefigura el destino del país: “Los hombres vivirán en Europa y la América Meridional se destina para estancia, para criar ganado que por falta de espacio no puede criarse allá.”

Ya se ha visto que al pie de la letra se tomó la oligarquía eso de vivir en Europa. ¿Y los otros argentinos, qué son? No digo nada de las multitudes anónimas incursas en el pecado de no tener cabellera rubia y ojos azules, con los cráneos deformados por el catolicismo, víctimas de la bebida y de todas las taras congénitas comunes a los pueblos que no son “la gloria de Dios”. Se lo pregunto al “medio pelo” y a todos los intelectuales de izquierda y de derecha que han sarmientizado al país y pretenden seguirlo haciendo desde sus supuestos culturales, confesada o inconfesadamente. ¿O creéis por ventura que vosotros también sois hombres de los que pueden vivir en Europa, mientras los otros crían ganados y os giran regularmente el importe que los pueblos privilegiados quieran pagar por la transformación del pasto en carne, lana, cuero? ¿Comprendéis ahora a los Borges en las letras, a los Busso en el derecho, a los Houssay en la medicina? ¿No es mejor y más seguro hacer méritos para contar entre los hombres destinados a vivir en Europa, que solidarizarse con los que están trabajando para preparar el contenido de los giros? ¿Comprendéis ahora por qué me indigné cuando Silvina Bullrich dijo que allá están las raíces de nuestra cultura y esta es la oficina para que manden los giros?[5]

Ya en el Capítulo I está dicho lo que el liberalismo piensa sobre la industrialización del país. ¿Qué extrañar entonces lo que piensa la alta clase propietaria de la tierra, que hace tiempo se decidió por la Patria Chica? Su posición no será patriótica pero es congruente con lo que cree sus intereses.

El “medio pelo” en sus sectores provenientes de los “primos pobres” y de la alta clase media no es demasiado estúpido para percibir que solo en la expansión de las posibilidades nacionales está el horizonte que lo libere de la ficción en que vive; su propia mediocridad explica su actitud. En última instancia puede descargar su responsabilidad en la intelligentzia que suministró a su frivolidad esos elementos de cultura; pero en los provenientes del desarrollo capitalista, en los nacidos de la creación de condiciones para la burguesía, no solo se trata de una traición al país: es un suicidio.

Durante mucho tiempo, después de la Revolución del 55, verdaderas columnas de “señoras gordas” salían todas las mañanas en Montevideo del vapor de la carrera y marchaban encolumnadas hasta la plaza Independencia a depositar la consabida corona de flores a la estatua de Artigas, donde las esperaba el embajador argentino, doctor Alfredo Palacios, con sus consabidos bigotes y discurso. Cumplido el ritual mañanero, las gordas arrancaban a la carrera por la calle 18 de Julio arriba, ávidas de vidrieras y negocios donde aprovisionarse de artículos importados que les habían faltado durante toda la “tiranía sangrienta” que las obligaba a consumir productos “flor de ceibo”.

A la misma hora de la sentina del vapor que las había llevado, salían las mercaderías argentinas que iban a reponer los estantes y las vidrieras montevideanas[6].

A la noche las señoras gordas, derrengadas y agobiadas bajo el peso de los paquetes, se embarcaban de retorno a Buenos Aires, felices con las compras que habían hecho en la otra orilla.

Ya se ha citado a Imaz cuando se refiere a la falta de conciencia de grupo y de sus intereses de tal, en nuestra burguesía reciente.

Si prefiere la experiencia personal, visite usted la casa de uno de estos burgueses de “medio pelo” y encontrará la documentación más concluyente: la radio, el televisor, las máquinas de confort hogareño, de refrigeración y limpieza, las telas de los trajes y vestidos, las alfombras, las lámparas, las bebidas que consumen, los cigarrillos que se fuman y comprobará que todo es de procedencia extranjera. No necesitará indagarlo, porque el dueño de casa se adelantará a decírselo, orgulloso de la inversión de sus fondos negros, porque todo lo argentino, menos lo que él fabrica, es “flor de ceibo” y no puede compararse con el artículo importado.

En realidad esto de la mercadería “flor de ceibo” se corresponde con aquello de “este país de m…”

Pero también hay la inteligencia “flor de ceibo”, que está constituida por los que intentan pensar como nacionales, tema que exige una particular atención que le dedicaré en la edición ampliada de “Los Profetas del Odio”, que seguirá inmediatamente a la aparición de este libro[7].

Hay otras muchas pautas ideológicas menores cuya importancia es solo relativa. La más típica de ellas es la actitud nostálgica del pasado, la permanente remisión a una Jauja a la cual todos han pertenecido. Es la tía Leonor, dueña del landó; el pariente encumbrado que era primo carnal de la mamita vieja, y la “señora mayor”, que solía visitarnos. La estancia que se malvendió. Toda una temática de evasión a un supuesto país perfecto cuyas duras realidades borran sus perfiles embellecidos por el recuerdo, que se adorna de gasas que el tiempo esfumina, y tiene la belleza marchita de las flores al día siguiente del sepelio, mientras su ácido olor se respira en el ambiente que van dejando libre los empleados de pompas fúnebres, al retirar los candeleros del velorio. “Cuando mi recuerdo va hacia ti se perfuma”, dijo el poeta. Y esa imaginería tiene la belleza de lo que pudo ser y no fue. La belleza de la novia con quien no nos casamos, a condición de no encontrarla a la vuelta de la esquina. El “quiero y no puedo” consciente de su ficción se inventa un pasado…

Aquí también está malparada la burguesía del “medio pelo”. Los recuerdos inmediatos se vinculan más con Lanús y Gerli que con el Barrio Norte, y no hay “mamita vieja” ni “señora mayor”, porque mencionarla sería meter el dedo en el ventilador. Pero pronto se descubre un recurso que solo es nuevo para los nuevos. Saltar una o dos generaciones y descubrirse una familia importante en Europa. Oyéndolos uno termina por creer que la emigración fue un deporte y que los antepasados inmigrantes eran turistas de lujo que fueron ganados por el paisaje.

La gran pauta

Las situaciones que caracterizan al “medio pelo” evolucionan históricamente como se anticipó en la introducción de este trabajo, cuando se explicó el criterio aplicado para recoger del ambiente una expresión ya formada para calificar este equívoco estrato social. Se vio entonces que lo que lo define es esa calidad de equívoco y ambiguo, la naturaleza imitativa y ficticia del status que sus componentes se atribuyen, con prescindencia del nivel social en que esto ocurre y que está determinado por la composición social en cada momento histórico.

Así vimos que en la sociedad tradicional el “medio pelo” se ubicaba por debajo de la parte decente y sana de la población en el rango que entonces se entendía por de “gente inferior” en cuanto un grupo del mismo intentaba reproducir las pautas correspondientes a la gente principal. También se vio que donde “gente inferior” y color se identificaban, como en el Caribe, el “medio pelo” se manifestaba en los “morenos” que querían disimular su condición adoptando las pautas de comportamiento de los blancos. Aquí eso fue excepcional dado lo reducido de la población de color, que como se recuerda en la cita que allí se hace, estaba a fin del siglo pasado casi exclusivamente constituida por los ordenanzas de las grandes reparticiones y sus familias que repetían en su vida “social” los modos de los altos funcionarios ante quienes actuaban, “con las bandejas”. (Recordemos que la actividad más generalizada aun en la colonia entre los morenos fue la de domésticos y que, libertos, adoptaron los apellidos de sus patrones con los que todos ostentaban apellidos tradicionales que hacían más propicia la actitud). Entre 1920 y 1930 el grupo más numeroso de morenos, entre los que contaban los últimos de la raza ya en extinción, que desempeñaban tareas en el Congreso y en la Casa de Gobierno y aquellos en que Vacarezza reclutó muchas veces elementos para el espectáculo, tenían un club, al que he concurrido en mis andanzas políticas entre las secciones electorales octava y segunda de la capital, en el barrio que se extiende entre San Juan y el Parque de los Patricios. Allí me fue dable observar ese amaneramiento de que habla la cita y que subsistía en la agonía de un grupo racial[8].

Pero como se ha dicho esto era de excepción. La expresión “medio pelo” tenía entre nosotros ya una acepción más amplia y no caracterizada racialmente. Así se comenzó a atribuir con preferencia a capas procedentes de las primeras promociones inmigratorias, para terminar aplicándose a niveles mucho más altos, que es el criterio usado en este libro pues lo que en definitiva determina la calificación no es el nivel adonde se produce, sino el carácter falso de las situaciones y el pie forzado con que se las sirve, es decir la ficción.

Esta ficción de status ha existido siempre pero sin el carácter masivo de los últimos años, en que dejó de ser episódico y excepcional para convertirse en el modo del vasto sector que se ha analizado. También se ha visto que esta generalización se produce en el momento histórico de lo que diremos el “aluvión zoológico” para emplear un término característico del “medio pelo”. La posición adversa al mismo es ab-initio un signo de status. Ni remotamente toda la gente que se ubica contra el movimiento de 1945 es “medio pelo”; pero todo el “medio pelo” está en esa posición porque ella se convierte como signo negativo en un signo afirmativo del status que se busca.

Cuando la clase alta, pasados los episodios de la Unión Democrática se retrae a su propio medio alejándose de los contactos populares, el “medio pelo” afirma aun más este signo para convertirlo en el signo de los signos. A través de la Unión Democrática, la gente del “medio pelo” ha tenido por un tiempo la ilusión del mismo status con la clase alta. Cuando esta se retrae necesita aferrarse a las pautas que motivaron la convivencia y el “antiperonismo” le resulta el único nexo subsistente. Valorizarlo como símbolo es confirmarse en el status que se atribuye. Con el transcurso del tiempo se convierte en el símbolo por excelencia y así el antiperonismo se convierte en la pauta de las pautas: la Gran Pauta.

Esta pauta las resume a todas porque es pauta de comportamiento y pauta ideológica. Como pauta ideológica contiene todos los elementos intelectuales aportados por el sarmientismo de la intelligentzia que se acaban de ver y como pauta de comportamiento resume, en la calcomanía de las pautas de la clase alta los signos de distinción que se buscan en ella. Cumple además otra función integradora porque en la comunidad del símbolo, y por el contraste que este establece con el resto de la sociedad que el “medio pelo” considera por debajo de su status, es un instrumento de fusión endógeno al grupo, que permite en cierta manera reconstruir la imagen de la sociedad tradicional que había derogado el fenómeno inmigratorio. Para los supuestos del “medio pelo” se ha reconstituido la separación entre gente principal, “parte sana y decente” de la población, y clase inferior constituida por los “negros”. Solo que ahora la parte sana y decente se configura con los gringuitos adentro, lo que explica que uno de ellos haya podido hacer la calificación de aluvión zoológico.

Creo que con esto está bien claro que Perón o Peronismo no son más que nombres ocasionales, pretextos; el antiperonismo es tan hecho social como el peronismo; mientras aquel es el nombre que tiene la integración de toda la sociedad argentina en una nueva configuración, este expresa la resistencia a la misma. Perón o Mongo, ese es el hecho adjetivo. Lo sustantivo es lo que se acaba de decir y se repetirá respecto del hombre o del grupo social que aparezca encabezando la integración inevitable; se reiterará la misma situación que se produjo entonces y cuyos valores entendidos subsisten, al margen de las virtudes o vicios que tenga la conducción. Con mayor razón si el hombre o grupo conductor surge de los estratos medios de la sociedad, y aun por la influencia de un Alcibíades o un Julio César salidos de la clase alta. Este será un desertor que por el solo hecho de actuar al servicio de la causa nacional, identificada con la integración, recibirá las mismas calificaciones y servirá como pauta definitoria a contrario imperio.

Perón y el peronismo, para emplear los términos corrientes de la Sociología de la Cátedra no son otra cosa que el marco de referencia[9].

La vigencia de las pautas peyorativas respecto de lo popular generó a su vez reacciones defensivas que recíprocamente se convirtieron en pautas valorativas, tal como ocurrió con la expresión “descamisado”, que terminó por ser signo positivo de afirmación de lo detractado. Recíprocamente, “oligarca” y hasta “cipayo” y “vendepatria”, concluyeron siendo calificaciones aceptadas que el “medio pelo” asumió entre humorística y complacidamente, ya que no contrariaban sino que se confirmaban las dos segundas con sus pautas ideológicas, y con las de comportamiento, la primera.

