Índice

- Editorial

- Massimo Modonesi

Brasil en movimiento

- Debajo y detrás de las grandes movilizaciones

- As rebeliões de junho de 2013

- As jornadas de junho no Brasil: Crônica de um mês inesquecível

- Las movilizaciones de junio de 2013: ¿Explosión fugaz o novísima historia de Brasil?

- ￼Experiencias latinoamericanas

- México: La rebelión magisterial

- En el aula y la calle Movilización magisterial en México

- Movimiento estudiantil y elecciones en Chile

- De crisis y estallidos. Movimientos sociales, política y antagonismo en tiempos de presión extractiva

- La izquierda centroamericana en “tiempos de paz”: Mutaciones orgánicas e itinerarios dispersos

- Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

- Dependencia y revolución Cuarenta años de dialéctica de la dependencia.

- En torno a Dialéctica de la dependencia (postscriptum) [1973]

- Debate

- Sonidos en el sotobosque

- Reseñas

- La verdad no se ensaya. Cuba, el socialismo y la democracia

- Movimientos sociales y nuevas ciudadanías en América Latina

- Asedios a la totalidad. Poder y política en la modernidad desde un encare de-colonial

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

OSAL Observatorio Social de América Latina
Año XIV N° 34 / publicación semestral / noviembre de 201 3

Editores
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Director de la Revista del OSAL
Massimo Modonesi

Secretaria de redacción
Luz Estrello

Comité de redacción
Luz Estrello, Massimo Modonesi, Mina L. Navarro, Manuel Ortiz

Comité Editorial
Guillermo Almeyra (Argentina), Rolando Álvarez Vallejos (Chile), Armando Chaguaceda (México), Luciano Concheiro Borquez (México), Julio César Guanche (Cuba), Massimo Modonesi (México), Dunia Mokrani (Bolivia), Lucio Oliver Costilla (México), João Mareio Mendes Pereira (Brasil), Franklin Ramírez Gallegos (Ecuador), Julián Rebón (Argentina), Agustín Santella (Argentina), Carlos Abel Suárez (Argentina)

Consejo consultivo
Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Haití], Margarita López Maya [Venezuela], Carlos Walter Porto Gonçalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal], Joan Subirats [España], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valdés [Cuba]

Escriben en este número
Anahí Durand Guevara, Antonino Infranca, Carlos Azocar, Centli Pérez Bautista, César Navarro Gallegos, Hugo Aboites, Jaime Osório, John Holloway, José Mauricio Domingues, Rafael Acosta de Arriba, Raúl Zibechi, Ricardo Antunes, Ruy Braga, Salvador Martí.

Abstracts: María Vignau Loria

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Editorial

Brasil y México: el despertar de los gigantes

Massimo Modonesi

En este número 34 de la revista OSAL destacamos dos ciclos de movilización que marcaron la coyuntura latinoamericana de 2013: las manifestaciones callejeras de junio-julio en Brasil y la insurgencia magisterial en México que tuvo su ápice en septiembre.

Ambos casos permiten poner el acento en dos expresiones diferenciadas de la protesta y la oposición social, dos formas de antagonismo, dos experiencias de insubordinación de nuestros tiempos latinoamericanos.

Por una parte, en Brasil la emergencia inesperada de un ciclo breve pero intenso de movilizaciones multitudinarias que puso en jaque temporalmente al gobierno lulista de Dilma Rousseff y que sacudió los fundamentos de la revolución pasiva, al mostrar un brote de participación, de crítica y de oposición desde abajo. En su artículo, Raúl Zibechi atinadamente contrasta la hipótesis generalizada del espontaneísmo despolitizado mostrando los antecedentes -episodios y tejidos militantesque subyacen y activan el proceso de desborde de masas que marcó las jornadas de junio. En este mismo sentido, Ricardo Antunes, Ruy Braga y José Domingues ponen de relieve la politicidad del acontecimiento, sus alcances y sus límites, a contrapelo de las lecturas periodísticas y espectacula-ristas. Al mismo tiempo, no se puede negar que la rebelión brasileña puede ser asociada a otras expresiones recientes de protesta (primavera árabe, indignados, Occupy Wall Street y #YoSoyl32 en México) no tanto por el uso de las redes sociales, sino por la transversalidad de las demandas, los rasgos multitudinarios de su composición de clase y el carácter episódico y masivo de su aparición y desaparición relativa en el contexto de una normalización temporal, en vista del próximo mundial de fútbol y del retorno a la cotidianidad política en Brasil.

Por su parte, la insurgencia magisterial mexicana frente a la imposición de una contrarreforma laboral enmascarada de reforma educativa remite a expresiones más tradicionales de lucha social, en que la forma sindicato cobija una estructura organizacional fuerte y resistente, donde la dialéctica entre negociación, resistencia y rebelión cobra sentido político, y los despliegues y repliegues son parte de la historia y la vida de movimientos sociales de profundo arraigo cultural y territorial, como es el caso particular del magisterio. Este ciclo intenso de lucha no logró frenar la contrarreforma pero dio una demostración de contrapoder consistente que la deslegitimó y que amenaza con descarrilar su implementación práctica, además de haber evidenciado el perfil neoliberal y privatizador del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sobre este proceso todavía en curso escribieron para OSAL Hugo Aboites y César Navarro, dos de los analistas más agudos y destacados de los proyectos de reformas educativas neoliberales desde los años ochenta a la fecha y de su contraparte de resistencia social, magisterial y estudiantil.

Sin embargo, estas diferencias y especificidades, que merecen ser reconocidas como parte de la pluralidad de las formas de luchas en nuestra región, no deben ocultar el hecho de que se trata de respuestas -reactivas y proactivas, es decir portadoras de elementos de alternativasfrente a agravios de extensa, mediana y corta duración propios de las sociedades latinoamericanas, donde el ciclo largo del capitalismo se manifestó en las últimas décadas como neoliberalis-mo y en los últimos tiempos, en gran parte de la región, como social-liberalismo en el caso de un buen número de países gobernados por fuerzas progresistas.

En este contexto, ambos casos reflejan amplios y prolongados procesos de movilización que no lograron resultados tangibles en términos de sus propósitos explícitos, pero marcaron con su irrupción los escenarios políticos nacionales tanto a nivel simbólico como por la conformación de instancias de contrapoder. En el caso mexicano fortalecieron a la disidencia del sindicato de maestros y en el caso brasileño ofrecieron a muchos jóvenes la posibilidad de un ejercicio de crítica y una oportunidad de acción política que potencialmente redundará en el crecimiento de movimientos sociales a la izquierda.

Sin que haya garantía de continuidad ni se pueda asegurar que se estén revirtiendo los procesos de desmovilización que, aun en presencia de gobiernos de signo diverso, han marcado la historia reciente de México y Brasil, hay que destacar que el despertar de la participación por medio de la lucha social sacude de cierto torpor a dos países fundamentales -por su peso e influenciaen América Latina. Este sobresalto podría revitalizar las dinámicas políticas más allá de las rutinas electorales y de los recambios institucionales, considerando que la historia enseña que proyectos y procesos de transformaciones profundas pueden y suelen aparecer en coyunturas caracterizadas por rupturas y crisis políticas y que éstas eventualmente pueden surgir desde abajo, desde la iniciativa de las clases subalternas, aunque no siempre logren mantenerse como protagonistas de los procesos que activan.

En este mismo número, los lectores encontrarán otros artículos interesantes. El texto de Salvador Martí sobre las izquierdas latinoamericanas nos coloca en una perspectiva histórica para evaluar el estado actual de fuerzas políticas cuyas trayectorias resultaron mucho más diferentes de lo que se podía imaginar en los años de las guerrillas. Carlos Azocar nos sintoniza con el proceso electoral chileno, más allá de la probable victoria de Michelle Bachelet, nos habla sobre las implicaciones de las incursiones electorales que están intentando algunos sectores importantes del movimiento estudiantil de la mano de sus dirigentes más reconocibles. Por su parte Anahí Durand analiza el ciclo de ascenso de las luchas sociales en Perú en los últimos años sopesando las problemáticas ligadas al reflujo actual.

En otra sección, recordamos la publicación hace cuarenta años de un clásico del pensamiento latinoamericano, Dialéctica de la Dependencia de Ruy Mauro Marini, publicando una presentación de Jaime Osório y el famoso postscriptum que el mismo Marini escribiera años después.

Por último, antes de una serie de reseñas, un breve y sugestivo texto de John Holloway plantea algunas ideas para alimentar el debate sobre el origen y el horizonte de las luchas anticapitalistas.

Esperando que el conjunto del número sea de su interés, les deseamos una buena lectura.

Brasil

En movimiento

Debajo y detrás de las grandes movilizaciones
Raúl Zibechi

As rebeliões de junho de 2013
Ricardo Antunes

As jornadas de junho no Brasil:
Crônica de um mês inesquecível
Ruy Braga

Las movilizaciones de junio de 2013:
¿Explosión fugaz o novísima historia de Brasil?
José Mauricio Domingues

Debajo y detrás de las grandes movilizaciones

Raúl Zibechi

Investigador especializado en movimientos sociales latinoamericanos. Escritor y periodista.

Resumen

Frente a las grandes movilizaciones juveniles que sacudieron cientos de ciudades de Brasil desde el mes de junio, prevalece el análisis que sitùa y reduce la motivación de las protestas al aumento de los precios del transporte y otorga un papel sobrevalorado a las redes sociales como factor de movilización. Raúl Zibechi toma distancia de este abordaje y propone leer las recientes movilizaciones en Brasil como parte de un proceso de luchas anticapitalistas que se han gestado décadas atrás, centrándose en los casos del Movimento pelo Passe Livre (MPL) y los Comités Populares, que representan nuevos modos de movilización y protesta, distantes de las formas tradicionales de organización como los partidos políticos y los sindicatos. Lejos de una lectura espontaneìsta de las rebeliones populares en Brasil, Zibechi plantea adentrarse en su mundo interior, en las relaciones cotidianas cara a cara y sus modos de ver el mundo.

Abstract

In the face of the intense youth mobilizations that shook hundreds of cities in Brazil since June prevails an analysis which places and reduces the motivation of the protests to the price increase of transportation and gives an overvalued role to social networks as a factor of mobilization. Raúl Zibechi moves away from this approach and proposes to read the recent mobilizations in Brazil as part of a process of anti-capitalist struggles that have brewed for decades, focusing in the cases of the Movimento pelo Passe Livre (MPL) and the Comités Populares, which represent new forms of mobilization and protest, far away from the traditional forms of organization such as political parties and unions. Far from a spontaneist reading of Brazil’s popular rebellions, Zibechi proposes to delve into their internal world, their everyday faceto-face relationships and their ways to view the world.

Palabras clave

Movimento pelo Passe Livre, Comités Populares, Movilizaciones en Brasil, Right to the city, Campanha pelo Passe Livre Estudiantil, Movimiento juvenil en Brasil.

Key words

Movimento pelo Passe Livre, Comités Populares, Movilizaciones en Brasil, Right to the city, Campanha pelo Passe Livre Estudiantil, Movimiento juvenil en Brasil.

Las grandes movilizaciones del mes de junio en 353 ciudades brasileñas, sorprendieron tanto al sistema político como a los analistas y a las organizaciones sociales. Nadie esperaba tantas manifestaciones, tan numerosas, en tantas ciudades y durante tanto tiempo. Como suele suceder en estos casos, los análisis no se hicieron esperar. Al principio giraron en torno al problema inmediato que deflagró las acciones: el aumento del precio del transporte urbano, la mala calidad del mismo y los problemas que ocasiona a los usuarios. Poco a poco se fueron instalando reflexiones más complejas que incluyeron la insatisfacción de amplias camadas de la población con la vida cotidiana. Aun reconociendo que en la última década los ingresos de las familias crecieron de forma sostenida, la insatisfacción que produce la inclusión a través del consumo y la pervivencia de la desigualdad, están en la base de reflexiones estimulantes.

Desde una mirada centrada en el movimiento social, este trabajo pretende abordar de forma sucinta los nuevos modos de protesta, organización y movilización que fueron emergiendo en pequeños grupos militantes y ganaron visibilidad luego de 2003, el año en que Luiz Inacio Lula da Silva llega al gobierno. La continuidad de esos grupos integrados básicamente por jóvenes, su vocación de trascender el escenario local, de involucrar a los más amplios sectores y de persistir en formas de acción y organización que los diferencian de partidos, sindicatos y otras organizaciones tradicionales, les permitió convertirse en referencia ante las limitaciones que vienen mostrando, desde tiempo atrás, el conjunto de movimientos y organizaciones nacidos a comienzos de la década del ochenta.

En general, los análisis han pecado de excesiva generalización y en ocasiones han atribuido un papel casi mágico a las “redes sociales” para activar a millones de personas. “La juventud, conectada en las redes sociales y con los dedos ágiles en sus celulares, ha salido a las calles a protestar en diversas regiones del mundo”, dijo el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Da Silva, 2013). “Fuera de las redes sociales, no hay nada que esté organizando la sociedad”, señaló el destacado intelectual Luiz Werneck Vianna (Vianna, 2013: 9). En otros se vincula una nueva clase media con la “revolución 2.0” y se sostiene que las luchas de junio en Brasil forman un todo con la primavera árabe y los indignados (Cocco, 2013: 17).

Por el contrario, postulo en sintonía con James C. Scott que las claves de lo que sucede en el escenario público hay que buscarlas en las prácticas cotidianas de los sectores populares y muy en particular en lo que el autor llama “espacios ocultos”, donde los subordinados elaboran discursos antagónicos al poder: “Los actos temerarios y altaneros que impresionaron tanto a las autoridades fueron tal vez improvisados en la escena pública, pero habían sido ensayados por largo tiempo en el discurso oculto de la práctica y la cultura populares” (Scott, 2000: 264). Concentrarnos en el continente que está detrás y debajo de la costa visible de la política, como dice Scott, parece un paso necesario para comprender cómo se fue fraguando a lo largo de más de una década un nuevo modo de protestar y de organizarse, una nueva cultura política que sólo puede percibirse si prestamos atención a las prácticas de los pequeños grupos.
Para evitar la trampa de las generalizaciones, parece necesario acotar el análisis y direccionarlo hacia uno de los actores que han estado en la base de la oleada de protestas de junio y, a la vez, forman parte de esos nuevos modos de organización y acción. El Movimento Passe Livre (MPL) cumple con ambos requisitos: ha sido el disparador de las masivas manifestaciones de junio, al descargarse contra sus convocatorias una brutal represión policial que enervó a la población, y es uno de los más sólidos representantes de la nueva cultura política que pretendemos revisar. Deben contemplarse también otras organizaciones sociales, como los Comités Populares da Copa, el Centro de Midia Independente (CMI) o el Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), así como el papel del movimiento hip-hop, importante en São Paulo y en todas las periferias urbanas brasileñas, pero en aras de la brevedad y la profundidad sólo se harán menciones tangenciales a los dos últimos.

Salvador, Florianópolis, Porto Alegre

Durante cinco semanas la ciudad de Salvador (Bahia) fue sacudida por las constantes manifestaciones de decenas de miles de estudiantes que protestaban por el aumento del precio del pasaje, de 1,30 a 1,50 reales. Entre el 13 de agosto y mediados de setiembre de 2003, más de 40 mil personas realizaron cortes de calles y avenidas, bloquearon lugares neurálgicos para la circulación y le plantaron cara a las fuerzas represivas. La oleada de protestas se conoce como Revolta do Buzu (en referencia a los autobuses) y se la considera como la carta de nacimiento del movimiento por el pasaje gratuito o passe livre.

Se trató de un movimiento de estudiantes pobres y de clase media baja, de colegios secundarios y de universidades, pertenecientes a familias de trabajadores precarios y desempleados, en las que el presupuesto de transporte representaba el 30 por ciento del salario mínimo. Las asociaciones estudiantiles, distanciadas de la vida cotidiana de los estudiantes, no jugaron ningún papel en un movimiento caracterizado por su rápida radicalización, protagonizado por personas que nunca habían participado en manifestaciones. Esos jóvenes sin experiencia política pero acostumbrados a desafiar a las autoridades (colarse en los autobuses, bailar samba y beber en las plazas, danzar capoeira y escuchar pagode en espacios públicos) rechazaron la “dirección” de las entidades que los representaban y de los partidos, pero estaban en primera fila en los cortes de calles resistiendo a la policía (Nascimento, 2011).

Las multitudes estudiantiles rechazaron a las entidades que los decían representar y tomaron decisiones sin mediaciones, en torno a las tareas comunes a todos. En los bloqueos que se extendieron por toda la ciudad se realizaron asambleas que sólo decidían con base en el consenso y rechazaron la creación de comisiones, funcionando de modo estrictamente horizontal con la expresa voluntad de “evitar la formación de una nueva burocracia estudiantil en las calles” (Nascimento, 2011: 9). Sin embargo, la sensación dominante entre quienes se manifestaron asegura que perdieron en el terreno institucional lo que habían ganado en las calles.

En efecto, militantes de las organizaciones estudiantiles “oficiales” se proclamaron representantes del movimiento y negociaron un acuerdo con el municipio que contribuyó a la desmovilización sin haber conseguido ninguno de los objetivos de las movilizaciones (Saraiva, 2010: 65). Diversos análisis coinciden en que si bien los militantes de partidos de izquierda fueron directamente responsables de la convocatoria de la primera manifestación en Salvador, cuando el movimiento se masificó se colocaron a un costado esperando el agotamiento de las movilizaciones (Nascimento, 2011).

En paralelo se desarrollaba, desde 2000, la Campanha pelo Passe Livre Estudiantil en Florianópolis, aunque ya había pequeños grupos en São Paulo y otras ciudades que enarbolaban la misma demanda. La organización Juventude Revolução ligada al PT fue la que inició el trabajo local llevando el debate sobre el pase libre a todos los colegios secundarios y promoviendo pequeñas manifestaciones, que crearon las condiciones para que en 2004 se movilizaran entre 15 y 20 mil estudiantes en una ciudad de 400 mil habitantes (Coletivo Maria Tonha, 2013).

El colectivo que impulsaba el movimiento por el pasaje gratuito fue expulsado de la organización juvenil, según Marcelo Pomar porque pensaban que los jóvenes debían ser independientes y “no deben estar tutelados por una organización adulta” (Coletivo Maria Tonha, 2013). Los jóvenes de Florianópolis, como los de muchas ciudades, hicieron circular el video del cineasta argentino Carlos Pronzato, Revolta do Buzu, que resultó un estímulo para sus colectivos. En mayo de 2004 el municipio decidió un aumento del transporte, que ya acumulaba aumentos del 250% en los diez últimos años. La movilización consiguió la anulación del aumento luego de diez días de grandes manifestaciones que llegaron a cerrar los puentes que unen la isla con la parte continental de la ciudad en las horas de tránsito más intenso, y de acciones directas como saltar los molinetes, abrir las puertas traseras de los autobuses para que los usuarios ingresaran sin pagar, asambleas en numerosos espacios públicos (Cruz y Alves, 2009).

El relato de las movilizaciones habla por sí sólo sobre la expresión en los espacios públicos de una manera diferente de protestar:

Cientos de secundarios, movimientos comunitarios del norte y el sur de la isla, estudiantes universitarios, madres, padres, profesores, actrices y actores, funcionarios públicos, sindicalistas, entre otros asalariados. El movimiento hip hop, los grupos de maracatu y de capoeira animaban las marchas. Después de unos días ya se había hecho hábito: grandes asambleas ocupando la Avenida Paulo Fontes (por la que se accede a la Terminal del Centro, la mayor de la ciudad) rebautizada calle de la Revuelta. Hablaban líderes comunitarios, representantes de grupos organizados, y también personas no vinculadas a ninguna entidad o institución. De repente hablaba aquella señora indignada con la situación, hablaba aquel joven con una propuesta de acción. Buena parte de los caminos se construían allí mismo (Cruz y Alves, 2009).

Aunque las instituciones estudiantiles y los partidos políticos no jugaron un papel destacado, al igual que en Salvador, debe señalarse el papel jugado por el CMI, expresión brasileña de Indymedia, en la difusión de las manifestaciones, de sus demandas y de los discursos de los protagonistas. Cuando los grupos existentes en diversas ciudades decidieron crear una organización nacional, el CMI jugó un papel importante en la coordinación y comunicación de los grupos, lo que permitió convocar el primer encuentro durante el Foro Social Mundial 2005, en Porto Alegre, sin contar con ningún aparato que los apoyara (Coletivo Maria Tonha, 2013).

En la mañana del 29 de enero, desafiando el calor bajo las carpas blancas del Caracol Intergalactika, espacio juvenil de acampada y convivencia dentro del Foro Social, se reunieron en círculo decenas de jóvenes convocados por el MPL de Florianópolis y el CMI. Acudieron cerca de 250 militantes de veintinueve delegaciones de dieciséis estados. La reunión comenzó por la mañana, siguió por la tarde y finalizó con acuerdos importantes que en los hechos representaban la creación de un movimiento nacional. La edad promedio de los participantes oscilaba entre los 15 y 25 años, casi todos llevaban cuadernos en los que tomaban notas, se turnaban en el uso de la palabra escuchándose con atención, unos cuantos vestían camisetas que decían Passe Livre y algunos las tradicionales camisetas rojas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Quienes participaron sostienen que fue una reunión importante,

sobre todo si pensamos que no surgió de una política deliberada de un gran aparato, o algo similar, sino como una necesidad concreta del movimiento, en el sentido de articular y dar carácter nacional a las diversas luchas que surgen sin ningún tipo de organización o unidad más afinada (Pomar, 2005).

Desde el principio, los militantes comprendieron que el movimiento tiene un carácter estratégico que va más allá de las demandas estudiantiles, ya que el transporte es uno de los aspectos centrales de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la acumulación de capital, es visualizado como “la primera etapa de la venta de la fuerza de trabajo”, y percibieron que resolver estas demandas supone afectar a “los propietarios de los medios de producción y circulación de mercancías” (Pomar, 2005).

El mismo día en que nació el MPL federal, la plenaria nacional aprobó un documento en el que se proclama “autónomo, independiente y apartidario pero no antipartidario”, define que su objetivo estratégico es “la transformación de la actual concepción del transporte colectivo urbano, rechazando la concepción mercantil del transporte y abriendo la lucha por un transporte público gratuito y de calidad para el conjunto de la sociedad, fuera de la iniciativa privada” (Movimento pelo Passe Livre, 2005). A ese conjunto de definiciones sólo habría que agregar, como se verá en los siguientes documentos del movimiento, las prácticas centradas en la acción directa y un horizonte anticapitalista.

Según Pomar, el paradigma de rechazo del movimiento estudiantil a las entidades burocráticas y a los partidos “terminó por aparecer en la Plenaria Nacional” y se manifestó, además de las resoluciones, en la opción por el consenso que pese a las enormes dificultades que entraña era la más adecuada “en vista que no se trataba de un congreso por la disputa de los rumbos del movimientos, sino de los primeros pasos para la construcción de tal movimiento” (Pomar, 2005).

Una nueva cultura política

El MPL nace con dinamismo y presencia en las principales ciudades de Brasil y mantiene la iniciativa durante un par de años, luego entra en un período de reflujo –como todos los movimientos del paíspara retornar con fuerza hacia fines de la década. Para comprender un movimiento no es suficiente con observar y analizar sus expresiones públicas, las manifestaciones y acciones de calle, los congresos y encuentros, las declaraciones y programas que defiende; sino internarse en su mundo interior, en las relaciones que establecen sus miembros, en el carácter de sus encuentros y reuniones, para poder comprender la cultura que anima a ese sector social, sus modos de ver el mundo, las relaciones sociales en que se inserta. En el caso del MPL seguiremos su evolución a través de los principales eventos y campañas y nos aproximaremos a lo que sucedía en su interior, o sea las relaciones cara a cara en la vida cotidiana del movimiento.

Luego de su fundación se convocan varias jornadas de lucha y el Segundo Encuentro Nacional realizado en julio de 2005 en Campinas. En ese encuentro de tres días el incipiente movimiento vivió su primer intento de cooptación por parte de dos pequeños partidos de la izquierda radical que quisieron modificar las resoluciones tomadas en Porto Alegre, el Partido Operário Revolucionário (T-POR ) y Construção ao Socialismo (CAS). Eso llevó a la plenaria a reafirmar sus posiciones en particular las que estaban cuestionadas, la horizontalidad y la independencia, y se decidió que “el movimiento se constituye a través una federación de grupos” con un grupo de trabajo federal pero no una coordinación, que le hubiera dado un carácter más jerárquico (Passe Livre, 2005a).

El 26 octubre, el MPL convocó una jornada de lucha en conmemoración de la aprobación del pasaje gratuito para los estudiantes en Florianópolis, fecha que se convirtió en el Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre. La jornada se realizó en trece ciudades incluyendo tres manifestaciones en São Paulo y se lanzó un periódico nacional distribuido en diez ciudades. Las movilizaciones oscilaron entre un centenar y 500 personas y en algunas ciudades se quemaron molinetes (Passe Livre, 2005b). El año siguiente se realizó el Tercer Encuentro Nacional, entre el 28 y el 30 de julio, en la Escuela Nacional Florestan Fernandes, del MST, en São Paulo. Fue un encuentro decisivo ya que se consiguió consolidar el movimiento y se decidió reivindicar el pasaje gratuito para toda la población, no sólo para los estudiantes.

En el encuentro participaron 160 militantes de trece colectivos que formalizaron un pacto federal con base en los principios de horizontalidad, autonomía, independencia y la toma de decisiones por consenso, pero a su vez decidieron la creación de grupos de trabajo de comunicación, organización, apoyo jurídico y un grupo de estudio sobre transporte. En este punto, la charla del ingeniero Lúcio Gregori, que fue secretario de transporte entre 1990 y 1992 en la gestión municipal de la entonces militante del PT Luiza Erundina en São Paulo, contribuyó a profundizar la comprensión de la problemática entre los militantes más activos. Gregori sostuvo la tesis de que el transporte debe ser un servicio público y por lo tanto gratuito. Desde el momento que se cobra por la tarifa se crea un mecanismo que divide entre quienes pueden usarlo y quienes no pueden, por lo que la tarifa privatiza algo que es común a todos como el transporte. Recordó que ni la salud ni la educación son pagas y que del mismo modo el transporte debe ser costeado por quienes se benefician del servicio, “la clase dominante que necesita del transporte colectivo para que sus empleados se trasladen hasta el lugar de trabajo” (Movimento Passe Livre, 2006).

En este punto, el movimiento produce un viraje importante. Por un lado las luchas habían menguado, los grupos de base se debilitaron y no se consiguió la principal demanda, lo que algunos sintieron como una derrota. Por otro, el núcleo activo del movimiento consigue consolidar un tipo de funcionamiento diferente al tradicional y comienza a profundizar debates que lo llevaron a transitar del “passe libre” a la “tarifa zero”. En esta primera etapa habían conseguido no sólo poner en pie un movimiento sin ningún apoyo institucional, sino también instalar el debate sobre la problemática del transporte en la sociedad.

En una ciudad como Brasilia (2,5 millones de habitantes), el MPL llegó a estabilizar un colectivo que oscilaba entre 40 y 80 personas. Después de 2006, en un período de siete años sin aumentos del precio de los pasajes, quedaron entre ocho y veinte en promedio. Realizaban tres tipos de actividades: “acciones directas en la calle, estudiar e informar sobre el transporte colectivo y la movilidad urbana, con cortes de clase, raza y género, y presiones sobre los poderes públicos con propuestas de pasaje libre y tarifa cero” (Zibechi, 2013). Esos grupos tenían una intensa vida interior y una potente convivencia. Los jóvenes universitarios que años después crearon el MPL en Brasilia, realizaron en 2001 un campamento de un mes de duración, lo que revela la intensidad de los vínculos que establecían (Duques, 2013: 3).

En 2005, cuando crean el MPL, mapean las escuelas secundarias de la ciudad y realizan decenas de talleres que preparan con esmero, lo que evidencia también la dedicación de muchas horas de estudio y de trabajo previo (Saraiva, 2010: 68). El trabajo cotidiano de cada colectivo implicaba reuniones plenarias semanales o quincenales, a lo que se sumaban comisiones de trabajo y de estudio en pequeños grupos más o menos estables, que en su conjunto suponían un contacto casi diario entre los que integraban el núcleo más activo. Las acciones de calle como las performances con música, danza y teatro, que eran una de las principales acciones del MPL, implicaban muchas horas de trabajo para el diseño de carteles, elaboración de letras y confección de vestuario. La militancia autónoma es mucho más intensa de lo que suelen creer los integrantes de partidos políticos, ya que todo debe hacerse sin ningún apoyo institucional, apelando al trabajo colectivo y a la creatividad. En estos colectivos surgen intensos lazos de confianza y de hermanamiento, a tal punto que algunos grupos pueden ser considerados como comunidades de vida. Es común que varios de sus integrantes compartan la misma vivienda o vivan en el mismo barrio y coincidan en los mismos espacios y tiempos de ocio; de modo que la cercanía es, además de un potente factor de cohesión, un modo de diluir las distancias entre amistad y militancia, creándose un clima de fraternidad que suele ser reafirmado en los encuentros-convivencia a nivel regional o federal. De más está decir que esta forma de vivir la militancia, va de la mano de una ética de la coherencia que no admite la separación entre palabras y hechos (militan contra el doble discurso), entre la vida personal y la colectiva, y también entre quienes toman decisiones y quienes las ejecutan, aspectos que marchan a contracorriente de la cultura política hegemónica, incluso en los partidos de izquierda.

En la situación de reflujo que se instala a partir de 2006, “el movimiento ingresó en un denso, y muchas veces tenso, proceso de reflexión, procurando entender qué había ‘fallado’ en la lucha contra las tarifas” (Saraiva, 2010: 70). Desde el interior del MPL de São Paulo, por ejemplo, se sintió que el no haber podido frenar los aumentos de 2006 y la falta de propuestas sobre cómo continuar la lucha, tuvo un fuerte impacto interno: “Los militantes se sintieron estafados, exhaustos, varias personas se apartaron y el movimiento entró en una larga fase de reestructuración” (Legume y Toledo, 2011). Ese período se extiende hasta 2010, con variaciones según regiones y ciudades.

La adopción del objetivo estratégico de la “tarifa cero” fue apenas uno de los virajes del movimiento. Los demás irán en el mismo sentido: la profundización de su carácter popular y anticapitalista. Despegarse de la consigna de “pasaje gratuito” fue también un modo de ir más allá del movimiento estudiantil para levantar una propuesta que involucra a toda la población. La formación de grupos de estudio y el asesoramiento de técnicos militantes como Gregori, le permitieron al MPL profundizar sus conocimientos sobre el transporte y la ciudad, comprender mejor las consecuencias políticas de la existencia de ciudades segregadas en lo espacial y racial, y asumir la inserción del movimiento en una larga historia de luchas y revueltas contra los aumentos de tarifas con expresiones notables entre 1974 y 1981 en Rio de Janeiro, São Paulo, la Baixada Flauminense, las ciudades satélites de Brasilia y Salvador (Filgueiras, 1981; Ferreira, 2008). Todo esto le permitió al MPL convertirse en referencia en el debate sobre el transporte y sobre el derecho a la ciudad, que es el núcleo de la propuesta sobre la “tarifa cero”.

Un segundo viraje tendrá repercusiones aún más profundas ya que se relaciona con el carácter de clase y con el modo de sentir las opresiones. En Brasilia, “desde 2007 y 2008 el MPL cada vez hace más trabajos en las escuelas secundarias y los barrios de las periferias”, reflexiona el militante Paíque Duques Lima (Zibechi, 2013). En São Paulo el MPL “percibió que necesitaba diversificar sus frentes de actuación iniciando trabajo en algunas comunidades, con destaque en la Zona Sur”, la más pobre de la ciudad (Legume y Toledo, 2011). Sin embargo, cuando comenzaron a trabajar en las periferias urbanas encontraron una población que resistía los desalojos por la especulación inmobiliaria y la

Copa del Mundo de 2014, involucrada en asociaciones comunitarias, en partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y también en el tráfico de drogas. Como señala Duques desde Brasilia, “el mismo camino hicieron los Comités Populares de la Copa” que “empezaron a tener fuerza en las remociones de barrios enteros” (Zibechi, 2013).

Esa opción implicó también cambios en la integración del movimiento. Si en São Paulo el trabajo en las periferias le otorgó mayor legitimidad al MPL, en Brasilia hubo una verdadera mutación de clase y de raza: mientras los fundadores eran jóvenes de clase media y media baja y la presencia de negros era excepcional, después de 2008 aparecen “jóvenes oriundos de las ciudades en torno de Brasilia” (Guará, Taguatinga, São Sebastião, Ceilandia y Samambaia), de familias pobres y una mayor presencia de negros (Saraiva, 2010: 85). Es el tipo de personas que no encuentran “su” lugar en una institución formal, sea un partido de izquierda, una entidad estudiantil o un sindicato.

La identidad del movimiento se expresa, desde este punto de vista, en el posicionamiento contra un conjunto de opresiones de clase, de género, de raza y, aunque no lo explicitan, también generacionales. En suma, un rechazo a todas las opresiones, lo que supone que en las actividades procuran evitar la clásica división del trabajo en función de los géneros y del color de piel. El MPL comienza a reflejar en su composición el compromiso con los más pobres, los negros, las mujeres y los que no tienen acceso al transporte y a la ciudad. Negros y pardos (o mestizos), sujetos a un mismo sistema de discriminación, se acercaron al movimiento por ver en él una interlocución con sus luchas y porque los negros que integraban el MPL participaban en las acciones del movimiento anti-racista[1].

Para 2010, cuando comienzan a reactivarse los movimientos urbanos, el MPL era una organización nacional implantada en las principales ciudades, con vínculos fluidos con otros movimientos, convertido en referencia en el debate sobre transporte y reforma urbana. Contaba con miles de militantes formados y experimentados que en cinco años realizaron cientos de acciones de calle (desde pequeños actos testimoniales hasta manifestaciones de 10 mil personas), volanteadas, ocupaciones de edificios públicos y de predios, tomas de terminales de autobuses, cortes de calles y autopistas, y contaban con medios de comunicación en los que se informaban cientos de miles de brasileños. Era un movimiento relativamente pequeño, pero en modo alguno marginal, como lo demuestra el hecho de que al lanzar la campaña Tarifa Zero en 2011 participaron personalidades tan conocidas como la ex alcaldesa de São Paulo, Luiza Erundina[2].

Las formas de acción trascendieron las fronteras del movimiento y fueron asumidas por otros grupos y movimientos que estaban haciendo un proceso similar. Duques reflexiona que “la formación del MPL forjó una cultura de acción política que se desarrolló más allá de su propia lucha”, porque su experiencia organizativa influyó a militantes involucrados en otro tipo de acciones no vinculadas al transporte público (Duques, 2013: 7). Esa nueva cultura de lucha y de organización nació lejos de las instituciones, en espacios sociales relativamente autónomos que es donde puede nacer un discurso oculto y donde se fraguan las culturas disidentes, como señala Scott. Al analizar la relación discurso oculto-espacio social, destaca la dilución de la frontera entre teoría y práctica, presente en colectivos como el MPL: “Como la cultura popular, el discurso oculto no existe en forma de pensamiento puro; existe sólo en la medida en que es practicado, articulado, manifestado y diseminado dentro de los espacios sociales marginales” (Scott, 2000: 149).

Sin embargo, el MPL no es sólo un colectivo que expresa la cultura juvenil alternativa o rebelde y las culturas de los habitantes de las periferias, es “una organización con principios y con perspectivas estratégicas”, como quedó claro a partir del segundo encuentro celebrado en julio de 2005 en Campinas (De Moura, 2005). El movimiento se construyó como “un conjunto de luchadores y luchadoras anticapitalistas con mecanismos eficientes de resistencia a la dominación y la cooptación burocrática o de mercado” (Duques, 2013: 19). En la fragua de esa organización intervinieron varias culturas, desde el hip hop y las camadas populares hasta los modos impulsados por la principal organización de lucha de Brasil, el MST, pasando por las reflexiones que provienen del zapatismo y de otros movimientos contra la globalización. Aunque aún no ha sido estudiado en detalle, la impresión es que ninguna de las diversas vertientes es hegemónica al interior de los grupos que conforman el MPL.

En el movimiento existen también reflexiones originales nacidas al calor de largos debates y de la lectura de las experiencias que se sucedieron desde las revueltas de Salvador y Florianópolis. Leo Vinicius, militante del MPL de Florianópolis y autor de uno de los libros que circuló ampliamente en el movimiento, reflexionó de este modo sobre la necesidad de que exista una dirección en el momento en que se producen las luchas:

Cuando hablo de dirección no hablo de mando y de obediencia, ni de manipulación de las masas. Hablo de un grupo que piensa, planifica, discute y estudia las cuestiones sociales en torno al levantamiento popular, así como el día a día del levantamiento, para alcanzar las reivindicaciones del movimiento [...] La buena dirección y la dirección posible, en estos casos, es la que sabe jugar, componer y crear con las prácticas producidas de forma autónoma por la movilización social (Vinicius, 2005: 60-61).

Estamos, entonces, ante grupos de base integrados por militantes-investigadores o militantes-intelectuales que tienen capacidad para organizar, trabajar con sectores populares, definir proyectos y estrategias para construir una fuerza social que promueva cambios desde abajo. Este conjunto de rasgos son los que permiten hablar de una nueva cultura política, o cultura de luchas y de organización, que nació en Brasil en la primera década del siglo XXI, se fue consolidando en pequeñas y medianas batallas y estalló masivamente en junio de 2013.

Los Juegos Panamericanos como ensayo general

“La población tiene la ilusión de que va a lucrar con los eventos de la Copa, pero la verdad es que será brutalmente reprimida”, dijo Roberto Morales, asesor del diputado Marcelo Freixo, del Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), un año y medio antes de la realización de la Copa de las Confederaciones (Zibechi, 2012b).

Morales participa en el Comitê Popular da Copa que fue creado durante los Juegos Panamericanos celebrados en Rio de Janeiro en 2007, cuando la población comenzó a resistir los traslados forzosos.

La experiencia de los Juegos Panamericanos fue decisiva para convencer a los militantes comprometidos con los sectores populares y a una parte de la población, del desastre que se avecinaba. En los años siguientes la ciudad debía albergar cuatro megaeventos deportivos que introducen cambios de larga duración en la estructura urbana afectando sobre todo a los sectores populares: los Juegos Mundiales Militares de 2011, la Copa de las Confederaciones en 2013, la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.

Para el Comitê Popular da Copa de Rio, los Juegos Panamericanos fueron un divisor de aguas ya que mostraron la debilidad del gobierno brasileño para establecer un proceso de gestión democrática y transparente de los gastos públicos y de abrir un espacio de interlocución efectiva con la sociedad sobre el legado de los Juegos (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2012). Para el movimiento social los juegos fueron la oportunidad para crear una amplia y estable coordinación que rompió el localismo y la fragmentación.

En efecto, en Rio existía una “extrema fragmentación” de los movimientos urbanos, tanto los estudiantiles como los territoriales, divididos estos en cuatro grandes articulaciones nacionales y por lo menos dos locales, además de varias organizaciones no gubernamentales que trabajan con sectores populares (Marques, De Moura y Lopes, 2011: 242). Según este trabajo, en 2006 comenzaron a realizarse manifestaciones y acciones de calle en relación a los Juegos Panamericanos y en contra de los desalojos forzados para la construcción de infraestructuras y centros deportivos. El trabajo destaca que entre abril de 2006 y octubre de 2007 se realizaron, sólo en Rio, 45 manifestaciones en relación a los Juegos, que se llevaron a cabo en julio (Marques, De Moura y Lopes, 2011: 245).

En una primera etapa, entre abril de 2006 y abril de 2007, las manifestaciones estaban convocadas por colectivos afectados directamente por las obras, en general asociaciones de vecinos apoyadas por asociaciones profesionales (geógrafos en particular), ediles municipales, el MST, la asociación de favelas de Rio y la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Además de las actividades de calle se realizaron encuentros y seminarios sobre los legados de las obras, enfatizando que benefician al sector privado pero son financiadas con fondos públicos y perjudican a los más pobres. La respuesta de la población fue importante. En São Paulo se realizó el seminario “Ciudad, un derecho de todas las personas” el 25 de marzo, apenas tres meses antes de los Juegos, con la asistencia de cinco mil activistas, el apoyo del MST, las centrales Conlutas e Intersindical, el PSOL y el PSTU (Marques, De Moura y Lopes, 2011: 247).

El 1 de mayo de 2007, más de 40 organizaciones convocaron un acto en una favela amenazada por desalojo, entre las que destacan las organizaciones sociales y políticas que ya se venían movilizando, a las que se fueron sumando varios grupos de la ciudad. La coordinación realizó numerosas manifestaciones ese año y decidió la realización de un acto el día de la apertura de los Juegos, el 13 de julio. En la organización de la actividad participaron más de cien militantes de más de 60 grupos y el día de la inauguración de los Juegos más de 1.500 manifestantes desafiaron el clima de miedo instaurado en la ciudad. En el estadio Maracaná, Lula fue abucheado seis veces y no pudo leer el discurso de apertura de los Juegos, mientras en el exterior se manifestaron pequeños grupos (Folha de São Paulo, 2007).

La coordinación se mantuvo en la resistencia a las demoliciones de viviendas en favelas, en la evaluación de las acciones del año y para planificar los trabajos de cara a 2008. La plenaria de movimientos en torno a los Juegos Panamericanos es considerada un factor fundamental en la construcción de una red de articulación de luchas y movimientos (Marques, De Moura y Lopes, 2011: 247-252).

El Comité Popular de la Copa y Olimpíadas de Rio y la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa recogieron y amplificaron esa experiencia. Se crearon comités en las doce ciudades donde se realizarán partidos del Mundial de 2014, donde se construyen obras que afectan en total a unas 170 mil personas. El dossier titulado “Megaeventos y violaciones a los derechos humanos en Brasil”, detalla desde la vulneración del derecho a la vivienda y a las leyes laborales en las obras hasta la falta de estudios de impacto ambiental. Los Comités Populares han detectado una suerte de patrón que se repite en todas las ciudades donde habrá desalojos: “La falta de información y notificación previa generan inestabilidad y miedo con relación al futuro”, lo que paraliza a las familias y las coloca a merced de los poderes o los especuladores, señala el informe de los Comités Populares (Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, 2011: 8)

El dossier afirma que en 21 villas y favelas de siete ciudades que serán sedes del Mundial, el Estado está aplicando “estrategias de guerra y persecución, como el marcado de casas con tinta sin explicaciones, la invasión de domicilios sin mandatos judiciales, la apropiación indebida y destrucción de inmuebles”, además de amenazas y corte de los servicios y otras acciones de intimidación (Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, 2011: 11). La totalidad de los afectados viven en áreas de bajos ingresos y cierta precariedad o informalidad.

Los Comités Populares realizaron, al igual que el MPL, un profundo trabajo de investigación y una amplia y masiva difusión de sus resultados, en los que destacan con datos precisos, que las grandes obras para los megaeventos serán realizadas por un puñado de empresas constructoras que se beneficiarán con la privatización de las arenas que explotarán durante muchos años. El conjunto de obras en marcha (autopistas, aeropuertos, estadios y transporte) les permite concluir que está siendo vulnerado el derecho a la ciudad, conclusión similar a la que elaboró el MPL.

La movilización y la denuncia, así como el trabajo junto a las comunidades afectadas, es la otra vertiente de los Comités Populares. En las grandes ciudades el clima comenzó a cambiar hacia 2010. En marzo de ese año se celebró el Forum Social Urbano en Rio, a partir del cual la coordinación de movimientos contra los megaeventos se consolidó. En 2011, sólo en Rio los Comités Populares realizaron trece actividades públicas, algunas de varios días de duración: manifestaciones, audiencias públicas, seminarios, acompañamiento de las comunidades afectadas, y una marcha hasta el local donde se sortearon los grupos de las eliminatorias del Mundial 2014 (Comité Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2012: 77).

Un síntoma claro del cambio de clima se puede rastrear en el escenario electoral de Rio de Janeiro. El militante del PSOL Marcelo Freixo fue electo diputado del estado en 2006 con 13.500 votos. En los años siguientes asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento de Rio, y presidió las comisiones parlamentarias que investigaron las milicias y el tráfico de armas en la ciudad. Por su trabajo contra la corrupción y las mafias y su apoyo a los sectores populares, fue reelecto en 2010 con 177 mil votos. Pero lo más notable fue su campaña en las elecciones municipales de 2012, en las que fue candidato a alcalde. Con muy pocos minutos de publicidad en la televisión y sin medios económicos, Freixo se apoyó en las redes sociales juveniles y en artistas populares como Caetano Veloso y Chico Buarque, y fue apoyado por personalidades como Frei Betto. Eligió como candidato a vicealcalde a Marcelo Yuka, ex-baterista de una banda de rap que fue baleado en un asalto y quedó parapléjico. Al acto final acudieron 15 mil personas bajo una fuerte lluvia. Caetano Veloso dijo que no participaba en un acto político desde 1989, cuando apoyó la campaña de Lula a la presidencia. “Estoy aquí como habitante y elector de Rio de Janeiro para decir sencillamente de la alegría y el honor de poder votar por un candidato como Marcelo Freixo, que es la dignificación de la política brasileña”. Freixo consiguió más de 900.000 votos, el 28% del electorado (O Globo, 2012).

Las obras del Mundial 2014, que se estrenaron durante la Copa de las Confederaciones 2013, son probablemente las que más rechazos provocaron, incluso entre los deportistas. El estadio de Maracaná focalizó buena parte de las críticas, quizá por ser el mayor emblema deportivo y futbolístico del país. Las obras para su remodelación duraron tres años, más que su construcción, y demandaron más de 600 millones de dólares, el doble que el estadio Soccer City donde se jugó la final del Mundial 2010. El mítico estadio fue cedido por 35 años a un consorcio donde Odebrecht, la principal constructora brasileña que realiza enormes donaciones a los partidos políticos y en particular al PT, detenta el 90% de las acciones (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2013: 54)

Para la población quizá sea más importante su exclusión del fútbol que el costo total de las obras. La final del mundial de 1950 en un Maracaná recién inaugurado, fue seguida por 203 mil espectadores que representaban el 8,5% de la población de Rio de Janeiro. Las entradas a las localidades “generales” y a las “populares”, donde asistían los sectores populares, representaban el 80% del público total. Luego de varias remodelaciones su aforo se redujo a 75 mil personas, menos del 1% de la población de la ciudad. La elitización de un deporte tan popular como el fútbol, se puede visualizar en la reconstrucción de Maracaná para adaptarse a las exigencias de la FIFA. Se convirtió en una especie de teatro con sillas numeradas en las que no se puede seguir el partido de pie, se suprimieron los espacios de creación colectiva de las hinchadas, bullangueras y desordenadas, y en su lugar sólo queda la posibilidad de coreografías como las “olas” y el despliegue ordenado de minibanderas individuales. El objetivo es que sea una “arena multiuso” capaz de albergar recitales musicales y shows del más diverso tipo, por lo cual sobre los graderíos se construyeron camarotes con una amplia visión del campo, con vidrios que separan a los asistentes VIP del resto de los espectadores, con bares, televisión y aire acondicionado y suelen ser rentados por empresas que invitan a sus socios y funcionarios que pueden llegar directamente en auto a través de una rampa sin tener que soportar el menor contacto con la “multitud” (Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, 2011: 11-12).

Las entradas son mucho más caras que en mundiales anteriores: las categorías 1, 2 y 3 tienen un costo de 203, 192 y 112 dólares, frente a 126, 75 y 57 dólares en el Mundial 2006 en Alemania y 160, 120 y 80 en Sudáfrica 2010. Sólo las localidades de categoría 4 son más económicas que en Alemania (25 frente a 45 dólares) pero más caras que en el último mundial (Comité Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2013: 59). Además se demolieron instalaciones construidas para los Juegos Panamericanos de 2007, como el velódromo, porque no se adecuaba a las exigencias de la federación mundial de ciclismo y tampoco se usará el Parque Acuático construido para esa ocasión, obras que en conjunto demandaron cincuenta millones de dólares del Estado.

En 2011 sesenta deportistas de primer nivel crearon la asociación Atletas pela Cidadania, entre ellos personajes muy populares como los futbolistas Kaká, Dunga, Daniel Alves y Cafu[3], para debatir el legado deportivo y social que tendrán los megaeventos. Durante la campaña electoral municipal de 2012, la asociación consiguió que los candidatos a las alcaldías en once ciudades se comprometieran con el legado social de los eventos deportivos. Poco antes de que estallaran las grandes manifestaciones durante la Copa de las Confederaciones, en el mes de abril, 57 deportistas de las más variadas disciplinas firmaron un manifiesto contra la demolición del Complejo Maracaná, que incluye piscinas, pistas de atletismo, una escuela municipal y el Museo del Indio, para construir estacionamientos y centros comerciales. La declaración dice: “Hoy la realidad es triste. No hay planificación de largo plazo y valoración del deporte, sino solamente de las construcciones y las inversiones en infraestructura (Atletas pela Cidadania, 2013).

Quizá la mejor síntesis de lo que vieron y sintieron muchos brasileños ante la multitud de obras para el mundial sea la que describen los Comités Populares: “Los estadios históricos están siendo destruidos para renacer en forma de centros de consumo y turismo, parecidos a los shopping-center. Las entradas en los campeonatos nacionales y estatales son cada vez más caras, fuera del alcance del hincha ‘tradicional’” (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2013: 53).

Debatir el carácter de las movilizaciones de junio

Siguiendo la trayectoria de los nuevos movimientos urbanos, las masivas manifestaciones de junio no pueden resultar sorprendentes. Llama la atención, ciertamente, la masividad y la duración de las protestas, la radicalidad de muchos manifestantes pero no la certeza de las denuncias y reclamos, tanto los referidos al aumento del transporte como a las críticas contra la Copa de las Confederaciones.

A partir de la breve reconstrucción del trabajo de dos movimientos urbanos como el MPL y los Comités Populares, me parece oportuno destacar algunas características de las movilizaciones de junio, con la intención de cuestionar el sentido común instalado para contribuir a profundizar un debate sobre la actual etapa de las luchas populares. No mencionaré, por tanto, ni al gobierno ni a la oposición, ni a la derecha ni a la izquierda, ni siquiera el sistema político, no porque no sean relevantes sino porque apuesto a comprender lo que la gente hace desde la propia gente, no por instancias o instituciones externas. No ignoro las limitaciones de un análisis de este tipo, pero cuando millones salen a las calles no me parece éticamente adecuado explicar las decisiones que toman como si respondieran a estímulos externos. Sería un modo colonial de pensar. Como sostiene el fundador de la escuela de estudios poscoloniales, Ranahit Guha, “el campesino sabía lo que hacía cuando se sublevaba” (Guha, 2002: 104).

-No hubo espontaneidad sino masificación de movimientos. Desde 2003 cada vez que hubo un aumento del precio del pasaje se realizaron manifestaciones, concentraciones, bloqueos de avenidas y calles, destrucción de molinetes, ruptura de autobuses y ocupaciones de terminales de transporte. Hubo incluso grandes revueltas, como las de Salvador en 2003 y Florianópolis en 2004 y 2005. Ese conjunto impresionante de acciones de calle convocadas por el MPL durante ocho años, legitimó la protesta y la rebelión contra los aumentos y estabeció la costumbre de movilizarse ante los precios abusivos del transporte, los más caros del mundo[4]. En la conciencia de muchos jóvenes y de habitantes de las grandes ciudades se instaló el binomio aumento-protesta.

Respecto a los megaeventos deportivos, aspecto poco resaltado por los medios y los analistas que concentraron sus baterías en el transporte ya que fue el detonador de las manifestaciones, los Comités Populares consiguieron instalar en la sociedad la percepción de que las ciudades están siendo rediseñadas para la especulación y el beneficio de unos pocos. Lo más importante, empero, es que movilizaron a una parte de la sociedad y marcaron un camino, al igual que el MPL. “Los Comités Populares empezaron a tener fuerza en las remociones de barrios enteros”, señala Duques Lima, militante del MPL (Zibechi, 2013). Seis meses antes de las movilizaciones de junio pude compartir con militantes de los Comités Populares su trabajo con los habitantes de Vila Autódromo y del Morro da Providencia, en Rio de Janeiro, donde se están produciendo derribos de viviendas y amenazas de desalojos (Zibechi, 2012a).

Entre marzo de 2011 y mayo de 2013 los comités realizaron 78 actividades sólo en Rio de Janeiro. De ellas hubo 15 acciones de calle y manifestaciones que incluyeron una amplia campaña de defensa del estadio de Maracaná con el lema O Maraca é nosso, en la que artistas populares como Chico Buarque aparecieron en los medios luciendo camisetas con esa frase. Hubo cuatro actos de protesta frente a Maracaná, incluyendo dos marchas hasta el estadio y una concentración el día de su reapertura (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2013: 113-124).

En rigor, lo nuevo fue la cantidad de personas que hicieron más o menos lo mismo que venían haciendo los militantes desde tiempo atrás. En junio hubo dos hechos importantes que deben ser destacados: se produjo un desborde popular desde abajo y se registró una reacción de solidaridad e indignación contra la represión policial. Ni el desborde ni la solidaridad pueden considerarse como espontaneísmo. Siguiendo a Gramsci, Guha sostiene que no hay lugar para la pura espontaneidad en la historia y que considerar que las rebeliones populares son espontáneas es una actitud elitista, porque convierte la movilización de los de abajo “en dependiente por completo de la intervención de líderes carismáticos, de organizaciones políticas avanzadas o de las clases altas” (Guha, 2002: 98). Si sumamos a esas consideraciones el supuesto papel de las redes sociales y la intervención de la derecha en las movilizaciones, podemos completar un abanico analítico elitista y distanciado de la realidad.

-Se trata de una lucha anticapitalista. La FIFA es una de las mayores multinacionales del mundo, dirigida por una camada de empresarios corruptos. Tiene tanto poder que impone a los países una legislación especial que le concede privilegios en la venta de productos, exenciones fiscales y suspende las actividades comerciales de empresas que no estén autorizadas por la FIFA. Luego de años de debates, la Ley General de la Copa fue aprobada el 5 de junio de 2012 pero el Ministerio Público Federal alega, un año después, que varios artículos son inconstitucionales y solicita al Supremo Tribunal Federal que intervenga (O Estado de São Paulo, 2013). Las manifestaciones hacia los estadios en el momento en que se jugaban partidos, como sucedió en varios casos, deben ser consideradas como un desafío explícito y directo a la legislación negociada por el gobierno y la FIFA.

Pero el aspecto fundamental que muestra el carácter anticapitalista de las movilizaciones de junio y de los movimientos que son su sustrato, es la resistencia a la acumulación en torno a los megaeventos y las megaobras, un modelo que podemos denominar como extractivismo urbano. En respuesta, la Tarifa Zero garantiza el acceso a derechos sociales como la salud, la educación y la cultura, “el derecho a poder moverse por la propia ciudad, y a partir de eso conocerla, reflexionar sobre ella y producir las herramientas para transformarla” (Legume y Toledo, 2011).

Otro militante del MPL, Marcelo Pomar, sostiene que desmercantilizar el transporte y convertirlo en servicio público esencial cuyo costo debe ser asumido por quienes se benefician del flujo de mercancías y personas, debe llevar al movimiento a proponer una profunda reforma tributaria. “El precio del autobús es un sofisticado mecanismo de control social”, dice Pomar, funcional al objetivo de la clase dominante de enclaustrar a los sectores populares en las favelas y en las periferias (Coletivo Maria Tonha, 2013).

Romper ese mecanismo de control, modificar el lugar que tiene reservada la clase dominante para los de abajo, ¿no es una lucha anticapitalista? El MPL sostiene que la Tarifa Zero es una lucha de todos y cambia todo, un medio de subvertir el orden de los transportes y toda la estructura de la ciudad. La movilidad urbana es puesta en cuestión por la segregación espacial, social, racial y de género, a tal punto que las personas que viven en las ciudades satélites de Brasilia y trabajan en el Plan Piloto (la ciudad planificada y central), sienten que a medida que avanza la noche se les impone “una especie de toque de queda en la ciudad, que afecta a aquellos que dependen de transporte colectivo” (Saraiva, 2010: 99).

