Colección Becas de investigación

CUESTIÓN DE EDUCACIÓN (SEXUAL). PUJAS Y NEGOCIACIONES POLÍTICO-RELIGIOSAS EN LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA

Juan Cruz Esquivel

Índice

- Introducción

- Breve reseña histórica del lazo político-religioso entre el estado y la iglesia católica en Argentina

- La educación sexual en Argentina: historia y presente de un sinuoso derrotero

- La Educación Sexual en tiempos de democracia

- El antecedente de la aprobación de la ley de educación sexual en la ciudad Autónoma de Buenos Aires

- La Ley Nacional de Educación Sexual Integral

- Continuidades y rupturas semánticas: análisis de la bibliografía católica y estatal sobre educación sexual

- La literatura católica

- La bibliografía del Ministerio de Educación de La Nación

- Epílogo: la educación sexual y sus condiciones de posibilidad como política pública

- La educación en clave legislativa

- La educación sexual ¿en vigencia?

- Anexo
Leyes nacionales y provinciales de educación sexual

- Bibliografía

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.
Este libro presenta la investigación que el autor realizó en el marco del concurso de proyectos sobre Derecho a la educación, políticas públicas y ciudadanía organizado por el Programa de Becas de CLACSO con apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.
Los contenidos de este libro han sido evaluados por un especialista externo a la institución en un proceso de revisión por pares.

Esquivel, Juan Cruz
Cuestión de educación – sexual : pujas y negociaciones político-religiosas en la Argentina democrática . – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013.
E-Book.- (Becas de investigación) ISBN 978-987-1891-86-3
1. Educación Sexual. I. Título. CDD 613.907 1

Otros descriptores asignados por CLACSO:
Educación Sexual /Argentina / Educación Religiosa / Iglesia Católica/ Estado / Políticas Públicas / Ley de Educación Sexual / Políticas de Salud Reproductiva / Legislación Nacional /Legislación Provincial

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Coordinador de Arte

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Arte de tapa

Marcelo Giardino

Primera edición
Cuestión de educación (sexual). Pujas y negociaciones político-religiosas en la Argentina democrática.
(Buenos Aires: CLACSO, noviembre de 2013)
ISBN 978-987-1891-86-3

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.
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Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

Introducción

Juan Cruz Esquivel [1]

El análisis de los procesos que desembocan en la aprobación de una legislación o de los mecanismos que se activan para la formulación e im-plementación de políticas públicas en el terreno educativo o en el campo de la planificación familiar y sexual, habilita una entrada privilegiada para comprender rasgos constitutivos de una cultura político-religiosa de largo arraigo en Argentina.

Históricamente, la Iglesia católica ha jugado un papel prota-gónico en el espacio político y social, constituyéndose en diversas oportunidades en una de las principales fuentes de legitimidad del poder político. Perdurables procesos de imbricación y transferencias de sentido -no exentos de episodios de desencuentros y conflictos- han definido la trama vincular entre el Estado, la sociedad política y las instituciones religiosas.

Tanto la educación como la moral familiar y sexual se erigen como dimensiones-clave para comprender la complejidad de las intermediaciones entre lo estatal, lo político y lo religioso. En el actual

contexto democrático, la educación sexual, junto con la distribución gratuita de anticonceptivos y de la pildora del ‘día después’, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual, la eutanasia y la despenalización del aborto, conforman uno de los núcleos sensibles’ que cristalizan pujas y negociaciones entre el Estado y las instituciones religiosas -principalmente, la Iglesia católica- a la hora de definir los marcos regulatorios de las políticas públicas en esos tópicos.

Las reivindicaciones desplegadas por actores sociales y políticos en términos de ampliación de derechos ciudadanos han dislocado de la esfera privada a estos tópicos e impulsado el tratamiento parlamentario con el objetivo de modificar el status normativo existente. Es en ese terreno donde se han librado disputas y acuerdos con las jerarquías religiosas, en la carrera por modelar legislaciones y políticas públicas desde marcos axiológicos disímiles.

Si por un lado, las autoridades eclesiásticas intentan asimilar la cristianidad con la nacionalidad y definir los principios organizadores de la sociedad desde su corpus doctrinario; por otro lado, con los procesos de consolidación democrática y pluralización de la sociedad, han cobrado mayor visibilidad reivindicaciones por mayores y nuevos derechos ciudadanos, mayoritariamente resistidos por las instituciones religiosas dominantes.

Nos preguntamos entonces por las modalidades en que la sociedad política procesa las tensiones que surgen entre las demandas de inclusión de derechos ciudadanos diversos y las tentativas confesionales por universalizar una moral religiosa. ¿En qué medida las normativas y los programas de gobierno en torno a la educación sexual responden a los principios religiosos? ¿En qué medida su formulación e implemen-tación interpela a la ciudadanía contemplando la diversidad de perspectivas y miradas?

Las formas en que se han condensado aquellas desavenencias, los agentes políticos, sociales y religiosos intervinientes y las lógicas activadas en los procesos de resolución de conflictos y búsquedas de consensos, han constituido el foco de interés de la investigación realizada.

Esta serie de “cuestiones de debate público” actualiza las interacciones entre el Estado y la principal entidad religiosa en Argentina, la Iglesia católica y, simultáneamente, restablece el debate sobre la dicotomía público-privado y sobre las relaciones entre la política y la religión.

Es pertinente anticipar que las controversias suscitadas en torno a asuntos vinculados con la sexualidad, la planificación familiar y la educación, no son exclusivas de la Argentina: los medios de comunicación reflejan a diario las disonancias entre el poder político y el poder eclesiástico en España (conflicto en torno a la materia Educación Ciudadana), Italia (contrapunto por el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo), México (polémica por la ley de despenalización del aborto), por citar tan solo tres ejemplos.

En el caso de la educación sexual en Argentina, su incorporación en la agenda parlamentaria en el transcurso de los primeros años del siglo XXI potenció la visibilidad adquirida en la escena pública. Es allí donde se han librado las batallas entre actores sociales, eclesiásticos y políticos, en puja por definir encuadres legales, modelar contenidos, determinar las formas de implementación, etc.

El presente trabajo busca contribuir a las discusiones sobre los complejos vínculos entre la religión y la política en la Argentina democrática, focalizando en los márgenes del accionar político para la construcción y ampliación de derechos ciudadanos en contextos de un culto predominante que redobla sus esfuerzos para conservar el peso de su poder institucional y controlar los dispositivos de regulación simbólica de la vida social.

Bajo esa premisa, el objetivo general se centró en el análisis de las interacciones entre el Estado, la sociedad política y las instituciones religiosas, particularmente la Iglesia católica, en la Argentina democrática (1983-2010), prestando principal atención a un área fundamental en el proceso de ampliación de los derechos ciudadanos: la educación sexual.

En una doble perspectiva, se abordaron las relaciones entre las instituciones políticas y religiosas, desentrañando las lógicas que se activan en la definición de determinadas políticas públicas y legislaciones, observando tanto las estrategias de influencia de las instituciones religiosas en el diseño e implementación de las mismas, como los niveles de receptividad de las demandas de contenido religioso por parte de los ‘decisores’ políticos.

El estudio ha puesto el lente en el extenso proceso de aprobación de la legislación sobre educación sexual. Tanto la reconstrucción del derrotero parlamentario, como el farragoso sendero recorrido posteriormente a la sanción de la ley a nivel nacional para la inserción de la educación sexual en el sistema educativo, nos ha permitido analizar las instancias de intermediación político-religiosa y las modalidades de interpelación de las instituciones confesionales a los espacios de representación de la ciudadanía.

Componentes jurídicos, políticos y culturales fueron considerados desde un lente integrador, a los fines de examinar la impronta religiosa en la legislación nacional, en los contenidos de las políticas públicas e identificar los rasgos de confesionalidad presentes en la cultura política hegemônica.

A los fines de identificar los puntos de continuidad y ruptura en las discursividades religiosas y oficiales, se indagó comparativamente los documentos divulgados por la Conferencia Episcopal Argentina y las publicaciones del Estado Nacional sobre educación sexual. Asimismo, la confrontación entre las distintas realidades provinciales respondió a la estrategia investigativa de analizar de modo preliminar los niveles de aplicación de la legislación en todo el país, si bien escapa a los objetivos de investigación la exploración en torno a la recepción en el ámbito escolar.

La estrategia metodológica asumida para cumplir con los objetivos enunciados contempló diversas técnicas de recolección de datos, en el marco de un abordaje cualitativo.

En primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes clave y referentes de las instituciones religiosas en temas de educación sexual, funcionarios de gobierno, a nivel nacional y provincial, responsables de las políticas públicas en educación sexual, a los fines de desentrañar los principios axiológicos fundamentales que subyacían a los posicionamientos adoptados en los debates públicos sobre la temática en cuestión. Las entrevistas permitieron focalizar de modo más efectivo la búsqueda y el análisis documental desarrollado posteriormente.

El análisis de contenido sobre los pronunciamientos públicos relacionados con la educación sexual y la moral familiar complementó el proceso de interpretación de las modalidades de presencia pública de las instituciones confesionales y de las lógicas que se activan desde el poder político para procesar las demandas de los líderes religiosos en Argentina. Para ello, se recolectaron y analizaron los artículos publicados en los principales diarios -Clarín, La Nación y Página/12- en el período 1997-2010 y en el Boletín católico ‘Notivida’ referidos a la temática aludida. De ese modo, fue posible reconstruir la cronología de la secuencia parlamentaria y la instalación de la educación sexual como elemento significativo en la agenda pública, localizar los principales episodios de relevancia pública en los que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas estuvieron emparentadas, identificar sus estrategias de influencia y evaluar la orientación final adoptada por el poder político a la hora de tomar decisiones en los asuntos señalados anteriormente.

Como indicador adicional para evaluar el grado de presencia de la temática en la agenda pública, interesó indagar en las investigaciones y sondeos de opinión llevados a cabo por centros de investigación, universidades, consultoras, organizaciones no gubernamentales. Desde 2001 a la fecha, hubo una sucesión de relevamientos sobre educación sexual en la ciudadanía.

Por otro lado, a los fines de contrastar los diferentes posicionamientos en torno a la educación sexual de los diversos actores relevantes del quehacer nacional, se ha comparado la producción bibliográfica religiosa con la literatura estatal, se han compilado y analizado tanto los documentos divulgados por la Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede, como el conjunto de manuales, folletos y otros materiales didácticos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Con el objetivo de confrontar las distintas realidades provinciales, también se indagó sobre las publicaciones elaboradas por las carteras educativas jurisdiccionales.

Asimismo, se recopilaron, sistematizaron y analizaron las diversas legislaciones y programas de gobierno provinciales (existencia de un programa de educación sexual provincial, de un referente jurisdiccional, de las actividades realizadas, etc.), con el objetivo de dar cuenta de los contrastes en los niveles de implementación de la política estatal en educación sexual entre las distintas jurisdicciones a lo largo y ancho del país.

Merced a la complementación de diversas técnicas para abordar la realidad y a la estrategia de triangulación de datos, ha sido posible comprender los marcos conceptuales y las lógicas de comportamiento que han prevalecido tanto en el universo político como en el eclesiástico, así como establecer puntos de convergencia y de divergencia entre ambos campos.

Algunas precisiones conceptuales

Una mirada histórica y sociológica de un proceso social que involucra a instituciones políticas y religiosas requiere de algunas precisiones teóricas acerca de la constitución de la política y la religión como dominios diferenciados en el marco de los imperativos asignados al proceso de modernización.

La sociología comprensiva de Max Weber se interrogó sobre la naturaleza de las transformaciones en la sociedad moderna. Individualizada a partir de un proceso de afirmación de la autonomía del sujeto y de racionalización creciente[2], observó cómo la expansión del proceso de racionalización en todos los ámbitos de la vida social trajo consigo una diferenciación de las esferas orientadoras de la acción humana.

En el mundo tradicional, de la religión emanaban los postulados que legitimaban y/o explicaban los procesos históricos. La referencia a lo divino se imponía como fundamento del orden social; los valores religiosos impregnaban al mismo tiempo la economía, la política y la vida privada (Aron, 1990). La profecía se cumplía plenamente: la religión era la única legitimada para proporcionar un significado coherente y sistemático del mundo. La moral religiosa era la encargada de definir el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, además del origen de la humanidad y el sentido de la vida humana.

Con el advenimiento de la modernidad, el proceso de secularización supuso una autonomización de las esferas de valor que regulan los comportamientos humanos (Weber, 1984). La religión como orden de valor debía competir con otros campos que también orientan y dan sentido a las conductas del ser humano y de la sociedad a la cual adscribe. El proceso divergente asumido por las distintas esferas -política, económica, jurídica, científica, artística y erótica-, cada una con “su lógica inmanente y particular” (Cohn, 1979: 141), suscitó “la pérdida estructural de la posición axial que ella [la religión] ocupaba en las sociedades tradicionales” (Pierucci, 1997: 104).

Con el desmoronamiento de las estructuras de plausibilidad de la creencia religiosa, la religión fue perdiendo el monopolio de direccionar y transmitir las ideas que posibilitan el ordenamiento de las estructuras mundanas (Berger, 1967; Hervieu-Leger, 1996). Es en ese marco que la modernidad prescribe una moral religiosa relegada a ser una esfera más entre otras tantas dentro del análisis weberiano. La ley deja de ser sagrada. La economía en general y las acciones económicas de los individuos en particular, pasan a regirse por la lógica de funcionamiento que determina el alcance de los fines racionalmente perseguidos -la ganancia. La política, en contraposición al imperativo de continuidad inmanente a la tradición religiosa, se basa en la capacidad contractual de los ciudadanos para formular normas y orientaciones de conducta.

Al introducir la idea de autonomía, Weber no pierde de vista la interrelación entre las esferas y los condicionamientos e influencias recíprocas. Solamente intenta remarcar que en primera instancia las fuentes explicativas de cada esfera deben buscarse en su propia lógica de funcionamiento, en los sentidos particulares que orientan la acción desde esa esfera.

Ahora bien, aquel desplazamiento no supuso la desaparición de lo religioso, sino su constitución como una esfera entre otras que compiten por la regulación de la vida social en el marco de un pluralismo normativo. Thomas Luckmann (1989) da cuenta de la permanencia de la religiosidad en el mundo moderno, aunque observa su corrimiento del espacio público para recluirse en el ámbito de lo privado.

José Casanova (1994) complejiza las tramas vinculares entre lo político y lo religioso y entre lo público y lo privado, al remarcar que la religión, sin la capacidad estructurante de siglos pasados, permea con sus valores a otros planos de la vida colectiva. Así es como focaliza su mirada en los puntos de contacto entre la política y la religión, analizando la presencia religiosa en el espacio público.

Con todo, ese proceso no está exento de conflictos de valor, pues la racionalidad que gobierna a cada esfera es diferente. En otras palabras, la interacción de valores contrapuestos de los diversos campos puede desembocar en situaciones de tensión. La colisión entre las diferentes esferas se establece en el plano de la incompatibilidad o de no-correspondencia entre las lógicas y orientaciones de sentido para la acción que impulsa cada una de ellas, y en la disputa por guiar y regular mayores segmentos de la vida social. El origen de las desavenencias no responde a intereses irreconciliables, sino a una trama de estructuras incompatibles (Habermas, 1987).

Si bien en América Latina en general y en nuestro país en particular, la conformación del entramado institucional se ha condensado históricamente en un espacio político-religioso integrado, con procesos de legitimación recíprocos; la esfera política y la esfera religiosa responden a lógicas disímiles y rivalizan para ejercer su dominio sobre las conductas humanas, para universalizar su pretensión de validez (Roth &Schluchter, 1979: 11-64).

Con algunas precisiones a formular, las tensiones en torno a la educación sexual se encuadran en este marco conceptual. Si desde el punto de vista teórico, el proceso de secularización suponía una moral pública despojada de toda legitimidad religiosa, los fundamentos éticos de las religiones dominantes lejos estuvieron de recluirse en el ámbito de lo privado. La ininterrumpida presencia de instituciones y actores religiosos en la esfera pública y la porosidad de la religión en la legislación y en las culturas políticas hegemônicas en nuestras latitudes relativizan la validez del carácter unívoco y universal de las definiciones conceptuales formuladas. En todo caso, la secularización podría ser abordada menos como una declinación de lo religioso (Berger, 1999), que como una recomposición permanente de la religión en su confrontación con la modernidad (Hervieu-Leger, 1997). Recomposición que refleja escenarios de competencia, de complementariedad e incluso de imbricación entre diferentes dominios para la regulación de la vida social.

En Argentina, históricamente, la Iglesia católica ha jugado un papel sustantivo en la conformación identitaria de la sociedad argentina y, en diversas oportunidades, se ha constituido como una de las principales fuentes de legitimidad de los procesos políticos.

Desde la época colonial, ha intentado asimilar la cosmovisión del ser cristiano con el ser nacional. Como “pilar de la nacionalidad”, bregó por el control de múltiples aspectos de la vida social. A su vez, a lo largo de buena parte de la historia del país, el catolicismo fue reconocido en su condición de fuerza moral integradora y requerido para cohesionar culturalmente a una nación en formación. En ese contexto, la Iglesia se empeñaría en instituirse como única fuente dadora de valores trascendentes a la Nación. Las legitimidades recíprocas que se fueron tejiendo entre lo estatal y lo religioso se tornarían una constante en el formato de las relaciones entre ambas esferas.

Paralelamente, los procesos de democratización han confluido con procesos de des-institucionalización, autonomización e individuación (Bauman, 2003). La consolidación de la democracia ha trasuntado en una mayor visibilidad de los derechos ciudadanos y en un reconocimiento y apropiación social de los mismos en términos de reivindicaciones. La libertad del individuo de decidir sobre las creencias y prácticas en el orden religioso, familiar y personal, por citar tan solo algunas dimensiones, obliga a los Estados a contemplar demandas diferenciadas en materia de derechos.

En ese sentido, se plantea una tensión entre la mayor demanda, visibilidad y concientización de sus derechos por parte de los ciudadanos y la disposición eclesiástica a universalizar su moral religiosa. En otras palabras, el imperativo democrático de organizar la convivencia social en el marco de una pluralidad creciente, conlleva a una ampliación y diversificación de los derechos ciudadanos. Esos procesos conviven con la permanencia en la cultura política de una cosmovisión que ubica a la Iglesia católica como uno de los pilares de la gobernabilidad. La continuidad de ese universo de representaciones colectivas, que se plasman en un abanico de usos y costumbres arraigados, ha posibilitado una incidencia histórica de la elite eclesiástica a la hora de definir, por ejemplo, las políticas en materia de salud sexual y reproductiva o de redactar las leyes educativas. Las disputas se corporizan en la medida en que la praxis política esté signada por el reconocimiento de derechos ciudadanos diversos y el poder eclesiástico no abdique de la pretensión de uniformizar la moral pública con el repertorio valórico de su doctrina religiosa.

En definitiva, la actuación de agentes e instituciones religiosas que no renuncian a la preservación de una presencia pública impugna los anunciados que presagiaban la reclusión de lo religioso en la esfera privada. Si bien deben atenderse las particularidades de los procesos de configuración política, jurídica e institucional de cada país, en buena parte de los países latinoamericanos, ha predominado la conformación de un espacio político-religioso integrado. La complejidad de los procesos históricos nos muestra como lo religioso y lo político, se especifican y se corresponden sin solución de continuidad (Casanova, 1994).

“La fórmula de la separación entre la Iglesia y el Estado es factibie, siempre y cuando uno de los poderes abandone de hecho sus intenciones de controlar aquellas áreas de la vida que son accesibles a él” (Weber, 1944: 1205). Justamente resultó dificultoso el proceso de delimitación de las áreas de incumbencia, debido a la renuencia de la Iglesia católica a ‘desprenderse’ de asuntos que tradicionalmente estuvieron bajo su control e injerencia y a la continuidad histórica de una lógica política marcada por la recurrencia a las legitimidades religiosas.

A pesar de que, a priori, el Estado no precisa de la religión para la integración normativa de la sociedad (Blancarte, 2000); en nuestras latitudes, la Iglesia, considerada por los hombres de gobierno como una inestimable fuente dadora de sentido, fue requerida para bendecir los procesos políticos. Dependiendo de la coyuntura histórica y de la correlación de fuerzas existente, el binomio Iglesia-Estado transitó de modo pendular por una senda de mayor o menor complementariedad, de mayor o menor conflictividad (Esquivei, 2004).

En síntesis, la demarcación de fronteras entre el campo religioso y el campo político se muestra porosa y cambiante, debido a las permanentes confrontaciones, redefiniciones y renegociaciones de aquellos límites en las sociedades contemporáneas (Casanova, 1999). El papel destacado que juegan las religiones en la vida política de las sociedades contemporáneas nos exige repensar los significantes de determinadas categorías sociológicas para una comprensión más ajustada de la realidad latinoamericana.

1. Doctor en Sociología por la Universidad de San Pablo, Brasil. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesor en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en temas de religión y política en América Latina, actualmente dirige proyectos de inves- tigación que abordan las relaciones entre el Estado, la dirigencia política, las iglesias y la sociedad en Argentina. Es autor de los libros “Detrás de los muros. La Iglesia católica en tiempos de Alfonsín y Menem” e “Igreja, Estado e Política. Estudo comparado no Brasil e na Argentina”, así como de numerosos artículos en revistas científicas nacionales e interna- cionales. Es miembro de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur.↵

2. Cuando hacemos mención a un proceso correspondiente entre modernidad y racio¬nalización, nos estamos refiriendo en primer lugar a un dominio cada vez mayor de las imágenes del mundo y de la realidad, utilizando conceptos abstractos -racionalidad teórica. En segundo lugar, a una metodología aplicada en las conductas humanas y a una configuración de sus aspectos prácticos a partir de una adecuación medios/fines -racionalidad teleológica o instrumental- o basándose en valores racionalizados en accio¬nes -racionalidad axiológica (Habermas, 1987). La racionalidad que gira alrededor de la noción del cálculo constituye el rasgo distintivo y fundamental del capitalismo moderno en el pensamiento weberiano.↵

Breve reseña histórica del lazo político-religioso entre el estado y la Iglesia Católica en Argentina

En este apartado, nos proponemos dar cuenta del derrotero de los lazos complejos entre el Estado, la Iglesia católica[1] y la sociedad civil con la expectativa de contextualizar históricamente los procesos, modalidades e intervenciones registrados en torno a la ley de educación sexual. Para ello, iniciaremos un recorrido socio-histórico, a partir del análisis de las líneas hegemônicas en el interior del catolicismo, de los estadios en su proceso de institucionalización y de las inter relaciones con el mundo de lo político.

Comprender hoy lo religioso y su vínculo con lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo simbólico en América Latina supone orientar entonces nuestra mirada a un doble proceso: por un lado, la presencia diversificada de personas, grupos y organizaciones religiosas en diversos planos y esferas tanto en lo público como en lo privado; por otro lado, las transferencias, legitimidades y dislocaciones mutuas en el espacio que podemos llamar del poder y de eficacia simbólica donde se combina lo político y lo religioso (Mallimaci et al, 2006).

Emprender un ejercicio retrospectivo para analizar esos lazos nos permitirá comprender histórica y sociológicamente los trazos duraderos de un vínculo que ha tenido implicancias en la matriz política, cultural y social argentina.

La yuxtaposición entre el régimen del patronato y el modelo de la cristiandad distinguió el proceso de radicación del catolicismo en el territorio que luego se denominaría Argentina. Por un lado, los reyes de España, merced a las sucesivas bulas papales, gozaban del derecho de crear cargos eclesiásticos, nombrar sus titulares, recaudar el diezmo del culto, autorizar la publicación de las actas pontificias. Como contrapartida, facilitaban la difusión de la religión en los territorios ocupados y asumían la responsabilidad de construir templos y monasterios así como velar por el desempeño de los agentes religiosos. En recompensa por la conversión de los pueblos que habitaban las tierras conquistadas, el Papa concedió a la Corona española el control de las iglesias que estaban siendo fundadas. La conquista de nuevos mercados y tierras significaba para el catolicismo la conquista de nuevas almas.

El siglo XIX marcaría la consumación del pasaje de la cristiandad colonial hacia la construcción de la Iglesia argentina. Se trata de un proceso que no ha sido lineal, sino que se vio atravesado por una serie de conflictos que transparentaron distintos proyectos de Estado y de catolicidad. Proyectos que, a su vez, fueron definidos en mutua confrontación o colaboración y modelaron las relaciones entre el Estado, la sociedad política y los actores religiosos de allí en adelante.

La mutua implicación entre religión y política -una evidente continuidad respecto al período colonial- emergía como un eslabón constitutivo y fundacional del naciente país. En las guerras de la independencia, las referencias a la religión legitimaban las acciones de unos y otros. El catolicismo era reconocido y requerido para cohesionar culturalmente a una nación en formación. Se advierte entonces que desde antaño, el comportamiento histórico del catolicismo, lejos de recluirse en el ámbito de la sacristía, se extendió al espacio político y social.

La participación de clérigos en la Revolución de Mayo, en la declaración de la independencia de 1816 y en la Constitución Nacional de 1853, la consagración del ejército a la Virgen por Manuel Belgrano, las imprentas y universidades fundadas por el catolicismo son algunos de los episodios más salientes. Por aquel entonces, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones se registraban en las iglesias, las votaciones se hacían en las puertas de los templos. Los cementerios de la Chacarita y la Recoleta eran de carácter religioso.

La Constitución Nacional de 1853 fue el fiel reflejo del esquema de poder de aquella época. Con una fuerte impronta liberal, garantizaba la libertad y la apertura económica. Sin embargo, contrastaba con las reglamentaciones en torno a los asuntos religiosos. La Carta Magna contempló la libertad de cultos -se estimulaba así la llegada de contingentes inmigratorios de múltiples países europeos, portadores de culturas, religiones y lenguas diversas-, aunque no la igualdad religiosa. Al catolicismo se le reservó un lugar privilegiado, pese a que no se lo estableció explícitamente como ‘religión oficial’. El Artículo 2°, aún vigente, dictaminaba el sostenimiento del culto católico por parte del Estado. Resaltaba también el requisito de catolicidad para acceder a la Presidencia de la Nación (Artículo 75°) y la conversión de los indios al catolicismo (Artículo 67o)[2].

El Estado se constituía así en el reaseguro del carácter predominante del catolicismo, y proporcionaría a lo largo de la historia los resortes jurídicos, financieros, culturales y simbólicos necesarios para garantizar su lugar privilegiado. Innumerables ejemplos confirman hoy el rol preponderante otorgado a la Iglesia católica por el poder civil: a los aportes estatales para el financiamiento del culto ya señalados se adicionan los subsidios a los colegios confesionales desde mediados del siglo XX; la asistencia religiosa exclusiva a las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el manejo de los fondos oficiales destinados a planes sociales por los ámbitos caritativos de la institución católica; la obtención de pasaportes diplomáticos y oficiales por parte de arzobispos y obispos; las iconografías católicas en organismos estatales, etcétera.

Ciertamente, el papel decisivo que la Iglesia adquiría en la integración cultural de la población, ante una formación política todavía débil y con dificultades para consolidarse, explica la predominancia que los constituyentes otorgaron a la Iglesia católica. Paralelamente, perpetuando el régimen del patronato, el poder político no se desprendía de los resortes para entrometerse en cuestiones religiosas. En efecto, el régimen del patronato fue la expresión jurídica del vínculo de larga data que se tejió entre el poder político y el poder eclesiástico. El Poder Ejecutivo, a propuesta de una terna del Senado, continuaba formalmente designando a las autoridades eclesiásticas locales.

Las legitimidades recíprocas que se fueron tejiendo entre lo estatal y lo religioso -entendiendo como religioso exclusivamente lo católico-se tornarían una constante en el formato de las relaciones entre ambas esferas. Lejos de establecerse una autonomía entre el Estado y la Iglesia, el ordenamiento jurídico configuraba un escenario con rasgos de mayor complejidad. El entramado poroso de las relaciones entre el campo político y el campo católico ha dificultado, desde un abordaje analítico, la demarcación de fronteras. Fronteras que se han tornado móviles, imprecisas y en determinados momentos históricos, inexistentes.

Así las cosas, desde su propia conformación, el Estado en Argentina no era laico, pero tampoco confesional. Las instancias intermedias entre los polos de laicidad-confesionalidad resultan necesarias para comprender la dinámica de los matices que la historia testimonia.

Los aires modernizantes que sobrevolaron allá por la década del ochenta del siglo XIX trajeron consigo una secuencia de legislaciones de corte secular y una mayor presencia del mundo protestante. En 1881, fue promulgada la ley de Registro Civil y, tres años después, la ley 1420, que estipulaba la exclusión de la enseñanza religiosa dentro del horario lectivo en las escuelas públicas y asentaba las bases de la educación obligatoria y gratuita. En 1888 fue instaurado el matrimonio civil. Con ese conjunto de disposiciones, “los nacimientos, las defunciones y los matrimonios dejaron de ser momentos de exclusiva competencia de la Iglesia. De hecho, fue introducida, por lo menos en el plano jurídico, la distinción entre ciudadano y católico” (Zanatta, 1996: 367).

El imaginario liberal dominante se basaba en un modelo agroex-portador y productor de materias primas, en un régimen político de ciudadanía restringida y en formas culturales secularizadas que circunscribía a la religión en el ámbito de lo privado. Un catolicismo a la defensiva oscilaba entre la conciliación con el liberalismo y el despliegue de una oposición, pero sin disponer todavía de una estructura institucional desde la cual entablar la disputa (Mallimaci et al, 2006).

Empero, el ordenamiento formal de la relación Estado-Iglesia católica permaneció bajo la hegemonía política liberal que limitaba el poder territorial eclesiástico. El hecho de que el poder civil no haya sancionado la separación en torno a la Iglesia -decisión tomada en los vecinos Chile, Brasil y Uruguay- no constituye una circunstancia que deba ser subestimada. La presencia -relegada, pero de todas formas presencia- del catolicismo en el ‘bloque histórico’ revelaba su funcionalidad dentro de los proyectos oficiales[3].

En el siglo XX y con la crisis de los ideales positivistas que anunciaban un progreso indefinido, el catolicismo reafirmó su batalla por la hegemonía ideológica y moral, por establecer un nuevo horizonte de sentido desde el cual permear la cultura estatal, política y de la sociedad argentina en general. Reticentes a concentrarse en las tareas de la sacristía y en el plano particular de las conciencias, la cristianización de la sociedad y la materialización de una presencia activa en el espacio público se tornaron metas de una Iglesia católica que desde fines del siglo anterior había iniciado su proceso de romanización[4].

Ante los imaginarios alternativos surgidos con el declive del liberalismo -comunismo, fascismo, corporativismo-, el catolicismo se afincó en una representación que la situaba en los orígenes de la patria y, por tanto, en la base de la identidad nacional. Reconocida como religión nacional, catolicismo y patria, se funden y se confunden. Y en el marco de esa ‘Argentina Católica’, impulsaría un proceso de catolización del Estado, de las clases dirigentes, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos y de la sociedad argentina en su conjunto (Mallimaci et al, 2006).

En efecto, a partir de su consolidación institucional en la década del ’30 del siglo XX[5], la Iglesia católica desplegó una serie de estrategias para garantizar una presencia pública extendida pasando así a la ofensiva. La ascendencia sobre las altas esferas de gobierno y la fuerte presencia en el campo de lo social[6] fueron proyectadas como dos engranajes primordiales para diseminar los valores cristianos en todos los órdenes de la vida social. Complementariamente, la red de instituciones educativas católicas, que había crecido exponencialmente a partir del arribo de nuevas órdenes religiosas a fines del siglo XIX y principios del XX, se consolida durante este período, convirtiéndose en una estructura ineludible a la hora de organizar el sistema educativo en la Argentina.

La entidad religiosa se propuso catolizar al Estado y a la sociedad, incorporando a sus cuadros a la gestión de gobierno y utilizando los recursos del aparato estatal para extender su acción pastoral en toda la nación. Su objetivo era explícito: irradiar la cultura católica en todos los dominios de la vida social. Desde entonces, el Estado, la sociedad política y la sociedad civil comenzarían a reconfigurarse de manera diferenciada a las décadas anteriores. Para las clases dirigentes, el catolicismo comienza a posicionarse en el espacio público como un recurrente dador de legitimidad.

La propuesta de ese catolicismo integral[7] no contemplaba la creación de instancias de participación propias, sino la penetración católica en todos los ámbitos de la sociedad. En lugar de fundar un partido político, se inclinaban por diseminarse en todos los existentes. Este avance del catolicismo en los espacios de decisión gubernamental y en las organizaciones de la sociedad respondía a un proyecto de sociedad que pretendía “recristianizar la Argentina, restaurar todo en Cristo, penetrar con el catolicismo en toda la vida de la persona y de la sociedad, instaurar la presencia pública del catolicismo y el reinado social de Jesucristo” (Mallimaci, 1992: 259).

Mientras la Iglesia avanzaba con la organización de su red institucional, los gobiernos de aquella época se mostraban receptivos a las reivindicaciones católicas. De hecho, un decreto del gobierno militar en 1943 estableció la enseñanza religiosa en los colegios públicos.

El gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) -fundamentalmente la primera presidencia- reflejó el alto grado de complemen-tariedad entre el poder político y el poder católico. Eran tiempos de entendimientos mutuos y de convergencia entre el peronismo y el catolicismo integral. La presencia de la fórmula presidencial en las misas oficiales de la Iglesia era retribuida con celebraciones religiosas en los actos de gobierno, conmemorativos de las ‘fechas peronistas’. Toda inauguración de escuela, barrio, hospital, centro comunitario, recibía la bendición de alguna autoridad católica. La iconografía de la Virgen de Lujan, objeto de devoción nacional, no faltaba en ninguna estación ferroviaria del país. La creación del Registro Nacional de Cultos, en 1946, reafirmaba la preeminencia del catolicismo respecto a los otros cultos y la subordinación del resto. Ese organismo obligaba a todas las confesiones, exceptuando la católica, a inscribirse ante una dependencia del Estado para estar legalmente reconocidas. Las generosas contribuciones financieras que el Estado destinó a la institución eclesiástica posibilitaron la constitución de un clero nacional y la construcción del nuevo seminario de Buenos Aires.

No obstante, cuando el peronismo avanzó sobre segmentos considerados claves en el proyecto de catolicización de la sociedad y en su fundamentación “sacral” luego de la muerte de Eva Perón, los conflictos con la Iglesia católica aparecieron en el escenario. La “peronización” de la educación y la “politización” de las tareas de asistencia social tendían a apartar a la Iglesia de sus áreas “naturales” de incumbencia. La estrecha ligazón de sacerdotes y militantes católicos con las FFAA interferían con el poder peronista. Más allá de los modelos societarios compartidos, el peronismo y el catolicismo se posicionaban, cada uno por su lado, como identidades “totalizantes” y “sagradas” que, más tarde o más temprano, entrarían en colisión. El grado de preocupación eclesial y vinculación con la oposición partidaria era directamente proporcional a la injerencia del Estado peronista en las cuestiones de influencia tradicionalmente religiosa.

Así las cosas, en los últimos años de Perón en el gobierno, el catolicismo se posiciono declaradamente en el espacio de la oposición, mientras los conflictos con el peronismo recrudecían al punto de alcanzar brotes de violencia -militantes del movimiento político incendiaron varias iglesias y la Curia Eclesiástica de Buenos Aires, y algunos dirigentes de la más alta jerarquía católica fueron expulsados del país.

La procesión de Corpus Christi del 11 de junio de 1955 se nutrió de manifestantes disidentes y contrarios al peronismo. Mientras transcurría la ceremonia, un grupo de católicos colocó como declaración de guerra a la bandera del Vaticano en lugar de la argentina frente al Congreso Nacional. Un preludio de lo que sería el golpe de Estado de septiembre de ese año lo propició el bombardeo aéreo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, con el corolario de 300 civiles muertos. Los aviones de las Fuerzas Armadas llevaban la leyenda “Cristo Vence”.

Simultáneamente, múltiples disposiciones gubernamentales afectaron los intereses de la Iglesia católica. Entre ellas, la supresión de la Dirección de Enseñanza Religiosa, la sanción de la ley de divorcio, la suspensión de la materia Religión y la derogación de la ley de enseñanza religiosa. Estas medidas fueron implementadas entre fines de 1954 y principios de 1955 por el gobierno de Perón.

Las décadas del ’50, ’60 y ’70 del siglo pasado testimoniaron continuas interrupciones de los gobiernos constitucionales. Estos procesos de militarización fueron acompañados por un catolicismo cada vez más visualizado como cimiento de la nacionalidad, salvaguarda de los intereses nacionales y pilar de la gobernabilidad. Catolización y militarización comienzan a marchar juntas tanto en la sociedad política como en el Estado. Durante largas décadas se impuso el modelo de nación católica y de matriz autoritaria (Mallimaci, 1988). En ese contexto, la institución eclesiástica reprodujo su tradicional estrategia de estrechar vínculos con los poderes políticos, militares, económicos y sindicales.

Ahora bien, los dividendos obtenidos en ese terreno no tenían un correlato en el andamiaje interno de la organización católica. En un contexto de efervescencia social, la lectura e implementación del Concilio Vaticano II (1962-1965) trajo aparejado serias discrepancias en el seno de la institución religiosa.

La puesta en marcha de las reformas conciliares y su relectura desde la realidad latinoamericana y argentina no significó un solo camino sino que fue punto de partida para un abanico de propuestas. Se jugaba la interpretación y el tipo de cambios a realizar. Frente a las corrientes liberacionistas, partidarias de una acción pastoral “desde el pueblo y los pobres” y cuestionadoras del vínculo entre el poder católico y el poder dominante; se situaba una jerarquía refractaria a todo aggiornamiento eclesial.

La politización de la sociedad estimuló aún más a los segmentos del catolicismo activos en el compromiso con los pobres y profundizó las fisuras dentro del catolicismo. El Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo -MSTM- le dio organicidad al proyecto del cristianismo liberacionista dentro de la Iglesia[8]. Creado en 1968, se propuso hacer realidad las expresiones del Concilio Vaticano II y las conclusiones del Encuentro de los obispos latinoamericanos en Medellín (1968).

La radicalización en los anuncios y en las denuncias condujo al movimiento a una confrontación directa, tanto con el poder militar como con la institución eclesial, aunque sin llegar a una ruptura formal. El asesinato de algunos de sus miembros por las fuerzas represivas, la persecución permanente de sus militantes y la no resolución de sus propias contradicciones internas ocasionaron el desmembramiento de la organización, al punto de desaparecer después del golpe militar.

Consumado el quiebre del régimen democrático en 1976, la dictadura militar puso en práctica acciones diferenciadas frente a los diversos sectores del catolicismo[9]. Concibiendo a la institución eclesial como un espacio conflictivo, se propuso depurar sus estructuras. Con ese objetivo, fortaleció el papel de la cúpula eclesiástica, atribuyéndole la misión de legitimar las actuaciones militares y transformándola en guardiana de los valores de la argentinidad. Simultáneamente, desplegó una ofensiva para aislar y aniquilar a los grupos tercermundistas. Discursivamente, se legitimó ese accionar al calificar la disidencia al interior de la propia Iglesia en términos de ‘infiltración marxista’ y conspiración contra el verdadero catolicismo’.

La represión implantada por la dictadura militar tomó una dimensión sin precedentes: torturas, secuestros, desapariciones, asesinato de mujeres embarazadas, robos de bebés, centros clandestinos de detención y otros recursos de violación sistemática de los derechos humanos calaron hondo en la sociedad argentina, tiñendo con miedo y desconfianza toda articulación social posterior. Entretanto, el Estado de Seguridad Nacional continuaba como marco ideológico legitimador del exterminio del “otro/a”.

En ese contexto, se sucediéronlas detenciones de sacerdotes, miembros de comunidades de base, religiosas, laicos e incluso obispos identificados con la defensa de los derechos humanos. Fueron perseguidos, exilados, secuestrados, torturados y asesinados. Empero, los repudios a los militares por la ilegalidad de sus movimientos y las averiguaciones del paradero de catequistas y demás cuadros católicos, fueron producto de tareas individuales y no el fruto de un posicionamiento institucional.

El proceso de interpenetración entre Fuerzas Armadas y catolicismo -de catolización y militarización- tuvo en la dictadura de 1976-1983 su más alto nivel de simbiosis en la idea de unir sentidos y destinos ante ‘la patria amenazada por la subversión’. Adolfo Tórtolo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su apoyo al golpe de Estado, mostrándose solidario con las tareas de restauración del espíritu nacional. A excepción de unos pocos obispos, las autoridades religiosas optaron por una actitud más de convivencia que de confrontación con el gobierno de facto. Victorio Bonamín, pro-vicario castrense, se había preguntado un año antes del golpe militar, en 1975, si Cristo “¿no querrá que algún día las Fuerzas Armadas estés más allá de su función?”. Y concluía: “El ejército está expiando la impureza de nuestro país. Los militares han sido purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de nuestro país”[10].

Fueron muy pocos los que hicieron oír sus reclamos y acusaciones contra el sistema represivo. Apenas cuatro entre más de ochenta obispos tomaron la decisión de enfrentar al régimen militar. Ellos fueron: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado por las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente se dijo que murió en un accidente automovilístico en una ruta el 4 de agosto de 1976[11]; Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, de Neuquén y Viedma respectivamente, miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y Jorge Novak, obispo de Quilmes e integrante del Movimiento Ecuménico a favor de los Derechos del Hombre.

Paralelamente, la presencia de capellanes y sacerdotes en los centros de detención formó parte de la rutina de aquel momento. La asistencia a los represores o la imposición moral utilizada en los interrogatorios a los que luego serían fusilados demostraron el grado de compenetración de las autoridades del catolicismo con el régimen militar. Fundamentalmente los capellanes militares se dedicaron a apuntalar espiritualmente a los torturadores y quebrar emocionalmente a los civiles capturados. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más” certificó estos y otros actos cometidos por miembros de la Iglesia católica. El Diario del Juicio a las Juntas Militares citó el uso de rosarios por parte de los torturadores en los centros de detención y reprodujo una frase del Capitán “Tigre” Acosta en el Centro Clandestino de la Marina que dio cuenta de la avenencia católica-militar: “Esta guerra es justa, Jesucristo está de nuestro lado”.

La sucesión de cristianos desaparecidos[12] obligó a la Conferencia Episcopal Argentina a emitir un comunicado, de carácter reservado, en el cual solicitaba al poder militar la revisión de sus políticas y la evaluación de posibles “excesos”. La carta pastoral del 15 de mayo de 1976, intitulada “La Iglesia y los derechos humanos”, apuntó más a satisfacer cierto grado de disconformidad interna que a cuestionar la metodología militar. Independientemente de ello, en la lógica de funcionamiento de la conducción católica primaba la supervivencia institucional garantizada únicamente a través de la convivencia y no confrontación con el gobierno de facto.

En el último tramo de la dictadura, diversas organizaciones de la sociedad civil habían recuperado cierta visibilidad pública. Tanto los sindicatos como los partidos políticos presionaron sobre el poder militar con el objeto de ponerle fin al gobierno de facto. Mientras tanto, el Episcopado asumía como propia la tarea de la reconciliación, una vez superada la batalla contra la “subversión”.