Así el mote “grasa” adquirió un sentido reivindicatorio, por oposición a la supuesta calidad selecta del adversario y ser “grasa”, se hizo necesario en el dirigente político y gremial del peronismo, a pesar del contraste evidente, con el ascenso económico colectivo y el particular del dirigente que invocaba la calidad, a pesar del reloj-pulsera, inevitablemente de oro, y la cómoda casita de extramuros.

Así en la vida interna del movimiento era frecuente apelar a la condición de “grasa” para prevalecer sobre los miembros del movimiento que por su origen o su condición no se comportaban como tales, o no simulaban hacerlo.

Recuerdo un episodio que me ocurrió en una reunión en Remedios de Escalada.

Se discutía una posición táctica del movimiento, y dos de mis oponentes para debilitar mis proposiciones, invocaban constantemente su condición de “grasas”, colocándome en el debate, como si yo fuera “sapo de otro pozo”.

Se trataba de dos ferroviarios, pues predominaban, como era lógico, en el lugar, los obreros del riel y les advertí que en primer término, en el movimiento ya no había “grasas”—calificación correspondiente a la etapa anterior al ascenso de peones a obreros—. Los concurrentes allí eran obreros y no “grasas” y ese ascenso era, precisamente, el significado social profundo del movimiento, agregando, entonces, que si aceptábamos que los obreros eran “grasas” y no tales, lo único que probaríamos es que en lugar de haber presidido el ascenso social habría sido el descenso su resultado. Más tratándose de ferroviarios, que nunca habían sido “grasas” sino un sector privilegiado dentro de los trabajadores argentinos.

Casi afirmaría, agregué, y sin conocerlos, que ustedes dos tienen casa propia y están en riesgo de ser calificados como “oligarcas” en un planteo como el que traen que excluye a los no “grasas” de la participación en el mismo. Se trata de una petición de mala fe y exijo que los compañeros presentes se pronuncien al respecto. Se pronunciaron y los dos supuestos “grasas” se llamaron a silencio.

Esta posición negativa es ahora estimulada por ciertos sectores de la antigua izquierda que están resultando más papistas que el Papa, y pretenden configurar el movimiento peronista en relación con su momento originario, y no con su composición actual, hija de la transformación operada en el país durante su proceso de ascenso colectivo.

La misma gente que con su ideología de importación definió el movimiento en 1945, como un movimiento de la clase media fascistizante, y al aporte obrero de las masas en ascenso como un Lumpenproletariat marginal, ahora pretende definirlo, como un movimiento exclusivamente proletario. (Entonces transfirió la expresión Lumpenproletariat, cuya significación marxista corresponde al desclasamiento de un proletariado marginal al fenómeno de integración social por ascenso de los migrantes del interior.) (Ver Nota 2.) Con la misma desaprensión que negó condición obrera a los trabajadores de la base, ahora excluye la existencia de los grandes sectores de las otras clases que contribuyen a su conformación, y aun los mismos de procedencia proletaria, que se han calificado en el ascenso colectivo. Aparentando una revisión de sus errores anteriores, reinciden en los mismos porque el error es de método. No quieren entender la naturaleza vertical de los movimientos de la sociedad argentina por lo que no se ajustan sus conclusiones a la realidad, sino que someten esta a la necesidad de encuadrarla en el esquema prefabricado de la ideología importada que demanda una visión exclusivamente horizontal de los desplazamientos sociales.

Es que persisten en los errores de la intelligentzia y como los liberales son también discípulos de Varela: “El sombrero está hecho y hay que ajustar la cabeza al mismo”.

Lo gracioso es su soberbia, común con toda la intelligentzia. Confiesan que no entendieron, se rectifican en las conclusiones sobre el ayer, pero en el presente actúan con la misma seguridad que antes, y enuncian la fórmula química siguiendo en la total ignorancia de sus componentes, porque son incapaces de la humildad intelectual que exige prescindir de la sabiduría libresca para considerar los hechos argentinos que no están contenidos en los estantes de la biblioteca.

Esta petulancia de la intelligentzia trajo dentro del movimiento, otra pauta dañosa también de rechazo: la subestimación de lo intelectual que fue arrastrada por la justificada hostilidad de la intelligentzia. Hubo una expresión, “cráneo”, afortunadamente ya echada al olvido, y en virtud de la cual se reaccionaba adversamente a la jerarquización intelectual de los militantes; actitud defensivamente explicable ante la conducta de la intelligentzia, pero peligrosa en la maduración del proceso que debe hacerse, como se está logrando, por la formación de una auténtica inteligencia nacional.

1 En una audición de televisión Jorge Sábato hablando de Nueva York y de esta actitud despectiva para el país, recordó a un argentino que al saber que llegaba de Buenos Aires le preguntó en rueda de norteamericanos, “si siempre las calles de Buenos Aires estaban llenas de baches”, contra la lógica más elemental que induciría a suponer la idealización de la patria lejana. Para los norteamericanos, porque el argentino no merecía contestación, dijo Sábato que efectivamente en Buenos Aires se corría el peligro de romperse la pierna en un bache pero nada más, y en Nueva York el peligro era de que las roturas fueran en otro lugar del cuerpo: (Ese año la estadística neoyorkina daba 1.800 violaciones en la vía pública). Esto no va en desmedro de Nueva York ni de Buenos Aires, pues cada uno es como es y las circunstancias pueden explicar esto como aquello. Por ejemplo que al concurrir a una escuela mixta en el baño de la niñas, viese este letrero: “NOTICE: You must not come alone! You must come only with another girl”. Firmado: The Headmaster.

El Headmaster le explicó a Sábato que era peligroso que las chicas entraran solas al cuarto de baño. ¡Pero lo que diría el “medio pelo”, si aquí ocurriese lo mismo!

2 El 24 de octubre de 1945 el órgano oficial del partido Comunista comenta la jornada de días antes: “Pero también se ha visto otro espectáculo, el de las hordas de desclasados haciendo de vanguardia del presunto orden peronista. Los pequeños clanes con aspecto de murga que recorrieron la ciudad, no representan ninguna clase de la sociedad argentina”. “La Vanguardia” del 23 de octubre dice: “En los bajíos y entresijos de la sociedad, hay acumulada miseria, dolor, ignorancia, indigencia, más mental que física, inferioridad y resentimiento… En todas las sociedades quedan precipitados la miseria que se ramifican como pólipos en las partes más recónditas”.

¿Qué extrañar entonces que el gerente extranjero, el socio del Círculo de Armas, el estudiante empachado de lecturas apresuradas y sin digerir, la dama que ha tenido un problema con la doméstica o la niña, que ve por primera vez una multitud obrera hable de resentimiento y de desclasados, cuando dicen eso los que permanentemente han estado oponiéndose al desarrollo industrial del país en defensa de supuestos trabajadores a quienes aquellos atribuían el resentimiento, ahora respetables, de sus sociedades de origen?

3 Percibo aquí que los vascos se le han quedado en el tintero al “maestro ciruela”, y los lectores pueden imputarme un malicioso ocultamiento. Recordemos esto: “Los países del mediodía de Europa nos traen poco en costumbres y civilización que adelante la nuestra. Solo por una fuerte educación común puede evitarse que los hijos de vascos, italianos y españoles, desciendan a los hábitos industriales, a la incuria y la barbarie de nuestras masas ya que en falta de instrucción corren parejos.”

Ya que estoy en el tema agregaré que en el racismo de nuestra intelligentzia, antirracista, vascos e irlandeses salen bastante bien librados. Esto no ocurre por obra de “el maestro” sino por la prosperidad frecuente de los descendientes de vascos e irlandeses que ha hecho olvidar que en su origen eran gente muy inferior, cosa que en materia de ilustración no es muy descaminada, pues los inmigrantes originarios de estos dos pueblos estuvieron constituidos en general por pastores. Fue en la época de la lana, entre el 60 y el 80, cuando la explotación de los ovinos, por razones que se han dicho antes, desplazó a los vacunos de la cercanía de los puertos, haciendo que aquellos ocuparan las mejores tierras. Los ovejeros, técnica que los gauchos desconocían, recibían los piños “al tercio”, de manera que en poco tiempo y pese a la tradicional honradez vasca e irlandesa, sus majaditas fueran más grandes que las de los patrones —que eran las víctimas de las epidemias, pues las de los vascos y las de los irlandeses parecían vacunadas—. Pronto, con el importe de la lana pudieron comprar campos que todavía no habían recibido la fuerte valorización que trajo la expansión agropecuaria. Se trataba de gente muy rutinaria que no salía del campo y solo se preocupaba de que este y las majadas se estirasen.

Los hijos se encontraron de pronto dueños de grandes propiedades justo en el momento en que empezaba la valorización, y rápidamente incorporados como propietarios, después sus nietos como profesionales, al nivel de la “gente decente” en la estructura social tradicional, máxime en cuanto se trataba de dos pueblos muy católicos, celosos de la legitimidad del vínculo matrimonial y por consiguiente de la condición exigida en la filiación. Su ascenso correspondió a una época de permeabilidad social y así respecto de ellos se marginó el racismo por el acostumbramiento.

Tampoco tuvieron la resistencia del criollo, porque practicaban actividades ganaderas marginales para estos, y sobre todo porque no fueron comerciantes, que eran los que suscitaron más resistencia por la posición de ventaja que llevaban. Además, desligados de sus países de origen en cuanto no representaban naciones oficialmente existentes, tuvieron una adaptación rápida en sus hijos (especialmente los vascos). Quedó aquello de “Hijo del país con gorra ‘e vasco” que acredita su rápida adaptación porque a diferencia de sus padres, dominaron inmediatamente la técnica del caballo, cosa que aquellos no lograron (con 50 años de América y a caballo, un vasco siempre parecerá una bolsa de papas y no un jinete).

Los irlandeses sufrieron una diversión. Como la colectividad inglesa era económicamente fuerte pero no numerosa, por la comodidad del idioma y para evitar más contactos con “natives”, se les abrió el acceso a la misma y gran parte de los descendientes de irlandeses se anglicanizó rápidamente, casi como si fueran intelectuales nativos.

Recuerdo que para el año 17, durante la primera guerra mundial, participé en los festivales que la Cruz Roja Irlandesa hacía en favor de los aliados, cosa que, a pesar de mi ignorancia de entonces, común a todos los hijos de la enseñanza oficial y la cultura libresca y periodística al “usun delfini”, me dejaba perplejo: por un lado los diarios informaban de la revolución sinfeinista, de la huelga de hambre del alcalde de Cork, que murió en su ayuno, y del fusilamiento de un filántropo de reputación mundial, Sir Roger Cassement, héroe de la Revolución Irlandesa. Y por el otro, estos irlandeses me resultaban devotos de su majestad Británica. Es que estos, al incorporarse a las clases altas como ingleses, abandonaban la posición de sus padres que habían emigrado en aquella terrible época en que la población de Irlanda que a principios del siglo XIX era de 8 millones de habitantes, bajó la cuarta parte en 50 años, por el hambre y la emigración consiguiente. La época también en que eran pocos los irlandeses alfabetos –Sarmiento nos lo explicará por el catolicismo y la barbarie congénita--, cuando los maestros se designaban como “teachers of hordes” porque la enseñanza tenían que hacerla al reparo de las cercas para no ser descubiertos por la policía inglesa que impedía la alfabetización.

4 Usted ha oído a ese tipo que lamenta llamarse Pérez y no Smith; a ese cretino que cree que seríamos poderosos como los norteamericanos si en lugar de proceder de España y de los indios, del castellano y del catolicismo, procediéramos de Gran Bretaña –no de los indios porque allá fueron exterminados, ya que el único indio bueno es el indio muerto--, del inglés y del protestantismo, olvidando lo que le pasó a esa misma Irlanda, o a cualquiera de las colonias que no fuera Estados Unidos. O esos mismos “algas” de las Malvinas, esclavos ni siquiera del Imperio, pues lo son de una compañía financiera. A ese sujeto que seguramente se mira al espejo y atribuye el déficit de su “bóveda craneana” a la inquisición. Ese es un hijo de… Sarmiento, con perdón sea dicho de su respetabilísima mamá. Y hay casos más graves aun: hay un sujeto cuyo apellido paterno es un nombre tradicional en la Argentina, pero lo disimula con la inicial para resaltar el apellido británico de la madre; cierto que en estos casos la única segura es la filiación materna.