Las grandes obras para el Mundial y las Olimpíadas van en la misma dirección. La población pobre de Rio está siendo desplazada hacia las periferias norte y oeste mientras se convierte el centro de la ciudad en espacio para el turismo y los negocios, con la construcción del Puerto Maravilla para que atraquen cruceros y los turistas visiten el Morro da Providencia en teleférico sin ser molestados por los que aún sigan viviendo en la favela. Los megaeventos son un momento crucial para imponer un proyecto de ciudad que crea nuevas centralidades, refuerza otras y convierte los barrios pobres en “zonas de sacrificio”, en el entendido que los sacrificados son sus habitantes.

¿Cómo no considerar la lucha contra la especulación inmobiliaria como parte de la lucha anticapitalista? Reconocer que los de abajo tienen conciencia de quiénes son, qué lugar ocupan en el sistema y qué pueden hacer para modificarlo, es el mejor camino para comprender sus rebeliones. Porque reducir lo consciente a lo organizado, lo que tiene objetivos definidos y un programa para alcanzarlos implica “identificar la consciencia con los propios ideales y normas políticas, de forma que la actividad de las masas que no cumplen estas condiciones puede caracterizarse como inconsciente, y por lo tanto prepolítica” (Guha, 2002: 99).

-Estamos ante un conjunto de movimientos urbanos por el derecho a la ciudad. Los principales movimientos populares de Brasil fueron, desde la Colonia, movimientos rurales ya que en esas áreas se afincaba la resistencia al sistema. Ahora las resistencias se están concentrando en las ciudades. Los principales movimientos urbanos (MPL, MTST, Comités de la Copa, CMI, y otros) encarnan algo similar a la lucha por la reforma agraria, que es la lucha por la reforma urbana. El latifundio y el agronegocio son el equivalente en la ciudad a la segregación espacial y la especulación inmobiliaria.

Dos aspectos deberían ser destacados. El primero es que son movimientos de nuevo tipo, nacidos en el mismo período en que el PT llegó al gobierno y, por lo tanto, se enfrentan a una nueva configuración del poder estatal. Se trata de una alianza entre la dirección del PT y la burguesía brasileña, con la cual el gobierno no sólo tiene excelentes relaciones sino comparte con ella un proyecto de país y un modo de situarse en la región y en el mundo. En segundo lugar, en el sector financiero se ha incrustado un grupo social que proviene del movimiento sindical a través de su participación en los fondos de pensiones y en la dirección del BNDES, el principal banco de fomento del mundo (Zibechi, 2012c).

Las luchas que han surgido en los últimos años en Brasil, desde la resistencia a las hidroeléctricas como Belo Monte hasta el transporte gratuito y los megaeventos, enfrentan un modo de gobernar diferente al que desafiaron los movimientos anteriores. Mucho más complejo, por cierto, ya que la evidente disminución de la pobreza perpetúa un tipo de desigualdad que no es posible medirla cuantitativamente porque incluye dimensiones menos evidentes y no es visualizada como parte de la opresión sistémica, como la segregación espacial, racial, clasista, de género y generacional. A veces son necesarias grandes revueltas para romper las rutinas que impiden visibilizar las opresiones.

La nueva configuración del poder en Brasil enfrenta a los movimientos a opciones dramáticas. El 24 de junio el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) entró disparando sus armas al Complexo da Maré, el grupo de favelas más poblado de la ciudad, con un saldo de nueve muertos, ocho pobladores y un policía. Sin embargo, la jornada de movilizaciones convocada el 11 de julio por los sindicatos no incluyó en su larga lista de reivindicaciones ninguna mención a la masacre de Maré ni a la brutalidad policial. La periodista Eliane Brum publicó una larga nota donde dice: “Brasil no cambiará mientras la clase media sienta más los heridos de la Paulista que los muertos de Maré” y recuerda que mientras en el centro la policía dispara balas de goma en los barrios son de plomo y que en vez de heridos, hay muertos (Blum, 2013).

-Una nueva cultura política. Cuando surge una cultura política lo hace contra la cultura hegemónica de la cual necesita diferenciarse. En este caso parece evidente que los modos de lucha y de organización que nacieron hacia el fin de la dictadura con la creación de la CUT y del PT, ya no pueden dar respuesta a los desafíos que plantean las luchas antisistémicas. Recordemos que las revueltas de 2003 y 2004, y la fundación del MPL en 2005, rechazaron de plano la cultura organizacional burocrática y para ello destacaron la horizontalidad, o sea una dirección colectiva y no individual, el consenso para que no se consoliden mayorías, y la autonomía del Estado y los de los partidos.

Hasta ahora las organizaciones moldeadas por esta cultura han mostrado sus distancias con el sector mayoritario del movimiento sindical pero han podido colaborar con los sindicatos más combativos y con otras organizaciones que responden a patrones distintos de organización y formas de hacer. Respecto al MST, la principal organización de lucha en Brasil, buena parte de los grupos urbanos nacidos en la última década se inspiran en su larga experiencia y han tomado algunas de sus formas de lucha adaptándolas al medio urbano. El principal contraste entre ambas culturas consiste en las diferentes formas organizativas, en particular en lo relativo a la horizontalidad.

En los próximos años puede darse una aproximación entre el MST y los nuevos movimientos urbanos si ambos pueden confluir en luchas concretas, como ha sucedido en algunos casos. Sería un paso decisivo para impulsar las luchas políticas y sociales en Brasil, incluso un buen aliciente para los demás movimientos del continente, ya que permitiría articular las dos principales vertientes emancipatorias (la rural y la urbana) y, probablemente, producir un salto cualitativo en las luchas antisistémicas.

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- Comentario de Paíque Duques Lima al texto.↵

- Sólo en Brasilia pasaron entre 200 y 300 militantes por el MPL. La permanente entrada y salida de personas puede haber facilitado la difusión de su cultura política hacia otros sectores de la sociedad↵

- Respectivamente: Ricardo Izecson dos Santos Leite, actual jugador del Real Madrid y de la selección nacional; Carlos Caetano Bledorn Verri, campeón mundial en 1994 y ex técnico de la selección nacional; Daniel Alves da Silva, jugador del Barcelona; Marcos Evangelista de Moraes, ex jugador de la selección nacional.↵

- Un cálculo sobre los minutos de trabajo necesarios para pagar un pasaje de autobús, en base al salario medio en doce ciudades del mundo, coloca a São Paulo y Rio de Janeiro como las ciudades donde el transporte es más caro: 13,9 y 12,7 minutos de trabajo respectivamente, frente a 5,5 en Madrid, 6,3 en New York, 6,2 en París y 1,4 en Buenos Aires (Folha de São Paulo, 2013). ↵

As rebeliões de junho de 2013

Ricardo antunes

Professor de sociologia do IFCH/UNICAMP. Coordina las colecciones Mundo do Trabalho (Boitempo) y Trabalho e Emancipação (ed. Expressão Popular). Es investigador del CNPq.

..as percepções humanas aguçam-se estranhamente quando… a multidão de repente torna-se ela mesma justiceira do caso”.

Herman Melville – O Vigarista

Uma explosão inesperada?

As revoltas e rebeliões que sacudiram o Brasil em Junho de 2013 entrarão para a história do Brasil como um momento especial. Elas principiaram em 6 de junho, com uma pequena passeata em São Paulo, com aproximadamente 2 mil pessoas, contra o aumento das tarifas no transporte público, convocadas pelos jovens do Movimento do Passe Livre (MPL).

Não se tinha, então, a menor idéia de que o Brasil vivenciaria um levante social que só teve similar – ao menos no que concerne à sua amplitude, ainda que sob formas bastante diferentes – na campanha pelo impeachment de Collor em 1992 e na Campanha pelas eleições diretas em 1985, ainda sob a ditadura militar.

Seguiram-se, então, manifestações diárias, que atingiram seu ponto culminante em 17 de junho, com mais de 70 mil participantes em São Paulo, dezenas de milhares no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, etc., em praticamente todas as capitais do país, das grandes às pequenas cidades, do centro às periferias, numa explosão popular que balançou os pilares da ordem. Em 20 de junho, quase 400 cidades, incluindo 22 capitais, saíram em manifestações e passeatas. O país da “cordialidade” mostrava, uma vez mais, que sabe também se rebelar. A explosão chegou a praticamente todos os rincões do país. Depois desses levantes de junho, tem havido manifestações as mais diferenciadas, localizadas, nas estradas, periferias, bairros, centros urbanos, greves, numa miríade de manifestações (protestos) onde os descontentamentos são diversos, mas sempre presentes.

O que causou os levantes de junho de 2013?

O Fim da letargia e o transbordamento dos múltiplos descontentamentos

As manifestações que começaram em junho e continuam em parte de julho, seguindo-se, ainda que de modo bastante diferenciado nos meses que se seguem, tiveram em sua origem causas várias. Começaram, como dissemos acima, com as ações do Movimento Passe Livre, depois foram se ampliando, até atingirem manifestações multitudinárias, com dezenas e centenas de milhares de pessoas, chegando, no momento de auge, a mais de 2 milhões de manifestantes no conjunto do país. Depois, entramos em julho, com manifestações mais localizadas, uma tentativa de greve geral, mas praticamente todos os dias há ainda expressões das mobilizações populares.

É preciso, para entender as causalidades destes movimentos, apresentar ao menos três ou quatro pontos que me parecem centrais. O primeiro é uma causalidade interna, motivada pela percepção de que o projeto que vem se desenvolvendo no Brasil desde a década de 90 (com FHC, depois levemente alterado, mas não substantivamente, pelos governos Lula e Dilma), voltado ao desenvolvimento capitalista financeirizado e mundializado, sedimentado em privatizações, superávit primário e desregulamentação dos capitais, portanto, tendo os interesses do grande capital como prioritários, vem causando profundo mal-estar social.

E podemos dizer que tal processo de desenvolvimento chegou próximo à sua exaustão. A população não suporta mais o transporte privatizado, a saúde precarizada, degradada (e também privatizada em grande parte), o ensino público profundamente degradado e abandonado. A população, portanto, parece que está chegando a seu ponto de saturação e esgotamento, causados por essa mercadorização da res publica, tipicamente neoliberal.

Vale lembrar que também na Inglaterra tivemos a mesma saturação, levando à queda Margareth Thatcher, com a explosão contra o aumento do imposto, o chamado pool tax. Ainda que os quadros brasileiro e inglês sejam bastante diferentes, chega uma hora que tal processo exaure o seu sentimento de aceitação na população. É só por isso que faço aqui a referência ao exemplo inglês. Em alguma medida, as explosões de junho estampam o descontentamento da população com tanto descaso.

Iniciamos uma fase de fim da letargia. Aconteceu e aí começa o segundo elemento, numa conjuntura muito específica: a explosão das manifestações foi marcada pela Copa das Confederações, quando a população percebeu que estádios de primeiro mundo o Brasil faz; enquanto isso, já no entorno dos estádios, a população é excluída. Todos vimos durante a “Copa das Rebeliões” que os pobres e negros não estavam presentes nos estádios. Estavam vendo os jogos nos estádios as classes médias e as camadas abastadas. Os que construíram o país nestas últimas duas décadas ficaram excluídos. Até mesmo do entorno do estádio, já que o comércio oficial da Copa expulsou a população que poderia explorá-lo, os camelôs, os ‘bicos’, aquele pequeno comércio que, para muitas pessoas, é a sobrevivência, a fim de se colocar somente aquilo que a FIFA impunha. A população percebeu que há uma simbiose complexa entre FIFA, interesses transnacionais e governo.

E os setores sociais mais afetados com tal processo, são as camadas populares, excluídas dos jogos e percebendo que os recursos que faltam no transporte público, na saúde e educação, sobre para os estádios de futebol “padrão FIFA”. Isso fez com que houvesse, a cada jogo, uma ou muitas manifestações, com muita conflagração, onde a população mostrava seu completo descontentamento.

Isso coincidiu com o terceiro e importante movimento, relacionado ao cenário internacional. Desde 2008 vemos que todas as manifestações de massa – começando da Tunísia e indo à praça Tahrir (Egito), à praça Taksim (Turquia), voltando à Tahrir, passando pela Grécia, Itália, Portugal, França, Reino Unido, EUA, com o Occupy Wall Street, e Espanha, com os Indignados, para não falar dos jovens do Chile, camponeses da Colômbia, etc. – que têm como traço comum a ocupação do espaço público, das ruas e praças.

Tal ocupação significa que a população não suporta mais a atual forma degradada de institucionalidade, seja no caso dos países do Oriente Médio com suas ditaduras, seja no caso dos países do ocidente com seu modelo de “democracia burguesa” só para os ricos. Há também um fosso muito grande entre a vontade popular e os interesses do parlamento. No caso brasileiro, por exemplo, o Congresso Nacional certamente é a instituição mais rejeitada pelo país hoje.

No caso internacional, naturalmente há um efeito demonstrativo para o conjunto de cada país: da Tunísia para o Egito, de lá para o Iraque e a Síria; da Espanha para Portugal; da Grécia pra Itália; de lá para o Reino Unido; depois, do Reino Unido para os EUA com o Occupy. Isto é, esse cenário de manifestações populares contra a destruição da res publica, contra a lógica de uma acumulação financeira ilimitada, além de destruição social e pública também ilimitada, uma hora teve um limite.

Para entendermos as rebeliões é preciso, então, compreender um conjunto de elementos ou “curvas” na história recente do Brasil. Curvas com origens e direções distintas, mas que em um determinado momento encontraram um ponto de intersecção explosivo: junho de 2013. Paralelamente às manifestações no exterior, no Brasil elas ocorreram em um momento marcado, como vimos, por uma conjuntura muito particular: a Copa das Confederações tornou-se a Copa das Rebeliões.

A população se deu conta de que estádios de primeiro mundo existem e foram eficientemente viabilizados por imposição da FIFA e dos grandes interesses de empresas transnacionais do esporte. Quem assistiu aos jogos da Copa pela televisão teve a impressão de que estavam sendo transmitidos de algum estádio suíço ou da Suécia. O perfil do público que assistiu aos jogos era o de uma elite branca.

Finalmente — e após momentos importantes como a rebelião de Jirau, com as greves dos projetos do PAC, muitas greves dos estádios para a Copa, e outras manifestações — as referidas curvas se encontraram, resultando em um momento de ebulição que se expressou inicialmente, por meio de uma reivindicação muito precisa, a da luta contra o reajuste das tarifas, mas que a partir de então levou à eclosão dos demais levantes populares pelo país.

Portanto, estamos sugerindo que para compreender devemos atentar para uma processualidade interna – de superação de um longo período de letargia -, articulado com uma processualidade externa, caracterizada por uma época de sublevações em escala global, que se ampliaram enormemente a partir da crise estrutural de 2008.

E estas manifestações, com todas suas particularidades e singularidades, têm algo em comum: as massas populares se apropriam do espaço público, das ruas, das praças, exercitando práticas mais plebiscitárias, mais horizontalizadas, além de estampar um descontentamento em relação tanto às formas de representação e de institucionalidade que caracterizam as “democracias” vigentes nos países capitalistas, como aquelas com clara feição ditatorial, como ocorre em vários países do Oriente Médio.

Lutas que têm um conteúdo por certo heterogêneo, polissêmico, mas que também expressam claras conexões entre os temas do trabalho, da precarização, do desemprego, aflorando as ricas transversalidades existentes entre classes, gênero, geração e etnias, temas que são centrais nestas lutas.

No Brasil, o mito da classe média começava a ruir. Mostrou-se muito mais mito que realidade. Com paciência, espírito crítico e muita persistência, os movimentos populares haveriam de superar esse difícil ciclo.

Um esboço de análise das revoltas populares

A primeira indicação que eu gostaria de fazer é a seguinte: trata-se de movimentos polimorfos, multidiferenciados – tanto os de junho, quanto a greve de 11 de julho, como também as manifestações dos dias seguintes nas demais cidades. São movimentos muito heterogêneos, polissêmicos e até mesmo policlassistas.

Quando se iniciou o movimento do passe livre, em São Paulo, este aglutinava uma juventude principalmente estudantil, que trabalha e que depende de transporte coletivo para estudar, trabalhar e que vivencia a destruição do espaço publico em que vive. Da classe média aos assalariados de serviços.

Outro elemento que vale a pena recordar – impulsionado pelo governo Lula e Dilma – foi o escancarado incentivo à produção e venda de automóveis particulares, diminuindo a tributação sobre essa indústria, o que serviu ilimitadamente ao grande capital da indústria automobilística. Isso fez com que as cidades se inchassem de automóveis, não se levando adiante uma política séria de transporte coletivo, que, por seu turno, tem sido cada vez mais entregue à iniciativa privada, que lucra com esse sistema de transporte precário e superlotado.

Essa foi, como vimos, a motivação inicial, e o Movimento do Passe Livre, na sua origem, era formado por jovens com uma concepção política, ainda que não necessariamente partidária, outros com afinidades com anarquistas, autonomistas, ou também com os partidos de esquerda como o PSOL, PSTU, PCB, entre outros. Depois somaram-se às manifestações milhares de jovens que se rebelavam e reivindicavam um movimento mais horizontalizado, mais plebiscitário e que tem em comum a percepção de que há um desgaste da política profundo na formas de exercício da política tradicional. Não há instituição mais odiada hoje no Brasil do que o Parlamento, mesmo sabendo-se que em um passado recente, durante a ditadura militar, lutava-se para que o Parlamento pudesse ser a caixa de ressonância das lutas populares, porque a ditadura impedia qualquer tipo de manifestação. Isso porque ele é por excelência o fórum da grande negociação entre os grandes capitais e grupos de interesses econômicos – agroindústria, setor financeiro e rentista, empreiteiras, setor automobilístico, igrejas, energia, etc.

Portanto, esse movimento explodiu, em seu primeiro momento, com uma juventude mais politizada, com uma bandeira muito vital, que é a do transporte coletivo. Posteriormente ele se ampliou, ainda puxado pelo movimento da juventude, com a inclusão dos trabalhadores que também utilizam desses serviços públicos.

E aos poucos essas movimentações foram se adensando, de 1 mil para 10 mil e depois para mais de 100 mil pessoas. E na medida em que o movimento se ampliou, ele ampliou também o seu espectro com o ingresso de outros setores, como a juventude estudantil, especialmente aquela que não tem experiência política, mas que também está descontente com a sua faculdade privada cara e de péssima qualidade, e que trabalha para pagar o transporte coletivo, para manter um convênio médico privado ruim.

Após o alargamento do movimento houve um momento importante de mutação, com as grandes passeatas em São Paulo e Rio de Janeiro, brutalmente reprimidas pela polícia e com agressões sofridas até mesmo pelos jornalistas na capital paulista. A partir disso cresceu um sentimento de repúdio generalizado da população em relação a essa violência e daí em diante não apenas os jovens iam para as passeatas, mas também os seus pais, vizinhos e amigos e de repente as manifestações tornaram-se de massa.

Neste momento elas ganharam também alguns componentes, como dissemos acima: além da juventude mais politizada no início, partidária ou não, adentraram também massas de estudantes de faculdades privadas, sendo que a grande maioria destes estudantes são também assalariados urbanos, parte do novo proletariado de serviços, que estuda-e-trabalha, trabalha-e-estuda.

E deu-se também a inclusão nefasta de setores claramente de direita. Estes, juntamente com o apoio da mídia, passaram a encampar a bandeira contra os partidos, iniciando uma onda de agressões contra partidos e demais movimentos sociais de esquerda. Quem portasse uma bandeira vermelha corria o risco de ser agredido por pequenos, minoritários, mas virulentos grupos protofascistas, que estão enfiados na sociedade e que tentaram influenciar ou conduzir esses movimentos, impondo uma bandeira claramente de direita junto com as bandeiras de esquerda. Além disso, deu-se a clara entrada da polícia secreta (chamado P2) e outros setores cuja participação não tinha conexão alguma com as reivindicações iniciais, com alguns pequenos bolsões vinculados à economia do crime.

Então, como ele não era, em sua origem, um movimento ideologicamente concebido – diferentemente das passeatas contra o Fernando Collor, em 1992; das passeatas de 1984 e 1985 pelas diretas; das de 1976, 1977 e 1978 do movimento estudantil contra a ditadura – as manifestações se ampliaram e se tornaram policlassistas, com setores da classe média conservadora; setores aparentemente apolíticos; setores mais politizados; setores da periferia, como o Movimento Periferia Viva e dos Trabalhadores Sem Teto; se ampliando também para as estradas, contra os pedágios e com o episódio dos caminhoneiros etc. além do novo proletariado de serviços, ao qual nos referimos anteriormente e que vive seu cotidiano nas periferias das grandes cidades e depende do transporte público.

A partir desse momento, o movimento se tornou plurideológico ensejando uma disputa entre setores da esquerda e da direita, com este último fazendo claramente uma tentativa de influenciar uma massa de estudantes que, pela primeira vez, estava fazendo passeata.

Contudo, a direita não ganhou esses movimentos, e até mesmo as repressões à esquerda começaram a arrefecer. Esta última começou, inclusive, a se reorganizar, embora as manifestações demonstrem um descontentamento multiclassista.

As centrais sindicais entraram, posteriormente, para dizer que querem preservar o seu espaço. Mas isso é difícil para a CUT, por exemplo, que comprou a ideia de que o Brasil novo de Lula e Dilma tinha nos levado a condição de primeiro mundo. Fica complicado para ela ir às ruas dizer: “não era bem assim…”. A sua situação é difícil como é a situação de outras centrais sindicais que também têm a sua postura sempre marcada pelo oficialismo.

Portanto, são manifestações políticas com ideologias até mesmo contrárias, todas elas de algum modo exercitando ou tentando ter algum tipo de influencia maior. Um dado verdadeiro e inquestionável é que nas primeiras manifestações do passe livre em São Paulo, os partidos e as bandeiras de esquerda lá estavam desde o primeiro dia.

A direita não estava no primeiro movimento do passe livre. Houve até um momento em que o MPL disse: “sairemos agora das manifestações porque a direita está tentando roubar as nossas bandeiras”. O MPL em São Paulo disse: “nós somos apartidários, mas não somos antipartidários”, e saíram das manifestações. Mas a partir daí o pontapé inicial já estava dado, e a onda de mobilizações espalhou-se por todo o país.

Essas manifestações, por fim, vale acrescentar, voltam-se contra o sistema de governos existentes. Não foram manifestações especificamente contra a Dilma, ou contra o Alckmin, ou contra o Haddad, o Eduardo Paes, o Cabral. Mas foram, simultaneamente, contra todos. Contra o governo federal, contra os governos estaduais, contra os municipais, no caso do Rio até mais evidentemente.

A tentativa de greve geral, as centrais sindicais e alguns de seus desafios

A greve desencadeada no dia 11 de julho precisa ser, por tudo isso, analisada com cuidado. Isso porque ainda não temos um levantamento cuidadoso de quais setores paralisaram o trabalho. Quais atividades foram mais ou menos afetadas? Sabemos, por exemplo, que foram importantes as paralisações de várias estradas e autopistas, portanto, dificultando o fluxo de mercadorias e pessoas. Precisamos saber o que se passou com a produção, bancos, comércio etc. Teremos análises mais profundas sobre a incidência dessa greve quando soubermos exatamente quais setores pararam ou não.

Há um segundo ponto: das centrais sindicais que participaram, muitas são completamente atreladas aos projetos do governo e é difícil para a população entender como elas, que apoiam mais ou menos o governo, “de repente” tornamse parte de um movimento de oposição. Vale recordar que só a CONLUTAS e do movimento INTERSINDICAL encontram-se há anos claramente na oposição ao governo do PT; as demais sempre estiveram na órbita do governo.

Entretanto, eu não gostaria de classificar a greve nem como vitória, nem como derrota. Ela tem de ser vista com um pouco mais de atenção. Os bancos funcionaram? O setor de transporte funcionou? As indústrias tiveram diminuição de suas atividades? Se o nível de paralisação em tais setores foi muito baixo, está configurada uma derrota, mas precisamos de mais elementos para fazer uma análise conclusiva.

Mas, como as centrais têm sido cooptadas pelos governos Lula/Dilma, elas são burocratizadas e institucionalizadas e não é difícil concluir, com as exceções já citadas (e suas dificuldades por serem entidades de menor amplitude), que as paralisações de 11 de julho certamente não entraram no mesmo patamar, nem de longe, de força que tiveram as manifestações de junho, que atingiram dezenas e centenas de milhares de participantes em São Paulo e no conjunto do país, caracterizadas como grandes manifestações nas praças e espaços públicos.

O que vemos, na realidade, é que a cúpula das principais centrais, por problema de sua estrutura e, essencialmente, por suas concepções políticas, sindicais e ideológicas, estão submersas ao que chamei de sindicalismo negocial de Estado.

Claro que o problema tem causas complexas: a classe trabalhadora se metamorfoseou. Há uma nova morfologia do trabalho, coisa que já expus bastante em meus trabalhos. Essa nova morfologia nos apresenta categorias novas, que não existiam anteriormente: os trabalhadores do telemarketing, de call center, caixas de supermercados, da indústria de fast-food, enfim, um novo proletariado do setor de serviços, não industrial. Desses setores, muitos estão à margem da representação sindical ou não aceitam a representação tradicional. Portanto, estamos num momento de redefinição da concepção de sindicato.

Tenho dito há algum tempo que os sindicatos poderiam se inspirar mais nos movimentos sociais, ou seja, assumirem uma concepção mais horizontal, menos cupulista, menos burocratizada e mais afinada e sintonizada com as questões vitais que tocam seus representados.

Quais são as questões vitais que vêm atingindo o cotidiano da classe trabalhadora brasileira: precarizados, precarizadas, terceirizados, terceirizadas, quarteirizados e quarteirizadas, e todos que estão inseridos na economia pautados por laços de informalidade?

A classe trabalhadora hoje é tanto masculina quanto feminina, como sempre foi. Há setores como telemarketing e call center nos quais 70% ou 80% de seu contingente é feminino; a classe trabalhadora hoje tem alguns de seus estratos (como os supermercados) marcados pela juventude; ela tem traços de gênero, geração e etnia. São todas questões que o sindicalismo precisa compreender. Não é estranho que uma categoria como o call center, cuja grande maioria é formada por mulheres, tenha as direções de seus sindicatos formadas por homens? E é só um traço, um exemplo.

Assim como na virada do século 19 para o século 20, quando nós saímos de um sindicalismo de ofício para um sindicalismo de massa, na transição para o século 21 nós devemos sair de um sindicalismo que começou como de massa, tornou-se profundamente burocratizado, institucionalizado e verticalizado, para um sindicalismo mais horizontal, que seja efetivamente representativo do conjunto da classe trabalhadora que ele pretende representar. Esse é o desafio mais vital do sindicalismo de classe hoje.

Por fim, é preciso também resgatar o sentido de pertencimento de classe, que obriga os sindicatos a compreenderem a nova morfologia da classe. E avançar em sua dimensão autônoma, de base, significa abandonar o sindicalismo negocial de Estado, que tem sido dominante pelo menos nas cúpulas sindicais mais próximas ao governo – as quais, vale acrescentar, se desenvolveram muito sob o lulismo.

Algumas das reivindicações iniciais e posteriores dos levantes[1]

A fim de entendermos a atual dinâmica das mobilizações, é necessário, em primeiro lugar, localizar o papel que a luta de redução das tarifas de ônibus desempenhou na atual conjuntura. Nesse domínio, boa parte dos analistas políticos mostrou-se surpreso com o forte apoio popular recebido pelo Movimento Passe Livre (MPL) em sua luta por revogar o aumento de R$0,20 da tarifa do transporte urbano. No entanto, como foi ficando cada dia mais claro no decorrer das manifestações, nunca se tratou exclusivamente de um aumento do preço da passagem de ônibus e de metrô. Na realidade, estamos diante da ruidosa transformação de uma inquietação social latente e difusa em uma aberta, a despeito de ainda inorgânica, insatisfação social.

Aqueles que se dedicam a analisar a dinâmica histórica das explosões sociais nas periferias das grandes metrópoles brasileiras conhecem o potencial mobilizador do transporte coletivo. Afinal, se os reajustes dos preços dos alimentos, dos aluguéis e dos serviços, por exemplo, acontecem de forma fragmentada, diluindose ao longo dos meses, o reajuste da passagem de ônibus, pelo fato de ser uma tarifa regulada politicamente, acontece de uma única vez, atingindo a massa de trabalhadores ao mesmo tempo. Assim, em junho de 2013, observamos, tendo a cidade de São Paulo como epicentro político, a revolta contra os reajustes alcançar uma escala nacional.

O contexto inicial já é bastante conhecido: em janeiro de 2013, a pedido do governo federal, a Prefeitura de São Paulo adiou o reajuste das tarifas do transporte coletivo, em uma estratégia para não impactar a inflação; em maio, mesmo com a suspensão pelo governo federal da cobrança de dois impostos que incidem sobre as tarifas de transporte urbano (ônibus, trem e metrô), a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo anunciaram o reajuste de R$ 3,00 para R$ 3,20. Em resposta ao anúncio do aumento, no dia 6 de junho de 2013, o MPL, como já havia feito após reajustes anteriores, organizou um ato que reuniu cerca de, segundo estimativa da Polícia Militar, duas mil pessoas na Avenida Paulista.

Entre os dias 7 e 13 de junho de 2013, o MPL organizou outros três protestos, reunindo mais de quinze mil manifestantes marchando na Avenida Paulista, na Marginal do rio Pinheiros e pelas ruas do centro da cidade. O protesto do dia 13 de junho, no entanto, representou o momento da guinada. Após uma intensa campanha midiática que pedia a repressão aos “vândalos”, a PM do Estado de São Paulo decidiu reprimir duramente os militantes do MPL por meio da utilização de bombas de gás lacrimogêneo, de bombas de efeito moral e de tiros de bala de borracha de maneira indiscriminada. Sem mencionar os inúmeros presos e detidos, durante a violenta ação da PM inúmeros manifestantes ficaram feridos, entre eles 22 jornalistas que faziam a cobertura do confronto.

Depois deste dia, um forte sentimento de indignação tomou conta da cidade de São Paulo e a manifestação convocada pelo MPL para a segunda-feira, 17 de junho de 2013, reuniu aproximadamente 100 mil pessoas no Largo da Batata, região oeste da capital paulista, iniciando uma passeata que tomou conta da Avenida Brigadeiro Faria Lima, dirigindo-se, como nos cinco dias anteriores, tanto para a Marginal do rio Pinheiros quanto para a Avenida Paulista. Nesta ocasião, o movimento de massas já não mais podia ser reprimido pela PM e cumpriu com a promessa feita no início das jornadas de junho: “Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar”.

Ao longo desses dias, amplos setores da juventude paulistana, majoritariamente formados por trabalhadores jovens e inseridos em condições precárias de trabalho, além de sub-remunerados, manifestaram publicamente sua insatisfação com os limites de um modelo de desenvolvimento que se apoiou na espoliação do espaço urbano por meio do conluio entre incorporadoras, construtoras, empresas de transporte e poder público. De fato, no dia 17 de junho de 2013, os jovens expressaram seu desejo de inventar outra metrópole, um lugar generoso onde as diferenças pudessem ser acolhidas, os serviços públicos funcionassem a contento para as amplas maiorias e a cidade não permanecesse como propriedade de uns poucos privilegiados.

A imagem de 100 mil pessoas caminhando por entre os prédios envidraçados dos bancos e das corporações na Faria Lima em direção à região da Berrini [no bairro do Brooklin, na região sul da cidade de São Paulo, é um ponto estratégico da cidade, próxima às grandes avenidas, onde está a estação de transporte coletivo Berrini] traduziu esse desejo em um clima festivo, onde incontáveis cartazes foram exibidos de forma totalmente espontânea por uma massa de jovens que cantava o tempo todo: “Se o povo acordar, eles não dormem!” “Não adianta atirar, as ideias são à prova de balas!” “Não é por centavos, é por direitos!” “Põe a tarifa na conta da FIFA!” “Verás que um filho teu não foge à luta!” “Se seu filho adoecer, leve-o ao estádio!” “Ô fardado, você também é explorado!” “Oi FIFA, paga minha tarifa!”

Suas principais consequências

Nenhum de nós tem uma análise definitiva sobre o que está ocorrendo porque estamos em pleno curso dos acontecimentos. Contudo, desde logo houve ganhos reais. As cidades baixaram ou retardaram o aumento no preço do transporte coletivo e dos pedágios. Isso a população sentiu como uma primeira vitória. Muitas cidades continuaram lutando, como Porto Alegre e em Vitória com as suas ocupações da Câmara, exigindo o passe livre para os estudantes e para a população pobre (que é quem mais utiliza transporte coletivo).

Já no plano do Governo Federal e do Parlamento as respostas foram absolutamente insuficientes e certamente podemos esperar novas ondas de manifestações. Se elas serão mais ou menos massivas, mais na periferia ou no centro, mais dos trabalhadores organizados ou dos estudantes, ninguém sabe, mas a insatisfação continua, pode ser que ela tenha ou não repercussões profundas nas próximas eleições, mas penso que essas repercussões demoram a surtir efeito.

É preciso que haja uma verdadeira transformação na forma de estruturação do poder no país, o que não é tarefa fácil. O que a população está colocando em xeque é a estrutura política existente no país e isso não se muda por uma medida parlamentar. Foi exatamente isso o que eu disse em artigo recentemente publicado na Folha de São Paulo chamado de o fim da letargia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente. Mas o que sabemos, e disso eu estou convencido, é que este país não será mais o mesmo depois dos levantes populares de junho de 2013. O que não significa, necessariamente, que o que teremos daqui pra frente será necessariamente melhor, pois tudo o que está em ebulição, tudo que se movimenta e fricciona, tal como na natureza, se cerca de uma grande dose de imprevisibilidade.

Que consequências, então, as manifestações populares terão no processo eleitoral brasileiro é difícil dizer. Olhando os cenários eleitorais dos países ocidentais, poderíamos dizer que têm tido, no geral, pouca incidência. É difícil que sejam gestadas – esse é o desafio, a nossa dificuldade – novas lideranças populares.

O grande esforço seria avançar para que os setores populares, presentes nas manifestações, canalizassem e buscassem outro modo de fazer política. E esse outro modo seria uma política radical. No sentido profundo do termo, de tocar nas raízes, tocando profundamente nas questões vitais, de modo a mostrar como o atual padrão de acumulação capitalista existente no país é profundamente destrutivo para as forças populares. Daí que vem o abandono completo da vida nas cidades, o incentivo ao transporte privado e a destruição do transporte coletivo, o incentivo à educação privada etc., etc.

Dois governos Lula e também o governo Dilma, como dissemos acima, foram mestres em diminuir tributos da indústria de automóveis, entupindo as cidades de carros, enquanto as malhas de ônibus, trens e metros são precárias, frágeis e mesmo inexistentes em várias cidades. Lembro-me de uma matéria publicada nestes dias assinalando que só 0,6% das cidades brasileiras têm metrô. O único transporte coletivo que funciona razoavelmente. E só existe em pouquíssimas cidades.

Quando observo no conjunto, entretanto, com as lutas no plano internacional, eu vejo com muito otimismo. Estas lutas têm sempre algum traço, mesmo que o mais embrionário possível, de contestação do modo de vida destrutivo imposto pelo capitalismo da era financeirizada.

Sistema que converteu o mundo em um quintal da sua especulação e do seu saque. Tudo se privatizou, mercadorizou; tudo gira em torno do enriquecimento de grupos poderosos da mídia e do sistema financeiro e isto está sendo, pela primeira vez, desde 1968, questionado de modo massivo. O fato de ver esses movimentos, de forma geral, positivamente, não significa que eu ache que o futuro está já nas nossas portas.

Vejo como positivo porque tudo o que é sólido está começando a se desmanchar. Esta frase clássica é de enorme atualidade e as lutas sinalizam isso. Qual a resposta do governo da Grécia para a crise grega? Demitir mais de 25 mil funcionários públicos, em nome de meia dúzia de grupos econômicos internacionais, comandados pela Alemanha, que dirige as finanças do FMI, do Parlamento europeu e do Banco Central europeu – a troika trágica e destrutiva que desmonta, sob o comando alemão, a Europa popular.

Portanto, eu vejo esses movimentos com muita positividade. E no caso brasileiro isso também é verdade, pois o mito lulista de que o país mudava, de que caminhávamos para um novo país, o país da classe média, desmoronou.

Se esta suposta classe média estivesse contente ela não teria aderido a esses movimentos. Se as periferias tivessem se convertido em setores de classe media, como grotescamente se aponta, ela não estaria revoltada. A conversão do governo do PT em um governo, em ultima instância, fundamentado em elementos do neoliberalismo (superávit financeiro para remunerar os grandes agentes financeiros, o alto nível de rentabilidade do capital financeiro, a liberdade de circulação de capitais, e demais medidas que citei anteriormente), ainda que sob a forma do social-liberalismo, fez com que esse projeto começasse a ruir.

O projeto de mudança que a população trabalhadora quer é outro. Claro que nessas lutas há um pouco de tudo, pois, como dissemos anteriormente, elas são multifacetadas, o que mantém o cenário em aberto. É como se tivéssemos janelas abertas e, do lado esquerdo, as janelas fossem mais bonitas, elas mostram um futuro mais claro; já se olharmos pelo lado direito e da extrema direita, teremos um cenário tenebroso.

Mas reitero que saímos de um estado de letargia principalmente por parte dessa massa de estudantes-trabalhadores que nunca havia participado de passeatas tão massivas. De acordo com pesquisas lançadas no calor das manifestações, mais de 70% dos participantes eram iniciantes em eventos dessa natureza. Isso balançou as estruturas, ainda que em um plano predominantemente espontâneo. Isso sinalizou que é preciso outro modo de agir, outro modo de resposta a ser feito coletivamente, porque as saídas individualistas que o neoliberalismo tinha incutido, desde os anos 1990, na cabeça dessa população jovem, de “cada um por si”, começaram a ser postas em xeque. Analisando esses movimentos, não sob o prisma do “aqui e agora”, mas refazendo a história recente do Brasil, vejo como o movimento pelas eleições diretas foi importante, assim como os movimentos contra a ditadura e a campanha pelo impeachment do Collor. E tenho a certeza de que junho de 2013 também vai entrar para historia recente do Brasil, como um período em que começamos a demolir um sistema político completamente carcomido e oligarquizado. Entretanto, o que teremos no seu lugar, o que será criado, agora está no terreno da completa impossibilidade de visualização, dado que estes movimentos são muito recentes e em certo sentido ainda estão em curso.

Uma última nota: creio que estamos vivendo um período excepcional da nossa historia. O início do século XX também foi um período de grande relevância, começou com uma grande guerra mundial, poucos anos depois a revolução russa, a iminência de revoluções socialistas na Hungria e na Alemanha, que não se consubstanciaram em vitórias.

Em seguida, tivemos o advento do fascismo na Itália e depois na Alemanha, os governos de direita na Espanha e Portugal. Em suma, os anos 10, 20 e 30 do século passado formam um período historicamente muito relevante.

O século XXI começou mais rico ainda, pois, como tenho dito, fazendo um paralelo com os movimentos da natureza, as placas tectônicas da história e da sociedade estão se movendo, se friccionando. Diante desse quadro, o que podemos e devemos fazer como intelectuais comprometidos com “um outro mundo”?

Em primeiro lugar é necessário desvelar a realidade concreta de que o capitalismo, não é e nunca foi em nenhum ponto uma alternativa para a humanidade.

A questão ambiental não pode mais ser encarada como uma questão para os próximos anos ou décadas, mas sim ser analisada e assumida como uma questão vital hoje.

A questão da propriedade intelectual também deve ser discutida e reavaliada, pois é inadmissível que este ativo esteja tão concentrado, como está, nas mãos de grandes grupos transnacionais, como os medicamentos, que são controlados pelos interesses privados e especulativos.

É também inaceitável que todo o sistema informacional e das redes sociais seja controlado pelo império dos EUA, que mais uma vez se colocam como a polícia e o império do mundo, julgando-se no direito de controlar, policiar e fiscalizar o mundo inteiro e ainda reafirmando o velho absurdo de que é “o país mais democrático do mundo”.

Se olharmos a destruição do trabalho em escala global, veremos como a Europa tem os maiores níveis de desemprego das últimas três e quatro décadas. Nem os trabalhos mais precários – que eram anteriormente destinados apenas aos imigrantes -, os próprios trabalhares europeus agora conseguem.

Os EUA também vêm, ainda mais intensamente desde 2008, no mesmo caminho. Lemos recentemente nos jornais que a cidade de Detroit, que há 50 anos era o símbolo americano, pediu falência. É uma cidade!, e não uma mera empresa, que não tem mais condições de sequer pagar o salário de bombeiros e policiais.

Os intelectuais críticos, comprometidos com outro modo de vida, devem fazer uma analise profunda do mundo atual, compreender esses movimentos, as suas tendências, as suas diferenças, dificuldades, mutações; e especialmente para os intelectuais socialistas, é necessário entender como é possível reinventar um socialismo para o século XXI, que não seja a tragédia do socialismo do século XX, que feneceu, com honrosas exceções.

Contudo, a transformação do mundo não é obra de intelectuais, apesar do seu papel crítico; mas o papel decisivo e central, no meu entender, está na nova morfologia do trabalho, nas lutas e nos movimentos sociais, que mantêm uma dimensão inter-relacional muito profunda entre trabalho, geração, gênero, etnia, a questão também vital da natureza etc.

Esse é o desafio que temos pela frente; e retomando o início de minha nota final, como o século XXI é um laboratório especial, estamos vivendo um momento em que temos que utilizar todas as energias de analise, de reflexão e de pensamento critico, para que possamos visualizar em oposição ao que estamos vivendo na atualidade, um século dotado de humanidade.

1. Retomo aqui, além das entrevistas acima citadas, partes do artigo publicado em co-autoria com Ruy Braga em Herramienta, acima referido.↵

As jornadas de junho no Brasil: Crônica de um mês inesquecível

Ruy Braga

Professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, onde foi diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania (Cenedic).

Johannesburg, 7 de fevereiro de 2013

O público aparentava ficar cada vez mais cético enquanto eu seguia apresentando dados e imagens a respeito das revoltas operária em Jirau, Belo Monte, Suape… O debate confirmou minhas expectativas: “Se, como você está alegando, a situação econômica e política no Brasil promove a inquietação social, como explicar a popularidade de Lula e de Dilma?” Repliquei afirmando que o quadro era complexo, pois, apesar das péssimas condições laborais, do aumento no número de acidentes de trabalho, da elevação da taxa de terceirização das empresas e da nítida retomada da atividade grevista a partir de, ao menos, 2008, o mercado de trabalho continuava aquecido e, malgrado o inédito patamar do endividamento, as famílias trabalhadoras permaneciam consumindo bens duráveis. Além disso, os trabalhadores brasileiros simplesmente não identificavam alternativas políticas críveis ao PT e seus aliados. A hipótese da volta do PSDB ao governo federal, por exemplo, estava descartada, tendo em vista a desastrada experiência com o desemprego de massas a partir de meados da década de 1990.

Por se tratar do mês de fevereiro, o clima em Johannesburg estava naturalmente quente, porém estranhamente seco. Condição climática que parece ter influenciado as perguntas do público. Não posso dizer que tenha angariado muitas simpatias… Alguns meses antes, Edward Webster havia decidido organizar um evento chamado Lessons from the Brazilian Experience: A Labour Perspective, na sede do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos (Cosatu) a fim de debater a recente experiência política brasileira de relação entre os trabalhadores, os sindicatos e o governo federal, e pediu-me para falar sobre a “hegemonia lulista”.[1]Entre os participantes do encontro, além de especialistas acadêmicos em Brasil e em África do Sul, como Gay Seidman e Giorgio Romano Schutte, por exemplo, estariam líderes sindicais da central que, no passado, notabilizou-se mundialmente por sua aguerrida luta antiapartheid.

De fato, lá estava Zwelinzima Vavi, o carismático secretário-geral do Cosatu e um dos mais entusiasmados apoiadores daquilo que os documentos da central passaram a chamar de “Lula Moment”.[2] Trata-se de uma política cujo objetivo consiste em pressionar o governo sul-africano para que este se aproxime do modelo brasileiro: aumento de gastos sociais, queda de desigualdades entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho, elevação do consumo popular, etc. O entusiasmo sul-africano com nosso regime hegemônico foi reforçado pela participação de Lula no último congresso do Cosatu, ocorrido em 2011. Tudo somado, a hegemonia lulista surgiu aos olhos de uma central sindical às voltas com sérios questionamentos a respeito de sua própria relação com o governo do Congresso Nacional Africano (ANC) como um modelo a ser seguido.

Ao me convidar para o seminário na Cosatu House, Edward Webster desejava apenas temperar o debate sindical sul-africano com visões críticas sobre o cenário político brasileiro. Aliás, diga-se de passagem, poderíamos igualmente aprender

muito com o estudo detalhado da experiência pós-apartheid.[3] A despeito das intenções de Edward Webster, é dispensável dizer que meus alertas sobre a iminente fadiga da hegemonia lulista não foram lá muito bem acolhidos pela direção da central.

São Paulo, 13 de junho de 2013

Passaram-se apenas quatro meses desde minha última visita à Jo’burg. O clima paulistano está naturalmente frio, mas estranhamente úmido. A popularidade de Dilma segue firme na casa dos 50 pontos. No entanto, apresentou a primeira variação negativa saliente: 8 pontos. Em poucos dias, a presidente seria vaiada três vezes na abertura da Copa das Confederações. O Movimento Passe Livre (MPL) da cidade de São Paulo organizou sua quarta manifestação contra o aumento das tarifas do transporte municipal. O ato convocado pelo MPL transformou-se em um cenário de guerra onde apenas um dos lados estava armado. A brutal repressão da Polícia Militar aos manifestantes respondeu aos apelos do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do prefeito Fernando Haddad (PT), além de inúmeras lideranças políticas da cidade, entre elas, todos os vereadores do PT e do PCdoB, pelo restabelecimento imediato da “ordem” em São Paulo.

Aqueles que têm acompanhado as mobilizações da juventude trabalhadora em diferentes cidades contra os aumentos abusivos do transporte público sabem bem que se trata de uma revolta nacional. Apenas este ano, tivemos inúmeros atos em Natal, Goiânia, Rio e São Paulo. No ano passado, manifestações ocorreram em Florianópolis e Porto Alegre. E o movimento tende a crescer, espalhando-se por grandes capitais como Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. Evidentemente, a difusão dos protestos não se alimenta exclusivamente de reajustes das tarifas de ônibus. O grave problema do transporte público catalisou uma angústia social muito mais profunda e enraizada nos alicerces do atual modelo de desenvolvimento.

Afinal, nos últimos dez anos, milhões de jovens trabalhadores foram absorvidos pelo mercado formal de trabalho. E, de fato, mais de 60% dos empregos criados durante os governos de Lula da Silva e de Dilma Rousseff foram ocupados por jovens entre 18 e 24 anos. No entanto, 94% desses empregos pagam até R$ 1.000,00 (aproximadamente, US$ 400,00). Ao mesmo tempo, o governo federal aumentou notavelmente os gastos sociais, mas diminuiu os investimentos em saúde e educação. Investiu incontáveis bilhões de reais nos novos estádios da Copa, mas subinvestiu recursos em mobilidade urbana. Ao priorizar o financiamento do carro particular, o governo federal estimulou os lucros – e a tributação – em detrimento dos direitos da cidadania.

A crescente revolta da juventude contra esse modelo tem alimentado os atuais protestos. Porque a tarifa do ônibus? Fácil: os reajustes dos preços dos alimentos, dos aluguéis e dos serviços, por exemplo, acontecem de forma fragmentada, diluindo-se ao longo dos meses. Além disso, o “culpado” é anônimo: o processo inflacionário. No caso de uma tarifa regulada politicamente como a passagem do ônibus, além do aumento acontecer de uma única vez, atingindo todos ao mesmo tempo, conhecemos bem o responsável: ele tem nome e sobrenome, despacha no Edifício Matarazzo e foi eleito recentemente. Daí a indignação ter-se voltado em um primeiro momento contra o prefeito petista e, por força do acordo em torno da nova tarifa, contra o governador tucano.

Uma revolta nacional

Os eventos na cidade de São Paulo foram o gatilho que disparou uma enorme onda de indignação social. De fato, junho de 2013 entrará para a história das rebeliões sociais no Brasil. Começando em 6 de junho com uma passeata em São Paulo, com aproximadamente 2 mil pessoas, contra o aumento das tarifas no transporte público, os jovens do MPL não poderiam imaginar que estariam sacudindo o país, numa explosão que só teve similar na campanha pelas eleições diretas, em 1984, ainda sob a ditadura militar.

Entre os dias 19 e 23 de junho, cerca de 400 cidades, incluindo 22 capitais, saíram em manifestações e passeatas, aglutinando, segundo pesquisa realizada pelo instituto Ibope, cerca de 6% da população brasileira.[4] Essa onda de mobilização popular pode ser explicada por diferentes razões. Além de verificamos a fadiga do atual modelo de desenvolvimento apoiado sobre o consumo degradante de força de trabalho barata, em gerar empregos e distribuir renda, devemos levar em consideração o aprofundamento da crise econômica internacional, bem como suas implicações sobre o atual regime de acumulação brasileiro em termos de desaceleração do ritmo de crescimento econômico. Finalmente, percebemos a transformação de um estado mais ou menos latente de inquietação social que acompanhou o bom desempenho do PIB entre 2005 e 2010 em uma generalizada indignação popular que transbordou para as ruas nos últimos meses.

O primeiro mandato de Lula foi marcado por uma política econômica ortodoxa e terminou em um ruidoso escândalo de corrupção. Este fato obrigou o governo ajustar seus rumos, elevando ainda mais os gastos sociais, aumentando o salário mínimo acima da inflação e reforçando o crédito popular. Como bem demonstrou o cientista político André Singer, essa estratégia ajudou a garantir a sedimentação do apoio eleitoral dos setores mais empobrecidos da população brasileira ao modo de regulação lulista.[5]

Além disso, a fim de administrar os crescentes encargos impostos pela dívida pública e visando recuperar o apoio que havia perdido em importantes setores da classe trabalhadora, o governo federal estimulou a formalização do mercado de trabalho. Este processo fez com que os trabalhadores acendessem a um patamar superior de proteção social. A aceleração do ritmo de crescimento da economia na última década puxada pela elevação no preço das commodities brasileiras coroou a combinação entre o aumento dos gastos sociais e a ampliação da cobertura da proteção trabalhista.

No entanto, tendências críticas subterrâneas ao atual regime hegemônico vieram lentamente à tona. Afinal, além dos avanços da formalização, do mercado de trabalho aquecido e dos ganhos reais do salário mínimo, o atual modelo de desenvolvimento também se apoiou sobre o aumento do número de acidentes de trabalho, a intensificação do ritmo da rotatividade do trabalho, a elevação da taxa de terceirização da força de trabalho, o aprofundamento da flexibilidade da jornada de trabalho, além do declínio relativo dos investimentos em transporte público, saúde e educação.[6]

A outra face do modelo alimentou um estado mais ou menos permanente de inquietação entre os trabalhadores, em especial, entre os setores mais jovens, não qualificados, não sindicalizados, semiqualificados e sub-remunerados. Se levarmos em consideração que 65% do total das vagas formais criadas nos últimos 10 anos foram ocupadas por jovens entre 18 e 28 anos entenderemos porque a inquietação social gerada pela fadiga do atual modelo concentrou-se, em especial, neste grupo, levando-o a cumprir um papel-chave na deflagração das Jornadas de Junho.[7]

Além disso, indícios de uma forte elevação na atividade grevista no país já eram visíveis desde, ao menos, o ano de 2008. Após 2010, segundo dados atualizados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), as greves multiplicaram-se. O número de horas paradas em 2012 foi 75% superior ao de 2011, alcançando um pico histórico inferior apenas aos anos de 1989 e de 1990.[8] A combinação de desaceleração do crescimento econômico com um mercado de trabalho ainda aquecido nos ajuda a explicar esse importante fenômeno.

Na realidade, o que vemos hoje nas ruas é um movimento politicamente multiforme, bastante diferente de outros que aconteceram na recente história do país. Além disso, é possível perceber mudanças no perfil dos manifestantes: começaram com estudantes e trabalhadores que utilizam o transporte coletivo e que por meio do MPL, desde 2005, vêm organizando manifestações em várias cidades, como Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Salvador, além de jovens militantes de partidos de esquerda, como o PSOL, o PSTU e o PCB. Pouco a pouco elas foram se ampliando e, depois da violenta repressão policial à passeata do dia 13 de junho na cidade de São Paulo, os protestos alargaram seu escopo, chegando às periferias, onde uma massa plebéia de jovens iniciou um processo de mobilização que já bloqueou várias rodovias na cidade de São Paulo.[9] Tudo somado, o atual ciclo de mobilizações demonstrou a existência de uma profunda inquietação com a reprodução do atual modelo de desenvolvimento e, por isso mesmo, deve durar ainda um bom tempo.

Como interpretar a emergência desse estado de inquietação social?

Desde que a onda de protestos e mobilizações começou, o governo federal lançouse em uma frenética atividade a fim de responder à indignação manifestada nas ruas. No dia 25 de junho de 2013, por exemplo, o ministro Alexandre Padilha anunciou a abertura de 35 mil vagas para a contratação de médicos no Sistema Único de Saúde (SUS) até o ano de 2015. No mesmo pronunciamento, Padilha afirmou que será necessário contratar médicos estrangeiros para suprir a demanda por profissionais nas periferias das grandes cidades e no interior do país, lançando o programa “Mais médicos”.

Não há dúvida de que, em junho de 2013, as placas tectônicas da política brasileira movimentaram-se bruscamente, arremessando-me 21 anos atrás quando milhares de manifestantes tomaram as ruas das grandes metrópoles brasileiras para exigir o impeachment de Fernando Collor de Mello. Lembrei-me do atual ministro da saúde balançando a bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) à frente de uma multidão de jovens nas ruas.

No final de 1991, Alexandre Padilha, Vitor Negrete e eu, havíamos sido eleitos para coordenar o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Dispensável dizer que a campanha nacional lançada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em apoio à investigação das denúncias de corrupção de Collor de Mello nos absorveu completamente. Derrubado o presidente, a vida encarregou-se de nos separar.

Quase uma década e meia após o “Fora Collor”, Vitor Negrete morreu ao alcançar o cume do monte Evereste. Três anos depois, Alexandre Padilha foi nomeado chefe da secretaria de relações institucionais do governo de Lula da Silva e, em 2011, ministro da saúde. De minha parte, rompi com o Partido dos Trabalhadores em meados dos anos 1990, filiando-me a uma pequena organização política localizada à esquerda da esquerda no espectro ideológico.

Em termos profissionais, virei professor de sociologia e decidi pesquisar a formação e o destino histórico do grupo paulistano dos operadores de telemarketing. Estes trabalhadores são realmente notáveis, pois condensam as características mais salientes do atual regime de acumulação pós-fordista: a terceirização empresarial, a privatização neoliberal e a financeirização do trabalho. Em pouco mais de uma década e meia, o crescimento deste grupo transformou-o no segundo mais numeroso em termos ocupacionais, acantonando cerca de 1,5 milhões de trabalhadores no país.[10]

Ademais, os operadores de telemarketing sintetizam as mais importantes tendências recentes do mercado de trabalho brasileiro, isto é, o crescimento do emprego no setor de serviços, o aumento do assalariamento feminino, a absorção massiva de jovens não brancos, a formalização e os baixos salários.

Entre 2004 e 2009, entrevistamos inúmeras filhas de empregadas domésticas que claramente identificaram no contraponto ao trabalho doméstico a principal razão de ter buscado o telemarketing em vez de seguir os passos das mães – mesmo quando a diferença salarial era favorável ao trabalho doméstico. Na indústria do call center, essas jovens perceberam a oportunidade tanto de alcançar direitos trabalhistas, quanto de terminar a faculdade particular noturna que o trabalho doméstico é incapaz de prover.

Em nossa pesquisa de campo, observamos o manejo degradante dessa força de trabalho: exatamente porque a indústria de call center não necessita de trabalhadores qualificados, as empresas beneficiam-se de um regime fabril apoiado em elevadas taxas de rotatividade e no aprofundamento do sofrimento psíquico. De fato, o ciclo do consumo da força de trabalho é bastante explorado pelas empresas.