Justamente, el tema central en aquellos tiempos giró en torno al repliegue de las Fuerzas Armadas. La negociación, la mediación o la intransigencia frente a este proceso supusieron comportamientos disímiles en la mayoría de las instituciones, entre ellas en la Iglesia católica. Su jerarquía bregó por olvidar el pasado y retomar la vida democrática sin rencores. Para ello, legitimó la Ley de Autoamnistía con que los militares pretendieron neutralizar cualquier intento de enjuiciar su accionar, autoexculpándose de los crímenes cometidos.

El comportamiento de la institución católica durante los años de plomo evidenció un continuismo con la metodología de acción utilizada en otros períodos de la historia argentina. Pero la magnitud de los acontecimientos vividos bajo el terrorismo de Estado motivó un análisis retrospectivo del cual la Iglesia católica no salió incólume.

La recuperación del estado de derecho en 1983 encontró una sociedad cultural y socio-económicamente diferente. Varios procesos simultáneos y concatenados dieron cuenta de una nueva configuración societal: Heterogeneidad social, descomposición de identidades históricas, quiebre del monopolio católico ante el crecimiento evangélico en el campo religioso, fragmentación de las creencias. Así las cosas, las bases constitutivas del Estado-Nación, asociadas a instituciones hegemônicas capaces de dar sentido de un modo integral, comenzaron a erosionarse. La creciente secularización en las costumbres transparentó un proceso de individuación de las creencias, en el que las normativas institucionales -entre ellas, la católica- han encontrado dificultades para regular los comportamientos sociales.

En un contexto de consolidación democrática, ha florecido una pluralidad de organizaciones que, con diferentes grados de institucio-nalidad, han interactuado en el terreno de las representaciones y de las pertenencias colectivas[13]. Las condiciones de posibilidad para reivindicar y reclamar la imposición de un corpus normativo como principio organizador de la sociedad aparecían limitadas. La Iglesia católica se enfrentaría a una encrucijada ante la cual aún no ha logrado descifrar.

La diversidad, que se ha ido constituyendo como el signo característico de nuestras sociedades desde el punto de vista cultural y religioso, neutraliza las pretensiones de una institución de monopolizar la producción y transmisión de valores y pautas que rijan en la vida cotidiana. Transformaciones culturales que han desafiado los cánones desde los cuales se establecían las relaciones entre lo público y lo privado, entre la política y la religión.

De todos modos, el retorno de la democracia en la década del ochenta del siglo pasado no modificó el tradicional modus vivendi entre la sociedad política y la jerarquía eclesiástica. La ascendencia sobre las altas esferas de gobierno continuó siendo un eje central del comportamiento de la institución católica. El nivel de proximidad o de confrontación con cada gobierno estuvo signado por el margen de influencia que dispusieron los agentes superiores de la entidad religiosa sobre áreas que consideraban naturalmente’ de su incumbencia: principalmente, la educación, la asistencia social y la moral familiar y sexual. Así las cosas, las relaciones con los gobiernos de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner mostraron signos de conflictividad, mientras que con la administración de Carlos Menem y De la Rúa se distinguieron por la mutua legitimidad.

El nombramiento de ministros de Educación sin el consentimiento de las autoridades eclesiásticas, la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional y la aprobación de la Ley del Divorcio en el período alfonsinista[14]; y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), la ley de educación sexual y de matrimonio para personas del mismo sexo, las políticas de promoción de derechos sexuales y reproductivos en la etapa kirchnerista[15], evidenciaron un distanciamiento relativo de la Iglesia católica del lugar de interlocutor privilegiado al momento de definir políticas de alta sensibilidad eclesiástica.

En ambos momentos históricos, se edificó una relación distante, cargada de recelos y suspicacias mutuas. Pero ese cuadro de conflictividad no ha derivado en la construcción de una autonomía recíproca como signo del vínculo institucional en el largo plazo, en condiciones de delimitar de modo más preciso las competencias de cada esfera. Las iniciativas relatadas durante la gestión alfonsinista y kirchnerista remiten más a la posición de un gobierno -o mejor dicho, de algunos funcionarios en particular- que a una concepción de Estado arraigada en la clase política.

Durante el interregno menemista, la institución católica había recuperado ese espacio privilegiado a la hora de influir sobre las decisiones en aquellas áreas que consideraba bajo su incumbencia. Por citar tan sólo algunos ejemplos, hubo una incidencia concreta de la elite eclesiástica a la hora de elegir a los ministros de Educación, de definir las políticas en materia de salud reproductiva, de redactar la nueva Ley de Educación o de bloquear las iniciativas parlamentarias sobre fecundación asistida. Por otro lado, la delegación oficial en los foros internacionales[16] asumió como propia la defensa de la vida desde la concepción y el rechazo intransigente al aborto, tradicional bandera de la Iglesia católica.

Antonio Quarracino, arzobispo de Buenos Aires y luego presidente de la CEA se transformaría en la figura de enlace entre la Iglesia y el gobierno de Menem, en una efectiva correa de transmisión de las preocupaciones y aspiraciones eclesiásticas. Las periódicas reuniones de determinados obispos con los ministros para monitorear la marcha del gobierno, las innumerables cenas en la residencia presidencial y el consentimiento y apoyo a las medidas de estabilización económica, rubricaban un ciclo de complacencias y complementariedades entre la jerarquía católica y las autoridades políticas.

Desde el mismo inicio de la gestión menemista, pudo apreciarse el contraste en el modo de interpelar a la Iglesia católica, en comparación con el período alfonsinista y con el posterior kirchnerista. Menem reconoció permanentemente en sus discursos la impronta católica de la nación argentina y la legitimidad moral y espiritual de la Iglesia católica.

Independientemente de los caminos zigzagueantes que ha asumido la relación entre el Estado y la Iglesia católica a lo largo de la historia, la continuidad de algunos trazos da cuenta de imaginarios compartidos entre los actores políticos y religiosos hegemônicos.

La sociedad política ha visualizado históricamente a la institución eclesiástica como un actor relevante en el escenario político nacional, naturalizando e incluso promoviendo su presencia pública. Políticas estatales en materia educativa, de moral familiar y sexual han estado tradicionalmente matizadas por los principios y postulados de la doctrina católica, sintonizando con la norma jurídica que otorga al catolicismo un status privilegiado en relación con los demás cultos.

No obstante, el modus vivendi entre el Estado y la Iglesia católica no ha estado exento de tensiones -algunas latentes, otras manifiestas-, habida cuenta de la lógica dialéctica de competencia y complementa-riedad que ha teñido dicha relación. La pretensión eclesiástica de universalizar su moral religiosa y su disposición a librar una batalla por la manipulación simbólica de la vida social se tensiona hoy con los nuevos formatos plurales de la cultura contemporánea y con el imperativo democrático de organizar la convivencia social atendiendo las nuevas demandas en materia de derechos ciudadanos.

Estamos frente a una problemática compleja que torna patente la necesidad de abordar la temática que nos convoca -las circunstancias y particularidades del proceso de aprobación de la política pública sobre educación sexual- desde un análisis que supere cualquier arista simplificadora.

1. Cabe precisar que el catolicismo remite a una complejidad de interpretaciones y maneras de actuar, lo cual exige abordarlo como un movimiento histórico real y en situaciones determinadas. Es poseedor de numerosas memorias dinámicas con variadas relaciones internas y externas. Sin desconocer el accionar de sus múltiples agentes y movimientos, centraremos principalmente la atención aquí en el desempeño de la institución eclesiástica (Mallimaci y Esquivei, 2010).↵

2. Estas dos normativas fueron derogadas con la reforma constitucional de 1994↵

3. Vale aclarar que este proceso no estuvo exento de conflictos y desentendimientos diplomáticos: Los hombres de la Iglesia se opusieron a la avalancha de legislaciones liberales de la década del ochenta del siglo XIX. El primer gobierno de Roca -la Generación del '80- expulsa al nuncio vaticano por su "intromisión en los asuntos internos del país". En este largo período, no hubo creación de nuevas diócesis y ante el fallecimiento de algún obispo, la sede quedaba vacante. En 1925, nuevamente, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el nuncio Beda Cardinale debió abandonar la Argentina debido a controversias con el mandatario por la designación del obispo de la ciudad de Buenos Aires.↵

4. La apertura del Colegio Pío Latinoamericano en Roma en 1858 marcó el punto de partida de una consistente formación del clero. Paralelamente, en Argentina se abrieron seminarios, escuelas religiosos y otros centros de enseñanza (entre ellos, el Colegio del Salvador). La romanización del catolicismo latinoamericano implicaba un fuerte énfasis en la formación doctrinal y en la práctica sacramental y una estricta obediencia a las au¬toridades vaticanas. La encíclica 'Cuanta Cura' del Papa Pío IX y las 80 proposiciones del Syllabus, de 1864, dieron comienzo a la influencia doctrinaria romana sobre las posiciones que debían adoptar los catolicismos latinoamericanos. El Concilio Vaticano I -1870- y el Concilio Plenário Latinoamericano -1899- rubricarían la concepción de intransigencia hacia los valores propuestos por la modernidad, en consonancia con la postura papal.↵

5. Entre 1933 y 1939, se crearon once diócesis, tantas como las que había hasta ese momento, lo que está indicando que en seis años se fundaron tantas jurisdic eclesiásticas como desde 1570 a 1933.↵

6. La presencia social de la institución católica ha ido variando a lo largo de los años, pero nunca vio resignar su protagonitalmente en el servicio asistencial de Caritas y en la función de mediación que pugnan por desempeñar los obispos ante conflictos sociales y/o diplomáticos con dificultades para ser encausados.↵

7. Émile Poulat (1983) define a este tipo de catolicismo como "romano, intransigente, integral y social. Romano en primer lugar: el papado está en la cabeza y el corazón. Intransigente, por oposición al liberalismo y al comunismo, en tanto ideologías de la sociedad moderna. Integral, dicho de otra manera, rechazando la reducción a prácticas culturales y a convicciones religiosas, y preocupado por edificar una sociedad cristiana según la enseñanza y bajo la conducta de la Iglesia. Social, en varios sentidos: porque, tra¬dicionalmente, penetra toda la vida pública; porque ha adquirido una esencial dimensión popular, en fin, porque el liberalismo económico de la sociedad moderna ha suscitado la cuestión social donde la solución exige una amplia movilización de las fuerzas católicas".↵

8. Más allá de las disonancias con la cúpula eclesiástica, ciertas modalidades de acción permiten comprender el alcance de la matriz integral que atraviesa a los distintos sectores del catolicismo argentino. Los movimientos que se identificaban con la opción por los pobres e incluso con el socialismo nacional, reproducían la trama de sentido político-religiosa de esa cultura católica integralista y nacionalista, aunque con otra direccionali-dad y otra base de legitimidad. Lejos estaban de auspiciar una diferenciación o autonomía entre lo católico y lo partidario.↵

9. En realidad, el asesinato del cura villero Carlos Mugica el 11 de mayo de 1974 anticiparía la estrategia del accionar militar.↵

10. Homilía pronunciada el 23 de septiembre de 1975, en ocasión del funeral de un militar asesinado por la guerrilla.↵

11. Diversos testimonios certifican que en el momento de su muerte -viajaba de un pue¬blo, El Chamical, a la ciudad de La Rioja-, Angelelli llevaba consigo documentaciones sobre la muerte de sacerdotes que involucraban seriamente a cuadros superiores de la dictadura militar.↵

12. Los casos más reveladores fueron: el ya mencionado obispo de La Rioja Angelelli, el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, el cura villero' Carlos Mugica, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, el sacerdote capuchino Carlos Bustos, además de las monjas francesas Alice Domond y Léonie Duquet, y los padres palotinos Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfie Kelly que repercutieron en la opinión pública internacional.↵

13. En el campo religioso, la proliferación de múltiples grupos -el caso de los evangélicos es el más significativo y visible- significó la ruptura del monopolio católico. Mientras en la década del sesenta del siglo pasado, más del 90% de los argentinos se declaraba católico, actualmente uno de cada cuatro no se identifica con esa religión.↵

14. Los contornos que envolvieron la aprobación de la ley de divorcio en 1987 resultan de utilidad para desandar la secuencia de la sanción de la normativa sobre educación sexual. En aquella oportunidad, la cúpula eclesiástica procuró instalar sus reinvidicaciones particulares como las de toda la nación. De ese modo, interpretaba la ley de divorcio vincular como un daño ocasionado al pueblo argentino en su conjunto, en tanto violaba la indisolubilidad natural' del matrimonio, con las perturbaciones a la moral pública y a la familia. Se estipulaba que el destino de la patria estaba unido a la suerte de la institución familiar. Cualquier atentado contra ese pilar de la sociedad suponía una grave agresión ala nación. Desde la Comisión Episcopal para la Familia, presidida por el obispo Emilio Ogñénovich, se acusó de desestabilizadores del sistema democrático a los legisladores que propiciaban una ley no incluida en las plataformas electorales. Finalmente, cuando la Ley de Divorcio fue sancionada -el 3 de junio de 1987-, algunos prelados intentaron excomulgar de sus diócesis a los diputados que habían dado su voto a favor. El desconocimiento de la autonomía del orden temporal y la exacerbada exigencia de una ética familiar, subyacían a tamaña disposición. Aunque desde la Conferencia Episcopal se dio libertad de acción para que cada autoridad religiosa evaluara en su jurisdicción si los 'legisladores católicos' habían contrariado con su voto el magisterio de la Iglesia, la contundencia de aquella inclinación desnuda una concepción muy arraigada en la idiosincrasia de buena parte del episcopado: las cuestiones vinculadas a la moral familiar son de orden natural; de ello se desprende que ni el Estado ni ningún cuerpo político están en condiciones de regularlas. La familia, preexistente al Estado, goza de derechos sobre los que éste no tiene injerencia.↵

15. En reacción a la política de distribución de preservativos para la prevención de enfermedades sexuales, el 17 de febrero de 2005, monseñor Antonio Baseotto, al frente del obispado militar, envío una carta al ministro de Salud de la Nación en la que afirmaba que "los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar". La intervención del prelado invocó a los llamados 'vuelos de la muerte', utilizados por la dictadura militar para arrojar al mar a detenidos-desaparecidos. El 18 de marzo, Néstor Kirchner, a través del Decreto Presidencial N° 220, dejó sin efecto el acuerdo dado por el Estado Nacional oportunamente para la designación del obispo y suspendió su remuneración. En la práctica, el funcionario eclesiástico perdió sus funciones como autoridad pública, pero continuó al frente del ordinariato militar en tanto la Santa Sede no aceptó la unilateralidad de la disolución del acuerdo firmado con el Estado Argentino en 1957. El 4 de abril de 2007, Baseotto presentó su renuncia como obispo castrense por haber cumplido 75 años, límite de edad establecido por la Iglesia Católica para que todos los prelados dimitan a sus cargos. Desde entonces, la sede castrense se encuentra vacante.↵

16. Puntualmente, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto, en 1994 y en la Conferencia Mundial de la Mujer en Pequín, China, en 1995.↵

La Educación Sexual en Argentina: historia y presente de un sinuoso derrotero

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley N° 26.150, aprobada el 4 de octubre de 2006. Los arduos y prolongados debates parlamentarios suscitados en aquel entonces traslucieron la centralidad de una temática sobre la cual diversos sectores habían entrado en pugna desde años anteriores.

No es posible historizar la educación sexual ni desandar la secuencia que la visibilizó como una problemática presente en la agenda política y mediática, sin atender el contexto de cambios profundos en la vida cotidiana.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, se ha ido profundizando el proceso de transformación de los modelos de composición familiar, viéndose desafiada la familia de tipo nuclear por otros formatos de estructuración del hogar. Padres separados, familias ensambladas, vínculos ocasionales, madres solteras, parejas del mismo sexo, son apenas algunos ejemplos del nuevo estado de situación.

Por otro lado, por su mayor nivel de actividad laboral, los padres reconocen su dificultad para asumir la mentada “función primaria” de educar a sus hijos en temas de sexualidad. Un fenómeno que trasciende las fronteras: apenas el 16,5% de los jóvenes latinoamericanos habla de sexualidad con sus padres[1]. Este proceso se ha agudizado en las últimas décadas. Si en 1991, el 64% de los adolescentes había conversado de sexo con sus padres, en 2005, la cifra se redujo a 43% (De Ezcurra, 2007). Otro relevamiento, esta vez del Centro Latinoamericano Salud y Mujer -Celsam-, indica que sólo uno de cada tres jóvenes habló de cuestiones de sexualidad con sus padres. El 40% se sienten inhibidos para plantear esta temática en el hogar (Petracci, 2004). Una realidad que se replica en toda la geografía nacional. La Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual de la provincia de Tucumán sostiene que más del 50% de los adolescentes cuenta con información sobre el tema recibida en forma unidireccional, desde la televisión, la calle o sus pares.

El hogar, como horizonte referencial, ha perdido centralidad. Han surgido otros espacios de identificación y pertenencia (TV, Chat, Redes Virtuales, etc.) que si bien funcionan como herramientas informativas y de intercambio, carecen de una planificación pedagógica. Los silencios en el seno de las familias y la dilación de su tratamiento en el sistema educativo han obstruido un procesamiento crítico de los contenidos recepcionados por los niños, niñas y adolescentes en otros ámbitos de socialización. En temas de sexualidad, los adolescentes encuentran en su red de amistades y en Internet -lógicamente, para el segmento poblacional que tiene acceso y hace uso frecuente del mismo-sus principales fuentes de información.

Ahora bien, la desigualdad económica tiene su correlato en el acceso a la información. Una encuesta divulgada por UNICEF en 2001, refleja que el 32% de las adolescentes de sectores populares conoce al menos cuatro métodos de anticoncepción; en cambio el 61% de las adolescentes de clase media alta fue capaz de enumerarlos correctamente (Geldstein y Pantelides, 2001).

Las mutaciones en la estructuración familiar se presentan en concomitancia con la re significación de los roles de género en términos de valorización de la igualdad entre los mismos y el reconocimiento y aceptación creciente de las variadas identidades sexuales. Estos procesos se enmarcan en un contexto de individuación y desinstitucionaliza-ción, en el que las prescripciones normativas han perdido eficacia a la hora de regular los comportamientos sociales. Las directrices católicas dominantes referidas a la moral sexual, centradas en el matrimonio indisoluble, la virginidad y la castidad, encuentran reducidos niveles de aceptación en la sociedad. Los cambios en los patrones de la sexualidad han tenido su correlato en el plano de las ideas. El discurso hegemônico ostentado desde la Iglesia católica, que circunscribía la sexualidad a la procreación, se vio alternativizado por otras voces, que han incorporado las dimensiones de la libertad, el goce y el derecho individual (Wainerman et al, 2008).

Por otro lado, la aparición del VIH-Sida y la propagación de otras enfermedades de transmisión sexual, la iniciación sexual más temprana, el aumento del embarazo no deseado en adolescentes y la deserción escolar por esa causa, el crecimiento de casos de aborto, mortalidad materna, violencia y abuso sexual, dan cuenta de un núcleo de problemáticas que lejos de situarse exclusivamente en el plano de la intimidad y en el mundo de lo privado, ocupa un lugar gravitante en el espacio público.

Los índices en ascenso de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, aborto y abuso sexual se correlacionan con la mayor gravitación de la educación sexual en la agenda política. Ese cuadro de situación ha impelido al Estado a actuar con programas y regulaciones normativas apropiadas.

La Sociedad Argentina de Ginecología Infante-Juvenil destaca algunas de aquellas problemáticas. En las últimas dos décadas, se redujo en dos años la edad de iniciación sexual. Las mujeres tienen su primera experiencia sexual entre los 15 y los 16 años. Los varones, a los 14 años (Clarín, 22/07/2006). En 1991, la edad de inicio sexual promediaba los 17 años.

Las estadísticas muestran que dos de cada diez mujeres utilizan anticonceptivos en la primera relación sexual. Y uno de cada cinco embarazos adolescentes ocurre en el primer mes de iniciadas las relaciones sexuales (Clarín, 06/02/2010). A su vez, el 14% de las mujeres que da a luz tiene entre 13 y 19 años. En la mayoría de los casos, no planearon el embarazo. Para UNICEF, la mayoría de esas jóvenes proviene de hogares de bajos recursos económicos, en una proporción de 17 a 1 respecto de las de más altos ingresos.

En 2004, el Ministerio de Salud de la Nación ya había detectado que 900.000 madres eran adolescentes; a su vez el Celsam calculó que cada cinco minutos una adolescente se convierte en madre. El entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó que en el período 2002-2007, habían aumentado los embarazos adolescentes un 20%, incluyendo a niñas de 12 años. Vale decir que entre 1980 y 2000, el incremento era del 14,2%.

Los estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UN-FPA), indican que uno de cada seis nacimientos (600.000 anuales en total en Argentina) proviene de mujeres de 15 a 19 años. Este guarismo es entre tres y seis veces mayor al de España, Italia, Francia, Alemania y Canadá (Clarín, 12/10/2005). Nacen por año en Argentina 3.000 bebes de madres menores a 15 años. Y 103.000 de adolescentes de entre 15 y 19 años. A su vez, en la región del noreste argentino, la cantidad de niñas menores de 15 años que se convierten en madres es 10 veces mayor que en la ciudad de Buenos Aires.

En el otro extremo norte, en el noroeste, el cuadro no es diferente. En Tucumán, 16 de cada 100 chicos son hijos de madres menores de 20 años. Durante 2007, en la Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” de dicha provincia, dieron a luz 2.242 chicas de entre 13 y 19 años, lo que representa el 22% del total de partos (10.194). En el promedio de la región noroeste, solo una de cada diez adolescentes solteras y sexualmente activas utiliza algún método anticonceptivo. No es de extrañar entonces el peso relativo de las adolescentes en el total de partos. Tampoco que el 80% de las infecciones corresponda a prácticas sexuales desprotegidas.

En 2007, la fecundidad adolescente en Argentina era de 64 por mil, inferior al promedio de América Latina -72,4 por mil-, pero muy superior al registrado en el país en 1960 -58,4 por mil- (Wainerman, Di Virgilio y Chami, 2008). Esta situación es por demás gráfica para evidenciar la temprana y mayor actividad sexual de los adolescentes de hoy. Y en su inmensa mayoría, las madres adolescentes interrumpen su formación educativa ante su situación personal.

Ausencia de información, desapego cultural al uso de anticonceptivos, desconocimiento de sus consecuencias e interrupción del embarazo son cuatro variables correlacionadas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se realizan alrededor de 600 mil abortos inseguros por año, casi un aborto por cada bebé nacido vivo (Página/12, 21/07/2010). Los abortos entre menores aumentaron un 40%. Seis de cada cien adolescentes de 15 a 24 años mueren por complicaciones en la interrupción del embarazo.

El aborto inseguro, que deriva en múltiples oportunidades en infecciones y hemorragias, es en Argentina la principal causa de muerte materna. Se calcula que mueren 4,4 mujeres por cada 10.000 nacidos vivos, con la observación de los fuertes desequilibrios regionales. En Capital Federal, donde los sectores con mayor capacidad adquisitiva están en condiciones de realizar abortos en clínicas en mejores condiciones de salubridad, mueren 0,9 mujeres por cada 10.000 nacidos vivos. En Córdoba, la cifra se eleva a 1,3; en Chaco a 15 y en el NOA a 20, guarismos similares a los de Honduras o Kenia. Mayoritariamente en estos casos, los decesos son consecuencia de hemorragias derivadas de abortos domésticos. Como era de suponer, el 73% de las muertes maternas corresponden a mujeres pobres.

A nivel mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas resalta que en países sub-desarrollados, cada un minuto muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo y cerca del 60% de todos los embarazos durante la adolescencia son inesperados y no deseados. Asimismo, subraya que los trastornos de la salud reproductiva son la principal causa de enfermedad y muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años. Según este organismo, 76 millones de embarazos no deseados podrían prevenirse de haber un mejor acceso a los servicios de planificación familiar, pudiendo reducirse además las defunciones maternas entre un 20 y 35 por ciento.

Volviendo a la Argentina, en Santiago del Estero, la mitad de las muertes maternas responden a abortos clandestinos. Paradójicamente, esta provincia exhibe uno de los mayores retrasos en la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que prevé la entrega gratuita de contraceptivos e información a las mujeres en los centros públicos de salud.

El contexto regional confirma los datos de nuestro país. Según datos del Instituto Alan Guttmacher, la mitad de los embarazos son deseados y el restante 50% termina en un aborto en América Latina. En Sudamérica mueren 3.700.000 madres por abortos inseguros.

Los datos sobre VIH/Sida no son más alentadores. En 2007, se registraron 67.245 personas con dicha enfermedad en Argentina (8.000 son jóvenes entre 14 y 24 años) y 35.572 la desarrollaron alguna vez. Más allá de los casos notificados, se estima que son alrededor de 134.000 los enfermos de Sida. La edad de mayor incidencia de la infección del VIH-Sida es entre los 15 y 24 años, según un informe de la Asociación Adolescentes por la Vida. Ya en 2004, El Ministerio de Salud de la Nación y el Programa de Naciones Unidas Onusida indicaban que había en el país 6.384 personas de entre 13 y 24 años con VIH/sida, el 12% del total de casos. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el 50% de los afectados en el mundo tiene entre 15 y 35 años.

Distante del cuadro sociodemográfico y familiar contemporáneo, las preocupaciones por la educación sexual se remontan a los albores del siglo XX. Principalmente los especialistas de la salud, sensibilizados ante la aparición de enfermedades venéreas, abordaron la cuestión de modo asistemático. Por aquel entonces, la información sobre las prácticas sexuales no estaba asociada a un derecho ciudadano, sino a paliar un incipiente flagelo sanitario. Instituciones ajenas al sistema educativo, como la Liga Argentina de Profilaxis Social, se abocó a la tarea de sensibilizar a la población sobre los riesgos y las enfermedades derivadas del acto sexual.

Las primeras experiencias en el campo de la educación sexual surgen en un período marcado por embrionarios procesos de redefinición de los roles históricamente establecidos en el seno de las familias, en un sentido de liberalización de ciertos mandatos de género y sexualidad (Felitti, 2009a). Nos estamos refiriendo a las décadas del sesenta y del setenta del siglo pasado, teñidas por una efervescencia política y social.

En un clima de contestación a las estructuras de dominación, los cimientos de la moral sexual sostenida desde la religión católica mostraban signos de resquebrajamiento. Con la mayor visibilidad de grupos juveniles y feministas, emergían otras discursividades -amor libre, igualdad de género, parejas fuera del matrimonio- que esmerilaban las pretensiones totalizantes de la Iglesia católica de establecer las pautas de sentido que regularan la vida sexual y la planificación familiar en el conjunto de la sociedad. La disociación entre sexualidad y reproducción, vigente en nuestro país prácticamente desde su fundación -a la luz de las tasas de natalidad, la planificación familiar de las parejas argentinas no se ajustaron a los cánones establecidos desde las éticas religiosas-, aparecía por primera vez en el plano de las verbalizaciones. En todo caso, la década del sesenta tradujo un hábito cotidiano en un formato de reivindicaciones.

Si bien no se trató de un fenómeno generalizado, es dable encontrar en aquel entonces colegios con proyectos institucionales que incluían a la educación sexual. Fuera del ámbito estatal y en el marco del Proyecto ‘Escuela para Padres’, la psicoanalista Eva Giberti elaboró materiales escritos para diarios, audiovisuales y orales para TV y radios, dirigidos a los padres. En 1962 publicó Escuela para Padres y tres años después, Adolescencia y educación sexual. Promediando la década del sesenta, organizó cursos para padres, maestras y pediatras, con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Luego de extender la propuesta en varias provincias, hacia 1973 el proyecto se fue deshilvanando ante la pérdida de interés en la temática. El allanamiento a la sede de ‘Escuela para Padres’ en el Hospital de Niños dictaminó el cese del programa. Si bien la idea de ‘sujeto de derecho’ aún no estaba conceptualizada, los textos de Giberti replanteaban la perspectiva esencialista de las identidades sexuales -determinismo natural del ser varón y del ser mujer-, al considerarlas como construcciones sociales. Sin dudas, implicaba un quiebre paradigmático a las representaciones dominantes.

El contexto internacional acompañaba estas iniciativas. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la instrucción sobre asuntos de sexualidad formaba parte de la curricula educativa. En 1971, la UNESCO realizó un encuentro con especialistas de América Latina a los fines de impulsar la incorporación de la temática en los establecimientos educativos. Por aquel entonces, los antecedentes en la región se circunscribían a Costa Rica, Chile y Guatemala (Wainerman et al, 2008). Pero en todos los casos, los contenidos formativos respondían al ideario de la doctrina católica.

En aquellos años, Argentina atravesaba por continuas interrupciones al régimen democrático. Estos procesos de militarización fueron acompañados por un catolicismo que era requerido como cimiento de la nacionalidad, salvaguarda de los intereses nacionales y pilar de la gobernabilidad. El protagonismo eclesiástico en la escena política se inscribía en un modelo de nación católica, de matriz hispanista y autoritaria (Mallimaci, 1988), luego del desplazamiento sufrido en los finales de la década peronista[2]. Protagonismo que implicaba el reposiciona-miento de la Iglesia católica en la sociedad política y el fortalecimiento de su histórica estrategia de influir en las altas esferas de gobierno como uno de los engranajes primordiales para diseminar los valores cristianos en todos los órdenes de la vida social. El modus vivendi entre el poder militar y el poder episcopal, signado por una reciprocidad en las legitimidades y una complementariedad en las funciones, garantizó que la direccionalidad de las políticas estatales en educación y planificación familiar y sexual fuese controlada por la institución católica.

Así las cosas, en 1966, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires editó la Guía para padres. Los cuadernillos reafirmaban la responsabilidad primaria de los padres en la educación sexual, apelaban a la castidad y circunscribían la práctica sexual a la función de procreación (Felitti, 2009a). Como podrá advertirse, el Estado se desentendía de la elaboración de una visión pluralista, librando el espacio para que el ideario del catolicismo ocupara el discurso oficial.

Los casos aislados de colegios con educación sexual respondían más a las iniciativas particulares de directivos y docentes que a programas oficiales de las carteras educativas[3]. En efecto, en Rosario se registraban antecedentes de clases de educación sexual, generalmente impartidas por docentes de Biología y Ciencias Naturales. También en la ciudad de Buenos Aires, equipos de psicólogos organizaron talleres sobre sexualidad con grupos de alumnos. Pero en todas las circunstancias, remitían a esfuerzos acotados en el tiempo, poco extensivos territorialmente y asistemáticos.

La educación sexual en tiempos de democracia

Los procesos de democratización generaron el marco para la irrupción de temáticas tradicionalmente circunscritas a la órbita de lo privado. Asuntos que habían sido tabú, reservados a la intimidad, iniciaron un sendero de politización, de mayor visibilización. En ese camino, múltiples redes e instituciones pugnarán por irradiar su corpus de valores en la conciencia y los hábitos de las personas. Concomitantemente, el anclaje en el espacio de lo público implica necesariamente la atribución regulatoria estatal. La disputa surge como el corolario inevitable de la interacción de sujetos colectivos dotados de lógicas y principios axioló-gicos discordantes.

Los cambios en la legislación evidenciaban un amanecer en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Santa Fe fue la primera provincia en aprobar una ley de educación sexual en 1992[4]. La normativa preveía la conformación de un espacio interdisciplinario que acompañara la inserción curricular en las áreas biológicas y sociales. A su vez, la ciudad de Buenos Aires contaba con una ordenanza semejante desde 1984, pero su status jurídico no era equiparable. En este distrito, funcionaba desde 1988 el Programa de Procreación Responsable, orientado a brindar información sobre anticoncepción.

La Ley Federal de Educación, aprobada en 1993, contempló a la sexualidad como contenido curricular. Propuesta su inclusión de modo transversal, su inserción efectiva se tornaba inespecífica. Apenas algunas jurisdicciones diseñaron políticas de capacitación hacia los docentes. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se organizaron talleres formativos, con una marcada impronta biomédica. Los contenidos giraban en torno a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, las metodologías de enseñanza sobre las partes del cuerpo y las funciones reproductivas.

La Reforma de la Carta Magna de 1994 incorporó nuevos derechos y garantías, al otorgar jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales (artículo 75, inciso 22). Entre ellos, la Declaración de Derechos Humanos, que hace referencia al derecho a la salud reproductiva y sexual. Desde entonces, también goza de rango constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño que considera a los menores como sujetos plenos de derecho.

En 1997, Mendoza fue la segunda provincia en sancionar una ley de educación sexual. En realidad, hacía referencia a una ‘Educación en los Valores de la Sexualidad’, una terminología utilizada comúnmente desde los espacios católicos. En cuanto a salud sexual y procreación responsable, el camino estaba más adelantado: La Pampa (1991), Chaco, Corrientes y Mendoza (1996) y Neuquén (1997), contaban con dispositivos normativos que reglamentaban la política estatal y contemplaban la educación sexual en las escuelas. En Entre Ríos, la Legislatura integró ambas cuestiones cuando aprobó en 2003 la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual. La normativa prevé la enseñanza

obligatoria de contenidos sobre sexualidad en escuelas públicas y privadas. Los lincamientos son elaborados por el Ministerio de Educación provincial y un Consejo Asesor, integrado por representantes religiosos, entre otros.

El análisis de la inclusión de la educación sexual como problemática social en la agenda pública no puede ser escindido de las preocupaciones por la salud sexual y reproductiva. Los programas formulados en esta materia contemplaban en su reglamentación, planes de educación sexual en las escuelas.

Las iniciativas en el campo de la salud sexual y reproductiva fueron de la periferia al centro, de las provincias a la nación. En 1997, Neuquén se sumaba a Santa Fe, Chaco y Mendoza, al aprobar la Ley N° 2.222, referida a la entrega gratuita de anticonceptivos a la población a través de los hospitales públicos y las obras sociales. En el marco del Programa Provincial de Salud Reproductiva, la normativa instó al Consejo Provincial de Educación a realizar una campaña de instrucción sexual en los colegios primarios y secundarios, a los fines de garantizar una salud sexual y reproductiva en los adolescentes y disminuir las enfermedades de transmisión sexual. Se enfatizaba en los considerandos las cuestiones sanitarias; no aparecía aún el derecho ciudadano como argumento convincente.

Por aquellos años, en la ciudad de Buenos Aires, la educación sexual integraba los contenidos curriculares de los colegios. De modo asistemático y discontinuo, aparecía en las materias de Educación para la Salud y Formación Cívica y Ciudadana. Con la aprobación de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable por la Legislatura de la ciudad en 2000, la temática cobró un mayor impulso. La normativa contemplaba la promoción de información sobre uso de anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. A diferencia de los marcos referenciales planteados en Santa Fe y Mendoza -basados en la planificación familiar-, aquí los derechos sexuales y reproductivos permeaban los lincamientos curriculares (Wainerman et al, 2008).

Atenta a los tiempos que se avecinaban, la Iglesia católica organizó en 2000 un taller sobre sexualidad y adolescencia con docentes de todo el país. En el marco del 39° curso de rectores del Consejo Superior de Educación Católica, se desarrolló el Seminario “Hacia una educación ética de la sexualidad adolescente”. La institución religiosa se posicionaba así en un debate que la tendría como protagonista.

En el mismo año, cuando las cifras indicaban al aborto como la principal causa de muerte materna, las Comisiones de Familia, Mujer y Minoridad y de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación elevaron un pre-dictamen sobre salud sexual y procreación responsable. Se explicitaba entre los objetivos el “otorgar a la población el mismo derecho de acceder a la educación sexual y al acto médico que garantice a cada familia, tener el número de embarazos que desee” (La Nación, 18/06/2000). El proyecto apuntaba a capacitar educadores, médicos y agentes de salud sobre los métodos apropiados para una procreación responsable; y a suministrar los anticonceptivos ‘de carácter reversible’. Por entonces, la vasectomía, la ligadura de trompas y el aborto estaban excluidos de toda consideración.

Si bien la propuesta legislativa no estuvo exenta de discusiones y dilaciones, el cima de la época’ favorecía su aprobación. La diputada por el Partido Justicialista de Buenos Aires, Silvia Martínez graneaba el ambiente años anteriores: “cuando discutimos este tema en el recinto, hace ya unos años, nos arrojaban desde los palcos preservativos inflados a manera de protesta” (La Nación, 18/06/2000).

Si bien a fines de la década del noventa comenzaron a aparecer en forma esporádica notas relacionadas con la educación sexual en los medios de comunicación gráficos, a partir de 2001 el tema asumirá una visibilidad inusitada. Ese año se divulgó el primer estudio a nivel nacional sobre derechos sexuales y reproductivos, encargado por el Instituto Social y Político de la Mujer a la consultora MORI. Como dato significativo, el 91% de los argentinos se pronunció a favor de que los hospitales entregaran anticonceptivos en forma gratuita.

Indicador de la presencia creciente de la temática en la agenda pública, se multiplicaron investigaciones y relevamientos por especialistas de las ciencias sociales y humanas. De 2001 a la fecha, la prensa escrita ha publicado distintos informes que han ido reflejando la posición asumida por la ciudadanía. Posición que resaltaba un consenso social significativo en torno al derecho a la salud reproductiva y a la educación sexual, y que contrastaba con el aún dificultoso consenso político.

Mientras tanto, aún sin respaldo legal, se sucedieron campañas y programas sobre sexualidad en los colegios. En el marco del Programa ‘Nuestros Derechos, nuestras vidas’, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires organizó talleres para alumnos, padres y docentes. Los encuentros pretendían reflexionar acerca de los estereotipos de género y desnaturalizar convicciones arraigadas en la subjetividad popular, como aquella que desvinculaba el embarazo con la primera relación sexual. Aparecía con nitidez la concepción del derecho sexual y reproductivo como derecho humano.

Paralelamente, con la creación de los Centros de Actividades Juveniles, el Ministerio de Educación de la Nación insertaba el debate sobre sexualidad en las escuelas del interior del país. Más allá de que la temática había ingresado en el contexto escolar para quedarse, se trataba de campañas extra-curriculares. El reto mayor era su incorporación en los contenidos curriculares.

La sanción de la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable en 2002 debe interpretarse como un referente significativo para las iniciativas posteriores que impulsaron una normativa específica sobre educación sexual. De hecho, entre las competencias del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, creado a partir de la legislación en 2003, se especificaba la responsabilidad de garantizar el acceso a la información y a la educación sexual[5]. Si bien no se registraron cambios significativos -con la excepción de algunas jurisdicciones-, la problemática no perdió visibilidad en la agenda política. La promoción de la salud sexual y reproductiva se tornaba estéril sin una articulación con la educación sexual.

En 2004, en la provincia de Buenos Aires, los alumnos del Poli-modal comenzaban a recibir clases de educación sexual y prevención de adicciones. Concretamente, en el módulo “Adolescencia y Salud”, se abordaba la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, la adicción al tabaco, drogas y alcohol.

El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, se convertiría en el referente eclesiástico con voz autorizada para los debates que se aproximaban. En una jornada de reflexión que núcleo a los responsables de la educación católica, anticiparía sus principales cuestionamientos a la incipiente política estatal. Hizo hincapié en la educación para el amor como herramienta para la construcción de la familia y el matrimonio, en contraposición a una supuesta educación sexual basada en la genitalidad.

A posteriori de la aprobación de la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y a instancias de la discusión de una norma similar en la Legislatura provincial en 2003, Aguer denunció a la “cultura fornicaria que se (…) impone tiránicamente” (Clarín, 17/05/2003). Para el prelado, la educación sexual propuesta por el Estado era sinónimo de lujuria y promiscuidad. Condenó la distribución de preservativos al considerar que estimulaba prácticas sexuales prematuras y no evitaba absolutamente el contagio. Lo atribuía a una perspectiva sanitarista estrecha, negadora de la integralidad dei ser humano. Además, reivindico al matrimonio como ámbito exclusivo para la actividad sexual.

Las aseveraciones del prelado sintonizaban con las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina. En la reunión plenária de noviembre de 2003, los obispos cuestionaron “las inaceptables y a veces totalitarias leyes que tienden a imponer planes de educación sexual en las escuelas sin tener en cuenta el derecho primario y natural de los padres a la educación de los hijos y sin referencias a los valores morales y religiosos” (Clarín, 16/11/2003).

La afirmación es frondosa desde el punto de vista analítico. En primer lugar, la identificación de una ley como totalitaria no se relaciona con los procedimientos para la aprobación parlamentaria o con el grado de consenso social, sino con la adecuación de la norma a los principios de la moral católica. En segundo lugar, se exhorta a respetar determinados derechos, de índole natural y por tanto, pre-existentes al Estado y a la sociedad. Por último, se rechaza una legislación por estimar que carece de valores morales y religiosos.

El pronunciamiento del Episcopado incluyó también la crítica a otras normativas, de reciente aprobación. Así, impugnó la legalización de uniones de hecho de parejas del mismo sexo, sancionada en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2002. En ese sentido, reafirmó que “la familia se funda en el matrimonio constituido por la unión estable, perdurable, entre un varón y una mujer (). Por eso no se puede equiparar a otro tipo de unión (Clarín, 16/11/2003).

Aún más audaces fueron las palabras de Carmelo Giaquinta, arzobispo de Resistencia, años después. Ante la continuidad de estas temáticas en las agendas legislativas, amenazó con animar a los cristianos a una desobediencia civil si el Estado pierde su razón de ser en materia educativa y sanitaria (La Nación, 07/11/2005). La razón de ser estatal en estos tópicos parecería estar marcada por leyes naturales, anteriores a los poderes fácticos y, por lo tanto, sin atribuciones para su alteración.

Para las autoridades eclesiásticas, los proyectos parlamentarios expresaban iniciativas contra natura , lo que derivaría en recursos de amparo. Si las normas que se pretendían aprobar involucraban a las escuelas privadas, se iría a violar la libertad de enseñanza y el derecho a la patria potestad de los padres.

Como veremos más adelante, la jerarquía eclesiástica y ciertas asociaciones civiles católicas diagramarían una estrategia de acción para bloquear no solo la sanción legislativa sobre educación sexual, sino también su posterior implementación. No se condenaba a la educación sexual en sí -de hecho, la industria editorial católica daba cuenta de la centralidad de la temática en los espacios formativos de la entidad confesional-; sino al marco axiológico que la impulsaba, ajeno a los dictados de la doctrina católica.

La permeabilidad de la voz eclesiástica en el sistema político subyace a las marchas y contramarchas de la educación sexual a nivel nacional y provincial en el pasado reciente. No se trata de una lógica exclusiva en esta temática. La simbiosis y yuxtaposición de funciones entre el Estado y la Iglesia católica a lo largo de la historia dejan una huella indeleble para los decisores del poder civil. La búsqueda de legitimidades extra-políticas ha prevalecido en más de una oportunidad al Parlamento, ámbito de representación de la ciudadanía en todo sistema republicano.

En 2003, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires había aprobado la Ley N° 13.066 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que prescribía acciones educativas en sexualidad para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El conjunto de los establecimientos educativos de la jurisdicción bonaerense estaban obligados a informar sobre los métodos anticonceptivos autorizados por el Estado Nacional, en sintonía con los lincamientos fijados en la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de 2002. Atendiendo la solicitud de los directivos de colegios privados -en buen número católicos[6]-, el entonces gobernador Felipe Sola vetó dos artículos de la ley provincial: el 7, que incluía a las escuelas de gestión privada en el alcance de la medida y el 9, que extendía a las escuelas municipales el cumplimiento de la norma. En definitiva, las escuelas confesionales quedaban al margen de la ley y, por tanto, exceptuadas de incorporar en su curricula, clases de instrucción sexual. En el Decreto N° 938, el gobernador justificó su medida en términos de garantizar la libertad religiosa en la provincia. El mismo argumento sostenido desde las instituciones religiosas.