5 En época de FORJA, allá por el año 37-38, le comentaba a ese patriota que fue el doctor Goyena, entonces juez del crimen, la insuficiencia de nuestros recursos ante el bloqueo total de los medios de información que oponía la prensa colonial. El doctor Goyena me sugirió que lo fuéramos a ver a don Saturnino Unzué para pedirle una ayuda, y así fue como este anciano caballero nos citó en su escritorio de la calle Maipú. Allí le expuse cuál era nuestra acción y cuáles nuestras dificultades. Don Saturnino no manifestó ni conformidad ni disconformidad con mi pensamiento. Se limitó a decirme que a él el país no le interesaba. Y como yo me levantase indignado dando por terminada la entrevista porque no tenía nada más que hablar con un sujeto de ese patriotismo, como le dije, intentó explicar que solo había querido decir que a sus años solo le interesaba el triunfo de sus potrillos y era ajeno a toda preocupación política. Era el ideal de hombre, según la concepción sarmientina, cuyo destino era vivir en Europa de las rentas que proporcionaban los pastos y sacar sus colores triunfantes en Epson, en Ascott, en Deauville y también en Palermo, ya que había nacido en este país y aquí tenía la fuente de recursos.

6 Los malandrines también conocen al “medio pelo” y hay una poderosa industria nacional que no es flor de ceibo: la del whisky escocés y cigarrillos importados.

Uno de sus vendedores recorre constantemente las compañías de navegación pidiendo embarcarse como tripulante. Carece de libreta, pero insiste en cada compañía una vez por mes. Es hábil para formular el pedido ante el personal superior, y un momento antes de despedirse, ya con la respuesta negativa, extrae el paquete de “cigarrillos importados” y convida al funcionario. Conoce la inevitable pregunta: “¿Puede conseguirme?” A los pocos días aparece con una docena de cajas “made in Avellaneda”, que lo único que tienen de auténticas es la falta de estampillas.

Si esto ocurre en un medio que está al cabo de la calle en esto del contrabando, imagínese cómo será entre los “giles”.

Un conocido distribuidor de periódicos, Sanz, especializado en publicaciones uruguayas, me contó que cada vez que iba al puerto a retirar los paquetes había un muchachón que se ofrecía para acompañarlo. En su extrema diligencia, el muchachón al pasar frente al marinero de la salida de Viamonte, se bajaba del auto para regalarle un diario, y enseguida, un poco más allá, sobre Madero, se despedía y bajaba del coche para entrar al café que está en la esquina de Madero y Viamonte.

Tardó bastante en descubrir el secreto, que era el siguiente: Su desinteresado ayudante compraba en cada oportunidad dos o tres docenas de lapiceras “birome” en la calle Canning, a diez pesos cada una, y entraba al puerto con ellas en el bolsillo. Cuando le entregaba el periódico al marinero, los clientes que lo esperaban en el café suponían que dentro del diario iba el “arreglo” porque estaban “vichando” la salida del puerto. Acreditaba así la procedencia extranjera de las biromes, se vendían allí mismo a cincuenta pesos cada una. ¡Y los compradores era a su vez vivos que las iban a revender precisamente a los detractores de los artículos “flor de ceibo”!

7 “Flor de ceibo” comenzó a ser el profesor universitario que no salía de las consagraciones de la intelligentzia también de derecha a izquierda. En 1955 no hubo dificultades de izquierda a derecha para excluirlos de la Universidad. Pero no se los excluyó en función de su aptitud técnica en que supuestamente los “flor de ceibo” eran inferiores, según las medidas técnicas de la intelligentzia. Se los excluyó en cuanto eran expresiones de lo nacional, y el peronismo fue el pretexto. Se los excluyó porque habían tenido la insolencia de intentar expresar una inteligencia argentina al margen de la plataforma común de derecha e izquierda. El crimen no era ser marxista o liberal, que desde el punto de vista de la intelligentzia es cosa a posteriori. El crimen fue pensar y establecer jerarquías intelectuales fuera de los cauces predeterminados. Y en eso estuvieron todos de acuerdo, prefiriendo participar en los concursos. La intelligentzia consagrada temía perderlos en la confrontación técnica, y el objetivo perseguido era simplemente totalizar de nuevo la superestructura de que todos forman parte en común.

Pruebas al canto.

Art. 32 del decreto 6403 del gobierno del Gral. Aramburu sobre la Universidad:

“No serán admitidos al concurso quienes hayan realizado actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura, que comprometa el concepto de independencia y dignidad de la cátedra”.

Hemos oído a los liberales.

Oigamos ahora a un marxista.

José Luis Romero, interventor en la Universidad en la que el doctor Ismael Viñas es secretario, aclara el alcance del referido decreto:

“Los que hayan propuesto o participado en actos individuales o colectivos, encomiando la obra de la dictadura, realizados dentro o fuera de la Universidad, invocando o no su condición de universitarios”.

La flor de ceibo fue sustituida por la “Flor de Romero”.

Todo los separa, como se ve en el actual conflicto universitario, cuando el problema es entre ellos. Todo los une cuando, vivito y coleando, aparece el finado: el país real con sus hijos que pretende participar en la construcción de una historia que no es la del grupo intelectual que la ha deformado para que solo estén presentes las hipótesis de la Patria Chica que conforman su mentalidad de cipayos de cualquier metrópoli, porque lo importante es que el país se acomode a su extranjería mental. Y esto de Botet a Rolando García:

--¡Ah! Si de pronto apareciera otra vez la multitud argentina: los veríais unirse como en 1930, en 1945 y en 1955—.

8 Es útil señalar el contraste de lo que ha ocurrido con los morenos de Buenos Aires y a la otra orilla del río, en Montevideo. Mientras aquí prácticamente han desaparecido; en la vecina orilla subsisten numerosos en la variada gama de negros, mulatos, cuarterones, etc. La estadística oficial da un número mucho más reducido que el que resulta para mí de la empírica observación. Yo he limitado mis investigaciones a recorrer durante bastante tiempo los campos de deportes y especialmente los picados de fútbol, en las canchas improvisadas en potreros y baldíos y me ha resultado siempre un promedio de dos o tres morenos cada once, es decir aproximadamente del 20%. La mayor abundancia debe atribuirse desde luego a que Montevideo fue “asiento” de esclavos, y a que el Uruguay fue durante varios años refugio de muchos esclavos fugados del Brasil. A este propósito se hace un juego humorístico con el dicho “no hay negro que no sea blanco” porque es una regla casi unánime que son políticamente blancos. Tal vez la razón de esta particularidad esté en que el partido Blanco con sus estancieros y caudillos protegía a los esclavos fugados por su posición rioplatense, mientras los colorados que más bien eran brasileristas los devolvían a sus amos del otro lado de la frontera.

Pero el hecho que parece inexplicable es que en Buenos Aires se han extinguido mientras en Montevideo se multiplican normalmente aunque decolorándose; audazmente intento explicarlo por la mucha mayor afluencia inmigratoria de este lado del río que produjo respecto de los morenos el efecto destructor que fauna u hombre importado producen con la introducción de sus enfermedades para las que el indígena no tiene defensas. Los que hemos conocidos los estragos que produjo la tuberculosis en las primeras décadas del siglo, particularmente en los morenos que parecían especialmente indefensos respecto de ellas, podremos creer que esa es la explicación; en cambio en la vecina orilla la inmigración no fue tan masiva sino mucho más gradual y menos heterogénea.

9 Sarmiento había dicho: “nuestra República es democrática, oligárquica y aristocrática”. “Habrá una clase pensante, directora, poseedora del suelo”. Dirá alguna vez, “estoy divorciado de las oligarquías, los aristócratas, la gente decente a que tengo el honor de pertenecer”, porque es primo pobre y aun en riesgo de pasar por gaucho. Desde ese resentimiento de primo pobre dirá entonces de la oligarquía: “¡Fue plebeya y rastrera, nunca tuvo parques para divertirse cazando!” (Como los ingleses, ¡Genial el argumento!) Pero este descontento es episódico: “La república debe ser gobernada por caballeros, natural autocracia”. Una “minoría ilustrada poseedora de la propiedad, descendiente de europeos e indígenas ya conquistados a la civilización”. Es el mismo concepto del Congreso unitario de 1826 y por eso dice: “Hasta 1831 no gobernaban sino los decentes”. “Cuando decimos pueblos entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante”. “Somos la gente decente”. “Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos ni negros ni pobres”. “Somos la gente decente, es decir, patriotas” (ya se ha visto a que llama patriotismo este p… rócer, este p… atriota. Como cantan los muchachos: “muchas cosas… empiezan con P). “Nosotros los demócratas y republicanos, que no queremos que se entrometan en nuestros gobiernos otros que los que llevamos frac”.

Ahora ya podemos ver con claridad: Lo mismo es Perón que Mongo.

* Jauretche, Arturo 2010 (1966) “Las pautas del ‘medio pelo’” (fragmento) en El medio pelo en la sociedad argentina (Buenos Aires: Corregidor) Volumen 3.

Horacio González

Filogenia Argentina

Oficios de una política nueva

Uno

Suele mencionarse con avidez, en el campo de las ciencias históricas, el novedoso concepto de invención, que en su apático triunfo ha pasado ufano al dominio de la conversación común. “Invención cultural”, “invención de las tradiciones”, “invención de la Argentina”, “invención democrática”. Se entiende lo que aquí quiere decirse. Es un alegato último, que encuentra finalmente su concepto apropiado, por el cual se pone a la vida histórica bajo el patrocinio de un rasgo que despeja a las identidades de su peso ontológico. Vacilamos en decir esta última palabra, pues tiene severas capacidades narrativas a lo largo de la historia de la filosofía, pero con ella ahora se quieren mencionar cuestiones muy específicas. En primer lugar, todo lo que haría de las relaciones, de la vida social, de la institución colectiva de la memoria o de los rasgos indeclarados de toda acción, una manifestación del ser que se presenta en auto-referencia a su propia presencia contradictoria en el mundo. El ser constituye actos de presencia que se sitúan en distintos planos de temporalidad, de modo tal que su actualidad se evidencia como uno de esos planos cuya fuerza reside en su propia capacidad de deserción. Pues toda actualidad se verifica sobre el fondo de una inactualidad que es pura negación o inactualidad rememorada.

Esta cuestión del ser que encuentra el tiempo como una categoría perceptiva ya dada —no es impropio recordar que ciertas filosofías calificaron de “antepredicativa” a esta dimensión temporal— es precisamente la que ahora es desplazada con el llamado a producir pensamientos sin ontologías, lo que a veces se traduce como pensamientos sin “esencialismos”, sin “sustancialismos”. La añoranza por el imperio de formas sociales capaces de operar en un mundo de un modo puramente contingencialista ha llevado a formular pensamientos desafiantes y de gran calidad argumental, como los que habitualmente expone Ernesto Laclau en torno a que la metáfora y otras formas retóricas no son un sentido agregado al que de por sí encarnan las relaciones sociales, sino que estas están primariamente sometidas a una forma de constitución que impide fijar de forma última el sentido. Las relaciones sociales no son literales, sino que la literalidad misma es metafórica; toda identidad, a su vez, expulsa su carácter necesario en virtud de la eliminación de principios subyacentes, sin que haya posibilidad de fijar un sentido externo al flujo de las diferencias. Este pensamiento, en el caso de Laclau, adquiere la doble importancia de estar expuesto como parte de una original aventura filosófica y de pertenecer a una de las derivaciones posibles de lo que en los años sesenta argentinos era el llamado a articular dimensiones nacionales y sociales en una nueva izquierda nacional cuyo historicismo básico no impide que hoy se la vea como anticipo de lo que luego se presentará como el tema de las prácticas discursivas articulatorias para contener, no más que precariamente, el campo de las diferencias.