Em geral, o teleoperador necessita de dois a três meses de experiência para se tornar proficiente no produto. Após esse tempo, o trabalhador encontra-se apto a alcançar as metas. Advém um período de, aproximadamente, um ano, ao longo do qual ele obtém certa satisfação residual em razão de dominar o produto. No entanto, o endurecimento das metas, a rotinização, o despotismo dos coordenadores de operação, os baixos salários e a negligência por parte das empresas em relação à ergonomia e à temperatura do ambiente promovem o adoecimento e alimentam o desinteresse pela atividade. Nessa fase, o teleoperador deixa de “dar o resultado”, sendo então demitido e substituído por outro, que recomeçará o mesmo ciclo.

O jovem teleoperador submete-se a este regime na esperança de conseguir terminar a faculdade particular noturna e encontrar um trabalho melhor. No entanto, como já observamos, a satisfação trazida pela conquista do emprego formal e pelo incremento da escolarização choca-se com um mercado de trabalho onde 94% dos novos postos pagam até 1,5 salários mínimos. Sem mencionar as precárias condições de vida nas periferias das cidades e a violência policial que teima em perseguir as famílias trabalhadoras, no intervalo de uns poucos anos pudemos constatar que a vitória individual transformou-se em um alarmante estado de frustração social.[11]

Não por acidente, a partir de meados dos anos 2000, registramos o aumento da atividade grevista na indústria paulistana do call center.[12] Após 2010, o ritmo da mobilização acelerou ao ponto dos teleoperadores começarem a se destacar nas greves nacionais bancárias. Os aumentos reais do salário mínimo e a oferta de crédito consignado já não eram mais suficientes para conter a insatisfação social. E, de fato, eles tornaram-se parte de uma avassaladora onda reivindicativa em escala nacional.

Após as recentes greves em Jirau, Belo Monte, Santo Antônio, Suape e Comperj, além da violenta desocupação do Pinheirinho, apenas os muito desavisados não haviam percebido que os sismos aproximavam-se rapidamente das grandes metrópoles. Além disso, os dois governos de Lula da Silva não criaram novos direitos sociais. A despeito da recente equiparação dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas, Dilma Rousseff seguiu pelo mesmo caminho. Se os sucessivos governos petistas aumentaram largamente os gastos sociais, o mesmo não pode ser dito a propósito dos gastos com saúde e educação. Embora crescessem em termos absolutos devido ao bom desempenho da economia, estes gastos declinaram em termos relativos.

A questão da efetivação e ampliação dos direitos sociais é chave para entendermos as bases sociais da maior revolta popular da história brasileira. Afinal, desde os anos 1950, o proletariado precarizado mobiliza-se pela ampliação dos direitos sociais.[13] Dispensável dizer que o PT e a CUT descendem diretamente desta habilidade do proletariado precarizado de transitar muito rápido da aparente acomodação política à intensa reivindicação por direitos.

Se os grupos pauperizados que dependem do programa Bolsa Família e os setores organizados da classe trabalhadora que em anos recentes conquistaram aumentos salariais acima da inflação ainda não entraram na cena política, o “precariado” brasileiro, ou seja, aquela massa formada por trabalhadores desqualificados e semiqualificados que entram e saem muito rapidamente do mercado de trabalho, por jovens à procura do primeiro emprego, por trabalhadores recém-saídos da informalidade e por trabalhadores sub-remunerados, foi para as ruas em junho manifestar sua insatisfação com os rumos atuais do modelo de desenvolvimento pós-fordista periférico.[14]

Atordoado pela magnitude desse terremoto social, o governo federal deu-se conta de que os tempos de desmobilização popular ficaram para trás e convocou Alexandre Padilha para encabeçar um pacto pela melhoria dos serviços do Estado. Sem modificar profundamente a estrutura dos gastos com os encargos da dívida pública, no entanto, considero pouco realista que o governo tenha condições de satisfazer as atuais reivindicações. Na realidade, se a desaceleração econômica associada à inexperiência organizativa dos manifestantes turvam antecipações mais precisas sobre o futuro, parece-me claro que as temporalidades da crise econômica internacional e da crise política nacional colocaram-se em concordância. O país entrou no ritmo do sul da Europa e arrisco afirmar que viveremos ainda um bom tempo sob a sombra desse explosivo estado de inquietação social.

Considerações finais

Em sua VI tese sobre o conceito de história, Walter Benjamin afirmou que “o dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo, se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado de vencer.”[15]  Não foram poucos que enxergaram nesta passagem a capitulação de Benjamin ao irracionalismo que o levaria ao suicídio. Outros identificaram aí a rendição cabal à filosofia da história de Hegel. Afinal, segundo a ciência positivista, o resultado de uma luta no presente jamais poderia atingir os mortos, isto é, retroagir ao ponto de modificar o passado.

Ledo engano. Se bem é possível encontrar a influência de Hegel nas “Teses”, trata-se da revitalização de uma concepção da história como fluxo totalizante e aberto no qual o passado, o presente e o futuro encontram-se intimamente entrelaçados. Assim, o resultado da luta em um dado momento é capaz de alterar a posição relativa dos demais no interior da totalidade histórica. Se a inspiração é hegeliana, o conteúdo é marcadamente materialista e dialético, exatamente por gravitar em torno da centralidade política das lutas de classes. Ao contrário de Hegel, em Walter Benjamin a “Política passa à frente da História” (D. Bensaïd).

Se não, vejamos… Após o colapso da União Soviética, não apenas a vitoriosa Revolução Bolchevique transformou-se em um enorme fracasso supostamente responsável por afastar a Rússia do liberalismo, como os futuros alternativos potencialmente abertos para uma experiência socialista democrática foram subitamente bloqueados. Não sabemos ainda por quanto tempo eles permanecerão assim. No entanto, uma coisa é certa: sem uma vitória no presente, o socialismo terá morrido sua segunda morte, isto é, a do esquecimento. Daí a necessidade de, nas palavras de Benjamin, “atear ao passado a centelha da esperança”, isto é, disputar o significado do que findou como forma de unir as lutas do presente com a emancipação ventura.

Após alcançar um pico de cerca de 3 milhões de manifestantes nas ruas entre os dias 19 e 21 de junho, esparramando-se por mais de 140 cidades, a maior onda de mobilização popular da história brasileira refluiu em agosto para a particiação de alguns poucos milhares. O governo federal parece recuperar parte do prestígio pulverizado pelas passeatas. A inflação voltou ao controle e os mais pobres e miseráveis, dependentes dos gastos sociais do governo federal, continuam depositando sua confiança na regulação lulista. Alguns analistas ligados ao Palácio do Planalto já alardeam a tese de que as Jornadas de Junho comprovaram o sucesso do atual modelo de (sub-)desenvolvimento pilotado pela burocracia lulista.[16]

Na realidade, argumentam, o atual modelo teria distribuído tanta renda, criado tantos empregos formais e tirado tanta gente da miséria que o otimismo quanto ao futuro do país já não caberia nos moldes tradicionais do sistema político, transbordando em direção às ruas. Ou seja, os manifestantes desejariam mais do mesmo! Conforme este raciocínio, a reeleição de Dilma Rousseff estaria próxima, trazendo de quebra duas ótimas notícias para o lulismo: as eleições do ministro Alexandre Padilha, em São Paulo, e do senador Lindberg Farias, no Rio, dois políticos jovens e historicamente ligados às mobilizações de rua que derrubaram o ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Independente das eleições de 2014, as Jornadas de Junho não foram um grito por “mais do mesmo”. Argumentamos acima que a atual onda de mobilizações significou a retomada da luta do proletariado precarizado brasileiro por seus direitos sociais. Desde, ao menos, a década de 1950, os trabalhadores brasileiros, em especial aqueles sub-remunerados e submetidos a condições precárias de vida e de trabalho, mobilizam-se em sucessivas ondas de greves e protestos pela efetivação e pela ampliação de seus direitos. Foi assim entre 1951 e 1957, entre 1961 e 1964, em 1968, entre 1978-1995 e agora.

Eis o segredo de polichinelo: as massas tomaram as ruas a fim de exigir o cumprimento daquilo que, em 1988, foi prometido pela Constituição brasileira: o direito à saúde e à educação públicas, gratuitas e de qualidade; o direito ao lazer, à moradia e à mobilidade; o direito a um salário que garanta condições dignas de vida para todos. O governo federal sabe bem que o atual modelo não chegou nem perto de entregar o que foi encomendado. Mas, para manter-se no poder, ele procura capturar a indignação social, atribuindo-lhe outro sentido.

O que fica cada dia mais claro é que não haverá futuro para o atual ciclo de mobilizações se uma articulação orgânica entre os setores mais jovens, mais precarizados, desorganizados e politicamente inexperientes dos trabalhadores e os setores tradicionais da classe operária não lograr ser construída. Assim, é necessário escancarar as portas dos sindicatos para que essa massa de jovens precarizados em suas condições de vida e de trabalho possa entrar. Ao mesmo tempo, devemos evitar a redução das lutas à estetização vazia da política: o grande problema do “Black Bloc” não é que sua estratégia de manifestação contra agências bancárias e lojas de marca atrai a repressão policial. A questão é que esse tipo de ação direta fatalmente afasta a massa dos trabalhadores da maioria dos manifestantes. Basta verificar a queda no apoio popular aos protestos medida pelos institutos de pesquisa.

Por outro lado, a entrada na cena política de mais de 3 milhões de trabalhadores na greve de 11 de julho aponta para a direção correta. Bloqueios de rodovias, concorridas assembléias operárias, paralisações de fábricas e greves de ônibus não deixam dúvida de que o aumento da inquietação nas fábricas aproximou-se da indignação das ruas. Este é o terreno autêntico da política estratégica. Na cidade de São Paulo, o atual escândalo do propinoduto tucano promete reacender o rastilho de pólvora e o ato de protesto contra a quadrilha do Metrô e dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) promovido conjuntamente pelo Sindicato dos Metroviários e pelo Movimento Passe Livre apontou na direção correta. Apesar do futuro ainda ser um tanto ou quanto turvo e incerto para o atual ciclo de mobilizações, uma coisa está clara no horizonte brasileiro: as duas décadas de letargia política ficaram para trás.

Bibliografía

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- Braga, Ruy 2012 A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista (São Paulo: Boitempo).

- ____ et alli. 2011 “Social Movement Unionism and Neoliberalism in São Paulo, Brazil: Shifting Logics of Collective Action in Telemarketing Labor Unions” em Societies Without Borders, v. 6, p. 73-101.

- Cabanes, Robert, Georges, Isabel, Rizek, Cibele S. e Telles, Vera da Silva (orgs.) 2011 Saídas de emergência: ganhar/perder a vida na periferia de São Paulo (São Paulo: Boitempo).

- Cardoso, Adalberto 2010 A construção da sociedade do trabalho no Brasil (Rio de Janeiro: Editora da FGV).

- Cardoso, Ana Luiza et ali 2013 “Brasil em chamas” em Época (São Paulo) 24 de junho.

- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 2013 “Balanço das Greves em 2012” em Estudos e Pesquisas, no. 66, maio.

- Fontes, Paulo 2008 Um nordeste em São Paulo (Rio de Janeiro: Editora da FGV). Löwy, Michael 2005 Walter Benjamin: aviso de incêndio (São Paulo: Boitempo).

- Munusamy, Ranjeni 2012 “Cosatu Congress: Vavi’s time of reckoning, and the elusive ‘Lula moment’”, Daily Maverick, Johannesburg, 19 de setembro.

- Pinheiro, Daniela 2013 “O comissário, Rui Falcão e a missão de comandar o PT depois das revoltas de junho e do desgate de Dilma” em Piauí (São Paulo), N° 83, agosto.

- Pochmann, Marcio 2012 Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira (São Paulo: Boitempo).

- Singer, André 2012 Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador (São Paulo: Companhia das Letras).

1. Este artigo beneficiou-se de algumas idéias adiantadas em Ricardo Antunes e Ruy Braga, Los dias que conmovieron a Brasil. Las rebeliones de junio-julio de 2013, Herramienta, no. 53, Buenos Aires, julho-agosto de 2013.↵

2. Para mais detalhes, ver Ruy Braga, A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista (São Paulo, Boitempo, 2012).↵

3. Ver Ranjeni Munusamy "Cosatu Congress: Vavi's time of reckoning, and the elusive 'Lula moment'", Daily Maverick, Johannesburg, 19 de setembro de 2012. ↵

4. Para aqueles que quiserem saber mais sobre o que está acontecendo na África do Sul, sugiro a leitura do livro de Peter Alexander, Thapelo Lekgowa, Botsang Mmope, Luke Sinwell e Bongani Xezwi, Marikana: A View From the Mountain and a Case to Answer (Johannesburg, Jacana, 2013).↵

5. Ver dados citados por Ana Luiza Cardoso et alii, "Brasil em chamas", Época, São Paulo, 24 de junho de 2013.↵

6. Ver André Singer, Os sentidos do lulismo: Reforma gradual e pacto conservador (São Paulo, Companhia das Letras, 2012).↵

7. Ver dados citados por Mareio Pochmann, Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasi-leira (São Paulo, Boitempo, 2012).↵

8. Conforme a pesquisa realizada pela consultoria "Plus Marketing" na passeata do dia 20 de junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, a maioria dos manifestantes encontra-se empregada (70,4%), ganhando até um salário mínimo (34,3%). Se somarmos estes aos que ganham entre dois e três salários mínimos (30,3%), per-ceberemos que mais de 64% do total de um milhão daqueles que foram às ruas no Rio de Janeiro fazem parte desse proletariado precarizado urbano. Para mais detalhes, ver http://www.plusmarketing.com.br/index.php.↵

9. Para mais detalhes, ver Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconómicos (DIEESE), "Balanço das Greves em 2012", Estudos e Pesquisas, no. 66, Maio de 2013. ↵

10. Além disso, essa massa de jovens e trabalhadores precarizados atraiu a classe operária tradicional: no dia 11 de julho, uma greve geral que contou com a participação de aproximadamente 3 milhões de trabalhadores paralisou as principais capitais do país. ↵

11. Para mais detalhes, ver Ricardo Antunes e Ruy Braga (orgs.) Infoproletários: Degradação real do tra¬balho virtual (São Paulo, Boitempo, 2010).↵

12. Ver, por exemplo, Adalberto Cardoso, A construção da sociedade do trabalho no Brasil (Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2010) e Paulo Fonte, Um nordeste em São Paulo (Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2008).↵

13. Ver Ruy Braga et alli, Social Movement Unionism and Neoliberalism in São Paulo, Brazil: Shifting Logics of Collective Action in Telemarketing Labor Unions, Societies Without Borders, v. 6, p. 73-101, 2011.↵

14. Ver, por exemplo, Adalberto Cardoso, A construção da sociedade do trabalho no Brasil (Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2010) e Paulo Fonte, Um nordeste em São Paulo (Rio de Janeiro, Editora da FGV, 2008).↵

15. Os aumentos nos gastos sociais não aliviam quase nada as carências desses setores. Uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope durante as passeatas do mês de junho de 2013 mostrou que os problemas mais citados pelos manifestantes eram a saúde (78%), a segurança pública (55%) e a educação (52%). Ademais, 77% dos entrevistados mencionaram a melhoria do transporte público como a principal razão dos protestos. Não é difícil perceber que estamos diante de um autêntico processo de mobilização do proletariado precarizado em defesa tanto de seus direitos à saúde e à educação públicas e de qualidade, quanto pela ampliação de seu direito à cidade. Ver Ana Luiza Cardoso et alli, "Brasil em chamas", Época, São Paulo, 24 de junho de 2013.↵

16. Ver Michael Lõwy Walter Benjamin: aviso de incêndio (São Paulo, Boitempo, 2005).↵

Las movilizaciones de junio de 2013: ¿Explosión fugaz o novísima historia de Brasil?

José Mauricio Domingues

IESP-UERJ y Programa Sur-Sur de CLACSO.

Resumen

José Maurício Domingues hace una recapitulación general sobre las movilizaciones llevadas a cabo durante los meses junio y julio del presente año en Brasil, así como sobre sus orígenes, demandas y alcances a corto, mediano y largo plazo. Se considera la posibilidad de integrar dicho momento a la oleada de movimientos sociales que se desprenden, como propone Castells, de la crisis del capitalismo de 2008. Por otro lado, se analizan los vaivenes de la movilización social y sus en Brasil desde el primer periodo de Lula hasta el actual gobierno de Dilma, así también las diversas posturas de la izquierda y su desenvolvimiento a lo largo del mismo periodo.

Abstract

José Mauricio Domingues does a general recapitulation of the protests and demonstrations carried out during the months of June and July of the present year in Brazil, as well as their origins, demands and short, medium and long term reach. Domingues considers the possibility of integrating such phenomenon to the wave of social movements that resulted, as proposed by Castells, from the crisis of capitalism of 2008. On the other hand, the author analyses the ups and downs of social mobilization in Brazil from Lula’s first period to the present administration of Dilma, as well as the different stances of the left and their development during the same period of time.

Palabras clave

Movimientos sociales, PT, despolitización, asociativismo.

Key words

Social movements, Partido dos Trabalhadores (PT), depolitization, associativism.

Telón de Fondo

En un texto anterior, escrito a comienzos de año y publicado en versión condensada en abril (Domingues, 2013a), y por tanto, antes de las manifestaciones ocurridas particularmente entre el 6 y 21 de junio; destaqué los avances realizados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y enfaticé el probable agotamiento de la agenda gubernamental. Hablé de la “nueva historia” de Brasil, sobre todo a partir de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de la posibilidad de que se iniciase una “novísima historia” de Brasil, impulsada por nuevas y renovadas fuerzas populares. En particular, subrayé el hecho de que, política y socialmente, las políticas sociales focalizadas y sectorializadas probablemente habían alcanzado su techo; y señalé que posiblemente el modelo económico no tendría suficiente aliento para continuar combinando estancamiento del desarrollo industrial, crecimiento de la agroindustria y del consumo popular, sin invertir en bienes de consumo colectivo, comenzando por el transporte público. Indagaba además, si (y cuándo) emergería un nuevo ciclo de movilización popular, a través de los movimientos sociales, capaz de provocar el avance de esa agenda, especialmente en la dirección de políticas sociales universales. Las manifestaciones fueron así una explosión, un verdadero terremoto político, que respondía exactamente a los problemas que habían sido señalados en dicho texto, con el agravante de haber revelado la enorme distancia que había entre amplias capas de la población y el sistema político, notablemente los partidos. ¿Son estas manifestaciones una mera explosión fugaz de corta duración o representan la emergencia de una novísima historia de Brasil?

En las siguientes líneas, intentaré definir brevemente algunas de las características de estas movilizaciones, así como sus posibles derivaciones, contextualizándolas[1]. Antes de adentrarnos en ellas más directamente, vale revisitar y comentar algunos temas sociológicos que pueden iluminar nuestro entendimiento sobre estos fenómenos.

Balizas conceptuales y realidades empíricas

Castells (2013) publicó recientemente un volumen descriptivo, o sea, poco explicativo, respecto de los movimientos sociales que eclosionaron mundo afuera desde el inicio de la crisis del capitalismo en 2008. Se puede constatar el papel de las redes sociales en su convocatoria, el desencanto con el sistema político, la horizontalidad de las relaciones y las redes que conforman esos movimientos, que engloban desde los indignados en España y los occupy en los Estados Unidos, hasta aquellos de la heterogénea Primavera Árabe, entre otros. ¿Podrían, los recientes movimientos en Brasil, ser encuadrados en este grupo? Sí, pero apenas en parte. El fin de la deferencia en relación a las autoridades es hoy un fenómeno global (Therborn, 2009), fruto, en cierta medida, de la disolución de vínculos que ligaban dominantes y dominados; además, paradojalmente, serían resultado de una mayor libertad social de estos últimos en función de la propia expansión atomizadora del mercado, sin que un individualismo antisocial haya sido, no obstante, establecido. Por el contrario, si Martucelli (2010) está en lo correcto, aunque haya habido, de hecho, una reciente profundización de la mercantilización de todas las esferas de la vida social, esa singularización de la subjetividad en curso actualmente se realiza acompañada de la reafirmación de los intereses sociales y de la abertura hacia el otro por parte de los individuos (lo que, se podría sugerir, fue reforzado por las redes sociales). Es acompañada también por el debilitamiento de las identidades colectivas, además ahora sumamente pluralizadas, las que con frecuencia, en el período precedente, estaban articuladas de manera bastante directa a construcciones relativas a las clases sociales (lo que puede incluir, como se verá más adelante, el debilitamiento de las identidades partidarias). Esto dejó aún más fluctuantes, social y políticamente, a las propias clases medias, o lo que se podría definir como los heterogéneos estratos intermedios de la sociedad, muchos de los cuales están proletarizados, pero sin que por eso formen parte de la clase trabajadora como tal.

Por otro lado, en Europa y en los Estados Unidos, el sistema político viene evolucionando en el sentido de una des-democratización tecnocrática y de pérdida de vínculos y compromisos con sus ciudadanos. El Estado nacional busca, en ese caso, cada vez más la inserción de los países en la economía global antes que responder democráticamente a las aspiraciones de la población, lo que tiene, de hecho, efectos institucionales profundos (Sassen, 2008) en una situación de creciente desigualdad social. Pero, no obstante, ese no es realmente el caso de Brasil. Contraponiéndose en parte a ese proyecto global, capitaneado por los Estados Unidos, su Estado en las últimas décadas se democratizó. Y, desde el primer gobierno de Lula, aspiró a integrar a la nación social y regionalmente y, tal como fue visto más arriba, a combatir la pobreza y disminuir, modestamente, las desigualdades sociales. Es verdad, por otro lado, que una creciente tecnocratización y una clausura relativa del espacio político estuvieron marcando al gobierno de Dilma Rousseff.  sea, se redujo el espacio de posibilidad, autorización y legitimidad simbólica de contestación de la sociedad, en términos de protestas y movimientos sociales, tanto como de su articulación y capacidad para demandar diálogo con el poder estatal[2]. A lo que se le suma el ya señalado agotamiento de la agenda de avances sociales y una reciente reorientación de la política económica que busca adecuarse a las demandas del capital financiero nacional y global (alza de intereses, ajuste fiscal, retiro de impuestos sobre el movimiento del capital especulativo proveniente del exterior). Incluso así, no hay crisis de la economía, aunque se anuncien señales problemáticas en el horizonte.

La explosión que se verificó generó un “magma” altamente inestable en el que las demandas por derechos sociales crearon una cadena simbólica en la que salud, educación y transporte, el buen uso del dinero público (a veces contrapuesto a los gastos en la Copa del mundo) y el combate a la corrupción, se combinaron; pudiendo tomar cualquier dirección. Algunos plantearon que incluso habría un efecto de rechazo a la política de reinserción nacional por medio de los grandes eventos, en particular la Copa del mundo de fútbol, que se expresa en las reivindicaciones por educación y salud “padrón FIFA”; tesis que lleva demasiado lejos el argumento de que tales iniciativas surgen como si estuviesen desconectadas de los deseos de la población por servicios básicos. La suma de esas cuestiones, de modo justificado, engendró la relativamente rápida respuesta de la presidente Dilma Rousseff, en la medida en que ella y todo su gobierno podrían ser, a fin de cuentas, incluidos en el opuesto negativo del polo que entonces se construía de forma positiva por aquel encadenamiento simbólico en estado aún “magmático”[3]. Esto también produjo y sigue produciendo enorme confusión e incomprensión en la izquierda y en sus interpretaciones de esos acontecimientos. Vale notar además que esas manifestaciones parecen haber reproducido en las calles, en cierta medida, los elementos de las redes sociales. Si había enorme dispersión de participantes y demandas, algunos núcleos funcionaron, por la izquierda y por la derecha, como “nodos” de red, focos de proliferación de mensajes y emociones, por ejemplo, de rechazo a los partidos y promoción de pautas sociales, para nombrar solamente las más prominentes, sin mencionar los “posteos” estilo Facebook que cada uno hacía por cuenta propia con sus pequeños carteles individualizados. Por otro lado, en muchos momentos las manifestaciones parecieron una mezcla de lucha, fiesta, rave, con una textura distinta de aquellas que la izquierda suele organizar.

Iniciadas como protestas contra el aumento de los pasajes de ómnibus, principalmente en São Paulo y en Rio de Janeiro, las manifestaciones luego tomaron carácter masivo, con una pauta difusa y abierta. La velocidad con que se pasó de pocas centenas a muchos millares y hasta millones en las calles por todo el país, atestigua el poder de convocatoria de las redes sociales, cuyos “accesos” no necesariamente traducen influencia política y doctrinaria, se debe notar, aunque varias organizaciones hayan contribuido para eso (del Movimento Passe Livre–MPL a los Comités contra la Copa del Mundo de fútbol, pero también de fuerzas de derecha, cuyas articulaciones no están aún muy claras)[4]. Dicho esto, es inevitable que demoremos algún tiempo para comprender cómo esa movilización efectivamente tuvo lugar. Ciertamente, un comienzo es que las manifestaciones reflejan una insatisfacción mundial, la cual afecta en particular a los jóvenes, por la forma cerrada con que funcionan los sistemas políticos: en todos los lugares, las personas han rechazado que la política sea un asunto de las máquinas que la secuestran, lo que en parte explica porqué las manifestaciones son influidas por las que ocurren en otras latitudes. Entre nosotros, después de años de cambios sociales significativos, todo indica que las personas quieren más agenda social y que está faltando creatividad e iniciativa, sobre todo al PT, partido que fue el oxígeno principal de la política brasileña en las últimas décadas.

Si bien hubo de todo en las manifestaciones –con expresiones a veces problemáticas– dos aspectos destacaron sobre los otros. Vimos la insatisfacción y un deseo difuso de cambio difundirse, y fuimos testigos de cómo los jóvenes, sobre todo estudiantes, aunque muchos recién formados, más próximos –debido a la expansión de la educación superior durante el gobierno de Lula– a las clases populares, e incluso trabajadores más o menos calificados, se adhirieron masivamente a las manifestaciones (y no mayoritariamente las clases medias altas, como muchos sospecharon). Para la mayoría, fue el bautizo de fuego en términos de participación en manifestaciones y protestas. La agenda de combate a la pobreza y de políticas sectoriales mostró haber alcanzado, en buena medida, sus límites de inclusión social. Así, emergió la pauta de los derechos sociales –lo que fue especialmente visible en São Paulo frente al deficitario transporte público y a la opción de individualismo automovilístico, que se mantiene hace décadas en el país-. Y se afirmó la ocupación del espacio público, reivindicándolo en la práctica contra la privatización de la vida –aplastante durante la década del noventa– y por el derecho a soñar –aunque ese sueño se presente en buena medida con el rostro bastante concreto de los derechos sociales, al mismo tiempo que la simple sensación de que es posible y necesario transformar la realidad, retomando la hebra de otras eras de movilización social, incendió también la imaginación de los jóvenes que acudieron a las manifestaciones-. Ciertamente, después de décadas de despolitización, la velocidad con que se armaron las manifestaciones casi inevitablemente las destinaron a la inorganicidad y a la dispersión organizativa y temática, a pesar de los “nodos” de red anteriormente mencionados.

Si en un primer momento la izquierda, o un sentimiento popular que remitía a la izquierda, era ampliamente hegemónica en las calles cuando crecieron las movilizaciones, un fenómeno, al que no estamos tan acostumbrados, se hizo presente: la derecha, en todos sus espectros, apareció, lo que en verdad llevó a muchos a temer, erradamente, la preparación de un golpe político de derecha. Los sectores liberales y liberales-conservadores estuvieron siempre en las calles –en realidad en muchas ocasiones desde los años setenta al lado de la izquierda: por la democracia en su institucionalidad liberal, contra la corrupción de Fernando Collor, contra el hambre, y en otras causas-. Esta vez hubo un claro distanciamiento y ellos se presentaron de manera autónoma, pero sin que nadie los dirigiese efectivamente, ni siquiera los grandes medios de comunicación, quienes se mostraron bastante confundidos y desorientados, como todos, frente a unas inesperadas movilizaciones instantáneas y masivas.

Realmente fue grave la presencia de fuerzas de extrema-derecha en las manifestaciones, inclusive de agrupaciones fascistas que entraron en conflicto abierto con las pocas fuerzas de izquierda organizadas que se hicieron presentes; sobre todo en ese segundo momento y de forma equivocada, desde mi punto de vista, intentando disputar la calle y el sentido de un movimiento de cuya convocatoria no habían participado de modo general (en el caso del PT, de la Central Única de los Trabajadores–CUT y del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra–MST; a diferencia del Partido Socialismo y Libertad–PSOL, nacido de una escisión del PT, y del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores Unificado–PSTU, así como del Partido Comunista Revolucionario–PCR, que estuvieron desde un comienzo presentes en la organización de las mismas). La guerra de las banderas fue el resultado de un cierto número de hechos, que incluyen desde la reacción calculada por parte de las fuerzas de extrema-derecha en el sentido de neutralizar y desmoralizar a la izquierda organizada basándose en un sentimiento de rechazo de las grandes masas, en la medida que esos partidos han estado ausentes de la vida social y, en su mayoría, más preocupados simplemente de ganar elecciones o de administrar el Estado, sin atender en particular a los jóvenes y a las nuevas generaciones que un tejido social modificado viene produciendo; además de haber intentado adherirse apenas tardíamente a las manifestaciones. Infelizmente, una fuerte dosis de resentimiento, calcado en la incomprensión de lo que ocurrió, acosa a parte de la izquierda organizada, lo cual necesita ser superado para que el saldo positivo de esas protestas pueda ser canalizado por ella plenamente.

Muchos de estos jóvenes son los mismos que lucharon por las reformas de base, contra la dictadura, por la destitución de Collor y contra el hambre; juventud que en la actualidad muchas veces está más próxima socialmente de las clases populares, tal como fue mencionado anteriormente. Si ahora muchos de ellos se pierden en la forma de hacer política y si hasta ayer estaban social y políticamente atomizados, entonces es necesario preguntarse cómo fueron olvidados por los partidos, principalmente los de izquierda, los que con frecuencia los organizaban, yendo más allá de las complejas mutaciones en el tejido social que los dispersa en campos identitarios más plurales[5]. Muchos denuncian no sólo a las clases medias, también al nacionalismo que supuestamente apareció de manera fuerte en el recurso del himno nacional entonado en las calles y en el verde y amarillo del pabellón nacional. Se trata de una visión exagerada, aunque la derecha pueda aprovecharse de eso: esos son símbolos que unen a todos y siempre estuvieron en las manifestaciones populares; y ante la falta de otros símbolos tangibles se hicieron casi exclusivos en las manifestaciones recientes. La clase media es muy heterogénea y se hizo aún más amorfa en las últimas décadas con la amplia expansión del sector de servicios. Parte de ella es conservadora y está profundamente incómoda con los cambios sociales de la última década. Tanto más, si con la pauta social avanzando, varios de sus sectores tienden a ser más resistentes a cualquier proyecto de transformación progresista. No obstante, otros sectores de esas mismas clases medias, en particular los jóvenes, cuya determinación identitaria es muchas veces bastante fluida, sistemáticamente demuestran actitudes progresistas; por lo que pueden y deben ser conquistados para una agenda de democratización política y social[6]. Además, si el combate a la corrupción se convierte fácilmente en bandera de la derecha, si se toma aisladamente, eso no implica que no sea una bandera republicana que debe ser asida por la izquierda. Por otro lado, críticas al capitalismo y al lucro empresarial, inclusive en los servicios en cuestión, estuvieron distantes de la pauta de esas manifestaciones, cuestión problemática y limitante para la izquierda, en lo que se refiere, por otro lado, a la hegemonía de la visión de mundo (neo) liberal que se afirmó en las últimas décadas, aunque de modo contradictorio frente a la demanda por derechos y políticas sociales.

Si las fuerzas de extrema-derecha, al lado de provocadores pagados para crear caos por medio de la destrucción del patrimonio público y privado, contribuyeron en buena parte al clima de guerra que en muchos momentos se estableció, auxiliados por grupos anarquistas de acción directa –autodenominados black bloc– que muchas veces incluso no respetan las deliberaciones de las plenarias de los movimientos y el deseo de la mayoría de los manifestantes de realizar marchas pacíficas; la violencia militar superó en general a todos: balas de goma, bombas de efecto moral, gas lacrimógeno, además de palizas y prisiones que revelan una mezcla de falta de preparación y de herencia militarista de esas corporaciones, que no se modificaron desde el fin de la dictadura militar en los años ochenta. Se trata, o debería tratarse, de un tema fuertísimo en términos de una agenda de reformas a ser capitaneada por la izquierda. El repudio a la represión parece haber estimulado la ampliación de las manifestaciones.

Derivaciones a mediano y largo plazo

En términos de los movimientos, el saldo a mediano plazo de esas protestas puede ser la regeneración del asociativismo, que declinó en las últimas décadas, retomado ahora bajo formas más horizontales e innovadoras, probablemente más autónomas en relación a los partidos, como es el caso del propio MPL, que dio inicio a la lucha contra el aumento de los pasajes y por la tarifa cero en el transporte urbano. En el caso de que ocurra, esto se producirá, por otro lado, sin perjuicio de las estructuras verticales de organizaciones como la CUT y el MST, por lo demás bastante acomodadas durante toda la última década en sus relaciones con los gobiernos petistas. A menos que, lamentablemente, la energía popular destapada meramente se disipe. Una pauta más universalista e igualitaria de derechos sociales tenderá a afirmarse. El sistema político reaccionó a las manifestaciones, pero con respuestas en rigor puntuales e improvisadas, aunque ellas hayan ampliado significativamente el espacio político. La mayor apertura del sistema político a la dinámica social, la limitación de los intereses del capital en las políticas públicas y la búsqueda de nuevas formas institucionales de participación continuarán siendo decisivas para oxigenarlo e impedir a mediano y largo plazo su desdemocratización tecnocrática y gerencial, bien como su patrimonialización recurrente y deslegitimación frente a la población, lo que evidentemente podría abrir camino para un régimen autoritario de nuevo tipo, ya no dirigido por los militares, sino de formas que hoy apenas vislumbramos. En otras palabras, el resultado positivo de ese movimiento en el mediano y largo plazo sería, en parte, la transformación de esa explosión de ciudadanía instituyente en ciudadanía instituida –esto es: leyes, reglas y personal político y administrativo democráticamente renovados y profundizados (Domingues [2008] 2009)-.

El congreso votó leyes contra la corrupción y a favor de la educación, de forma confusa y sin consecuencias inmediatas. Sin embargo, la reforma política fue un tema lanzado por Dilma Rousseff para intentar compartir la respuesta a la situación de crisis; serviría si consiguiese sobre todo limitar el papel de las empresas en las elecciones, a través de donaciones a los candidatos, muchas veces hechas de manera ilegal. Descartada la Asamblea Constituyente exclusiva y limitada para realizar tal como originalmente fue propuesto, e incluso enterrada la segunda posibilidad debatidaun plebiscito en el que la población decidiría previamente qué cambiar, vinculando la elaboración legislativa del congreso a sus decisiones, cualquiera que sea la dirección que tome en el futuro, en sí respondería ahora parcialmente a las demandas populares. El problema es que la presidente de la República, en consideración al débil desempeño de la economía y a la presión del capital financiero internacional, reculaba de su “pulseada” con el sistema financiero e inclinaba su gobierno para la derecha desde el punto de vista económico. Ella tiene poco margen de maniobra para ampliar desde el Estado la pauta de los derechos sociales, cuya efectiva concretización y profundización dependen del enfrentamiento de la cuestión de la deuda interna y de la reforma del sistema tributario en la dirección de su progresividad. No por coincidencia figuró con centralidad, entre los cinco pactos que propuso a los gobernadores y al país, la “responsabilidad fiscal”; mensaje al capital financiero de que el ajuste en las cuentas públicas continuará. La reforma fue la bandera de más bajo costo y significativo impacto posible a largo plazo y que respondía al “clamor de las calles”. Educación, salud y transporte público son ítems restringidos por la falta de disponibilidad presupuestaria, aunque se puedan tomar medidas puntuales para tratar esos temas[7]. Pero, es probable que ni siquiera la reforma del sistema electoral sea tocada dentro del congreso inmediatamente, teniendo en vista la resistencia de las fuerzas conservadoras mayoritarias en él. Ahora, quién sabe si ocurrirá en los próximos meses o en 2014, valiendo sólo para elecciones ulteriores, pero con avances democráticos significativos y con una consulta popular muy restricta (referendo mediante, después de ser votada en el congreso). Otros instrumentos de “democratización de la democracia” –muchos relacionados a las propias redes y al Internet– comienzan, al menos, a ser tomados en cuenta en el debate sobre la distancia entre sistema político y población, así como en la creación de mecanismos que busquen separar ese hiato, además de la cuestión clave de la democratización de los grandes medios de comunicación.

Aunque menores y más pulverizadas en este momento, siguen vivas las manifestaciones –incluso con la llegada en fines de julio del papa Benedicto XVI a Rio de Janeiro, la ciudad más conflagrada del país en este momento-. La entrada de las diversas centrales sindicales en la lucha política, con manifestaciones y paralizaciones el 11 de julio, especialmente de la CUT, bien como del MST y otros movimientos que letárgicamente acompañaban y apoyaban los gobiernos de Lula y Dilma, aunque sin una adhesión de masas comparable a las manifestaciones de junio; sumó un dato importante al presente escenario y a las fuerzas en conflicto (y altera su absoluto acomodo a luchas y huelgas enteramente corporativas, aunque intensificadas en los últimos años). Su pauta social, laborista, por la reforma política y por la democratización de los medios de comunicación, reforzó los aspectos positivos de las manifestaciones de junio. Esto puede intensificarse hasta las elecciones de 2014, para las cuales el anterior favoritismo absoluto de Dilma ya no dicta la evolución de la coyuntura que, por otro lado, cuenta ahora con un protagonismo de las masas ausentes hace mucho tiempo del escenario político. En ese sentido, este texto se detiene aquí, pues no es posible acompañar las derivaciones de una coyuntura cuyo tiempo histórico se aceleró de forma intensa y sorprendente. Basta observar que las elecciones no se ganan por anticipado, con más de un año de gobierno por delante, y que las insatisfacciones que emergieron son bastante reales y, de modo alguno, una mera invención de la derecha, como quieren entender algunos. Oscilaciones de popularidad tampoco definen –a un año de las elecciones que se realizarán en octubre de 2014– la trayectoria de candidaturas. Todo se hace más nebuloso.

¿Esas explosiones de junio, seguidas en julio por las movilizaciones de los movimientos más tradicionales, significan que un nuevo ciclo de movilizaciones se inició? Es probable que no sean más que estruendos poderosos, aunque pasajeros, sin embargo es probable que efectivamente sean el inicio de un largo ciclo de movilizaciones cuya dirección mal podemos divisar ahora, aunque, como siempre, éste no se muestre lineal, con fases y agentes alternándose en los próximos años. Que está en curso una renovación de la política brasileña parece, no obstante, indudable. Nobre (2013) afirma que esas manifestaciones de junio fueron una respuesta a la “peemedebización” de Brasil. Ellas serían una reacción a una situación en que el reformismo del PT fue tragado por los acuerdos con las fuerzas del sistema político que lo “blindaron” para impedir transformaciones efectivas en el país, y que tienen en el amorfo y siempre oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) su representación principal. Con los partidos sin definición y las reformas sin ritmo ni dirección, las calles habrían venido con la exigencia de retomar la democracia y nuevas reformas, ahora más profundas. Si estas últimas tesis son verdaderas, Nobre minimiza la correlación social de fuerzas que llevaron a Lula a negociar con el PMDB un acuerdo de gobernabilidad y buscar capturar el centro del sistema político y de la política en general; y deja en un segundo plano la problemática evolución interna a la derecha y la deriva tecnocrática-liberal del propio PT, esta sí más problemática por haberlo desarmado programáticamente y por privarlo de la voluntad política necesaria para hacer que la pauta de reformas avance.

Además, básicamente sin movilizaciones sociales significativas hace dos décadas, sin contar aquellas promovidas por el MST en los años noventa, el PT llegó al poder con una base social bastante inactiva. ¿Con estas nuevas movilizaciones, será que tal vez el inicio de una nueva ola despertará ese partido, siendo entonces posible avanzar en una agenda reformista más fuerte? El tiempo lo dirá, pero es improbable que lo pueda hacer sin el PMDB o con un centro político recreado. Esto podría incluir más centralmente al Partido Socialista Brasileño (PSB) del gobernador Eduardo Campo de Pernambuco, quien es un aliado, pero en este momento también es candidato a la presidencia de la República; y, en el momento de gobernar, parte del PMDB, así como el partido-red buscado por Marina Silva, candidata a la presidencia en las elecciones de 2014, oriunda del PT y con una buena votación en la primera vuelta del 2010. Y, por supuesto, la candidatura de Lula vuelve a ser planteada, con más fuerza.

Por otro lado, si un bloqueo en el sistema político significa en el corto y mediano plazo una nueva irrupción de las masas en la política, en particular en las calles, es posible que esto implique, en virtud de la falta de respuestas en la hora actual, más animosidad contra el sistema político y los ocupantes de los diversos cargos electivos de la República, siendo este escenario efectivamente preocupante y potencialmente conducente a una crisis institucional. Como sea, en términos de la dinámica social y política, un nuevo período en la historia de Brasil parece haberse abierto –nuevísimo, de hecho-, a su propia manera.

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1. Traducción de Alexis Cortés↵

2. Expresé mis primeras evaluaciones de esos acontecimientos en artículos publicados, al calor de las movilizaciones, en O Globo 2013 (Brasil), 23 de junio y 19 de junio. Un estudio de opinión con cierto rigor metodológico, realizado por Ibope con los manifestantes, el día 20 de junio de 2013, corrobora algunas de las hipótesis iniciales presentadas en esos textos. Los resultados de la encuesta se encuentran en: <http://especial. g1.globo.com>.↵

3. Ver Grinberg, 2009, especialmente pp. 11-14.↵

4. Ver Domingues, 2013b, para una discusión conceptual de esos temas con referencia al peronismo.↵

5. Para algunas informaciones e interpretaciones, ver Pimentel y Silveira, 2013.↵

6. 6 Se debe observar, no obstante, que esto poco tiene que ver con una "multitud" indeferenciada, aunque permeada de singularidades, o con el "trabajador colectivo" del discurso negriano (ver Hardty Negri, 2000). Las características específicas y definidas de cada sector que participó de esas manifestaciones deben ser especificadas y comprendidas. Que las clases trabajadoras organizadas solamente se hayan hecho presentes de manera posterior en la escena política con sus organizaciones específicas -como se verá más adelantepor lo demás, no debe ser desconsiderado. Hay que tomar en cuenta también que hubo algo de "masa" y "política salvaje" en su fluidez y rechazo a formas permanentes, así como en la constitución de una "universalización de facto sin significante general encarnado por alguien" (Ver Tapia, 2011, especialmente pp. 100 y 146-47), aunque de manera circunscrita y no rupturista institucionalmente.↵

7. Sin que se les demande, de forma moralista, posicionamientos típicos de izquierda y se les levanten acusaciones vagas de "pensamiento mágico" instantáneo, como hace Chauí (2013), sino, más bien, presentando una agenda que sea concretamente convincente; y aunque pierdan en parte con el desarme parcial del llamado "sistema de deuda" pública, del cual muchas veces son sócias menores y del que sacan provecho.↵

￼Experiencias latinoamericanas:

México, Centroamérica, Chile y Perú.

México: la rebelión magisterial
Hugo Aboites

En el aula y la calle. Movilización magisterial en México
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Movimiento estudiantil y elecciones en Chile
Carlos Azocar

De crisis y estallidos. Movimientos sociales, política y antagonismo en tiempos de presión estractiva
Anahí Durand

La izquierda centroaméricana en “tiempos de paz”: Mutaciones orgánicas e itinerarios dispersos
Salvador Martí

México: La rebelión magisterial

Hugo Aboites

Profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM-X. Ha sido invitado por la CNTE a participar en las mesas de diálogo con legisladores, junto con otros académicos.

Resumen

A pocos días de asumir el poder Enrique Peña Nieto presentó la reforma educativa como parte del Pacto por México, un acuerdo político firmado por el ejecutivo federal y los tres principales partidos políticos en México: PRI, PAN y PRD. Sin un diagnóstico claro sobre el estado actual del sistema educativo y con la ausencia de un debate público, el ejecutivo federal centró la iniciativa de reforma en la modificación al artículo tercero de la constitución, elevando a rango constitucional figuras como la “evaluación” y la “calidad educativa”, pilares centrales del discurso empresarial impulsado por la OCDE. El movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anticipó que la reforma educativa implica la imposición de la visión empresarial en la educación y disminuye las obligaciones del Estado, pero sobre todo, disfraza una reforma laboral que atenta contra las conquistas históricas alcanzadas por las y los trabajadores de la educación.

Abstract

A few days after taking on power, Enrique Peña Nieto presented the educational reform as part of the “Pacto por México”, a political accord signed by the federal administration and the three main political parties in Mexico: PRI, PAN and PRD. Without a clear diagnosis on the present state of the educational system and with the absence of a public debate, the federal administration centered the reform initiative on the modification of the third article of the Constitution, elevating to constitutional standing figures such as “evaluation” and “quality of education”; central foundations of the corporate discourse promoted by the OECD. The teachers’ movement headed by the Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anticipated that the educational reform implies the imposition of the corporate view on education and diminishes the State’s obligations, but above all, disguises a labor reform that attacks the historical conquests achieved by the education workers. J

Palabras clave

Movimiento magisterial, CNTE, reforma educativa, Pacto por México.

Key words

Teachers’ movement, CNTE, educational reform, Pacto por México.

En el mes de febrero del 2013, decenas de miles de maestros y maestras (algunas cargando a sus niños pequeños), padres de familia e integrantes de comunidades rurales bajaron de las agrestes montañas, y llegaron de los valles y cañadas de Guerrero a la capital de esa entidad federativa. Se adueñaron de las calles de la ciudad y cortaron la única vía de tránsito terrestre entre la capital de la república (el Distrito Federal) y el puerto de Acapulco. A pesar del peligro que implicaba su acción (poco antes, la policía había dispersado a balazos otra manifestación similar, de futuros maestros, con saldo de dos muertos y heridos[1]), no vacilaron en desafiar a las policías estatal y federal que los cercaban.

La “autopista del sol”, uno de los símbolos más evidentes y orgullosos de la modernidad y de la exclusión de los últimos veinte años de neoliberalismo, quedó cerrada por kilómetros, con sus seis carriles convertidos en el cauce de una de las manifestaciones con mayor determinación de las últimas décadas en el país.

Lo que vino después fue una violenta confrontación entre miles de policías federales al mando de un comandante cuyo nombre clave era, paradójicamente, Espartaco, y las decenas de miles de manifestantes, incluyendo mujeres y niños. El motivo más inmediato de la protesta era el incumplimiento de la promesa que habían hecho los diputados del PRD (mayoría en el congreso del estado) en el sentido de introducir en la Ley de educación del estado una serie de salvaguardas que daban mayor espacio y protección a las iniciativas locales de evaluación y de transformación en la educación que habían venido construyendo los propios maestros[2]. Sin embargo, cediendo a las presiones del gobierno estatal y federal y a pesar del compromiso, los diputados no introdujeron las disposiciones que habían ofrecido. Cuestionados por los indignados maestros, sólo atinaban a argumentar que se les había dicho que lo que ellos proponían era incompatible con una reciente modificación realizada por el Congreso de la Unión, es decir, el nacional: “No podemos ir contra la constitución de la república” alcanzaban a argumentar, cuando huían de los maestros.

Los maestros finamente fueron expulsados de la autopista y se replegaron por las calles de la ciudad, pero al día siguiente, y sin que nadie pudiera impedirlo, descargaron su enojo contra las sedes de los tres principales partidos políticos (sobre todo del Partido de la Revolución Democrática, PRD, de centro izquierda), así como el edificio del congreso y del gobierno del estado.

El origen: una sorpresiva reforma a la constitución

Lo que ocurrió en Guerrero fue la más vigorosa expresión de una inconformidad que, en la primera mitad del año 2013, llegó a provocar una fuerte crisis de las instituciones políticas del país. Una indignación que surgió sobre todo por el clarísimo atentado que contra los maestros constituía el establecer para ellos un régimen laboral especial -que los convertía en especie de trabajadores de una empresa outsourcing-, por fuera y en contra de derechos laborales fundamentales establecidos en otro artículo, el 123 de la misma normatividad, y en la correspondiente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. En este nuevo nicho laboral, aparte del marco legal que regía para todos, las normas no incluían ya derechos como el de la bilateralidad en la determinación de las condiciones de trabajo, la contratación colectiva, y en general todo lo relacionado con el ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores. Se establecían evaluaciones periódicas y despidos si no se obtenían resultados aprobatorios, además de procesos de sanción a discreción de las autoridades, entre otras muchas disposiciones laboralmente agresivas. Esta violación, de por sí sumamente grave, se agudizó todavía más porque la reforma implicaba también –al introducir los términos “calidad” y “evaluación”una mayor adecuación de la educación a la visión empresarial, y una rigidez y control centralizado más fuerte sobre los trabajadores y su quehacer educativo. Esto último amenazaba los esfuerzos que desde tiempo atrás habían hecho por generar proyectos educativos alternos a la burocrática visión gubernamental de la educación, precisamente en las regiones más explotadas y empobrecidas de la república. Estos proyectos surgen como una alternativa a la creciente implantación de medidas recomendadas por la OCDE y los empresarios del país (que fueron condensadas en un paquete de iniciativas llamado Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE), firmado entre el gobierno federal y la cúpula oficialista y corporativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE). En Michoacán, el proyecto alternativo más conocido es el de las “escuelas integrales”; en Oaxaca, el Programa de Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), que recoge decenas de experiencias de escuelas estrechamente vinculadas con sus comunidades; en Guerrero, las Escuelas Altamiranistas; y en Chiapas, aunque no impulsado por los maestros al servicio del estado, el Sistema Autónomo de Educación de las Juntas del Buen Gobierno de las comunidades zapatistas, con escuelas totalmente independientes del Estado. Estos proyectos (y muchos otros, menos conocidos, en diversas entidades) surgen y crecen gracias al espacio de relativa autonomía que ha traído, para la educación en esos estados de la república, el surgimiento y presencia (desde 1979) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Una agrupación interna a la organización sindical, crítica y democrática, que se opone a la oficialista dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estos proyectos pero, sobre todo, la vigencia de una presencia político-sindical no oficialista que constantemente cuestiona la dirección nacional y las políticas empresariales en la educación y que en varios estados ha conseguido ocupar los puestos directivos seccionales; representa un obstáculo a los planes de transformación de la educación que agresivamente persiguen los tecnócratas neoliberales, desde mediados de los años ochenta dueños del poder gubernamen tal y legislativo en México. Duramente golpeados por treinta años de austeridad salarial y medidas como la descentralización, cambios en los programas de estudio, programas de “calidad” en las escuelas, precarización de la profesión docente, un creciente número de maestros encontraron en la Coordinadora un punto de referencia para sus críticas y protestas.

La más reciente iniciativa gubernamental, el llamado Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE) de 2008 fue un punto de quiebre, donde los empresarios que desde tiempo atrás estaban interesados en establecer la agenda en la educación[3] por primera vez lograron consolidar un organismo de investigación y propuestas (llamado Mexicanos Primero, muy ligado a Televisa, la más grande cadena de televisión) que aglutinaba diversas organizaciones y fuerzas de ese sector. A diferencia de otros tiempos, cuando el sector empresarial sólo hacía llamados y propuestas muy coyunturales, el nuevo órgano estableció una presencia permanente. Planteaban, por ejemplo, la necesidad de un estricto registro de las plazas de maestros a nivel nacional para evitar la corrupción y, en la misma línea, demandaban también el establecimiento de mecanismos más estrictos de control sobre el magisterio y la intervención más directa de la sociedad civil (término que se volvió sinónimo de organismos empresariales) en la educación. Por otra parte, y desde 1995, al ingresar México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este organismo internacional orientado a fortalecer el mercado y economía mundial comenzó a tener una mayor presencia en el campo educativo. De las presiones en el terreno de las políticas comerciales y financieras a los países, este organismo pasó a hacer recomendaciones sobre políticas educativas y, a partir de la incorporación de México en 2000 a la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) y con la presión que significaron los bajos resultados ahí obtenidos, comenzó a tener una mayor injerencia en el campo educativo. Así, en el año 2008 se firmó el Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas y donde una de las recomendaciones era “recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño”, pero también que “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo” (OCDE, Recomendación 8).

En la visión empresarial de Mexicanos Primero y OCDE, la evaluación viene a ser el instrumento fundamental para mejorar la educación, “poner orden” y “recuperar la conducción del Estado en la educación”. De ahí que, como primera iniciativa, ese mismo año, el gobierno federal (a cargo del Partido Acción Nacional, PAN, de centro derecha), estableció la evaluación de aspirantes a ingresar al servicio público docente. En 2011, ese mismo partido propuso cambios a la Ley General de Educación (LGE) que volverían obligatoria la llamada “Evaluación Universal” para todos los maestros en servicio, aunque no se especificaban –aunque los maestros anticipabanconsecuencias laborales. Gracias a una enorme manifestación magisterial frente al Senado y, como resultado, la intervención de legisladores del Partido de la Revolución Democrática, se abrió un espacio de diálogo que, a partir de las indecisiones y desacuerdos que existían entre los partidos, hizo naufragar el proyecto. La molestia –y creciente impacienciade los grupos empresariales y de derecha fue evidente ante este nuevo fracaso por imponer una reglamentación a los profesores.

Precisamente en ese momento, poco antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el presidente electo Peña Nieto en un viaje por Europa y “en presencia de personajes del ámbito empresarial [...] destacó a la educación como ‘el pilar del desarrollo nacional’ y se manifestó por adoptar ‘mecanismos como los propuestos por la OCDE para elevar la calidad de la educación’ y alcanzar un “crecimiento económico sostenido”(Igartúa, 2013: 18).

Y, en efecto, apenas unos días después de la toma de posesión se anuncia que se ha firmado el “Pacto por México”, una agenda de cambios políticos y legales suscrita tanto por el partido que llega al poder (Partido Revolucionario Institucional, PRI), el PAN y, sorpresivamente, también el PRD. Una convergencia que evidentemente asegura para el nuevo gobierno una contundente mayoría en el Congreso de la Unión. Entre los 95 acuerdos, aparece en los primeros lugares el compromiso de impulsar una “reforma educativa” a través de cambios legislativos. En esos días, poco antes de que se presente la iniciativa de modificación constitucional, aparecen en los medios algunas señales de diferencias entre las cúpulas gubernamentales y las sindicales. Elba Esther Gordillo, la sempiterna y favorecida lideresa del SNTE, no estaba de acuerdo con que se incluyera la palabra “permanencia” al hablar de lo que de ahora en adelante debía reglamentarse respecto a los maestros del país. Esto porque significaba establecer las circunstancias en las que los maestros podrían dejar de permanecer en el servicio, es decir, ser despedidos. Los intereses y las posturas de la líder Gordillo estaban casi siempre enmarcados en un ritual político, una relación de intereses mutuos por parte un gobierno que encontraba política y electoralmente útil la subordinación de los maestros al sindicato; y por otro lado, una dirigencia sindical que conseguía fortalecer cada vez más su posición gracias a las estructuras de clientelismo y control sobre los maestros que le concedía el gobierno. La historia de corrupción y dispendio personal de la lideresa, cada vez más evidente, sus incontrolables tendencias a ampliar el poder incluso al ámbito electoral y, finalmente, sus desafíos al nuevo presidente Enrique Peña Nieto en este sensible punto de la agenda gubernamental hicieron que su caída se volviera inminente.

Y así ocurrió. El día de la presentación solemne de la reforma, la palabra “permanencia” apareció de manera visible en la iniciativa, pero la dirigente no apareció, pues no fue invitada a la ceremonia. Días más tarde ya estaba en prisión, acusada de malversación de fondos. El gobierno eliminó así a un oponente crucial que además de poderoso era impredecible y que, si lo hubiese visto conveniente a sus intereses, podría haberle generado algunas dificultades a la reforma. El golpe de tajo que literalmente la envió de la cúspide del poder a la cárcel (un ejercicio nada ajeno al modus operandi de la política mexicana) dejó aterrorizado y paralizado al resto de la cúpula sindical. De ahí en adelante, cuando ocasionalmente se atrevían a hablar, era para apoyar la reforma. Esto último, sin embargo, resultó contraproducente, pues poco tiempo después, al consolidarse la radical oposición del magisterio de la CNTE a la reforma, ésta se convirtió en prácticamente el único referente de análisis, orientación y propuesta de resistencia.