Si bien la Legislatura rechazó el veto del Ejecutivo provincial, la decisión de Sola podría interpretarse desde, por lo menos, dos ángulos. El primero, evidenciaría la receptividad del gobernador a las influencias de las autoridades eclesiásticas, dando lugar a sus peticiones; el segundo, focalizaría en la cintura política del mandatario bonaerense que, a pesar de coincidir con el espíritu de la normativa, acordó con el Congreso provincial el veto y el posterior rechazo al veto por el Parlamento, sobre-actuando su disposición a canalizar las demandas de la Iglesia católica. Cualquiera de las dos hipótesis refleja el arraigo en la dirigencia política de una representación que

“naturaliza” la incursión de la institución religiosa en la arena política y su visualización como un actor de referencia obligada a la hora de definir políticas estatales.

Más allá del episodio y de la ratificación de la ley en la práctica, los colegios privados podían impartir los nuevos contenidos de acuerdo con su propio ideario. La vice-directora del Colegio San Juan Bautista de La Plata indicaba que los contenidos relacionados con educación sexual en su establecimiento se dictaban “desde el punto de vista de la bioética”. La directora del Colegio San Vicente de La Plata, María de los Angeles Cabrera, aclaró que en su establecimiento, se imparten clases de educación sexual, “enfocándolo desde la antropología cristiana”, bajo el Programa ‘Educación para el amor’, del Arzobispado platense (La Nación, 01/11/2004). Por su parte, el titular de la Asociación de Entidades de Educación Privada Argentinas, Perpetuo Lentijo, evaluaba que “la ley no obliga a enseñar los temas de una manera determinada”. (La Nación, 05/03/2004). De hecho, el propio director de Educación de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires, Juan Odriozola reconoció la autonomía de cada institución educativa, ya que algunas incorporan los contenidos en catequesis, otras en Ciencias Naturales. Por otro lado, la inexistencia de un seguimiento sistemático desde el Estado sobre las formas de su implementación dio lugar incluso al aplazamiento de la misma en el seno de las escuelas. No obstante, la educación sexual había cobrado una visibilidad pública sin precedentes.

Los cambios en la estructura familiar y en los hábitos de la vida íntima y cotidiana de las personas, en concomitancia con la emergencia de nuevos requerimientos en materia de salud sexual y reproductiva, ya habían posicionado en el espacio público la discusión sobre la educación sexual en particular y la moral sexual en general. Al situarse en ese terreno, era inevitable la intervención de múltiples actores (ministros, diputados, senadores, obispos, sacerdotes, pastores, organizaciones de la sociedad civil, autoridades educativas, profesionales del campo de la educación, etc.) que entrarían en disputa no sólo para dejar su impronta en la orientación de los marcos normativos y de las políticas públicas, sino también para hegemonizar la construcción del discurso social legitimado.

En los imaginarios de todos esos actores, la sexualidad representa el epicentro de las formas de regulación social, condensada en el control de los usos del cuerpo (Foucault, 1993). Remite a una expresión individual aunque al mismo tiempo, tributa a la matriz cultural de toda sociedad (Weeks, 1998). Si la cultura sintetiza las normas, valores, representaciones y símbolos que conviven -y compiten- dentro de una trama social y la sexualidad es asumida como una dimensión constitutiva del modo en que se relacionan los seres humanos, resulta inteligible su proyección en el plano de las creencias, de las ideologías y de las relaciones de poder (De Ezcurra, 2007). La memoria histórica que se reconstruye por los sujetos del presente re-actualiza su centrali-dad y provee de sentido identitario a buena parte de las organizaciones e instituciones que enhebran discursos y acciones referenciándose en la sexualidad casi de manera excluyente.

La potestad del Estado, de los padres o de las instituciones religiosas con responsabilidades educativas como autoridades legitimadas para impartir educación sexual; los lincamientos orientadores de los contenidos de la enseñanza, la información sobre los métodos anticonceptivos, la edad adecuada para recibir educación sexual en las escuelas, la perspectiva de género[7] y la pluralidad de identidades sexuales, emergieron como nudos problemáticos que atravesarían tanto a los proyectos parlamentarios como a las contiendas entre las fuerzas vivas de la sociedad civil involucradas activamente en los debates públicos. El panorama no era alentador, habida cuenta de la carencia de un umbral mínimo de coincidencias básicas. Se discutía quién debía fijar los contenidos, cuáles principios filosóficos servirían de referencia conceptual y a qué edad iniciar el proceso educativo.

Las confrontaciones más explícitas se dieron entre aquellos que visualizaban la educación sexual como un derecho que el Estado debía garantizar y quienes defendían la primacía de las familias -y de sus creencias religiosas- a la hora de instruir a sus hijos en una temática con alto contenido valorativo. La sexualidad como construcción cultural e histórica con derivaciones en la salud pública de la población, o tributaria a un orden natural sobre el que rigen normas éticoreligiosas preexistentes al Estado: he aquí el punto medular sobre el que se edificarían los argumentos en discordancia. No obstante, como en todo continuum ideológico, se presentan posturas equidistantes a ambos polos. En este caso, las que circunscribían la finalidad de la educación sexual a la prevención sanitaria.

El antecedente de la aprobación de la Ley de Educación Sexual en la ciudad Autónoma de Buenos Aires

En paralelo a las controversias narradas en la provincia de Buenos Aires, también la ciudad de Buenos Aires se vio envuelta en virulentos debates. Los entonces diputados Ana María Suppa, Diego Kravetz (kir-chneristas) y Florencia Polimeni (macrista) presentaron en 2004 un proyecto de ley sobre educación sexual. Los antecedentes no eran auspicios, ya que en los diez años precedentes, tentativas semejantes caducaron por permanencia indeterminada en algún rincón de la Legislatura.

La iniciativa, denominada “Directrices de educación sexual integral”, precisaba los ejes temáticos a desarrollar en las aulas. Incluía temas vinculados al desarrollo psicofísico del estudiante, la vida en relación de pareja, las orientaciones y conductas sexuales, la cuestión de género, la salud sexual y algunos conceptos que despertaban más polémicas como la masturbación y el erotismo. Contemplaba el dictado de tales contenidos desde el nivel inicial hasta el último año del secundario, con una adecuación de los mismos en función del crecimiento de los alumnos. Asimismo, planteaba la creación de Consejerías de Sexualidad en cada establecimiento educativo. La inserción de la instrucción sexual en el sistema educativo no se proyectaba como un curso específico, sino transversalmente en las materias Formación Ética y Ciudadana, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

La propuesta despertó reacciones de sectores diversos y por motivos disímiles. Desde el Ejecutivo de la ciudad, se cuestionaba la intromisión del Parlamento en incumbencias de la Secretaría de Educación. Puntualmente, en la definición de contenidos curriculares. A su vez, los referentes educativos del catolicismo, sus cuadros de intelectuales orgánicos y los legisladores afines apuntaban al espíritu mismo del proyecto[8].

En primer lugar, condenaban el ‘reglamentarismo’ estatal en una materia que consideraban de competencia familiar. Las capacidades regulatorias estatales eran visualizadas en este punto como una intromisión “en la vida privada de las personas, en su interioridad, en la orientación que quieren dar a su existencia (…) según los dictados de la conciencia de cada uno” (José Enrique Miguens en La Nación, 10/01/2005). íntimamente ligada la educación sexual a la libertad de conciencia, la responsabilidad primaria era de los padres. Además, convencidos del papel supletorio del Estado, reivindicaban el derecho de las instituciones educativas religiosas a instruir a sus alumnos en función de sus cosmovisiones. Sus repertorios morales eran ponderados, aún por sobre la información científica.

La impartición de contenidos obligatorios por parte del Estado para todas las escuelas era percibida como un avasallamiento a los valores e ideales de los colegios religiosos y de los padres que eligieron esos colegios para la educación de sus hijos. Y como un desconocimiento de las instancias de agregación social intermedias como las iglesias, en condiciones de orientar y dar sentido a la acción de los individuos. Se advertía una potencial violación sobre la patria potestad de los padres y la libertad de enseñanza.

Luego, impugnaban los fundamentos axiológicos constitutivos del proyecto: la perspectiva de género, que al interpretar las representaciones en torno a la sexualidad como una construcción cultural, subvertía el orden biológico natural’; el reconociendo y la equiparación de las diversas identidades sexuales (heterosexualidad, homosexualidad, travestismo); la aceptación de prácticas sexuales desancladas del matrimonio y asociadas con el placer (masturbación, erotismo, sexo grupai, relaciones efímeras). Desde esta perspectiva, la valoración a la diversidad sexual implicaba un culto de lo antinatural. Y la disociación entre el acto sexual y el amor, un reduccionismo y una profunda inmoralidad causada por el “relativismo cultural”. En sus versiones extremas, se interpretaba el proyecto como una violación a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, al atentar contra la integridad psicológica del menor. En consonancia con la posición asumida durante la discusión sobre el divorcio en 1987, se argüía que una mayor educación sexual aumentaría los índices de contacto sexual y, en consecuencia, de embarazos no deseados y enfermedades sexuales.

Ante el primero de los cuestionamientos, la legisladora Suppa indicó que “la ley no establece contenidos, sino directrices y temas” {La Nación, 16/09/2004). Con respecto a las restantes impugnaciones, quedaban al descubierto dos posiciones claramente enfrentadas. El rol del Estado y de los padres, los lincamientos curriculares, la autonomía de los colegios confesionales en definir contenidos y el grado escolar pertinente para incorporar la temática conformaban los principales ejes de las discrepancias.

La difusión de las investigaciones científicas en los medios de comunicación contextualizaba el debate con la opinión de la ciudadanía.

En 2004, la consultora Analogías divulgó los resultados de una encuesta sobre educación sexual. El 97% de la población expresó su acuerdo a que se impartiera educación sexual en las escuelas; el 98,5% consideró que era de alta importancia que los adolescentes recibieran información sobre el tema y el 98% vislumbraba que prevendría los embarazos en chicas de menos de 20 años. Asimismo, el 98% se pronuncio a favor de que se enseñara sobre la prevención del sida, el uso del preservativo y el cuidado del embarazo (Página/12, 10/09/2004).

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reinstalaba la temática en la agenda pública, al notificar la gravedad del embarazo adolescente. Entre 1980 y 2000, había crecido un 14,2%. Ya en 2003, el 15% de los nacimientos correspondían a mujeres menores de 20 años. Las cifras sobre aborto no eran menos alarmantes: Seis de cada cien chicas entre 15 y 24 años fallecían debido a complicaciones en el proceso de abortar. El titular de la cartera sanitaria manifestaba sin disimulos su postura favorable a la educación sexual en las escuelas desde el nivel primario, como herramienta complementaria al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Como alternativa al proyecto de Suppa, Kravetz y Polimeni, el diputado macrista Santiago de Estrada presentó otra propuesta en la Legislatura porteña. Incorporaba la educación sexual a partir del séptimo grado, planteaba la participación de los padres en la definición de los contenidos y que el eje de la enseñanza no se centrara en la información sobre el uso de métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, sino en la reafirmación de valores y del amor como principio relacionai entre un hombre y una mujer. En los fundamentos, sostenía que la educación sexual es responsabilidad originaria y natural de los padres o tutores de los educandos, debiendo toda la comunidad acompañar este derecho-deber de las familias. La educación sexual, por estar intrínsecamente vinculada con la libertad de conciencia, con los valores de la vida, el amor y la familia, deberá ser objeto de consideración primaria de los padres (Página/12, 14/12/2004).

Lógicamente, no coincidía con el abordaje de la sexualidad y del género como construcciones culturales. En sintonía con el Arzobispado porteño, recurría a los designios de la naturaleza para explicar las condiciones sexuales de los seres humanos.

Público y privado, como categorías escindidas, no aportan en demasía para describir procesos que invaden ambos terrenos y tornan difusa una eventual frontera. Una vez que los actores con militancia en temas de sexualidad han transportado al campo de la política los debates de la intimidad y de regulación del cuerpo para reclamar al Estado el reconocimiento de derechos, se pulveriza el ámbito de lo privado como entidad distintiva. Si bien la sexualidad remite al dominio de la intimidad de las personas, las consecuencias de las prácticas sexuales impactan en el plano de la salud pública de una sociedad. Si a ello le añadimos la concepción de la educación sexual como un derecho ciudadano, se torna imperioso redefinir las categorizaciones que demarcan sus áreas de influencia.

La efervescencia política estaba en sintonía con el activismo creciente de actores religiosos ligados al sistema educativo. Ante ese panorama, el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, el macrista Marcelo Godoy, convocó a audiencias públicas para que diferentes sectores interesados expresaran sus puntos de vista.

Si en los años de dictadura se construyó un espacio ecuménico en defensa de los derechos humanos; en esta coyuntura, aparecía de modo embrionario una suerte de ecumenismo de tinte ‘valórico’, articulador de distintas agrupaciones y líderes religiosos para defender un orden axiológico que creían amenazado[9]. El 22 de octubre de 2004 se presentaron en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires para manifestar al unísono su repudio a los proyectos de ley que auspiciaban el dictado de educación sexual en los colegios y la consideración de la homosexualidad como una opción valedera. Alberto Avila, por la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Faciera) y Juan Torrella, por la Vicaría Episcopal de Educación, hicieron de voceros de ese ecumenismo ‘valórico’. Pero no eran los únicos: Rafael Sáenz, vicepresidente de la Consejo de Educación Cristiana Evangélica, advirtió que no aceptarían que “las conductas de personas que sustentan otros principios de vida se conviertan en normas obligatorias a transmitir a los hijos que se nos han encomendado como alumnos en las escuelas estatales o privadas, ya que son impropias desde nuestras creencias religiosas” (La Nación, 01/11/2004). La directora general del Consejo Central de Educación Judía, Batía Nemirovsky, acordaba con los referentes de los otros credos en destacar el rol central de la familia y el respeto a sus convicciones religiosas. José María del Corral, presidente del Consejo General de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, resumía la postura de los referentes de los cultos: “El Estado no puede imponer un discurso único, porque el padre tiene derecho de elegir y la escuela representa, con su ideario, el compromiso ideológico que asume con esos padres” (La Nación, 01/11/2004).

La ronda de consultas incluyó a laicos católicos con una aceitada organización, quienes aprovecharon la ocasión para explicitar su oposición a la iniciativa. Tal el caso de los integrantes de Pro-vida, que en la Comisión de Educación, solo aceptaban la enseñanza de la abstinencia. “Enseñarles a cuidarse a nuestros hijos es como enseñarles a robar sin riesgos, con chalecos antibalas. No queremos que les enseñen a cuidarse, queremos enseñarles la castidad”. En esos términos, se expresó Mónica Del Río, de dicha organización (Página/12, 23/10/2004). Complementariamente, enviaron cartas y correos electrónicos a cada uno de los diputados porteños.

Veinte días después, fue el turno de las entidades religiosas intermedias que acudieron a la Comisión de Educación de la Legislatura porteña para consolidar la posición contraria al proyecto. Concurrieron los representantes de la Federación Familia para la Paz, la Federación de Mujeres para la Paz, el Colegio del Carmen, la Federación Argentina Católica y la Corporación de Abogados Católicos.

El Estado y los padres conformaban los dos polos de una confrontación sostenida desde lo argumentativo. Observaban una intromisión del poder civil y el consiguiente desplazamiento de los padres en asuntos que consideraban de competencia familiar. En un contexto en que la familia nuclear se ha desdibujado y los padres sinceran su dificultad de asumir la responsabilidad de educar a sus hijos en temas de sexualidad, no se divisa con claridad a ‘los padres’ como un actor social con pretensiones de disputar con el Estado la potestad para definir los contenidos de la instrucción sexual en las escuelas. Cabría preguntarse si no son las iglesias más que los padres quienes ocupan el otro polo en la dicotomía construida por los propios actores religiosos. Tal como afirman Wainerman, Di Virgilio y Chami, “la defensa de los derechos de las familias en la educación de los niños ha vehiculizado intereses que trascienden a los padres y que están relacionados con proyectos de corte político, religioso y corporativo” (Wainerman et al, 2008: 20).

Las únicas voces del campo religioso que se alzaron apoyando el espíritu de la propuesta surgieron de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Sus dirigentes señalaron que “la escuela pública, en su rol de formadora y promotora de valores ciudadanos, no puede quedar pasiva en un tema tan necesario como el de la educación sexual integral en sus aulas. Los objetivos de la educación sexual en las escuelas debe ser brindar una información científicamente fundada para que fundamente valores y actitudes sanos, que eliminen falsos conceptos y tabúes” (La Nación, 13/11/2004). El pastor luterano Lisandro Orlov fue más explícito: “apoyamos el proyecto de Suppa. Los chicos no se atreven a hablar de sexualidad con sus padres, y necesitan de fuentes de información calificadas, como un docente preparado” (La Nación, 16/12/2004).

Interesante resulta la percepción de los legisladores y de los medios de comunicación frente al escenario descripto. La sobrerrepresentación de las voces religiosas proyecta un mapa compuesto por disensos que contrasta con la opinión de la ciudadanía que, en todos los estudios de opinión pública, por abrumadora mayoría se declaraba a favor de la educación sexual, de la información acerca del uso de métodos anticonceptivos y sobre las enfermedades de transmisión sexual, etc. Las referencias a las ‘dos campanas’ licuaban el amplio consenso ciudadano, equiparándolo con la posición de un actor con, evidentemente, un poder institucional innegable.

Permanece en los imaginarios dominantes la existencia de matrices integrales capaces de moldear identidades totalizantes. Desde esa lógica, si tres de cada cuatro argentinos se consideran católicos, adhieren y se sienten representados por el corpus normativo de su religión. Pero lo cierto es que en la actualidad, el mapa socio-cultural argentino se compone de un mosaico plural y poco institucionalizado. Ninguna institución se encuentra hoy en condiciones de monopolizar la producción y transmisión de valores y pautas de conducta que regulan los comportamientos sociales, porque justamente estos comportamientos desbordan cada vez más los marcos normativos institucionales. Cuando aún los mismos católicos tienen relaciones pre-matrimoniales, se divorcian, están a favor de la eutanasia, no van a misa todos los domingos y aprueban la pena de muerte, entre otras posturas, se pone de manifiesto que las normativas oficiales pierden cada vez más eficacia en torno a las conductas que los individuos adoptan por sí mismos.

Por todo ello, quedan hoy escasos márgenes para reivindicar y reclamar la imposición de un corpus doctrinario como principio organizador de la sociedad, pues es la propia comunidad la que lo desafía en la vida cotidiana. Creyentes y no creyentes asumen sus libertades para apreciar una exposición de arte aunque alguien la catalogue como una blasfemia o para tomar una pastilla anticonceptiva, a pesar de que una regla religiosa la condene.

Así las cosas, se plantea una tensión -no siempre de manera manifiesta- entre la creciente diferenciación de demandas de la ciudadanía y la exigencia eclesiástica de universalizar su moral religiosa para, así, uniformizar los valores y conductas que rigen en la sociedad. Los márgenes de libertad individual para optar en materia religiosa, familiar, sexual, por citar tan solo algunas dimensiones, intima a los Estados a contemplar los requerimientos de ampliación de los derechos de la ciudadanía. Empero, la interpelación a la Iglesia católica como actor político y social ha coadyuvado a la conservación de su poder institucional, erosionando, de ese modo, la autonomía de la esfera política y sus márgenes para promover espacios de igualación de derechos en el marco de la convivencia social.

La exclusiva atención que se manifiesta desde el campo de la política y la forma en que los medios de comunicación amplifican los pronunciamientos episcopales -las declaraciones de los obispos desvelan más que las de un dirigente de otro partido político-, evidencian el peso real o imaginario -para el caso, poco importa- que suponen las advertencias de la Iglesia en la construcción de la opinión pública.

El habitus arraigado en los dirigentes políticos argentinos, sin distinción de pertenencias y afiliaciones, los lleva a reconocer en la voz de la conducción de la Iglesia una opinión cardinal que influye en la toma de decisiones y en las propias prácticas políticas.

Estamos frente a una cultura católica presente en muchos de los decisores políticos, los cuales se exhiben en algunos casos más como correas de transmisión del ideario eclesiástico que como representantes de la sociedad civil. En otros casos, prevalece una firme percepción del rédito extra-político que, para los propios actores políticos, el vínculo con las autoridades episcopales proporciona.

El meollo de la cuestión gira sobre todo en torno a esa cultura política[10] hegemônica que permea un repertorio de prácticas políticas con visos de confesionalidad. Esa inercia histórica, que se alimenta con actores del presente, ocasiona un desfasaje entre la mayor secularización que se observa en el plano familiar, sexual, cultural y religioso y la rigidez de las instituciones políticas para referenciarse en esa diversidad a la hora de dictar normas y diseñar políticas públicas.

Este encuadre histórico y conceptual nos permite comprender que incluso los mentores del proyecto de ampliación de un derecho ciudadano -Suppa, Kravetz y Polimeni-, hayan solicitado una audiencia con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, para ‘presentarle’ los considerandos de su propuesta. En efecto, el 24 de noviembre acudieron a la vicaría porteña. Lejos de obtener un apoyo, legitimaron a la figura eclesiástica como interlocutor válido para discutir asuntos de agenda parlamentaria. Consolidaban con ese proceder el espacio supra-partidario de la Iglesia católica, del cual ésta se vale para negociar con el Estado, los partidos de gobierno y de la oposición.

Los parlamentarios que gozaban de un vínculo más próximo con el arzobispo[11], también le acercaron los dos despachos sobre educación sexual elaborados en la comisión de Educación y ‘explicarón’ los fundamentos de sus propuestas, que sintonizaban con la posición eclesiástica.

Las objeciones análogas de las comunidades religiosas, sus estrechos lazos con algunos legisladores que canalizaban sus peticiones y la sobrerrepresentación mediática de esas voces, generaron un clima de falta de consenso que empantanaría la discusión parlamentaria. El disenso es un factor constitutivo del sistema democrático y al igual que la búsqueda de consensos, forma parte del ADN de los ámbitos parlamentarios.

El interrogante es de otra dimensión y se proyecta en el plano de las intersecciones entre lo universal y lo particular. ¿Debe un asunto de relevancia pública ajustarse a los principios de una moral particular? Si bien el Estado debe respetar las creencias religiosas de los individuos -así como a quienes no poseen ninguna-, ¿alguna de estas puede imponerse a toda la sociedad? Resulta claramente legítimo que un líder religioso plantee un debate público en torno a la educación sexual, al aborto o a la homosexualidad y defienda su postura. Pero de la invocación a una mayoría religiosa o a un sustrato religioso en la identidad nacional no se desprende que una institución religiosa esté legitimada para determinar la política pública en esos rubros. En definitiva, la discusión inconclusa gira en torno al espacio que ocupan las religiones en el mundo contemporáneo y a las áreas de injerencia que pretenden contornar las instituciones religiosas en las actuales democracias.

Finalmente, los dos proyectos se trataron en la Comisión de Educación, cumpliendo con los requisitos para ser tratados por la Legislatura en la última sesión del año. El despacho de mayoría fue firmado por los autores (Suppa, Kravetz y Polimeni), junto con María Eugenia Estenssoro (Bloque Plural), Fernando Melillo (Argentinos por una República de Iguales) y Vilma Ripoll (Izquierda Unida). A pesar de algunas modificaciones -en busca de sumar voluntades, se introdujo la dimensión espiritual y se extrajeron los puntos más polémicos como la masturbación y el sexo compartido-, proponían la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas de la ciudad. En cuanto a los contenidos, se le asignaba a la Secretaría de Educación la atribución de seleccionarlos en función de las etapas del desarrollo psicofísico de los alumnos.

El despacho de minoría fue respaldado por Santiago de Estrada, Jorge Enríquez, Gabriela Michetti y Marcos Peña. El bloque macrista, con excepción de Florencia Polimeni y Soledad Acuña, avalaba esta moción. Postulaban que las instituciones educativas organicen talleres optativos de educación sexual, con contenidos a consensuar al interior de cada comunidad educativa. Serían los colegios, “de acuerdo a los fundamentos de su propio ideario y/o proyecto institucional”, los encargados de diseñar e implementar los programas de educación sexual (Art° 5, Despacho de Minoría).

El 14 de diciembre de 2004, ante un fuerte operativo policial[12], el debate llegó al plenário del cuerpo. Las posturas de ambos bloques eran claras y antagónicas. Se necesitaba una mayoría simple para la aprobación de alguno de los dos proyectos, siempre y cuando se contaran 31 votos válidos.

Las editoriales de los principales diarios traslucían visiones contrapuestas. Por un lado, insinuaban una concepción corporativa de las mediaciones políticas. Pese a la posición mayoritaria de la sociedad argentina a favor de una educación sexual con contenidos fijados por el Estado, apelaban al acercamiento de posiciones “entre sectores políticos, sociales, educativos y religiosos” (Clarín, 14/12/2004). Por otro, reafirmaban justamente el alto consenso social y las obligaciones del Estado frente a cuestiones de salud pública como los embarazos adolescentes, el aborto y el SIDA, para juzgar a la educación sexual como una necesidad social.

La sesión duró cinco horas y media, con extensos y ásperos debates. Dada la paridad de fuerzas, las tres diputadas[13] cercanas al Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, inclinarían la balanza en uno u otro sentido. Pero en realidad, al rechazar ambos proyectos, la sanción de una ley de educación sexual naufragó.

El Ejecutivo porteño cuestionaba la propuesta de Suppa -específicamente, el artículo 8o-, por avanzar sobre las facultades de la cartera educativa, al fijar ejes temáticos en los contenidos. Al mismo tiempo, objetaba la preponderancia otorgada a los padres en la proposición de De Estrada, al sostener que no son ellos los que arman las currículas educativas. Propiciaba un camino intermedio, con educación sexual en todos los colegios y con el Ministerio de Educación definiendo los lincamientos curriculares.

A la hora de la votación, ninguna de las dos iniciativas resultó triunfante. En primer lugar, se sometió a dictamen el proyecto de Suppa, Kravetz y Polimeni. Consiguió 24 votos a favor y 28 en contra. Al ser rechazado, se puso en consideración la propuesta de Santiago de Estrada. Obtuvo 26 votos positivos, 3 negativos y 23 abstenciones. Al no reunir 31 votos válidos, tampoco fue aprobado. No obstante, para Santiago de Estrada, el objetivo se había cumplido. La tentativa de instaurar la educación sexual en los colegios se había obturado. De acuerdo al reglamento legislativo, el proyecto podría ser retomado recién en el siguiente período parlamentario.

En 2005, la diputada Suppa retomaría la temática, aunque con una ‘hipótesis de máxima’ menos ambiciosa. Buscó consensuar un nuevo proyecto, que incluyera un piso de conocimientos básicos sobre educación sexual, siguiendo el marco jurídico internacional y la información científica avalada por la Organización Mundial de la Salud. Garantizado ese núcleo común, cada institución educativa estaría autorizada para incorporar su perspectiva según sus valores éticos y morales, siempre y cuando no contradijeran los contenidos de aquel núcleo general. Se abría un margen para que en una escuela se explicitara la preferencia por la abstención sexual, pero luego de informar los contenidos específicos elaborados por la Secretaría de Educación. También contemplaba una reivindicación de la oposición: la creación de talleres de educación sexual integral para padres. Se establecía una distinción entre los fundamentos conceptuales, definidos exclusivamente por el Estado, y los preceptos actitudinales, sobre los cuales las comunidades escolares podrían incluir su ideario de valores.

En esta oportunidad, fueron presentados varios proyectos. Al de Suppa -con pequeñas modificaciones de la propuesta anterior, remarcaba la incumbencia de la Secretaría de Educación para establecer los contenidos a dictarse desde preescolar-, se sumaría la iniciativa del ex-macrista Ricardo Busacca -contemplaba la educación sexual desde el secundario, como materia optativa y extracurricular-, de Alicia Bello -comprendía a todos los niveles de enseñanza, pero incluía la figura de objeción de conciencia como derecho para la excepción-, de Roy Cortina -promovía la creación de un programa con talleres itinerantes y una línea 0800 de consultas gratuitas-, así como también la de Jorge Enríquez -a partir de séptimo grado, postulaba talleres optativos para padres con contenidos fijados por cada comunidad educativa.

Posteriormente, Enríquez se sumó al proyecto de Santiago de Estrada, quien reforzó la perspectiva de una educación sexual que respetara “los valores morales y religiosos de las familias y que cada institución determine qué se le enseñará a los chicos” (Clarín, 01/07/2005), en intercambio con padres y docentes, siempre a partir de séptimo grado y con contenidos transversales dentro de las asignaturas ya existentes.

Para complejizar aún más el estado de situación, en octubre de ese año se llevarían a cabo elecciones legislativas. Podría imaginarse que ante el pronunciamiento contundente de la opinión pública a favor de la educación sexual, el tema sería excluyente en la agenda de campaña. Fundamentalmente los que han batallado para instalar la cuestión en las discusiones parlamentarias, gozarían de un handicap importante para la contienda electoral. Sin embargo, los bloques mayoritarios de la Legislatura decidieron postergar su tratamiento para después de las elecciones. En las representaciones dominantes de la clase política porteña, la inclusión de la educación sexual en la agenda electoral era sinónimo de pérdida de votos.

Resulta interesante detenerse en este punto para analizar los componentes de los imaginarios políticos, distantes del sentido común sociológico, que confluyeron para tal determinación. En este caso, por sobre la posición de la ciudadanía al respecto, prevaleció una firme percepción del rédito extra-político -o, como contrapartida, el descrédito- que otorga la Iglesia católica. En ese sentido, se visualizaba negativamente atravesar una campaña electoral debatiendo sobre un asunto en el que la voz eclesiástica se haría escuchar. En la lógica de alcanzar una mejor performance electoral, siempre desde la óptica de los actores, se antepone a la percepción de la sociedad, la posición de la jerarquía católica.

Persevera en la dirigencia política un repertorio conceptual que visualiza a la institución religiosa como proveedora de legitimidad. En ese contexto, no solo se “naturaliza”, sino también se auspicia su injerencia en la esfera pública: se promueve su participación en la gestión de políticas públicas y en la discusión legislativa, se anhela ser reconocidos por El Vaticano a través de la objetivación de un tratado concordante, se postergan discusiones por temor al efecto que pudieran causar las declaraciones de sus líderes.

En las representaciones políticas dominantes, la dirigencia eclesiástica ocupa un lugar preponderante. Esos imaginarios se ven actualizados en momentos en que la política atraviesa una crisis de legitimidad. Es aquí donde lo religioso gana un espacio como mecanismo de legitimidad sustituto.

La emergencia de una sociedad más plural y heterogénea, en la que se desdibujan los principios universales que pretendían regular los comportamientos sociales en el ámbito político, religioso, familiar, sexual; viene acompañada paradojalmente por iniciativas super-estructu-rales que tienden a reforzar los vínculos institucionales. Ante marcados procesos de desinstitucionalización que atraviesan al campo político y también al religioso; la búsqueda de legitimidades mutuas reedita, aunque con otros formatos, un paisaje que integra los trazos políticos y religiosos en el mismo retrato. A modo de refugio ante una realidad desregulada e incierta, pareciera que recostarse sobre las estructuras de larga data proporciona certezas y, de modo extemporáneo, proyecta un transitar adosado a sustentos que se representan sólidos.

Como podrá advertirse, el estado de disolución -o para ser más precisos, de insuficiente delimitación- de fronteras entre lo político y lo religioso en la Argentina, se basa entonces, en la configuración de un mapa institucional complejo, en el que lo político y lo religioso se entrecruzan, generando un escenario con límites porosos entre ambas esferas.

¿Cuál es la eficacia de aquella cadena de procedimientos? Difícil dimensionaria. Existen antecedentes que indican que resultó victorioso quien contó con el apoyo -más o menos explícito- de la conducción católica. Como también otros que muestran lo contrario. Lo que nos atañe, desde una mirada sociológica, es hacer explícitas las apelaciones a lo religioso que ponen en práctica los referentes políticos, convencidos que por ese sendero alcanzarán una mejor performance electoral o en la gestión de gobierno.

Desde estas claves analíticas, se torna comprensible la dilación del debate parlamentario sobre educación sexual. Las expresiones del diputado Rodrigo Herrera Bravo, transparentan y sintetizan los registros condensados en la idiosincrasia de la clase política: “La educación sexual obliga a tomar una definición ante la Iglesia y otros cultos, lo que genera antipatías. Por eso no se quiere discutir en campaña” (Clarín, 10/10/2005).

Al aplazamiento del tratamiento en la Legislatura contribuyó el petitorio con más de 20.000 firmas, presentado por diferentes entidades religiosas para solicitar una audiencia pública. Una vez más, el ecumenismo ‘valórico’ se presentaba en sociedad. Las voces de referentes de distintos credos eran monocordes: El rabino Ángel Kreiman expresó su oposición a considerar el sexo como necesidad fisiológica. El Director de la Casa para la Difusión del Islam, Mohsen Ali, y el vicepresidente del Consejo de Educación Cristiano Evangélico, Rafael Sáenz, destacaron el ámbito de la familia como prioritario para la educación sexual de los hijos. La Corporación de Abogados Católicos, tal vez por formar parte de una religión con mayor peso institucional, no solo dejó planteada su opinión al igual que los representantes de los cultos minoritarios, sino también instó al poder público a detener cualquier experiencia de instrucción sexual en los colegios por tratarse de una actitud inconsulta (La Nación, 08/11/2005).

Habida cuenta de la irrefutable existencia de variados espacios de debate y participación, lo que subyacía a la argumentación de los juristas católicos era un cuestionamiento por el proceso de dislocación entre la política pública y la directriz eclesiástica. El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, pareciera confirmar nuestra hipótesis. Frente al avance del proyecto de educación sexual en el Parlamento Nacional, transmitió la preocupación de los obispos por la eventual sanción de una norma que no contemplara “los valores que pregona la Iglesia”.

Los partidarios de la aprobación de la normativa eran concientes que su dilación no impedía emprender acciones específicas en las escudas. El encuadre legal generaba las condiciones para establecer una política de Estado de largo aliento y para sistematizar y extender los contenidos de la educación sexual a todos los colegios de la ciudad. De hecho, en el marco de la ya vigente Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se organizaban talleres y se capacitaban docentes, pero de forma esporádica y poco sistemática.

Ahora bien, en la implementación de las campañas en el territorio, la presencia de agentes religiosos es insoslayable. Generalmente, los funcionarios de carteras educativas, sociales y sanitarias recurren a sacerdotes y monjas para “bajar” la política pública a los barrios. La capilaridad social de la Iglesia católica y su capacidad organizativa son reconocidas desde los ámbitos estatales. En este caso, puntualicemos que las desavenencias a nivel superestructural no se corresponden con los acuerdos y convenios celebrados en el territorio. En otras palabras, las tensiones planteadas con la jerarquía eclesiástica por cuestiones axiológicas contrastaban con el continuismo de un trabajo conjunto entre actores políticos y religiosos, presentados como referentes complementarios -e incluso yuxtapuestos- en las comunidades. Culturas políticas y religiosas con recíprocas transferencias de sentido que han naturalizado un vínculo fructífero desde el imaginario de los protagonistas nos brindan herramientas para comprender dicha dislocación. Al igual que la asimilación de un sentido práctico, ejercitado a diario por los requerimientos de intervención social y proveedor de otros componentes en la conformación de las idiosincrasias de los dirigentes políticos y religiosos más abocados al mundo de la acción.

Nuevamente el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García reinstaló en la agenda pública la inclusión de la educación sexual en los colegios. Con motivo de la presentación del documento ONU-Sida ante la Cumbre de las Américas a fines de 2005, cuestionó el déficit del sector educativo y la consecuente “discriminación educativa” hacia jóvenes inhabilitados para recibir información sobre salud sexual y reproductiva (Página/12, 28/12/2005). El propio incumplimiento de la legislación sobre salud sexual y procreación responsable aprobada en 2002 había generado reacciones de organizaciones de la sociedad civil y de algunos legisladores para normativizar la educación sexual obligatoria en las escuelas.

Las estadísticas en materia de embarazos adolescentes, mortalidad infantil y relaciones sexuales precoces comenzaban a emplazar un tratamiento parlamentario. Cien mil partos de adolescentes al año -el60% de ellos, no deseado-; un incremento del 40% de los abortos en menores de edad entre 2000-2005; el crecimiento de la deserción escolar por embarazos adolescentes y el 34% de adolescentes que no se cuidan en su debut sexual, eran algunos de los indicadores que ponían en aprietos a las estrategias que dilataban la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo (Página/12, 26/05/2006).

Las experiencias en otros países confirmaban la fuerte correlación entre educación y salud sexual y reproductiva. En la Italia de 1970, se registraban 27 embarazos cada 1000 adolescentes. Luego de una sistemática instrucción sexual, la tasa descendió a 6,9. La cifra contrastaba con los 64 embarazos cada 1000 adolescentes argentinas (Datos del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, citados en Página/12, 28/07/2006). Aunque inferior a la fecundidad adolescente de América Latina -72,4 por mil-, era muy superior a la de 1960 -58,4 por mil-(Wainerman et al, 2008).

Luego de la destitución de Aníbal Ibarra[14], el reemplazante Jorge Telerman dispuso retomar las discusiones y reimpulsar su tratamiento legislativo con un ánimo componedor. Evaluaba que si se desestimaban las posiciones extremas y garantizaban los derechos de las escuelas confesionales a establecer los contenidos en educación sexual, el proyecto de ley transitaría por caminos menos terregosos.

En efecto, el entonces ministro de Educación porteño, Alberto Sileoni, apuntó a construir un umbral de acuerdos con todos los sectores. En principio, todos coincidían en que la educación sexual debía ingresar en los colegios de modo curricular, transversal y obligatorio. Y en que el Estado fijara un “piso mínimo de contenidos”, atendiendo el desarrollo evolutivo de los alumnos. El diputado macrista Marcos Peña incorporó a ese núcleo de consensos, el respeto a que cada comunidad educativa adaptase los lincamientos en función de sus creencias y valores. Las intervenciones de unos y otros marcaban, de todas maneras, distintas preocupaciones, sensibilidades y prioridades. El ministro recalcaba el objetivo de disminuir el índice de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. El legislador enfocaba su atención en la autonomía de las escuelas religiosas para establecer las pautas de la enseñanza de acuerdo a sus principios institucionales.

La iniciativa de Sileoni de reunirse con los integrantes de la comisión de Educación de la Legislatura se inscribía en la estrategia de resolver conjuntamente los puntos que habían causado el naufragio del proyecto de ley en 2005. Básicamente, los legisladores debían consensuar el rol del Estado en la definición de contenidos y la edad de inicio en la formación sexual. Para destrabar el conflicto derivado de posiciones antagónicas, propiciaba una fórmula que integrara las expectativas de las partes. Era intransigente en la atribución estatal para fijar los lincamientos, pero abría un espacio para que cada institución educativa los adaptara y aplicara, respetando sus convicciones y creencias. “Se deben respetar las creencias religiosas de cada familia o sector”, aducía para incorporar las demandas de la oposición (Página/12, 27/05/2006). Una racionalidad instrumental puesta enjuego en la negociación como medio para alcanzar la finalidad de la preservación de la salud de los jóvenes.

Con la sanción de la ley, el referente de la cartera educativa buscaba otorgarle sistematizidad a las experiencias formativas ya vigentes. En algunas escuelas de la ciudad, se dictaban clases de educación sexual. En los jardines de infantes, se referían a los aspectos relacionados con el cuidado de la salud. En el nivel primario, la Declaración de los Derechos del Niño y la valoración del multiculturalismo y la diversidad; mientras que en la secundaria, se instruía sobre las conductas sexuales responsables y se brindaba la información científica acerca de la prevención sexual. Pero tanto allí como en el resto del país, los docentes carecían de una capacitación especial y no contaban con material didáctico desarrollado para ese fin específico.

A esa altura de los acontecimientos, los proyectos de ley en la ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional surcaban por trayectos paralelos. Si bien en ambos casos los cuestionamientos desde el campo religioso se centraban fundamentalmente en la promoción de una instrucción meramente genital, un análisis en profundidad de las propuestas nos permitirá advertir la integralidad de un abordaje que ha contemplado factores sanitarios, emocionales, biológicos, antropológicos y culturales[15].

También la provincia de Buenos Aires era perceptiva del clima de época o del humor social en torno a la educación sexual. El ejecutivo bonaerense dispuso que desde 2007, los alumnos de 7° año cursaran la materia Construcción de Ciudadanía, incluyendo contenidos sobre el desarrollo psico-físico de los adolescentes. A partir de 2004, con la aprobación de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, se había creado en el Polimodal la asignatura Adolescencia y Salud, para los estudiantes de 15 y 16 años. Con esta modificación, se adelantaba tres años la instancia de recibir educación sexual en los colegios. Idéntica política fue asumida por el gobierno de la provincia de Mendoza. Concientes del amplio respaldo ciudadano[16], decidió que los alumnos de 7° grado recibieran clases de formación sexual. Claro que en la provincia cuyana, los preceptos religiosos tamizaban los lincamientos curriculares oficiales[17].

La media sanción otorgada el 16 de agosto de 2006 al Proyecto de Educación Sexual Integral en la Cámara de Diputados de la Nación aceleró las acciones en el contexto de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, el titular de la cartera educativa porteña, Alberto Sileoni, se reunión con la Comisión de Educación de la Legislatura para ultimar detalles sobre el proyecto de ley. Pese a algunos replanteos en torno al inicio del dictado de educación sexual, el consenso alcanzado presagiaba el tratamiento y la aprobación de la normativa. A diferencia de lo ocurrido a fines de 2004, la principal petición de la oposición -la libertad para que cada comunidad educativa pudiera incluir su propia perspectiva-, había sido incorporada en la propuesta de la mayoría. El Estado no perdía potestad en la determinación de los contenidos, pero los colegios confesionales estaban habilitados para transmitir sus principios axiológicos en la materia.

En momentos en que la Legislatura se aprestaba a tratar el proyecto de educación sexual, se publicaron los resultados de un nuevo estudio realizado por el CELSAM en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las cifras no dejaban dudas en cuanto a la percepción ciudadana: el 95% de los adolescentes se pronunció a favor de que antes de los 14 años, la escuela brindara información sobre métodos anticonceptivos, formas de prevención de las infecciones de transmisión sexual y de abusos sexuales (Clarín, 28/09/2006). Los datos de la Universidad Abierta Interamericana no discordaban de los del CELSAM: El 86% de los jóvenes estaba de acuerdo con la educación sexual en los colegios.

En definitiva, la nacionalización del debate y el consentimiento mayoritario de la sociedad generaron un clima favorable hacia el tratamiento del proyecto y la percepción de un costo político para quien intentase rechazar o dilatar la discusión parlamentaria.

El dictamen favorable de la Comisión de Educación del 3 de octubre y la estipulación del 12 de octubre como fecha para su tratamiento en el recinto contornaban el cierre de un largo proceso de debate y confrontación.