Pero frente a todo proyecto de llevar hasta las últimas consecuencias el estilo retórico para conocer lo social, es posible abonar un campo polémico en el cual se manifieste ahora la necesidad de producir un diálogo del retórico con el simpatizante de la tradición ontológica. No por figurar esta ideal de la “tradición ontológica” entre los núcleos fuertes de una condena dictada por el tribunal de la “invención de lo social”, debe dejar de golpear a nuestras puertas con los títulos impresionantes bajo los cuales organiza más de veinte siglos de filosofía. Abandonarlos como una metafísica fijista fue y es un desafiante programa filosófico del siglo XX y probablemente lo será del que ya viene, pero no puede estar en manos de las triviales bibliografías de la globalización académica que con un plumazo “antiesencialista”’ mera consigna irreflexiva de las intrascendentes fábricas de papers en que se convirtieron las universidades, se prestan a la liquidación general de una gran memoria filosófica. Por supuesto, nada tiene que ver con esto un pensamiento como el de Laclau (y en él mencionamos a un estilo de trabajo que ha llevado tan lejos como es posible la idea de que radicalizar una emancipación solo puede tener como garantía “el carácter socialmente construido de toda objetividad”), pero no podemos dejar de comprobar de qué modo el abandono de la tradición ontológica —y sobre todo en nuestro ambiente intelectual paupérrimo y vicario— puede preparar el camino para despojar al conocimiento de sus responsabilidades de y en la historia, que en nombre del invencionismo radical destituye la masa opaca de hechos que aseguran comprender los contornos de lo real-existente.

Laclau indica que hay una sedimentación social que se presenta como una argamasa dormida de hechos que olvidaron sus orígenes, por lo que el camino de la reflexión debe recorrer el camino inverso para recobrar la contingencia originaria. Descubrir el carácter contingente de aquello que se presenta como una objetividad no dispuesta a investigar su contingencia irremisible compone el acto revolucionario que abre nuevamente las formas sedimentadas de la objetividad. Se podrá entonces remitir el sentido investigado a la facticidad originaria en la que se descubren las condiciones contingentes de emergencia de una identidad. Remitir ahí el pensamiento sobre la verdad y el sentido supone recuperar el “mundo de vida” que nuevamente se “revela” como protagonista de su libertad en flujo, “puro evento, pura temporalidad”. Se nos ocurre que esta exigente extremación del estructuralismo, con su pensamiento de la falla del ser, reconduce nuevamente a los dominios de un existencialismo que proclama que la nada es “como un gusano” en el corazón mismo del ser. Si no lo parece es porque, en un notable esfuerzo de reflexión y de expresión, Laclau considera “falta de ser” lo que en otros términos se puede estudiar como procesos de nihilización del ser, pero el programa aniquilador de la ontología ya parte de antemano de la confianza de que puede devastar toda la turbiedad social que disimula el origen faccioso de lo real.

En el marxismo, tomado en sus textos inaugurales, la cuestión de revelar el signo social de la cosificación, se ejercía en nombre de la liberación de las potencialidades del trabajo, pero las relaciones sociales redescubiertas en su creatividad, trazaban un horizonte de luchas que motivaban una “ontología social” antes que el estudio del “puro acontecimiento”. Decimos, pues, ontología social como quien afirma que el conocimiento de los hechos libres originarios, no puede lograrse si no postulamos un estado previo que se opone oscuramente a la intelección, por el cual es imposible eliminar la acechanza del sedimento acarreado por las prácticas olvidadas o aquello que, con similar intención, Sartre llamaría “lo práctico inerte”. De lo contrario, el mundo despojado de ontología —esto es, de oposición permanente al desciframiento final del sentido— quedaría equiparado al estatuto de las almas bellas, que en su deseo de pureza repelerían el poder cognoscitivo de la enajenación, privándose del comienzo mismo del acto de conocer.

Pero estas rápidas anotaciones que realizamos, que merecerían más desarrollos y sin duda más precauciones, apenas nos sirven para señalar los alcances de un tema: si por un lado, la filosofía social más exigente de la época (que Laclau, aunque no solo él, traduce con un original espíritu de reflexión que se acerca al more geométrico) juega con las posibilidades últimas de lo social al extirparle su literalidad o su referencia a las “cosas”, por otro lado las apuestas de divulgación académica se dirigen hacia un invencionismo que reescribe la historia de los países bajo el emblema del fin de las identidades. Sabemos, desde ya, la dificultad que entraña este concepto, que se refiere menos a las formas inmóviles de lo social que a la cualidad de los nombres que se heredan como enlaces inter-generacionales, siempre sujetos a querellas políticas y epistemológicas. Pero ha pasado al debate contemporáneo como si no fuera también uno de los pilares de las lógicas dialécticas y de los pensamientos sobre la razón y la subjetividad. De este modo, cualquier becario de iniciación puede darse el lujo de avalar su ingreso a la lengua oficial que administra los saberes de la hora, despachando irresponsablemente con un par de despectivas notas de pie de página y con tres o cuatro sambenitos premasticados, un arduo problema que conmovió la historia del pensamiento humano y que, si no hubiera más nada que mencionar, basta con recordar que mueve interiormente toda la obra de Hegel.

Es entonces del dominio público académico, como obra mayúscula de su romo y desesperante sentido común, lanzar la acusación de “identitario” a los que osan poner en duda el programa obispal que a cada paso se siente obligado a declarar que “argentino” es una “construcción social”, que la “tradición nacional” nos lleva a una situación del tipo “inventing traditions”, que la “cuestión nacional” nos pone a un paso de un horrísono “sustancialismo” en el cual vemos asomar el fiero rostro del “fundamentalismo autoritario”. ¿No se parece esta administración de eslóganes periodísticos a un evento vinculado más a la cesación del pensar que a la crítica histórica y cultural? Se escucha por doquier que las identificaciones de cada momento histórico resisten a las categorías “totalizantes” y que, por lo tanto, la noción de lo que en un momento singular se constituye en “argentino” son elaboraciones estatales para el agrupamiento forzado de personas —también llamados “dispositivos para crear argentinos”— con lo que la palabra argentino no es lo mismo para la generación del Ochenta con su propensión disciplinadora, que para las primeras décadas del siglo XIX, con su visión pre-estatalista y que para estos finales del siglo XX, con su testimonio del hondo fracaso de las políticas de “liberación nacional”.

Pero no nos dicen nada nuevo. No seremos nosotros los que sostendremos la comedia nacionalista, que es efectivamente criticable pues ella sí coloca el síndrome tradicionalista como una trama coercitiva que genera axiomáticas de control social. Pero ya no hay que preocuparse: ¿no fueron estos tradicionalistas los que se adosaron con más fervor al carromato encandilado de la globalización? Sin embargo, lo que pasan por alto aquellos que se ven compelidos a cada paso a aclarar que en la idea argentina estaba implicada una manufactura de hombres dóciles, atados a himnos, guerras y violentos apotegmas, es el modo de acción que se recorta sobre remembranzas, existencias no sabidas y facultades del futuro para reescribir el pasado. “Dio su vida por la patria, que ignoraba”, dice Borges del gaucho, comentando precisamente la clásica idea revolucionaria de “lo hacen pero no lo saben”.

Por eso, pensar sobre la base de la mera actualidad invencionista, nos deja ante un politicismo inerte; es no entender la historia de la emancipación humana que se libró en los estambres del texto argentino. Porque tal como la vemos, la praxis argentina es ante todo un conjunto de textos que debaten entre sí y pueden ser sometidos a una interpretación que los libere del engarce que los atrapa al artificio de la dominación (con los hombres como instrumentos, como “obreros parcelarios del autómata central”, que en este caso sería una nación concebida como organismo de propiedad y vigilancia). ¿Qué ganamos con disolver esos textos en una ideología de “control biopolítico” o “dominación burocrática del patriciado” si por esa vía nos quedamos no solo sin el horizonte nacional sino sin los ecos estremecedores de esos escritos que hacen al símbolo y al sueño de millares de hombres que son un tímido rastro ceniciento en nuestra memoria. Desapareciendo ese texto argentino, son ellos los que desaparecen, quedan como ignotos cadáveres solitarios cuyos actos parecerán ciegos de sentido, víctimas del equívoco de haberse creído parte de un tiempo colectivo cuyo sentido había que disputar con otros hombres, sus adversarios o enemigos.

No sería posible optar por las víctimas —en su larga memoria de voces acalladas— si no fuésemos capaces de ver en los oprobiosos victimarios ese rostro abominable del país que quisimos rehacer en su trama íntima de justicias, porque nada es una nación sin la facultad colectiva de redimirla con el saber y el conocimiento de las víctimas que vuelven a tomar lo justo que se les adeuda, y al igual que el proletariado de Marx, suprimirse a sí mismas en el sufrimiento de su memoria, en el mismo acto de suprimir toda tropelía y padecimiento social actual. El concepto de “invención” tiene una carga de trivialidad muy grande al interpretar todo acto de convicción y memoria individual o colectiva como un arreglo de poderes constituidos en “dispositivo”. El mortal “efecto Foucault” que se desencadenó sobre el pensar social en nuestros países —casi siempre basado en interpretaciones de una obra mucho más sutil en sus consecuencias y escrituras que el sociologismo ventrílocuo con que se la hizo hablar— contribuyó a considerar que esas raras, complejas y —por qué no— fatídicas elaboraciones de la historia que llamamos naciones, fueran consideradas parte de una “mirada médica” o de “panópticos” que hacían de la trama cotidiana social una transmisión de puntos de dominio de una micro-red de poderes invisibles.

Tratadistas como Benedict Anderson (1993), simpáticos académicos de una new left elegante y desprejuiciada —nada tenemos contra ello— dan prueba, asimismo, de un uso liviano de ciertas ideas fundamentales del pensamiento filosófico de la época. Es el caso del modo en que Anderson emplea el concepto de Walter Benjamin de “tiempo homogéneo y vacío”, para aludir al tiempo nacional que se crea a partir de la idea de “comunidad imaginada”, que forzaría, tanto como la de “invención de naciones” pero no del mismo modo, una práctica compulsiva de temporalidad compartida. ¿Nos toma por tontos? ¿Cómo no saber que el museo, los censos, los mapas constituyen aparatos estatales de celebración socialmente constreñida? Es fácil reírse de los museos. Basta ir a nuestro Museo Histórico Nacional y desatar nuestra bien dispuesta mordacidad. Allí está la historia militar argentina en su rotunda incapacidad de reflexión, en verdadero estado práctico-inerte, con sus objetos desencajados de la atmósfera vital que los contuvo. Pero en su conjunto —esos burilados catalejos, pistolas de chispa, espadines de gala, banderas deshilachadas, vajilla artística, reproducciones dudosas, candor épico, en fin, con toda la extraña imposibilidad de pensar la historia cuando se halla en estado de museificación— arrojan sin duda el resultado de entregar una crónica de la “invención nacional” realizada por una casta político-militar patricia. Pero en lo que a ese museo le falta (el detalle que extravía la historia estatal o la interrupción de la épica por imperio de algún objeto irónico o desviado, por ejemplo, ese traspapelado billetito para entrar al Cabildo de 1810) o en lo que ese museo tiene a pesar de él mismo (la historia de una cotidianidad a través las modas y estilos en los objetos bélicos o domésticos), encontramos no solo la posibilidad de pensar “a contrapelo” (¿no había que citar al suicidado de Port Bou?) la historia nacional-estatal, sino también la invitación a considerar que ni siquiera esa casa inerte y árida, deja la idea de que había una extorsión comunitaria a través de la imaginación programada.

Benedict Anderson cita con desdén a Otto Bauer, autor del gran libro sobre la cuestión nacional, que nosotros hemos considerado, haciéndole justicia. Otto Bauer escribió en tiempos en que la socialdemocracia alemana era la sede de decisivas discusiones ideológicas, mucho antes de la larga y vergonzosa decadencia de hoy, y contrasta su libro con el de Anderson, que no hace más que repetir obviedades sobre la relación del periodismo con la nación, sin que sus ideas ganen en vigor con la consabida apelación a Walter Benjamin. ¿Cómo la hace? Recortando frases a la manera de un lector práctico y astuto, solicitando el mundo mental de Benjamin para actuar en el típico terreno del especialista académico que, no sin cierta viveza involuntaria, secuestra emblemas y citas. Pero ya que estamos en el firmamento Benjamin, para estudiar el itinerario de las naciones sin pensar que son meras formas de la astucia de la razón, ¿no sería más adecuado suponer que el tiempo de las naciones se adecua más a ese acto de irrupción y de catástrofe que en esas mismas Tesis de la historia Benjamin llama “tiempo ahora”? Es decir, la resquebrajadura del presente por la cual se aguza la percepción y adquiere la capacidad de captar el pasado dolorido y acallado, victimado o suprimido.