La modificación a la constitución que se propuso (y que, más tarde, ganó) en el Congreso se centró en el artículo tercero, el espacio normativo donde históricamente se había definido la educación de los habitantes del país (incluyendo el derecho a la educación para todos, gratuidad, propósitos de la formación,

obligaciones del Estado). Pero la propuesta no se refería a eso, se trataba sobre todo –como se mencionó páginas atrásde una reforma de carácter administrativolaboral. Decía, por ejemplo, que vendría una “ley reglamentaria [que] fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia [de los maestros] en el servicio profesional” (DOF, 2013). Y esto fue lo que de inmediato generó preocupación entre analistas y protestas entre los maestros, pero también llamaron la atención otros dos elementos fundamentales de la iniciativa de modificación constitucional.

Primero, cuando decía que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria” con la finalidad de alcanzar “el máximo logro de aprendizaje de los educandos”; y segundo, cuando le daba un rango constitucional a la “evaluación” y “medición”. Es decir, se proponía la inclusión, nada menos que en la constitución, de palabras que eran el pilar central del discurso financiero internacional y empresarial sobre la educación. Representaba que, finalmente, después de más de tres décadas de discurso y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, de la OCDE y de Mexicanos Primero, estos conceptos se asumían como parte del acuerdo fundacional de la nación. “Calidad” y “evaluación” condensaban la visión de esos organismos financieros internacionales y empresariales sobre hacia dónde debe conducirse la educación mexicana y ahora se proponía que debían asumirse como un mandato del más alto nivel. En concreto, significaban una educación regida por criterios de eficiencia, y esto, en tres aspectos fundamentales: en lo que se refiere al uso de los recursos (“hacer más con menos”); en la admisión de estudiantes (admitir preferentemente a “los mejores” para no desperdiciar esfuerzos); y en el tipo de enseñanza (limitarse a lo útil para la vida y el trabajo, formar “capital humano” y eliminar los fundamentos de historia, filosofía, literatura). Así mismo, incluía la insistencia en poner en práctica una cultura escolar centrada en “el logro”, el gane, la competencia y el individualismo. Una visión, en suma, opuesta radicalmente a lo que hasta ese momento seguía siendo –a pesar de años de neoliberalismola orientación constitucional de cuáles debían ser los objetivos de la educación. Es decir, formar a niños y jóvenes a través de un proceso científico, laico, gratuito, democrático, crítico, claramente contrario a la ignorancia y los fanatismos, en favor de la solidaridad, el respeto a los derechos, la pluralidad cultural, la soberanía, el énfasis en los problemas nacionales, la familia y otros elementos más que aparecen en ese artículo constitucional y en el artículo séptimo de la Ley General de Educación.

Además, como una insoslayable manera de resaltar la importancia desmedida que en el futuro debía tener la evaluación como instrumento de escrutinio (principalmente de maestros y estudiantes), la iniciativa incluía la creación de un Sistema Nacional de Evaluación (cuya definición no aparecía clara), a la cabeza del cual estaría el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Este organismo sería autónomo (aunque se especificaba que su ley interna sería determinada por el Congreso). Preocupante también era el hecho de que se establecía un plazo de seis meses (a partir del 26 de febrero) para expedir la Ley del INEE y llevar a cabo las modificaciones correspondientes a la Ley General de Educación. Por su cuenta, pues en el decreto que da vigencia a la modificación constitucional no se anticipaba que se añadiría alguna otra ley reglamentaria además de la del INEE y de las modificaciones a la LGE, el gobierno incluyó también la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que contenía lo que en los hechos serían las nuevas condiciones laborales que regirían dicho trabajo.

Cuando el texto de la iniciativa constitucional aquí descrito apenas se difundía en internet y comenzaba a ser conocido más allá de los círculos dedicados al análisis de la educación y a la política sindical, se da a conocer que ya ha sido aprobado. En efecto, apenas once días después de llegar al Congreso, la iniciativa ya estaba aprobada en sus términos originales, por mayoría casi absoluta. De esta manera, apenas veinte días después de haber tomado posesión, el nuevo gobierno ya tenía consigo una importante victoria: no sólo la firma del Pacto sino también una reforma constitucional que parecía haber roto con el precedente de que el asunto educativo era muy complejo e increíblemente resistente a los cambios.

Este apresuramiento, sin embargo, llevó a fuertes contradicciones. Una y otra vez las declaraciones gubernamentales y presidenciales hablaban solemnemente de una “reforma educativa” de gran calado y dimensión que ofrecía al pueblo de México la promesa de un cambio en una educación a todas luces en estado de desastre; sin embargo, era una falsa promesa pues el contenido de la reforma no se refería a lo educativo (planes y programas, libros de texto, infraestructura, etc.), sino a cuestiones laborales del magisterio. Además, sólo tenía como sustento el acuerdo cupular de unos cuantos y la autoridad presidencial. No existía siquiera un documento oficial de diagnóstico que hiciera una radiografía de la situación de la educación y que demostrara que precisamente era indispensable modificar el planteamiento laboral de los trabajadores de la educación, que era también inevitable introducir el término y la visión de la calidad y la evaluación y que esta debería convertirse en un aparato de enormes dimensiones a nivel nacional. En realidad, el diagnóstico ya lo había venido haciendo desde tiempo atrás la OCDE y Mexicanos Primero, y habían llegado a la conclusión –no exenta de clasismode que el problema central eran los maestros, vistos como sumamente ineficientes, y que para corregirlos (o despedirlos) era necesaria una modificación normativa al más alto nivel, que asegurara el compromiso de este y sucesivos gobiernos con esta tarea.

De ahí que, ante las preguntas de por qué no hubo un diagnóstico, por qué el apresuramiento, por qué la falta de discusión no sólo con los maestros y la sociedad, sino entre los mismos diputados y senadores que –como confesaban algunosni tiempo tuvieron de leer los documentos, la respuesta estaba en el imperativo político generado por la impaciencia y presiones de los empresarios y financieros internacionales, no en la urgencia por resolver el problema educativo. Se trataba, además, de dar golpes rápidos y contundentes (una maestra metida a la cárcel, el resto de los maestros, puestos fuera de la discusión) que aturdieran y dejaran al adversario –nada menos que los maestrossin capacidad de reacción.

El apresuramiento autoritario, sin embargo, sólo consiguió su objetivo inicialmente, porque la ausencia de un debate público y de una mínima consulta amplia a la sociedad y a los profesores fue uno de los primeros y más claros argumentos de la necesidad de derogar la apresurada reforma constitucional. En la constitución (artículo 40), además, México se definía como “una república, representativa, democrática”, pero en la manera misma como se había planteado la enmienda se retrocedía a las épocas del autoritarismo más acendrado. Ni el Ejecutivo ni el Congreso actuaban como representantes, sino absolutamente por cuenta propia, así que no podía llamarse democrático un procedimiento prácticamente secreto, sin información hacia afuera y sin discusión posible dentro de las mismas cámaras.

Al mismo tiempo, en las secciones democráticas (CNTE) comenzaron a darse discusiones sobre las implicaciones, y es precisamente durante esta etapa cuando se precipita el enfrentamiento en Guerrero. Allí se confirmó de manera dramática que la modificación a la constitución vendría a reducir los pocos espacios de maniobra que los gobiernos y maestros de cada región y entidad federativa habían construido para ajustar la educación a las necesidades y condiciones culturales y sociales de las distintas regiones, en reacción a casi un siglo de una política nacionalista única y de un asfixiante centralismo y uniformidad. La nueva modificación constitucional retrocedía al pasado, pues ahora se incluía un instituto nacional de evaluación, por lo tanto una sola medida para todo el país; y la implantación de un concepto uniformador, como es el de la calidad, que implica también una evaluación única. Si hasta ahora había estado vigente el centralismo del poder político-burocrático, ahora comenzaba el centralismo gerencial de la eficiencia empresarial. Así, en pleno siglo XXI, se acentuaba en la constitución la miopía e indiferencia estructurales de la educación mexicana frente a la enorme diversidad de condiciones en que los maestros y estudiantes realizan su trabajo educativo.

Es decir, un trabajo en medio de una orografía atroz, que en muchas regiones del país dificulta la asistencia a clases y el desplazamiento de los maestros; cientos de miles de pequeños pueblos; casi la mitad de las escuelas de primaria del país que no imparten los seis grados correspondientes; la gran mayoría de los planteles sin condiciones de infraestructura elementales, como baños, agua corriente, materiales pedagógicos.

La existencia, además, de profundas desigualdades en el ingreso (poco más de la mitad de la población en la pobreza y millones –sobre todo en las áreas rurales y en la periferia de las ciudadesen la pobreza extrema) que generan la necesidad de planteamientos educativos muy diferentes a los de las clases medias urbanizadas del norte y centro del país. Millones de niños cuya lengua materna no es el español sino una de las más de 60 lenguas indígenas que existen en el territorio nacional y, por consiguiente, maestros que en los hechos se han adecuado y formado para poder interactuar con estas realidades –muchos de ellos provenientes de alguna cultura no occidentaly que evidentemente estarán en profunda desventaja a la hora de ser sometidos a una evaluación única y nacional. Todo esto marca profundamente la diversidad del sistema educativo y vuelve absurdo cualquier planteamiento de reforma que parta de una sola definición de calidad, una evaluación única y un centro también único de evaluación.

Por otro lado, para agravar aún más las cosas, las vocaciones regionales en el país son profundamente distintas. En la frontera norte, el estado de Nuevo León, moderno y altamente industrializado, con una economía vinculada estrechamente a los Estados Unidos, tiene una sociedad y culturas regionales radicalmente diferentes a las que se dan en otras partes de la república. No sólo es una desigualdad entre regiones, sino que es generalizada y aparece al interior mismo de las entidades federativas. Es cierto que en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y en otros estados donde hay una importante población indígena, las desigualdades y explotación son más notorias; pero en prácticamente todos los demás estados del país, incluyendo los del centro y fronterizos, también tienen población indígena, culturas distintas y un importante porcentaje de pobreza y pobreza extrema, dentro y fuera de las ciudades.

De ahí que los esfuerzos de los maestros por generar proyectos distintos de educación en Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero no son sólo la respuesta de una región, sino un punto de referencia para todo el país que debe ser consolidado. Por eso, la insistencia de los maestros en que en las leyes estatales incluyan sus iniciativas y propuestas alternas y también que se respeten los acuerdos con el gobierno local en apoyo a programas organizados por los maestros (como de alimentación para los niños, dotación de materiales, infraestructura y el ingreso como maestros de los jóvenes graduados de las normales sin examen de selección). Elementos que, como se ve, hacen que la postura de los legisladores del estado de Guerrero haya sido vista como una amenaza para los otros estados, y el cambio en la constitución como una maniobra sorpresiva carente de diagnóstico y de una mínima consulta previa que hubiera dado oportunidad de argumentar en defensa de la pluralidad.

Así, la amenaza que se cernía contra las condiciones de trabajo de los maestros pero también contra los esfuerzos por adecuar la educación a un país plural son elementos claves de la resistencia. Habría que agregar, sin embargo, un factor más. A la hora de plantear una estrategia fincada en la “calidad” y la “evaluación”, el proyecto empresarial-gubernamental no hacía más que evocar en los maestros la experiencia de lo que habían sido veinte años de la tesis de la “evaluación para la calidad”. En 1993 se había creado un centro de evaluación, también nacional, con el propósito de mejorar sustancialmente la calidad de la educación. Decenas de millones de jóvenes fueron evaluados para acceder y egresar de las escuelas y, gracias a la evaluación estandarizada, millones de ellos fueron excluidos de la educación de niveles superiores (sobre todo los pobres, las mujeres, los indígenas). La educación en los niveles superiores, a pesar de la exclusión sistemática de “los mediocres” y de la evaluación sistemática de que se hizo objeto también a los profesores de esos niveles, no mejoró. Desde 1993 los maestros de educación básica también comenzaron a ser evaluados como parte de una iniciativa de pago meritorio (Carrera Magisterial) y, más tarde, a partir del 2006 se estableció la prueba Enlace de opción múltiple destinada a los estudiantes de nivel básico. Sin que fuera una sorpresa, apareció entonces que cerca del 70 por ciento de los 15 millones de niños y jóvenes de educación básica y media superior evaluados cada año resultaba ser de nivel “insuficiente” o “elemental”. Más tarde, a partir de 2009, un examen del mismo tipo comenzó a aplicarse a los aspirantes a una plaza de maestro en el sector de educación básica y, en 2011 se intentó aplicar una evaluación más amplia, la llamada Evaluación Universal, a todos los maestros en servicio. Los escasos datos disponibles apuntaban a que también entre los maestros existía una clara diferenciación en contra de aquellos provenientes de estados y regiones diferentes, y más pobres. Así, a la desigualdad que generaba el sistema educativo por sus políticas hacia la uniformidad, se añadía ahora la generada por los exámenes.

Es por todo esto que cuando llega el 2013, los maestros tenían a su disposición abundantes antecedentes sobre las características y efectos de la evaluación e incluso materiales escritos sobre el tema, y no es nada sorprendente que la espontánea demanda magisterial al generarse la protesta fue la de un rechazo absoluto al uso de evaluaciones estandarizadas, diseñadas y aplicadas desde el centro. Muchos maestros registraban también que, una vez más, se repetía la promesa de la calidad, aunque las múltiples iniciativas no mostraban ningún avance en ese terreno[4].

La respuesta de los maestros

Ante este panorama, en prácticamente todo el país comenzaron a surgir la preocupación y las protestas respecto del cambio constitucional y sus anunciadas leyes secundarias. La CNTE organizó una campaña de amparo judicial contra la reforma y sus efectos, misma que logró agrupar a más de 300 mil maestros, una especie de plebiscito que mostró que la inconformidad era de grandes proporciones. Se estimó que de poco más de un millón de docentes, cerca de medio millón estaba en contra de la reforma (si se añaden otros 200 mil que aunque interesados, no tuvieron condiciones para participar por estar en secciones oficialistas). Aunque finalmente los jueces desecharon el recurso legal, esta iniciativa fue muy importante porque dio número y cuerpo a la inconformidad y mostró su fuerza. Con grados muy distintos, apareció también clara la necesidad de información y de organización, y aún en las secciones más alejadas de una trayectoria de resistencia, con premura se prepararon foros para que algunos académicos y maestros pudieran dar sus puntos de vista. Se trata de regiones del país donde, a pesar de que el comité seccional está en manos de los docentes leales a la cúpula oficial del SNTE, los grupos de resistencia tienen suficiente capacidad de convocatoria y organización. Comienzan a circular por todos lados documentos y videos de ponencias y otras publicaciones, y eso va creando poco a poco un sustrato de conocimiento que se difunde mediante internet y visitas de grupos de estudiosos a distintas regiones del país. Entre las filas mismas de los maestros que están directamente bajo el control de la cúpula oficialista también cunde la preocupación, sobre todo porque sus dirigentes (SNTE) no dan información y no hacen ningún esfuerzo por organizar debates, conferencias o distribuir documentos. Permanecen en silencio y ocasionalmente se limitan a señalar que “no hay que preocuparse”, que “no se tocará a nadie”.

Los foros nacionales

El curso que iba tomando el movimiento, su progresiva extensión hacia otros estados del país generalmente poco receptivos a este tipo de convocatorias (Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco) y el comienzo de movilizaciones importantes de maestros de los estados ahora en la misma capital de la República comenzó a abrir otras puertas. Tanto en la Cámara de diputados como en la Secretaría de Gobernación se dieron conversaciones, inicialmente poco fructíferas pero a partir de la insistencia de los maestros y de la creciente presencia magisterial y sus manifestaciones en dichas sedes, se crearon mesas especiales de diálogo. Con esto, la Secretaría de Gobernación (una especie de Ministerio del Interior) se vio obligada a ir elevando el nivel de interlocución y convocó a estas reuniones también a legisladores y, más adelante, al organismo rector del Pacto por México, el responsable último de la iniciativa. La representación magisterial insistía en que era necesario dar marcha atrás, derogar lo aprobado en la constitución para poder entonces proceder a una amplia consulta y diálogo nacional sobre la educación que, con el apoyo de estudios especializados, marcara hacia dónde debería dirigirse el esfuerzo nacional de una reforma. Una reforma, obviamente, en términos muy distintos a los planteados por los financieros y empresarios. El gobierno y los legisladores, por su parte, se atrincheraban detrás del procedimiento de reforma constitucional ya concluido y mantenían que no habría derogación o negociación respecto del itinerario de aprobación y contenido de las leyes.

Al crecer las manifestaciones en la ciudad de México, en mayo, el gobierno finalmente se vio obligado a hacer por lo menos un gesto y este consistió en la propuesta de que se realizaran nueve foros regionales y uno nacional sobre el cambio constitucional (del 31 de mayo al 12 de julio.) Estos foros llamaron poderosamente la atención de los medios de comunicación y de una parte de la sociedad, pues por primera vez en su historia, la CNTE se convertía formalmente en un interlocutor oficialmente reconocido en representación de los maestros, mientras el SNTE prácticamente había ya dejado de existir en lo que tiene que ver con presencia pública e incluso con formalidades. Los foros regionales se iniciaban con la presentación que hacía algún estudioso del tema educativo, pero luego se escuchaba la participación de hasta más de cien ponencias de maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones civiles diversas. Un ejercicio sumamente rico en reflexiones y propuestas.

Los legisladores y funcionarios, sin embargo, asistieron en un muy escaso número, y con eso dejaron todo el campo libre para que se ampliara y consolidara una corriente nacional de crítica y oposición a la reforma. Los maestros y en general los opositores demostraron así no sólo su capacidad de movilizarse en las calles, sino también para organizar un monumental esfuerzo nacional, con jornadas de intensa reflexión y propuestas en torno a una reforma de la educación en términos distintos. Desde ángulos diversos y con voces y argumentaciones muy diferentes a las que se habían escuchado hasta entonces, convergían las críticas que bordaban en los temas laborales, de respeto a los contextos regionales y contra la evaluación, y denunciaban la falta de diagnóstico, representatividad y democracia.

En el mes de abril, apenas semanas antes de los foros, se habían filtrado los textos de lo que serían las llamadas “leyes secundarias” que complementarían la reforma constitucional. Uno contenía la ley sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), otro el de la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y, un tercero, las modificaciones que se harían a la Ley General de Educación (LGE). Aunque nunca se aclaró si eran oficiales, sus articulados vinieron a confirmar las predicciones respecto de las agresivas intenciones de la reforma y alimentaron sustancialmente el debate. Las modificaciones a la Ley General de Educación daban cobertura a las otras dos leyes, y por su parte estas dibujaban las nuevas y estrictas condiciones laborales en las que trabajarían los maestros y los mecanismos de evaluación orientados sobre todo a considerar el ingreso, promoción y permanencia de los profesores, sin que se excluyera el uso de pruebas estandarizadas.

La crisis decisiva

El voluminoso legajo con las ponencias y resultados de los foros fue entregado a los representantes gubernamentales quienes garantizaron que los harían llegar a las comisiones respectivas del Congreso y, al comenzar el mes de agosto, se desataron los rumores sobre desacuerdos entre las cúpulas partidistas respecto de aprobar o no algunas o todas las leyes secundarias. Sin embargo, a finales de ese mes sorpresivamente se convocó a un periodo extraordinario del Congreso, y el Ejecutivo presentó formalmente las iniciativas correspondientes a las tres leyes, en textos que reflejaban modificaciones importantes –pero no positivasrespecto de las versiones no oficiales, originalmente filtradas.

Al saber de estas intenciones, decenas de miles de maestros procedentes sobre todo de Oaxaca, pero también de Michoacán, Guerrero, Chiapas y representaciones de un total de 20 secciones de las 32 del país, acamparon en la plaza principal del país, en el centro de la ciudad de México y, días más tarde, en una acción inesperada cerraron las instalaciones de la Cámara de diputados (que fue parcial y momentáneamente invadida por los opositores en una batalla campal con las guardias federales), lo que obligó a los diputados, seguidos horas más tarde por otros miles de manifestantes, a buscar primero un lugar y luego otro para poder aprobar las leyes. Así, después de estar unas horas en el Senado los diputados tuvieron que huir al centro de convenciones de la banca -antes mexicana y ahora del CitiBankdonde en unos minutos, protegidos por las fuerzas federales, aprobaron las leyes referentes al Instituto de evaluación y las modificaciones a la Ley General, pero no la más importante (Servicio Profesional Docente) cuyo articulado materializaba el cambio radical en las condiciones de trabajo docente. Los legisladores no tenían consenso en este punto y con esto se abrió un profundo hueco en la reforma. Así, la cuidadosa trabazón entre las tres leyes que con un alto grado de preciosismo habían elaborado los orfebres legales de la SEP para blindar la reforma se convirtió, por lo menos por momentos, en la razón más fuerte de su fragilidad.

Al día siguiente, el creciente número de acampados en el centro de la ciudad, rodearon el Congreso, el aeropuerto comercial de la ciudad de México y con eso alteraron la estabilidad de una de las urbes más grandes del mundo. Además del contenido de las leyes, la indignación de los maestros era muy fuerte porque el paquete de conclusiones y materiales recolectados durante los meses de los foros regionales ni siquiera había llegado a manos de los legisladores y/o estos ni siquiera se molestaron en leerlos. Nada se había incluido. Ni siquiera las ideas claves expresadas en el documento de la CNTE con su propuesta educativa (“Hacia la educación que necesitan los mexicanos”). En este último se explicaban las razones de la rebelión, se planteaba un modelo educativo distinto, una evaluación orientada al mejoramiento de la educación -“desde abajo, a partir de las escuelas”y de la necesidad de reforzar las condiciones de trabajo de los maestros.

En la última semana del mes de agosto, un Congreso cada vez más dividido y confundido, a partir de una rebelión aposentada en el centro político que asediaba, además del Congreso, el Palacio Nacional y el edificio de la Suprema Corte de Justicia rodeados de las tiendas de campaña de las decenas de miles de maestros. En consecuencia, un Pacto por México convertido en arena de puntos de vista encontrados sobre la reforma educativa; un gobierno nacional indeciso que no descartaba la represión violenta pero cuyo discurso trataba de ser pacificador. Además, el movimiento magisterial ponía en peligro la posibilidad de –continuando con la agenda del Pactollevar a cabo la reforma privatizadora del petróleo mexicano (PEMEX). Todo esto, en el contexto de una intensa campaña empresarial de linchamiento mediático a los maestros (quienes respondieron más tarde rodeando a Televisa y TV Azteca) además de ejercer fuertes presiones al Jefe de Gobierno de la ciudad para que reprimiera y desalojara a los maestros. Al mismo tiempo, en otros estados de la república (Chiapas, Tabasco, Baja California) se declaraba también el paro de labores por parte de esas secciones simpatizantes de la CNTE.

En esta circunstancia, los legisladores apresuradamente organizan nuevas mesas de encuentro y diálogo con los maestros. En esos espacios, los maestros y sus acompañantes investigadores académicos, deshicieron literalmente las leyes ya aprobadas (cuestiones elementales como hasta cuatro definiciones distintas, algunas incluso contradictorias, del término clave de la reforma, “calidad”; un Instituto de evaluación cuya ley finalmente no lo faculta para evaluar, etc.); develaron las implícitas nociones decimonónicas de educación que las sostenían; mostraron la patente incapacidad transformadora de una evaluación centrada en la vigilancia y castigo a los docentes y, además, las severas agresiones que estas leyes traían al marco constitucional que protege los derechos laborales de los trabajadores de la educación (artículo 123 constitucional, Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, Condiciones Generales de Trabajo). A tal punto que los representantes del partido de centro derecha (PAN) dejaron entrever que, si había propuestas concretas de cambios en las dos leyes aprobadas, podría incluso considerarse su modificación, por leve que esta fuera.

Al día siguiente, y de manera masiva, los maestros marcharon ahora a la residencia presidencial oficial de Los Pinos. Y todo parecía indicar que el siguiente y último fin de semana del mes de agosto estaría lleno de incertidumbre: el presidente daría a la nación su primer informe de gobierno, pero, ante el temor a movilizaciones y después de considerar varios lugares, se vería obligado a llevarlo a cabo en su propia casa, en la residencia oficial. Los partidos de fútbol de ese domingo fueron suspendidos, añadiendo con esto una nota final de incertidumbre al fin y comienzo de mes.

Así, una vez más, las dos vías estaban sobre la mesa: la de ampliar el plazo de la negociación y acuerdo a través de la revisión de las leyes (que podría cambiar un poco o mucho de los textos) y, la otra, la de resolver por la fuerza de una votación mayoritaria (o “aplanadora” como se le llama) que aprobaría en el Congreso la ley faltante y, afuera, con una represión al campamento de maestros. Algo que evidentemente, visto el crecimiento nacional del movimiento muy probablemente sólo atizaría aún más la indignación y las protestas organizadas a nivel nacional. Al final del mes de agosto de 2013, la moneda estaba en el aire.

Un balance

Aunque no es posible presentar aquí la evolución posterior del conflicto[5], se pueden apuntar algunos elementos de balance. El primero es reconocer que este movimiento es, por su amplitud y por la naturaleza de sus demandas, probablemente el más importante en el ámbito de la educación, después del que dio origen a la CNTE, en 1979, en el estado de Chiapas. Entonces y ahora el tema de las condiciones de trabajo es importante, pero en el 2013, la cuestión del proyecto educativo resulta, además, fundamental. También, ahora, la dirección del SNTE ya no existe políticamente, y eso más la incorporación de nuevas secciones al movimiento, lo fortalece en gran medida para el futuro.

En segundo lugar, la rebelión magisterial en sus pocos días de ocupación del centro político y estratégico de la ciudad de México claramente vino a mover el tablero y a poner en vilo algunos de los entramados políticos elementales del nuevo gobierno. Además de copar de manera simbólica y real los aparatos claves del Estado y poner en entredicho la capacidad del recién instalado gobierno no sólo para llevar a cabo su agenda de cambios (sobre todo la propuesta, ya en el Congreso, de privatización de la industria nacional del petróleo y la electricidad) hacia la modernidad neoliberal, sino incluso para continuar gobernando con un grado suficiente de legitimidad.

En tercer lugar, el movimiento recupera, una vez más, como en 1994 con la insurrección indígena en Chipas, la presencia del México profundo ya no como grupos subordinados y sufrientes sino organizados y en rebelión contra una modernidad que los excluye. Los maestros mexicanos representan el segmento más ilustrado de los habitantes de las regiones más explotadas y pobres del país, y tiene un fuerte impacto en la ciudad. La determinación en la lucha, la capacidad de sacrificio y la sagacidad táctica más la intuición inesperada de las fragilidades de la modernidad neoliberal (producto de sus orígenes campesinos-indígenas) se han convertido en una ventaja, aunque sea sólo por un tiempo.

Llama la atención, además, que esta rebelión ha generado un proceso de conocimiento muy profundo. “No pocos de los maestros que hoy nos manifestamos [explican en su documento Hacia la educación que necesitan los mexicanos] provenimos de la parte olvidada de México que está en todas las regiones de país, nuestra protesta no sólo tiene raíces sociales muy profundas, sino que se nutre del conocimiento, de una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones, encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión, y que convierten a nuestro movimiento magisterial en un lugar de encuentro de ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación”.

Finalmente, en el origen de la rebelión, está sin duda el conocimiento, la percepción elaborada que el movimiento tiene de sí mismo, de su propia historia como maestros y de sus luchas históricas por la defensa de sus derechos. Sobre todo, la de su vinculación con un proyecto nacional de educación iniciado claramente en los años treinta como resultado de una revolución popular (1910) y que en la pobreza y marginación sigue vigente y necesario. Esto implica que la crisis de la educación, señalada por los intentos por “modernizarla” desde la visión empresarial no va a amainar mientras no se incluyan los enormes reclamos sociales que hoy encarna el movimiento de los maestros. Las incongruencias y superficialidades del actual paquete de reformas sólo son la superficie de una crisis mucho más profunda, del sentido y proyecto de la educación.

Bibliografía

- Aboites, Hugo 2012, La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (México: UAM/CLACSO/ITACA).

- Instituto de Proposiciones Estratégicas c. 1988, Propuestas del Sector Privado (México: Confederacion Patronal de la República Mexicana-COPARMEX, Confederación Nacional de Cámaras de Comercio-CONCANACO).

- CNTE 2013, “Hacia la educación que necesitan los mexicanos” (México: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) [mimeo].

- DOF 2013, “Decreto por el que se reforman los artículos 3o en sus fracciones III, VII y VIII…” México, D.F. Diario Oficial de la Federación, Primera Sección, 26 de febrero.

- Igartúa, Santiago 2013, “Diagnóstico equivocado, reforma fallida” en Proceso (México) N° 1921, 25 agosto.

- OCDE 2010, Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas (México: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 12 septiembre.

1. El 12 de diciembre de 2011, los jóvenes estudiantes protestaban por el cambio en el plan de estudios que, entre otras cosas, les imponía como obligatorio el estudio del inglés, en un estado con una gran mayoría de población indígena y con multitud de lenguas distintas.↵

2. Un elemento central consistía en la creación de un instituto estatal de evaluación, que hiciera contrapeso al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) recién aprobado como parte de la modificación constitucional. Esta propuesta no sólo era legalmente posible, sino que en otros estados de la república desde años atrás, ya existían estos organismos (Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Estado de México).↵

3. De manera abierta éstas se hicieron públicas sobre todo a partir de las elecciones de 1989, cuando las cúpulas empresariales presentaron su agenda educativa (ver Instituto de Proposiciones Estratégicas, c.1988). Proponían, entre otras, la modificación del artículo tercero a fin de eliminar los obstáculos a la inversión privada en educación (esto les fue concedido en 1992), la descentralización (concedida en 1993), la revisión de planes y programas de estudio e investigación (en 1990 un acuerdo con el gobierno les permite participar en la dirección de instituciones educativas de nivel superior). En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que abre las puertas a la mercantilización de la educación y a la inversión privada nacional e internacional en este ámbito. En 1994 se funda el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) que regula el acceso de millones de jóvenes a la educación media superior y superior, y donde las empresas e instituciones privadas tienen una importante participación. En 1995, México ingresa a la OCDE.↵

4. Ver Aboites, 2012, capítulo 15.↵

5. Por razones de fecha de entrega, este artículo sólo tiene en cuenta lo ocurrido hasta el día final de agosto.↵

En el aula y la calle Movilización magisterial en México

César Navarro Gallegos

Historiador. Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, y Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, México.

Resumen

La reforma educativa sancionada por el poder estatal en los primeros días de 2013, detonó una masiva movilización de los docentes de educación básica en rechazo a los contenidos y propósitos de esa reforma; movilización que persiste y se ha intensificado a partir de entonces. La reforma alteró regresivamente principios fundacionales del artículo tercero de la constitución mexicana que históricamente habían sustentado y orientado la educación pública. La retórica discursiva de la reforma se arropó bajo el manto de la calidad y la evaluación educativa como objetivos supremos, conceptos han estado presentes en el discurso educativo oficial y acompañado los procesos de privatización y mercantilización educativa tras la imposición del modelo neoliberal en el sistema educativo nacional. La oposición y desobediencia magisterial a la reforma ha involucrado decenas de miles de profesores y devenido en la protesta social de mayores dimensiones dentro de la sociedad mexicana actual. La lucha de los profesores ha adquirido el rango de una cruzada en defensa de la educación pública y su preservación como patrimonio colectivo de los mexicanos. Exponer los argumentos formulados por los docentes en contra de la reforma, los significados y alcances de su protesta, así como las alternativas surgidas en el marco de su lucha, constituyen los propósitos del presente análisis.

Abstract

The recent Mexican education reform aproved by gobernment in the first days of 2013, detonated a massive mobilization of primary school teachers who rejected the contents and the purposes of this reform. This mobilization is still going on it has even intensified since then. The reform modifies in a regressive way the foundational principles of the third article of the Mexican Constitution, that has historically sustained and oriented public education. The rhetoric of the reform is build around education quality and evaluation as main goals, concepts that have been present in the official discourse following the privatization and mercantilization of education along neoliberal lines. The teachers ́ opposition and disobedience of this reform has involved many thousands of professors andhasbecomethelargestsocialprotest in contemporary Mexican society. The teachers ́ struggle has almost acquired the status of a crusade in defense of public education, and it ́s preservation as a collective and national heritage. This analysis aims to explain the professors arguments, the meanings and the search of their protest, as well as the alternatives they have developed during their struggle.

Palabras clave

Reforma educativa, movilización, resistencia y alternativas educativas magisteriales.

Key words

Education reform, mobilization, resistance, alternatives.

El siniestro retorno

Hubo otros tiempos en que la constitución y sus leyes se propusieron otorgar y preservar derechos sociales como resultado de las luchas desplegadas por el pueblo mexicano. Pero en la medida que desde el poder estatal se renegó de los principios y propósitos sociales que originalmente les dieron sustento, sistemáticamente fueron eliminados, deformados o falsificados. Así ocurrió con la modificación perpetrada al artículo tercero constitucional mediante la que se impuso una nueva reforma educativa. Aun cuando declarativamente se mantienen vigentes algunos preceptos que han orientado al sistema educativo, la reforma lesionó a profundidad el carácter público de la educación y despojó de derechos laborales a los maestros.

El retorno del Partido Revolucionario Institucional al gobierno nacional trajo consigo esta reforma, la cual constituyó la primera decisión gubernamental adoptada por el nuevo presidente de la república. Siguiendo las mismas pautas de reformas precedentes, fue dictada unilateralmente desde el poder público con la exclusión de los actores centrales del proceso educativo y de quienes tienen derecho a participar e incidir en las transformaciones en la educación: los maestros. Los verdaderos impulsores y autores de la reforma fueron otros: al gobierno de Enrique Peña se sumaron todos los partidos políticos de régimen institucional, desde la derecha hasta la izquierda parlamentaria, las cúpulas y organismos del sector empresarial y sus múltiples asociaciones disfrazadas de sociedad civil, los consorcios monopólicos de los medios de comunicación y las agencias internacionales que han dictaminado las políticas educativas del país en el transcurso de las últimas tres décadas.

La nueva reforma educativa ratifica la continuidad de las políticas educativas desplegadas por el Estado mexicano, independientemente de la alternancia en la conducción gubernamental. Así lo evidencian los proyectos reformadores de los anteriores gobiernos de la derecha y la reforma ahora impulsada por el arcaico partido de la “revolución institucionalizada” que de nueva cuenta gobierna al país. En su conjunto representan un proceso articulado y progresivo en la consolidación del proyecto privatizador y mercantilista de la educación pública. Por ende, la reforma ofrece mejorar la calidad educativa de los educandos e impulsar procesos de formación de los docentes que garanticen su mejor desempeño profesional y, al igual que en anteriores reformas, reitera y promete hacer efectivo el derecho a una educación pública, gratuita, laica, incluyente, digna y de calidad y preservarla como patrimonio social de los mexicanos. Sin embargo, la realidad educativa nacional muestra consistentemente el reiterado fracaso de sus resultados. El deterioro, retroceso, inequidad, desigualdad y exclusión constituyen los signos más representativos y lacerantes del sistema educativo nacional y no el de la prometida calidad, pese a todas sus reformas.

El sentido esencial de la reforma está destinado a replantear el desempeño profesional y el estatus laboral de los docentes de educación básica y media superior del país, introducir nuevas normas que en adelante condicionarán su incorporación y permanencia en el trabajo magisterial y, avanzar en nuevas formas de privatización en el financiamiento y operación de la escuela pública. Constituye, asimismo, la culminación de un proyecto que gradual y sistemáticamente ha ido ganando terreno dentro del sistema educativo: cercar, vigilar y controlar el desempeño de los docentes a través de la imposición de una creciente estructura de evaluaciones que han inducido a la mecanización y homogeneización de la tarea educativa y a cercenar la iniciativa pedagógica, creatividad, libertad y autonomía de los maestros en el aula y la escuela (Navarro, 2013a).

Por ello, desde el anuncio mismo del proyecto reformador el sector más avanzado del magisterio y resistente a los embates a la educación pública, desentrañó con certeza los propósitos reales de la reforma y cuestionó las implicaciones regresivas que traería consigo para los docentes y las instituciones escolares. El rechazo magisterial se ha expresado a través de intensas y amplias movilizaciones a largo de todo el territorio nacional y en varios espacios regionales ha adquirido el perfil de una revuelta popular que ha concitado la represión gubernamental hacia sus movilizaciones. Un rasgo distintivo del movimiento magisterial en curso es que simultáneamente a la formulación de críticas fundamentadas a la reforma, ha elaborado diversos proyectos alternativos expuestos en múltiples congresos y foros educativos. Junto a las acciones de protesta, plantones, marchas, mítines, suspensión de actividades y muchas otras formas mediante la que se ha hecho patente su rechazo, han construido numerosos espacios de debate local, regional y nacional para la elaboración de sus demandas y propuestas y la articulación de sus movilizaciones. Igualmente, para desplegar un renovado impulso en su lucha por el rescate y democratización de su organización sindical, capturada desde hace muchos años por una facción de dirigentes corrompidos, serviles y funcionales al aparato gubernamental.

El debate generado y la oposición a la reforma no sólo ha incluido a maestros, colectivos educativos y sus organizaciones sindicales, ha involucrado también a una amplia gama de actores sociales: sindicatos independientes, organizaciones estudiantiles, particularmente de las instituciones formadoras de profesores, comunidades campesinas e indígenas, organizaciones populares, colectividades de padres de familia, académicos, investigadores y analistas educativos con posiciones críticas y ajenas a la subordinación oficialista y la avalancha mediática organizada por los consorcios empresariales, el gobierno y los partidos políticos. La acción colectiva del magisterio no sólo ha expresado la defensa de sus derechos y el reclamo de su ineludible participación en la definición de la reforma, ha puesto en el centro del debate la orientación y el futuro mismo de la educación pública.

El guión reformista

Luego de rendir protesta como presidente de la república el primero de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación en el que esbozó su programa de gobierno e informó sobre la adopción de un conjunto de decisiones que de inmediato pondría en marcha, entre otras, una nueva reforma educativa; para lo cual enviaría en los próximos días una iniciativa de ley al congreso para modificar el artículo tercero de la constitución. La iniciativa fue presentada el 10 de diciembre de 2012 ante la cámara de diputados y contrariamente a la dinámica de bostezo y pereza parlamentaria que ha caracterizado a los integrantes del poder legislativo, la reforma fue discutida y aprobada en forma expedita en sólo nueve días por la mayoría de los diputados de todos los partidos representados en el congreso. Luego pasó al senado de donde rebotó aceleradamente a la cámara de diputados con algunas enmiendas, y para el 21 de diciembre la reforma constitucional quedó formalmente aprobada por el congreso. Más allá del cuestionamiento de unos cuantos senadores y diputados, el debate parlamentario fue mero trámite. Antes de ser presentada al congreso existía el acuerdo previo de todos los partidos para su aprobación. Finalmente, tras el trámite de validación por la mayoría de los congresos locales, la reforma educativa fue sancionada constitucionalmente el 6 de febrero de 2013. Todo en un tiempo récord inusitado.

La reforma se tradujo constitucionalmente en la creación del Servicio Profesional Docente, dotación de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y otras disposiciones en torno a la operación de las instituciones escolares. A través del nuevo servicio profesional se sancionó que el ingreso al servicio docente en educación básica y media superior que imparte el Estado se llevaría a cabo mediante concursos de oposición que garantizarían la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los profesores; y que en leyes reglamentarias se fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y su permanencia en el trabajo docente. En tanto al INEE se le otorgó el rango de organismo público autónomo para evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional, diseñar las mediciones correspondientes y expedir los lineamientos obligatorios sobre las evaluaciones a las que se sujetarán todos los actores del sistema educativo nacional, especialmente sus docentes. Asimismo, en otro apartado se estableció que se realizarían las adecuaciones correspondientes para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el “objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”, y propiciar que los maestros y padres de familia se involucren en la resolución de los problemas que enfrentan sus escuelas.

Así, de un plumazo, con la creación del servicio profesional docente se impuso un régimen de excepción laboral para los maestros, diferente al resto de los trabajadores al servicio del Estado y se afectaron sus derechos laborales, específicamente sobre su estabilidad laboral (Hernández, 2013b). Através de estas disposiciones, se modificaron drásticamente los criterios de ingreso y permanencia en el trabajo magisterial para decenas de miles de profesores de enseñanza básica y media superior. Por su parte, ei poder otorgado al INEE, bajo una cuestionable y dudosa autonomía, ratificó la persistencia del esquema centralista de evaluación que ha predominado en la vida educativa y revalidó la creciente estructura de mecanismos evaluativos que, bajo indicadores de eficiencia y productividad, miden el desempeño de docentes y alumnos, y supuestamente constatan la calidad de la educación. Empero, el objetivo real de la inclusión de la evaluación obligatoria en el texto constitucional fue para fortalecerla como instrumento de coerción y otorgarle un carácter todavía más punitivo, con dedicatoria especial para el magisterio (ColI, 2013a). En tanto, la nueva gestión para la autonomía para las instituciones escolares, según han señalado diversos analistas y profesores, debe ser entendida como un paso más en la delegación de las responsabilidades del Estado y las autoridades educativas en el sostenimiento de las escuelas, que en adelante deben ser asumidas por los maestros, padres de familia y la comunidad. Es decir, gestión y autonomía como expresiones eufemísticas de la creciente privatización de la educación.

En el texto de la reforma se estableció que, en correspondencia con las autoridades educativas, el congreso promulgaría en el transcurso de los meses siguientes las leyes reglamentarias del servicio profesional docente y el INEE, así como la adecuaciones a la Ley General de Educación, en las que se expl¡citarían y fijarían los criterios y normas para concretar la aplicación de la reforma. Portanto, los elementos sustantivos y verdaderos alcances del proyecto reformador entraron en su fase definitoria en el congreso. Para entonces, el cuestionamiento y oposición a la reforma educativa se expandía y multiplicaba entre las filas magisteriales.

Los coautores de la reforma

Es de señalarse que la reforma no emergió por generación espontánea y que en su gestación participaron distintos actores sociales, grupos políticos, organismos e instituciones que incidieron señaladamente en su orientación. Por supuesto, la responsabilidad principal de su autoría corresponde al actual gobierno y su partido político, el PRI. La conjunción y confluencias que el gobierno logró establecer en torno a su proyecto de reforma, posibilita ubicar la genealogía y los distintos intereses de aquellos que se destacaron como aliados políticos de la reforma, así como las posturas que han asumido frente a la movilización magisterial. Describimos sucintamente algunos de sus coautores.

El mismo día de su asunción, el presidente anunció que para llevar adelante la reforma educativa y otros proyectos de su gobierno había establecido acercamientos con varios partidos políticos nacionales con el objetivo de impulsar y firmar un gran pacto político. La firma del pacto anunciado se formalizó de manera inmediata al día siguiente en el histórico Castillo de Chapultepec. Este fue convenido entre el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Los personajes estelares en la escenificación del glamoroso evento fueron Peña Nieto y los presidentes de esas agrupaciones, quienes signaron el denominado Pacto por México. Según se expresó, el pacto tenía como propósito establecer compromisos para concretar las reformas que el país necesitaba para fortalecer el desarrollo nacional. Pero más allá de las declarativas y justificaciones expresadas en torno a la comunión establecida entre sus partícipes, lo realmente evidente fue la postura de plegamiento e implícito apoyo político al gobierno de Peña Nieto. Postura en modo alguno insólita o sorprendente dadas las coincidencias políticas cada vez más afines entre los partidos del centro, la derecha y la izquierda institucional. Así, a través del pacto se precisaron y complementaron aspectos inscritos en la reforma educativa del presidente y buena parte de lo negociado en el pacto sería recuperado en la iniciativa que algunos días después llegó al congreso. La reforma educativa constituyó el primer producto del Pacto por México y estas agrupaciones políticas demostrarían su fidelidad gubernamental al aprobarla en el congreso.

La creciente injerencia del sector empresarial dentro del sistema educativo nacional constituye un hecho cada vez evidente y constatable. Através de acuerdos y compromisos establecidos con diferentes gobiernos se fueron abriendo las puertas para su inclusión en distintas instancias educativas del país. De este modo, los grupos de la derecha empresarial más conservadores y adversos a la educación pública han adquirido gran influencia en la orientación y sanción de múltiples medidas aplicadas en el sistema educativo nacional. A partir de su reconocimiento como interlocutores privilegiados y representantes más “auténticos” de la participación social en la educación, se han asumido como los fiscales y detractores más feroces de los maestros y la escuela pública. Una de las instancias más representativas de la oligarquía empresarial es la “organización civil” Mexicanos Primero, promovida y respaldada centralmente por el monopolio Televisa, la cual agrupa a decenas de fundaciones, asociaciones civiles y múltiples membretes de “corte educativo” creados por los consocios empresariales y en cuyo patronato participan los hombres más ricos del país. El papel asignado y la beligerancia mostrada por Mexicanos Primero, así como las iniciativas que ha promovido, encarnan de manera fidedigna la visión y proyectos del empresariado en relación con la educación del país.

Así, en el contexto de la campaña presidencial de 2012, intensificó su ofensiva mediática en contra de los maestros a quienes centralmente responsabiliza de todas las problemáticas y males que enfrenta la educación pública. Calificó de cínicas y criminales las acciones magisteriales de protesta por la imposición de esquemas de evaluación que luego aparecerían inscritos en la actual reforma. Simultáneamente, produjo un panfleto fílmico: De panzazo, proyectado en numerosos cines del país y en todos los canales de Televisa y otras empresas televisivas, en el que se denostaba el trabajo y desempeño de los maestros y se cuestionaba su permanencia laboral.

En documentos subsecuentes, entre otros: Metas. Estado de la Educación en México. 2012 y, Ahora es cuando. Metas 2012-2024, este organismo empresarial refrendaría sus propuestas educativas, e incluso plantearía en éste último un conjunto de reformas y metas educativas para imponerse a lo largo de la siguiente década. Lo cual nos indica que Mexicanos Primero está decidido a incidir en el rumbo presente y futuro de la educación y asumirse como impulsor de primera línea en las transformaciones educativas del país. Entre las propuestas contenidas en el texto de Ahora es cuando, cuyo título por sí mismo resulta explicativo, reseñamos solamente una de las inscritas en la presente reforma, la cual   señalaba como insoslayable el establecimiento de un “autentico servicio profesional de carrera docente”, que debería sustentase en el reconocimiento al mérito individual y la certificación inicial y periódica para poder preservar “la licencia profesional”. Al tiempo que debería elaborase un nuevo reglamento general de las condiciones de trabajo del magisterio para instaurar el pago del salario en forma progresiva, con base en los resultados de las evaluaciones sobre su desempeño docente (Mexicanos, 2012a). Seguramente, los de Mexicanos Primero deben estar de plácemes y profundamente agradecidos con Peña Nieto: Ahora es cuando fue un texto con dedicatoria para él y su gobierno y su propuesta forma parte del eje central de la reforma. Mexicanos Primero se ha situado como interlocutor preferente en la vida educativa nacional y junto a Peña Nieto y otros personajes, aparece en primer plano en la fotografía de la reforma.

Sin embargo, es necesario precisar que los planteamientos de Mexicanos Primero en sentido estricto no son elaboraciones propias y originales. Su matriz proviene de formulaciones y “recomendaciones” que en materia educativa han elaborado diversas agencias multilaterales en las que participa nuestro país. Al respecto debe señalarse la intervención y preponderancia adquirida por la OCDE. Las reformas más recientes en más de un sentido se han formulado a partir de sus lineamientos e instituido los procesos de evaluación y diseñado los instrumentos de “medición” de la calidad educativa. Los esquemas de reclutamiento, ingreso y desregulación laboral también han sido un obsequio suyo; recibido con emocionado beneplácito por las autoridades educativas y organismos como Mexicanos Primero. La OCDE ha representado uno de los instrumentos más eficaces para la recolonización del sistema educativo nacional y la imposición de la educación de corte neoliberal. Tal como lo ha planteado en forma certera y esclarecedora Luis Hernández en su libro No habrá recreo. Contra-reform a constitucional y desobediencia magisterial, en el génesis de la reforma está inevitablemente presente el espectro de la OCDE y junto con ello nuestra lastimosa dependencia educativa (Hernández, 2013b).

Protesta y resistencia magisterial frente la reforma

La imposición de la reforma constituyó un desafío que obligadamente debían encarar los maestros mexicanos. Comprendieron rápidamente que no sólo estaban en riesgo sus derechos laborales, existencia e identidad magisterial, sino el futuro mismo de la educación pública. Los maestros son depositarios de una larga tradición de lucha y se han formado en la pedagogía de la resistencia. Saben leer y enseñar a leer, pero también han aprendido a descifrar los códigos ocultos en el discurso del poder y sus significados reales. Históricamente han sido los pilares en los que se ha sustentado y edificado la educación mexicana. El magisterio dispone de raíces profundas en la sociedad y ha sido un componente destacado en múltiples luchas populares. Maestro y escuela rural han sido sinónimos en la lucha agraria y el reparto de tierra; defensores de primera línea de la educación laica ante los embates y revueltas del fanatismo religioso; constructores de escuelas como espacios de articulación y organización de pueblos y comunidades; educadores y alfabetizadores por todos los rincones del territorio nacional; protagonistas permanentes de movimientos reivindicativos y la democratización de su organización gremial; fuerza movilizada para garantizar el derecho y acceso a la educación de los mexicanos; partícipes en luchas sociales al lado de otros trabajadores y organizaciones populares y, muchos de ellos, integrantes de movimientos en donde han germinado las semillas de luchas emancipatorias y rebeldes. Estos son algunos de los rasgos que han caracterizado al enorme contingente de trabajadores de la educación. Por ende, no es de extrañar que la reforma provocara de inmediato una ola de indignación y rechazo entre las filas magisteriales.

Las nuevas disposiciones de la reforma incluyeron a más de un millón doscientos mil trabajadores de la educación de nivel básico y medio superior, formalmente integrados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya dirección se ha caracterizado por el colaboracionismo y sometimiento a las políticas educativas del Estado a cambio de privilegios económicos y políticos. Corrupción y antidemocracia han constituido los mecanismos mediante los que han usurpado esa franquicia sindical, además con la protección y respaldo del aparato gubernamental. Como era de esperarse, la oposición a la reforma no provino de la corrompida dirigencia sindical, sino desde las bases magisteriales independientes que han batallado por democratizar su organización sindical y han estado comprometidas con la defensa de la escuela pública. Estos maestros han agrupado y articulado sus luchas durante más de treinta años en la tendencia magisterial-sindical denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Según la narración de Luis Hernández, uno de los fundadores, la CNTE, se formó a fines de los años setenta a partir de la confluencia de varios movimientos magisteriales de distintas regiones del país, lo cual posibilitó que sus luchas rompieran el aislamiento, extendieran su protesta y se proyectaran nacionalmente. La relevancia que fue adquiriendo dentro del magisterio no se construyó a partir de su formalidad estatutaria, sino en su capacidad de movilización y representa-tividad efectiva de los maestros. Desde entonces los movimientos que la integran mantienen una autonomía táctica regional y eslabonan acciones nacionales con base en acuerdos unitarios, por lo que se ha definido como fuerza democrática e independiente de lucha dentro del SNTE. Hoy la CNTE agrupa a más de trescientos mil profesores de todo el país y en varios estados sus integrantes han conquistado las direcciones sindicales, a la vez que ha construido instancias autónomas de representación de los maestros de base en todos aquellos lugares en donde institu-cionalmente se mantiene el predominio formal del SNTE. De este modo, las luchas y acciones reivindicativas, salariales y gremiales de los maestros han tenido en la coordinadora al instrumento más movilizador y combativo. Señala Hernández que la CNTE además ha desempeñado un “papel fundamental en la formación de un maestro que retoma las mejores tradiciones de la escuela rural mexicana: la educación socialista y el cardenismo. Sus integrantes han promovido la democratización desde abajo, el impulso a una educación alternativa, la formación de organizaciones populares, la resistencia al neoliberalismo, la defensa de la educación pública y la lucha por la liberación nacional” (Hernández 2011 a).

Aún antes de la aprobación formal de la reforma, la CNTE celebró su congreso nacional al que asistieron representantes magisteriales de 26 estados del país. Tras analizar la  reforma,  su congreso acordó rechazarla y convocar al inicio de una movilización nacional para impedir su aprobación y someter a consulta de los maestros un plan de acción en contra de la reforma. La estrategia magisterial se sustentaría en tres ejes de lucha: jurídico, político y pedagógico, lo cual implicaba una campaña de información entre los propios maestros y padres de familia, promoción de amparos judiciales de decenas de miles de profesores, paros laborales y movilizaciones en cada región del país y la organización de foros educativos para construir propuestas alternativas elaboradas por los propios maestros. Señalaron entonces: “vamos a demostrar la fuerza de los maestros en el aula y en la calle” (La Jornada 2012, 16 de diciembre).

Bajo estas premisas se inició un nuevo ciclo de protestas magisteriales que muy pronto se hicieron presentes. Bajo la presión de la movilización magisterial y estudiantes normalistas en varios estados -Oaxaca, Michoacán y Morelos-, la reforma constitucional no fue avalada por sus legislaturas locales. El cerco establecido en torno a los congresos de esos estados por miles de manifestantes pesó en el “ánimo democrático” de los representantes populares. Luego, apenas un mes después de su congreso, la CNTE llamó a realizar movilizaciones, marchas y plantones públicos en estados y regiones de todo el país. A través de esta jornada, mediados de enero, el creciente rechazo a la reforma se hizo manifiesto y la suma de todos los contingentes de profesores movilizados en cada uno de sus lugares, le confirió el rango de una protesta masiva y nacional. Al lado de diversas movilizaciones que durante los meses de enero y febrero desplegaron distintos grupos magisteriales, la coordinadora y otros contingentes democráticos impulsaron y organizaron foros, ciclos de conferencias y congresos educativos por todo el país. En ellos, profundizaron la discusión sobre la reforma e iniciaron la elaboración de las propuestas y alternativas magisteriales. Igualmente, parte de sus esfuerzos los destinaron a la formulación de los amparos judiciales en contra de la reforma, con el objetivo de formular amparos para más de trescientos cincuenta mil maestros.

Así, en marco del Congreso Nacional Popular de Educación, Cultura, Ciencia, Arte e Investigación, convocado por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND), los maestros resolvieron ratificar la desobediencia magisterial a la reforma y formular un Programa Nacional Alternativo de Educación para ponerlo en operación en las escuelas del magisterio en resistencia, independientemente de la aprobación de la reforma. A su vez el magisterio de Oaxaca de la sección 22 dirigida por maestros de la CNTE, uno de sus bastiones más numerosos e integrado por más de setenta mil docentes, propuso al congreso local dictaminar la aprobación del Plan para la Transformación de la Educación de la Educación de Oaxaca, elaborado por el magisterio democrático de esa entidad y asumirlo como modelo alternativo a la reforma dentro del sistema educativo de ese estado.

Ante la magnitud del descontento magisterial que amenazaba en transformarse en un conflicto social y político incontrolable, desde un principio el gobierno optó por recurrir a su descalificación y a endurecer su postura a través de amenazas y amagos de aplicar la ley ante la efervescencia y radicalidad de sus protestas. Por supuesto, los coautores empresariales de la reforma, alentados por la postura del gobierno, arreciaron la campaña mediática de linchamiento que mantenían en contra del movimiento magisterial. Además, con el propósito de apaciguar la inconformidad, conquistar adhesiones y respaldo público a la reforma, el gobierno encarceló a Elba Esther Cordillo, dirigente del SNTE durante más de veinte años, surgida de las propias filas del partido gobernante, bajo acusación de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos del sindicato. El ajuste de cuentas con su antigua cómplice fue proyectado para someter todavía más a la domesticada dirigencia del SNTE y disponer de su apoyo acrítico a la reforma. A través de su defenestración y encarcelamiento se intentó legitimar a la reforma y sus captores. Nadie se creyó ese cuento.

