Colección Grupos de Trabajo

Ecología política del extractivismo en América

Gian Carlo Delgado Ramos

(Coordinador)

Índice

- Presentación
Gian Carlo Delgado Ramos

- La re-existencia mapuche frente al extractivismo forestal en un contexto de neoliberalismo armado
Eduardo Mondaca

- Poder, desarrollo y directrices hidráulicas desde el valle de México
Cleotilde Hernández Suárez

- Biodiesel de palma en el estado de Chiapas, México: una revisión crítica al discurso de la economía verde
Lilia Rebeca de Diego Correa y Gian Carlo Delgado Ramos

- Palma africana en el norte de esmeraldas. un caso de (in)justicia ambiental e insustentabilidad
Martha Moncada Paredes

- El conflicto por explotación petrolera en Llancanelo: miradas desde la ecología política
Paula D ́Amico

- Conflictos socioambientales en Piamonte Cauca: una reflexión desde la Ecología Política
Fabiana Carvajal Martínez

- Extractivismo minero en Colombia el caso de Marmato-Caldas en clave de Ecología Política

- Juliana Sabogal Aguilar

- Proyecto ¨Potasio Río Colorado¨
Rodrigo Torroba

- La Colosa: entre los flujos del gran capital y la tradición del suelo fértil
Olga Lucía Méndez Polo

- Ecología política y minería a gran escala estudio del proyecto “Mirador” en Ecuador
Andrea Ponce García

- Resistencia en el Valle Calchaquí. Conflictos ecológicos y distributivos en torno al proyecto megaminero Agua Rica
Ana Laura Berardi

- Conflictos socioambientales por la minería “a cielo abierto”: cerro de San Pedro y Wirikuta
Claudia Bucio Feregrino

- Extracción minera de barita en Chicomuselo, Chiapas, México
Lucero Ángeles Rojas

- Anexo

Ecología política del extractivismo en América Latina : casos de re- sistencia y justicia socio-ambiental / Eduardo Mondaca … [et.al.] ; Coordinado por Gian Carlo Delgado Ramos. – 1a
ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2013. E-Book.
ISBN 978-987-1891-61-0
1. Sociología. I. Moncada , Eduardo II. Delgado Ramos, Gian Carlo, adapt.
CDD 306
Otros descriptores asignados por CLACSO:
Ecología Política / Extrativismo / América Latina / Movimientos Sociales / Conflicto Socioambiental / Minería / Explotación Petrolera / Lucha por el agua / Estado / Corporaciones
Editor Responsable
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Coordinadora Académica
Fernanda Saforcada
Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales Coordinadora
Fernanda Saforcada
Asistentes
Anahí Sverdloff – Denis Rojas – María Inés Gómez – Alejandro Gambina
Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO
Coordinador editorial
Lucas Sablich
Coordinador de arte
Marcelo Giardino
Producción
Fluxus Estudio
Primera edición
Ecología política del extractivismo en América Latina : casos de resistencia y justicia socioambiental.
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2013)
ISBN 978-987-1891-61-0
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.
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Presentación

Gian Carlo Delgado Ramos[1]

En la segunda mitad del 2012, se llevó a cabo el curso virtual sobre “Ecología política y metabolismo social” del cual se derivaron una serie de trabajos de estudios de caso sobre conflictos ambientales en América Latina. Además, se realizó, con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, una base de datos preli- minar sobre diversos conflictos en curso en la región. A partir de dicha base de datos se realizó el mapa que a continuación se presenta.

Si bien la base de datos es una primera aproximación, claramen- te devela la presencia en todo el continente de conflictos derivados de actividades tanto extractivas como de generación y expulsión de dese- chos. Tal análisis consideramos que es útil para el estudio de la ecología política en América Latina.

Se trata de un campo teórico interdisciplinario y en constante construcción aunque sus orígenes se remontan a varias décadas atrás. En sí, fue tomando cuerpo sobre todo en la década de 1980s cuando se comenzaba a gestar un encuentro mayor de aportes provenientes de distintas disciplinas en torno al estudio del conflicto por el acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y los recursos ahí contenidos (lo que incluye, por tanto, reconocer y verificar las contrafuerzas exis- tentes y sus propuestas alternativas). Y aunque el proceso de despojo y usufructo privado de los recursos en efecto no es nuevo sino algo es- tructural del sistema actual de producción, resulta cada vez más claro que la creciente acumulación de capital demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y social con implicaciones socio-ambientalmente desiguales y sinérgicas.

Por tanto, es necesario dar cuenta tanto de las modalidades del metabolismo socioeconómico, es decir, del uso diferenciado de insumos materiales, el procesamiento y los desechos de las sociedades, y la co- rrespondiente producción energética; pero igualmente, de los procesos de colonización de la naturaleza -o actividades que alteran deliberada- mente los sistemas naturales con el fin de hacerlos más útiles a la so- ciedad (Fischer-Kowalski y Haberl, 2000). Ambos, tanto el metabolis- mo socioeconómico como los procesos de colonización varían según el modo de producción imperante y en íntima vinculación con el tipo de instrumentos exosomáticos disponibles (o “tecnometabolismo”) (Bo- yden, 1992), de ahí que pueda sostenerse que la ecología política esté también directamente relacionada a las modalidades y sofisticación científico-tecnológicas alcanzadas, incluyendo el ritmo y dimensiones de su operación.

En consecuencia, la mencionada conformación de la ecología política como campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas, ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos y que da cuenta de la importancia que tiene en los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sis- temas de poder, influencia y subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas en todas las escalas temporales y espaciales. Dicha diversidad se expresa en múltiples definiciones, to- das con puntos de encuentro, cuestión que corrobora el hecho de que se trata de un campo en creciente consolidación pero aún en construcción pero que no deja de ser producto de un claro esfuerzo para apuntar una diferencia entre las aproximaciones políticas y apolíticas de la ecología, colocándose así como una lectura que lejos de declararse neutral y ob- jetiva, es más bien explícitamente normativa.

El concepto como tal, según Robbins (2010), fue probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Wolf en su trabajo “Ownership and Political Ecology” en el que se introduce a una serie de trabajos propios de la antropología y la ecología cultural para la zona Andina y en los que para Wolf se discuten transversalmente dos elementos clave. Por un lado, el tema del acceso de cara a la propiedad de los recursos, y por el otro lado, el de las dinámicas de la gestión de los territorios con visión de largo plazo y de innegable naturaleza colectiva de frente a la propiedad privada, las acciones individuales y la gestión cortoplacista.

Vale precisar que pese a la existencia de posicionamientos críticos, la política de la ecología o la política ecologizada (a modo de diferenciar, aunque a veces emplee el mismo concepto de ecología política) al mismo tiempo generaba, y lo sigue haciendo, interpreta- ciones desviadas a lo aquí precisado. En ese sentido se puede mencionar por ejemplo el trabajo de Enzensberger (1974), en el que se critica a la ecología política de enfoque limitado, ese último propio de las clases medias, impulsado tanto por tecnócratas apostando por tecno-soluciones, como de reformistas preocupados meramente por espacios verdes. Y aunque había posiciones de tal naturaleza, inclu- yendo aquellas de tinte pesimista y maltusiano, como se ha dicho, la literatura académica crítica hacía ya presencia y se extendería aún más en los años venideros.

Tal vez las vertientes con mayor impacto en la construcción del campo de la ecología política han sido, por un lado, la economía ecoló- gica crítica[2] y la ecología marxista, ambas insistiendo en la necesidad de vincular las relaciones de poder y los procesos de apropiación con el análisis de la producción, distribución y consumo propios de cada sistema de producción y de cara a los limites ambientales o la finitud de la naturaleza; y por el otro, las que se aglutinan o derivan de los análisis de la geografía crítica, la historia ambiental, la antropología social, la sociología política y de los estudios de tipo socio-cultural. La ecología política es pues para Bebbington (2007: 26), un paraguas que abarca varias tradiciones y líneas de investigación, un campo de reflexión y análisis común a diversas disciplinas.

Robbins ofrece una serie de definiciones (véase cuadro 1) y aportes de autores que considera relevantes, aunque no se presentan de modo sufi- ciente a otros que resultan igualmente importantes en la construcción del conocimiento propio de la ecología política contemporánea.

En tal sentido, los aportes de Martínez-Alier son escasamente precisados, dejando de lado la riqueza de su análisis sobre lo que el catalán califica como conflictos ecológicos distributivos, pero también sobre el comercio ecológicamente desigual entre países ricos y pobres (Martínez-Alier, 1991 y 2001), ello además de su aporte en el estudio desde la colonia de lo que califica como “ecologismo de los pobres” (Martínez-Alier, 2003).

Cabe además sumar los aportes de Arturo Escobar los cuáles han sido de particular importancia en tanto que enriquecería el análisis de la ecología política haciendo énfasis en los aspectos biológicos e histórico- culturales e indicando que la tarea de la ecología política es delimitar y caracterizar –con memoria histórica- diversos componentes y sus articu- laciones, esto es, desde las relaciones sociales, políticas, económicas y de conocimiento, hasta modos de uso del espacio, de las condiciones biofísi- cas existentes, y las variantes en las percepciones y experiencias del tejido social (Escobar, 1995; 2006; y 2010; Escobar y Paulson, 2005).

Desde México Víctor Manuel Toledo haría contribuciones de gran importancia desde la década de 1980, vinculando los estudios ru- rales y la etnoecología, con la gestión de los territorios, la biodiversi- dad, las propuestas alternativas de desarrollo y la conservación de los recursos (léase por ejemplo: Toledo, 1980; 1990; 1996 y 2003; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Lo mismo haría Enrique Leff (2006) al sugerir que la ecología política se ocupa de estudiar las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, al ser y al hacer, y desde ahí recuperaría su ya conocido análisis sobre la necesidad de construir nuevas racionalidades (Leff, 1986) y por tanto epistemologías políticas sobre la base, entre otras cuestiones, de los saberes plurales.

Por otro lado, German Palacio (2006: 11) también se suma al debate y suscribe que la ecología política, “…discute los aspectos de fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza no sólo en cuanto a los asuntos materiales, sino a su construcción imaginaria o simbólica.” Y agrega que la ecología política, “…reconoce los aportes de la economía política de modo que analiza los procesos de apropiación de a naturaleza, por lo cual revisa su circulación ,distribución y consumo. De allí se deri- van las modalidades y disputas en torno de la apropiación, usufructo y control de la naturaleza. En consecuencia, también analiza las disputas, las luchas y negociaciones de esos agentes, lo que deriva en los problemas económico-políticos de justicia ambiental” (Ibídem).

En un tenor similar, Héctor Alimonda procura una la construc- ción de una ecología política latinoamericana, aportando tres obras cla- ves desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2002; 2006; 2011). Así, recuperando los aportes de Quijano (1992, 2004 y 2007), entre otros, precisaría la pertinencia de dar cuenta de la colonialidad, la historia ambiental y las estructuras de poder de los Estados en tanto que condicionan la apropiación y producción del espacio pero también la constitución de contrapoderes (sociales). Alimonda (2011) define en- tonces a la ecología política en los siguientes términos: “…el estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y representaciones a través de los cuales diversos actores políticos, ac- tuantes en iguales o distintas escalas (local, regional, nacional global) se hacen presentes, con efectos pertinentes y con variables grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de territorios y en la gestión de sus dotaciones de recursos naturales.”

Otros autores se han sumado igualmente a la reflexión específica de la ecología política desde América Latina, tales como: Bedoya y Mar- tínez, 1999; Porto Gonçalves, 2001; Pérez, 2003; Eschengahen, 2007; Hildebrando, 2006; Vargas-Hernández, 2008; Gudynas, 2009 y 2010; Durand et al, 2010; Portocarrero, 2011; etcétera.

En este contexto de aportes es que se presenta la presente com- pilación de trabajos que analizan diversos casos de conflictos ambien- tales, es decir, de resistencias sociales en defensa del entorno natural en América Latina. Se incluyen casos asociados a la actividad minera energética y no energética; al uso y usufructo del agua; a la explotación de bosques así como a la expansión de monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel.

Si bien los textos no necesariamente son representativos de la di- versidad y complejidad de la ecología política de los recursos naturales en la región, son sin duda alguna aportes valiosos al debate contemporáneo.

Bibliografía

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- Hempel, Lamont 1996 Environmental Governance: the global challenge (Island Press: Washington, D.C.)

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- Leff, Enrique 1986 Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable (México: Siglo XXI / UNAM).

- Leff, Enrique 2006 “La ecología política en América Latina. Un campo en construcción” en Alimonda, Héctor Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana (Buenos Aires: CLACSO).

- Löwy, Michael 2011 Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista (Buenos Aires: Ediciones Herramienta).

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- Martínez-Alier, Joan 2003 Environmentalism of the Poor. A study of ecological conflicts and valuation (UK:Edward Elgar Publishing).

- O’Connor, James 2001 Causas Naturales. Ensayos de marxismo ecológico (México: Siglo XXI).

- Palacio, German 2006 “Breve guía de introducción a la Ecología Política: orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad” en Gestión y Ambiente. Vol. 9. No 3. Disponible en: http://imas2010.files. wordpress.com/2010/07/palacio-guia-ecologia-politica.pdf

- Peet, Richard., y Watts, Michael 1996 “Liberation Ecology: Development, sustainability and enviroment in the age of market triumphalism” en Peet y Watts Liberation Ecologies: Enviroment, Development, Social Movements. Routledge (Nueva York) pp. 1-45.

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- Porto Gonçalves, C. Walter 2001 Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad (México: Siglo XXI)..

- Quijano, Anibal 1992 “Colonialidad y Modernidad/Racionalidad” en Bonilla, (comp) Los Conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas. (Quito: FLACSO / Ediciones Libri Mundi).

- Quijano, Anibal 2004 “El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?” Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 10. No 1. Universidad Central de Venezuela. Pp. 75 97.

- Quijano, Anibal 2007 “Colonialidad del poder y clasificación social” en Castro y Grosfoguel, eds., El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. (Bogotá: Universidad Javeriana / Universidad Central / Siglo del Hombre).

- Robbins, Paul 2010 Political Ecology. A critical introduction (EUA/Reino Unido/Australia: Blackwell Publishing).

- Sttott, Philip y Sullivan, Sian (eds.) 2000 Political Ecology: science, myth and power (Londres: Hodder Arnold).

- Toledo, Víctor Manuel 1980 “Ecología del modo campesino de producción” en Antropología y Marxismo. Vol. 3. México. pp. 35-55.

- Toledo, Víctor Manuel 1990. Modernidad y Ecología. La nueva crisis planetaria. Ecología Política. No 3. (Barcelona).

- Toledo, Víctor Manuel 1996 “Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política” en Gaceta Ecológica. Vol. 36. (México).

- Toledo, Víctor Manuel 2003 Ecología, espiritualidad y conocimiento (México: PNUMA/Universidad Iberoamericana).

- Toledo, Víctor Manuel y Barrera-Bassols, Narciso 2008 La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales (Barcelona: Icaria).

- Vargas-Hernández, José G. 2008 “La ecología política indígena. La transnacionalización de los movimientos indígenas”. DELOS. Revista de Desarrollo Local Sostenible. Vol.1 No. 2. España.

- Watts, , Michael 2000 “Political Ecology” en Sheppard, Eric., y Barnes, Trevor., eds., A Companion to Economic Geography (Blackwell Publishers).

- Wolf, Eric 1972 “Ownership and Political Ecology”. Anthropological Quarterly. Vol. 45. No 3. Dynamics of Ownership in the Circum- Alpine Area. Special Issue. The George Washington University Institute for Ethnographic Research. EUA. Pp. 201 – 205.

1. Economista por la UNAM con estudios de maestría y doctorado en “Ciencias Ambienta- les” por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Investigador titular de tiempo completo, definitivo, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu- manidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.↵

2. Se reconoce que la economía ecológica aglutina una diversidad de visiones, desde aque- llas más cercanas a la economía ambiental (o la que asume que es posible el intercambio equivalente de capital natural a capital económico y, por tanto, que el mercado es el mejor mecanismo de distribución y preservación de los recursos), como aquellas cercanas a vi- siones más ingenieriles o aquellas sociopolíticamente críticas aunque no necesariamente marxistas. En este sentido, sobre todo desde la academia latinoamericana, se ha señalado que tal amplitud de espectros torna difusa la identidad de la economía ecológica. Otros presumen que tal diversidad, por el contrario, permite que las visiones críticas sean más complejas en el sentido Kuhniano (que comprendan e incluyan el paradigma predecesor). ↵

La re-existencia mapuche frente al extractivismo forestal en un contexto de neoliberalismo armado

Eduardo Mondaca[1]

Desde la ternura, desde la palabra…
nuestra lucha es Pueblo Mewlen Huencho Mewlen[2]

Crisis de legitimidad neoliberal y neoliberalismo armado en Chile: a modo de introduCCión

Hace ya 40 años que las Fuerzas Armadas chilenas, bajo el mando de Augusto Pinochet, desplegaron un tratamiento de shock sobre la ciuda- danía dando comienzo a un experimento que convertía a Chile en una especie de laboratorio económico mundial que terminaría por conso- lidar al modelo neoliberal capitalista como la principal herencia de la dictadura militar además –claro está- de una dolorosa herida en mate- ria de derechos humanos.

La propuesta neoliberal en esta época se basaba en una premisa bastante simple: desestatizar la economía y ceder su funcionamiento a los mecanismos espontáneos del mercado. Los ideólogos del modelo neoliberal chileno, conocidos como los Chicago Boys[3], señalaban que “la masiva y omnipresente intervención del Estado durante las décadas anteriores había plagado la esfera económica de trabas y distorsiones que a la larga habían conducido al desastre” (Salazar y Pinto, 2002:50). La falta de ahorro e inversión, la baja productividad, el bajo crecimien- to, la corrupción e ineficiencia son sindicadas por estos economistas como deficiencias propias de una excesiva intervención del Estado en la economía. Es así como, protegidos por las armas y la tortura, fueron desplegando un nuevo modelo económico donde el repliegue del Estado en la esfera económica se llevó a cabo principalmente mediante la pri- vatización de las empresas públicas y la desregulación de los mercados. Ya en 1980, a siete años del golpe militar, el sector público había perdido el control de 387 empresas, preservando solo un reducido número, que en su mayoría también estaban destinadas a la privatización[4].

Los primeros embates al proceso en curso se dieron en la cri- sis económica de 1981-1982, evidenciando la alta vulnerabilidad de la economía chilena frente al escenario económico internacional. La salida a dicha crisis se llevo a cabo a través de una serie de com- promisos contraídos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (reducción de la deuda externa) y una nueva ola de privatizaciones, incluyendo ahora al estratégico sector energético y de comunicaciones. De esta forma, a través de un “sistema de canje de los pagarés de la deuda externa por acciones o activos de las em- presas en proceso de privatización, se logró reducir las obligaciones hacia el exterior en nueve mil millones de dólares [...], pero al precio de aumentar significativamente el control extranjero sobre algunas de las empresas más importantes del país” (Salazar y Pinto, 2002:59). De esta forma, el experimento chileno iba consolidando la presencia orgánica del capital foráneo como un modelo exportable, publicitado por organismos financieros internacionales.

En paralelo a este frágil éxito macroeconómico, ya se hacía sentir el malestar social frente a la brutal violación de derechos humanos por parte de la dictadura de Pinochet y la grave cesantía producida por el desmantelamiento de la industria nacional, la cual para 1983 alcanzaba un 28.9%[5].

Es así como entre 1983 y 1987 se desafió valientemente a una de las dictaduras más crueles de América Latina a través de 22 jor- nadas nacionales de protesta. Las consecuencias de estas masivas protestas sociales para el régimen de Pinochet y los ideólogos del mo- delo neoliberal capitalista fueron gravísimas. En pocas palabras, se demostró a la opinión pública mundial que Pinochet había perdido la gobernabilidad del pueblo chileno. Es decir, se evidencio que bajo un régimen neoliberal dictatorial Chile era ingobernable y no daba garantías para la inversión extranjera. Fueron estas 22 jornadas na- cionales de protesta las que forzaron la salida de Pinochet y no el conocido plebiscito de 1988. La razón para señalar esto es que en un escenario de ingobernabilidad nacional el capital financiero interna- cional no invertiría en Chile, y el principal objetivo de la dictadura era justamente lo inverso. El centro del proyecto político-económico de Pinochet y de los ideólogos del neoliberalismo era que este capital financiero internacional entrara y se quedara en Chile, de lo contra- rio las fuerzas Armadas abrían matado y torturado en vano, por ello sus exigencias eran ahora la instauración de un estado de derecho administrado por un velo democrático (que en Chile adquiere el nom- bre de Concertación de Partidos por la Democracia) que garantizará la irrestricta entrada del capital financiero internacional.

Frente a tales negociaciones subrepticias y embriagados por la fiesta del fin de una cruenta dictadura, los actores y movimien- tos sociales chilenos no tuvieron la lucidez política suficiente para descubrir y detener esta delicada estrategia encubierta del neolibe- ralismo. De esta forma, la Concertación de Partidos por la Demo- cracia, a partir de 1990, se instala en el poder político respetando y defendiendo a cabalidad la Constitución Política de 1980, generada en dictadura, la cual detenta los cerrojos necesarios como para ase- gurar la gobernabilidad de un estado de derecho (neoliberal) exigida por los poderes hegemónicos del mercado mundial.

Cabe señalar que los gobiernos concertacionistas -apoyados por el capital financiero internacional- no solo tienen como tarea “preservar, defender y consolidar sus intereses económico-políticos, sino también (…) elaborar una acción educativa de conformidad del conjunto del cuerpo social, de manera que los objetivos e intereses de la clase dominante aparezcan como datos y valores universales” (Grissoni y Magiori, 1974:167).

Es en este sentido que se puede comprender la profunda despo- litización que tiene lugar en Chile -y en Latinoamérica en general- du- rante la década de los noventa. Es en gran medida por esta articulación publicitaria internacional a favor del modelo neoliberal chileno que la potencial movilización social chilena muda en desaliento y la gobernabilidad (neoliberal) adquiere estabilidad a través del llamado consenso por apatía (Murillo, 2008).

Es por ello que el reencuentro con una voluntad e identidad sobe- rana se ha desplazado en Chile por lentos y solidarios canales subterrá- neos. La identidad y consciencia social no se alcanza tan fácilmente tras semejantes y efectivas terapias de shock económico-políticas. Además porque “esa identidad solo nace y crece envuelta en dialéctica históri- ca; es decir: en una relación socialmente tensa y crítica con el sistema dominante” (Salazar, 2011:20).

Es necesario señalar en este punto que hay sectores que sien- ten de forma anticipada y directa esta relación socialmente tensa y crítica, especialmente cuando la fase neoliberal de acumulación capitalista supuso para Chile un proceso combinado de desindus- trialización y reprimarización de la estructura económica y de re- colonización (Seoane, 2012). Se hace crucial señalar aquí que uno de los territorios más capitalizados por esta fase de acumulación es el territorio ancestral Mapuche a través de la megaindustria forestal y el capital transnacional.

Fue esta violenta embestida neoliberal sobre territorios Ma- puche lo que quizás acelero la configuración de una identidad sobe- rana, autonomía organizativa y reencuentro identitario en el Pueblo Mapuche antes que en otros actores sociales. Aún bajo una gran asi- metría de fuerzas y condiciones extremadamente severas lograron construir esos marcos identitarios y repertorios de acción colectiva que, cuando encontró visibilidad pública, recibió el nombre de Mo- vimiento Mapuche.

Y si bien, este Movimiento Mapuche y sus denuncias eran aún manejables por la Concertación de Partidos enquistada en el poder, no lo fue tanto la embestida de la posterior crisis económica de 1997, conocida como la crisis asiática. Esta crisis se convirtió en una amenaza de ingobernabilidad y potencial escalada de conflicti- vidad donde movimientos sociales ya cohesionados como el Mapu- che se podían instalar como referentes de acción social, por tanto, el trato hacia ellos ya no podía ser el mismo. Además, este hecho se veía agravado para la democracia neoliberal chilena por el estallido y avance de una crisis de legitimidad del neoliberalismo (con sus distintas intensidades y características) en toda América Latina; la que se prolongó, con idas y vueltas, entre 1998 y 2003 (Seoane, Algranati, Taddei, 2011). En la región latinoamericana, “esta crisis de legitimidad del neoliberalismo se expresó, entre otros modos, bajo la forma de una crisis de hegemonía graficada en la capaci- dad destituyente conquistada por las clases y grupos subalternos cuya acción precipitó la caída de seis gobiernos durante los cinco años que median entre el 2000 y el 2005[6] abriendo, en muchos de estos casos, significativos procesos de cambio” (Seoane, Algranati, Taddei, 2011). Esta crisis del neoliberalismo a nivel latinoamerica- no supuso la configuración de diferentes procesos de cristalización sociopolítica de salida a dicha crisis con la aparición de un nuevo ciclo de crecimiento económico a nivel continental. De esta forma, la cristalización de estos procesos, que emergieron desde el quiebre de la hegemonía neoliberal, generaron un contexto político-econó- mico latinoamericano mucho más heterogéneo.

En parte de América Latina, y principalmente en el Cono Sur, se han concentrado experiencias que plantean vías de salida al neolibera- lismo. Propongo entender estas vías de salida como la capacidad hege- mónica que han alcanzado frente al neoliberalismo donde, por tanto, muchas de sus características están presentes.

Uno de los proyectos de salida recibe el nombre de “neode- sarrollismo”, básicamente por intentar recuperar la retórica en torno al desarrollo e industrialización de décadas precedentes. La hegemonía de esta orientación la detentan Brasil y Argentina. Se caracterizan por la su pretensión de reconstruir la autoridad estatal y signarle una mayor importancia en ciertas actividades industriales con el propósito de una mejor inserción en el mercado capitalista mundial. De igual forma, buscan la recuperación del monopolio de la política para el Estado donde la legitimidad se va asegurando a través de una serie de políticas sociales compensa- torias de carácter masivo y la recuperación de empleo. Todo ello basado, preponderantemente, sobre la puesta en marcha de una amplia matriz extractivista de explotación de los bienes comunes de la naturaleza.

Otro de los proyectos que viene resquebrajando la hegemonía neoliberal en la región es el de los llamados “procesos constituyen- tes” (Seoane, 2008) el cual engloba las experiencias de Venezuela, Bolivia y hasta cierto punto Ecuador. “En su sentido más transfor- mador, este proyecto aspira a la transformación de la matriz liberal- colonial del Estado en el marco de una democratización radical de la gestión de los asuntos comunes, contracara de una redistribu- ción del ingreso y la riqueza en base a los recursos aportados por la apropiación, propiedad y gestión público-estatal de los sectores económicos más dinámicos y/o estratégicos” (Seoane, Algranati y Taddei, 2011).

Resulta crucial señalar aquí, que en gran parte de América Latina, la hegemonía neoliberal logró resistir las aspiraciones de cam- bio, y se llevó a cabo la renovación y profundización de su recetario dando forma al llamado “neoliberalismo de guerra o armado” (Gonza- lez Casanova, 2002). Países como México, Colombia y Chile han sido la vanguardia de este “neoliberalismo armado”.

La Concertación de Partidos en Chile llevó a cabo este proyec- to de salida a la crisis del neoliberalismo “clásico”, posteriormente reforzado por el gobierno de Piñera, que se basa en la profundiza- ción de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo transnacional potenciando una recolonización en materia política y económica. De igual forma, ha tenido como propósito restablecer un “estado hobbesiano” que defienda nuevas legitimi- dades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales enfocado a criminalizar y disciplinar bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con par- ticular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neo- liberal en curso.

Es bajo este marco teórico-conceptual como podemos entender de mejor forma la realidad cotidiana que vive el Pueblo Mapuche en Chile bajo una intensificación de la matriz extractiva transnacional en su territorio ancestral a través de la megaindustria forestal. Porque más allá de una cosmovisión refinada y relación de respeto ancestral con la tierra conforman una reacción social organizada ante un “neolibe- ralismo armado” concreto y real que configura un escenario político- económico de amenaza etnocida a un Pueblo que obtiene su sustento físico y cultural de un territorio que está siendo despojado y saqueado a favor de dicha fase de acumulación capitalista.

El pueblo mapuche en el seno del extractivismo forestal chileno.

Como se señala en las líneas precedentes, el carácter extractivista de la economía chilena se mantiene y profundiza hasta la actualidad. Como se puede observar en el Cuadro I, el valor promedio anual de las exportaciones de bienes primarios en el PIB total se situó en el 32% en el período 2005-09, mucho mayor que en cualquier otro periodo anterior desde 1985, siendo más de cuatro veces el valor promedio de América Latina y el Caribe. Esto sitúa a Chile como la economía más extractivista de Latinoamérica amparada por el ya descrito “neoliberalismo armado”.

Respecto al extractivismo forestal, éste empieza a tomar forma en 1974 -tras haber pasado un año del golpe militar- cuando entra en vigencia el Decreto Ley 701, con el objetivo primordial de incenti- var la explotación forestal en las regiones del centro-sur del país. Este Decreto ley “implementaba una nueva reglamentación sobre los terrenos de aptitud forestal. Dicha reglamentación intentaba im- pulsar la creación de la gran industria forestal, utilizando para ello vastos territorios” (Mella, 2007:83). Para tal propósito concede una serie de garantías tributarias y apoyo estatal que se traducirán en la bonificación de hasta un 75% de la forestación en base al mono- cultivo –principalmente- de pino y eucaliptos. “Hay que aclarar que este Decreto llego a subvencionar hasta el 90% de la forestación en algunos casos” (Mondaca, 2011).

Chile disponía “de una superficie exótica cercana a las 500.000 hectáreas, y de una importante industria en torno al pino insigne. En un contexto de liberalización de la economía, el Estado traspasó sus industrias al sector privado entre 1976 y 1979. Se estima que sus seis principales empresas [forestales] que estaban en manos de la CORFO [Corporación de Fomento de la Producción] (…) se vendieron a grupos empresariales a un 78% de su valor nominal. Paralelamente la CONAF [Corporación Nacional Forestal], creada en 1970, debió traspasar a los privados todos los aserraderos, viveros y una gran parte de los terre- nos de aptitud forestal y plantaciones que administraba en esa época” (Larraín, 1999).

Para el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) “el Decreto Ley 701 es el principal instrumento de un modelo forestal que ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcio- nada de la tierra, que se ha expandido sustituyendo bosque nativo y ocupando suelos agrícolas de buena calidad para dejarlos inutilizables, además de propiciar la ocupación de territorios del Pueblo Mapuche” (OLCA et al, 2009).

En este sentido, “a partir de 1977, muchos de los predios rei- vindicados como tierras antiguas [por el Pueblo Mapuche] y ocupados durante el proceso de reforma agraria por las comunidades son adqui- ridos por las empresas forestales, entre ellas Forestal Mininco S.A., Bosques Arauco, Bosques cautín, con las que se inaugura un nuevo proceso de conflictos territoriales, los que ahora involucran a empre- sas privadas, amparadas por el Estado y sus leyes, en perjuicio de los intereses Mapuche” (Mella, 2007:84).

En este contexto no tardará en irrumpir bajo nuevas condicio- nes históricas la protesta indígena como un obstáculo al avance del tal modelo. Obstáculo que, bajo una dictadura militar, es franqueado a través de la tortura, ejecuciones, encarcelamiento y desapariciones. Por tal motivo, se constituye por parte del gobierno militar, “un nuevo imaginario respecto de los Mapuche. No ya el bárbaro que se opone al proyecto civilizador, sino el indio revolucionario, subversivo, enemigo de la patria” (Villegas, 2010:66).

Debido al violento extractivismo forestal que estaba invadiendo el territorio mapuche, el intelectual José Bengoa señala que “el año 78 ́ (…) es la fecha de inicio de la nueva emergencia indígena en Chile. La característica de este nuevo discurso será una fuerte reafirmación étni- ca (…) a diferencia de lo que había ocurrido durante la Unidad Popular, en que los indígenas se habían plegado al movimiento campesino y a la reforma agraria, a partir de los ochenta los indígenas van a mostrar su diferencia y distancia con los otros movimientos sociales formando asociaciones y reivindicaciones autónomas. La cuestión étnica se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a criticar cre- cientemente la intermediación de los partidos políticos (…) el despojo condujo a acentuar la visión de la distancia, de la separación, de la exclusión” (Bengoa, 2007:265-266).

Es aquí, donde empieza a configurarse una nueva gama de repertorios de resistencia y acción política en el Pueblo Mapuche, que comienza a reconocer al modelo de mercado neoliberal -repre- sentado por el extractivismo forestal- como el principal elemento de conflicto, dentro del cual el Estado chileno, toma el rol de protector de dicho modelo.

Por ser el modelo neoliberal la principal amenaza, al no verse éste alterado con advenimiento de la “democracia”, las tensiones del Pueblo Mapuche con el Estado devienen en una mayor conflictividad. La democracia constituye aquí un velo cosmetológico de legitimación de un modelo económico impuesto en dictadura, ya descrito en lí- neas precedentes.

Es en este escenario donde un renovado Movimiento Mapuche reestructura su lucha política incorporando conceptos tales como autodeterminación, autonomía, territorialidad y nación Mapuche. Conscientes de que la inclusión a una sociedad configurada por el mercado conllevaría su renuncia al territorio. Éste, “arraiga los sig- nificados culturales de su existencia [los cuales] son intraducibles en valores económicos. Es aquí donde se establece el umbral entre lo que es negociable (…) y lo que impide dirimir el conflicto (…) en términos de compensaciones económicas” (Leff, 2006:24). Se instala, por tanto, en un plano político. Este plano queda de manifiesto el año 1996 cuando la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) plantea que:

(…) la decisión de llevar adelante una lucha por territorio y autonomía, que pasa porque salgan de nuestras tierras todos los particulares y empresarios forestales que solo se han enri- quecido a costa de nuestra pobreza y opresión (…) planteamos, en primer lugar, la resistencia Mapuche al sistema capitalista y la oligarquía en nuestro territorio ancestral, el que se expresa a través de las inversiones forestales, hidroeléctricas, turísticas, etc., y en segundo lugar, la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, a través de la conquista de espacios territoriales autónomos, en donde se ejerza poder Mapuche, política y eco- nómicamente, y en donde se revitalicen todos los aspectos de nuestra cultura” (CAM, 1996).

Adquieren prontamente un perfil político los repertorios de re- existencia y acción política Mapuche frente al impetuoso avance de grandes empresas forestales cuyas exportaciones para el “año 2011 totalizaron US$ 5.906 millones, anotando un nuevo récord histórico para el sector y situándose en el límite inferior de la barrera de los US$ 6.000 millones, tal como lo anticipara INFOR en su pronóstico del tercer trimestre. Comparado con el año 2010, el monto expor- tado en el 2011 representó un aumento relativo de 19,2%, lo que en términos absolutos corresponde a US$ 951 millones” (INFOR, 2012). A continuación, el Cuadro II evidencia de forma muy clara la evolu- ción de las exportaciones de la industria forestal chilena desde 1990 hasta finalizado el año 2011.

Ahora bien, a través del Cuadro III vemos que “en cuanto a los ex- portadores, el ranking es liderado por Celulosa Arauco y Constitución, compañía que el año 2011 realizó el 29,3% de las exportaciones sectoria- les. Le sigue CMPC Celulosa, con una participación de 19,9%. Las seis principales empresas exportadoras pertenecen a los dos grandes grupos empresariales del sector forestal chileno, Arauco y CMPC, y concentran el 75% de las exportaciones del sector. Los 20 principales exportadores, liderados por las seis empresas mencionadas, participan con el 89% del monto total exportado” (INFOR, 2012:6-7).

Estas empresas tienen como principal base extractiva forestal la octava y novena región de Chile -el centro-sur- en las cuales se concentra el 57.9% del total de plantaciones en el país. Regiones que constituyen el territorio ancestral del Pueblo Mapuche que, conjuntamente, y al con- trario de lo que intenta afirmar el Estado Chileno y la industria forestal, ostentan los mayores índices de pobreza (CASEN, 2009). “Si uno toma un mapa y cruza las localidades con mayor índice de pobreza e indigen- cia, de desempleo, de emigración, de sequía y los relaciona con las zo- nas de concentración forestal, existiría una abrumadora coincidencia” (Seguel, 2003). Aunque no se pueden atribuir los problemas señalados exclusivamente al sector forestal, los datos expuestos demuestran que éste no ha contribuido a mejorar la situación socioeconómica de los habitantes de estas regiones, ni siquiera a nivel rural, y su contribución a mejorar esta situación a nivel país queda en duda al constatar que Chile posee una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. “El crecimiento y desarrollo de la industria forestal [por tanto] se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del terri- torio Mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable durante los gobiernos actuales” (Gó- mez Leyton, 2011).

El Pueblo Mapuche es el testigo directo y vivencial de la degra- dación de suelos, de la grave escasez de agua y su contaminación por el uso de agroquímicos, de la destrucción, por tanto, de la base de recursos naturales de su territorio.

“[...] que no tenemos agua, no tenemos plantas naturales, ca- nelo se seca, el laurel. Lo que no tengo es agua por culpa de las plantaciones. Y en estos meses tampoco va a haber agua, y si llega a caer va a hacer con mucha enfermedad porque mi dios está totalmente contra de esas plantas de pinos y eucaliptus. Porque donde vamos nosotros ya no vemos el color de la tierra sino que vemos el color del cielo aquí en la tierra y en el cielo… entre medio de esos bosques ‘famosos’… y esas callampas que se crían bajo los pinos son una infección para los chanchos, para los animales. En denante había un buey que dijeron le había dado la ‘pica’, ¿pero era la pica? Porque según dijeron le dieron un pasto…me dio pena… cuando llegue estaba recién dejando de existir. Se murió”[7].

La Forestal ha hecho mucho daño, la Forestal que hace más daño es la Mininco. Esta haciendo daño en los remedios, en el agua, está haciendo daño a los niños que están sin papá. Es una forestal que no mira atrás los niños que están creciendo, aquí no mira los remedios, el agua que está en el huincul, en el menoko[8].

Todo esto ha configurado un escenario de confrontación entre el Pueblo Mapuche y el “neoliberalismo armado” de base extractivista. Es aquí donde el Mapuche se alza “ya no tan solo por la restitución de las tierras expoliadas durante décadas, sino que reivindicando derechos políticos, territoriales y culturales, e incorporando además la defensa del medio ambiente” (Mella, 2007:86). Como señala Gui- llermo Bonfil Batalla “los pueblos, las sociedades con una cultura propia, requieren un territorio (…) sobre el cual puedan tomar de- cisiones, en el cual encuentren recursos suficientes para su sobrevi- vencia y desarrollo” (Bello, 2004).

El centro de la lucha y demanda política del movimiento mapuche

Para abordar el centro de la demanda política del Movimiento Ma- puche es necesario examinar y analizar los Comunicados Públicos que emanan periódicamente desde sus organizaciones y espacios de articulación propios. Indagar solo los análisis provenientes de grandes medios de comunicación y/o organismos e instituciones no Mapuche nos puede llevar a graves distorsiones en el abordaje de la problemática.

El año 2012, los días 18 y 19 de agosto, en la Comunidad de Te- mucuicui -novena región de la Araucanía- líderes Mapuche de la zona convocaron a la sociedad Mapuche en general e invitaron a la sociedad civil y ciudadanos chilenos a ser participes de un FvxaXawvn -gran reu- nión- al interior de uno de los territorios más disputados entre empresa- rios y Mapuche en la historia reciente, tierras en las cuales Temucuicui ha decidido tomar control productivo definitivo.

Los tres primeros puntos -de un total de nueve- de las conclu- siones y demandas resueltas por los asistentes al FvxaXawvn nos guían hacia la comprensión del centro de las demandas Mapuche. Estos puntos exigen:

1. Ratificación de la Declaración Universal de Derechos Indígenas y su pleno ejercicio en todo el territorio ancestral mapuche.

2. El establecimiento del BUEN VIVIR (o Kvme Mogen) como nue- vo paradigma civilizatorio aportado desde el mundo indígena, como alternativa al modelo neoliberal extractivista y depredador ambiental que proviene de occidente.

3. Fin de la invasión del territorio mapuche y su equilibrio ecológico por monocultivos agroforestales, megaproyectos y espacios ur- banos. Eliminación de todos los mecanismos de apoyo y fomento a la forestación alógena en territorio mapuche junto a un plan de freno a la desertificación[9].

Considerando que los puntos dos y tres los hemos venido desarrollando a los largo del estudio, profundizaremos en el primer punto.

El Estado chileno y los grandes medios de comunicación, en muy pocas ocasiones exhiben que la Ratificación de la Declaración Universal de Derechos Indígenas y su pleno ejercicio constituye una de las princi- pales demandas Mapuche. La propaganda, estatal y de la elite empresarial, oculta entre los cientos de pliegues del constructo informativo y simbólico de los grandes medios de comunicación, presenta las deman- das Mapuche como un intento de secesión para la configuración de un Estado Mapuche. Este tipo de distorsión estratégica en la presentación de las demandas del Movimiento Mapuche genera consecuencias axio- lógicas e ideológicas en la sociedad que devienen en una opinión social desinformada y en muchas ocasiones dominada por la estigmatización.

Si nos abocamos a profundizar en la primera demanda del Pue- blo Mapuche, debemos señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas conocida como la “Declaración Universal de Derechos Indígenas” fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con votación a favor por parte del Estado chileno. Por ello, es una legislación vinculante para el ordenamiento jurídico nacional y el Pueblo Mapuche demanda su pleno ejercicio.

Es necesario señalar que “la cuestión del reconocimiento de los Pueblos indígenas como sujetos de derecho siempre ha causado temor en los Estados donde habitan pues implica reconocerles el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, hemos visto que los Pueblos Indíge- nas reivindican su propia concreción del derecho a la autodetermina- ción, el cual se expresa en la autonomía, cuyo ejercicio es plenamente compatible con la vigencia del Estado de Derecho” (Villegas, 2010:99).

El artículo 7 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas señala que:

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobier- no en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

El Artículo 8 concreta y especifica cuando indica que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, so- ciales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a partici- par plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Por último, el Artículo 26.1 señala:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territo- rios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

Para el Pueblo Mapuche, así como para cualquier otro pueblo, el dere- cho a la libre determinación o autodeterminación es el derecho matriz a conquistar ya que contiene a todos “los derechos necesarios para ejer- cer realmente un control político y administrativo de sus territorios y recursos” (Berraondo, 2010).

El derecho a la libre autodeterminación es reivindicado por el Pueblo Mapuche bajo el concepto de Autonomía, ya que ésta les permi- tiría, conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Cuando hablamos de que el Pueblo Mapuche demanda Autonomía nos referimos a “un régimen político- jurídico acordado, que implica el reconocimiento de una comunidad política en el seno de una comunidad nacional, con un gobierno propio autogenerado, con competencia y facultades legislativas y administra- tivas al interior del territorio autónomo” (Díaz-Polanco, 2010:94). Muy diferente a la propaganda que desliza el Estado chileno y los grandes medios de comunicación que introducen en el sentido común de la so- ciedad civil la noción de que la demanda Mapuche implica la separación de un Pueblo del Estado chileno para la formación de un nuevo Estado. “El territorio autónomo es parte del Estado, pues por definición se da al interior de éste como forma de alcanzar la integración política del mismo a partir de relaciones horizontales (no subordinadas) entre éste y aquel, funcionando el Estado como gestor de intereses comunes y plurales. Se genera así un espacio político para ejercer los derechos históricos, sociales, económicos y culturales de un pueblo que aspira a concretar políticamente su diferencia dentro del Estado-nación, per- mitiendo su continuidad histórico-cultural en un marco que supere el actual estado de conflictividad y opresión” (Stavenhagen, 2007).

Como vemos, la demanda de Autonomía del Pueblo Mapuche, entendida en este sentido, “refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones que provoca la negación de la diversidad. Jus- tamente, los Pueblos Indígenas apelan a la autonomía como modo de permitir y mantener una convivencia política en un marco de unidad diferenciada” (Villegas, 2010:95).

El trato de la demanda del movimiento mapuche bajo la lógica del (nuevo) enemigo interno y su criminalización en un contexto de “neoliberalismo armado”.

Como señalamos en la primera parte del presente estudio, como salida a la crisis de legitimidad de la hegemonía neoliberal a nivel continental, Chile –a diferencia de otros países del Cono Sur- optó por desplegado un neoliberalismo armado. Éste se basa en la profundización de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo trans- nacional potenciando una recolonización en materia política y económica respaldada por un “estado hobbesiano” que defiende a fuego nuevas legitimidades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales criminalizando, disciplinando y controlando bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con particular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neoliberal.

Como señala Myrna Villegas “quienes se resisten a estos meca- nismos de control social, esto es, quienes miran con recelo los progra- mas gubernamentales [...] pero además se organizan para recuperar su territorio por vías no institucionales, son duramente reprimidos y criminalizados, más que cualquier otro tipo de delincuencia. Por eso, se criminaliza a la “resistencia”, y esta criminalización se hace a través del Derecho Penal del Enemigo” (Villegas, 2007:5).

Es fundamental evidenciar que el Derecho penal del Enemigo tiene alta correspondencia no solo con el neoliberalismo armado sino también con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), la cual, bajo el contexto de guerra fría, consolido la dominación de los Estados Unidos sobre los países de América Latina, estimuló un pensamiento político y económico proclive a sus intereses extractivistas, derrocó una serie de gobiernos y fijó tareas especificas a las fuerzas armadas: eliminar al enemigo interno comunista.

Finalizada la Guerra Fría y con el advenimiento de un mundo unidimensional donde se afianza la lógica –por cierto también unidi- mensional- del neoliberalismo global, el precursor del derecho penal del enemigo, Günther Jakobs señala “[...] quien es superfluo en la economía común se conduce como si viviera en otro mundo, ello solo es conse- cuente: es que no vive en el mundo de las personas” (Jakobs, 1999:137). Por este sesgo fundacional Portilla indica que “la integración en el pro- ceso sistémico de semejante conformación normativa de persona ha respaldado la conversión del derecho del enemigo en un Derecho de guerra donde la defensa de la seguridad del Estado prima por sobre principios liberales” (Portilla, 2004).

El derecho penal del enemigo se nutre, de un lado, del viejo “pu- nitivismo” de entreguerras, que implica expandir cada vez más el derecho penal ya sea aumentando las sanciones para delitos existentes, o creando delitos nuevos, y de otro lado, del derecho penal simbólico. Este último resulta sumamente importante en la reproducción de subjetividad del sistema y se caracteriza por los efectos que tiene en la ciudadanía el derecho penal. Se trata de dar la impresión de un legislador atento, decidido, eficaz frente al combate de la delincuencia (Villegas, 2007:5).

Es aquí donde los grandes medios de comunicación del neoliberalismo arma- do crean una atmósfera de signos y mensajes que incide en la concepción de nociones de inseguridad, terrorismo, enemigos al progreso, autonomía, vio- lencia, etc. ejerciendo de esta forma una “influencia decisiva en la creación de condiciones objetivas para una represión brutal, mediante la generación de un clima de inseguridad generalizado en la población” (Villegas, 2010:37).

El año 1997 constituye un punto de inflexión en la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado chileno ya que comunidades indígenas de la comuna de Lumaco -situada en la provincia de Malleco, región de la Araucanía- son acusadas de incendiar tres camiones de transporte de madera perteneciente a la Forestal Bosques Arauco S.A. con la cual mantenían disputas de territorio. Estos hechos fueron aprovechados por los grandes medios de comunicación chilenos para iniciar una ofen- siva comunicacional que mantienen hasta el día de hoy.

El Diario El Mercurio de Santiago -y su red de diarios regionales que cubren todo el territorio chileno- es el medio informativo nacional que le ha dedicado cientos de titulares tendenciosos al proceso reivin- dicativo Mapuche que distorsionan los hechos cubiertos en favor de los intereses extractivistas, de las clase dominantes y capital transnacional. Para los hechos acontecidos en Lumaco el 3 de diciembre de 1997 la Corporación Chilena de la Madera –que reúne a los empresarios fo- restales- denunciaba a través de este periódico un verdadero ‘estado de guerra’ declarado por grupos indígenas, y al día siguiente, publicaba una nota titulada: Investigan acción extremista tras ataques de indígenas.

Como señala Pineda “La premisa básica es que la información (a saber, su control, selección y emisión) es, más que nunca, poder. En las demo- cracias capitalistas contemporáneas, la alianza del poder político y el poder económico desliza propaganda de modo más subrepticio que en regímenes totalitarios o dictatoriales; la pantalla de dicha propaganda radica en la “libertad” informativa y la “independencia” mediática” (Pineda, 2002:193).

En el caso de las demandas del Movimiento Mapuche, la infor- mación emanada de los grandes medios, se ocupa de manipular el “sen- tido común” subordinándolo política y culturalmente en relación a los grupos dominantes, sus ideologías y sus intereses económicos. Es aquí donde adquiere transversalidad la identificación del (nuevo) enemigo interno y su tratamiento bajo leyes de excepción, ya que, en palabras de Günther Jakobs “el enemigo tiene menos derechos” (Jakobs, 2006).

En Chile esto se ha traducido en la aplicación de la Ley N° 12.927 de Seguridad del Estado y la aplicación de la severa Ley N° 18.314 Sobre Conductas Terroristas a los Mapuche que se movilizan por la Autono- mía de su Pueblo.

La ley N° 18.314 sobre conductas terroristas entra en vigencia en 1984, en plena dictadura militar de Pinochet, para criminalizar al enemigo interno disidente y las acciones de protesta en contra del régimen, especial- mente las acciones realizadas por grupos organizados que consideraban totalmente ilegítimo el poder surgido a partir del golpe militar.

A principios del 2000, en beneficio del neoliberalismo armado, sale a escena nuevamente la ley antiterrorista, esta vez para crimina- lizar los repertorios de resistencia y acción política Mapuche basadas en las reivindicaciones territoriales llevadas a cabo por comunidades organizadas. ¿Quién es el nuevo terrorista?: el Mapuche en resistencia. Para Myrna Villegas, el terrorista en Chile es aquel “que por su acción de resistencia representa un escollo en el proceso de acumulación de la riqueza” (Villegas, 2007:12). Hay que tener claro eso sí, que este proceso de acumulación se lleva a cabo bajo un neoliberalismo armado de base extractvista transnacional que criminaliza duramente la disidencia, por ello, “la reivindicación y la ocupación de tierras, donde se encuentran plantaciones forestales realizando anualmente beneficios descomuna- les, aparecen como terrorismo” (Barbut, 2010).

A continuación, en el Cuadro IV, se detallan –a Junio de 2013- el listado de Presos Políticos Mapuche en las cárceles del Estado-Nación chi- leno, la mayoría de los cuales se encuentra en prisión por participan en acciones de reivindicación de territorios ancestrales –lo que demuestra su carácter selectivo- los cuales están actualmente en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional.

Conclusiones

Hasta aquí hemos realizado una aproximación a algunas de las cuestio- nes que jalonan lo que consideramos una re-existencia o lucha política Mapuche frente al extractivismo forestal dilucidando las características de su criminalización por parte del neoliberalismo armado del Estado chileno bajo la lógica de (nuevo) enemigo interno. Su estudio va gene- rando la plataforma necesaria para poder realizar algunas conclusio- nes. En primer lugar, es necesario recordar que el Pueblo Mapuche posee una concepción del mundo o cosmovisión con una forma de orga- nización socio-cultural y unas normas de conducta que se desprenden de ella que son antagónicas a una racionalidad económica y social ca- racterística de un modelo de mercado neoliberal de base extractivista. Por ello, se configura un escenario en que se enfrentan formas opuestas de significación y uso del territorio. En segundo lugar, podemos señalar que a partir de la crisis de legitimidad de la hegemonía del neoliberalis- mo a nivel continental, Chile optó por la profundización de una matriz extractiva exportadora bajo un radical control foráneo transnacional resguardada por un “estado hobbesiano” que defiende nuevas legiti- midades promoviendo un proceso de militarización de las relaciones sociales enfocado a la a criminalizar y disciplinar bastas dimensiones de la vida y acciones de las clases y sectores subalternos, con particular énfasis en aquellos que han sido mayormente afectados y despojados por la intensificación del patrón de acumulación neoliberal en curso. Frente a este panorama, el movimiento mapuche se articula como re- acción ante una situación concreta, amenazante y real de personas y comunidades que obtienen su sustento biológico, cultural y espiritual de un territorio sobreexplotado, degradado y contaminado por gran- des empresas forestales. Por ello, la lucha política Mapuche centra uno de sus principales objetivos en el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación o autodeterminación del Pueblo Mapuche. Derecho ma- triz a conquistar ya que de él se desprenden los derechos necesarios para ejercer realmente un control político y administrativo de sus te- rritorios y recursos naturales. Derecho estipulado, por lo demás, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumento jurídico internacional con plena vigencia en Chile. En este sentido es oportuno señalar que la producción jurídica emanada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es, por tan- to, de muy poca sustancia y su impacto es bajo cuando se trata de temas que impugnen los intereses del mercado global y/o EE.UU. Por último, podemos corroborar la implementación, por parte del neoliberalismo armado del Estado chileno, de un sistema coordinado de represión se- lectiva basado en un control punitivo bajo la lógica del (nuevo) enemigo interno aplicando leyes de excepción que tienen como objetivo final la reactualización y profundización de la dominación política sobre el Pueblo Mapuche en aras de consolidar una posición colonial-subordi- nada en el mercado mundial.

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1. Doctor © en Ciencia Política, Centro de Estudios Avanzados (CEA), Universidad Nacio- nal de Córdoba. Posgrado en Ecología Política y Metabolismo Social por el Consejo La- tinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). e-mail: eduardomondaca.m@gmail.com↵

2. Werken (vocera) de la Alianza Territorial Mapuche (ATM).↵

3. Término aparecido en Chile durante la década de 1970 para denominar a los economis- tas neoliberales educados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los estadou- nidenses Milton Friedman y Arnold Harberger. Para la historia de los Chicago Boys ver Correa, 1985 y Cáceres, 1994.↵

4. Un tratamiento específico de las políticas de privatización en Chile lo ofrecen Edwards y Cox, 1992; Larraín y Vergara, 2000.↵

5. La cifra sobre desempleo es de Edwards y Cox, 1992.↵

6. Los gobiernos en cuestión son los de Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutierrez (2005) en Ecuador; de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia; de Fernando de la Rúa (2001) en Argentina; y de Alberto Fujimori (2000) en Perú.↵

7. Relato de una Machi Mapuche. Citado en Montalba-Navarro y Carrasco, 2003.↵

8. Entrevista a la Machi Adriana Loncomilla. Citado en Mella, 2007.↵

9. Conclusiones y demanda de FVXA XAWVN, Temucuicui Tradicional, Lof Ignacio Quei- pul Millanao 18 y 19 de agosto de 2012. en ↵

Poder, desarrollo y directrices hidráulicas desde el valle de México

Cleotilde Hernández Suárez[1]

Introducción

La búsqueda, construcción y defensa de desarrollos alternativos sos- tenibles implican procesos complejos (económicos, políticos, y socio- culturales) que generalmente conllevan conflictos de distintos tipos, con distinta intensidad. Una aspiración -desde la investigación social y quizás también desde la política- es que la búsqueda y la definición de dichas alternativas emerjan de procesos democráticos en los cuales, los distintos intereses estén representados, sobre todo los de aquellas comunidades y grupos sociales que históricamente han sido relegados de la toma de decisiones sobre sus propios territorios y vidas. En conse- cuencia, es imprescindible analizar las estructuras y superestructuras que a lo largo del tiempo han propiciado y recreado la centralización del poder y la toma de decisiones, y que han resultado lesivas a los grupos sociales mayoritarios y a la naturaleza, como sucede con el tipo de desarrollo (metas, fines) que las sociedades adoptan y el carácter – instrumental en el capitalismo- que en él adquieren los seres humanos (entes biológicos y sociales) y la naturaleza.

Desde la perspectiva teórica y metodológica, la ecología política, el marxismo ecológico y la historia ambiental ofrecen elementos de en- foque (s) para analizar problemáticas socio-ambientales en sus expre- siones locales, regionales y globales. En el presente escrito se reflexiona sobre la compleja problemática socio-ambiental que subyace en las di- námicas de uso del agua que han sido diseñadas históricamente desde y para la Cuenca del Valle de México con repercusiones en las cuencas ve- cinas, entre ellas la Cuenca Río Tula, que recibe los desagües de aquella, sin previo tratamiento, a través de una amplia red de drenaje y riego. Ya hemos publicado algunos resultados investigación sobre dicha historia y caso, y está en curso una publicación extensa y detallada sobre ello. Con el presente ensayo se busca atraer la atención del lector hacia las estructuras y superestructuras sobre las que se sustenta y reproduce el poder, las decisiones que de esa forma se generan y las consecuencias socio-ambientales de las mismas, todo ello a partir del estudio de caso. Tres partes constituyen este escrito: una breve reflexión sobre el mé- todo y los aportes de los enfoques arriba mencionados; la descripción del caso y la expresión actual de su problemática socio-ambiental; y las relaciones de poder que han conducido a dicha problemática en el área de estudio.

sobre eL enfoque Y eL MÉtodo

El método deductivo de investigación ayuda a ubicar y dimensionar aquellos procesos de amplio alcance que inciden de variadas formas en los espacios locales. En ese sentido, es importante el señalamiento de Escobar (2011) sobre la necesidad del análisis de las escalas para abordar el lugar, el caso específico. Tomar el camino inductivo implica seguir la ruta del abordaje local, regional y global; optar por el camino deductivo implica ir de lo global a lo regional y lo local. También hay quienes, reconociendo la complejidad de los fenómenos a estudiar y en un ejercicio de disposición a “de-construir” lo aprendido –empleando términos también de Escobar- pudieran optar por un camino en dos sentidos: el análisis local-global y viceversa.

Ecólogos políticos como Greenberg y Park (1994) plantean que la relación entre la actividad productiva, el carácter humano y el am- biente, es fluida e histórica y regionalmente específica. Resulta útil por tanto, analizar las dinámicas y las expresiones del más amplio proceso de acumulación capitalista, y cómo es que éstas son introducidas en espacios locales caracterizados por su heterogeneidad, complejidad y con distintos grados de anclaje al capitalismo (Roseberry, 2002a). El lugar, como apunta Escobar (2011), cobra especial importancia porque en él se conjugan territorio, biodiversidad, cultura, cosmovisiones y otras dimensiones que complejizan el espacio físico. Por su parte, Sack (1983) emplea los términos territorio y territorialidad, esta última para referir al “intento de un individuo o grupo para influir, afectar o contro- lar objetos, gente y relaciones a través de la delimitación y reafirmación del control sobre una área geográfica. Esta área es el territorio” (Sack, 1983:56). Y es que, a pesar de la existencia de controles hegemónicos en distintos ámbitos, paralelamente existen procesos políticos de domi- nación y lucha problemáticos, en los cuales “el lenguaje, los propósitos, y los proyectos del liberalismo van sufriendo inflexiones específicas, a medida que se insertan en las relaciones de clase y en las alianzas políti- cas regionales y locales” (Roseberry, 2002b:225), dando lugar a campos de fuerza complejos, multidimensionales y dinámicos.

El carácter histórico de los procesos hace necesaria la inclusión de una perspectiva en este sentido, en ello coinciden no solo los historiadores ambientales (Worster, 1985), sino también los ecólogos políticos (Green- berg y Park, 1994; Alimonda, 2011) y los marxistas ecológicos (O’ Connor, 2001). No obstante, entre estos enfoques teóricos existen diferencias so- bre la definición misma de la historia ambiental y sobre cuáles deberían ser sus métodos. Aquí no abundaremos en esa discusión aunque conside- ramos rescatable la definición de historia ambiental como “el estudio de las interacciones entre sociedades humanas y el medio natural a lo largo del tiempo, y de las consecuencias que de ellas se derivan para ambos, incluyendo las interacciones naturales mediadas por los humanos, y las interacciones humanas mediadas por la naturaleza (Alimonda, 2011:32). O’ Connor (2001) describe a la historia ambiental como totalizadora en su enfoque a la vez que restringida espacialmente, y convoca al análisis de la especificidad local; es decir, al análisis de problemas específicos, en lugares específicos, incorporando una perspectiva histórica.

Las estructuras y superestructuras sobre las cuales se sustenta el poder bien pueden ser exploradas desde tiempos remotos. Para los pue- blos latinoamericanos, Wolf (1956 citado por Roseberry, 1998) propone analizar la secuencia histórica partiendo de la época colonial. También en ese sentido pero profundizando en ello, Alimonda (2011) retoma de Rosa Luxemburgo (1967) la propuesta de observar a la colonialidad como una parte constituyente de la acumulación de capital, como su reverso fundante y necesario. Desde lo que Alimonda refiere como una ecología política latinoamericana, nos convoca a reconocer como una marca de origen de lo latinoamericano: “… el trauma catastrófico de la conquista y la integración en posición subordinada, colonial, en el sistema internacional, como reverso necesario y oculto de la moderni- dad” (Alimonda, 2011:21). Esto es, reconocer la posición colonial lati- noamericana (subalterna en varios aspectos) como eje para entender las relaciones que prevalecen hasta el presente y que han marcado la historia de esta región.

Es oportuno mencionar aquí que, para el análisis de las relacio- nes de poder en el uso del agua en el área de estudio, se incluyó una exploración bibliográfica y documental que proveyera información des- de la época prehispánica, la Conquista y la Colonia, para entender las dinámicas y los procesos que tuvieron lugar en los siglos posteriores. Esos primeros períodos cobran especial importancia en el trabajo de Musset (1992), quien considera que en ellos se decidieron las políticas hidráulicas que aún rigen las relaciones entre la Ciudad de México y su entorno. Musset expone cómo, dos sistemas de pensamiento (nativos mexicanos – conquistadores españoles) implicaron acciones diferentes para la gestión de un mismo espacio y cómo uno de ellos terminó im- poniéndose sobre el otro. Las diferencias culturales representan para Musset uno de los ejes analítico para explicar las “soluciones” que los conquistadores definieron para resolver el “problema” de las inundacio- nes de la Ciudad de México.

Entendemos a la ecología política como una propuesta en cons- trucción (Paulson, Gezon y Watts, 2003); un campo teórico-práctico en construcción y prácticamente en su momento fundacional (Leff, 2003). Es pertinente el reconocimiento de que “… no estamos ante un nuevo paradigma de conocimiento o un nuevo paradigma social. Apenas co- menzamos a indagar sobre el lugar que le corresponde a un conjunto de exploraciones que no encuentran acomodo dentro de las disciplinas académicas tradicionales” (Leff, 2003:22). Adoptarla como enfoque conlleva el reto de continuar construyéndola, al tiempo de ir propo- niendo y probando los métodos y las técnicas de investigación para el análisis de casos. Dicho eso, “a la ecología política le conciernen no solo los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado” (Leff, 2003:22). ¿Cómo entender entonces el poder y dónde se ubica la política? Ecólogos políticos como Paulson, et al definen:

(…) Power, as a social relation built on the asymmetrical distri- bution of resources and risks and locates power in the interac- tions among, and the processes that constitute, people, places, and resources. Politics, then, are found in the practices and mechanisms through which such power is circulated (Paulson, et al, 2003:205).

Al incorporar la perspectiva histórica y la colonialidad latinoamericana en el estudio de las relaciones de poder es posible dimensionar, a la vez que relativizar, dos fenómenos que tienen ocupados a analistas e in- vestigadores y que han adquirido un peso importante en la explicación de problemáticas actuales: la globalización y el neoliberalismo. Dicho de otra forma: al no incorporar en los análisis la dimensión históri- ca de los procesos, se corre el riesgo de atribuir a fases recientes del capitalismo la responsabilidad de procesos y problemáticas que han estado presentes y en gestación en las historias locales; en ese caso, más que problemas recientes, estaríamos presenciando la agudización de problemáticas añejas y nuevas expresiones del poder. Las formas cambian pero los contenidos suelen prevalecer. Quienes concentran el poder difícilmente están dispuestos a permitir la destrucción o la re- estructuración de las estructuras y los mecanismos que les aportan distintos beneficios.