Dos

Otro tema que este libro ha intentado considerar es el de una de las formaciones ideológicas más notables de las luchas sociales argentinas, que en los años sesenta cobró la vestidura de la izquierda nacional. La composición de esta “palabra valija” no es enigmática pero sí evocativa de toda clase de dilemas. Lo primero, porque de algún modo es la abreviatura de la tragedia ideológica del siglo XX. Todos los sujetos dramáticos de un largo ciclo de guerras y revoluciones suponen un juego combinatorio entre las tradiciones de la izquierda social y el “mitema” nacionalista. Formas ostensibles de esa combinatoria, recorrieron los años veinte y treinta de la política alemana, y emergieron bajo el atavío ominoso del nazismo. Otras formas dieron origen al pensamiento gramsciano bajo una aguda discusión sobre el concepto de representación y voluntad colectiva, sobre el sentido común y el mito activista del Príncipe. En un sentido totalmente contrario, el mito pensado por el teórico del nazismo Alfred Rosenberg (1934 [1930]), tenía un sustrato racial (la Blutswille, la voluntad de sangre) y debía ser una experiencia vivida encarnada en fuerzas formativas, ligadas a “tipos solares” de los que excluye a los judíos, meros hombres de una “universalidad abstracta”. En estos términos, son notables las diferencias con la herencia soreliana en la interpretación del mito —que es productivo, dramático, social, pura dialéctica paralizada— pues se trata de poner la crisis de la razón y de la idea racional del tiempo al servicio de las energías colapsantes de la revolución social.

Pero antes de que los cazadores de perlas emerjan del buceo más profundo con la daga entre los dientes, concluyendo que todos los pensamientos sobre el mito político pertenecen a la misma saga de las derechas redentistas e irracionalistas, sean gramscianos, sorelianos, visitantes inauditos de la ensayística del peruano Mariátegui o del argentino Cooke, remitiéndose irremediablemente todos a los mitos de la “voluntad de sangre”, debemos señalar que nos parece que toda la discusión de este siglo que ya concluye, puede pensarse como un debate en torno del mito: sus potencialidades, sus capacidades diferentes de impulsar una actividad social, de llevar a una develación o, en caso contrario, a una recaída en la fabulación yerma, despótica y exterminadora de lo humano. Si optáramos por descartar el mito como una figura disonante del conocer, que le pone a la práctica humana los inadecuados añadidos de la mixtificación y la quimera, no podríamos alcanzar el verdadero corazón de las luchas sociales de esta época y acaso de las que vengan. Porque las luchas son para definir el sentido constructivo de emancipación del mito. Es porque el mito encierra esa posibilidad civilizatoria, que las fuerzas antihumanas quieren anexarlo para su procedimiento pues invocan lo que quizás también tenga, pero como calidad inferior y destartalada: la de cerrar la experiencia vivida con una sustracción de la raíz humana de la acción, anulada con ensueños espeluznantes y pensada desde la sangre.

Ante esto sería fácil optar por el mero laicismo y la cáustica razón que ampara verdades en su ascetismo. ¿Pero no es necesario adentrarse en el “corazón de las tinieblas” para pensar? Por eso, por poco que seamos complacientes con el poder estanco y antropófago del mito, es imposible pensar en cualquier tipo de actividad que no incluya —en su “natalidad”, como diría la propia Hannah Arendt— una autorreflexión sobre la gracia que un illo tempore vuelve a otorgarle a la actualidad. Es la gracia del mito amigo de los hombres, pero de fulgor ético y revolucionario. Nos habla con su poder de reversibilidad del tiempo, poder trastocador que es preciso aprovechar para pensar las sociedades en términos nuevos, desenfadados y estimulantes.

En este sentido, el mito es la dádiva que relata los parentescos entre la palabra olvidada y la palabra nuevamente ofrecida. Meditación sobre el legado, el mito es la acción que busca no ser deudora de la trama de antiguas y brumosas deidades, pero para salir de su prisión debe ser dadivosa con lo que siempre está a nuestro acecho: la memoria ya transcurrida de la humanidad, que está en toda y ninguna parte. Es comprensible entonces, que este debate en el interior del mito —entre el mito como libertad frente a los dones del pasado y el mito como invocación de dioses aterradores— no sea propicio para quienes desearían pensar la acción como blanca y cenobita, ajena de toda ajenidad respecto a los mitos. Les parecería la forma indicada de despojar el sentido de sus engarces vaporosos y lúgubres. Pero también se despojarían de lo que hace posible a la acción, su particular situación frente al mundo de acciones ya ocurridas, a los que interroga y reinterpreta por su sola capacidad de agregar un abalorio más al universo. De ahí que las tradiciones ilustradas reemplazaron el mito con la ideología —a costa de convertir a la razón en un nuevo mito: esto ya bien se ha dicho— y más adelante se animaron a reemplazar la ideología por la “ciencia y técnica como ideología” —esto también ya se ha dicho— y más adelante, sabemos, decidieron reemplazar el cientificismo de la razón instrumental por una letárgica ciencia administrativa, que reparte excomuniones cada vez que se siente amenazada por lo que, ¡ay!, ellos llaman “sustancialismo”.

De ahí que se consideran en condiciones de arrojar su desprecio hacia los hombres que se envolvieron en el manto trágico de las ideologías. ¿Quién no conoce esa experiencia? Convengamos que es extraña, pues nadie podría pensar que un núcleo autodeclarado de ideas —”soy comunista”, “soy fourierista”, “soy fabiano”, “soy libertario”— puede abarcar completamente las experiencias de los sujetos, ese pletórico e ingenuo “soy”, al punto de emblematizarlos en todas sus esferas vitales. Ante el asombro que esta situación produce, la crítica a la “ideología personal” ha pasado por varios capítulos bien conocidos, desde el “yo no soy marxista” del propio Marx hasta la escisión althusseriana entre ciencia e ideología, que abre la posibilidad de empalmar la ideología con el mundo de las prácticas. Estas pasarán a ser el nuevo modo de lo ideológico, entendido ahora como argamasa de acciones donde ocurre el juicio diario de realidad y la comprensión de la presencia interpelante de los otros en mí. Desde luego, con este giro, que también había anticipado Gramsci con su senso commune, la idea de ideología adquirió las notas de una materialidad social cotidianizada. Foucault lleva a consecuencias aún más impresionantes esta misma percepción, al declarar que el problema para los intelectuales no es el de criticar contenidos ideológicos o descubrir una ideología justa, sino el de “constituir una nueva política de la verdad”, que quiere decir investigar el régimen económico o institucional de justificaciones y hegemonías.

Cierto: no es posible negar la importancia de haber descubierto que la verdad son “políticas institucionales”. Pero ¿no sabíamos eso desde siempre? ¿O por lo menos, desde que con un mínimo de lucidez incluimos nuestras vidas en cualquier práctica institucional, aunque más no sea tomar un examen o llenar un formulario? El resultado de estos descubrimientos respecto de que hay construcción política de la verdad —otra variante del invencionismo historiográfico— con ser relevantes y aportar a un desentumecimiento general de la crítica al poder “que circula’, no están en condiciones de intervenir con lucidez en la narratividad de ideas que asumen los hombres en situación de litigio. Es el final de una historia que postula un mundo sin mitos, revelado por fin bajo el triunfo del dispositif. ¿Y qué de los hombres que tienen en su lenguaje cotidiano la inscripción de izquierdas y derechas como una alusión al dramatismo de la conciencia pública, antes que conceptos como panoptismo de las instituciones, multiculturalismo o nuevos pobres? Porque no se trata de condenar la aparición de nuevos vocablos, sino de observar que cuando lo hacen, no dejan de estar vinculados a aquellas “políticas de verdad” que generan instituciones editoriales, universidades y agencias financiadoras del mundo anglosajón (hoy dominantes, en sustitución del viejo espíritu afrancesado de nuestras clases culturales).

Señalando con punzante ironía estas realidades, Pierre Bourdieu y Loïs Wacquant (1998) dicen que el particularismo académico norteamericano se transmutó en un universalismo que encubre su raíz social singular, de modo a constituirse en una nueva razón académica planetaria. Deshistorizado y desenraizado, este lenguaje recorre las universidades del planeta produciendo un horizonte “global” que repite incansablemente su motivos a modo de una nueva lingua franca. El propio concepto de globalización, y otros no menos conocidos, son vulgarizaciones filosóficas que emanan de esos gabinetes asistidos por el poder de editoriales o agencias de subsidios, que muy frecuentemente inclinan la terminología y el argumento de los investigadores, hacia los previos requisitos de “inteligibilidad de mercado” que esas instituciones han diseñado. Producen así una nueva “barbarie cultural”, que está en la base de comportamientos tales como los de cierto autor que “puede escribir liberty entre paréntesis después de la palabra libertad, pero aceptar sin problemas determinados barbarismos conceptuales como la oposición entre ‘procedural’ y ‘sustancial’”. De este modo, un nuevo “sentido común planetario” con sus “Mecas simbólicas” ha americanizado el mundo occidental con conceptos académicos que circulan con la velocidad de una marca de jean o del estilo rap. Y como parte de un formidable equívoco, estos nuevos modos de pensar la sociedad, “utilizados por especialistas de disciplinas percibidas como marginales y subversivas, tales como los cultural studies, los minority studies, los gay studies o los woman studies, asumen a los ojos de los escritores de las antiguas colonias europeas, la apariencia de mensajes de liberación”.

No sería difícil aceptar también que la obra de Bourdieu pudo cumplir semejante papel en las universidades latinoamericanas, pero es probable que ahora no sea momento de destacar su compromiso con la propagación de un modo de percepción que también se integró a la industria de las monografías y tesis de nuestras universidades, sino de seguir con atención un pensamiento que a pesar de su sociologismo (dicho así, rápidamente, pues sin duda implica esto un debate mayor), ha hecho severos esfuerzos para detectar las formas operantes de una nueva razón mediática y sus instituciones de conocimiento, que encubren y presentan sus formas de dominio como genuina filosofía. Por eso, no creemos que los pífanos que indican que han sido superados los viejos enigmas ideológicos de izquierda y derecha (posiciones espacio-gestuales del argumentativismo político), conduzcan a ninguna otra cosa que a impedirnos trazar la historia de la sociedad argentina en sus escisiones expresivas y dramáticas. Es lo que quisimos hacer en este libro. Combatimos pues a esa sustracción terminológica, que para que sea eficaz, debe concluir su faena del mester deconstructivista aboliendo el concepto de nación entre las risas y befas de los academicistas del “patriotismo constitucional”.

Para que un estudio como el que pretendemos, que no pase por alto ninguna de las discusiones que nos competen (para citar algunas ocurridas en Francia en los últimos cuarenta años: la de Sartre y Merleau-Ponty, la de Lévi-Strauss y Sartre, la de Foucault y Derrida, la de Derrida y Lévi-Strauss, la de Rancière y Althusser, la de Bourdieu y Rancière, en fin, no son las únicas) pero que al mismo tiempo se sitúe en el interior de la tradición crítica argentina (cuyos debates no son menos interesantes, aunque pertenecen a la tradición literaria antes que a la filosófica, por razones comprensibles), es necesario no satisfacer la ansiedad perniciosa de quienes desean ver liquidado el anaquel de las luchas sociales argentinas en tanto luchas ideológicas. En este sentido, queremos manifestar la importancia heurística, cognoscitiva y narrativa que tiene el concepto de izquierda nacional y nos pareció que debíamos hacerlo evidente en este libro. Lo hicimos en tono ensayístico y por momento, de “barricada”, pues simplemente nos pusimos en la misma cuerda epistémica del lenguaje que queríamos evocar. El lector dirá si esta pequeña fenomenología de la escritura ha dado resultado. Pero ahora desearíamos agregar algo más: suele decirse que en época de globalización (aunque este concepto nos parece pertenecer al rango de problemas que hay que develar, ya que él mismo nada devela) hay que atacar los rompecabezas que produce y los daños que acarrea, aceptando el nivel de constitución de lo real que implica, sobre todo desde el punto de vista de las realizaciones científico-técnicas, irreversibles, que son “su insignia y sello”.