Mientras tanto, hacia mediados de marzo y en continuidad de su jornada de lucha por la abrogación de la reforma y sus leyes secundarias, la coordinadora decretó un paro nacional de 24 horas y la realización de una marcha en la capital del país en la que participaron contingentes magisteriales de mas de quince entidades. Miles de maestros ratificaron su decisión de redoblar las acciones de protesta en sus estados y regiones, y estallar un paro nacional indefinido, en caso de persistir la negativa de las autoridades del país para dialogar en torno a sus propuestas sobre la reforma. Esto significaba acentuar la movilización y radicali-zación de sus acciones de protesta.

Muy pronto ocurriría en el estado sureño de Guerrero. En esa entidad los maestros democráticos habían resuelto lanzarse a paro indefinido desde finales de febrero. La lucha de los profesores estaba organizada por la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, integrante de la CNTE. Pese a que la CETEG no dispone de la representación formal del sindicato, su fuerza ha radicado en la experiencia y capacidad de movilización acumulada y el origen indígena-comunitario de gran parte de sus maestros integrantes. El magisterio y sus poblaciones de las que es parte disponen de una arraigada tradición de lucha. Los maestros en paro establecieron simultáneamente un plantón con centenares de maestros frente al congreso local, puesto que habían elaborado y entregado a los diputados una propuesta de ley educativa estatal que garantizaba una educación pública, culturalmente diversa y los derechos laborales de los maestros, entre otras cuestiones. En suma, un proyecto educativo diferente al de la reforma. Después de más de un mes en paro y plantón y la fuerza de su movimiento, lograron que el gobierno y los diputados aceptaran aprobarla. Sin embargo, faltaron a su palabra y a fin de cuentas el congreso la desechó. Así, la confrontación del magisterio con el gobierno y los partidos políticos se tornó mucho más rispida (Hernández 2013c).

En este contexto, el magisterio y decenas de pueblos y comunidades, muchas de ellas con policías comunitarios armados, junto a otras organizaciones sociales, constituyeron el Movimiento Popular Guerrerense para unificar sus luchas y resistencias. Los días 5 y 6 de abril efectuaron marchas y plantones en Chilpancingo, capital del estado, y bloquearon las carretas de acceso la ciudad. Tras su desalojo por la policía estatal y federal, se replegaron temporalmente. Sin embargo, el paro magisterial se mantuvo en pie. Ante la conformación del movimiento popular-magisterial y la ampliación de las fuerzas sociales que apoyaban la lucha de los maestros, el congreso ofreció de nueva cuenta reconsiderar el proyecto magisterial. Los diputados de izquierda, especialmente del PRD bajo cuyas siglas se gobierna el estado, se ofrecieron como celestinas políticas para lograr la aprobación de la ley en el congreso Los profesores y el movimiento popular retornaron a la capital para atestiguar el cumplimiento del compromiso nuevamente asumido. Pero otra vez, el congreso los engañó y la propuesta fue votada en contra; recularon particularmente los diputados del PRD. Al día siguiente (24 de abril) la ira magisterial y popular estalló. La ciudad fue tomada por miles de maestros, campesinos, trabajadores y grupos de autodefensa de las comunidades. Durante su recorrido lapidaron edificios de todos los partidos políticos, incendiaron muebles y destrozaron equipos de oficina. Igualmente aconteció con las instalaciones del congreso, y algunos monumentos de personajes políticos de oscura trayectoria fueron tirados de sus pedestales. Cerraron grandes centros comerciales y bloquearon autopistas. Ese día la cólera magisterial paralizó Chilpancingo, pero no hubo personas agredidas. Pese a su derrota legislativa, los maestros guerrerenses continuarían las acciones de resistencia a la reforma por otras vías.

Construyendo alternativas: Foros y otras formas de movilización

Los sucesos de Guerrero alertaron al magisterio sobre las maniobras gubernamentales para evadir la discusión sobre sus planteamientos. Por lo que determinaron establecer un plantón permanente en el Zócalo de la ciudad de México, centro histórico-político del país, ubicado frente al palacio nacional. A partir de los primeros días de mayo, cientos de profesores: mujeres y hombres armaron carpas de plástico, instalaron tiendas de campaña y construyeron casas de madera para vivir, cocinar y hacer reuniones. El plantón se mantiene hasta ahora y miles de maestros del país se han rotado para sostenerlo; el Zócalo se transformó en espacio político, educativo y de resistencia del magisterio. Además, maestros de otras entidades se sumaron al paro, como en el caso del estado de Michoacán con un contingente superior a los cuarenta mil profesores de la sección 18, uno de los activos más importantes y combativos de la CNTE.

Todas estas circunstancias hicieron posible que el gobierno abriera algunos resquicios para el diálogo, negado durante meses, con el movimiento magisterial. Através de reuniones sostenidas entre funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación Pública y representantes de la CNTE a principios de mayo, los maestros lograron poner sobre la mesa sus argumentos sobre la reforma y reivindicar su obligada interlocución en la elaboración de las leyes reglamentaciones. Como resultado de estos encuentros se acordó convocar conjuntamente a una serie de Foros sobre la Reforma Educativa, en los que además de los convocantes participarían todos aquellos ciudadanos interesados en el mejoramiento de la educación pública, bajo el compromiso de que sus conclusiones se entregarían a las instancias correspondientes para ser consideradas en la formulación de los proyectos por discutir en el congreso (CNTE).

Así, durante mayo y junio, el movimiento magisterial puso énfasis en la organización de los foros y la participación de los maestros en sus debates. De este modo se llevaron a cabo nueve foros regionales y dos estatales, en las entidades de Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, así como uno de carácter nacional en la ciudad de México. Participaron más de diez mil personas, mayoritariamente maestros y se presentaron más de cuatrocientas ponencias, un buen número en lenguas indígenas (CNTE, 2013a). No obstante los compromisos asumidos por las instancias gubernamentales de asistir y debatir con los maestros, incumplieron los acuerdos y optaron por hacerles el vacío. La participación de los funcionarios en algunos foros se limitó a discursos protocolarios y a resaltar su presencia a través de eventos mediáticos. Por su parte, los profesores recopilaron las propuestas y conclusiones de los foros en el texto Análisis y perspectivas de la reforma educativa, editado por la CNTE y luego entregado a las instancias con las que conjuntamente habían convocado. La exigencia común en todos los foros fue la abrogación de la reforma educativa, sancionada con la modificación al artículo tercero constitucional (CNTE, 2013a).

En tanto el movimiento magisterial privilegiaba las vías del diálogo y los acuerdos, ocurrieron hechos que pusieron en riesgo su viabilidad y que resultaban contradictorios con los ofrecimientos oficiales de distensión frente a los reclamos de los docentes. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 29 de junio, decenas de policías estatales y federales irrumpieron violentamente en la sede en donde se celebraba el congreso estatal magisterial. Lanzaron gases lacrimógenos y arremetieron en contra de los profesores con toletes. Hubo decenas de maestras y maestros heridos. Tras desalojarlos, 29 profesores fueron encarcelados, todos integrantes del magisterio democrático chiapaneco y la CNTE. La orden del asalto provino del gobierno estatal y federal a petición de la dirigencia nacional del SNTE; se trataba de impedir el arribo de los democráticos a la dirección de la sección sindical. No pudieron lograrlo. Tras la liberación de los detenidos y su inobjetable mayoría al reinstalarse el congreso, los democráticos ganaron la representación sindical y su triunfo apuntaló la resistencia magisterial a nivel nacional. Sin embargo, por esas mismas fechas la justicia federal desechó miles de amparos interpuestos por los maestros en contra de la reforma; dictamen que más adelante refrendaría la corte superior de justicia. Con lo cual se cerró la puerta para su defensa por la vía jurídica.

Leyes para despojar y castigar. La batalla frontal de los maestros

Mientras tanto los plazos para sancionar las leyes reglamentarias de la reforma se acortaban y pese a que sus contenidos se mantenían en la penumbra y su debate público era inexistente, las autoridades educativas y el congreso anunciaron que serían aprobadas en el mes de agosto. Por su parte, el secretario de educación afirmaba que éstas ya se habían discutido y consultado con todos los agentes y protagonistas del sistema educativo y con quienes “tenían interés legítimo de participar”, pero no reconocía como “interlocutores auténticos y legítimos” a los maestros opositores a la reforma. En clara alusión al movimiento magisterial señaló: “las leyes se no se hacen con amenazas, se hacen con argumentos” y de nueva cuenta reiteró la eventual aplicación de sanciones legales. (La Jornada 2013, 30 de junio). En los proyectos de leyes reglamentarias elaboradas por el poder ejecutivo y luego enviadas al congreso quedaron revelados y plasmados los propósitos de fondo de la reforma y las regresiones que se aprestaban a imponer para modificar drásticamente las condiciones laborales de los docentes. También se revalidaron y profundizaron los criterios teórico-eficientistas sobre la evaluación como medida absoluta de todo el proceso educativo y como vía única para alcanzar la calidad de la educación. Pero sobretodo como instrumento punitivo para hacer efectivo el despojo profesional de los maestros. Asimismo, reiteraron y explicitaron las disposiciones en torno a los proyectos privatizadores de la escuela pública. Tal como se ha señalado, éstas correspondían a las leyes General de Educación, del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente. Por supuesto, en estas iniciativas, ninguna de las propuestas formuladas por el movimiento magisterial fueron recuperadas y las conclusiones de sus congresos y foros educativos simplemente fueron ignoradas y desechadas. Por su trascendencia e implicaciones, en la relativa a la profesionalización de los maestros se condensaron todos los elementos nodales de la reforma, puesto que en esta se definían los nuevos criterios de ingreso y permanencia en el trabajo docente. Reseñamos a continuación sus disposiciones más emblemáticas. En relación con el ingreso se establece que en adelante los aspirantes a incorporarse al trabajo docente lo harán mediante concursos de oposición (selección), y quienes eventualmente lleguen a ser seleccionados sólo se les otorgará nombramiento de profesor inicial, sujetos a un periodo de inducción de tres años, bajo la supervisión de un tutor asignado y sometidos a evaluaciones periódicas. Al término de la inducción de tres años, los profesores iniciales que muestren un desempeño “insuficiente” a juicio de las autoridades educativas serán separados del servicio, sin responsabilidad laboral alguna para el sistema educativo, es decir, simplemente despedidos. En tanto, los que alcancen resultados favorables podrán obtener un nombramiento definitivo, lo cual es relativo, puesto que también estarán en permanente riesgo de perder su puesto de trabajo conforme a los resultados de las evaluaciones que les sean aplicadas obligatoriamente a lo largo de su trayectoria docente. La creación del profesor inicial significa la absoluta indefensión laboral y la reinserción de la categoría de maestros aprendices de la época de los talleres artesanales y los gremios de la dictadura porfiriana. Pero, además, representa la imposición de nuevos mecanismos de control y disciplina sobre el quehacer educativo de los jóvenes maestros y de contención a sus actividades sindicales, sociales y políticas. Su objetivo de fondo es consolidar un proyecto de limpieza preventiva que elimine gradualmente de la escuela al maestro crítico y participativo. Por su parte, los maestros en servicio y que actualmente disponen de plaza, también serán sometidos a los mismos esquemas de evaluación para los profesores de nuevo ingreso, independientemente de su antigüedad. Los que obtengan resultados considerados insuficientes se les promete que no serán despedidos, pero se estipula que serán separados del aula y la autoridad determinará su readscripción en otras tareas no definidas o se les ofrecerá incorporarse a programas de retiro, es decir, separarse voluntariamente mediante compensaciones económicas. En suma, el servicio profesional docente condiciona la permanencia de los profesores, extingue la base laboral y elimina los derechos esenciales de los trabajadores de la educación (Navarro, 2013b).

Ante el sentido persecutorio y antimagisterial de las leyes y el anuncio de su inminente aprobación, el movimiento de los maestros entró en una fase de intensificación de sus protestas y concentración de fuerzas. Agotada la vía legal y el diálogo con el gobierno, las acciones de los maestros se desplazarían primordialmente al ámbito de la lucha política. Desde mediados de julio resolvieron impulsar la presencia de más contingentes en el plantón de la capital del país, lo cual se vio favorecido por coincidir con el periodo escolar vacacional en educación básica, pero fundamentalmente por el estallido de paro en varios estados y la resolución de enviar buena parte de sus compañeros a la ciudad de México para dar mayor fuerza a las acciones por venir. En tal sentido destacó la amplitud del contingente de miles de maestros que fueron arribando de Oaxaca entre los meses de julio y agosto, así como de grupos procedentes de Michoacán, Guerrero y Chiapas. Poco a poco el abigarrado y multicolor paisaje de la urbanización magisterial en la gran plaza central de México fue rebasando sus límites y la colonización de los educadores se extendió por calles aledañas del centro histórico. Se presagiaba la cercanía de la batalla crucial en contra de la reforma.

En este contexto, la coordinadora decretó a partir del 19 de agosto un paro nacional indefinido de todos sus contingentes y convocó a concentrar todos sus efectivos posibles en la ciudad de México. Ese mismo día arribaron contingentes por autopistas y carreteras de acceso a la capital: tomaron casetas de cobro, dejaron pasar gratuitamente a sus usuarios y marcharon por diversos rumbos hasta la cámara de diputados para confluir con otros miles de maestros de la acampada del Zócalo que se encontraban en torno a la sede legislativa. Se sabía que pronto sesionaría el congreso y posiblemente se discutieran las leyes de la reforma. Los maestros intentaron reunirse con los líderes de la cámara para reiterar la demanda de su abrogación y convocar a una consulta nacional para definir sus contenidos, pero no fueron atendidos. Indignados ante la postura de los legisladores, los maestros se abrieron paso y penetraron a la cámara en donde se desató una batalla campal con la policía federal que la resguardaba: hubo golpeados y heridos de ambos lados, se rompieron puertas y ventanas y algunos vehículos de diputados resultaron dañados. De inmediato, los legisladores ofrecieron dialogar al día siguiente con los representantes de la coordinadora y el recinto fue desalojado, pero los maestros determinaron organizar un cerco sobre el congreso y establecerse en plantón permanente. Sin embargo, el diálogo ofrecido sería condicionado a desmontar previamente el cerco y el plantón, condición que no fue aceptada. Ante la respuesta magisterial, todas las fracciones parlamentarias optaron por condenar los hechos ocurridos e iniciar demandas penales en contra de los maestros. Alterado e iracundo, el líder de los diputados del partido gobernante, expresaría: “aprobaremos las reformas, sin atender presiones, vengan de donde vengan, sobre todo de delincuentes disfrazados de maestros” (La Jornada 2013, 20 de agosto). A su vez, el presidente de la república martilló que la aprobación de las leyes no estaba sujeta a negociaciones y la educación no sería rehén de intereses particulares.

El fracaso de las negociaciones con los maestros y la permanencia del cerco, hizo que los diputados determinaran trasladar la sede del congreso a otro sitio para evadirlos. Así, el 21 de agosto en un centro de convenciones de una institución bancaria se instaló la cámara de diputados, rodeada y protegida por cientos de policías y miembros del ejército. En una sesión nocturna, casi de trámite y con gran celeridad, se aprobaron dos leyes secundarias de la reforma, pero se dejó en suspenso temporal la más cuestionada por el movimiento, la de profesionalización docente. Existen indicios que su posposición tenía el propósito de ser usada como moneda de cambio para negociar su desmovilización. Apenas un día después el senado también hizo lo propio. Todo lo cual evidenció que el gobierno y el congreso habían resuelto sacar adelante la reforma a como diera lugar, pese al rechazo y las protestas del movimiento magisterial.

El golpe parlamentario no retrajo la lucha magisterial. Por el contrario, las acciones de los maestros en la capital y en muchos sitios del país se tornaron más intensas y masivas. Sin renunciar a la demanda originaria de dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales al artículo tercero, así como a las leyes recién sancionadas, ésta se concentró en detener la aprobación de la ley del Servicio Profesional Docente. La estrategia adoptada en la capital consistió en la realización cotidiana y simultánea de mítines, marchas, bloqueo de vialidades, cerco de oficinas públicas y empresas privadas. La concentración, para entonces de cerca de cincuenta mil profesores, según datos de la coordinadora, posibilitó la realización todas esas acciones. En un plazo de diez días el congreso se reuniría de nueva cuenta para discutir y sancionar la ley que había pospuesto. Entre otras acciones desplegadas en el transcurso de ese lapso, destacaron el cerco al aeropuerto internacional durante todo un día, la Bolsa de Valores, los consorcios Televisa y Televisión Aztecaduopólio de la televisión mexicana-, y las marchas hacia la residencia presidencial de Los Pinos y diversas secretarías del gobierno federal. Las calles de la capital se transformaron en torrentes humanos de educadores y en espacios públicos de actividades sociales y políticas. Su protesta se alzó como la movilización de mayor dimensión social y radicalidad de los últimos tiempos. Justamente por ello, concitó la histeria y el ataque de los sectores más conservadores y adversos a la escuela pública. En especial de las empresas televisivas y la mayoría de la prensa escrita que orquestaron una campaña de odio, agravios y racismo hacia los docentes, a la vez que exigían mano dura y represión. Todos los organismos de las cúpulas empresariales demandaron lo mismo y pidieron su desalojo del Zócalo y de la capital (Coll 2013b). El presidente del principal partido de la derecha, el PAN, propuso la utilización de tanquetas con chorro de agua para impedir sus manifestaciones y, en el colmo de todo este entorno de agresividad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó el uso de la fuerza pública, bajo el argumento que los maestros atentaban en contra de los derechos humanos de la ciudadanía y los niños de las instituciones escolares.

Intentando contener la movilización, los líderes del senado y la cámara de diputados propusieron entonces dialogar con los representantes de los maestros para escuchar sus propuestas y explorar la posibilidad de incorporarlas al proyecto de ley por discutir. Pese al comportamiento tortuoso y el incumplimiento de acuerdos por parte de los legisladores, los maestros aceptaron dialogar. Sin embargo, en los encuentros sostenidos no se logró siquiera convenir una agenda de discusión aceptada por ambas partes. El único compromiso que los legisladores llegaron a asumir fue el de actuar como carteros para llevar los documentos de la CNTE con sus propuestas a las instancias de gobierno del congreso, pero no más. En realidad el diálogo fue inexistente. Los propios profesores denunciaron que las reuniones parecían más una maniobra de distracción para administrar el conflicto y mientras tanto avanzar en los amarres necesarios dentro del congreso para asegurar la aprobación de la ley.

Efectivamente así ocurrió. El primero de septiembre, día de inicio de sesiones en la cámara de diputados, intempestivamente se incluyó como único punto de agenda, la discusión y aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente. Mediante un operativo parlamentario convenido entre los diputados de la mayoría de los partidos políticos fue aprobada a gran velocidad. Sólo se llegaron a incluir remiendos intrascendentes para simular que se habían recogido algunos planteamientos de los maestros. Igualmente lo hizo el senado dos días después. Con ello concluyó el ciclo legislativo de la reforma educativa iniciado nueve meses antes.

Anotaciones finales

La redacción de estas notas se hizo casi de manera simultánea con el desenlace de los acontecimientos descritos, por lo tanto no tienen la intención de adelantar conclusiones sobre un proceso todavía inconcluso. La movilización del magisterio ha entrado en una nueva etapa y la CNTE ha llamado a la desobediencia civil y pacífica para impedir por la vía de los hechos la aplicación de la reforma constitucional y a construir desde el aula y la escuela un nuevo modelo educativo autónomo con planes y programas elaborados por los propios maestros. Bajo la consigna: ¡No nos han derrotado!, miles de profesores marcharon por las calles de la capital de la ciudad de México en la manifestación más nutrida de cuantas habían ocurrido en el transcurso de su movimiento, apenas tres días después la sanción legislativa; las manifestaciones magisteriales también se hicieron presentes en las capitales de veintidós estados del país. Así han iniciado la primera batalla de la nueva etapa de su lucha. Igualmente, han planteado que la lucha magisterial ha entrado en una fase de movilización y organización que deberá avanzar hacia la convergencia con otros movimientos sociales y políticos que, igualmente, están en pie de lucha en contra de las reformas que pretenden privatizar los bienes y el patrimonio de la nación. En especial, frente al anunciado proyecto gubernamental de entregar la industria petrolera al capital trasnacional.

La batalla que hoy libran los maestros no es sólo por la defensa de sus derechos laborales, sino además para derrotar el añejo proyecto de “despoblar” la escuela pública del profesorado que ha resistido las regresiones y embates privatizadores a la educación. Desmantelar y eliminar gradualmente la histórica presencia de un actor social permanentemente movilizado por la preservación de la educación como derecho esencial del pueblo mexicano, es el proyecto estratégico de la reforma educativa. Sin embargo, los maestros dirán la última palabra sobre la continuidad y resistencia su movimiento, y del futuro de la educación pública.

Bibliografía

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Movimiento estudiantil y elecciones en Chile

Carlos Ignacio Azócar Ortiz

Licenciado en Sociología por la Universidad de Chile. Estudiante de maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM.

Resumen

El modelo económico neoliberal implantado desde la dictadura chilena implicó serias modificaciones estructurales en el funcionamiento del Estado y su relación con las elites financieras y empresariales. La educación chilena no estuvo exenta de estas transformaciones; valores culturales propios del nuevo modelo económico como la competencia y el consumo facilitaron la concepción de la educación como un servicio sujeto al lucro y la ganancia. El movimiento estudiantil chileno, que ha cobrado mayor fuerza desde 2011 es analizado por Carlos Azócar como la voz de una generación proveniente de la crisis hegemónica del neoliberalismo. Frente a procesos electorales, vaivenes de la Concertación y al lado de figuras de la política nacional como Michelle Bachelet, el movimiento estudiantil muestra sus convergencias, divisiones y reflujos, pero también sus modos de concebir no sólo la educación sino también la política.

Abstract

The neoliberal economic model introduced since the Chilean dictatorship resulted in serious structural modifications in the State’s functioning and its relationship with the financial and corporate elites. Chilean education was not exempt of these transformations; cultural values befitting the new economic model such as competition and consumption facilitated the conception of education as a service subjected to profit and gain. The Chilean student movement, which has gained strength since 2011, is analyzed by Carlos Azócar as the voice of a generation that resulted from the hegemonic crisis of neoliberalism. Facing electoral processes, the ups and downs of the Concertación and next to political figures such as Michelle Bachelet, the student movement shows their convergences, divisions and recessions but also their ways of conceiving not only education but politics as well.

Palabras clave

Movimiento estudiantil chileno, Elecciones chilenas 2013, Michelle Bachelet, Camila Vallejo.

Key words

Chilean student movement, Chilean 2013 elections, Michelle Bachelet, Camila Vallejo.

Introducción

La denominada “primavera chilena” fue una sorpresa mayúscula en el escenario político del país que, en múltiples ocasiones, ha sido identificado como el laboratorio del modelo neoliberal. Aquel en donde los más grandes cambios al modelo de sustitución de importaciones dieron un perfilamiento de ejemplo y orgullo por parte de una clase política, que durante 20 años consolidó y legitimó el modelo de sociedad impuesto por la dictadura militar.

Esta condición política de represión, persecución, tortura y desaparición de toda disidencia fue aquello que permitió la instauración de las “reformas estructurales” y del nuevo modelo de sociedad neoliberal, que en general fueron implementadas en tiempos de democracia en el resto del continente generando múltiples resistencias por parte de actores sociales organizados. El escenario represivo en Chile, en cambio, dio la oportunidad de que se aplicaran una serie de “recetas” por parte de un flamante grupo de egresados de la escuela de economía de la Universidad de Chicago. Los denominados “Chicago boys” liderados por el economista neoliberal Milton Friedman, asesoraron a la junta militar para que implementara una serie de medidas que, en términos concretos y definitivos, adquirieron un carácter refundacional de la sociedad chilena. De ahí que sea tan importante, a cuarenta años del golpe militar al gobierno legítimo de Salvador Allende, la consideración de la dictadura militar chilena tanto en su cariz represivo como en los términos proactivos de la nueva sociedad que se estaba proyectando. Un nuevo modelo de sociedad que justamente niega la existencia o relevancia de la misma (Harvey, 2007; Ruiz, 2003).

La reducción del Estado a su mínima expresión, con la consecuente privatización de empresas públicas, se acompañó de una apertura a la economía global y la desregulación de la mayor cantidad de mercados posibles. Más aún: en aquellos espacios o esferas en los que no existían mercados, estos se trataron de generar con el incentivo de la inversión privada y la instauración de la lógica de la oferta y la demanda, como el mecanismo de mejor distribución de los recursos en estos espacios.

Modelo de sociedad, modelo educativo

Este fue el caso específico de la educación en todos sus niveles: se redujo la oferta pública y se incentivó la generación de un mercado por medio de la inclusión en el sistema de agentes privados, que supuestamente dinamizarían y aumentarían la competitividad y calidad de lo que comenzó a considerarse, desde ese momento en adelante, como un servicio y una inversión dejando atrás la concepción de la educación como un derecho (Sosa, 2012).

La reducción y pauperización de la oferta pública se tradujo, a nivel de la educación superior, en el desmembramiento de instituciones con carácter nacional, específicamente de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, además de la reducción constante del presupuesto a las instituciones que recibían recursos del Estado. Como contraparte, se permitió e incentivó la creación e ingreso al sistema de instituciones privadas que emergieron profusamente durante la década del ochenta y comienzos de los noventa. Éstas, cumpliendo la lógica intrínseca del sistema, tuvieron una impresionante mortandad que dejó a muchos estudiantes con títulos de instituciones que desaparecieron al poco tiempo de haberse inaugurado (Brunner, 2005; SIES, 2010).

En relación a la educación básica y media, el modelo implementado fue inspirado de forma directa en los planteamientos de Friedman que establecían que el Estado debía de proveer los medios para la formación básica, lo cual no significa que deba proveerlos de forma directa. En este sentido, se plantean dos medidas tendientes a la eliminación del monopolio del Estado sobre la educación básica: por un lado la descentralización y por otro la generación de vales educativos. Ambas políticas fueron establecidas en Chile y se tradujeron en la municipalización de la educación y la irrupción de los colegios particulares subvencionados, los cuales lograron, a mediados de la década pasada, superar el porcentaje de estudiantes que estaban inscritos en la educación pública. Estos colegios son financiados por recursos públicos pero administrados por privados, y tienen una amplia libertad de escoger no sólo los contenidos a enseñar sino también a los alumnos que pueden estudiar en esos establecimientos (Vasquez, 2012; Friedman, 1966).

Tal como se mencionaba anteriormente, la lógica que inspira ambos subsistemas educativos es la de la competencia y por tanto, desde su concepción, no sólo es normal sino deseable que establecimientos que no son competitivos cierren sus puertas y sean considerados como ineficientes. De este modo, los consumidores de la educación serían aquellos que determinan cuáles son las instituciones que mejor se adecúan a sus intereses y preferencias. Para lograr que esta dinámica se realice de mejor forma, se adoptan los sistemas de medición estandarizados que se encargarían de entregar, de forma periódica, la información sobre cómo se estaría desarrollando la competencia a nivel interinstitucional.

Específicamente en Chile, el SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) es el órgano encargado de cumplir dicha función. Una vez obtenidos los resultados por parte de la prensa y las propias autoridades se hacía -y haceuna constante y altiva publicidad de los magros resultados que, de manera sostenida, tenía la educación pública. De esta forma no sólo se condenaba lo público, sino que se estigmatizaban aquellos colegios que eran mal evaluados. Sin embargo, en los resultados entregados de forma general lo que se ocultaba, y se sigue ocultando, era que estos mismos resultados dependen de forma directa del nivel socioeconómico de las escuelas. Comprobándose, incluso, que las instituciones públicas en los sectores menos favorecidos tenían mejores resultados que las privadas, aun cuando las primeras no podían seleccionar a sus estudiantes (Redondo, 2000; Mayol et al, 2012).

Del Chile profundo al nuevo Chile. Los cambios culturales y la generación de la hegemonía neoliberal

Además de los cambios ocurridos a nivel estructural, la sociedad, en términos culturales, también vivió un profundo cambio, el cual permitió e impulsó, legitimando, la instauración del modelo neoliberal. Este cambio, al igual que los producidos a nivel macroeconómico e institucional, se vinculó a dos procesos. Por un lado, el de la destrucción de un cuerpo de valores, y por el otro, la instauración de una nueva forma de ver y comprender el mundo. De forma escueta se puede plantear que, de una cultura agraria con fuertes valores republicanos, de austeridad y moralización de la vida económica, se pasó a un tipo de cultura fuertemente despolitizada, en la que el dinero, el consumo y el derroche no sólo ya no fueron temas tabú, sino que además se transformaron en el sentido general de la vida del Chile posdictatorial. La instauración de la lógica empresarial, emprendedora y competitiva, predominante en la confección de las políticas públicas, se hizo carne en un correlato de la vida en común de los chilenos. Hablar de dinero ya no era mal visto sino que era una virtud. La actitud comenzó a ser entonces el quid del ascenso social, siendo finalmente los pobres unos seres condenados por su propia responsabilidad y flojera (Azócar et al, 2013; Mayol, 2012).

La extensa y profusa identificación con la clase media, a la cual pertenece ideológicamente el 80% de los chilenos, es una de las señales inequívocas de que el sistema neoliberal había logrado instalarse como el nuevo sentido común; entendido este como buen sentido, y a su vez en términos de una identificación que se fundamenta no en una condición material específica sino más bien en una aspiración, en la espera de un movimiento, en la esperanza de una movilidad social ascendente. Todo lo cual, a su vez, se plasma en la transvaloración de la idea de igualdad de oportunidades para poder ascender (Mayol, 2010; Azócar, 2012).

En todo ello, sin duda alguna, la educación cumple un rol fundamental, pues uno de los legítimos caminos para ascender en la escala social era justamente el del estudio y el esfuerzo académico. Sin embargo, en ese mismo giro, el sentido mismo de la educación se vio trastocado y reducido a su funcionalidad económica. De ahí que la educación pueda ser concebida y tratada durante mucho tiempo en términos de una “inversión”, tal como lo planteaba Friedman y los organismos internacionales que promovían la implantación, profundización y extensión de las reformas educativas en toda América Latina (Sosa, 2012; Azócar, 2012).

Sin embargo, el propio sistema de asignación de recompensas (es decir, el sistema educativo reducido a su función distributiva), al estar mediado y operado desde la lógica de la competencia, mostró prontamente su ineficiencia y entró en crisis al endeudar a miles e incluso millones de familias que hipotecaban por años, junto con sus hijos, su cada vez más precarizada economía persiguiendo el sueño del “futuro profesional”. De este modo, el sistema no sólo fracasó en términos de mejorar la calidad del sistema educativo en general, sino que además profundizó las brechas sociales situando a Chile como uno de los países más desiguales del mundo. Y es que el sistema no sólo estaba diseñado para la reproducción de las clases sociales, sino que en su seno se incubaba la ampliación de las desigualdades entre ellas.

El movimiento estudiantil, la confluencia, el actor y las protestas

De todo lo anterior, fue finalmente de lo que el movimiento estudiantil chileno se hizo vocero. Y desde las entrañas del mismo sistema educacional no sólo alzó la voz con respecto a un problema que le afectaba como grupo particular de la sociedad, sino que logró hacer de esa demanda un sentir universal de toda una población que veía resquebrajadas aquellas promesas de una “alegría venidera”[1]. Los niveles de apoyo brindados por la ciudadanía (plasmados en múltiples encuestas de opinión que nunca le han dado menos de un 70% de aprobación[2]), confirman la capacidad de este movimiento de encausar un malestar creciente y que apuntaba al centro de un modelo de sociedad que buscaba mercantilizar toda esfera posible.

Las protestas incluyeron un amplio repertorio de acciones, desde las tradicionales marchas callejeras hasta los denominados “flash-mobs”, pasando también por la toma de las instituciones educativas y otras dependencias, como las sedes de algunos partidos políticos. En este sentido, los estudiantes hicieron gala de una gran creatividad que les permitió tener visibilidad en los medios de comunicación a pesar, incluso, del cerco mediático y la concentración de dichos medios por parte de los grupos económicos. De esta forma, desde el mes de mayo de 2011, las protestas comenzaron a aumentar no sólo en su frecuencia sino en su masividad.

Incluso los mismos periódicos conservadores, en específico El Mercurio, daban cuenta de un alza en el número de asistentes a las manifestaciones callejeras, las cuales tuvieron un récord de asistencia el día 30 de junio, cuando se contaron alrededor de 150 mil manifestantes en Santiago y 400 mil a lo largo de todo el país. Y frente a un gobierno muy poco hábil como el de Sebastián Piñera, los estudiantes lograron que tres ministros de educación fueran removidos de su cargo y que incluso tuviera lugar la acusación constitucional que cayó sobre el “experto” Harald Beyer.

Las demandas en este sentido fueron evolucionando. Comenzando con una serie de peticiones marcadas por cierto corporativismo (enfocado en la petición de un mejor funcionamiento del sistema de becas), para luego extenderse a un aumento en el aporte estatal a las instituciones públicas, la democratización de las instituciones de educación superior y una mayor equidad en el ingreso al sistema de educación superior. Finalmente se instalaron como consignas el “no al lucro” y por la “gratuidad” y, tras ellas, no sólo se posicionaron estudiantes secundarios y universitarios sino también el Colegio de Profesores, que participó de forma activa en las manifestaciones. De este modo confluían, en un mismo punto y momento histórico, actores del sistema educativo que, en general, habían tenido un actuar paralelo.

En este mismo sentido, las organizaciones estudiantiles comenzaron a organizar una serie de instancias de reflexión en las que se iban perfilando nuevas formas de hacer política, que rechazaban las lógicas partidistas y buscaban evitar cometer los mismos errores del pasado, específicamente los de la movilización de estudiantes secundarios del 2006 que terminó con la derogación de la Ley Orgánica Constitucional, pero que dejó en cambio a la Ley General de Educación, la cual no modificó en lo sustantivo la situación de la educación en Chile.

Es por ello que, durante el 2011, los estudiantes pudieron instalarse de forma rotunda en el escenario político chileno con una inusitada fuerza, lo cual no sólo se ve reflejado en los niveles de apoyo alcanzado sino en la capacidad de poder ir instalando una serie de temas en la discusión del espacio público. Lo que se logra es de algún modo la generación de una crisis hegemónica del neoliberalismo, una crisis del sentido común que se había instalado como una verdad y “buen sentido”. Aun cuando podría afirmarse que parten de un argumento liberal, como lo es el aumento de la igualdad de oportunidades, los planteamientos de los estudiantes permitieron abordar una serie de problemáticas que cobraron una gravedad que no tenían anteriormente. Temas como la discriminación contra las empleadas domésticas, el abuso por parte de las grandes corporaciones, la colusión de las farmacias; se instalaron en las discusiones públicas, pero además se comenzaron a tratar una serie de problemáticas vinculadas con el modelo de sociedad en su conjunto. Esta capacidad de ir conectando los temas propios de la educación con la forma general en la cual se estructuró la sociedad chilena, permitió a los estudiantes chilenos situarse como uno de los movimientos más importantes de la segunda república chilena (Mayol, 2012; Azócar, 2012).

Los vaivenes y divisiones del movimiento

Lo anterior se generó a pesar de los vaivenes que, en el segundo semestre del 2011, sufrió el movimiento, tanto en términos internos como en relación al escenario político. Respecto a esto último, un suceso trágico marcó un viraje en el terreno de la opinión pública: la muerte en un accidente aéreo de uno de lo más carismáticos presentadores de la televisión fue una noticia que acaparó por semanas y meses la atención de los medios, cuestión que además fue aprovechada por el gobierno para poder desviar el foco de la atención pública del movimiento estudiantil, mismo que, frente a la convocatoria a una marcha programada pocos días después del accidente, tuvo un actuar errante y dividido, síntoma inequívoco de las otras problemáticas que experimentaba a nivel interno (Mayol et al, 2012).

Dichos problemas comenzaron por la generación de ciertos roces y divisiones que se vincularon, en primer término, con la diferenciación entre las propuestas de las organizaciones de los secundarios y universitarios. En un segundo término, entre los mismos estudiantes de la enseñanza superior se comenzó a gestar la división entre “moderados y ultras”, cuestión que además se correspondía con una división geográfica entre las federaciones de las universidades del centro del país y las regionales. De modo general, estas divisiones se plantearon en función de las distintas opciones tomadas con respecto a la institucionalidad política y también a la forma misma que adquiría el ejercicio de esta actividad.

En este sentido, si bien de modo general, existió por parte de los estudiantes un ejercicio profundo de la actividad democrática, asamblearia y de acción directa, expresada en la participación en manifestaciones, tomas y otros acciones de protesta. Las aguas se partían en términos de la organicidad existente en cada uno de los niveles. Los estudiantes secundarios mantuvieron siempre en las dos organizaciones que los agrupaban -la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES)-, el sistema de “voceros” que, valga la redundancia, eran la voz de una asamblea que podía decidir la revocación de la responsabilidad depositada en estas figuras, evitando de este modo la generación de liderazgos personalistas. Por el contrario, los estudiantes universitarios se han organizado históricamente a través de las federaciones de estudiantes y a su vez en una confederación, la CONFECH, que es finalmente la encargada de articular las distintas propuestas e iniciativas emanadas desde las bases y en donde, efectivamente, los líderes emergen de manera mucho más visible.

Dicha división interior no sólo se comenzó a hacer identificable en términos del funcionamiento del movimiento, especialmente en la segunda mitad del 2011, sino que fue crucial para la definición que adoptaron estos grupos al año siguiente frente a las elecciones municipales y el nuevo escenario estratégico que estas representaban. Las opciones a nivel de la organización de la lucha en ese escenario, alternativas frente a la elección de representantes, fueron variadas. Por un lado, los secundarios mantuvieron su opción de autonomía en términos de sus organizaciones y formas de funcionamiento y estrategia de lucha, llamando no sólo a mantenerse al margen, sino a boicotear las elecciones a través de la campaña “yo no presto el voto” -la cual hacia directa alusión al rechazo de acceder a un abuso de índole sexual-, que condensaba muy explícitamente el rechazo de parte de este sector de los estudiantes no sólo a la clase política gobernante en el país sino a los mecanismos de representación que se consagraban por medio de las elecciones (Azócar, 2012).

Por otro lado, las posiciones de los universitarios fueron variadas y variables en el tiempo. Sin embargo, podríamos decir que, en una primera instancia, se remarcaron las diferencias entre aquellos líderes que pertenecían a ciertas organizaciones políticas históricas, específicamente a las Juventudes Comunistas, y aquellos que estaban por una estrategia nominal y práctica mucho más autónoma. Entre los primeros, la figura de Camilo Ballesteros y Camila Vallejo eran las más altisonantes; y en términos factuales, las diferencias con otro grupo se concretaron en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en las cuales la figura comunista terminó perdiendo la presidencia en favor del representante de la Izquierda Autónoma, Gabriel Boric.

Sin embargo la situación más decisiva en ese momento fue la presentación de Camilio Ballesteros como candidato a la alcaldía de una de las más populosas comunas de la capital, donde se gestó además una alianza con la Concertación al omitir en esta comuna la presentación de un candidato. Esto respondía a un pacto electoral que involucraba seis comunas en las cuales esta práctica fue replicada.

Una posición intermedia fue la que en ese entonces tomó el ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, quien formó la organización política denominada “Revolución Democrática”, en la que se declaraba que “nuestra generación no entiende la democracia sólo como ese momento en donde cada cuatro años asistimos a las urnas para expresar nuestra opción por uno u otro candidato predesignado por una coalición de partidos. Esa definición de democracia nos queda chica”3. Desde este posicionamiento, de todos modos se apoyó a la denominada candidata ciudadana -Josefina Errazuríz-, la cual finalmente logró derrotar a uno de los personajes más representativos de la dictadura militar, agente de los organismos de inteligencia de esta última y coronel en retiro, Cristían Labbe.

El citado personaje pinochetista protagonizó, además, una muy fuerte polémica por la expulsión de los liceos de su comuna de algunos estudiantes que participaron en las movilizaciones del año anterior, medida que finalmente fue revocada por los tribunales de justicia, pero que representó la nueva estrategia del gobierno, que fue la criminalización de la protesta social, negando los permisos para las marchas (mismas que se redujeron en su masividad e impacto). Aun así, el apoyo que tuvieron las demandas de los estudiantes se mantuvo durante todo ese año de forma intacta tal como se puede observar en la siguiente gráfica:

Los estudiantes y las elecciones presidenciales 2013

El escenario electoral de 2013, de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales, abrió múltiples posibilidades para el movimiento estudiantil chileno. Varias fueron las apuestas y varios los virajes en las posiciones que los distintos grupos han tomado con respecto a este ejercicio democrático y en relación a los distintos actores políticos que entran en este juego. El espectro de opciones cubre desde el rechazo total al “circo electoral” (opción representada por los estudiantes secundarios), hasta la incorporación directa a la “Nueva Mayoría” (opción tomada

por las juventudes comunistas y los ex dirigentes emblemáticos del movimiento), siendo el viraje y el posicionamiento más notable el dado por la carismática Camila Vallejo.

Como un límite que reúne la temporalidad de la política y lo político, las elecciones marcaron el ritmo de las facciones del movimiento de los estudiantes no sólo al hacer cada vez más urgentes las decisiones en torno a las potencialidades del proceso electoral, sino en relación a la obsolescencia del sistema institucional heredado de la dictadura. En este último punto, las posiciones son más bien convergentes en el discurso, mas en la práctica política en torno a dicha institucionalidad se ha dado paso a la opción de criticar un sistema electoral hecho a la medida del denominado “duopolio” concertacionista-aliancista; pero de participar en este ya sea de forma independiente -como es el caso del colectivo de estudiantes autónomos, de la colectividad de Giorgio Jackson, Revolución Democrática-, o bien en subordinación o alianza con las colectividades políticas ya existentes, como es el caso de los propios ex dirigentes comunistas.

En este sentido, la opción es muy propia del partido comunista chileno, que en términos históricos se ha mantenido siempre como un partido que no sólo respeta la institucionalidad, sino que también ha sido tendiente a generar alianzas con los distintos sectores de la izquierda. Sin embargo, el caso específico de Camila Vallejo generó una serie de resquemores, pues algo se estaba vulnerando en la conformación de la imagen de una luchadora social ejemplar. Una muy sentida carta abierta condensó ese sentir que se resumía en un tanto de decepción y otro poco de rabia y tristeza, pues no únicamente estaba pactando con el “enemigo” declarado en múltiples ocasiones sino que, además, se hacía un vivo alarde de ello al fotografiarse con la ex presidenta. La misma señora de cabellos oxigenados que en 2006 con los pingüinos había hecho gala de la más hábil capacidad de resolución excluyente del sistema político en la segunda república. Inclusión simbólica; exclusión política y programática.

Sin embargo, la aparición de la democracia chilena en una misma foto posee una historia que es previa y que se vincula justamente con la maternidad, el sufrimiento y su procesamiento.

La vuelta de la reina en el exilio

Al arribar Michele Bachelet a Chile en el mes de marzo del 2013, no fueron pocas las insistentes preguntas en torno a la agenda programática que en ese momento había instalado de forma ineludible el movimiento estudiantil chileno. La visión entregada a regañadientes por la figura concertacionista era tremendamente conservadora en términos políticos. Se rechazaba la fórmula de la gratuidad de la educación con una notable respuesta que hacía hincapié en su posición en la estructura familiar y social. En su condición de madre, pero también de privilegiada, Bachelet declaró: “mi opinión personal es que no encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla. Pero creo que hay muchos chilenos que no pueden pagar y tienen que endeudarse y vivir con incertidumbre y hasta miserias”[3].

Se comenzó a instalar desde las propias filas de la concertación la idea de que la educación gratuita universal era regresiva y que beneficiaba a los estudiantes con más ingresos, argumento constantemente utilizado por parte de la derecha y el gobierno para negarse a las demandas de los estudiantes. Días después de esas declaraciones, se dio a conocer que Camila Vallejo[4] estaba embarazada. En ese momento, Vallejo se posicionaba como una figura que podía reunir múltiples atributos que fueron propios de Bachelet y de los cuales podía hacer un uso político de gran potencialidad. Su nueva condición de madre le otorgaba no sólo la posibilidad de acercarse aún más a la ciudadanía, sino que le confería un manto de protección con respecto a su actuar en las calles, en las manifestaciones y en términos de su candidatura como diputada.

Por su lado, los estudiantes secundarios realizaron la toma de colegios que luego serían ocupados como centros de votación para las elecciones primarias que las dos coaliciones iban a ocupar para definir a sus candidatos presidenciales y algunos para el parlamento. Todo lo cual generó un nuevo foco de conflicto al interior del movimiento puesto que, en el momento en que los estudiantes se negaban a desalojar los establecimientos, algunos ex dirigentes estudiantiles estaban negociando su cupo en las distintas circunscripciones al interior de la recién formada alianza sucesora de la concertación, denominada “Nueva Mayoría”.

Cabe mencionar que debido al ordenamiento institucional heredado de la dictadura, las elecciones parlamentarias se rigen por el denominado sistema binominal. Este sistema, ideado por Jaime Guzmán, principal redactor de la constitución política de Chile y fundador del partido gremialista y ultra conservador Unión Demócrata Independiente, consagra el principio de la estabilidad política por sobre el de la representación de las minorías. La idea fundamental es la de poder generar dos grandes partidos, uno de oposición y el otro de gobierno, de modo tal que las opciones más extremas o minoritarias no estén necesariamente representadas dentro del congreso, viéndose obligadas a integrarse a alguno de los dos conglomerados o partidos mayoritarios (Von Baen, 2007).

Dichos objetivos buscaron conseguirse por medio de la forzosa elección de un representante de cada alternativa y se consagró a través de la modificación de la ley orgánica constitucional, ley 18700 por la ley 18799 el 26 de mayo de 1989, declarándose que:

En caso de elecciones de parlamentarios, el Tribunal proclamará elegidos Senadores o Diputados a los dos candidatos de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de sufragios y tuviere un total de votos que excediere el doble de los que alcanzare la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios. Si alguna lista obtuviere los dos cargos, elegirá un cargo cada una de las listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales de lista o nómina, debiendo el Tribunal proclamar elegidos Senadores o Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías (Ley 17899)[5].

Por estas condiciones, resultan tremendamente relevantes las negociaciones que se realizan entre los distintos partidos y conglomerados, y el cálculo electoral en función de las posibilidades de doblar el número de votos del pacto contrario, para poder obtener los dos cupos dispuestos por circunscripción. Una de las opciones tomadas en elecciones anteriores fue la del pacto por omisión a través del cual se opta por no presentar un candidato por parte del conglomerado mayor, en favor del candidato del partido minoritario.

No obstante en el caso particular del escenario del año 2013 además de esta estrategia se optó por generar una nueva alianza electoral de la que el Partido Comunista forma parte. En dicha alianza se tomó, además del mencionado pacto por omisión, la apuesta por presentar a dos candidatos con la expectativa de poder doblar la votación de los candidatos de la derecha. Esta situación aconteció con las candidaturas de Camila Vallejo y Camilo Ballesteros en las que ambos concurrirán a las elecciones acompañados de otro candidato de la Nueva Mayoría. Situación distinta es la de Karol Cariola, quien como secretaria general de las Juventudes Comunistas y ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), concurrió a las elecciones primarias que realizó la Nueva Alianza en el distrito 19, donde finalmente salió vencedora.

Dicho ejercicio electoral se ha planteado como uno de los mecanismos para aumentar la competitividad política dentro de los conglomerados. Sin embargo, se circunscribe a los límites que tiene el conglomerado como tal. En esa misma instancia (la de las elecciones primarias), fue donde finalmente se consagró la candidatura de Michele Bachelet, que disputó con otros tres candidatos: el demócrata cristiano Claudio Orrego; el representante del Partido Radical, José Antonio Gomez; y el independiente y ex ministro de hacienda de la propia Bachelet, Andrés Velasco. Los resultados[6] fueron abrumadores para estos competidores, pues la ex presidenta se impuso por un 73% de los votos seguida por un escueto 13,1% del candidato independiente. Otra cuestión sorprendente fue el número de votantes que concurrieron a las urnas, los cuales sumaron 2.139.472 votantes, de los cuales un millón y medio expresó su apoyo a Bachelet.

Se pueden elucubrar múltiples interpretaciones con respecto a la popularidad de Bachelet, entre las cuales cabe plantearse que efectivamente en ella se reúnen una serie de atributos que la hacen un líder que está por sobre los partidos políticos y muy cercana a la ciudadanía. Su capacidad de representar el dolor encarnado, por haber sido torturada y ser madre soltera, serían, para el sociólogo Alberto Mayol, algunas de las claves que explicarían la capacidad de obtener tal nivel de apoyo. En sus palabras “ella representa nuestro dolor, pero además es doctora, ella sana del dolor [...] tiene una etapa superior, donde ella llega y ‘desde el amor’ perdona y puede mandar ‘vengarse’ de quienes le hicieron todo eso ‘mandándolos’, siendo ministra de Defensa” (El Mostrador, 1 de julio).

Otra visión plantea que la ex presidente no sólo representa una figura por sobre las riñas políticas coyunturales, sino que este posicionamiento se expresa en una práctica política en donde ella actúa como presidente más no como candidata, demostrando y actuando por encima de aquellos que quieren ensuciar su imagen. En este sentido, su posicionamiento estaría siendo ideado estratégicamente y “resulta evidente que el diseño busca trazar un abismo entre ella y sus competidores, tanto los de la Concertación como los demás. La idea es resaltar a Bachelet como una líder a otro nivel” (El Mostrador, 16 de abril).

Sin duda, ambas interpretaciones tienen algo de cierto. No obstante, debe atenderse además a la ineptitud y conflictividad que han tenido los sectores políticos en la definición de sus candidatos, en tanto la derecha, en sólo 6 meses de campaña electoral, ha tenido 4 candidatos. El primero de ellos, bajado por la UDI al vincularle con irregularidades durante su desempeño como gerente general de una de las cadenas de supermercados más importantes del país; el otro derrotado por un estrecho margen en las elecciones primarias; y finalmente el propio vencedor, Pablo Longueira, que terminó renunciando a su candidatura producto de una depresión severa, para dar paso a una muy impopular candidata, como es Evelyn Matthei, hija, al igual que Bachelet de un general de la Fuerza Áerea[7].

Otro factor muy importante a considerar es el apoyo que los grupos económicos han otorgado a la candidatura de Bachelet, mismo que brindaron a gran parte de la concertación durante sus gobiernos (El Mostrador, 9 de agosto). El sector específico que ha manifestado abiertamente su apoyo, ha sido el de la burguesía financiera que, de algún modo, nuevamente apuesta por el liderazgo y manejo del país a un sector político que ha demostrado ser mucho más hábil en el manejo de las crisis de legitimidad provocadas por movimientos sociales, tal como sucedió en el ya referido movimiento del 2006.

La propia Bachelet, por otro lado, se ha visto muy dispuesta a poder avanzar en conversaciones con múltiples sectores, y de alguna manera, la incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría representa una de sus estrategias. La otra ha sido la posibilidad de tranquilizar al sector empresarial. En una entrevista brindada a la revista Capital planteó que

[...] si la pregunta es si yo soy una amenaza para que el país se siga desarrollando, ya he dicho que el peligro es no darse cuenta que no hay sostenibilidad política ni económica si es que no enfrentamos la desigualdad. La propuesta que represento es una donde podamos sumar a las grandes mayorías, y que permite sostenibilidad, gobernabilidad y paz social (Capital, 14 de junio).

En este sentido, la igualdad es vista como un medio para la consecución de otros valores y fines, ante todo, aquellos vinculados con la estabilidad política que de alguna manera fueron vulnerados por la mala gestión de los conflictos de la cual hizo gala el gobierno del empresario Sebastián Piñera, que de alguna manera demostró la imposibilidad que tuvo la derecha política de actuar con una lógica diferente a la predominante en el mundo empresarial.

Ahora bien, en este escenario de dominio de la escena por parte de la figura concertacionista, el apoyo brindado por parte de Vallejo y las juventudes comunistas es comprensible desde el plano de los cálculos electorales y programáticos que la colectividad comunista habrá tenido en cuenta. Pero, en términos simbólicos es también bastante potente observar la unión de dos de las figuras más importantes de la política chilena del último tiempo. Una fotografía en la que se muestra a los miembros de las juventudes comunistas no sólo causó revuelo en términos mediáticos sino que, además, fue tremendamente controvertida dentro del movimiento estudiantil, en donde primó la visión de dicha alianza como una traición y una muestra de inconsecuencia por parte de los ex dirigentes comunistas.

A dicho apoyo se le sumó otro posicionamiento que, si bien no fue explícito, ha rondado por el camino de una serie de implícitos que se han traducido en un

acuerdo por omisión en la candidatura de Giorgio Jackson, quien finalmente ha de postularse a diputado sin la presencia de candidatos de la Nueva Mayoría en el distrito de Santiago Centro. Las señales fueron más bien cruzadas y se resumieron en las declaraciones realizadas por parte de Jackson, quien primero planteó: “no me pierdo, apoyo a Bachelet” (El Mostrador, 14 agosto); y después, en su respuesta a la pregunta sobre su eventual apoyo como votante a Bachelet en primera vuelta, declaró que el “voto es secreto”[8]

De alguna manera, este acercamiento determinó que finalmente los estudiantes autónomos hayan tenido, dentro de la postura de participación en el ejercicio electoral, la postura más consecuente en tanto que, finalmente, han levantado tres candidaturas10 manteniéndose alejados de los conglomerados tradicionales, especialmente de la Nueva Mayoría. Sin embargo, estos candidatos tampoco han generado una condena abierta a las posiciones de los otros ex dirgentes comunistas como sí lo han planteado reiteradamente los estudiantes secundarios, que además hicieron nuevamente un llamado a no participar en las elecciones a través de la campaña “yo no voto por este sistema”. En este sentido, la propuesta de los estudiantes secundarios ha sido la de generar una nueva ola de protestas y acciones de organización durante el segundo semestre de 2013, que incluyen tocatas, carnavales donde participarán universitarios, trabajadores y todos los sectores que se quieran unir (La Nación, 29 de julio). Dicha postura ha sido criticada por parte de los candidatos autodenominados ciudadanos y por parte, incluso, de uno de los ex dirigentes de la FECH, Gabriel Boric, quien planteó que era necesario un cambio en la función que los estudiantes habían tenido hasta ahora.

A modo de conclusión: las posibilidades y realidades del nuevo escenario sociopolítico chileno

En una segunda y más madura fase del movimiento estudiantil, los planteamientos en torno a la necesidad de generar una nueva institucionalidad política son una demanda que ha hecho eco entre todas las facciones en las que el movimiento se ha proyectado. Esta necesidad de una nueva relación sociopolítica ya había sido adelantada a través de la práctica que los estudiantes han experimentado a lo largo de los tres años de historia que tiene el movimiento. Y es justamente frente al escenario electoral donde esta demanda vive su prueba más profunda. Es frente a las alternativas electorales que presenta tanto la vieja concertación renovada como las candidaturas independientes en donde se juegan gran parte de las cartas de los estudiantes. En esa jugada se han dispersado, y se han tomado diversas opciones que fueron manifiestas ya en la elección municipal de noviembre de 2012. Pero en la nueva contienda presidencial, las alternativas que giran en torno a la institucionalidad se han esclarecido en sus posturas.

Si bien la postura de los estudiantes secundarios ha representado una opción inmensamente respetable, es considerable el hecho de que -en lo concretoes necesario que aumente su relación orgánica con el resto de la ciudadanía. Y en ese sentido, el camino para generar alguna alternativa también pasa por las posibilidades de generar alianzas con organizaciones ya formadas, y propiciar la formación de nuevas.

Ahora bien, incluso en términos prácticos se debe considerar la necesidad de generar nuevos referentes y propiciar la recuperación de ciertos recursos estatales, y para ello se hace imprescindible el acercamiento a la institucionalidad política. Sin duda esta será una tarea de largo aliento, en la cual se deberá superar la visión maniquea de los distintos actores políticos. En ese sentido, la organización de opciones pasa por un proceso necesariamente tendiente a la unidad y a la generación de propuestas y no a la división, como ha sido hasta ahora. Es sorprendente que a la izquierda de Bachelet se postulen tres o cuatro candidatos presidenciales y que ninguno de estos tenga una vinculación directa con el movimento estudiantil.