La globalización, como plantea Hobsbawm (2000), es un pro- ducto del desarrollo capitalista, y aunque su expresión más evidente es la creación de una economía global, en realidad se trata de un fe- nómeno multidimensional, relacionado también con otros ámbitos. El estudio de las implicaciones económicas y políticas de la globalización para Latinoamérica, obliga a incorporar en los análisis el reconoci- miento de los lazos de dependencia e interdependencia que la región mantiene con el sistema económico mundial (Salinas, 2002) y por supuesto también su posición colonial subalterna (Alimonda, 2011). No menos importante es el análisis de las iniciativas estadounidenses, las cuales, acompañadas de discursos en pro de la seguridad del conti- nente, en el fondo contienen acciones de vigilancia y control de aquella potencia sobre los territorios del sur, principalmente sobre aquellos que poseen recursos estratégicos para la expansión del capital, tales como petróleo, gas, metales y minerales, entre otros (Saxe-Fernández, 2009). Las acciones emprendidas por las potencias para la “seguriti- zación” de los recursos naturales (Delgado, 2012) encuentran en los estados-nación y en los lugares las bases de apoyo para su anclaje. Reiteramos, con la observación de los procesos de amplio alcance, la atención tendría que ser dirigida luego a lo local, “(…) porque cual- quier posición dentro del campo social tiene una configuración única, pero también se dirige a los centros de poder porque esa configuración única no existe aisladamente, sino en una relación necesaria con estos centros” (Roseberry, 1998:95).

En su fase actual, el capitalismo va conformando un mercado global que requiere que las mercancías circulen libremente, sin ma- yores obstáculos en materia de regulación (Salinas, 2002); de ahí que Hobsbawm (2000) se refiera al neoliberalismo como el fundamentalis- mo de libre mercado y Valenzuela (1991) lo defina como la vertiente pa- rasitaria del modelo secundario-exportador. El marco legal ambiental en México y el correspondiente a la nueva política del agua –además de otros– fueron creados en el marco de las reformas neoliberales en México, entre ellas, el proceso que Boron (1996) define como de restruc- turación funcional del estado. Todo ello a pesar de que al poco tiempo de su implementación –e incluso antes– distintas voces alertaban sobre los resultados del neoliberalismo: el incremento de la pobreza, la pola- rización social, la globalización del crimen y la destrucción del medio ambiente (Candia, 2000).

En el marco de esos procesos capitalistas (globales y locales), desde las ciencias sociales se han ido delineando escuelas del pensa- miento ecológico; Tetreault ubica cinco principales:

1) el modelo dominante de desarrollo sustentable, que co- rresponde a la propuesta reformista esbozada en el Informe Brundtland y la Agenda 21; 2) la economía ambiental, que representa un esfuerzo por incorporar consideraciones eco- lógicas a la teoría neoclásica de la economía; 3) la economía ecológica, que incluye un análisis de flujos de energía, apun- tando hacia las limitaciones de la economía ambiental; 4) la ecología política, que constituye un esfuerzo por analizar la compleja dinámica socioeconómica detrás de los problemas ambientales, enfocándose en las relaciones de poder entre di- ferentes actores y grupos sociales; y 5) la agroecología, que pretende rescatar y desarrollar los aspectos positivos de la producción campesina tradicional (Tetreault, 2008:9).

Las dos primeras han tenido eco en el estado mexicano y sus diseñado- res de políticas gubernamentales, claro está, con una fuerte influencia de organismos financieros internacionales tales como el Banco Mun- dial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que dan las directrices para la continuidad capitalista, priorizando los intereses de las poten- cias económicas.

No es extraño entonces que las políticas públicas en materia am- biental y de agua en México, diseñadas e instrumentadas desde finales de la década de 1980, contengan en el discurso y en los marcos norma- tivos conceptos tales como desarrollo sustentable, descentralización, participación social amplia, derechos humanos, gestión integral del agua y otros conceptos “punteros” a nivel mundial. Tampoco lo es la fuerte influencia que en estos contextos han tenido los planteamien- tos de los economistas neoclásicos (como Weimer y Vinning, 1992), apostando a las leyes coercitivas y los mecanismos fiscales como los instrumentos centrales en el diseño de las políticas públicas y para la acción gubernamental; sin embargo, esos instrumentos han demos- trado sus limitaciones para la solución de problemáticas complejas. Tenemos la convicción de que los estudios de caso, analizados desde una perspectiva histórica y exploradora de las relaciones de poder son de gran utilidad para el análisis de la complejidad, ya que nos ayudan a aproximarnos para diferenciar entre la esencia y la apariencia de las cosas, reconociendo que “hay contradicción en que una cosa siga sien- do la misma pese a cambiar constantemente” (Engels, 1878 citado por Frank, 1965:18). El análisis de la complejidad también demanda tra- bajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario; quizás estamos dando los primeros pasos en ese sentido, el reto es que ello no quede sólo en mera aspiración. A continuación se hace una descripción general del caso y la problemática socio-ambiental que le acompaña.

eL caso, situación actuaL Y ProbLeMÁtica socioaMbientaL

La ubicación y caracterización del área de estudio es retomada aquí, de forma sintetizada, de un trabajo previo (Hernández, 2011a). En su original estado natural, la Cuenca del Valle de México y la Cuenca Río Tula fueron dos cuencas independientes en sus dinámicas hídricas pero eso comenzó a modificarse por concepciones, objetivos, decisiones y ac- ciones de grupos humanos desde la Conquista, sobre esto ahondaremos más adelante. En el marco de la instrumentación del neoliberalismo en México, la Ley Federal de Aguas de 1972 fue calificada por el gobierno federal como una ley obsoleta, razón por la cual debía ser reformada (SARH-CNA, 1994). Desde esa perspectiva, dicha ley ya no respondía a los problemas de escasez y contaminación del agua y sólo represen- taba obstáculos institucionales y jurídicos para el tránsito hacia una nueva política sobre el recurso. En los documentos oficiales se puso énfasis en dos vertientes de la nueva política del agua: 1) la de una mayor participación de la sociedad en el financiamiento de las obras y acciones que le benefician y; 2) el uso más eficiente del agua por la vía de precios e incentivos económicos, para lo cual habría de consolidarse el sistema financiero del agua. Junto a esas dos vertientes fueron plantea- das seis líneas de acción: la restructuración institucional, las reformas al marco jurídico, el establecimiento del sistema financiero del agua, la definición de instrumentos tecnológicos, la preservación del ambiente, y la administración del agua por cuencas hidrológicas (SARH-CNA, 1994). Como ya muchos investigadores han apuntado y se deduce de la lectura, un aspecto central de la nueva política ha sido el reforzamiento del concepto de agua como bien económico en sustitución del de agua como bien libre.

La delimitación para la administración del agua cobra espe- cial relevancia. En México hay 718 cuencas hidrográficas, las cua- les todavía en la década de 1970 estaban agrupadas, para efectos administrativos, en 37 Regiones Hidrológico-Administrativas (Oribe, 1970; SARH-CNA, 1994). Con la nueva política del agua fueron delimitadas 13 Regiones Hidrológico-Administrativas, cada una abarcando varias cuencas y sub-cuencas, lo que da una idea de la heterogeneidad y complejidad (natural y social) contenida en cada una de ellas. Desde el planteamiento gubernamental, todas y cada una de estas Regiones “constituyen unidades geográficas y geopolíti- cas integradas en cuencas hidrológicas principales, con la finalidad de lograr un manejo integrado regional de los recursos hidráulicos y fortalecer la capacidad de gestión de las nuevas unidades admi- nistrativas y de las organizaciones de usuarios correspondientes” (CNA, 2003:18). La Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México (en adelante, Región XIII) comprende la Cuenca del Valle de México y la Cuenca Río Tula, referidas técnicamente como subregiones hidrológicas (Figura 1), aunque la delimitación ha sido objeto de varias modificaciones. En los documentos oficiales se menciona que esas dos cuencas conforman “una unidad principal de funcionamiento hidrológico” (CNA, 2003:19) pero es importante insistir en que se trata de una unidad artificial e históricamente construida, razón por la cual coincidimos con Cirelli (2004) cuando sostiene que las cuencas son unidades naturales que están sujetas a recortes espaciales, en función de los intereses en juego vinculados con la gestión del agua.

La Región XIII tiene sus oficinas sede en el Distrito Federal y comprende las 16 Delegaciones de éste, 62 municipios del Estado de México, 39 de Hidalgo y 4 de Tlaxcala. Datos de 2008 reportaron para esta Región una superficie de 16,438 km2 y una población de 21.2 millones de habitantes, resultando una densidad de población de 1293 hab/km2, la más alta del país frente al promedio nacional de 55 hab/km2. La Región XIII genera 21.27% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, del cual el Distrito Federal aporta 17.5% (SEMARNAT y CNA, 2010). En efecto, “el esque- ma centralizado de desarrollo que se adoptó durante todo el siglo XX” (CNA, 2003:32) condujo a que en la actualidad, la Región ocupe menos del 1% del territorio nacional, esté habitada por casi 20% de la población nacional y en ella se genere la quinta parte del PIB nacional. Si sólo se observan los datos de conjunto podemos ver a una Región altamente con- sumidora de agua potable y generadora de aguas negras, pero sólo pres- tando atención a las dinámicas de cada subregión es posible ver que hay funcionalidades hidráulicas bien definidas en ese complejo hidráulico.

El volumen total de lluvia que se precipita sobre la Región XIII es del orden de 1714 hectómetros cúbicos por año (hm3/año), 864 en la Cuenca del Valle de México y 850 en la Cuenca Río Tula. La precipita- ción pluvial constituye la principal fuente de recarga de los 14 acuíferos de la Región, con un volumen de 788 y 336 hm3/año, respectivamente. Los acuíferos de la Cuenca del Valle de México tienen las condiciones de sobre-explotación más graves (CNA, 2003: 35-41). En particular, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, situada en el Valle de Mé- xico, tiene como principal fuente de abastecimiento de agua de primer uso a su propio acuífero: el más grande, con mayor capacidad de re- carga y almacenamiento, pero también el más sobre-explotado de la Región XIII. De él se extraen 2071 hm3/año y se importan 623 hm3/ año de los sistemas Lerma y Cutzamala, lo que significa que “los recur- sos hidráulicos aprovechables (sin incurrir en la sobre-explotación del acuífero y el ingreso de las fuentes externas) representan sólo 55% de los usos consuntivos de agua de primer uso. Poco más de 45% restante se satisface con la sobre-explotación de los acuíferos” (CNA, 2003:38), lo que aunado a la expulsión histórica de los desagües ha provocado el hundimiento paulatino de la Ciudad de México.

El desagüe de la Cuenca del Valle de México (unos 1588 hm3/año de aguas negras mezcladas con pluviales) es enviado sin previo tratamiento al Valle del Mezquital, Hidalgo, en la Cuenca Río Tula, a través de una com- pleja infraestructura de desagüe. Ahí, esas aguas son empleados para uso agrícola en los Distritos de Riego (DR) 003-Tula, 100-Alfajayucan, 112-Aja- cuba, y la Junta de Aguas Ixmiquilpan, sumando unas 90,000 hectáreas de riego de unos 63,000 usuarios (CNA, 2006). En el Estado de México también son abastecidos con este tipo de aguas unas 6,000 hectáreas de los DR 088-Chiconautla y 073-La Concepción. La mirada hacia las diná- micas del uso del agua en las cuencas en cuestión permiten afirmar que la zona agrícola de riego del Valle del Mezquital cumple la función de filtro para la reutilización incidental del desagüe del Valle de México (término de Mujeriego, 1993 citado por Peña de Paz, 1997); una funcionalidad que comenzó a consolidarse desde el Porfiriato (1876-1911), cuando el gobierno federal ordenó la realización de proyectos para la reutilización del desagüe en riego agrícola y en la generación de energía eléctrica.

La filtración de las aguas negras en el acuífero del Mezquital está mediada por los usos agrícolas y pecuarios. Luego, los excedentes son descargados en drenes y ríos hasta incorporarse a la corriente principal que drena a la cuenca, que es el río Tula. Este río fluye en dirección de sur a norte y descarga sus aguas en el río Moctezuma, afluente del río Pánuco, el que a su vez desemboca en el Golfo de México. Esa trayecto- ria fue considerada desde los primeros proyectos para el desagüe gene- ral del Valle de México; sin embargo, la propuesta técnica formal (1856) es atribuida a Francisco De Garay aunque su proyecto no se efectuó de inmediato (CG, 1903; CSGDF, 1905).

Si bien, esa funcionalidad ha contribuido a la reproducción so- cial de las unidades de producción campesinas usuarias de los desagües –entre ellas las comunidades indígenas hñähñü– también ha conllevado diversas afectaciones ambientales y en la salud pública. Desde hace casi cuatro décadas comenzó a haber evidencia científica –aunque con un manejo confidencial por parte de las dependencias gubernamentales- de que las aguas negras de riego se estaban filtrando hacia los mantos subterráneos del Valle del Mezquital (Payne, 1975), contaminándolos de esa forma. De esa situación siguen dando cuenta estudios más recientes que reportan un decremento en la calidad de los recursos hídricos de la cuenca receptora, principalmente en lo referente a parámetros micro- biológicos (coliformes totales y fecales), formas nitrogenadas (nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal), algunos elementos (plomo y boro) y algunos iones disueltos (Pérez, Jiménez y Chávez, 2000). Esa recarga artificial ha ocasionado que haya nuevas zonas en el Valle del Mezquital con niveles freáticos muy someros e incluso brotantes (CNA, 2002); sin embargo, ninguna de esas aguas cumple con la calidad para uso pota- ble en forma directa y para ello, además de tratamientos especiales a las aguas, los investigadores recomiendan el tratamiento de las aguas negras previo a su empleo en riego (Pérez et al, 2000). La CNA sobre- simplifica esta problemática afirmando que: …

[...] la condición de los acuíferos del Valle de México es de sobre-explotación en un volumen de 1283 hm3/año y la del río Tula es de sub-explotación en 40 hm3/año. Esta alteración es generada por la creciente demanda de agua en la Región, prin- cipalmente en la Cuenca del Valle de México (CNA, 2003: 41).

Por otro lado, investigaciones edafológicas han encontrado que “la con- taminación de los suelos por metales pesados se ha incrementado consi- derablemente como consecuencia del empleo intensivo de agroquímicos y del riego con aguas residuales” (Tamariz, 1996 y Méndez et al, 1997 citados por Méndez et al 2000: 278), y observan que esta problemática ocurre generalmente en zonas agrícolas cercanas a las grandes urbes por ser las receptoras de las descargas sin previo tratamiento. En otro estudio se encontró “la existencia de un proceso de acumulación de me- tales pesados en la región [Valle del Mezquital], de 3 a 6 veces superior con respecto a la que ocurre en suelos no irrigados con agua residual” (Siebe, 1994 in Vázquez et al, 2001: 268) En estos estudios se reconoce que si bien, la incorporación de materia orgánica, nitrógeno y fósforo a los suelos irrigados con agua residual podría verse como un aspecto positivo en el corto y mediano plazos por el incremento en la producti- vidad de los suelos, también están presentes aspectos negativos como la salinidad y la acumulación de metales pesados, más acentuada en suelos arcillosos, lo cual, a largo plazo los volverá improductivos.

La falta de una normatividad en México que establezca paráme- tros máximos permisibles de metales tóxicos en los suelos usados para la producción de alimentos para consumo humano es otro problema que señalan esos estudios. Sin embargo, aunque sí existe una normati- vidad[2] sobre las concentraciones de metales en aguas para riego, ésta no se cumple y en el Mezquital se encontraron concentraciones superiores a las permitidas por ella; de hecho, algunos metales ya se encuentran en tejido foliar o grano en algunos cultivos analizados tales como al- falfa, maíz y trigo (Cajuste et al, 1991 y Carrillo et al, 1992 in Vázquez et al, 2001). Concluyen que existe “una tendencia general a aumentar la disponibilidad de dichos metales por efecto del tiempo de uso del agua residual [...] situación que representa un peligro para los organismos que consumen los productos agrícolas obtenidos en esos suelos” (Váz- quez et al, 2001: 271-272).

Por otro lado, es muy amplia la literatura que aborda el efecto negativo de la irrigación con aguas negras en la calidad de los cultivos y en la salud pública. El planteamiento es que estas aguas contienen ma- terias fecales, las que a su vez pueden ser un vehículo de hepatitis, fiebre tifoidea, disentería, cólera y otras enfermedades que pueden afectar a la salud de los consumidores de los productos, principalmente aquellos que se consumen crudos (Departamento de Sanidad del Estado de Nue- va York, 1999). Hay otros problemas que no se encontraron referidos en la literatura pero sí fueron mencionados de forma recurrente por perso- nas entrevistadas en los recorridos de campo, por ejemplo, el bajo ren- dimiento escolar de niños y jóvenes que habitan en las zonas aledañas a cuerpos de almacenamiento de aguas negras (presa Endho) debido a que las horas de descanso y sueño de las familias son interrumpidas por los piquetes del mosco cúlex. Este mosco prolifera con el crecimiento de lirio acuático en la superficie de la presa y se ha hecho resistente a pesticidas. Por otro lado, algunos pobladores y médicos entrevistados expresaron su preocupación por la creciente incidencia de cáncer e in- suficiencia renal en la región y temen que estas enfermedades guarden alguna relación con la contaminación ambiental, un problema que ten- drá que investigarse.

Si bien, pudiera pensarse que esa compleja problemática am- biental y de salud pública debería tener preocupados a los pobladores y agricultores del Valle del Mezquital, esto no se observa; de hecho, un comentario comúnmente expresado por éstos es que el uso de las aguas negras, desde hace más de un siglo, los ha hecho resistentes a las enfer- medades. Pero en el fondo está la defensa de un recurso que, indepen- dientemente de su calidad, hace posible la producción agropecuaria y la reproducción social de las unidades de producción campesinas. Un as- pecto que debemos destacar y cuestionar aquí es que los representantes de gobierno han tendido a criminalizar a los usuarios agrícolas de las aguas negras, ante la negativa de las industrias y usos contaminantes de responsabilizarse de los costos del tratamiento. Aunque no constituye el objetivo central de este estudio, es importante mencionar las protestas por parte de las comunidades mazahuas por el envío de aguas de los sis- temas Lerma y Cutzamala hacia la Ciudad de México. Vemos entonces funcionalidades hidráulicas para atender las necesidades (de abasto y desagüe) de una metrópoli anclada a las dinámicas capitalistas en las cuales la naturaleza es grifo y sumidero (términos de O’ Connor, 2001). Veamos la relación que guardan las dinámicas capitalistas, el poder y las funcionalidades hidráulicas.

eL Poder: estructuras Persistentes Y eXPresiones caMbiantes
Las aportaciones de la ecología política, el marxismo ecológico y la historia ambiental condujeron a plantear la siguiente pregunta de inves- tigación para guiar la reflexión y el análisis: ¿Cómo ha sido ejercido el poder en el uso y manejo del agua en el complejo hidráulico en cuestión y con qué consecuencias socio-ambientales?. Para dar respuesta se hizo una amplia revisión documental y trabajo de investigación en campo, poniendo atención en: los momentos históricos en los cuales se tomaron decisiones hidráulicas trascendentales para una o ambas cuencas; los procesos nacionales e internacionales que les influenciaron; las estruc- turas de poder y sus detentores, que a la vez les permitieron posicionar- se como los tomadores de decisiones de amplio alcance; los variados objetivos e intereses perseguidos; los medios para concretar las deci- siones tomadas y los medios para legitimarlas; y las consecuencias sociales y ambientales de las mismas.

Lo que destaca de esa historia ambiental compartida entre las cuencas en cuestión es que el uso y manejo del agua en lo que hoy co- nocemos y aquí hemos referido como la Región XIII, históricamente han estado regidos por un centro de poder y de toma de decisiones. En ese centro de poder sobresalen los gobernantes y las élites de cada época, con intereses y objetivos variados, pero todos ellos ligados a las inercias y las dinámicas –también históricas- del desarrollo capitalista. Los cimientos de esa centralización del poder son el desigual acceso al mundo material para la reproducción social y la discriminación por diferencias sociales, económicas, políticas y culturales.

Existe una vasta literatura sobre las obras prehispánicas para ha- cer del Anáhuac[3] el espacio de vida y también de reproducción social y poderío del imperio azteca, destacando aquellas obras para contener el nivel de los lagos y para evitar que las aguas salobres y las aguas dulces se mezclaran. Sin embargo, en el período conocido como la Conquista, como parte de la estrategia militar europea para someter a ese pueblo fueron destruidos gran parte del dique de Nezahualcóyotl y el acueduc- to de Chapultepec que abastecía de aguas potables a la ciudad. Aquello propició que las aguas del lago de Texcoco salaran a las de la laguna de México y que la ciudad quedara sin protección contra las crecidas (Madrid, 1946). Ya instalados los poderes virreinales se iniciaron los tra- bajos de construcción de la Ciudad de México como capital de la Nueva España y en dicha construcción fueron incorporadas las necesidades que imponía el modo de vida europeo. Hernández (1942) sostiene que si bien, la reconstrucción incluyó obras hidráulicas, éstas recibieron menor atención en comparación con otras pues sólo interesaban para el tránsito y el comercio, lo que a su vez propició el descuido y deterioro de las obras de control de avenidas. Aunado a ello, la demanda de madera para las distintas construcciones y obras incrementó sustantivamente, propiciando la tala inmoderada de los bosques, la desprotección de las laderas y el aumento de los azolves en los lagos de la Cuenca del Valle de México.

En el año 1555, siendo Virrey Luis de Velasco Conde de Santiago se inundó la Ciudad de México, evento que en la literatura ha sido califi- cado como uno de los más catastróficos durante la Colonia. No obstan- te, como menciona Madrid (1946), dicha catástrofe fue consecuencia de la destrucción que los conquistadores hicieron de las obras hidráulicas prehispánicas para la contención de los lagos. A raíz de ese evento, ese mismo año Ruy de González y Francisco Gudiel, asesores del virrey, propusieron cada uno por su lado, el desvío del río Cuautitlán (el más caudaloso del norte del Valle de México) y la expulsión de los desagües (Hernández, 1942). Aunque esa propuesta no se llevó a efecto en ese momento, sí sentó precedentes para que en adelante los gobernantes la consideraran como la alternativa a seguir para resolver el problema de las inundaciones de la Ciudad de México y atender sus necesidades de desagüe. De hecho, la propuesta fue retomada en el año 1607 en un proyecto apoyado por el entonces Virrey Luis de Velasco Marqués de Salinas; una decisión que en adelante haría de esas cuencas copartíci- pes de una historia y gran impacto socio-ambiental.

Sedano (1888) hace una síntesis del largo período (179 años) de ensayos y errores que implicó concretar esa decisión: desde 1607 cuan- do se inició la construcción del Túnel de Huehuetoca, hasta 1786 cuan- do se concluyó la obra como Tajo de Nochistongo. En ese largo proceso y en adelante es evidente la importancia que ha tenido la tecnología disponible en cada época. En la síntesis que hace Sedano se puede ver a los principales tomadores de decisiones durante la Colonia (los virreyes, sus asesores técnicos y los representantes de las órdenes religiosas), y a las poblaciones financiando las obras a través del pago de distintos im- puestos en diferentes momentos. En cuanto al abasto de agua potable, para casi al final de ese largo período de 179 años Ramírez y Toussaint (1892) destacan tres grandes obras: la construcción (de 1743 a 1751) de un acueducto para conducir aguas desde las montañas cercanas a Tlal- nepantla y abastecer a los pueblos de Santa Isabel, Zacatengo, Tacamá y Villa de Guadalupe; la conclusión (en 1779) de la caja de agua y de la arquería para conducir aguas del manantial de Chapultepec hasta la Ciudad de México; y las obras (1776) para unir las aguas de los manan- tiales de Santa fe, del Desierto y Los Leones antes de su llegada al lugar conocido como Casa-Mata y formar el caudal conocido como “de agua delgada”. Abasto y desagüe del Valle de México eran ya dos prioridades durante el Virreinato.

En su estudio sobre el agua en el Valle de México, Musset (1992) revisa los sistemas hidráulicos prehispánicos y las acciones posteriores que en esa materia emprendieron los conquistadores. Concibe un enfrentamiento entre dos civilizaciones que querían organizar el espacio a su manera y considera que la pugna por el control y el manejo del agua era cultural y técnica, lo que a su vez desembocaría en acciones diferentes de manejo del agua. Musset está en desacuerdo con las con- traposiciones que aluden a un pensamiento mágico de los indios frente a la fría lógica de los conquistadores, y en lugar de ello considera para esa época que: “tanto entre los mexicanos como entre los españoles, en el agua permanece un mundo mal conocido, amenazante, en donde se refugian seres que escapan a las normas: animales fabulosos, mons- truos, dioses. De esta manera, nace un verdadero bestiario fantástico del agua, fundado en las creencias, los terrores o las esperanzas de cada uno” (Musset, 1992: 25). Añade que, mientras que para los mexicanos el Anáhuac constituía su espacio de vida, para los conquistadores, he- rederos de conocimientos provenientes de la Edad Media y del Renaci- miento no había peores aguas que las de los lagos y lagunas, a las que veían como fuentes de infección y de enfermedades. Esto último es relevante ya que se puede corroborar con la lectura de varios escritos de la época que los arquitectos asesores del virrey emplearon de forma recurrente el término drenar como sinónimo de sanear y, bajo la consig- na del saneamiento emprendieron las acciones para el desagüe del Valle de México. Por estas acciones es que Musset y varios autores hablan de herencias coloniales vigentes hasta la actualidad en el uso y manejo del agua en estas cuencas.

Si bien, coincidimos con Musset cuando destaca la importancia de las diferencias culturales y las consecuentes acciones para el mane- jo del ambiente, así como la imposición de un sistema de pensamien- to sobre otro, consideramos necesario ampliar la mirada y explorar otros procesos. Observamos también una posición política (relación de poder) de los conquistadores frente al Anáhuac: antropocentrismo y búsqueda de dominio sobre esa naturaleza desconocida; así como la existencia de poderes diferenciales entre grupos humanos y también al interior de éstos, de ahí que las bases de apoyo o de resistencia que ese poder ejercido encontró en los espacios locales abren otro gran espacio de análisis, en diferentes escalas y tiempos y representan un reto para la investigación de distintos temas.

Si enfocamos a una escala macro, alejándonos un poco de la mirada al espacio local, es decir, si dirigimos la atención hacia los am- plios procesos del desarrollo capitalista podemos ver que, en la posición colonial latinoamericana (Alimonda, 2011) y el poder en manos de la jerarquía colonial (Wolf, 1956 citado por Roseberry, 1998) es difícil ima- ginar siquiera espacios de diálogo para la discusión de las visiones de mundo. Las exploraciones territoriales y marítimas que hacían los con- quistadores para poseer nuevos territorios, así como los instrumentos y las estrategias militares que emplearon para someter física, material y simbólicamente a los nativos tenían un origen pre-capitalista. Había estructuras de poder –más allá de los continentes- que hicieron posible y hasta legítimo a los ojos de la época, la esclavitud y el sometimiento –aunque se le denominó conquista- de otros pueblos y el despojo de sus territorios. Despojo facilitado a la vez, para los conquistadores, por las condiciones diferenciales de poder entre los pueblos prehispánicos. El virreinato de la Nueva España con sus operarios (virreyes, arquitectos a su servicio, autoridades eclesiásticas) y beneficiarios (familias acau- daladas) sentó bases para la centralización del poder, facilitando la reproducción de estructuras materiales y políticas para perpetuarlo y centralizar decisiones en distintos ámbitos, entre ellos, las relativas a amplios territorios.

La inestabilidad que caracterizó al período conocido como la guerra de Independencia (1810-1821) pudiera explicar el por qué no hayan sido construidas obras hidráulicas de importancia durante el mismo, siendo también un tema ausente en las fuentes documentales consultadas. En el período post-independiente se hicieron presentes las herencias hidráulicas coloniales: el Proyecto de Francisco De Garay para el desagüe general del Valle de México retomó las estrategias con- templadas por los asesores de los virreyes de la Nueva España, aunque se concretarían más adelante. Otros dos grandes períodos que ya han sido abordados con mayor detalle (Hernández, 2011b) son el Porfiriato y el de los gobiernos postrevolucionarios, ambos herederos y continua- dores de esas acciones coloniales.

Una de las herencias coloniales que sobresale del Porfiriato fue el fortalecimiento del gobierno central en la toma de decisiones sobre distintos ámbitos, del cual derivó el gradual fortalecimiento de la política liberal y la instrumentación de distintas estrategias para atraer la inversión extranjera y al mismo tiempo mantener el capital mexicano dentro del país (Kroeber, 1994). Como proceso de amplio alcance, el desarrollo capitalista fue concebido por el régi- men como la vía para modernizar al país y para ello habría que crear los acondicionamientos que permitieran su inserción en el comercio internacional. Como parte de esos acondicionamientos estuvieron las acciones para el desagüe del Valle de México (Connolly, 1991) y con ello, consolidar a la Ciudad de México como una urbe moderna y un centro de control político y económico por excelencia (Rome- ro, 1999). Las acciones consistieron en la introducción de nuevos instrumentos tecnológicos y técnicos que propiciaron acciones más radicales en menor tiempo (Romero, 1999 y Connolly, 1991). El Ing. Gayol fue comisionado desde 1888 por el Ayuntamiento de la Ciudad de México para diseñar y dirigir la construcción del drenaje subterráneo de la ciudad mientras que el Ing. Espinosa era el responsable técnico del desagüe general del Valle de México, además de ser el supervisor de los trabajos de Gayol, y ya para entonces era clara la vinculación de las acciones de desagüe y las de abasto para la ciudad (Ayuntamiento-CM, 1893). Si bien la construcción (1607-1786) del Tajo de Nochistongo marcó el inicio de las transformaciones de la Cuenca del Valle de México, de cuenca natural cerrada a una artifi- cialmente abierta para ser drenada y de la Cuenca Río Tula para ser la receptora de esos drenajes, aquello adquirió nuevas dimensiones con la construcción de dos obras porfirianas: el Gran Canal del Des- agüe y el Primer Túnel de Tequixquiac.

La Junta Directiva del Desagüe fue la instancia ejecutora de las decisiones del gobierno federal en materia de desagüe para el Valle de México. Estuvo integrada por representantes del gobierno federal, de la Ciudad de México, gente adinerada de la época y personal técnico y ad- ministrativo y, como se observa en las Memorias de dicha Junta (1902), ésta supervisó los trabajos realizados por los contratistas, administró los recursos para financiar las obras, en algunos períodos se encargó directamente de la ejecución de las obras y promovió juicios en defensa de los derechos del gobierno federal sobre los desagües.

A las innovaciones tecnológicas del Porfiriato se sumaron tres grupos de decisiones de gran impacto: a) las decisiones jurídicas, al re- formar el marco legal para permitir a la Ciudad de México en particular y al Valle de México en general, disponer de las fuentes de agua nece- sarias para su crecimiento económico y su consolidación como centro de poder político por excelencia; b) las decisiones ambientales, al optar por la alternativa radical del desagüe general del Valle de México y por el tipo de drenaje que se construyó (combinado); y, c) las decisiones políticas, al decidir sobre el destino y el tipo de uso (generación de elec- tricidad, riego) de las aguas desechadas, la forma de aprovechamiento (concesión), así como los beneficiarios de las mismas (inversionistas privados, hacendados) (Hernández, 2011b). Todo eso se hizo en nom- bre de la modernización y el progreso del país, que implicó propiciar la consolidación del capitalismo en México.

Más adelante los gobiernos post-revolucionarios también con- cibieron al capitalismo como la alternativa y oportunidad para el de- sarrollo nacional; dentro de este esquema, las aguas –incluyendo las negras- adquirieron el carácter de una nueva mercancía. De esa lógica forma parte la ampliación de la superficie de riego con aguas negras en el Valle del Mezquital durante prácticamente todo el resto del Siglo XX. Para esta región, la construcción de infraestructura de almacenamien- to y riego estuvo acompañada de construcciones ideológicas en torno a la creación de un nuevo campesino. Igual que en el período previo, para la instrumentación y legitimación de esas decisiones centralizadas destacaron las vías legales y las construcciones ideológicas.

Sobresale el Acuerdo del 4 de marzo de 1942[4] por medio del cual el Presidente Ávila Camacho concedió al Distrito Nacional de Riego del Río Tula (hoy DR 003-Tula) la dotación de las aguas negras del Gran Canal. Para ese año, la superficie de riego en ese distrito era de 28 000 has. Para 1968 la superficie de riego era de 34 500 has (SRH, 1968). Con el Plan Hidráulico del Centro (PLHICEN) para una primera etapa se ampliaron adicionalmente unas 28 000 has (creación del DR 100-Alfajayucan) y en 1985 se creó el DR 112-Ajacuba con 9000 has de riego, como parte de lo que ya estaba considerado como Ampliaciones futuras en el PLHICEN. Este plan del gobierno federal ya consideraba las ampliaciones de la superficie de riego con aguas negras incorporan- do proyecciones de volúmenes desaguados del Valle de México para el último cuarto del Siglo XX; sin embargo los políticos, principalmente en su papel de candidatos a puestos de elección popular por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomaron como una bandera de sus campañas la promesa de esa ampliación y así convocaron a los campe- sinos del Valle del Mezquital solicitantes de las aguas.

Pese a que en las historias latinoamericana, nacional y local ha habido estructuras de poder que en apariencia se han ido modificando a lo largo del tiempo, esa “alternativa” hidráulica consistente en desaguar el Valle de México prevalece hasta la actualidad. En cuanto al abasto de aguas potables, desde mediados del Siglo XX se sumó la importación desde cuencas externas. Históricamente, el poder y la toma de decisio- nes centralizadas han cerrado el paso a otras formas de enfocar los problemas y las soluciones en la materia. Los centros de poder político y económico, con sus respectivos representantes, en distintos momentos han tomado decisiones y emprendido acciones para hacer de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana una metrópoli anclada y funcional al capital. En materia de uso de agua esto ha implicado dos tipos de transferencias (abasto y desagüe). Las zonas abastecedoras de aguas blancas y la receptora de aguas negras son las que están pagando por este tipo de desarrollo insostenible, en sus ambientes y en la salud públi- ca de la población. De hecho, los recientes planes para el ordenamiento territorial en las cuencas en cuestión incluyen una “visión metropoli- tana” que se traduce en la continuidad de una tendencia histórica: el fomento al dinamismo económico de los polos de desarrollo. A manera de ejemplo léase el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Gobierno del Estado de Hidalgo (2011).

Pese a que desde el discurso del gubernamental (en sus distin- tos niveles) se afirme que se ha avanzado en la descentralización de la gestión del agua y hacia el desarrollo sustentable, lo cierto es que no ha tenido lugar la descentralización administrativa ni la política (Sánchez, 2006; Dávila, 2006), tampoco el desarrollo sustentable. Sin embargo, algo en lo que coinciden muchos investigadores es que, un aspecto que sí se ha consolidado es el carácter del agua como bien económico, en sustitución de su carácter como un bien fuera de las dinámicas del mercado, un aspecto fundamental que subyace en la política pública en la materia. La construcción en curso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, en la Cuenca Río Tula, es otro proceso a analizar pues como proyecto se perfila como una acción del tipo de la economía ambiental, acompañada de la centralización del poder, y figurando el protagonismo de los tomadores de decisión tradicionales (gobiernos federal, del Distrito Federal y más recientemente del Estado de México y de Hidalgo; capitalistas privados; desarrolladores; entre otros). Con excepción de algunos líderes, los campesinos desconocen los contenidos de estas acciones.

El marco normativo en materia de aguas –incluyendo al que rige a los consejos de cuenca– contiene “candados”, que junto a otros instru- mentos constituyen un “marco legal laberíntico” (término empleado por Gutiérrez, 2006:85) que encubre la continuidad y el fortalecimiento de la centralización, así como el reposicionamiento de tomadores de deci- sión tradicionales en las cuencas en cuestión. Como lo demuestra Her- nández (2011a) al analizar el marco legal actual en materia de aguas, lejos de propiciar una participación social amplia en la toma de decisio- nes, éste constituye uno de los principales instrumentos para dar conti- nuidad a la centralización histórica de las mismas, con consecuencias sociales y ambientales que no son consistentes con la sustentabilidad. Subyacen históricas estructuras de poder, aunque éstas han adquirido un aspecto actual y moderno, como el marco legal y los nuevos discur- sos ambientalistas que se difunden en el ámbito internacional.

En la búsqueda de desarrollos alternativos es relevante la pregun- ta: “Quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración?” (Martínez-Alier, 2008). En el caso estudiado ya tenemos idea de quienes lo han tenido hasta ahora. La pregunta entonces tendría que transitar hacia ¿Quién debería tenerlo para revertir los procesos de destrucción de la natura- leza, incluyéndose en ésta a los seres humanos que son parte de ella y que de ella viven?.

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1. Profesora-investigadora. El Colegio de San Luis, A. C., Programa Agua y Sociedad. e- mail: cleohernandez@outlook.com↵

2. Se refiere a la Norma Oficial Mexicana NOM-CCA/32-ECOL/1993, que establece los lí- mites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales de origen urbano o municipal para su disposición mediante riego agrícola, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de octubre de 1993.↵

3. “Anáhuac: término genérico que califica toda una región situada en los aledaños de una vasta extensión de agua (laguna, lago, mar u océano). Se emplea habitualmente para designar al Valle de México” (Musset, 1992: 42).↵

4. Secretaría de Agricultura y Fomento. 1942. Acuerdo del 4 de marzo de 1942, por el cual se determina la dotación de aguas negras del Gran Canal del Desagüe del Valle de México, que corresponde al Distrito de Riego del RíoTula, Hgo. DOF: 1 de abril de 1942. Texto completo disponible en Aboites (1997).↵

Biodiesel de palma en el estado de Chiapas, México: una revisión crítica al discurso de la Economía Verde

Lilia Rebeca de Diego Correa[1]
Gian Carlo Delgado Ramos[2]

Introducción

De cara al ampliamente reconocido fenómeno de cambio climático de tipo antropogénico (IPCC, 2007) y en un contexto en el que las reservas de petróleo de más fácil acceso comienzan a presentar un peak (De- ffeyes, 2001 y 2005; Heinberg, 2003; www.aspousa.org), la seguridad energética se coloca hoy y ciertamente en el futuro próximo, como un asunto de la mayor importancia.

La centralidad de la energía en el actual sistema de producción no puede ser subestimada, puesto que para una mayor acumulación de capital es fundamental contar con cantidades mayores de energía barata, y de tal modo que se pueda mantener una dinámica económica que supone un crecimiento económico al infinito. En tal sentido es observable un consumo exosomático de energía que se intensifica, particularmente desde mediados del siglo XX. Así, mientras el consumo energético endosomático (consumo con base en instrumentos del propio organismo individual) se ubica entre 10 y 14 megajoules al día (2400-3500 kcal/día), considerando más que una dieta promedio contemporánea, la correlación con el consumo exosomático (uso de la máquina-herramienta) suele ubicarse entre 50 y 75 unidades de energía exosomática por cada unidad de energía endosomática para el caso de los países ricos. En el caso de México, un país con una población en su gran mayoría pobre, se observa sin embargo un aumento en las últimas dos décadas de 13-1 a 15-1 lo que devela que las desigualdades sociales elevan en realidad la correlación en más del doble para la clase media y en más del triple para la clase más acaudalada. Pero, al menos un 18% de la población, está incluso por debajo del promedio nacional.

En este contexto socioeconómicamente desigual, la economía verde se coloca como punta de lanza del discurso actual que aboga por un impulso a la eficiencia y al avance de las “tecnologías verdes” como “la” solución, es decir, como una revolución tecnológica que no sólo re-dinamice la economía a la usanza de las revoluciones tecnológicas previas (léase: Delgado, 2002 y 2011; Pérez, 2004), sino que además contribuiría, supuestamente, a solucionar los principales problemas y retos ante los que estamos: crisis climática, ambiental y social. No obs- tante, tal propuesta de la economía verde en materia energética no es novedosa, y más aún, sólo es viable a partir de una mirada parcial de la problemática energética, esto es, la eficiencia por la eficiencia misma.

El denominado efecto rebote es por tanto clave, es decir, aquel fe- nómeno que resulta del aumento en la eficiencia energética y que tiende a generar un incremento en la demanda total de energía del sistema de producción, sea en el mediano o largo plazo.Vale precisar que para referirse al fenómeno se prefiere el término de paradoja de Jevons, tal y como sugiere Alcott (Polimeni et al, 2008: 62), pues el concepto de “efecto rebote” pareciera aludir a un escenario pendular en el que en el caso más grave se estaría ante un efecto de aumento en la demanda de magnitud similar a la eficiencia inicialmente lograda

La realidad muestra que no en pocas ocasiones la demanda sobre- pasa la eficiencia ganada, una tendencia observada ya desde 1865 por Wi- lliam Stanley Jevons en su obra La Cuestión del Carbón[3]. En tales casos, cuando la demanda sobrepasa el 100% de la eficiencia ganada, se habla entonces de un efecto “contrafuego” o backfire. La razón por la que la efi- ciencia desemboca en escenarios de contrafuego responde sobre todo al hecho de que la eficiencia –o ahorro logrado– en el uso de recursos energé- ticos y/o materiales “libera” recursos que pueden ser usados para un mayor incremento de la producción o para su transferencia a otras actividades o gastos (esto último se conoce como “el postulado Khazzoom-Brookes”).[4] El fenómeno se puede dar en un mismo o múltiples procesos productivos o sectores y a escalas temporales y espaciales diversas (Polimeni et al, 2008).

Así, por ejemplo, en la economía familiar un ahorro en el consu- mo cotidiano de energía y materiales (alimentos, etcétera) suele ser des- viado a otras actividades como las de ocio y placer, dígase un viaje. La disminución del consumo energético-material del hogar es en tal caso sobrepasada por el gasto energético de subirse a un avión. Otro modo de ilustrar lo anterior es el caso de la construcción de más vialidades y que tiene el supuesto objeto de aminorar el tráfico y con ello el consumo energético y de emisión de contaminantes. El resultado desde la década de 1970 ha sido que la oferta de vialidades estimula en el mediano plazo el aumento de automotores privados en circulación, agravándose así el problema inicial (Newman, 1991; Kenworthy y Laube, 1999; Newman, Beatley y Heather, 2009). En cualquier caso el resultado usual es un incremento general del tamaño de la producción y por tanto del consu- mo de recursos, teniendo como contraparte una mayor acumulación de capital pero también de deterioro ambiental.

Cómo y qué medimos no es entonces un asunto trivial. La economía verde, al tener como meta la eficiencia, se limita a medir la proporción de cambio o ratio del uso de un recurso en un proceso productivo o servicio: unidades de input por unidades de output. Lo opuesto a ello sería medir la “intensidad” del uso de los recursos. En tal sentido, resulta imposible o se oculta la dimensión del consumo total de energía y materiales de cara a su disponibilidad en la naturaleza (incluyendo no sólo las reservas o stock y los flujos –como la energía solar– sino también, en su caso, la capacidad de reposición de las primeras de cara a las fronteras ecológicas y sus eventuales implicaciones). Y es que de un número “intensivo” no se puede deducir un número “extensivo” (Polimeni et al, 2008: 11). La ceguera de la economía convencional radica entonces en que mira el aumento de eficiencia bajo el supuesto de ceteris paribus, y en tanto tal, asume que no se modificará el portafolio de comportamiento de los actores económicos ante mejoras de la eficiencia (Ibídem 88).

Por lo antes dicho, no sorprende que mientras la eficiencia de los automóviles ha aumentado, la ganancia se ha parcialmente perdido en el aumento de potencia y la inclusión de más aditamentos como aire acondicionado y electrónicos. Aún más, mientras el peso de los auto- móviles ha decrecido, el tamaño de los mismos no necesariamente se ha reducido; caso de las SUVs. Relacionado a lo anterior, mientras el ahorro se hace por la vía de una disminución del peso de los vehículos, los materiales empleados como el aluminio, los plásticos y polímeros, demandan sin embargo más energía para su producción. Y lo que es más, la eficiencia tecnológica en el sector no se reflejó en un consumo menor de energía por parte del mismo, sino todo lo contrario (en Mé- xico el aumento fue de 3.5 veces de 1999 a 2007). El crecimiento del parque vehicular ha ido en aumento, sólo de 1990 al 2007 en una tasa del 56%. Así, en los últimos 50 años, mientras la velocidad de los vehí- culos se ha cuadruplicado, la movilidad promedio en las ciudades se ha reducido, en algunas ciudades, a menos de la mitad en ese mismo periodo de tiempo (Moavenzadeh y Markow, 2007).[5]

Visto desde la perspectiva del clima el fenómeno descrito ha juga- do un papel de peso pues la quema de combustibles por parte del sector transporte representa, según datos de 2005, el 23% de las emisiones globales de CO2 asociadas al uso de energía[6], mientras que las emisiones atribuidas a los edificios anotan 33% y las del sector industrial 36% (AIE, 2009; Allwood et al, 2010).

eL estÍMuLo a Los biocoMbustibLes: una breVe conteXtuaLización.

Ante el impacto que genera el sector transporte en materia del cam- bio climático, pero también en la calidad del aire, entre otras impli- caciones de carácter socioambiental y de seguridad energética, se ha propuesto como alternativa, no sólo el uso de tecnologías para aumentar la eficiencia energética, sino también el desarrollo de nue- vos combustibles, en principio más sustentables o “verdes”; dígase bioetanol y biodiesel. Se trata de una apuesta de orden mayor, sobre todo si se considera que el sector transporte fue responsable en 2009 del uso de 96 exajoules en combustibles fósiles. Reto al que se suma, de mantenerse la actual tendencia, el aumento del parque vehicular en tanto que al día de hoy se estiman unos 1200 millones de unidades pero para el 2050 se cree que habrá más de 2600 millones de unida- des (UN-HABITAT, 2011:42).

Lo antes descrito sin duda complejiza el panorama de acción para reducir las emisiones netas de GEI puesto que, aún considerando aumentos en la eficiencia energética de los vehículos, la tendencia de la generación de emisiones aso- ciadas al sector transporte apunta a ser creciente: en un 50% más para el 2030 y en un 80% más para el 2050 en el mejor de los casos, pues podría inclusive llegarse a un incremento de 130% para el 2050 (AIE, 2009: 29, 43). Pero, dado que se asume que los biocombustibles emiten menos GEI, éstos se colocan como una solución. Esta noción, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada no sólo en cuanto a la cantidad de energía que se requiere para producir el vector energético, sea etanol o biodiesel, sino también en tanto a las emisiones que se asocian al ciclo de vida de los biocombus- tibles (producción, distribución y quema). Se añaden otros señalamientos como el que refiere a la delicada competen- cia por la tierra y el agua para la producción de alimentos versus de biocombustibles; el estímulo de cambio de uso de suelo a costa de los ecosistemas y con ello la pérdida de su capacidad de captura de carbono; entre otras implicaciones negativas de tipo económico, ambiental y sociocultural y que más adelante se detallan en torno a la experiencia de producción de biodisel de palma en Chiapas, México. Con todo, el impulso a los biocombustibles es patente por ejem- plo en el marco de la “Iniciativa de Energía Sustentable para Todos” (SEFA) de Río+20.[7]

Pese a todo, su impacto es ciertamente limitado si se mira desde la perspectiva de su aporte actual y potencial a la matriz energética global. Se ha estimado que el potencial máximo de los biocombustibles podría situarse entre el 20 y 30% del total de combustibles líquidos utilizados por el sector transporte (Sanhueza, 2009), no obstante, al 2010 sólo re- presentaron el 2.7% del total (Ren 21, 2011: 31), ello con fuerte variacio- nes de país a país. Así, en EUA el peso que tuvieron los biocombustibles en 2010 fue del 4% y en la Unión Europea el 3%. Contrastantemente, en Brasil el etanol (base caña) contribuyó con el 41.5% del combustible demandado por el parque vehicular ligero de ese país (Ibídem).

La producción total de etanol en 2010 fue de 86 mil millones de litros, 17% más que en 2009 y cinco veces más con respecto al año 2000. EUA fue el mayor productor mundial de biocombustibles, seguido por Brasil y la Unión Europea.

La producción de etanol fue acaparada por EUA (57%) y Brasil (31%), ahondándose cada vez más la brecha entre esos dos países e invirtiéndose claramente la relación existente hasta hace unos años cuando Brasil era el mayor productor de etanol del mundo. Véase Fi- gura 5. Debe advertirse que pese a ello, Brasil siguió incrementando su producción (en 7% con respecto al año 2009). La producción demandó cuando menos el uso de 3% de la producción mundial de granos, ge- nerando 32.5 millones de toneladas de alimento para el ganado como co-producto (lo que no siempre es positivo pues cuando el co-producto sobrepasa la capacidad de consumo local-regional, las distancias para su uso efectivo aumentan, demandándose así más energía en su trans- portación, lo que cuando no es viable entonces el co-producto se vuelve desecho que habrá que arrojar al ambiente

Por su lado, la producción de biodiesel aunque se ha incremen- tado casi 24 veces desde el año 2000, en los últimos años se ha estan- cado, totalizando 19 mil millones de litros para el año 2010. El grado de concentración en la producción, como en el caso del etanol, también es observable. Los primeros 10 productores mundiales de biodiesel se adjudicaron el 75% de la producción en 2010, siendo la Unión Europea líder con el 53% de la producción total, mientras que Asia (Indonesia y Tailandia, sobre todo) se hizo del 12% (Ren21, 2011: 32). En particular destacan Alemania que produjo 2.9 mil millones de litros (mmdl), Bra- sil con 2.3 mmdl, y Argentina con 2.1 mmdl (Ibídem).

El impulso en el uso de biocombustibles deriva de la implemen- tación de diversas iniciativas y regulaciones a nivel mundial, el grueso atendiendo las demandas finales de automovilistas estadounidenses y europeos (véase flujos del comercio internacional de biocombustibles en Figura 1).

La UE, por ejemplo, estableció que un 10% del combustible utilizado por su sector transporte en 2020 sería biocombustible. De modo similar lo hizo Sudáfrica, fijando su meta en 2%. EUA por su parte, ha estable- cido que 136 mmdl de biocombustibles serán producidos para el 2022, y China ha fijado 13 mmdl de etanol y 2.3 mmdl de biodiesel por año hasta el 2020 (Ren21, 2011: 60). Los porcentajes de mezcla de etanol- gasolina varía de país a país pues mientras en Finlandia de E6 (6%), en Etiopía es E10. Lo mismo sucede en el caso del biodiesel donde las mezclas van de B3 y B5 en Tailandia a B6 en España y donde se espera en 2012 se llegue a B7.

Según Ren21, al cierre de 2010 se tenían identificadas 31 ini- ciativas nacionales y 29 estatales o provinciales alrededor del mun- do, así como 19 lineamientos nacionales de exención fiscal (Ren 21, 2011: 61). Destaca en este sentido el caso de EUA en tanto que se destinan fuertes subsidios: 13 centavos de dólar/litro para la mezcla de etanol, 28 centavos de dólar/litro para el biodiesel, y 30% del costo para el emplazamiento de nuevas instalaciones de gran capacidad.[8]

Con tal apoyo EUA llegó a 204 plantas en funcionamiento con una capacidad total de 51 mil millones de litros. El sector es cada vez más monopolizado por grandes corporaciones a costa de la reducción de la participación de las cooperativas que en 2006 se atribuían 45% de la producción de etanol. Hoy día, ADM y POET controlan 34% de ésa producción, pero se suman Valero Energy, Flint Hills, Sunoco, Murphy Oil, entre otras empresas (Jonasse en Jonasse, 2009: 5). En la fase de producción de insumos, Bunge, Cargill y Monsanto se adjudican el grueso de ganancias. El apoyo a la agroindustria por medio de la producción de biocombustibles es una cuestión alta- mente politizada pues se considera un prerrequisito para ganar la primarias de ese país, además de que en los estados cerealeros, cuya población es baja, la agroindustria tiene un gran poder e influencia sobre los congresistas teniendo así una vía de sobre-representación política (léase: Spearling y Gordon, 2009: 97). No sorprende enton- ces que el apoyo del gobierno estadounidense se extienda incluso al entramado del complejo militar industrial. Es así que la Fuerza Aé- rea ha certificado su flota para volar con biocombustibles, al tiempo que la Marina ha ordenado que todos sus aviones y barcos utilicen una mezcla de 50-50 (biocombustible/gasolina) para el 2020 (Ren21, 2011: 61). La UE tampoco se queda atrás. Subsidia la agricultura para la producción de insumos hasta en 50 centavos de euro el Gj (aproximadamente 3 centavos de dólar el litro). Para la producción de biocombustibles se otorgan incentivos de hasta 10 euros el GJ o 60 centavos por litro producido, mientras que para la distribución se otorgan entre 17 y 10 euros por Gj o entre 60 centavos y un dólar por litro distribuido (Cushion, Whiteman y Dieterle, 2010: 37).

En resumen, se estima que los subsidios totales al etanol por litro de combustible fósil reemplazado ronda entre 1 y 1.40 dólares en EUA y 1.64 y 4.98 dólares en la Unión Europea. En el caso del biodiesel el rango va de 66 a 90 centavos de dólares en EUA y de 77 centavos y 1.53 dólares en la Unión Europea (Ibídem: 38).

A las medidas señaladas se suman las acciones y cabildeo de la Global Bioenergy Partnership[9], así como los paquetes de préstamos del BM (Rothkopf, 2006; Cushion, Whiteman y Dieterle, 2010) y bancos regionales similares en América Latina (BID -Kojima y Johnson, 2005), Asia (ADB) y África (AFDB).

Luis Alberto Moreno, presidente del BID y ex ministro de desarrollo económico de Colombia (impulsor de la firma del TLC de ese país con EUA y de encausar diversos programas de asistencia militar y económica de EUA), asegura que “…los biocombustibles pueden atraer inversión, desarrollo y trabajo a zonas rurales con altos nive- les de pobreza, reduciendo a la vez la dependencia de combustibles fósiles importados” (BID, 2007). Desde tal visión, que la realidad no ha corroborado a lo largo de diversas experiencias de “reconversión productiva”, el BID ha abierto una línea de crédito superior a los 3 mil mdd, el grueso canalizado a través de su Fondo de Energía Sos- tenible y Cambio Climático (SECCI). Sólo 2 mil mdd se gastarían en diversos proyectos para ayudar a triplicar la producción anual de etanol de Brasil en 2020, panorama en el que se triangulan fondos de capital privado de Carlyle-Riverstone, Goldman Sachs, SiMaio Capital y Captial and Global Foods.[10] No sobra precisar que Moreno fue de los actores, junto con Jeb Bush y el entonces ministro brasi- leño de agricultura Roberto Rodrigues, que fundaron la American Ethanol Commission (Delgado, 2009: 79).

En este contexto, no es menor tampoco la participación de diversas agencias de cooperación. Por ejemplo, en México la Secre- taría de Energía, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), reali- zaron el estudio “Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en México” (SENER/GTZ/BID, 2006). De manera similar, la misma agencia de cooperación, de la mano del AFDB, financió y colaboró en las discusiones para una guía del “De- sarrollo de Biomasa y Bioenergía en África” en abril de 2011.[11] Hoy día mientras buena parte del aceite de palma producido en Chiapas se exporta a Europa (véase más adelante), en Sierra Leona produce caña de azúcar en 10 mil hectáreas irrigadas para exportar unos 90 mil m3/año de etanol a la Unión Europea y 15Mw de energía eléctrica para el mercado interno (AFDB, sin fecha). Casos similares se han impulsado para Mali (15 mil hectáreas de azúcar), Kenya, Sudan y Mozambique. Y si bien la caña es el centro de atención, el AFDB considera incluir el sorgo dulce y la casava.

El escenario en Asia es muy parecido, sobre todo en lo que res- pecta a una producción de aceite de palma en el sudeste que sirve esencialmente al mercado internacional. Tan sólo Malasia e Indonesia abastecen en conjunto el 80% de la demanda mundial, estando en una lejana tercera posición a nivel regional, Papua Nueva Guinea. El esquema ahí desarrollado puede describirse como de comercio escatológi- camente desigual en tanto que el grueso de afectaciones ambientales y sociales son asumidas por los países productores, mientras que los beneficios y las posibilidades de generar el mayor valor agregado son acaparadas por los compradores (para mayores referencias, léase: Col- chester y Chao, ed, 2011).

La palma aceitera en México

Si bien la palma de aceite tiene actualmente un gran auge en el país, en particular en Chiapas, no constituye una novedad pues su cultivo se remonta al año de 1952 cuando se importaron 30 mil se- millas de Honduras y fueron enviadas a la Costa de dicha entidad federativa. Con ello, la familia Bernstorff estableció la primera plantación comercial de palma de aceite con una superficie de 200 hectáreas, en la finca “La Lima” ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. Posteriormente introdujeron semi- llas provenientes de Costa de Marfil, África, con lo que incremen- tó su plantación a 700 hectáreas (Castro, 2009; Velasco, 2010: 92).

En 1975, la Comisión Nacional de Fruticultura inició el fomen- to del cultivo y para ello, desde ese año y hasta 1982, se impor- taron 1 078 000 semillas de Indonesia, Costa de Marfil y Costa Rica, así como equipo para extracción de aceite con capacidad de dos toneladas de racimos por hora. Con estas acciones se logró el establecimiento definitivo de 287 hectáreas en el mu- nicipio de Acapetahua (Castro, 2009; Velasco, 2010: 92).

Para principios de la década de 1990 la superficie sembrada con palma alcanzó las 2,800 hectáreas y en 1996 existían un total de 36,874 hectáreas (Castro, 2009). De ellas el estado de Chiapas contaba con el 44.2%, seguido de Tabasco con el 20.2%, Veracruz con 19.4% y finalmente el estado de Campe- che con el 16.2% (Plan Rector, 2004).

El interés por aumentar la producción de aceite de palma en México en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994- 2000) se debió a que la demanda nacional de aceite de palma ascendió a 130 mil toneladas métricas y existía un déficit na- cional del 97%. De recordarse que el aceite de palma tiene diversos usos en los alimentos procesados (Castro, 2009).

El gobierno federal propuso entonces la expansión de los cultivos en un total de 2.5 millones de hectáreas. De haber alcanzado tal objetivo, México se habría posicionado en tercer productor mundial (Velasco, 2010: 91). Sin embargo, en 2001 el cultivo de la oleaginosa, en los cuatro estados arriba señalados, experimentó una crisis a causa de la caída de los precios del aceite de palma así como resultado de una serie de desastres naturales como inundaciones, plagas e incendios que afectaron severamente la producción.

A raíz de tal crisis, se decidió impulsar una estrategia más agre- siva para ampliar la superficie de plantaciones de palma aceitera como un monocultivo estratégico para el país. Con este objetivo en mente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) lanzó en 2004 el Sis- tema Producto10 Nacional de Palma de Aceite. Éste cubre tres regiones del trópico-húmedo mexicano que cumplen con las condiciones agroecológicas para la producción de palma: 1) En la Zona Pacífico, Chiapas con dos regiones, Costa-Soconusco y Selva; 2) En la zona del Golfo de México, el estado de Veracruz –Texistepec, región de Jesús Carranza, las Choapas y Uxpanapan- y Tabasco –Balancanán, Tenosique y Jalapa; 3) En la Península de Yucatán, Campeche –Sabancuy-Escárcega, Aguacatal y Palizada (Plan Rector, 2004: 3).

México produce sólo el 0.1% del aceite de palma, ocupando el lugar 29 de los 42 países productores de palma de aceite del mundo y el lugar 10 en América entre los 13 países productores (Castro, 2009: 221). Más aún, de acuerdo con la Asociación Na- cional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles A.C. (ANIAME, 2006: 2), México ha incrementado su dependencia respecto al mercado internacional de productos oleaginosos. Sus importaciones de aceite de palma representan el 1% del total mundial y las semillas que se siembran en Chiapas, Cam- peche y Veracruz son importadas en su totalidad de Costa Rica y Colombia (Plan Rector, 2004: 16, 29).

A pesar de lo anterior, la superficie cultivada con palma aceitera se ha extendido en los últimos años para los cuatro estados en cuestión. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), para 2009 se registraron 36 189.09 hectáreas sembradas con palma de aceite a nivel nacional, cifra que al cierre del 2010 aumentó a 49 581.89 hectáreas, contexto en el que Chiapas seguía siendo la princi- pal zona productora. Véase Figura 2.

La reconversión productiva y la producción de bioenergéticos en Chiapas

El gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Juan Sabines Guerrero (2006-2012), puso en marcha el programa de reconversión productiva con el supuesto objetivo de impulsar “el desarrollo regional y de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los campesinos de la entidad”. En otras palabras, implica la modificación del patrón de producción tradicional a favor del establecimiento de cultivos alternativos con mayor viabilidad agronómica, rentabilidad económica y “viabilidad social” (Lara, s/f: 3).[12]

De acuerdo con el IV Informe de Gobierno de la administración de Sabines Guerrero, con este programa se consolidó en 2010 una superficie de 82 281 hectáreas reconvertidas, de las cuales 32 935 corres- ponden al cultivo de la palma africana, 28 000 de frutales diversos, 10 765 de hule, 10 000 de piñón jatropha, y 81 de hortalizas.

Por su parte, el titular del Instituto para la Reconversión Pro- ductiva y Bioenergéticos (IRBIO) afirmó que el programa de Re- conversión Productiva cerrará el 2011 con 200 mil hectáreas de las cuales ya están plantadas 92 mil hectáreas.[13] Más aún, tan sólo para el caso del cultivo de la palma de aceite existen 400 mil hectáreas potenciales para establecer plantaciones de la oleaginosa de las cuales la administración actual busca desarrollar entre 100 y 108 mil hectáreas.[14] Véase Figura 3.

El Plan Chiapas Bioenergético consiste básicamente en el establecimien- to de plantaciones productoras de insumos bioenergéticos, actualmente jatropha curcas y palma africana.[15] El plan es cobijado por el Programa Mesoamericano de Biocombustibles del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica mejor conocido como Proyecto Mesoamérica[16]; antes Plan Puebla Panamá, mismo que se autodefine como “…una al- ternativa para implementar esquemas de producción energética descen- tralizada que apoye la reactivación de las economías locales mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la región.”[17]

Desde dicho esquema, el gobierno del estado de Chiapas ha empla- zado y puesto en marcha diversas instalaciones productoras de biodiesel ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y en Puerto Chiapas, municipio de Tapachu- la. La primera está hecha con tecnología sueca y tiene una capacidad de 2 mil litros diarios de biodiesel de aceites vegetales usados que son, a su vez, recolectados en los restaurantes de la capital chiapaneca mediante el Proyecto de Recolección y Aprovechamiento de Aceites Vegetales Usados. En la misma ciudad se instaló una segunda planta de extracción de aceite de jatropha con capacidad de 10 toneladas por día (Secretaría del Campo, s/f). Una tercera y cuarta planta se ubican en el Centro de Investigación y Tecnología en Producción de Biodiesel parte de las instalaciones de Bio- diesel Chiapas. Una es una planta piloto de producción de biodiesel con tecnología mexicana y que tiene la capacidad de producir 8 mil litros de biodiesel al día a partir de aceite de palma. Otra más es de tecnología bri- tánica con una capacidad de 20 mil litros de biodiesel diarios a partir de este mismo insumo (Secretaría del Campo, s/f).