Efectivamente, en esa fecha y por 46 votos contra 0, la Legislatura convirtió al proyecto en cuestión en Ley N° 2.110. De preescolar al último año del secundario, en la totalidad de las escuelas de la ciudad y de las carreras de formación docente, en forma gradual y transversal, la educación sexual ingresaba al sistema educativo. Los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales remitían a un abordaje integral de la sexualidad.

La aprobación del proyecto dejó algunas enseñanzas que funcionan como tenazas de una cultura política arraigada. En 2004, cuando el proyecto naufragó, hubo diálogo pero no negociación con los interlocutores de la Iglesia católica. Los legisladores más cercanos a su ideario o identificados con su doctrina construyeron un escenario que desembocó en una lógica de suma cero en la Legislatura porteña.

En 2006, se modificó la estrategia política. Principalmente el ministro de Educación asumió las riendas del proceso y reconoció a la institución católica como un actor ‘político no partidario’ con poderes fácticos. Las intervenciones de los representantes eclesiásticos no eran percibidas como intromisiones en la vida política, por la propia razón de ser visualizados como actores con relevancia política. Sin dudas, Sileoni tuvo una política para la Iglesia católica y los demás credos. Se reunió con sus autoridades[18], les presentó su propuesta, escuchó las posiciones religiosas e incorporó alguna de sus reivindicaciones. Principalmente, que cada escuela procese los contenidos definidos por el Estado en función de su proyecto educativo institucional, que se organicen talleres de formación y reflexión para padres, respetando las convicciones de cada comunidad educativa, que se explicite en el texto legislativo la valoración de la comunicación y el amor como componentes centrales de la sexualidad y que la sexualidad sea abordada desde una perspectiva integral, incluyendo la dimensión espiritual (La Nación, 13/10/2006). Sin dudas, apostaban a relativizar la facultad estatal para fijar los contenidos y otorgar cobertura jurídica para que los colegios católicos no se vieran obligados a apartarse de sus principios axiológicos.

En la racionalidad instrumental del ministro, esas instancias de negociación no afectaban el fin último -la aprobación de la ley y la posibilidad de impartir educación sexual en las escuelas. En términos políticos, su diseño resultó impecable. El acuerdo sellado con la Iglesia católica garantizó el acompañamiento de los legisladores que denotaban vínculos orgánicos con la institución religiosa y, en consecuencia, la unanimidad en la votación afirmativa. En términos sociológicos, reactualizó una matriz dominante en Argentina, en la que religión y política se hallan interligadas. El accionar del ministro torna redundante

la pregunta sobre la existencia de vínculos entre actores políticos y religiosos, pero nos introduce en otro espacio de indagación, el de las formas y contenidos de esos vínculos y sus continuidades y rupturas con los establecidos por referentes políticos y religiosos desde la época de la Colonia hasta la actualidad.

La existencia de un campo político-religioso integrado, planteado de modo paradigmático, no denota un escenario de invariabilidad. Por el contrario, desde un abordaje sociohistórico, requiere de su sin-gularización a lo largo del tiempo. Así, el procedimiento asumido por Sileoni contrasta con el experimentado por Jorge Rodríguez, ministro de Educación de la Nación en 1995. En aquella oportunidad, se discutían los Contenidos Básicos Comunes del sistema educativo. El borrador inicial sufrió 63 modificaciones, sugeridas por las autoridades episcopales. Lejos de entablar una negociación, la permeabilidad de Rodríguez expresó otra variante del modus vivendi entre lo político y lo religioso. Una versión más confesional de la política pública, que ponía al descubierto las estrategias estatales de buscar legitimidades y avales simbólicos en la institución católica. En el caso de Sileoni, la negociación con el otro’ implicó lógicamente un reconocimiento como interlocutor legítimo situado en el espacio político, pero también la afirmación del sujeto estatal, que porta un abanico de valores y principios, algunos innegociables y otros con mayor grado de labilidad.

En definitiva, el texto de la normativa aprobada confirmó el rol del Ministerio de Educación como autoridad de aplicación, encargado de elaborar los contenidos obligatorios y mínimos para todas las instituciones educativas. Estableció una modalidad transversal para la educación sexual, prescribiendo un tratamiento en varias materias. A su vez, contemplaba las distintas fases del desarrollo de los alumnos. Entre los objetivos centrales, remarcó el acceso a la información científica y el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Algunos aspectos semánticos y simbólicos de la legislación apuntaron a introducir modificaciones en los patrones socioculturales dominantes. Entre ellos, la perspectiva de género, el derecho a ser diferente y el respeto a la diversidad sexual, ya reglamentados en la Constitución de la ciudad.

La normativa realzó a la información científica como fuente para la conformación de los contenidos en educación sexual. No obstante, habilitó a cada escuela a añadir contenidos atendiendo su ideario, sin dejar de brindar la información básica inculcada desde el Estado. He aquí un punto nodal de alta sensibilidad religiosa. En teoría, un colegio confesional debiera explicitar los diferentes métodos anticonceptivos y podrá aclarar que no los acepta. En los hechos, no se generaron mecanismos

para salvaguardar el cumplimiento de la transmisión de la información obligatoria impartida por el Estado. Lo cierto es que se garantizaba la autonomía de las escuelas religiosas para desarrollar contenidos específicos sobre sexualidad. Diferente de la legislación nacional aprobada casi en simultáneo, que mencionaba la “adaptación” de las herramientas curriculares, pero nunca el “desarrollo” de las mismas.

Sin muchas otras precisiones, la legislación avanzó de todas maneras sobre algunos aspectos valorativos y prácticos. En primer lugar, definió a la Educación Sexual Integral como “el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la sexualidad” (Ley N° 2.110). Asimismo, encuadró a la educación sexual en la doctrina de los Derechos Humanos, instándola así a desnaturalizar los prejuicios y estigmatizaciones por identidad sexual y relaciones de género.

Resultado de una lógica incluyente, las propuestas y los conceptos reclamados desde los sectores más reacios a la sanción de la ley también se vieron reflejados en el texto aprobado. Cabe mencionar la realización de talleres de formación y reflexión para padres, madres y tutores y la organización de encuentros con organizaciones religiosas, sindicales y sociales orientadas a la formación educativa. Asimismo, las referencias a la comunicación y al amor como componentes básicos de las relaciones sexuales y la dimensión espiritual de la sexualidad.

Por otro lado, se especificaron los contenidos teniendo en cuenta la adecuación de los mismos a la edad de los alumnos:

En preescolar, el eje gira en torno a la construcción de la identidad, el reconocimiento de las partes del cuerpo humano y su cuidado, la interacción con el prójimo y la expresión de sentimientos y emociones. Y los contenidos propuestos versan sobre la progresiva discriminación corporal, las experiencias para el desarrollo del cuerpo, las diferencias entre varones y mujeres, la explicación del embarazo y el parto, los cuidados del cuerpo, de uno mismo y de los otros, el pudor como elemento constitutivo de la identidad, el derecho a la intimidad y la prevención del abuso sexual.

En los primeros tres años de la primaria, se estimula el estudio de los ciclos vitales: el nacimiento, el bebé, la infancia, los tipos de familia, el derecho a la intimidad y las diferencias de sexualidad. Los contenidos tratan las diferencias entre el ser humano y los otros seres vivos, el pensamiento y los sentimientos, los cuidados del bebé y la mamá, los distintos tipos de familia, los roles familiares, el reconocimiento de las partes del cuerpo, la sexualidad de los varones y mujeres.

En cuarto y quinto grado, será el momento de tratar la fecundación humana, el óvulo, el espermatozoide, el desarrollo psíquico-físico-emocional, los rasgos hereditarios, el concepto de crecimiento físico, el desarrollo emocional, la vinculación de los cambios físicos con los sentimientos y emociones.

En sexto y séptimo grado, durante el proceso de pubertad de los alumnos, se focaliza en la anatomía y fisiología de los genitales, las transformaciones del cuerpo, el ciclo menstrual, la erección, la eya-culación, concepción, anticoncepción, regulación de la fecundidad, la prevención del abuso sexual, las enfermedades de transmisión sexual, el derecho a vivir libre de toda discriminación, la reflexión sobre los estereotipos de género, el derecho a la salud sexual y la procreación responsable, la adopción.

En los primeros años del secundario, se enfatiza el derecho de las personas a la salud sexual y a la procreación responsable y la identificación de los derechos vulnerados: abuso y violencia sexual. Se introduce las formas de relacionarse y conformar una pareja.

Por último, en los años finales del nivel medio, se profundiza en tópicos relacionados con la calidad de vida, la prevención y promoción de la salud.

El consenso generalizado no disimuló las preferencias diversas en torno a la normativa aprobada. Mientras Diego Kravetz resaltaba la obligatoriedad desde la educación inicial y la perspectiva de género; Enrique Olivera optaba por subrayar la autonomía de cada entidad educativa para integrar los contenidos con su ideario institucional (Página/12, 25/09/2006). Por su parte, Jorge Enríquez asentía con la transmisión de información objetiva, siempre y cuando la valoración moral quedase bajo la órbita de cada comunidad educativa. Y ejemplificaba: “no negamos la homosexualidad, pero tampoco se puede desviar nacientes sexualidades hacia algo que va contra lo natural” (Clarín, 22/07/2006).

Los procedimientos que posibilitaron el acuerdo parlamentario -reuniones múltiples con representantes sindicales, religiosos, sociales- y la narrativa final de la normativa -recursos conceptuales identificados tanto con los colectivos sociales feministas y de la diversidad sexual, como con las instituciones confesionales-, reportan a un proceso extenso y complejo, sujeto a negociaciones, que desembocó en la neutralización de las posturas maximalistas y refrendó la centralidad de las instituciones religiosas -principalmente la católica- como actores ineludibles para arribar al consenso definitivo.

Cumplidos los requerimientos legislativos, el foco estuvo orientado en la implementación de la ley, en un contexto en que el 56% de los docentes de la ciudad de Buenos Aires carecía de formación en educación sexual y el 31% no estaba en condiciones de definir a los derechos reproductivos. No obstante, en el mismo relevamiento -la Universidad Nacional de Tres de Febrero consultó a 801 docentes de 200 escuelas públicas y privadas-, el 96,8% coincidió en que la educación sexual era necesaria o muy necesaria (Clarín, 30/11/2006). Capacitación más que acompañamiento se imponía como asignatura pendiente.

Es por ello que desde el Ministerio de Educación porteño, se organizaron jornadas de sensibilización y cursos intensivos para docentes, y se elaboraron textos y materiales pedagógicos iniciales, como estrategia de inclusión paulatina de la educación sexual en el sistema escolar. Paralelamente, la Dirección General de Planeamiento, perteneciente a la cartera educativa, confeccionó los lincamientos para cada nivel de enseñanza, los cuales pasaron por el tamiz de las instituciones religiosas y otros sectores involucrados en tareas educativas.

Habida cuenta de que la ley estipulaba la incorporación de la educación sexual en el ciclo lectivo de 2007, el Ministerio dispuso la distribución de diversos libros en las aulas de los colegios públicos y privados, cuyas tramas hacían referencia al embarazo, la identidad, la maternidad, la familia, las partes del cuerpo, la tolerancia, el amor, el abuso sexual.

La Ley Nacional de Educación Sexual integral

El derrotero del proyecto de ley de educación sexual en el Congreso de la Nación no distó del camino sinuoso transitado en la ciudad de Buenos Aires. Si bien anteproyectos y proyectos circularon con anterioridad, en 2005 reapareció con fuerza en la agenda parlamentaria. En realidad, la normativa sobre salud sexual y reproductiva, sancionada en 2002, preveía la incorporación de educación sexual en las escuelas. Pero ante la falta de acciones en ese sentido, sectores políticos y sociales con trayectoria en derechos sexuales impulsaron una ley específica sobre educación sexual.

Desde un inicio, su recorrido por las comisiones de la Cámara de Diputados lejos estuvo de ser un mero trámite. El incipiente proyecto, presentado por la diputada socialista María Elena Barbagelata, contemplaba la enseñanza de educación sexual integral obligatoria en establecimientos educativos públicos y privados desde el nivel inicial. Aunado con otras tres iniciativas similares -de las diputadas Juliana Marino, Marta Maffei y María del Carmen Rico-, primariamente, tuvo el respaldo de la Comisión de Educación. Pero en la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, las discusiones se tornarían más ásperas. Hacia allí se dirigieron activistas religiosos y laicos con vínculos orgánicos con organizaciones confesionales. Puntualmente, el 8 de noviembre de 2005, irrumpieron en la reunión para obturar cualquier dictamen favorable. La virulencia semántica de los panfletos distribuidos reflejaba la intransigencia de sus posturas. “No queremos que se promueva la homosexualidad en los niños”; “nuestros hijos son nuestros y no del Estado” eran dos de las consignas enarboladas.

Era esperable algún pronunciamiento condenatorio de la cúpula de la Iglesia católica, ante un proyecto que consideraba violatorio de los derechos de la familia, de la patria potestad y de la libertad de enseñanza. Pese a que no figuraba en la agenda de la 90a Asamblea Plenária, los dignatarios elaboraron un documento, desde el cual instaron a los legisladores a consultar a los padres y a las instituciones con funciones educativas antes de votar la ley de educación sexual, para responder así a un “auténtico espíritu democrático” (La Nación, 09/11/2005). Apuntaban a postergar el debate para el siguiente período legislativo.

Recordemos que los sondeos de opinión sobre educación sexual y derechos sexuales y reproductivos reflejaban un consistente respaldo a la inclusión de estos tópicos en las escuelas. Tanto el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), como el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS) y el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM), coincidían en los resultados de sus investigaciones. El hiato entre la posición de las principales instituciones religiosas y la opinión mayoritaria de la ciudadanía se evidencia con claridad ante el argumento esgrimido por líderes religiosos que sostiene que el mayor conocimiento traería aparejado un mayor riesgo de contraer enfermedades de índole sexual. El 74% de la población rechazaba en 2005 esa asociación, así como más de un 60% no acordaba con que la mayor información incitara a la promiscuidad en los jóvenes o a su debut sexual. El 75,9% no creía que la educación sexual en los colegios provocase la pérdida de los valores tradicionales -familia, matrimonio, fidelidad. Por el contrario, el 97,5% sostenía que la educación sexual resultaba favorable al desarrollo de las personas (Encuesta de Zuleta Puceiro, citada en Página/12, 13/11/2005).

A su vez, los pronósticos de destrucción de la familia estaban en sintonía con la retórica expresada en el debate sobre la ley de divorcio vincular. Para la cosmovisión de la jerarquía católica, la familia, el matrimonio, la división biológica entre el hombre y la mujer, la sexualidad, son tópicos derivados de la voluntad divina. Inherentes al orden natural, son pre-existentes al Estado y a la República y, por tanto, no susceptibles de ser regulados por poderes fácticos.

Se abría entonces un interrogante en torno a la eficacia de la presión eclesiástica sobre los representantes de la ciudadanía, referida a una temática que despertaba amplio consenso social. Los obispos interpretaban como corriente su prédica mandatoria hacia los legisladores, para que no aprobaran ni trataran el proyecto de educación sexual. El rédito obtenido en otras ocasiones reflejó la permeabilidad de la clase política ante las requisiciones católicas. Pero los resquicios de confesionalidad en la cultura política no son inmanentes ni omnipresentes; en determinadas circunstancias, se ven postergados si los ‘humores colectivos’ contrarían con contundencia los preceptos normativos de la Iglesia católica. Las tensiones se tornan manifiestas si en la dinámica de las negociaciones, el clima social imperante inclina la balanza por una resolución opuesta a las aspiraciones de la conducción eclesiástica. La dirigencia política puede legitimar su praxis siguiendo las normas que devienen del propio sistema político -la soberanía popular, los consensos parlamentarios, la canalización de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil-, y/o traduciendo literalmente en políticas públicas las peticiones de determinados factores de poder. En Argentina, emulando un movimiento pendular, los procesos históricos han transitado por ambas variantes. Lo invariante ha sido la estrategia de la elite eclesiástica de proponer su corpus normativo como principio organizador de la sociedad. Cuando el catolicismo fue hegemônico desde el punto de vista identitario, la igualación entre cultura nacional y cultura católica tuvo relativo éxito. Pero en un contexto de creciente diversidad, los contrapuntos entre las pretensiones universalistas de la institución católica y la reivindicación de nuevos derechos particulares en materia de género, sexual e incluso religioso, se vuelven recurrentes.

La declaración de la Conferencia Episcopal llegó al Congreso junto con centenas de correos electrónicos dirigidos a los integrantes de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Firmados por organizaciones católicas, reclamaban una audiencia pública para plantear sus objeciones al proyecto. A su vez, el Secretariado Nacional para la Familia del Episcopado también emitió un documento en el que exhortó a los legisladores que terminaban su mandato en diciembre de 2005 a abstenerse de aprobar una iniciativa que iba en contra de los argentinos. Un modus operandi ejercitado en otras oportunidades, visto con naturalidad desde la sociedad política, independientemente de la valoración sobre los contenidos de las afirmaciones eclesiásticas.

Luego de acaloradas discusiones en la Comisión de Familia -incluida la jornada de incidentes por la irrupción de un grupo llamado “familias argentinas” que agravió a los parlamentarios-, finalmente los legisladores del Frente para la Victoria, del partido Argentinos por una República de Iguales -ARI- y el socialismo colocaron su firma, aprobando el proyecto. Como espejo de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, surgirían propuestas alternativas. Al rechazarse las mociones para incorporar la objeción de conciencia y el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres en desacuerdo con la educación sexual; la diputada del Interbloque Provincias Unidas de Buenos Aires, Nélida Morales, promovió un dictamen de minoría. En él, no solo elevaba a 14 años la edad mínima para recibir educación sexual en las escuelas, sino también garantizaba la excusación de los padres y alumnos a recibir tal instrucción de acuerdo con sus convicciones.

Para complejizar el escenario, en la Cámara de Senadores también circulaban proyectos de naturaleza semejante. La legisladora por la Unión Cívica Radical -UCR- de Río Negro, Amanda Isidori, postulaba la creación de un Programa de Educación para la Sexualidad y la Salud, obligatorio y destinado a los alumnos de todos los niveles de enseñanza, coordinado por un equipo multidisciplinario designado por el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación. A diferencia del proyecto de Barbagelata en Diputados, le otorgaba más protagonismo a los ministros de Educación de las provincias, en tanto participaban del proceso de selección de las autoridades del programa. Por su parte, Liliana Negre de Alonso, senadora del Partido Justicialista de San Luis e integrante de la organización católica Opus Dei, presentó su propio proyecto, reivindicando la libertad de conciencia de los alumnos, la concepción humanística de la sexualidad y dictaminando el carácter optativo y extracurricular de la educación sexual. Asimismo, establecía la obligatoriedad de que los padres fueran informados acerca de los contenidos de los mismos.

Una experiencia fallida en una escuela de la provincia de Buenos Aires empantanó aún más las discusiones. En un taller organizado por el Centro Regional de Educación Sexual en la EGB N° 40 de La Plata, se exhibieron anticonceptivos ante los alumnos[19]. El hecho de que algunos estudiantes llevaran los preservativos a sus casas motivó la reacción de los padres antes las autoridades escolares. La propagación mediática del suceso, motorizada por quienes se oponían a la educación sexual, enrareció el clima en el Congreso Nacional.

No obstante, desde las proyecciones eclesiásticas, se visualizaba un escenario inexorable: con mayor o menor premura, el tema se trataría en el recinto. Y presumiendo la inserción de la educación sexual en los colegios, incidir en sus contenidos era concebido como un “mal menor”. De allí que los esfuerzos se centraron en producir materiales para fortalecer su posición. La Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina elaboró el texto “La educación de la sexualidad en la escuela”, un compendio destinado a padres, directivos, docentes y políticos. Junto con la “Declaración del Episcopado al pueblo de Dios sobre la educación sexual en las escuelas”, se dejaba sentada la visión antropológica, ética y jurídica de la Iglesia católica. Una nueva publicación “El desafío de educar en el amor”, que reunía estos y otros documentos, rubricaba la estrategia eclesiástica de difundir su postura y brindar sustentos filosóficos y teóricos a los legisladores que se identificaban con su ideario.

En realidad, los textos resumían el repertorio de preceptos ya formulados: que la legislación debía contemplar las creencias religiosas de las familias y respetar la autonomía de los colegios; que el poder público no podía ocupar el rol de los padres al corresponderle un papel supletorio en la formación de los niños y adolescentes; que la sexualidad humana debía basarse en el amor, con un enfoque integral, en lugar de reducirse a la genitalidad; que la castidad y el método natural constituían las mejores armas para regular la natalidad; que la vida sexual sólo era válida en el marco del matrimonio; que el Estado estaba promocionando relaciones efímeras entre las personas (CEA, 2006a). Pero se incorpora un nuevo argumento, también con reminiscencias discursivas en el pasado. Para los obispos, la educación de los menores no debía abandonarse a una doctrina ideológica ajena a la cultura y a la tradición del pueblo argentino, de raíz hispánica y cristiana. Se rehace aquí una línea de memoria, que sitúa a los valores católicos en los cimientos de la nacionalidad. Frente a los conflictos que han comprometido su capital institucional, la Iglesia católica los ha planteado estratégicamente en términos de nacionalidad. Así, en la discusión acerca de la ley del divorcio, el enfrentamiento no involucró a divorcistas y anti-divorcistas, sino a valores foráneos y nacionales. La reafirmación de una cultura y una tradición es el reverso de la cruzada contra fuerzas ideológicas extranjeras, que, desde esa mirada, estarían atentando contra el ser nacional de raigambre católica.

Reiteremos que se trataba de un asunto sobre el que las autoridades católicas visualizaban bajo su injerencia y, por tanto, reclamaban su potestad. Por ello, la naturalidad para exigir que la normativa se ajustara a sus principios doctrinarios. El obispo Guillermo Garlatti, presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado, era el encargado de transmitir la solicitud para que las pautas valorativas expresadas en aquellos materiales se vieran reflejadas en la ley de educación sexual.

Sin la eficacia de otras oportunidades, el 16 de agosto de 2006 la Cámara de Diputados dio la media sanción a la Ley de Educación Sexual Integral. El proyecto contaba con el respaldo del Frente para la Victoria, del ARI, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otras expresiones partidarias con menor representación parlamentaria. Entre las voces disonantes, sonaban la del macrista Esteban Bullrich y la bussista Eusebia Jerez.

Luego de varias postergaciones, marchas y contramarchas, 168 legisladores votaron afirmativamente -incluso muchos de aquellos que habían manifestado sus objeciones. Apenas el bussista Roberto Lix Klett mantuvo su disidencia y votó en contra.

En líneas generales, la propuesta enviada a la Cámara Alta apuntaba a promover actitudes responsables, prevenir enfermedades y garantizar igualdad entre varones y mujeres. Daba cuenta de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos como dimensiones constitutivas de la educación sexual. Prescribía una aplicación gradual y progresiva, y contemplaba la apertura de espacios formativos para padres y docentes. Asimismo, fijaba en cuatro años, el plazo máximo para el cumplimiento de la normativa. Y no especificaba la modalidad de la enseñanza, por lo que cada institución decidiría organizaría en una materia o impartirla de modo transversal en varias asignaturas.

El artículo Io del proyecto aprobado en Diputados incorporó un elemento hasta entonces ignorado en la trama discursiva de los debates legislativos o de las alocuciones esgrimidas a través de los medios de comunicación. Generalmente, la variable sanitarista era enarbolada como la razón principal para incorporar la educación sexual en las escuelas. El aumento de los embarazos no deseados, el crecimiento en el índice de enfermedades sexuales, la aparición con fuerza del SIDA, por citar algunos indicadores. Pero aquel articulado añadió, como decíamos, un ingrediente inexplorado. Indicó que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral”. Independientemente de los factores contextúales de salud, reconocer a los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho significaba un quiebre paradigmático al modelo vertical de la patria potestad. Más allá de que la figura jurídica de ésta última no estaba en discusión, empoderar a los estudiantes y otorgarles derechos suponía, desde el punto de vista simbólico, una ruptura con determinada forma de ordenar, organizar y pensar la sociedad. Si un niño, un adolescente o un joven era portador de un derecho, ningún otro sujeto tendría la atribución de vulnerar esa conquista.

De ese modo, la normativa se ajustaba al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en Argentina desde la reforma de 1994, que reconocía justamente a los niños y niñas como sujetos plenos de derecho. Por otro lado, visualizaba a la escuela como un espacio no sólo de adquisición de conocimientos, sino también de construcción de ciudadanía.

Cabe puntualizar que la propuesta girada al Senado incluía también algunas reivindicaciones de quienes originalmente se oponían a la iniciativa. Entre ellas, que cada comunidad educativa gozaría de la libertad para adaptar los contenidos a su realidad socio-cultural y a su cultura institucional (art. 5o). Sin mayores precisiones sobre los mecanismos para monitorear esa adaptación’, se abría un difuso margen para que las escuelas religiosas definieran las pautas curriculares en torno a la educación sexual. En otras palabras, por omisión, se divisaba un escenario en el que el Estado habría de elaborar los materiales didácticos a ser impartidos en los establecimientos educativos. Pero en el caso de los colegios confesionales, sus autoridades no encontrarían impedimentos para confeccionar contenidos propios de acuerdo a su corpus de valores. El riesgo de un acceso diferencial a la información científica por parte de los alumnos que asisten a uno y otro tipo de colegio resulta inevitable en ese estado de situación. Tanto en la incorporación de esa petición como en la exclusión de núcleos conflictivos originalmente previstos -por ejemplo, la valoración de la diversidad sexual-, primó la lógica parlamentaria de construcción del consenso que habilitara la “ley posible”.

El amplio respaldo que obtuvo el proyecto en Diputados fue simétrico al del Senado. El 4 de octubre fue tratado en el recinto y por abrumadora mayoría, la educación sexual adquirió status legal (Ley N° 26.150). El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, bajo la órbita del Ministerio de Educación, sería el encargado de introducir la temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de Educación Técnica no Universitaria[20]. En definitiva, todas las escuelas del territorio nacional, públicas y privadas, laicas y religiosas estaban obligadas a impartir educación sexual integral en un plazo no mayor a cuatro años.

La Cámara Alta no modificó el texto aprobado en Diputados, por lo que los acuerdos que se habían alcanzado, resultaron suficientes para que los senadores acompañaran con su voto. También aquí hubo una disidente: la puntana Liliana Negre de Alonso. La senadora justificó su rechazo al no haberse aceptado su moción de incluir explícitamente a las familias como responsables de definir los contenidos curriculares: “no basta la mención a la comunidad educativa, no se puede igualar a los padres, a los docentes, a los ex-alumnos, a las ONGs, a los administrativos. El proyecto margina a la familia a la que relega a un rol secundario” (Intervención de la senadora Liliana Negre de Alonso en el Senado de la Nación, en la sesión del 04/10/2006).

Integrantes de la Conferencia Episcopal repudiaron la aprobación del proyecto por “violar el derecho natural” y “vulnerar el derecho de los padres”. Los obispos Baldomero Martini (San Justo), Jorge Lona (San Luis) y Rinaldo Bredice (Santa Rosa) apelaron a la inconstitucio-nalidad de la normativa, que autorizaba una “imposición totalitaria del Estado” (Página/12, 06/10/2006). Para el prelado de la capital pampeana, lejos de contribuir a la reducción de los embarazos adolescentes, con la legislación sancionada se transitaría por el camino inverso[21].

Una vez más, subyace en las críticas intervenciones de los prelados, la concepción subsidiaria del Estado. Desde ese punto de vista, toda política pública de planificación y diseño de contenidos es concebida como una intromisión injustificada.

Las interpretaciones del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, se inscriben en una línea de pensamiento esbozada en otros momentos históricos. El impulso de normativas tendientes a garantizar derechos ciudadanos es visualizado como una ofensiva u hostilidad contra el catolicismo. Idéntica asociación fue expresada cuando se aprobó la ley del divorcio en 1987 y, recientemente, con la modificación del Código Civil, ampliando los alcances del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo.

Además de las intervenciones individuales, el Episcopado como cuerpo colectivo divulgó la declaración ‘Ante la nueva Ley de Educación Nacional”. Allí, reclamaron por las dimensiones espirituales y religiosas en el proceso formativo de las escuelas, por la continuidad de los subsidios estatales a los colegios religiosos y reivindicaron el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos a partir de sus convicciones.

Para el movimiento católico Fundar, se estaba promoviendo “la anticoncepción, la esterilización y el aborto”, en lugar de transmitir “una correcta perspectiva antropológica que incluya el matrimonio, la paternidad y la maternidad, el amor, la castidad, el respeto y la fidelidad” (Clarín, 05/10/2006).

Las voces que se alzaron desde el catolicismo -por lo menos, las que fueron recepcionadas y replicadas por los medios de comunicación-, se mostraron articuladas y monocordes. No obstante, incurriríamos en un reduccionismo si concluyéramos que el extenso campo católico se sintetiza en la postura invariable de su jerarquía.

Entender al catolicismo y sus lógicas, requiere la distinción de sus diferentes espacios y expresiones. El catolicismo cuenta con un Estado -la Santa Sede, con representación en la ONU-; nuncios apostólicos que representan al Papa en cada país, obispos, sacerdotes, movimientos y grupos comunitarios con orientaciones, sensibilidades y pastorales diversas (Mallimaci y Esquivei, 2010).

A su vez, la Iglesia católica se erige como un actor bifronte, con una presencia social y cultural que, desde sus redes educativas y caritativas, penetra de forma capilar a la sociedad civil en su conjunto; pero que al mismo tiempo, se inserta en la sociedad política, a partir de sus estrechos vínculos con grupos de poder y lazos orgánicos con funcionarios estatales. Múltiples actores y modalidades de actuación en diversos dominios exigen una mirada analítica integral, que contemple la complejidad que reviste el campo católico.

Una vez sancionada la Ley de Educación Sexual Integral, el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, encomendó al Consejo Federal de Educación, integrado por los responsables de la cartera educativa de todas las provincias, a definir los Lincamientos Curriculares básicos que servirían de soporte teórico-conceptual para la inclusión de la educación sexual en los contenidos de la enseñanza. Una comisión interdisciplinaria de especialistas sería la encargada de elaborar y poner en consideración de ese consejo los primeros documentos programáticos.

En definitiva, la legislación otorgó un marco jurídico a experiencias docentes incipientes, asistemáticas, que reclamaban instancias de capacitación y materiales didácticos elaborados por expertos. Significó un cambio de página e inauguraba un nuevo proceso, el de la imple-mentación de la legislación, tan complejo y sinuoso como el de la propia aprobación de la normativa.

Pero antes de analizar el derrotero de la inserción de la educación sexual en el sistema educativo, resulta necesario ahondar tanto en las publicaciones del Ministerio de Educación de la Nación como en la literatura católica sobre la temática. Las producciones escritas materializarán las posturas divergentes visualizadas en el proceso de discusión en torno a la ley. Condensarán disímiles universos conceptuales en torno a la sexualidad, con sus consecuentes presupuestos ideológicos y morales, que repercutirán en la formulación de propuestas programáticas educativas alternativas.

La concepción de la sexualidad abarca tanto los fines que se le atribuyen (reproducción, placer) como visiones relativas a la corporalidad, espiritualidad, deseo, impulso, etc., y también lincamientos normativos y socioculturales en torno al género y a los roles asignados por la sociedad a varones y mujeres (Wainerman et al, 2008: 46-47).

Los contrastes registrados en ese conjunto de clivajes son hilos conuctores que nos ayudarán a comprender, en consonancia con otros factores, los motivos por los que luego de cuatro años, es aún incipiente e irregular la presencia de la educación sexual en las escuelas de todo el país.

1. La cifra surge de un relevamiento de la pedagoga mexicana Gabriela Rodríguez, citada en Página/12, 05/10/2006.↵

2. Para un análisis de la relación entre el peronismo y el catolicismo en el decenio 1946-1955, véase: Caimari, 1994.↵

3. Como excepción, en 1972, se diseñó una experiencia piloto de educación sexual en 34 establecimientos educativos ubicados en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Tucumán.↵

4. No obstante, recién en el ciclo lectivo de 2007 la educación sexual se convirtió en una materia obligatoria en los establecimientos educativos. Como también podremos observar en otras jurisdicciones, la sanción de la norma no es garantía per se de su im-plementación. Entran a tallar intereses múltiples que dilatan o bloquean su ejecución.↵

5. A pesar de la decisión política del entonces Ministro de Salud, Ginés González García, la implementación de la ley tropezó con innumerables obstáculos. En varias provincias, movimientos católicos como Familia y Vida presentaron recursos de amparo para frenar su aplicación. Por otro lado, en algunas jurisdicciones, las convicciones religiosas de los responsables de la cartera de salud resultaban determinantes para no distribuir los insumos -anticonceptivos, pildoras anticonceptivas de emergencia- que llegaban desde el Estado Nacional. Añadamos el episodio conflictivo ya relatado, con el obispo castrense, Antonio Baseotto en 2005. Un balance realizado en 2008, luego de seis años de su sanción, reflejó el bajo grado de ejecución. De las 4.600.000 mujeres entre 15 y 49 años que no disponían de obra social, el 74% no contaban con asesoramiento profesional gratuito que las orientaran en la elección sobre el método anticonceptivo y en la decisión sobre cuántos y cuándo tener hijos. El alcance del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable abarcaba apenas al 26% de su población objetivo (Clarín, 11/07/2008).↵

6. El 40% de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires son confesionales. De ellos, el 95% son católicos.↵

7. La perspectiva de género supone una mirada crítica sobre los roles y estereotipos asignados históricamente a varones y mujeres. Desde este punto de vista, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre ambos sexos son resignificadas según los patrones socio-culturales que imperan en cada sociedad. De allí, la visualización de la categoría género como una construcción social, en contraposición con la interpretación biológico-natural sostenida por la antropología cristiana. Valores, representaciones y símbolos contornan los significados que se le atribuyen a cada sexo en un momento social e histórico deter¬minado. Al analizar en clave histórico-cultural los roles sociales asignados al varón y a la mujer, descolla el carácter desigual, en tanto es diferencial el acceso a bienes y recursos materiales y simbólicos.↵

8. El título de la editorial del Diario La Nación del 21 de julio de 2004 graneaba la posición de ese espacio político, social y religioso. Refiriéndose a la iniciativa parlamentaria, la etiquetó como "educación sexual antinatural".↵

9. El debate por el matrimonio igualitario en el Congreso Nacional puso en evidencia la consolidación de ese espacio religioso transversal. La articulación entre actores y organizaciones religiosas en las audiencias públicas y en la convocatoria a la marcha contra el proyecto de ley, llevada a cabo el 13 de julio de 2010, visibilizó un acuerdo interreligioso que apeló a su poder institucional, simbólico y mediático para conformar un polo político-social-religioso opositor a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.↵

10. Cuando hablamos de cultura política, hacemos referencia al imaginario y a las repre-sentaciones colectivas que se plasman en un abanico de usos y costumbres arraigados, en este caso, en el modus operandi de la clase política.↵

11. La delegación fue encabezada por el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, a quien apodan "el obispo", por su fuerte compromiso con la institución católica. Al igual que su padre, fue Embajador ante la Santa Sede.↵

12. Pocos días antes, en el Centro Cultural San Martín, se habían enfrentado organiza¬ciones católicas con entidades defensoras de la despenalización del aborto, en el marco de la disertación de la médica holandesa Rebecca Goomperts, enrolada en las filas de los movimientos que promueven no penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.↵

13. Laura Moresi, Alicia Caruso y Sandra Dosch.↵

14. Las 194 muertes ocurridas el 30 de diciembre de 2004 en la discoteca bailable Croma-ñon fueron el detonante para la remoción del Jefe de Gobierno. Ante la falta de controles en la seguridad del local y eventuales complicidades con las autoridades del gobierno municipal, la Legislatura aprobó el desplazamiento de Ibarra el 7 de marzo de 2006.↵

15. Los documentos oficiales y religiosos sobre educación sexual son comparados en un capítulo posterior.↵

16. Una encuesta de la Universidad Nacional de Cuyo reveló que el 81% de los mendocinos apoyaba la inclusión de la educación sexual en los colegios (Clarín, 04/08/2006).↵

17. En el epílogo, se analiza el Manual de Educación Sexual Integral, elaborado por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza.↵

18. El Io de septiembre de 2006, el ministro de Educación porteño convocó a representantes de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, del Centro de Escuelas Cristiano Evangélicas, del Centro Islámico, de la Unión General Armenia, del Consejo Central de Escuelas Judías y del Arzobispado Ortodoxo Griego para consensuar un proyecto en común {Clarín, 02/09/2006). Representaban a los 260 colegios católicos, 15 judíos, 9 evangélicos, 3 árabes y 3 armenios.↵

19. La actividad estaba enmarcada en las prescripciones de la Ley provincial de Salud Reproductiva, sancionada en 2003. En la secundaria, se incorporó la materia 'Adolescencia y Salud'. El registro de tres casos de embarazo precoz en dicho colegio de La Plata impulsó a su directora a generar otras instancias de formación en sexualidad para los alumnos. De todas maneras, la provincia de Buenos Aires contaba con una ley de educación sexual, aplicada primeramente a través de un programa piloto en los séptimos grados de 75 escuelas.↵

20. Los contenidos del Programa Nacional de Educación Sexual son analizados en el capítulo siguiente.↵

21. Las conjeturas del prelado no coincidían con las experiencias de otras latitudes. En Holanda, la educación sexual forma parte de la curricula escolar desde el nivel inicial de la enseñanza. El índice de embarazo adolescente no supera el 1%. El acceso a la información pareciera facilitar la maduración del inicio de la vida sexual. La doctora Alicia Figueroa, del Celsam, se apoyó en argumentos diametralmente opuestos a los del religioso: "Los países que asumieron el compromiso de impartir educación sexual sistemática en las escuelas desde el nivel inicial muestran hoy tasas de embarazo adolescente de un dígito. Contrariamente a lo esperado, en los años '80 en Estados Unidos, cuando se implemento la política de sólo abstinencia, se mantuvo la tasa de embarazo adolescente estable y se aceleró el aumento de las infecciones de transmisión sexual" (Comunicado del Celsam).↵

Continuidades y rupturas semánticas: análisis de la bibliografía católica y estatal sobre educación sexual

La literatura católica

Reconstruir la historicidad de la atención católica en el campo de la educación sexual sugiere un abordaje metodológico peculiar. Generalmente, las producciones orales y escritas de autoridades y especialistas de la Iglesia católica referidas a la sexualidad responden a iniciativas gubernamentales o de actores sociales tendientes a modificar el estado de situación existente. En el fragor de estos episodios, se activan los engranajes para la presentación de documentos y discursividades episcopales en la opinión pública.

La institución religiosa ha pretendido históricamente normatizar la moral sexual, universalizar un modelo de organización familiar y establecer la definición legítima en torno al concepto de vida. En ese marco, la educación sexual emerge como un componente novedoso en la estrategia por regular ciertos dominios de la vida social.

No es necesario remontarse al pasado remoto para encontrar las primeras referencias sobre la cuestión. Incluso anticipándose a proyectos estatales en la materia, en su encíclica Divini Illius Magistri (1929), el Papa Pío XI explicito la posición católica inicial sobre la educación sexual. Un enfoque que innegablemente dejó su huella en la literatura posterior.

La educación cristiana conformaba el eje vertebrador del comunicado papal. Desde la perspectiva católica, predominaba en aquel contexto mundial una ética moderna de tinte materialista, hedonista y consumista. Primaba un “secularismo” que prescindía de los valores religiosos; se exaltaba una filosofía de la razón que desconocía los fundamentos trascendentales de la existencia humana.

Partiendo de un orden natural basado en la moral y en la castidad, la educación sexual era interpretada como una pretensión invasiva. Pío XI calificaba de errónea la tentativa de educar sexualmente a los jóvenes. En primer lugar, porque ocasionaría un relajamiento de los hábitos en un momento crítico por los peligros propios de ese período vital. Y luego, por la correlación planteada entre instrucción e iniciación prematura de la vida sexual, ecuación recurrente en las argumentaciones católicas hasta el presente.

Está muy difundido actualmente el error de quienes, con una peligrosa pretensión e indecorosa terminología, fomentan la llamada educación sexual, pensando falsamente que podrán inmunizar a los jóvenes contra los peligros de la carne con medios puramente naturales y sin ayuda religiosa alguna; acudiendo para ello a una temeraria, indiscriminada e incluso pública iniciación e instrucción preventiva en materia sexual, y, lo que es peor todavía, exponiéndolos prematuramente a las ocasiones, para acostumbrarlos, como ellos dicen, y para curtir su espíritu contra los peligros de la pubertad (Encíclica Divini Illius Magistri, 1929).

La disputa por establecer las pautas de comportamiento en materia sexual se condensa discursivamente en la reivindicación de la castidad como mandato divino. Como contrapartida, la práctica sexual, desvinculada de la reproducción, es condenada por considerarse un acto vicioso.

(…) En la juventud, más que en otra edad cualquiera, los pecados contra la castidad son efecto no tanto de la ignorancia intelectual cuanto de la debilidad de una voluntad expuesta a las ocasiones y no sostenida por los medios de la gracia divina. (…) Bastará usar los remedios que al mismo tiempo fomentan la virtud de la castidad e impiden la entrada del vicio (Encíclica Divini Illius Magistri, 1929).

El uso de una semántica médica como el vocablo ‘remedio’ trasluce una concepción que considera enfermas a todas las conductas que se ‘desvían’ de los designios divinos.

Si bien se reconoce la necesidad de una instrucción en este terreno, la exclusividad de la incumbencia recae sobre “quien ha recibido de Dios la misión educativa”. Aunque menos explícita, aparece la referencia al rol de los padres en la educación de sus hijos, núcleo de la trama discursiva de los referentes católicos cuando se discutieron los proyectos de ley sobre educación sexual en el Parlamento.

Las preocupaciones eclesiásticas cuando promediaba el siglo XX giraban en torno a variables macrosociales. Ante la disyuntiva de dos sistemas sociales que se consolidaban a nivel mundial -el capitalismo y el socialismo-, la Iglesia católica proponía la construcción de un orden social cristiano. Sus producciones orales y escritas se concentraban en atender la problemática social, habida cuenta de los procesos de masi-ficación de las sociedades industriales. Asimismo, la democracia como régimen político era también objeto de reflexión. El mensaje de Pío XII en las vísperas de la Navidad de 1944 supuso una reconsideración de la tradicional postura condenatoria[1].

Recién en los tiempos del Concilio Vaticano II (1962-1965), la educación sexual fue nuevamente abordada en los textos vaticanos. La declaración Gravissimum Educationis Momentum, referida a la educación cristiana, incluyó una breve mención al tema. Este documento, de cita recurrente en las publicaciones del Episcopado Argentino, marcó cierto distanciamiento de la posición inicial sostenida por Pío XI. Por primera vez, la Iglesia católica expresaba su conformidad con la incorporación de la temática en los ámbitos escolares.

Es necesario ayudar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y de la didáctica, para desarrollar armónicamente sus cualidades físicas, morales e intelectuales (…). Hay que iniciarlos, conforme avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual (Declaración Gravissimum Educationis Momentum, 1965).

En consonancia con un clima de época signado por transformaciones profundas en hábitos y costumbres de la vida cotidiana, la misiva impulsaba una visión menos intransigente y más abierta, promoviendo un diálogo con las disciplinas de la ciencia moderna.