De modo tal, la relación de seudo adopción de Camila Vallejo y Giorgio Jackson por parte de la figura de Bachelet demuestra en parte la debilidad de los estudiantes para generar alternativas de unidad y autonomía. Por otro lado, pero en ningún caso de forma contradictoria, existe la necesidad creciente de que los estudiantes salgan del ámbito puramente institucional para poder generar aquellas vinculaciones con la ciudadanía de forma más armónica y constante. De alguna manera se han tomado opciones que, en realidad, no necesariamente son contrapuestas; y de algún modo en el nuevo escenario, en que lo más seguro es que la candidata de la Nueva Alianza puede ser elegida en primera vuelta, los estudiantes habrán de ampliar nuevamente sus horizontes de acción y de lucha, pero ya no sólo instalando y marcando la agenda del gobierno en turno, sino que además incubando un cambio profundo en la sociedad del futuro.

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1. La referencia es al eslogan de la Concertación de Partidos por la Democracia en el plebiscito de 1988 que rezaba: "Chile, la alegría ya viene".↵

2. Según datos de la Encuesta Cooperativa Imaginacción y Universidad Central.↵

3. Véase la nota completa de El Mostrador (Chile) 2013, 8 de abril, en: <www.elmostrador.cl/pais>.↵

4. 5. La nota completa en el portal Cooperativa (Chile) 2013, 12 de abril: .↵

5. Disponible en el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional (Chile), en: .↵

6. Los resultados pueden consultarse en: <http://www.eleccionservel.cl>.↵

7. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos a la candidata de la derecha sólo se le otorgaba un 12% de intención de voto, mientras que Bachelet obtuvo un 42%. Resultados disponibles en: .↵

8. Véase el canal deTerraTV2013, 29 de agosto. En: .↵

De crisis y estallidos. Movimientos sociales, política y antagonismo en tiempos de presión extractiva

Anahí Durand Guevara

Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen

El presente artículo expone la implementación de los mecanismos del neoliberalismo en Perú, como lo es la acumulación por desposesión, y los resultados que de ésta se desencadenan: una década comenzada con altos niveles del PIB, conflictos y movilizaciones socio-ambientales y alianzas con ciertos sectores políticos como el nacionalismo. La autora describe la formación de grupos antagónicos que pretenden aumentar su injerencia política a través de una vinculación con Gana Perú, liderado por el Partido Nacionalista y su respectivo candidato a la presidencia, Ollanta Humala. Una vez ganadas las elecciones, en menos de seis meses dicha relación es disuelta en tanto que las necesidades y demandas por parte de los movimientos socio-ambientales se vieron difícilmente satisfechas. Con la ruptura de la débil relación política y la esperada llegada de la crisis del 2008 a Perú, un nuevo panorama se va trazando tanto para los ahora subalternos movimientos sociales como para las diferentes tendencias políticas.

Abstract

This article presents the implementation of neoliberalism’s mechanism of accumulation by dispossession in Peru andtheresultsthatthistriggers:adecade that starts with high GDP levels, conflicts and socio-environmental mobilizations and alliances with certain political sectors such as nationalism. The author describes the formation of antagonist groups that pretended to increase their political participation through a link with Gana Perú, leaded by the Partido Nacionalista and its respective candidate to presidency, Ollanta Humala. Once the elections were won that relationship was dissolved in less than six months given that the needs and demands by the socio-environmental movements were hardly met. With the severance of the weak political relationship and the expected arrival of the 2008 crisis to Perú, a new outlook is drawn both for the now subaltern social movements and the different political tendencies.

Palabras clave

Extractivismo, acumulación por desposesión, antagonismo, movimientos socioambientales.

Key words

Extractivism, accumulation by dispossession, antagonism, socio-environmental movements

Transcurridas dos décadas de la aplicación de las medidas de ajuste estructural, los cambios ocurridos en la política y la sociedad peruana han sido profundos y trascendentales. La imposición de una dinámica primario exportadora, que convive con el auge de negocios ilícitos de alto “encadenamiento” interno como el narcotráfico y la minería informal, ha significado un sostenido crecimiento económico que, sin embargo, no resuelve los altos niveles de pobreza y desigualdad. A la par, la implementación de las reformas neoliberales en un contexto post conflicto armado y de autoritarismo fujimorista, impactó en las ya debilitadas organizaciones sociales marcando un período de crisis en la movilización y articulación política de los sectores populares. Es sólo a partir de la primera década del siglo XXI que se presenta una reactivación de la protesta con la movilización de, en su mayoría, diversos pueblos y comunidades contra la expansión de la industria extractiva. No obstante, tras el triunfo electoral de Ollanta Humala, a esta etapa de confrontación le sucede un momento de reflujo, el cual evidencia nuevamente las dificultades de los actores para trascender la oposición y constituirse como una propuesta política alternativa.

Respecto a los movimientos suscitados en este marco de expansión de la industria extractiva son varios los trabajos publicados1. En general, estos estudios se enfocan en la organización de la acción colectiva, abarcando temas como la provisión de recursos, la consecución de beneficios o los aspectos identitarios. No obstante, desde otra perspectiva, queda pendiente analizar dichas movilizaciones más bien como procesos sociopolíticos insertos en el eje de dominación, conflicto y emancipación, que expresan a su vez tensiones en las experiencias de subjetivación de los propios actores. Aunque de modo general, el presente artículo se propone analizar la dinámica de movilización social–acción política de las principales organizaciones que impugnan el modelo económico primario exportador, enfatizando tanto en su potencialidad para generar situaciones antagonistas cuanto en sus dificultades para articular propuestas transformadoras. De este modo, se abordan diez años donde la importancia de la industria extractiva se incrementa a la par de la conflictividad, acaeciendo diversos estallidos que logran poner en discusión la viabilidad del modelo. La coyuntura electoral del 2012 canaliza en buena parte las expectativas de las organizaciones movilizadas, aunque el rápido alineamiento de Humala y el Partido Nacionalista con la continuidad neoliberal conlleva un nuevo periodo de tensiones y distanciamientos. Por último, en medio de la crisis económica internacional y del aislamiento del gobierno, los actores se debaten entre el repliegue, la dispersión y los esfuerzos de reagrupamiento, siendo oportuno mirar también sus posibilidades de constituirse como parte central de un campo opositor al modelo bastante más amplio, y por ahora, muy precario en el Perú.

Crecimiento primario exportador y conflictividad; la década del antagonismo

Con la promulgación de la Nueva Ley General de Minería en 1992 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 1993 -ambas pocos meses después del autogolpe de Alberto Fujimori– quedaron aprobados una serie de dispositivos, exoneraciones y beneficios orientados a promover el ingreso del capital transnacional para la actividad minera, petrolera y gasífera. Con ello, se sentaron las bases legales para la andanada de privatizaciones y concesiones del sector ocurridas los años siguientes, permitiendo un alza sostenida de la importancia de la actividad extractiva en la economía nacional. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, en los últimos 10 años el valor de las exportaciones mineras se multiplicó siete veces, pasando de poco más de 3 mil millones de dólares en 1999 a la cifra histórica de 21.723 millones durante el 2010. En el caso de los hidrocarburos, en materia de exploración y explotación petrolera, el 2005 se inició “un evidente y virtuoso nuevo ciclo de contratos y concesiones”, los mismos que se multiplicaron cinco veces en relación a la década anterior, estimándose en cien los contratos vigentes para el 2010, la mayoría de ellos en la Amazonia (Perú Petro, 2011).

Un aspecto ampliamente resaltado por los sucesivos gobiernos respecto a esta dinámica primario exportadora, es su impacto positivo en el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Efectivamente, la última década el PIB nacional alcanzó altos niveles manteniendo una tendencia que, pese a la actual crisis económica mundial, ubica todavía al Perú entre las economías más dinámicas del continente. Dicho crecimiento a su vez dinamizaría el consumo y potenciaría al sector servicios, generando rentas que el Estado puede utilizar para la redistribución y programas de lucha contra la pobreza.

No obstante, esta suerte de re-primarización económica tiene también efectos negativos pues centra los esfuerzos en actividades de poco valor agregado, impidiendo la diversificación de productos y el desarrollo tecnológico, ya que las empresas transnacionales tienen sus propios centros de innovación tecnológica no conectados a las necesidades del país (Nadal, 2009). Asimismo, crea pocos puestos laborales, instalando enclaves de exportación desvinculados de las comunidades locales que afectan el medio ambiente y agotan los recursos naturales. Siguiendo a Harvey, la actual etapa de expansión del capital puede calificarse como “acumulación por desposesión”. Esto implica una frenética mercantilización y depredación de bienes ambientales vinculada a lo que Marx denominó acumulación “primitiva u originaria”, aunque incluye un rango más amplio de procesos como la privatización de la tierra; la expulsión forzosa de poblaciones campesinas o indígenas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –comunal, colectiva, estatalen derechos de propiedad exclusivos; la supresión de formas de producción alternativas y procesos de apropiación de activos incluyendo los recursos naturales (Harvey, 2004). Así, la depredación de los bienes ambientales (tierra, aire, agua) y la degradación ambiental avanzan en transformar la naturaleza en mercancía, mercantilizando también la cultura, las historias y la creatividad intelectual.

Por otro lado, se elevan los denominados “conflictos socioambientales”, los cuales aluden a las incompatibilidades sociales, políticas, culturales y/o económicas relacionadas con el control, uso, manejo, acceso o explotación de espacios y/o recursos naturales. En el Perú, conforme se incrementa la actividad extractiva, aumentan también estos conflictos protagonizados por comunidades andinas, organizaciones indígenas amazónicas y/o poblaciones locales periurbanas que ven afectadas sus tierras, territorios y formas de vida. Según datos de Defensoría del Pueblo, entre el 2003 y el 2012 los conflictos sociales en el Perú se incrementaron un 200%. Dentro de este total, los conflictos de tipo socioambiental dominaron ampliamente las protestas, abarcando la mitad o más de la mitad de los casos reportados.

Ensayando una caracterización de este actor, Svampa define a los “movimientos socioambientales” por el hecho de compartir una particular valoración del territorio, colocándolo al centro de una disputa que además incluye la preservación de los recursos naturales, dinámicas de desarrollo contrapuestas, cosmovisiones y marcos identitarios diferenciados (Svampa, 2009). Más allá de que los conflictos socio ambientales en el Perú involucren o no a un actor acorde con tal definición, lo cierto es que la primera década del siglo XXI destaca por las constantes movilizaciones contra proyectos de concesión y exploración extractiva que incluyen violentos estallidos[1]. De este modo, adquieren renovado protagonismo organizaciones indígenas como la Asociación Inter-étnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que agrupa diferentes federaciones locales y regionales de las distintas etnias de la Amazonía cuya capacidad de convocatoria se evidenció en los paros amazónicos del 2008 y 2009 contra una serie de decretos que facilitaban la inversión extractiva en la selva. En la zona andina, destacan más bien organizaciones locales o regionales que aglutinan las demandas de la población como son el Frente de Defensa de Tambogrande en Piura que expulsó a la minera canadiense Manhattan el 2005; el Frente de Defensa de Islay en Arequipa que paralizó el proyecto minero Tía María de la Southern Perú en 2011; o el Frente de Defensa de Cajamarca que paralizó el proyecto minero Conga de la Newmont[2].

Se trata de una etapa de expansión de la protesta en la cual el conflicto trasciende el plano de la movilización social constituyendo hechos políticos con repercusiones en el terreno de la representación e institucionalidad vigente. La conflictividad socioambiental de los últimos diez años incide directamente en las reformas a la normatividad y a los organismos vinculados con la problemática, colocando restricciones al modelo económico y posicionando el tema del desarrollo basado en la extracción de recursos como eje central del debate electoral y la agenda de gobierno. Volviendo al eje de comprensión anteriormente mencionado, se puede decir que se vive una década de “antagonismo” donde las inercias propias de la dominación se quiebran, organizando el desacuerdo y pasando al estallido. Vale mencionar que el término antagonismo ha sido utilizado como sinónimo de contradicción o contraposición y por lo tanto se ha aplicado a situaciones muy diversas[3]. No obstante, siguiendo a Modonesi, la especificidad de la noción de antagonismo radicaría en la formación subjetiva derivada de relaciones y procesos de conflicto y de lucha, construyéndose en función de experiencias colectivas de insubordinación, caracterizadas fundamentalmente por la impugnación y la lucha contra la dominación existente. Al momento del antagonismo pueden sucederle procesos de autonomía articulados en torno a la incorporación de experiencias colectivas de emancipación, cuya característica central es la negación y la superación de la dominación, proyectándose al ejercicio de nuevas relaciones de poder (Modonesi, 2010).

El momento antagonista -abierto en 2002 con las paralizaciones en Arequipa y cerrado con los enfrentamientos en Cajamarca en 2012dejó al descubierto contradicciones estructurales de la sociedad peruana, donde el crecimiento económico, básicamente urbano y costeño y sustentado en el sector primario exportador, se desarrolla de espaldas a las otras regiones donde justamente se ubican los recursos naturales. Dicha etapa, expuso a un Estado debilitado, supeditado a los intereses de los grupos económicos, incapaz de asegurar mejores condiciones de vida para la población excluida; esa a la que el “goteo” del neoliberalismo no le llegará. Pese a las debilidades de las organizaciones se evidenció que, tras un periodo de cruento conflicto armado interno y otro de autoritarismo fujimorista, los actores sociales podían volver a dominar el escenario público y, sobre todo, abrir fisuras en el consenso conservador instalado en el poder. Sin embargo, lo acumulado en una década de antagonismo no trascendió como organización de un proyecto colectivo trasformador de horizonte emancipatorio ni tampoco derivó en la consolidación de un “gobierno progresista” como pudo ocurrir en Ecuador o Bolivia. ¿Qué tenemos en el Perú entonces?

Entre la precariedad y el espejismo; la coyuntura electoral del 2011

Pese a los importantes logros alcanzados con la movilización –que incluyen la paralización de importantes proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos–, las organizaciones sociales mencionadas llegan a la coyuntura electoral de inicios del 2011 bastante debilitadas. La cruenta represión al Paro Amazónico que tuvo un punto culminante en los enfrentamientos de Bagua, dejó a la AIDESEP inmersa

en una fuerte crisis, con la dirigencia criminalizada y nuevas organizaciones generando paralelismos y fragmentaciones. El movimiento amazónico se replegó en espacios de discusión promovidos por el Estado, que creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos[4] convocando diversos actores institucionales para elaborar recomendaciones de políticas públicas. Por su parte los varios frentes de defensa y organizaciones andinas, superado el momento de mayor confrontación, regresaron a dinámicas localistas sin consolidar mayores puentes de articulación. No obstante, en diferentes declaraciones[5], las dirigencias exponen el convencimiento de que deben participar en las elecciones nacionales para elegir presidente y representantes al congreso, barajando diferentes opciones para concretar esta finalidad.

Buena parte de lo acumulado por las organizaciones en la etapa antagonista, sea en términos de redes, conexiones o posicionamiento del discurso crítico, es enfocado a concretar una fórmula para poder competir electoralmente y conseguir ser elegidos. Una primera posibilidad, impulsada por AIDESEP y especialmente por su líder Alberto Pizango es conformar un partido indígena. Esta propuesta es rápidamente descartada debido a lo corto de los plazos y la complejidad de los requisitos que, entre otras cosas, incluyen la recolección de 400 mil firmas o la acreditación de locales partidarios en provincias y distritos. La segunda vía, la más práctica y por la que acaban por decidirse las organizaciones, es buscar un aliado que los incluya en sus listas y asuma buena parte de su agenda. Considerando el panorama político de entonces, el frente electoral Gana Perú, liderado por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala, era casi la única agrupación que enarbolaba un discurso crítico al modelo neoliberal y a la continuidad que representaban los candidatos de la derecha y centro derecha como el ex presidente Alejandro Toledo y la hija del ex presidente Fujimori, Keiko Fujimori. En la misma línea, el énfasis de Humala en que realizaría reformas sustanciales a la política extractiva encontró gran empatía con la postura de las organizaciones sociales y sobre todo con las poblaciones movilizadas.

Para Humala, dicha coincidencia de plataformas y la ausencia de otras alternativas críticas con opciones de triunfo, resultaba ventajoso para congregar el voto opositor sin necesidad de suscribir alianzas ni asumir compromisos formales. Ni siquiera tenía que asegurar a las dirigencias un lugar en su lista parlamentaria pues cuando las organizaciones se decidieron a buscar acercamientos los plazos para inscribir candidatos habían vencido. Más aún, Humala prefirió siempre conversar con las organizaciones por separado, diferenciando con cada una puntos de negociación y compromisos. Finalmente, no se concretaron acuerdos con la AIDESEP, que pretendía la candidatura parlamentaria de su presidente Alberto Pizango, ni con la CGTP que esperaba postular a su secretario general Mario Huamán. Tampoco se incluyeron en la lista parlamentaria líderes locales representativos de la lucha contra la minería en Arequipa y Cajamarca. Intuyendo que de todas formas las bases de estos movimientos acabarían votando por Gana Perú, el humalismo prefirió no generar compromisos con sectores que podían resaltar la imagen de “radical” que presentaba la prensa y lo alejaban de las preferencias electorales de las clases medias urbanas.

Los resultados electorales del 2011 demostraron que, en un contexto electoral altamente polarizado, efectivamente Gana Perú logró aglutinar el voto de los sectores movilizados y disconformes con el modelo. Ya en el gobierno, Humala conformó un gabinete de centro izquierda liderado por el ex premier Salomon Lerner que incluyó varios profesionales de trayectoria vinculada a las demandas socio ambientales[6], iniciando un proceso de coincidencia con los líderes y ensayando tímidas críticas al modelo extractivista. A la par, se promulgó la Ley de Consulta Previa para los Pueblos Indígenas ordenándose su reglamentación participativa, una medida que concentró la atención de las organizaciones. Pero tampoco, esta vez desde el Estado, Humala y su entorno ensayaron algún nivel de correlación más claro orientado a consolidar una base social que permitiera hacer viable alguna de las reformas prometidas en campaña, como la fiscal o la reforma energética y los altos precios de los combustibles. La interacción Estado-movimientos es más bien una relación de cercanía construida sobre la base de las expectativas de los actores y de su incapacidad para generar compromisos más concretos a favor de sus demandas. Expresa además un voto unilateral de confianza en la palabra empeñada por el presidente durante la campaña electoral, que no cuenta con la fuerza ni los medios para exigir su obligatorio cumplimiento.

La endeble relación de cercanía con el gobierno duró menos de seis meses. La cerrada defensa estatal al proyecto minero Conga de la empresa Newmont y su subsidiara nacional Yanacocha, opera como punto de inflexión y marca la pauta de nuevos alineamientos. Tras la crisis desatada, que incluyó masivas protestas en Cajamarca y actos de solidaridad en Lima, el premier Salomon Lerner presentó su renuncia y buena parte del sector de políticos e intelectuales de izquierda que acompañó a Humala se alejó de los puestos del ejecutivo. De otro lado, nuevamente se evidenció que sólo con las violentas movilizaciones la población podía obtener resultados, polarizándose las posturas, especialmente en las bases que sobrepasaron la representatividad de los líderes obligándolos a convocar permanentemente a consulta y reconocer a la asamblea como única instancia de decisión. Finalmente, si bien se logra la paralización temporal de las actividades del proyecto minero, el conflicto por Conga da por clausurada la posibilidad de que el humalismo siga un cierto derrotero progresista, más al estilo Rafael Correa que Evo Morales, saliendo fortalecido el sector que está a favor de mantener los candados legales y hasta constitucionales existentes en pro del modelo económico.

Pese a algunos pronósticos, este distanciamiento entre organizaciones sociales y fuerzas de izquierda con un gobierno que incumple su plataforma electoral no significó un incremento de la conflictividad social, y ni siquiera se tradujo en una caída en los sondeos de aprobación presidencial. Los gremios empresariales y los medios de comunicación limeños, se encargaron de presentar este realineamiento gubernamental con el status quo como un triunfo de la sensatez frente a la irresponsabilidad de los “anti-mineros”. Como argumento, el nacionalismo y su entorno enfatizaron en la necesidad de contar con los recursos de la industria extractiva para la lucha contra la pobreza y los programas sociales que canalizaba el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), destinados a “incluir” a más de la mitad del país que vive en la línea de pobreza. Las poblaciones movilizadas en Cajamarca se replegaron y no lograron conectarse con las violentas protestas desatadas meses después -en mayo del 2012-, cuando las comunidades de Espinar reclamaban por una mejor redistribución de las ganancias de la empresa Billington Tintaya. Este conflicto trajo como saldo la ruptura de la bancada parlamentaria nacionalista, pero tras algunos cambios en el gabinete y en el sistema de gestión de conflictos, nuevamente el gobierno consiguió manejar la situación. Al finalizar su primer año de gobierno, Ollanta Humala gobernaba sin mayor convulsión social y sin oposición político partidaria; el amplio espectro de derecha y centro derecha -que incluye desde el APRA al fujimorismo, el Partido Popular Cristiano y Perú Posibleapoyan la apuesta por la continuidad y los partidos de izquierda apenas si empiezan a recuperarse y reagruparse tras la ruptura con el nacionalismo.

Puede afirmarse que la ilusión electoral y la promesa de un “progresismo que no fue” acabaron con lo acumulado en la etapa antagonista por parte de los actores socio políticos. No hay sorpresas, los movimientos llegan a esta breve etapa de cercanía con el gobierno portando debilidades constitutivas y otras que se agudizan con el nuevo escenario. Así, queda en evidencia la precariedad de las luchas socioambientales, expresada en plataformas poco cohesionadas, liderazgos locales tendientes al caudillismo y grandes dificultades para dotar a las protestas de un carácter nacional de modo que, por ejemplo, lo actuado en Cajamarca tuviera alguna repercusión en Cusco. Esta dispersión responde tanto a fuertes anclajes territoriales y dinámicas organizativas diferenciadas, cuanto a la presencia de prácticas políticas sustentadas en posturas maximalistas que pueden brindar adhesiones y mayor protagonismo personal en el corto plazo pero que a la larga fragmentan los esfuerzos. Más allá de denunciar una “traición”, las organizaciones tampoco tienen capacidad de responder al gobierno con alternativas programáticas al modelo económico, capaces de convencer a una opinión pública que mayoritariamente percibe como nocivo cualquier esfuerzo redistributivo que implique mayor presencia del Estado. En perspectiva, el repliegue de las organizaciones significa el regreso a un momento de subalternidad en la subjetividad política, donde los actores oscilan entre la combinación de la aceptación relativa de la situación de dominación existente y una resistencia hacia adentro que implica replantear estrategias y formas de lucha (Modonesi, 2010). Pero este nuevo momento de subordinación se desarrolla en un contexto político económico nacional e internacional distinto; signado por la caída de los precios de los minerales, la soledad del gobierno y, al parecer, el convencimiento de los actores políticos y sociales críticos al modelo neoliberal de que lograr cambios sustanciales requiere mucho más que cercanías electorales.

Tiempo de crisis, ¿tiempo de replanteamientos?

Partiendo de atender el contexto nacional e internacional, las condiciones económicas y políticas actuales son otras y delinean un escenario distinto para las posibilidades transformadoras de los movimientos sociales. Estos aspectos del contexto podrían explicarse desde el enfoque de la Estructura de Oportunidad Política (EOP) como “señales consistentes del entorno que inciden sobre los actores favoreciendo o limitando su acción, ampliando o no sus posibilidades de acceder e influir sobre el poder político” (Tarrow, 1997). Pero si bien esta perspectiva puede resultar de utilidad para entender el curso de la protesta en su relación con la institucionalidad vigente, deja fuera aspectos subjetivos y/o culturales que operan en la dinámica sociopolítica de los actores. Conviene ensayar entonces una mirada del escenario que tome en cuenta también aquellas tendencias que pudieran figurar un nuevo marco de ruptura con el momento de subalternidad que atraviesan los actores, potenciando a la par el débil campo opositor existente en el Perú.

Un primer aspecto que destaca en este nuevo contexto es la “llegada” al Perú de la crisis económica internacional que ha sacudido la economía global los últimos tres años y que ha puesto en serios problemas al sistema económico y especialmente financiero en países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Para América Latina en general y el Perú en particular, un aspecto relevante de la crisis tiene que ver con la lenta pero sostenida caída de los precios de los minerales, debido a la desaceleración del crecimiento de China, y en los demás países emergentes[7]. Aunque mucho se mencionó que tarde o temprano la crisis tendría efectos en el Perú, un país primario exportador dependiente de la venta de materia prima y la capacidad de compra de los países centrales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvo el cerrado argumento de que el país estaba “blindado contra la crisis”. Sólo en agosto de 2013, el presidente Humala en declaraciones a la prensa reconoció que “la crisis económica internacional llegó al Perú”. Pese a que los defensores del modelo salieron a enmendarle la plana, lo cierto es que se ha incrementado la recesión, mientras baja el ritmo de crecimiento y de la dinámica primario exportadora. Por ejemplo, las exportaciones registrarán su primer déficit comercial mensual en más de tres años, motivada por la menor demanda de mercados como China, Estados Unidos y Europa.

De otro lado, ha cambiado sustantivamente el alto nivel de respaldo popular que el gobierno mantuvo los dos primeros años, sumándose una mayor desaprobación a nivel nacional y especialmente en los sectores de menos ingresos, justamente aquellos que lo eligieron y a los que pretendía representar[8]. Más que un tema de sondeos de opinión, resalta la soledad del régimen, con un Partido Nacionalista inexistente, sin aliados a la izquierda – ni partidarios ni socialesy una bancada mediocre sin capacidad de iniciativa. A ello se agrega la permanente desconfianza de las élites políticas y empresariales, poco dispuestas a olvidar las “fallas de origen” del nacionalismo y por lo tanto prestas a atacar cualquier posible desviación. Este acelerado desgaste se agudiza además por la reciente repartición de cargos al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo -coloquialmente denominada “repartija”-, forzada para conservar la alianza con Perú Posible y no terminar de enemistarse con el fujimorismo. En sus cálculos, el oficialismo no contempló la reacción de la ciudadanía indignada por la forma en que se pretendía manejar dichas instituciones, de las pocas que aún gozan de altos niveles de confianza entre la población. La masividad de las protestas y esta amalgama de actores y demandas demuestran que sin reformas sustantivas a las estructuras de poder avaladas por el marco constitucional de 1993, con manejos turbios de las instituciones y sin condiciones de bienestar para las mayorías, difícilmente podrá mantenerse la gobernabilidad neoliberal.

Son tiempos de crisis, entendida justamente como un período de cambios y reacomodos, que acarrea inestabilidad y, justamente por ello, amplía los márgenes de contingencia. No se trata de predecir hechos catastróficos que “agudicen” contradicciones y fuercen una nueva etapa antagonista; a nivel económico muy probablemente los efectos de esta crisis no tendrán el impacto de otras que el país ha atravesado y en el plano político difícilmente el aislamiento gubernamental derivará en la caída del régimen. Pero tras décadas de hegemonía del discurso neoliberal, y la justificación de los manejos políticos funcionales a su continuidad, el hecho que sus mismos voceros y defensores reconozcan la crisis del modelo es una señal consistente para quienes demandan cambios sustantivos, especialmente las organizaciones indígenas y socioambientales; permanentemente acusados por las elites de opositores al crecimiento y desarrollo nacional. En sentido similar, el creciente aislamiento presidencial expresa un comprensible rechazo al abandono de la plataforma política expuesta por Humala en la campaña electoral y su opción por asumir e implementar los planteamientos de quienes decía eran sus adversarios. Sin embargo, estas crisis revelan a su vez que las posturas críticas al modelo –incluidos partidos de izquierda, organizaciones sociales y poblaciones movilizadasno necesariamente estaban equivocadas en su requerimiento de cambios sustantivos y sigue vigente la necesidad de proponer alternativas discursivas y programáticas consistentes.

Si los actores logran leer y actuar sobre estos nuevos márgenes de contingencia que acarrean estos tiempos de crisis es algo que todavía está por definirse. Las inercias y tensiones que signan la subalternidad de los actores ejercen fuerte presión para mantener el actual reflujo. Pero hay también lecciones asumidas que llevan a replanteamientos más de fondo que de forma. A nivel de la política electoral, existe el convencimiento entre las fuerzas críticas al modelo de que la participación en diversas listas y/o la táctica de llevar a un líder carismático no asegura el acceso al poder estatal. La formación del Frente Amplio de Izquierdas va en esa línea y ha logrado sumar agrupaciones políticas vinculadas a los actores sociales -especialmente socioambientales como Tierra y Libertad-, pero aún está lejos de articularse constitutivamente a organizaciones sociales como AIDESEP, o los Frentes de Defensa locales de Cajamarca o Arequipa. A nivel de la construcción de un proyecto emancipador susceptible de traducirse en una nueva subjetividad política de los actores que trascienda el plano de la gestión, hay también mucho camino por recorrer. La precariedad, burocratismo y fragmentación del campo popular requiere que la diversidad de actores que impugnan la dinámica primario exportadora y el modelo neoliberal en su conjunto, expongan otras formas de relacionamiento con los recursos naturales, con las instituciones políticas y la sociedad en su conjunto, algo más necesario aun en un país donde las propuestas post extractivistas y de Sumaq Kausay distan de ser la principal bandera de las poblaciones movilizadas. Los desafíos son muchos y dependerá de los mismos actores dar el debate programático, construir nuevos discursos, configurar otros imaginarios, afianzando así espacios de autonomía frente a los consensos imperantes para atreverse a construir la vieja apuesta mariateguista de un Perú nuevo en un mundo nuevo.

Bibliografía

- Bebbington, Anthony; Scurrah Martín; Bielich Claudia 2011, Los Movimientos sociales y la política de la pobreza en el Perú (Lima: Instituto de Estudios PeruanosCEPES, Grupo Propuesta Ciudadana Lima).

- El comercio 2013 (Perú), 17 de agosto.

- Harvey, David 2004, El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión,

- Socialist Register, en <www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. Gestión 2013 (Perú), 9 de septiembre.

- Grompone Romeo y Tanaka, Martín (eds) 2010, Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

- Los tiempos 2013 (Perú), 20 de agosto.

- Modonesi, Massimo 2010, Subalternidad, antagonismo, autonomía, Marxismo y

- subjetivación política (Buenos Aires: CLACSO/Prometeo Libres). Negri, Antonio y Hardt, Michael 2002, Imperio (Barcelona: Paidós).

- Svampa, Maristella 2009, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político (Buenos Aires: Siglo XXI/CLACSO).

- Tarrow, Sydney 1997, El poder en movimiento, los movimientos sociales la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Editorial).

1. Según cifras de Defensoría del Pueblo entre enero del 2006 y diciembre del 2011 hubieron 195 muertos en los conflictos sociales y 2.312 personas resultaron heridas. Véase: .↵

2. Si bien existe la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) no logró posicionarse como el referente organizativo nacional.↵

3. Toni Negri es uno de los pensadores que utiliza el término "antagonismo" para referirse al sujeto que protagoniza el conflicto, proyectando junto a Hardt a la "multitud" como el actor que se moviliza y va generando un poder contra las fuerzas dominantes del Imperio (Negri y Hardt, 2009).↵

4. Creado por decreto supremo N° 117-2009-PCM, y modificado por el N° 211 -2009-PCM.↵

5. Sobre la candidatura presidencial de Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, puede verse: El Comercio 2010 (Perú), 15 de diciembre (disponible en línea). También intentó postular Mario Huaman, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).↵

6. Son los casos, por ejemplo, de José Echave, directivo de COOPERACCION, organización civil vinculada a las luchas socio ambientales que asumió como viceministro de Gestión Ambiental; de Hugo Cabieses, sociólogo relacionado con las luchas cocaleras que asumió como viceministro de Recursos Naturales; y del mismo Ricardo Giesecke, ministro de Medio Ambiente de julio a diciembre de 2011.↵

7. Véase (en línea): Los tiempos 2013 (Perú), 20 de agosto↵

8. Según la Encuestadora Datum, el 62% de la población desaprueba la gestión del presidente. Véase (en línea): Gestión 2013 (Perú), 9 de septiembre.↵

La izquierda centroamericana en “tiempos de paz”: Mutaciones orgánicas e itinerarios dispersos

Salvador Martí I Puic

Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca e investigador del CIDOB. Trabaja sobre movimientos sociales, acción colectiva y procesos de democratización. Contacto: smarti@usal.es.

Resumen

Este texto aborda un breve análisis del itinerario de las izquierdas presentes en Centroamérica desde los años noventa hasta hoy. El interés del trabajo se focaliza en la mutación acontecida en el seno de la izquierda partidaria, que transita desde postulados radicales y revolucionarios hacia posiciones que aceptan la competencia electoral y la convivencia con políticas de mercado. Posteriormente se analiza cómo durante la primera década del siglo XXI dos formaciones exguerrilleras (FMLN y FSLN) gestionan el poder en El Salvador y Nicaragua, a la vez que en toda la región otras expresiones de la izquierda (partidarias y movimentistas) toman caminos divergentes, en contextos muy disímiles.

Abstract

This article presents a brief analysis the left in Central America since the nineties until today. The interest of the work focuses on the changes that have been made in the left party, ranging from radical and revolutionary positions to accept multiparty elections and the market. Then discusses how during the first decade of the twenty two political parties of the left (FMLN and FSLN) manage power in El Salvador and Nicaragua, while throughout the region other expressions of the left (partisan and movementist) part ways different in very different political arenas.

Palabras clave

Izquierda, Guerrillas, Movimientos Sociales, Partidos, Centroamérica, FSLN, FMLN.

Key words

Left, Guerrillas, Social Movements, Political Parties, Centra America, FSLN, FMLN.

1. La región después de la Crisis (1990-2000): La adaptación en nuevo escenario

1.1. Los procesos de paz y la conversión de guerrillas en partidos políticos

Con independencia de la retórica de uno y otro bando, desde el inicio de la crisis centroamericana sucedieron iniciativas nacionales, regionales e internacionales para la búsqueda espacios de negociación entre gobiernos y guerrillas con la pretensión de poner fin al espiral de violencia y agresión que afectaba a todos los países centroamericanos -a El Salvador, Guatemala y Nicaragua de forma directa, e indirectamente a Costa Rica y Honduras-[1].

No fue, sin embargo, hasta el 6 y 7 de agosto de 1987, con la segunda Cumbre Centroamericana de Presidentes celebrada en Esquipulas (Guatemala), cuando por primera vez los cinco gobernantes de la región sentaron criterios para a partir de los cuales alcanzar la “pacificación” de la región[2]. Las razones de dicho acuerdo eran dos: el insostenible deterioro de las condiciones materiales y sociales de la región, la presión internacional en pos de la solución negociada y, sobre todo, la convicción por parte de los contendientes de que ninguno podría obtener en el campo de batalla una victoria total.

En este contexto, sólo existía una salida para las plataformas guerrilleras: convertirse en formaciones políticas que tuvieran que competir por el poder en el marco de procesos electorales. Sin embargo, las dinámicas de transformación de las guerrillas nicaragüenses (en el gobierno) y las salvadoreñas y guatemaltecas (en guerra) fueron muy diferentes: mientras que el FSLN organizó unas elecciones en 1990 desde una posición de poder, el FMLN (en 1994) y la URNG (a partir de 1996) tuvieron que participar en elecciones mientras transformaban una organización clandestina en un partido.

La sorpresa que supuso la derrota del FSLN y la victoria de Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones nicaragüenses de 1990 significó un cambio radical de escenario: puso fin a la agresión norteamericana, supuso la desmovilización de la Contra, desmilitarizó Honduras y presionó la firma de acuerdos de paz en el resto de países.

Esta nueva etapa supuso tres retos fundamentales a las antiguas formaciones guerrilleras: el cambio del ideario marxista inspirado en el modelo soviético que estaba en descomposición; la necesidad de organizarse como opción política electoral; y la urgencia de proponer fórmulas programáticas capaces de encajar en un sistema político de matriz mercantilista, a la par de satisfacer las demandas de su base social (Martí i Puig y Figueroa Ibarra, 2006).

En este contexto, las antiguas formaciones guerrilleras se transformaron en partidos políticos. Este cambio supuso que las antiguas dirigencias tuvieron que aprender a actuar en el marco de unas instituciones pluralistas y alcanzar cuotas de poder a través de dinámicas competitivas. Esta actividad significó una incesante dinámica de negociaciones y compromisos con otros partidos y actores -inclusive con la administración norteamericanaque desembocaron en una disminución de su radicalidad retórica y, sobre todo, programática. A la vez, este proceso de mutación organizativa significó para las tres formaciones guerrilleras la explosión de turbulentos enfrentamientos intestinos que casi siempre se zanjaron con escisiones, abandonos, expulsiones y peleas de cuadros y militantes -algunos muy significativos-[3].

Y si bien la dinámica de “adaptación” de la URNG, el FMLN y el FSLN a los imperativos del nuevo medio político fueron muy diferentes, en todas se observó su voluntad de adscribirse a la izquierda (si bien con matices y posiciones diferenciadas); una gran conflictividad interna donde los enfrentamientos terminaban con la expulsión o la irrelevancia política de quieres se alejaban de la “matriz originaria”; y la incapacidad para hacerse con victorias electorales en las elecciones de primer orden (es decir, en las elecciones presidenciales), si bien consiguieron -con la excepción del caso guatemaltecoun notable éxito en comicios locales.

En cuanto a las diferencias, entre las tres expresiones políticas es posible distinguir, en primer lugar, la relevancia política que rápidamente adquirió el FMLN y que conservó el FSLN frente a la progresiva desintegración de la URNG. Y, por otro, la diferencia estratégica existente entre el FSLN y el FMLN, pues mientras que la formación salvadoreña siempre mantuvo una oposición frontal con la derecha (ARENA y PCD), los sandinistas nunca dejaron de negociar con quienes tenían el gobierno (ya fuera con la administración de Violeta Barrios de Chamorro o con los líderes liberales) con el objetivo de obtener cuotas de poder institucional[4].

El caso de la URNG fue, sin duda, el más complejo y dramático ya que su participación electoral fue anterior a la firma definitiva de la paz (que se dio en 1996). En este marco, ésta participó con diversas candidaturas, aunque sus líderes siempre estuvieron enzarzados en divisiones y disputas (Figueroa Ibarra, 2006). La dinámica de rupturas de la URNG, a la vez, no terminó con el inicio de su nueva entrada en el juego electoral, sino que se acentuó5. En las elecciones de 1995 la URNG se presentó en una coalición llamada Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) que obtuvo el 6,8% de la votación. Posteriormente, sin embargo, la izquierda se dividiría, a la par que dos de los comandantes de la guerrilla fallecerían (Rolando Morán y Gaspar Ilón) y otro (Pablo Monsanto) abandonaba la formación, quedando sólo uno en la URNG (Carlos Gonzáles). Así, en los comicios posteriores, los de 2003 y 2009, la izquierda se presentaría nuevamente dividida y cada vez con menor caudal de votos [5].

1.2. Honduras y Costa Rica: La izquierda minimizada
En cuanto a los partidos de izquierda en Costa Rica -que habían sufrido una fuerte crisis durante la década de 1980-, permanecerán minimizados en la vida electoral costarricense durante los años noventa. La izquierda obtuvo su mejor resultado en 1986, con un 5,2% de votos; luego descendió al 3,9% en 1990, al 1,4% en 1994, y en 1998 obtuvo su peor resultado hasta entonces con el 1,1% de los votos, por lo que no tuvo representación parlamentaria. En estas cuatro elecciones la izquierda acudió a las contiendas en coaliciones variables, o bien dividida. En 1986 se lanzó con las coaliciones Pueblo Unido y Alianza Popular; en 1990, además de Pueblo Unido, se presentaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha (PRT) y el Partido del Progreso; en 1994 el Partido Vanguardia Popular (PVP) volvió a aglutinar a la mayor parte de los movimientos de izquierda; y finalmente en 1998 se presentó el Partido Pueblo Unido, distinto a la coalición que lleva el mismo nombre (Rovira, 2001: 207). Sin embargo, desde finales de los ochenta y en los noventa los gobiernos costarricenses empezaron a implementar políticas neoliberales y, a consecuencia de ello, se sembraron las semillas de lo que sería -en la década posterioruno de los mayores ciclos de movilización de la historia del país.

En Honduras, como consecuencia de los acuerdos de paz en en Centroamérica y del fin de la guerra fría, la administración norteamericana abandonó su línea de apoyo incondicional a los militares y empezó a apoyar una amplia coalición que pudiera democratizar formalmente el país. Esta tarea fue la que impulsaron los gobiernos liberales de Carlos Roberto Reina (1994-1998) y de Carlos Flores Facusse (1998-2002), quienes pretendieron limitar el poder de las fuerzas armadas. En este proceso de democracia tutelada apareció en 1997 el partido de Unificación Democrática (UD) con el fin de aglutinar en su seno a miembros de distintos partidos minoritarios de izquierda, destacando el Partido Revolucionario de Honduras (PRH) y el Partido Morazanista de Liberación de Honduras (PMLH). Pese a estos nuevos espacios, la UD, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y el Partido de Partido de Innovación y Unidad (PINU) de tendencia social demócrata –que concurrieron por separado en las elecciones de 1997-, sólo obtuvieron el 4,2% de los sufragios. Posteriormente el impacto trágico del huracán Mitch a finales de octubre de 1998 introdujo una nueva dinámica en el país, en el cual se abrieron espacios inéditos de diálogo y de participación de grupos de izquierda y de la sociedad civil en los procesos de reconstrucción, aunque su impacto fue limitado.

2. Dispersión de itinerarios (2000-2010): Las diferentes izquierdas 2.1. Los que llegaron al poder

El FSLN: De la oposición táctica a la victoria del orteguismo

Como se ha señalado, el FSLN desde la derrota electoral que sufrió en 1990, tuvo que adaptarse a un entorno donde los recursos organizativos dependían cada vez más de la capacidad de obtener (y retener) cargos institucionales, mayoritariamente electos o de designación institucional. Esta exigencia supuso, en un primer momento, un “adelgazamiento” organizativo y una mutación de la naturaleza de sus cuadros políticos, que pasaron de gestores públicos o miembros de los cuerpos armados (tal como eran durante la revolución) a convertirse en autoridades electas. Pero esta mutación del FSLN hacia la profesionalización del partido, así como la disminución del poder de la burocracia y el decrecimiento del peso de los afiliados, no sólo fue fruto de las exigencias del “entorno”, sino también de la capacidad que tuvo su líder, Daniel Ortega, en “desinstitucionalizar” el partido[6], es decir, de impulsar procedimientos informales de decisión y de concentrar el poder en su persona y sus allegados –más allá de cuál fuera su rango en el organigrama partidario-.

Este desenlace, sin embargo, no fue plácido (ni inevitable), sino que fue el producto de múltiples batallas internas, siendo las más intensas las que se libraron durante los congresos de 1991 y 1994, donde los grupos que preferían una organización más formal, consistente y plural, perdieron. El hecho de que Daniel Ortega, desde la secretaría general del partido, ganara progresivamente todas las batallas internas hizo que su facción fuera controlando el poder y que su entorno le cediera la capacidad de moldear al FSLN a su antojo, a pesar de las derrotas electorales de 1996 y de 2001 (Martí i Puig, 2010).

Por todo ello, cabe concluir que la adaptación del FSLN, si bien ha sido “exitosa” (tal como lo muestra su vuelta al poder en el 2006 por la vía electoral y su revalidación en 2011), ésta ha supuesto un cambio de tal envergadura que actualmente casi no queda nada del actor que impulsó una insurrección popular en 1979 o del partido que cedió el poder en las elecciones de 1990. El FSLN de hoy, a diferencia de hace veinte años, tiene una organización partidaria débil (a pesar de manejar recursos públicos) ha informalizado sus estructuras (que a menudo se solapan con instancias para-estatales[7]), y recluta masivamente a sus afiliados a la par que exige absoluta lealtad al líder y se expulsa a los disidentes. Lo único que no ha cambiado es una de las figuras de su liderazgo, que es Daniel Ortega, aunque ha desaparecido la lógica del liderazgo colectivo, pues sólo quedan tres de los nueve Comandantes de la Revolución en el partido y la esposa de Ortega –Rosario Murilloha ido concentrando cada vez más poder.

¿Cómo es posible interpretar la patrimonialización del FSLN en la figura de Daniel Ortega y su esposa? El proceso empezó en 1990 cuando Ortega fue reconocido como líder indiscutible del FSLN después de haber aceptado públicamente la derrota de los sandinistas en las urnas y de anunciar que la cesión pacífica del poder por parte del FSLN no supondría su desaparición, sino que el partido “gobernaría desde abajo”. Con este discurso y con el mensaje de que el FSLN no se rendiría, Ortega personificó la figura del combatiente comprometido con los intereses populares y con la ortodoxia revolucionaria. Con ello, los sectores del FSLN que preferían desarrollar una actividad autocrítica, revisar los postulados ideológicos y replantear la relación del partido con la sociedad, fueron considerados traidores a la causa revolucionaria y al legado histórico del Frente.

Así, desde 1990 hasta la salida de los renovadores del partido en 1995, Ortega se convirtió en el líder que defendería las esencias del sandinismo desde el control partidario, y movilizando las bases cuando era necesario. Sin embargo, a partir de su segunda derrota en las elecciones de 1996, el FSLN (ya totalmente controlado por Ortega), cambió de estrategia y basaría su gestión en conservar y ampliar las cuotas de poder que detentaba el sandinismo en las instituciones públicas y en consolidar a Ortega como líder indiscutible, a pesar de diversas acusaciones que pesaban en su contra[8]. Con base en dichos objetivos apareció “El Pacto” con Arnoldo Alemán en el año 2000, con el que se sellaría la hegemonía sandinista y liberal en las instituciones, y también se reforzaría la autoridad de ambos líderes en sus propios partidos.

Después de la tercera derrota electoral del FSLN, en 2001, el desempeño de Ortega (consciente del techo electoral de su partido[9]), se centró en negociar indistintamente con Alemán y con Enrique Bolaños, presidente de la república de 2002 hasta 2006, para incrementar el poder del FSLN y ahondar el enfrentamiento de los liberales. En el mismo período Ortega pretendió neutralizar algunos enemigos tradicionales pactando con ellos[10] y elaboró una campaña electoral basada en su figura y en un discurso que apelaba a la reconciliación nacional, la paz y el amor.[11] Fue en ese contexto marcado por unas reglas electorales a “su medida”, la división de la oposición en dos formaciones distintas (ALN y PLC) y el control de la mayoría de resortes institucionales, que Daniel Ortega se hizo con la presidencia de la república en las elecciones de noviembre de 2006. Fruto de ello se puede afirmar que la victoria del FSLN en 2006 fue producto, sobretodo, de la minuciosa labor desarrollada por Daniel Ortega para ir transformando un escenario inicialmente adverso en otro que le favorecía. Pero esta transformación se llevó a cabo a través de incrementar el control de todos los resortes del poder bajo su mando, creando así un liderazgo altamente personalista, o, parafraseando a Panizza (2009), a través de crear una “lógica de representación” basada en su figura.

En definitiva, la conclusión es que el liderazgo de Ortega, desde el año 1990 hasta la segunda década del siglo XXI no se consolidó a través de su mayor aceptación pública por parte de la sociedad civil organizada o del electorado, ni de la construcción de un partido formalizado, consistente y sólido; sino a través de la desinstitucionalización y del control patrimonial sobre su partido. Así la exitosa adaptación del FSLN a un entorno a priori hostil se basó en la consecución de una total autonomía del liderazgo y de la absoluta desaparición de constricciones formales para transformar el partido en todos sus ámbitos y decisiones, incluso algunas señas de identidad ideológica[12].

El FSLN ha podido realizar una asombrosa contorsión organizativa e ideológica a partir de la autonomía que conquistó su líder. Así las cosas el FSLN de hoy se aproxima a los proyectos partidarios que desde el poder (y con los recursos institucionales) han articulado Chávez, Evo y Correa, y no es extraño –a la vezque estos sean los mejores valedores y aliados del “nuevo” sandinismo (Martí i Puig y Close, 2009). Precisamente este vínculo, el de Ortega con el gobierno venezolano, es el que da más pistas para comprender cuál ha sido el desempeño del FSLN en el poder desde 2007.

El desempeño de las administraciones de Ortega (2007-2011) y (2012-) generaron notables expectativas. Algunas de ellas se han cumplido –el incremento de políticas sociales focalizadaspero muchas otras no. Respecto al tipo de gobierno, Ortega siempre ha diseñado gabinetes de bajo perfil, con una gran circulación de los responsables en los ministerios, y con rol preeminente de su esposa, Rosario Murillo. En cuanto a las políticas públicas, por otro lado, han sido contradictorias. Por un lado se ha realizado un “giro social” pero, por el otro, se ha mostrado –a pesar de la retórica anticapitalista formulada en los foros internacionalesuna total continuidad respecto a las políticas macroeconómicas y comerciales.

El anunciado “giro social” se ha basado en dos ejes: el despliegue de políticas sociales focalizadas para paliar la pobreza a través de programas sectoriales –como los llamados Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el Pueblo y Desempleo Ceroy decretar la gratuidad total de la educación primaria y secundaria, y de la atención de centros de salud y hospitales. Sin embargo, las medidas de “gratuidad de servicios” se han realizado sin una dotación adecuada de fondos públicos, generando descontento y movilización entre los trabajadores. En cuanto a la continuidad de políticas se ha constatado el mantenimiento de la política macroeconómica y comercial (incluyendo el respeto al acuerdo de libre comercio con EEUU, CAFTA), y la misma voluntad que las administraciones anteriores de captar de inversiones de capital extranjero y de contentar al FMI, si bien con una retórica diferente al de los gobiernos anteriores.

El FMLN: Mantenimiento de la ortodoxia y ruta hacia al poder

Con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña, el FMLN se transformó en partido político[13]. A partir de su misma fundación, el FMLN fue un partido de tendencias, y estas rápidamente se agruparon en dos bloques: los “renovadores” (que provenían del ERP y RN) y los “ortodoxos” (procedentes del PCS, PRTC y FPL). Estos dos bloques rápidamente intentaron hacerse con el control de la organización y de su discurso.

Fruto de estas luchas, y de los que percibieron como modestos resultados electorales de marzo de 1994 (el 31,6% de los votos en la elección presidencial y el 25% en la legislativa), los principales líderes de la tendencia “renovadora” abandonaron el partido. Con la intención de zanjar las disputas en diciembre del mismo año el partido aprobó -en su Segunda Convención Nacional Ordinariauna unificación organizativa, quedando las tendencias sólo como “corrientes de opinión”. Pero a pesar de este mandato unificador y de la sensible mejora de los resultados electorales en los comicios de 1997, las batallas intestinas no cesaron y la elección del candidato para las elecciones presidenciales de 1999 supuso una nueva salida de militantes y dirigentes.

A raíz de lo acontecido –y de los pobres resultados electorales de 1999en la convención partidaria de diciembre de 2000 se aprobó una nueva reforma estatutaria que prohibía por decreto la existencia de tendencias internas, a la vez que se afianzaba un discurso que apelaba a la revolución y al socialismo. Fue en ese contexto cuando, por primera vez, el FMLN superó en unas elecciones (las legislativas y municipales) a la formación derechista ARENA, convirtiéndose en la primera fuerza parlamentaria y consiguiendo 79 alcaldías. Sin embargo, ni con dicho escenario el partido consiguió pacificar su vida interna y en 2004 se intensificaron los conflictos internos y, como en los casos precedentes, estos se cerraron con la expulsión de aquellos que se oponían a la corriente ortodoxa llamada “socialistarevolucionaria”.

La conflictiva elección de Shafick Handal, viejo líder del PCS, como candidato presidencial para las elecciones de 2004 (en las que sería derrotado frente ARENA con 22 puntos de ventaja), y la designación del nuevo Coordinador General, supusieron el control casi absoluto del partido en manos de los ortodoxos, hecho que supuso una nueva salida de cuadros renovadores en 2005. Estos episodios marcaron el triunfo definitivo del grupo “socialista-revolucionario” (Martín Álvarez, 2006).

Sin embargo y sorprendentemente, a partir de 2005, una vez conseguida una sólida cohesión ideológica por parte del FMLN y un liderazgo fuerte (el de Handal), el partido empezó a articular alianzas con sectores externos. El caso más significativo fue la alianza con un grupo ciudadano que apoyaba al periodista Mauricio Funes como candidato a la presidencia –llamado “Amigos de Mauricio”[14]. A partir de 2006, tras la muerte de Handal y con un aparato partidario bajo control del ala ortodoxa, se pactó una coalición entre Funes –que era un un outsidery el Frente para concurrir a las elecciones presidenciales de marzo de 2009. Fue con esta fórmula que por primera vez el FMLN llegó al poder, con un 51,3% de los sufragios frente al 48,7% de ARENA.

Posteriormente, la administración de Funes tuvo tensiones con el FMLN, pues el Frente tuvo que compartir espacios de poder con otros miembros del gabinete más leales a Funes que al partido (Allison y Martín Álvarez 2012). Esta compleja relación de Funes con el FMLN se constató, sobre todo, a través de tres elementos. El primero fue la alianza del presidente con un sector de diputados escindidos de ARENA (agrupados bajos las siglas de GANA) y con los que aprobó muchas veces sus iniciativas a pesar de la oposición del FMLN. El segundo fue su rechazo a integrarse al ALBA, esgrimiendo que su inspiración izquierdista era más próxima al PT de Lula que a la experiencia chavista. Y el tercero, el mantenimiento de las políticas económicas neoliberales de las anteriores administraciones. En este marco de continuidades el cambio más notable de la administración de Funes fue su cambio en la retórica de la confrontación política y social y, sobre todo, la forma de gestionar la delincuencia común. En esta última cuestión destaca la voluntad de negociar con las maras y el abandono de un discurso que criminalizaba la pobreza y los pobres[15].

En este contexto la posición del FMLN desde la llegada de Funes no dejó de ser relativamente débil. La pérdida del gobierno de San Salvador y de la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas y locales de 2012 vaticinan un escenario complejo en las próximas elecciones presidenciales de 2014.

2.2. Los que aún están en la oposición
Costa Rica: Movilización e implosión del sistema de partidos tradicional
Después de casi dos décadas de políticas neoliberales[16], durante la primera década del siglo XXI Costa Rica fue testigo de una fuerte movilización social de carácter progresista liderada por movimientos sociales opuestos a las políticas implementadas.

Las dos movilizaciones más relevantes fueron la lucha contra el “Combo del ICE” y contra el TLC. La lucha contra el “Combo del ICE” fue la movilización contra el proyecto de ley, impulsado en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que suponía la apertura del sector de las telecomunicaciones. Su aprobación en el 2000 desató una amplia movilización popular que paralizó al país y, después de varios días de lucha, logró hacer retroceder al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (PUSC), que tuvo que retirar el proyecto de ley antes de que pasara a segundo debate. Lo importante de la experiencia movilizadora fue la amplitud de organizaciones que se sumaron a la protesta, así como el rol jugado por el Partido Fuerza Democrática en la figura de José Merino, que ganó amplio protagonismo y, al menos por algunos meses, logró capitalizar a favor de FD el apoyo de algunos sectores considerables del electorado.

La lucha contra la aprobación del TLC supuso otro episodio crucial. La movilización social contra el TLC se inició en 2004 y fue creciendo hasta 2007, hasta el punto de que el día 12 de abril de ese año el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aceptó dar luz verde a la iniciativa ciudadana que solicitaba iniciar un proceso de recolección de firmas para exigir una consulta popular sobre el tema. Al día siguiente, el entonces presidente Óscar Arias anunció el respaldo de la iniciativa de consulta popular, y envió a la Asamblea la iniciativa de referéndum que es finalmente aprobada, estableciendo como fecha de su realización el 7 de octubre de 2007 (Raventós, 2008).

A partir de la convocatoria formal del referéndum las organizaciones sociales y movimientos populares opuestos al TLC empezaron a aglutinarse en lo que terminó llamándose “la campaña del No al TLC”, mientras que la “campaña del Sí” se organizó en torno al Ejecutivo y los sectores económicos más poderosos[17].

La campaña del No articuló su discurso en torno a demostrar que el movimiento era diverso y no sólo sindical; que tenía un carácter pacífico; que no estaba vinculado con figuras como Hugo Chávez, Daniel Ortega y Fidel Castro; y que era auto-financiado. También cabe resaltar que la campaña utilizó como soporte básicamente las nuevas tecnologías de la comunicación (Cortés, 2008; Raventós, 2008). Obviamente, el resultado final del referéndum -con una ventaja del 3,4% de quienes apoyaban el “sí”fue devastador para las organizaciones que lo impulsaron.