Para cubrir la demanda de aceite crudo de jatropha y palma afri- cana, en el marco del programa de reconversión productiva, el gobierno del estado de Chiapas ha sembrado 10 mil hectáreas con piñón, que ya están consolidadas,[18] así como alrededor de 49 mil hectáreas de palma de aceite, según fuentes gubernamentales.

Al menos para el caso del cultivo de bioenergéticos, se contempla el uso de tierras ociosas, cuyo significado es aclarado por el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico 2009-2012 (Proinbios) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA- GARPA) al señalar que “cada región del país podrá producir bioener- géticos según su vocación agrícola y medioambiental; las tierras no rentables con cultivos tradicionales y ociosas se reconvertirán a cultivos en los que se puedan establecer proyectos de bioenergía.” (SAGARPA, 2009: 17). Con esta declaración se confirma el esquema de una agricul- tura de corte extractivista que busca cubrir la demanda de los mercados o bien la necesidad de combustibles, antes que la alimentación de las poblaciones locales. En este sentido, éstas últimas verían seriamen- te afectada su seguridad alimentaria, especialmente con cultivos que, como es el caso de la palma africana, no permiten el desarrollo de otras especies en una misma parcela.

a continuación se Presentan Las PrinciPaLes zonas Productoras de PaLMa de aceite en eL estado de cHiaPas: soconusco, costa Y Las regiones Pertenecientes a La antes LLaMada región seLVa.

La planicie costera del pacífico

El Soconusco y la región Istmo-Costa[19] de Chiapas tienen un elemento común fundamental que es el medio geográfico y físico que se caracte- riza por la confluencia de la Sierra Madre de Chiapas y el Océano Pací- fico. Ambas regiones administrativas constituyen “un continuo natural” de entre 260 y 280 kilómetros de largo que va del nivel del mar a los 2 000 metros de altura, teniendo una planicie costera con una amplitud de entre 19 y 47 kilómetros (Fletes, 2008:64). Es justo en esta zona de tierras bajas donde se localiza gran parte de las actividades agrícolas de esta región tales como la ganadería así como la producción de diversos cultivos tropicales -especial pero no únicamente el mango- destinados a los mercados externos.

Esta zona es también la principal productora de palma de acei- te en Chiapas pues cubre, según datos del 2010, un total de 19 447.98 hectáreas cultivadas (14 384.72 hectáreas en 2009), lo que corresponde al 58.05% de las tierras cultivadas con esta oleaginosa en la entidad y al 39.22% en el país.[20] Los mayores productores son los municipios de Acapetahua, Mapastepec y Villa Comaltitlán. En total, los tres suman una superficie cultivada de 17 164.48 hectáreas (12 562.22 hectáreas en 2009) lo que corresponde al 88.25% de todos los municipios que inte- gran ambas regiones administrativas. Ello evidencia una altísima con- centración en la producción que se debe, en gran medida, a la presencia de las extractoras de aceite de capital privado con mayor capacidad (40 toneladas por hora) y que son: Agroindustrias de Mapastepec S.A de C.V (Agroimsa) y Promotora de Palma del Soconusco S.A de C.V (ProPalma) ubicadas en Mapastepec y Acapetahua, respectivamente.

El incremento de la superficie sembrada con palma de aceite en esta región es evidente. En 2007 Acapetahua ya registraba una super- ficie importante con 4 344.50 hectáreas que aumentaron poco en rela- ción a 2008 (4 651.50 hectáreas), en 2009 ya eran 5 642.46 hectáreas y, finalmente en 2010 se alcanzaron las 7 516.46 hectáreas. En el caso de Mapastepec en 2007 registraba 2 941 hectáreas, en 2008 hubo un ligero incremento y presentó 3 153, en 2009 alcanzó las 4 081.26 hectáreas para culminar en 2010 con 6 809 hectáreas. Villa Comaltitlán es un caso peculiar pues, de acuerdo con datos del SIAP, ha mantenido cons- tante el mismo número de hectáreas (2 838.50) de 2007 a 2009, presen- tando un incremento prácticamente imperceptible en 2010, con 2 839 hectáreas cultivadas.[21] Los grandes saltos en el número de hectáreas en los municipios de Acapetahua y Mapastepec coincidieron con la puesta en marcha del programa de reconversión productiva en la entidad.

En la figura 4 que se muestra a continuación, se aprecia la dis- tribución de la superficie sembrada entre los diferentes municipios que componen la planicie costera. Puede comprobarse espacialmente como claramente Mapastepec, Acapetahua y Villa Comaltitlán aglutinan el 88.25% de la producción de palma de aceite de la planicie costera del Pacífico. Dada la gran concentración que se aprecia en tan sólo tres municipios de 19, se establecieron cuatro rangos que incluyen, por un lado, aquellos municipios con menos de 500 hectáreas para luego con- centrar en el último rango a los grandes productores y así evidenciar esta característica de la producción de la palma de aceite que se observa también a nivel estatal.

La selva

La región Selva, en un tiempo territorio soberano de los indios La- cam-Tun y otros pueblos selváticos, constituye la quinta parte del estado de Chiapas. Se encuentra el este de la entidad y actualmente se compone de tres regiones administrativas distintas: Maya, Tulijá Tseltal Chol y Selva Lacandona. Están formadas respectivamente por los municipios de Palenque, La Libertad y Catazajá; Chilón, Sabani- lla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón; y Ocosingo, Mar- qués de Comillas, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa y Altamirano.

Es la segunda región productora de palma de aceite. Cubre un total de 14 052.5 hectáreas cultivadas (8 002.05 hectáreas en 2009), lo que corresponde al 41.94% de las tierras cultivadas con esta olea- ginosa en la entidad y al 28.34% en el país.[22] Los mayores produc- tores son los municipios de Benemérito de las Américas, Palenque, Marqués de Comillas y Salto de Agua. En total, los cuatro suman una superficie cultivada de 12 978.25 hectáreas (7 038 hectáreas en 2009) lo que corresponde al 92.35% de todos los municipios de la región. Ello, nuevamente, refleja una altísima concentración en la producción. En este caso existen dos plantas extractoras de aceite, una de ellas es Agroindustrias de Palenque S.A de C.V (Agroipsa) y Palmatica, de capital costarricense. Adicionalmente, se ha anuncia- do el establecimiento de una tercera planta, propiedad de ProPalma, en el municipio de Marqués de Comillas.

Al igual que en el caso de la planicie costera del Pacífico, la pro- ducción se encuentra concentrada solo en cuatro municipios mientras que el resto alberga entre las 170 y 600 hectáreas. Benemérito de las Américas es el municipio que presenta la mayor superficie sembrada de la región. Las plántulas fueron sembradas en 2009 en una superficie de 1 200 hectáreas y en tan sólo un año se incrementaron hasta llegar a las 5505 que tiene actualmente, según los datos del SIAP. Por su parte, en el vecino municipio de Marqués de Comillas las hectáreas sembradas au- mentaron de 240 en 2007 a 1384 en 2010. El incremento tan acelerado, sobre todo en el caso del primer municipio mencionado, de la superficie sembrada con palma puede haberse debido, a la instalación de la nueva extractora de aceite.

En el caso de Palenque, al igual que el de Villa Comaltitlán en la pla- nicie costera del Pacífico, el número de hectáreas sembradas se ha mantenido más o menos constante. Dio un salto importante cuando pasó de 2 564 hectáreas en 2007 a 4 364 hectáreas en 2008 pero a partir de entonces el crecimiento ha sido casi nulo, con lo que en 2010 alcanzó, según el SIAP, 4 887.75 hectáreas. Finalmente, Salto de Agua fue incrementando gradualmente sus hectáreas sembradas al pasar de 893.50 hectáreas en 2007 a 1 054 en 2009 para terminar, en 2010, con 1 201.50 hectáreas.[23]

iMPLicaciones aMbientaLes LocaLes de La eXPansión deL MonocuLtiVo de PaLMa
De acuerdo con datos de Conservación Internacional (CI), la Selva Lacandona, remanente más extenso de la selva tropical húmeda de México y una de las más importantes extensiones de bosque húme- do en América del Norte, representa sólo el 0.25 % del territorio nacional y alberga más del 20% de la diversidad biológica del país (CI, 2002:6).

La región se encuentra en el corazón de la cuenca del río Usuma- cinta y casi todos los ríos y arroyos que atraviesan esta zona pertenecen a este gran sistema fluvial. Esta cuenca, con una superficie total de 731 954 km2 es la más importante de América del Norte (incluyendo Centro- américa) por el volumen de captación de agua y por su diversidad bio- lógica. A México le corresponde el 42% y a Guatemala el 58% del total de la superficie total de la Cuenca. De la correspondiente al territorio mexicano (307 827 km2) el 71% se encuentra en Chiapas y el resto en los estados de Tabasco (23%) y Campeche (6%). La región hidrológica en donde se ubica la Selva Lacandona es una de las más extensas del país en proporción a su superficie total (1 550 200 ha). Incluye cuencas hi- drográficas cuyos aportes pertenecen básicamente al sistema Grijalva- Usumacinta. (CI, 2002: 9-10)

Dada su relevancia ecológica, la Selva Lacandona es una de las regiones del país con mayor número de Áreas Naturales Protegidas (ANP, ver la tabla 1.2), distribuidas en diferentes categorías. Abarcan una super- ficie de 456 634 hectáreas, representando el 2.68% de las 17 056 604 hectáreas protegidas en México y el 23.58% de las 1 973 056 hectáreas de superficie de selvas tropicales húmedas protegidas. (CI, 2002: 16) La más antigua, más extensa y más rica en diversidad biológica de todas ellas es la Reserva de la Biósfera Montes Azules.

En lo que respecta a la población, la Selva Lacandona fue po- blada predominantemente por tzeltales provenientes de los municipios de Altamirano, Chilón, Yajalón, Sitalá y Ocosingo; choles de Sabanilla, Tumbalá y Tila; y tojolabales de Las Margaritas y Altamirano. Predo- mina la tenencia comunal y ejidal de la tierra, sobre la que toda la co- munidad tiene derecho, que es utilizada para la milpa, pastar animales, extraer madera o recoger frutos silvestres, y en raras ocasiones para la agricultura comercial. La base de la producción en la región es la agri- cultura, cuya actividad principal es el cultivo del maíz generalmente para el autoconsumo familiar, sin embargo, siempre se requieren otras fuentes de ingreso, otras actividades agrícolas, primordialmente el cul- tivo del café y del frijol sin que esto quiera decir que se dediquen a la agricultura comercial. También es importante la recolección de plantas silvestres. A su vez, la pequeña ganadería, la caza y la pesca son otras bases del sustento y un medio para ahorrar y afrontar emergencias. (Paoli, 1999 y Stavenhagen, 1982: 207-211).

En el caso de la Selva Lacandona (véase figura 6) se observan dos grandes áreas potenciales al norte y al sur. El polígono del norte se distribuye en los municipios de Catazajá, Palenque, La Libertad y Salto de Agua al norte, en tanto que el del sur se localiza en Marqués de Co- millas, Benemérito de las Américas y una pequeña parte de Ocosingo.

El área del sur, particularmente los dos primeros municipios, se caracterizan por ser zonas muy pobladas con un alto grado de degrada- ción ambiental (de Diego, 2008). Sin embargo, como puede advertirse en el mapa, este área está delimitada por los ríos Usumacinta, Lacantún y parte del Lacanjá. Los dos anteriores constituyen las fronteras natura- les que separan esta pequeña región de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y Lacantún, que conforman en conjunto el último remanente del bosque tropical en la Selva Lacandona. Al norte, la situación no es muy distinta: el polígono está rodeado y es atravesado por numerosos ríos, al tiempo que incluye el Sistema Lagunar Catazajá y los Humedales La Libertad (Gobierno del Estado de Chiapas, 2009).

En el plano de los impactos ambientales, la experiencia en Indo- nesia, Malasia, Tailandia, Nigeria y Nueva Guinea muestra que el desarrollo de las plantaciones ha tenido como resultado intensos procesos deforestación y destrucción de ecosistemas y pérdida de la biodiversidad. En la región, la tasa anual de deforestación asociada únicamente a la palma es de 1.5% (Fergione, 2008). Entre 1985 y 2000, las plantaciones de palma africana en Malasia fueron respon- sables de un 87% de la deforestación de este país (Monbiot, 2005) y en Sumatra y Borneo (Indonesia) cerca de 4 millones de hectáreas de bosque han sido convertidas en tierras de cultivo (Jiwan, 2008: 83 y Pérez, 2008: 88). Las estimaciones de pérdida de sumideros de carbono por dicho avance de la deforestación a causa de los biocombustibles precisan que la deuda de carbono es de entre 17 y 420 veces mayor a las reducciones anuales de GEI que dichos bio- combustibles podrían ahorrar. El pago de la deuda de carbono en Malasia e Indonesia se lograría después de 86 años para el caso de la palma sembrada en selvas tropicales bajas, pero hasta después de 420 años cuando se trata de la pérdida de selvas tropicales inun- dables (Fargione et al, 2008).

Si bien las plantaciones contempladas para la Selva Lacandona, salvo en el caso del Sistema Lagunar Catazajá y Humedales La Liber- tad, aún no atentan directamente contra las tierras contenidas en los polígonos de las ANP, el hecho de que se ubiquen cerca de las mismas, así como de sus principales fuentes de agua puede aún así tener serias implicaciones ecológicas.

Por un lado, este tipo de cultivos, según detalla Pérez Rincón (2008: 91) se caracterizan por ser “agua-intensivos”: se requieren entre 2 mil y 4 mil litros de agua por 1 de combustible. Cálculos propios, ubican la huella hídrica de cada litro de biodiesel de la zona en 2,590 litros de agua.[24] La ubicación de las áreas potenciales, estratégicamente situadas entre los márgenes de los ríos, sugiere la extracción de agua de los mismos. El problema es que la gran can- tidad que se extraería provocaría serios daños en los ecosistemas acuáticos y selváticos, pues la riqueza biótica es indisoluble de la abundancia de agua.

Por otro, como toda plantación agroindustrial, la producción de palma de aceite hace un uso intensivo de fertilizantes lo que, a la larga, terminan por reducir la fertilidad del suelo. Éstos generan altas cantidades de óxido de nitrógeno, lo que contribuye al efecto invernadero, así como nitrógeno y fósforo que al filtrarse a las capas acuíferas subterráneas ocasionan eutrofización[25] (Russi, 2008: 41), lo cual ejercería un impacto ambiental de primer orden para a los ecosistemas selváticos de la Selva Lacandona.

Tal y como se mencionó, ésta última es habitada por nume- rosas comunidades campesinas mayoritariamente indígenas que se caracterizan por practicar una agricultura de subsistencia que hace un uso mínimo de los recursos de la biósfera comparado con las plantaciones agroindustriales. Si bien en el mapa no están re- presentadas estas localidades, es de esperarse que muchas de ellas se ubiquen dentro y/o en el perímetro de los polígonos potenciales, lo que tendría serias implicaciones de corte social que pueden ser resumidas en los siguientes escenarios: a) Un uso y aprovechamien- to desigual de los recursos naturales: mucha agua y tierra para la agroindustria y muy poca y de inferior calidad para la agricultura de subsistencia; b) Contaminación de las tierras campesinas y po- sibles enfermedades causadas por el uso intensivo de los agroquí- micos; c) La expulsión de poblaciones, como ya sucede en la Selva Lacandona con las comunidades cercanas a las ANP, sobre todo Montes Azules; y d) Problemas de seguridad alimentaria en vista de la reconversión productiva.

Potencial e implicaciones de la quema de biodiesel en México.

Según cálculos propios, toda la producción actual de palma a nivel nacional alcanzaría para cubrir únicamente una mezcla B16 sólo para la ZMVM, lo que a nivel nacional sería de B1.2. La tabla 2 presenta estimaciones de los impactos en tierra y agua.

Con base en lo anterior y considerando las proyecciones de demanda de diesel futura, la Tabla 3 ofrece el cálculo de la demanda de tierra y agua para el 2025. Su producción requeriría al menos una octava parte de la energía obtenida en forma de insumos fósiles.

Conclusiones

Cerca del 60% de la población mundial vive en condiciones que impli- can algún grado de malnutrición[26]. En México el 70% de los adultos y cerca de 4.5 millones de niños entre los cinco y once años padecen sobrepeso; la mayoría por mala alimentación, centrada sobre todo en harinas refinadas, grasas saturadas y azúcares. Como contraparte, 28 millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria, 5 millones de ni- ños sufren de hambre (1.8 millones menores de 5 años) y un millón de jóvenes y adultos están desnutridos. A lo dicho se suma una conside- rable inseguridad alimentaria del país en lo que respecta a alimentos básicos. En 2010 México importaba el 13% del frijol, el 31% del maíz y granos forrajeros (80% del maíz amarillo), 73% de arroz, 51% de a cebada y del trigo, y 98% de la soya, alrededor de la tercera parte de la leche, el 16% de la carne pollo (se duplicó el monto importado en la última década) (www.siap.sagarpa.gob.mx; www.canilec.org.mx).

Es en tal panorama que se plantea el impulso a los biocombus- tibles, esto es, en un escenario en el que la producción de alimentos, 99.7% de origen terrestre (Pimentel, 2009), depende de los mismos re- cursos: tierra, agua y energía. Además es llamativo que el uso de bio- combustibles se desprenda de la idea de disminuir las afectaciones del cambio climático y que al mismo tiempo el propio rendimiento de los cultivos dependa en gran medida del clima. Dado que la contribución de los biocombustibles en la disminución de los efectos del cambio climá- tico es, como ya se dijo, limitada, salta a la vista que se apueste por una actividad que en sí misma se verá afectada y que tal actividad se enfo- que en producir etanol o biodiesel para su quema, en lugar de producir alimentos y cuya disponibilidad se supone también comprometida por el cambio climático.

La apuesta de Rio+20 para erradicar la pobreza como antesala para el “desarrollo sustentable”, por ejemplo mediante la expansión de proyectos de biocombustibles a gran escala, es por todo lo aquí ex- puesto errada. El caso mexicano no es sin embargo de los más graves a escala mundial en lo que respecta a la producción de aceite de palma. Como ya se precisó, los casos más delicados son Malasia e Indonesia. El presente estudio es meramente una advertencia de lo que significa la propagación de este tipo de esquemas en América Latina.

Por ello, no debe olvidarse que el proyecto de producción de bio- combustibles a gran escala pasa por el supuesto de producir biocom- bustibles más eficientes y “limpios”, aspectos que como se ha descrito, son muy debatibles. Pimentel et al (2009) sostienen incluso que los bio- combustibles a base de maíz, caña y soya tienen un balance negativo (energía obtenida en relación a la energía invertida). En el caso del bio- disel de palma, si no se considera el uso de metanol para el proceso de transterificación (200 ml por cada mil kg de aceite de palma), indican que el balance es positivo en un 30%, no obstante, si se considera el metanol, el balance se torna negativo en un 8% (Ibídem). Más allá de si los cálculos son más, o menos, atinados, en todo caso lo que se advierte es que en materia energética, ambiental y social no todo es ganancia.

Las acciones para limitar el uso del transporte privado y, en cam- bio, promocionar el transporte masivo y el no-motorizado como cues- tiones centrales de la política pública frente al cambio climático y a su consecuente crisis global en marcha, quedan fuera de todo esquema de acción más allá de limitados programas de lavado climático y verdes, cuyo impacto es mínimo al no buscar en momento alguno desplazar el transporte motorizado privado como principal medio de transporte, sin duda ineficiente y altamente contaminante. Los biocombustibles se insertan pues en un contexto socioambientalmente desigual que pri- vatiza ganancias y beneficios, y que socializa (esencialmente hacia la periferia) diversos costos, tanto a mediano como a largo plazo.

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1. Internacionalista por la UNAM con estudios de maestría en “Estudios Regionales” por el Instituto Mora (México).↵

2. Economista por la UNAM con estudios de maestría y doctorado en “Ciencias Ambien- tales” por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Investigador titular de tiempo completo, definitivo, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu- manidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.↵

3. La paradoja fue expuesta por Jevons para el caso del carbón en la economía Inglesa de mediados de siglo XIX en los siguientes términos: “...se requiere poca reflexión para ver que la totalidad de nuestro vasto sistema industrial actual, y su consecuente consumo de carbón, ha surgido principalmente del aumento sucesivo de la economía” (en Polimeni, 2008: 8). Esto significa que el actual desarrollo económico es posible, entre otras cuestiones, gracias a sucesivas etapas de eficiencia del proceso productivo. Jevons agrega también que, “...la cantidad de carbón consumido es en realidad una cantidad de dos dimensiones: el número de personas y la cantidad promedio consumida por cada una de ellas.” (Ibídem, 51).↵

4. El postulado precisa que un aumento en la eficiencia energética en el nivel microeco- nómico, puede generar un efecto contrafuego acompañado de un aumento en el uso de energía a nivel macroeconómico. Esto es que la eficiencia en un sector puede provocar que otro sector haga uso de la energía o insumos liberados pero provocando una tendencia en el consumo por arriba de dicho ahorro. Ver Brookes (1979); Khazzoom (1980).↵

5. El promedio deseable es de 25 a 30 km/hr. El promedio actual de los países de la OCDE es de 18km/hr pero en algunos países pobres con grande asentamientos urbanos, el pro- medio se ubica entre 4 y 8 km/hr (Ibídem).↵

6. Tres cuartas partes de ésas corresponden al transporte vial, mientras que el resto co- rresponde al transporte marítimo y aéreo (AIE, 2009).↵

7. La iniciativa aboga por tres ejes de acción: 1) expandir el acceso a la energía; 2) dupli- car la eficiencia energética (lo que supondría una reducción del consumo energético en el orden del 14% para el 2030); 3) duplicar la capacidad de generación de energía reno- vable (esto es, para que conforme el 30% de la matriz energética mundial). Como es de notarse, las tres iniciativas tienen como rasgo la promoción del crecimiento económico y la posibilidad de hacer nuevos negocios, sobre todo con potenciales compradores de tecnología; es decir aquellos países dependientes de ésta. La iniciativa es apoyada por actores como e Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Africano, el BID, Bloomberg New Energy Finance, Statoil, Eskom, Siemens, Masdar, y Riverstone Holdings. Véase: www. sustainableenergyforall.org↵

8. Ese país aprobó las siguientes medidas relacionadas a la producción e biocombusti- bles: Ley de Independencia y Seguridad Energética (2007), Ley de Mejoramiento y de Extensión Energética (2008) y la Ley de Energía Limpia y de Seguridad de EUA (2009).↵

9. Integrada por el G8 + Brasil, China, India, México y Sudáfrica; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Agencia Internacional de Energía, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Consejo Mundial de Energías Renovables, la Asociación de la Industria Europea de Biomasa, entre otros organismos de Naciones Unidas y observadores.↵

10. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1543505↵

11. www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-to-incorporate-biomass-and-bio-ener- gy-into-new-energy-strategy-7938/↵

12. Este proceso implica: a) cambiar un cultivo anual establecido por otro del mismo ciclo; b) cambiar cultivos anuales por perennes, como sucede cuando se cambia un cereal para establecer un frutal determinado; c) cambiar cultivos anuales de temporal por pastizales o bien por plantaciones forestales; d) cambiar de sector productivo, por ejemplo de una actividad agrícola a pecuaria, de una pecuaria a forestal; y e) el cambio a partir de una integración de las actividades agropecuarias y forestales, cuando se ven involucrados en actividades empresariales, como las de tipo agroindustrial y comercial. (Lara, s/f: 3)↵

13. Ibídem.↵

14. http://www.irpat.chiapas.gob.mx/index.php/noticias-esta/154-chiapas-lider-produc- tor-en-palma-de-aceite↵

15. “Plan Chiapas Bioenergético”, Biodiesel Chiapas, http://www.biodieselchiapas.mx/Bio- diesel_Chiapas/Biodiesel_Chiapas_-_Plan_Chiapas_Bioenergetico.html, [20 de octubre de 2011].↵

16. Integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nica- ragua, Panamá y Colombia.↵

17. El Programa comprende la instalación de plantas piloto de biocombustibles en dos etapas: 1) La construcción de tres plantas de biocombustibles con un monto de 3 millones de dólares por planta y financiadas por el gobierno de Colombia en Honduras, El Salva- dor (concluidas en 2008) y Guatemala. La construcción de las tres plantas se adjudicó, a través de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), a una unión temporal conformada por las empresas Biosgeos e Ingeomega de Medellín, Colombia. 2) Comprende la instalación de tres plantas adicionales en México, Panamá y República Dominicana, así como la conformación de la Red Mesoamericana de Investi- gación y Desarrollo en Biocombustibles (Proyecto Mesoamérica, “Biocombustibles”, 26 de agosto de 2009, http://portal2.sre.gob.mx/mesoamerica/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=44&Itemid=40, [4 de octubre de 2011])↵

18. http://diariolavozdelsureste.com/lavoz/index.php?news=19058↵

19. El Soconusco ocupa un espacio de 4 100.4 km2 lo que representa el 5.10% del territo- rio de la entidad y, según el Censo de Población y Vivienda 2010, tiene una población de 710 716 habitantes lo que corresponde, aproximadamente, al 14.8% de la población de la entidad. La región se compone de 15 municipios: Acoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Por su parte, la región Istmo- Costa tiene una extensión de 5 728.6 km2 lo que equivale al 7.6 % del territorio estatal. Tiene una población de 218 628 habitantes lo que representa el 4.5% del total estatal. Se compone de cuatro municipios que son Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec.↵

20. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Cierre de la producción agrícola por estado”, http://www.siap.gob.mx/, [10 de agosto de 2011]↵

21. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Cierre de la producción agrí- cola por estado”, http://www.siap.gob.mx/, [10 de agosto de 2011] Entrevista con Amilcar Fernández Archila, coordinador del Programa de Palma Africana en el Soconusco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 de marzo de 2011.↵

22. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Cierre de la producción agrícola por estado”, http://www.siap.gob.mx/, [10 de agosto de 2011]↵

23. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Cierre de la producción agrícola por estado”, http://www.siap.gob.mx/, [20 de octubre de 2011]↵

24. Proyecto CEIICH-PINCC sobre “Indicadores de sistemas de transporte y de la viabili- dad socio-ecológica del uso de biocombustibles”.↵

25. La eutrofización es el aporte masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuá- tico (Russi, 2007: 41).↵

26. Refiere a condiciones de desnutrición (925 millones de personas), obesidad (1,700 millones de personas), sobre peso, deficiencia de micronutrientes (dos mil millones de personas), entre otras categorías.↵

Palma africana en el norte de Esmeraldas. un caso de (in)justicia ambiental e insustentabilidad

Martha Moncada Paredes [1]

“Muchos éxitos económicos de la historia
latinoameriana pueden ahora ser leídos como fracasos”.
Héctor Alimonda

Mercado y territorios subalternos: el caso de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas, en la costa norte del Ecuador, vecina de Colombia, es una de las áreas ecológicamente más ricas del país por sus bosques, las cuencas hidrográficas que cruzan su territorio y abun- dancia de diversidad biológica terrestre y marina. Esmeraldas no solo que tiene los manglares más altos del continente, reconocidos por los servicios ambientales que prestan a las zonas costeras, sino que en sus costas se extienden los arrecifes coralinos más grandes del Ecuador. No en vano, el territorio de esta provincia se encuentra dentro de la Bio-región del Chocó, considerada como una de las zonas de mayor valor para la conservación debido a la densidad del bosque y su alta diversidad biológica.

Desde fines del siglo XIX (1885) y durante buena parte del si- glo pasado (hasta 1945 aproximadamente), la riqueza del territorio esmeraldeño proporcionó importantes ingresos al país a través de la exportación de tagua[2] y de caucho; entre 1948 y 1960 Esmeraldas aportó al país con la producción de banano, cultivo que fue luego des- plazado por la explotación forestal que perdura hasta la actualidad. Con el inicio de la extracción petrolera (1978), se construyó el poli- ducto Esmeraldas-Quito y, en las cercanías de la capital provincial, la primera y única refinería del Ecuador. A partir de las últimas décadas del siglo anterior, esta provincia se convirtió en una de las áreas de concentración de cultivo de camarón (1980) y en una de las zonas más apetecidas para el establecimiento de los cultivos de palma (1998 en adelante) (Speiser, Sabine, citada por Minda, 2011; Moncada, 2006). Cada uno de estos períodos significó el ingreso de olas de colonización y, por tanto, de sucesivos repartos territoriales, en detrimento de los sectores sociales históricamente asentados en esta región. El proceso de colonización más sistemático tuvo lugar a partir de 1974, luego de la expedición de la Ley Agraria y Colonización. Desde entonces se in- tensificó la deforestación y la búsqueda de tierras para la ampliación de la frontera agrícola (Minda, 2011).

La riqueza de su territorio y su aporte al crecimiento económico del país contrasta con la situación de pobreza y desprotección estatal que históricamente ha soportado la mayoría de los habitantes de la provincia de Esmeraldas, caracterizada por una importante diversidad cultural[3]. En efecto, en una superficie de 15.954 km2, el 49% del total de la población esmeraldeña (534.092 habitantes) corresponde a pueblos indígenas Chachi, Awá, Épera, afrodescendientes, mulatos y montubios (redatam.inec.gob.ec).

La crítica situación social de la provincia de Esmeraldas y las amenazas a su integridad ambiental generadas por presiones de las empresas extractivas sobre los bosques o por la tala de manglares para la construcción de piscinas de cría de camarón, justifican que al iniciar el siglo XXI, el área de esta provincia se haya declarado como “región de atención especial” (MAE, 2001). Con diferentes ma- tices y en respuesta a coyunturas particulares, a lo largo de los años Esmeraldas ha mantenido un estatuto similar. En el marco de la actual política del Estado ecuatoriano para fortalecer la seguridad y el desarrollo en la frontera norte, esta provincia es una de las áreas de intervención priorizadas.

Resulta paradójico que la abundancia de recursos naturales, antes que repercutir en el bienestar social implique, por el contrario, la emergencia de situaciones conflictivas, de asimetrías sociales y se- veros problemas ambientales. La situación de Esmeraldas, como de otras provincias que comparten parecidas características ecológicas y que constituyen al mismo tiempo territorios de pueblos ancestrales, permite establecer, con la necesaria diferencia de escalas, una suerte de símil con el marco analítico de centro-periferia propuesto por el econo- mista argentino Raúl Prebish (1949) y la CEPAL para explicar el papel subordinado de América Latina en el mercado mundial debido al rol de provisión de materias primas, a la vez que refleja las continuidades entre el pasado histórico y la realidad actual en el modelaje de un pre- sente colonial en el que perviven discursos y prácticas que sancionan la diversidad cultural, que colocan a la naturaleza al servicio de los apetitos de ganancias (utilidades) de corto plazo y que abogan por un desarrollo uniforme y unilineal.

La especialización de ciertas regiones como proveedoras de ma- terias primas puede explicarse a través de las categorías de hegemonías territoriales y subalternización de regiones donde se prolonga el ejer- cicio del colonialismo interno, así como por la categoría acuñada por Bebbington de “geografías desiguales de la pobreza y de la subsistencia” (citado por Escobar, 2011: 65) generadas por el crecimiento económico.

La colonialidad no acaba con lo que la historiografía de nues- tros países llama “período colonial”. En cada país latinoame- ricano existen regiones que por una serie de razones de tipo geomorfológico, climático, etc., presentaron dificultades para ser incorporadas en los territorios de ejercicio efectivo del po- der de la administración colonial, sea por desinterés, porque los costos no compensarían los beneficios o porque sus carac- terísticas dificultaban la implantación de núcleos de población metropolitana (Alimonda, 2011: 34).

La limitada presencia del Estado en lo concerniente a la atención de las necesidades de la población de Esmeraldas da cuenta del carácter subalterno asignado por el país a esta provincia y si bien hasta me- diados del siglo anterior, las dificultades de acceso, la extensión de grandes superficies de bosques y la dispersión poblacional, podrían ser elementos que justifiquen dificultades para garantizar una presen- cia institucional sólida en este territorio, no puede pasarse por alto la eficiencia demostrada por el Estado para hacer posible la operación de actividades de explotación y aprovechamiento de la riqueza natural de la provincia de Esmeraldas y la consiguiente expansión de la fron- tera extractiva. Esta dual modalidad de intervención del Estado hace necesario relativizar la afirmación respecto a que la fragilidad social y económica que caracteriza al territorio esmeraldeño obedezca a un “abandono” del Estado –hipótesis recurrentemente citada al describir la realidad de los territorios fronterizos[4]. Esmeraldas ha tenido y tie- ne una presencia gubernamental que históricamente privilegió una lógica de acumulación, en desmedro de la atención de las necesidades de sus habitantes.

Siguiendo a Martínez Alier (2011) al analizar el impacto del extractivismo en las economías pobres, la ruta que posibilitó la in- corporación de Esmeraldas al mercado interno se sustenta en dos fuentes: un proceso de acumulación por desposesión o expropiación de fronteras que se revierte en la pérdida de los medios de vida de las poblaciones afectadas, y un proceso de acumulación por contamina- ción, en el que los costos ambientales –externalidades– son asumidos por las familias que permanecen en los territorios donde se instalan empresas extractivas.

La particular forma en que la provincia de Esmeraldas y otros territorios subalternizados se incorporaron a la dinámica económica nacional guarda relación con lo que Alimonda (2011) califica de colo- nialidad de la naturaleza. Según esta noción, la subvaloración de la naturaleza por el capital es de tal magnitud que no hay preocupación alguna por destruir formas productivas sobre las que descansan pro- cesos sociales y culturales, no existe ningún empacho en destruir la biodiversidad para establecer monocultivos, ni por envenenar fuentes de agua. La naturaleza es únicamente apreciada como un elemento más del capital y como un objeto a ser explotado.

La expansión de la palma africana y la historia de un despojo la satisfacción de una demanda foránea y el surgimiento de un conflicto ecológico-distributivo
El inicio de la expansión del monocultivo de palma africana (Elea guia- nensis) en el norte de la provincia de Esmeraldas data de mediados de la década de los años noventa. La palma africana sirve para dos propósitos. Del aceite crudo procesado se obtiene la estearina de pal- ma (sólida a temperatura ambiental) destinada para la elaboración de cosméticos, jabones, detergentes, velas y grasas lubricantes, y la oleína de palma (líquida a temperatura ambiental), utilizada exclusivamente como comestible. El aceite de palma es la grasa vegetal más comer- cializada en el mundo pues ocupa un 40% del comercio mundial de todos los aceites oleaginosos (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2001: 11).

Esmeraldas concentra la mayor extensión de este cultivo -66% del total de la superficie de cultivos de palma africana- y una tasa de crecimiento que refleja un incremento del 300% en los últimos diez años (2002-2011) (INEC, 2012), para cubrir en la actualidad una superficie de más de 130 mil hectáreas (Gráfico No 1). Los cultivos ubicados en Esmeraldas se concentran en la zona norte limítrofe con Colombia, en el cantón San Lorenzo[5]. Su producción se destina en un alto porcentaje a la exportación al punto que en la actualidad, los extractos y aceites vegetales ocupan el tercer lugar entre los pro- ductos de exportación no tradicionales industrializados, después de los enlatados de pescado y “otros productos industrializados” (Pro- Ecuador, 2011: 20).

El establecimiento de una especie exótica significó una suerte de “vaciamiento territorial” en el sentido que las poblaciones originalmen- te asentadas en estos territorios fueron excluidas de sus lugares de per- tenencia. El vaciamiento territorial vino acompañado de la destrucción de ecosistemas y una profunda alteración del paisaje. Fischer-Kowalski y Haberl hablan de la colonización de la naturaleza como una estrategia que transforma los sistemas naturales para que la sociedad pueda man- tener su perfil metabólico. La colonización, en el caso de la agricultura, tiende a sustituir los sistemas naturales por economías agrícolas cada vez más exigentes de insumos externos.

Amparados en la Ley de Desarrollo Agrario (1994) que promovía una errá- tica política de colonización a través de la cual, de manera previa a la le- galización de las tierras, era necesario contar con un plan de manejo y de siembra –léase tala de bosque e introducción de cultivos-, las empresas de producción de palma se instalaron en la zona sin permiso ambiental alguno. Tal disposición, que también se aplicó para la colonización de la Amazonía ecuatoriana y de otras regiones con alta cobertura vegetal, representa una de las mayores arbitrariedades cometidas en nombre del desarrollo pues dio paso a la destrucción de bosques, carentes de valor según el discurso domi- nante, y su reemplazo por zonas de pastoreo o cultivo. En la “conquista” de tierras baldías para domesticar, poca importancia se concedió a la presencia de los grupos humanos que habitaban históricamente estas áreas.

A la llegada de los palmacultores, los territorios Awá y Chachi y las parcelas en manos de población colona asentada en la región des- de fines de los años 60 del siglo pasado estaban legalizadas, no así el territorio de las comunidades afroecuatorianas. Mientras los colonos sucumbieron con relativa facilidad a los ofrecimientos de los empresa- rios de palma, los pueblos indígenas Awá y Chachi demostraron una importante capacidad de resistencia frente a la intimidación de las em- presas extractivas. Por su parte, la falta de claridad en la tenencia de la tierra del pueblo afroecuatoriano del norte de Esmeraldas facilitó la aplicación de estrategias de asedio y presión que desembocaron en la venta de propiedades rurales a precios irrisorios[6] o en su abandono (Hazlewood, 2010). Como mecanismo de coacción, además de rodear la finca con plantaciones de palma e impedir la circulación de los legí- timos dueños, hay denuncias de “la efusión intencional de los esteros con agroquímicos con ánimo de vulnerar la salud de los miembros de las comunidades” (Minda, 2011: 20).

La vida de quienes fueron despojados de sus tierras dependía tradicionalmente del bosque. Durante cientos de años estas comunida- des combinaron la recolección de productos del bosque (tagua, balsa, frutos, semillas) y la pesca, junto con el cultivo en pequeñas parcelas para el auto consumo y la venta de excedentes, basadas en un manejo agroforestal recreado por generaciones. Al destruirse el bosque, con el ingreso de las compañías madereras primero y de las empresas de palma después, se rompió su estructura económica tradicional para dar lugar a la paulatina monetarización de la economía y a la transforma- ción de poblaciones campesinas y recolectoras en jornaleros asalaria- dos de las plantaciones de palma o en trabajadores temporales en las ciudades cercanas, principalmente San Lorenzo, que desde entonces ha experimentado un crecimiento poblacional inusitado[7].

Los nuevos habitantes urbanos[8] expulsados de sus tierras han tenido severas dificultades para insertarse en un medio desconocido y articularse a un mercado laboral cuya oferta es limitada. De ahí que pasado el “shock” inicial del despojo, algunos sectores afroecuatoria- nos se hayan visto involucrados, a su vez, en acciones intimidatorias sobre los territorios de los pueblos indígenas, ocasionando conflictos que perduran aún en la actualidad (Trujillo, 2005; Minda, 2011) y que, según se ha denunciado, han sido motivados, en algunos casos, por las propias empresas productoras de palma a través de la entrega de armas a las poblaciones afroecuatorianas para invadir territorios de pueblos indígenas Chachi (Minda, 2011).

Las diversas reacciones frente a la defensa del territorio posible- mente tenga relación con los patrones de poblamiento de las poblacio- nes afroecuatorianas[9], Chachi y Awá y el significado de la naturaleza para cada cultura, lo que debería ser objeto de investigaciones más profundas en el campo antropológico o cultural. No obstante, más allá de las diversas manifestaciones, es importante subrayar que el recuento de la historia de desposesión, presión por tierras y consecuente usur- pación de recursos naturales para atender una demanda foránea por la que transitó el establecimiento del cultivo de la palma africana en el norte de Esmeraldas contribuyó a exacerbar una situación inicial de demarcación de límites no resueltos atribuible a la negligencia estatal en materia de atención a los problemas sociales.

Independientemente de la intensidad de la presión y de la mayor o menor fragilidad con la que han respondido las comunidades y pue- blos indígenas del norte de Esmeraldas, la realidad ha demostrado que, como usualmente sucede con toda actividad extractiva, se fracturó la cohesión organizativa interna, aumentaron los conflictos inter-comuni- tarios y se acentuó el tráfico de tierras, todo lo que contribuye a la con- formación de un entorno de fuerte inseguridad y malestar colectivo. La fragilidad organizativa de las comunidades las ha tornado en víctimas de la manipulación y no son contadas las ocasiones en que su lucha ha declinado a cambio de pequeñas obras o bienes y de ofrecimientos que luego no se concretan[10]. Con gran probabilidad una de las más profun- das fracturas se registra en la Comuna Río Santiago Cayapas debido a la ruptura de las formas tradicionales de autoridad y la ulterior pérdida de legitimidad y representatividad del Cabildo (Minda, 2011).

Para legitimar el despojo cometido por las empresas de palma africana, realizado al margen de la normativa legal vigente, a mediados del año 2002 el gobierno facultó la conversión de 50 mil hectáreas de bosque tropical, bajo el argumento de fortalecer la seguridad fronteriza y ciudadana (Decreto Ejecutivo No. 2691 del 8 de agosto del 2002). De esta forma se impulsó la legalización de actividades económicas que se instalaron de manera arbitraria, se hizo caso omiso a los impactos ambientales provocados al destruir extensas superficies de bosques y consiguientemente se desconocieron las disposiciones constitucionales referidas a la protección de los recursos forestales y la intangibilidad de estas áreas; se ignoró la explotación comercial de madera extraída por parte de los empresarios de palma y se violentaron los derechos de pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas. El resultado final fue estimular la consolidación y expansión posterior de un proceso ex- tractivo no concebido en el territorio.

La superficie concedida por el Estado para implantar el mono- cultivo de palma incluía 5 mil hectáreas de patrimonio forestal, 5 mil hectáreas de tierras ancestrales pertenecientes a las comunidades afro- ecuatorianas y más de mil hectáreas de los pueblos indígenas Awá. No resulta extraño que dentro de la lógica de desposesión se haya au- torizado la conversión del bosque en un territorio de las característi- cas ecosistémicas de la provincia de Esmeraldas; así como tampoco es ajeno a esta lógica que el propio Decreto Ejecutivo haya propiciado una sobreposición de las modalidades de uso del suelo con el surgimien- to de conflictos en cerca del 25% del área entregada para explotación agrícola, lo que se agudizó por la falta de claridad en la tenencia de la tierra, la imprecisión de los límites y la prevalencia de un escenario de inseguridad jurídica.

Con la aprobación y legalización ex post de las plantaciones de palma, a partir del 2002 se inició un apresurado proceso de entrega de licencias ambientales y de elaboración de normas de manejo ambien- tal para hacer frente a una actividad económica de la que el país tenía apenas pocos antecedentes (Contraloría General del Estado, s/f). Lo que sí estuvo listo antes del ingreso de las plantaciones de palma son las inversiones complementarias que actúan como subsidio a las empresas. Varios autores (Minda, 2011; Trujillo, 2005) reconocen en esta dirección el papel desempeñado por la red vial (carretera Ibarra-San Lorenzo y carretera marginal de la costa Manabí-Esmeraldas-Borbón-Mataje) que contribuyó a conectar a Esmeraldas con el resto del país, así como a modificar la tenencia de la tierra y acelerar las tasas de deforestación.

Martínez Alier habla sobre las asimetrías que acarrea el creci- miento económico y que se traducen en el surgimiento de conflictos ecológico-distributivos:

A medida que la economía y la población humana crecen, usa- mos más recursos naturales y producimos más residuos. Hay impactos sobre otras especies y sobre las generaciones huma- nas futuras pero también sobre la generación actual. Ahora bien, no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del medio ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos (2004: 21).

Aún dejando de considerar por el momento los severos impactos am- bientales ocasionados por la expansión del cultivo de palma africana, el solo hecho del despojo de los territorios de comunidades afroecuatorianas, con sus implicaciones en la pérdida de sus fuentes de subsistencia, y las ulteriores disputas entre los habitantes ancestrales de estas áreas, dejan claro el surgimiento en la región norte de Esmeraldas, de un con- flicto ecológico distributivo. No obstante, si se considera la profunda disrupción cultural e identitaria que significó la introducción y conso- lidación del monocultivo de palma, parece necesario complementar la caracterización de este conflicto desde una perspectiva cultural y pro- poner, en línea con lo que sostiene Arturo Escobar (2005), que además de las graves alteraciones económicas y ecológicas, está presente en la región un conflicto cultural distributivo que surge “de la diferencia en relación con la definición de las normas y estructuras sociales”.

Los conflictos culturales distributivos aluden por tanto al len- guaje de las diferencias, de las distintas percepciones que existen sobre una realidad, las prácticas y representaciones simbólicas particulares, el reconocimiento del “otro”. Conforme el planteamiento de Enrique Leff, “la esencial diversidad del orden simbólico y cultural se convierte en la materia de la política de la diferencia” (2006: 28) a partir de la tensión que se establece en el campo del poder entre la pretensión de imponer una lógica desarrollista externa, considerada como universal y la continuidad de identidades y autonomías locales sobre el territorio. Estas luchas de resistencia no son puramente étnicas, como tampoco únicamente ambientalistas, son luchas por el “derecho del ser” que co- bija tanto los derechos humanos como los de la naturaleza.

La severidad de las manifestaciones del conflicto alrededor de la palma permite concluir, en concordancia con lo que sostiene Alimon- da, que éste no encarna únicamente un problema de distribución. La realidad conflictiva del norte de Esmeraldas pone de manifiesto “una historia demasiado larga de colonialidad” que ligada a la expropiación de tierras y la usurpación de recursos, la “destrucción o subalterniza- ción racista de identidades”, amenaza con interrumpir la continuidad cultural de los pueblos asentados en esta parte del Ecuador (2011: 45).

Manifestaciones y representaciones del conflicto
Desde un punto de vista estrictamente económico, el cultivo de palma podría parecer una actividad generadora de beneficios. No obstante, las plantaciones se desarrollan básicamente como “economías de enclave”, asociadas a mercados globales, sin posibilidades de desatar encadena- mientos productivos que contribuyan a dinamizar al mercado interno (Delgado, 2010). El enclave que se establece, por la precariedad de la ins- titucionalidad existente en la región, así como por la débil respuesta al cumplimiento de derechos y a la aplicación de la justicia, da cuenta de un proceso de “desterritorialización” en el que “el Estado no logra asegurar su presencia en forma adecuada y homogénea” (Gudynas, 2009: 201).

Para desvirtuar la escueta mirada a partir de indicadores eco- nómicos convencionales, la economía ecológica propone considerar, en paralelo, los aspectos biofísicos, químicos, sociales y culturales inmersos en toda actividad productiva. Al introducir otros enfoques y perspectivas analíticas, el negocio de la palma muestra una multi- plicidad de perjuicios. Contrariamente a los argumentos utilizados al promover el cultivo de palma africana, lejos de abonar en la seguridad o aportar en el desarrollo, ha sido posible constatar, a lo largo de los años, afectaciones de diversa magnitud e intensidad. Como se analizó en el acápite anterior, uno de los efectos que surgió de manera inme- diata fue la presión por la tierra y la concentración de dicho recurso en manos de empresarios externos: “el acto de apropiación que inicia todo metabolismo entre la sociedad y la naturaleza” (Toledo, 2008: 5) en el sentido de iniciar transformaciones del entorno ambiental para satisfacer determinadas necesidades.

La transformación de los bosques en monocultivos y el consi- guiente predominio de una agricultura especializada en producir exce- dentes, implica una simplificación radical de los agroecosistemas y una mayor vulnerabilidad de todo el complejo agrícola (Alimonda, 2011). La forma de apropiación que existía antes del ingreso del monocultivo de la palma no provocaba cambios sustanciales en el ecosistema, su estructura y dinámica. Se trataba, por tanto, del primer tipo básico de intervención de los seres humanos hacia la naturaleza que Toledo deno- mina como intercambio ecológico (2007: 8). La palma, por el contrario, afecta la capacidad del ecosistema para mantenerse y auto-regularse pues se sustenta en una forma de apropiación de la naturaleza que des- articula y desorganiza el ecosistema.

La contaminación de suelos y agua es uno de los problemas más acuciantes por el uso de agroquímicos en las plantaciones y la falta de procedimientos de evacuación y tratamiento de los desechos sólidos y gra- sos. Un estudio llevado a cabo por una organización de justicia ambiental de Estados Unidos revela la utilización, en los monocultivos de palma de Esmeraldas, de agroquímicos vetados en otros países y la presencia de aceites y grasas a niveles que exceden los límites tolerantes en todas las muestras analizadas[11] (e-Law, 2005). Se estima que por cada tonelada de aceite se generan 2,5 toneladas de efluentes contaminantes (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2001: 11), lo que ha incidido sobre la disminución del número de especies de fauna y flora y sobre la salud de la población con manifestaciones como erupciones cutáneas y trastornos estomacales. Según información procesada por el Ministerio de Salud Pú- blica del Ecuador, el número de personas envenenadas por agroquímicos en la provincia de Esmeraldas se triplicó entre 1999 y 2003 (Aguilar, 2003, citado por Hazlewood, 2010: 88). La investigación llevada a cabo por Nú- nez (2004) respecto a los impactos provocados por esta actividad eviden- ció el incremento de enfermedades y de las tasas de mortandad en peces y camarones como producto de la contaminación del área, así como la alteración y aún desaparición de humedales como el de Yalaré. Tales afec- taciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria en la medida en que un alto número de familias no dispone de los medios económicos suficientes para adquirir las fuentes de proteína requeridas en los mercados locales.

Otro de los impactos más notorios, producto de la vigencia de un modelo extractivo, son los drásticos cambios en el clima, en el nivel de pluviosidad y en el sistema hídrico, intercalando inundaciones fre- cuentes que se suceden a épocas de drástica reducción del caudal de los ríos. Tal irrupción en el ciclo del agua afecta las posibilidades de navegación (Minda, 2011).

En términos de generación de empleo, las expectativas sembra- das en las comunidades, parecen no haberse concretado en la magnitud y condiciones prometidas por las empresas palmacultoras[12]. Aquellas personas contratadas señalan que carecen de estabilidad, posibilidades de asociación y medidas de seguridad laboral, lo que, sumado a las exi- gencias y presión para cumplir con determinados volúmenes de recolec- ción de cosecha, obliga que los trabajadores se apoyen en sus familias, incluyendo niños y niñas. A la precariedad laboral existente se añade, en los últimos años, el desplazamiento de trabajadores ecuatorianos por personas colombianas que han huido de su país por la violencia y el miedo y que dada su mayor vulnerabilidad, son contratadas por menores salarios y en condiciones laborales aún más desfavorables. Este complejo panorama se complementa con prácticas discriminato- rias hacia la población afroecuatoriana. La renuencia a su contratación por parte de las empresas palmacultoras está acompañada de perjui- cios y estereotipos según los que mujeres y hombres afroecuatorianos serían más propensos a impulsar manifestaciones de protesta, además de otros imaginarios y prácticas racistas[13].

En este contexto, es equivocado creer que el cultivo de palma pueda ser calificado como una forma de capital productivo como lo se- ñala Pablo Minda (2011). No es de ninguna manera un “capitalismo de producción” sino un capitalismo depredador, sustentado en el saqueo de las riquezas de un territorio. El negocio de la palma debe ser analiza- do como una actividad extractiva que “remueve grandes volúmenes de recursos naturales, (que) no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados” (Gudynas 2009: 188). Es más, el extractivis- mo generado por la palma africana, al contrario de lo que promete ser el nuevo extractivismo minero o petrolero que apunta a un papel más activo del Estado para promover una mejor repartición de la renta, únicamente redunda a favor de los empresarios privados, mientras que sus costos son asumidos por toda la sociedad, especialmente por las comunidades pobres ubicadas en su área de influencia[14].

Pese a los daños ocasionados por las empresas de cultivo de pal- ma, el Estado no ha exigido la aplicación de acciones de remediación ambiental, menos aún contemplado ni estrategias de redistribución social de los beneficios. La impunidad con la que operan diversos sec- tores extractivos en entornos de abundante biodiversidad y presencia de poblaciones sin poder político alguno, se traduce en la obtención de ganancias extraordinarias, adicionales a la utilidad del capital que, de acuerdo a Pablo Ospina (1994 citado por Minda, 2011), constituye una renta ecológica que captura aquella porción del desgaste de la natura- leza que no es contabilizada en el precio del producto final.

La consecución de esta renta ecológica y de importantes ingresos producto de la venta y exportación de los derivados de la palma africana revelan, lejos de una mejora sustantiva de las condiciones de la población localizada en áreas cercanas a las plantaciones, la alta tasa de descuento con la que operan las empresas extractivas y la prevalencia de una visión a corto plazo que infravalora el futuro. Motivados por cada vez mayores ingresos, las actividades extractivas suelen no considerar “la reducción de la ‘productividad’ de las condiciones de producción, lo cual a su vez eleva los costos promedio” (O’Connor, 2003: 41), lo que se conoce como la segunda contradicción del capital. Como lo acontecido con otros mo- nocultivos dependientes de altos volúmenes de fertilizantes y pesticidas, algunas de las plantaciones de palma africana están afectadas por el hongo PC –pudrición de cogollo- que amenaza con extenderse a vastas superficies de esta agroindustria. Se estima que el hongo contagie a 50 mil hectáreas del norte de Esmeraldas y varios miles de hectáreas ubica- das en el cantón Quinindé, en la zona sur de esta provincia (Minda, 2011).

Luego de casi 15 años de iniciado el cultivo del palma, los pobladores de la región norte de Esmeraldas siguen sometidos a pre- siones para abandonar sus tierras y asentarse en otras ciudades y centros poblados en condiciones de alta vulnerabilidad social. A la presión sobre la tierra para expandir el cultivo de palma africana y para aprovechar la riqueza forestal aún disponible se ha sumado, en los últimos años, la presencia de nuevos actores (minería ilegal, grupos armados irregulares) que disputan el control del territorio a través de mecanismos intimidatorios, amenazas constantes y el despliegue de la violencia. Lamentablemente, la continuidad de una lógica de expulsión territorial e injusticia social en el norte de Es- meraldas corrobora lo ya señalado por Gudynas (1999) al analizar el impacto de las actividades extractivos y la ampliación de la fron- tera agropecuaria: el carácter externo y la voracidad por alcanzar cada vez mayores ganancias por lo general facilita condiciones para el ingreso de actores que contribuyen a deteriorar la seguridad y a incrementar la conflictividad social.

Las estrategias de expulsión territorial ha convertido a una buena parte de quienes viven en esta provincia –pueblos indígenas, campesinos y afroecuatorianos, así como población con necesidad de protección internacional– en víctimas del extractivismo. Quienes han sido expulsados de sus territorios (doble victimización en el caso de personas de nacionalidad colombiana que huyen de la violencia que soporta su país) cumplen con los atributos de lo que la literatura especializada denomina como refugiados ambientales. La caracte- rización de refugiados ambientales ofrecida por Nicholas Hildyard, “personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares para dejar paso a las minas, campos petrolíferos y de gas, centrales eléctricas y refinerías” (2007: 37), podría ampliarse para incluir también a aque- llos sectores que pierden su territorio por efectos de la expansión de monocultivos de exportación. El proceso de “vaciamiento” que soporta la región norte de Esmeraldas no pueda explicarse única- mente como consecuencia de la violencia originada en el conflicto colombiano o endosarse a las condiciones de inseguridad generadas por grupos y bandas delincuenciales. Esta realidad está presente y no puede de ninguna manera soslayarse o subestimarse. Sin embar- go, una lectura integral de la situación fronteriza no puede evadir el hecho de que a los efectos del enfrentamiento que vive Colombia sobre la seguridad humana deben sobreponerse las consecuencias de un modelo extractivo que ha colocado en la última escala de las prioridades al bienestar y seguridad de la población, sobre todo de los sectores pobres, pertenecientes a pueblos indígenas o a comuni- dades afroecuatorianas.

Voces y posiciones de la resistencia. hacia una reseña de la lucha por la justicia ambiental de los pueblos del norte de Esmeraldas.

Las estrategias de control de recursos han venido de la mano con el surgimiento, en ocasiones, o el recrudecimiento, en otras, del descon- tento y malestar social dan cuenta de disputas derivadas “de esquemas de acumulación por desposesión que privan el entorno natural como medio de vida” (Delgado, 2011) y de una desproporcionada e injusta carga ambiental negativa sobre las poblaciones locales. Las restriccio- nes de acceso o la pérdida de fuentes de sustento como la caza, pesca o recolección y el desplazamiento de familias, son manifestaciones de procesos de privatización o del despojo violento protagonizado por ac- tores externos a la región norte de Esmeraldas y, lo que es más grave, ha significado hacer el juego a las intenciones de control del territorio por parte de sectores de gran poder económico y político y de los grupos armados que los secundan y que pretenden expandir su escenario de operaciones al territorio ecuatoriano.

En defensa de su vida y ante la falta de acción estatal[15] frente a los abusos y arbitrariedades de las empresas productoras de palma, sec- tores sociales organizados de los territorios afectados han desplegado, durante cerca de dos décadas, diversas acciones de protesta y rechazo. Sin autocalificarse como una organización ecologista, la lucha de la población afectada por el monocultivo de la palma no está en el ámbito crematístico, sino en el de los valores de uso pues reivindican el acceso a la tierra, a sus formas de producción y al agua. De ahí que las manifes- taciones de resistencia local puedan ubicarse dentro de lo que Martínez Alier (2010, 2011) califica como un movimiento del ecologismo popular y una organización de justicia ambiental en ciernes. Es una lucha por su sobrevivencia y por la continuidad de sus formas de relacionamiento con la naturaleza. Lejos de concentrarse en las contradicciones mate- riales –en las diferentes visiones respecto a la reproducción material de la existencia-, es un movimiento opuesto a la racionalidad dominante (Escobar, 2011) y, por tanto, un movimiento que “prioriza una racio- nalidad no económica” (Navarro y Pineda, 2009: 97) en la perspectiva de conservar su identidad, su cultura y el control de su territorio. En ese sentido, es también una lucha apegada “al lugar” como caracteriza Escobar (2011) a la resistencia de los pueblos del Pacífico colombiano.

A raíz de la promulgación del Decreto Ejecutivo 2691 que dio paso a la consolidación del monocultivo de palma en el norte de Esme- raldas, los sectores sociales afectados, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y abogados ambientalistas, interpusieron en el año 2000 un recurso de amparo constitucional a fin de frenar el incremento de la superficie de cultivos de palma y exigir al Ministerio del Ambiente la aplicación de la normativa vigente[16]. La demanda presentada se sus- tentaba en el carácter indivisible, inalienable e imprescriptible de los territorios ancestrales, según lo reconoce la legislación ecuatoriana. El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón respaldó la denuncia presentada por las comunidades de La Chiquita y Guadalito contra las empresas palmacultoras.

En marzo del 2001 el Tribunal Constitucional no solo que aceptó el recurso constitucional, sino que instó al Ministerio del Ambiente a una actuación urgente. El Ministerio, por su parte, además de apelar esta decisión introdujo tímidos procedimientos administrativos para ordenar de alguna manera el establecimiento y manejo de las planta- ciones de palma, como el pago de una multa[17] por la destrucción del bosque. Pese a este insignificante gesto de control gubernamental, los empresarios de palma africana amenazaron suspender sus actividades “por falta de garantías”. Las palmacultoras no se fueron; quien sí lo hizo fue el Ministro del Ambiente de aquel entonces (Diario La Hora, 18 de mayo del 2001, B2).

La inacción del Ministerio del Ambiente determinó el inicio de un juicio penal por desacato. El desenlace de este juicio determinó que el Ministerio del Ambiente norme que las empresas de palma africana, como medida de precaución, realicen un etiquetado adecuado para dis- tinguir entre químicos peligrosos de otros menos nocivos, y establezca la realización seguimientos semestrales a fin de evaluar la operación de las plantaciones y sus instalaciones.

Como consecuencia de la coacción y la presión ejercida frente a las comunidades de la región, los procesos de resistencia han sido intermitentes. Los largos años de lucha y el escaso eco que han tenido sus demandas no solo que han provocado frustración, sino desgaste de las estructuras organizativas y fraccionamiento del tejido social. No toda la población rechaza la presencia del monocultivo de palma y es también notoria la modificación de prácticas culturales tradicionales y la adopción acrítica de estilos de vida foráneos. Pese a estas dificulta- des, en el ámbito organizativo poco a poco se han comenzado a dibu- jar nuevas estructuras. La Federación de Comunas de Esmeraldas que aglutina a 22 de las 26 comunas de la provincia, por ejemplo, reivindica sus derechos a la tierra, al agua y a la seguridad alimentaria y exige la puesta en marcha de programas de reforestación. La organización de los pueblos afrodescendientes de San Lorenzo, aún sin mayor claridad, está pensando en la posibilidad de constituir circunscripciones territo- riales como una figura para proteger su territorio y retomar una gestión autónoma de sus recursos.

Otro sector, perteneciente a las comunidades más afectadas por los impactos de la palma, ha iniciado una nueva causa legal en el marco de la Constitución aprobada en el 2008[18]. Se trata de una demanda civil de pago por daños y perjuicios contra las empresas palmeras, similar a la acción judicial que interpuso el Frente de Defensa de la Amazonía contra Texaco (actual Chevron) por las afectaciones provocadas en la provincia amazónica de Sucumbíos. Esta acción legal apela, sin nom- brarlas, a las dos dimensiones de la sustentabilidad identificadas por la economía ecológica: la sustentabilidad en sentido débil y la sustentabi- lidad fuerte (Martínez Alier, 2002: 29). Mientras que la sustentabilidad débil propone que el llamado “capital natural” puede ser sustituido por el desarrollo tecnológico, el concepto de sustentabilidad fuerte implica, por el contrario, el reconocimiento de que el patrimonio natural (en particular, el denominado “crítico” por su valor ecosistémico), no puede sustituirse mediante la tecnología y las acciones humanas y que no todo puede ser traducido en unidades monetarias.

La acción legal en curso exige la restitución de los valores “tan- gibles e intangibles” afectados por la industria de la palma a partir de la valoración de los daños provocados, que tendrían que ser precisados a través de peritajes independientes con la participación de todos los involucrados. Sobre todo, es la primera demanda judicial que reclama por los derechos de la naturaleza incorporados por primera vez en el mundo en la Constitución del Ecuador bajo la misma jerarquía que los otros derechos contemplados en esta Carta Magna:

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existen- cia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. // Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los princi- pios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. // El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el res- peto a todos los elementos que forman un ecosistema (Art. 71).

Estos derechos son parte de la vertiente del neo-constitucionalismo la- tinoamericano, inspirado en la concepción de pueblos y nacionalidades que conciben la indisoluble unidad de los diversos participantes de la Pachamama, y que hace hincapié en los principios de equilibrio, respeto mutuo y relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Los resultados de la demanda civil presentada por comunidades del norte de Esmeraldas en el marco de las recientes disposiciones cons- titucionales posiblemente abran el camino para un renovado abordaje legal de los conflictos ambientales. Mucho dependerá, en todo caso, de la presión social que se mantenga sobre la demanda, de las adhesiones y respaldo al proceso, de su difusión, de la cohesión organizativa interna, así como de una actuación judicial independiente.

¿Perspectivas sombrías o nuevos horizontes?

La “trampa de la especialización”

La integración subordinada al mercado mundial y que se explica des- de la conquista, marca la ruta de la modernidad –la ruta colonial por la que transita América Latina (Escobar, 2011). Desde el pensamiento hegemónico y los sectores de poder político y económico, la naturaleza ha sido vista con un apetito voraz y sus recursos apreciados única- mente como medios para satisfacer las necesidades de consumo de las economías ricas y de los sectores de poder al interior de cada país. El modelo de saqueo impuesto por el extractivismo en el norte de Esme- raldas ha determinado que la riqueza sustraída alimente el crecimiento de capitales foráneos, sobre todo de la Sierra ecuatoriana, a costa del empobrecimiento de la región. En la actualidad, esa voracidad adquiere un nuevo impulso a la luz del incremento del metabolismo social[19] de las economías industrializadas y la desenfrenada carrera por la acumula- ción, lo que advertiría una nueva fase de reprimarización de nuestras economías alimentada por el aumento de los precios y el mejoramiento relativo de los términos de intercambio experimentado en las últimas décadas (Falconí y Vallejo, 2012).