Aires renovadores se vivían en aquellos años al interior del catolicismo. La declaración conciliar anticipó el espíritu de apertura de la Encíclica Humanae Vitae de 1968, la cual reconocía el proceso de resignificación del rol de la mujer en la sociedad, así como las diferentes acepciones sobre la sexualidad en el seno del matrimonio (Felitti, 2007).

A diferencia de Divini Illius Magistri, en Gravissimum Educationis Momentum la asignación de responsabilidades primarias y subsidiarias en la educación es formulada con mayor precisión. La comunicación conciliar otorgaba a la familia la atribución primaria en la formación de sus hijos, colocando a la escuela en un lugar subsidiario. Y confería a los padres el derecho a reclamar para sus hijos una instrucción de acuerdo a sus convicciones y valores.

La familia es la primera escuela de las virtudes sociales. El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. Obligación [de la sociedad civil] es proveer de varias formas a la educación de la juventud: tutelar los derechos y obligaciones de los padres (…) conforme al principio del deber subsidiario cuando falta la iniciativa de los padres {Gravissimum Educationis Momentum, 1965).

Es remanida la apelación desde el catolicismo al principio de subsidiarie-dad, en la tentativa de rebatir las prerrogativas estatales para sancionar legislaciones o diseñar políticas públicas, fundamentalmente relacionadas con la educación, la planificación familiar y la moral sexual.

A los fines de precisar el concepto, la Conferencia Episcopal Argentina define que todo “lo que puede hacer correctamente un hombre, un grupo o una organización inferior, no debe usurparlo un organismo superior” (Documento “Educación y Proyecto de Vida” -EPV-, 1985: 131).

Desde este marco conceptual, el Estado se encuentra inhabilitado para fijar los lincamientos curriculares sobre educación sexual; si lo hiciere, estaría reemplazando la función primaria de los padres en la formación de sus hijos. El poder civil se halla impelido a respetar las iniciativas de las comunidades menores y a solo intervenir, en situaciones de necesidades educativas no atendidas. En todo caso, su misión se ciñe al acompañamiento y complementación de las tareas formativas de las familias.

Entre esas organizaciones inferiores, se sitúa la Iglesia católica, que contaría con mayor legitimidad que el Estado para orientar los contenidos educativos, en virtud de su larga trayectoria en la materia y su contribución a la salvación de la humanidad.

El deber de la educación corresponde a la Iglesia no sólo porque debe ser reconocida como sociedad humana capaz de educar, sino, sobre todo, porque tiene el deber de ayudar (…) lograr la plenitud de esta vida {Gravissimum Educationis Momentum, 1965).

En Argentina, en paralelo con los primeros proyectos y publicaciones sobre educación sexual -la Escuela para Padres de Eva Giberti-, se vislumbra una presencia católica en el campo de la industria editorial. En 1968, Paulinas publica Tú en mi nido, de Amílcar y Acibíades Boggiano. El libro reproducía y consolidaba la cosmología católica dominante: en un contexto de resignificación de los roles de género, reforzaba la división tradicional de los mismos. Asimismo, confinaba la práctica sexual a las funciones de reproducción y se afincaba en los valores de la castidad, la fidelidad y en los métodos naturales como regulación de la fecundidad (Felitti, 2009b). Pero en aquel entonces, la producción bibliográfica estaba dirigida a los adultos y se expresaba en términos de formación para el amor. Eje discursivo que sería retomado posteriormente por el Episcopado para contrarrestar en el plano semántico a la literatura favorable de la educación sexual. Desde esas primeras publicaciones, puede apreciarse una particularidad: la evitación de ver-balizar literalmente el proceso de fecundación humana. En ese sentido, se construían analogías con el mundo animal o vegetal. También aquí habrá un contraste con los documentos estatales, ya que estos últimos acentuarían la importancia de nominalizar a las distintas partes del cuerpo humano en sus propios términos.

En el último cuarto del siglo XX, los pronunciamientos católicos sobre sexualidad se tornaron más frecuentes. La Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Franjo Seper, publicó en 1975 la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. El mensaje buscaba contrarrestar las incipientes pero crecientes coberturas en los medios de comunicación de escenas y situaciones vinculadas con la homosexualidad, las relaciones sexuales prematrimoniales y otras conductas sexuales distantes de las prescripciones normativas de la institución católica. El documento venía a reforzar justamente los fundamentos doctrinarios que remitían a un orden natural como marco axiológico de la regulación de la organización familiar y de la moral sexual. Dedicó un apartado para las relaciones sexuales prematrimoniales, otro para la homosexualidad y un tercero para la masturbación. Los tres elementos eran presentados negativamente, como contracara de la castidad, la monogamia y la heterosexualidad.

El papel preponderante de los padres en la educación sexual de sus hijos fue retomado bajo el pontificado de Juan Pablo II a través de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de 1981. En tanto derecho y deber de los progenitores, sería a partir de la solicitud y bajo la dirección de ellos que las instituciones educativas podían brindar algún servicio de cooperación. En ese sentido, las convicciones religiosas de los padres eran determinantes para establecer los contenidos de la educación sexual de los colegios. La escuela debía “observar cuándo coopera en la educación sexual, situándose en el espíritu mismo que anima a los padres” (Familiaris Consortio, 1981). Se ponderaba la castidad como signo de madurez del ser humano, correspondiendo a los padres la responsabilidad de velar por la virginidad de los hijos.

La educación sexual era contemplada en términos de educación para el amor y, como tal, requería de una perspectiva integral. La declaración, de vital influencia en las producciones vaticanas y locales posteriores, contraponía la propuesta católica a lo que la misma misiva definía como banalización de la cultura reinante, basada en una sexualidad reduccionista, limitada a la genitalidad y al placer.

Ante una cultura que ‘banaliza’ en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona -cuerpo, sentimiento y espíritu- y manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor (Familiaris Consortio, 1981).

La integralidad católica suponía abordar la dimensión sexual como inherente al orden natural e inescindible de la normatividad religiosa. Como trasfondo, emergía la discusión en torno a la modernidad y al proceso de diferenciación de las esferas de valor.

Cuando Max Weber analiza el proceso de racionalización de los distintos dominios de la vida social (económica, jurídica, política, científica, artística, religiosa, erótica), observa su carácter divergente, esto es, que cada una de ellas posee una legalidad interna, sus propias normas y obligaciones y “se desenvuelve por su lógica inmanente particular” (Cohn, 1979:141), que justifica su funcionamiento. Con el advenimiento de la modernidad y a partir de la ruptura con los lazos tradicionales, Weber destaca una diversificación de esferas asociada al proceso de racionalización como característica primordial de Occidente. Desde este marco interpretativo, sería posible concebir de modo autónomo a cada una de aquellas esferas, que encontrarían su legitimidad en su lógica interna y ya no por fundamentos religiosos (Weber, 1984).

La pérdida de la centralidad de la religión en el ordenamiento de la vida social es medular en la crítica católica. De allí, su disposición a integrar la dimensión sexual con los dominios de la valoración ética y a reforzar la condena a una sexualidad regida por reglas propias. “La Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales y tan frecuentemente difundido, el cual no sería más que una introducción a la experiencia del placer y un estímulo que lleva a perder” (Familiaris Consortio, 1981).

Si bien en términos declarativos, desde el Concilio Vaticano II, se abrió un margen de aceptación a la diversidad cultural, ésta estaba condicionada al respeto a un núcleo básico de normas e instituciones con arraigo histórico en la trama social. Identificando a la religiosidad católica como parte constitutiva de la vida nacional, cultural y familiar, desde esta perspectiva, la pluralización de la cultura no debía desdibujar la raíz cristiana de la identidad de los pueblos de Occidente. Las referencias a la pluralidad no eran anecdóticas para el contexto nacional. En las últimas dos décadas del siglo XX -fundamentalmente a partir de la apertura democrática-, la Argentina atravesó por un proceso de diversificación cultural y religiosa que significó la ruptura del monopolio católico en el campo religioso.

Concomitante con la inserción de la educación sexual en las agendas de las políticas públicas, la temática fue asumiendo mayor protagonismo en las publicaciones católicas. Naturalizada la propensión de la institución religiosa a regular -o por lo menos, ser interpelada en tanto voz calificada- en la definición del diseño, planificación e implementación de programas de gobierno, no se haría esperar la divulgación de las pautas orientativas sobre educación sexual.

En 1983, la Congregación para la Educación Católica emite el documento “Orientaciones educativas sobre el amor humano. Pautas de educación sexual”, el primero que sitúa a la educación sexual como eje prioritario de atención. Reconociendo a la sexualidad como un componente primordial de la personalidad, se pronuncia decididamente por una instrucción en la materia. Instrucción que parte de la complementariedad entre el hombre y la mujer, que circunscribe la genitalidad al ámbito de la procreación -con otros fines, se vería envuelta en una lógica individualista- y que incluye aspectos biológicos, psicológicos y espirituales, contornando una concepción integral acerca de la sexualidad.

Si bien el documento reafirmó el rol de la familia como institución primaria e irremplazable en la educación sexual de los hijos, destacó en simultáneo la necesidad de formar a los docentes y desarrollar materiales didácticos. Esa estrategia daba por sentada la convicción de las autoridades vaticanas que el proceso de incorporación de la temática en el sistema educativo formal tarde o temprano, sería una realidad.

Dos años después, en 1985, un texto emblemático de la Conferencia Episcopal Argentina permite adentrarnos en la matriz del pensamiento de la jerarquía eclesiástica. Nos estamos refiriendo a “Educación y Proyecto de Vida”, elaborado por el Equipo Pastoral de Educación Católica, referente conceptual para las publicaciones subsiguientes. Si bien se centra en la problemática educativa, la trama argumentativa hace comprensible el universo cosmológico del episcopado de entonces.

La batalla contra las consecuencias de la modernidad constituye el eje central del documento y el leit motiv de la movilización de recursos en el terreno educativo. La educación es presentada como una herramienta para “salvar al hombre de la deshumanización” (EPV, 1985: 77). Y la formación católica, destacada como el contrapunto necesario, como la reserva de valor para evitar que la humanidad caiga en “concepciones basadas en ideologías claramente antipersonalistas, materialistas, hedonistas” (EPV, 1985: 83).

Desde esta perspectiva, la familia y la escuela, imbuidas en la cultura de la modernidad, se han debilitado como instituciones transmisoras del patrimonio cultural. Y el desdibujamiento en sus roles, reforzaría el proceso de desintegración social y de pérdida de valores.

La misión educativa de la Iglesia en ese marco se circunscribiría a impregnar la fe en la cultura, es decir, “propiciar los valores que constituyen el núcleo de la cultura asumidos y realzados desde la fe de una manera profunda, sólida y duradera” (EPV, 1985: 176). Sin dudas, el apuntalamiento del magisterio educativo es percibido como una condición sine qua non para la reconstrucción de una civilización cristiana, en oposición intransigente a la civilización moderna.

Se configura un esquema conceptual de confrontación contra un enemigo -la modernidad globalizada- como mecanismo de reafirmación identitaria. La identificación de un enemigo, diría Emile Poulat, ha sido el motor que permite movilizar el pensamiento católico en términos históricos (Poulat, 1977).

Se condena a esa modernidad por los valores negativos que ha inspirado -hedonismo, individualismo, materialismo, consumismo-, condensados en propuestas legislativas como el divorcio, la educación sexual y la despenalización del aborto. Incluso la virginidad es resaltada como testimonio de valor eterno e incorruptible frente a las tentaciones que derivan de un mundo materialista, cuyo horizonte de sentido no contempla un repertorio ético sino exclusivamente instrumental. Una modernidad secularizada, que descentró a la religión de su posición axial en el ordenamiento de la vida social, ocasionó desde la lectura católica, un vacío religioso, cubierto por la idolatría del sexo, el placer y el poder.

La contratara de la crítica a la modernidad se reviste con la defensa de una nacionalidad, de raíz católica. En una sociedad con baja tasa de natalidad y con un territorio escasamente poblado, la introducción de la temática de la anticoncepción -así como del divorcio, de la redefinición de la patria potestad y de otras formas de vivir la sexualidad- era interpretada como un atentado foráneo contra los pilares de la identidad argentina. Para mitigar los efectos de la ‘inmoralidad externa’, se apostaba a reforzar los valores tradicionales anclados en la historia nacional.

La búsqueda de una identidad cultural que está en creciente riesgo de disolución, en parte por la invasión de estilos foráneos, pero más profundamente por el poco empeño y no acertado trabajo de robustecer nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio de tradición (EPV, 1985: 90).

La reconstrucción de un universo de sentidos emergía como el paso necesario para entablar las discusiones de coyuntura. Desde allí, la Iglesia católica estaría en condiciones de establecer un horizonte axio-lógico para la familia, la educación, la vida sexual, etc. Un marco de referencia que irradiaría una jerarquía de valores como orientadores de los comportamientos sociales.

El documento aludió a la educación sexual en uno de sus apartados. En sintonía con las comunicaciones vaticanas, reconoció su gravitación en la vida contemporánea y la necesidad de una preparación adecuada de los educadores (padres y docentes), para “contrarrestar el reduccionismo, la superficialidad y la inconsciencia de tantas apreciaciones y enseñanzas perniciosas y degradantes que se presentan hoy día, incluso con engañosa apariencia científica” (EPV, 1985: 112).

Las incipientes iniciativas sobre instrucción sexual eran consideradas reduccionistas, por excluir la dimensión trascendente. Y eran rebatidas porque la centralidad otorgada a las fundamentaciones científicas iba en detrimento de un abordaje integral.

Es absurdo, contraproducente y antieducativo identificar la educación sexual con los meros aspectos técnicos y científicos sin integrarlos y subordinarlos a los aspectos antropológicos más profundos, como son el papel de la sexualidad en la madurez e integración personal del yo, la apertura al tú y al encuentro interpersonal, la construcción del nosotros, e incluso la proyección hacia el mundo de la trascendencia y la religiosidad (EPV, 1985: 112).

La disputa con el campo científico se vislumbra en todo su espesor. Al recostarse el Estado en la información científica para elaborar los contenidos en materia de educación sexual, la Iglesia católica percibe que es desafiado su histórico papel regulador de la vida cotidiana de la sociedad. Y dará batalla por lo que considera un área de natural’ y exclusiva injerencia, en términos axiológicos y de presencia social. Por eso, las referencias a subordinar las explicaciones científicas a los esclarecimientos religiosos.

Niegan al educando el sentido de la totalidad que nos permite la síntesis y la orientación. Cultivar una personalidad y una sociedad cuya función totalizante sea la economía o la política, o la técnica, como sistema preponderante y omnipresente, que no deje vislumbrar alternativas, es deformar al hombre. Una familia, una escuela, una institución, centradas exclusiva y excluyentemente en el negocio, el comercio, el arte, el desarrollo científico-técnico, no sólo le niegan al hombre una educación integral, sino que efectivamente lo cercenan, porque además de reducirle el acceso al horizonte de lo humano, lo condicionan estructurando en su mente una deformación (EPV, 1985: 102-103).

Desde la cosmovisión católica, la finalidad de la educación trasciende la información científica. Su carácter humanista la insta a interpelar al ser humano en una unidad bio-psíquico-espiritual. Ese esquema holístico nutre su trama argumentativa centrada en la integralidad. En ese sentido, la curricula estaría conformada por contenidos científicos, pero también físicos, psicológicos, morales, doctrinales y espirituales. La formación religiosa es resaltada como parte intrínseca del proceso de enseñanza, en tanto dimensión constitutiva del ser humano.

Apelando a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, la comunicación de 1985 reforzó la idea de que los padres y tutores gozaban del derecho a que sus hijos recibieran una educación de acuerdo a su fe religiosa. En realidad, esos tratados internacionales hacen referencia a las convicciones más que a la fe religiosa. El texto episcopal consideró esa facultad paterna como un derecho inalienable. Y en tanto miembros ineludibles de la comunidad educativa, debían ser informados y consultados sobre los contenidos de la enseñanza. Una retórica utilizada reiteradamente cuando se discutió el proyecto de educación sexual a mediados de la primera década del siglo XXI, en la tentativa de neutralizar la política estatal de delinear los lincamientos curriculares.

El derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación afín a su moral religiosa y la libertad de enseñanza son premisas esgrimidas reiteradamente. Tanto para fundamentar el financiamiento estatal de los establecimientos escolares confesionales[2], como para sostener la autonomía pedagógica de estas instituciones.

Para el episcopado argentino, la discusión en torno a la educación general y a la educación sexual en particular, no remitía a la confrontación entre dos tipos de moralidad, sino a la aceptación o no del “vigor trascendente del espíritu y su misión de regular los impulsos de la corporalidad para que el hombre viva su dignidad de persona” (EPV, 1985: 114). Las experiencias en marcha de instrucción sexual suponían “un desprecio por el pudor, la castidad, la virginidad y la fidelidad como valores”. Estos preceptos eran abordados como “tabúes, prejuicios o mentalidad pre-científica” (EPV, 1985: 114). La carencia de una ética trascendente, siempre desde la visión católica, generaba esa peculiar percepción sobre los postulados católicos referidos a la vida sexual.

Si bien los documentos sucesivos de la jerarquía eclesiástica aludieron a la sexualidad aún cuando se abocaron a otras cuestiones (políticas, litúrgicas, doctrinarias, ecuménicas), a partir del año 2000 la atención en la temática asumiría una centralidad inusitada.

Frente a los proyectos de salud reproductiva que circulaban en el Congreso Nacional, la Comisión Permanente de la CEA divulgó un escrito centrado en la reivindicación de la educación en el amor. En términos discursivos, se posicionaba como una alternativa a la educación sexual, asociada con “la cultura de lo superficial y efímero” (La buena noticia de la vida humana y el valor de la sexualidad, CP-CEA, 2000). Admitiendo la necesidad de un nuevo marco legal que promoviera el ejercicio de una sexualidad responsable, los obispos indicaron una serie de principios que la legislación debía contemplar. Entre ellos, el matrimonio indisoluble como espacio exclusivo y la procreación como finalidad de la práctica sexual; el papel primordial e insustituible de los padres para consentir el acceso a los servicios de salud de sus hijos; la explicitación del derecho a la objeción de conciencia por parte de los prestadores de salud frente a prácticas consideradas éticamente inaceptables[3] y la identificación “con el derecho fundamental a la vida desde la concepción y [que se excluyera] el crimen del aborto”. Asimismo, alertaban sobre lo infructuoso de promover políticas antinatalistas y banalizar la práctica de la sexualidad.

Los cuestionamientos a la Ley N° 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación Responsable, aprobada por el Parlamento Nacional a fines de 2002, anticiparían las impugnaciones a la normativa sobre educación sexual. En una carta dirigida a cada senador/a en la víspera de la votación, la jerarquía eclesiástica condenó la prescripción de métodos anticonceptivos ajenos al orden natural y, por tanto, inadmisibles desde el punto de vista moral. Por otro lado, la explicitación de la objeción de conciencia para las instituciones privadas confesionales que brindan servicios de salud, no era extensiva a los profesionales sanitarios. De allí que para las autoridades de la Iglesia católica, la legislación violentaba la libertad de conciencia. También remarcaron la omisión del consentimiento de los padres para la solicitud de anticonceptivos en el caso de los menores de edad, argumentando que se desconocía los principios de la patria potestad. Por último, objetaron la ausencia de toda referencia a la educación para la castidad’, entendida como la propuesta formativa más eficaz para lograr una salud sexual y reproductiva en la población.

Ante las discusiones parlamentarias que llevaron a la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), la Comisión Permanente del Episcopado divulgó un comunicado en 2005, en el que enfatiza que la defensa de los derechos humanos comienza con el derecho a la vida, iniciada en la concepción y finalizada con la muerte natural. La adhesión a ese protocolo internacional era interpretada como una estrategia que desembocaría en la legalización del aborto.

Dos aspectos merecen ser destacados del texto eclesiástico. En primer lugar, la apelación a explicaciones científicas como fundamento de las argumentaciones utilizadas. Si en otras oportunidades, la invocación a fuentes divinas era suficiente para sostener una posición determinada; en esta ocasión, se complementó con otra línea discursiva. La interrupción voluntaria del embarazo es refutada no solo por contrariar la voluntad de Dios, sino también por una definición científica.

La ciencia nos enseña que la concepción genera una nueva vida humana con su propio código genético, distinto al de los padres. Si hay código genético distinto, hay una vida humana distinta que tiene la misma dignidad que la de sus progenitores. La creatura humana que se desarrolla en el seno de la madre no es una parte de su cuerpo, de la cual pueda disponer a voluntad. Cortar ese proceso natural por medio del aborto equivale a destruir una vida cuyo desarrollo es autónomo, continuo y progresivo. Por lo tanto su destrucción voluntaria constituye un crimen” (Comunicado de la CP-CEA “Apostemos siempre a la vida, 15/03/2005).

En segundo término, el tema del aborto es descentrado de la discusión de derechos y circunscripto a un debate geopolítico, de defensa de la nacionalidad. En sintonía con la tradición discursiva católica de los años treinta del siglo pasado, se identificaba a las recomendaciones del CEDAW con la política neocolonialista de organismos internacionales, orientada a limitar el crecimiento poblacional de América Latina y favorecer los intereses de Estados Unidos. En este contexto, oponerse al aborto suponía no abdicar a las presiones de los poderes imperiales. Significaba un paso hacia la liberación de las amarras de la dependencia cultural impuesta por las potencias mundiales.

Los argumentos esgrimidos para legalizar el aborto reflejan los lincamientos neocolonialistas que algunos organismos internacionales intentan imponer a nuestro país y a toda América Latina. No podemos dejar de pensar en el célebre “Informe Kissinger”, que ya en la década de 1970 advertía sobre las “consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar”. A este propósito advertimos particularmente a nuestros legisladores sobre el peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (Comunicado de la CP-CEA “Apostemos siempre a la vida”, 15/03/2005).

Complejo escenario proyectaban los prelados a través de su declaración. Quienes defendían el derecho de la mujer a la interrupción de su embarazo eran funcionales a intereses foráneos. Quienes armonizaban con los principios católicos, enarbolaban la bandera de la defensa nacional. Una vez más, el argüid de los cuadros superiores del catolicismo homologaba los valores de la nación con los axiomas dominantes de su propia comunidad.

Los avances en la discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley sobre educación sexual y la visualización de una posible aprobación de la misma en 2006 activaron las rotativas intelectuales y editoriales del Episcopado. Como preludio de lo que sería su principal publicación al respecto, la Comisión de Educación Católica elaboró un material dirigido a los diputados y senadores. Ante el inminente tratamiento legislativo, la jerarquía eclesiástica le propuso al Congreso Nacional una serie de principios y orientaciones que la normativa debía contemplar. No se trataba de un procedimiento novedoso. Al concebirse en una posición supra-nacional, esa metodología estaba naturalizada. La histórica receptividad de la clase política a las requisiciones católicas reforzaba la legitimidad de ese modus operandi. Se instaba a los parlamentarios a “elaborar proyectos e iniciativas concretas inspiradas en el Evangelio” y a no promulgar leyes que promovieran “costumbres o antivalores [contrarias a] la dignidad de la persona” (La educación de la sexualidad en las escuelas, CEA, 2006b).

Los vectores que la ley en cuestión debía tener en cuenta eran resumidos en el documento a través de tres grandes dimensiones:

a)  Principios antropológicos: La sexualidad, entendida como un componente esencial de la personalidad, no podía estar excluida del proceso educativo. Pero las instancias formativas debían atender en simultáneo los planos biológicos, psicológicos, culturales y morales. El amor y la fecundidad conformaban las bases constitutivas y significantes del acto sexual.

b) Principios éticos: La educación sexual no se limitaba a la transmisión de la información científica. Sin el enlace con los valores de la familia, el matrimonio y la procreación, la enseñanza se vaciaba de contenido ético. De allí, la opción por otra semántica: la educación para el amor’. Así conceptualizada, su inicio es circunscripto desde el comienzo de la vida y en el marco del núcleo familiar.

c)  Principios jurídicos: La enseñanza en temas de sexualidad no estaba escindida de la defensa de la vida desde la concepción. La condena al aborto, calificado como crimen, a las políticas antinatalistas y a la promoción de una cultura de la sexualidad por fuera del ámbito matrimonial, respondía a un orden natural. A su vez, la inalienable potestad de los padres a decidir sobre la educación moral de sus hijos estaba contemplada en el derecho positivo. En definitiva, la ley divina y diversas reglamentaciones estatuidas -Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño[4]- resguardaban jurídica y moralmente el marco conceptual de la doctrina católica sobre educación sexual.

Los tres ejes señalados impregnaban y condicionaban el accionar de las instituciones y agentes involucrados. La familia constituía el espacio por excelencia para la educación de los hijos. Portadora de un derecho indelegable e irreemplazable, el Estado se ubicaba en un rol subsidiario. Aún en contextos de inestabilidad familiar -o incluso de desestructuración-, los padres no eran desplazados en el ejercicio de decidir acerca del crecimiento e instrucción de sus hijos.

Anticipándose a una de las críticas cardinales en torno a la normativa finalmente aprobada, el texto hizo referencia a una sustitución de la familia por parte del Estado en materia educativa. La condena a la instauración de ‘paternalismos’ y de doctrinas ideológicas dominantes, se inscribía en una línea de pensamiento que identificaba el protagonismo estatal con el totalitarismo. La primacía de los valores de la familia inhabilitaba la construcción de un relato desde la autoridad pública.

La declaración recurrió a una Exhortación Apostólica para sintetizar el modelo de intervención estatal y de vinculación con las familias. “(•••) El Estado no puede ni debe sustraer a las familias aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien por sí solas o asociadas libremente” (Familiaris Consortio, citado en “La educación de la sexualidad en las escuelas”, CEA, 2006b).

Cierta dicotomía se establecía en la retórica eclesiástica. El énfasis en el respeto a los principios axiológicos de cada familia parecía adscribir a una trama discursiva particularista, despojada de toda dimensión universal. Se reivindicaba la autonomía familiar para definir los contenidos educativos de sus hijos. Sin embargo, la presencia primaria del Estado era objetada por el riesgo de vulnerar “la cultura y la tradición de los pueblos” (La educación de la sexualidad en las escuelas, CEA, 2006b). Aparecen aquí recursos semánticos que trascienden los niveles de agregación microsociales para situarse en el plano de los colectivos integracionistas. Implícita la raigambre católica de esa cultura y tradición, aquella última afirmación transparentaba el eje de la disputa existente: la pugna entre el poder civil y el poder eclesiástico por la construcción del discurso social legitimado. Por monopolizar los sentidos y las éticas dominantes. O más que ello, por definir las potestades propias -y como contracara, también las ajenas- de regulación de diversos espacios de la vida social. En este registro analítico, la apelación discursiva de reafirmación del derecho familiar debe ser re significada. Lejos de entenderla en una clave de reivindicaciones particularistas, parecía responder a una estrategia de compensación de lo que se visualizaba como una omnipresencia estatal en ofensiva.

A la escuela pública, en tanto corporeidad del Estado en el ámbito de la enseñanza, se le asigna un rol complementario y no sustitutivo de la familia. El estímulo a la participación de los padres en el seno de las comunidades educativas refuerza la vigilancia y supervisión de los mismos en los procesos de educación sexual.

El texto también contempló a los docentes como agentes educadores. Y ponderó algunos valores que deben detentar en la práctica de la enseñanza. Entre ellos, la madurez, el equilibrio psíquico, la capacitación, una visión integral de la sexualidad, el pudor y la sensibilidad.

Por último, la comunicación interpeló a los miembros de la Iglesia católica. Recupera el mensaje del Concilio Vaticano II que advertía la necesidad de educar sexualmente a niños y adolescentes en sintonía con su desarrollo físico e intelectual. Y promueve el abordaje de la educación sexual como uno de los desafíos de la época, desde los propios fundamentos doctrinarios: la castidad, la fidelidad, el amor y la diferenciación sexual entre el varón y la mujer.

En simultáneo, el Episcopado difundió la Declaración al Pueblo de Dios sobre la Educación Sexual en las Escuelas, desde la cual reiteraba las argumentaciones vertidas en el documento recién analizado. Como elemento adicional, se explayó en la consideración de la sexualidad como componente básico de la personalidad y en el carácter complementario, pero diferente, de ambos sexos. Asimismo, resaltó el imperativo categórico de la sexualidad orientada en el amor como marco moral y ético para su ejercicio, en virtud del mandamiento de la ley natural.

La Asamblea Plenária de la Conferencia Episcopal Argentina se reunió en noviembre de 2006, cuando aún no había transcurrido un mes de la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral. En tanto estructura tendiente a consolidar la comunión eclesial, en la organización de los obispos prevalece una tendencia por exteriorizar una imagen de cuerpo episcopal uniforme[5]. La unidad episcopal es entendida como espíritu fraterno y obediencia eclesial. Esa unión remite a la fe y al compromiso con Dios por un lado; y al reaseguro de la credibilidad social ante la comunidad católica por otro.

La divulgación de algún documento o comunicado colectivo al término del encuentro, supone no solo un fino trabajo de consenso entre los obispos, sino también un alto grado de homogeneidad de los prelados ante el tema central que recorre el mensaje a transmitir.

El anuncio de una carta dirigida al Pueblo de Dios, pero también a los legisladores y autoridades expresó, en esa cultura institucional, la coincidencia de pareceres de los agentes superiores de la Iglesia católica frente a la futura votación de una Ley de Educación Nacional. Si bien no hubo referencias a la normativa sobre educación sexual, los criterios orientativos eran idénticos: rol subsidiario del Estado, respeto a la libertad de conciencia como derecho familiar, concepción integral de la educación, énfasis en la dimensión trascendente.

Con la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral como hecho consumado, la literatura católica reorientó la dirección

de sus destinatarios. Las publicaciones dejaron de estar dirigidas a los legisladores para concentrarse en los integrantes de las propias comunidades educativas. Se iniciaba entonces la disputa por definir los contenidos educativos en temas de sexualidad, aplicados de manera transversal o en un curso específico, según el diseño pedagógico de cada escuela.

La publicación más significativa en la materia fue editada en 2007. El libro Educación para el amor compendia no solo la funda-mentación y los objetivos trazados por la institución católica para garantizar una marcada presencia en el dictado de clases de educación sexual; sino también incluye los contenidos a ser tratados para cada etapa formativa de los alumnos y las directrices específicas para directivos, docentes y padres. Sin dudas, un manual integral para toda la comunidad educativa solo equiparable con los materiales pedagógicos elaborados desde los ministerios públicos.

La normativa sancionada instruía a las autoridades del Programa Nacional de Educación Sexual a diseñar los lineamientos curriculares para que cada comunidad educativa los aplicara o adaptara a su ideario institucional. A través de esta completa bibliografía, la Iglesia católica ofrecía un repertorio de principios axiológicos y de recursos didácticos que, en algunos clivajes, alternativizaría la producción bibliográfica distribuida por el Ministerio de Educación de la Nación.

Por su trayectoria educativa y su histórico rol protagónico en la historia nacional, para la jerarquía eclesiástica el texto divulgado no remitía a un acto infrecuente. Tampoco lo era la pulseada con el Estado por demarcar las áreas de competencia de cada esfera, ni la tensión emergente, producto de las pretensiones de ambas instituciones de regular los principios organizadores de la sociedad.

El material del Episcopado es presentado como un plan de enseñanza integral, destinado a directivos, docentes y padres. Se anuncia como un documento científico, en sintonía con la estrategia vaticana de los últimos tiempos, centrada en establecer el debate sobre temas álgidos con argumentos propios del campo científico. En realidad, el desplazamiento narrativo no supone el olvido de la retórica religiosa. De hecho, ya en la página inicial se explicita el objetivo de transmitir a los niños, niñas y adolescentes el Magisterio de la Iglesia.

En la introducción, se describe la centralidad de la sexualidad como problemática contemporánea. La visualización de un estado de desorientación, producto de la extensividad de la temática, llama a reforzar las acciones de promoción de la educación cristiana.

En este mismo apartado, pueden encontrarse los principios fundamentales de la cosmovisión eclesiástica. En primer lugar, la defensa del derecho de los padres en la formación de sus hijos, “ajustada a la ley de Dios y al orden de la misma naturaleza humana” (Educación para el Amor-CEA, 2007: 9-10). Adscribiendo a la lógica de la subsidiariedad, a la escuela le correspondería cooperar con la misión de los progenitores. La naturaleza humana es formulada de modo ahistórica, sin contemplar los condicionantes contextúales de padres que reconocen sus imposibilidades pedagógicas y temporales para afrontar primariamente esa función. A ello se suma el quiebre de la familia nuclear y la emergencia de una diversidad de formatos familiares.

En segundo lugar, se rebate la idea de educación sexual por atribuirle un sesgo reduccionista, ceñida a la genitalidad. Como contrapartida, se propone una educación para el amor, que incorpore las dimensiones de la trascendencia. El carácter restrictivo de la educación sexual responde al acento colocado en la información científica. Por su parte, la integralidad en el abordaje de la temática se fundamenta en la concepción antropológica cristiana que antepone los postulados religiosos a las premisas de la ciencia.

Es absurdo, contraproducente y anti-educativo identificar la educación sexual con los meros aspectos técnicos y científicos, sin integrarlos y subordinar a los aspectos antropológicos más profundos, como son el papel de la sexualidad en la madurez e integración del yo (…), la construcción del nosotros e, incluso, a la proyección hacia el mundo de la trascendencia y la religiosidad (Educación para el Amor-CEA, 2007: 9-10).

Llevado a un terreno fáctico, en la tensión entre la información sobre el uso de anticonceptivos y la educación para la castidad, la propuesta debería ponderar la segunda variable. Si bien se reconoce en la personalidad las dimensiones biológica, psicológica, social, espiritual y sobrenatural, el soporte formativo se circunscribe a las dos últimas.

Referenciándose en la Exhortación Apostólica Familiaris Con-sortio, proclamada por Juan Pablo II en 1981, se señala que la educación sexual debe remitir a una educación integral, basada en el pudor, la castidad y la virginidad, anclada en los principios morales y en la valoración del matrimonio, dirigida por los padres y con las escuelas actuando de forma complementaria.

La dimensión de la ética es ponderada por su condición transversal. Ocupa todos los campos de la enseñanza: curricular (dentro de las asignaturas), institucional (compromete a las prácticas de toda la comunidad educativa) y social (trasciende el espacio escolar para proyectarse en la vida cotidiana).

Por último, las relaciones humanas -entre ellas, las sexuales- no son concebidas en términos de construcciones culturales, sujetas a transformaciones y reinterpretaciones históricas, sino como engranajes de un orden natural preconcebido. De allí, la condena a las perspectivas de género que plantean desnaturalizar los roles históricamente asignados al varón y a la mujer y resignificarlos en la actualidad.

El rechazo al proyecto de ley finalmente aprobado podría conducirnos a analizar el comportamiento de la jerarquía católica en clave de oposición a la temática como tal. Empero, la conducción eclesiástica leyó en esa coyuntura que se le abría una oportunidad para reposicio-narse como fuente de moral pública; una ocasión para hegemonizar y dar sentido a un espacio político, social y cultural refractario a los moldes de las sociedades contemporáneas. En definitiva, una circunstancia propicia para reactualizar su lugar en la arena pública como actor relevante y diseminar así sobre el conjunto de la comunidad educativa los postulados del Magisterio de la Iglesia referidos a la familia, el matrimonio, la sexualidad y la procreación.

El texto de la Conferencia Episcopal incluye precisiones operativas para el dictado de educación sexual. Hace referencia a la necesidad de conformar un espacio curricular específico, basado en talleres y exposiciones, de duración cuatrimestral o anual. Este tipo de directrices nos indica que no estamos meramente frente a una declaración de principios; se trata de un manual que prescribe la planificación, contenidos y metodologías de las clases de educación sexual. En paralelo y en competencia con los lincamientos distribuidos por el Ministerio de Educación, la Iglesia católica llegaba a las comunidades educativas con sus propios materiales de trabajo.

El cuerpo siguiente de la publicación aborda los ejes pedagógicos correspondientes a cada franja etária. El origen divino del ser humano, la composición familiar basada en un esquema nuclear y la división entre varones y mujeres con roles y comportamientos diferenciados, son señalados como núcleos temáticos a desarrollar con niños y niñas de 6 años.

Para los años siguientes, se refuerza la idea de la vida humana como creación de Dios. Ya para quienes tienen 10 años, se incorpora el tratamiento de la pubertad y la identificación en el ser varón o mujer. Aparecen los valores de la castidad y la pureza.

Para los de 11 años, el pudor complementa a la castidad como formas virtuosas de cuidado del cuerpo y de neutralización de los instintos, contraponiéndose ambos a la pornografía y al erotismo, en tanto prácticas negativas de la sexualidad. También aquí se tratan los cambios corporales y fisiológicos.

Ya a los 12 años, se plantea la diferencia entre sexualidad y geni-talidad, entre impulso sexual y amor integral, entre placer y felicidad. El matrimonio y la familia son retomados: el primero como sacramento y expresión de fidelidad; la segunda como realización del plan de Dios.

A los 13 años, se diversifican los asuntos a problematizar, ya que se añaden cuestiones como las etapas del descubrimiento del propio sexo y del sexo complementario, el aprendizaje del ciclo de fertilidad de la mujer y el noviazgo. Asimismo, un apartado sobre las enfermedades de transmisión sexual, la bulimia, la anorexia, la drogadicción y el alcoholismo. Sin mayores precisiones, se incluye el tratamiento de las desviaciones sexuales. Aunque no aparece bajo la órbita de las enfermedades, es parte del mismo módulo.

Para los adolescentes de 14, 15 y 16 años, la formación se centra en la paternidad responsable, el respeto a la autoridad, los métodos naturales, anticonceptivos y abortivos, el celibato, la virginidad, la defensa de la persona por nacer y la interpelación de la fantasía como obstáculo del amor. Se hace referencia a la relación sexual adolescente con signo de interrogación. La utilización del término adolescente’ como adjetivo trasunta una negación de los sujetos que entablan aquella relación sexual, justamente los adolescentes. Al igual que la secuencia desviaciones sexuales-enfermedades, para esta franja etária se recomienda abordar la homosexualidad, el SIDA y el aborto. Contextualizado en el universo simbólico católico, la enumeración continua de estas tres temáticas deja entrever no solo una perspectiva condenatoria, sino la posibilidad de establecer correlaciones entre la homosexualidad y el contagio del SIDA.

Para los alumnos de 17 años, se busca transmitir la importancia de la pareja estable y del noviazgo como preparación del matrimonio y en oposición a los llamados ‘matrimonios a prueba’ y al divorcio. Asimismo, se establece la complementariedad y división de roles maternos y paternos. La realización de la mujer en la vida contemporánea es trabajada junto con los calificativos “feminismo agresivo” e “ideología de género”. Y finalmente, se mencionan cuestiones de bioética como fecundación artificial, eutanasia y anticonceptivos.

Para cada etapa de desarrollo, se sugiere una metodología pedagógica específica que incluye desde la utilización de programas de TV y canciones hasta videos, testimonios de matrimonios como ejemplos vivientes de la realización de una vida conyugal estable y la puesta en escena de rol-playing.

Una vez planteado el punteo de temas a trabajar según la edad del alumnado, el documento avanza sobre aspectos formativos de los docentes y agentes de pastoral. Se refuerzan aquí las definiciones y los fundamentos teológicos, pastorales, filosóficos y psicológicos del Magisterio de la Iglesia como encuadre conceptual para la educación sexual en los colegios. Los ejes centrales reproducen el listado previo: el origen de la humanidad como designio divino; la familia como célula básica de la sociedad; la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el desarrollo de la sexualidad enmarcada en el amor y la castidad; el método natural como único modelo de planificación familiar y la condena a prácticas anti-naturales’ como la interrupción del embarazo, la contracepción, la eutanasia, la manipulación genética y la vida sexual fuera del matrimonio.

Interesa detenernos en algunos de los tópicos enumerados. La bibliografía se sumerge en la discusión sobre los tipos de familia existentes. Identifica una crisis en la conformación de la estructura familiar, asociada a la “cultura posmoderna”. A su vez, el individualismo y el consumismo como signos de la vida contemporánea son señalados como causantes de cierta desintegración en los procesos de socialización en el seno de las familias. Por un lado, la mayor actividad laboral de los hombres condiciona la presencia de éstos en el hogar. Por otro lado, el rol activo de la mujer en la sociedad es presentado como la contracara de la desvalorización de “las tareas de ama de casa” (Educación para el Amor-CEA, 2007: 53). Prevalece en el imaginario católico la división sexual del trabajo, situando a la mujer en el plano de la labor doméstica y de cuidado de los hijos, siendo el varón el responsable del sustento del hogar.

Asimismo, se reconocen situaciones de madres y padres solteros, uniones de hecho, divorciados vueltos a casar, familias ensambladas, hijos extra-matrimoniales como modelos de familia que no responden al preconcebido por Dios. “(…) Son realidades familiares que merecen respeto y comprensión, pero que ciertamente no son modélicas: la familia se funda sobre el amor y consagración de un varón y una mujer unidos en matrimonio” (Educación para el Amor-CEA, 2007: 53).

Esta diversificación de formatos familiares es atribuida a una inestabilidad en los vínculos, fruto de una crisis de valores. Desde la cosmovisión episcopal, la perspectiva es sombría. Con fuerte influencia de los medios de comunicación y como consecuencia de la primacía de la individualidad, se identifica a la cultura dominante en términos de trivialización de la sexualidad, incapacidad de segmentar la información conforme la etapa evolutiva de los jóvenes y relegamiento de la familia y de los vínculos amorosos estables.

Asistimos a un obscurecimiento de la verdad sobre el Hombre que además conlleva una presión hacia la banalización del sexo. Domina una cultura en la que la sociedad y los mass media ofrecen a menudo una información despersonalizada, lúdica, con frecuencia pesimista y sin respeto por las diversas etapas de la formación y evolución de los adolescentes y de los jóvenes, bajo el influjo de un desviado concepto individualista de la libertad y de un contexto desprovisto de los valores fundamentales sobre la vida, el amor y la familia (Consejo Pontificio para la Familia: “Sexualidad humana: verdad y significado, orientaciones educativas en familia”; citado en Educación para elAmor-CEA,2007:88).

Esa crisis de valores es traducida en miedo al compromiso, pérdida de autoridad, falta de tolerancia, quebrantamiento de la fidelidad y ruptura de los lazos familiares. Y expresan la hegemonía de un relativismo moral y la ausencia de un marco de referencia para la convivencia social.

Zygmunt Bauman define esa reformulación y mayor fluidez en las relaciones sociales en términos de ‘modernidad líquida’. Enmarcada en complejos procesos de desafiliación, las instituciones con anclajes en la tradición pierden eficacia como estructuras de plausibilidad (Berger, 1981), habida cuenta de la propensión individual a la mayor indefinición de sus opciones y elecciones de vida. “Salimos de la época de los grupos de referencia preasignados para desplazarnos hacia una era (…) en la que el destino de la labor de construcción individual está endémica e irremediablemente indefinido” (Bauman, 2003: 13).

Es menester puntualizar que el impacto, la asimilación e internali-zación de estos procesos difieren al interior de nuestras sociedades. Para los sectores que disponen de un capital económico y cultural consolidado, es la compuerta que se abre para la autorrealización, para la autonomía y emancipación de los encuadramientos normativos. Las pertenencias políticas, de clase, familiar o geográficas que reunían conglomerados colectivos con cierto grado de estabilidad, parecen desvanecerse ante la primacía de los proyectos individuales, transitorios, flexibles, volátiles y renuentes a la rigidez de las restricciones predeterminadas.