Pero el inicio del siglo XXI no sólo supuso un ciclo de movilizaciones, sino que también trajo la implosión del sistema de partidos tradicional –tal como se señala en el capítulo centrado en Costa Ricay la aparición de nuevas formaciones que, sin reclamarse de izquierda, sí que ocupan el espacio de centro-izquierda anteriormente detentado por el PLN[18]. Es en este contexto en el que cabe señalar la aparición y expansión del Partido de Acción Ciudadana (PAC), cuya emergencia se produjo como una contestación a la aplicación de políticas neoliberales a cargo tanto de los gobiernos del PLN como del PUSC; y por el desprestigio de la clase política de ambos partidos a raíz de diversos escándalos de corrupción durante la década de 1990 e inicios de la del 2000.

Honduras: El caso Mel
A pesar de la cierta apertura de espacios generada por la reconstrucción del huracán Mitch, la capacidad de la izquierda de crear plataformas políticas fue muy limitada y de escasa visibilidad. Por ello, durante la década siguiente la mayoría de los sectores de la izquierda se sumaron al proyecto impulsado, desde 2004, por un actor inesperado: el presidente de la república José Manuel Zelaya, conocido como Mel[19], perteneciente al Partido Liberal (PL).

Zelaya llegó al poder como candidato del tradicional Partido Liberal tras ganar unas apretadas elecciones (con el 49,9% de los sufragios) el día 27 de noviembre de 2005, en las que participó el 50,3% del padrón electoral. Desde su victoria, el presidente de Honduras imprimió a su mandato cierta informalidad y, a la vez, se alió con actores políticos diferentes a los tradicionales, sobre todo con sectores del movimiento sindical, a la par que intentó crear una base propia –sin vinculación con el Partido Liberal con el que fue elegidoa través de la proyección que le dieron la implementación de políticas sociales focalizadas, financiadas a través del ALBA (organización a la que Honduras se adhirió durante su gobierno). Además, Zelaya impulsó políticas muy cuestionadas por el status quo, como la sindicalización del trabajo doméstico, el incremento del salario mínimo, la importación de genéricos farmacéuticos provenientes de Cuba y la importación (a muy bajo precio) de crudo y gas venezolano.

Según la clase política tradicional, la influencia del chavismo, la voluntad de reformar la constitución de 1982 y la posible reelección presidencial fue un “desafío intolerable”, y con ello activaron, junto con las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado el día 28 de junio de 2009[20] .

A raíz del golpe de Estado se registraron muchas movilizaciones en las principales arterias viales del país a la vez que fueron tomadas oficinas y edificios gubernamentales. Aunque esa movilización –llamada “Paro Cívico Nacional”fue reprimida por un impresionante despliegue policial-militar, se mantuvo durante varias semanas. La movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), la mayor organización de lucha popular del país que aglutina a frentes de masas regionales e importantes gremios nacionales, en conjunto con las centrales obreras. A raíz de esta ola de protestas populares a favor de Mel se crearon plataformas unitarias entre las que destacó el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, el cual en 2010 se pasó a llamar Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y que, desde 2011se convirtió en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), adscrito en la izquierda política y liderado por el mismo Mel, y que pretende presentarse en las próximas convocatorias con la intención de romper el bipartidismo tradicional.

Guatemala: La residualización de la izquierda
Tal como se señaló en el anterior parágrafo sobre Guatemala, el movimiento popular fue prácticamente descabezado en los noventa, a la par que la izquierda política sólo tuvo un episódico protagonismo en el bienio 1994-1996 a raíz de la Asamblea de la Sociedad Civil; pero a diferencia de los otros dos países en los que hubo insurgencia, en Guatemala la izquierda nunca tuvo la capacidad de enfrentar el poder político. Sin embargo, a pesar de los magros resultados electorales cosechados en el siglo XXI, en la calle volvió a aparecer un incipiente movimiento popular, y no sólo en la capital, sino a lo largo del país. Un ejemplo de esta dinámica es la aparición de la Junta de Comunidades Indígenas de 48 cantones en el departamento de Totonicapán, con el apoyo de corporaciones municipales. Este actor ha jugado un rol clave en las reivindicaciones de las comunidades y en las luchas contra las concesiones que los gobiernos dieron en la última década a empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, y contra la privatización del agua (Ordoñez Mazariegos, 2012).

Posiblemente en el futuro sean los conflictos entre colectivos populares e indígenas por recursos naturales los que generen nuevas iniciativas organizativas (con discursos y proyectos propios) a través de las cuales se recomponga la izquierda, ya que a pesar del fortalecimiento de los procesos electorales, en los últimos tres gobiernos -Berger, Colom y Pérez Molinase han agudizado los conflictos sobre tierras, y se han continuado practicando desalojos, asesinatos de líderes y amedrentamiento de los opositores. El gran pasivo de la izquierda guatemalteca es que, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, no ha conquistado casi ningún espacio institucional de poder ni en el territorio, ni en la Asamblea Nacional. Además, si bien las razones del menguado apoyo electoral de la izquierda son muchas, cabe destacar la dificultad de generar consensos entre los dirigentes y la imposibilidad de crear una organización unitaria con un discurso consistente; el hecho de que algunos de los cuadros de la izquierda fueron cooptados por anteriores administraciones, y que no ha habido recambio generacional en las organizaciones partidarias; y con ello, se ha ido creando una notable distancia y desconfianza entre estas organizaciones y los jóvenes. A raíz de lo expuesto, por un lado, los cuadros de la izquierda no han podido adquirir –como sí lo han hecho en El Salvador y Nicaraguala experiencia y legitimidad pública necesaria para construir un proyecto alternativo de poder y, por otro lado, sus militantes aún sufren un notable desamparo frente a unas autoridades que ejerce el poder desde la impunidad y la criminalización de la protesta.

3. Una izquierda plural (y fraccionada) frente a múltiples retos

3.1. La izquierda regional: itinerarios diferenciados

La izquierda centroamericana, a pesar de algunas semejanzas, a lo largo de los últimas dos décadas ha ido trazando itinerarios muy diversos, tanto si se comparan entre las diversas repúblicas, como dentro de cada uno de los países. Por un lado es preciso distinguir las izquierdas que mutaron de organizaciones guerrilleras a formaciones partidarias, como ocurrió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y por otro lado el caso de Honduras y Costa Rica. Sobre los primeros tres casos, a pesar de coincidir en el proceso de metamorfosis que supuso el abandono de las armas para organizarse en formaciones partidarias, la fortuna del cambio fue muy diferente, si bien todos compartieron la experiencia del disenso interno, la deserción y la fragmentación organizativa.

En el caso nicaragüense la mutación se realizó desde una posición de poder, hecho que supuso que a pesar de la pérdida electoral de 1990, el FSLN mantuvo una gran cantidad de recursos materiales, simbólicos e institucionales que le sirvieron para posteriormente acumular cargos en el ámbito municipal y para, posteriormente, hacerse con la presidencia de la república desde 2007 hasta hoy. A la vez es preciso señalar que en Nicaragua, desde inicios de los años noventa, no toda la izquierda se mantuvo integrada en las filas del FSLN, una organización que progresivamente fue controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por otro lado, en El Salvador se observó cómo el FMNL se consolidó a través de un repliegue del ala más ortodoxa, representada por el comandante Shafik, y la expulsión de aperturistas. Sin embargo, este hecho no supuso una sangría de sufragios, sino un lento pero progresivo crecimiento de apoyo y la consiguiente conquista de gobiernos locales. Sin embargo después de diversas salidas de reformistas del Frente Farabundo a lo largo de más una década, esta formación pactó en 2009 con un outsider para ganar la presidencia de la república, hecho que supuso que posteriormente el partido no tuviera el control institucional del gobierno. Finalmente, en el caso de Guatemala la izquierda de origen guerrillero rápidamente se fracturó una vez que entró en la lógica electoral. Su implosión supuso una muy limitada capacidad de controlar resortes institucionales y, por lo tanto, mantuvo lógicas de resistencia en un entorno notablemente hostil pues en el país aún perviven violaciones a derechos elementales.

Por otro lado, los países sin antecedentes guerrilleros, como son Costa Rica y Honduras, en el mismo período han experimentado itinerarios inesperados. En el caso tico, un país tradicionalmente poco movilizado y con una izquierda moderada y de matriz socialdemócrata (PLN), la izquierda transformadora fue muy minoritaria hasta inicios del siglo XX. Sin embargo, desde ese momento a raíz de la implosión del sistema de partidos tradicional y de casi tres lustros de políticas neoliberales, emergió, por un lado, una izquierda partidaria (PAC) que reivindica políticas de bienestar, y por otro, una red de movimientos sociales muy activos que han luchado contra las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos y contra la firma del TLC. Finalmente, en Honduras, donde tanto la izquierda partidaria y social se ha caracterizado por su debilidad, ésta tuvo visibilidad a través del impulso que le dio Mel Zelaya desde la presidencia de la república con el afán de construir una base social propia. Episodio que terminó de forma abrupta con un golpe de Estado y una nueva ola de represión. La incógnita en el país es si la vuelta de Mel a la política electoral supondrá la aparición de la izquierda en dicha escena.

Sin duda estos itinerarios suponen un cambio profundo respecto a la situación de las izquierdas hace 25 años, tanto respecto al contexto en que operaban, como en la misma naturaleza de las formaciones. En cuanto al contexto es obvio señalar que la existencia de Estados de derecho, a pesar de todas sus limitaciones y deficiencias, suponen que las izquierdas han experimentado, por primera vez en la historia (con la excepción costarricense), la posibilidad de vivir en paz y coexistir con otras fuerzas políticas, compitiendo y pactando, y no sólo a través de una lucha a muerte contra sus enemigos[21].

Este nuevo contexto ha permitido que la izquierda haya experimentado responsabilidades de poder enfrentándose a los dilemas de la gestión en un entorno plural y en el marco económico capitalista.

Respecto a la naturaleza de las formaciones de izquierda, su mutación también ha sido enorme. Por un lado, se ha pasado de la voluntad de crear plataformas unitarias (generalmente de naturaleza político-militar) de obediencia jerárquica y centralizada a partidos y movimientos que, en principio, consagran la pluralidad y el derecho a disentir. Y si bien algunos partidos, como en el FSLN y el FMLN, han mantenido una cultura política heredada de la tradición marxista-leninista, hecho por el cual muchas veces se han zanjado las diferencias internas cerrando filas junto a los secretarios generales y expulsando los challengers y reformistas; la realidad de la izquierda centroamericana del siglo XXI es mucho más rica, plural, heterogénea que antes[22]. Hoy, la izquierda de cada país no está sólo en una única formación partidaria, sino que también se manifiesta en redes de la sociedad civil, movimientos sociales, plataformas transnacionales, sindicatos autónomos y partidos que expresan nuevas identidades y demandas colectivas.

3.2. Nuevos problemas, nuevos retos
La mutación experimentada por la izquierda centroamericana se ha llevado a cabo en un entorno que, a la vez, también se ha transformado de forma tan profunda como rápida. Posiblemente la mayor de las mutaciones ha sido la imposibilidad de construir una agenda alternativa y transformadora sólo desde lo “nacional”. Hoy, los “proyectos de nación” que se presentaron durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta, tienen muy poca utilidad, fruto de la globalización económica, comercial y de los intensos flujos migratorios experimentados. Además, el mismo

concepto de desarrollo y de los actores que lo deben impulsar se ha puesto en cuestión. Hoy es más difícil poner de acuerdo a la izquierda sobre qué rol debe desarrollar el Estado y el mercado. Tampoco hay acuerdo sobre los beneficios que aportan las inversiones internacionales[23], cada vez más interesadas en actividades extractivas –vinculadas a la minería, al gas, al agua o la biodiversidady en los megaproyectos. Pero no sólo no hay acuerdo entre la izquierda social y la partidaria, sino que la última suele cambiar de criterios en función de si ocupa, o no, funciones de gobierno.

En otro orden de cosas también es preciso señalar que durante los últimos años, a pesar de la conquista de regímenes democráticos, ha habido peligros de regresión en temas de derechos civiles y humanos a raíz de la lucha contra la delincuencia. El fenómeno de las maras, las pandillas y el narco, muchas veces se han utilizado por parte de los gobiernos para desplegar discursos y políticas que han criminalizado la pobreza y los pobres, así como a la misma juventud. En algunos casos, con la excusa de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico algunas administraciones han impulsado una especie de populismo punitivo que cierra espacios a la disidencia y la libertad bajo el estigma de la sospecha y que recuerda los célebres regímenes de seguridad nacional.

Pero el mayor reto al que se enfrenta la izquierda en la región es, sin duda, el incremento de población vulnerable fruto de los niveles crecientes de desigualdad, la fragilidad jurídica de la población migrante, y la debilidad del Estado para hacer frente al creciente poder que han ido conquistando las redes mafiosas, que operan en una lucrativa economía de la extorsión y el tráfico de estupefacientes y personas.

Sin duda, el debilitamiento de algunas redes de solidaridad y contención tradicionales[24] son una pérdida preciosa para la izquierda centroamericana. Una izquierda cuyo futuro estará condicionado a la capacidad que tenga de reponer estas redes a través de lógicas transnacionales y locales de solidaridad, y de abanderar e integrar nuevas luchas (diversas pero complementarias como son las de género, identidades originarias, ecología, orientación sexual, etc.) proponiendo alternativas programáticas de sostenibilidad, seguridad humana y soberanía alimentaria.

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- Martí i Puig, Salvador 2010, “The Adaptation of the FSLN: Daniel Ortega’s Leadership in Nicaragua” in Latin American Politics and Society, No 52, Vol. 4.

- Martí i Puig, Salvador y Figueroa Ibarra, Carlos (eds.) 2006 La transformación de

- la izquierda en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral

- (Madrid: Libros de la Catarata).

- Martí i Puig, Salvador y Close, David, (eds.) 2009, Nicaragua y el FSLN (1979-

- 2009). ¿Qué queda de la revolución? (Barcelona: Bellaterra).

- Martí i Puig, Salvador 2013, “Social Movements in Central America: Paradoxes of Protest in a Post-War and Post-Revolutionary Society” en Mobilizing ideas 2013 (en línea), 5 de agosto.

- Martín Álvarez, Alberto, 2006 “FMLN: De movimiento de Liberación Nacional a partido político” en Salvador Martí i Puig y Carlos Figueroa Ibarra (eds.), La transformación de la izquierda en Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral (Madrid: Libros de la Catarata).

- Ordóñez Mazariegos, Carlos S. 2012, “Conflictividad agraria en los altos de Guatemala. Un caso de estudio” (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/ UNAM) Publicación Electrónica, N° 6. Disponible en: <http://biblio.juridicas. unam.mx/libros>.

- Panniza, Francisco 2009, “Nuevas izquierdas y democracia en América Latina”, en CIDOB d’Afers Internacionals (España) No 85-86, mayo.

- Perla, Héctor y Cruz, Héctor 2013, “Contradictions and Criticisms The Twentyfirst-Century Left in El Salvador and Nicaragua Understanding Apparent” Latin American Perspectives, No 40.

- Raventós, Ciska 2008, “Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la teoría de la democracia” en Revista de Ciencias Sociales (San José: Universidad de Costa Rica), N° 3, Vol. 121.

- Rovira, Jorge 2001, “¿Se debilita el bipartidismo?” en Jorge Rovira (ed.), La democracia en Costa Rica ante el siglo XXI (San José: Universidad de Costa Rica).

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- Torres-Rivas, Edelberto 2011, Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en Centroamérica (Guatemala: F & G Editores). Notas

1. Desde la declaración franco-mexicana sobre El Salvador en 1981 o las propuestas del Grupo de Contadora, pasando por una variedad de iniciativas internacionales de diversos actores políticos internacionales, hasta el Acuerdo de Esquipulas II, se sucedieron multitud de intentos de encontrar criterios aceptables para las diferen-tes partes implicadas, para avanzar hacia la resolución negociada de la crisis.↵

2. El acuerdo se basaba en que los gobiernos firmantes dieran libertad a los presos políticos, levantaran el Estado de sitio, restablecieran los derechos civiles y políticos, negociaran con la oposición armada, dialogaran con todos los grupos de oposición y convocaran procesos electorales.↵

3. Nos referimos, sobre todo, al "debate interno Sandinista", a la salida de Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal del FSLN y a la transformación del ERP (que pasó de denominarse Ejército Revolucionario del Pueblo a Expre-sión Renovadora del Pueblo) de manos del comandante Villalobos (Martí i Puig, 1997 y 2006; Torres-Rivas, 1998).↵

4. Es posible afirmar que esta conducta del FSLN no fue ajena al hecho que en la década de los ochenta la élite sandinista controlara el poder y con ello, fuera tejiendo una tupida red de intereses "que conservar".↵

5. Un grupo de antiguos militantes de las disidencias de izquierda (Octubre Revolucionario y PGT-6 de enero) participó de manera activa en la constitución de lo que después se llamaría Frente Democrático Nueva Guate-mala (FDNG), pero muy pronto fueron desplazados por cuadros y activistas de la URNG que participaban en distintas organizaciones sociales. El candidato que se presentó a la presidencia fue Jorge González del Valle, y obtuvo el 6,85% de los votos válidos.↵

6. En las elecciones de 1999 competirían una formación llamada Alianza Nueva Nación (ANN) y la FDNG, que obtendrían el 11,3% y el 1,2% de los sufragios, respectivamente. Y en 2003 la división sería entre ANN -que obtendría un 5,3% de los sufragiosy la URNG, que se presentó en solitario, obteniendo un modesto 2,5% de los votos.↵

7. Hablamos de "institucionalización" en el sentido que le da Levitsky (2001).↵

8. Está en discusión si el FSLN se ha transformado en una plataforma partidaria personalista similar a las orga-nizaciones partidarias creadas por Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador.↵

9. Entre los diversos procesos judiciales destacó el "caso Zoiloamérica" (Kampwirth, 2009).↵

10. El FSLN concurrió en elecciones competitivas para la presidencia de la república en tres ocasiones: 1990, 1996 y 2001; y el porcentaje de votos que obtuvo fue el de 40.8, 37,8 y 42,3 respectivamente.↵

11. Tal fue el caso de la iglesia o de determinados sectores de la antigua resistencia nicaragüense.↵

12. Para un análisis de las elecciones presidenciales de 2006 en Nicaragua véase el texto de Martí i Puig (2008).↵

13. El viraje ideológico del FSLN durante la última década ha sido tan abrupto que se ha planteado la posibi-lidad de un sandinismo de derechas (Torres-Rivas, 2011).↵

14. En 1992 el FMLN quedó constituido como un partido integrado por cinco tendencias que -según los es-tatutostendrían los mismos derechos de participación política independientemente de su tamaño. Las estruc-turas de dirección y las principales comisiones se integraron de forma paritaria por las cinco organizaciones, y se reconoció el derecho que tenían a mantener su estatuto, órganos de dirección y recursos materiales y financieros.↵

15. El acercamiento entre Funes y el FMLN fue facilitado por un íntimo amigo del primero: Franzi Hato Has-bún, empresario de medios de comunicación, exmilitante de las FPL y persona de confianza de la Comisión Política del Frente.↵

16. A pesar de las diferencias entre la gestión de Ortega y Funes, el texto de Perla y Cruz (2013) destaca que hay una cierta consistencia entre las dos administraciones debido al impulso conjunto de políticas sociales, a la no estigmatización de la pobreza y la relativa autonomía de sus gobiernos con la administración nor-teamericana.↵

17. Económicamente, el país experimentó un aumento en la desigualdad, pero siguió creciendo a tasas altas.↵

18. Lo más novedoso en términos de organización y movilización social, que trajo el movimiento del No al TLC, fue la experiencia de los Comités Patrióticos (CP). Los CP surgieron a raíz de la convocatoria a referén-dum como un modelo de movilización ciudadana que pretendía cambiar la cultura tradicional de articulación político-partidaria a nivel local (barrio y/o comunidad), dominada hasta entonces principalmente por el PLN.↵

19. La aparición del PAC no se explica tanto por un corrimiento hacia la izquierda de un sector del PLN, sino por el contrario, por un corrimiento hacia la derecha del PLN.↵

20. Los antecedentes de Mel Zelaya son singulares desde el punto de vista político. En sus orígenes fue em-presario maderero del departamento de Olancho y diputado al congreso por el Partido Liberal (PL). Desde 1994 hasta 1999 (en el gobierno de Reina) fue Director Ejecutivo del Fondo Hondureno de Inversión Social (FHIS). Su trabajo en programas de reducción de la pobreza y de descentralización impulsados desde el FHIS le sirvieron de plataforma política para lanzar en 2001 su candidatura presidencial en el Partido Liberal. Sin embargo, no sería hasta el 2004, que lograría ser el candidato al presidente de la república del Partido Liberal.↵

21. Las tensiones que venían arrastrándose durante el mandato de Zelaya, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia tuvieron como desenlace el secuestro del primero por parte de las Fuerzas Armadas y su traslado a Costa Rica. El secuestro del presidente tuvo una unánime condena internacional y un amplio sector popular salió a la calle y expuso su descontento.↵

22. Es preciso señalar aún los peligros que experimentan militantes de movimientos sociales críticos en Gua-temala y en Honduras desde el golpe de Estado.↵

23. Sobre los múltiples itinerarios de los movimientos sociales en la región, véase: Martí i Puig, Salvador 2013, "Social Movements in Central America: Paradoxes of Protest in a Post-War and Post-Revolutionary Society" en Mobilizing ideas 2013 (en línea), 5 de agosto.↵

24. Muchas de las inversiones transnacionales que se han llevado a cabo en la región se han hecho a través de outsourcing y con ello, también se ha reducido la responsabilidad directa de los gobiernos en términos de garantías y control de costos laborales, responsabilidades fiscales e impacto ecológico.↵

Aportes al pensamiento crítico latinoamericano

Dependencia y revolución Cuarenta años de Dialéctica de la dependencia
Jaime Osorio

En torno a dialéctica de la dependencia (postscriptum) [1973]
Ruy Mauro Marini

Dependencia y revolución. Cuarenta años de dialéctica de la dependencia.

Jaime Osório

Profesor/investigador del Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco. Contacto: josorio@correo.xoc.uam.mx

Resumen

El texto destaca cuatro posturas en el debate sobre las condiciones del capitalismo latinoamericano frente a aquél que se vive en los países desarrollados. La primera está basada en el supuesto de que las economías de cada país están todas bajo las mismas condiciones y, por lo tanto, cuentan con las mismas posibilidades de lograr el “desarrollo”. La segunda es la que se desarrolló alrededor de los años sesenta, por parte de la CEPAL, que cuestionó la idea de que las estructuras económicas son todas homogéneas, idea que proponía la postura anterior, e introdujo la distinción entre las regiones “centro” y las “periferia”. La tercer postura contiene ideas de fondo similares a las de la primera: Latinoamérica se encuentra en una etapa económica previa al capitalismo y existen una serie de obstáculos que impiden la llegada de éste y el subsecuente desarrollo. Por último, se presenta con mayor profundidad la propuesta de las economías dependientes de América Latina. Surgida de reinterpretaciones marxistas y un contexto político particular, el análisis de teóricos latinoamericanos apunta a la comprensión del capitalismo como un sistema universal cuyos componentes cuentan con particularidades definidas y dirigidas a cumplir un fin específico. Hacia el final, el autor remarca el valor de Dialéctica de la Dependencia de Ruy Mauro Marini y la importancia de su recuperación en la actualidad.

Abstract

This text highlights four stances in the debate on the conditions of Latin American capitalism opposite the one which is lived in developed countries. The fist is based on the assumption that economies in every country are all under the same conditions and, therefore, have the same possibilities to achieve “development”. The second is the one produced around the sixties by the CEPAL, which questioned the idea that economic structures are all homogenous –an idea which was posited by the previous stance– and introduced the distinction between the “center” and “periphery” regions. The third stance contains similar background ideas to the first one: Latin America is in a previous economic stage to capitalism and there is a series of obstacles that prevent its onset and subsequent development. Finally, the proposition of the economic dependence of Latin America is presented with more depth. The analysis of Latin American texts, which originated from Marxist interpretations and a particular political context, points to the understanding of capitalism as a universal system whose components have defined particularities and are set out to accomplish a specific goal.

Towards the end, the author stresses the value of Ruy Mauro Marini’s Dialectic of Dependence and the importance of its recovery.

Palabras clave

Desarrollo/SubdesaiTollo, dependencia, capitalismo latinoamericano, capitalismo dependiente.

Key words

Development/underdevelopment, dependence, Latin American capitalism, dependent capitalism.

¿Puede el capitalismo latinoamericano en su desarrollo alcanzar las formas y la dinámica que presenta el capitalismo en el llamado mundo industrial o desarrollado? La pregunta permite poner sobre la mesa los supuestos y debates sobre el carácter de la región, los que alcanzaron entre los años cincuenta y parte de los setentas del siglo pasado un elevado nivel y cuyas respuestas -de manera explícita o implícitasiguen presentes en lo que se propone y se lleva a cabo en la región a fin de enfrentar su atraso y subdesarrollo. Más aún ahora, en tiempos de gobiernos populares, “progresistas”, del resurgir del antiimperialismo y del auge del neode-sarrollismo.

Destacaré cuatro de las posiciones más relevantes de aquellas discusiones. La primera es la que provino de las teorías clásicas sobre el desarrollo, que da por sentado que toda economía puede llegar a los niveles de desarrollo capitalista más avanzados si hace lo pertinente para alcanzar tales objetivos. El supuesto implícito es que la economía mundial no es más la conjunción de economías particulares, las que siguen etapas o procesos más o menos comunes e ineludibles en su esfuerzo por desarrollarse. Y que sólo realizadas las tareas requeridas en cada etapa, se va formando un sedimento que va dando origen a ciclos virtuosos que se expresan en desarrollo científico y tecnológico, y en bienestar para el grueso de su población.

Si consideramos las últimas tres décadas de la economía mundial, con organismos como el FMI o el Banco Mundial convertidos en instancias que compulsionan a los gobiernos para que pongan en marcha determinadas políticas y realicen determinadas reformas, podríamos decir que es la posición anterior la que subyace como supuesto de fondo en esas recomendaciones y compulsiones. Se trata de obligar a Estados, poco serios o irresponsables, a enfrentar las tareas a llevar a cabo, porque sólo de esa manera saldrán de los problemas en que se encuentran, con el agregado de que si no lo hacen, su falta de responsabilidad tiene consecuencias para el resto, negativas, por contagio.

Más a fondo, los supuestos de esta posición son que todas las economías resuelven su situación en términos de desarrollo de manera individual, aunque estén en contacto con un algo llamado mercado mundial o economía internacional. Por otra parte, que todas las economías son estructuralmente homogéneas, aunque por las diferencias en los niveles de desarrollo se presenten de manera heterogénea.

Pero esa heterogeneidad tenderá a desaparecer en la medida que se camine llevando a cabo las tareas correspondientes.

La imagen de una ruta lineal, como una vía ferroviaria, en donde unas máquinas y vagones van más adelante y otros en posiciones diversas, pero más atrasados, permiten visualizar la situación entre desarrollados y subdesarrollados. Todas las economías van en la misma línea, la ruta posible del desarrollo, sólo que algunas en posiciones avanzadas y otras atrasadas, pero el curso a seguir, las tareas a emprender y las metas son las mismas para todas.

A pesar de compartir ciertos supuestos con esta posición, la propuesta de la CEPAL de aquellos años señalaba, sin embargo, diferencias significativas, que algunas de ellas tendrán repercusiones en el desarrollo posterior de la teoría de la dependencia[1]. La diferencia más significativa reposaba en asumir la economía mundial como referente, en el seno del cual se podían distinguir regiones y economías centrales, y economías y regiones periféricas. La segunda gran diferencia reposaba en que la propuesta de la CEPAL señalaba que en el comercio internacional operaba un deterioro en los términos de intercambio, en el largo plazo, en perjuicio de los precios de los bienes que exportaba América Latina y en favor de los precios que exportaban las economías centrales. Esto propiciaba transferencias de recursos de la periferia al centro.

Esto implicaba asumir una heterogeneidad estructural que discrepaba con la homogeneidad postulado por la postura anterior, aunque en la propia CEPAL esta postura irá matizándose casi hasta diluirse al transcurrir de los años sesenta. Pero a su vez implicaba cuestionar las teorías convencionales del comercio internacional, en donde se sostenía que no importaba lo que cada economía producía, ya que a la larga todas se verían igualmente beneficiadas.

La fórmula para impedir aquellas transferencias, señalará la CEPAL, pasaba por la industrialización, proceso que permitiría retener los frutos del progreso técnico. Es como resultado de los problemas no resueltos por ese proceso y la generación de otros nuevos, entre ellos la alianza de la burguesía local con el capital extranjero para avanzar en la producción de bienes de consumo más complejos, y en importar equipos y maquinarias, no producirlos localmente, y con ello el fin de las ilusiones de un proceso de industrialización autónomo, complejo y capaz de convertirse en motor de desarrollo y de superar la subordinación, amén del reducido crecimiento, generación de pobreza urbana y otros; que desde el seno de la propia CEPAL emergerán posiciones críticas, hacia la segunda mitad de los años sesenta, retomando y reformulando ideas en torno a la noción de dependencia, que ya se hacían ver en escritos de inicios de esa década, en particular los formulados por André Gunder Frank[2].

La tercera posición, a pesar de emerger de fuentes teóricas y políticas muy diferentes a la primera, presenta similitudes de fondo con aquella. Esta señalaba que en América Latina había economías (o formaciones económico-sociales) precapitalistas, semifeudales, o lisa y llanamente feudales; y que mientras esas determinaciones no se superaran, dichas economías no podían encaminarse hacia el capitalismo y menos hacia su desarrollo. En pocas palabras, sólo rompiendo con aquellas relaciones y estructuras, y haciéndose capitalistas esas formaciones, se podía aspirar al desarrollo. Como vemos, supuestos como la dimensión de etapas a superar eran similares, pero aquí sustentados en la noción de sucesión de modos de producción, un proceso posible sólo en la medida que se agote la madurez de los modos que anteceden al siguiente. De allí que la idea de la presencia de estructuras precapitalistas o semifeudales perfectamente podía asimilarse a los señalamientos de la postura etapista del desarrollo clásico, en su referencia a “los obstáculos” al desarrollo que había que remover, por la vía de reformas, para proseguir las tareas hacia el desarrollo (capitalista), en la misma línea, en la misma ruta y hacia las mismas metas que las economías ya desarrolladas, idea que también se extiende a la cada vez más diluida posición de la CEPAL.

Esta era la tesis que defendía con particular fuerza el marxismo ortodoxo en la región, de la mano de los partidos comunistas de la época. Con un telón de fondo de muchos puntos en común, aparecían los matices que diferenciaban a ambas posiciones: por ejemplo la injerencia del imperialismo, que succionaba recursos y debilitaba las economías atrasadas, “semicoloniales” o “coloniales”. La industrialización y la emergencia de una burguesía industrial, autónoma y soberana, pondría un alto a todo esto, con una calca de los supuestos que subyacían en las propuestas del desarrollismo cepalino de los años cincuenta. O el matiz de clases, donde los sectores oligárquicos, mineros o terratenientes, impedían el tránsito a nuevas etapas capitalistas y con ello al desarrollo.

La cuarta posición provenía de un nuevo marxismo, que se fortalece en la región al calor del triunfo de la revolución cubana -proceso que se produce en una atrasada isla del Caribe que terminó por tirar por la borda los supuestos de revoluciones socialistas sólo allí donde el capitalismo hubiera madurado, de acuerdo a la ortodoxia en boga-, y de las luchas políticas en diferentes Estados de la región. Es en ese cuadro de agudización de la lucha de clases en el subcontinente y de una inusitada madurez teórica, en medio de agudas polémicas con las propuestas teóricas y políticas subyacentes en los otros proyectos, como el cepalino, de gran significación en la marcha de la industrialización en la región, y con el marxismo ortodoxo, con peso en organizaciones políticas que intentaban monopolizar el pensamiento y acción de izquierda y en grandes sindicatos; es que termina de tomar forma la teoría marxista de la dependencia, teniendo entre sus más connotados creadores a André Gunder Frank, en un espacio teórico pre-marxista, pero que apuntó a problemas teóricos y políticos de gran relevancia, a Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra y a Ruy Mauro Marini[3].

Una nueva lectura e interpretación de Marx, así como de Lenin, Bujarin, Rosa Luxemburgo y de la teoría social latinoamericana y de los procesos revolucionarios de la región, permitió una reformulación radical del problema político/económico latinoamericano, del subdesarrollo y de la revolución.

La nueva formulación podría sintetizarse en los siguientes puntos:
El desarrollo del capitalismo latinoamericano sólo se hace comprensible en el seno de su inserción en el sistema mundial capitalista y en su mercado mundial. El análisis aislado de economías y de sus relaciones internas ajenas a los procesos anteriores sólo conducen a atolladeros sin salida. El capitalismo no emerge en la región como resultado de la simple maduración local y autónoma de fuerzas productivas y de relaciones sociales de producción.

Desde mediados del siglo XIX se han generado las condiciones para procesos locales de reproducción del capital, en el marco de las inserciones al sistema mundial capitalista. Dicha inserción se había iniciado desde la época colonial, pero sólo en el siglo XIX, bajo la impronta de naciones formalmente independientes, el capitalismo latinoamericano genera condiciones de reproducción. La subordinación colonial, relevante en su momento, es distinta a la nueva subordinación dependiente, y es esta la que hay que explicar para entender el subdesarrollo.

El capitalismo latinoamericano toma la forma de un capitalismo dependiente. Y dependencia no significa simplemente “depender”, que en un mundo en donde toda la vida social está marcada por relaciones, al final todos dependemos de todos, sino que significa fundamentalmente relaciones de subordinación y la creación, en ese cuadro, de formas de reproducción del capital que reproducen, a su vez, la subordinación, el atraso y el subdesarrollo.

Esto es condición y resultado de la conformación de un sistema mundial capitalista en donde regiones y economías desarrollan la capacidad de apropiarse de trabajo y valor generado por otras regiones y economías, proceso que toma forma bajo las reglas (y violaciones) de las leyes que rigen el intercambio (desigual) en el mercado mundial.

Como forma de compensar esas exacciones de valor/trabajo, las clases dominantes locales ponen en marcha mecanismos de superexplotación, esto es, de apropiación de parte del fondo de consumo de los trabajadores para convertirlo en fondo de acumulación del capital, (por el pago de salarios inferiores al valor de la fuerza de trabajo) o del fondo de vida (por prolongaciones de la jornada o intensidad del trabajo, lo que reduce la vida útil y la vida sin más).

De esta forma, desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de un mismo y único proceso, la expansión e intensificación del capitalismo como sistema mundial.

Desde esta perspectiva, el capitalismo latinoamericano no está en la misma línea, como simple atraso, del desarrollo del capitalismo central imperialista y desarrollado. Camina de manera paralela y simultánea a aquel. Es su contracara necesaria. Es la negación del desarrollo instalada en el sistema mundial capitalista.

El capitalismo dependiente, desde esta lógica, es un capitalismo plenamente maduro y desarrollado, en las condiciones de lo que es, en tanto capitalismo dependiente. Bajo las relaciones sociales capitalistas no se alcanzarán las metas y los elementos civilizatorios del capitalismo desarrollado. Por ello, en tales condiciones, es plenamente válido sostener que su tendencia camina hacia “el desarrollo del subdesarrollo”, como acertadamente señaló Frank en su tiempo.

Esto no significa sostener ninguna tesis estancacionista. El capitalismo dependiente puede crecer, expandirse, desarrollarse, pero lo hará desarrollando las contradicciones y tendencias que lo caracterizan: atraso, subdesarrollo, subordinación, superexplotación, procesos de reproducción del capital que en general tienden a dar las espaldas a las necesidades de la población trabajadora, volcados tendencialmente al exterior, a cubrir necesidades de materias primas, alimentos y otros requeridos por los mercados de naciones de otras regiones y de reducidos (mayores o menores para cada formación económico-social) mercados locales.

Las ilusiones de una burguesía autónoma, soberana e independiente murieron en la marcha del proceso de industrialización, cuando exigida de avanzar hacia la producción de bienes industriales intermedios y de bienes de capital, terminó asociándose con el capital estadounidense inicialmente, y con todo capital extranjero dispuesto a invertir y a asociarse con ella en la región.

Poner fin a la dependencia y al subdesarrollo implica romper con las relaciones capitalistas de producción. Y esa tarea sólo la pueden llevar a cabo clases sociales ajenas a las clases dominantes, dispuestas a luchar contra el capitalismo y dispuestas a luchar contra el imperialismo y la dependencia.

Por ello la revolución latinoamericana necesariamente tiende a asumir las formas de procesos populares, antiimperialistas y anticapitalistas de manera simultánea.

Dada la madurez del capitalismo dependiente y ante las brutales condiciones de explotación en que se sostiene, los problemas de la revolución se constituyen en actuales. En ese cuadro los problemas del poder político y de la organización se presentan como asuntos de la mayor relevancia.

La actualidad de la revolución en América Latina se ve reforzada en tanto espacio de condensación de las contradicciones y de la barbarie que deviene del conjunto del sistema mundial capitalista, por su grado de madurez en el seno de ese sistema. En otras palabras, América Latina constituye un eslabón débil de la cadena imperialista.

De allí la constante y regular emergencia de procesos que cuestionan, enfrentan y apuntan a la generación de nuevas formas de organización de la vida en común. Esta situación no es un asunto de pueblos bravos y subversivos marcados por la genética, sino resultado de las condiciones sociales de existencia local y en el seno del sistema mundial capitalista.

A cuarenta años de Dialéctica de la Dependencia[4]

Se ha hablado de la riqueza teórica desarrollada en Chile entre las décadas del 50 y 70 del siglo XX, en donde se formularon las teorías estructuralistas de la CEPAL y la teoría marxista de la dependencia como sus dos elaboraciones más logradas. Se hacen presentes en ese periodo a lo menos dos procesos que explican la trascendencia de aquellas formulaciones teóricas. La primera refiere a la particular confluencia en aquel país de instituciones de investigación y de equipos de trabajo con investigadores provenientes de diversos países latinoamericanos y de otras latitudes, que otorgaron un basamento para el desarrollo de propuestas en el campo de la teoría social latinoamericana de relevante interés.

Entre esas instituciones instaladas en Santiago, la capital del país, cabe mencionar la sede principal de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el posgrado Latinoamericano en Economía (ESCOLATINA), a los que habría que agregar el Centro de Estudios de la Realidad nacional (CEREN) de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Socio-económicos (CESO) de la Universidad de Chile. En estas instituciones, en momentos diversos, escribieron algunos de sus principales trabajos autores como Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Franz Hinkelammer, Norbert Lechner, Manuel Antonio Garretón, Tomás Vasconi, Inés Recca, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo, André Gunder Frank y Ruy Mauro Marini, entre muchos otros investigadores[5].

La segunda razón refiere al particular momento que vivía la región, cimbrada por los procesos de industrialización, urbanización, emergencia de pobres urbanos congestionados en la periferia de las grandes ciudades, y la revolución, que tuvo en la Revolución Cubana de 1959 y el breve gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973) dos de sus momentos más relevantes.

Ese particular momento en la región provocó que las discusiones y formulaciones teóricas estuvieran en estrecha relación con los procesos económicos, políticos y sociales que remecían a la región. Nunca como en aquellos momentos la teoría fue tan política ni la política se expresó en tan agudas y complejas elaboraciones teóricas.

Fue en ese ambiente efervescente en donde Dialéctica de la dependencia, de Ruy Mauro Marini, la obra que marcó el parteaguas que dio forma a la teoría marxista de la dependencia, se hizo presente, primero como un artículo en una perdida revista del CESO, en 1972[6], y posteriormente, en 1973, en el pequeño libro que hoy conocemos.

En pocas páginas Marini lograba sintetizar formulaciones que habían sido anticipadas por algunos otros autores, al tiempo que las integraba en una nueva dimensión del marxismo, en tanto teoría abierta, lo que le permite formular las tendencias centrales que explican la conformación del capitalismo dependiente como parte constitutiva del capitalismo como sistema mundial y los procesos contradictorios inscritos en su tasa de ganancia; así como las que apuntan a reproducir la subordinación, el atraso y el subdesarrollo.

En muy corto tiempo Dialéctica de la dependencia se convirtió en la obra que concentró la crítica, proveniente tanto del neodesarrollismo de antigua raigambre cepalina, en la pluma de Fernando Henrique Cardoso y José Serra, y del marxismo ortodoxo y voces cercanas[7].

El inicio del periodo contrainsurgente en América Latina, con despliegues temporales diferenciados en las diversas subregiones, terminó por alcanzar a las organizaciones políticas y académicas de la región. Las primeras fuertemente golpeadas y mucha de ellas destruidas en medio de la barbarie contrarrevolucionaria que embistió con agresividad a las sociedades en su conjunto. Las segundas, luego

de cierres temporales y de la muerte, expulsión o el éxodo de investigadores, son atrapadas posteriormente por la reconversión de planes y programas de estudio y de líneas de investigación, en donde el pensamiento crítico, y el marxismo en todas sus variantes, tendieron con mayor o menor rapidez, a ser condenados y expulsados de la vida académica casi en la generalidad de la región.

Este proceso de imposición del predominio ideológico y político siguió posteriormente, ya bajo gobiernos civiles y/o en las transiciones a la democracia, como resultado de la formación de nuevas generaciones de cientistas sociales que desconocían la producción generada en la región en décadas previas.

No sólo fue una lucha de ideas la que provocó aquel desconocimiento. Fue la imposición de un proyecto contrainsurgente que sigue presente en nuestros días y que se expresa en la forma burda que alcanza en las teorías económicas neoclásicas o del rational choice en los estudios de la política. Su sofisticación alcanza expresiones también en importantes corrientes del posmodernismo desencantado y del positivismo imperante, que reducen el conocimiento a pedacería social o bien a sofisticaciones estadísticas y a un empirismo ramplón.

Pero las crecientes señales del fin del periodo más obscuro de la derrota y la multiplicación de signos en sentido contrario, también alcanzan a las organizaciones políticas y a los reductos académicos de la región. Con ello se abren nuevos espacios para discutir nuevamente el sentido del quehacer local, los procesos que atraviesan a la región en su conjunto, así como al sistema capitalista más en general. América Latina ha vuelto a ponerse en el centro de las preocupaciones del pensamiento crítico y del marxismo en sus diversas vertientes y con ello la búsqueda de horizontes ha redescubierto los debates que atravesaron a la región entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado.

Gobiernos populares, gobiernos progresistas, gobiernos neodesarrollistas; son algunas expresiones que buscan dar cuenta de lo nuevo en la región, junto al retomar de los clásicos problemas acerca del Estado, del poder, de la autodeterminación, de la organización, de la revolución.

No es extraño que en este nuevo clima político e intelectual, las tesis de Dialéctica de la dependencia vuelvan a convocar el interés y la atención de nuevas generaciones, sea en la academia, sea en las organizaciones populares de variado signo. A cuarenta años de su publicación, no es una constatación menor, se integra a los horizontes nuevamente abiertos en la región.

Bibliografía

- Bambirra, Vania 1974, El capitalismo dependiente latinoamericano (México: Siglo XXI).

- Cardoso, Fernando Henrique y Enzo Faletto 1969, Dependencia y desarrollo en América Latina (México: Siglo XXI).

- Caputto, Orlando y Pizarra, Roberto 1972, Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacionales (Santiago: Cuadernos del CESO).

- Dos Santos, Theotonio 1970, Dependencia y cambio social, Cuadernos de Estudios Socio Económicos (Santiago: CESO), N° 11.

- Frank, André Cunder 1970, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina (Buenos Aires: Siglo XXI).

- Hinkelammert, Franz 1970, El subdesarrollo latinoamericano, un caso de desarrollo capitalista (Buenos Aires: Paidós).

- Lechner, Norbert 1970, La democracia en Chile (Buenos Aires: Signos).

- Lechner, Norbert 1972, “La problemática actual del Estado y del derecho en Chile”, en Cuadernos de la Realidad Nacional (Santiago: Centro de Estudios sobre la Realidad Nacional) N° 15, diciembre.

- Marini, Ruy Mauro, 1972, “Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora” en Sociedad y Desarrollo (Santiago:CESO), N° 1, vol. I, marzo.

- Marini, Ruy Mauro 1973, Dialéctica de la dependencia, Serie Popular (México: Era).

- Osório, Jaime 1985, “El marxismo latinoamericano y la dependencia” en Cuadernos Político (México: Era) N° 39, enero-marzo.

- Osório, Jaime 1996, “Actualidad de la reflexión sobre el subdesarrollo y la dependencia: una visión crítica” en Marini, R. M., y Millán, M. (coords.) La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas, tomo IV (México: UNAM/EI Caballito).

- Pinto, Aníbal 1965, “Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano” en El Trimestre Económico (México: Fondo de Cultura Económica) N° 125, enero-marzo.

- Pinto, Aníbal 1970, “Naturaleza e implicaciones de la ‘heterogeneidad estructural’ de la América Latina” en El Trimestre Económico (México: Fondo de Cultura Económica) N° 145, enero-marzo.

- Prebisch, Raúl 1949, “El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas” en Estudio Económico-!948 (Santiago: CEPAL).

- Prebisch, Raúl 1949, Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano en 1949 (Santiago: CEPAL).

- Vasconi, Tomás 1971, Dependencia y superestructura y otros ensayos (Caracas: Universidad Central).

- Vasconi, Tomás y Recca, Inés 1971, Modernización y crisis de la Universidad Latinoamericana, Cuadernos del CESO (Santiago).

1. Sobre los aportes del paradigma cepalino y de la teoría de la dependencia, véase nuestro ensayo "Actualidad de la reflexión sobre el subdesarrollo y la dependencia: una visión crítica", en R. M. Marini, R. M. y Millán, M. (coords.) 1996, La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas, tomo IV (México: UNAM-EI Caballitos. A.).↵

2. Véase su libro Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, (Buenos Aires: Siglo XXI) de 1970, con un Prefacio fechado en 1965, por lo que sus ensayos fueron escritos en la primera mitad de los años sesenta.↵

3. Una revisión de los debates, corrientes y autores que inciden en la formulación de la teoría marxista de la dependencia, y con los cuales esta teoría discute, puede verse en mi ensayo (1985) "El marxismo latinoamericano y la teoría de la dependencia" en Cuadernos Políticos (México: Era) N° 39, enero-marzo. ↵

4. Título del libro de Ruy Mauro Marini, 1979 (México: Serie Popular Era).↵

5. En la bibliografía de este escrito señalamos algunos de los principales títulos de estos autores.↵

6. Material de una parte del conjunto del material de lo que sería posteriormente el libro. Véase de Marini 1972, "Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora" en Sociedad y Desarrollo (Santiago: CESO), N°1,Vol. I.↵

7. Desde muy temprano, con la versión del artículo anticipado por Marini, Cardoso ya discute las tesis de Dialéctica de la dependencia. Véase su ensayo "Notas sobre el estado actual de los estudios sobre dependencia", en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales n. 4, Santiago, 1972. Las primeras respuestas de Marini vienen en el Postscriptum, en la propia edición de Dialéctica, como punto II: En torno a Dialéctica de la dependencia. Con posterioridad, junto a José Serra, las críticas de Cardoso suben de tono. Y la respuesta de Marini también. Véase de los dos primeros "Las desventuras de la dialéctica de la dependencia", y del último "Las razones del neodesarrollismo", ambos en Revista Mexicana de Sociología, número extraordinario, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1978. ↵

En torno a Dialéctica de la dependencia (postscriptum) [1973]

Ruy Mauro Marini

Inicialmente mi intención fue la de escribir un prefacio al ensayo precedente. Pero es difícil presentar un trabajo que es de por sí una presentación. Y Dialéctica de la dependencia no pretende ser sino esto: una introducción a la temática de investigación que me viene ocupando y de las líneas generales que me orientan en esa labor. Su publicación obedece al propósito de adelantar algunas de las conclusiones a que he llegado, susceptible quizá de contribuir al esfuerzo de otros que se dedican al estudio de las leyes de desarrollo del capitalismo dependiente, así como al deseo de darme a mí mismo la oportunidad de echar una ojeada global sobre el terreno que intento desbrozar.

Aprovecharé, pues, este postscriptum para aclarar algunas cuestiones y deshacer ciertos equívocos que el texto ha suscitado. En efecto, pese al cuidado puesto en matizar las afirmaciones más tajantes, su extensión limitada llevó a que las tendencias analizadas se pintaran a brochazos, lo que les confirió a veces un perfil muy acusado. Por otra parte, el nivel mismo de abstracción del ensayo no propiciaba el examen de situaciones particulares, que permitieran introducir en el estudio cierto grado de relativización. Sin pretender justificarme con esto, los inconvenientes mencionados son los mismos a que alude Marx cuando advierte:

[...] teóricamente se parte del supuesto de que las leyes de la producción capitalista se desarrollan en estado de pureza. En la realidad, las cosas ocurren siempre aproximadamente; pero la aproximación es tanto mayor cuanto más desarrollada se halla la producción capitalista y más se elimina su mezcla y su entrelazamiento con los vestigios de sistemas económicos anteriores[1].

Ahora bien, una primera cuestión que debe destacarse es precisamente la de que las tendencias señaladas en mi ensayo inciden de forma diversa en los diferentes países latinoamericanos, según la especificidad de su formación social. Es probable que el lector, por deficiencia mía, no advierta uno de los supuestos que informan mi análisis: la economía exportadora constituye la etapa de transición a una auténtica economía capitalista nacional, la cual sólo se configura cuando emerge allíla economía industrial[2], y que las supervivencias de los antiguos modos de producción que regían en la economía colonial determinan todavía en un grado considerable la manera como se manifiestan en esos países las leyes de desarrollo del capitalismo dependiente. La importancia del régimen de producción esclavista en la determinación de la actual economía de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, es un hecho que no puede ser soslayado.

Un segundo problema se refiere al método utilizado en el ensayo, que se explicita en la indicación de la necesidad de partir de la circulación hacia la producción, para emprender después el estudio de la circulación que ésta engendra. Esto, que ha suscitado algunas objeciones, corresponde rigurosamente al camino seguido por Marx. Basta recordar cómo, en El capital, las primeras secciones del libro 1 están dedicadas a problemas propios de la esfera de la circulación y sólo a partir de la tercera sección se comienza el estudio de la producción; asimismo, una vez concluido el examen de las cuestiones generales, las cuestiones particulares del modo de producción capitalista se analizan de idéntica manera en los dos libros siguientes. Más allá del simple ordenamiento formal de la exposición, ello tiene que ver con la esencia misma del método dialéctico, que hace coincidir el examen teórico de un problema con su desarrollo histórico; es así como esa orientación metodológica no sólo corresponde a la fórmula general del capital, sino que también da cuenta de la transformación de la producción mercantil simple en producción mercantil capitalista.

La secuencia se aplica con más fuerte razón cuando el objeto de estudio está constituido por la economía dependiente. No insistamos aquí en el énfasis que los estudios tradicionales sobre la dependencia dan al papel que desempeña en ella el mercado mundial o, para usar el lenguaje desarrollista, el sector externo. Destaquemos más bien lo que constituye uno de los temas centrales del ensayo: al comienzo de su desarrollo, la economía dependiente se encuentra enteramente subordinada a la dinámica de la acumulación en los países industriales, a tal punto que es en función de la tendencia a la baja de la cuota de ganancia en estos, o sea, de la manera como allí se expresa la acumulación de capital[3], que dicho desarrollo puede ser explicado. Sólo a medida que la economía dependiente se va convirtiendo de hecho en un verdadero centro productor de capital, que trae incorporada su fase de circulación[4] —lo que alcanza su madurez al constituirse allí un sector industrial— es que se manifiestan plenamente en ella sus leyes de desarrollo, las cuales representan siempre una expresión particular de las leyes generales que rigen al sistema en su conjunto. A partir de ese momento, los fenómenos de circulación que se presentan en la economía dependiente dejan de corresponder primariamente a problemas de realización de la nación industrial a la que ella estásubordinada para tornarse cada vez más en problemas de realización referidos a su propio ciclo de capital.

Habría que considerar, además, que el énfasis en los problemas de realización sólo sería criticable si se hiciera en desmedro del que cabe a las condiciones en que se realiza la producción y no contribuyera a explicarlas. Ahora bien, al constatar el divorcio que se verifica entre producción y circulación en la economía dependiente (y subrayar las formas particulares que asume ese divorcio en las distintas fases de su desarrollo), se insistió a) en el hecho de que ese divorcio se genera a partir de las condiciones peculiares que adquiere la explotación del trabajo en dicha economía —las que denominé de superexplotación— y b) en la manera como esas condiciones hacen brotar, permanentemente, desde el seno mismo de la producción, los factores que agravan el divorcio y lo llevan, al configurarse la economía industrial, a desembocar en graves problemas de realización.

1. Dos momentos en la economía internacional

Es en esta perspectiva que podremos avanzar hacia la elaboración de una teoría marxista de la dependencia. En mi ensayo traté de demostrar que es en función de la acumulación de capital en escala mundial, y en particular en función de su resorte vital, la cuota general de ganancia, como podemos entender la formación de la economía dependiente. En lo esencial, los pasos seguidos fueron: a) examinar el problema desde el punto de vista de la tendencia a la baja de la cuota de ganancia en las economías industriales y b) plantearlo a la luz de las leyes que operan en el comercio internacional, y que le dan el carácter de un intercambio desigual; posteriormente, el foco de atención se desplaza hacia los fenómenos internos de la economía dependiente, para proseguir después en la línea metodológica ya indicada. Dado el nivel de abstracción del trabajo, me preocupé tan sólo, al desarrollar el tema del intercambio desigual, del mercado mundial capitalista en su estado de madurez, es decir, sometido plenamente a los mecanismos de la acumulación de capital. Conviene, sin embargo, indicar aquí cómo esos mecanismos llegan a imponerse.

La diversidad del grado de desarrollo de las fuerzas productivas en las economías que se integran al mercado mundial conlleva diferencias significativas en sus respectivas composiciones orgánicas de capital, que apuntan a distintas formas y grados de explotación del trabajo. A medida que se va estabilizando el intercambio entre ellas, tiende a cristalizarse un precio comercial cuyo término de referencia es, más allá de sus variaciones cíclicas, el valor de las mercancías producidas. En consecuencia, el grado de

participación en el valor global realizado en la circulación internacional es mayor para las economías de composición orgánica más baja, o sea, para las economías dependientes. En términos estrictamente económicos, las economías industriales se enfrentan a esa situación recurriendo a mecanismos que tienen como resultado extremar las diferencias iniciales en que se daba el intercambio.

Es así como echan mano del aumento de su productividad, con el fin de rebajar el valor individual de las mercancías en relación con el valor medio en vigor y de elevar por lo tanto su participación en el monto total de valor intercambiado; esto se verifica tanto entre productores individuales de una misma nación como entre las naciones competidoras. Sin embargo, ese procedimiento, que corresponde al intento de burlar las leyes del mercado mediante la aplicación de las mismas, conduce a la elevación de su composición orgánica y activa la tendencia a la baja de su cuota de ganancia, por las razones señaladas en mi ensayo.

Como se ha visto allí, la acción de las economías industriales repercute en el mercado mundial en el sentido de inflar la demanda de alimentos y materias primas, pero la respuesta que le da la economía exportadora es rigurosamente inversa: en lugar de recurrir al aumento de productividad, o al menos de hacerlo

con carácter prioritario, ella se vale de un mayor empleo extensivo e intensivo de la fuerza de trabajo; en consecuencia, baja su composición orgánica y aumenta el valor de las mercancías producidas, lo que hace elevar simultáneamente la plusvalía y la ganancia. En el plano del mercado, hace que mejoren en su favor los términos de intercambio, allí donde ha llegado a establecerse un precio comercial para los productos primarios. Oscurecida por las fluctuaciones cíclicas del mercado, esa tendencia se mantiene hasta la década de 1870; el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas conduce, incluso, a que empiecen a presentarse saldos favorables en la balanza comercial, que superan los pagos por concepto de amortización e intereses de la deuda externa, lo que indica que el sistema de crédito concebido por los países industriales, y que se destinaba primariamente a funcionar como fondo de compensación de las transacciones internacionales, no es suficiente para revertir la tendencia.