Unas palabras, entonces, sobre esta cuestión. Lenin había afirmado en el Qué hacer que el partido revolucionario de profesionales se inspiraba en formas técnicas asimilables a las del nivel alcanzado por el capitalismo centralizador: la fábrica y el periodismo. Pero hoy podríamos preguntar, a la vista de lo que pasó: ¿Era necesario reproducir en el partido político la forma del capitalismo productivo y de la circulación de ideas? ¿No se constituyó esta creencia en uno de los lejanos anticipos que prefiguraron la caída de la vasta construcción soviética emprendida? ¿Había otro modo de hacerlo? Es posible pensar que sí: estaba contenido en la polémica e intercambio de Marx con los populistas rusos, los célebres narodnikis, momento en el cual se rompe la concepción lineal de la historia y la idea de que la propia historia no sería productiva por debajo del nivel de despliegue máximo alcanzado por la hegemonía mundial de la técnica. Al considerar Marx con simpatía el papel significativo que pueden jugar los “anacronismos” sociales, económicos o subjetivos en un momento de conmoción revolucionaria, habilitaba un pensamiento crítico cuya eficacia se daba por dejar de pertenecer —antes que por pertenecer— al mismo nivel de sentido de aquello que deseaba vulnerar. ¿A imagen de esta misma especulación del último Marx, no podría decirse que el conjunto de problemas que menta el término globalización no se puede analizar críticamente desde las mismas tecnologías del conocimiento que ella promueve, sino desde planos culturales y cognoscitivos que han quedado en las trastiendas de esa (in)voluntaria resistencia del anacronismo, con su saber de retrospección y su renuencia a disolverse en la pseudo-racionalidad reinante?

Así lo creemos. De ahí, nuevamente, nuestro recordatorio al lector —nuestros amigos, que aspiramos a conservar, y por ventura los que además nos depare este libro— que una de las insistencias que aquí mantuvimos es la de la reflexión sobre el modo en que se coaligan las ideologías de la revolución moderna: nacionalismo e izquierda. El arte combinatorio, que las vincula en distintos grados y proporciones, es el arcano del siglo veinte. La historia de esta vinculación —vinculación que retuerce y barroquiza campos conceptuales diversos— puede arrojar luz sobre algo que aún no sabemos adecuadamente.

Preguntas. ¿Cómo se conjugan ideologías antagónicas? ¿Cómo se articulan sus zonas complementarias o simétricamente opuestas? ¿Esa articulación permite suponer que hay un continuo ideológico que abarca un arco iris o un espectro con gradaciones que se suplementan? ¿Hay una paleta de colores con escalas ideológicas que forman parte de un mundo-uno antes que de trincheras dispares? ¿Podemos definir las épocas por el modo en que predominan en ellas los sujetos reacios a la conjugación o los sujetos aptos para conjugar sus diferentes relatos de ideas? ¿Los sujetos de la nación y del trabajador, figuras del mundo moderno e industrial, acaban siendo sujetos integrables por el solo hecho de serlo y ahora tienen que esperar su disolución mancomunada, en virtud del agotamiento de la época del sujeto histórico autocentrado? ¿El hecho de que en algún punto de la cadena combinatoria encontremos las guerras del siglo, inhabilita para pensar otras combinaciones que preserven los patrimonios culturales y la memoria social de la humanidad, con sus sujetos laborales y nacionales entendidos como manifestación de la justicia y la emancipación? ¿Esos sujetos hay que pensarlos bajo el artificio de la escisión dialéctica, para evitar una idea meramente evolucionista del trabajo (y del trabajador) y una idea meramente integracionista (y represiva) de nación?

Preguntas… preguntas… de las infinitas que se nos abren al concluir estas páginas. ¿Hay un “oscilador semántico” (Faye, 1974 [1972]) que conduce al temible fenómeno del nacional-bolcheviquismus como abreviatura de la tragedia del siglo veinte, o es posible pensar que el mundo de las ideas sociales mantiene una rara completud y secretas vinculaciones que es preciso poner a la altura de la justicia de bienes, de la igualdad de gratificaciones y de la vida buena en las sociedades? Si esto último es aceptable o verosímil, es preciso acudir nuevamente a las estrategias de mezcla, (o mejor, de juntura), para evitar que estas sean la mera reproducción de un vacuo consensualismo político, para que estén a la altura del mito del pensar concreto, el del bricoleur, el que arma objetos nuevos (obras o pensamientos) bajo la caución de un mundo que ya dispone de materiales heteróclitos pero limitados. A condición de no tener conductas invencionales que pueden manifestarse en una absoluta oquedad, esta poderosa forma de la mezcla labora con la ya dispuesto pero en medio de una gran libertad situada. Inventa sobre la base del existente social real. Por eso cada mezcla no es producto de acuerdos transaccionales sino de acontecimientos verdaderamente nuevos (Lévi-Strauss, 1992 [1962]).

Así creemos poder interpretar las especulaciones de este sabio, injustamente acusado ahora de propender hacia una ¿involuntaria? “pureza racial”, a costa de defender un relativismo cultural destinado a seguir dialogando con los últimos pueblos del neolítico. Hay una derecha francesa, sin duda, que puede invocarlo. Y puede haber, también, el abandono pesimista del propio Lévi-Strauss del horizonte problemático de la contemporaneidad, tal como siempre lo hizo. Por eso su postulación contraria a las “mezclas culturales” y a la “supresión de las distancias culturales”, puede parecer una naturalización de la cultura que “encierre a priori a los individuos en una determinación inmutable” (Balibar y Wallerstein, 1991 [1988]). ¿Pero qué tiene que ver la obra real de Lévi-Strauss con eso? ¿No se trata justamente de pensar los pensamientos de mezcla sin que pierdan su gracia creadora? Esa es, creemos, la esencia del pensamiento salvaje de este extraño filósofo de las civilizaciones.

Y esta es efectivamente la aventura democrática del conocer, ejerciendo la crítica por sustracción o por extrapolación, lo que también puede definirse a la altura del primer Oscar Masotta, cuando escribe que es necesario recuperar ideas que están en manos de “escritores de derecha” —ideas como la de destino— y que recuperadas tendrían la severa encomienda de reactivar al sujeto de las izquierdas (doctrina de pasajes que ya estaba mencionada en las Tesis sobre Feuerbach de Karl Marx, en relación a los vínculos paradójicos entre materialismo e idealismo). Pensamientos de anexión, entonces. Pensamientos de readquisición o de transferencia, que de algún modo nos recuerdan la eficacia, la rareza y el mito crítico del pensar, basado en el acto irremisible de quitar algo de lo existente o en agregarle lo que parecía no corresponderle.

En este libro quisimos invocar estos pensamientos. Porque ellos se corresponden con las exigencias del ensayo crítico argentino, que es un alto parapeto de la vida intelectual y a la vez garantía del alma lúcida de las sociedades, tal como hoy lo muestran —queremos también mencionarlo— obras, libros y escritos de Nicolás Casullo —con su prosa de aliento espacioso y viva teatralidad de novelista—, de Martín Caparrós —con su pasión por explorar los confines de la novela, por desafiar la letra de la política y por averiguar el pavoroso sonido de las vidas—, de Eduardo Grüner —con su elegancia teórica escritural y expositiva—, de Horacio Tarcus —con su plena vehemencia y rigor historiográfico— y de Guillermo Korn y María Pía López, que en sus trabajos sobre la cultura argentina del siglo han adoptado valientemente un exigente programa de rescates y polémicas.

Hay algo con la filosofía argentina: ella es anémica, supeditada, facsimilar. Vive la pobre vida de las universidades. Las públicas, que se hallan decadentes, autoexpropiadas de imaginación y presas de una mendacidad a las que nadie, salvo su propia torpeza, las ha obligado; las otras, que gozan en ser taimadas con su intento de acomodarse a los pobres mendrugos de modernidad que les llega tarde. Aún está pendiente el programa que insinuara Alberdi hace más de un siglo y medio: cuidar de la filosofía para mantener el derecho a pensar en una autonomía cultural. Si aún no ha llegado, como lo temen tantos, el crepúsculo de esa potestad del pensamiento libre (que de todos modos nunca fue plena entre nosotros) aún será posible reconstituir nuestra vitalidad cultural volviendo hacia la filosofía, o mejor dicho, hacia la disposición filosófica.

Bibliografía

Anderson, Benedict 1993 Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México: Fondo de Cultura Económica).

Rosenberg, Alfred 1934 (1930) Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit [El mito del siglo XX] (Múnich: Hoheneichen-Verlag).

Bourdieu, P. y Wacquant, L. 1998 Las argucias de la razón imperialista (Barcelona: Paidós).

Faye, Jean P. 1974 (1972) Los lenguajes totalitarios (Madrid: Taurus).

Lévi-Strauss, Claude 1992 (1962) El pensamiento salvaje (México: Fondo de Cultura Económica).

Wallerstein, Immanuel y Balibar, Étienne 1991 (1988) Raza, Nación y Clase (Madrid: IEPALA).

* González, Horacio 1999 “Filogenia Argentina: oficios de una política nueva” (epílogo) en Restos pampeanos (Buenos Aires: Colihue) pp. 419-432.

Sobre los autores

José María Aricó (1931-1991). Nació en Villa María, Córdoba, y ya en la adolescencia, en su militancia estudiantil, adoptó el marxismo y se vinculó al Partido Comunista. Sin título universitario, su formación y erudición teórica resultaron de la militancia y el activismo. Su protagonismo en Pasado y Presente, publicación que marcó la historia del marxismo argentino y latinoamericano, le valió la expulsión del PC junto con la del resto del grupo fundacional de la revista (Oscar del Barco, Héctor Schmucler, Samuel Kicszkovsky y otros). Publicada en Córdoba entre 1963-1965, y con reapariciones posteriores por breves períodos, sería continuada con la serie de los Cuadernos de Pasado y Presente. Gramsci fue la guía en estos años, impactados por la revolución cubana, la figura del Che Guevara y la ruptura entre la Unión Soviética y China. Aricó y su grupo se acercaron por entonces al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). En los setenta, Aricó y su amigo y compañero Juan Carlos Portantiero se vincularon con Montoneros y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Tras el golpe de Estado y la represión del ’76, el grupo de Aricó se exilió en México. Allí dirigió la Biblioteca del Pensamiento Socialista, desde donde difundió, muchas veces por primera vez en castellano, autores clave del marxismo. Ya de regreso en Argentina, en democracia, con Portantiero fundaron en Buenos Aires la revista La Ciudad Futura y el Club de Cultura Socialista. Aricó fue entonces investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Además de ser uno de los fundamentales editores de Marx en español (publicó una edición crítica de El Capital y los Grundrisse), produjo artículos y libros como Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, Marx y América Latina, La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina o La hipótesis de Justo: escritos sobre el socialismo en América Latina (editado póstumamente).

Juan Carlos Portantiero. Nació en Buenos Aires en 1934. Participó a la distancia de la fundación de Pasado y presente en 1963, revista por la cual fueron expulsados del Partido Comunista Argentino, donde se había formado con Agosti. Esa publicación encarnó la elaboración teórica y política del grupo gramsciano en aquellos años. Portantiero estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. En 1971 publicó junto a Miguel Murmis Estudios sobre los orígenes del peronismo, donde enfrentan las tesis de Germani y ofrecen un análisis marxista y sociológico. Junto al grupo de la revista van acercando posiciones con los sectores clasistas y la izquierda peronista. Tras el golpe militar de 1976 se exilió en México, desde donde dirigió la revista Controversia y el Grupo de Discusión Socialista, donde elaboraron un balance de la derrota y la noción de “izquierda democrática”. En 1981 publica el famoso libro Los usos de Gramsci. Fue reelaborando en diferentes momentos su original interpretación del “empate hegemónico” en la Argentina. Con la vuelta de la democracia, a mediados de los años ochenta, junto a Aricó, fundó el Club de Cultura Socialista y la revista La Ciudad Futura. Fue protagonista del Grupo Esmeralda junto a Emilio de Ípola, un grupo de intelectuales que asesoraban al presidente Alfonsín. Se convirtió en Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y en su decano entre 1990 y 1998. Fue investigador del CONICET y su trayectoria fue ampliamente reconocida. Publicó La sociología clásica: Durkheim y Weber y, en coautoría con De Ípola, Estado y sociedad en el pensamiento clásico. En 2000 publicó La hora de la política. Falleció en 2007.