Emerge una sociedad más plural y heterogénea, sin principios universales ni normas sociales pre-existentes que indiquen cómo actuar en el ámbito político, religioso, familiar, sexual. En teoría, una sociedad más libre, reflexiva, que se autoafirma en el derecho a ser diferentes y en la que sus integrantes eligen, cambian y redefinen el estilo de vida que les resulta más convincente aquí y ahora’ (Bauman, 2003).

La reconstrucción del ethos de la familia nuclear y la aceptación de su relato como orientador de la vida cotidiana se presentan como los grandes desafíos desde los cuales la Iglesia católica busca interpelar a la sociedad toda.

El pudor aparece con destaque en la narrativa analizada. Propio de la esfera de la intimidad, es resaltado como “conciencia vigilante en defensa de la dignidad de la persona humana” (Educación para el Amor-CEA, 2007: 61). Y ponderado, por su eficacia para dominar los instintos en el plano sexual. Junto con la amistad y la ternura, es considerado un componente cristiano que enriquece la vida sexual y de pareja. Y es contrapuesto a la masturbación, que junto con la drogadicción y el alcoholismo, es tipificada como adicción que afecta a los jóvenes.

Un punto reiterado pero que es retomado en las instrucciones a los docentes es la diferenciación entre sexualidad y genitalidad. Mientras el primero reviste la integralidad de la persona, el segundo se limita a la funcionalidad de los órganos sexuales. Claramente el Episcopado se expresa a favor de una educación que aborde a la sexualidad desde un lente holístico, contemplando las dimensiones biológicas, psico-afecti-vas, sociales y espirituales.

Por último, las recomendaciones apuntan a atender los ritmos evolutivos de los alumnos y que la intervención educativa se realice desde un enfoque interdisciplinario. En definitiva, la educación sexual supone la trasmisión del punto de vista orgánico, pero sin disociarlo de los principios axiológicos que orientan su actividad, a los fines de modelar la identidad del varón y de la mujer como dos modelos diferenciados -aunque complementarios- entre sí. El documento es reiterativo en la demarcación fisiológica y psicológica entre ambos sexos, tanto en el ser como en el actuar. Insta a no minimizar esas diferencias, que remiten a la naturaleza de los sexos, y se materializan en la asignación de roles familiares y domésticos desiguales. En ese marco, especifica que la referencia a la pareja humana supone siempre el enlace entre un hombre y una mujer, desconociendo cualquier unión que no sea heterosexual. Un contraste marcado con los lincamientos curriculares derivados de la legislación aprobada, que valorizan la diversidad sexual.

Un análisis global de la publicación episcopal nos advierte que la propensión a confrontar con los proyectos oficiales sobre educación sexual no implicaba una oposición hacia la temática en sí. Por el contrario, al visualizar una precocidad en la información sobre cuestiones de sexualidad, la institución católica advertía la necesidad de ocupar un espacio y dar una disputa en ese terreno. Retomando las enseñanzas del Concilio Vaticano II[6], el Episcopado expresaba que “a medida que avanzan en edad, [los niños y adolescentes] deben ser instruidos en educación sexual” (CEA-Educación para el amor, 2007: 134). Vale reiterarlo entonces, la trama discursiva no apuntaba a la exclusión de la educación sexual, sino a que los principios religiosos estuvieran presentes en los contenidos.

La educación era entendida como un engranaje para la evangeliza-ción de la cultura. Por lo tanto, es proyectada más allá del ámbito escolar para abarcar toda la vida y actividad del ser humano. Cada vez que un debate público es traccionado por la educación, en el imaginario episcopal es visualizado como una oportunidad propicia para re-editar el papel del catolicismo en la construcción del ser nacional. Con una histórica misión educativa y merced a la presencia capilar de las escuelas católicas en todo el país, la institución católica se siente en condiciones privilegiadas para transmitir “los valores de la cultura nacional”, contornando un modelo identitario con fuertes componentes cristianos.

Como denominador común, descuellan del texto cinco principios que tributan al núcleo duro de la cosmovisión católica dominante. La apelación a la libertad de enseñanza, el papel subsidiario del Estado acompañando la responsabilidad primaria de la familia, la opción explícita por la familia nuclear como modelo ideal, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos y la inclusión de valores trascendentes en los contenidos educativos.

Pero fundamentalmente, el debate en torno a la sexualidad estaba permeado por la discusión de fondo: los componentes que modelaban la/s cultura/s contemporánea/s. El sentido y la práctica de la sexualidad basada en el placer, el instinto y el deseo tributaban a una cultura hedonista y materialista, auspiciada desde los medios de comunicación. La autonomía del sujeto en su elección sexual expresaba la imposibilidad de asumir una vida sexual según la voluntad divina. Desde esta perspectiva, la controversia por los contenidos de la educación sexual era la controversia por la pretensión de instaurar las pautas regulatorias de la cultura dominante. Una disputa que re-actualizaba el sentido de ser Iglesia.

La bibliografía del Ministerio de Educación de La Nación
El Ministerio de Educación de la Nación ha diseñado una política editorial sobre educación sexual basada en dos grandes líneas:

Materiales de difusión y sensibilización: Micros cortos en el Canal Encuentro y posters y trípticos para docentes, alumnos y familias, con una fuerte impronta visual y pedagógica.

Materiales de desarrollo curricular: Lincamientos Curriculares, cuadernos con contenidos y propuestas, como guía para autoridades educativas y docentes, y láminas didácticas.

En ambos casos, se contempló una producción diferenciada según el nivel de enseñanza.

El Manual de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/Sida, elaborado por los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Salud de la Nación, es pre-existente a la creación del Programa de Educación Sexual Integral a fines de 2008. No obstante, la elaboración de los Lincamientos Curriculares se ha nutrido de los contenidos de este manual, que cobró relevancia pública cuando el Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, lo impugnó por promover un pensamiento neo-marxista y ateo[7].

Las bases programáticas de la política ministerial se condensan en los Lincamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Deben interpretarse estos lincamientos como la reglamentación de la propia legislación.

Ni bien sancionada la ley, se le asignó a una comisión de expertos, con reconocida trayectoria académica, la responsabilidad de elaborar una propuesta que posteriormente debía ser evaluada y eventualmente aprobada por el conjunto de ministros de Educación reunidos en el Consejo Federal de Educación. Sobre ese material, se diseñarían luego los Lincamientos Curriculares que orientarían el trabajo en las aulas y los programas de capacitación a los docentes.

El equipo estuvo integrado por Graciela Morgade, entonces directora de la Carrera de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, María del Carmen Feijoó, Eva Giberti y Silvina Ramos. Pero también eran parte del mismo, Claudia Lombardo, en representación de las iglesias evangélicas, el rabino Daniel Goldman y Myriam Andújar y María Inés Franck, por el Consejo Superior de Educación Católica -CONSUDEC.

Las reuniones de trabajo realizadas entre febrero y septiembre de 2007 debían concluir con la redacción de un predictamen a consideración del cuerpo colegiado de los ministros de Educación de todo el país. Sin embargo, los mismos ejes del debate que tuvieron lugar en el proceso de sanción de la ley, reaparecieron en los encuentros entre los técnicos. Las dos representantes de la Iglesia católica se negaron a suscribir un documento que hiciera mención a la perspectiva de género y que silenciara el rol primordial de los padres en la educación sexual de sus hijos.

Tanto Andújar como Franck habían objetado la ley cuando expusieron como peritos en la Asamblea Plenária de la Conferencia Episcopal Argentina en abril de 2007. En la reunión que congregó a todos los prelados del país, apelaron a la figura de la objeción de conciencia como marco de posibilidades para obturar la aplicación de la ley en cuestión.

Los aceitados engranajes eclesiásticos, que involucraban a prelados, técnicos y organizaciones de laicos con una presencia activa, parecían suficientes para contornar un sistema de vallas que obstaculizase la imp le mentación de la ley. La estrategia se complementaba con el accionar del “Comité Independiente Anti-Sida” (CIAS). Esta ONG, de procedencia española, organizó en el interior del país diversos cursos sobre educación sexual para padres, docentes y jóvenes. Los convenios establecidos con Ministerios de Educación locales, que extendieron su inserción en las escuelas públicas, evidencia los vasos comunicantes entre el poder eclesiástico y el poder político en la Argentina profunda. Las comunidades educativas de Salta, San Luis, San Juan y Mendoza fueron formadas con una trama argumentativa contraria al espíritu de la legislación aprobada. En los talleres a cargo de la ONG, se predicaba contra el uso del preservativo y a favor de la abstinencia sexual, así como se afirmaba que el Sida era producto de conductas homosexuales y poligámicas.

Finalmente, del trabajo de la comisión de expertos no hubo una propuesta consensuada. Se elaboraron dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. En base a esas sugerencias, a la compilación de experiencias previas y a las consideraciones de las autoridades educativas de las provincias, técnicos del Ministerio de Educación redactaron finalmente los Lincamientos Curriculares. El documento intitulado “Lincamientos curriculares para la educación sexual integral” fue aprobado el 28 de mayo de 2008 por el Consejo Federal de Educación. Cumplida esta etapa, correspondía a las jurisdicciones provinciales “bajarlo” a las 45.000 escuelas públicas y privadas de todo el país.

En la contemplación de la sexualidad como una construcción social y personal en la que intervienen múltiples dimensiones -biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, éticas-, los autores le asignan un carácter integral. Sobre este término, el de la integralidad del abordaje, se ha desatado una disputa semántica. Actores políticos, sociales y religiosos le asignarán sentidos dispares al mismo vocablo.

La inclusión de la perspectiva de género y la diversidad sexual por un lado, y las referencias a la libertad en la toma de decisiones en materia de sexualidad por otro lado, son interpretadas por los referentes religiosos como una concepción reduccionista, al descentrar al ser humano de su dimensión trascendente. El componente sagrado de la sexualidad y su valor moral y espiritual se veían subordinados a relaciones de poder cristalizadas en la construcción social de la sexualidad.

Al documento lo define su lógica de agregación. Incluye desde un enfoque plural las diversas perspectivas en torno a la sexualidad. Y aunque no substituye las interpretaciones biologicistas por las sociocul-turales, replantea los roles masculinos y femeninos, desnaturalizando los estereotipos arraigados.

En la introducción, el texto explicita el contexto legal que intima al Estado en la materia: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el orden internacional; la Ley N° 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y finalmente, la Ley N° 26.150 de Educación Sexual en el plano nacional. Estas aclaraciones llevaban a despejar argumentaciones centradas en la validez de la política pública. Los derechos de niños, niñas y adolescentes, la igualdad en el acceso a la información y la formación integral en temas de sexualidad, figuraban como prioritarias en ese compendio normativo.

El material plantea “el piso común de contenidos curriculares válidos para todos los niveles del sistema educativo, para todas las escuelas públicas tanto de gestión estatal como privada y para todas las jurisdicciones de nuestro país”. Asimismo, recuerda que “las autoridades educativas jurisdiccionales, de acuerdo a sus atribuciones, podrán realizar las adecuaciones necesarias para atender a las diversas realidades y necesidades de sus alumnos y de la comunidad educativa en general” (“Lincamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral”. Ministerio de Educación de la Nación, 2008: 9).

Habida cuenta del embarazoso proceso de sanción de la normativa y de aprobación de los contenidos curriculares y concientes de las dificultades en su aplicación, prevaleció en los autores una “hipótesis de mínima”, esto es, garantizar que los lineamientos básicos del Programa de Educación Sexual Integral lleguen a todas las escuelas.

Por ello, el apartado introductorio finaliza destacando la importancia de la construcción de consensos y alianzas con las familias, las comunidades educativas y actores públicos y privados, a los fines de incluir la educación sexual en la agenda educativa.

Si bien fue producto de acuerdos legislativos la inclusión de un artículo que avalara la adaptación de los contenidos en función del ideario institucional y de las convicciones de cada comunidad educativa, un núcleo axiológico es resaltado en el manual estatal como inherente al espíritu de la política pública y, por tanto, innegociable: la concepción integral basada en la perspectiva de derechos humanos y la plataforma científica para la elaboración de contenidos. Sobre la noción de inte-gralidad, especifica que el objetivo es abordar la temática en clave de la historicidad de los procesos socio-culturales, superando reduccionis-mos biológicos, psicológicos, jurídicos o religiosos.

Las voces discordantes surgidas desde las autoridades de las instituciones religiosas se alzaron justamente ante los fundamentos programáticos de la narrativa estatal. Fundamentalmente la Iglesia católica se veía desafiada en tanto fuente de recurrencia histórica para la enunciación de la moral pública. La batalla por la definición y por la apropiación de los sentidos del término “integral” se inscribiría en esa disputa.

Adentrándonos en el manual, el primer capítulo, aún declarativo, se centra en los propósitos formativos. Remitiendo a legislaciones afines (“Educación Nacional” y “Salud Sexual y Procreación Responsable”), subraya la igualdad en el acceso a la información, el respeto a la diversidad, el rechazo a conductas discriminatorias en general, de género en particular y la promoción de valores que conduzcan a una sexualidad responsable y de aprendizajes que prevengan la vulneración de derechos como el maltrato infantil y el abuso sexual.

En cuanto a las estrategias de implementación, el documento no establece prioridades acerca de la conformación de un espacio transversal o uno específico para el dictado de educación sexual. Ambas modalidades cuentan con potencialidades y posibles deficiencias. La perspectiva interdisciplinaria de la primera variante corre el riesgo de una enseñanza difusa y asistemática. La visibilidad y mayor entidad de la segunda opción enfrenta el desafío de no caer en reduccionismos que empobrezcan el aprendizaje.

El grado de desarrollo de los alumnos y el nivel de formación de los docentes son presentadas como variables determinantes de aquella decisión. En ese sentido, se sugiere la constitución de instancias transversales en la educación inicial y la creación de una asignatura o taller específico en el nivel secundario, debido a la necesidad de atender contenidos más precisos y demandas puntuales. Vale aclarar que cuando se hace mención a un abordaje transversal, se apunta a la intervención de las ciencias sociales y naturales, la formación ética y ciudadana, la educación física y artística. En ambos casos, el texto señala la importancia de insertar el proceso de enseñanza en el proyecto educativo institucional, garantizando continuidad, coherencia y participación de los actores del sistema.

Los aprendizajes para cada ciclo educativo conforman el cuerpo principal de la publicación. La diversidad como valor es el punto nodal que recorre todas las etapas de enseñanza.

Para la educación inicial, se estimula el discernimiento sobre las distintas formas de organización familiar. Lejos de promover un modelo de composición familiar, el documento enfatiza la valoración y el respeto por todas las variantes existentes, sin ponderación de alguna en particular. La identificación de las actividades que desarrollan los varones y las mujeres en diferentes contextos (familiares, sociales, laborales) y fundamentalmente, la caracterización de los cambios y continuidades en los roles asumidos, remite a una perspectiva de análisis que ahonda en la desnaturalización de funciones estereotipadas para la comprensión de las relaciones sociales estructuradas y definidas en cada momento histórico.

En esta etapa, se plantea la generación de espacios para la expresión de sentimientos, emociones, afectos y necesidades y para la escucha y el respeto de las verbalizaciones de los otros como ejercicio de convivencia. Se inicia un proceso continuo de concientización de derechos, responsabilidades y cuidados de sí mismos. En simultáneo, la información sobre la gestación, el nacimiento y el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo humano.

Para la educación primaria, se sugiere abordar la educación sexual desde una óptica transversal. Para ello, se presentan contenidos a desarrollar en cada asignatura. Para el primer ciclo de dicho nivel educativo, en Ciencias Sociales, se busca profundizar en los roles y relaciones entre varones y mujeres en el pasado y en el presente, en diferentes contextos geográficos (urbanos, rurales) y sociales. El énfasis en la autonomía para el cuidado del cuerpo refleja una concepción del ser humano portador de derechos que no devienen de designios divinos sino de su condición de ciudadano. El registro de las diferentes identidades personales y la aceptación y convivencia con el otro/a diverso/a se articula con la desnaturalización de los prejuicios y actitudes discriminatorias.

Complementariamente, en Ciencias Naturales se avanza en la especificación de las distintas partes del cuerpo -se acentúa la recomendación de llamar a los órganos sexuales por su nombre en lugar de emplear recursos metafóricos-, los procesos de reproducción humana y las diferencias biológicas entre varones y mujeres. En Lengua, se proyecta la verbalización de los conocimientos adquiridos que permitan expresar la defensa de la integridad personal y argumentar la valoración de las personas, sea cual fuere su identidad, orientación sexual, etnia o color. La observancia crítica de los mensajes emitidos desde los medios de comunicación y en los libros de cuentos sobre las condiciones sexuales y la división sexual del trabajo apunta a descubrir las múltiples formas de discriminación presentes en el entramado cultural. Se promueve el trabajo con textos que hagan referencia a las distintas manifestaciones de los sentimientos (alegría, placer, soledad, dolor, temor).

En Educación Física, se menciona la programación de actividades deportivas grupales y mixtas entre varones y mujeres, que realcen las condiciones de igualdad y contribuyan a la resolución de situaciones de forma democrática. Por último, en Educación Artística, se intenta traducir las habilidades adquiridas en un lenguaje visual, musical, corporal y teatral.

Para el segundo ciclo de la educación primaria, se consolidan y profundizan los núcleos temáticos abordados en los primeros años de la enseñanza: las transformaciones históricas, culturales y sociales en la organización familiar; la interpretación de la información difundida por los medios de comunicación; la procreación; el conocimiento de los derechos de contemplados en las Convenciones Internacionales, etc. Se añaden ejes específicos como la conformación de una relación de pareja, las situaciones de violencia en las relaciones interpersonales y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Si bien se aconsejaba un tratamiento diferenciado en el nivel secundario, con la creación de un espacio curricular específico sobre educación sexual, en el texto del Ministerio de Educación se reproduce la estructura del ciclo inicial, con contenidos básicos por área de conocimiento. En Ciencias Sociales, se explaya en un abanico de principios que tributan al marco ideológico del Programa de Educación Sexual Integral. Se insta a una interpretación de la identidad nacional en clave de su pluralidad, reivindicando la diversidad cultural, los valores democráticos y los derechos humanos. Asimismo, se promueve “la construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida con (…) la igualdad, la solidaridad, la justicia (…)” (Lincamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral – Ministerio de Educación de la Nación, 2008: 34). El diálogo, el cuidado del cuerpo y la ponderación de relaciones igualitarias entre varones y mujeres también son apuntados como asuntos a trabajar en esta etapa de la enseñanza. Se refuerzan tópicos ya planteados como la historicidad de las configuraciones y roles familiares a lo largo de la historia, focalizando en las transformaciones acontecidas en la segunda mitad del siglo XX. Con una clara impronta sociológica, se alude a reflexionar sobre las formas históricas de división del trabajo y de la propiedad y de las consecuentes desigualdades en los procesos de producción, distribución y apropiación entre varones y mujeres. El prejuicio y la discriminación son abordados en términos de su impacto en la vida cotidiana, analizando los accesos y participaciones diferenciales en ámbitos laborales, educativos, familiares y políticos. La discriminación y el racismo son interpelados en su vinculación con la exclusión, exhibiendo las ideas y conceptos que vertebran la exclusión de género, etnia e identidad sexual. Adscribiendo al paradigma que concibe las etapas del desarrollo humano como construcciones sociales e históricas, se busca desnaturalizar el ideal de belleza y del cuerpo para varones y mujeres.

En Formación Ética y Ciudadana, se profundiza en los marcos normativos nacionales e internacionales relacionados con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Puntualmente, aquellos que remiten a la salud, la educación, la sexualidad y a la eliminación de mecanismos de discriminación contra la mujer. Se plantea la importancia de que los alumnos internalicen sus derechos y desarrollen capacidades para exigir su cumplimiento. Por otro lado, se especifican los derechos de las diversidades sexuales, ejemplificando con situaciones de violación de tales derechos y las formas de intervención del Estado velando por los mismos. La valoración a la libertad de las personas de vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones o preferencias trasunta la impugnación a la determinación de las identidades sexuales por factores naturales. Se promueve un análisis crítico en torno a las representaciones dominantes sobre la masculinidad y la femineidad. Caracterizadas por la fuerza y la fragilidad respectivamente, la de-construcción de tales estereotipos conduce a repensar sus roles en el seno de la sociedad. En ese sentido, se disocia la identidad femenina con la maternidad como elemento constitutivo.

En Ciencias Naturales, ocupa un lugar destacado la perspectiva científica en la comprensión de la sexualidad humana y en la salud reproductiva. Concomitantemente, se propone abordar las implicancias del pasaje de la niñez a la adolescencia, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, la maternidad y la paternidad. El acento es colocado en los procesos de autonomización y de responsabilidad progresiva del sujeto a la hora de emprender relaciones que involucran a la sexualidad. En esta etapa del proceso educativo, se coloca el énfasis en la información sobre el conjunto de métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad, así como en el análisis de cada uno de ellos, para una toma de decisión conciente y planificada. Se alienta el conocimiento de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y de los recursos disponibles en el sistema de salud contemplados en la normativa. En ese contexto, se recalca la relevancia del preservativo como único método existente para prevenir el VIH-Sida. Un detalle que no pasará inadvertido por los cuadros superiores de la Iglesia católica para cuestionar las políticas oficiales. También en esta área del conocimiento se promueve trabajar sobre las situaciones de violencia, acoso, incesto, abuso sexual, pornografía infantil y trata de niños, niñas y adolescentes. La cuestión del aborto es considerada desde un lente integral, atendiendo sus componentes éticos, de salud pública, moral, social, cultural y jurídico. La multiplicidad de dimensiones que se señalan refleja la complejidad de la problemática y la opción por un debate amplio que neutralice los planteos reduccionistas. En líneas generales, la salud sexual y reproductiva es interrogada desde una mirada holística, que procura integrar las variables biológicas, sociales, sociales, económicas, culturales, psicológicas, históricas, éticas y espirituales.

En Lengua, se plantea ahondar en los estereotipos y conductas discriminatorias a partir de la interpretación de textos que condensen situaciones de diferencias de clase, género, etnia, etc. Asimismo, se exhorta a reflexionar sobre episodios de convivencia en la vida cotidiana donde se perciban sentimientos de intolerancia hacia el otro/a.

La bibliografía estatal finaliza con un apartado para la formación de docentes. Allí se remarca la importancia de la capacitación y formación sistemática y la necesidad de reflexionar sobre sus saberes previos y representaciones sobre la sexualidad, para garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos en educación sexual. En ese proceso, se destaca: el trabajo previo sobre las incertidumbre, prejuicios y estereotipos de los educadores; la formación pluridisciplinaria y holística; la asimilación de los principios axiológicos constitutivos del Programa de Educación Sexual Integral, sustentados en una perspectiva crítica sobre los pilares normativos que han regido las relaciones de género y modelado la moral sexual, el abordaje integral de la temática desde el paradigma de los derechos humanos, la interpretación de la identidad sexual como construcción histórica y social, la generación de un escenario de convivencia en la diversidad y de promoción de derechos en niños, niñas y adolescentes; la adquisición de los conocimientos validados científicamente sobre la educación sexual; el conocimiento de la normativa nacional e internacional que regula el accionar estatal en educación sexual.

Como estrategias de formación docente continua, se sugiere la conformación de talleres de reflexión y de análisis de casos, lectura y discusión bibliográfica, participación en conferencias de especialistas, elaboración de planes de trabajo y la utilización de las nuevas tecnologías.

En síntesis, los Lincamientos Curriculares definen ejes programáticos generales sobre educación sexual para cada ciclo de enseñanza. Con el objetivo de lograr su inserción efectiva en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, la política ministerial optó por configurar un piso básico de contenidos. Cada comunidad educativa gozaba de la potestad de añadir su propia trama discursiva en función de su ideario institucional.

Las producciones del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación se completan con una serie de cuadernos diferenciados por nivel de la enseñanza. Destinados a los docentes, poseen una fuerte impronta pedagógica. Ofrecen contenidos, fundamentaciones conceptuales, recursos bibliográficos complementarios, propuestas y ejercicios de trabajo en las aulas para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Como denominador común, los tres cuadernos operacionalizan los principios rectores del Programa: la perspectiva de Derechos Humanos, el abordaje de la sexualidad desde un lente integral, la promoción de la salud sexual y reproductiva, y el respeto y valoración de la diversidad en materia familiar y de orientación sexual. Transversalmente y en adecuación a la edad de los alumnos, proponen una reflexión crítica sobre las representaciones, creencias y prejuicios arraigados en la sociedad.

Por último, trípticos de difusión y una secuencia de láminas visuales de tipo gigantografías fueron proyectados para reforzar la presencia de la educación sexual en las escuelas de todo el país. Ambos materiales versan sobre un abanico de ejes temáticos: identificación de las partes del cuerpo, derechos y cuidados del mismo, cambios sensitivos y físicos, exteriorización de emociones y sentimientos, métodos anticonceptivos, VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, igualdad entre el varón y la mujer, diversidad sexual, no discriminación, relaciones de pareja, múltiples configuraciones familiares. La combinación de materiales -lincamientos, cuadernos, trípticos y láminas-, su producción y distribución masiva responde a una estrategia trazada por las autoridades del Programa de sensibilización y capacitación docente por un lado, y de lanzamiento definitivo de una política pública de educación sexual a nivel nacional por otro.

Algunos puntos de confluencia, en un terreno de marcados contrastes, pueden registrarse en el ejercicio comparativo entre las pautas curriculares diseñadas por el Ministerio de Educación y la bibliografía específica del Episcopado. Por ejemplo, ambos abordajes instan a emprender un análisis crítico en torno a los patrones hegemônicos relacionados con el consumo, así como también frente a los mensajes predominantes emitidos por los medios de comunicación masivos. El fortalecimiento de una cultura solidaria, de convivencia y de valoración de un espíritu fraterno es compartido en las dos perspectivas. Ambos también subrayan la importancia de la sexualidad como dimensión constitutiva de la persona, objetan su homologación con la genitalidad y ponderan las emociones y sentimientos como factores determinantes de las relaciones interpersonales y sexuales.

Ahora bien, en el piso común de contenidos definidos por las publicaciones ministeriales, se plantean algunos tópicos, principalmente los concernientes a los modelos familiares y las identidades sexuales, a los dictados sobre el cuerpo y al mandato cultural modelador de roles de género, que entran en colisión con la cosmovisión católica.

Tanto en las fundamentaciones de la documentación oficial como en la religiosa, se apela a abordar la educación sexual desde un plano integral; esto es, la consideración de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos y espirituales como partes inherentes y complementarias de la identidad humana. No obstante, la coincidencia semántica debe interpretarse como un escenario de disputa por la apropiación del término “integral”. Desde la antropología católica, la discursividad estatal contiene una visión reduccionista de la sexualidad humana. Al descentrarla del matrimonio y concebir diversos usos a partir de la aceptación del deseo y el placer, enfatizaria más la genitalidad que la afectividad. Por otro lado, la preponderancia de una mirada sociocultural en la perspectiva de género desdibuja la dimensión religiosa del ser humano y desprecia su naturaleza biológica/’Hablar de educación integral y decir que ha de tener en cuenta además el desarrollo de las tendencias religiosas del ser humano requiere todavía una precisión. Lo religioso, en efecto, no es un elemento más, un añadido” (EPV, 1985: 124).

Para el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, los textos oficiales confunden integral con plural. En la libre disposición sobre los cuerpos se inscriben los géneros y múltiples identidades sexuales: heterosexual, bisexual, homosexual, transexual.

“La nota de integral equivale a un plural: se llama sexualidad integral a las sexualidades. La apertura a la diversidad subraya el desprecio del bíos (…). Bajo el amparo del género caben los diversos comportamientos sexuales: así se otorga carta de ciudadanía a la homosexualidad y sus variantes” {Notivida N° 607, 28/07/2009).

Como contrapartida, quienes rebaten los argumentos de naturaleza teologal, cuestionan la primacía otorgada al factor espiritual, la fuerte impronta biologicista y la negación de los clivajes históricos y sociales en la comprensión de los patrones hegemônicos que estructuran modelos familiares e identidades sexuales y moldean estereotipos de género.

En sustratos epistemológicos disímiles -uno basado en el paradigma científico, otro en el religioso- encontraremos los puntos de discordia entre el andamiaje conceptual estatal y la trama discursiva católica. En los Lincamientos Curriculares elaborados por el Ministerio de Educación, se divisa una pluma sociológica que permea y atraviesa los ejes temáticos contemplados. La invocación a la dimensión socio-histórica -por tanto, a la contingencia- para interpretar la hegemonía de un formato de familia, la asignación de roles diferenciales para la mujer y el varón y los componentes de una moral sexual determinada, supone un ejercicio de desnaturalización del orden social.

Justamente de la naturalización de un modelo de sociedad se nutre el esqueleto de las argumentaciones confesionales. La institución familiar -entendida en el tipo nuclear-, ideada por Dios y por tanto previa al Estado y a la Iglesia, está sujeta a leyes naturales. En ese sentido, su estructuración no obedecería ni a motivos históricos ni de creencias, sino a un basamento filosófico esencialista. Otros modelos de composición familiar presuponen la libre determinación de los individuos sobre un asunto de mandato divino. La Ley de Educación Sexual Integral hace una descripción de los diferentes formatos familiares, sin un pronunciamiento preferencial por el modelo nuclear. La crítica se centra en la aceptación igualitaria de los distintos “modelos familiares”.

La fuerte insistencia en la ley divina como norma universal y objetiva relativiza la capacidad de decisión y autonomía de los sujetos y pone en tela de juicio la extensión de las libertades individuales. La libertad es entendida como un potencial que el ser humano posee, pero que se haya limitado por la ley natural. La tensión entre el considerado relativismo de la cultura contemporánea y el acervo de principios absolutos de la doctrina católica reproduce la contradicción entre libertad y verdad que Juan Pablo II expuso en la encíclica “Veritatis Splendor” de 1993:

La libertad no puede concebirse como un absoluto sin relación con la verdad. Reina en muchos ambientes un subjetivismo moral que va imponiendo una ética individualista. La ley natural es universal y permanente y no evoluciona en su sustancia de acuerdo con los conceptos culturales. Es válida para todas las culturas, porque tiene que ver con la naturaleza del hombre.

En algunos casos, se ha llegado a un replanteo radical del papel recíproco de la razón y de la fe en la determinación de las normas morales que se refieren a comportamientos intra-mundanos, asignando a la razón autónoma la tarea de establecer creativamente las normas relativas al bien humano. Sólo en la verdad, la libertad del hombre tiene un carácter humano y responsable. La verdadera autonomía moral, conciliable con la doctrina católica, es aquella mediante la cual la libertad del hombre y la ley de Dios se encuentran y se compenetran recíprocamente. La ley natural subordina la razón a la Sabiduría divina. El juicio último de la conciencia debe dejarse iluminar por la ley divina, norma universal y objetiva de la moralidad. La encíclica rechaza toda disociación entre una opción fundamental de carácter trascendental y las opciones deliberadas de actos concretos (Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor, 1993).

La discusión nos lleva a los supuestos de los procesos de autonomi-zación del sujeto sostenidos desde la plataforma de la modernidad. Y repercute en los otros segmentos aquí analizados. La perspectiva del Programa de Educación Sexual supone un reconocimiento de la soberanía de los individuos sobre sus cuerpos y de los derechos que disponen como ciudadanos. El respeto a las libertades individuales prima por sobre los imperativos categóricos que circundan a la moral sexual. La sexualidad, no circunscripta a los fines reproductivos, se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, con una clara reivindicación de la autonomía de los sujetos en el ejercicio de la misma y en la libre disposición para el uso de sus cuerpos.

El marco teórico que subyace a la trama argumentativa oficial induce a una deconstrucción de las representaciones y comportamientos que nos definen como sociedad. Alienta una evaluación crítica sobre la maternidad de la mujer como condición inmanente y sobre los patrones heterosexuales en la definición de las identidades sexuales. No pondera un modelo familiar en detrimento de otros; por el contrario, concibe relaciones vinculares entre personas del mismo sexo. Por otro lado, no circunscribe la validez del vínculo a la formalidad civil o religiosa del casamiento. Asume el enfoque de los derechos humanos para promover la igualdad entre las múltiples identidades sexuales y se basa en la construcción histórica y social de las formas de ser varón y mujer para repensarlas en función de los tiempos presentes. La sexualidad es interpelada desde un prisma no necesariamente asociado a la procreación. El acuerdo mutuo y la elección libre de toda coacción son señalados como condiciones suficientes para la concreción de un encuentro sexual.

Se nutre de la información científica como recurso legitimador de sus enunciados y destaca el uso de anticonceptivos como único método de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Sostiene que el acceso igualitario a ese bagaje de conocimientos propiciará una mayor reflexividad y autonomía de los individuos en la toma de decisiones cotidianas. Le otorga al Estado un papel activo, en tanto garante del ejercicio de derechos, en tanto animador de una convivencia social centrada en la valoración de la diversidad.

En ese rol asignado al poder civil discurre la tensión entre lógicas universalistas y particularistas presentes en las secuencias discursivas estatales y religiosas. Los textos elaborados por el Ministerio de Educación revindican la universalidad del derecho a recibir educación sexual como umbral de ciudadanía para niños, niñas y adolescentes. El derecho a la salud sexual y reproductiva es interpretado como un derecho humano de carácter universal. Desde esa línea argumentai, un modelo formativo con orientaciones morales que respondan a una doctrina religiosa encarna una particularidad que tiene validez en el marco de la libertad de conciencia y la potestad de los padres para elegir el tipo de educación para sus hijos, toda vez que garantice el acceso a aquel derecho universal.

Los escritos episcopales invierten la ecuación. El enfoque estatal, sustentado en la perspectiva de género, supone una visión particular de la conformación del orden social que se impone utilizando los recursos del poder público. Por el contrario, la doctrina católica delinea un desarrollo conceptual basado en las raíces naturales de la vida social, comunes a todos.

Desde la idiosincrasia eclesiástica, los derechos del individuo son otorgados y regulados por el poder divino. La idolatría a la libertad y la autonomización en torno a los principios trascendentes habrían desembocado en un permisivismo moral y un relajamiento en las costumbres que, entre otras consecuencias, habría traído aparejado la disolución de la familia, la homosexualidad, la reformulación de la feminidad, la práctica sexual disociada de la procreación e, incluso, la propagación de enfermedades como consecuencia de la pérdida del compromiso hacia la fidelidad conyugal. Existiría una secuencia lógica entre la propagación del paradigma moderno y el surgimiento de comportamientos humanos alejados de la moral cristiana.

A su vez, la perspectiva o ideología de género -como es nomina-lizada- es condenada por definir el sexo menos por su naturaleza biológica que por su construcción cultural. La inscripción de la identidad masculina y femenina en la cultura habilita la variabilidad histórica de sus significaciones. De ese modo, quedaría validada la homosexualidad, la bisexualidad y el travestismo, expresiones de la sexualidad que no responderían al “orden natural” de la vida social. Asimismo, interpretar desde un clivaje sociocultural las relaciones entre el varón y la mujer conlleva a analizar la historicidad de tales vínculos, comprender las estructuras de poder que han modelado sus tramas y, en definitiva, desnaturalizar los estereotipos de género. Desde la antropología católica, ese pensamiento promueve un enfrentamiento entre los sexos con consecuencias destructivas para la familia. Percibe una lógica antinómica en ese abordaje conceptual que propugna la eliminación de todo condicionamiento biológico, minimizando así las diferencias naturales entre el varón y la mujer.

Por otro lado, considera una violación a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, la imposición de imágenes transe-xuales u homosexuales durante la etapa de crecimiento y desarrollo del infante. La naturalización de lo anti-natural’ es atribuida a la perspectiva de género y catalogada como un atentado a la integridad psicológica de los menores.

Esta eclesiología desconfía de las posibilidades del conocimiento científico para garantizar el bienestar de la humanidad, si producto de ese desarrollo, se exacerba la subjetividad de la persona humana cada vez más disociada de Dios. Se plantea que la formación aséptica en términos religiosos que se postula desde la educación laica no respeta las convicciones y creencias de los alumnos. Se le asigna un tinte ideológico a la propuesta estatal, en contraposición con el componente moral presente en el mensaje religioso. Por ello, se insta al Estado a estimular en los educando el cultivo de la fe y de los valores religiosos. Como trasfondo, se resiste a pensar en un esquema secularizado, en el que la religión sea una esfera entre otras tantas, desplazada de la posición axial que gozaba en el mundo medieval para regular todos los espacios de la vida social (Pierucci, 1998).

En cuanto al rol del Estado, prevalece la lógica regida por el principio de subsidiariedad, que prescribe un accionar que no obture el desempeño de las comunidades inferiores. A su vez, los derechos de la familia sobre la educación y la moral sexual corresponderían a un plano natural y en consecuencia, serían pre-existentes a las estructuras de poder mundanas. Cualquier reglamentación que tendiera a modificar alguno de esos derechos atentaría contra la ley superior. Los métodos anticonceptivos son visualizados como parte de una estrategia moderna de colonización por parte de los organismos internacionales de crédito. Un “colonialismo biológico” que intentaría impedir el crecimiento de la natalidad en regiones escasamente pobladas, frenando la posibilidad de un desarrollo sostenido y vulnerando el ejercicio de la soberanía nacional. Como contrapartida, la voz eclesiástica reafirma su posición a favor de las relaciones sexuales dentro del matrimonio y con fines reproductivos, así como del empleo de métodos naturales de anticoncepción.

Recapitulando, la educación sexual es concebida como una formación para la castidad, la vida matrimonial monogámica y heterosexual y la construcción de una familia nuclear. La consideración de la sexualidad bajo la perspectiva de los derechos humanos habilita un ejercicio libre de la misma, despojada de toda orientación moral. La representación de un vacío referencial en el mundo moderno proyecta un escenario pesimista, habida cuenta de la inestabilidad familiar, la precariedad de los vínculos afectivos y la emergencia de enfermedades de transmisión sexual.

Si el objetivo central de la educación sexual para la perspectiva confesional es la prescripción de un modelo de familia a seguir y de una vida sexual a incorporar; la concientización del derecho a la sexualidad y a la información, así como la apropiación de los principios de igualdad y no discriminación se erigen en piedras angulares de la cosmovisión oficial.

En definitiva, la racionalidad axiológica impulsada desde sectores religiosos enfrenta a una conjunción de racionalidades sostenidas desde los espacios estatales. Por un lado, al inscribirse la discusión en la órbita de los derechos humanos, el debate se sitúa en la misma esfera que propician las jerarquías eclesiásticas: un escenario de pujas doctrinarias que obtendrán adhesiones de acuerdo a las subjetividades y afinidades sociales. Pero la argumentación oficial adiciona la apelación a una racionalidad positiva cuando interpela a los jóvenes como sujetos de derecho. E incluso a una superposición entre la racionalidad en valores y otra instrumental, al indicar entre los fundamentos de la educación sexual, su correlación con la salud pública.

A modo de síntesis, el siguiente cuadro resume el análisis comparativo entre el abordaje estatal y el eclesiástico sobre los múltiples tópicos que remiten al proceso de educación en sexualidad.

Indudablemente, el horizonte de implementación de cursos, talleres, materias o clases que abordaran cuestiones vinculadas con la educación sexual resultaría tan nebuloso como el que debieron atravesar los procesos de sanción legislativa y de discusión en torno a los contenidos curriculares por parte de la comisión de expertos convocada por la cartera educativa.

Una primera aproximación y observancia comparativa de los procesos de inclusión de la educación sexual en el sistema escolar de las jurisdicciones de todo el país revelará la extremada dificultad en aunar criterios para una aplicación armoniosa. El propio referente católico en temas educativos, el arzobispo Héctor Aguer, resumió las antagónicas concepciones sobre educación sexual. “Nosotros entendemos la educación sexual como una educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia (…)”. En alusión a la política oficial, impugnó que se proclame “el derecho humano al sexo para niños y adolescentes y decidir así tener o no relaciones, libres de todo tipo de coerción, y a no sufrir ninguna consecuencia indeseada por ello”. Y que no se hable “ni amor, ni responsabilidad, ni matrimonio, ni familia como proyecto de vida” {Clarín, 11/02/2010).

La prevalência de paradigmas diversos y estadios dispares obligan a emprender evaluaciones y diagnósticos diferenciados.

1. Hasta la reflexión navideña de Pío XII, era predominante en el pensamiento católico una estigmatización hacia la democracia, en tanto régimen de gobierno adscripto al ideario liberal.↵

2. Es pertinente añadir que en Argentina, los colegios confesionales reciben subsidios estatales desde mediados del siglo XX. En 1943, el gobierno militar estableció la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Cuatro años después, esa disposición adquirió fuerza de ley hasta 1954, cuando fue anulada. Sin embargo, siguió vigente el otorgamiento de fondos públicos ala educación privada para el pago de los salarios docentes. Con la descentralización del sistema educativo en 1992, las jurisdicciones provinciales asumieron la continuidad de esos subsidios que perduran -en algunos casos, se han ampliado- hasta el día de hoy.↵

3. La reivindicación de la objeción de conciencia sin más puede atentar, según las circunstancias, contra el derecho de terceros. La autoridad máxima de un centro de salud debe garantizar el cumplimiento de la norma sanitaria, independientemente de sus convicciones religiosas o filosóficas. La objeción de conciencia es válida en términos individuales, pero resulta discutible en términos institucionales.↵

4. Ambos tratados internacionales hacen referencia a la patria potestad.↵

5. El propio Estatuto de la CEA contempla en el Art. 24, inciso c, que "en virtud del bien común y de la comunión jerárquica, buscarán los miembros de la Conferencia Episcopal ejecutar lo establecido en la Asamblea Plenária y abstenerse de pronunciamientos públicos contra lo acordado".↵

6. En este caso, la Declaración sobre la educación cristiana de la juventud (Gravissimun educationis momentum).↵

7. La secuencia del conflicto, desatado en 2009, es analizada en el epílogo de esta presentación.↵

Epílogo: la educación sexual y sus condiciones de posibilidad como política pública

Una vez obtenido el respaldo jurídico en 2006, la generación de las condiciones para la aplicación de la ley marcaría el camino a seguir para el Ministerio de Educación de la Nación. Una comisión de especialistas tendría la responsabilidad de elaborar los primeros documentos orientativos de los lincamientos curriculares. A la hora de detallar los criterios para definir sus integrantes, se hará manifiesta nuevamente la tensión entre las áreas de injerencia del Estado y las instituciones religiosas. Distintos modelos de Estado y de democracia se ponen en juego entre quienes se inclinan por una u otra composición de aquella comisión.

La participación de representantes de los credos -católicos, evangélicos y judíos- en la conformación del equipo que delinearía los contenidos en educación sexual del Ministerio de Educación es indicador, por un lado, de un imaginario político que naturaliza la inclusión de los actores religiosos en la definición de una política pública.

Por otro, de la lógica de actuación bifronte principalmente de la Iglesia católica, pero en forma creciente de otras organizaciones confesionales también, que particionan su presencia en la sociedad civil y en la sociedad política, reclamando derechos en ambos frentes.