El énfasis que sigue otorgándose al extractivismo (minero, agro- industrial, petrolero) difícilmente permitirá sentar las bases para una economía que no descanse en la explotación indiscriminada de los re- cursos naturales y transitar, como lo sostiene la Constitución del Ecua- dor y su Plan del Buen Vivir, a una sociedad respetuosa de los derechos de la naturaleza. No es posible seguir aplazando la discusión sobre los limitantes que acarrea al país el hecho de que su crecimiento y desarro- llo continúen fuertemente atados a la exportación de productos prima- rios (petróleo, banano, camarones, flores, cacao, minerales, aceite de palma) (Gráfico No 2) y a mercados poco diversificados (Acosta, 2009).

Lenguajes alternativos en medio de la adversidad

La región norte de Esmeraldas condensa de manera elocuente un pro- ceso de acumulación por desposesión sustentado en la extracción de sus recursos naturales y el papel subordinado que ha ocupado esta provincia en la historia del país. A la permisividad y pasividad de las políticas gubernamentales en relación a la expansión del monocultivo de palma africana, se suman en los últimos años el surgimiento desen- frenado de explotaciones mineras ilegales y el incremento de los niveles de deforestación que, al igual que la palmacultura, tampoco redundan en la dinamización del desarrollo regional y de generación de empleo, menos aún introducen mejoras en el entorno social y ambiental de la región. Las actividades de explotación ilegales, frente a las que la ac- ción gubernamental ha sido poco eficaz, se construyen sobre el miedo, la violencia y la inseguridad y un chantaje permanente a la población. La vigencia del modelo extractivista co-existe con economías locales de subsistencia que están siendo destruidas por la penetración de las relaciones de producción capitalistas.

Lejos de cumplirse las promesas de empleo, de progreso y pros- peridad, el modelo extractivo que ha tenido lugar en Esmeraldas ha acentuado la condición de vulnerabilidad de sus poblaciones y ha dete- riorado sus bases económicas, sociales y culturales.

Los graves problemas derivados por el modelo extractivo que han fracturado seriamente al pueblo afroecuatoriano amenazan con exten- derse a los territorios indígenas Awá y Chachi que han logrado resistir por un mayor nivel de cohesión interna, por la claridad en la legaliza- ción de su territorio y por las dificultades de acceso. No obstante, como lo advierten algunas de las investigaciones realizadas en el área, puede ser solo cuestión de tiempo que la situación que afecta a los territorios afroecuatorianos se expanda hacia los pueblos indígenas (Minda, 2011 y Trujillo, 2005). De ahí la necesidad de pensar una forma de organiza- ción social y productiva que contribuya a preservar la vida y continui- dad histórica de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas asentadas en esta región.

El profundo deterioro ambiental difícilmente podrá revertirse en su totalidad. Pese a esta limitación, llama la atención la ausencia de mínimas exigencias por parte del Estado para que las industrias palmacultoras enfrenten los pasivos ambientales[20] ocasionados. De ahí que una de las obligaciones que debería exigir el Estado, sobre todo a la luz de la Constitución aprobada en el 2008, es la inmediata descontaminación de los sistemas hídricos cuyos gastos deben ser financiados por las empresas palmacultoras. Junto a esto resulta imperativo exigir la aplicación del Decreto Ejecutivo de agosto del 2009 que establece una moratoria a los cultivos de palma; el cumplimiento irrestricto de la le- gislación ambiental y laboral; el reconocimiento formal de la propiedad de la tierra a la Comuna Río Santiago Cayapas; la solución de los con- flictos de delimitación territorial entre comunidades afroecuatorianas y pueblos indígenas; la reversión inmediata a sus legítimos dueños de las tierras adquiridas de manera injusta o arbitrariamente apropiadas.

Lamentablemente, la crudeza de la realidad se impone al deber ser y parecería que en el horizonte de corto plazo se continuará optando por cosechar más éxitos económicos a costa de estrepitosos fracasos sociales, culturales y ambientales, bajo la falsa premisa de que los in- gresos generados permitirán revertir, además de la pobreza, los daños ambientales que inevitablemente trae consigo toda actividad económi- ca. La existencia de importantes reservas de petróleo y minerales, de bosques y agua, parecería imponer que aquellas regiones ricas en natu- raleza sigan actuando como áreas de abastecimiento para satisfacer la demanda internacional de materias primas y, en menor grado, cubrir algunas de las necesidades del mercado interno. Este es el caso de la re- gión fronteriza y de Esmeraldas en particular, donde el modelo extrac- tivo podría agudizarse como consecuencia de la prioridad entregada a esta forma de crecimiento económico y su papel en la solución de los problemas que soporta la sociedad ecuatoriana. No deben pasar desa- percibidos en esta dirección el impulso a los proyectos de infraestructu- ra (IIRSA por ejemplo) y el enfoque que se privilegia en las decisiones de seguridad[21]. En efecto, la mayor presencia militar en la frontera hacen suponer la configuración de una agenda de securitización orientada a construir condiciones propicias para el control, gestión y acceso a los recursos naturales por parte de los países industrializados desde una noción construida desde el Estado para garantizar la reproducción del capital (Delgado, 2011). En este sentido no es coincidente que esta agenda guarde sintonía con las estrategias que se desarrollan desde el lado colombiano y la gravedad con la que se han violentado y siguen violentándose los derechos humanos en el vecino país.

Lejos de equiparar la situación fronteriza del Ecuador con la gravedad de la violación de los derechos humanos que sucede en Colom- bia, en uno y otro caso, lo que parecería estar en juego es el control de un espacio territorial caracterizado por una riqueza natural única en donde la continuidad social y cultural de las poblaciones ahí asentadas constituye una interferencia o un obstáculo para la operación de las actividades extractivas.

Pese a la fuerza con la que se impone el capitalismo, la población del norte de Esmeraldas da testimonio de que más allá de las adver- sidades, existe la voluntad por mantener su territorio y su identidad. El conflicto analizado en estas páginas está gestando, junto con otros problemas que tienen lugar en el Sur global, un lenguaje alternativo al modelo de desarrollo único y uniforme. Será seguramente desde lo “local” de donde surjan las pautas para un nuevo pacto con la natura- leza y entre los seres humanos. Es hora de aprehender de estos saberes.

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1. Estudiante del Doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, con una Maestría en Economía Ecológica por la Facultad Latinoameri- cana de Ciencias Sociales –FLACSO-, en Quito, Ecuador.↵

2. Nuez proveniente de una palma también conocida como “marfil vegetal”. Originalmente se utilizó para la fabricación de botones, pipas, teclas de piano. Actualmente sirve para la fabricación de joyería y de diversos artículos decorativos y utilitarios.↵

3. Si bien los indicadores sociales y económicos de Esmeraldas no son los mismos que existían hace 30 ó 50 años atrás, cuando apenas minoritarios sectores de la población de dicha provincia estaban en capacidad de cubrir sus necesidades, persisten aún serias dificultades sociales, mientras que otras se han agravado. En la actualidad Esmeraldas es la provincia con mayor pobreza urbana en Ecuador y tiene, compara- tivamente con el resto del país, un más alto número de habitantes rurales que urbanos (www.inec.gob.ec).↵

4. Reflexiones en esta dirección están presentes en investigaciones como la realizada por Espinoza (2008), “Las fronteras con Colombia” o por Sander (2009), “La Frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano. Las sorprendentes dimensiones de la dinámica transfronteriza entre la provincia de Carchi y el depar- tamento de Nariño”.↵

5. El cantón San Lorenzo delimita, al norte, por las cuencas de Mira y Mataje, y al sur por la cuenca del río Santiago. En este territorio se combina la presencia de pueblos indígenas Chachi y Awá, éstos últimos asentados en la Reserva Awá con una superficie de 126.500 hectáreas; de la comuna afroecuatoriana más antigua y extensa del país –Comuna Río Santiago Cayapas- ubicada en el sur del territorio cantonal; de áreas protegidas como las reservas ecológicas Cotacachi Cayapas (204.420 hectáreas) y Manglares Cayapa Mataje (51.300 hectáreas); de manglares y humedales de impor- tancia ecológica (fundamentalmente el Humedal del Yalaré y el de la Laguna de la Ciudad) y centros poblados.↵

6. La ausencia de escrituras entre los posesionarios fue un factor aprovechado por las empresas para bajar los precios originalmente pactados. Entrevista mantenida con la abogada que patrocina la demanda contra las empresas de palma (21 de agosto 2012).↵

7. A la migración campo-ciudad motivada por la pérdida de tierras comunitarias se suman desde los primeros años del presente siglo los altos flujos de población colombiana que cruzan la frontera huyendo del conflicto en el vecino país.↵

8. Minda (2011) estima que, durante el “boom” en el crecimiento de las plantaciones –prime- ros años del siglo en curso- 800 familias afroecuatorianas abandonaron sus tierras por pre- sión de las palmacultoras y se desplazaron a San Lorenzo, Esmeraldas, Ibarra y Guayaquil.↵

9. La presencia de la población afroecuatoriana data del siglo XVI producto de al menos tres oleadas migratorias: los sobrevivientes de un naufragio ocurrido en las costas de Esmeraldas; esclavos introducidos para trabajar en las minas de oro y grupos sociales que provinieron del proceso de manumisión. La Comuna Río Santiago Cayapas se constituyó en 1955 a raíz del reconocimiento de su personería jurídica. El territorio de la comuna se conformó a partir de la compra de 62 mil hectáreas efectuada por 62 moradores de esta área (Trujillo, 2005 y Minda, 2011).↵

10. Resulta ilustrativo mencionar que en las negociaciones entre Palmera de los Andes y la comunidad La Chiquita llevadas a cabo en el año 2006 se acordaron desde temas rela- cionados con la ubicación de los sitios de descarga hasta la dotación de obras (aula) y el pago del maestro para las niñas y niños de la comunidad (Trujillo, 2005).↵

11. Un informe elaborado por una experta en análisis de la contaminación de agua re- vela que la concentración de grasas y aceites en ríos y esteros del área circundante a las comunidades de La Chiquita y Guadalito superan en un 200% los límites permitidos (Núñez, 2004: 22).↵

12. La información sobre la creación de empleo por parte de empresas palmacultoras no es explícita. Ni las estadísticas oficiales, ni las empresas ofrecen información al respecto.↵

13. Edmundo Morán, comunicación personal, 14 de agosto 2012.↵

14. Ver Gudynas 2009, para una discusión de las características de esta nueva fase extrac- tiva en la que está ingresando la región.↵

15. La acción más enérgica que ha tenido el Estado frente a las plantaciones de palma fue la declaratoria, a través de un Decreto Ejecutivo expedido el 12 de agosto del 2009, que impuso una moratoria a la expansión de estos cultivos en el norte de Esmeraldas. El Decreto no ha pasado de engrosar la legislación pues no solo que no es conocido por las instituciones y poblaciones locales, sino que su aplicación ha quedado en el papel por la inacción de las instituciones públicas a nivel central. Este hecho revela la imposición de sectores que concentran un fuerte poder económico y político y la forma poco rigurosa y laxa con la que actúan las instituciones públicas encargadas del control y el cumpli- miento de la ley. ↵

16. El recuento de los procesos legales llevados a cabo en contra del establecimiento de la palma se desprende de la información proporcionada por la abogada patrocinadora de las acciones de judicialización en curso, doctora Sylvana Rivadeneira. Agradezco su generosidad y disposición para compartir esta información.↵

17. La multa más alta fue a la empresa Palasema, con 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque. Las restantes empresas –Ecuafinca, Aiquisa, Teobrama, Ales Pal- ma- recibieron una multa de 4 salarios mínimos vitales: el equivalente a 16 dólares!!!. Los juicios contra Palmeras del Pacífico, Agrícola San Lorenzo, Palmeras de los Andes y Palmeras del Pacífico fueron anulados o, sus multas levantadas, por errores adminis- trativos (Trujillo, 2005).↵

18. La actual Constitución de Ecuador recoge los principales planteamientos y propuestas expresadas por los movimientos sociales en las décadas pasadas y fue el fruto de un pro- ceso de construcción que contó con la participación de importantes sectores sociales pro- venientes de todo el país y portadores de diversos intereses y necesidades. Sus contenidos se articulan alrededor del concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), para lo que establece tanto un conjunto de derechos, como un régimen del buen vivir, con la misma jerarquía que la organización territorial del Estado o las garantías constitucionales. Este concepto, inspirado en el pensamiento de los pueblos indígenas andinos, plantea la consecución de una vida a plenitud en armonía con la naturaleza. De ahí que la Constitución del Ecuador reconozca a la naturaleza como titular de derechos y subraye el carácter intercultural y plurinacional del Estado.↵

19. Toledo señala que metabolismo implica el conjunto de procesos por medio de los que “los seres humanos se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan materiales y/o energías provenientes del mundo natural” (2008: 3).↵

20. Pasivo ambiental es la deuda ecológica generada por una actividad económica. Su cálculo siempre será parcial en la medida en que muchos de los daños son irreparables e irreversibles (Martínez Alier, 2011).↵

21. El análisis realizado por Delgado y Romano (2011) en relación a la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia guarda profundas similitudes con la situación fronteriza del Ecuador y la influencia que sobre esta región ejerce el Plan Colombia en el marco de la Iniciativa Regional Andina. Delgado advierte que con el propósito de asegurar las inversiones de los Estados Unidos en México y Colombia, de resguardar el flujo de los recursos naturales requeridos por la economía estadounidense, y de combatir las actividades de “narco-in- surgencia”, el número de personal militar ha incrementado considerablemente. Ecuador no se ha quedado a la zaga de esta tendencia. Según las declaraciones de funcionarios públicos, el Ecuador ha movilizado en los últimos años (2008 en adelante) cerca de 13.000 efectivos militares y policiales en la frontera, además de promover la construcción de 20 destacamentos militares, un número similar de destacamentos de policía y mantener un patrullaje permanente en el área. Lo anterior da cuenta de la importancia de articular, sobre todo para el caso de las fronteras –esos territorios subalternos-, el análisis combina- do de los factores geo-económicos y geo-políticos. Este desafío rebasa lamentablemente el alcance de esta investigación.↵

El conflicto por explotación petrolera en Llancanelo: miradas desde la Ecología Política

Paula D ́Amico[1]

Introducción

El presente trabajo aborda las primeras aproximaciones al estudio del conflicto por explotación petrolera en la Reserva Faunística Laguna de Llancanelo, ubicada en Malargüe, Mendoza. El objetivo que subyace a estos acercamientos iniciales es dar cuenta de las tensiones y dinámicas entre los diversos actores involucrados, la ONG Oikos Red Ambiental, quien estuvo a la cabeza de las denuncias; la multinacional Repsol; el gobierno provincial; parte de la comunidad científica y pobladores, en un proceso en donde se conjugaron lógicas y dinámicas antagónicas, pero que tomaron su curso en el marco del sistema de justicia.

En el primer apartado, se presentan algunas particularidades que hacen de Malargüe un territorio con gran disponibilidad de recursos, en este sentido, se indican como rasgos relevantes la conformación de áreas protegidas y la importancia de la explotación petrolera, a la vez que se repasan brevemente los comienzos de la trayectoria en materia hidrocar- burífera de la zona. El segundo apartado, comienza con una breve expli- cación del enfoque de la ecología política como marco explicativo para el abordaje del caso, como también se señalan las características generales de la política petrolera implementada en la Argentina durante los últimos años. A continuación, se realiza una cronología del conflicto, punteando sus diferentes momentos y etapas, a fin de dar cuenta de sus puntos más relevantes y del peso y la posición de cada uno de los actores involucrados. Finalmente, se concluye retomando algunas de las ideas principales desa- rrolladas a lo largo de las secciones anteriores.

MaLargüe, traMa de reserVas

La Reserva Faunística Laguna de Llancanelo está localizada hacia el sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe, el último en conformarse políticamente (recién en la década del ́50) y cu- yos 41.317 km2 lo ubican como el más extenso del territorio provincial. Tierra de áreas protegidas (presenta el mayor número de ellas) además de la mencionada, cuenta con La Payunia, planicie de formación vol- cánica y bosque petrificado; Castillos de Pincheira, formación natural modificada por la acción eólica y Caverna de las Brujas, compuesta por formaciones subterráneas de estalactitas y estalagmitas.

Específicamente, la reserva de Llancanelo está compuesta por una for- mación lacunar salina situada en una depresión al pie de los Andes Centrales, a 1300 msnm. El área cuenta con una amplísima diversidad biológica, destacándose la gran cantidad de especies acuáticas que uti- lizan los bañados y costas de la laguna para nidificación, alimentación y migración. La comunidad de flamencos comunes constituye uno de los emblemas de la avifauna del lugar, conformada además por otras espe- cies como cisnes, garzas y patos. Estas y otras singularidades hacen de la laguna y sus alrededores uno de los humedales de mayor importancia de América Latina, ratificada con su inclusión en la Convención Ramsar (organismo internacional que reúne a los humedales de importancia mundial) en 1995.

En este contexto, las actividades ligadas al turismo constituyen una fuente de ingresos considerables para el gobierno municipal, por lo que el atractivo paisajístico es explotado con intensidad creciente. En 1996 se confeccionó el Plan de Desarrollo Turístico, procurando “im- pulsar las actividades turísticas en un marco de desarrollo sustentable en lo medioambiental y económico, en equilibrio con los otros sectores productivos del Departamento (Plan Departamental…)”. Justamente, dicho Plan resalta e promueve el desarrollo del “Turismo Naturaleza”, es decir, aquel vinculado a las áreas protegidas.

Además, Malargüe cuenta con otro tipo de reservas, más estratégi- cas, que sustentan principalmente su desarrollo económico. Dada su potencialidad hidrocarburífera y minera, el esquema económi- co responde ampliamente a la extracción de esos recursos. De esta manera, aquellas áreas destinadas a la protección y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, se solapan con estas actividades productivas. En consecuencia, se registran tensiones y contradic- ciones entre los emprendimientos extractivistas y la conservación, destacándose el conflicto por explotación petrolera en la laguna de Llancanelo y el de Vale do Rio Doce (minera de sales de potasio) con las Comunidades Mapuches de la zona.

La producción petrolera ha sido uno de los pilares de la econo- mía nacional y provincial, en 2011 el rubro Explotación de Minas y Canteras representó para Mendoza el 14% de su Producto Bruto Geo- gráfico[2] aportando Malargüe casi el 60% del mismo, en su mayoría operado a través de Repsol-YPF. Particularmente, desde la creación de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, la relevancia de los hidrocarburos en el desarrollo económico e in- dustrial ha sido fundamental. No obstante, a medida que YPF avan- zaba sobre el territorio nacional imprimía su huella hacia el campo político, social y cultural. En este sentido pueblos como Caleta Olivia, Cutral-Có y Plaza Huincul fueron construidos a la luz de la empre- sa estatal, fundándose como paradigmáticos pueblos petroleros. Tal como señala Svampa (2008), YPF constituyó el motor de desarrollo de varias economías regionales, pueblos que luego del proceso de rees- tructuración económica de los ́90, fueron la cuna del movimiento de desocupados. Cabe señalar también, que el sindicato de petroleros ha constituido una fuerza social importantísima en el movimiento obrero nacional, especialmente durante las décadas del ́60 y ́80 cuando el grado de sindicalización era alto y los trabajadores del sector conquis- taron grandes beneficios sociales. Incluso este sindicato logró condu- cir la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más importante del país (Cortese, 2007).

El registro histórico de la explotación petrolera en la laguna de Llancanelo data de principios de siglo XX, exactamente desde 1937 cuando YPF descubrió el yacimiento. Es pertinente aclarar en este mo- mento, ya que luego no será un impedimento, que el tipo de crudo que posee esta zona es de alta viscosidad, conocido como petróleo pesado, lo que implica altos costos de extracción y producción. Este hecho hizo que durante los primeros años las empresas presentaran marcados vaivenes en sus intenciones de explotar la zona, sin embargo, se destaca YPF por su permanencia a lo largo del tiempo, complementada con la entrada en las décadas del ́80 y principios de los ́90, de Union Oil Co. y Alianza Petrolera. En ese contexto, se creará en 1980 la Reserva Faunís- tica Laguna de Llancanelo conformada por 40.000 has que abarcaban la laguna y un 1 km en torno suyo. Los conflictos por la explotación del crudo coincidirán con el momento de consolidación de Repsol como accionista mayoritario de YPF S.A.

recorrido Histórico deL confLicto

Para introducirse al conflicto en Llancanelo es importante señalar la perspectiva teórica desde la cual se lo abordará. El enfoque de la ecolo- gía política resulta fructífero para analizar los campos y las relaciones de poder en las interacciones entre sociedad y naturaleza y, dentro del espectro de autores, se recupera la propuesta de Alimonda (2011) dado que enfatiza la dimensión política de la cuestión. Es decir, resalta las relaciones de poder que dinamizan la apropiación de los recursos y también el papel del Estado como gran distribuidor originario y cons- tructor de macropolíticas. En definitiva, busca dar cuenta de la con- formación de poderes hegemónicos y contrapoderes desafiantes en los procesos de apropiación y distribución de los recursos.

Justamente, la consolidación de Repsol como empresa “regen- te” de los hidrocarburos en la Argentina durante los últimos años[3], se vincula directamente con el proceso de privatización y desregulación del mercado energético, cuyo punto central fue el desguace y extranje- rización de YPF. Así, desde 1993, la empresa de capitales españoles fue adquiriendo diversos activos de compañías locales (Astra, grupo Soldati y Refinor) lo que le permitió llegar fortalecida al último tramo del pro- ceso privatizador (di Risio, et al.2012). Entre 1998 y 1999 por dentro y por fuera de la Bolsa, la empresa adquirió el 86 % de las acciones per- tenecientes al Estado nacional y a las provincias, además del 10% de las acciones de propiedad participada. Tal como plantea Cortese et al. (2007) para el año 2000 Repsol-YPF se convirtió en la principal empresa de petróleo y gas de la Argentina.

Diversos autores (di Risio et. al, 2012; Cortese, 2007; Bernal, 2008; Galafassi, 2010) señalan que la política petrolera durante la ges- tión privada se sostuvo en base a la subexploración, sobreexplotación de pozos productivos y un alto componente exportador, por lo que la califican como “depredatoria” de los recursos. Esto se explica por el cambio de status dado a los hidrocarburos, de su valoración como recurso estratégico pasó a considerarles como una commodity más, sujeta a las leyes de oferta y demanda (Galafassi, 2010).

En este sentido, la política extractiva de los actuales gobiernos progresistas de la región permite afirmar la continuidad de la trans- formación sufrida por los hidrocarburos. Vale aclarar también, que se registran diferencias sustanciales con el extractivismo propio de los ́90, que se puede calificar como conservador, dada la consolidación abso- luta del mercado como actor principal del mercado de hidrocarburos, respecto del actual “neoextractivismo”, en el cual el Estado ha recupe- rado un rol más activo, por ejemplo en la captación de renta y el dictado de la política energética. Sin embargo, la continuidad se verifica en la ratificación del extractivismo como pilar privilegiado de la estrategia de desarrollo (Gudynas, 2009). Los aportes de autores como Svampa (2008) van en este sentido también, en tanto señalan que la actual co- yuntura trae consigo el retorno de una ilusión desarrollista, apoyada en un modelo extractivo-exportador, que “escamotea discusiones de fondo acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando el retor- no en fuerza de una visión productivista del desarrollo (2008: 22-23)”. Así mismo lo indica García Delgado, al sostener que “la clase política llamativamente sigue vendiendo estos proyectos como de “desarrollo”, generadores de empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de actividades extractivas de enclave (2012: 74)”.

Simultáneamente, la política extractiva requiere su traducción territorial, y en ese sentido, se inscribe en un proceso de expansión de la frontera energética, fenómeno extendido a lo largo y ancho del con- tinente. En el caso argentino y respecto del corrimiento de la frontera hidrocarburífera, encontramos una serie de factores que explican la ex- pansión de las empresas privadas hacia territorios con escasos o nulos antecedentes en la materia, territorios cuyas producciones aportarían un volumen productivo insignificante en el contexto nacional. Así, al conglomerado tradicional de provincias productoras de hidrocarbu- ros (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta) se van sumando, otros territorios, como la provincia de Córdoba, que actualmente transitan alguna de las etapas previas como consultorías técnicas, modificaciones de marcos regulatorios y procesos licitatorios (di Risio et al., 2012). Una de las explicaciones de esta expansión se encuentra en la ratificación de los lineamientos de la política energé- tica de los ́90, mediante el decreto N°546 de 2003 y la posterior Ley Corta N° 26.197 de 2006 (mandato presidencial de Néstor Kirchner). Estas medidas dieron el cerrojo legal al régimen neoliberal de gestión, explotación y comercialización de los hidrocarburos, contribuyendo al afianzamiento de la capacidad negociadora de las empresas, bajo un contexto de “numerosos subsidios, privilegios impositivos y la virtual ausencia de controles estatales sobre la producción, la exportación, el daño ambiental y los perjuicios a las poblaciones locales (di Risio et al., 2012: 31)”. Otro tanto se responde por las necesidades energéticas y fiscales de la nación y las provincias, que en el intento de mejorar la performance de las importaciones de combustibles por un lado y au- mentar sus ingresos por el otro, habilitan una serie de emprendimientos extractivos ponderando únicamente el beneficio económico.

Lo anteriormente expuesto conforma un marco explicativo de las lógicas y dinámicas desplegadas en el conflicto de Llancanelo, en otras palabras, permite explicar en una pequeña escala la traducción concreta de esos procesos.

Se toma como punto de inicio mayo de 1999, cuando Repsol se propuso avanzar sobre la explotación petrolera de Llancanelo apelando al uso de nuevas tecnologías (de segmentos horizontales) que “mejo- rarían la captación del crudo, aumentando la superficie de contacto entre éste y los equipos de extracción, ya que se introducen de mane- ra longitudinal en el reservorio y no lo cortan de manera transversal como en las perforaciones tradicionales (Scoones y Sosa, 2004: 227)”. Para ello presentó a la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental (DSCA), órgano encargado de evaluar y monitorear obras públicas y privadas bajo el marco de la ley de Preservación del Ambiente de Men- doza (N°5961), una solicitud a fin de ensayar el uso de dicha tecnología en un pozo experimental, la cual se aprobó en agosto en la resolución N°33 de la DSCA. La autorización se realizó mediante Aviso de Proyec- to, procedimiento abreviado y expedito, destinado a actividades que no generen desequilibrios ecológicos. En este sentido, resulta llama- tivo que el mismo órgano de aplicación, la DSCA, haya desconocido el procedimiento establecido para actividades, como la petrolera, que claramente generan profundos impactos ambientales y que según la legislación provincial deben realizarse a través de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)[4]. Este “atajo” legal le permitió a la empresa evadir las obligaciones de la EIA en relación a audiencias públicas y dictámenes técnicos, en otras palabras eludió las opiniones y argumen- taciones de comunidades locales y expertos sobre el tema. Hecho que representa el inicio de un entramado de irregularidades y excepcionali- dades jurídicas que marcaron el recorrido llevado adelante por Repsol para conseguir explotar el petróleo de Llancanelo.

Viendo allanado su camino y debido al éxito del pozo experimen- tal, una año más tarde, en mayo de 2000, presentó el “Plan de Acción II Proyecto 2000” para la explotación de 8 pozos adicionales que utiliza- rían la misma tecnología. Se inició el procedimiento de EIA designando al Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), organismo de dependencia tripartita (Consejo Nacional de Investiga- ciones Científicas y Técnicas –CONICET–, gobierno de Mendoza y Uni- versidad Nacional de Cuyo) y al Instituto Nacional del Agua (INA) para los dictámenes técnicos. Finalmente, este último organismo no realizó el estudio, por lo que sólo se expidió el IADIZA, concluyendo de mane- ra favorable al emprendimiento, aunque con algunas recomendaciones previas a la explotación (Scoones y Sosa, 2004).

Es de destacar que la cuestión de mayor relevancia fue la falta de delimitaciones precisas en torno a los límites de la reserva, por lo que la viabilidad del proyecto no tenía sustento legal definido. En este sentido, la demarcación precisa era condición sine qua non para ana- lizar la ubicación de los pozos, dado que si estaban localizados dentro de la reserva se debía aplicar la Ley N° 6045 de Áreas Protegidas, que prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva. Por el contrario, si es- taban emplazados fuera, la legislación provenía de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente, que permite su funcionamiento bajo ciertas limitaciones.

A lo anterior se sumó la celebración de la audiencia pública res- pectiva, fijada por ley, plagada de deficiencias. Tuvo lugar en la ciudad de Malargüe el 30 de agosto de ese año, pero no fue comunicada con la anticipación correspondiente, no se dispuso de la información detalla- da y precisa del proyecto y se entregó el dictamen técnico dos días antes de la misma (ibídem: 231).

Esta serie de irregularidades y arbitrariedades fueron denuncia- das por diversas organizaciones, destacándose Oikos Red Ambiental, ONG local abocada a problemáticas ambientales y recientemente con- formada por esos años. Lo mismo hicieron algunos particulares, seña- lando que los pozos estaban localizados dentro de la reserva[5]. Por su parte, el gobierno y los organismos estatales con injerencia defendían el proyecto, resaltando los beneficios para el crecimiento económico de la provincia y la creación de puestos de trabajo, al par que la empre- sa marginalizaba y minimizaba los cuestionamientos. Por su parte, la cuestión ambiental quedaba saldada en la medida en que se cumpliera el procedimiento legal fijado a tales efectos. En este punto vale aclarar, que los gobiernos y las empresas suelen apelar a un discurso reconcilia- dor con el medio ambiente, recurren al relato del desarrollo sustentable para asegurar, con este apelativo, la neutralización de los embates y desafíos a aquellos emprendimientos que impactan en los territorios y sus comunidades. Invocar al desarrollo sostenible se ha constituido una práctica y discurso dominante y aunque se establezca una visión hegemónica sobre el mismo, ciertamente es un campo cruzado por ten- siones, contradicciones y disputas de actores, sujetos e instituciones. Como plantea Antonelli (2009), constituye la retórica temporal domi- nante, que produce fortísimas intervenciones en la cultura generando un dispositivo absoluto y único.

Bajo ese escenario de tensiones, en el año 2001 y a instancias del gobierno nacional se solicitó a la Convención Ramsar el ingreso de Llancanelo al Registro Montreaux, espacio dependiente de Ramsar que reúnen a los humedales en riesgo de conservación, es decir, aquellos en donde corre peligro el mantenimiento de su ecosistema y biodiversidad. Para fines de año, un grupo de expertos del Registro visitó la reserva y sus alrededores, concluyendo que bajo ciertas condiciones y controles sería posible realizar la explotación petrolera, enfatizando simultánea- mente que bajo ningún motivo se debían permitir actividades petroleras cercanas a los cursos de agua. Así mismo, recomendaba a Repsol in- volucrar decididamente a las comunidades de la zona, informar de sus actividades productivas y encomendaba la conformación de la Unidad de Gestión Llancanelo, para el adecuado monitoreo y seguimiento de las actividades a realizar. En este sentido, consideraron fundamental dar celeridad al establecimiento de los límites biológicos de la reserva, que en ese momento, como se dijo, no estaban establecidos[6].

Una mención especial merece la referencia de dicho informe a la sobrecarga de ganado en la zona noroeste del área. Si bien se reconoce que ecológicamente es recomendable controlar la presencia de anima- les debido a la presión sobre la capacidad de carga de los ecosistemas, especialmente en áreas protegidas, es significativo que se desconociera a la cría de ganado como una condición de relevancia para los procesos de reproducción social de buena parte de los pobladores de la zona. Sin embargo, tal consideración sí se realizó respecto de la actividad petrolera, señalando que “cuando se declaró el sitio Ramsar en 1995 la explotación del petróleo ya formaba parte de los rasgos habituales de la zona y así fue mencionado en la Ficha técnica de designación del sitio” (Informe Ramsar).

Las denuncias y advertencias sobre contaminación persistieron, por lo que algunos organismos gubernamentales y científicos se involu- craron más decididamente en el conflicto. El Departamento General de Irrigación (DGI), embestido en su función de Policía del Agua, realizó inspecciones en la zona y pudo corroborar la presencia de petróleo (300 veces superior a los parámetros permitidos[7]) en un pozo de agua que abastecía a la empresa. Así mismo, la Comisión de Medio Ambiente del senado provincial se hizo eco de las denuncias, e inclusive un grupo de legisladores se trasladó hasta la zona para verificar in situ la contami- nación en el pozo. Como resultado, se solicitó al Poder Ejecutivo que paralizara el procedimiento de la EIA hasta tanto se conocieran los resultados de los análisis. Sin embargo, estas acciones quedaron rápi- damente neutralizadas dado el cambio de autoridades en el DGI, en el año 2002, quienes inmediatamente desestimaron la denuncia. Y otro tanto ocurrió con el grupo de senadores, quienes quedaron limitados al carácter meramente retórico de sus denuncias.

En el ámbito académico un grupo de científicos locales perte- necientes al IADIZA, se opuso fuertemente a la explotación petrolera haciendo hincapié en los impactos en la fauna y denunciando que la empresa no había considerado ningún estudio específico. En tal senti- do, advirtieron sobre el impacto en las 173 especies que usaban directa o indirectamente la zona, debido a los posibles derrames de crudo, el movimiento intenso de personas y la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los pozos[8]. Este enfoque se distanciaba de aquel que había aprobado el dictamen técnico dando, meses atrás, el aval científico al emprendimiento.

Un balance de esta primera etapa del conflicto, permite delinear la fisonomía que adquirirá el proceso en adelante. Como primer punto, interesa señalar las irregularidades en materia de legislación ambiental ejecutadas desde el propio ámbito estatal, en tanto se habilitó el pozo experimental mediante un mecanismo contemplado para actividades de bajo impacto ambiental. Con ello quedaba claro el objetivo indecli- nable del Estado, en consonancia con el de la empresa, de motorizar el proyecto rápidamente. Por otro lado, respecto de las resistencias, re- sulta importante señalar la desarticulación de la comunidad científica, que terminó imprimiendo cierto rasgo de marginalidad a las denuncias y advertencias realizadas por el grupo minoritario de científicos. A la par, lo actuado por Oikos, hasta aquí, tampoco resultaba muy decisivo.

Finalmente, a comienzos del año 2003 se autorizó el proyecto mediante otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental –DIA– (res. 190-AOP-2003) para 5 de los 8 pozos propuestos. Resulta conve- niente retomar el análisis de los puntos más sobresaliente de dicha Declaración realizado por Oikos, quien asumirá un rol mucho más protagónico en la etapa siguiente. En primer lugar, apuntó que la DIA autorizaba la explotación de los pozos sobre la falta de determinación de los límites del área protegida. Así mismo, cuestionó que fuera este mismo instrumento el que ordenaba la implementación del plan de ma- nejo y la delimitación de la reserva, argumentando que “es menester confeccionar en primer término este plan para luego discutir acerca de los peligros de la actividad petrolera sobre el entorno de la reserva (Ibídem: 236)”. Por otro lado, la consideración que hacía la DIA respecto de los potenciales accidentes era de carácter paliativo y no preventivo (el expediente presentaba una cláusula que le permitía a la autoridad de aplicación detener las actividades en caso de un incidente de grave- dad en el área) “lo que violaba el espíritu por el que fue incorporada la EIA en el cuerpo normativo provincial (Ibídem: 236)”. Finalmente, la coronación del plan, es decir los 3 pozos restantes, se aprobarían a condición de que se ubicaran en nuevas localizaciones, lo cual permitía entender que no sería necesario un nuevo procedimiento de impacto ambiental.

En este punto, podemos reconocer un quiebre del proceso con- flictivo, la apertura de una etapa distinta a la anterior. Fue así que, fren- te al riesgo que significaba esta DIA para la conservación de Llancanelo, Oikos interpuso en febrero de 2003 una acción de amparo colectivo, logrando que un mes más tarde se paralizaran las obras, por medio de una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil N°15, a cargo de la Dra. María M. Herrera. Cada una de las instancias de apelación inter- puestas por el gobierno provincial, la Fiscalía de Estado y Repsol fueron rechazadas por la justicia, lo que se cristalizó dictándose la inconsti- tucionalidad de la resolución oficial del proyecto por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Así, en 2005 la sentencia definitiva dictaminó la prohibición para la explotación petrolera, a la par que ordenaba la ampliación de los estudios ambientales y el establecimiento preciso del área protegida[9].

Los mecanismos privilegiados por Oikos para llevar adelante sus cuestionamientos, reflejan un espacio de resistencia circunscripto a los mecanismos establecidos por el sistema de justicia. En este sentido, su propósito no fue neutralizar el emprendimiento extractivo en el área pro- tegida, sino que se realizara bajo las estipulaciones previstas por la ley. Se puede decir, entonces, que un rasgo distintivo de Llancanelo ha sido la institucionalización del conflicto, en tanto las disputas se produjeron dentro los límites del campo jurídico-legal. En este sentido y retomando lo propuesto por Martínez Alier (2004), el proceso dio cuenta de una multiplicidad de actores que disputaron dentro de un mismo lenguaje de valoración. En otras palabras, hasta aquí el conflicto no ha supuesto una pugna de valores opuestos, como por ejemplo la pérdida de la bio- diversidad frente al rédito económico de la explotación petrolera, lo que hubiera implicado una confrontación de lenguajes de valoración diferen- tes, inconmensurables. Por otro lado, tampoco puede afirmarse que el conflicto esté saldado; en tanto continúa la explotación petrolera, existen posibilidades de reactivación del mismo, las cuales pueden adquirir mo- dalidades de expresión distintas a las analizadas aquí.

Entre 2005 y 2006, y por iniciativa de Oikos, se abrió una mesa de diálogo en la cual confluyeron la empresa, los científicos, los orga- nismos estatales y la ONG con el objetivo de avanzar en la delimitación del área y el plan de manejo. Sin embargo, la pugna de intereses por demarcar el área, fuertemente direccionada por el gobierno, y la falta de experiencia de la ONG en este tipo de espacios, hizo que ésta última se retira luego de un tiempo:

El gobierno quería imponer un mapa que no se ajustaba a lo que decía la Corte y los científicos. En parte fue la inexperien- cia nuestra en el proceso, porque hubo una manipulación de la mesa, en la cual la persona que empezó a hacer el trabajo fue desviando el tema hacia un mapa que, nos fuimos dando cuenta, no representaba el decir de la ciencia ni lo que decía la Corte, pero era un mapa muy viable para la empresa, que lo apoyaba totalmente, y para el gobierno, entonces nos que- damos solos en el proceso, incluso hasta parte del IADIZA estaba de acuerdo con ese mapa, con lo cual nosotros dijimos hasta acá llegamos (D ́Amico, 12/07/12. Entrevista realizada a informante clave de la ONG Oikos Red Ambiental).

Así, el conflicto resurgiría en tanto no se consensuaran los límites de la reserva. Por ello, Repsol decidió acudir a Oikos, por fuera de la mesa, con el objetivo de conseguir la legitimidad del mapa definitivo y así neutralizar posibles interferencias:

Vinieron y me dijeron, nosotros sabemos que si ustedes van a la justicia el proyecto tiene posibilidades de pararse. La em- presa dice qué hay que hacer y bueno, nos traen el mapa al que se llegó (…) Era un área más chica y con lo que llamaríamos entradas (…) se extendía por acá, que acá no hay nada intere- sante, se achicaba acá, que hay campos petroleros, se extendía por acá, digamos, que no hay nada interesante y se volvía a achicar y le dejaba toda el área de concesión y entraba así todo (…) Entonces en un par de encuentros cerramos el mapa en términos generales” (D ́Amico, 12/07/12. Entrevista realizada a informante clave de la ONG Oikos Red Ambiental).

En la situación de dicha entrevista, pudo observarse, con el mapa sobre la mesa, la especie de “zigzagueo” dibujado por las entradas a las que refiere el informante. El objetivo era que visualizar claramente que la conformación final de la reserva consideró especialmente la posición de la empresa, garantizando la activación del proyecto en Llancanelo.

La conformación territorial de la reserva, se acerca a lo que Galafassi (2010) señala como procesos de cercamiento y despojo, fun- damentales en la conformación de regiones en el capitalismo. Desde sus inicios, el proceso de acumulación ha requerido, y requiere, me- canismos y procesos de separación y usurpación (lo que refiere al ac- tual debate respecto sobre acumulación originaria y acumulación por desposesión[10]) de bienes comunes, cuya versión originaria significó el usufructo, y no tanto la posesión, de las clases capitalistas nacientes, es decir, la fundación la propiedad privada o “viejos cercamientos”. Los actuales procesos de cercamientos, los “nuevos”, suponen la expansión de los espacios alcanzados por la propiedad privada, o la recupera- ción del capital en aquellos donde había cedido terreno, así el territorio conforma un mosaico de espacios liberados para el capital y cercados para aquellos intereses y sectores no ligados al mismo (Galafassi, 2009). En este sentido, Llancanelo puede pensarse como un cercamiento a la inversa, dado que el área protegida queda finalmente conformada según los intereses del capital en sintonía con los del Estado. Habría, entonces, ciertos reparos y alertas en torno al establecimiento de áreas protegidas en tanto se conformen estratégicamente para permitir la entrada de emprendimientos petroleros y mineros. La irrupción de este tipo de empresas supone una reconfiguración profunda de los usos del territorio, de los recursos y de las relaciones sociales (Oilwatch, 2004).

Finalmente, en noviembre de 2007 se promulgó la Ley N° 7824, que estableció los límites biológicos de la reserva, amplió a 80.000 has el área protegida y estableció dos categorías para clasificar sus territo- rios: Reserva Natural Manejada Santuario de Flora y Fauna a los lotes comprendidos por las tierras fiscales y los bañados, vertientes y sitios de nidificación y desove, y Reserva de Paisaje Protegido y Reserva Natural y Cultural a las tierras de propiedad privada, asimilando a la población local que habita históricamente en la zona, como aborigen a los efectos de la Ley No 6045. En los objetivos planteados se destaca “la reconsi- deración de las pautas culturales y económicas de los pobladores, es decir, la explotación ganadera tan característica de la cultura puestera del lugar y la creación de la Unidad de Gestión Ambiental Humedal Llancanelo con el propósito de controlar y monitorear las actividades productivas de la zona, bajo un marco de cogestión entre la comunidad, la autoridad de aplicación y otros organismos públicos y/o privados”[11].

Límites Reserva Laguna de Llancanelo

De esta manera, en 2009, Repsol presentó nuevamente un proyecto, denominado Delineación y Piloto de Producción en Frío Llancanelo”, a fin de explotar otros 25 pozos. Nuevamente el IADIZA y, esta vez sí el INA, realizaron los dictámenes técnicos planteando una serie de obje- ciones que señalaban la ausencia de un estudio de base cero sobre el cual evaluar los posibles daños ambientales en suelo, flora y fauna, la distancia mínima (entre 600 y 700 m.) de los pozos al acuífero y el alto efecto contaminante de la quema de materiales en desuso[12].

En febrero de 2010, entonces, llegó nuevamente el momento de la audiencia pública en Malargüe, la cual tuvo gran concurrencia de público, destacándose la presencia de los trabajadores de la industria petrolera, quienes defendían los potenciales puestos de trabajo que im- plicaba el proyecto. En oposición se presentaron algunos pobladores ga- naderos y parte de la comunidad científica, particularmente el Consejo Regional de Arqueólogos, el Museo Regional de San Rafael y el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra (ICES), quienes objetaron que la manifestación impacto ambiental carecía de un estudio arqueológico, paleontológico e histórico de la zona, argumentando la importancia de la misma en estos aspectos. De igual manera se pronunciaron los pueblos originarios, reclamando la consideración de las comunidades y los territorios en los cuales se asentara el proyecto[13].

Una vez más entonces, y desoyendo las miradas y aportes de aque- llos que se oponían, el gobierno habilitó a Repsol otorgándole la DIA correspondiente (res. 123-DPA-2010), lo que ha permitido la explotación de ese bloque de concesión hasta la actualidad. Sin embargo, frente a una aparente desactivación del conflicto y casi simultáneamente al otorgamiento de la DIA, un poblador de la zona radicaba una denuncia por contaminación de la napa freática a causa de un pozo ubicado en su propiedad. Repsol argumentó que tal pozo había sido explotado en 1966 por YPF, que estaba improductivo y que por oposición expresa del mismo propietario no habían podido dar un cierre definitivo al mismo. La Secretaría de Medio Ambiente mediante un informe verificó la con- taminación y tal cual ocurrió en la ocasión anterior, también pudieron corroborarlo un grupo de legisladores que se trasladó hasta la zona.

El recorrido realizado hasta aquí permite contemplar la poten- cialidad y proliferación de conflictos en territorios con gran disponibi- lidad de recursos, en tanto la apropiación y distribución de los mismos supone necesariamente la pugna y la disputa de una multiplicad de actores sociales. Es decir, el abordaje de estos conflictos permite dar cuenta de las relaciones de poder que subyacen y expresan los vínculos sociedad-naturaleza.

aLgunas concLusiones

Este acercamiento al caso de estudio no lo agota ni lo define taxati- vamente, por el contrario resulta una primera mirada que permite reflexionar sobre algunas cuestiones. Reflexiones que constituyen in- sumos fundamentales para profundizar y complejizar el análisis de las tensiones y contradicciones de la explotación petrolera en Llancanelo.

Tal como sostiene García Delgado (2012), los conflictos por los recursos siempre tomaran su dimensión concreta en lo local, en este sentido, la fisonomía que tomó el conflicto da cuenta de una serie de cuestiones relativas a la traducción local de procesos constitutivos del capitalismo en la actualidad. Galafassi (2010) lo define en términos de economía de rapiña, concepto que refiere a los procesos de despojo y usurpación y a la acumulación del capital vía cercamientos.

En Llancanelo, los límites de la conservación se vieron flexibi- lizados y capturados por la lógica capitalista, logrando en un mismo movimiento, una doble legitimación: habilitar la explotación petrolera a la vez que se “garantizaba” la conservación. La definición de los límites biológicos de la reserva procurando no afectar la explotación petrolera, implica la existencia ilusoria de un “equilibrio o armonía” que asegura ambos objetivos y configura una especie de neutralización de posibles resurgimientos del conflicto. En este sentido, la política ambiental y en especial aquella referida a la conformación de áreas protegidas, se presenta como una arena de disputas. No siempre este tipo de confi- guraciones territoriales asegura el cumplimiento de los objetivos de la conservación, por el contrario, están inmersos en el campo de poderes intervinientes en un territorio y no siempre se anteponen a otras lógi- cas, antes bien, pareciera que la dinámica de acumulación capitalista se privilegia frente a otro tipo de valoraciones.

Así, en el campo de poderes desplegados, se puede diferenciar ní- tidamente la alianza entre Repsol y el Estado por un lado y, por el otro, un grupo de contrapoderes desafiantes, Oikos, parte de la comunidad científica y algunas críticas esporádicas, que no supusieron un enfren- tamiento directo al proyecto. En este sentido, Llancanelo se despega de algunas de las características que asumen buena parte de los conflictos socioambientales, como por ejemplo los relacionados con emprendi- mientos de mega minería, en los cuales la confrontación directa de los grupos que la enfrentan, se destaca como una de sus particularidades. Sin embargo, omitiendo las formas que adquiera cada una de estas ex- periencias, en ellas convergen una multiplicidad de actores con lógicas antagónicas, por lo tanto, la resolución de los conflictos siempre es de carácter político, en definitiva, se trata de la construcción y el ejercicio de poderes y contrapoderes en torno a la apropiación y distribución de los recursos.

Por otro lado, se afianza y consolida un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en el extractivismo. A pesar de los cambios políticos operados en la región, con la llegada de distintos gobiernos que en algunos aspectos se diferencian de la lógica neoliberal de etapas anteriores, no se plantean discusiones de fondo en torno a modelos de desarrollo alternativos. Por el contrario, la concepción productivista del desarrollo, sustentada en una concepción de la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, sigue considerándose como la única vía para ampliar las situaciones de bienestar social. Sin embargo, y para finalizar, cabe mencionarse el surgimiento de contrapuntos, por ejem- plo las recientes experiencias de Bolivia y Ecuador y sus respectivas propuestas del Buen Vivir, como intentos por pensar y construir una vía alternativa al desarrollo. En este sentido, abren un espacio que por muchos se presentaba como cerrado.

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1. CONICET Mendoza - Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) - Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial (LADYOT).↵

2. Dato suministrado por la Dirección de Estadísticas Dirección de Estadísticas e Inves- tigaciones Económicas, Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación. Gobierno de Mendoza. Disponible en: http://www.deie.mendoza.gov.ar/prensa/productobrutogeo- grafico/pbgmayo11.pdf↵

3. Este trabajo no considera la expropiación del 51% de las acciones por parte del estado nacional realizada en Mayo de 2012↵

4. Anexo I Ley 5961: proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad ambiental provincial: 1) generación de energía hi- droeléctrica, nuclear y térmica; 2) administración de aguas servidas urbanas y suburba- nas; 3) manejo de residuos peligrosos;4) localización de parques y complejos industriales; 5) exploración y explotación de hidrocarburos y minerales utilizados en la generación de energía nuclear, en cualquiera de sus formas; 6) construcción de gasoductos, oleo- ductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o sustancias; 7) conducción y tratamiento de aguas; 8) construcción de embalses, presas y diques; 9) construcción de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos; 10) emplazamiento de centros turísticos o deportivos en alta montaña; 11) extracción minera a cielo abierto; 12) construcción de hipermercados y grandes centros comerciales con una superficie total mayor de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) y ampliaciones de los ya existentes en superficies mayores de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2); 13) todas aquellas obras o actividades que puedan afectar directa o indirectamente el equilibrio ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales.↵

5. http://losandes.com.ar/notas/2001/10/24/opinion-25185.asp↵

6. Para más datos y especificaciones consultar la totalidad del Informe en http:// www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-rams-ram48/main/ramsar/1-31- 112%5E22970_4000_2__↵

7. http://losandes.com.ar/notas/2001/3/28/sociedad-9095.asp↵

8. http://losandes.com.ar/notas/2001/4/5/sociedad-9692.asp↵

9. http://losandes.com.ar/notas/2005/3/15/sociedad-146933.asp↵

10. Ver Harvey, D. (2004), El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión. También Galafassi, G. (2010) Entre viejos y nuevos cercamientos. Las políticas de extracción de recursos y de ocupación del territorio en la Patagonia.↵

11. Ley N° 7824 Limites área natural protegida humedal Llancanelo departamento Ma- largüe. Disponible en http://www.tribunet.com.ar/tribunet/ley/7824.htm↵

12. http://losandes.com.ar/notas/2010/2/22/economia-473779.asp↵

13. http://losandes.com.ar/notas/2010/2/27/sociedad-474764.asp↵

Conflictos socioambientales en Piamonte Cauca: una reflexión desde la Ecología Política

Fabiana Carvajal Martínez

Introducción

Los conflictos socioambientales se han venido revelando ante nuestros ojos sin que tengamos elementos para analizarlos e intentar resolverlos; los conflictos son diversos y también tienen variados matices, como nuestros pueblos. La ecología política intenta ofrecernos esos elementos de los cuales adolecemos, de ahí que desde tal óptica, se proponga un análisis de las problemáticas referentes a la conflictividad socioam- biental presentes en el municipio de Piamonte en el departamento del Cauca, suroccidente colombiano. En un inicio comienzan con la explo- tación del petróleo, pero después se hacen más complejas al hacer pre- sencia las multinacionales con exploraciones en búsqueda de minerales, la presencia del IIRSA, un Parque Nacional Natural. Sumado a esto, una fuerte organización indígena, un histórico abandono estatal y una realidad de guerra en la que combaten fuerzas militares, paramilitares y guerrilla.

Reflexión conceptual

Como cualquier sistema de vida nuestro planeta se compone de com- plejas interconexiones que en lo biológico se denominan metabolismo.

Pero también existen sistemas sociales, económicos, políticos y cul- turales entre los más significativos. Particularmente el metabolismo socioeconómico muestra evidentes síntomas de una profunda y casi terminal enfermedad. Esta sintomatología ha podido diagnosticarse a la luz del las políticas fruto del neoliberalismo y aquellas enmarcadas en el desarrollo sostenible. Precisamente éste último –tal y como plan- tean Fischer y Haberl– ha sido un paliativo para la crisis a partir de las alteraciones fruto del enfermo metabolismo socioeconómico capitalista (Kowalski y Helmut, 2000: 21-33).

Este metabolismo socioeconómico depredador ha cosificado la “naturaleza” a fin de darle salida como en una vitrina de cualquier mercado. Pero éste no es sino un devenir histórico que se ha agudi- zado con la aún presente colonización “occidental” (Alimonda, 2001). De cara a este grave padecimiento, como latinoamericanos buscamos nuestra identidad y también acudimos a aquellas visiones ancestrales en las cuales no nos concebíamos por fuera de la naturaleza. En ese orden de ideas, apelamos más que desde múltiples teorías, conceptos y debates académicos a la cotidianidad de las comunidades locales que construyen día a día mundos posibles. Mundos en los cuales se trata de ir hasta donde permiten los límites de la naturaleza, aún desconociendo el estado actual de las discusiones y mediciones del orden académico de la economía ambiental.

Las experiencias locales que vienen siendo teorizadas o tomadas en cuenta por los académicos latinoamericanos – o de otras nacionali- dades – permiten avanzar con mayor validez hacía la construcción de alternativas a lo que se nos ha vendido como desarrollo. Los estudios sobre el Pacífico colombiano de parte de Arturo Escobar son un claro ejemplo en la medida que no sólo presentan las problemáticas a lo que se ven enfrentados sus pueblos, sino que también presenta su accionar, sus desafíos, su trabajo cotidiano en busca de crear, recrear o mejor aún de continuar avanzando en un camino ya emprendido, con la ventaja que en el marco de la profunda globalización, estas prácticas se con- viertan en excelentes referentes (Escobar, 2011).

Alimonda, Escobar y Leff nos presentan valiosos aportes a los debates desde Latinoamérica y sobre todo pensándose un continente con futuro. La historia ambiental, la ecología política, la política de la diferencia, la política del lugar –por mencionar sólo algunos– son aspectos que no han “caído del cielo”, sino que son reflexiones a partir de experiencias locales comunitarias, las cuales por fortuna abundan en la región. En esa medida, son aún más valiosas puesto que son gran- des contribuciones al deber ser de la resolución de la crisis en la cual nuestro planeta se encuentra y que nos reta a analizar alternativas para nuestros países como lo es el Buen Vivir.

La ecología política como objeto de estudio puntual y como concepto transversal es lugar de encuentros: académicos por un lado y prácticos por el otro. Desde la academia se ha ido enriqueciendo con todas aquellas lecturas y relecturas de diversos autores como Marx, Luxemburgo, Polanyi, pasando por Harvey, O’ Connor, Beb- bington, Escobar, Leff o Alimonda, entre muchos. Cabe anotar que si bien la ecología política es heredera de discusiones que parten de la economía al hablar de distribución de recursos, no se agota ahí, y esta es quizás su mayor riqueza: su capacidad de ir más allá. De he- cho, frente al agotamiento de las disciplinas y frente a la complejidad de la crisis medioambiental surgen opciones diversas que buscan la comprensión de los fenómenos más allá de mediciones –que valga la pena aclarar – son necesarias. Por tanto, la ecología política puede permitirnos comprender los procesos de apropiación sobre lo mate- rial que nos presenta Toledo (Toledo, 2008: 1-26).

Cuando la ecología política se cuestiona sobre las relaciones de poder se afinca en el campo de la Ciencia Política, pero aún así no se limita a meras cuestiones estatales sino que incorpora a sus análisis a los actores como transnacionales, ONGs, organismos multilaterales y grupos económicos, entre otros. Éstos inciden sobre los recursos natu- rales y sobre las políticas que los ordenan sobre todo en los países de las periferias, en ese sentido, la ecología política aporta más elementos en el análisis sobre la realidad de la naturaleza desde los espacios donde se toman las decisiones.

También encontramos a actores fundamentales de la política que alimentan discusiones constructoras de propuestas y articulacio- nes contrahegemónicas: los movimientos sociales. Desde donde se hace política y se construye poder de manera horizontal, puesto que aquellas comunidades marginadas y colonizadas han ofrecido su experiencia de resistencia y construcción de alternativas. Así, desde lugares de en- cuentro como la ecología política se busca un mundo mejor que tome en cuenta las particularidades, los procesos históricos, las identidades, las diversidades de pensamientos y miradas de futuro.

Extractivismo y medios ambientes conservados (mac): escenarios de conflictividad en latinoamérica
En su texto Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza Víctor Manuel Toledo propone anali- zar los mega-ambientes: medio ambiente utilizado (MAU), medio am- biente trasformado (MAT) y medio ambiente conservado (MAC); éstos se definen como “espacios naturales concretos, formados de unidades espaciales (ecosistemas y/o paisajes) y corresponden al mundo de lo ‘natural’, es decir, están ubicados ‘hacia afuera’ de la totalidad social”

(Toledo, 2008: 11). En ese orden de ideas Toledo señala que del MAC sur- gen servicios sólo en la medida que esta entidad se mantiene como un espacio “intocado”, cuya sola presencia es percibida y reconocida como de utilidad (Toledo, 2008: 12), por lo cual, se infiere que Latinoamérica es poseedora de este tipo de “activos”.

Un MAC equivale a un Área Natural Protegida (ANP), un Parque Nacional Natural (PNN) que para el caso colombiano es la máxima fi- gura de protección ambiental de territorios en el país. Siguiendo la idea de los servicios de estas ANP que presenta Toledo, no cabe duda que el interés de ‘conservar’ y ‘proteger’ la biodiversidad no es sólo filantropía, es también una perspectiva política y económica con miras a posicio- narse en un contexto mundial en el que se habla de escasez de recursos naturales estratégicos y crisis medioambiental. Sin embargo, la mirada de los Estados centrales ha considerado incapaces de gobernarse a los Estados de la periferia, lo cual posibilita injerencias. Esto se traduce en estrategias como los discursos de patrimonio de la humanidad que en la práctica posibilitan la intervención de actores fuera del Estado.

El financiamiento de importantes proyectos de investigación e inventario en pro de la conservación de lugares geoestratégicos en Co- lombia, el canje de deuda por naturaleza, los sumideros de carbono son situaciones que aún no se han estudiado críticamente a profun- didad y están estrechamente relacionadas con los MAC. Sin embargo, es importante recalcar que estos lugares son el espacio vital de comu- nidades ancestrales como indígenas y afrodesdescendientes y aún así son lugares que se caracterizan por su enorme biodiversidad debido a su capacidad de recuperación frente a la intervención humana que en algunas regiones puede llegar a ser elevada.

Por ello, discursos como los de patrimonio de la humanidad y políticas de ordenamiento territorial como la creación de PNN ponen en peligro la supervivencia de las comunidades locales allí asentadas, su autonomía sobre el territorio y si se quiere también la “soberanía nacional”. Aquí cabe cuestionarse sobre la real “bondad” de estos es- pacios, puesto que contribuirían a “oxigenar” el modelo de produc- ción, pero no se procuraría un cambio paradigmático dejando así que el modelo continúe con todas sus aberraciones. Tales aberraciones incluyen las megalópolis y la tendencia a la extrema urbanización de la sociedad, una manera desordenada que manifiesta cómo se han ve- nido construyendo las sociedades y ciudades en Latinoamérica y que Delgado Ramos presenta de manera puntual (Delgado, 2010). Estas son expresiones de lo ecológicamente insostenible del modo de con- sumo que ya está afectando la posibilidad de continuidad del modelo capitalista, por ello, estas ANP pueden ser más que funcionales para el sistema.

Los servicios ambientales que ofrecen los MAC representan pa- liativos a la crisis global puesto que aplazan las consecuencias y las políticas para resolverlo, con su existencia es tolerable que en nuestros países se ancle el extractivismo aún más en la economía a costa de la devastación de otros recursos y sociedades. Así que no es raro ver un capitalismo que se haga verde o ambiental y que promueva la conserva- ción de extensos territorios -que han sido históricamente marginados-, a fin de mantener el ritmo de consumo y de explorar nuevos negocios a partir de la naturaleza. Las problemáticas presentes en Piamonte, Cauca en Colombia encajan tanto en los conceptos como en la realidad que la ecología política posibilita analizar. Precisamente la reflexión sobre el MAC y sobre el extractivismo de la explotación de petróleo nos brindará elementos para la comprensión de la conflictividad socioam- biental en el municipio de Piamonte.

Piamonte, espacios locales de vida. contexto de análisis

Piamonte, como municipio, se creó luego de dos marchas campesinas, fruto de un constante trabajo comunitario, de una fuerte dinámica generada por el histórico abandono de los gobiernos nacional y depar- tamental (M. Piamonte: 2002: 4).[1] Su colonización se dio con las eco- nomías extractivas: las bonanzas de la quina, caucho, maderas finas, petróleo y la coca; influyó también el desplazamiento de las víctimas de la violencia. El lugar es habitado por colonos provenientes del interior del país (departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca), tam- bién por pueblos indígenas –12,24% de la etnia Inga– y un importante porcentaje de afrodescendientes.

En términos geográficos, el municipio petrolero del Cauca “se constituye en la única zona del país que es un área de transición an- dino-amazónica” (Municipio de Piamonte, 2008: 15). Parte de sus po- tencialidades vienen de su ubicación ya que es una zona estratégica de tránsito y frontera entre cuatro departamentos que se localizan en la región del Macizo Colombiano -importante zona hídrica-, “biológica- mente se convierte en el punto de encuentro entre la Cordillera Cen- tral, la Cordillera Oriental, la Amazonía, el Valle del Magdalena y la Vertiente Oriental de los Andes, constituyéndose en corredor de selvas naturales” (Ortega, et. al.: 4).

En el contexto nacional y Suramericano se resalta que en este lugar “hay sólo 335 kilómetros entre el mar y las planicies selváticas, lo que hace que sea el tramo más corto entre la costa [pacífica] y la Ama- zonía en toda Suramérica” (G. Buenahora: 2003: 37). Piamonte forma parte de la cuenca amazónica caracterizada por su alta biodiversidad, sus recursos hídricos, petróleo y cultura ancestral (Ortega et.al.:27). Tener estas riquezas no se traduce en mejores condiciones de vida para los pobladores, tampoco se expresan en inversión social, ni económica del Estado; una gran contradicción propia de la dinámica del capitalis- mo que privilegia unas regiones a costa de la miseria y explotación de otras y lo que se ha denominado por autores como la maldición de la abundancia (Acosta, 2009).

Lo naturaL Y sus PotenciaLidades. Pnn Vs. PetróLeo

A partir del año 2000 el pequeño y marginado municipio se valoriza por la presencia de la cadena montañosa Los Churumbelos que fue declara- da PNN[2] a la cual se le dio una categoría importante en la conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional por la enorme rique- za que allí existe.3 De hecho, el Plan de Desarrollo Municipal considera el PNN como uno de sus activos y atractivos más importantes que se debe proteger y conservar, de tal manera que se pueda convertir en despensa de recursos naturales, polo de desarrollo y la manera de articu- lar la región al escenario nacional e internacional. Un valor adicional es que su subsuelo también contiene valiosos recursos, antes de 1992 se destacaba la producción de oro de aluvión en la zona de piedemonte y se presume que existen yacimientos de asfaltita y carbón mineral por lo cual hay solicitudes para su exploración (Alcaldía, 2008: 25).