José Nun. Nació en Buenos Aires en 1936. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho donde debatía con Guillermo O’Donnell y Mariano Grondona. Estuvo cerca de Prebisch, pero su teoría de la masa marginal, uno de sus grandes aportes a fines de los sesenta e inicios de los setenta, lo distanció del pensamiento cepaliano e implicó debates con Fernando Henrique Cardoso. Estuvo cerca del grupo fundador del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Fue profesor en Berkeley cuando comenzaba la movilización por Vietnam. Durante el exilio dio clases en México y en Canadá. La rebelión del Coro es una obra que recoge sus lecturas críticas de Marx, Gramsci y Wittgenstein, constituyendo un clásico de la cuestión del “sentido común” en relación con la política. Cuando regresó a la Argentina compiló con Portantiero Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina y propuso la noción de “régimen social de acumulación”. Escribió en Punto de Vista y participó del Club de Cultura Socialista. En los años noventa creó un instituto de posgrados en ciencias sociales que se integraría después a la Universidad Nacional de San Martín. Escribió en 2000 Democracia ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Realizó análisis muy relevantes sobre la crisis de 2001-2002 y los movimientos sociales. Fue Secretario de Cultura de la Nación entre 2004 y 2009. Después, retomó su vida académica, así como su intervención en el debate público.

Ernesto Laclau (1935-2014). Nació en Buenos Aires, donde inició sus estudios en Historia en 1954, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tomó parte en la militancia estudiantil y participó de la formación de Contorno, al tiempo que integró el Socialismo de Vanguardia. En la Facultad colaboró con José Luis Romero de la creación de la materia Historia Social. Durante los años ‘60 militó en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) y dirigió revistas vinculadas a esa agrupación. A fines de la década recibió una beca para estudiar en la Universidad de Oxford con Eric Hobsbawm y se doctoró en Essex en 1977. Entró en contacto con la izquierda inglesa y los intelectuales de la New Left Review. Se estableció en el Reino Unido para enseñar Teoría Política en la Universidad de Essex, y fundó y dirigió el programa de postgrado en Ideología y Análisis del Discurso, así como el Centro de Estudios Teóricos de Humanidades y Ciencias Sociales. Durante décadas enseñó en universidades europeas, norteamericanas y de América Latina. En los últimos años se mostró cercano a la Confederación Socialista Argentina, una de las vertientes de izquierda que apoyan el proceso político argentino iniciado en 2003. Las obras que escribió a lo largo de los años dan cuenta de sus preocupaciones recurrentes: el devenir de la izquierda, las izquierdas nacionales, los nuevos movimientos sociales, la radicalización de la democracia y las formas posibles de los proyectos emancipatorios. Entre sus numerosos libros se cuentan Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, Fascismo, Populismo, Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia (en coautoría con Chantal Mouffe), Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo y Emancipación y diferencia.

Tulio Halperín Donghi. Nació en Buenos Aires en 1926 y estudió historia en la Universidad de Buenos Aires desde la segunda mitad de la década del cuarenta. Se formó con José Luis Romero y a inicio de los cincuenta pudo conocer de primera mano a Fernand Braudel y la Escuela de los Annales. Investigó y trabajó con entusiasmo en la universidad posterior a 1955, hasta que el golpe de 1966 lo obligó a enseñar e investigar fuera del país. Estuvo en Harvard, Oxford y finalmente en Berkeley, donde se estableció. Sin duda, Halperín es el historiador argentino con mayor reconocimiento nacional e internacional, en diferentes disciplinas. Si bien algunos de los trabajos que mayor reconocimiento han generado, como Revolución y guerra o Una nación para el desierto argentino se concentran en el siglo XIX, la producción de Halperín se remonta a los siglos anteriores y se adentra extensamente en el siglo XX. Una de sus peculiaridades es la combinación magistral de dimensiones económicas, sociales y políticas, así como una inconfundible forma de narrar. Fuera de su breve incursión inicial en la historia medieval europea, cabe destacar sus análisis sobre Hispanoamérica y Latinoamérica. Además de su Historia contemporánea de América Latina, son relevantes su Hispanoamérica después de la independencia y Reforma y disolución de los imperios ibéricos. Con igual carácter incisivo analizó cambios culturales, climas políticos y de ideas que afectaron a nuestros países, así como transformaciones económicas.

José Luis Romero. Nació en 1909 en Buenos Aires. Cursó historia en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo su doctorado. Desde mediados del siglo pasado lideró la renovación de la historiografía argentina, introduciendo la historia social, la hermenéutica y la historia de las mentalidades. Fue militante del Partido Socialista. Dictó clases en la Universidad de La Plata hasta que fue expulsado al inicio del peronismo, en 1946. El centro de su obra giró sobre historia medieval europea, en libros como La Edad Media, Maquiavelo historiador o La cultura occidental. De 1953 a 1956 publicó la revista de historia cultural Imago Mundi. En 1955 fue Rector interventor de la Universidad de Buenos Aires y en 1962 Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Allí fundó la cátedra de Historia Social General. Dirigió proyectos de investigación con el apoyo de Fernand Braudel y desarrolló un diálogo intenso con las ciencias sociales. En 1967 publicó La revolución burguesa en el mundo feudal. En 1975 fue invitado como profesor a la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, donde falleció en 1977. En 1976 publicó Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Otra de sus obras mayores se publicó en 1980: Crisis y orden en el mundo feudoburgués.

Alcira Argumedo nació en Rosario, Santa Fe, en 1940. A mediados de los años ‘60, estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se vinculó de manera activa con la resistencia peronista. Entre 1968 y 1974 fue integrante de las Cátedras Nacionales en dicha Facultad, y en el período ‘73-74 se desempeñó como Secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Entre 1978 y 1983, durante la dictadura militar, se exilió en México, donde trabajó en el Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET) y colaboró como asesora en el debate de UNESCO sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. En 1993 participó en la creación del Frente Grande y en 2007 en la de Proyecto Sur, movimiento con el cual fue electa diputada nacional en las elecciones de 2009, cargó que renovó en 2013 como parte del Frente UNEN. Integra el Consejo Académico del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL-México. Publicó libros como Los laberintos de la crisis. América Latina: poder transnacional y comunicaciones, Un horizonte sin certezas: América Latina ante la Revolución Científico-Técnica y Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular.

Juan Carlos Torre. Nació en Bahía Blanca en 1940. Comenzó a estudiar sociología en la UBA en 1958 y militó en diferentes agrupaciones de izquierda. En 1972 se incorporó como investigador al Instituto Di Tella. Vinculado al grupo de Pasado y presente, después de 1976 realizó su doctorado bajo la dirección de Alain Touraine, que terminó en 1983. Visitó y dictó clases en diversas universidades extranjeras. Regresó a Buenos Aires, trabajando en el Instituto Di Tella. Fue funcionario durante cinco años del gobierno de Alfonsín. Obtuvo la Beca Guggenheim, recibió el Premio Konex en Sociología y en 2010 el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria Científica. En 1990 publicó La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, en 2006 El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, y compiló el tomo Los años peronistas, 1943-1955 de la Nueva Historia Argentina (2002). En 2012 publicó Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo. Como sociólogo histórico ha mostrado una gran rigurosidad y creatividad, incursionando en la historia contrafáctica acerca de qué hubiese ocurrido si hubiese fracasado el 17 de octubre. Es director de la revista Desarrollo Económico y Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella.

Mirta Lobato. Nació en Córdoba en 1948. Fue parte de renovación de la historiografía argentina, introduciendo la historia oral y la perspectiva de género, en particular en el mundo del trabajo y la cultura obrera. Se doctoró en Historia por la Universidad de Buenos Aires. En 1991 fundó con Juan Suriano la revista de historia Entrepasados. Posteriormente participó de la creación del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Universidad de Buenos Aires y en su revista, Mora. En 2004 fue una de las fundadoras de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. Dirigió el V volumen de la Nueva Historia Argentina, El Progreso, la modernización y sus límites (1880-1916). Obtuvo la beca Guggenheim y la beca Humboldt. Ha sido profesora e investigadora visitante en diversas universidades del país y del extranjero. En 2001 publicó La vida en las fábricas, en 2003, junto Juan Suriano, La protesta social en la Argentina, en 2005 editó Cuando las mujeres reinaban, en 2007 Historia de las trabajadoras en la Argentina y en 2009 La prensa obrera. En 2011 publicó Buenos Aires: manifestaciones, fiestas y rituales. Es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Guillermo O’Donnell. Nació en Buenos Aires en 1936. Se recibió de abogado en 1958 en la UBA. Se doctoró en la Universidad de Yale. Es uno de los politólogos argentinos y latinoamericanos más citados y su obra ha sido reconocida en todo el mundo. Uno de sus libros más célebres es El Estado burocrático-autoritario (1982). Perteneció al grupo de cientistas sociales que crearon en 1975 el Centros de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), del cual fue director. Ya había publicado Modernización y autoritarismo. Una gran parte de su trabajo la realizó como Profesor de la Universidad de Notre Dame. Fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política entre 1989 y 1991. Fue miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Entre sus libros también se destacan: Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización (1997), Pobreza y desigualdad en América Latina (coeditado, 1999), La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina (coeditado, 2001). Propuso el concepto de “democracia delegativa” para distinguirlo de “democracia representativa”. Obtuvo las más diversas distinciones en el país y en el extranjero. Regresó a la Argentina en 2008, integrando el Colegio Académico de la Universidad Nacional de San Martín. Falleció en 2011 en Buenos Aires.

Elizabeth Jelin. Nació en 1941 en Buenos Aires. Estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y realizó su doctorado en la Universidad de Texas, Austin. Hacia 1970 enseñó en Nueva York y vivió allí la oposición a la guerra de Vietnam y la nueva ola del movimiento feminista. A comienzos de los setenta trabajó en Brasil, incorporando la perspectiva de género. Ya en Buenos Aires, en 1975 formó parte del grupo fundador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Tras la dictadura se integró a la Carrera de Investigadora del CONICET, donde actualmente es investigadora superior con sede en el CIS (IDES-CONICET). Hacia fines de la década de los noventa inició y dirigió un programa latinoamericano pionero en la formación de investigadores jóvenes sobre memorias de la violencia política y la represión estatal. A comienzos de 2000 impulsó, junto a otros colegas, un Programa de Posgrado en Ciencias Sociales (Universidad Nacional del General Sarmiento / Instituto de Desarrollo Económico y Social). Ha sido miembro del directorio del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), del directorio del SSRC (Social Science Research Council, Nueva York), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de Naciones Unidas (UNESCO) y del Wissenschaftskolleg de Berlín. Fue profesora e investigadora visitante en las universidades de Princeton, Chicago, Oxford, Amsterdam, Florida y Texas, entre otras. Ha realizado investigaciones sobre organización obrera, movimientos sociales, memoria, ciudadanía y derechos humanos, vida cotidiana y familia. Entre otros libros, escribió Los trabajos de la memoria y Pan y afectos: la transformación de las familias. En 2006 recibió el Premio Konex en Sociología, y en 2013 el Premio Houssay a la Trayectoria en Ciencias Sociales. En diciembre de 2014 recibe un Doctorado Honoris Causa de la Université de Paris Ouest-Nanterre.

Dora Barrancos. Nació en 1940 en Jacinto Aráuz, La Pampa. Más tarde se trasladó a Buenos Aires, donde obtendría la licenciatura en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Militó en la Juventud Peronista, y durante la dictadura militar de 1976 se vio obligada a dejar el país. Se exilió en Brasil, donde entró en contacto con el movimiento feminista y otros movimientos sociales antidictatoriales. Con la vuelta a la democracia, Barrancos renunció al partido justicialista. En estos años orientará su trabajo académico al estudio de la historia política argentina, los movimientos socialistas y anarquistas. En 1985 obtiene la Maestría en Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. En 1993 se doctoró también en ese país en Ciencias Humanas, en la Universidad Estadual de Campinas. Barrancos fue directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEG) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 2000-2009, y ocupó distintos cargos académicos en programas de postgrado de universidades nacionales. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde 1986, y desde 2010 –por voto de la comunidad científica– ocupa allí el cargo de Directora en representación del área de Ciencias Sociales y Humanas. En sus estudios ha recuperado la agencia femenina, las luchas feministas en la historia Argentina y los reclamos por derechos de las mujeres, articulados con otras luchas democráticas, la participación de mujeres en el espacio público y estatal, al tiempo que las transformaciones en el “mundo privado”. Entre sus libros se destacan Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos y Mujeres, entre la casa y la plaza.