Advertíamos que la legislación aprobada finalmente había autorizado a que cada comunidad educativa pudiera adaptar los lincamientos estatales a su ideario institucional. En definitiva, las entidades religiosas gozaban de cierta autonomía para impartir en sus escuelas una enseñanza en sexualidad a partir de sus principios axiológicos. No obstante ello, obtuvieron un espacio para discutir los contenidos que circularían en los colegios estatales.

Son estos procesos los que recrean la discusión sobre los límites legítimos de la participación pública de instituciones religiosas. Válida para algunos, en tanto expresión parcial de la sociedad civil en un contexto democrático (Casanova, 1999); cuestionable para otros, por su incidencia en la conformación de las normas civiles (Habermas, 2006). Lo cierto es que la vigencia de las influencias políticas de los principales actores religiosos, innegables protagonistas del escenario público, re-actualiza el debate en la teoría social.

La descentralización educativa, implementada con las reformas durante la década del ’90, otorgó mayores autonomías a las gestiones provinciales. Cada jurisdicción gozaba de la potestad para decidir cuándo y cómo aplicar la Ley de Educación Sexual Integral. El menor alcance de las capacidades regulatorias del Estado Nacional resultó funcional para una Iglesia católica que detenta una mayor efectividad en la prédica sobre las autoridades educativas provinciales.

Los escollos en la aplicación de la legislación en las provincias donde ya se había sancionado una ley de educación sexual presagiaban un derrotero de fuertes resistencias a la implementación de la normativa nacional[1]. En Santa Fe, la legislación fue aprobada en 1992. Sin embargo, el sistema educativo lejos estaba de haber incorporado contenidos en educación sexual. A su vez, el documento “Proyecto de capacitación docente: educación en sexualidad”, elaborado por el Consejo Asesor del Programa de Salud Reproductiva, era desestimado en el diseño de las políticas públicas. La disposición del Ministerio de Educación provincial de declarar de interés el curso “Educación en valores y sexualidad”, con claro tinte confesional, delineaba un perfil de gestión más receptivo a las tradicionales influencias de los poderes religiosos que al cumplimiento de las prescripciones legales.

En mayo de 2008, pasados casi dos años de la aprobación de la ley nacional, los Lincamientos Curriculares -redactados por personal técnico de la cartera educativa luego de la imposibilidad de que la comisión de expertos consensuara un documento único- fueron ratificados por el Consejo Federal de Educación. Tampoco aquí la conformidad resultó asequible. Los reparos de determinadas autoridades educativas provinciales -San Juan, San Luis y La Rioja, por ejemplo- eran homólogos a los de la Iglesia católica. Sus representantes cuestionaban la inclusión de la perspectiva de género y una supuesta supremacía estatal en la definición de los contenidos sobre educación sexual, que desnaturalizaría el papel de los padres. La definición de un piso de contenidos mínimos sobre el que cada jurisdicción podría luego prof undizar y adicionar otros elementos facilitó el consenso del cuerpo.

Paralelamente, un relevamiento del Centro Latinoamericano Salud y Mujer indicaba que la mayoría de los adolescentes escolarizados del Área Metropolitana de Buenos Aires desconocía su derecho a recibir educación sexual en el colegio y a solicitar asesoramiento gratuito sobre métodos anticonceptivos en hospitales.

El hiato existente entre la aprobación de dos leyes -la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual- y la aplicación de las mismas, responsabilidad de los ministros de Salud y Educación provinciales, advierte la mayor efectividad de la influencia católica sobre los poderes ejecutivos locales que sobre los ámbitos parlamentarios nacionales. Los vínculos cotidianos con los funcionarios de gobierno -en muchos casos, la designación de los titulares de la cartera sanitaria y educativa ha requerido de la venia eclesiástica- contrastan con la lógica parlamentaria, más sensible a las agendas construidas por organizaciones activas de la sociedad civil. Este desfasaje o dislocación entre normas vigentes y el retraso de su reglamentación o implemen-tación abre nuevas líneas de indagación sobre la cultura dominante en la gestión de lo público, sobre las disímiles eficacias de los poderes religiosos en sus capacidades de influenciar los ámbitos parlamentarios y ejecutivos y sobre los umbrales de laicización estatal (Bauberot, 2005).

Como señalábamos, las instancias de elaboración de aquellos lincamientos y, posteriormente, la aplicación de la legislación resultarían tan complejas como las de la sanción de la propia normativa. Estos procesos reflejan los niveles de interpenetración entre lo político y lo religioso, en el marco de una sociedad que, desde su pluralidad y diversidad, fuerza el tratamiento de asuntos que conducen a la ampliación de derechos ciudadanos. La inclusión de aquel artículo que otorga cierta autonomía a las escuelas religiosas para adaptar’ los materiales didácticos producidos por las autoridades públicas a su ideario institucional, es indicador del grado de receptividad de las demandas de contenido religioso por parte de los “decisores” políticos.

La bajada pedregosa de la ley a la realidad educativa discordaba con el masivo respaldo de los docentes en particular y la sociedad en general. El 95% de los maestros reconocía la necesidad de impartir educación sexual en los colegios (Clarín, 07/12/2008). A su vez, el CONICET junto con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, realizó en 2008 una investigación sobre creencias y actitudes religiosas de la población mayor de 18 años residente en Argentina. Es dable subrayar el contexto generalizado de defensa de la privacidad para resolver asuntos de la vida cotidiana y de promoción de mayores derechos ciudadanos. Asimismo, la escuela y el hospital público aparecen como ámbitos altamente legitimados para dictar cursos y brindar información sobre educación sexual y distribuir anticonceptivos gratuitamente. Casi la totalidad de la sociedad argentina (92,4%) mostró su conformidad con que la escuela incorporara cursos de educación sexual para los alumnos. Apenas el 6,2% no compartía esa política. Porcentajes similares respecto a si la escuela debería informar acerca de los métodos anticonceptivos. El 93,6% se pronunció favorablemente; solo el 5,8% manifestó su negativa. Complementariamente, el 95,8% estuvo a favor de que los hospitales, clínicas y centros de salud entregasen anticonceptivos de manera gratuita. Sobre estos tópicos accionan las instituciones religiosas, que pugnan por contribuir desde su normatividad ética a los universos de sentido que se construyen en el espacio público y privado.

Ahora bien, ni la religión de pertenencia, ni el nivel de instrucción, ni el lugar de residencia son factores que indiquen una variabilidad definida en las opiniones con respecto a la educación sexual. No obstante, en la población evangélica, en los sectores de menor instrucción, en el NEA, NOA y Cuyo, en los residentes de ciudades intermedias, encontramos los mayores niveles de rechazo a la inclusión de este tópico en el sistema educativo en un contexto de amplio consentimiento. Si para el total país, apenas el 6,2% reprueba esa política educativa, en el caso de los evangélicos el 10% manifiesta su contrariedad. En la franja social sin instrucción o con primaria incompleta, el 16,6% se expresa en idéntico sentido; en el NEA el 8,9%; en el NOA el 8,4%, en Cuyo el 10,3% y en las ciudades intermedias el 9,2%.

Como contrapartida, los que más se identifican con la inserción de la educación sexual en los colegios se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (94,2%) y en la Patagonia (93,8%). A su vez, los católicos (93,3%), los indiferentes religiosos (94,5%) y quienes han completado el secundario o iniciado estudios universitarios (95,9%) exteriorizan una conformidad superior a la media nacional.

La condición de religiosidad de la ciudadanía y la permanencia de una cultura cristiana, basada en la creencia en Jesucristo, la Virgen María, el Espíritu Santo y los Santos, no supone la aceptación de la injerencia de los especialistas religiosos en la regulación de asuntos relacionados con la vida privada. Se cristaliza aquí una valoración de la autonomía de conciencia como signo de una secularización societal. Las instituciones con anclajes en la tradición pierden eficacia como estructuras de plausibilidad (Berger, 1981), habida cuenta de la propensión individual a la fluidez en los vínculos y a la mayor indefinición de sus opciones y elecciones de vida. Profundos procesos de desafiliación y de re-afiliación subvierten los vínculos entre el individuo y las instituciones, entre ellas, las religiosas. Los fieles construyen sus propios itinerarios religiosos, apropiándose de creencias de diversas procedencias y estructurando sus universos de sentido a la medida de ellos mismos y de acuerdo a sus necesidades materiales, espirituales, simbólicas. Ello no supone la pulverización absoluta de redes u organizaciones colectivas -en algunos casos, incluso potencia el reagrupamiento en comunidades de reafirmación identitaria-, sino la menor incidencia en la regulación de las pautas de conducta y la mayor dificultad en recoger identificaciones sociales por parte de las instituciones tradicionalmente dadoras de sentido. Entran a tallar actores de otros campos -léase científico-, cuyas prédicas parecen tener mayor receptividad. Apenas el 7% considera que el Estado debe atender principalmente la opinión de los obispos y pastores a la hora de definir las políticas públicas en materia de anticoncepción y natalidad.

El campo religioso no ha permanecido ajeno a estas transformaciones socio-culturales. La desregulación del mercado de bienes de salvación supone la conformación de bricolages religiosos construidos por individuos que desairan los marcos normativos de las instituciones religiosas. Impregnados por una fuerte cultura cristiana, los fieles no se aferran a un encuadramiento determinado. Prefieren circular, peregrinar, transitar. La construcción de la identidad religiosa es hoy un proceso inacabado y fragmentario, que se actualiza continuamente; no responde a un formato delineado por una estructura ‘de una vez y para siempre’ (Bauman, 2003).

Emergen nuevas modalidades de creer, con bajos niveles de práctica y distantes de las prescripciones morales que las autoridades eclesiásticas pregonan. Así, surgen nuevas categorías que reflejan con mayor precisión las recomposiciones sucedidas en el campo religioso: cuentapropismo religioso, creyentes sin religión, creer sin pertenecer, religión difusa, católicos sin Iglesia.

Si incorporamos al análisis que mayoritariamente la sociedad se relaciona con lo trascendente por cuenta propia y no a través de las mediaciones institucionalizadas, comprenderemos la compatibilidad entre los niveles de identificación con el catolicismo y la distancia con los postulados sostenidos desde la propia institución. Desde este punto de vista y sin desconocer su estructura vertical, resulta inapropiado interpretar la cosmovisión de uno de sus actores, más allá de su investidura jerárquica, como la visión de todo el campo católico.

En los hechos, la posición ampliamente favorable de la ciudadanía en torno a la educación sexual se ve menguada muchas veces por ‘minorías intensas’ con representación mediática y respaldos institucionales. Si nos detenemos en los pronunciamientos esgrimidos por las autoridades de la cartera educativa, notaremos que en reiteradas oportunidades estaban dirigidos a ese 6% que se manifestó en contra de la educación sexual. Luego de la primera reunión federal de Educación Sexual Integral, el entonces Secretario de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, aclaró que el mismo “no se centra en la genitalidad ni es biologicista. Tiene una mirada trascendente, con eje en el amor, los afectos y el respeto por el otro. Tampoco pone en discusión a la familia como primer entorno educador del alumno” (Clarín, 07/12/2008). Sus intervenciones tuvieron como destinatario imaginario a las voces discordantes que provenían de las instituciones religiosas. La tendencia a resaltar los aspectos de la ley más amigables a los oídos eclesiásticos evidencia el lugar protagónico que la Iglesia católica ocupa en el imaginario político, independientemente de la afinidad entre sus postulados y la opinión ciudadana mayoritaria.

Asimismo, el énfasis colocado en las enfermedades de transmisión sexual como fundamento para la incorporación de la educación sexual en los colegios relegaba en el plano discursivo un aspecto contemplado por la propia legislación: la interpelación a los adolescentes como sujetos de derecho, empoderados para recibir esos contenidos en las salas de aulas.

De todas maneras, era manifiesta la voluntad política estatal de hacer efectivo el derecho de los educandos a recibir educación sexual. En diciembre de 2008, tal como lo estipulaba la legislación, se creó el Programa de Educación Sexual Integral -PESI-, bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. A partir de la conformación de este espacio institucional, se dinamizaron las acciones para cumplir con las responsabilidades asumidas en materia de educación sexual.

En ese transitar, a mediados de 2009 y a días de la designación de Alberto Sileoni como titular de la cartera educativa, recrudeció el conflicto con Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, nombrado a su vez Presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica. El prelado consideró que los documentos promovidos por el Estado Nacional se inspiraban en el “neo-marxismo de la Escuela de Frankfurt”, que “impone una teoría crítica que pretende hacer del niño un pequeño teórico crítico para cambiar la sociedad”.

También calificó de “imposición totalitaria de dogmas ateos” al ‘Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/Sida’, elaborado por los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Salud de la Nación[2]. Dogmas construetivistas que responderían a una religión civil de un Estado laico y a una cultura foránea, desvinculados de “la tradición nacional y los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo” (Notivida N° 607, 28/07/2009). En el caso de la provincia de Buenos Aires, Aguer alertó sobre el incumplimiento de la Constitución, al aducir que “los niños bonaerenses deben ser educados en los principios de moral cristiana” (Clarín, 22/06/2009).

Sus expresiones tributan a un ideario que pone de manifiesto con claridad la perdurabilidad de la cosmovisión que equipara la identidad nacional con la identidad católica. Más allá de la exactitud de su referencia[3], cabría preguntarse si tal prescripción no atenta contra el principio de libertad de conciencia. En una sociedad diversa desde el punto de vista religioso, alumnos no cristianos o con indiferencia hacia lo religioso, se verían obligados a recibir una educación ajena a sus valores.

En el Boletín Notivida, focalizado en la defensa de la familia y en el derecho a la vida desde la concepción, de la pluma del purpurado se desprende una línea argumentai que subsume al orden natural todas las dimensiones de la vida social. El arzobispo de La Plata caracterizó aquel documento oficial de “reduccionista (la sexualidad no contempla el bien integral de la persona (…), constructivista (no reconoce la existencia de una naturaleza de la persona y de sus actos) y neomarxista (interpreta la sexualidad según la dialéctica del poder)” (Notivida, op. cit.).

Asimismo, señala que “la ideología de género se expresa en este documento con el máximo rigor. Se presenta esa perspectiva como el instrumento para modificar significados y prácticas que, según tal visión reduccionista, son construcciones obstaculizadoras que impiden el acceso efectivo a los derechos que se enuncian, referidos al ejercicio de la sexualidad. La perspectiva de género establece una escisión en la realidad viviente de la persona humana: por un lado lo biológico, físico y corpóreo; por otro, la libertad, la creatividad que caracteriza a un ser personal y sus manifestaciones en la conducta y en la cultura. Aquella escisión es la base para afirmar, en la perspectiva de género, la elección de la orientación sexual” (Notivida, op. cit.).

La promoción del preservativo como único método de prevención de enfermedades de transmisión sexual es desafiada tanto en el contenido del anuncio, como en su “designio profundo, la “deconstrucción” de una concepción de la sexualidad de acuerdo al orden natural y a la tradición cristiana” (Notivida, op. cit.).

Las objeciones no estuvieron centradas solamente en el encuadre sociológico e histórico; también la metodología de aplicación resultó cuestionada, ya que desde la perspectiva del dignatario, “parece otra imposición totalitaria del Estado” (Notivida, op. cit.) que atentaría contra la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la potestad de los padres de elegir la formación moral y educativa de sus hijos.

Si se tiene en cuenta que las experiencias internacionales señalan un inicio más tardío de las relaciones sexuales, un descenso en la cantidad de embarazos no deseados y aborto, así como un menor registro de enfermedades venéreas en jóvenes a partir de la implementación de programas de educación sexual[4]; la reacción de la autoridad episcopal parecía estar motivada menos por los contenidos de una política pública que por el debilitamiento relativo del poder institucional de la Iglesia católica. Históricamente, la gestión de áreas de gobierno relacionadas con la educación, la moral sexual y la planificación familiar, estaba a cargo de cuadros con cierto grado de organicidad con la institución católica. O, en todo caso, la Iglesia era reconocida como interlocutora privilegiada en el diseño de las políticas estatales en esos rubros. La percepción de cierto desplazamiento de ese rol protagónico en la definición de las políticas de educación sexual resultaba inadmisible desde la subjetividad y la memoria histórica de los referentes superiores de la Iglesia católica.

Ahora bien, la controversia con el religioso tornó más visible la problemática en la agenda pública y, como paradoja de las consecuencias, sirvió de aliento para robustecer el espacio del PESI al interior del Ministerio de Educación.

La presentación del Programa en las jurisdicciones, la generación de ámbitos de intercambio y fortalecimiento de referentes provinciales, la conformación de equipos intersectoriales de salud y educación, la elaboración de materiales pedagógicos y de sensibilización, la capacitación docente y la articulación con los equipos técnicos de los Ministerios de Educación de las provincias para la incorporación de los Lincamientos Curriculares de Educación Sexual Integral en los diseños curriculares del nivel inicial, primario y secundario, surgían como los objetivos constitutivos del mismo.

En ese sentido, desde el PESI se diseñaron diversas modalidades de acción. A mediados de 2009, se planificaron talleres de capacitación virtual, de tres meses de duración, dirigidos a los Institutos de Formación Docente de todo el país. Las escuelas debían designar a tres docentes -uno de ellos, debía ser parte del staff directivo- para participar del proceso formativo. El curso abordó cuestiones sobre sexualidad, infancia, adolescencia, derechos, salud y prevención y aportó las herramientas metodológicas para impartir los contenidos conceptuales a los alumnos de las diferentes edades. La capacitación se instrumentó también a través de la presentación de los documentos oficiales y encuentros con supervisores, directivos, docentes y con los capacitadores de los trayectos formativos de directores. A su vez, con la asistencia técnica y acompañamiento a las jurisdicciones, se buscó impulsar la aplicación de la educación sexual en los colegios y consolidar la formación de un equipo técnico local. Para ello, se han organizado encuentros regionales (NOA, NEA, Sur y Centro) con referentes provinciales de educación, educación sexual y salud. Asimismo, la realización de un Encuentro Federal de Educación Sexual Integral en mayo 2010 sirvió de plataforma para la presentación de los materiales de desarrollo curricular e intercambio de experiencias que visibilizaran las acciones emprendidas. La convocatoria estuvo direccionada a los referentes de educación sexual y representantes de las direcciones de los niveles educativos de las distintas jurisdicciones y responsables de programas de los Ministerios de Salud, Educación y Justicia.

La articulación con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales se inscribió en la lógica de visibilización y diseminación de las propuestas del PESI. En el período 2009-2010, se desarrollaron acciones y/o encuentros con los Programa Envión, Prevención Escolar, el INADI, el Consejo Nacional de Mujeres y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), entre otros.

La producción y distribución masiva de materiales fue la estrategia definida desde las autoridades del Programa para afianzarse como tal e instalar la temática en las agendas educativas provinciales y en la sociedad en general. La Ley de Educación Sexual cumplía cuatro años y no en todas las jurisdicciones se sabía de su existencia. Los Lincamientos Curriculares, la serie de cuadernos y las láminas para cada nivel de enseñanza desembarcaron en buena parte de las escuelas del país, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa en su conjunto y capacitar a los docentes en una temática novedosa desde el punto de vista del diseño curricular. Simultáneamente, el Canal Encuentro incorporó cortos televisivos sobre educación sexual, que han focalizado en la prevención del embarazo en la adolescencia y en los derechos sexuales y reproductivos. Si 2009 implicó la preparación y puesta a punto de los materiales pedagógicos, 2010 robusteció el trabajo de articulación entre el Ministerio de Educación de la Nación, sus contrapartes provinciales y los establecimientos educativos.

El impacto del plan de acción ejecutado desde el PESI en las jurisdicciones lejos ha estado de ser uniforme. Varios factores han incidido en la configuración de un mapa nacional que se presenta extremadamente heterogéneo en la clave analizada.

En primer lugar, habida cuenta del número significativo de escuelas confesionales -mayoritariamente católicas- diseminadas por todo el país, el posicionamiento público del Episcopado no ha pasado desapercibido. Esta afirmación no debe interpretarse desde una mirada lineal. Los procesos de des-institucionalización también permean la estructura católica y repercuten en la cristalización de bisagras de autonomía de los colegios religiosos con respecto a las prescripciones que establecen las autoridades eclesiásticas. De allí que se registren experiencias de instituciones educativas religiosas que han incorporado parcialmente las pautas curriculares del Ministerio de Educación. Pero innegablemente la voz oficial de la Iglesia católica es contemplada por buena parte de las autoridades de los colegios confesionales y, del mismo modo, por los responsables de definir las políticas educativas en las jurisdicciones provinciales.

Un segundo elemento a considerar es justamente la falta de voluntad política de algunas autoridades provinciales para avanzar en el cumplimiento de la ley nacional. Sea por sus convicciones religiosas, sea por la centralidad otorgada a la opinión del obispo local o por una combinación de ambos componentes, lo cierto que la implementación de la normativa dista de ser homogénea en la vasta geografía nacional.

Un tercer ingrediente gira en torno a la cultura docente y su nivel informativo. En líneas generales, desconocen la aprobación de una ley de educación sexual, así como los lincamientos curriculares. Y aún los que cuentan con esa información, su grado de capacitación para abordar la problemática es limitado. La recurrencia a sus experiencias y conocimientos previos, sin el ejercicio de desnaturalizar su percepción subjetiva, dificulta la generación de actitudes formativas. La utilización en mayor medida de los manuales de texto en lugar de los documentos oficiales nos habla de contenidos curriculares diseñados por las editoriales que, en muchos casos, no se ajustan a los lincamientos establecidos por el PESI.

Un cuarto componente está marcado por la existencia de aspectos legales ambiguos y dispares. Si bien la Ley Nacional de Educación Sexual Integral prescribe la definición de los lincamientos curriculares por la agencia educativa estatal para todos los niveles y modalidades del sistema escolar; al mismo tiempo, avala la estructuración de contenidos propios por parte de las instituciones educativas, sin arrojar pistas sobre las instancias de conjugación de ambas propuestas en un mismo diseño pedagógico. Fundamentalmente en aquellas situaciones en que el proyecto pedagógico institucional se distancie -o incluso sea incompatible con- el marco conceptual sostenido por el PESI.

Finalmente, los contrastes de la normativa educativa en las distintas jurisdicciones argentinas. Vale detenerse en este punto para reflejar el complejo andamiaje jurídico nacional y provincial y la predominancia, en un número significativo de casos, de la impronta confesional sobre el derecho positivo. Este análisis comparativo nos permitirá contextualizar la suerte diversa que caracteriza la marcha de la ley de educación sexual como política pública a lo largo y a lo ancho del país.

La educación en clave legislativa

La educación argentina ha contemplado desde sus inicios la enseñanza pública y privada, dentro de ésta, también la religiosa. En 1884, la aprobación de la Ley de Educación Común N° 1420, asentó las bases de una educación obligatoria y gratuita. Más allá de que las representaciones construidas en torno a dicha legislación le impriman un carácter laico, lo cierto es que en ninguno de los 82 artículos se hace referencia a la cuestión de la laicidad como modelo educativo. Por el contrario, el artículo 8o prescribía el dictado de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, aunque fuera del horario lectivo. La autorización a los ministros para el dictado de clases no dependía de las autoridades educativas, sino de los propios cultos. La coincidencia con otras normativas que redujeron las potestades de la Iglesia católica en la regulación de la vida social -el Registro Civil en 1881 y el matrimonio civil en 1888-, confluyó para que se interpretara la Ley 1420 como estandarte de la laicidad.

Si bien el siglo XX fue testigo de idas y vueltas en esta materia -por la década del cuarenta, fue restablecida la educación religiosa en los colegios públicos y a fines de los años cincuenta, se suscitó un fuerte debate al respecto-, lo cierto es que se ha encontrado una fórmula que ha garantizado el acuerdo de los actores interesados. Sintéticamente, la Iglesia católica ha renunciado a impartir religión en las escuelas estatales[5], pero recibe cuantiosos subsidios gubernamentales para el sostenimiento de su amplia red educativa en todo el país y en todos los ciclos de la enseñanza. Las demás confesiones religiosas reciben también una contribución oficial para mantener sus establecimientos educativos, pero el número de escuelas es infinitamente menor.

En 2006, se ha aprobado la nueva Ley de Educación Nacional (N° 26.606). Allí se hace explícito que el Estado debe garantizar el derecho constitucional, individual y social de educarse. No obstante, a la hora de definir los responsables de las acciones educativas, se menciona al propio Estado Nacional, a las provincias, a los municipios y a “las confesiones religiosas reconocidas oficialmente” (art. 6o). Y especifica que el Estado Nacional y las provincias son los encargados de reconocer, autorizar y supervisar el funcionamiento de las instituciones educativas privadas, incluyendo las confesionales.

Varios aspectos en torno a la cuestión educativa son repasados por las actuales legislaciones provinciales. Por un lado, los fundamentos de la educación como valor social. En este plano, se cristalizan los preceptos más arraigados sobre la condición humana que permiten vislumbrar las orientaciones más o menos confesionales, más o menos laicas de las normativas vigentes. Por otro lado, la posibilidad de impartir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Aquí se deslizan algunos matices en cuanto al dictado de materias religiosas durante el horario lectivo o fuera del mismo. Y en tercer lugar, las obligaciones del Estado en el financiamiento de la educación religiosa.

En general, como denominador común, las constituciones provinciales suscriben a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, dictamina en su artículo 12° que los padres y/o tutores legales tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. A partir de esta consideración, reconocen el derecho de las instituciones privadas, entre ellas, las religiosas, a la enseñanza educativa.

Las disonancias emergen a la hora de precisar dónde y cuándo se habilita la educación confesional. En Salta, se prevé la enseñanza religiosa obligatoria en el marco de la educación pública. Incluso a fines de 2008, se aprobó la Ley de Educación Provincial que reglamentó el dictamen constitucional. Educación religiosa supone aquí educación católica o, más precisamente, catecismo. Los alumnos son instados a rezar al ingresar al aula y en sus cuadernos, deben escribir una oración de gracias a la Virgen María (Página/12, 09/08/2010).

También otras provincias del Noroeste, como Tucumán y Cata-marca, disponen de una educación confesional en los colegios públicos y dentro del horario de clases. A su vez, en Córdoba y Santiago del Estero también se autorizan las clases de religión en las escuelas estatales, pero no se especifica el momento de las mismas. La Pampa y San Luis establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse exclusivamente por los ministros autorizados desde los diferentes cultos, con posterioridad al horario de clase. La resolución es justificada en tanto se caracteriza a la religión como parte integrante de la identidad histórico-cultural de Argentina.

Siete provincias entonces explicitan la incursión religiosa en la educación pública. Las diecisiete restantes no lo establecen, lo cual no indica una indiferencia del Estado hacia la enseñanza confesional. En Capital Federal, Jujuy, Chaco, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Salta, Tucumán y Catamarca, se instruye al poder público a cooperar económicamente con la enseñanza privada sin fines de lucro. La ausencia de referencias al subsidio estatal en las Cartas Magnas de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Neu-quén, La Pampa y Chubut, no necesariamente indica que ello no ocurra en la práctica. Además de los aportes del Estado Nacional, las instituciones educativas religiosas reciben apoyo financiero por parte de los gobiernos provinciales.

El rubro educativo ha sido tradicionalmente de alta sensibilidad católica. Su disposición a conservar una presencia extendida y en el tiempo refleja la centralidad de la temática para el catolicismo. Los fundamentos normativos explicitados en esta materia dejan entrever, en muchos casos, la impronta confesional en el espíritu de la legislación. Las constituciones de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Tucumán trazan, como objetivos de la educación, la formación integral de la persona en su dimensión, vocación o destino trascendente. Formación que integra el culto a las instituciones patrias, a los símbolos nacionales y a los principios de la moral cristiana como tres componentes de una misma identidad. Se delinea un ideario que pone de manifiesto con claridad la perdurabilidad de la cosmovisión que equipara la identidad nacional con la identidad católica.

Un segundo grupo de provincias, en un estadio intermedio, prescriben una educación pluralista, no dogmática, cientificista. Tal los casos de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.

En el otro vértice, las jurisdicciones que se pronuncian por el carácter laico de la educación, desde el nivel inicial hasta el universitario (Capital Federal, Mendoza, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén). Se promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos para la vida democrática y la convivencia humana, basada en los valores de la libertad, la justicia y la integración de las diferencias culturales, religiosas y políticas.

En cuanto a la regulación de la educación sexual, unas pocas provincias sancionaron una ley específica. Primariamente lo hicieron Santa Fe (1992), que contempló la inclusión de la temática en Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales, en primer grado del primario y en primer año del nivel secundario, y le asignó a una Comisión Interdiscipli-naria la tarea de delinear para un segundo momento la inserción de contenidos en el resto de los años de enseñanza; Mendoza (1997), donde la semántica utilizada -educación en los valores de la sexualidad- y algunos de los objetivos establecidos -revalorizar e integrar a la familia como principal educadora en los valores humanos fundaméntales-dejan entrever la influencia religiosa en la redacción de la legislación; y Entre Ríos (2003), que ha integrado la salud sexual y la educación sexual en una misma instancia normativa.

En paralelo o con posterioridad a la aprobación de la legislación nacional, Misiones, Chaco y la ciudad de Buenos Aires se han dotado de un respaldo jurídico para insertar la educación sexual en el sistema educativo. Asimismo, Neuquén posee una normativa sobre salud sexual y reproductiva que contempla aspectos educativos y Tierra del Fuego dispone de un Registro Provincial de Salud Sexual y Reproductiva con incumbencia en la comunicación y educación.

Si bien la existencia de un marco jurídico no garantiza per se la decisión provincial de incluir la educación sexual en las escuelas y que su inexistencia no prohibe iniciativas en ese sentido, tener presente el marco normativo en materia educativa de cada provincia se torna indispensable para evaluar en qué medida y con qué contenidos la educación sexual se ha incorporado en la curricula escolar de cada jurisdicción.

La educación sexual ¿en vigencia?

Pensar a la educación sexual como política de Estado supone una vigencia armoniosa en todo el territorio nacional. Advertimos anteriormente de la diversidad de factores -políticos, jurídicos, religiosos, culturales, informativos- que se conjugan y configuran situaciones provinciales disímiles.

Si bien escapa a los objetivos de esta investigación analizar exhaustivamente los niveles de aplicabilidad de la normativa nacional en los establecimientos educativos provinciales, una primera aproximación nos permitirá trazar los escenarios prospectivos en torno a las condiciones de posibilidad de la educación sexual como política pública.

En la provincia de Buenos Aires, a partir de la Ley Provincial N° 13.066 sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable, se dicta desde 2007 las asignaturas Adolescencia en Salud’ y ‘Construcción de Ciudadanía’ para los alumnos del secundario. Bajo la modalidad de taller y en un espacio de dos horas semanales, se abordan temas de sexualidad, género, medio ambiente y comunicación. El hilo conductor de todas las dimensiones contempladas es el reconocimiento de los derechos y deberes como ciudadanos. Pero en las escuelas primarias bonaerenses, la educación sexual no figura en la curricula y, como consecuencia, tampoco en los manuales de estudio. Si bien la directora de Gestión Curricular de Educación Primaria prevé el abordaje de situaciones de género, los contenidos de instrucción sexual exceden ampliamente a ese tópico.

La ciudad de Buenos Aires aprobó a fines de 2006 la normativa que prescribe una educación sobre sexualidad transversal a todas las materias. Al año siguiente, se esbozaron materiales de capacitación y, embrionariamente, se desarrollaron algunas experiencias en las escuelas. Con la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, se redujo a la mitad la partida presupuestaria para el área y se desactivaron las iniciativas pre-existentes. A cuatro años, los niveles de cumplimiento son mínimos. Las controversias en torno a los contenidos y a la formación de los maestros y profesores frenaron la inserción de la educación sexual en las aulas. Apenas algunos cursos de capacitación optativos figuran en la línea de acciones implementadas. La designación de Enrique Palmeyro como Director General de Educación de Gestión Privada del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, clausuró las expectativas de la pronta aplicación de la ley en cuestión. Palmeyro era profesor de Teología, ex-seminarista y representante de la Vicaría de Educación en la Comisión Arquidiocesana de Pastoral (Página/12, 20/10/08). No eran sus antecedentes los que estaban en tela de juicio, sino los mecanismos oficiosos para su designación. La incidencia concreta de la jerarquía eclesiástica para colocar en organismos públicos a “sus hombres” refleja no sólo las estrategias institucionales de la institución religiosa y el grado de receptividad de la dirigencia política, sino substancialmente el nivel de imbricación en la trama relacionai entre el Estado y la Iglesia católica. El incremento de los subsidios a los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires -el 32% de ellos son confesionales y, entre estos, el 86% católicos- y la tácita decisión política de reducir el presupuesto al Programa de Educación Sexual a su mínima expresión, dejan entrever una decidida política de desactivación del gobierno porteño frente a una temática de alta sensibilidad eclesiástica[6]. Hasta noviembre de 2010, había ejecutado la exigua cifra de 1.586 pesos del presupuesto anual para educación sexual. Y en 2011, el área desdibujó completamente su proyección: no se le asignó un presupuesto específico.

Otras jurisdicciones han avanzado en la creación del Programa Provincial de Educación Sexual o en la conformación de referentes gubernamentales del Programa Nacional. A partir de allí, han delineado diversas estrategias de instalación de la temática en el campo educativo y de capacitación a sus docentes. En Corrientes, se ha constituido un equipo técnico intersectorial que trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, La Pampa y Santa Cruz cuentan con un Programa Provincial de Educación Sexual Integral. En Tierra del Fuego, un equipo intersectorial está gestionando la firma de un convenio de cooperación entre los Ministerios de Salud y Educación para jerarquizar y facilitar acciones conjuntas.

San Luis y La Pampa reunieron a equipos técnicos y supervisores y convocaron al equipo del Programa Nacional para la presentación de los documentos publicados en 2010. Posteriormente, iniciaron una

Tierra del Fuego y Chubut se han establecido proyectos de armonización de políticas públicas entre equipos intersectoriales.

Precisamente en Chubut, se utilizó el VI Congreso Provincial de Educación como plataforma para la presentación de las estrategias de capacitación a supervisores y directores de las escuelas primarias. En esta provincia, la formación docente fue planificada de forma segmentada, según el nivel de enseñanza. A través de las direcciones generales, se han distribuido tanto los materiales del Estado Nacional, como los cuadernillos sobre Educación Sexual Integral, de elaboración propia, a modo de recurso de apoyo a la labor docente. Se promovieron talleres específicos para acompañar el proceso de implementación del PESI en las escuelas. En un trabajo de integración con los equipos de diseños curriculares del nivel secundario, se elaboraron contenidos sobre educación sexual para incluir en la materia “Salud y Adolescencia2. En el nivel inicial y primario, se ha incorporado una unidad curricular específica para abordar la temática. Por último, la provincia ha diseñado el Postítulo “Especiali-zación Superior en Educación Sexual Integral” -en evaluación-, con el objetivo de generar recursos humanos calificados en la materia.

Como contrapartida, en tres jurisdicciones no se registran articulaciones entre el Ministerio de Educación Nacional y Provincial. En Salta, San Juan y Mendoza se ha optado por no recepcionar las publicaciones oficiales. Si bien la legislación tiene alcance nacional, en la producción de materiales prevalece la autonomía jurisdiccional. De acuerdo a la estructura descentralizada del sistema educativo, no existen instancias formales de regulación y control nacional. Las políticas aislacionistas de las tres provincias obedecen a la poca coincidencia de las autoridades educativas locales con los principios rectores del Programa Nacional y a la mayor sintonía con las orientaciones religiosas en materia de formación en sexualidad. En ese sentido, es el núcleo de la familia y no la escuela quien ocupa un rol principal. Las propuestas eclesiásticas son asumidas en estos casos como propias por el Estado provincial.

El Ministerio de Educación salteño ha rehusado a utilizar los cuadernillos oficiales. Optó por difundir los manuales de la Universidad del Opus Dei en Navarra, España, a través de la Universidad Católica de Salta, institución avalada para dictar los cursos de educación sexual. En esos materiales, el preservativo es presentado como un método inseguro en la prevención del VIH/Sida. Para la formación de los docentes secundarios, se distribuyó el ‘Manual de sexualidad. Vida y salud para padres y docentes’, cuyos principios constitutivos reproducen la línea argumentativa sostenida desde la Santa Sede (Página/12, 09/08/2010).

En el caso de Mendoza, que dispone de un Programa de Educación Sexual desde 2006, se ha elaborado un Manual de Educación estrategia de capacitación con directivos y docentes de cada escuela. Talleres de formación a docentes y supervisores también se efectuaron en Jujuy y en la provincia de Buenos Aires. A su vez, encuentros expositivos de los materiales oficiales se desarrollaron en Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Salta y Formosa.

En Chaco, Corrientes, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se han organizado en 2010 congresos provinciales de Educación Sexual como espacio de sensibilización a directivos, docentes y padres -en algunos casos como Santa Cruz, incluyó a los responsables de los colegios confesionales. En estos eventos, las autoridades nacionales tuvieron oportunidad de exponer sus publicaciones, los principios constitutivos del Programa y aceitar los vínculos con los coordinadores locales y autoridades escolares para asesorarlos en la transmisión de las herramientas metodológicas a los docentes.

En Santa Cruz, Tucumán y Río Negro, se optó por la llegada de los materiales pedagógicos oficiales directamente a los colegios. En Jujuy y La Rioja, la preocupación asoma de manera muy incipiente. Desde las universidades se organizan seminarios que congregan a especialistas, docentes y autoridades. En la provincia jujeña, se han capacitado a los docentes participantes de un curso virtual de educación sexual.

También Santa Cruz, Corrientes y Chaco han recibido capacitación por parte del personal técnico del PESI. En la provincia patagónica, estuvo dirigido a promotores de salud con acciones en el campo educativo. En un taller sobre género, se presentaron los cortos televisivos del Canal Encuentro. En Corrientes, los supervisores de todos los niveles educativos recibieron formación sobre educación sexual. En Chaco, la capacitación recayó sobre los directivos del nivel inicial.

Santa Cruz, Santa Fe y Córdoba cuentan con cursos virtuales propios. En la provincia serrana, se han desarrollado talleres de sensibilización para supervisores, directivos, docentes, preceptores de todos los niveles educativos. Asimismo, se han conformado foros regionales intersectoriales con la participación de ONGs y equipos técnicos del área de salud.

En Tucumán, el desarrollo de jornadas de difusión de la Ley de Educación Sexual y de los Lincamientos Curriculares pretendió instalar la temática en la agenda educativa local. Paralelamente, se ha implementado una estrategia de capacitación intersectorial, con la presencia de docentes de las escuelas secundarias.

En Santiago del Estero, el escenario de una Feria de Ciencias posibilitó el armado de talleres formativos para docentes, directivos y alumnos. En esta jurisdicción, al igual que en Catamarca y La Rioja, se incorporó un módulo de Educación Sexual Integral a los trayectos formativos programados para los directivos. En Córdoba, Entre Ríos, Sexual Integral con puntos discordantes con los Lincamientos Curriculares. Las sugerencias de cambios enviadas por las autoridades nacionales no fueron incorporadas, conservando el carácter de ‘provisorio’.

El material, publicado en 2009 por la Dirección General de Escuelas mendocina, contiene una lógica agregativa. Recupera ciertos axiomas y recursos discursivos del catolicismo que se conjugan con el repertorio de propuestas programáticas sostenidas desde la política educativa nacional. El producto final no reviste contrariedades; el énfasis en aspectos sanitarios y preventivos sintetiza un área de intersección entre ambas perspectivas, relegando los tópicos que hacen manifiestas las divergencias.

En la carta introductoria dirigida a los docentes, se establece que la responsabilidad de la educación sexual recae en las instituciones escolares, aunque se señala con mayúsculas que la familia es la primera educadora. Posteriormente, se puntualiza que la escuela cumple un rol subsidiario y enriquecedor de la labor de los padres. El objetivo de incluir esta temática en la estructura curricular no es planteado en términos de ampliación de derechos, sino en función de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a un cuadro contextual agravado.

Para caracterizar el actual estado de situación, se apunta la iniciación precoz de las relaciones sexuales que desemboca en situaciones de embarazo adolescente y aborto, la “expansión creciente de una cultura hedonista y consumista, que desvincula la sexualidad de los principios éticos fundamentales (…)”, la “preponderancia de la mentalidad posmoderna que exalta el individualismo en detrimento de un compromiso social” y un mensaje disolvente de los medios de comunicación que alientan la “erotización de las relaciones interpersonales (…) y conductas de éxito inmediato” (Manual de Educación Sexual Integral de la Provincia de Mendoza, 2009). Ante ese panorama, la educación sexual se instituye como una herramienta eficaz para resguardar a infantes y jóvenes de la pornografía, el consumismo, la violencia, acoso y abuso sexual. La prostitución infantil, el embarazo no deseado, el aborto y las infecciones de transmisión sexual son indicados como los principales riesgos de una sexualidad cada vez más visible en la esfera pública. De una sexualidad adjetivada como degradada, debido a su disociación de un proyecto de vida amoroso y familiar.

Como podrá advertirse, la semántica utilizada reporta al marco conceptual católico. El pesimismo con que se percibe la vida contemporánea es atribuido a la supremacía del individuo que ha impulsado la modernidad. En este escenario, la educación sexual, lejos de suponer la confirmación de un derecho de los sujetos, es concebida como un recurso de preservación de un sector social vulnerable y de promoción de una sexualidad responsable.

Quizás, la visión ontológica acerca de la educación sexual, junto con la primacía otorgada a la familia y el rol subsidiario de la escuela en el proceso educativo, la exclusión de toda referencia a la diversidad sexual y cierta propensión a resaltar a la familia nuclear como modelo arquetípico, destellan como los puntos más discordantes respecto a los documentos del Ministerio de Educación de la Nación.

A la hora de remarcar las concordancias con los propósitos educativos nacionales, el texto provincial subraya aquellos aspectos que sintonizan con la propuesta católica: que el abordaje incluya la formación de valores y sentimientos implicados en la sexualidad; que se promueva una sexualidad responsable y que las prácticas pedagógicas respeten las creencias, actitudes y valores de cada comunidad educativa.

En el desarrollo de contenidos, el manual mendocino se posiciona en un lugar de equidistancia. Por un lado, explicita la imposibilidad de apelar exclusivamente al soporte científico sobre asuntos impregnados de convicciones morales, religiosas y éticas. Pero, por otro lado, rechaza la transmisión de conceptos indiscutibles en clases dogmáticas.

La secuencia formativa para cada nivel de enseñanza reproduce los lincamientos curriculares nacionales: El conocimiento y el cuidado del cuerpo en el nivel inicial; los cambios físicos, la identificación de dimensiones comunes y diferenciales entre varones y mujeres, la no discriminación y la información para prevenir abusos sexuales en el nivel primario; las metamorfosis corporales y psicológicas, la reflexi-vidad sobre la práctica sexual y el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual en el nivel secundario.

La sexualidad es abordada desde un proceso dinámico, que remite a la identidad de las personas. Identidad que se configura en los procesos de socialización que atraviesa el sujeto. En ese sentido, trasciende la dimensión anatómica o fisiológica. La inclinación a pensar los procesos identitarios en términos de construcción social se revalida cuando se estudia el papel que han desempeñado históricamente el varón y la mujer en el seno de nuestras sociedades. El documento recurre a la perspectiva de género para desentrañar los patrones socio-culturales que subyacen a las asimetrías existentes.