De esta manera, exuberante naturaleza de la región presenta un panorama halagador entendiendo nuevas dinámicas como la bio- tecnología donde la materia prima siguen siendo los recursos natura- les y donde elementos hasta ahora desconocidos cobran importancia; cabe señalar que en la localidad abundan el yagé y los médicos tra- dicionales que hacen uso de él. Piamonte tiene el potencial para articularse por la vía de sus recursos naturales y corredores para la conservación, aunque sin garantías de beneficios para los locales. Tal como ha venido sucediendo continuará el esquema de saqueo de los recursos de las zonas periféricas por parte de los poderosos gremios económicos, aunque esta vez innovan al hacerlo también a través del discurso de la conservación. Un intento de salvar la crisis desde el “capitalismo verde”.

Con la creación del PNN Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi se plantea un discurso conservacionista que “se traduce en crear parques subestimando o desconociendo los componentes socioeconó- micos, culturales e históricos de la realidad sobre la que debería actuar” (Rummenhoeller, 1995: 78). Se limita la participación y poder decisorio de la comunidad, desconociendo formas ancestrales propias de usar y conservar el territorio sin hacerle ningún daño a la naturaleza, puesto que en el caso de los indígenas, son “poblaciones que mantienen patro- nes de subsistencia tradicionales aprovechan ecosistemas sin modificar sustancialmente su condición natural, por lo cual su presencia es tole- rable” (Rummenhoeller, 1995: 78).

Presencia de pozos petroleros: implicaciones sobre el territorio

Piamonte como región amazónica es parte de un yacimiento petrolí- fero que abarca el sur de Colombia, parte del Ecuador y Perú, donde las compañías petroleras comienzan a acceder al Amazonas desde el Arauca corre a través del Piedemonte y llega hasta el Putumayo en la selva del Amazonas” (P. Galindo: 117). Las últimas décadas del siglo XX el pueblo Inga como otros grupos étnicos han soportado la presión de la colonización petrolera sobre sus territorios, así mismo, “han ocupado áreas indígenas y resguardos, han hecho apertura de vías y caminos en sus territorios, que son parte fundamental de la infraestructura requerida por el sector petrolero, pero que a la vez se constituyen en accesos expeditos para la colonización y la apertura de nuevas zonas y la presión sobre territorios ancestrales indígenas” (M. Piamonte, 2002:41).

En este municipio petrolero[3] la multinacional Argosy Energy International ha explorado y explotado 5 pozos: Mary 1, Mary 2, Mary[4], Mary[5] y Miraflor 1 desde el año 1993 hasta 2008 (M. Piamonte, 2002: 23).5 En la actualidad las actividades petroleras las está llevando a cabo la multinacional canadiense Gran Tierra Energy Inc. y ha soli- citado licencia para explorar la compañía Vetra Group de Venezuela.[6]

Petróleo, resguardos indígenas, pnn: en el ojo de la conflictividad

En un municipio tan pequeño las presencias de petróleo, minerales, resguardos indígenas, carreteras de orden nacional e internacional -en proyecto- y además de un PNN implican conflictos territoriales, puesto que cada uno de los factores anteriores tiene contenida una legislación sobre el territorio que se expresa en restricciones y prohi- biciones. Es decir, la declaración del PNN se suma a la problemática ya existente frente a la propiedad tanto individual como colectiva del territorio, lo cual implica que no se pueda legalizar la situación de los resguardos indígenas presentes en la zona y en ese sentido desde lo jurídico se podrían expulsar a los pobladores de la región a fin de hacer intervenciones -dado el caso. Finalmente queda claro que lo económico tiene prelación sobre cualquier aspecto, en este caso la prioridad que tienen las compañías petroleras sobre la posibilidad de los pobladores de Piamonte de proteger sus predios para materiali- zar su derecho a la propiedad tal y como se plantea desde el Estado social de derecho, mientras que al piamonense le queda congelada e impedida esa posibilidad.

Carretera marginal de la selva: implicaciones sobre el territorio en Piamonte

Las carreteras han sido diseñadas para articular regiones en tan- to se pretenden como polo de desarrollo económico, integran las regiones y permiten el flujo de materias primas. Las carreteras en Colombia están organizadas en nacionales (primarias), departa- mentales (secundarias) y municipales (terciarias) y de esta organi- zación dependen las responsabilidades. Piamonte es atravesado por la carretera Marginal de la Selva (nacional) y ello implica impactos en los ámbitos: ambiental, sociocultural, demográfico, económico y político.[7]

Los impactos ambientales: esta carretera ha abierto enorme espacio en medio de la exuberante naturaleza facilitando la extracción de maderas finas y animales exóticos de su hábitat natural. La carretera implica “la división de ecosistemas y la introducción de especies fauna y flora no nativas que desequilibran el ecosistema ya que los mismos entran a competir con las especies nativas y por el incremento de asentamientos humanos a lo largo de la vía, que pre- sionan el bosque para abrir nuevas fincas y por la influencia antró- pica sobre el recurso hídrico” (M. Piamonte: 2002: 31). Se ha podido comprobar por imágenes de satélite y análisis multitemporal, que el mayor impacto o los focos de mayor presión antrópica, coinciden con el desarrollo de la infraestructura vial, que en la región se expresa a orillas del río Caquetá, carretera Miraflor-Piamonte-Puerto Bello y en el eje vial Pitalito-Mocoa (Ortega: 24).

Los impactos socioculturales se ven en la llegada de influen- cias externas como los patrones de consumo que traen diferentes valores que pueden transformar las dinámicas locales. En Piamonte la carretera ha facilitado la llegada de culturas que no comparten la visión y los saberes para una convivencia equilibrada con la na- turaleza, lo que se convierte en un factor de riesgo en términos de extracción de la biodiversidad.

Los impactos demográficos implican un patrón de poblamiento que refleja una estructura centro–periferia y se convierten por lo tanto en una forma y medio de colonización. En la baja bota caucana es evi- dente este patrón de poblamiento donde

la parte montañosa ha tenido una creciente presión con la ter- minación de la carretera Mocoa-Bogotá, la propuesta de una carretera Puerto Asís-Florencia y el descubrimiento y explota- ción de petróleo y metales preciosos, todo lo cual amenaza con causar un aumento escalado de la presión humana (Proaves: 2007: 10).

Los impactos económicos tienen que ver con su carácter de polo de de- sarrollo, pues entre sus fines está posibilitar la articulación regional y el tránsito de mercancías. Esta carretera, que atraviesa el municipio, hace parte de megaproyectos que pretenden conectar con infraestructura vial a toda Suramérica (IIRSA). Desde Villagarzón vecino de Piamonte, se puede tomar el rumbo hacia el Ecuador o ir a Tumaco y pretende conectar también el corredor intermodal de Pasto-Mocoa-Puerto Asís, incluyendo Belem do Para en Brasil; el territorio está atravesado por un corredor vial que pretende articular Suramérica.

Las implicaciones políticas son menos perceptibles en el terre- no, dan cuenta de los ejercicios de poder y reconfiguraciones de los poderes hegemónicos sobre el lugar. La expresión más clara en Piamonte es el límite al ejercicio de la propiedad colectiva y privada sobre el territorio, los ejercicios de propiedad vía titulación de predios no los pueden hacer las comunidades más vulnerables: indígenas y cam- pesinos pequeños propietarios que llevan mucho tiempo en la región.[8] La industria petrolera es quien más se ha beneficiado de la carrete- ra por ello le ha invertido para mantenerla en buenas condiciones transitables -a diferencia de otras vías del departamento del Cauca-. Finalmente, el Esquema de Ordenamiento Territorial de Piamonte evidencia que la petrolera Argosy construyó esa vía para dinamizar la economía regional con el objetivo de facilitar la comercialización y distribución de productos, pese a los impactos sobre la biodiversidad y la cultura de la región.

Procesos de interVención eXtranjera: MuLtinacionaLes, organisMos internacionaLes Y cooPeración internacionaL
La globalización exige integración económica para poder llevar a cabo los procesos de acumulación y de drenado del tejido económico del planeta, lo que implica la movilización de enormes recursos e inver- sión de capital. En Piamonte estas inversiones se traducen en infraes- tructura militar y vial para control territorial y extracción de recursos naturales: la realidad de la guerra y el extractivismo. La industria pe- trolera ha traído la presencia de multinacionales canadienses como Argosy o Gran Tierra, siendo el sector petrolero el más importante dentro de la economía local; sin embargo Argosy tuvo dificultades frente al manejo ambiental en la zona quedando consecuencias en el territorio, por lo cual se le abrieron investigaciones (M.Piamonte, 2002: 25).[9] Así mismo existen 22 solicitudes de la multinacional Ke- dahda S.A. para exploración de la existencia de oro, plata, platino, cobre, zinc y molibdeno.[10] Esta presencia de multinacionales se ha visto favorecida por la ejecución del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.[11]

Por cuenta de la naturaleza se considera que Colombia con- tiene una gran parte de la diversidad del planeta por lo cual es una prioridad de protección por la ONG Conservación Internacional (Proaves, 2007: 18). Discursos como Amazonía patrimonio de la hu- manidad entonces se justifican. A raíz de la declaración del PNN han hecho presencia diversas organizaciones como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Conservación Internacional (CI) y Global Evi- romental Facility (GEF) entre las más destacadas (UAESPNN, 2007: 38-39). También se ejecutó el Proyecto Biomacizo que según palabras de la directora de PNN de Colombia

cumplió con la misión de conservar la diversidad biológica de importancia global, la dinámica de los ecosistemas de páramo y bosques montanos andinos y preservar los bienes y servicios ambientales que en esta región se producen, especialmente el recurso hídrico (P. Nacionales Naturales, 2009: 13).

Uno de sus objetos es aplicar un carácter financiero al Sistema de Par- ques Nacionales Naturales (UAESPNN, 2007: 45-46), lo que evidencia los condicionamientos desde los organismos de cooperación internacional.[12]

Cabe resaltar que la seguridad ha sido transversal a todos los procesos de intervención y como en vastas regiones del país el munici- pio vio la influencia del Plan Colombia; este encajó en

una estrategia de desarrollo alternativo…, que contempla acti- vidades de protección ambiental[...], para conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de cultivos ilí- citos sobre la Cuenca Amazónica y sobre los vastos Parques Naturales, que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia vital para la comunidad internacional (Es- trada, 2001: 30-31).

A manera de conclusión

Los territorios marginados se resignifican en la medida que poseeen condiciones naturales estratégicas que les permiten articularse a la economía capitalista con el beneplácito estatal. Existen tensiones puesto que hay una tendencia en Latinoamérica hacia el extractivis- mo de materias primas, pero también existe la necesidad que existan regiones que se especialicen en la conservación de los recursos na- turales. En efecto se da un tipo de capitalismo ambientalizado que permite dicha especialización.

Al ubicar al municipio de Piamonte en el contexto económico – su proyección minera, su condición de PNN, su producción de petróleo y estar atravesado por una vía nacional–, es posible ver claramente el privilegio que tienen éstos intereses de orden económico sobre el dere- cho propio de las comunidades indígenas y no indígenas de la región. El gobierno local promueve el crecimiento sostenido de la economía bajo los principios de desarrollo sostenible sobre la base de una nueva ruralidad, con lo cual se visibiliza la articulación local a lo global a través de los planes de Estado. Todo esto sin que haya un previo aná- lisis de lo que implica crecer económicamente en un lugar en el que se expresan intereses económicos y militares en medio de las condiciones de pobreza material más grandes.

Se hace evidente que el canje de deuda por naturaleza, se dinami- za desde el Estado pues facilita los mecanismos necesarios para tal fin, en tanto se establecen convenios, proyectos y leyes con el falso discurso de conservar la naturaleza, y de esa manera poder reducir la deuda ex- terna del país siendo un mecanismo de recolonización y reforzamiento de la dominación que se ha materializado en los Planes de Ajuste Es- tructural (PAE) para acondicionar las economías nacionales del mundo periférico a las estrategias de los países económicamente fuertes y sus multinacionales. De esta manera el país se ve sometido a esta estrate- gia, ya que se le condona un monto de la deuda con la condición que se inviertan recursos monetarios en la conservación del medio ambiente. Con ello se da paso a la intervención de ONGs privadas de los Estados Unidos, éstas subsidian la protección permitiéndoles intervenir. Las más conocidas son Nature Conservancy, Conservation International, WWF, Inc., ligadas a la USAID, las cuales están relacionadas con las grandes multinacionales.

Es claro que los recursos naturales son escenario de disputas y su control otorga poder ; en esta tarea es clave el ordenamiento territorial ya que se encarga de identificar el territorio, sus usos y a su vez de prio- rizar quiénes y qué puede intervenir en él. La política de ordenamiento territorial es llevada a cabo localmente por los Estados a través de sus planes de desarrollo y demás herramientas de planificación. Claramente el Estado pasa por una etapa de recuperación luego de la arremetida y la reducción a causa de las medidas impuestas por el neoliberalismo. El Estado todavía es necesario ya que un objetivo central es posibilitar la articulación de los procesos de la periferia al centro.

Es notable que las estrategias para llevar a cabo los cometidos son diversas, Piamonte no ha sido la excepción. La guerra se puede ver como una de ellas pensada en una dirección que indica que ésta es des- plegada para que no exista oposición frente a los procesos de orden na- cional que se estaban desarrollando en la región –explotación petrolera, declaración del PNN y exploración de metales–, y ahora que ya están en marcha para mantener el control de estas actividades manteniendo al margen la oposición.

Finalmente, es importante dar cuenta que Latinoamérica es un escenario rico en expresiones y prácticas sociales y políticas, exis- ten un sinnúmero de movimientos sociales que por el carácter de sus exigencias y reivindicaciones implican una postura desde la ecología política, donde la expresión más relevante en términos de poder es el ecologismo andino en el que se manifiesta que el poder para explotar el medio ambiente está estrechamente relacionado con el poder para explotar seres humanos, dejándolos en igualdad de condiciones. Por fortuna existen estos movimientos sociales y sus apuestas integrales, son ecológicos y anticapitalistas en la medida que tratan de sacar a la naturaleza de las imposiciones mercantiles; en esa medida posibi- litan ubicar la problemática ambiental como una cuestión política; es claro que estos movimientos giran alrededor de la defensa de la naturaleza, las tierras y los valores culturales de los pueblos tan ca- racterísticos de nuestra idiosincrasia y nuestra memoria histórica. Es decir, el potencial de los pueblos y sus apuestas políticas depende de su capacidad de organización y reconocimiento de su realidad, su historia y sus procesos.

Anexo A

Comunicado de las autoridades indígenas del municipio de piamonte

Las Autoridades indígenas de los Cabildos de Rumiñawi, Bajo Chuspi- sacha, San Gabriel, Musurunakuna Resguardo San Rafael, Floresta Espa- ñola, Alto Suspisacha, San José de Inchiyaco, Guayuyaco, Ambiwasi, San Antonio, La Leona del Municipio de Piamonte Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca, manifestamos nuestra preocupación por la problemá- tica que venimos afrontando debido a la presencia en nuestros territorios de empresas dedicadas a la explotación minera, Parques Nacionales, inclu- so la alcaldía de Piamonte y otros ejecutan acciones que afectan nuestras vidas, atentando nuestra identidad cultural y el territorio ancestral.

Muchas de estas entidades, se han aprovechado de nuestro des- conocimiento sobre las formalidades que tiene el estado para la confor- mación de parques, concesión de licencias para la explotación minera, manejo de regalías y recursos de inversión etc., haciéndonos firmar documentos que terminan justificando la reducción del territorio y la adopción de proyectos que atentan contra la integridad y la vida de nuestras comunidades.

Citamos como ejemplo el Parque Nacional AUKA WASI territorio ancestral que fue legalizado de manera muy ágil por parte del MINIS- TERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, donde se realizaron reuniones para el PLAN DE VIDA INGA con el liquidado INSTITUTO DE ETNOBIOLOGÍA información que fue entre- gada a la UAESPNN la cual sirvió para justificar el proceso de consulta previa, cuando la comunidad de Piamonte no estaba de acuerdo con la idea del Parque, sino con la ampliación y constitución del Resguardo con el fin que las comunidades pudiesen proteger los recursos Naturales que allí se encuentran.

Otro caso es la presencia de la fuerza pública quienes hacen pre- sencia en la zona para cuidar la infraestructura de los pozos petroleros, pero que cometen arbitrariedades irrespetando nuestras autoridades tradicionales legítimas, invadiendo nuestras infraestructuras comuni- tarias, sitios sagrados y asesinando a personas de nuestra comunidad como ocurrió en la cabecera municipal de Piamonte con el menor LUIS JAMIOY PERDOMO, el pasado 7 de septiembre 2008.

Igualmente las empresas petroleras como Gran Tierra – Ecope- trol realizan estudios y explotación del petróleo en la zona sin que a nuestras comunidades se les haya realizado la consulta previa como legalmente está constituida y definida por la corte constitucional. Por último citamos la presencia de cultivadores de coca y grupos irregulares que presionan a nuestros comuneros para que vendan los predios poseídos que luego son utilizados para la siembra de cultivos ilícitos y monocultivos que generan desintegración social y violencia en la zona.

Ante estas dificultades solicitamos a las organizaciones de de- rechos humanos, y demás organizaciones sociales su solidaridad con el fin que nos apoyen y rodeen ya que nos encontramos en condiciones desfavorables por encontramos aislados del resto del departamento en la bota Caucana.

Exigimos de las entidades estatales respeto por nuestras auto- ridades tradicionales, a nuestros territorios, las normas internas que hemos construido para la protección del territorio y el medio ambiente y el respeto por nuestros derechos humanos fundamentales como co- munidades indígenas, en especial el derecho a la autonomía y autode- terminación, el derecho a la identidad cultural, a la vida de nuestros pueblos, a la consulta previa, al territorio y demás vulnerados por quie- nes aquí denunciamos.

Demandamos del estado el reconocimiento y legalización de nuestros resguardos como mecanismo que nos brinde mayores herra- mientas para el ejercicio de la autoridad, el gobierno propio y la pro- tección del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Que los recursos provenientes de las regalías por explotación del petróleo en nuestras zonas se inviertan de acuerdo con la ley vigente respetando las priorización de la inversión realizadas por las comunidades indíge- nas. Exigimos la revocatoria de los actos que constituyeron el parque Nacional AUKA WASI por no haber cumplido con la consulta previa y la voluntad de las comunidades indígenas que suscribimos este docu- mento. Reiteramos la vigencia de nuestros planes de vida, los cuales deben ser respetados por todas las entidades estatales y no estatales en todo acto de planeación ya sea local, regional o nacional.

Nos declaramos en resistencia civil contra todas las acciones, actos y leyes que afecten nuestra autonomía, identidad cultural y cos- movisión.

AUTORIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE, ASO- CIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS NUKANCHIPA ATUNKUNAPA ALPA, BAJA BOTA CAUCANA – MUNICIPIO DE PIAMONTE.

Tomado de: http://www.cric-colombia.org/noticias/index. php?show=6&catid=1

Página: Noticias y Comunicados Cric-Colombia.org

Anexo B

Solicitudes de Kedadha en la Bota caucana

Anexo fotográfico

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1. “Los paros de 1994 y 1996, motivados por el abandono total del gobierno central y más puntualmente, porque las regalías petroleras se centraban en Santa Rosa y muy poco en Piamonte, condujeron a la firma de dos (2) actas de acuerdo entre la comunidad de la Baja Bota Caucana, como se les conocía en aquel entonces, y la Nación, la Gobernación y compañía Argosy”.↵

2. Foro Internacional Ecosistemas del Milenio. Secretaría de Prensa SP. Noticias Colom- bia, Presidencia de la República. Nace El Parque Natural Los Churumbelos, 30 de agosto de 2007. Consultado el 7 de septiembre de 2007 en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/ agosto/30/10302007.htm↵

3. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Piamonte, “al municipio de Piamonte le corresponde por ley (141 de 1994, artículo 31) el 12.5% del 20% del total de regalías, que deben ser destinadas según el artículo 15, el 100% a inversión social, en proyectos prioritarios contemplados en el plan general del desarrollo del Municipio. Como mínimo el 80% de los ingresos recibidos, deberán ser invertidos hasta alcanzar las coberturas mínimas en los programas sociales básicos de electrificación y saneamiento ambiental”. Pese a la ley, un gran porcentaje de la región carece de estos servicios, sólo los centros poblados de Piamonte y Miraflor tienen interconexión eléctrica muy reciente. ↵

4. Para ampliar sobre la riqueza presente en la zona, ver: Nuevas Áreas en el año 2007. El complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel. p. 7 en: www.parquesnacionales.gov.co/PNN/ portel/libreria/pdf/NuevasAreas2007.pdf -↵

5. “Su producción a 2002 fue de 2290 barriles /día; las reservas de petróleo descubiertas y por explotar: aproximadamente tres millones de barriles. (fuente: Argosy Energy In- ternational)”.↵

6. Entrevista a Manuel Cuellar, concejal en el año 2009. Actual Alcalde del Municipal de Piamonte 2012-2015.↵

7. La carretera Marginal de la Selva forma parte del eje andino del IIRSA y pretende unir Guasdualito Venezuela con Santa Cruz en Bolivia.↵

8. Estas vías de carácter nacional e internacional, se supone que a 5 Km. a la margen de cada vía no van a titular los predios. Este municipio tiene un gran problema porque aquí hay mucho resguardo indígena, hay pozos petroleros, está el Parque Nacional y está la vía, todo en un radio que no se puede titular”. Entrevista No 1 a Gildardo Pastrana, líder comunitario de Piamonte -Cauca.↵

9. “Los residuos de los procesos de explotación y manejo de hidrocarburos han contribui- do a la contaminación de las quebradas Mary, Tufan y el río Nabueno, como consecuencia de una aplicación inadecuada de los planes de manejo ambiental”. Para ampliar, ver: Resolución Número 1887 del 01 de diciembre de 2005, en http://www1.minambiente.gov. co/prensa/gacetas/2006/junio/res_1141_160606.pdf↵

10. Desde el año 2004 la Sociedad Kedadha S.A. ha hecho 47 solicitudes bajo la modalidad de contrato de concesión con el fin de explorar la subregión de la bota caucana en busca de minerales y metales preciosos.↵

11. “Desde 2004, la Embajada de Estados Unidos, a través de su Sección de Asuntos Nar- cóticos ha colaborado con la construcción o readecuación de más de 40 instalaciones rurales de la Policía Nacional en Colombia con un costo superior a los cinco millones y medio de dólares”. Embajada de Estados Unidos en Colombia. Estados Unidos apoya nueva base rural de Policía en Piamonte, Cauca. Bogotá D.C., 25 de marzo de 2009, en: http://spanish.bogota.usembassy.gov/pr_23_250309.html↵

12. “El Área ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas a involucrar esquemas de pago por servicios ambientales para la Unidad de Parques Nacionales para lo cual se encuentra como parte del Grupo Promotor Servicios Ambientales- GPENSA dentro del cual participan el MAVDT, WWF, CI, Banco Mundial, TNC y la Unidad a través del Área de Sostenibilidad”.↵

Extractivismo minero en Colombia el caso de Marmato-Caldas en clave de Ecología Política

Juliana Sabogal Aguilar[1]

Introducción

El territorio en que hoy se enmarca Colombia ha estado signado por la minería desde tiempos prehispánicos, cuando en diversas regiones del país nuestros indígenas utilizaban el oro y la plata con fines orna- mentales y comerciales. Con la llegada de los españoles las relaciones en torno a la minería se fueron complejizando en tanto se impuso el sistema colonial que tenía como meta una extracción más tecnificada y sistemática de los metales preciosos para enriquecer las arcas de la corona. La explotación desmesurada de la mano de obra indígena y la creciente mortalidad de la población nativa por ésta causa, hizo nece- sario que los colonizadores la reemplazaran con fuerza de trabajo de esclavos africanos, que además de resistencia física traían cierto cono- cimiento del trabajo en minas.

Cinco siglos más tarde, después de la independencia nacional, del fin de la esclavitud, de algunos procesos de industrialización y pro- teccionismo económico, de la modernización institucional, del estable- cimiento de un Estado Social de Derecho, e incluso de una importante reivindicación de aquellas comunidades indígenas que han sobrevivido a la barbarie, a la dominación y a la negación, nos encontramos con que las relaciones socio-económicas –especialmente alrededor de la minería- continúan siendo determinadas por paradigmas extractivos y colonialistas.

¿No se supone que el desarrollo moderno nos traería libertad de pensamiento y en consecuencia autonomía política?, ¿tenemos hoy en día la independencia para imponer condiciones sobre el acceso a los recursos que se encuentran en nuestro territorio?, y de no ser así, ¿es posible hablar de relaciones comerciales, lo cual implicaría un inter- cambio entre pares, cuando una de las partes recibe el trato de stock de recursos como sucedía en épocas coloniales?.

La ecología política estudia precisamente las relaciones de poder que se configuran alrededor de los recursos naturales –posibilidades de acceso, uso, usufructo, apropiación, significación– teniendo en cuenta tanto las particularidades locales como el contexto internacional, y el caso de la explotación aurífera en América Latina precisa ser pensada desde una perspectiva integral como ésta. Como diría Martínez-Alier (2004a:21) “… no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos”.

El presente texto es pues una primera reflexión desde ésta mira- da sobre el caso de Marmato, un municipio tradicionalmente minero ubicado en el departamento de Caldas, que hoy se inscribe en un con- texto muy complejo de lucha por el derecho de propios y foráneos a explotar el oro que ahí abunda, en medio de títulos de propiedad, políticas de promoción de la inversión extranjera directa, desconocimiento de las normativas ambientales, dinámicas locales de pequeña explotación y una insólita ausencia del Estado.

ecoLogÍa PoLÍtica Y eXtractiVisMo Minero

La Ecología Política es una ciencia compleja que se está construyendo en un esfuerzo colectivo por comprender la interacción profunda de las dimensiones biológicas, culturales, económicas, políticas, geográficas y simbólicas en la relación de las comunidades con su hábitat:

… nuevas corrientes constructivistas y fenomenológicas están contribuyendo a la deconstrucción del concepto de naturaleza, resaltando el hecho de que la naturaleza es siempre una natura- leza marcada, significada, geo-grafiada. Dan cuenta de ello los recientes estudios de la nueva antropología ecológica (Descola y Pálsson, 2001) y de la geografía ambiental (Porto Gonçalves, 2001), que muestran que la naturaleza no es producto de una evolución biológica, sino de una co-evolución de la naturaleza y las culturas que la han habitado. Son éstas naturalezas orgá- nicas (Escobar) las que han entrado en competencia y conflicto con la naturaleza capitalizada y tecnologizada por una cultura externa dominante que hoy en día impone su imperio hege- mónico y homogeneizante bajo el dominio de la tecnología y el signo unitario del mercado (Leff, 2006, p.26).

Los ecosistemas que habitamos y de los cuales nos apropiamos se han entendido desde la racionalidad moderna occidental, como una especie de stocks de recursos naturales que no solo hacen posible la subsistencia material más básica, sino que es menester explotar hasta la generación de excedentes en tal proporción que a través de su mercantilización generen crecimiento económico sostenido. Esta visión limitada se basa en un prin- cipio de infinitud de dichos recursos, que como ya ha sido ampliamente demostrado por la teoría y por las consecuencias de tal explotación que hoy pueden percibirse, desconoce arbitrariamente la realidad biofísica.

Así, si partimos del hecho de que es posible determinar con cier- tas racionalidades, bien sean económicas, ambientales o culturales, el uso adecuado del espacio y además defendemos como habitantes de esos espacios el derecho a decidir sobre ellos, retoman especial im- portancia las consideraciones metabólicas de intercambio de materia y energía -en tanto bienes, servicios y desechos-, entre los sistemas na- turales y sociales teniendo en cuenta su carácter entrópico, es decir, la tendencia natural hacia la degradación de la energía, que nos hace pensar en la necesidad de controlar dichos intercambios[2] respondien- do a inquietudes tales como: ¿qué bienes y servicios naturales deben ingresar al sistema social?, ¿en qué proporción?, ¿qué materiales salen del sistema social y en qué condiciones?, ¿con qué criterio tomamos dichas decisiones?.

En el caso del extractivismo minero el metabolismo se hace mu- cho más lento pues tiene que ver con recursos no renovables y algunos irremplazables[3], y su extracción genera desechos altamente contami- nantes. Además como se ha venido planteando, dichas relaciones me- tabólicas no se inscriben en escenarios propiamente locales pues los minerales son extraídos y trasladados a otros sistemas sociales casi inmediatamente. Así,

(…) la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza latinoa- mericana (…) tanto su realidad biofísica (su flora, su fauna, sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) como su configuración territorial (la dinámica sociocultural que arti- cula significativamente esos ecosistemas y paisajes) aparece ante el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes (Alimonda, 2011: 13).

Las normas que regulan la relación de las comunidades con su entorno, que en principio se recrean en la cotidianidad de su coexistencia con un territorio natural que les da sustento y contiene su cultura, ahora están directamente intervenidas por decisiones gubernamentales sobre la propiedad, uso y usufructo de esos mismos espacios.

La situación actual de las instituciones ambientales (leyes, reglas de juego, organismos y entes gubernamentales) por ejemplo, es el resultado de la neoliberalización de la agenda pública desde finales de los años 80 ́s. Así lo analiza el especialista en derecho para el caso mexicano, Rodrígo Gutierrez Rivas (2010: 287), quien recuerda que en 1992 se llevaron a cabo numerosas reformas al anteriormente vigente nacionalismo minero, las cuales permitieron la comercialización de tierras que eran inalienables, la potencial participación de capital privado en la distribución del agua, la extensión de las concesiones mineras hasta por 50 años prorrogables y la eliminación de la norma que exigía la propiedad nacional de por lo menos el 51% de las empresas extractivas mineras.

En Colombia por su parte “Desde mediados de la década de 1990 se comenzó a generar en las altas esferas de la dirigencia la necesidad de mejorar el clima de inversión en el tema minero. En 1992 el Presidente Gaviria afirmaba que al menos la mitad del crecimiento de la economía en los próximos tres años debería ser aportado por la inversión extranjera y mostraba ya cómo la minería y el sector energético eran los más diná- micos, destacando carbón, petróleo y níquel y su posición como el mayor productor mundial de esmeraldas y el segundo en oro en Latinoamérica. Esta visión de liberalización económica interesó a países del Norte Global y en 1997 el gobierno canadiense intervino en la formulación de políticas y normativa a través del convenio del Ministerio de Minas y Energía y el Canadian Energy Research Institute (CERI)” (Fierro, 2012: 39).

La tendencia tanto en el discurso como en la política normativa es internacional y se mantiene a pesar de la crisis económico-financiera que puso en duda la omnipotencia de los principios neoliberales. Así por ejemplo en México (Delgado, 2012: 74)

(…) la clase política llamativamente sigue vendiendo éstos proyectos como de ‘desarrollo’, generadores de empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de activida- des extractivas de enclave, fundamento de la transferencia de minerales hacia los países metropolitanos –principales con- sumidores de los mismos– y que en esencia es similar al de saqueo colonial.

En Colombia de igual manera, el impulso de la locomotora minera es una política bandera del actual gobierno colombiano que, por medio de la promoción de la inversión extranjera directa, pretende lograr una explotación sistemática de los recursos mineros y aprovechar la coyun- tura de precios internacionales altos en aras de fortalecer la econo- mía, conseguir recursos y generar empleo, aunque como veremos más adelante, con una mirada estrecha y economicista. Tanto el gobierno como las empresas privadas están luchando por legitimar este proceso que, con la normativa vigente y con las concesiones mineras aprobadas, viene en marcha con fuerza arrasadora.

La influencia internacional es pues evidente. Gerentes de multina- cionales mineras y altos funcionarios de los gobiernos de EEUU y Canadá coordinan esfuerzos publicitarios que promueven una imagen positiva de la minería y como quedó registrado en algunos archivos de Wikileaks del 2005, “sugieren” a los gobiernos latinoamericanos que detengan la impuni- dad ante quienes atenten contra la propiedad privada, bloqueen caminos y se manifiesten contra la producción minera, así como indican la necesidad de mantener una rotación permanente de profesores y sacerdotes dado que se identifican como incitadores de conflictos (Ibídem: 76-77). Es decir, no solo la vida económica de nuestros países, sino derivada de ella sobre todo la vida política y las decisiones de Estado siguen estando determinadas por las relaciones de subordinación con los países centrales.

Es pues en éste contexto que adquiere tanta importancia la lucha por el reconocimiento de la deuda ecológica que los países centrales tienen con los periféricos debido a la explotación ambien- tal a la que éstos últimos han sido sometidos, bien fuere de manera directa o por las relaciones coercitivas en el sistema de mercado mundial. El constante “estancamiento” percibido según una mirada lineal de progreso o la insuperable dependencia desde otro punto de vista, se pueden explicar por ese círculo vicioso que para nuestros países ha implicado sentirnos siempre con obligaciones económicas, socioculturales y políticas con los países hegemónicos y en conse- cuencia actuar dando privilegios con la esperanza de ser incluidos en el selecto grupo de las naciones “desarrolladas”.

En éste sentido la Economía Ecológica puede contribuir amplia- mente en el cálculo de las magnitudes económicas del comercio des- igual y de la deuda ecológica, no obstante confiar en que los problemas ambientales pueden resolverse mediante la atribución de derechos de propiedad sobre el ambiente o el otorgamiento de valores mercantiles a los bienes y servicios ambientales, lo cual no implica ningún cambio estructural. Es útil pues en el cálculo de por ejemplo lo que tiene que ver con los costos de producción de los recursos renovables exporta- dos, los recursos no renovables destruidos, los costos de reparación por contaminación no pagados, el importe correspondiente a los residuos gaseosos recibidos y absorbidos, los importes del conocimiento sobre los recursos genéticos que hayan generado aprovechamiento comercial cedido gratuitamente o robado (Oddone y Granato, 2005), o en general el cálculo del uso desproporcionado de los océanos y la atmósfera para evacuar las colosales emisiones de dióxido de carbono en toda ésta época industrial (Martínez-Alier, 2010: 10).

Retomando reflexiones de “La Maldición de la Abundancia” del economista ecuatoriano Alberto Acosta, Delgado (2011: 14) indica que

(…) el modelo económico basado en el extractivismo es pro- blemático puesto que la riqueza natural y humana de América Latina ha distorsionado la estructura y asignación de sus re- cursos económicos, redistribuyendo regresivamente el ingreso nacional y concentrando la riqueza en pocas manos, mientras generaliza la pobreza.

Las prácticas de dependencia y de acumulación de capital en pocas manos se agravan –no a pesar de, sino– debido al hecho de que nuestros territorios son ricos en recursos estratégicos para mantener las estruc- turas de poder dominantes.

La defensa de dichos recursos y de la autonomía para decidir sobre el lugar que queremos ocupar dentro o fuera de la estructura económica internacional, es una lucha que necesariamente se da desde los pueblos directamente afectados. En éste sentido la ecología no es pues un discurso de sociedades prósperas post-materialistas, sino más bien una lógica de su- pervivencia, de la salvaguarda de los recursos de subsistencia porque toda vez que las comunidades pobres piden acceso duradero a los recursos y servicios ambientales contra el capital y/o contra el Estado, contribuyen al mismo tiempo a su conservación (Martínez-Alier, 2010: 3); finalmente son éstas comunidades las que debido a que se han mantenido al margen del sistema capitalista –motu proprio o por rechazo–, han resistido en la lucha por proteger la tierra, el oxígeno, el agua, la biodiversidad, los alimentos, en lenguajes propios de sus cosmovisiones.

Así, a pesar de que las relaciones de poder sobre los recursos sue- len pensarse en el plano estatal, en términos de las políticas adoptadas y de las relaciones económicas derivadas de dichas políticas, es claro que ni los gobiernos latinoamericanos neoliberales, ni aún los progre- sistas, se van a arriesgar fácilmente a tomar la determinación de frenar el extractivismo o menos aún exigir el pago de la deuda ecológica, so pena de ser excluidos del sistema de mercado mundial. La verdadera lucha se está dando desde la sociedad civil y desde comunidades que de antaño vienen exigiendo sus derechos sobre la tierra y los recursos y servicios ambientales en su lenguaje particular. Es decir, la apropiación de la naturaleza entendida como “… (todo) acto por el cual los seres hu- manos hacen transitar una cierta cantidad de materia o energía desde el espacio natural hasta el espacio social” (Toledo, 2008: 5), es a su vez material y simbólica, y por lo tanto es susceptible de ser replanteada desde las decisiones políticas comunitarias.

El contexto colombiano: políticas públicas mineras

Aún en los primeros años del siglo XX la minería en Colombia se con- centraba en la extracción de minerales preciosos, pues solo hasta los años 30s y 40s se construyeron las primeras cementeras para apoyar la urbanización creciente del país y su incipiente industrialización. En la década del 70 se reactivó la explotación de oro debido a la liberalización del precio en Estados Unidos y en los 80s se estableció firmemente la explotación de carbón en el Cerrejón.

De igual manera la política minera en Colombia ha pasado por diferentes etapas, que como mencionamos anteriormente ha seguido las tendencias internacionales en un esfuerzo por participar de las diná- micas económicas mundiales. Así, en la etapa de industrialización y del fortalecimiento de cierto Estado de Bienestar, la nación era partícipe de los procesos extractivos y era proteccionista en cuanto a sus derechos sobre los recursos lo cual se puede ver en el primer código de minas formal (Decreto 2655 de 1988), en donde se encuentra básicamente: a) la propiedad nacional de todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo, b) una regulación de la actividad de la minería con relación a aspectos como la prospección, exploración, explotación y beneficio, c) la existencia de diferentes clases de títulos mineros y d) un Estado empresario a través del sistema de aporte (Fierro, 2012: 36).

A partir del viraje hacia la apertura económica de los 90s las políticas mineras se fueron reestructurando hacia la liberalización del mercado, la reducción del Estado y la participación directa del capital extranjero interesado. Así lo resume Fierro (Ibídem., p. 38) cuando re- toma una entrevista dada al diario El Tiempo por el Ministro de Minas y Energía del año 2000, Carlos Caballero Argáez, donde expresa que

el aprovechamiento pleno y racional de nuestros vastos recur- sos minerales solo puede lograrse mediante la vinculación de capital privado nacional y extranjero a las actividades propias de la industria (…) el Estado no debe ser empresario minero, y sus experiencias en ese sentido deben servir para sustraerlo por completo de aquellos negocios reservados por su natura- leza a los particulares. La función estatal no es competir con el sector privado, sino apoyar a los empresarios, facilitar su trabajo, y garantizar la estabilidad y viabilidad de las grandes inversiones que demanda la industria minera[4].

El cambio en el discurso se concretó entonces en la expedición de un nuevo Código de Minas (Ley 685 del 2001), el cual establece en términos generales una política que le deja al Estado las funciones de promoción y fiscalización de la minería, pero sin la posibilidad de establecer em- presas mineras de capital público o mixto. A cambio, los particulares nacionales y extranjeros pagarán una contraprestación económica por el costo de los recursos naturales no renovables denominada regalía, la cual se tasa en función del tipo de material como un porcentaje del valor de mercado. De igual manera, flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada y establece la prelación de quien primero solicite el título minero (Ibíd.: 41).

Actualmente además del Código de minas mencionado, que aún continúa vigente, en términos de política minera Colombia se rige tanto por el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 que es un documento que realizó la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME con el fin de indicar la hoja de ruta para el sector, como por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

En el primer documento encontramos claramente una línea cen- trada en los intereses de los inversionistas extranjeros, pues se rectifica la “ventaja” de que el Estado no participe como empresario en la actividad minera y se concentra en tres metas básicas a saber: a) aprovechar las ven- tajas comparativas del país representadas en el potencial geológico – mine- ro de su territorio, b) atraer un mayor número de inversionistas al mercado de acceso al recurso minero y c) lograr para el Estado una mayor captura de valor de los resultados exitosos de la actividad minera (UPME: 75). Es decir, a pesar de los evidentes desatinos del modelo neoliberal que solo deja al Estado un papel de arbitraje y de las falencias de la privatización de las dinámicas económicas sobre recursos públicos, éste plan rector de la política minera insiste en los beneficios socio-económicos de aumentar la inversión, aumentar la contribución del sector minero al PIB, volver empresarios a los pequeños mineros en una lógica de competitividad y eficiencia, todo ello con la esperanza de lograr alguna ganancia que revierta en desarrollo. Es por ello que su modelo de gestión se basa en

(…) la acción facilitadora del Estado frente al empresario minero. Principalmente de adelantar una labor de promoción enfocada hacia los segmentos empresariales con los cuales existan mayo- res posibilidades de interesarlos por los recursos del país. Para este tipo de clientes se espera desarrollar una agenda de atención personalizada que, a partir de la perfecta comprensión de sus necesidades, le presente oportunidades a su medida (Ibídem: 78).

El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno por su parte, enmar- ca el tema minero dentro de lo que denominó las Locomotoras para el Crecimiento y la Generación de Empleo. Aquí, si bien en principio se hace la salvedad de la responsabilidad especialmente ambiental que implica la explotación de los recursos minero-energéticos, se hace particular énfasis en el momento privilegiado en que se encuentran los precios internacionales y en la necesidad de aprovechar la coyuntura mediante la explotación intensiva de dichos recursos.

La estrategia para potenciar el desarrollo del sector minero- energético colombiano en los próximos años se fundamenta en tres necesidades básicas. En primer lugar, promover la in- versión nacional y extranjera en el sector, con reglas de juego claras y un mejoramiento en el entorno de negocios. En se- gundo lugar, consolidar el desarrollo de clusters basados en bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos minero-energéticos. Y en tercer lugar, diseñar e implementar políticas para enfrentar los retos que se derivan de una situa- ción de auge de recursos naturales (PND: 208).

No obstante, como lo indica Fierro (2012: 70) para el oro y el carbón que son los principales recursos extraídos son prácticamente nulos los encadenamientos productivos, y en el caso del oro las regalías solo im- portan un 4% de las ganancias anuales, por lo que ni es proporcional el capital que queda en el país para inversión social, ni se genera mucho empleo con ésta actividad.

Así entonces, las cuestiones que se derivan de la explotación mi- nera tienen múltiples implicaciones sociales, políticas y culturales, pero para el Estado principalmente económicas y ambientales. No obstante, los procesos de institucionalización de los derechos enmarcados en las luchas ambientales, son aún muy frágiles en relación con la institu- cionalización de organismos, entidades, políticas y leyes que protegen intereses particulares contrarios a la defensa de dichos derechos.

La posición desventajosa de la cuestión ambiental en la agenda pública tiene que ver en parte con las dificultades físicas para demos- trar resultados a corto plazo, lo cual implica recorte de presupuestos, aumento de los costos de transacción por el cambio de reglas de juego, desconfianza en el Estado por cuanto el mismo organismo público hace de juez y parte en los proyectos económicos, y en última instancia “(…) el área ambiental se (ha convertido) en un organismo marginal que participa poco o nada en las principales decisiones de la política del país porque se considera que interfiere en el desarrollo, que limita o presiona las políticas prioritarias” (Juliá, 2005: 85).

Las instituciones, en este caso ambientales, son un elemento fun- damental para el funcionamiento de una sociedad, delimitan cierto marco en el cuál se desenvuelven las dinámicas propias de la relación y lucha de intereses, apuestas, visiones y responsabilidades con respecto a nuestro entorno. Sin embargo, las instituciones son una construcción social que se recrea continuamente, porque no basta que logren legali- dad, se necesita que se estén legitimando constantemente, y ello solo se consigue cuando existe una presencia permanente de la sociedad y sus sectores. Lo que encontramos en Colombia es que, debido a la “amplia discrecionalidad de los gobiernos colombianos sobre las instituciones de la rama ejecutiva, la burocracia estatal no genera una continuidad efectiva” (Mance, 2008: 202), se pierde el respaldo y la dinámica que son consecuencia de unas reglas de juego estables.

Las instituciones estatales realmente no dan garantías a los dis- tintos intereses y no respetan ni defienden los derechos por igual. A la hora de resolver un conflicto ambiental los

(…) movimientos del ecologismo popular suelen perder la contienda. Ganan los expertos en resolver conflictos por de- función de una de las partes, por encarcelación, por exilio for- zoso, por soborno a dirigentes, por división organizada de las comunidades a cargo de asesores de gobiernos y empresas” (Martínez-Alier: 17-18).

Es pues en conclusión a los movimientos sociales y sus normas no for- males –aquellas que se construyen en el fortalecimiento de redes de vecindad, parentesco, amistad-, que les corresponde dar legitimidad a los procesos alternativos y quitar legitimidad a aquellas políticas y prácticas que no los representan.

Conflicto socioambiental en Marmato

Marmato es un pueblo tradicionalmente minero; la minería no llegó de la mano de los proyectos del gobierno de incentivar la locomotora minera, ni con la presencia reciente de tantas multinacionales ansiosas por aprovechar las favorabilísimas condiciones de explotación que les ofrece el panorama colombiano como ocurre en otras regiones del país. La región de Marmato ha sido desde tiempos prehispánicos una gene- rosa fuente de oro, que la comunidad indígena Caramanta aprovechó hasta que, con la misma lógica de la “maldición de la abundancia”, se convirtió en un punto clave de la explotación minera colonial española.

Los caramantos desaparecieron como pueblo alrededor de 1620 como lo cuenta Gonzalo Duque Escobar[5] en aquel genocidio que se debió entre otras cosas a la explotación intensiva de la mano de obra indígena. Las minas seguían siendo propiedad de la corona española, hasta que en la época de la independencia fueron dadas en concesión a las compañías inglesas como garantía de los empréstitos que respalda- ban las luchas independentistas.

En la historia reciente, a principios del siglo XX, las minas mar- mateñas vuelven a ser propiedad del Estado colombiano y empiezan a ser administradas en parte directamente y en parte por medio de con- cesiones con ciudadanos nacionales. La gran mayoría de la población se dedicó entonces a la minería con técnicas artesanales y prácticas de barequeo, y tan solo un pequeño porcentaje se concentró en labores agrícolas, especialmente relacionadas con el café. Dicha extracción no estaba inscrita en ningún sistema de minería formal y no había necesi- dad de poseer títulos mineros.

A partir del cambio político de la década del noventa y del con- secuente cambio normativo instituido en el nuevo Código de Minas del 2001 anteriormente mencionados, el contexto marmateño comienza a reconfigurarse por las nuevas condiciones en que deben desenvolverse sus habitantes –pues se hace imprescindible la legalización de la pro- piedad de la tierra y las condiciones para la explotación del oro propios de la seguridad jurídica necesaria para la inversión de capital privado–, así como por la nueva posición del Estado a nivel nacional y muy espe- cialmente a nivel local.

Ahora, es importante aclarar que dado que ésta dinámica es muy reciente, el caso del municipio de Marmato aún está empezando a docu- mentarse. El esbozo que aquí presentamos es un primer acercamiento a un escenario muy complejo, que no obstante contó con información privilegiada y seria de una de las instituciones académicas más destaca- das en el análisis de la realidad ambiental en Colombia, el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, quien para éste caso específico adelanta el proyecto “Problemas y Conflictos asociados a la Minería en Marmato, Toldafría y California”[6].

Así pues como decíamos, en Marmato la mayor parte de la po- blación se dedicaba a la minería artesanal en la parte alta del cerro “El Burro”, en instalaciones desorganizadas y sin mucho control estatal. La solicitud de los títulos mineros era un trámite demorado en el anterior código de minas, por lo que no era un problema no tenerlo. No obs- tante, a partir de la expedición de la ley 685 del 2001 se dio una nueva prioridad a la explotación minera por parte del capital extranjero, lo que incentivó a la compañía Colombia Goldfields (británica) a adquirir títulos mineros en el municipio a partir del año 2004.

En el año 2006, probablemente debido a ésta misma dinámica de explotación incontrolada se dieron una serie de deslizamientos de tierra que destruyeron parte del centro histórico de Marmato que, entre otras cosas, había sido declarado patrimonio histórico de la nación mediante resolución 002 de 12 de febrero de 1982 y reafirmada su protección me- diante el Decreto EOT 005 de 29 de enero de 2004. Éste fenómeno per- judicó a la Alcaldía, la Plaza central, la Casa de la Cultura, el Banco, el Hospital, así como varias viviendas, por lo que Corpocaldas la declaró “zona de alto riesgo” y ordenó su desalojo. Aún así la compañía minera siguió adquiriendo predios, casas y minas.

De las minas que habían sido adquiridas por la Colombia Gol- dfields -aproximadamente 230 con 1500 empleados-, fueron cerradas alrededor del 80% para llevar a cabo la etapa de exploración lo cual ge- neró una zozobra generalizada por la cantidad de población que quedó desempleada. Mientras la Compañía aprovechaba la especulación en bolsas de valores internacionales, parte de la población marmateña empezó a tomarse las minas abandonadas, algunas de ellas de anterio- res adquisiciones desatendidas incluso por más de quince años, para buscar su sustento. Desde la administración formal de justicia empezó a considerarse a éstos pobladores “mineros ilegales” aún cuando ellos han venido pagando regularmente impuestos y regalías, y el nuevo Có- digo de minas en su artículo 29 se reserva el derecho de extinción de títulos “… si los interesados suspenden la exploración o explotación por más de doce (12) meses continuos, sin causa justificada constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor”.

La compañía quiere recuperar su derecho a la explotación de los predios y ha empezado a sacar a éstos mineros locales de las minas por medio de amparos administrativos, a reforzar la seguridad y a realizar algunas actividades menores. Al mismo tiempo ha optado por tratar de desarticular a la población tratando de negociar arreglos moneta- rios con los mineros locales más poderosos y de la mano del Estado obstaculizando la adquisición de insumos como la pólvora o la madera imprescindibles en la minería tradicional y negando sistemáticamente la legalización de títulos mineros a los tenedores de tierra locales.

Para los marmateños existe la “Multinacional”, aquella que les compró los predios y ahora quiere desalojarlos de sus minas y su pueblo hacia el sector del “Llano” para poder establecer un gran proyecto minero a cielo abierto. Ya no se sabe cómo se llama pues éste tipo de compañías se crean, se fusionan y desaparecen según las conveniencias del mercado. En 2009 la compañía autraliano-canadiense Medoro Resources compró a Colombia Goldfields, y en 2010 adquirió a la compañía colombiana Mineros Nacionales, también establecida en Marmato. Actualmente la multinacional de turno es la Gran Colombia Gold, presidida por la ex canciller y ex ministra de cultura María Consuelo Araújo.

El conflicto socio-ambiental está latente y no se ha desencadena- do del todo. En principio a los aproximadamente 9000 habitantes que tiene Marmato los une la consigna de “No a la Minería a Cielo Abierto”, que no obstante pareciera ser un “No a la multinacional en Marmato”, pues la preocupación esencial de la población es por el derecho al tra- bajo y el derecho a permanecer en su territorio autónomamente.

Éste tipo de conflicto podría enmarcarse en los principios de la ecología de los pobres que como Martínez-Alier describe, no se con- centra en

(…) una reverencia sagrada a la naturaleza sino un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento; no hay una preocupación por los derechos de las demás especies y las generaciones futuras humanas sino por los humanos pobres de hoy. No cuenta con los mismos funda- mentos éticos (ni estéticos) del culto de lo silvestre. Su ética nace de una demanda de justicia social contemporánea entre humanos (Martínez-Alier, 2004b: 27).

Los marmateños efectivamente utilizan consignas ecológicas con las que probablemente perciban más apoyo de la sociedad civil y más inte- rés de los medios de comunicación, pero las consecuencias catastróficas e impredecibles que manifiestan[7] se relacionan más con la pérdida de identidad, con el desmembramiento de su comunidad y con la destruc- ción de su territorio en tanto sustento social y económico.

Las voces al interior de la población son no obstante muy diver- sas, así como los intereses que aún son difíciles de definir. A grandes rasgos se puede identificar una población afrodescendiente mayoritaria (57%) y una población indígena en proceso de reorganización (16%). Se encuentran los oriundos pero también una cantidad importante de gente que vive en municipios o veredas aledañas (Supía o Riosucio por ejemplo) y se trasladan diariamente a Marmato a trabajar en la extrac- ción aurífera de la parte alta del Cerro.

Entre los actores que ahí convergen encontramos a los Guacheros[8], los jornaleros de las minas, los mineros independientes, los propietarios de molinos (que pueden ser los mismos propietarios de minas), comerciantes que dependen de la actividad minera, compradores de oro, joyeros, bare- queros[9] y los agricultores. Ellos y ellas se están organizando para resistir al desalojo y al traslado de su pueblo al Llano y lo hacen por medio de diferentes organizaciones; entre ellas las más representativas son la Aso- ciación de Mineros Tradicionales de Marmato que defiende la pequeña y mediana minería, el Comité Pro-defensa de Marmato que se concentra en el no desalojo y la Asociación de Joyeros. El reconocimiento étnico también ha sido una herramienta de defensa, pues de aceptarse la consolidación del Resguardo de Cartama –lo cual está generando todo un proceso de resignificación del ser indígena–, sería posible exigir una consulta previa antes de aprobar cualquier nueva actividad minera en el territorio.

El Estado Nacional ha intervenido por medio del Ministerio de Cultura en la defensa del centro histórico de Marmato, de Ingeominas como autoridad minera y ente de control de la situación geológica, y de forma contundente y decisiva desde el Ministerio de Minas y Energía en el direccionamiento político de la actividad minera, sin embargo la presencia estatal local se ha ido desdibujando de forma inexplicable. Aparte de algunas reubicaciones no sistemáticas de pobladores en el Llano y del establecimiento de la nueva Alcaldía, Juzgado, Escuela y Hospital en el nuevo asentamiento, se está viviendo en Marmato un preocupante proceso de desinstitucionalización pues no existen entes de gestión, ni policiales, ni de control ambiental en la zona.

Ésta falta de presencia de las instituciones formales probable- mente ha permitido iniciativas comunitarias y ha dado pie a cierta or- ganización propia; sin embargo, la ausencia especialmente de entidades de control ha derivado en una grave situación ambiental, pues se siguen abriendo bocaminas indiscriminadamente en cualquier parte del cerro, las técnicas para la extracción aurífera no son seguras, no hay adecuada ventilación en las minas, ni drenaje, ni la iluminación necesaria. Tam- bién es usual el descuido con el equipo de seguridad, las largas jornadas de trabajo al interior de los socavones, el uso negligente de cianuro y la inadecuada disposición del material inerte.

El escenario social y de seguridad tampoco es alentador pues aun cuando se percibe cierta auto-regulación entre los mismos sectores de la comunidad que en medio del desorden consiguen alcanzar sus intereses inmediatos, este sistema es aún muy frágil y puede desarti- cularse con cualquier cambio de escenario. Así mismo, como hemos mencionado en apartados anteriores una vez se reactive el conflicto por establecer la extracción intensiva por cuenta de la multinacional, es probable que los marmateños se encuentren desamparados en la defensa de sus derechos y por el contrario reciban persecución desde la compañía e incluso desde las fuerzas estatales con la criminalización de sus prácticas de resistencia, como al parecer fue el caso del párroco Reinel Restrepo asesinado el primero de septiembre del 2011, después de haber liderado la lucha contra el traslado de Marmato desde el Cerro hasta el Llano y de haber circulado por Internet un documental sobre la situación del pueblo.

El defender la forma como tradicionalmente propios y vecinos se han relacionado con el territorio y han construido su identidad, si bien no es una defensa consciente y directa del medio ambiente en contra de una forma de explotación tan altamente contaminante como la mine- ría a cielo abierto, si es una reivindicación de la autonomía del pueblo marmateño de seguir viviendo de aquello que le ha dado sustento a muchas generaciones y que ellos argumentan, seguirá haciéndolo por muchísimas generaciones más mientras sigan aprovechando el oro de forma artesanal.

El escenario que se ha configurado en ésta lucha ha permitido no obstante, que los propios marmateños reconozcan los problemas ambientales, no solo de la minería a cielo abierto sino de sus for- mas tradicionales de extraer el oro. Como colombianos exigen una intervención estatal –aún cuando la que identifican favorezca con las leyes y la administración de justicia a la compañía extranjera–, siempre y cuando sea para respaldarlos y por qué no para capaci- tarlos en técnicas de trabajo más conscientes y respetuosas con el medio ambiente.

Finalmente pues, el conflicto socio-ambiental en Marmato se desenvuelve entre el plano de las relaciones y los acuerdos comercia- les internacionales y una dinámica local presionada por la presencia de nuevos y poderosos perseguidores del oro en la zona y la ausencia de capacidad institucional suficiente para brindar seguridad, res- paldo jurídico, y sostenibilidad ambiental a ésta comunidad rica en tradición y oro, pero vulnerable ante los aparatos de saqueo y a la cultura de la acumulación.

Conclusiones

La crítica fundamental a la apropiación, privatización y despojo de re- cursos naturales, tierra y trabajo, está íntimamente relacionada a la desnaturalización de las relaciones socio-espaciales que se establecen en pro de la acumulación de capital. “En tanto tal, el espacio territorial se ordena de modo funcional, estableciendo prácticas, procesos de or- ganización y planeación de la producción, circulación y consumo, así como relaciones de poder específicas y desiguales que ‘naturalizan’ y hasta legalizan con creces el despojo, intensificando consecuentemente la tragedia de los comunes”(Delgado, 2011, pp. 2-3).

La ilusión de una participación en el mercado mundial como única respuesta a la situación de debilidad económica de algunos de nuestros países latinoamericanos, sin considerar nunca a dicha parti- cipación como la causa, nos mantiene en aquella posición de antaño donde cambiábamos nuestro oro (agua, biodiversidad, petróleo, car- bón, oxígeno, conocimiento) por espejitos brillantes.

Tendríamos entonces que pensar desde América Latina alterna- tivas a ese extractivismo. Como Eduardo Gudynas (2012) lo propone en términos prácticos, es posible y sostenible empezar la transición hacia un escenario postextractivista. Así como es necesario aplicar correcciones ecológicas y sociales que de alguna forma reviertan los daños que sistemáticamente se han causado desde épocas coloniales hasta hoy en día donde afrontamos un nuevo tipo de colonialismo. Frenar el extractivismo –y en una primera etapa regularlo- tiene com- pensaciones tangibles a pesar del supuesto riesgo de colapso econó- mico que con tanta vehemencia se anuncia; se recibirían ingresos importantes por el pago de esos costos socioambientales antes no contemplados, se ahorraría lo que hoy se invierte en subsidios a éstos sectores (exenciones tributarias, energía barata, uso de infraestructu- ras públicas y construcción de nuevas) y se podría redirigir la mano de obra desocupada a sectores que la necesiten en mayor proporción como la agricultura o la industria.

La construcción del nuevo paradigma deberá ser colectiva, en una dinámica social equilibrada entre personas, géneros y grupos sociales, como propone el sociólogo belga François Houtart (2011). En éste esfuerzo se debe propender entre otras cosas por la utilización de conceptos tradicionales como instrumentos de memoria histórica, la transformación de la educación para que permita un diálogo de saberes en un verdadero ejercicio intercultural, la solidaridad y dignidad en las relaciones de poder y en este sentido una generalización de la democra- cia más allá del aspecto electoral.

El poder es una relación de doble vía. Es innegable que la palabra, la ideología y los valores hegemónicos tienden a prevalecer, pero no son nada si no tienen legitimidad. La aceptación o el rechazo de estos poderes que se imponen y que pretender controlar nuestro patrimonio natural, los bienes comunes de la humanidad, depende de las personas que con ellos conviven diariamente y si se deciden a resistir, habrá tantos otros que a nivel mundial les acompañen en ésta, nuestra lucha común.

Es menester entonces una reflexión teórica desde ciencias como la Ecología Política, la Economía Ecológica Crítica y la Historia Am- biental[10], así como ineludiblemente un esfuerzo por sistematizar las ex- periencias de pueblos que se han enfrentado a las imposiciones políticas y simbólicas, pues solo en el reconocimiento de otros saberes y otras lógicas en las prácticas comunitarias podremos recuperar la soberanía de nuestros territorios y desestabilizar el poder que han tenido histó- ricamente las sociedades centrales de imponer sus decisiones y el len- guaje y los valores que terminan definiendo en qué términos se dirimen los conflictos ambientales (Martinez-Alier, 2004: 29). La política ya no le corresponde solo a los partidos o a los gobernantes como la mirada liberal pretende, hacer política nos corresponde a todos y todas en el grandioso poder que encierra la resistencia.

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1. Socióloga Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Magister en Políticas Públicas y Desarrollo Local Universidad Nacional de Córdoba- Argentina. Estudiante Doctorado Agroecología Universidad Nacional de Colombia . E-mail de contacto: juli_sabogal@hot- mail.com, jgsabogalag@unal.edu.co↵

2. Considerar por ejemplo la “mochila socio-ecológica que trae consigo los flujos de de entrada (cuánta devastación “carga” consigo la producción de energía eléctrica fuera de la ciudad, de trasvase de agua, etc.) como en toxicidad de los flujos de salida (tipo de contaminantes y tipo de afectaciones y costos ambientales y a la salud humana)” Delgado (2010: 118).↵

3. Siguiendo a Delgado (2012: 65-66) encontramos: a) recursos naturales estratégicos como aquellos que son claves para el funcionamiento del sistema capitalista de produc- ción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial; puede ser escaso por las limitadas reservas existentes o por relaciones de poder que restringen, en ciertos contextos socio-históricos, el acceso, gestión y usufructo del mismo; b) recursos naturales críticos que además de estratégicos tienen bajo o nulo grado de sustitución; c) materiales esenciales que son muy necesarios para la producción industrial o la construcción.↵

4. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1285528↵

5. http://www.bdigital.unal.edu.co/1701/1/gonzaloduqueescobar.20084_parte1.pdf↵

6. Además de la entrevista con varios miembros del equipo y su director Dr. Javier Gon- zaga Valencia, fueron especialmente útiles sus informes de campo y la tesis de Melina Lasso Lozano sobre el campo de la minería del oro y el habitus productivo en Marmato, de donde se toman elementos fundamentales para la descripción que aquí se realiza.↵

7. Por ejemplo en el documental “Marmato: Pesebre de oro que grita” donde se recogen distintas opiniones de marmateños sobre la situación actual de su pueblo (http://www. youtube.com/watch?v=FuEboyypwV4).↵

8. Aquellos pobladores que por iniciativa propia recuperaron minas abandonadas y ahora las manejan; algunos forman grupos de trabajo y se reparten los hallazgos diarios, y otros contratan trabajadores. En cada una de éstas minas, que son alrededor de 15, trabajan aproximadamente 100 mineros.↵

9. “El barequeo (...) se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas”. Articulo 155 de la Ley 685/2001.↵

10. En tanto ciencia que reconoce la forma en que diferentes culturas se han relacionado con la naturaleza logrando mantener la estabilidad dinámica del medio ambiente en que viven. Esto teniendo presentes los supuestos de que existen distintos tipos históricos de ecosistemas de acuerdo a diversas modalidades de organización productiva y su trato específico hacia la naturaleza, así como debido a las ideas y percepciones generales que orientan dicha relación (Oddone y Granato, 2005: 77-78).↵

ProYecto Potasio rÍo coLorado Rodrigo Torroba [1]

Introducción

En el presente trabajo analizaremos el proyecto megaminero “Pota- sio Río Colorado”. La exposición se estructura sobre cuatro ejes: en primer lugar, confeccionaremos una breve descripción del proyecto; luego, abordaremos los potenciales daños ambientales y los insumos que requerirá para su funcionamiento; en tercer lugar, haremos una referencia las relaciones clientelares que ha establecido la empresa con los gobiernos y comunidades; y finalmente trataremos su inserción en el régimen capitalista global, donde se examina la importancia de la producción del cloruro de potasio y su colocación en el mercado global para mantener los vínculos de dominación del centro con la periferia.