Aldo Ferrer. Nació en Buenos Aires en 1927. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el Doctorado en Ciencias Económicas en 1953. Es un economista con amplia presencia en el debate público, que ha desarrollado una carrera académica y política. En 1958-1960 fue Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en el auge del desarrollismo de Frondizi. Al finalizar ese período fundó el Instituto de Desarrollo Económico y Social, que inició la publicación de la revista de ciencias sociales Desarrollo Económico. Entre 1967 y 1970 fue el primer Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En 1970-1971 fue Ministro de Economía durante el gobierno militar de Levingston. Ocupó cargos de diferente relevancia durante las presidencias de Alfonsín, De la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En 1996 recibió el Premio Konex de Platino. En el año 2000 participó de la creación del Grupo Fénix, que reúne a economistas que buscan plantear un modelo alternativo al neoliberalismo. Entre su decena de libros se destacan La economía argentina (1963), Crisis y alternativas de la política económica argentina (1980), Historia de la globalización (1996 y 2000), El capitalismo argentino (1997), La densidad nacional (2005). Es Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Jorge Schvarzer (1938-2008). Nació en Buenos Aires, donde obtuvo el título de Ingeniero Civil en 1962. En la universidad militó en una agrupación estudiantil de izquierda antiestalinista, y tuvo como referente a Milcíades Peña, con quien participó en 1964 de la edición de la revista Fichas de Investigación Económica y Social, proyecto editorial interrumpido por el golpe de Onganía de 1966. En 1965 culminó una especialización en Ingeniería Ferroviaria y gracias a una beca de la embajada de Japón tuvo una breve estadía en ese país. En la primera mitad de la década del setenta exploró teóricamente la problemática del imperialismo. En 1973 aceptó el cargo de Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ingeniería y comenzó a dictar clases de Economía Argentina. Luego del golpe del ‘76 se incorporó al Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA). A finales de 1983 fue nombrado director de ese Centro. Desde allí fomentó estudios sobre los sectores productivos del país, las clases dominantes locales, la deuda y la dependencia de las finanzas internacionales. Ese mismo año fue elegido miembro del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En los noventa, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires organizó el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) y, más tarde, el Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina (CESPA). Dio clases en universidades de Francia y de varios países de América Latina. Fue uno de los fundadores del Plan Fénix. Publicó, entre otros libros, La política económica de Martínez de Hoz, Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, La industria que supimos conseguir y Convertibilidad y deuda externa.

Héctor Schmucler. Nació en Entre Ríos en 1931, aunque fue llevado a Córdoba por su familia cuando tenía un año de vida. Empezó la actividad política en la escuela secundaria, afiliándose a la Juventud Comunista, donde militaría también como universitario. Estudió Letras en la Universidad Nacional de Córdoba, obteniendo la licenciatura en 1961. En 1963 participó del grupo que gestara Pasado y Presente, lo que le valdría la expulsión del Partido Comunista. En el año ‘65 obtuvo una beca de la Universidad para estudiar en Francia bajo la dirección de Roland Barthes. Regresó a Córdoba a finales del ‘68. Entre 1969 y 1972 dirigió la revista Los Libros. Su acercamiento al peronismo revolucionario y a Montoneros lo alejó de la revista, que continuaron intelectuales cercanos a vertientes del maoísmo. También en los ‘70 fundó la revista Comunicación y Cultura en Santiago de Chile, junto a Armand Mattelart y Ariel Dorfman. En esos años dio clases en la entonces Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde formó la cátedra Semiología del Periodismo Escrito, una de las primeras de este tipo en América Latina, y orientó sus intereses a la comunicación masiva y al estudio de la técnica y las tecnologías. Dirigió una colección en la editorial Signos, núcleo sobre el que se fundaría Siglo XXI Argentina, donde trabajó hasta el golpe del ‘76. En el exilio en México dio clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, fue parte de la creación de la División de Comunicación del ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales) y formó parte del Consejo Editor de la revista Controversia, editada entre 1979 y 1981 por militantes e intelectuales argentinos exiliados en México. De regreso en Argentina, enseñó en varias universidades nacionales. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba.

Beatriz Sarlo. Nació en Buenos Aires en 1942. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue militante marxista y maoísta en los años setenta. En 1978 fundó la revista Punto de Vista, que constituyó un epicentro del balance crítico de las teorías y políticas de los años previos, así como posteriormente de la crítica cultural. Fue protagonista del Club de Cultura Socialista. En los años noventa fundó la Maestría en Sociología de la Cultura (actualmente IDAES-UNSAM) y formó al menos una decena de importantes críticos e investigadores reconocidos. Escribió unos veinte libros, comenzando por El imperio de los sentimientos, Buenos Aires, una modernidad periférica y La imaginación técnica. Escenas de la vida posmoderna se convirtió en un best seller con gran impacto en los años noventa. Además de sus obras sobre el Martín Fierro, Borges y diferentes autores argentinos, escribió Tiempo presente, Tiempo pasado y La pasión y la excepción. Crecientemente, comenzó a escribir en diarios, revistas y a participar como panelista en programas de televisión, lo cual generó que además de su reconocimiento intelectual fuera una de las voces más relevantes de la Argentina en los últimos años. Su libro sobre el kirchnerismo, La audacia y el cálculo, estuvo en el centro del debate público.

Néstor García Canclini. Nació en la ciudad de La Plata en 1938, y se doctoró en Filosofía en la Universidad Nacional de esa ciudad en 1975. Luego se doctoró también en la Universidad de París. Era Profesor de Filosofía y Estética en la Universidad Nacional de La Plata en 1976, cuando tuvo que escaparse tras del golpe de Estado. Llegó a México, donde primero de exiló y luego se radicó. Se trata de un autor muy prolífico: después del libro incluido en esta antología, publicó Culturas híbridas, un libro traducido a múltiples lenguas. Exploró y desarrolló intersecciones entre la antropología, la sociología y la comunicación. Realizó una crítica a las estrategias de la modernidad y a los esencialismos. Posteriormente, publicó Consumidores y ciudadanos, La globalización imaginada, El mundo entero como lugar extraño y otra decena de libros. Se ha interesado también por las políticas culturales, por el arte y, de hecho, ha sido asesor de organismos internacionales e incluso curador hace pocos años. En los estudios culturales se trata de uno de los intelectuales con mayor reconocimiento en América Latina. Regresa asiduamente a la Argentina, ha recibido doctorados honoris causa y amplios reconocimientos, como un Diploma al Mérito de la Fundación Konex (1996), la beca Gugghenheim y otros premios de prestigiosas instituciones. Solo hace unos años se le devolvió simbólicamente el puesto de profesor que él tuvo que dejar en 1976. Ha enseñado en numerosas universidades de América Latina, Europa y América del Norte.

Rodolfo Kusch (1922-1979). Nació en Buenos Aires. Obtuvo el título de Profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires en 1948. Se abocó a una extensa e intensa actividad docente, en enseñanza secundaria y, particularmente, superior en institutos y universidades de Buenos Aires y Salta, entre otras, en Argentina, y de Oruro y La Paz, en Bolivia. Estudioso del idealismo, la fenomenología y el existencialismo alemanes, dedicó esfuerzos al conocimiento de saberes andinos e indígenas, en fuentes como el Popul Vuh y poemas tradicionales quechuas, así como en sus trabajos de campo con indígenas quechuas y aymaras de Perú, Bolivia y el norte de la Argentina. Desde los años setenta se sumó a lo que se conoció como “filosofía de la liberación”, ligada a la “teología de la liberación”, y a la Revista de Filosofía Latinoamericana. Se lo considera un precursor de los planteos de oposiciones y distancias, al tiempo que de posibles convergencias y acercamientos entre formas culturales originarias y occidentales, así como en la reflexión y estudio de lo popular latinoamericano, habiendo organizado varias jornadas sobre “cultura popular” a comienzos de los setenta. Entre sus libros, vale mencionar La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo, América Profunda, Indios, Porteños y Dioses, De la mala vida porteña, El Pensamiento Indígena y Popular en América y Esbozo de una Antropología Filosófica Americana. Escribió también obras de teatro y artículos sobre estética americana. Adherente al peronismo, fue cesanteado de la Universidad tras el golpe de Estado de 1976, y se exilió internamente, viviendo sus últimos años en Maimará, en la Quebrada de Humahuaca.

Arturo Jauretche. Nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en 1901. Como irigoyenista participó de la revolución radical de 1933 en Paso de los Libres, sobre la cual escribió un poema gauchesco prologado por Borges. Dos años después fundó FORJA, una organización de filiación radical y anticolonial, que apoyaría desde 1945 al peronismo. Fue presidente del Banco Provincia desde 1946 hasta 1951, cuando se agudizaron sus diferencias con Perón. Desde 1955, cuando debió exilarse en Montevideo, se dedicó a defender con artículos y libros lo conquistado por el peronismo. Entre los grandes polemistas e intelectuales argentinos, solo tomó la pluma de manera sistemática después de la caída de Perón. Entre 1955 y 1968 publicó unos diez libros, entre los que se destacaron Los profetas del odio, El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de zonceras argentinas, casi todas reeditadas en 1973 y 1974, y ahora reunidas como Obras completas por Corregidor. Falleció en 1974.

Horacio González. Nació en Buenos Aires en 1944. Antes de recibirse de sociólogo en la UBA (1970) había estado preso un breve lapso durante la dictadura de Onganía. Participó junto a Alcira Argumedo y muchos otros en la experiencia de las Cátedras Nacionales. Su testimonio militante está recogido en la obra La voluntad. Cuando debió exiliarse se radicó en Brasil, donde se doctoró en la Universidad de San Pablo. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde 1992 hasta la actualidad publicó un promedio de un libro por año, comenzado por La ética picaresca y La realidad satírica, pasando por Restos pampeanos, hasta El kirchnerismo: una controversia cultural. Desde el año 2005 es Director de la Biblioteca Nacional y uno de los intelectuales con mayor repercusión pública. Fue uno de los protagonistas de Carta Abierta, el movimiento de intelectuales que apoyaron al kirchnerismo. Desde una filiación en la izquierda social, nacional y popular, ha promovido una perspectiva amplia que incluye la recuperación de Borges y Martínez Estrada, entre otros autores tradicionalmente rechazados por esa vertiente. Los intelectuales más importantes del país, más allá de sus opiniones políticas, han dictado conferencias en la Biblioteca Nacional durante su gestión.

Sobre los antologistas

Alejandro Grimson. Es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Realizó estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Ha investigado procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Su primer libro, Relatos de la diferencia y la igualdad, ganó el premio FELAFACS a la mejor tesis en comunicación de América Latina. Después de publicar La nación en sus límites, Interculturalidad y comunicación, y compilaciones como La cultura y las crisis latinoamericanas, obtuvo el Premio Bernardo Houssay otorgado por el Estado argentino. Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad mereció el Premio Iberoamericano que otorga la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Ha sido Coordinador del Grupo de Cultura y Poder de CLACSO, y coordinador de la Red de Estudios y Políticas Culturales de CLACSO y la OEI. Fue decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde actualmente es profesor e investigador del CONICET. Ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país y del extranjero.

Sergio Caggiano se desempeña como investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires, y como profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Es Doctor en Ciencias Sociales (UNGS - IDES), Magister en Sociología de la Cultura (IDAES – UNSaM) y Licenciado en Comunicación Social (UNLP). Realizó en Berlín un posdoctorado como investigador de la red desiguALdades.net (Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre e Instituto Iberoamericano). Ha desarrollado investigaciones sobre migración, interculturalidad, discriminación y derechos para CONICET, CLACSO, CLASPO (University of Texas, Austin), UNICEF y la Universidad Nacional de La Plata. Integra el Grupo de Trabajo “Migración, Cultura y Políticas” de CLACSO. Se especializa también en el estudio de imaginarios y representaciones sociales, hegemonía y disputas culturales, con énfasis en el papel de las imágenes visuales. Ha dictado conferencias y cursos en universidades del país y del extranjero, y ha publicado artículos y libros, entre los que destacan El sentido común visual. Disputas en torno a género, “raza” y clase en imágenes de circulación pública (2013), Por los Derechos. Mujeres y hombres en la acción colectiva (en coautoría con E. Jelin y L. Mombello, 2011) y Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios (2005).