En este punto, se apuesta a de-construir los estereotipos de género para delinear vínculos igualitarios y respetuosos. A los fines de desnaturalizar esas representaciones sociales, se establecen sus implicancias en las modalidades de conducta: la masculinidad, asociada a comportamientos de riesgo y ausencia del miedo, se traduce en una práctica sexual sin protección. La feminidad, definida comparativamente por su debilidad, no es partícipe de la decisión sobre la utilización del método anticonceptivo.

En la descripción de las infecciones de transmisión sexual, el texto sintetiza e integra proposiciones constitutivas de la retórica oficial y de la gramática católica. En la búsqueda de conductas preventivas, se promueve el uso del preservativo y la mutua fidelidad como compromiso de la relación. En la clasificación de los métodos anticonceptivos, se detalla un abanico de opciones, que va desde el método natural hasta la utilización del preservativo y se incluye la anticoncepción de emergencia[7].

En líneas generales, la publicación de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza se explaya en caracterizar el proceso reproductivo y en brindar información detallada acerca de las infecciones de transmisión sexual. Esta impronta biologicista refleja cierto distanciamiento de la literatura del Ministerio de Educación de la Nación que, al abonar al paradigma de Derechos Humanos, parte de otro andamiaje conceptual para abordar la educación sexual. A su vez, la inclusión de las dimensiones socio-culturales para analizar las identidades sexuales y las configuraciones de género, así como la valoración positiva de los métodos anticonceptivos, exteriorizan una línea discursiva de continuidad con la Nación y expresan una escisión respecto a los postulados católicos más intransigentes. Finalmente, la implementación institucional bajo la modalidad de un taller específico no coincide con la propuesta de transversalidad a toda la curricula, estimulada desde la cartera educativa nacional.

Luego de cinco años de vigencia, resulta exiguo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, más allá de las tareas de sensibilización y capacitación sostenidas desde el PESI. Las convicciones religiosas de los ministros de Educación de las provincias, las disímiles intensidades de las presiones eclesiásticas según el perfil del obispo local, el margen de maniobra que disponen los colegios confesionales frente a las directrices estatales y las voluntades políticas de funcionarios y directivos escolares para traducir el texto legal en una política educativa concreta, son factores explicativos de la disparidad manifiesta para la incorporación curricular de la educación sexual en las escuelas de todos los niveles de enseñanza a lo largo y a lo ancho del país.

Incluso son diversas las modalidades utilizadas en los distritos donde se ha iniciado su implementación. La transversalidad sugerida habilitó un abanico de imprecisiones que repercute en las variantes pedagógicas adoptadas. Escuelas que asumen la educación sexual como una actividad extra-curricular; otras que le asignan un espacio dentro de la materia Ciencias Naturales y Biología por circunscribirla a la resolución de problemas de abuso sexual, embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual. Algunos colegios han elaborado un módulo específico para más de una materia.

La ausencia de indicadores que midan el nivel de inserción de la educación sexual en las aulas y el impacto en la vida cotidiana de los jóvenes ha imposibilitado al PESI una evaluación más aguda sobre la aplicación del Programa[8]. No obstante, la inexistencia de una asignación presupuestaria y de funcionarios designados para la gestión específica en algunas jurisdicciones evidencia el bajo grado de acatamiento a una legislación nacional.

De las normativas aprobadas en los últimos años referidas a educación -Educación Nacional, Financiamiento Educativo, Educación Técnica y Educación Sexual-, esta última es la que encuentra mayores resistencias para su ejecución. Cultura política con signos de confesionalidad, autonomía jurisdiccional, falta de presupuesto y de designación de funcionarios específicos, cultura docente poco afecta a las innovaciones y resistencia de poderes religiosos han confluido para configurar un escenario de impacto limitado de la inserción efectiva de la educación sexual en el sistema educativo.

Así, mientras en el plano supere structural, el conflicto responde a cosmovisiones dispares; en el orden fáctico, se añaden otros componentes (cultura política, idiosincrasia docente, desajustes institucionales) que funcionan como barrera para la presencia de la educación sexual en el contexto escolar.

Los complejos procesos de aprobación e implementación de la normativa han condensado las tensiones entre la mayor demanda y visibilidad de ampliación de derechos ciudadanos, la pretensión eclesiástica de universalizar su moral religiosa y la preservación en la cultura política dominante de un repertorio de prácticas con visos de confesionalidad. Cierta receptividad acrítica de las demandas eclesiásticas por parte de un segmento importante de la dirigencia política transparenta el nivel de interpenetración entre lo político y lo religioso.

Comprender hoy los vínculos institucionales entre lo religioso y lo político en clave normativa y también cultural supone, desde el punto de vista conceptual, poner en diálogo los procesos de secularización societal y de laicización estatal.

Por un lado, se observa una transformación del vínculo de la sociedad con lo sagrado, con marcados signos de des-institucionalización e individuación. Mayoritariamente creyente, la ciudadanía argentina se relaciona con Dios por cuenta propia, sin la mediación de sacerdotes, pastores, rabinos, etc. Los índices de aprobación ante cuestiones de debate público -educación sexual, información y distribución de anticonceptivos- hablan a las claras de la autonomía de conciencia y de decisión que la población se reserva para sí, tomando distancia de los postulados doctrinarios de las entidades religiosas. Secularización entonces que no debe interpretarse como desaparición o privatización de lo religioso, sino como recomposición de las creencias y prácticas religiosas y desapego frente a las instituciones confesionales a la hora de definir actitudes cotidianas.

Por otro lado, la laicidad hace referencia a las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas. En términos teóricos, supone que el poder civil no se recuesta en símbolos y factores religiosos para obtener su legitimidad. Son los componentes de la propia esfera política (elecciones periódicas, debate parlamentario, referéndum, plebiscito, etc.) los encargados de proporcionar las fuentes de legitimidad de las instituciones políticas en un régimen laico. Se trata de un formato ju-rídico-político-cultural que, desprovisto de la impronta de una religión en particular, garantiza la neutralidad del Estado en materia religiosa (Blancarte 2000).

En perspectiva histórica, los procesos de laicización estatal no han sido unívocos; por el contrario, han transitado por recorridos zigzagueantes, según las matrices culturales hegemônicas y las configuraciones históricas. En otras palabras, es dable advertir escenarios con combinaciones intrincadas: normativas que tributan a los principios de la laicidad conviven con políticas públicas que presentan una fuerte impronta religiosa.

Aunque guarden relación, no necesariamente el umbral de laicización estatal se corresponde con el nivel de secularización de una sociedad. La matriz cultural dominante ha configurado en Argentina un espacio político-religioso integrado, con transferencias de sentido y de legitimidad que circulan en doble dirección.

Ahora bien, los formatos plurales que moldean a la sociedad contemporánea y los procesos de democratización ponen en discusión las lógicas subyacentes que han pautado históricamente las relaciones de poder entre el Estado, la clase política y las instituciones religiosas hegemônicas. La educación sexual, al igual que la distribución gratuita de anticonceptivos y de la pildora del “día después”, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual, la eutanasia y la despenalización del aborto, emergen en la agenda pública como emblemas de ampliación de derechos ciudadanos.

La ley de educación sexual resumió las pujas y negociaciones cristalizadas en el espacio público entre actores políticos, sociales y religiosos. Materializo la dualidad que caracteriza el vínculo entre los poderes políticos y los poderes religiosos, signado por un péndulo que oscila entre la autonomía y la complementariedad. Péndulo que ha fluctuado en el propio proceso de debate e implementación de la normativa, habida cuenta de la actuación de múltiples sujetos que conforman la sociedad política -funcionarios, legisladores, dirigentes- y el campo religioso -obispos, sacerdotes, pastores, rabinos, laicos-, analíticamente diferenciados, pero con desplazamientos continuos en ambos sentidos.

Las dificultades en su implementación dan cuenta de la baja receptividad del ideario del Estado laico, correlato de la naturalización’ de la presencia pública de la Iglesia Católica. Más que una concepción de Estado, es la posición particular de funcionarios al frente de determinadas áreas de gobierno o de algunos legisladores, comprometidos con la ampliación de derechos, la que nos permite explicar los espacios ganados por la laicidad.

El proceso analizado reflejó también la re-edición del accionar histórico del catolicismo en la Argentina, basado en la disposición a reproducir su protagonismo en el espacio público, como estrategia prominente para la conservación de su poder institucional. Las diversas modalidades implementadas -incursión en el plano político, mediación para resolver conflictos sociales, defensa de normas y valores tradicionales- se enmarcan en la lógica de conservación de su poder institucional y de regulación simbólica de la vida social. La jerarquía eclesiástica actúa como si la cultura de la población fuese integralmente católica y desde esa posición de poder interpela al Estado (Pierucci, 1986). Su participación en el momento de la conformación de la Nación y la herencia de un modus operandi definido por un esquema de permeabilidad hacia las estructuras del Estado, han garantizado históricamente la atención de la dirigencia política a las requisiciones católicas.

La permanencia hasta hoy de normativas que otorgan un status privilegiado al catolicismo respecto a las demás confesiones religiosas[9], la presencia de dirigentes políticos en las misas oficiales de la

Iglesia, la continuidad en la celebración del Tedeum, la transmisión de ceremonias católicas en los medios de comunicación oficial, son indicadores de un lazo que ha naturalizado un abanico de prácticas por parte de quienes conducen el gobierno, más allá del signo político, y de quienes conducen la Iglesia católica.

Sin dudas, los fundamentos del régimen de Patronato y del modelo de cristiandad, que asentaron las bases para un esquema institucional simbiótico entre el Estado y la Iglesia y tendieron a instituir a ésta última como fuente de legitimidad de los procesos políticos y dadora de los valores trascendentes de la Nación, permanecen arraigados en las representaciones de buena parte de la sociedad política que, independientemente de su filiación religiosa, reconoce en la voz de la conducción de la Iglesia una opinión cardinal que influye en la toma de decisiones y en las propias prácticas políticas (Esquivei, 2004).

Persevera en un segmento de la dirigencia política un repertorio conceptual que visualiza a la institución religiosa como garante de la nacionalidad y como proveedora de legitimidad. Está presente en la cultura política hegemônica la naturalización de la presencia de la institución católica en la sociedad política, basada en la firme percepción del rédito extra-político que los propios actores suponen que el vínculo con las autoridades eclesiásticas proporciona. Esa cultura reporta a una matriz integral, para la cual lo católico, lo político y lo nacional conforman un trípode sin fisuras ni fronteras. Así las cosas, gobiernos de diferentes signos han apelado al apoyo eclesiástico como una de las principales fuentes de legitimidad. Para ello, se han desprendido de buena parte de las obligaciones de gobierno: han delegado directa o indirectamente en la Iglesia católica el diseño, la formulación y hasta la implementación de determinadas políticas públicas, fundamentalmente en materia educativa, de planificación familiar y social.

Esos imaginarios se ven actualizados en momentos en que la política atraviesa una crisis de legitimidad. La presencia social, cultural y política de los actores religiosos instituye a ‘lo religioso’ como productor de sociabilidad y como herramienta instrumentalizada desde la dirigencia política para interpelar a la sociedad desde otros escenarios. Esta lógica procedimental trae aparejado ineludiblemente cierto grado de confesionalización de la política en particular y del espacio público en general.

Pero esa crisis tampoco le es ajena a la Iglesia católica. De un modo general, el permanente interés católico en reproducir una presencia pública obtuvo más dividendos en el plano de las influencias sobre las decisiones del poder político. Mucho menos en la regulación de los comportamientos cotidianos de la ciudadanía donde se cree sin pertenecer o en la conquista de nuevas adhesiones. Si por un lado la institución eclesiástica supo sedimentar acuerdos con las autoridades gubernamentales, sea para garantizar la enseñanza religiosa en las escuelas estatales en el pasado, para postergar y/o influenciar sobre el tratamiento de los proyectos de ley sobre el divorcio en un momento determinado, sobre educación sexual y matrimonio entre personas del mismo sexo en tiempos recientes; por otro, encontró serios obstáculos para imponer su sistema de valores como principio ordenador de la sociedad.

Ahora bien, la reproducción de un campo político-religioso con entramados integrados, superposición de funciones y áreas de incumbencia y legitimaciones recíprocas, se cristaliza hoy en una sociedad signada por pertenencias volátiles, desapegos institucionales y toma de distancia de los encuadres tradicionales (Bauman, 2003).

Si en el siglo XX era posible entender el universo de sentido y de pertenencia social de los individuos a partir de macro entidades como la Iglesia católica, capaces de brindar una visión ordenadora del mundo y de responder integralmente a las demandas identitarias de la población; en la actualidad, ha emergido una sociedad más plural y heterogénea, en la que se desdibujan los principios universales que pretendían regular los comportamientos sociales en el ámbito político, religioso, familiar, sexual. Cuando los mismos católicos tienen relaciones pre-matrimoniales, se divorcian, están a favor de la eutanasia, no van a misa todos los domingos y aprueban la pena de muerte, entre otras posturas, se pone de manifiesto que las normativas oficiales pierden cada vez más eficacia respecto a las conductas que los individuos adoptan por sí mismos (Esquivei, 2009).

Con serias dificultades para impartir sus coordenadas de sentido en las sociedades contemporáneas, las estrategias institucionales de la Iglesia católica parecen orientarse a reforzar su presencia en el espacio público y a desplegar una ofensiva sobre la sociedad política y el Estado. Por un lado, con marchas, peregrinaciones y ostentación de símbolos religiosos (vírgenes, santos, crucifijos) en calles, caminos, locales comerciales y reparticiones estatales (poder ejecutivo, legislativo, judicial, escuelas, hospitales públicos, comisarías, etc.).

Por otro, con sostenidos posicionamientos públicos ante diversos asuntos de la agenda nacional, visibilizados por los medios de comunicación y recepcionados por buena parte de los decisores políticos. La insistencia y continuidad de esta metodología le ha permitido consolidar su papel como actor relevante en el escenario público nacional.

En líneas precedentes, advertíamos de los procesos de desinstitucionalización societal. Se han pulverizado los principios universales y las normas absolutas que indicaban cómo actuar en el ámbito político, religioso, familiar, sexual. Pero estos procesos se presentan en concomitancia con el accionar de las instituciones religiosas, que pugnan por contribuir desde su normatividad ética a los universos de sentido que se construyen en el espacio público y privado.

Las transformaciones profundas en los roles de género, en los modelos familiares y fundamentalmente, en los patrones de conducta ligados a la sexualidad, patentan el hiato existente entre los canales informales de indagación y las referencias institucionales en condiciones de brindar conocimientos sistematizados. Una grieta que repercute en la divergencia entre la información científica y las prácticas asumidas por adolescentes y jóvenes en el plano sexual. Es en este contexto que la educación sexual cobra especial relevancia como herramienta pedagógica legitimada para enmendar el desfasaje señalado.

De los niveles de autonomía y voluntad política, presencia estatal, iniciativa de directivos y docentes, armonización jurídica y de la reconstrucción de un modelo orgánico-funcional entre el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones que habilite la articulación de políticas estratégicas en todo el territorio, dependerá el derrotero de la educación sexual y de su inserción efectiva en todos los niveles y modalidades de enseñanza. De la performance de esos actores políticos y educativos y de un aceitado funcionamiento de los entramados institucionales, estribará la educación sexual como política pública y como portadora de derechos.

1. Otros antecedentes recientes dejaban traslucir una serie de dificultades para la im¬plementación de leyes aprobadas pero resistidas por "minorías intensas", esto es, por grupos con un activismo integral, portadores de redes vinculares en los intersticios de los poderes públicos y en los medios de comunicación. En 2008, a cinco años de la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, 3.400.000 mujeres de bajos recursos económicos estaban desprovistas de todo asesoramiento profesional gratuito para decidir cuestiones vinculadas con la planificación familiar (Clarín, 11/07/2008).↵

2. En realidad, la publicación, que compendia artículos de especialistas y organismos in-ternacionales diversos (UNESCO, OMS) sobre promoción de derechos, salud y educación sexual, estaba en circulación desde 2007 y fue entregado principalmente a los docentes del Noroeste del país que habían asistido a jornadas formativas. Una región que presen¬taba datos alarmantes de embarazos adolescentes (25%) y con recurrentes denuncias de abuso infantil. Los cuestionamientos de Aguer parecerían fuera de contexto si no se tiene en cuenta su coincidencia temporal con la asunción de Alberto Sileoni como ministro de Educación de la Nación. Luego de haber explicitado su voluntad de poner en práctica las directrices de la Ley de Educación Sexual, el religioso emitió aquellas declaraciones contra el manual, con el ánimo de "marcarle la cancha" al flamante ministro.↵

3. En efecto, la Carta Magna de la provincia de Buenos Aires traza, entre los objeti¬vos de la educación, la formación integral de la persona en su dimensión, vocación o destino trascendente. Formación que integra el culto a las instituciones patrias, a los símbolos nacionales y a los principios de la moral cristiana como tres componentes de una misma identidad.↵

4. En Italia, se registraban 27 embarazos cada mil adolescentes en 1970. A fines de la primera década del siglo XXI, la cifra es de 6,9. La doctora Eugenia Trumper, ex-coordi-nadora general del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno porteño, dio el ejemplo de los países escandinavos: "Son los más adelantados y el emba¬razo adolescente casi no existe. Cuanta más información poseen, más tardía resulta la iniciación sexual" (La Nación, 19/09/2004).↵

5. En los últimos años, se registra una nueva orientación eclesiástica, que reivindica las clases de religión en los colegios públicos. En algunas provincias, se han introducido reglamentaciones en ese sentido (Salta, Tucumán y Córdoba).↵

6. El reemplazo de Palmeyro por María Beatriz Jáuregui en mayo de 2010 ratificó tanto la cooptación' de un espacio del organigrama estatal porteño por parte del Arzobispado de Buenos Aires, como la consolidación de la direccionalidad política. Al momento de su designación, Jáuregui era Directora Ejecutiva de la Vicaría Episcopal de Educación de la arquidiócesis de Buenos Aires. Bajo su gestión, se profundizó el incremento de subsidios a los colegios privados a expensas de los fondos destinados a la educación pública.↵

7. El Vaticano y las Conferencias Episcopales han reiteradamente cuestionado su difu¬sión por considerarla abortiva. El texto se apoya en las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud para explicitar su carácter no abortivo, dada la intervención previa a la fecundación.↵

8. Sus autoridades han planificado una investigación al respeto en 2011.↵

9. Por ejemplo, las legislaciones que hacen referencia al sostenimiento del culto católico, aprobadas durante la última dictadura militar (Ley N° 21.950: asignación mensual a arzobispos y obispos, 21.540: asignación mensual a prelados eméritos, 22.162: asigna¬ción mensual a curas párrocos en zonas de frontera, 22.950: asignación mensual para la formación del clero); el Decreto N° 1.131, que incluye a los cardenales en la nómina de los beneficiados con el pasaporte diplomático (los arzobispos y obispos reciben el pasaporte oficial, junto con gobernadores, legisladores nacionales y miembros de la Corte Suprema de Justicia); el Código Civil, que en su artículo 33, especifica el carácter público de la Iglesia Católica; y la Ley N° 21.745 (Registro Nacional de Cultos), que establece que todas las entidades religiosas que ejerzan sus actividades de culto en la Argentina, a excepción de la Iglesia Católica, deben tramitar su inscripción y reconocimiento oficial, como condición previa a su actuación.↵

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Anexo

Leyes nacionales y provinciales de educación sexual

Programa nacional de educación sexual integral ley n° 26.150

Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Creación y Objetivos de dicho Programa.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Programa nacional de Educación Sexual integral:

ARTÍCULO 1 – Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

ARTÍCULO 2 – Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo Io las disposiciones específicas de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de educación de la Nación.

ARTÍCULO 3 – Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son:

a)  Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;

b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;

c)  Promover actitudes responsables ante la sexualidad;

d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;

e)  Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

ARTÍCULO 4 – Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.

ARTÍCULO 5 – Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.

ARTÍCULO 6 – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lincamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley.

ARTÍCULO 7 – La definición de los lincamientos curriculares básicos para la educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del programa.

ARTÍCULO 8 – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:

a)  La difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema educativo;

b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la diversidad socio-cultural local y de las necesidades de los grupos etários;

c)  El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende, utilizar a nivel institucional;

d) El seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias realizadas;

e)  Los programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente continua;

f)   La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los programas de formación de educadores.

ARTÍCULO 9 – Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos espacios son:

a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos,
genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en rela
ción con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes;

b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la ma
duración afectiva del niño, niña y adolescente ayudándolo a
formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones
interpersonales positivas;

c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa.

ARTÍCULO 10 – Disposición transitoria:

La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.

La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten a la presente ley.

ARTÍCULO 11 – Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro dias del mes de octubre del año dos mil seis.

Sancionada: Octubre 4 de 2006. Promulgada: Octubre 23 de 2006.

Provincia de Santa Fe - ley n° 10947

Establecimientos oficiales. Educación sexual.

Incorporación curricular

La Legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley: ARTÍCULO 1 – A partir del ciclo lectivo 1993, se implementará en todos los establecimientos educacionales oficiales, dependientes del Ministerio de Educación, el tratamiento de la Educación Sexual de manera programática, procurando la integración progresiva de la temática de la sexualidad en los educandos, a partir de una visión integral de la persona humana.

ARTÍCULO 2 – A los fines expresados en el art. 1 las áreas técnicas del Ministerio de Educación dispondrán la incorporación curricular de la Educación Sexual, en las asignaturas Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales, de manera simultánea en primer grado del nivel primario y primer año del nivel secundario.

ARTÍCULO 3 – A nivel de los organismos técnicos competentes del Ministerio de Educación, Dirección Provincial de Educación Primaria y Dirección Provincial de Enseñanza Media y Técnica, se dispondrá la conformación de una Comisión Interdisciplinaria con personal especializado, cuyo cometido será desarrollar y establecer objetivos claros y definidos en lo que hace a la temática de la Educación Sexual y sus modos y formas de inserción curricular en las asignaturas citadas, adecuando su tratamiento de 1ro. a 7mo. grado y de 1ro. a 5to. año.

ARTÍCULO 4 – En los Institutos de Capacitación Docente deberá integrarse la temática correspondiente a los planes de estudio y de perfeccionamiento docente a fin de capacitar a éstos en la implementación de la Educación Sexual.

ARTÍCULO 5 – El Ministerio de Educación dispondrá en su presupuesto, la asignación de partidas para el mejor cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 6 – Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Sancionada: 26/11/1992 Promulgada: 23/12/1992 Publicada: 02/02/1993

Provincia de Chaco - ley 4.276

Programa de educación para la salud y procreación humana responsable

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de ley:

ARTÍCULO 1 – Créase el Programa de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable para la Provincia del Chaco, por medio del cual se pondrá a disposición de la población, la educación, información, métodos y prestaciones de servicios que garanticen el derecho humano a decidir libre y responsablemente las pautas inherentes a su salud sexual como así también, y antes de la concepción de la vida, en lo concerniente a la procreación humana responsable en concordancia con la legislación de fondo vigente.

ARTÍCULO 2 – Los objetivos del Programa son:

a)   Capacitar agentes de salud, educación y de desarrollo social para informar y asesorar en temas de sexualidad y procreación humana;

b)  Propiciar la existencia de profesionales capacitados en reproducción y sexualidad en los centros de salud, en sus diferentes niveles de complejidad;

c)  Promocionar campañas de difusión sobre temáticas de: paternidad responsable, sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y SIDA; y

d)  Coordinar acciones con diferentes organismos públicos, interjurisdiccionales, privados y no gubernamentales, que por su naturaleza y fines puedan contribuir a la consecución de estos objetivos.

ARTÍCULO 3 – El Programa operará en los centros asistenciales de salud pública y en las obras sociales a través de sus prestadores de tocoginecología, obstetricia y urología, debiéndose implementar actividades de capacitación que incluyan conceptos de bioética para el personal dedicado al Programa, el que contará con un equipo interdisciplinario que planificará las estrategias educativas y las actividades de promoción y difusión del Programa en la comunidad. También podrán desarrollarse estrategias de participación mediante el aporte voluntario de la comunidad.

ARTÍCULO 4 – Invitase al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a incluir con carácter de facultativo y con adaptación curricular en los diversos ciclos educativos públicos y/o privados, los contenidos del Programa de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable.

ARTÍCULO 5 – Este Programa brindará los siguientes servicios:

a)  Información y asesoramiento sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA;

b) Detención precoz y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y SIDA;

c)  Información y asesoramiento de los métodos preconceptivos disponibles, en su ética, en su efectividad, sus contraindicaciones, ventajas y desventajas y su correcta utilización;

d) Controles de salud y estudios previos y posteriores a la prescripción de métodos preconceptivos no abortivos;

e)  Información, estudios y tratamiento para la infertilidad, y

f)   Capacitación permanente de los agentes involucrados en el Programa.

ARTÍCULO 6 – Los médicos podrán prescribir a quienes lo soliciten aquellos métodos preconceptivos no abortivos y reversibles.

ARTÍCULO 7 – El Ministerio de Salud Pública proporcionará gratuitamente en los servicios públicos de salud y por el término indicado por el médico, los estudios previos, controles periódicos y los métodos preconceptivos no abortivos. La accesibilidad estará garantizada para las personas carenciadas.

ARTÍCULO 8 – Facúltese al Ministerio de Salud Pública a reglamentar la incorporación al Programa de los métodos preconceptivos no abortivos.

ARTÍCULO 9 – Todas las prestaciones médicas y farmacológicas serán incluidas en el nomenclador provincial de prácticas médicas y en el farmacológico, debiendo las obras sociales incorporarlas a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.

ARTÍCULO 10 – Para la aplicación de este Programa se considerará como material informativo, el documento “Propuesta normativa perinatal -Tomo IV- Procreación Responsable” del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

ARTÍCULO 11 – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a las partidas de la jurisdicción correspondiente del presupuesto del año en curso.

ARTÍCULO 12 – El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, deberá garantizar la calidad y continuidad del Programa, realizando para ello las evaluaciones necesarias.

ARTÍCULO 13 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 14 – Regístrese y comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los diez días del mes de abril del año mil novecientos noventa y seis.

Provincia de Mendoza - ley n° 13066

Educación sexual

ARTICULO 1 - Créase en el ámbito de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, el Consejo Asesor en los Valores de la sexualidad. El mismo estará conformado por 1 (un) representante especializado en el tema, de cada una de las siguientes instituciones de nuestro medio:

Sociedad Mendocina de Sexología y Educación Sexual;

Sociedad Argentina de Pediatría, filial Mendoza;

Sociedad de Ginecología y obstetricia;

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo;

Representantes de Organismos Gubernamentales: Consejo del Niño y el Adolescente; Ministerio de Desarrollo humano y Salud; Servicio de Adolescencia del Hospital Humberto Notti; Dirección de Planeamiento de la Dirección General de Escuelas;

De iglesias de todos los credos;

De tres (3) Organizaciones No Gubernamentales que se encuentren incorporadas a la:

Red Federal de Perfeccionamiento Docente Continuo;

Fundación Familia Mendocina;

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación

El Consejo será presidido por el Director General de Escuelas.

Los miembros del Consejo Asesor se desempeñarán Ad-honorem.

ARTÍCULO 2: La Dirección General de Escuelas convocará al Consejo Asesor una vez promulgada la presente ley.

Serán funciones del Consejo Asesor elaborar los contenidos de la propuesta de Educación en los Valores de la Sexualidad que entregará a la Dirección General de Escuelas para su articulación en los contenidos de los diseños curriculares de todos los niveles, en un plazo no mayor a un año.

ARTÍCULO 3 – Entiéndase por sexualidad la parte fundamental de la personalidad de todos los seres humanos, que incide en las relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito familiar, vincular y social. La Educación en los Valores de la Sexualidad, sólidamente fundamentada en los avances de la ciencia y la pedagogía, debe propiciar y favorecer en el niño y en el adolescente una formación rica en valores y sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas.

ARTÍCULO 4 – Será objetivos de la Educación en los Valores de la Sexualidad:

Revalorizar e integrar a la familia como principal educadora en los valores humanos fundamentales; Informar exhaustivamente a los padres, para que puedan continuar con la educación que ellos vienen imprimiendo en sus hijos desde el momento de la gestación;

Capacitar a los docentes en carácter de formación de postgrado, ya que ello requiere madurez, decisión y compromiso.

Asimismo será obligatoria la capacitación de docentes de todas las jerarquías de la carrera en actividad, a través de la Red Federal de Perfeccionamiento Docente Continuo. Brindar conocimientos para la interrelación con los padres y los educandos, e instrumentos que les permita la aplicación de los contenidos de la propuesta de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los alumnos y sus niveles de desarrollo.

ARTÍCULO 5 – La Educación en los Valores de la Sexualidad deberá posibilitar en el alumno:

El acceso de púberes y adolescentes a una información sobre temas de sexualidad, acorde con los valores humanos trascendentes y con la realidad que viven;

Un cambio de actitud en relación a la conducta sexual que conduzca a una sexualidad de corte humanista, desmitificada, sana, responsable y enriquecedora de la personalidad;

El desarrollo de una auto-imagen positiva para sustentar su autoestima y autonomía, asumiéndose en la originalidad de su identidad de género y posibilitando la adquisición de capacidades que lo conviertan en protagonista de su crecimiento;

La toma de conciencia del ejercicio de una sexualidad responsable, basada en el respeto a uno mismo y a la otra persona, a la intimidad, a los límites que se establezcan de común acuerdo, considerando al mismo tiempo los patrones socioculturales, la ética y los valores;

La valoración sobre la posibilidad de conformar una familia que permita a sus miembros establecer relaciones de convivencia, asegurando un crecimiento y desarrollo intergeneracional armónico y solidario;

El conocimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de la sexualidad con responsabilidad, previniendo consecuencias no deseadas y situaciones de riesgo para la salud de sí mismo y de los demás;

El desarrollo de una actitud crítica con respecto a los modelos sexuales mercantilistas y generadores de patologías que se conocen a través de los medios de comunicación y frente a los estereotipos culturales de comportamiento tanto femeninos como masculinos.

ARTÍCULO 6 – El Consejo Asesor en su primera reunión dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá garantizar un quorum mínimo que asegure el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 7 – El Poder Ejecutivo, previa aprobación de la propuesta emanada del Consejo Asesor de Educación en los Valores de la Sexualidad, determinará por Decreto su aplicación como Proyecto Institucional a partir del Ciclo Lectivo 1.998, con las previsiones presupuestarias que la misma demande.

ARTÍCULO 8 – Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Promulgada: 03/01/1997

Provincia de Entre Ríos - ley 9.501

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAY EDUCACIÓN SEXUAL

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de ley:

ARTÍCULO 1 – Créase el Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual que funcionará dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Salud de la provincia. El mismo coordinará la información, asesoramiento, capacitación y prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva y de educación sexual.

ARTÍCULO 2 – Serán objetivos del Sistema:

a) Garantizar la gratuidad del Servicio a toda persona, en especial a hombres y mujeres en edad fértil el derecho a decidir responsablemente sobre sus pautas de reproducción, asegurando el acceso a la información procreativa en forma integral y la educación sexual en todos los ámbitos. En todos los casos se deberán respetar sus creencias y valores.

b) Promover la reflexión conjunta entre los adolescentes y sus padres, sobre la salud sexual y reproductiva y sobre la responsabilidad con respecto a la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.

c) Orientar e informar a la población sobre el ejercicio de la sexualidad con perspectiva de género.

d) Evitar la práctica del aborto provocado.

e) Prevenir la morbimortalidad materno infantil.

f)  Detectar, prevenir y tratar enfermedades transmisibles sexualmente y el cáncer génitomamario.

g) Impulsar la participación del componente masculino de la pareja en el cuidado del embarazo, el parto y el puerperio, la salud reproductiva y la paternidad responsable.

h) Orientar y asistir a los dos componentes de la pareja en asuntos de infertilidad y esterilidad.

i) Promocionar los beneficios de la lactancia materna.

j) Favorecer períodos intergenésicos no menores a dos años.

ARTÍCULO 3 – Los responsables del Sistema deberán articular políticas y acciones con el Consejo General de Educación a los efectos de lograr el asesoramiento integral y constante de todos los agentes involucrados en el Sistema y la difusión de información a toda la población.

ARTÍCULO 4 – Educación Sexual. El Consejo General de Educación diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente. El Estado provincial impulsará la formación académica en sexualidad humana en la educación superior y universitaria y simultáneamente la capacitación de los profesionales en ejercicio. Se incluirá tanto en las políticas de educación sexual como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género.

El Consejo General de Educación buscará los mecanismos para contar con un organismo asesor interdisciplinario conformado por representantes de la Federación Sexológica Argentina, de carreras profesionales de salud, humanidades y ciencias sociales, institutos superiores pedagógicos y organizaciones no gubernamentales con demostrada experiencia de capacitación en educación sexual.

ARTÍCULO 5 – Para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, la Secretaría de Estado de Salud de la provincia, a través del área materno infante juvenil, deberá:

a)  Concretar la atención primaria de la salud en hospitales y centros de salud a su cargo en el tema.

b)  Efectuar la divulgación de los temas que atañen a la sexualidad humana, prevención de enfermedades transmisibles por vía sexual, procreación responsable y atención materno infantil, a través de los medios de comunicación social.

c)  Capacitar al personal dependiente de la Secretaría de Estado de Salud con desempeño en hospitales y centros de salud bajo su dependencia a los fines de brindar asesoramiento en relación a los objetivos de esta ley.

d) Coordinar con el Ministerio de Acción Social, el Consejo Provincial del Menor y la Dirección de Integración Comunitaria, Área Mujer, las acciones tendientes a llevar, por medio de los profesionales bajo su dependencia, a cada grupo familiar o menor vinculado a esta institución, la información o capacitación necesaria.

e)  Invitar a los municipios de la provincia a coordinar con la Secretaría de Estado de Salud programas para la implementación de esta ley e impulsar acciones para informara la población y capacitar al personal dependiente de los centros municipales de salud.

f)   Llevar información estadística e información científica sobre aspectos relacionados con la sexualidad humana, incluyendo lo relacionado a condiciones y medioambiente general de trabajo.

ARTÍCULO 6 – Los servicios del Sistema serán brindados por profesionales agentes de salud, sexólogos educativos, trabajadores sociales y todo trabajador/a vinculado al Sistema, con capacitación interdisciplinaria permanente que ejerzan tanto en ámbitos formales como no formales.

ARTÍCULO 7 – Forman parte del Sistema de servicios de:

a)  Consejería integral sobre el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva.

b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversibles, transitorios y no abortivos, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquéllos aprobados por ANMAT.

c)  Controles médicos por la detección de enfermedades venéricas y cáncer génito mamario y su posterior tratamiento.

d) Provisión y colocación y/o suministro de anticonceptivos, previendo su administración a lo largo del tiempo, conforme lo establecido en el inciso 2 de este artículo.

e)  Programa de Salud Integral del Adolescente.

f)   Ejecutar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido.

ARTÍCULO 8 – El Sistema funcionará con la partida presupuestaria del Tesoro provincial con imputación al mismo. El Poder Ejecutivo garantizará las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 9 – Los servicios del Sistema serán incorporados en los nomencladores médico famacológicos vigentes y las instituciones de obras sociales y de seguridad social lo incluirán en su cobertura.

ARTÍCULO 10 – Adhiérese a la Ley Nacional N° 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su reglamentación.

ARTÍCULO 11 – Invítase a los municipios de la provincia a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 12 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

ARTÍCULO 13 – Comuniqúese, etc. Sala de Comisiones, Paraná, 22 de junio de 2003.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ley n° 2.110

Ley de Educación Sexual integral

Capítulo 1 - objeto

ARTÍCULO 1 – Se establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en todos los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada y en todas las carreras de formación docente, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2 – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la información para el ejercicio de una sexualidad integral responsable y con formación en valores. El Ministerio de Educación elabora los contenidos curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales, teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de los/as alumnos/as.

Capítulo 2 - definición, principios y objetivos

ARTÍCULO 3 – Definición- La Educación Sexual Integral comprende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la sexualidad, para promover el bienestar personal y social mediante la comunicación y el amor.

ARTÍCULO 4 – La Educación Sexual Integral se basa en los siguientes principios:

La integralidad de la sexualidad abarca el desarrollo psicofí-sico, la vida de relación, la salud, la cultura y la espiritualidad y se manifiesta de manera diferente en las distintas personas y etapas de la vida.

La valoración de la comunicación y el amor como componentes centrales de la sexualidad.

El reconocimiento y la valoración de la responsabilidad y el derecho a la intimidad como elementos indispensables en los comportamientos sexuales.

El respeto a la diversidad de valores en sexualidad.

El rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso y violencia sexual.

El reconocimiento y la valoración del derecho de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes a ser especialmente amados/as, protegidos/ as y cuidados/as.

El reconocimiento de la perspectiva de género en los términos del art. 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El reconocimiento y valoración de las familias como ámbito de cuidado y formación de los niños/as, adolescentes y jóvenes.

ARTÍCULO 5 – Los objetivos de la Educación Sexual Integral son:

a)  Promover una concepción positiva de la sexualidad que favorezca el desarrollo integral, armónico y pleno de las personas.

b) Brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa de desarrollo de los alumnos/as, acerca de los distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral.

c)  Fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, promoviendo la paternidad/maternidad responsable y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

d) Prevenir toda forma de violencia y abuso sexual.

e)  Promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. (Segundo párrafo, art. 38 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

f)   Promover el efectivo cumplimiento de los artículos 11 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capítulo 3 – Responsabilidades institucionales

ARTÍCULO 6 – La autoridad de aplicación de Ia presente norma es el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 7 – El Ministerio de Educación garantiza:

La oferta de Talleres de Formación y Reflexión para padres, madres, tutores y todo otro responsable legal respetando las convicciones de cada comunidad educativa.

La formación y actualización de los/as docentes a fin de que puedan tener las herramientas necesarias para abordar el proceso de enseñanza sobre lo establecido en la presente norma.

La organización de encuentros periódicos de diálogo, actualización e intercambio de experiencias en materia de Educación Sexual Integral convocando a tal efecto organizaciones y comunidades educativas, religiosas, sindicales y sociales.

ARTÍCULO 8 – Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de las familias y la comunidad educativa en el marco de la libertad de enseñanza.

ARTÍCULO 9 – Comuniqúese, etc.

Sanción: 12/10/2006.

Promulgación: Decreto N° 1.924/006 del 09/11/2006.

Publicación: BOCBA N° 2569 del 20/11/2006.

Provincia de Misiones - ley n° 4410

Educación Sexual

Educación sexual integral. Enseñanza obligatoria, sistemática y gradual en los establecimientos educativos.

ARTÍCULO 1 – Establécese la enseñanza obligatoria, sistemática y gradual de la Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, dependientes del Consejo General de Educación y del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, en todos sus niveles.

ARTÍCULO 2 – A los efectos de la presente ley, entiéndese como Educación Sexual Integral, la tarea pedagógica que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos relativos al ser humano y su sexualidad, con el objeto de promover el bienestar personal y social.

ARTÍCULO 3 – El Consejo General de Educación y el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, según corresponda, son autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 4 – Los contenidos de la educación sexual impartidos en los establecimientos educativos, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley N° 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de la Ley N° 25.673 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Provincial 3820 y sus normas complementarias, están orientados a:

a)  favorecer el desarrollo de una sexualidad sana, libre, responsable y sin coerciones;

b) generar conciencia acerca de la necesidad de preservar la salud sexual con el fin de capacitar al alumno para adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, en la vida sexual;

c)  brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada al desarrollo de los educandos, acerca de las distintas etapas involucradas en la Educación Sexual Integral;

d) conocer las normas que rigen toda conducta humana, relacionadas al comportamiento sexual;

e)  favorecer la comprensión del valor de la familia en la formación de vínculos sanos, respetando la diversidad sociocultural;

f)   favorecer el desarrollo de actitudes preventivas, a partir del conocimiento de la realidad y las normas jurídicas que la regulan, a efectos de eliminar todo tipo de explotación sexual, trata de personas, abuso y violencia en cualquiera de sus manifestaciones;

g) contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en aquellas de alta incidencia, prevalência y mortalidad;

h) generar conciencia respecto a la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual;

i) contribuir a la disminución de la morbimortalidad materno infantil;

j) favorecer la formación de criterios propios afirmados en bases sólidas de creencias y valores.

ARTÍCULO 5 – El Consejo General de Educación en conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, deben elaborar los contenidos mínimos, graduales y transversales específicos para el dictado de la Educación Sexual Integral, ajustándose a lo establecido en la presente ley y de acuerdo a cada nivel de enseñanza, contando a tales efectos con el apoyo técnico de los Ministerios de Salud Pública y de Bienestar Social, de la Mujer y la Juventud. Para ello deben convocar a especialistas en la materia para integrar una comisión inter y multidisciplinaria.

ARTÍCULO 6o – La autoridad de aplicación debe desarrollar, convocando a especialistas en la materia, actividades de capacitación permanente destinadas a los docentes de los niveles alcanzados por la presente ley en forma gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.

ARTÍCULO 1 -La Educación Sexual Integral debe incluir a los padres en sus programas. El Consejo General de Educación y el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, deben garantizar la oferta de actividades de formación y reflexión para padres, madres, tutores y/o responsables legales, respetando el proyecto educativo institucional de cada comunidad educativa. Son sus objetivos:

a)  ampliar la información y formación sobre aspectos biológicos y socioculturales en relación con la sexualidad de niños y adolescentes;

b)  promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño y adolescente, ayudándolos a asumir su sexualidad, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas;

c)  vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos de la presente ley Art. 8o.- Los gastos que demande.

Sanción: 06/12/2007. Promulgación: 21/12/2007.

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- “Salud Reproductiva: el proyecto es moralmente inaceptable” Carta de la Conferencia Episcopal Argentina, 01/10/2002.

- “Apostemos siempre a la vida” Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, 15/03/2005.

- “No legislarás cuando de sexo se trate” Declaración de la Conferencia Episcopal Argentina, 02/11/2005.

- Declaración de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina, 09/11/2005.

- “El desafío de educar en el amor” 2006a Conferencia Episcopal Argentina.

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- “Declaración del Episcopado Argentino al Pueblo de Dios sobre la

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- “Educación para el amor. Plan General y Cartillas” 2007 Conferencia Episcopal Argentina.

- Encíclica “Divine Illius Magistri” 1929.

- Declaración del Concilio Vaticano II “Gravissimum educationis momentum” 1965.

- “Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual” Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede 1975.

- Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” 1981.

- Declaración “Orientaciones educativas sobre el amor humano. Pautas de educación sexual” Congregación para la Educación Católica 1983.

- Encíclica “Veritatis Splendor” 1993.

Fuentes:
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Leyes:
N° 10.947: Ley Provincial de Educación Sexual, Santa Fe (1992).
N° 4.276: Programa Provincial de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable, Chaco (1996).
N° 13.066: Ley Provincial de Educación Sexual, Mendoza (1997).
N° 2222: Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Neuquén (1997).
N° 418: Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2000).
N° 25.673: Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable (2002).
N° 13.066: Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, Provincia de Buenos Aires (2003).
N° 9.501: Ley Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, Entre Ríos (2003).
N° 26.150: Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006).
N° 2.110: Ley de Educación Sexual Integral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2006).

N° 4410: Ley de Educación Sexual, Misiones (2007).