Independientemente de las demás causas que actúan en el mismo sentido y que tienen que ver con el paso del capitalismo industrial a la etapa imperialista, es evidente que la situación descrita contribuye a motivar las exportaciones de capital hacia las economías dependientes, una vez que las ganancias son allí considerables. Un primer resultado de esto es la elevación de la composición orgánica del capital en dichas economías y el aumento de la productividad del trabajo, que se traducen en la baja del valor de las mercancías y que (de no mediar la superexplotación) deberían conducir a la baja de la cuota de ganancia. En consecuencia, empiezan a declinar sostenidamente los términos de intercambio, como se indica en mi ensayo.

Por otra parte, la presencia creciente del capital extranjero en el financiamiento, en la comercialización, e incluso en la producción de los países dependientes, así como en los servicios básicos, actúa haciendo transferir parte de las ganancias allí obtenidas a los países industriales; a partir de entonces, el monto de capital cedido por la economía dependiente mediante las operaciones financieras crece más rápidamente que el saldo comercial.

La transferencia de ganancias, y por ende de plusvalía, a los países industriales apunta en el sentido de la formación de una tasa media de ganancia en el plano internacional, algo que libera el intercambio de su dependencia estricta en relación con el valor de las mercancías; en otros términos, la importancia que en la etapa anterior tenía el valor como regulador de las transacciones internacionales cede progresivamente lugar a la primacía del precio de producción (el costo de producción más la ganancia media, la cual, como vimos, es inferior a la plusvalía en el caso de los países dependientes). Sólo entonces se puede afirmar que —a pesar de seguir estorbada por factores de orden extraeconómico, como por ejemplo los monopolios coloniales— la economía internacional alcanza su plena madurez y hace jugar en escala creciente los mecanismos propios de la acumulación de capital[5].

Recordemos, para evitar equivocaciones, que la baja de la cuota de ganancia en los países dependientes, como contrapartida de la elevación de su composición orgánica, se compensa mediante los procedimientos de la superexplotación del trabajo, además de las circunstancias peculiares que favorecen, en las economías agrarias y mineras, la alta rentabilidad del capital variable. En consecuencia, la economía dependiente sigue expandiendo sus ex-portaciones a precios siempre más compensadores para los países industriales (con los efectos conocidos en la acumulación interna de estos) y, simultáneamente, mantiene su atractivo para los capitales externos, lo que permite dar continuidad al proceso.

2. El desarrollo capitalista y la superexplotación del trabajo

Es en este sentido que la economía dependiente —y por ende la superexplotación del trabajo— aparece como una condición necesaria del capitalismo mundial, contradiciendo a quienes, como Fernando Henrique Cardoso, la entienden como un suceso accidental en el desarrollo de éste. La opinión de Cardoso, emitida en un comentario polémico a mi ensayo[6], es que, teniendo a la vista que la especialidad del capitalismo industrial reside en la producción de plusvalía relativa, todo lo que se refiere a las formas de producción basadas en la plusvalía absoluta, por significativa que sea su importancia histórica, carece de interés teórico. Sin embargo, para Cardoso ello no implica abandonar el estudio de la economía dependiente, una vez que en ésta se da un proceso simultáneo de desarrollo y de dependencia, lo que hace que ella esté basada, en su etapa contemporánea, también en la plusvalía relativa y en el aumento de la productividad.

Señalemos, inicialmente, que el concepto de superexplotación no es idéntico al de plusvalía absoluta, ya que incluye también una modalidad de producción de plusvalía relativa, la que corresponde al aumento de la intensidad del trabajo. Por otra parte, la conversión de parte del fondo de salario en fondo de acumulación de capital no representa rigurosamente una forma de producción de plusvalía absoluta, puesto que afecta simultáneamente los dos tiempos de trabajo en el interior de la jornada laboral, y no sólo el tiempo de trabajo excedente, como pasa con la plusvalía absoluta. Por todo ello, la superexplotación se define más bien por la mayor explotación de la fuerza física del trabajador, en contraposición a la explotación resultante del aumento de su productividad, y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo se remunere por debajo de su valor real.

No es éste, sin embargo, el punto central de la discusión. Lo que se discute es si las formas de explotación que se alejan de la que engendra la plusvalía relativa sobre la base de una mayor productividad deben ser excluidas del análisis teórico del modo de producción capitalista. El equívoco de Cardoso está en responder afirmativamente a esta cuestión, como si las formas superiores de la acumulación capitalista implicaran la exclusión de sus formas inferiores y se dieran independientemente de éstas. Si Marx hubiera compartido esa opinión, seguramente no se habría preocupado de la plusvalía absoluta y no la habría integrado, en tanto que concepto básico, en su esquema teórico[7].

Ahora bien, lo que se pretende demostrar en mi ensayo es, primero, que la producción capitalista, al desarrollar la fuerza productiva del trabajo, no suprime sino que acentúa la mayor explotación del trabajador; y segundo, que las combinaciones de formas de explotación capitalista se llevan a cabo de manera desigual en el conjunto del sistema, y engendran formaciones sociales distintas según el predominio de una forma determinada.

Desarrollemos brevemente estos puntos. El primero es fundamental, si se quiere entender cómo actúa la ley general de la acumulación capitalista, o sea, por qué se produce la polarización creciente de la riqueza y la miseria en el seno de las sociedades en que ella opera. Es en esta perspectiva, y solamente en ella, como los estudios sobre la llamada marginalidad social pueden ser incorporados a la teoría marxista de la dependencia; dicho de otra manera, sólo así ésta podrá resolver teóricamente el problema planteado por el crecimiento de la superpoblación relativa con las características extremadas que presenta en las sociedades dependientes, sin caer en el eclecticismo de José Nun, que el mismo Cardoso criticó con tanta razón[8], ni tampoco en el esquema de Aníbal Quijano, que, independientemente de sus méritos, conduce a la identificación de un polo marginal en esas sociedades que no guarda relación con la manera como allí se polarizan las contradicciones de clase[9]. Sin pretender hacer aquí un verdadero análisis del problema, sentemos algunos elementos explicativos que se derivan de las tesis anteriormente enunciadas.

La relación positiva entre el aumento de la fuerza productiva del trabajo y la mayor explotación del trabajador, que adquiere un carácter agudo en la economía dependiente, no es privativa de ella, sino que hace al modo de producción capitalista en sí mismo. Esto se debe a la manera contradictoria como esas dos formas fundamentales de explotación inciden en el valor de la producción y, por ende, en la plusvalía que ésta arroja. El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, que implica producir más en el mismo tiempo y con un mismo gasto de fuerza de trabajo, reduce la cantidad de trabajo incorporada al producto individual y rebaja por ende su valor, con lo cual afecta negativamente a la plusvalía. La mayor explotación del trabajador ofrece dos alternativas: aumentar el tiempo de trabajo excedente (modificando o no la jornada de trabajo), o, sin alterar la jornada y los tiempos de trabajo, elevar la intensidad del trabajo; en ambos casos aumenta la masa de valor y la plusvalía producidas, pero en el último (que se diferencia del aumento de productividad porque, aunque se produzca más en el mismo tiempo, ello acarrea un mayor gasto de fuerza de trabajo)[10], desde que el nuevo grado de intensidad se generaliza, desciende el valor individual de las mercancías y, en circunstancias iguales, disminuye también la plusvalía.

En el marco del régimen capitalista de producción, esas tendencias opuestas, que se derivan de las dos grandes formas de explotación, tienden a neutralizarse una vez que el aumento de la fuerza productiva del trabajo no sólo crea la posibilidad de una mayor explotación del trabajador, sino que conduce a ese resultado. En efecto, la reducción del tiempo total de trabajo que el obrero necesita para producir cierta masa de mercancías le permite al capital, sin extender la jornada legal, o incluso reduciéndola, exigir al trabajador más tiempo de trabajo efectivo, y por lo tanto una masa superior de valor. Con ello, la amenaza que pesaba sobre la cuota de plusvalía y de ganancia se contrarresta total o parcialmente. Aquello que en el plano de la producción aparece como una disminución del tiempo de trabajo se convierte, desde el punto de vista del capital, en aumento de la producción exigida al trabajador.

Ello se expresa en las condiciones de producción mediante la elevación de la composición orgánica del capital, es decir, en la disminución relativa o absoluta (según el ritmo de la acumulación) del capital variable; en otras palabras, en la reducción relativa o absoluta de la fuerza de trabajo empleada y en la expansión del ejército industrial de reserva.

Sin embargo, existe una estrecha interdependencia entre el aumento de la productividad, la intensificación del trabajo y la duración de la jornada. El aumento de la fuerza productiva del trabajo, al implicar un menor gasto de fuerza física, es lo que permite aumentar la intensidad; pero el aumento de la intensidad choca con la posibilidad de extender la jornada de trabajo y juega más bien en el sentido de reducirla. Inversamente, una menor productividad limita la posibilidad de intensificar el ritmo de trabajo e incentiva la extensión de la jornada. El hecho de que, en los países altamente industrializados, la elevación simultánea de la productividad y de la intensidad del trabajo no se hayan traducido desde hace varias décadas en reducción de la jornada no invalida lo que se ha dicho; apenas revela la incapacidad de la clase obrera para defender sus legítimos intereses, y se traduce en el agotamiento prematuro de la fuerza de trabajo, expresado en la reducción progresiva de la vida útil del trabajador, así como en los trastornos psicofísicos provocados por el exceso de fatiga. En la misma línea de razonamiento, las limitaciones surgidas en los países dependientes para distender al máximo la jornada de trabajo han obligado al capital a recurrir al aumento de la productividad y de la intensidad del trabajo, con los efectos conocidos en el grado de conservación y desarrollo de ésta.

Lo que importa señalar aquí, en primer lugar, es que la superexplotación no corresponde a una supervivencia de modos primitivos de acumulación de capital, sino que es inherente a ésta y crece correlativamente al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo; suponer lo contrario equivale a admitir que el capitalismo, a medida que se aproxima a su modelo puro, se convierte en un sistema cada vez menos explotador y logra reunir las condiciones para solucionar indefinidamente sus contradicciones internas. En segundo lugar, según el grado de desarrollo de las economías nacionales que integran el sistema, y del que se verifica en los sectores que componen cada una de ellas, la mayor o menor incidencia de las formas de explotación y la configuración específica que ellas asumen modifican cualitativamente la manera como allí inciden las leyes de movimiento del sistema, y en particular la ley general de la acumulación de capital. Es por esta razón que la llamada marginalidad social no puede ser tratada independientemente del modo como se entrelazan en las economías dependientes el aumento de la productividad del trabajo, que se deriva de la importación de tecnología, y la mayor explotación del trabajador, que ese aumento de la productividad hace posible.

No por otra razón la marginalidad sólo adquiere su plena expresión en los países latinoamericanos al desarrollarse en estos la economía industrial.

La tarea fundamental de la teoría marxista de la dependencia consiste en determinar la legalidad específica por la que se rige la economía dependiente. Ello supone, desde luego, plantear su estudio en el contexto más amplio de las leyes de desarrollo del sistema en su conjunto y definir los grados intermedios mediante los cuales esas leyes se van especificando. Es así como la simultaneidad de la dependencia y del desarrollo podrá ser realmente entendida. El concepto de subimperialismo emerge de la definición de esos grados intermedios y apunta a la especificación de cómo incide en la economía dependiente la ley según la cual el aumento de la productividad del trabajo (y por ende de la composición orgánica del capital) acarrea un aumento de la superexplotación. Es evidente que dicho concepto no agota la totalidad del problema.

Como quiera que sea, la exigencia de especificar las leyes generales del desarrollo capitalista no permite, desde un punto de vista rigurosamente científico, recurrir a generalidades como la de que la nueva forma de la dependencia reposa en la plusvalía relativa y el aumento de la productividad. Y no lo permite porque ésta es la característica general de todo desarrollo capitalista, como se ha visto. El problema está pues en determinar el carácter que asume en la economía dependiente la producción de plusvalía relativa y el aumento de la productividad del trabajo.

En este sentido, se pueden encontrar en mi ensayo indicaciones, aunque notoriamente insuficientes, que permiten vislumbrar el problema de fondo que la teoría marxista de la dependencia está urgida a enfrentar: el hecho de que las condiciones creadas por la superexplotación del trabajo en la economía capitalista dependiente tienden a obstaculizar su tránsito desde la producción de plusvalía absoluta a la de plusvalía relativa, en tanto que forma dominante en las relaciones entre el capital y el trabajo. La gravitación desproporcionada que asume en el sistema dependiente la plusvalía extraordinaria es un resultado de esto y corresponde a la expansión del ejército industrial de reserva y al estrangulamiento relativo de la capacidad de realización de la producción. Más que meros accidentes en el curso del desarrollo dependiente o elementos del orden de la transición, estos fenómenos son manifestaciones de la manera particular de cómo incide en la economía dependiente la ley general de la acumulación de capital. En última instancia, es de nuevo a la superexplotación del trabajo que tenemos que referirnos para analizarlos.

Éstas son algunas cuestiones sustantivas de mi ensayo, que convenía puntualizar y aclarar. Ellas están reafirmando la tesis central que allí se sostiene, es decir, la de que el fundamento de la dependencia es la superexplotación del trabajo. No nos queda, en esta breve nota, sino advertir que las implicaciones de la superexplotación trascienden el plano del análisis económico y deben ser estudiadas también desde el punto de vista sociológico y político. Es avanzando en esa dirección que aceleraremos el parto de la teoría marxista de la dependencia y la liberaremos de las características funcional-desarrollistas que se le han adherido en su gestación.

1. El presente texto ha sido tomado de Ia antologia de Martins, Carlos Eduardo 2008, América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini (Bogotá: Siglo del Hombre/ CLACSO), que a su vez fue extraído de: Marini, Ruy Mauro 1991 [1973], Dialéctica de la dependencia (México: Era). ↵

2. Marx, Karl 1946-1947, El capital, t. Ill, cap. Vil, p. 180 (México: Fondo de Cultura Económica). Esta será la edición citada, cuando no se indique otra [nota del autor].↵

3. Véase el tratamiento que da a este tema Jaime Torres en: 1972, Para un concepto de "formación social colonial" (Santiago de Chile: CESO), mimeo.↵

4. Según Marx, la tendencia descendiente de la cuota general de ganancia no es sino "una manera propia al modo de producción capitalista de expresar el progreso de la productividad social, del trabajo", siendo que "la acumulación misma —y la concentración del capital que ella implica— es un medio material de aumentar la productividad". Véase: Marx, Karl, Le capital. Oeuvres (París), nrf, t. II, pp. 1.002 y 1.006, subrayado por Marx; cfr. edición del Fondo de Cultura Económica, t. Ill, pp. 215 y 219.↵

5. "En un comienzo la producción fundada en el capital partía de la circulación; vemos ahora cómo aquella pone la circulación como su propia condición y pone asimismo al proceso de producción, en su inmediatez, en cuanto momento del proceso de circulación, así como pone a éste como fase del proceso de producción en su totalidad". Marx, Karl 1972 [1857-1858], Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) (Buenos Aires: Siglo XXI), vol. II, p. 34.↵

6. Para decirlo con Marx: "El cambio de mercancías por sus valores, o aproximadamente por sus valores, presupone [...] una fase mucho más baja que el cambio sobre la base de los precios de producción, lo cual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo capitalista". Karl Marx, El capital, t. Ill, cap. VIII, p. 181.↵

7. Véase Cardoso, F. H. 1972, "Notas sobre el estado actual de los estudios sobre dependencia" en Re-ivista Latinoamericana de Ciencias Sociales (Santiago de Chile) N° 4.↵

8. "La producción de plusvalía absoluta es la base general sobre la que descansa el sistema capitalista y el punto de arranque para la producción de plusvalía relativa". Marx, Karl, El capital, t. I, cap. XIV, p. 246.↵

9. 9. Véanse, de Nun, José 1969, "Sobrepoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal" en Revista Latinoamericana de Sociología (Buenos Aires) N° 2; y de Cardoso, F. H. 1971, "Comentario sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad" en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (Santiago de Chile) N° 12.↵

10. Véase, de Quijano, Aníbal 1970, Redefinición de la dependencia y marginalización en América Latina, (Santiago de Chile: CESO), mimeo.↵

Debate. Sonidos en el sotobosque

John Holloway

Profesor en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Escuchamos sonidos en el sotobosque. Una confusión de sonidos. Llamados de dolor, gritos de desafío, las voces convencidas de aquellos que explican cómo están construyendo una forma distinta de vivir. Es el ruido de un mundo que está pariendo, el sonido de un mundo nuevo que está naciendo. Tal vez.

Escuchamos otros sonidos, más fuertes. El estruendo de las máquinas de las compañías mineras rasgando la tierra, las explosiones de bombas de gas de la represión policial, el zumbido estridente de las sierras eléctricas de los cárteles de drogas al decapitar a sus víctimas. Es el sonido de un mundo en su agonía final, la clausura de toda esperanza. Tal vez.

Ni Massimo Modonesi ni yo, ambos nacidos en Europa, ambos habiendo optado por vivir en México, podemos evitar el ensordecimiento por el estruendo de la esperanza y la desesperación. Estamos rodeados por él. Lo escuchamos en la resplandeciente y brillante experiencia de la escuelita Zapatista (posiblemente su iniciativa más profundamente revolucionaria a la fecha) en el mismo día en que escuchamos reportes del hallazgo de otra tumba masiva de víctimas torturadas de la guerra contra el narcotráfico.

Por supuesto que no es sólo México. La sangrienta masacre de esperanza es ubicua, realmente globalizada. Las untuosas palabras de políticos propagan muerte por todo el mundo. En todas partes la viscosidad del dinero se apoya en brutal represión. El sonido de la dominación es alto, transmitido en la radio y televisión. Son los sonidos de la rebelión los que algunas veces son difíciles de escuchar. Aún así, están ahí todo el tiempo, y están creciendo. Massimo menciona en su introducción Chiapas, Bolivia y Argentina, y ha sido común en los últimos veinte años, y con buena razón, pensar en América Latina como la tierra de la esperanza. Pero no es sólo América Latina. En meses recientes, la rebelión ha saltado alrededor del mundo como un saltamontes borracho: una semana Estocolmo, la siguiente Estambul y Ankara, la siguiente Río de Janeiro y Sao Paulo, después es el turno de Sofía, y así sucesivamente.

Intentamos escuchar, intentamos entender. Las viejas clasificaciones no necesariamente funcionan. Hay un cambio en los patrones de rebelión, y con él llega también un cambio en las formas de pensar la rebelión. O incluso, no un cambio, sino cambios. Emergen nuevas teorías, nuevas maneras de pensar la posibilidad de cambio radical. Cada teoría busca presentar una imagen coherente de lo que está sucediendo pero, al tomarlas todas juntas, el efecto puede ser aumentar la confusión o, tal vez, proporcionar cohesión a fuerzas que empujan en diferentes direcciones.

Es aquí donde entra el presente libro. Massimo busca dar coherencia a discusiones recientes al enfocarse en tres conceptos clave: subalternidad, antagonismo y autonomía, y él sugiere que estos tres enfoques pueden ser vistos no sólo como rivales, sino como complementarios. Yo no comparto necesariamente la perspectiva de Massimo, pero me llama la atención la relación entre los tres conceptos que él señala y lo que yo veo como los tres aspectos de nuestra relación con el capital: existimos en-contra-y-más allá del capital.

Existimos en el capital simplemente por haber nacido y vivido en una sociedad capitalista. Somos, en palabras de Massimo, subalternos; estamos subordinados al capital. Podemos decirnos revolucionarios anticapitalistas, pero ello no afecta el hecho de que vivimos en el capital, que nuestras condiciones de acción y pensamiento están moldeadas por la sociedad en la que vivimos. Nuestros conceptos de tiempo, espacio, lenguaje, cosidad, posibilidad, institucionalidad; todos tienen ambos pies en esta sociedad. Nuestra subalternidad es parte de nuestra experiencia diaria y, desafortunadamente, no puede ser simplemente eliminada de nuestra existencia.

Si existiéramos simplemente en el capital, si nuestras vidas fueran caracterizadas sólo por dominación, por conformidad, deberíamos en tal caso hundirnos en un pantano de desesperación, bostezar, llorar y rendirnos. Pero existir en el capital es inevitablemente existir contra el capital. Esto no es un asunto de elección, no es un asunto de decisión consciente. Es simplemente la expresión del hecho de que el capital no es inmóvil, sino una dinámica de agresión. La propia existencia del capital es un ataque hacia nosotros, un ataque constante hacia la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, en que amamos, en que nos levantamos en la mañana y nos vamos a dormir en la noche, la forma en que nacemos y la forma en que morimos. Nacemos en una relación antagonista, no sólo en un mundo de dominación. Es por ello que, para mí, la segunda categoría señalada por Massimo, antagonismo, es central, y debe ser el punto de partida de la reflexión. Si leemos o escribimos un libro como éste, estamos ya manifestando que nuestra relación con el mundo que nos rodea es una relación antagonista, que no es simplemente una relación de dominación. El concepto de subalternidad o dominación nos encierra, nos dice que somos víctimas, que estamos muertos. La idea de antagonismo nos trae a la vida, nos trata como sujetos, abre perspectivas de esperanza. Por “antagonismo” no me refiero necesariamente a lucha consciente, sino más bien a la dinamica de ataque y contra-ataque a la que somos arrojados al nacer. El capital ataca y no podemos evitar resistir. Resistimos al bostezar en el trabajo, al arrojar el reloj despertador contra la pared cuando es hora de levantarse, al amar y enamorarse, resistimos por el hecho de que aún no aceptamos, a pesar de todos los incentivos que se nos ofrecen, que debemos convertirnos en robots. Y frecuentemente nuestra no-subordinación se convierte en insubordinación e incluso rebelión. Rebelión en contra de la forma de organización social que nos ataca, y rebelión en contra de nuestra propia subordinación.

Inevitablemente, también existimos más allá del capital, elemento que es recuperado en la tercer categoría de Massimo, autonomía. Nuevamente, este no es un asunto de elección o un privilegio de unos pocos elegidos. El propio hecho de estar constreñidos por una forma de organización social que no controlamos nos empuja más allá de esos constreñimientos, en nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestras acciones. El hecho de vivir en una sociedad que produce su propia aniquilación nos empuja a encontrar, en pensamiento y cada vez más en acciones, otras formas de organizar nuestra actividad y nuestras relaciones con otras personas. Esto surge del más allá, pero nos lleva un paso adelante: para luchar contra el capital, viviremos el mundo que queremos crear, nos organizaremos y actuaremos en la manera que corresponde a ese mundo. Nuestra lucha es entonces prefigurativa: no sólo contra el capital sino creando ya las bases de otro mundo. Vivimos aquello que todavía no es. Claramente ésta no es una autonomía real: autonomía (o autodeterminación) continúa siendo un sueño, pero vivir ese sueño se vuelve central en la lucha por su realización.

En, contra, más allá, o más bien, en-contra-y-más allá, pues las tres no deberían estar separadas ya que son tres aspectos de nuestra existencia diaria. Los tres aspectos son momentos de una unidad-en-separación, pero inevitablemente se distancian en nuestras percepciones y nuestras teorizaciones. En este sentido, Massimo Modonesi acierta tanto al enfocarse en los tres conceptos (subalternidad, antagonismo, autonomía) como al explorar su complementariedad. Existe siempre el peligro de dibujar líneas demasiado claras, de transformar las distintas fases de nuestra experiencia en identidades rígidas: reforma contra revolución, antagonismo contra autonomía. De hecho, reforma (estar-en) y revolución (estar-contra) y la creación de una sociedad diferente (estar-más allá) son parte de la experiencia de todos nosotros, aunque el balance entre éstas es afectado por nuestra experiencia social particular, por nuestra personalidad, nuestra edad, por si tenemos hambre o acabamos de disfrutar de una buena comida, por nuestro entendimiento de la sociedad, entre otras cosas. Transformar estas tonalidades de experiencia en diferencias de identidad (tú eres un reformista, yo soy un revolucionario) es promover la más profunda penetración del capital en el pensamiento anti-capitalista: en otras palabras, es promover pensamiento identitario. De hecho, la oración “yo soy un revolucionario” es descaradamente contradictoria en sí misma: mientras negaría el capital, lo reproduce en su forma más insidiosa, como identificación.

No es que todos debamos jugar a la familia feliz y pretender que nuestras diferencias teóricas no importan. Tienen una importancia profunda y deben ser combatidas con pasión. Pero ello debe hacerse basado en el entendimiento de que reflejan distintos momentos de una experiencia común y de que todos somos inevitablemente auto-contradictorios. La pureza revolucionaria y la exactitud teórica no tienen lugar en la lucha anticapitalista, no tienen lugar en la construcción del mundo diferente que con tanta desesperación necesitamos. Es por ello que debemos escuchar los sonidos que vienen de la maleza, buscar a las figuras que emergen a través de la niebla de la polución urbana.

Puebla, 28 de agosto de 2013.

Reseñas

La verdad no se ensaya. Cuba, el socialismo y la democracia
Rafael Acosta de Arriba

Movimientos sociales y nuevas ciudadanías en América Latina
Centli Pérez Bautista

Asedios a la totalidad. Poder y política en la modernidad desde un encare de-colonial
Antonio Infranca

La verdad no se ensaya. Cuba, el socialismo y la democracia

Julio César Guanche

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Santiago de Chile, 2012 Ed 2012

Una mirada aguda a la Cuba de hoy

Rafael Acosta de Arriba

Poeta y ensayista cubano. Doctor en Ciencias Históricas. Miembro de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba.

En ningún terreno como el de [las] ciencias sociales son tan múltiples y variados los criterios, las perspectivas y las soluciones propuestas. El espíritu científico y la intolerancia son incompatibles. El espíritu científico se nutre y enraiza en la libertad de investigación y de crítica. La intolerancia, “esa extensión hacia afuera del dominio exclusivo ejercido dentro de nosotros por la fe dogmática”, intoxica la inteligencia, deforma la sensibilidad y frustra la actividad científica, que es un impulso libérrimo hacia la conquista y la posesión de la verdad. Raúl Roa García, Historia de las doctrinas sociales.

Con la publicación de su último libro, la compilación de ensayos La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia, Julio César Guanche continúa dándole forma a su más ambicioso proyecto, estudiar el pensamiento político cubano de 1930 a los inicios de la revolución, buscando interpretar la historia de las doctrinas sociales en la isla desde la teoría y la filosofía.

La lectura de un volumen previo, El continente de lo posible. Un análisis sobre la condición revolucionaria, Ruth Editorial-Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, La Habana, 2008, me hizo pensar que estaba ante uno de los más importantes estudiosos de las ideas políticas del país, y que el respeto que le prodigaban intelectuales de generaciones anteriores con muchas horas de vuelo en este tipo de literatura lo legitimaban por completo. Después de haber disfrutado de todos los textos de La verdad no se ensaya, puedo confirmar dicha certidumbre: Guanche es, sin lugar a dudas, una de las voces más originales y lúcidas de las ciencias sociales en Cuba.

Conozco al autor desde hace años y ya había leído algunos de sus textos publicados en revistas, pero estos dos libros, que devoré provechosa y completamente, significaron para mí la certeza de estar en presencia de un pensador muy maduro a pesar de su juventud.

En el libro se repasa ampliamente el panorama actual de la sociedad cubana, su anatomía política, el universo de las ideas en juego dentro del gran ámbito de las ideas que pueden llamarse socialistas y otras cuestiones inherentes al análisis social como por ejemplo, el complejo problema que representa una juventud cada vez más distanciada del discurso oficial y de la agreste realidad. En el libro se pasa revista también a los asuntos correspondientes a la cultura del país y a los de la estructura del aparato de representación ciudadana, no menos importantes.

El autor se sabe parte de una tradición de ideas socialistas y revolucionarias cubanas y piensa desde la misma. Así, Julio Antonio Mella, Raúl Roa García y Ernesto Che Guevara, pensadores tutelares, tanto como los intelectuales de generaciones previas, ya dentro de la revolución, como Fernando Martínez Heredia, Desiderio Navarro y Juan Valdés Paz, respetados y analizados con agudeza por Guanche en este y otros libros; son referentes que marcan sus influencias dentro de una saga ideológica mayor.

El libro que nos ocupa es como un bosque de signos o un surtidor de ideas, como se prefiera, que tanto desde la espesa frondosidad o la potencia del chorro, nos conduce por los laberintos de la mente de su autor. La arquitectura de las ideas y los vastos referentes cruzados en sus páginas, la pasión por encontrar y presentar sus verdades (esas que no se ensayan, precisamente por su transparencia), y el amplio dominio de la técnica del ensayo, nos hablan de la diversidad y riqueza de un pensamiento en constante gestación, una apreciable tentativa por descifrar problemas y procesos de extrema complejidad.

Se trata de un lenguaje que oscila continuamente entre lo concreto y lo abstracto, que busca con afán establecer vínculos entre los grandes paradigmas ideológicos y la observación puntual de aspectos precisos de la realidad nacional o de otros tópicos, una prosa que aprecia a las ideas no como frases grabadas en la piedra sino como entes vivos y en dialéctica interacción, o lo que es lo mismo, como signos intelectuales con energía propia. Una prosa que es un ejercicio combinado de claridad, elegancia y fuerza expresiva.

Los escritores, ya sean de ficción, poesía o ensayistas, suelen marcar sus obras de manera consciente o inconscientemente con una clave oculta, la cual es necesario descifrar si de veras se pretende acceder al imaginario profundo del autor, a las esencias de su fuerza escriturai. En el caso de Julio César Guanche creo que esa clave secreta reside en el brío de su pensamiento, una manera muy propia de introducirse en los análisis en busca de su porción de originalidad ante temas ya muy manoseados. Otro rasgo de esa esencia sumergida que conforma su escritura pudiera ser el del poco o ningún temor que demuestra al escribir de delicados temas políticos (en Cuba de manera particular, mientras en el país el pensamiento crítico radical no sea naturaleza), exhibiendo un sentido de riesgo y audacia que es de ponderar admirativamente.

Sus críticas a diferentes zonas del “socialismo”, ya sean del escenificado en la desaparecida URSS o del propio cubano, se realizan desde inequívocas posiciones marxistas, apelando a los clásicos pero no dejando de hacer notar que ante una teoría de casi doscientos años de existencia se requiere de constantes actualizaciones y de ajustes al devenir histórico, quizá en la idea cierta de que la historia, mas que memoria, es su crítica. Digamos que aprecio a Cuanche no como amante de una mezquina Clío (cuentera de anécdotas) sino de la Clio que cada día se despierta a conversar con los curiosos de la historia para provecho de la cultura universal.

Encontrar un sentido oculto en el convulso panorama de un proceso como la revolución cubana, que ha tenido que reinventarse varias veces desde 1959, no es una tarea sencilla sino todo lo contrario. En particular, si tomamos en cuenta la simplicidad maniquea con que antaño se nos presentó la complejidad del entramado socio-político de la revolución. Penetrar ese nudo de relaciones ha constituido para Julio César un enorme desafío y el lector queda atrapado en la vigorosa operatoria racional del autor. En mi lectura particular siento que asumí esos retos junto con él, lo acompañé todo el tiempo y en el menor de los casos, en muy pocos realmente, dudé o disentí; subrayo esto pues estoy hablando de un libro de altos valores polémicos de inicio a fin. El rigor de sus meditaciones no se aparta nunca de la intencionalidad científica aunque a ratos deje de ser la academia para convertirse en antiacademia, otro signo de salud intelectual.

Concentrado en la obsesiva urgencia de la razón, Julio César piensa, escribe, polemiza, organiza talleres y seminarios, vive intensamente el mundo de las ideas, recordando el enunciado orteguiano de pensar es vivir. Cuanche va construyendo su obra gradualmente, su norte es gestar ideas para enfrentarse a las circunstancias y para desmenuzar el proceso de conformación del pensamiento socialista cubano; en lo más íntimo, como cubano de a pie que sufre las duras realidades de la vida cotidiana, sueña con una Nueva Cuba otra, la que por cierto, creo que le corresponde diseñar, entre otros actores de la sociedad civil, a su generación, y ayudar a convertirla en aspiración y realidad; su accionar se muestra, por lo tanto, desde el estructurado compromiso y la intensa vivencialidad del presente.

Al leer este libro, el lector vislumbrará algunos de los rasgos de ese proyecto generacional y no puede menos que entusiasmarse con el mismo, en él se amalgaman los frutos de sólidos basamentos marxistas, los impulsos gramscianos y el febril y especulativo pensamiento de los jóvenes de su generación. Leyendo La verdad no se ensaya, uno confirma la conciencia de que Cuanche es un autor que huye de la simplicidad de los análisis (algo muy común en algunos textos que sobre Cuba se publican frecuentemente dentro y fuera de la isla) para adentrarse en el grosor de lo mejor y más avanzado de la cultura occidental y desde ahí examinar la realidad cubana. De manera que los postulados críticos del libro aparecen por doquier para negar enunciados que en un momento fueron recibidos por la población y por la academia más por obediencia e ignorancia que por conciencia, tales como la asunción de la ideología única como programa de gobierno o la percepción de la revolución como un absoluto, quizá en aproximación a una idea que siempre me ha parecido interesante: no es viable gobernar en nombre de la historia.

El libro enarbola un credo que se sostiene sobre coordenadas complejas, como el insoslayable deseo de justicia social, la necesidad de la utopía y del pluralismo político, la importancia de la independencia personal, el necesario antiimperialismo, la diversidad civilizatoria, el fortalecimiento legal y constitucional que proteja los intereses de los ciudadanos, la democracia auténtica, la estimulación y transparencia de los debates de ideas, la delimitación necesaria entre socialismo y estatización, en fin, sobre todo lo que apunte a robustecer lo que en el prólogo del libro el profesor Pablo Salvat denomina como “republicanismo socialista” y que curiosamente en el prólogo a la edición cubana[1], el investigador Juan Valdés Paz le llama de manera similar/’interpretación del socialismo en clave republicana”.

En nuestra sociedad se están llevando a cabo en el presente algunas discusiones y polémicas de sana raíz ciudadana, debates impensables hace una década, que indican que afortunadamente los cambios a los que estamos obligados como nación no se darán exclusivamente en los predios de la economía. El Centro Teórico Cultural Criterios, el Centro Martin Luther King, las revistas Temas y Espacio Laical, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, entre otras instituciones y entidades, más la muy incipiente blogósfera local, están provocando tales discusiones que concitan numerosas ideas sobre los cambios que deben operarse en diferentes zonas del tejido social y del Estado; en los mismos, la inteligencia y la pasión de Julio César han tenido siempre papeles protagónicos, conducta ética que me recuerda aquella idea de José Martí, pensares servir, idea que adquiere hoy una enorme relevancia.

Del texto de una canción del joven cantante Baby Lores sobre esa verdad que en mi criterio siempre ha de ser rashomoniana para que sea verdad, a la frase de la gran intérprete Celia Cruz de que “sin clave no hay son”[2], en clara referencia a un instrumento musical indispensable para un tipo de música determinado, transcurre el primero de los ensayos del libro, para mi gusto el más disfrutable; de estas especulaciones sobre letras de canciones el autor extrae una certeza, “Encontrar las claves para no perder las llaves de la nación será un desafío en el futuro”.

Otro texto que sobresale en el volumen es el dedicado a examinar la obra escrita de Raúl Roa García entre 1935 y 1958, un pensamiento virtualmente desconocido hasta la publicación de la compilación del mismo prologada por Cuan-che[3]. Plagado de originales interpretaciones y de algunos llamados de alerta sobre prácticas políticas actuales en el país, este ensayo es una joya analítica sobre el desmelenado y agudo pensar de un “socialista por la libre”, es decir, sin filiación partidista antes de 1959, como al mismo Roa le gustaba llamarse. Tal y como se hace constar en el estudio, Roa supo unir e hibridar en un ancho y abierto abanico de ideas, lo mismo el firme antiestalinismo que la ponderación de brillantes pensadores liberales. Es sin duda alguna uno de los autores de culto de Julio César Cuanche.

Cierra el libro un ensayo cuyo objeto de análisis no puede ser más urgente: la participación ciudadana en el Estado cubano. Aquí el jurista de formación despliega todos sus recursos teóricos y la agudeza de su mirada para hundir el bisturí en una anatomía desgastada y débil. No es un secreto para nadie que el denominado Poder Popular existente en la isla no rinde culto a su nombre, es decir, ni es poder esctrictu sensu, ni es popular, si atendemos a las deformaciones estructurales y la pobre calidad de la participación de los ciudadanos. Cuanche estima, y es de atender su propuesta, que “para un mayor desarrollo democrático, el Estado cubano necesita convertirse en un actor de importancia decisiva, mas no el único, en la construcción política. Es preciso construir poder desde lugares diferentes -Estado, esfera pública, grupos sociales, organizaciones de masas, agrupaciones ciudadanas [...]“[4]. Una vez más en este interesante y provocador libro para conocer mejor la realidad sociopolítica cubana, el autor se esmera no sólo en describir y teorizar, sino en ofrecer pautas para la acción. Cuanche, como buen ensayista, no pontifica, piensa, ensancha los temas y nos deja la seductora tarea de completar los análisis.

El pensador-escritor no dispone más que de su palabra para hacerse escuchar en el concierto de voces de la sociedad, es su pequeña zona de poder, sin embargo, ahí radica su fuerza solitaria: habla, ejerce el criterio, exhibe su conocimiento, critica, discute, sugiere; todo está en que su voz sea atendida debidamente. Recomiendo a los interesados por los temas cubanos, sobre todo en cuanto al futuro inmediato y al no menos apremiante presente de la isla, la lectura de La verdad no se ensaya, lo considero un libro cardinal para iluminar las actuales circunstancias.

1. La edición cubana, de igual título pero con tres textos menos que la chilena, acaba de ser editada por Editorial Caminos, La Habana, 2012. Su presentación ocurrió en Casa de las Américas el pasado primero de marzo.↵

2. La letra que cantaba Celia Cruz dice: "Hay pueblos sin soberano y amores sin sepultura, hay bofetadas sin mano, hay poetas sin locura, pero sin clave no hay son", en la página 49 del libro.↵

3. Aunque a inicios del presente siglo algunas editoriales cubanas reeditaron viejos textos de Roa.↵

4. Véase la página 249.↵

Movimientos sociales y nuevas ciudadanías en América Latina

Cécile Lachenal y Kristina Pirker (coordinadoras) Gedisa/Fundar, Barcelona, 2012

Centli Pérez Bautista

Activista mexicano. Pasante de Sociología y profesor adjunto, Universidad Nacional Autónoma de México.

Los movimientos sociales a lo largo de la historia de América Latina han logrado con sus acciones transformar a la sociedad en su conjunto de formas muy diversas; pero todas estas expresiones han mantenido el objetivo común de construir una democracia que se traduzca en derechos e instituciones que realmente estén vinculadas con el pueblo. Esta idea es una de las principales que se debaten dentro de este libro coordinado por Cécile Lachenal y Kristina Pirker, cuyo objetivo es presentar “el potencial y las limitaciones que tienen las estrategias de los movimientos sociales que usan el derecho para hacer progresar sus luchas políticas” (2012: 31). Otro tema importante que ellas resaltan en el primer apartado del libro es que la ciudadanía “ya no puede ser pensada únicamente desde la filosofía política occidental individualista, que sólo permite ver una parte de la realidad, también el derecho debe ser repensado desde las realidades latinoamericanas donde los sujetos de derecho no son únicamente las personas, sino también los colectivos, la tierra, etcétera” (2012: 36).

Podemos pensar en diferentes ejemplos de cambios suscitados a partir de la movilización popular. Desde Bolivia a principios de este nuevo siglo, cuando un movimiento indígena logró que llegara el primer presidente indígena, hasta las más recientes movilizaciones masivas en Brasil donde los jóvenes, en su mayoría de clase popular y media, ponen en jaque al gobierno del PT presidido por Dilma Rousseff. Es evidente que persisten diferencias en las estrategias y hasta en quiénes protagonizan estos movimientos, pero pueden ubicarse dentro de un marco convergente caracterizado por tres principales actores: los pueblos indígenas, los estudiantes y la sociedad civil, que va desde los más pobres hasta la clase media. Estos actores han hecho de su acción la bandera de lucha contra un sistema neoliberal, donde se reproduce la separación entre la minoría con más recursos y la gran mayoría que vive en condiciones deplorables.

Dentro del libro existen tres ejes principales que definen a los casos de movimientos sociales, que incluyen: 1) el análisis de los movimientos sociales dentro de un contexto social y político marcado por la globalización y la hegemonía de un modelo político y económico; 2) el papel que juega el derecho y los derechos en el discurso y estrategias de los movimientos sociales, y 3) ubicar a las nuevas ciudadanías como la apropiación por grupos marginados (como las minorías étnicas) de prácticas de acceso a la información y participación en procesos de toma de decisión e instancias de mediación política.

El libro recurre a tres diferentes teorías que nos ayudan a dar un acercamiento más certero para entender el surgimiento y el desarrollo de estos fenómenos. Estas incluyen: las perspectivas de los sociólogos Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, enfocados en la aparición de movimientos sociales locales o nacionales a causa de los conflictos y las contradicciones del sistema-mundo capitalista, que permite ver las formas económicas, estatales y formas organizativas de los actores sociales; los aportes del sociólogo francés Alain Touraine, con un enfoque más específico sobre el papel de la cultura y la comunicación dentro de los procesos de formación de identidades colectivas; y por otro lado los de Sydney Tarrow y Charles Tilly, que plantean a la acción colectiva como base, lo que sirve para relacionar los ciclos de protesta con la configuración histórica de instituciones del poder público.

En los dos últimos capítulos de este libro, comienza una discusión teórica sobre el concepto de democracia. Por un lado, se habla de ella como un lugar vacío y es tomada desde una concepción que la define como un acontecimiento y momento de posibilidad disruptiva del orden. Villacorta pone en consideración otra definición de democracia, que ella entiende como una dinámica de participación de la sociedad en el espacio público. Para poder comprender mejor este concepto de democracia, se retoman las ideas de Enrique Dussel, donde por un lado existe la capacidad de potentia o poder en sí, que se refiere a un poder originario que los seres humanos poseen y cuya movilización posibilita la conformación de la vida en comunidad; para que esto se convierta en realidad también existe la protestas, que tiene como definición la forma democrática institucionalizada, una formación que tiene como objetivo la construcción de un sujeto colectivo hacia una comunidad política.

En el último capítulo del libro, Tepichín desarrolla el concepto de transición a la democracia. Esta noción surge dentro del contexto histórico de la caída de los gobiernos militares en toda América Latina y, con ello, el inicio de gobiernos democráticos. El análisis nos ayuda a dar cuenta de una tendencia al cambio de regímenes políticos que anteriormente eran meramente autoritarios. Ante esta valoración positiva de la transición a la democracia, existen opiniones que demuestran los límites de esta concepción, por un lado está el obstáculo de la desigualdad económica, la cual impide que haya realmente un gobierno del pueblo; en segundo término, no toma en cuenta las coyunturas históricas que se vivían en esos momentos de transición; y por último, el factor geopolítico no es relevante dentro de este proceso de análisis, lo cual genera una debilidad conceptual clave.

Según el autor, en este contexto político y social de transición democrática, el Estado debe cumplir con los siguientes puntos: poner al conjunto de instituciones burocráticas al servicio del bien común; salvaguardar el orden, la previsibilidad y continuidad histórica de la nación; y fomentar la identidad nacional.

El libro dedica diez de sus capítulos a casos mexicanos. El primero de ellos nos habla sobre la difícil relación entre la sociedad civil y la sociedad política en México. Según los autores, Felipe Hevia y Sergio García, existen tres aspectos principales que pueden definir a la sociedad civil: su constitución por procesos continuos de asociación, su composición heterogénea, y sus intentos de generar mecanismos de autonomía y autocontención. Pese a que en México ha existido una larga tradición de lucha de la sociedad civil, desde los años ochenta se puede observar que: “la configuración del poder legítimo en México, que pasa por los partidos políticos, dificulta, más que facilita, los procesos de profundización democrática. Como las encuestas señalan, los actores políticos son los más desprestigiados de la esfera pública, y lo que menos confianza merecen” (2012: 141).

Otro ejemplo de la relación entre el pueblo y la clase política es el análisis del proceso de la reforma petrolera en México durante 2008, donde se destaca la idea de la rendición de cuentas, que construye una serie de relaciones entre ciudadanos y gobierno que son un soporte importante en la consecución del Estado democrático que responde a la sociedad y sus necesidades, y que incluyen la información, justificación y sanción. El capítulo escrito por una de las coordinadoras de la publicación, Kristina Pirker, nos habla sobre Fundar, que es una organización no gubernamental que utiliza el conocimiento especializado para la defensa de los intereses de grupos vulnerables y causas de interés público dentro del marco de la participación ciudadana. Aparte del caso de Fundar, el libro incluye diferentes abordajes a procesos organizativos como el del estado de Jalisco, donde surge una organización en contra de una plaza comercial llamada “La Ciudadela”. En este lugar ocurrieron dos hechos dentro del contexto político y urbano que derivaron en que el punto central de las protestas de los últimos años tengan un enfoque ambiental: la disminución de la intervención gubernamental en la planeación y la gestión urbana, y la puesta en marcha de grandes proyectos inmobiliarios.

Otro caso analizado es el del Monitor Ciudadano de la Policía (MOCIPOL), en Guerrero, que surge como una respuesta de la sociedad civil ante los abusos de los cuerpos de seguridad en el contexto de la militarización y la guerra “antidrogas”, y que incluye la documentación e investigación de casos y testimonios, asesoría, mediación, acciones de defensa jurídica y estrategias de defensa integral. También se incluye el caso de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), que constituyó un frente que logró enfrentarse al gobierno priísta de Ulises Ruiz, dentro del marco de lo que el autor caracteriza como una crisis de la dominación del gobierno y el despliegue de una nueva forma de organización a partir de la APPO. En el libro, se le da especial importancia al tema de la mujer, incluyendo las mujeres indígenas y las que padecen VIH/SIDA. La inclusión del tema de mujeres y VIH en México se refleja en tres fases, que incluyen la transición de la invisibilidad a grados relativos de reconocimiento e inclusión, y por último las fracturas hacia autonomías incipientes. El papel de la sociedad civil organizada en México dentro del tema del SIDA se puede resumir en una sola frase: “la lucha contra el VIH/SIDA en México la ha dado la sociedad”.

En cuanto a los pueblos indígenas existe una coyuntura política importante en los años noventa, porque ocurren grandes movilizaciones como el movimiento indígena de Ecuador y el levantamiento zapatista en México. En estos casos, las mujeres destacan en la lucha por la defensa del territorio y de los recursos naturales. Sobre el tema de los pueblos indios en México existe una reflexión de Cécile Lachenal que es fundamental para el nuevo discurso indígena: “si bien existen diferencias importantes entre los movimientos indígenas de los diversos países latinoamericanos [...] lo que los unifica a partir de los años noventa es el tema del reconocimiento [...] Ellos ahora exigen que el Estado y la sociedad los reconozcan como pueblos indígenas al interior de sus respectivas sociedades. Esto se juntó a la defensa de la tierra y el territorio que siguen estando en el centro de sus demandas [...]” (2012: 294-295).

El libro también incluye un capítulo sobre el caso de Brasil, enfocado a la evaluación del ejercicio del gobierno de Lula da Silva, que como proyecto nacional impulsó el mejoramiento de las condiciones de los más pobres a través de una reforma que reestructuró al Estado. Oliver caracteriza al gobierno de Lula como un cesarismo político, planteado desde la teoría de Antonio Cramsci, que significa que el presidente se pone por encima de las fuerzas políticas y sociales, las obliga a aceptar una política desde arriba, que por un lado favorece al gran capital pero también despliega un reconocimiento de derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Otro caso es el de Argentina, que incluye un análisis comparativo de los principales ciclos de protesta desde la década del cincuenta hasta la actualidad. Una de sus principales conclusiones es que los ciclos de protesta “son momentos en que se incrementa la conflictividad en el sistema social, se extiende geográficamente y entre los sectores sociales, aparecen nuevos movimientos, repertorios de acción y la creación de nuevos marcos de significación” (2012: 87). Otro caso argentino es el del “movimiento de barrios de pie”. El objetivo principal de esta organización era “dar voz a quienes no tienen voz” mediante procesos participativos de comunicación. Las perspectivas teóricas nacidas en este marco contribuyeron al desarrollo de nuevas experiencias y prácticas de comunicación alternativa. Por último se hace un análisis del movimiento de víctimas de violencia estatal en Colombia. La autora intenta problematizar la aparición y construcción del sujeto colectivo denominado víctima, que surge a partir de dos factores, la coyuntura nacional e internacional y por las desigualdades estructurales entre las regiones del país.

A manera de conclusión general, en mi opinión este libro es esencial para entender el movimiento social en su conjunto, porque la descripción de los casos de cada país nos ayuda a identificar diferencias y similitudes entre los movimientos, pero no sólo eso, el análisis histórico que hace el libro también nos sirve para reflexionar sobre el futuro de los movimientos sociales en nuestra América Latina.

Asedios a la totalidad. Poder y política en la modernidad desde un encare de-colonial

José Guadalupe Gandarilla Salgado (prólogo de Enrique Dussel), Anthropos, Barcelona, 2012

Antonino Infranca

Filósofo italiano. Doctor en filosofía por la Academia Húngara de Ciencias.

En América Latina está en curso una profunda labor de crítica y de revisión de paradigmas fundacionales de la llamada “modernidad” y de lo “postmoderno”, que en Europa, en el llamado “Centro del mundo”, son asumidos acríticamente. El libro de Gandarilla Salgado entra en esta necesaria obra de re-lectura crítica, iniciada por dos exponentes de relieve como Enrique Dussel y Boaventura de Sousa Santos. La teoría crítica de la liberación, en la cual se inspira Gandarilla Salgado, está formando una verdadera escuela de pensamiento alternativa a la hegemonía intelectual de Europa y de Norteamérica. En un libro he definido -El Otro Occidenteeste momento histórico y crítico que está viviendo América Latina, por ser Otro respecto al Occidente tradicional, es decir Europa y Norteamérica, y a su teoría unlversalizante y además porque hace de esta alteridad un punto de vista prospectivo para la definición no sólo de la misma condición cultural, sino también de la de su interlocutor, el mismo Occidente. En una época ya globalizada, la postura de los intelectuales latinoamericanos, crítica hacia el eurocentrismo, se vuelve un nuevo paradigma a partir del cual se puede juzgar la apertura o el cierre de la cultura occidental y su pretensión de elevarse a cultura universal y globalizada.

Gandarilla Salgado es mexicano y discípulo de Enrique Dussel, que en su prólogo al volumen, indica la novedad principal de la obra, como “giro de-colonizador epistemológico de las ciencias sociales” (p. IX). Y en este giro Boaventura Sousa de Santos ocupa un papel relevante con sus innovadores paradigmas epistemológicos que han superado la tradicional incapacidad crítica de la teórica crítica en América Latina. En efecto, Gandarilla muy explícitamente recuerda:

En nuestro medio, hay que decirlo, se ha tenido una apertura mayor para incorporar al debate filosófico, o al pensamiento social más en general, el llamado “giro lingüístico”, el “giro pragmático”, o hasta el “giro cultural”, no ha sido así el caso para profundizar en la discusión del “giro de-colonial”, pues ello parte de reconocer que la corriente todavía hegemônica en proporciones significativas de la intelectualidad y de los cuerpos académicos algo más establecidos, sostiene una acepción de la teoría crítica que es o ha sido poco crítica para incorporar un enjuiciamiento más plural al paradigma sociocultural de la modernidad, pues concentró sus baterías en el señalamiento de la deriva irracional a que se encaminó la totalidad sistêmica del capitalismo, sin cuestionar la racionalidad misma, que no sólo su instrumentalización (2012: 8).

Es éste, en síntesis, el programa del libro entero, porque “en el marco del orden vigente empiezan a despuntar diversas modalidades altamente agresivas y retrógradas que apuntan a la anulación de la vida del otro de la ‘cultura occidental dominante’, pues es lo que permite que se reproduzca su orden metabólico de reproducción (el capitalismo), y su lógica de despliegue (la colonialidad)” (2012: 4). El éxito de la racionalidad occidental empezó por la escasa consideración de las otras culturas, a las cuales casi siempre se negó que se fundasen en el logos, sino en el mythos (2012: 71), mientras la lógica del capitalismo demuestra claramente que éste se funda en la irracionalidad de lo racionalizado. Hay que superar, entonces, la lógica del sistema de exclusión para superar el sistema de exclusión y hay que superarla también en nuestros ambientes intelectuales, donde seguido la teorías vigentes ocultan la verdad real.

Candarilla Salgado indica algunas subjetividades que en el curso de la historia han sido excluidas: el infiel, el salvaje, el bárbaro, el indio, el esclavo, el asalariado, el colonizado, la mujer, el hijo, la naturaleza, etc. Estas subjetividades han sido también críticas en su mera existencia como víctimas del sistema dominante y, en tanto víctimas, han podido juzgar su valor universal en el mismo sistema, a confirmación que la crítica a la totalidad es tanto un proyecto multisecular como un orden multidimensional (2012: 11). El sistema hoy dominante se funda en la exclusión para apropiarse de la fuerza de trabajo viva y para no asumir la responsabilidad de la vida de tales excluidos. La superación de esta lógica, el giro de-colonizador exige el respecto del Otro en tanto Otro, sin cambiar su estructura ontológica y preservando su cultura e identidad. La teoría crítica de la liberación, que Candarilla Salgado desarrolla en su libro, es una lógica de la concreción de la vida vivida por las subjetividades colocadas en situación de exclusión del sistema dominante. La ética universal abstracta de los derechos humanos se considera universal, porque considera definitiva su propia época, como si fuera el fin de la historia. Justamente para garantizar un futuro a la humanidad, la teoría crítica de la liberación vuelve a poner en discusión la relación entre subjetividad y legalidad, inspirada en otra universalidad, la de una nueva democratización que nace de la vida concreta de los excluidos y no de la lógica del poder. La subjetividad no tiene ya que ser considerada a partir de la supremacía de la experiencia de una civilización, la occidental, sino desde el punto de vista de la pluriculturalidad, que es la dimensión cultural de la humanidad, que no es unánime u homogénea, sino múltiple.

La teoría crítica de la liberación pugna por una nueva ética universal fundada en la vida -la Ética de la liberación y la Política de la liberación de Enrique Dus-selque se opone al capitalismo occidental que es un régimen que se funda en la anulación de la vida (2012:199), y es fundado en un principio de muerte, también del planeta. Ya Marx había entendido que el devenir capitalista es un devenir hacia la muerte, fundado en dos dispositivos del orden social vigente: el Estado/soberano y el dinero/capital (2012: 225). Hoy la lógica de la oposición al sistema dominante empuja a un devenir hacia la vida.

Candarilla Salgado cierra su libro con la distinción entre las posturas teóricas de sus dos puntos de referencia, Santos e Dussel:

Desde la perspectiva de Boaventura Sousa de Santos, no se puede alcanzar una dimensión hegemônica en la lucha de los de abajo, por lo cual, se hace necesaria una estrategia dialógica de quienes resisten, una política de traducción. Por otro lado, desde la perspectiva de Dussel se sugiere una estrategia de actuación que encare la cuestión a través de propiciar la construcción de un hegemón analógico, esto es, desde una propuesta de pretensión de hegemonía entre los de abajo, que consiste en que los movimientos van incorporando las demandas de los otros movimientos en la propia, puesto que, en cada uno de ellos, lo que está en juego es un problema de necesidades y voluntad de vida (2012: 291).

Entonces la vida, como fundamento de todo valor ético, es también el fundamento de toda acción crítica que pretende justicia y hegemonía a partir de abajo, y permite, además, una comunicación horizontal entre los excluidos, comunicación alternativa a la comunicación vertical, que dicta órdenes y estilos de vida a quien está abajo. Invertir esta situación -el giro de-colonizadores el programa de esta verdadera revolución global de liberación de la exclusión, por la reapropiación de la vida por partir de los seres humanos, por la posibilidad para la humanidad de un futuro vivible en el planeta Tierra. La humanidad es la detentora de la potentia, del poder político en sí, pero tiene que arrancar al capitalismo y a sus sujetos, la potestas, es decir el ejercicio del poder, el poder para sí (2012: 259); ésta es la esencia de los asedios a la totalidad del sistema dominante y también el programa de la Política de la Liberación de Dussel.