Descripción del proyecto

El proyecto Potasio Río Colorado (en adelante PRC) se ubica en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, al límite con la provincia de Neuquén, en las cercanías al Río Colorado y en las coor- denadas siguientes: 37° latitud sur y 69° 30 ́ longitud oeste (ver mapa 1, fuente: http://www.valeargentina.com.ar).

El yacimiento fue descubierto por Yacimientos Petrolíferos Fis- cales (YPF) en 1975, luego fue vendido a minera Tea, con posterioridad, en 2003, fue adquirido por Río Tinto, quien finalmente vendió el proyec- to a Minera Vale en 2009 (Wagner y Giraud, 2011: 258).

El emprendimiento tiene como objetivo la extracción de cloruro de potasio, una sustancia cuyo principal destino es su utilización como fertilizante agrícola. El yacimiento se encuentra a una profundidad de entre 1.000 y 1.200 metros, está conformado por una mezcla de cloruro de potasio y cloruro de sodio (sal).

Para extraer el producto se utilizará el mecanismo denominado “extracción por disolución”. El mismo consiste en inyectar agua caliente (entre 60 y 80 centígrados) mediante bombeo al yacimiento para disol- ver el mineral y extraer el líquido, devenido en una “salmuera”. Luego, esta solución es separada, mediante un proceso de cristalización dife- renciada, de modo tal que se obtiene el cloruro de potasio por un lado y el cloruro de sodio por el otro.

El cloruro de potasio será transportado mediante una línea de ferro- carriles de 870 kilómetros que será construida para tal efecto, desde la zona de producción hasta el puerto de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca (El trazado de la línea ferroviaria está indicado en el mapa 1). Allí, siempre según información publicada por la empresa en su sitio oficial (http://www.valeargentina.com.ar), se construirá un de- pósito especialmente destinado al almacenamiento y carga del cloruro de potasio. Desde allí se exportará el mineral a Brasil.

En cuanto a la producción, en un primer momento se había calculado la posibilidad de extraer hasta 1 millón de toneladas al año (http://www.mineria.gov.ar), luego la empresa reconoció que la extrac- ción del mineral ascendería a 2,4 millones de toneladas y finalmente, en el discurso presidencial de presentación del proyecto, la presidenta, Cristina Fernández, afirmó que se llegaría a obtener 4,35 millones de toneladas al año, dicha información coincide con los decretos nacio- nales 2019/2008 (de declaración de interés público del proyecto) y el 1299/2012 (http://www.infojus.gov.ar). Según las mismas fuentes, se calcula que la vida útil del yacimiento será de 50 años. En caso de concretarse el proyecto, nuestro país se transformaría en uno de los mayores productores y exportadores de cloruro de potasio del mundo.

También, según el discurso presidencial y el decreto 1299/2012, las inversiones totales serían de 29.500 millones de pesos, unos 6.400 millones de dólares. Por último, en forma directa e indirecta, el em- prendimiento generaría 12.000 puestos de trabajo (aunque en forma directa no llegaría a los 400 puestos de trabajo y la mayoría de los puestos indirectos tendrán una corta duración por concentrarse en la construcción de infraestructura).

Problemas ambientales
Especialistas y ONGs han señalado que el proyecto puede generar gra- ves daños al ambiente, algunos de ellos son analizados a continuación.

El cloruro de sodio
El proyecto, tal como ya fue explicado, prevé la extracción de una salmuera compuesta por cloruro de potasio y cloruro de sodio. Mien- tras el cloruro de potasio se trasportará y exportará, en su mayoría a Brasil, el cloruro de sodio se irá depositando en la provincia de Mendoza. Por cada tonelada de cloruro de potasio extraída, quedan como residuos 1,21 toneladas de sal, es decir, si se producen 4,3 millones de toneladas de cloruro de potasio en un año, se generará 5,203 millones toneladas de sal, que en 50 años de explotación (es lo que se estima de vida útil) se llegará a 260,15 millones de toneladas que quedarán como pasivo ambiental.

Este es el punto más controvertido del proyecto pues se cal- cula, tomando como parámetro la extracción de 2,4 (y no la de 4,35 millones de toneladas de cloruro de potasio información oficial ac- tualizada), que:

Luego de 40 años de explotación, la empresa propone dejar “por un tiempo prolongado” (cap. 4, pág. 73) una suerte de me- seta artificial de CINa (cloruro de sodio) “encapsulado”, de 210 ha por 40 a 50 m de altura. Según lo expuesto en el proyecto, la expresión “prolongado” significa en la práctica “a perpetuidad”, al menos en lo que depende de acciones propuestas por PRC. (Giraud y Bilbao, 2007: 3).

El principal problema, entonces, proviene del depósito de sal que que- dará a perpetuidad y de sus potenciales impactos ambientales.

Para tener una verdadera dimensión del riesgo debe considerar- se la proximidad del depósito de sal con el Río Colorado (ver mapa 2, fuente: http://www.sololocal.info). Dicho río es de carácter interjuris- dicciónal, corre por las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Es un recurso esencial, según el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), es utilizado para riego en las citadas provincias por unas 150.000 hectáreas, con posibilidad de ser triplicadas (http://www.mininterior.gov.ar). A esto hay que sumarle que el río provee de agua potable a más de 1.000.000 de personas y se planea proveer a otros 300.000 habitantes de la ciudad de Bahía Blanca (Defensor del Pueblo de la Nación, 2010: 2).

En un primer momento, se planeaba dejar el cloruro de sodio en una zona ubicada a 5 kilómetros de distancia del curso de agua en cuestión. Luego de las movilizaciones, reclamos, presentaciones y pedidos de informes, la empresa decidió trasladar el lugar destinado a depositar la sal a 18 kilómetros de distancia del Río Colorado. A pesar de que dicha decisión disminuyó los riesgos de daño ambiental sobre el río, los mismos no han quedado eliminados (Defensor del Pueblo de la Nación, 2010: 3).

Por otro lado, y para evitar posibles daños al ambiente, se prevé “en- capsular” el cloruro de sodio en receptáculos que serán cubiertas “por una capa de 30 cm de arena, grava (barrera capilar), 1 m de suelo y 10 cm de roca basáltica triturada. Pero “las celdas de los depósitos de sal serán preparadas para su cierre cuando alcancen la capacidad máxima de diseño especificada” (Giraud y Bilbao, 2007: p. 3). En suma, se co- locarán lechos de roca de 7 metros de altura para soportar los bordes de las montañas de sal (que tendrán entre 40 y 50 metros de altura).

Sin embargo, y más allá de las prevenciones, la realidad es que cada una de las celdas de sal quedará en contacto con la atmosfera hasta su llenado, y por lo tanto estarán expuestas a los fenómenos me- teorológicos que puedan acontecer. Según Giraud y Bilbao el periodo de tiempo transcurrido desde que comienza a depositarse la sal hasta que se recubre será de entre 6 a 12 años tiempo durante el cual los riesgos son aún mayores (Giraud y Bilbao, 2007: p. 3). A continuación se analizarán algunos de los puntos más controvertidos referidos a los depósitos de cloruro de sodio.

a- filtraciones

La empresa ha proyectado revestir el terreno destinado a colocar la sal con una capa de arcilla y de una membrana destinada a evitar filtra- ciones que puedan afectar al suelo y a las napas. Sin embargo la misma empresa ha reconocido la imposibilidad fáctica de impedir filtracio- nes más allá de cualquier método utilizado para ello. Así fue como en la audiencia pública celebrada de acuerdo a la normativa ambiental vigente en la provincia de Mendoza reconoció que “…no obstante la mejor práctica que utilicemos, siempre va a haber una pequeña pérdida mínima de los sistemas de membrana…”. (Wagner, 2010: 411). Por lo que, excepto que se le dé otro destino, quedará una montaña de sal de cuanto menos 210 hectáreas a perpetuidad que generará filtraciones. La cuestión, entonces, gira en torno a la magnitud y al impacto de las filtraciones, así como también al comportamiento de la membrana a medida que transcurra el tiempo.

b- tormentas

Otra de las cuestiones, que a juicio de diversas asociaciones ambien- tales, ha sido mal calculada es lo relativo a la posibilidad de erosión de la sal como consecuencia de tormentas. Como ya fue explicado, se pretende encapsular las celdas de sal, no obstante lo cual, las mismas quedarán descubiertas por un período de tiempo que iría de los 6 a los 12 años, con lo que los riesgos durante ese período son mayores a los posteriores al mismo.

Las controversias en este punto se centran en los valores esta- dísticos utilizados para calcular los flujos de agua máximos en caso de tormentas. Para evitar que el agua de lluvia que tome contacto con la sal luego fluya hacia otras zonas, principalmente para evitar que llegue al Río Colorado, se han proyectado zanjas destinadas a reco- lectar la salmuera provenientes de las pilas de sal que la conducen hacia una pileta de contención. La empresa utilizó información de lluvias y tormentas históricas para hacer los cálculos tendientes a de- terminar los flujos máximos de agua, a partir de los cuales determi- nó la capacidad de las zanjas y pileta. No obstante lo cual, se critica que en los citados cálculos no se han previsto picos máximos, sino que se han utilizado valores promedios, con lo que “El diseño de la zanja perimetral subestimaría fuertemente la capacidad de conduc- ción necesaria, con los consiguientes riesgos de desborde y eventual colapso” (Giraud y Bilbao, 2007: 4). Lo mismo sucede con las rocas que cubren los taludes de las celdas de sal, se calcula su estabilidad para lluvias promedio, pero no se contemplan los momentos picos de las tormentas.

c-Vientos

La potencialidad erosiva no se reduce al accionar del agua, el viento es otro agente sumamente peligroso, y es uno de los temas en que la empresa ha demostrado una preocupante negligencia. De hecho, no existe un estudio sobre el comportamiento de un viento típico de la zona: el zonda. Se trata de un viento que sopla del oeste, se origina en Chile, al pasar por la cordillera pierde su humedad y al descender la masa de aire se comprime, aumenta su velocidad y su temperatura. Lo que caracteriza al viento, justamente es la velocidad, que en casos habituales llega a 150 kilómetros por hora, su alta temperatura, y la suciedad que acarrea.

Es evidente, entonces, que la capacidad erosiva del zonda es muy elevada por dos razones: la velocidad y la suciedad que acarrea (que funciona como material abrasivo). La empresa hizo los cálculos sobre la erosión del viento tomando como parámetro corrientes de aire de hasta 13 metros por segundo (es decir, unos 46,8 kilómetros por hora). Esto indica que no se ha hecho un estudio serio sobre los fenómenos meteorológicos de la región. De hecho, se ha señalado que sólo una vez en las 3.400 páginas del informe fue mencionado el viento zonda y luego se destaca que “No calcula el volumen de sal que podría ser erosionada y transportada en esas condiciones, ni su impacto en el ecosistema, en particular sobre la vegetación, el suelo y el agua del río Colorado si la sal llegara hasta él” (Giraud y Bilbao, 2007: 5).

En segundo lugar, el hecho de que el viento típico de la zona se caracterice por acarrear suciedades implica que su potencial erosivo es muy superior al de un viento limpio por contener material abrasivo, cuestión que no es abordada correctamente por la empresa, que en sus estimaciones, no considera la citada característica del viento.

Como contrapartida, y ante los reclamos y en respuesta a un informe técnico emitido por la Universidad Tecnológica Nacional, la empresa en un acto que roza el absurdo:

responde ofreciendo elaborar un plan de contingencia para ciclones, huracanes y tifones. Dada la posición del yacimiento tras la cordillera de los Andes, a casi 1.000 km del Atlántico y a 36o de latitud, las probabilidades de ocurrencia de esos eventos, propios de mares tropicales y tierras adyacentes, son nulas (Giraud y Bilbao, 2007: 10).

Respuesta que, nuevamente, evidencia un desconocimiento alarmante.

d- sismos

Cabe destacar que la provincia de Mendoza se encuentra en una región afectada por movimientos sísmicos. En consecuencia, existe el riesgo cierto de que un movimiento sísmico afecte la estructura de las celdas de sal perjudicando su estabilidad de modo tal que queden destruidas, diseminándose el cloruro de sodio por fuera de ellas.

Aunque tal eventualidad fue prevista, nuevamente quedan pun- tos poco claros en el Informe de Impacto Ambiental. Al respecto, Gi- raud y Bilbao, en el informe presentado a la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental de la provincia, señalan que:

en la sección 6.3 y el apéndice 7 (tanto en el texto como en los numerosos esquemas con sus parámetros) no se observa nin- gún cálculo de comportamiento durante un sismo… Tampoco se observan cálculos de estabilidad durante un sismo máximo creíble para los lechos de roca de 7 m de altura, que soportan perimetralmente los depósitos de sal de 40 a 50 m de altura. (Giraud y Bilbao, 2007: 6).

No es una cuestión menor, como ya señalamos, la destrucción de los depósitos de sal y la posible contaminación del Río Colorado es el ries- go más grave, el mismo puede ser causado por movimientos sísmicos, por lo que se necesita un estudio serio para prevenir cualquier tipo de contingencia a perpetuidad.

e-soluciones

Resulta, entonces, que la mayor discusión gira en torno al destino del cloruro de sodio, mientras la proyección de la empresa es dejar unas 210 hectáreas de dicha sustancia “encapsulada”, un sector importan- te de la ciudadanía y diversas organizaciones reclaman otro destino. Las soluciones viables señaladas por organizaciones que se oponen al proyecto son dos: su reinyección a los pozos o su utilización para uso industrial o consumo.

La empresa se niega a adoptar cualquiera de las citadas solucio- nes. Respecto de la primera, aduce que los costos económicos para su reinyección eliminaría la rentabilidad del proyecto y el Estado parece estar de acuerdo con dicha apreciación porque no ha formulado ob- servación alguna al respecto. Pero ¿por qué dejar en manos del merca- do una cuestión tan esencial como la ambiental? Es evidente que “El mercado no garantiza que la economía encaje en la ecología, ya que el mercado infravalora las necesidades futuras y no cuenta los perjuicios externos a las transacciones mercantiles…” (Martinez Alier, 2008: 13), como es el caso en cuestión.

Por otro lado, por el momento tampoco puede dársele un des- tino industrial por ejemplo para la producción de carbonato de sodio (conocido como soda solvay), ni puede destinarse la sal para consumo personal, pues la sal que se extraerá del yacimiento resulta muy su- perior a toda la demanda interna. Como señalamos con anterioridad, la producción de sal superará los 5 millones de toneladas anuales, en tanto que la oferta y demanda interna ronda el millón de toneladas, es decir, la producción anual quintuplica toda la producción y consumo en Argentina. Asimismo, tampoco se ha analizado la posibilidad de combinar un conjunto de soluciones a fin de evitar el mayor pasivo ambiental del proyecto.

Emisiones de gases que producen efecto invernadero
Uno de los mayores argumentos de la empresa y del Estado a favor del proyecto es que no se trata de un emprendimiento de “megaminería” por no utilizar productos químicos que dañen el ambiente y la salud hu- mana para la extracción del cloruro de potasio. Si bien resulta cierta la afirmación de Minera Vale por la que se arguye que no se van a utilizar sustancias peligrosas para la salud humana, el proyecto utilizará como insumos grandes cantidades de agua, gas y electricidad.

La utilización de dichos insumos es esencial, pues requiere de agua para inyectar en los pozos a fin de disolver el producto que se encuentra a 1.000 metros de profundidad para luego extraer la salmue- ra que se obtenga de tal disolución. Cabe recordar que el agua que se inyecte en el yacimiento debe tener entre 60 y 80 °C, por lo se requiere de una gran cantidad de gas para calentar los miles de litros de agua que serán utilizados por día.

En tal sentido, y siendo que la empresa calcula utilizar 1 millón de metros cúbicos de gas por día y que no propone ningún mecanismo para la reutilización de los gases que producen el efecto invernadero (en adelante GEI), no puede dejar de apreciarse que la quema de tal cantidad de gas liberará a la atmósfera importantes cantidades de GEI los cuales contribuirán al calentamiento global.

Insumos
Como expusimos en el punto anterior, la empresa, para hacer funcionar el proyecto, requerirá de grandes cantidades de agua, gas y electricidad. Tal como surge del boletín oficial de la provincia de Mendoza del 22 de octubre de 2007 (http://www.gobernac.mendoza.gov.ar/boletin/ pdf/20071022-28013-normas.pdf), mediante ley 7.775 se autoriza la uti- lización de aguas públicas para ser utilizadas en el proyecto minero. A tal efecto, permite la extracción de agua del Río Colorado hasta un vo- lumen de 1 metro cúbico de agua por segundo es decir unos 86.400 me- tros cúbicos por día, 86,4 millones de litros. Para tener una magnitud de lo que ello significa, la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa (cuya principal fuente de agua potable es, justamente, el Río Colorado) consume en días de verano que llegan a los 40 °C (donde se registran los “picos” de consumo) unos 40 millones de litros por día. Es decir, una ciudad de unos 110.000 habitantes en días de consumo pico insume al menos la mitad del agua que la que utilizará el empren- dimiento en forma regular.

Respecto del gas, como ya indicamos, se necesitará 1 millón de metros cúbicos por día. Haciendo, nuevamente, una comparación para dimensionar los volúmenes requeridos, Giraud y Bilbao indican que:

Comparado con datos de ENARGAS (http://www.enargas.gov. ar/DatosOper/Planilla.php), el consumo de Potasio Río Colorado sería del mismo orden que la sumatoria del consumo Residencial + Comercial + Entes Oficiales en la provincia de Mendoza (369 millones de m3 en 2006) (Giraud y Bilbao, 2007: 7).

Finalmente, similares observaciones pueden efectuarse respecto del consumo de energía eléctrica. En este punto, los citados autores con- feccionan otro paralelismo: “El consumo anual de electricidad sería de 318 GWh. Según la Secretaría de Energía (http://energia3.mecon.gov. ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=2289), esto equivale a 39% del consumo residencial en la provincia de Mendoza (812 GWh en 2005) (Giraud y Bilbao, 2007: 7).

La discusión en torno a los insumos no es menor, máxime te- niendo en cuenta que la situación energética de Argentina resulta algo precaria, ya que debe importar gas de Bolivia, y que las reservas gasí- feras a largo plazo son limitadas. En lo que hace a la energía eléctrica, en los últimos años también ha habido momentos de cierta escasez pero, independientemente de ello, cabe destacarse que cualquiera de las fuentes de energía eléctrica que se utilice en la extracción, no serán de las denominadas “limpias”. Por lo que los impactos ambientales en su generación también deben ponderarse adecuadamente.

La responsabilidad social empresarial y las relaciones clientelares
Una de las cuestiones más controvertidas en los últimos años en el ac- cionar de empresas transnacionales es la relativa a la denominada “Res- ponsabilidad Social Empresarial” (en adelante RSE). Mediante dicha denominación, las empresas pretenden indicar su compromiso para con el desarrollo social, económico y hasta ambiental de las comunida- des donde materializan sus actividades. Sin embargo, “La importancia de tal concepto debe ser entendida en el marco de la nueva matriz neo- liberal, en la cual se consolida el rol metarregulador del Estado y las empresas pasan a ser consideradas como el actor central y dinámico por excelencia” (Svampa, 2008).

Asimismo, como ha sido claramente señalado por numerosos autores (Machado Aráoz, et al, 2011; Delgado Ramos, 2012; Svampa, 2008) la RSE funciona como un mecanismo utilizado por las empresas para obtener una legitimación social en sus prácticas extractivistas y como contrapartida buscan cooptar los espacios políticos y sociales. En suma, mediante “donaciones y aportes” para las comunidades fi- nancia cuestiones que son de exclusiva responsabilidad estatal. Así es como “La empresa figura entonces como un Estado dentro del Estado al ser un nuevo agente que atiende obligaciones propias del Estado por ejemplo en materia de infraestructura básica, salud, educación, cultura y deporte” (Delgado Ramos, 2012).

Dicha práctica configura una relación de clientelismo, gene- ra vínculos de dependencia que devienen en un círculo del cual, una vez que se entra, es difícil salir. Como consecuencia, las poblaciones dependientes ven reducidas sus posibilidades de control generándose “condiciones favorables a la violación de los derechos humanos funda- mentales” (Delgado Ramos, 2012). Es por ello, aunque parezca para- dójico, que:

No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el movimiento de RSE, con fuertes cam- pañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo esclavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro. (Ma- chado Aráoz, et al, 2011: 138)

Justamente uno de los más claros ejemplos es el de la empresa que pre- tende llevar adelante la explotación, Vale, que éste año fue votada como la peor empresa por violaciones a los Derechos Humanos y daños a la naturaleza en distintos lugares del planeta y por ello “galardonada” con el premio Public Eye People ́s Award 2012 (http://www.publiceye.ch) y que, al mismo tiempo, mantiene una fuerte política de RSE.

En el caso de Potasio Río Colorado no se ha producido excepción alguna al respecto. Vale implementó políticas clientelares para lograr la legitimación de la explotación, situación que es expuesta en la pági- na oficial de la empresa (http://www.valeargentina.com.ar), donde se destacan los vínculos que mantiene con las comunidades. Sin embargo, dicha situación llegó al extremo de ser reconocida y aceptada por el mis- mo Estado. Así fue como el emprendimiento fue declarado de interés público por el Consejo Deliberante (órgano de carácter legislativo) de la municipalidad de Malargüe, en dicha resolución:

se destacan las “iniciativas concretadas a favor de la comu- nidad”, tales como programa de entrenamiento docente en medio ambiente, programa de apoyo escolar y becas, padri- nazgo de escuelas, visitas escolares programadas al sitio, entrega de becas y apoyo a las iniciativas paleontológicas (Wagner, 2010: 408).

Cabe destacar que, en Argentina, el derecho a la educación goza de jerarquía constitucional, además ha sido reconocido en diversos instru- mentos internacionales como un Derecho Humano fundamental. Con éstas intervenciones, un derecho cuya prestación depende del Estado, pasa a depender, cuanto menos si nos referimos a su materialización, de la “buena voluntad” de empresas extranjeras guiadas por una lógica instrumental cuyo principal y único objetivo es maximizar las ganan- cias sin importar las consecuencias. Esta intromisión en las funciones estatales, y la posibilidad de influir en los contenidos educacionales que son transmitidos, amenaza con socavar los Derechos Humanos, al mismo tiempo que legitima un modelo extractivista que beneficia a grupos económicos situados en el centro global.

El potasio y su importancia para el capitalismo

Mas allá de los potenciales daños al ambiente y, a pesar de ser verdad que el mecanismo de extracción del mineral (extracción por disolución) no es de los más peligrosos ni los más contaminantes por no utilizar sustancias químicas dañinas, como las utilizadas por la minería a cielo abierto (tales como el cianuro), uno de los puntos centrales es el de la importancia del producido para mantener y reproducir el régimen de acumulación vigente.

Según el Poder Ejecutivo Nacional, el emprendimiento del cual se extraerán 4,3 millones toneladas de cloruro de potasio por año colocará a la Argentina como el tercer productor mundial de potasio y el quinto exportador. Lo producido se exportará casi en su totalidad a Brasil, quien lo necesita como fertilizante para la producción agrícola. Es en éste tema donde encontramos una de las cuestiones más criticables del proyecto, y refiere a su inserción en las relaciones de centro y periferia que predominan en las relaciones globales.

Brasil ha devenido en uno de los mayores importadores del mun- do de cloruro de potasio. El mismo es utilizado como fertilizante, que en dicho país resulta fundamental ya que la agricultura ha ampliado sus fronteras mediante desforestación de bosques tropicales nativos, requiriendo dichos suelos de mayores cantidades de fertilizantes para mantener su productividad. La imposición de monocultivos (soja, maíz y caña de azúcar) torna imprescindible el insumo en cuestión. En éste contexto no debe pasarse por alto que Brasil es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo.

Sin embargo, y contrariamente a lo que apuntan los discursos ofi- ciales, el aumento de la producción agrícola no apunta a paliar el ham- bre, sino a la producción de biocombustibles. Hace ya algún tiempo que tanto Brasil como Argentina han buscado posicionarse en el mercado internacional como proveedores de agrocombustibles (para una explica- ción de dichas políticas ver: Bravo, 2007: 47) Dichos estados han aplicado políticas agrícolas tendientes a imponer monocultivos con aplicación de nuevas técnicas productivas que buscan maximizar los rindes a cual- quier costo, incluso con el peligro de agotamiento del suelo y destrucción de la biodiversidad y de ecosistemas enteros. El emprendimiento cuestio- nado se transformará en una pieza central en dicho diseño, así es como se inserta en un sistema de producción extractivista que no cuestiona las nefastas consecuencias para la humanidad y el medio ambiente.

El verdadero atractivo en la producción de biodiesel y bioeta- nol surge en momentos en que el precio del petróleo ha aumentado vertiginosamente. Esto sumado al potencial de agotamiento de las fuentes petroleras coloca a los biocombustibles como mecanismo destinado a sustituir a los combustibles derivados del petróleo. En éste contexto Estados Unidos y Europa han intentado asegurarse la provisión de dichas energías y tanto Argentina como Brasil se colocan como principales proveedores.

Según un informe de la Cepal (Cepal, 2011) en 2009 Brasil fue el principal exportador de bioetanol con más de 3.500 millones de litros, mientras que Argentina se coloca como principal exportador de biodie- sel con más de 1.200 millones de litros. Como contrapartida la Unión Europea es, por lejos, el mayor importador de ambos combustibles, mientras que Estados Unidos es uno de los principales importadores de bioetanol. En suma, las proyecciones confirman la tendencia, pues se calcula que para el 2020 la Unión Europea, Estados Unidos y China serán los principales importadores de biocombustibles, mientras que América Latina y el Caribe se proyecta como la principal región expor- tadora del planeta (Cepal, 2008).

Asimismo, éste fenómeno se produce gracias a los términos de in- tercambio favorables respecto de los países que mayor consumo tienen, pues “El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas” (Martínez Alier, 2008: 18). Para sostener éstas rela- ciones se ha tenido que recurrir a una división internacional del trabajo que reserva para la periferia algunas actividades industriales (por los bajos costos de producción dados principalmente por una mano de obra barata) y la provisión de materia prima, y para los Estados centrales la producción de bienes que requieren de tecnologías avanzadas y los flujos financieros (Machado Aráoz, 2010: 68).

En éste contexto puede afirmarse que los biocombustibles ya se configuran como recurso estratégico para los Estados centrales, los cua- les ya están estableciendo alianzas y vínculos comerciales para asegurar- se la creciente demanda de los mismos. Entre ellos, y dado el caso que nos ocupa, debemos señalar que reviste un particular interés la alianza entre Brasil y los Estados Unidos. Tal como expresamos Brasil se coloca como uno de los principales productores y exportadores de biocombustibles del mundo, para ello se coloca en una posición mediadora que permite una triangulación entre los vínculos comerciales desiguales que rigen la dinámica centro-periferia, aprovechándose, para ello, del comercio con el Mercosur y el resto de América Latina y el Caribe.

Asegurar recursos que son considerados estratégicos ha sido una política constante de los Estados centrales, para ello se ha recurrido a múltiples tácticas que van desde las influencias económicas hasta las agre- siones y el uso de la fuerza. Un recurso natural es considerado estratégico cuando resulta “clave en el funcionamiento del sistema capitalista de pro- ducción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional o mundial” (Delgado Ramos, 2012: 65) y la energía y los productos agrícolas forman parte de dichos recursos. Con el paso del tiempo la dependencia de los Estados centrales respecto de los recursos naturales situados en parte de la periferia se ha incrementado, de hecho, “las economías ricas nunca han sido tan dependientes de las importaciones como ahora” (Martínez Alier, 2008: 17). Por tal motivo la agenda política de los mismos incluye, como principales objetivos, mantener la provisión de los recursos naturales ne- cesarios. En tal sentido América Latina se “coloca como clara e importante reserva de recursos naturales estratégicos” (Delgado Ramos, 2012: 69) que resulta necesaria controlar para mantener el régimen de acumulación vi- gente, y el proyecto Potasio Río Colorado es parte de dicha política.

Por consiguiente, el producido resulta estratégico para las expor- taciones con destino a países centrales, y las consecuencias negativas no sólo se verán reflejadas en Argentina, posiblemente peores sean los resultados en Brasil que seguirá expandiendo su frontera agrícola en perjuicio de la naturaleza y de las comunidades que allí habitan, las cuales seguirán siendo desplazadas y violentadas. Y esto, contraria- mente a lo que sugieren los discursos oficiales, no llevará a que más familias tengan una alimentación digna, sino, todo lo contrario, pondrá en peligro la seguridad alimentaria de varios países.

La producción de biocombustibles: impactos socio-ambientales
Por lo dicho queda en evidencia que la finalidad última del proyecto “Potasio Río Colorado” es la extracción de fertilizantes cuyo principal destino estará en la producción de biocombustibles.
Se ha intentado legitimar el desarrollo de agrocombustibles con un discurso ecologista, señalando que sería más beneficioso para re- ducir las emisiones de CO2 y así evitar el calentamiento global. Sin embargo, estudios demuestran que la producción de agrocombustibles no sólo no logra dichos objetivos (todo lo contrario) sino que, como contrapartida, produce múltiples efectos dañosos al ambiente.

Si se analiza la totalidad del proceso, pueden observarse un cú- mulo de efectos negativos que no son tenidos en cuenta a la hora de analizar los costos de la producción los citados combustibles. Así, ya hemos explicitado los potenciales daños al ambiente generados por la extracción del potasio, cuyas externalidades no son contabilizadas al momento de valorarlo.

Por otro lado, si examinamos una segunda etapa en el proceso productivo de los agrocombustibles, observaremos que se requiere de una expansión de la frontera agrícola que se pone en práctica mediante la deforestación de bosques nativos, generando ello múltiples proble- mas. En primer lugar, se pone en serio riesgo la biodiversidad de los ecosistemas, los cuales son destruidos por completo. En segundo lugar, se producen conflictos por las tierras generados como consecuencia del desplazamiento de poblaciones nativas y campesinos, dicha cuestión que se agrava día tras día. Asimismo, esto impacta directamente so- bre la destrucción de las fuentes de producción de alimentos de dichas comunidades. El impacto sobre dichas comunidades no se reduce al sustento material, a esto debe adicionarse el exterminio cultural que surge como resultado de las nuevas prácticas extractivistas, pues es sabido que para las mismas el vínculo con las tierras está profunda- mente relacionado con prácticas de vida, con la cultura, la religión y las cosmovisiones de las que forman parte.

A las anteriores “externalidades”, debemos incluir aquellas pro- pias de la producción concreta de los biocombustibles, cuyas indus- trias son potenciales actoras contaminantes del aire y el agua de zonas cercanas (Bloomstein, 2007). Así, por ejemplo, “en Brasil una planta media que produce una cantidad de etanol equivalente a la energía consumida por 40.000 personas genera una contaminación en el agua equivalente a las aguas residuales de una ciudad de 2 millones de personas”. (Russi, 2007: 42)

Cabe agregar otra cuestión, la expansión de los monocultivos (que atentan contra la biodiversidad) y el destino de los mismos para biocombustibles incrementa el peligro de una disminución en la oferta de alimentos y, consecuentemente, puede aumentar las hambrunas ya existentes en nuestro planeta. Lo cual no sería nada nuevo, en nuestros días resulta evidente que las privaciones sufridas por la periferia son consecuencia del “híper desarrollo” acompañado de un consumismo exacerbado de los Estados centrales, cuyas consecuencias se evidencian al constatar que los niveles de consumo y desecho actuales sobrepasan en “un 25% y un 39% al planeta tierra, lo que significa que necesita- mos, en el mejor de los casos, un cuarto de planeta adicional” (Delgado Ramos, 2012: 64). En suma, el aumento del consumo de materiales y energía, y el consiguiente aumento de los desechos, se concentran en pequeños sectores de la población ubicados en países centrales, princi- palmente Estados Unidos y parte de la Unión Europea.

Todos estos problemas no son tenidos en cuenta por los Estados y las empresas a la hora de evaluar la conveniencia de la utilización de los biocombustibles, tampoco impactan en lo más mínimo en el precio de los mismos, por ello sigue siendo un negocio conveniente para algunos pocos y sumamente perjudicial para gran parte de la población que sufre los impactos de dicha producción.

Nuevo escenario local y global: suspensión del Proyecto Potasio Río Colorado.

Al poco tiempo de finalizar el presente trabajo y durante el proceso de publicación, la empresa Vale ha anunciado la decisión de suspender el Proyecto Potasio Río Colorado por el aumento de los costos de produc- ción y el estancamiento del valor del cloruro de potasio en el mercado internacional. Es decir, ha suspendido las actividades por tiempo inde- finido por no poder obtener la rentabilidad calculada, ello hasta tanto la ecuación costo-beneficio se vea modificada.

Esta situación ha generado serios conflictos entre los Estados Nacional y Provincial y la empresa Vale. Los representantes del Estado han acusado a la empresa de violentar la seguridad jurídica, pretender incumplir con las leyes Argentinas y no tener responsabilidad empresa- rial; la principal preocupación se centra en las fuentes de trabajo y en los recursos económicos que ingresarían a las arcas del Estado.

Esta situación, lejos de contrariar lo expuesto en el presente aná- lisis, no hace más que confirmar las apreciaciones realizadas. En pri- mer lugar, la empresa tiene poco interés en cumplir con la normativa vigente en Argentina aunque ella tenga como objetivo tutelar derechos fundamentales. Esto quedó evidenciado en el momento en que se diseñó el proyecto y se realizaron los informes de impacto ambiental, es decir, mucho antes de que decidiera suspender el emprendimiento minero. Si desde un primer momento el derecho a la salud y al ambiente sano no fueron prioridades de la empresa, no es de extrañar que no exista la más mínima preocupación por las fuentes de trabajo. Y, en segundo lugar, se evidencia que el único interés de Vale es maximizar las ganancias, y para ello no se preocupa por respetar la normativa de los Estados, lo que confirma algunas de las conclusiones que serán expuestas.

Es más, la minera parece estar dispuesta a recurrir a medi- das extorsivas, como es el caso actual, en que solicita al gobierno Argentino un conjunto de medidas impositivas tendientes a reducir los costos y aumentar la rentabilidad, bajo la amenaza, ya cumplida, de dejar sin trabajo a todos los empleados en caso de que las mismas no sean otorgadas.

Las críticas no deben limitarse al sector empresarial, el Esta- do Nacional y Provincial no han hecho una proyección seria de los riesgos y beneficios del emprendimiento, ni del aprovechamiento del potasio como recurso estratégico en el largo plazo. Es por ello que toda la producción, con sus consecuencias, ha sido dejada en manos de las leyes del mercado. Es por ello que cuando la explotación del proyecto “Potasio Río Colorado” vuelva a ser rentable para Vale o para cualquier otra empresa, sin dudas, se reiniciarán las actividades. Es decir, la sus- pensión de las actividades es provisoria, en más o menos tiempo éstas se retomaran.

Conclusiones
El proyecto, hasta su suspensión, ha sido señalado por el poder político y empresarial como uno de los mayores logros del modelo. Gracias a él, en principio, se profundizará el desarrollo y el progreso de varias provincias al mismo tiempo que su funcionamiento resultará clave, según sus impulsores, para la producción de alimentos. También es considerado como un proyecto seguro que no generará daños ambien- tales. Sin embargo, tal como quedó expuesto, existen serios riesgos de contaminación ambiental que no han sido abordados en forma respon- sable ni por la empresa ni por el Estado. Por otro lado, los beneficios económicos de la empresa explotadora cualquiera sea, si se mantienen las condiciones actuales, serán muy superiores a los de los Estados (na- cional y provincial), ello sin contabilizar los pasivos ambientales que no son tenidos en cuenta al momento de calcular los costos y beneficios. A lo que debemos agregar que el proyecto no hace más que fortalecer los vínculos de dominación vigentes a nivel global.

Para concluir quisiéramos destacar la influencia de las relaciones de poder tejidas a nivel global sobre la eficacia en la aplicación de los Derechos Humanos. Debemos destacar que en el plano normativo se produce una eficacia diferencial (Medici, 2011) entre las normas que protegen los derechos de propiedad de la empresa Vale y los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esto resulta evidente cuando se analiza la operatividad de ambos intereses: la em- presa no ha tenido que accionar legalmente para hacer valer todos y cada uno de los derechos que surgen de la legislación minera (estabili- dad fiscal por 30 años, regalías máximas del 3% sobre el precio de “boca de mina”, exenciones a las importaciones, entre otros) para “incentivar las inversiones extranjeras”, ni ha tenido obstáculos que la guíen a un diseño de explotación que priorice la conservación del medio ambiente.

Como contrapartida, para hacer valer los derechos ambienta- les, diversas asociaciones y particulares de las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires han tenido que empren- der acciones de múltiples índoles (pedidos de informes, presentaciones ante diversos organismos, movilizaciones y reclamos) a fin de hacer valer derechos fundamentales de la población. Más allá de algunos resultados positivos alcanzados por los reclamos y las movilizaciones, el derecho al ambiente sano y la salud parecen ubicarse en un nivel jerárquico inferior, gozando de una eficacia más laxa que los derechos patrimoniales del sector empresario minero.

Desde el año 2007 hasta la fecha han existido pocas respuestas a las demandas de la sociedad civil. Asimismo resultan preocupantes algunas de las conclusiones del Defensor del Pueblo (Defensor del Pue- blo de la Nación, 2010):

- Las provincias ubicadas aguas abajo no han tenido una partici- pación activa en la evaluación de impacto ambiental.

- No se han analizado los potenciales daños ambientales sobre las localidades de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

- Existe un vacío legal respecto de los impactos ambientales in- terjurisidiccionales de los emprendimientos con capacidades para generarlos.

- El gobierno federal debería ocuparse de los problemas ambien- tales que afecten a más de una provincia, de lo cual no existen indicios en el caso particular.

Es decir, más allá de todas las solicitudes y movilizaciones, no se ha garantizado el efectivo cumplimiento de las normas ambientales, por el contrario, las ganancias de las empresas no se negocian, siquiera cuan- do las mismos ponen en riesgo los Derechos Humanos de la población.

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- http://www.gobernac.mendoza.gov.ar http://www.publiceye.ch http://www.infojus.gov.ar http://www.mininterior.gov.ar

1. Abogado; Ayudante de Primera Derecho Político (UNLPam) y Ayudante de Primera Introducción (UNLPam).↵

La colosa: entre los flujos del gran capital y la tradición del suelo fértil

Olga Lucía Méndez Polo[1]

Introducción

El boom de la gran minería en Colombia tiene una de sus principales explicaciones en la flexibilidad de la Ley 685 de 2001, correspon- diente al código minero, la cual se complementa con una serie de condiciones internacionales que promovían la gran minería en los países de América Latina, entre las cuales es posible citar los precios favorables de los minerales y la disminución de los riesgos en este tipo de inversión.

El actual gobierno colombiano señala como una de sus locomo- toras para el desarrollo el de la minería y el mismo estatus lo tiene el sector agropecuario. En un país caracterizado por la concentración de la propiedad de la tierra, podría pensarse que la locomotora del sector agropecuario aspiraría a plantear algo al respecto, incluyendo la variable de la aptitud de las tierras. No obstante, esta locomotora plantea que el determinante fundamental del modelo de desarrollo del sector es la competitividad, lo que revela un enfoque claramente em- presarial, cuyos lineamientos estratégicos incluyen la competitividad, los encadenamientos y agregación de valor, ampliación y diversificación del mercado, entre otros.

Emergen por tanto algunas cuestiones particulares, como ¿Cuál es el impacto en el territorio y en las comunidades locales de quitar- les tierras tradicionalmente agrícolas para explotar minerales? ¿Cuá- les son las prioridades y criterios para decidir? ¿Quiénes deciden? Las respuestas que aquí se plantean pasan por reflexiones referidas a la colonialidad de la naturaleza, la prevalencia del capital a través de pro- cesos de despojo de todo tipo y resistencias locales que apropian argu- mentos que trascienden los intereses meramente locales. Todos estos son elementos abordados desde la ecología política y que se basan en que “el reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder” (Martínez Alier, 2008). Es decir, reducir a ganancias expre- sadas en el precio del recurso explotado y minimizar en los cálculos cuantitativos los costos ambientales y sociales de dicha actividad, es una conducta enraizada en el ejercicio del poder, el poder ejercido en distintas escalas y de diversas maneras.

Con base en lo anterior, el caso de la exploración de oro a cielo abierto de la Mina La Colosa, en el cual se cambia el uso de la tierra tradicionalmente agrícola a la gran minería, llevada a cabo por capital transnacional, amerita las cuestiones y reflexiones señaladas, aún más cuando sería la tercera mina de oro a cielo abierto más importante en América Latina.

El contexto
El caso de La Colosa en el municipio de Cajamarca, evidencia varios elementos característicos de la lógica extractivista de recursos na- turales, exacerbados algunos de ellos en un área relativamente poco extensa. Entre los elementos que se destacan en este caso es la alta densidad de solicitudes para la explotación de recursos mineros en un territorio, la presencia dominante de una multinacional determina- da, la protesta en contra de los proyectos que alcanza una magnitud nacional y las reacciones desde el Estado y desde la multinacional que pretenden restar importancia a las denuncias y a la alarma es- pecialmente ambiental que un proyecto de esta magnitud ha venido generando, aun cuando la explotación no ha sido confirmada, ya que se encuentra en etapa de exploración.

El municipio de Cajamarca está ubicado en el departamento del Tolima, en el centro del país. Es una zona montañosa, pertene- ciente a la cordillera central.El Municipio de Cajamarca, departa- mento del Tolima tiene un área aproximada de 51.528 hectáreas, de las cuales 40.869, equivalente al 79,31%, se encuentran dentro de la Zona deReserva Forestal Central, declarada por la Ley 2a de 1959.

Varias son las reservas forestales declaradas en el país por esta Ley, la primera iniciativa de este orden en la historia del país. Estas re- servas según la legislación vigente, son susceptibles de ser sustraí- das, en aquellos casos en los cuales se busque promover actividades que por su naturaleza y sus efectos no se rigen por los principios de conservación de ecosistemas y uso sostenible de los recursos. Los procesos de sustracción de las reservas de la Ley 2a, son trámites que comprenden varios requisitos y cuyo estudio y aprobación lleva mu- cho tiempo. De ahí se explica, en parte, la permanencia de muchas de estas reservas en el país.

De las 51.528 hectáreas del municipio de Cajamarca, actualmen- te 44.276, equivalentes al 85,93%, cuentan con Títulos Mineros según INGEOMINAS; de las cuales 35.907 (81,1%) se encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal Central. Las 44.276 hectáreas son abarcadas por 31 Títulos Mineros y 9 Titulares (ver mapa). Los Títulos Mineros comprenden minerales de zinc, oro, platino, molibdeno, cobre, plata, hierro, cromo, cobalto, titanio, plomo y níquel.

La concesión específica de la mina conocida como La Colosa, se en- cuentra en manos de la conocida empresa Anglo Gold Ashanti –AGA- y cubre una extensión de 515.75 ha, correspondientes a las veredas de La Luisa, La Paloma, Bolívar y El Diamante del municipio de Cajamarca. La explotación de oro en la mina se plantea a cielo abierto.

Actualmente AGA está presente en 20 departamentos del país, y está hoy en posesión de derechos (en títulos mineros) sobre 9.920 kilómetros cuadrados de territorio nacional, es decir casi siete veces Ibagué, “y tiene solicitudes pendientes por resolver hasta una super- ficie estimada en 26.800 Kilómetros cuadrados”, algo superior al área del departamento del Tolima. (http://www.redcolombia.org/index.php/ noticias-nuevas/noticias/comunicados/1529-publican-informe-sobre- el-proyecto-minero-de-la-colosa.html).

Las afectaciones PreVistas

La práctica de la minería a gran escala se hace posible en los territorios concretos mediante procesos de expropiación de distinta índole según lo tipifica Machado Aráoz (2010). Los tipos de expropiación responden a la geográfica, la económica y la ecológica. La expropiación geográfi- ca refiere a la desarticulación de las dinámicas sociales y económicas construidas en un territorio determinado y que se “rearticulan como fragmentos territoriales subordinados a procesos productivos de alcan- ce global” (Machado, 2010). La expropiación económica se relaciona con las políticas adoptadas por los Estados para facilitar la operación de las empresas mineras transnacionales, las cuales no contemplan la afectación real económica que las poblaciones locales sufren en conse- cuencia y además, representan una presencia en el territorio de la cual las poblaciones locales en condiciones normales no habían sido testigos; en otras palabras, las facilidades ofrecidas por el Estado patrocinan en últimas la extracción de renta del capital transnacional mediante las explotaciones mineras, en territorios donde la renta no experimentaba cambios por años e incluso décadas en beneficio de quienes entonces, en muchas ocasiones, trabajaban esas tierras.

La expropiación ecológica es en el caso de La Colosa la más de- nunciada. Esta hace referencia a las transformaciones del entorno na- tural en su composición y funcionamiento, como consecuencia de la actividad extractiva. Se trata de recursos naturales finitos, víctimas de los usos irracionales de las sociedades y por tanto, catalogados hoy en día como estratégicos, entre ellos el agua, el suelo apto para la actividad agropecuaria y en general, condiciones ambientales que garantizan la salud humana. Por lo anterior, las decisiones en torno a lo que se trans- forma, cómo se transforma y qué tan irreversible es el cambio, cobra cánones económicos y políticos, que las empresas mineras transnacio- nales, como AGA, conocen y saben manejar a la perfección en su bene- ficio, como se verá en sus argumentos de defensa frente a las críticas ambientalistas en contra de la mina La Colosa.

Se trata de expropiación y por tanto de colonialidad porque no hay trabajo conjunto, no hay intereses en común y cuando los hay, las maneras y las concepciones para conseguirlos son opuestas para el caso de la población local. En el caso del Estado y la empresa minera, puede haber intereses en común, no obstante, se ignora la planeación territorial de regiones y municipios del país, las necesidades prioritarias de la población y los procesos económicos, políticos y sociales que el mismo Estado ha promovido en territorios determinados.

A continuación se exponen las afectaciones o expropiaciones has- ta el momento identificadas para la posible explotación de la mina La Colosa. A partir de algunos estudios técnicos relacionados con las ca- racterísticas de la mina La Colosa se han identificado algunas posibles afectaciones al entorno natural del área y las poblaciones humanas aledañas. Entre las características de la mina se encuentra que el oro descubierto se encuentra relativamente cerca de la superficie y espar- cido por toda la zona, lo cual de alguna manera explica que se trate de una mina a cielo abierto. De acuerdo con los procedimientos obser- vados en otras minas de estas características se tiene previsto que el proceso de explotación implica el uso de la lixiviación con cianuro para tratar el oro. Ésta técnica incluye la excavación de enormes cráteres con un diámetro que puede llegar a ser de un kilómetro y alcanzar una profundidad de 600 m.

Llevar a cabo el procedimiento descrito supone el levantamiento de la capa de suelo superficial y todos sus usos asociados actualmente, ya que dicho levantamiento pretende llegar hasta la roca para ser dina- mitada. La extracción del oro una vez adelantado lo anterior, se realiza con importantes cantidades de agua y cianuro.

Uno de los temas que más preocupa es la alta demanda de agua, uno de los estudios hace referencia a que AGA calcula que empleará aproximadamente 1.0 metro cúbico de agua por segundo para procesar cada tonelada de mineral. Procesar una tonelada de mineral requerirá entonces anualmente 31.5 millones de metros cúbicos de agua. Tenien- do en cuenta el procesamiento calculado, entre los 20 y 35 millones de toneladas de mineral anuales, esto requerirá anualmente un aproxima- do que oscila entre 631 y 946 millones de metros cúbicos de agua para el procesamiento. Esto sin considerar la suma de metros cúbicos de agua a emplear en la vida de la mina, calculada en 15 y 25 años.

Al respecto AGA manifiesta que en una posible fase de pro- ducción, el 60% del agua será reutilizada, debido a que se emplea un sistema cerrado y un 40% del agua que retornará al ciclo natural, se encontrará en condiciones iguales o mejores a como se integraron al proceso de explotación de la mina. Para lograrlo la empresa menciona algunos mecanismos, entre ellos el uso de aditivos para perforación no reactivos, uso de agua lluvia,recirculación permanente del agua y reutilización de la misma. Adicional a lo anterior, aunque AGA no ha mencionado oficialmente un volumen de agua a emplear durante la explotación de la mina, si se atrevió a plantear el porcentaje de reduc- ción del caudal del río Coello a la altura de la ciudad de Ibagué, el cual se estima en alrededor de 1.5%; porcentaje que se considera “mitigable y compensable” (http://www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/Pre- sentaciones/la-colosa-anglogoldashanti-2012.pdf, revisado: 30-10-12).

La Corporación Biotolima, por ejemplo, uno entre varios actores que defiende el proyecto de la mina La Colosa, afirma que una mina como esta consume máximo 10 millones de m3 de aguaanuales y com- para esta cifra con lo consumido por el distrito de riesgo Usocoello, se- ñalando la desproporcionada relación y la impertinencia del argumento en contra de La Colosa basado en la amenaza al recurso acuífero.

Los detractores del proyecto señalan que además de la afectación directa a los acueductos locales, se encuentra eldistrito de riego Uso- coello. La construcción de este distrito de riego fue contratada en 1950 y entró en servicio en 1953. Actualmente el área con infraestructura de riego es de 25.600 has que comprenden 2.577 predios, a cargo de 1.813 usuarios que siembran arroz, sorgo yfrutales en el departamento del Tolima. Los tributarios del distrito de riego son los ríos Cucuana y el río Coello, este último recolecta las aguas que en parte drenan la zona de la mina La Colosa.

Resulta evidente la importancia del distrito de riego para esta región, particularmente por la actividad agrícola, por tal motivo los alcaldes municipales de estas zonas son opositores contundentes de la explotación de la mina La Colosa. De ahí que comparar el uso de agua para explotar oro y el uso de agua para cultivar la tierra, no solo puede pasar por el volumen empleado, sino que debe contemplar cuál es la naturaleza de la actividad. En la minería se extrae, en la agricultura se siembra para cosechar, tantas veces como las condiciones del suelo y las técnicas empleadas lo permitan, en conjunto, por supuesto, con otras tantas condiciones sociales, económicas e incluso políticas.

Otra situación subyacente al procedimiento de explotación de oro, antes descrita y que es igualmente inquietante para diversos sec- tores de la sociedad es la producción y manejo de los desechos, ya que por las características de la mina se generará una gran cantidad de roca desechada o tizones. Los deshechos de roca son removidos de la fuente y apilados en montones que pueden alcanzar varios cientos de metros de elevación. Las lluvias que caen sobre las pilas de deshechos de roca causan reacciones químicas, que producen aguas ácidas, que a su vez disuelven metales en los deshechos de roca, liberándolos en el medio circundante.

Del procedimiento realizado con cianuro de sodio, agua y cal, se producen otro tipo de desechos, esta vez de tiposólido y líquidos, deno- minados tizones, que son enviados a una zona de almacenamiento. Los tizones recién producidos son generalmente extremadamente tóxicos. Con el paso del tiempo y la exposición al aire y a la luz del sol, el nivel de toxicidad de los tizones generalmente disminuye, pero estos deshechos permanecen siendo tóxicos durante largo tiempo para la mayoría de los organismos acuáticos. (Informe de Pax Christi sobre el proyecto mine- ro de AGA en Cajamarca. En: http://sal.rcn.com.co/especiales/lacolosa/ doc/informe-pax-christi-sobre-aga-cajamarca.pdf).

El movimiento de paz holandés IKV Pax Christi, especializado en la defensa de derechos humanos[2], ha participado en algunos debates sobre la exploración y explotación de la mina La Colosa. Incluso ha rea- lizado visitas de campo en la zona y reuniones con varias entidades del Estado que tienen concurso en el proceso de esta mina. Su informe ad- vierte que “el sitio de La Colosa tiene elevaciones muy escarpadas, que delimitan un estrecho valle. En un terreno con estas características, AGA tendrá que tomar decisiones difíciles concerniendo la selección de sitios estables para las diferentes partes de la explotación: pilas de deshechos de roca, sitios de procesamiento, posibles zonas de almace- namiento de tizones. La topografía del sitio y la relativamente reciente actividad volcánica de sus alrededores indican que la zona tiene cierto grado de riesgo sísmico.”(Ibíd.).

La contradicción institucional, un aliado estratégico para el capital transnacional

El 29 de noviembre de 2011 es publicada en un medio de comunicación de poca difusión en el país, pero de circulación en el ámbito acadé- mico una carta firmada por 39 diputados británicos preocupados por la situación de la mina La Colosa. En enero de 2012 se publica la res- puesta por parte de AGA a dicha carta. Una de las aclaraciones de AGA plantea que: “Sorprende que los diputados expresen preocupación por los supuestos daños que en el futuro, podría ocasionar el proyecto La Colosa. Se está hablando de situaciones hipotéticas, sin datos técnicos o argumentos sólidos que respalden estas afirmaciones.” (http://www. lasillavacia.com/historia-invitado/30721/ixentg/anglogold-responde- historia-de-usuario-sobre-mina-de-la-colosa/ julio 2012).

Esta es una de las fuentes de inquietud frente al proyecto, la falta de información confiable y rigurosamente construida, que sirva de línea de base. Los estudios realizados entre ellos el realizado por Pax Christi señala la ausencia de una línea de base construida con mí- nimos parámetro de calidad y pertinencia. Una de las limitaciones de dicha línea de base es que empleaba datos incluso de 2003 y que mucha información es levantada por la misma empresa AGA, lo cual siembra sendas dudas en la objetividad y transparencia de la información. Es decir, si uno de los argumento de AGA es que los opositores se basan en supuestos, el argumento de los opositores es exactamente el mismo.

Dichos cuestionamientos lograron que un convenio con la Uni- versidad del Tolima, se vislumbrara como posible, sin embargo, el pro- ceso de interrumpió, sin conocer aún los motivos.

Otra de las aclaraciones de la Empresa fue: “AGA Colombia fue la primera empresa en solicitar un permiso de sustracción de reserva fo- restal para realizar su actividad exploratoria. La reserva no es una zona ambientalmente protegida.”. (Ibíd.). El argumento no es comprensible, ya que si se solicitó la extracción de una parte de la reserva es porque si está protegida, en tanto tienen que solicitar tal permiso para llevar a cabo la exploración de la mina.

Lo cierto es que en abril de 2009 el Ministerio de Ambiente pre- siona para intentar enjuiciar a AGA por la realización de exploraciones sin los permisos requeridos de impacto ambiental. Pocos días después el mismo Ministerio publica la resolución mediante la cual se levanta la protección a 6.39 hectáreas de la Reserva Forestal Central y con esto permitir la continuación de la exploración minera. El 30 de julio de 2010 AGA es multada con 74.000 dólares por el Ministerio de Ambiente debido a la ausencia de permisos de exploración. Esta cronología de solo tres decisiones de un Ministerio, evidencia las señales contradic- torias que transmite. Por un lado aparece como un actor institucional responsable que actúa como garante de que los requisitos ambientales sean cumplidos por la Empresa y por otra parte, aprueba la sustrac- ción de una Reserva Forestal para llevar a cabo la misma exploración y facilitarle la tarea a AGA.

Tales contradicciones son propicias para el avance de la explora- ción, en medio de preguntas más que de certezas, estas últimas que ni siquiera son ofrecidas por los garantes del Estado que deberían obrar en consecuencia. Varias situaciones son posibles de discernir del ejem- plo del Ministerio de Ambiente. Una de ellas es la manifestación de crasas divisiones en el interior del Ministerio y que se prestan para sacarle el mayor provecho por parte de los oportunistas; otra situación es el tránsito de presiones e intereses particulares en las decisiones de los entes gubernamentales, lo cual por lo general se le conoce como co- rrupción. Por último, pero no menos importante, se encuentra el hecho mismo de la división, ya que esta es una de las estrategias más efectivas para adelantar procesos de exploración e incluso explotación minera, en medio de la confusión y la desinformación.

Tales contradicciones han resultado tan evidentes que la Contraloría General de la Nación ha hecho un Control de Advertencia al Minis- terio de Medio Ambiente y a Cortolima (entidad regional con funciones de regulación ambiental) sobre sus futuras actuaciones en el caso de La Colosa, en lo que respecta a su impacto sobre la cantidad y calidad del agua. Especial referencia se realiza con relación al consumo humano, por cuenta de los acueductos locales y por los cultivadores de arroz, por cuenta del distrito de riesgo Uso-Coello.

La Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales, Claudia Cristina Serrano Evers en carta dirigida a una funcionaria del Minis- terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011, pre- sentó veinte puntos donde relata las posibles afectaciones a los recursos naturales si se autoriza la sustracción de la zona para realizar labores de exploración y explotación de oro; y señala que los informes técni- cos concluyen que ‘los impactos que se generarían con la sustracción del área serían negativos y de gran escala’. Adicionalmente, en el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de Cajamarca está estipulado que se prohíbe la minería tanto en la zona urbana como rural del mu- nicipio”. (López, 2010).

Otra entidad que ha evidenciado las contradicciones y atisbos de corrupción que han resultado favorables para AGA, es el Instituto Colombiano de Geología y Minería –Ingeominas-. Esta institución fue señalada por varios medios de comunicación en el país, por haber sido más diligente con las solicitudes de títulos mineras realizadas por AGA. Incluso se afirmó que un ex director de la entidad y una ex subdirectora de recursos de subsuelo, salieron de la entidad y empezaron a trabajar para la AGA.

Los argumentos desde el modelo de flujos
Además de los argumentos antes señalados, cabe analizar otros, en tan- to, el discurso se convierte también en herramienta de persuasión para propiciar la permanencia de una Empresa en una región, conteniendo la presión de los grupos opositores.

La respuesta de AGA a la citada carta plantea lo siguiente: “Tal como lo afirma el artículo, AGA es una empresa transada en las prin- cipales bolsas de valores del mundo. Y, contrario a lo que expresa la noticia, la Compañía cumple con los más exigentes parámetros inter- nacionales en materia financiera, técnica, ambiental y social, no solo porque su participación en bolsa lo exige, sino porque es suscriptora de los más exigentes estándares internacionales.”(Ibíd.). Es cierto que la empresa ha firmado varios tratados y estándares internacionales, como por ejemplo, el de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, y el Código Internacional para el Manejo del Cianuro. Sin embargo, estos no son vinculantes y tampoco gozan de transparencia en tanto el seguimiento es contratado por la misma empresa.

Pensar en que la exploración y explotación de recursos naturales es un problema ambiental, no es asunto aislado de nuestros procesos como sociedad. De hecho, el problema ambiental, en cualquier caso, se convierte en un problema de nuevo tipo, en tanto se inicia en la crítica a la modernidad tecnológica y la alienación de la tierra y sus recursos y señala el imperativo de la responsabilidad a través del principio preven- tivo (Sotolongo y Delgado, 2006; Jonas, 1995). El problema ambiental confronta a la ciencia moderna, positivista, a las condiciones irrefuta- bles del tiempo y el espacio propio de cada fenómeno y a los conceptos de la escasez, lo impredecible y los límites de la transformación. Todos ellos, elementos que resultaron del análisis crítico a los modelos de desarrollo económico.

El abordaje del problema ambiental exige entonces nuevas me- todologías de investigación, la colaboración entre disciplinas, nuevos conceptos y el cuestionamiento a los paradigmas de la ciencia positi- vista hasta entonces incólumes. Abordaje que enfrenta a las ciencias sociales a un doble reto, por un lado, contribuir a construir un concepto de ambiente y con él un campo ambiental del conocimiento sobre las bases de las ciencias sociales ‘revisitadas’ y por el otro lado, la interna- lización de un saber ambiental emergente en los paradigmas teóricos y los problemas de acostumbrado interés en las mismas ciencias (Leff, 1994). De ahí que el papel de la academia es de vital importancia en los procesos de asimilación de la explotación minera a gran escala en una sociedad determinada. No solo por lo que puede contribuir y esclarecer en el debate mismo, sino por la propia configuración y consolidación de sus saberes. Podríamos incluso denominarlo para el caso específico que nos ocupa, la evolución de la ecología política en el ámbito nacional.

Nótese que en el discurso de la Empresa se está trocando o se están considerando compensables los impactos que se generen en tér- minos de disponibilidad de agua y de tierras aptas para la agricultura, mediante lo que se denominan “los más exigentes parámetros interna- cionales en materia financiera, técnica, ambiental y social”. Dichos pa- rámetros no toman en cuenta el valor de uso de los recursos, los paisajes y los territorios, sino que al contrario, no consideran nada más allá del precio de los recursos, vistos como elementos aislados. Entiéndase recursos no solamente los elementos aislados agua, suelo, vegetación, fauna, aire, entre otros, sino su funcionamiento que le garantiza sus propios equilibrios. Es decir, no solamente se consideran recursos las especies que hacen parte de un ecosistema o de un socio-ecosistema sino también su función y los usos tradicionales que benefician a la población local. Beneficios que no deben ser entendidos como meros medios de vida en la acepción estrecha, sino en la acepción amplia; la cual incluye la incidencia del paisaje en la vida cotidiana, en la perma- nencia de ciertas dinámicas colectivas de la población local e incluye además, la disponibilidad de recursos que ofrecen ciertas certezas a las rutinas en el campo y por tanto, a la reproducción de las condiciones para las comunidades locales.

Por su parte, la valoración de los recursos afectados o emplea- dos para la explotación de la Mina se calcula en toneladas de mineral extraído y en ganancias expresadas en el valor de la mercancía en el mercado internacional. Es decir, los costos de las consecuencias de la expropiación geográfica, económica y ecológica, que antes observamos, son ignorados. También ocurre que las consecuencias de las expropia- ciones son valoradas con referentes que no corresponden y que definen el tipo de inversión social o compensación a las comunidades que pre- tende una empresa como AGA, a través de actividades como la inversión en educación, en incentivos a la reforestación, escuelas de liderazgo, préstamos para micro crédito, entre otras. La pregunta que aflora es: ¿Cómo el micro crédito compensa al campesino que no tiene donde sembrar o que ya no quiere sembrar porque sus redes de solidaridad y apoyo han sido completamente fragmentadas?

Como lo plantea Víctor Manuel Toledo en su enfoque de los me- tabolismos rurales, de acuerdo con el modelo de flujos es posible ana- lizar el discurso de AGA y el de sus opositores. Los modelos de flujos que se ven enfrentados en la situación descrita arriba son los valores de uso y los valores de cambio, los primeros son los defendidos por una sección de las comunidades locales, porque su subsistencia depende directamente de los bienes y servicios ofrecidos por los ecosistemas a ser intervenidos por la construcción y funcionamiento de la mina y los segundos se valen de argumentos para la Empresa, en términos del precio que el oro tiene en el mercado y las ganancias que ello representa no solamente para ellos, sino también para todos aquellos que accedan a este tipo de beneficios, los económicos, entre ellos se cuentan el mu- nicipio y los empleados de AGA y sus familias.

Otro modelo de flujo desde el cual se puede analizar el caso de la Colosa es el tipo de intercambio que prima. AGA defiende un inter- cambio marcado por la apropiación poco transparente del derecho de explotación de un recurso, en un determinado territorio, mientras que sus opositores más radicales cuestionan el mismo funcionamiento de la Mina en términos de la imposibilidad de un intercambio de equiva- lentes cuando se trata de arriesgar la disponibilidad de agua y la dispo- nibilidad de suelos para el cultivo del arroz, entre otros. AGA ofrece al territorio algunos empleos poco calificados y por poco tiempo, algunos aseguran que sería de dos años que es el tiempo previsto para la cons- trucción de la Mina; ofrece un porcentaje mínimo de las ganancias cuyo destinatario es el Estado y algunas acciones sociales a las cuales está obligada la Empresa y que hace parte del principio de responsabilidad social, que no es otra cosa que una serie, generalmente desarticulada, de medidas de tipo asistencialista.

El intercambio, por tanto, es percibido, de dos maneras diame- tralmente opuestas, aquellos que exigen intercambio de equivalentes, lo cual es inconcebible en la extracción minera a gran escala, no hay nada que compense los impactos ambientales de la actividad y aquellos que argumentan que hay maneras responsables de llevar a cabo este tipo de minería, a pesar de los intercambios desiguales, signados por las lógicas de la inserción al mercado, al costo que sea.

Otro modelo de flujos que es evidente es el relacionado con el tipo de usos que interesa a cada una de las partes, uno promueve un uso múltiple, el cultivo de arroz, sorgo, fríjol y arracacha y la mine- ría a pequeña escala,que son las actividades principales del municipio de Cajamarca y de los municipios beneficiados por el distrito de riego Usocoello, los cuales se verían directamente afectados por el funciona- miento de la Mina La Colosa. Estas actividades tienen el rasgo caracte- rístico de una alta dependencia a las condiciones de la naturaleza, que permiten desarrollarlas con base en el conocimiento local de sus ciclos y funcionamiento, para de esta manera mantener su oferta ambiental.

El otro tipo de uso atribuido a AGA, consiste en un uso especia- lizado, dedicado a la minería a gran escala y que por sus dimensiones puede convertir a una zona del departamento del Tolima, en una región cuyo empleo, migración de población, cambios culturales, actividades económicas de su población e infraestructura experimentará cambios considerables por cuenta de esta actividad. Es decir, la extracción es- pecializada de oro para comercializarlo es la finalidad de este tipo de uso y tiene una dependencia directa al mercado.

Las otras voces, la racionalidad ecológica campesina
La tendencia pro-campesina ha sido promovida desde la escuela española precedida por Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel González de Molina, entre los más reconocidos, mediante la defensa de la noción de racionalidad ecológica del campesino, introducida por Ángel Palerm (Sevilla y González de Molina, 1993). La noción en mención aduce que si bien el campesino se adapta a las posibilidades brindadas por el ca- pitalismo y las continuas transformaciones del sistema, no deja de pro- ducir y usar la energía de la materia viva por medio del trabajo humano y la reproducción de la unidad doméstica de trabajo y consumo. Es decir, la racionalidad ecológica campesina destaca que la vida misma de la unidad familiar depende directamente del manejo de la energía proveniente de la naturaleza, inclúyase el agua, el suelo, los alimentos y en general, los bienes y servicios ambientales que propician ciertas condiciones para la producción, razón por la cual, los campesinos de- sarrollan mecanismos para potenciar al máximo el manejo de este tipo de energía, para su propio beneficio. Sin embargo, se reconoce que el campesino ha desarrollado una dependencia hacia el mercado, que le ha impelido a producir afectando la renovación de los ecosistemas, aparentemente, sin desearlo (Ibíd.).
Los escenarios posibles de la racionalidad ecológica campesina en casos concretos son muy variados, lo que implica reconocer que si bien es posible encontrar escenarios abundantes en conductas dirigi- das claramente por el interés de la conservación de ciertas condiciones naturales para mantener en el tiempo y la calidad de las actividades productivas del campo, también se encuentran casos de campesinos que privilegian los intereses y mecanismos propios del mercado a las consideraciones ambientales para la reproducción de las condiciones de producción y consumo. Esto implica apartarse de la visión román- tica del campesino ecologista y también de la visión pro capitalista del campesino depredador y más bien, desde el estudio de los conflictos ecológico-distributivos acercarse a las realidades con actitud crítica, visión sistémica y en perspectiva de la evolución de las relaciones entre el entorno natural y quienes dependen de él directamente.

Las variables propuestas desde la visión pro-campesina para fa- cilitar el acercamiento a esa racionalidad ecológica atribuida al campe- sino son la historia, la reproducción social y la memoria. Reproducción social entendida como el “conjunto de bienes, personas y saberes que constituyen el capital transmisible en el ciclo de desarrollo que un gru- po doméstico organiza estratégicamente” (Sevilla y González de Mo- lina, 1993: 108). Dado que se trata de una población dedicada a las actividades agrícolas y de minería a pequeña escala, y que la fertilidad de sus suelos, la presencia de vías de comunicación importantes que la comunican con grandes centros urbanos del país y la presencia de infraestructura asociada al riego para cultivos evidencian una tradición y una historia sustancialmente relacionada con el agro. Así, las otras voces están compuestas en una medida importante por personas cuyo interés consiste en preservar las condiciones que permitan su repro- ducción social.

Las otras voces, las voces de parte de los pobladores del municipio de Cajamarca, organizados en diversas asociaciones y que se oponen a la presencia de AGA, busca argumentar dicha oposición y difundir sus pun- tos de vista para ejercer mayor presión en contra de la mina La Colosa. Estas manifestaciones responden claramente a la definición de ecologismo de los pobres aportada por Martínez Alier, la cual afirma que “en los conflictos ecológico-distributivos que surgen del creciente metabolismo de la economía, los intereses y los valores de los pobres muchas veces les llevan a favorecer la conservación de la naturaleza”.

Publicidad ubicada en las páginas web de RECLAME y Conciencia Campesina Identidad Agua y Alimento de Cajamarca.[3]

Así es como campesinos, estudiantes y activistas ambientalistas de la región y de todo el país, se han manifestado en contra de la Mina de ma- neras diversas. Entre ellas, marchas carnavales, marcha con antorchas, videos disponibles en las páginas web de las distintas organizaciones, la realización de encuentros y la participación activa en eventos similares en otras regiones del país.

Varias organizaciones comunitarias y ONG’s se han sumado al objetivo de oponerse a la exploración de la mina La Colosa. Es el caso de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que en mayo de 2011 realizó en el corregimiento de Anaime (municipio de Caja- marca) su XIV Comisión Política con la presencia de aproximada- mente 120 personas de las diferentes organizaciones de la Minga a nivel nacional y de las organizaciones locales que se encuentran en el proceso de potenciar y fortalecer las reivindicaciones locales.En este encuentro, se dieron a conocer las problemáticas de la mina La Colosa, el Sur de Bolívar, el Cauca y el páramo de Santurbán. La Minga significa ‘caminar la palabra’, es decir, hacer encuentros en distintos municipios del país que enfrentan situaciones similares en relación con la gran minería. Por tanto, en este espacio se socializan las experiencias de las organizaciones, la lucha y la resistencia en contra de las multinacionales.

Los motivos de la resistencia son expuestos por la Minga de Re- sistencia Social y Comunitaria, en los siguientes doce puntos:

1. Anglo Gold Ashanti es la tercera más grande multinacional ex- plotadora de oro en el mundo, que ha sido denunciada por vio- lación de derechos humanos y afectación al medio ambiente en varios países. Esta llegó al país con engaños bajo el pseudónimo “La kedahda” y con la complicidad del gobierno nacional ha re- cibido licencias de exploración minera, violentando la normati- vidad ambiental vigente. Anglo Gold Ashanti tiene solicitudes de licencias de exploración y explotación en un área que comprende más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. Oponer- nos a la Anglo Gold es rescatar nuestra dignidad y soberanía.

2. El proyecto minero se establecería en una zona ambiental pro- tegida que es de hecho una estrella de agua en la que se verían amenazados 161 nacimientos de agua. El agua es un bien común y la destrucción de sus nacimientos afectaría no solo a los habi- tantes de Cajamarca sino a toda la región y el país.

3. La operación de “La Colosa” consumirá mucha agua (9 millones de metros cúbicos al año) equivalente al consumo mínimo de 400.000 personas; la escasez de agua resultante nos arruinará.

4. Este proyecto es una amenaza real contra el distrito de riego del río Coello y contra el proyecto de acueducto alterno para Ibagué que tomaría el agua de la parte alta de la cuenca de este río.

5. Cajamarca y la región conocida como el plan del Tolima son importantes despensas de alimentos para la región y el país; la puesta en marcha del proyecto cambiará la vocación productiva de la región y destruirá para siempre miles de trabajos agrícolas a cambio de apenas 500 puestos de trabajo generados durante 15 años; trabajo por demás pauperizados, sin seguridad social tal y como acostumbran a hacer las empresas transnacionales.

6. Se utilizarán más de 4 millones de kilos del venenoso cianuro cada año y los residuos tóxicos generados contaminarán los ríos de la zona (Bermellón, Coello e incluso el río Magdalena) y el suelo con metales pesados como el arsénico, cobaltos, mercurio etc., que pueden seguir contaminando por más de 100 años. Re- chazamos la idea de tomar agua con cianuro.

7. La mina se encuentra en una zona de altísima actividad volcá- nica asociada al volcán Machín, con lo que se aumenta el riesgo de una tragedia ambiental por la ruptura del dique de las pisci- nas con agua cianurada, los cuales contaminarían los ríos y las aguas subterráneas de la zona.

8. Los municipios y departamentos mineros en Colombia se han convertido en los más violentos y pobres del país como en los casos del Sur de Bolívar, La Guajira, el norte del Cauca, el nor- deste de Antioquia y Chocó, en donde las comunidades se han convertido en víctimas del desplazamiento forzado, del terror y la violación a sus derechos fundamentales.

9. Las ganancias millonarias de la empresa se exportarán a los paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y no bene- ficiarán a los colombianos. Lo que quiere hacer el gobierno al otorgar estas licencias es feriar el patrimonio colectivo de las y los colombianos.

10. Los costos de remediar el daño ambiental en la zona pueden superar el monto total de las regalías recibidas.

11. Cuando se cierre la mina dejará atrás problemas sociales causa- dos por la misma, tales como la violencia, la prostitución, falta de trabajo, encarecimiento del costo de vida y los alimentos, cambio en la vocación productiva de nuestras comunidades, pér- dida de la seguridad alimentaria y problemas ambientales entre otros, los cuales tendremos que resolver los colombianos, pues la empresa ya no estará.

12. “La Colosa” es apenas el principio, ya que existen otros intereses en proyectos localizados en Ibagué, Líbano, Santa Isabel y Ata- co, con lo que los impactos ambientales y amenaza a nuestros territorios por parte de las multinacionales y la minería del oro en el Tolima se extenderá a amplias zonas del departamento afectando a poblaciones y ecosistemas estratégicos.[4]

Varias organizaciones han surgido a partir de la resistencia civil que desde diferentes sectores de la sociedad se han opuesto a la exploración y explotación de la Mina La Colosa, entre ellas se encuentra el Colecti- vo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca),Unión Campesina por la Defensa del Medio Ambiente y el Territorio (UCAT), Conciencia Campesina Identidad Agua y Alimento de Cajamarca y Emprendedores por la ecología y la tierra (ECOTIERRA). Como se observa, tanto en los doce puntos como en los nombres de las organizaciones, las reivin- dicaciones van dirigidas hacia lo que Houtart (2011) define como las consecuencias prácticas de una nueva concepción de las relaciones con la naturaleza. Entre las consecuencias prácticas se encuentra el recha- zo a la propiedad privada sobre los recursos naturales, evidenciado en la reivindicación de la soberanía del Estado colombiano frente a una multinacional de las características de la AGA y reclamando una lógica de respeto hacia los Estados, sus gobiernos y en general su institucio- nalidad y respeto hacia los órganos internacionales.

Otra manifestación de esta nueva concepción corresponde a la exigencia por parte de los movimientos sociales, de evitar la mercan- tilización de los elementos necesarios para la reproducción de la vida, como es el caso del agua en la explotación de oro en la mina La Colosa. El último elemento a señalar es la oposición frontal de estos movimien- tos con lo que Houtart denomina la lógica dominante de la política internacional. La minería a gran escala es una manifestación más de la lógica del gran capital que permea todas las esferas de la vida humana y que pretende llegar a homogenizar expectativas, intereses, necesidades, capacidades y oportunidades.

Cabe resaltar la existencia de una organización que no defiende la misma posición de la mayoría de organizaciones que promueven la negación rotunda a la actividad de AGA en el municipio de Cajamarca y otras zonas del país, sino que promueven la minería responsable. Se trata de la Asociación para la Promoción de la Minería Responsable en Cajamarca, Aprominca, adscrita a la Cámara Colombiana de Minería. Aprominca tiene por objeto “la investigación, formación, promoción, fomento y desarrollo de la minería responsable en los sectores público, empresarial y ciudadano en Colombia”. (http://www.aprominca.com/ quienes/quienes-somos / agosto 2012).

Se presentan de la siguiente manera: “Somos partidarios de una exploración en el proyecto La Colosa que genere fuentes de empleo abundante, digno, estable, justo y bien remunerado; un proceso que sea transparente de cara al Estado y a la comunidad, con respeto a la diversidad de criterios y a la contradicción, verás y comprobable con la información y oportuno con su difusión; responsable con el medio ambiente y la biodiversidad existente en la zona, ajustado a los requeri- mientos jurídicos de la Nación; comprometidos con el desarrollo social que no genere impactos negativos que vayan en contravía de valores y sanas costumbres de nuestros habitantes; que fortalezca un tejido social de confianza, respeto mutuos y de coexistencia pacífica.” (Ibíd.). Por supuesto su posición está a favor de la explotación de la mina, pero bajo ciertas condiciones, que básicamente no concuerdan con la lógica mayor, derivada del gran capital en el planeta.

Las reacciones de la Empresa AGA frente a la fuerte oposición por parte delas organizaciones comunitarias y ONG’s no son claras, en tanto algunos sucesos podrían relacionarse con la Empresa pero no hay evidencias contundentes que lo ratifiquen. Es el caso de organizaciones ambientalistas nacionales como la CENSAT, que asegura que después de establecerse la AGA en territorio tolimense, ocurrieron algunas de- tenciones por parte de la policía y ocurrieron los asesinatos de dos dirigentes sindicales y un defensor de derechos humanos. En ningún caso se ha comprobado la relación de AGA con estos hechos. Cosajuca también denuncia la existencia de cámaras de seguridad de la multi- nacional, según ellos para vigilar las actividades de los movimientos sociales, con la anuencia de la policía nacional, la cual ha perseguido a los miembros de este movimiento de jóvenes, e incluso denuncian una persecución política en su contra. Como se ve, en materia de crimi- nalización de la protesta no hay evidencias que soporte señalamiento alguno en contra de la Empresa.

Reflexiones finales
Dado que el proceso de La Colosa se encuentra en pleno proceso de exploración y aún AGA no ha confirmado la construcción y explotación de la que sería la tercera mina de oro más grande de América Latina, la labor de los movimientos sociales y la academia se hallan en plena vigencia y actividad. Está en sus manos superar las contradicciones legislativas y de procedimiento que las instituciones colombianas han puesto al descubierto en este proceso. Contradicciones que han jugado a favor de AGA y que enrarecen y dificultan el legítimo derecho de los ciudadanos colombianos interesados en el tema de hacer un control social o veedurías al proceso de la Colosa.

La avasalladora actitud del capital transnacional, en este caso encarnado en AGA, es idéntica a la de la conquista española, por eso se habla de que la extracción de recursos naturales no es una nueva práctica cultural sino que es la prolongación de esa relación fundamen- talmente colonial.Por esto, uno de los riesgos más temidos por todos los actores que han opuesto resistencia al proyecto de La Colosa consiste en que una multinacional minera que tiene distribuidos tantos intereses en el país, esté dispuesta a ceder frente a losmovimientos sociales locales, regionales y nacionales e inclusive con importante apoyo internacional. Sin embargo, las organizaciones comunitarias de distinta índole, a tra- vés de la reivindicación de su memoria, su historia y la posibilidad de su reproducción social y a partir del argumento complementario del bien común de la humanidad, encuentran sus mejores armas para enfrentar al exponente de turno del gran capital.

Sin lugar a dudas, los argumentos empleados por los actores que se oponen a La Colosa son contundentes y pertinentes desde los principios de la precaución responsable frente a la incertidumbre y el del bien común de la humanidad. No obstante, son argumentos inexistentes, no solamente para AGA sino también para algunos actores locales que se deslumbran por las ‘ganancias’ inmediatas y por el Estado colombiano que responde favorablemente a todo aquello que ofrezca resultados a corto plazo y que responda al modelo neoliberal. Se moldea así un escenario a ser abordado desde distintas escalas y desde la sensibilidad de las identidades territo- riales, que incluyen por supuesto procesos de expropiación y colonialismo. Estos procesos, deberían ser críticamente analizados, para identificar sus huellas dimensionadas en sus verdaderas proporciones en relación con las identidades territoriales antes mencionadas.

Bibliografía

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- http://www.redcolombia.org/index.php/noticias-nuevas/noticias/ comunicados/1529-publican-informe-sobre-el-proyecto-minero-de- la-colosa.html

1. Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la misma Universidad y Magíster en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales de CLACSO y FLACSO. Actualmente, se desempeña como docente ocasional de la Universidad Nacional de Colombia.↵

2. IKV Pax Christi es una de las ONG’s que participó en el año 2000 de un dialogo entre los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda y Noruega, junto con em- presas de los sectores de extracción de recursos y energía. De este diálogo surgió un código voluntario de conducta, denominado “Principios Voluntarios”, que sirve de guía a las compañías para garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las zonas donde éstas operan. En el Congreso Internacional sobre los Principios Voluntarios, que tuvo lugar en la ciudad de Oslo en marzo de 2009, se aceptó la entrada de Colombia al proceso, como “gobierno involucrado”.↵

3. El término “chanda” que aparece en el anuncio publicitario de “AnglogoldEschanda”, en Colombia es un adjetivo calificativo negativo empleado por los jóvenes, connota desprecio y rechazo por algo.↵

4. http://www.planetapaz.org/index.php?%20option=com_ content&view=article&id=176:doce-razones-mas-contra-la-mina-la-colosa-en- cajamarca&catid=59:noticias-del-conflicto↵

Ecología política y minería a gran escala. Estudio del proyecto “Mirador” en Ecuador

Andrea Ponce García[1]

Introducción

Cada vez se torna más urgente el poder documentar y reflexionar en torno a conflictos socio ambientales que han sido ocasionados por la presencia de empresas extractivas a nivel latinoamericano para poder dilucidar desde nuestra propia perspectiva y mirada aquellos discur- sos y procesos que paulatinamente y de manera ‘camaleónica’ han ido adoptando nuevos matices y formas de adaptación en nuestros contex- tos particulares.

A lo largo de este texto lo que se pretende es dar cabida a to- das las lecturas críticas que fueron realizadas a lo largo del Seminario CLACSO (Ecología Política y Metabolismo Social’) y empatar los con- ceptos revisados con lo que ocurre actualmente en el Ecuador debido a la reciente concretización de un proyecto minero particular.

Desde la Ecología Política se reflexionará a continuación acerca de los impactos sociales y ambientales que el proyecto ‘El Mirador’ trae consigo en la zona sur del país. Para entender holísticamente toda esta problemática se ha analizado primeramente, la historia de minería en el Ecuador, a modo de una breve reseña, para abordar luego las impli- caciones del proyecto que fue escogido como estudio de caso.

En el tercer capítulo, el lector hallará el análisis unificado de los conceptos y teorías revisadas con el caso per se, para finalmente esbozar unas conclusiones concretas que unifiquen la teoría y el estudio prác- tico. Se espera que el presente documento pueda servir a modo de he- rramienta para identificar y entender en su contexto, uno de los varios conflictos que se han originado (y que potencialmente aumentarán) en relación a propuestas extractivistas; y más aún si el 2012 fue catalogado como el inicio de una nueva era de ‘desarrollo’ para el Ecuador.

Antecedentes

Con la intención de abordar la problemática seleccionada en el mayor nivel de integralidad y relacionándola con el contexto económico, polí- tico, social en el que se desenvuelve, a continuación se amplían ciertas reflexiones sobre las re-estructuraciones que el Estado ecuatoriano ha ido promoviendo en torno al tema extractivo, particularmente minero.

En ese sentido, el entendimiento del llamado Mandato minero, los lineamientos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009 – 2013, acerca de los recursos naturales y de la proclamación del año 2012 como el inicio de una ‘nueva era’ de desarrollo para el Ecua- dor, conducirán a leer el caso del proyecto minero ‘Mirador’ desde una perspectiva holística.

Mandato Minero
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el Banco Mundial incidió en la elaboración de la Ley de Minería de 1991 y en sí de las reformas legales del sector minero. Es así que entre 1993 y 2001, el sector minero constituyó uno de los principales sectores de inversión del Banco Mun- dial, destacándose solamente en América Latina, 27 megaproyectos, que fueron financiados por esta entidad.

Resulta importante destacar que paralela a la legislación que rige las actividades mineras, se encuentra la ley de seguridad, la cual fue a su vez aprobada por la Asamblea Nacional y que dispone que cuando resulte necesario, empresas públicas y privadas de sectores estratégi- cos puedan recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas nacionales para proteger infraestructura y prevenir daños en las instalaciones de las empresas, desalojando a posibles opositores de los proyectos.

En el año 2007, como resultado de un referendo nacional, pro- puesto por el actual presidente de la República del Ecuador (Econ. Rafael Correa) se formó la Asamblea Nacional, espacio que de inicio permitió que algunos movimientos sociales expusieran sus preocupa- ciones principales y posibles alternativas. En ese contexto fue en que el ‘Mandato Minero’ surgió un año después, con un objetivo claro: el actuar frente a las características históricas que han dotado de privile- gios indiscriminados al sector minero.

Durante el período del gobierno actual, varias empresas mine- ras tuvieron que paralizar sus operaciones, dado que continuaron sus- pendidas por la expedición del Mandato Constituyente No 6, (Mandato Minero), situación que también se replicó en el caso de la empresa de interés de este análisis. A ECSA[2] por su parte se le “ordenó la devolución de concesiones al Estado ecuatoriano, entre otras causales, por encon- trarse dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; por afectar a bosques protectores y fuentes de agua ̈ (Hurtado, 2012: 24) y por pro- mover una desmedida concentración de la tierra.

Por último, se señala que los ejes centrales del Mandato Minero que fueron propuestos eran: a). el cese de concesiones que no cumplan con las obligaciones establecidas en la ley en materia de inversiones y pago de patentes (Arts. 1 y 2); b). la no afectación de nacimientos y fuentes de agua (Art. 3); c). la restricción de la minería en áreas prote- gidas y en zonas de amortiguamiento (Art. 3); d). la prohibición de los monopolios y sus prácticas (Art. 4); y e) la anulación de las concesiones a los ex funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Art. 5) (Sacher, Acosta, 2012: 18).

La historia minera a gran escala en el Ecuador se remonta a la década de los noventa, cuando se expidió la Ley de Minería (1991) y se implementó el Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) (1995). Como fue señalado ante- riormente, estos procesos fueron auspiciados por el Banco Mundial con el objetivo de atraer inversión privada en el Ecuador.

Debido a los altos precios que los minerales metálicos registran en el mercado, con el actual gobierno, se ha tomado la decisión de ini- ciar la fase de explotación de minería a gran escala con el objetivo de generar “desarrollo” para el Ecuador a través de la generación de re- cursos para el Estado.

Así, desde que entró en vigencia la Constitución del Ecuador de 2008, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Minería y varias otras leyes que viabilizan la explotación de minerales metálicos a gran escala, la función ejecutiva expidió varios reglamentos mineros, y se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011 – 2015 donde se identifican las zonas con mayor potencial y los cinco primeros proyectos estratégicos de minería a gran escala a ejecutarse en el país.

Estudio de caso: Proyecto Mirador
Gran parte de la información recogida en este acápite pertenece al In- forme elaborado por CEDHU[3] y FIDH[4], al ser éste el primer análisis publicado en el Ecuador que trata sobre derechos humanos y minería a gran escala.

ECSA, junto con Explorcobres S.A., Puertocobre S.A. e Hi- drocruz S.A. fueron constituidas en Ecuador como subsidiarias de la transnacional canadiense Corriente Resources Inc. que, en el 2010, fue adquirida por un consorcio chino conformado por las empresas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Cía. Ltda. y China Railway Construction Corporation Limited.

Corriente Resources Inc., es una empresa transnacional de explo- ración minera, que mediante sus subsidiarias opera en las provincias de la Amazonía ecuatoriana: Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a partir del año 2000. Hasta el 7 de febrero de 2012, poseía 11 concesiones mineras para el Proyecto Mirador en el Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, que sumaban aproximadamente 9.925 hectáreas, y en las cuales se prevé explotar los depósitos Mirador y Mirador Norte[5].

Uno de los proyectos emblemáticos de Corriente Resources Inc., es “El Mirador”, el mismo que se constituye en el primer proyecto que da inicio a la explotación de minería metálica a gran escala en el país.

En el año 2006, las comunidades indígenas y campesinas direc- tamente afectadas por proyectos mineros posicionaron en la escena política nacional los impactos que provocan su ejecución. Uno de ellos fue el Proyecto Mirador que a esa época se encontraba en etapa de exploración. Acerca del proceso de extracción se menciona que este proyecto “implica realizar minería a cielo abierto y prevé la extracción de un promedio de 54.000 toneladas diarias de roca, de las cuales sólo 572 toneladas serán transformadas en concentrado de cobre. La ma- yor parte del material constituye un desecho que será acumulado en diferentes depósitos alrededor del sitio de la mina, creando montañas artificiales, en que su mayoría contienen materiales tóxicos que conta- minan el ambiente”[6]

Con este proyecto emblemático se abre paso a una nueva era en la historia económica y ecológica del país, suscitándose un panorama en donde se intenta dejar de lado la dependencia del petróleo, para entrar en nuevos procesos tendientes a atraer y asegurar la inversión extranjera privada, conforme las nuevas “necesidades” delineadas mundialmente. La lucha por los recursos estratégicos se torna cada vez más evidente.

Ahora bien, acerca de la respuesta social que ha ocasionado la declaratoria del Ecuador como país minero con el proyecto ‘Mirador’ se señalan en algunos espacios de comunicación y prensa alternativos al gobierno, que pese a que ECSA ha sido acusada de “haber reprimido violentamente a la población, a bala y de violaciones a mujeres jóvenes, como parte de su campaña de terror con fines intimidatorios”[7], ECSA fue escogida como la primera empresa transnacional, para firmar con el gobierno de Correa, entre numerosas otras que vienen negociando para beneficiarse de la explotación minera en Ecuador.

Frente a todo ello, los actores sociales más directamente afecta- dos (habitantes de El Pangui) han demostrado su oposición abierta a esta iniciativa tildada de desarrollista. En la región se han conformado asociaciones de mujeres y coordinadoras que reivindican la naturaleza de lucha de clases que encarnan conflictos como el aludido.

Las primeras voces de denuncia que se fueron formando, con- fluyeron para dar lugar en octubre 2006 a la creación del Comité Interprovincial en defensa de la Vida de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, integrado por alcaldes, juntas parroquiales y organizacio- nes de la nacionalidad indígena Shuar. Comité que contó con el apoyo externo de ONG. Posteriormente empezaron a tener lugar en este es- cenario político-social, nuevas organizaciones más localizadas como el Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida de El Pangui. Así mismo el Frente de mujeres “Defensoras de la Pachamama”, creada en el año de 2008 y que trabaja de manera conjunta con la Coor- dinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS).

El proceso de resistencia social frente a la iniciativa minera ‘El Mirador’ ha logrado desplegar fuerzas y objetivos desde distintos fren- tes y el proceso ha atravesado distintas etapas. Primeramente, fue ne- cesario crear una concientización colectiva e iniciar núcleos básicos de formación política que contemplara las implicaciones ecológicas y sociales de la minería a gran escala en zonas del país, donde por más de tres décadas de explotación petrolera, no se han visibilizado cam- bios económicos (como se pregonaba desde la inauguración del ‘boom petrolero’ en el año de 1972) y que por el contrario ha sido víctima de la sobre-explotación del entorno natural y desestructuración social.

Como segunda fase se ha evidenciado que los frentes menciona- dos se han esforzado por socializar y desenmascarar hechos que hablan de la constante criminalización de la protesta a la que se han visto expuestos gran parte de los voceros y figuras públicas de la oposición a este proyecto minero. Y por último, el proceso de resistencia ha con- templado la generación de acciones puntuales para demostrar masiva- mente los argumentos que los llevan a resistir, acciones entre las que se menciona la marcha realizada en el mes de marzo del presente año, que convocó a más de 15000 personas aproximadamente durante dos semanas de concentración a la que se fueron uniendo diversidad de co- munidades y organizaciones de la Amazonía y Sierra ecuatoriana y que implicó la alianza de varios frentes abanderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Sobre este hecho solamente se señala que entre las declaraciones surgidas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa advirtió a la marcha indígena que “si ellos son quinientos, estaremos cincuenta mil diciendo que la revolución ciudadana no dará un paso atrás”[8].

No obstante en esta fase de toma de decisiones y concreción de acciones colectivas puntuales se han presentado argumentaciones válidas, parece ser que el punto débil continúa siendo la articulación de propuestas que tengan reconocimiento masivo y que logren comu- nicar el sentir colectivo. Así mismo, la independencia y autogestión de las organizaciones ha estado muchas veces puesta en entredicho, elemento que desde mi perspectiva, puede incidir para que la resis- tencia social frente a este proyecto desarrollista en particular (y en extensión, frente al reconocimiento reciente del Ecuador como país minero) continúe presentando falencias y demostrando rupturas y fragmentaciones internas.

¿Sumak Kawsay en el neoextractivismo?

Leff establece que la ecología política supone una epistemología y un nuevo territorio de pensamiento critico y acción política, que interroga la condición del ser y proyecta su mirada también sobre las relaciones de poder que se despliegan entre los seres humanos en un contexto particular de globalización.

Así mismo para Alimonda, la ecología política llega a ser el estu- dio de articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prác- ticas y representaciones; a lo que Leff complementa, añadiendo que frente a ello, los valores culturales son intraducibles en términos eco- nómicos, por lo que resultó necesario que la ecología se fuera haciendo política y la política, por su parte, ecologizando.

Todo ello nos lleva al análisis de la ecología política en América Latina, donde se ha evidenciado conforme varios casos que la naturale- za latinoamericana es un espacio subalterno explotado según márgenes de acumulación, resultando que los seres humanos al igual que su me- dio han sido paulatinamente, subalterizados por la dominación; en este punto se considera importante un análisis extenso que verse en torno a la biopolítica de discursos que se generan y re-generan constantemente en los países de América Latina, analizándolos cada uno en su contexto económico, político y cultural específico. Lo interesante justamente es lograr caracterizar las realidades latinoamericanas dentro de su con- dición híbrida.

El ecologismo no es un movimiento social mono- temático y con- tinúa siendo ecológico en cuanto sus objetivos son definidos en térmi- nos de las necesidades para la vida: energía, agua, espacio y tratan de separar a los recursos naturales de la esfera económica y de la neta valoración crematística. El ecologismo indígena, da cuenta de aquella ‘economía de rapiña’ que no considera las externalidades negativas al momento de importación en cuanto a los precios puestos desde los paí- ses pobres a los desarrollados.

Todas las sociedades “afectan y son afectadas por las dinámicas, ciclos y pulsos de la naturaleza” (Toledo, 2008: 3), que reproducen sus condiciones materiales de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza y da cuenta de toda la cadena de procesos por medio de los cuales los seres humanos capturan la energía y materia provenien- te de su medio por cinco procesos básicos: apropiación, circulación, transformación, consumo y excretación; todo ello mientras se procede a naturalizar a la sociedad y a socializar a la naturaleza mediante una determinación recíproca. “La historia de la humanidad no es entonces más que la historia de la expansión del sociometabolismo mas allá de la suma de los biometabolismos de todos sus miembros” (Toledo, 2008:4).

Resulta práctico proponer a modo de símbolo de visualización de dicho entramado a una cadena, dado que las dinámicas –en este caso, relacionadas con el sistema de bioprospección mundial- se suscitan a modo de causa / efecto y de una manera absolutamente consciente y programada. Tal enlace se dibuja entonces con las vinculaciones in- trínsecas y casi escondidas entre los Estados nacionales centrales con los periféricos, estos a su vez con las empresas, con las corporaciones multinacionales, y así sucesivamente. Es un ciclo de eterno retorno, en donde se baten toda la infinidad de intereses y percepciones que se tiene sobre el medio ambiente.

La crisis civilizatoria es la crisis del medio ambiente y por ende es la propia crisis del sistema capitalista, siguiendo a Navarro y Pineda, es la “acumulación por desposesión”, mantenida a lo largo de toda la geografía histórica del capitalismo que materializada en políticas neoliberales está siendo develada de distintas formas y en cada contexto, de manera particular. Ya que, “no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del am- biente natural” (Alier, 2004:21)

El tema clave de la innovación constante para aumentar la acu- mulación de capital es que genera procesos de despojo de recursos, que provoca riesgos o peligros nuevos y que produce impactos negativos en la naturaleza con la propagación de contaminantes cada vez más complejos. La geoeconomía es entendida de diversas maneras pero en general refiere al modo en que los capitales organizan el espacio para incrementar la acumulación. Para lograr un análisis serio y completo sobre las implicaciones de dichas propuestas extractivas al interior de nuestras realidades latinoamericanas, no puede dejarse de lado el he- cho de resaltar la dinámica de las reformas neoliberales y del sistema que las rige en sí. Tal como sostiene Machado, dichas reformas se basa- ron en un aumento de tasas de explotación global en la naturaleza como en el trabajo; y en una geografía económica del capital que redefinió las desigualdades.

Dentro de esta reintegración subordinada de América Latina a la nueva economía mundial donde se perfila como proveedora masiva de recursos estratégicos para los países centrales y hegemónicos, se ha dado paso a la instauración de un boom extractivo de gran escala.

Un ejemplo palpable de lo mencionado se evidencia en la cadena de proyectos desarrollistas de pequeña o gran escala que se van instau- rando en nuestros países y que a fin de cuentas responden al objetivo de la implementación exitosa del IIRSA. Al yuxtaponer mapas geográficos de América Latina donde se señala la localización de estos proyectos –aparentemente aislados-, de áreas de reserva, de los llamados corre- dores bióticos, de plantaciones de monocultivos (agrocombustibles), comunidades indígenas, etc., es dable concluir que el panorama no se halla construido de meras coincidencias.

Conforme ha pasado el tiempo, no se logra constatar reales pro- cesos de ‘negociación’ entre países del Sur con la potencia capitalista, sino, varias muestras de imposición, reveladas en varios tratados de expansión del mercado y redes comerciales y extracción de recursos. Incluso se suma a ello que el actual sistema impone a los países pro- ductores de bienes estratégicos (como el petróleo), el encargo de las llamadas ‘externalidades negativas’, siendo así que la explotación de recursos viene de la mano con la violación de derechos humanos de manera simultánea.

Minería en el contexto del neoextractivismo
Retomando entonces todas las ideas antes señaladas, se considera im- portante reflexionar también sobre las implicaciones del neoextrac- tivismo, debido a que guarda estrecha relación con lo que se suscita hoy en día en el panorama ecuatoriano, en relación al acceso, uso y aprovechamiento que pretende hacerse de los recursos naturales. El aporte de una lectura crítica del neoextractivismo, me parece que bien puede conducirnos a comprender de manera más definida cada una de las situaciones que se viven en el país a partir del reconocimiento del Mandato minero.

Mientras el extractivismo clásico tiende a privatizar y desnacio- nalizar los sectores estratégicos al máximo, el neoextractivismo busca moderar o balancear tal situación. En el mejor de los casos estatiza los sectores clave por completo. Y es precisamente el tema del extrac- tivismo uno de los pilares fundamentales que paulatinamente ha ido auto-desenmascarando los reales intereses de los gobiernos latinoame- ricanos del ‘Socialismo del Siglo XXI’.

El hecho de que el neo extractivismo sea aceptado como motor fundamental del crecimiento económico, es la novena tesis promulgada por Gudynas y la cual nos permite entender el manejo estratégico que los gobernantes ejercen sobre sus gobernados al convertirlos en ‘socios’ de un proyecto que no presenta desde ningún punto de vista, visiones alternativas de desarrollo local, y que al oponerse a esta agenda son simplemente criminalizados y restringidos a una esfera de apelativos que los califican de infantiles o peligrosos para el progreso nacional; hecho que se ha experimentado en el Ecuador durante los últimos años, principalmente frente al tema de extracción minera a cielo abierto.

Siguiendo las ideas propuestas por Hildyard (2007), la extrac- ción de combustibles fósiles termina originando una notable ola de desplazamiento a causa de los impactos climáticos generados, de lo cual resultan los llamados ‘Refugiados Ambientales’.

Realmente reducidos han sido los avances en los países latinoa- mericanos por reconocer dentro de las agendas gubernamentales, la necesidad imperiosa de hacer frente a una realidad que se desborda y donde miles de personas están involucradas, al tener que desplazarse a otros lugares y dejar su entorno para lograr sobrevivir de los abusos causados por las actividades extractivistas, las mismas que no solamen- te generan impactos a corto plazo, sino de manera permanente. Frente a ello además se ve que existe una obvia invisibilización de los afectados, las estadísticas no logran revelar la compleja situación de dicha des- posesión causada en términos reales y que permitan dar cuenta de un evidente problema vivido en la mayoría de los países del Sur.

Los Gobiernos de Ecuador y Bolivia profundizan cada día la distancia entre el discurso y la praxis, entre la apuesta por el Buen Vivir y la profundización del neoextractivismo. Empero, la propuesta de construcción de un nuevo sistema socio-político-económico sobre los principios de Buen Vivir, que además ha llevado a que gobiernos como el de Rafael Correa se haya convertido en un referente destacado internacionalmente, en la realidad se ve que la sociedad civil que apoyó la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” y la construcción de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, se des- ilusionan cada vez más con las contradicciones que se develan entre el discurso y la práctica. Poco a poco llegó a ser innegable la orientación del gobierno ecuatoriano actual hacia un modelo neoextractivista, que sólo contempla unos pocos avances sobre lo que le precedía: el modelo clásico extractivista que, desde hace quinientos años, ha dejado una estela de devastación social y ambiental y una dependencia económica de los países en la exportación de materiales primas[9].

El neoextractivismo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del Estado: incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución (principalmente a través de bonos sociales) de las ganan- cias de la extracción masiva de recursos naturales. No obstante, resulta visible que el poder e influencia de las empresas transnacionales no ha variado considerablemente, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y ambientales.

El Buen Vivir es una propuesta en plena construcción que in- corpora y está abierto a una pluralidad de conceptos donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental. Vale analizar que el Buen Vivir o Sumak Kawsay no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto, el mismo que ha sido degradado y manipulado en los últimos años como con la llamada ‘Economía verde’, que al fin y al cabo llega a ser otra estrategia para enverdecer el extractivismo.

La viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indi- cador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también. Lamentablemente, la sostenibilidad en el largo plazo de cada una de estas alternativas está amenazada por la invasión continua del modelo capitalista y sus intentos de maquillarse bajo supuestos de cambio en referencia al pasado como sucede con el neoextractivismo.

Colocando en una balanza de pros y contras, considero que pese a que si bien es cierto en el Ecuador con la nueva normativa vigente, amparada en la Constitución, se prevé una mayor nacionalización y control de los recursos estratégicos y acceso a porcentajes más elevados de regalías que serán utilizadas en gasto público (más aún si se acerca el período de elecciones); el precio que ello implica es demasiado grande para las poblaciones enteras que tendrán que convivir con los efectos diarios de la minería.

Criminalización y resistencia colectiva
La relación que guarda el análisis sociológico del miedo con el tema de control estratégico de recursos naturales (contemplado por la ecología política), es que, desde ambos enfoques se logra visibilizar el cruce de agendas político-administrativas con las diplomáticas-militares de los imperios hegemónicos, que poseen un control ‘indirecto’ sobre las materias primas de países ‘subdesarrollados’, de los cuales importan principalmente, alimentos e infinidad de metales. Es este sentido como “las políticas de libre mercado en el marco de la globalización neoli- beral han aumentado las desigualdades del ingreso y oportunidades e incrementado la cantidad de personas que no tienen acceso a necesida- des básicas…” (Gutiérrez, s/f: 131).

Es conocido que la permanente tensión entre la propiedad pri- vada o colectiva del suelo con la propiedad estatal de los recursos del subsuelo ha provocado procesos de resistencia, e incluso enfrentamien- tos violentos con agentes del Estado u otros actores privados. Tal es el caso del enfrentamiento de un sector organizado del cantón El Pangui con miembros de las Fuerzas Armadas apoyados por ECSA cuando, a finales del año 2006, intentaron llegar hasta su campamento para exigir la suspensión de sus actividades.

En ese contexto de resistencia antiminera y a pesar de que varias organizaciones sociales han denunciado los convenios ocultos entre empresas extractivas y la fuerza pública para su protección, el actual gobierno nacional ha previsto un mecanismo legal pero extraordinario de control armado de las tierras donde se explotarían recursos natura- les no renovables para, entre otros motivos, enfrentar los procesos de resistencia local.

Así:

La Ley de Seguridad Pública y del Estado faculta al Presidente de la República la creación de zonas de seguridad alrededor de las áreas donde se desarrollan los sectores estratégicos, inclui- dos los proyectos de minería a gran escala. Dichas zonas, en virtud de su importancia estratégica, constituyen un espacio geográfico bajo control de la función ejecutiva donde se excluye la aplicación del ordenamiento jurídico ordinario e implica su militarización y control de los bienes, servicios y actividades que en ellas se desarrollen como mecanismo para enfrentar amenazas (Hurtado, 2012: 34).

Lo que se logra deducir de toda esta realidad es que intrínsecamente se está revistiendo de legalidad la protección de las Fuerzas Armadas a los proyectos extractivos y su infraestructura, y adicionalmente, el Código Penal vigente criminaliza el ingreso injustificado a zonas de seguridad.

Actualmente varias son los colectivos, organizaciones locales y coordinadoras populares que han ido consolidando un trabajo com- partido, unificando en la región sur del país, propuestas, reclamos y malestares originados y desarrollados por los problemas sociales y am- bientales que llegaron con la empresa extractiva y con la incertidumbre por todo aquello que potencialmente podría desatarse en sus tierras.

Frente a la relación que guardan los seres humanos con la natu- raleza, esta multiplicidad de percepciones es importante para entender el cómo y el por qué de la presencia y distribución mundial de conflictos ecológicos (los mismos que aparecen en cualquiera de las etapas que forman parte del análisis del ciclo de vida: extracción, transporte, tratamiento de residuos). Reconocer entonces, los límites de la ciencia, sin dejar de asegurar que el ecologismo no es anti científico, pero que al mismo tiempo implica una articulación de los distintos conocimientos.

Otro factor que me pareció de gran valor para el presente análisis tiene que ver con la afirmación de Martínez Alier, sobre que “la identi- dad étnica o social es uno de los lenguajes con que se representan los conflictos ecológico-distributivos” (Alier, 2004: 26), pero que paralela- mente, reconoce que los pobres protegen más el tema de la superviven- cia (oikonomia) antes que problemáticas de territorio e identidad per se. Ello sin duda se vincula con la aceptación de que las luchas populares tienen un sentido ecológico implícito, ya que las luchas anti-capitalistas son ecologistas aún sin saberlo.

En palabras de Martínez Alier se menciona que el ecologismo de los pobres es la: “ideología y la práctica de las luchas populares para la preservación de los recursos naturales en la esfera de la economía mundial, y es también una defensa que podemos apreciar en términos científicos, de una economía que valora la biodiversidad y usa razona- blemente los flujos de energía y materiales” (Martínez, Alier: 6).

Basándonos en distintas experiencias encarnadas a lo largo y ancho del ̈Tercer Mundo ̈, se observa que pese a que los movimientos de resistencia y oposición sean consolidados, el poder (el Estado en alianza con capital privado extranjero) se vale de la herramienta del temor y el miedo para propulsar nuevos proyectos que signifiquen mayores renta- bilidades para cada vez más reducidos grupos. Las agendas de control geopolítico están ya dibujadas, por ello lo que sigue quedando es la reivindicación popular, que por sobre todo, continua de fondo siendo una lucha por la propia vida.

Conclusiones
Después de haber realizado el análisis unificado entre varios de los lineamientos que comprenden a la Ecología Política con el estudio de caso, se considera que resulta importante concluir que:

a). La historia minera del Ecuador da cuenta de el abuso de poder estatal, que ha logrado modificar al antojo de las necesidades privadas extranjeras y nacionales, las leyes y decretos para que se tornen ajustables.

b). Igual ‘elasticidad’ se evidencia respecto al tema del Mandato Minero, que de inicio otorgó otras expectativas, pero que al fin y al cabo resultó ser inaplicable; desenvolviéndose todo lo contrario a lo estipulado. Ya que hoy en día, las puertas del país están muy abiertas para inversiones extranjeras que deseen adquirir y administrar concesiones en el país.

d). Pese a que se ha estatizado parcialmente el acceso y usufruc- to provenientes de la explotación a recursos naturales estratégicos, se observa que la variable dominante sigue siendo la acumulación para sectores restringidos y limitados de la sociedad. La distribución de la ri- queza continúa en ese sentido quedando a la espera de nuevos procesos.

e). Como fue reiterado en el análisis (tercer capítulo), vale la pena mencionar que pese a que la ‘antigua se oponga a la consecución de proyectos de minería a cielo abierto a causa de ideologías retrógradas que se oponen al ‘desarrollo nacional’ y que vive victimizándose por el orden que ocupamos respecto a hegemonías mundiales izquierda’ (como lo establece el Presidente de la República del Ecuador); me pa- rece que sigue siendo pertinente llamar a las cosas por su nombre e identificar a nuevas propuestas –como las del ‘Siglo XXI’, del neoextrac- tivismo- como argumentaciones posmodernas que en efecto continúan legitimando la desigualdad social a nivel mundial.

La geopolítica en ese sentido no puede quedar apartada de este análisis de gran trascendencia. Por esa misma razón es que no es ac- cidental el hecho que las leyes y planes de desarrollo nacionales estén empatados con las agendas de seguridad.

f). Dando continuidad a ello se puede concluir también que de la mano de la intervención minera a gran escala en el Ecuador, se da una real e intensa vulneración de derechos humanos, como son: el del acceso a información, de la consulta previa, el derecho al reclamo. Y por el contrario, lo que se desata en el panorama actual es la incesante criminalización a gestores y líderes políticos locales que se oponen a los proyectos extractivos.

g). Por otro lado, pese a que considere que en inicio –contradi- ciendo lo que reconoce Acosta (2010)- las Constituciones nacionales no llegan a representar un cúmulo integral de procesos sociales comunes, y que tampoco crea que en el actual régimen del Ecuador se esté respe- tando lo estipulado en la ley magna elaborada después del referéndum del 2008 en la práctica, al menos en lo referente a la defensa y respeto a la naturaleza como sujeto de derechos; pienso que es importante re- conocer que los lineamientos del Buen Vivir como tales son propuestas viables que en efecto tensionan al concepto de derecho antropocéntrico y eurocéntrico.

h). Como bien lo definió el ex Presidente de la Asamblea ecuatoriana, no se trata de distribuir la pobreza (como lo insinúan varios neoliberales), sino de insistir en un decrecimiento en las regiones más opulentas bajo el argumento de las equidades, dado que “aunque no lo sepamos con certeza, es verosímil que haya re- cursos suficientes, si se administran bien, para que una población del tamaño de la actual pueda vivir con dignidad” (Sempere: 35). Lo importante es que siempre sigue existiendo la opción de la re- sistencia y la lucha colectiva.

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1. Andrea Ponce García, Ecuatoriana, Antropóloga Sociocultural por la Pontificia Uni- versidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito. Actualmente se encuentra realizando una maestría en el Programa de Antropología Social, por la Universidade Estadual de Campi- nas (UNICAMP), Brasil. Las temáticas de estudio en las cuales se ha especializado son: ecología política, memoria social, movilidad humana y geopolítica..↵

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3. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador↵

4. Federación Internacional de Derechos Humanos↵

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7. Larrea, Marcelo. ECSA o los rostros coloniales de la minería correísta. 04-04-2012 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147520↵

8. http://www.voanoticias.com/content/presidente-correa-ecuador-marcha-indige- na-143298846/109097.html. Voz de América. “Correa y la marcha indígena”↵

9. http://otramerica.com/temas/buen-vivir-versus-neoextractivismo-las-contradicciones- ecuador-bolivia/2561. Revista virtual ‘Otra América’. “Buen Vivir versus Neoextractiv- ismo, las contradicciones de Ecuador y Bolivia”↵

Resistencia en el Valle Calchaquí. Conflictos ecológicos y distributivos en torno al proyecto megaminero Agua Rica

Ana Laura Berardi[1]

La explotación minera metalífera en Argentina, si bien tiene antece- dentes incluso desde la época precolombina, no ha sido influyente en el esquema económico nacional, subyugada ésta por el desarrollo agro- pecuario pampeano. No obstante, se debe destacar que a nivel regional se pueden encontrar a lo largo de la historia algunos proyectos que han traccionado el desarrollo local.

Sin embargo, las transformaciones en el mercado internacional, de la mano de la necesidad de abastecimiento por parte de las potencias mundiales de minerales a bajo costo, el agotamiento de yacimientos de explotación bajo el sistema tradicional de galería y la implementación de la extracción a cielo abierto han generado importantes cambios en el sector. En la actualidad, en el territorio argentino, su frontera occidental es la que emerge a la palestra cuando de inversiones extranjeras se trata. De un país que otrora fuera distinguido como “el granero del mundo” hoy ha pasado a ser “la niña mimada de la minería”, epíteto con el que se la ha catalogado en foros mineros internacionales (Berardi, 2010: 81-82).

Con las reformas legislativas que convirtieron al país en un mer- cado atractivo, a mediados de los 90, se da inicio a esta nueva etapa en la minería. El puntapié se produjo con la puesta en producción de Yacimiento Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca.

[2]La escasa experiencia de los impactos ambientales que este tipo de actividad puede ocasionar, se conjugó con la crisis socioeconómica estructural que atravesaba y atraviesa esta provincia, por lo que en un principio la receptividad social, mediada por la propaganda oficial y de la empresa propició una gran respuesta por parte de la población local. Pero prontamente los inconvenientes de un modelo extractivo que comenzaba a expandirse emergieron y las manifestaciones de rechazo a este tipo de actividad comenzaron a hacerse oír.

Los conflictos en torno a la puesta en funcionamiento del proyec- to Agua Rica, no sólo deben entenderse en el marco de una resistencia generalizada a este tipo de actividad, que ha ido creciendo no solamente a lo largo de toda la cordillera, sino también de organizaciones y asam- bleas en varios puntos del país; sino que tiene como agravante encon- trarse a pocos kilómetros de aquel primer proyecto insignia en el país: Minera Alumbrera. Con casi 15 años de explotación, la degradación ambiental, el deterioro social y económico, sumado a un progreso que nunca llegó y a un poder político que a pesar de todo esto sigue impul- sando la actividad, han llevado a conflictividad a niveles inimaginables para el inconsciente colectivo regional, incluso convirtiendo a la ciudad de Andalgalá en uno de los principales emblemas de la resistencia an- timinera en el país.

De esta manera se intentará desentrañar, de manera resumida, el complejo entramado que ha adquirido el conflicto ecológico distribu- tivo vinculado a la explotación minera, que toma como disparador un proyecto resistido en una región que ya conoce los impactos de la mega minería, incentivado por el poder político local y nacional, pero enten- diendo esto en un contexto en donde el capitalismo, desde la década el 70 ha enfocado en el control y extracción de bienes primarios en una de sus fuentes de reactivación de las perimidas tasas de acumulación heredadas del modelo fordista.

La minería: una política de estado
Desde la reforma de las leyes mineras, a mediados de los ́90, Argentina ha tenido gobiernos nacionales de diversos extractos partidarios, que incluso discursivamente intentaron diferenciarse unos de otros. No obstante ello, la ponderación de esta actividad, entre otras, ha sido una constante. Muestra de ello es que las legislaciones inherentes al sector, especialmente la Ley 24.196/93 de Inversiones Mineras no se han modificado en su esencia, incluso cuando vastos sectores de la sociedad y una minoría del poder político han cuestionado dicha ley, por cuanto establece garantías y beneficios impositivos, además de controles extre- madamente laxos para las empresas.

Resulta evidente que tanto al momento de sancionarse las men- cionadas leyes, así como también en los sucesivos gobiernos no consi- deraron que los beneficios son sumamente favorables para el capital transnacional mientras que para las arcas nacionales y provinciales los márgenes de ganancias son ínfimos. En este sentido, las palabras del entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner – en el marco de la presentación del Plan Minero Nacional en el año 2004 – muestran claramente cuál es la línea que se ha seguido en torno al desarrollo de la minería:

(…) el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ‘90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina y hasta la profundización del proceso de recesión, de depresión en la Argentina, el sector minero fue mostrando en sus distin- tos aspectos un crecimiento casi permanente. Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina (…). (Secretaría de Minería de la Nación)

Si duda alguna, no existen objeciones en cuanto al accionar de las em- presas, sino que por el contrario, desde el Estado Nacional se reafirma el compromiso de consolidar la actividad bajo las condiciones que han sido impuestas a finales de la segunda centuria.

Si bien no es objeto de este trabajo efectuar un análisis exhausti- vo de la historia minera en el país, es importante establecer brevemente algunas consideraciones al respecto, que permitan entender por qué, una legislación que es cuestionada por vastos sectores sociales, ya sea por los impactos socioeconómicos y ambientales que produce sea rea- firmada e incluso se haya transformado en política estatal.

La economía mundial se encuentra transitando una etapa tur- bulenta en términos del proceso de acumulación. En este sentido, los estados más poderosos, de la mano de sus empresas transnaciona- les han encontrado en los recursos naturales de los países periféri- cos, un nicho para reactivar sus perimidas tasas de rentabilidad, así como también el control de dichos bienes naturales se han converti- do en estratégicos en la lucha interimperialista. Para cumplimentar su objetivo, tienen como intermediarios a los organismos multila- terales de crédito, quiénes han girado empréstitos para posibilitar la reestructuración de los sectores inherentes a la extracción y /o producción de bienes primarios2.

En el caso específico de los metales, además de las razones ya planteadas, también se presenta una situación particular, ya que el agotamiento de los yacimientos de alta ley, generó que las empresas vinculadas al sector, bajo la utilización de nuevas tecnolo- gías (extracción a cielo abierto con lixiviación química o flotación), volcaran sus inversiones hacia países que anteriormente no habían sido considerados rentables y ese es el caso de Argentina. Pero para que ello fuera factible, se debía garantizar un marco jurídico acorde a los intereses del capital transnacional. Así lo manifiesta Julián Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera: “La minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo” (Svampa y Antonelli, 2009:33)

Pero no solamente las “condiciones” van a ser solicitadas desde el capital externo, sino que por su parte, las burguesías locales, en una muestra más de su debilitada capacidad de generar proyectos compe- titivos fuera del amparo del Estado también convalidan esta idea. Así lo plantea la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM): “La seguridad jurídica es condición insustituible para el desarrollo de la mi- nería, fundamentalmente debido a que se trata de inversiones de riesgo a largo plazo. El desarrollo del actual marco normativo ha resultado fundamental para dar impulso a la actividad (…)”

Esta condición no es excluyente para el caso argentino, sino que for- ma parte de las características de modelo extractivista que el capitalismo ha profundizado durante las últimas décadas, y tiene su manifestación a lo largo de toda América Latina y del mundo periférico en general.

La ofensiva de las políticas imperialistas, durante los 90 deno- minadas, de forma extendida, como neoliberalismo, han suscitado una resistencia social que desembocó en crisis sociopolíticas en los países de la región a finales de la centuria. La respuesta a esas crisis, en al- gunos países fue el aparente cambio de modelo y la emergencia del progresismo como respuesta.

Sin embargo, a pesar de la aparente oposición con el modelo de los 90, el extractivismo goza de buena salud y continúa siendo el pilar de la estrategia de desarrollo de los gobiernos latinoamericanos (Gudynas, 2009:8). La necesidad de obtener divisas se plantea como estrategia fundamental para sostener los planes sociales, que contengan la crisis social, legitimen los procesos políticos y desactiven las resistencias de conflictos ambientales derivados de estas actividades y fundamental- mente permitan sostener los pagos del endeudamiento externo. Esto se ve acompañado del incremento de los precios de los commodities en el mercado internacional que posibilita esa recaudación fiscal y por so- bre todo garantizan que las corporaciones transnacionales y los países hegemónicos continúen acrecentando los niveles de acumulación que generan que este modelo imperante goce de muy buena salud.

Como lo destaca Martínez Alier:

(…) para los presidentes latinoamericanos, sean neoliberales como Álvaro Uribe o Alan García o social-demócratas como lo ha sido exitosamente Lula, o de la izquierda nacionalista como Hugo Chávez o Cristina Fernández, el ecologismo popular es algo molestoso cuando no un enemigo. “Ecologismo infan- til” lo llama Rafael Correa (aunque apoya la iniciativa Yasuní ITT y la Constitución de Ecuador del 2008 es ambientalista). Negarse a la extracción de las riquezas, vivir como mendigos sobre montañas de planta, parece absurdo a los partidarios de un desarrollismo que, devolviendo la crítica, llamamos anti- cuado y “senil” ( Martínez Alier 2010: 1-2)

En este sentido, la construcción de una imagen de un aparente nuevo rumbo encubre la perpetuidad de un modelo que no se ha modificado en lo esencial. Incluso con una relativa mayor intervención estatal en las actividades extractivas, bajo el argumento de una política nacional de recuperación de bienes estratégicos. La noción de desarrollo esgrimida es esencialmente mercantilista (Delgado, 2011:6).

Por otra parte, sería ilógico suponer que tanto las empresas trans- nacionales como los empresarios nacionales, no soliciten o aprovechen garantías en lo que respecta a las inversiones ya que forma parte de su naturaleza. Lo que si resulta interesante observar es cuáles han sido los argumentos que esgrime el Estado, tanto nacional como los provincia- les para continuar con dicho respaldo, aún cuando supuestamente se ha cambiado el rumbo político.

El discurso estatal se ha sustentado en el éxito que ha teni- do la actividad durante los últimos años, haciendo hincapié al in- cremento de las inversiones, que crecieron un 1014% entre 2003 y 2008, ascendiendo en este último año a 7.350 millones de pesos, a su vez se destaca la confiabilidad de la política económica nacional por cuando se han incrementado un 302% las exploraciones. Estas inversiones están distribuidas en los 403 proyectos (en diferente instancias productivas) que estaban funcionando para el año 2008 en el país, lo que significó un incremento de 907% respecto del año 2003. (Secretaría de Minería de la Nación, 2009). Este balance que se efectúa desde la Secretaría de Minería, sobre la gestión de gobier- no, respecto de la política minera, de Néstor Kirchner y la actual de Cristina Fernández, toman como estandarte del éxito estos números que si bien son una realidad y que parecerían sumamente beneficio- sos, especialmente si se suma los datos sobre generación de empleos (256 mil puestos de trabajo en 2008) o la evolución salarial, pero no tienen en cuenta ciertas consideraciones que son centrales a la hora de analizar la problemática minera en su conjunto.

Si bien el mayor arribo de las inversiones mineras es una rea- lidad, lo que se debe cuestionar es cuánto queda al país en términos de regalías, es decir menos de un 3% luego de deducidos costos de producción e impuestos, y la ganancia que obtienen en función del incremento del valor de los metales en el mercado internacional – especialmente cobre y oro – que supera sobradamente las inversiones efectuadas. De la misma forma se pondera la creación de puestos de trabajos, que incentivan el fortalecimiento de las economías histó- ricamente desplazadas. Ahora bien, los puestos laborales son tem- porarios, en la etapa de construcción y luego nuevamente quedan en condición de desempleados.

Tampoco se ha tenido en cuenta los pasivos ambientales que esta actividad genera, como así tampoco el consumo de millones de litros de agua diarios y la energía que utilizan. Por el contrario se habla de una minería con responsabilidad, que tenga estrictos controles procurando la sostenibilidad ambiental y social (Secretaría de Minería, 2009: 4)

Resulta evidente que estas condiciones en las que se ha enmar- cado la política minera parecen satisfacer ampliamente al gobierno nacional, ya que durante el mes de junio de 2010, en el marco de la reunión del G20 efectuada en Canadá, la presidenta Cristina Fernán- dez, acompañada de los gobernadores de las principales provincias mineras, se reunió con los empresarios del sector, asegurando que las reglas de juego establecidas durante los 90 no serán modificadas. Incluso, en el momento de mayor algidez de la resistencia popular a la megaminería, durante los bloqueos selectivos a insumos mineros, a lo largo de todo el noroeste argentino durante los meses de enero y febrero de 2012, la respuesta, además de la criminalización, fue la creación de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), que está constituida por todos los gobernadores de las provincias mineras, en una clara muestra de reafirmación de la Minería como Política de Estado[3].

Hasta el momento se ha analizado sucintamente el papel que ha tenido el gobierno nacional. Pero también resulta importante desta- car el rol de los gobiernos provinciales, ya que en última instancia son quiénes van a aceptar o no el desarrollo y la forma que va a adoptar la actividad. Esta “provincialización de los recursos” (Svampa y Antonelli, 2009:33) que fue posible con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, ha generado un proceso de descentralización de las decisio- nes, que resulta sumamente estratégico en función de la resistencia so- cial. En este sentido, son las provincias quienes aprueban los informes de impacto ambiental, quienes establecen los controles de la produc- ción. Pero lo más importante, son quienes administran los fondos pro- venientes de las regalías. Ese ingreso del dinero les ha permitido tanto a los gobiernos provinciales como municipales utilizar esos fondos para generar mecanismos de cooptación, a través de la implementación de planes sociales, y cuando eso no es suficiente aparece la coerción como instrumento para contrarrestar la resistencia popular.

Esta relación que se establece entre las empresas y el poder po- lítico, por un lado posibilita la legitimación de una actividad que no es vista con buenos ojos por un sector importante de la sociedad, en tanto el Estado deja de cumplir funciones que son su responsabilidad, como es el caso del sostenimiento de los servicios de salud, de educación o el desarrollo cultural y deportivo. Este papel que debería asumir el Estado es reemplazado por las empresas para tratar de construir una imagen de benefactor con la cual obtener la licencia social que toda actividad de tal magnitud necesita.

En contrapartida, las empresas mineras se convierten en el sos- tén económico de las campañas de los sectores afines a ellas. Pero este compromiso mutuo debe revalidarse constantemente, para que esta relación de reciprocidad se sostenga en el tiempo. Ello incluye ausencia o deficiencia en los controles de la producción, represión y criminali- zación de quiénes se oponen, en definitiva legislar y actuar en función de los intereses del capital transnacional y de los grupos económicos locales asociados a éste.

Agua rica: en el foco de conflicto:
Si bien el proyecto para explotar Agua Rica tiene ya varios años de vi- gencia algunos acontecimientos hicieron que la posibilitad efectiva de consumar la explotación sea reciente. Por un lado, la crisis económica internacional y la consecuente baja en el precio de los metales, generó que pospusiera sus planes de explotación e incluso se transfiriera el do- minio del permiso de explotación, que en un principio estuvo acordado con la empresa BHP Billinton, adquirido luego por Northern Orion (Yamana Gold) y desde el año 2011, fue adquirida por la UTE Minera Alumbrera[4], que actualmente explota el yacimiento del mismo nombre. (Rescan, 2007:8).

El yacimiento se encuentra ubicado a 25 km. de la ciudad de An- dalgalá, en el área Suroeste de las montañas de la Sierra de Aconquija, en la provincia de Catamarca.

El área de influencia de la explotación excede al sitio en sí, ya que el mismo se divide en cuatro componentes: área de mina y la planta de procesamiento (Catamarca), corredor de servicios (Catamarca y Tucu- mán), planta de filtros (Tucumán) e instalación portuaria (Santa Fe).

En cada una de estas zonas que componen una las diversas partes del proceso productivo total se van a observar impactos e incluso, las condi- ciones de resistencia también revisten las particularidades propias de cada formación social.

El Proyecto Agua Rica, se encuentra situado a aproximadamen- te una altura de 3.400 msnm, a 25 Km en línea recta del centro de la ciudad[5] y emplazado sobre la cuenca del Río Andalgalá, del cual se abastece de agua a todo el departamento.

Se trata de un yacimiento que tiene planificado extraer oro y cobre, con una producción diaria de 90 mil toneladas, durante los 24 años que se estima de vida útil. Además se removerán 225 millones de toneladas de roca estéril diariamente, utilizando 250 litros por segundo de agua. (Rescan, 2007: 13). Con esas características se estima que es práctica- mente tres veces más grande que Minera Alumbrera.

Previamente se explicitaron algunos problemas por los cuales este proyecto se encuentra retrasado. Pero otro inconveniente y que adquiere vital importancia, está vinculado específicamente con la fac- tibilidad en cuanto a la operación.

Para comprender la importancia de este punto es necesario efec- tuar algunas consideraciones.

Se puede plantear que la resistencia social está sustentada en cuestiones ideológicas, de desinformación, infundadas o incluso por intereses mezquinos de “extraños” hacia el desarrollo de los pueblos del interior, pero lo grave es que las objeciones en este caso han venido de los propios técnicos[6] contratados por el gobierno para analizar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) proporcionado por la empresa.

Entre las primeras consideraciones que los expertos observan, sobre las generalidades del informe que se ha analizado, establecen que hay temas que no son tratados con la profundidad acorde a un proyecto de tamaña envergadura, como así también que hay impactos que no son considerados o se asignan categorías más bajas, sin que dicha asignación sea respaldada correctamente (Unidad de Negocios UNT, 2008: 14).

Como primera instancia, esto marca las imprecisiones con las que estos emprendimientos se aprueban, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones que producen.

Entre las objeciones puntuales se destacan algunas que deben ser tomadas muy en cuenta por las consecuencias que ello podría acarrear:

- Con respecto al área de mina plantean que se encuentra situada en un área inestable debido al relieve escarpado, que sumado a facto- res naturales como tipo de lluvias, sedimentos o posible ocurrencia de sismos, que propenden a la generación de procesos de remoción en masa de forma natural, que se verían incrementados de forma artificial por la localización de la escombrera de Melcho. En este sentido no fueron considerados eventos históricos de este tipo, que generaron serias repercusiones.

- El tipo de lluvias, y la dirección del agua posibilitarán la migración de lixiviados y el avance de la pluma, afectando acuíferos subterrá- neos.

- No hay estudios sobre las escombreras ubicadas en el Campo del Arenal

- No se han definido claramente las condiciones para la etapa de cie- rre en el Campo del Arenal.

- Se plantea un cronograma de monitoreo para la etapa de cierre (10 años), escaso si se tiene en cuenta el periodo prolongado de los pro- cesos y reacciones sinérgicas del dique de colas. Y especifican: “Con un pasivo ambiental que quedará por generaciones” ( Unidad de Ne- gocios UNT, 2008:19)

- En cuanto al análisis del agua, platean la posibilidad de deterioro en la calidad del agua superficial y subterránea. A su vez se hace referencia al excesivo uso que provoca un serio desbalance hídrico que provocará un importante impacto de disponibilidad de agua en el Campo del Arenal, que afectará no sólo al mencionado acuífero, sino también los caudales de los ríos Santa María y Nacimientos y los humedales. Por tratarse de aguas fósiles (las aguas más pro- fundas tienen edades C14 entre 10 mil y 22 mil años, las de menor profundidad alrededor de 60 años) las recargas se tornan inciertas.

- Se minimizan los impactos visuales y de las vibraciones como ele- mentos que puedan afectar a las poblaciones.

Estas son algunas de las muchas objeciones que este informe presenta. A pesar de ello, y bajo la amenaza de la empresa concesionaria de re- tirarse, en marzo de 2009 se aprobó el IIA presentado por la empresa. La prensa especializada así anunciaba este hecho:

Un punto destacable dentro de la Declaración de Impacto Ambiental es que se incluye obligaciones y compromisos que deberá asumir la empresa tanto en la fase técnica como en los aspectos socioeconómicos como culturales, algo que Yamana maneja con claridad, focalizando el trabajo en la región para garantizar el desarrollo sustentable de las comunidades y el medio ambiente, garantizando además un negocio rentable ( de Olivera, 2009: 79).

Queda claro, que tanto para quienes tienen que aprobar este tipo de actividades, como para quienes tienen intereses en el sector – en este caso propulsado a través de la prensa– las serias objeciones que ante- riormente fueron descriptas son detalles menores proclives a ajustes con el transcurso del tiempo.

Una década y media de experiencia les ha permitido a los ciudada- nos de Andalgalá conocer personalmente las consecuencias del arribo de una empresa minera. Esta contundente realidad ha posibilitado que una gran mayoría de la ciudad no quiera que esta historia vuelva a repetirse.

Nuevamente comenzaron a escucharse las promesas de un pro- greso de la mano de la minería. Nuevamente se habla de las 5000 per- sonas que ocuparía Agua Rica y que una vez finalizada su labor allí serían ocupadas por el municipio para realizar obras con el dinero de las regalías[7]. La ciudadanía ya no cree en esas palabras, cuando el ejemplo mostró todo lo contrario, si de los 6 mil que iban a trabajar en Alumbrera, sólo trabajan 80, si las obras que iban a hacer no están y tampoco se sabe a ciencia cierta en que se gastaron los 65 millones de pesos que recibió el municipio, cuando éste se encuentra constante- mente en conflicto con los trabajadores porque no puede hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores que ya se encuentran efectivos.

Pero además, la comunidad hoy se está fracturada socialmente por viejos enfrentamientos entre quiénes nunca creyeron en esos discursos y quiénes apostaron a la ilusión o tienen algún familiar trabajando.

Todos estos hechos, sumados a las inapelables objeciones de los técnicos sobre los riesgos de poner en marcha este proyecto y la posibilidad concreta que la principal fuente de vida: el agua, se vea seriamente comprometida, han conducido a que la movilización so- cial vaya in crescendo. Ante el anuncio del inicio de las obras en el yacimiento, 14 de diciembre de 2009 nace la Asamblea El Algarrobo. Como medida de protesta, esta asamblea se constituyó a la vera del camino comunal que une los distritos de Chaquiago y Potreros para impedir solamente el paso a maquinarias o transporte que lleven insumos hacia el yacimiento. Se debe destacar que la misma está compuesta no sólo por los vecinos que desde siempre lucharon por la defensa del agua, sino que a su vez se fueron sumando aquellas personas que ante la gravedad del hecho, se aprestaron a participar más activamente y también por aquellos que encontraron que su ilusión se había hecho añicos por la realidad.

Frente a la contundencia de un reclamo que se hacía cada vez más fuerte, primero comenzó la descalificación como mecanismo para contrarrestar una voz que se hacía oír cada vez más fuerte. Y apa- recieron términos como “hippies”, “drogadictos”, “extranjeros que no quieren el progreso de Andalgalá”, “terroristas”, “fundamentalistas”. Si bien algunos de ellos pueden sonar risibles, es importante destacar que exceden a la ciudad en cuestión y que se han tornado comunes en todos los lugares en donde existen conflictos y luchas por el derecho no sólo a un ambiente sano, sino también en otras causas como la lucha por la tierra o los derechos civiles en general.[8]

Como esta envestida ideológica y mediática no surtió el efecto es- perado, los sectores interesados en que Agua Rica se ponga en marcha ejercieron una constante presión para que la protesta fuera acallada. Es así que el 15 de febrero de 2010, el Juez de Garantías Rodolfo Cece- narro[9] y la Fiscal Marta Nievas, en anuencia con el gobierno provincial y municipal ordenaron el desalojo de la Asamblea mediante una brutal represión nunca antes vivida en la historia de Andalgalá. A raíz de la gravedad de los hechos, el juez de Minas provincial Guillermo Cerda ordenó el cese provisorio de las actividades de la empresa hasta tanto se restablezca la paz social. Ahora bien, resulta confuso qué se entiende por restablecer la paz social cuando desde aquel fatídico día, se han sucedido innumerables causas judiciales en contra de miembros de la Asamblea, e incluso se ha recrudecido la criminalización y represión de la protesta que con el tiempo se ha ido incrementando hasta regionali- zarse e incluso nacionalizarse[10], mientras que las denuncias presenta- das por los vecinos que no quieren la actividad minera en su localidad no son tenidas en cuenta o se pierden en el camino burocrático.

Existió una real posibilidad de que ese “deseo” del juez de mi- nas se concrete. El proyecto de una consulta popular, impulsado por concejales de la ciudad fue desestimado tanto por el poder ejecutivo municipal así como también por el provincial. Pero tampoco se quiere dar curso a la aprobación de una ordenanza municipal que prohíba la minería a cielo, que ha sido redactada por la Asamblea El Algarrobo e impulsada por los mismos concejales. En ambos casos se esgrime el argumento que por ley es la provincia la encargada de decidir sobre el manejo y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estos argumentos no son válidos si se tiene en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza la protección del ambiente, que es- pecifica: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las decisiones locales.”

Es evidente que cuando la ley favorece a los sectores dominantes debe ser respetada, mientras que cuando les es adversa, sencillamente se omite.

Epílogo: el imperioso camino hacia un pos extractivismo

Palabras como crecimiento y progreso han tratado de ser asociadas sis- temáticamente a la minería. Por el contrario, la realidad ha mostrado la cara opuesta.

Con la explotación de los bienes comunes, el capital transnacional, con anuencia del Estado, ha encontrado una veta para apropiarse de una extraordinaria renta y esto se ha difundido como un verdadero éxito para el país. Sin embargo, todo emprendimiento económico, toda medida po- lítica tiene su costo. En el caso de la actividad minera, la idea parece ser la de declarar “zonas sacrificables” en pos de un crecimiento productivo de la nación. Un crecimiento que sólo puede tomarse como real sí se tiene en cuenta el incremento en los volúmenes de explotación, pero que defi- nitivamente no contribuye satisfactoriamente ni a la población ni a las arcas argentinas, si se quisiera efectuar un análisis meramente contable.

Este modelo extractivista sostenido por un consumo exacerbado que el capitalismo impulsa, ha contribuido a financiar el desarrollo económico de los sectores hegemónicos en detrimento de los pueblos de los países pobres.

El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condición estructu- ral. Esas exportaciones baratas del Sur se consiguen pagando poco (ya que en general los pobres venden barato) y prescin- diendo de los costos ambientales. Además, la capacidad de exi- gir pagos de la deuda externa ayuda a los países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales baratos (Martínez Alier, 2008:18).

Claramente esto va más allá de una cuestión puramente económica o incluso de control de los bienes comunes, especialmente en término de una economía convencional que no tiene en cuenta las características del metabolismo social y tampoco se consideran los pasivos ambienta- les en sus cuentas (Martínez Alier, 2008: 19).

Profundizando aún más esta idea, aunque estos impactos fueran incorporados en los costos, generando una posible disminución del con- sumo, en lo que Gudynas denomina como un “Extractivismo sensato” (Gudynas, 2012: 47-48), existen pasivos que no se pueden cuantificar. De qué manera se puede medir o recomponer un daño al ambiente, cómo se pueden monetarizar bienes que son comunes, no sólo para esta generación sino también para las siguientes. Bajo qué criterio se le puede asignar un valor a la destrucción cultural e histórica de un pueblo. Con qué argu- mentos se puede destruir el ambiente en donde somos una ínfima parte.

Bibliografía

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- (Buenos Aires: UNMDP /UNLu /Centro de Estudios Alexander von Humboldt /UGAL /Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI).

- Berardi, A. 2010 “Recursos Mineros en el Valle Calchaquí ¿Proyecto de desarrollo?

- XII Encuentro Internacional Humboldt ‘El capitalismo como Geografía’”. Centro de Estudios Alexander von Humboldt. 20 al 24 de septiembre, La Rioja, Argentina.

- Delgado Ramos, G. 2011“Common Goods, Socio-Ecological Metabolism and the Common Future of Humanity”. Conferencia “From Common Goods to the Common Good of Humanity”. Fundación Rosa Luxemburgo-Oficina Bruselas. Centro Congressi Frentani. Roma, Italia. 28 de abril.

- de Moori K., M. 2009 [1999] “Reformas económicas y la inversión en el sector minero argentino”. CEPAL. Serie Reformas Económicas No 50. Santiago de Chile, 1999

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- Gudynas, E. 2009 “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual” en Extractivismo, política y sociedad (Quito: CAAP / CLAES).

- Martínez Alier, J. 2008 “Conflictos ecológicos y justicia ambiental” en Papeles No103 (Madrid) pp. 11-27.

- Martínez-Alier, J. 2010 “El ecologismo de los pobres, veinte años después” en Rebelión. Agosto de 2010.

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- Secretaría de Minería. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 2008 “Minería en números 2008” www.mineria.gov.ar

- Svampa, M. y Antonelli, M. 2009 Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales (Buenos aires: Biblos).

- Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán 2008 “Análisis del Informe de Impacto Ambiental de Mina Agua Rica”. Universidad Nacional de Tucumán, Julio.

Páginas web consultadas

- Asamblea El Algarrobo www.prensaelalgarrobo.blogspot.com Cámara Argentina de Empresarios Mineros www.caem.com.ar Minera Agua Rica www.aguarica.com.ar

1. Docente Carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Palata, Mar del Plata, Argentina. Becaria de Conicet, Argentina. Doctoranda en Geografía por la Univer- sidad Nacional de La Plata.↵

2. Se debe destacar que además de la mencionada ley existen otras que fueron claves en la transformación como es el caso 24.224/93 (creación del Consejo Federal de Minería), 24.228/93 (Acuerdo Federal Minero), 24.198/93 (de Inversiones Mineras) y 24.466/95 (crea- ción del Banco Nacional de información geológica). Para ampliar sobre el tema ver: de Moori K., M. (1999). Svampa, M. y Antonelli, M., (2009); Berardi, A. (2010).↵

3. Como hecho paradigmático de la política que se lleva adelante respecto de la minería, la presentación de la OFEMI, se presentó el 15 de febrero, a dos días de la terrible represión sobre los pueblos de Tinogasta y Amaicha del Valle y a dos años del aniversario de la represión al pueblo de Andalgalá.↵

4. La UTE Alumbrera /YMAD está compuesta por las empresas Xstracta Plc (50% del paquete accionario), Yamana Gold (12.5%) , Goldcorp (37.5%) e YMAD (Universidad Nacional de Tucumán y Gobierno de Catamarca). Estos últimos son socios por ser los dueños del distrito minero en donde se encuenta el Yacimiento Bajo de la Alumbrera, que no puede ser transferido según Ley 14771/58.↵

5. A diferencia de Alumbrera, que se encuentra a 40 km. de la ciudad, sin posibilidad de visualización por la disposición de los cordones montañosos, en este caso la cercanía como la visualización generan un fuerte impacto.↵

6. El Intendente José Perea contrató en el año 2009, a técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de su Unidad de Negocios, para que estudiaran el informe.↵

7. Declaraciones del intendente Perea, en la entrevista realizada por quién escribe este artículo en enero de 2010↵

8. Posiblemente los casos más ejemplicadores al respecto son los de Perú y Chile. En el caso de Perú, el gobierno de Alan García ha procesado a centenares de activistas por causas de terrorismo de Estado. Mientras que en el caso de Chile, aún se sigue procesando a los miembros de la Nación Mapuche bajo la ley de Terrorismo impulsada durante la dictadura de Augusto Pinochet.↵

9. Este mismo juez tenía en su poder, el recurso de amparo presentado por la asamblea, que solicitaba la medida de no innovar hasta tanto no se efectuara una seria discusión sobre los impactos del emprendimiento. Ante estas dos opciones se decidió por firmar la represión.↵

10. Desde aquella primera represión, las diversas asambleas han consolidado su articu- lación, llevando adelante bloqueos selectivos a insumos mineros, coordinados en toda la región. Durante el transcurso del 2012 se ha recrudecido la ofensiva estatal y empre- sarial, mediante la represión a esos bloqueos e incluso con detenciones arbitrarias e ilegales y el intento de aplicación de la controvertida Ley Antiterrorista sancionada en diciembre de 2011 por presión del Grupo de Acción de Fomento Internacional (GAFI). En estos casos, no sólo accionó la policía sino que también se ha instrumentado la estrategia de “terciarización” de la represión. El costo político que implica reprimir a las organizaciones sociales ha sido muy marcado, especialmente desde que estas pro- testas se han nacionalizado y que la discusión sobre la megaminería se ha masificado; por esta razón, las nuevas prácticas incluyen la utilización de grupos “de choque”, que confrontan con las asambleas y organizaciones, y luego de los hechos de violencia que provocan, actúa la policía “para garantizar la paz social”. Los resultados han sido siempre los mismos: zonas liberadas para que estos grupos actúen y luego la represión policial y que en muchas de las circunstancias incluyen detenciones. Estos grupos “pro mineros” (como ellos mismos se autodenominan) son sostenidos económicamente por las empresas mineras, al amparo del poder judicial y político. En muchos casos algunos de los miembros son integrantes de las “barras bravas” de los equipos de fútbol regio- nales, en una muestra más de la connivencia que existe entre estos grupos delictivos y el poder político que los utiliza constantemente, siendo éste un conflicto que excede en sí al tema del conflicto minero.↵

Conflictos socioambientales por la minería “a cielo abierto”: cerro de San Pedro y Wirikuta

Claudia Bucio Feregrino[1]

Introducción

La división global en grandes súper potencias y “subdesarrollados” es resultado del desarrollo desigual y contradictorio que caracteriza al ca- pitalismo. A esta escala, los países también denominados “periféricos”, constituyen en la actualidad la mayor fuente de reservas estratégicas de recursos naturales para las potencias que, como en el caso de Estados Unidos, se han vuelto cada vez más dependientes y, por lo tanto, neta- mente importadores respecto de una de las principales fuentes energé- ticas, el petróleo (Pollar, 1988).

En ese sentido, después de la Guerra Fría, en el denominado “Sur global”, la proliferación de conflictos cuyo eje de disputa son los recursos naturales, adquiere una importancia mayúscula. Es decir, la presión que ejercen sobre las economías y sobre los gobiernos de aquellos países que cuentan con recursos naturales estratégicos, es cada vez más creciente y sostenida. No debe entenderse esta pre- sión únicamente como coerción directa o militar, sino también co- mercial, puesto que el triunfo del capitalismo está justamente en sustentar su carácter dominante a través de acuerdos y arreglos – operacionalizados por órganos internacionales como el Banco Mun- dial– que resultan claramente favorables a unos y perniciosos para otros (Saull, 2004).

Bajo este contexto histórico, busco poner de relieve que en la resistencia, defensa y disputa en torno a un territorio, la apropiación y valoración que los sujetos le otorgan al espacio constituyen un elemento explicativo crucial. Por lo tanto, los conceptos de territorio, territoriali- dad y “buen vivir” deben ser argumentados con una perspectiva histó- rica, es decir, dar cuenta del complejo proceso de apropiación territorial atendiendo tanto sus límites y sus alcances.

Específicamente, propongo que desde el enfoque de la territoria- lidad es factible reconocer cómo la defensa del territorio está potencial- mente engarzada con la conformación de una crítica y una alternativa a la insostenibilidad del modo de producción capitalista, en la medida en que la capacidad de los actores de resignificar su territorio se activa cuando éste se ve amenazado.

La estructura de este ensayo está dividida en tres partes. En primera instancia, se esbozaran algunos de los elementos comunes que en general ayudan a caracterizar el auge de la minería “a cielo abierto” en México; algunos de los cuales también están presentes en América Latina. Al hacer referencia a esos rasgos, es posible plantear que por sus características este tipo de actividades de desarrollo ex- tractivista están acompañadas de una fuerte resistencia social. Por lo tanto, esta resistencia sociopolítica que logra articularse colecti- vamente, tiene sus raíces en la denuncia y rechazo de los inminentes impactos sociales y ambientales que inevitablemente supone. Esto es resultado, en buena medida, del uso de sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, y de la falta de consulta pública o de mecanismos adecuados para su realización.

En segundo lugar, a la luz de los conceptos de territorio y de te- rritorialidad se destacará el carácter conflictual que entraña la apropia- ción y valoración de un territorio, argumentación que permitirá relevar los conflictos socioambientales mineros de San Luis Potosí, México. Dicho de otra manera, aun cuando se reconoce que la territorialidad es menos una respuesta consensuada que una confrontación perma- nente, imprimiéndole ya un alto sentido relacional en donde están em- palmadas dinámicas y actores, se busca entender la forma en que la territorialidad está sustentada en una pertenencia e identificación con un determinado territorio.

De ahí la importancia de exponer los conflictos socioambientales mineros del estado de San Luis Potosí. Por un lado, se hará referencia a Cerro de San Pedro y su lucha contra la empresa minera canadiense

San Xavier; por otro lado, se planteará que la disputa en torno al Área Natural Protegida que comprende Wirikuta –es decir, los municipios de Charcas, Catorce, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz-, área que también está siendo objeto de exploraciones mineras y ha tenido un gran impacto y resonancia a nivel nacional e internacional.

Lejos de hacer un análisis comparativo, interesa señalar que am- bos casos ilustran un mismo tipo de lucha de resistencia frente a la minería “a cielo abierto”, aun cuando sus trayectorias y conformación internas sean diversas; por lo tanto, no busco homologar ambos casos sino únicamente destacarlos en función de la disputa que han empren- dido contra megaproyectos mineros.

En tercer lugar, se argumentarán algunas de las razones por las que la defensa de Wirikuta y la lucha de resistencia de Cerro de San Pedro, constituyen esbozos de una alternativa al auge neoextractivis- ta en la medida en que logran poner de manifiesto los límites de este tipo de desarrollo económico capitalista; e incluso, muestran hasta qué grado son, frecuentemente, proyectos impuestos al no contar con la participación social de aquellos grupos o sectores sociales que se verán directamente afectados o por cuanto que violan pactos estatales y los derechos de los pueblos –no sólo indígenas– a un ambiente sano.

De tal suerte que el debate en torno a la noción de “buen vivir” es aquí caracterizado como un camino a recorrer más que un punto de lle- gada o fin en sí mismo. Es decir, la virtud de este concepto se evidencia en tanto que muestra la necesidad de renovar la relación con el medio ambiente. Esta fuerza de convocatoria que subyace a la propuesta del “buen vivir”, puede ser rastreada en los conflictos por la minería “a cielo abierto”.

El auge neoextractivista. Algunos elementos para su caracterización
En términos generales, es posible identificar tres elementos que per- miten comprender el auge neoextractivista y plantear en qué medida el caso mexicano se empalma con otros países de América Latina –so- bre todo en relación a países como Argentina, Perú y Colombia. Dicho de otra manera, estos tres elementos caracterizan el contexto actual mexicano en que se está desarrollando la minería “a cielo abierto”, des- cripción que a su vez hace posible establecer algunas semejanzas con la región latinoamericana.

El primero de ellos refiere a la creciente demanda de minerales por parte de las grandes potencias, lo cual responde a la necesidad de satisfacer la demanda de energía y, por lo tanto, de los insumos que proveerán esta energía, en función de las pautas que impone el modelo de desarrollo adoptado por las grandes potencias (Fischer-Kowalski y Haberl, 2000). Además de esto, cabe señalar un aspecto de suma rele- vancia. Actualmente, para el caso de las reservas minerales disponibles a nivel mundial, existe una importante dispersión, característica que ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías para la explotación de estos recursos de baja concentración (Delgado, 2011).

El segundo elemento, correlato de la captación por parte de América Latina de un importante porcentaje de inversiones en la ac- tividad metalífera (25% de las inversiones en explotación a nivel mun- dial), tiene que ver con el acelerado aumento de los precios en minerales como el oro y la plata. A pesar de la reciente crisis mundial, entre el 2010 y 2011, distintos gobiernos en la región, así como de la Unión Eu- ropea (UE), encontraron en la industria minero-metalífera un refugio importante para invertir su capital, resultado de la gran demanda de potencias emergentes como China (La Jornada, 2012).

Para el caso mexicano esto tuvo extraordinarios resultados. Para ilustrarlo consideremos algunas cifras del Segundo Informe de Ejecu- ción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: los precios internacio- nales de los principales metales tuvieron incrementos anuales, destacan los metales como el oro en 25% y la plata en 11.8%; asimismo, el alza en los precios internacionales favoreció el aumento en un 1.6% respec- to del valor de la producción de 2007 al pasar de 90,271.7 millones de pesos a 91,744.9 millones de pesos corrientes en 2008.

En este mismo sentido, la Cámara Mexicana de Minería (CA- MIMEX) destaca el creciente papel de la minería en los últimos años:

- La producción minero-metalúrgica ascendió a 13 mil 900 millo- nes de dólares, superando la generación de ingresos de la indus- tria turística que sumó 11 mil 875 millones de dólares.

- México se ha constituido como el principal productor de plata a nivel mundial, aporta 20% de la producción mundial (142 millo- nes de onzas).

- Las inversiones con capital extranjero crecieron un 16% en 2010 al sumar 3 mil 316 millones de dólares. Considerando el periodo 2007-2010, igualmente puede verse que los números ascienden, sumando 11 mil 986 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo con la misma CAMIMEX, este importante pa- pel de la minería no necesariamente se refleja al interior del país, puesto que si bien representa el 1.6% en el Producto Interno Brito (PIB) nacio- nal, no es claro cómo esto se manifiesta y traduce en el desarrollo del país. Sobre todo si consideramos que, en comparación, este porcentaje es ínfimo al lado de las ganancias adquiridas por parte de las empresas extranjeras mineras. Por lo tanto, aun cuando sea innegable el desta- cado papel de la minería en México a escala global, al mismo tiempo debe señalarse el panorama poco alentador a mediano y largo plazo.[2]

Por último, el tercer elemento del desarrollo de este tipo de ac- tividades extractivo-exportadoras, está en relación con los marcos ju- rídico-institucionales que regulan el proceso minero en su totalidad. En términos generales, interesa destacar que el conjunto de reformas a estos marcos normativos, ha tenido como finalidad última fomentar el desarrollo de la minería “a cielo abierto”. Este impulso abarca desde la exploración de las regiones en busca de minerales, hasta la salida de las empresas mineras una vez que la explotación concluya. Esta reaco- modo en los arreglos institucionales debe comprenderse a partir de las transformaciones profundas derivadas, entre otras cosas, de la adop- ción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) durante la década de los noventas. Desde ese momento, se asientan las bases para que un conjunto de medidas estructurales posibiliten la desregulación de los mercados nacionales. De tal suerte, se exige de los Estados-nación la puesta en marcha de reformas legales, jurídicas y administrativas ad hoc a esta reorientación de la economía global.

Además de los elementos arriba expuestos, es importante señalar qué es lo que caracteriza a este tipo de industria extractivo-exportadora y, por lo tanto, la especificidad de este tipo de conflicto socioambiental que gira en torno a la minería. A diferencia de la minería tradicional o subterránea este otro tipo de minería, también conocida como minería de tajo abierto, requiere del uso de sustancias altamente tóxicas para el medio ambiente y para la salud del ser humano. Es decir, la extracción de los minerales (lixiviación) se hace en base a una mezcla de agua y cianuro en grandes cantidades lo que permite que en menor tiempo y con relativamente menores costos se obtengan los minerales. Además de los desechos y del consumo de importantes cantidades de agua, la voladura de montañas y cerros mediante explosiones, es necesaria para remover y trasladar a los patios de lixiviación las rocas que contienen el mineral, dejando un impacto irreparable en el paisaje natural; de ahí que su intención por “reparar el ambiente” una vez finalizadas sus actividades sea dudosa y casi imposible. De tal suerte que este tipo de minería “a cielo abierto” no sólo sea portadora de daños irreversibles al medio ambiente, sino que además implique un tipo de despojo, es decir, la exportación de los minerales extraídos que son escasa o nulamente modificados en los países de origen (Gudynas, 2009).

Si bien los elementos arriba esbozados son de distinto orden, es de- cir, unos apuntan más hacia lo estructural (como en el caso de la aumento de la demanda y el repunte de los precios) y otros refieren al contexto his- tórico actual (como las cambios introducidos a los marcos normativos), considero que es pertinente ponerlos sobre la mesa en la medida en que a partir de ellos puede hablarse de una nueva oleada de prácticas extractivis- tas en la región latinoamericana y, a su vez, apuntalar las especificidades de cada país. Además, es preciso señalar que no agota todos los elementos que se ponen de manifiesto, pero sí algunos que en un principio pueden dar luz para caracterizar este modelo de desarrollo.

Frente a este panorama de auge de la minería “a cielo abierto”, acompañado por la desregulación en las economías nacionales y las transformaciones en los marcos jurídico-institucionales que regulan esta industria, la resistencia local hacia la imposición de este tipo de megaproyectos por parte de corporaciones y empresas mayoritaria- mente trasnacionales, constituye una problemática que ha adquirido una importante resonancia en las ciencias sociales; especialmente, la ecología política han buscado proponer alternativas frente a aquellas visiones economicistas donde predomina la valoración crematísti- ca del territorio, los recursos naturales, y en general, la naturaleza (Martínez Alier, 2008).

Territorialidades en disputa
Las distintas acepciones que se le han dado a la noción de territoriali- dad tienen como punto de partida la apropiación de un espacio, es decir, el proceso a través del cual el espacio se constituye en territorio refiere a la apropiación, valoración y dominación; por lo tanto, llamaremos territorialidad al proceso de apropiación de un determinado espacio geográfico (Montañéz, 1998). Sin embargo, el énfasis que caracteriza a este proceso son las relaciones de poder y de conflicto en la medida en que la apropiación no sólo refiere a la pertenencia física y material sino también a una apropiación simbólica y cultural de los sujetos.

Cabe señalar que la conflictividad que acompaña a los procesos de territorialidad no sólo está presente entre los distintos grupos de actores, empresas o instituciones que convergen en torno a un territo- rio sino que, en la medida en que la apropiación de dicho espacio no es unilateral ni se da de una vez y para siempre sino que también existen tensiones al interior de cada proceso de territorialidad. Por otra parte, debe considerarse que al no ser un proceso unilateral y acabado, no ne- cesariamente desemboca en conflictos sino que pueden existir procesos de territorialidad más o menos armónicos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar son aquellos donde el territorio y la territorialidad son ejes de defensa frente a otros formas de apropiación territorial.

En buena parte de estos estudios se ha procurado dar cuenta de la manera en que a través de la territorialidad convergen y se constitu- ye regiones que social, política y económicamente son resultado de la capacidad de influencia que los actores tienen sobre un lugar. En este sentido se inscribe la concepción que sobre territorialidad nos brinda Robert D. Sack, definiéndola como sigue:

La territorialidad se entiende como el intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica. Esta área puede ser denominada “territorio espe- cífico” [...] Las delimitaciones (geográficas) generales llegan a convertirse en territorios específicos cuando sus fronteras se usan para afectar el comportamiento de sus componentes controlando el acceso al mismo (Sack, 1991: 195).

El autor pone de relieve algunos elementos fundamentales para enten- der la territorialidad, los cuales, constituyen un primer acercamiento a la compleja manera en que el espacio y las relaciones sociales están entretejidos. La capacidad de influencia que ahí se refiere, obliga a ob- servar al territorio como el medio a través del cual es posible ejercer relaciones de poder y de dominación, no sólo respecto del territorio per se, sino especialmente sobre los actores y las relaciones que le dan sen- tido y significado. Quién controla el territorio controla lo que en torno a él se relaciona.

De esta manera, además de plantear que un territorio específico no equivale únicamente a un área circundada mediante fronteras físi- cas, también es incisivo cuando formula que así como en un territorio pueden darse cierto tipo de actividades, también se excluyen otras; so- bre todo, Sack enfatiza que los individuos que detentan esta influencia y control no precisan estar en dicho territorio para hacer efectivo su control.

Además de esto, el mismo autor señala tres formas en que la territorialidad específica opera, esto es, contiene una forma de co- municación, comprende una clasificación por área y busca “reforzar el control del acceso a un área y a los elementos que contenga” (Sack, 1991: 199). Estas tres características, pueden no estar presentes todas, todo el tiempo, sin embargo, permiten vislumbrar algunos de sus posibles efectos, tal como el autor lo plantea. En este mismo sentido, es posible plantear que la territorialidad y el territorio estén conformados por tres aspectos primordiales: apropiación de un es- pacio, relaciones de poder y delimitación de fronteras –aunque éstas no están determinadas de una vez y para siempre, por el contrario, son siempre movibles (Giménez, 2000: 24).

Puesto a modo de síntesis. El territorio es un espacio apropiado y valorizado instrumental y simbólicamente en aras de controlar todo aquello que se encuentra articulado en dicho espacio. En esa medida, la dimensión espacial de los procesos sociales no es un referente pasivo en el que queden contenidas las prácticas sociales –en sentido amplio- de los distintos actores sociales, antes bien, el espacio y el territorio moldean el devenir histórico de una sociedad.

Además, cuando se habla de dinámicas territoriales diferencia- das, no está en juego única y exclusivamente una cuestión de escala (local o global), sino la imbricación de procesos de territorialidad que, en un mismo territorio, se configuran. Ambas formas de apropiación, simbólica e instrumental, coexisten y no son inevitablemente excluyen- tes entre sí. Es decir, un territorio puede valorarse tanto por su conteni- do material (esto es, ejercer sobre el territorio una relación fuertemente utilitaria y concebirse sólo por lo que éste puede bridar e inscribirse en términos de costo-beneficio) como por el sentido simbólico de per- tenencia; cuando existen disputas territoriales en que claramente la valorización de un territorio puede dar lugar a que estas formas de valoración-apropiación, debe considerarse el grado en que están o pue- den estar separadas y confrontadas.

Es preciso plantear que la manera en que se concibe un territorio puede estar más encaminada a destacar una de sus formas de apropia- ción –en este caso, una relación material-instrumental. Ahora bien, esto no quiere decir que, en efecto, el apego territorial o, como Giménez lo nombra la pertenencia socio-territorial, quede cancelada.

La pertenencia socio-territorial designa el estatus de pertenen- cia de una colectividad (por lo general de tipo gemeinschaft) caracterizada por la prevalencia en sentido territorial, es decir, en el sentido de que la dimensión territorial caracteriza de modo relevante la estructura misma de la colectividad y de los papeles asumidos por los actores [...] el territorio desempeña un papel simbólico relevante en el contexto de la acción y de las relaciones humanas, y no simplemente el papel de “condición”, de “contenedor”, de “recurso instrumental” o de “fricción” [...] la misma territorialidad se integra en el simbolismo expresivo evaluativo de la comunidad como uno de sus componentes o elementos (Giménez, 2000: 31).

De esta manera, no sólo se hace énfasis en la pertenencia per se a un territorio, sino a la necesidad de que una colectividad participe de un sistema o complejo simbólico y cultural compartido. De lo contrario, estamos en presencia de una relación que no trasciende el nivel de in- teracción entre el medio ambiente y el hombre, por lo tanto, la perte- nencia requiere de algún grado de identificación de una comunidad con un territorio.

Una vez esbozada la relevancia de los conceptos de territoriali- dad y territorio es factible proponer que los conflictos socioambientales mineros, surgidos recientemente en San Luis Potosí, pueden ser expli- cados desde sus dinámicas territoriales. Dicho de otra manera, lo que busco es plantear cómo a partir del conflicto minero, los actores que ahí convergen (las empresas mineras, el gobierno en sus tres niveles y las comunidades que de manera local y regional están siendo directamente afectadas por la industria minera) se apropian y valoran un territorio de amanera antagónica.

Aun cuando la territorialidad que cada conjunto de actores des- pliega es tanto simbólico-cultural como material-instrumental, la de- fensa del pueblo Wirrarika y el rechazo y resistencia de una parte de la sociedad potosina en Cerro de San Pedro, son casos en lo que se pone de manifiesto un actor en común, es decir, las empresas mineras ex- tranjeras.[3] En la conformación de territorialidades, instituidas por los distintos actores, que surgen en el marco del conflicto socioambiental minero, se pone de manifiesto que las concepciones y prácticas en torno a un territorio específico se reconfiguran e incluso divergen a partir de la búsqueda del control –en este caso las empresas mineras– del terri- torio para su exploración y explotación.

Estas dinámicas de apropiación y valoración territorial permiten mostrar que no son homogéneas en su interior, sino todo lo contrario. Aspecto que es ilustrado por cuanto que no toda la sociedad potosina ha rechazado y está en contra de la minería “a cielo abierto”, sino que también han existido posiciones que en algún momento aceptaron la minería cediendo –entre otras cuestiones– ante la idea de que el desa- rrollo de esta actividad constituye una posible salida a las necesidades de empleo en la entidad. Por lo tanto, resulta pertinente no perder de vista que la territorialidad no se constituye de una vez y para siempre sino que se reactiva y refuncionaliza constantemente.

dos traYectorias de LucHa: Mina san XaVier Y wiriKuta

En este apartado esbozo algunos de los antecedentes necesarios parar entender la dinámica de los procesos de lucha y defensa del territorio para los casos de Cerro de San Pedro y Wirikuta. Es importante adver- tir que los casos que aquí reseño constituyen conflictos socioambien- tales actuales. Por lo tanto, si bien están claros sus inicios, su actual estado es más bien itinerante y en curso.

Cerro de San Pedro
La importancia histórica de Cerro de San Pedro, municipio del estado de San Luis Potosí, remite a la época colonial donde el florecimiento y desarrollo de la minería hicieron de esta región un referente primordial para prosperidad de España durante la primera fase de la conquista. Así, en el imaginario colectivo de la sociedad potosina, existe un fuer- te arraigo a ese glorioso pasado colonial y, en esa misma medida, se conformó una identidad como pueblo minero que todavía hoy perdura. Cabe mencionar que el carácter cíclico de la minería, es decir, tanto auge y declive dependen, en buena parte, de la tecnología disponible así como la inversión de capital necesario. Aspectos que desde la época colonial a la actualidad, no han dejado de estar presente y cuyos cam- bios responden tanto al desarrollo técnico-científico como a las fases del modo de producción capitalista (Martínez, Et. Al, 2010: 11).

Así, el nuevo auge de la minería en Cerro de San Pedro, se in- augura con las actividades de exploración para estimar el potencial de las áreas mineralizadas en la región por parte de la canadiense Minera San Xavier; esta empresa entró en el escenario potosino en 1995 bajo la filial Metallica Resources Inc., y es en 2008 cuando Minera San Xavier fue adquirida por la trasnacional New Gold Inc.

A la par de estos hechos, es importante señalar los distintos es- fuerzos que se han realizado desde hace varios años para la conserva- ción del patrimonio cultural. En 1996 se fundó el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro de San Pedro A.C., y junto con miembros del INAH del estado, se buscó proteger los edificios his- tóricos. El reconocimiento del patrimonio histórico-cultural, sería un posible freno al proyecto minero, por lo que se intentó promover este reconocimiento ante la UNESCO; sin embargo, esta acción se vio fre- nada por los intereses allí involucrados.

Casi tan pronto como la población de Cerro de San Pedro tuvo co- nocimiento de los intereses de exploración y explotación de la minera canadiense, se despertaron muchas dudas. A pesar de que no se tenía plena conciencia de lo que implicaba la minería “a cielo abierto”, diversos actores apelaron a su derecho de acceso público al Manifiesto de Impacto Ambien- tal (MIA) a la entonces SEMARNAP –anteriormente llamada Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP (1994-2000)– con el objeto de conocer el alcance, duración e impacto de las distintas actividades que la empresa pretendía desarrollar.

Junto a los distintos esfuerzos que en Cerro de San Pedro se venían realizando para poner fin a las actividades mineras, organiza- ciones como Pro San Luis Ecológico (organización creada poco tiempo antes), a través de las vías jurídico-legales disponibles, denunciaron la serie de violaciones e irregularidades en los procesos de concesión minera. Así, en el año 2000 diversas organizaciones sociales, civiles y ONG’s, se articularon y conformaron el Frente Amplio Opositor a la Minería San Xavier (FAO) para hacer frente, jurídica, social y políti- camente, a la Mina San Xavier. Este es un importante momento en el conflicto de Cerro de San Pedro (Toscano y Hesles, 2010).

Desde ese momento y hasta la actualidad, la lucha jurídico-legal, ha sido una importante trinchera de la resistencia social y política pues- to que se ha mostrado, en distintas ocasiones, que Minera San Xavier ha violado distintos reglamentos y normas en materia ambiental y jurídica (Silva, 2010).

Aun cuando pareciera que todo está definido en Cerro de San Pedro, los dos juicios que señalan la ilegalidad en que opera Mina San Xavier, desde que inició sus operaciones hasta la actualidad, y a pesar del replie- gue en que se encuentran las organizaciones articuladas en torno al FAO, no debe limitar nuestra mirada para observar su actualidad y vigencia. Debe mencionarse que, a más de quince años del surgimiento del conflicto minero de Cerro de San Pedro, el desgaste de los actores en resistencias, así como el cerco mediático y político impuesto a esta lucha de resistencia, constituyen una posible explicación de su actual repliegue.

El Frente Amplio Opositor a la Mina San Xavier y la asociación Pro San Luis Ecológico A. C., no sólo lograron poner de relieve las gra- ves e irreversibles consecuencias sociales y ambientales que implica la minería “a cielo abierto”, fundamentalmente por la utilización de cianu- ro en sus procesos. Además, se han constituido en importantes referen- tes en la lucha contra este tipo de minería a nivel nacional, acompañado actualmente a otras organizaciones y comunidades que enfrentan esta misma problemática (por ejemplo, los casos de Chihuahua y Oaxaca en conflicto con la Minera Cascabel filial de MAG Silver Corp y Minera Cuzcatlán filial de Fortuna Silver Mines, respectivamente).[4]

wirikuta

Real de Catorce, igual que Cerro de San Pedro, se caracteriza por sus ricas áreas mineralizadas. Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, la explotación minera de plata lo convirtió en un pueblo con gran dinamismo, al que sin embargo, le diagnosticaban su decadencia cuan- do la producción de plata llegara su fin. Debe precisarse que Wirikuta no sólo es Real de Catorce.

Wirikuta comprende los municipios de Villa de Guadalupe, Villa de Ramos, Villa de la Paz, Matehuala, Catorce y Charcas. En 1991, este lugar fue decretado, por el gobierno de San Luis Potosí, como Sitio de Patrimonio Histórico, Cultural y Zona de Conservación Ecológica del grupo étnico wixárika. En 1999 el gobierno del estado decretó, de nueva cuenta, que Wirikuta constituye un Área de Reserva Natural Protegida (ARNP) y Lugar Sagrado del Pueblo Wixárika.

En el año 2009, la empresa minera canadiense First Majestic Sil- ver Corporation, a través de las subsidiarias Minera Real de Bonanza y Minera Real de Catorce, ha logrado obtener 22 concesiones para explo- ración y explotación de oro y plata, principalmente. Ante esta situación, distintas organizaciones articuladas en torno al Frente en Defensa de Wirikuta, y junto autoridades wixáricas, decidieron conformar, en el año 2010, el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta.

La defensa Wirikuta no sólo se reduce a estos frentes sino que se han sumado otras organizaciones –destacando, por ejemplo, el Frente en Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO)– y la sociedad civil en general, con el ánimo de denunciar su rechazo a las actividades mineras porque constituye una potencial amenaza social y ambiental al territorio.

En Noviembre de 2008 el Gobierno Federal (Felipe Calderón) y el del estado de San Luis Potosí (Marcelo de los Santos Fraga), el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Asunto Indígenas de la Cámara de Senadores, a tra- vés del pacto Huaxa Manaka se comprometieron ante las comunidades wixáricas y la opinión pública en general a “preservar y desarrollar la cultura wixárica” (Toscano, 2010). Debe hacerse notar que en este pacto nunca se hace referencia a los proyectos mineros en curso. Este pacto fue transgredido en la medida en que las 22 concesiones obtenidas, través de la Secretaría de Economía, representan una clara amenaza al pueblo Wixárika y a su territorio, y sobretodo, contradicen lo pactado en el Huaxa Manaka.[5]

Frente a estos acontecimientos, se intensifican las movilizaciones sociales, las cuales tiene el doble propósito de hacer aún más evidente y de extender entre la opinión pública nacional e internacional los con- flictos mineros surgidos en San Luis Potosí. La reciente agudización del conflicto tiene su punto más álgido en la marchan que realizaron en octubre de 2011 por diferentes puntos de la Ciudad de México (La Jornada, 2011).

Para Mayo 2012, en un acto que parecía no tener precedentes, First Majestic Silver, a través de Real Bonanza, “dona” al Gobierno Federal las 22 concesiones (761ha) que le fueron otorgas (no al pueblo potosino ni a las comunidades wixárikas). Sin embargo, el carácter me- diático de este acontecimiento queda demostrado en la medida en que no se explicita qué proporción representan esas 761 hectáreas: Wirikuta se extiende –como se ha mencionado– a lo largo de 140 mil ha de sierra y bajío, es decir, esa donación únicamente constituye el 0.5%. De esta manera, se evidencia que esta medida por parte del gobierno no buscó en ningún momento poner fin a las causas profundas que desatan el conflicto: impactos sociales y ambientales en el territorio, poniendo en jaque a la población que está íntimamente vinculada a éste.

Coordenadas de la conflictividad minera
Una vez señalados los momentos importantes de las trayectorias de lucha de Cerro de San Pedro y de Wirikuta, se plantean algunos de los elementos que permiten caracterizar estos conflictos mineros, los cuales dan cuenta, de una u otra manera, de los procesos históricos presentes en la región.

Estos aspectos son:

1. Una fuerte presencia, en el nivel de la memoria colectiva, del pasado minero.

2. La continuidad de las prácticas culturales del pueblo wixárika y la búsqueda del reconocimiento del patrimonio histórico-cultu- ral de Cerro de San Pedro. Ambos se han construido en impor- tantes herramientas de lucha política.

3. La insuficiencia, hasta la actualidad, de las vías institucionales y jurídicas para la resolución del conflicto.

En primer lugar, como se advirtió a partir de la sucinta trayectoria histórica esbozada arriba, la memoria colectiva de un pasado minero es un elemento que permite ver un factor importante, sobre todo en el caso de Cerro de San Pedro: esta remembranza hacia un pasado minero puede ser tanto un ingrediente para el rechazo como para la aceptación de la minería. Un pueblo minero vive un cierto dinamismo económi- co mientras que las empresas explotan minerales, una vez que éstas migran –por diversas razones–, estos pueblos quedan en condición de semi-abandono, viéndose obligados a buscar otras alternativas. Aunado a ello, está el hecho de que una vez que son conocidos los impactos de la minería “a cielo abierto”, es difícil que las empresas mineras extranjeras echen mano de ese pasado minero para ser aceptadas por los pueblos, comunidades o ciudades que se verán afectadas.

En segundo lugar, las herramientas de lucha de las que han echa- do mano estos movimientos son, en ambos casos, muy diversas. Sin em- bargo, puede señalarse una constante: la re-significación del territorio, detonada en buena medida por la presencia de las empresas mineras, es un eje importante de lucha. Es decir, la apropiación y valoración del territorio, tanto material como simbólica, subyace a la conformación de herramientas de lucha en la medida en que es en torno al territorio que se tejen un conjunto de reivindicaciones, tales como la contaminación al medio ambiente pero sobre todo la manera en que, al modificarse el territorio, se modifica la relación que con éste tienen los sujetos.

En tercer lugar, la falta de acuerdos, la poca o nula eficacia de las resoluciones jurídicas para que se cancelen las concesiones y se logre frenar el otorgamiento de nuevas concesiones, pone de manifiesto que este tipo de conflictividad no sólo está lejos de su resolución sino que incluso se muestra una clara profundización y proliferación.

Los amparos jurídicos de las empresas mineras (especialmente para el caso de Cerro de San Pedro), han posibilitado que se siga explo- tando y explorando el territorio, lo cual que hace que las actividades mineras de dichas empresas se hagan en total ilegalidad. En Wirikuta se evidencia la renuencia de las instancias gubernamentales puesto que a pesar de los decretos emitidos, no se han podido cancelar, hasta el momento, todas las concesiones.

A diferencia de lo que ha sucedido con Cerro de San Pedro y Mi- nera San Xavier, el conflicto en torno a Wirikuta, se caracteriza porque de manera fuerte y explícita el territorio es revestido por una acepción simbólica y cultural: la sacralidad con que conciben al territorio y las prácticas y rituales que en torno a éste se realizan cada año, son ele- mentos que están presentes en la defensa social, política y ambiental del pueblo Wixárika frente a la minería.

Entre la coerción y el consenso
La minería “a cielo abierto”, tanto en México como en América Latina, ha adoptado en años recientes un discurso que apela a la sustentabi- lidad, al desarrollo económico y a la Responsabilidad Social Empre- sarial (RSE), con el ánimo de destacar los aspectos positivos para los países anfitriones en términos de desarrollo y aludiendo al cuidado del medioambiente, al tiempo que se comprometen con importantes obras de apoyo a las comunidades (por ejemplo en la construcción de hospi- tales, escuelas e impartición de talleres, etc.) .

Si bien este último aspecto no es plenamente novedoso ni re- ciente, interesa señalar que, tanto en el conflicto contra la Minería San Xavier como en la defensa de Wirikuta, se han anunciado una serie de medidas que pretenden “proteger” al pueblo Cerro de San Pedro y a la cultura wixárika, con el supuesto ánimo de resguardar los elementos que, desde el paisaje natural resultan significativos y alimentan la iden- tidad del pueblo potosino.

Así, igual que en otros conflictos mineros en América Latina, las empresas mineras se han mostrado como un tipo de minería “inte- ligente y responsable socialmente con el entorno”; además, se ha com- prometido con la reparación de los territorios afectados una vez que las actividades finalicen.

Sin embargo, es preciso apuntar que estas medidas son, en buena parte, producto de la necesidad de legitimación social que mínimamen- te requieren para desarrollar sus actividades puesto que en un contexto de álgidos conflictos, los costos sociales pueden ser mucho más profun- dos que los ambientales. Sobre todo, debe ponerse sobre la mesa que este tipo de medidas sólo constituyen una parte de las estrategias que las empresas mineras extractivitas despliegan en su intento de explota- ción y exploración de los recursos minerales.

Así, aunado a este tipo de medidas, la coerción sobre las comuni- dades que rechazan la minería “a cielo abierto”, se ejerce a través de la represión y criminalización de sus luchas, acudiendo, además, al asesina- to de sus líderes. De esta manera, las industrias extractivo-exportadoras buscan silenciar el descontento social y la conflictividad que acompaña sus intereses, a través de la coerción y el consenso; en esa medida, la ar- ticulación de coerción y consenso constituyen, frecuentemente, la base de las estrategias políticas que este tipo de empresas implementan.[6]

De la territorialidad al “buen vivir”
El territorio, bajo la lógica del capitalismo, ha sido considerado casi exclusivamente como un factor de desarrollo económico. De tal suerte, ha estado socialmente organizado para cumplir una función, es decir, constituirse en una fuente que permita a las sociedades proveerse de los insumos de materia y energía necesarios para su subsistencia. Sin embargo, esta concepción del territorio se vuelve problemática cuando la riqueza social es redistribuida de manera inequitativa; lo que ad- quiere especial importancia si en la satisfacción de grandes sumas de materia y energía, que está en función de los intereses de las grandes potencias, se postergan las repercusiones sociales y ambientales.
En este sentido, interesa ahora esbozar en qué medida los conflic- tos mineros de Cerro de San Pedro y de Wirikuta están potencialmente inscritos en la crítica que desde otras latitudes (Ecuador y Bolivia princi- palmente) se han venido conformado a partir de la noción de “buen vivir”.

En primera instancia, desde la óptica de la territorialidad, he relevar que la defensa del territorio y el despliegue de territorialidades en el marco del conflicto minero, despliega una diversidad de formas de apropiación y valoración. Estas pueden resultar significativas para la potencial construcción de alternativas y de horizontes colectivos, que al mismo tiempo, tiene el ánimo de hacer visible la explotación mate- rial y la marginación social y política que acarrea este tipo de mega emprendimientos.

Sobre todo, desde estas territorialidades es posible posicionarse frente a la destrucción ecológica en la medida en que la pertenencia, tanto simbólica como material, que se teje en torno al territorio se ve amenazada y, por ende, el entorno natural podrá ser revalorado en tan- to que fundamento sin el cual la reproducción (social, cultural, material e ideológica) de la sociedad misma es insostenible.

Aníbal Quijano (2012) pone énfasis en un aspecto que resulta crucial y que ha cobrado una fuerza importante. Esto es: un rasgo que cruza a aquellas luchas y conflictos socioambientales, y que condensa bien la bandera del “buen vivir”, es que la resistencia no se despliega únicamente a partir de la pobreza, sino que se pone en tela de juicio la propia sobrevivencia del ser humano.

El planteamiento de Anibal Quijano es de largo alcance. No sólo es necesario subrayar, siguiendo al autor, que es una sola lucha contra la pobreza y por la vida misma en el planeta, sino que estamos frente a una agudización en el que es obligado ver ambas luchas como expre- sión de un mismo movimiento. Dicho de otro modo, lucha contra la devastación del planeta, no sustituye la lucha contra la explotación y la dominación, sino que constituyen expresiones de un mismo hecho: el carácter insostenible del capitalismo actual.

Además de los elementos explicativos que hemos propuesto para comprender los conflictos de Wirikuta y Cerro de San Pedro, es impor- tante destacar que pueden ser enmarcados en el horizonte del “buen vivir” que cruza la región Latinoamericana en la medida en que se pone de manifiesto que la naturaleza no sólo es aquella fuente de riqueza sino que también es fuente de cultura.

A partir de que el desarrollo capitalista ha llegado a un punto en el que resulta urgente evidenciar su insostenibilidad porque la depre- dación del medio ambiente es tal que ya no es posible garantizar su re- producción, la defensa de un territorio que es concebido como sagrado para la cultura wixárika y la defensa del patrimonio histórico de Cerro de San Pedro, demuestran que la lucha es justamente por resguardar las condiciones de vida en el planeta y todo lo que ello implica.

Pensar que las luchas por la tierra, por un comercio justo o por los derechos humanos y por la identidad de los pueblos indígenas, han deja- do de ser centrales resulta riesgoso. Tampoco considero atinado pensar que se está dando una suerte de “ecologización” de los movimientos so- ciales que obligue al capitalismo (empresas e industrias) a hacerse cargo de los pasivos ambientales. Antes bien, la continuidad de estas problemá- ticas queda de manifiesto en el hecho de que quienes luchan por el “buen vivir” son también quienes luchan por formas alternativas de desarrollo. Y en esto siempre han sido claros los movimientos de indios y campesi- nos que defienden una agricultura que se muestra menos depredadora que los monocultivos con fines energéticos y que ha permitido conservar la biodiversidad. Y en esto Armando Bartra es incisivo:

La tesis de que “lo que resiste apoya” es sugerente: si los ecolo- gistas se quedan en exigir que el capital asuma los costos am- bientales serán tan “funcionales” como los trabajadores que pelearon –y pelean- por salario suficiente y jornada aceptable, o como los campesinos que combaten por los precios y condi- ciones de producción; y siguiendo en esa línea de pensamiento concluir que la lucha puramente “reformista” no tiene otro saldo que el de obligar al sistema a hacerse más eficiente [...] cuando el obrero, el campesino o el ambientalista se enfrentan a los “excesos” del gran dinero están combatiendo por su vida, no por modernizar al sistema (Bartra, 2008: 130-131)

México está lejos del “giro a la izquierda” que ha caracterizado a cier- tos países del Cono Sur en años recientes, pero considero que el reto para la región latinoamericana es el mismo. En este sentido, Acosta y Gudynas (2011) son críticos, puesto que no es suficiente ver en el “buen vivir” una alternativa al desarrollo, con los alcances y límites que eso implica, sino que son partidarios de una alternativa a las formas y prác- ticas desplegadas desde Occidente. De ahí que la fuerza del saber local y tradicional de que son portadores los pueblos indígenas constituya, como en Ecuador, el eslabón que permitirá arribar a esa alternativa.

Por lo tanto, ver en el “buen vivir” un fin en sí mismo puede ser contraproducente, tanto como lo ha sido la pretendida reproducción del éxito de algunas recetas o modelos, los cuales, se han aplicado sin atender a la especificidad de los contextos históricos ni a las condiciones de cada caso.

Por último, cabe señalar que la importancia de las luchas contra la minería “a cielo abierto”, se inscribe en esta “nueva existencia social alternativa” (Quijano, 2012) porque el carácter de esas luchas no sólo está cifrado en términos negativos, es decir, no es forzosa y exclusiva- mente anti-minero. Al igual que otros movimientos sociales, los grados en que se rechaza no son homogéneos, como se ha visto; y además porque existe una importante diversidad de actores, organizaciones y grupos sociales que, por la resonancia de su resistencia, se suman y convergen en este tipo de conflictos.

Si bien, como plantea Bebbington (2009) no todos los conflictos son socioambientales, aun cuando lo que está en juego sean recursos naturales, en los casos referidos de San Luis Potosí, zanjar la disputa contra la minería “a cielo abierto” no pasa por el hecho de que se asu- man los pasivos ambientales a través de una serie de compensaciones materiales o monetarias. En este sentido, el “ecologismo popular o de los pobres” tal como lo ha definido Joan Martínez Alier (2005) coadyu- va en la compresión de los conflictos socioambientales. Esto es válido para las luchas de resistencia de Wirikuta y Cerro de San Pedro en la medida en que no se trata de hacer que “quien contamine pague” sino que buscan evitar el daño medioambiental y social.

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- Sitios oficiales en internet de las organizaciones contra la minería a cielo abierto de San Luis Potosí

- http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/ http://frenteendefensadewirikuta.org/ http://faoantimsx.blogspot.mx/

1. Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Líneas de inves- tigación: movimientos sociopolíticos, medio ambiente, el territorio y ecología política. Contacto: claudia.b.feregrino@gmail.com . ↵

2. Para ilustrar este panorama poco favorable puede señalarse lo siguiente. Cuando la presencia de las empresas mineras extranjeras deje de tener sentido a medida que la disponibilidad de estos recursos comiencen a disminuir (se calcula que la vida de las mineras es, desde su exploración hasta la etapa de beneficio, de entre 10 y 15 años), los empleos generados (309 mil directos aproximadamente) y, sobre todo, por el hecho de que la minería imposibilita que en el futuro la tierra y el agua puedan aprovecharse de otra manera, son elementos que apuntalan la insostenibilidad de este tipo de desarrollo. El carácter irreparable de los impactos al medio ambiente, tales como la degradación del suelo, contaminación de los mantos freáticos, la destrucción de paisajes, son consecuen- cias que perdurarán aún después de que las actividades mineras finalicen.↵

3. Es importante aclarar que la lucha del pueblo Wixárika no sólo se ciñe a la amenaza de la minería “a cielo abierto”. Existen otro tipo de problemáticas, como la presencia de industrias jitomateras, que también afecta su territorio. Denuncia que el Frente en Defensa de Wirikuta –organización integrada por autoridades regionales de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango- ha formulado en distintas ocasiones. Ver: http://frenteen- defensadewirikuta.org/wirikuta/↵

4. Ver: http://faoantimsx.blogspot.mx/↵

5. Firsti Majestic Silver pagó tres millones de dólares al gobierno mexicano a cambio de 22 concesiones que cubren 6, 327 ha de las cuales 70% están dentro de Wirikuta; hecho que no tuvo resonancia de manera inmediata (La Jornada, 2011a).↵

6. Este año en México, se ha sumado a la larga lista de asesinatos a defensores del medio ambiente en el contexto de conflictos mineros, los casos de Marta Solís e Ismael Osorio en Chihuahua en donde está involucrada la Minera Max Silver; asimismo, figura el caso de Bernardo Vázquez Sánchez, activista de Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán quién defendía a la comunidad de San José del Progreso ante la amenaza de las empresa minera Cuzcatlán S. A de C.V.↵

Extracción minera de barita en Chicomuselo, Chiapas, México

Lucero Ángeles Rojas[1]

Introducción

La importante participación que han tenido las empresas mineras en la economía mexicana ha sido resultado de las políticas de desarrollo que ha implementado el gobierno federal actual y que ha sido constante en los últimos sexenios; el creciente aumento de permisos a concesiones transnacionales para la extracción de minerales se ha dado principal- mente durante el último mandato presidencial (2006-2012).

México se encuentra en cuarto lugar a nivel mundial y primero en América Latina en atraer inversiones para la explotación minera, en su mayoría de capital extranjero, estas enormes inversiones hechas en los últimos años han generado problemas ambientales por la apropiación de los recursos naturales, y evidentemente problemas sociales, efectos que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional. Estos problemas ge- neran la resistencia social, ocasionando represión, asesinatos, amenazas a luchadores sociales que demandan una mejor calidad de vida.

La criminalización a luchadores y movimientos sociales que se oponen a las concesiones mineras han sido resultado de las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno, tal es el caso particular de Ma- riano Abarca Roblero luchador social miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asesinado por luchar en contra de la mina de barita conocida como Ampliación La Revancha, en el ejido de Grecia, Chicomuselo, Chiapas, México; compañía canadiense del grupo Blackfire Exploration Ltd. que desde el inicio de sus operaciones había demostrado varias irregularidades presuntamente en complicidad con los diferentes niveles de gobierno a través de la corrupción y la compra de voluntades.

Abordaremos el papel importante de la ecología política dentro de estos conflictos como nueva herramienta analítica-interpretativa de la acción política y del pensamiento crítico a través de las relaciones de poder entre la sociedad y el mercado mundial, emergiendo una nueva racionalidad ambiental para repensar a la política y sus relaciones con la naturaleza.

La minería en México

La historia de la minería data desde la época de la Corona española por controlar la extracción y control de la plata, demostrando que los mega proyectos mineros se han venido gestando desde hace tiempo atrás, desde 1970 se ha priorizado la inversión extranjera en el país para posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entro en vigor en 1994, consolidar el patrón de acumulación que se había estado implementando; para el 2000 se esperaba un cambio en el modelo económico con la transición del Par- tido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de Acción Nacional (PAN), sin embargo se siguieron con las mismas políticas neoliberales de desarrollo.

Este principio fundamental de la acumulación de capital a través de la extracción demuestra que desde tiempo atrás el gobierno mexica- no había realizado una serie de acciones para el establecimiento de las concesiones mineras, para que fuera admitido en el TLCAN, entre otras cosas, tuvo que quitar subsidios al campo ocasionando una acelerada migración lo que ocasionó un empobrecimiento al campo, así cuando se les ofrecía a los campesinos la compra de sus tierras estos aceptaban, ya que hacía tiempo que no producían en ellas.

Las concesiones mineras en el gobierno de Felipe Calderón desde el 2006 hasta el primer semestre de 2012 según el VI Informe de gobierno, cuenta con un total de 32 millones 573 mil hectáreas equivalente a un 16.58% del total de todo el territorio mexicano, superando en su totalidad a varios estados de la república; conce- sionó 11 millones 325 mil hectáreas, 4 millones de ellas en el primer semestre de 2012, a través de mil 343 títulos, siendo un aumento de más del 300% por ciento respecto al mismo lapso de tiempo que el año anterior, localizándose la mayor concentración de mineras en el sur del país en el estado de Oaxaca con una superficie de 9 millones 395.2 mil hectáreas. Se han registrado los mayores montos de inver- sión en el sector minero-metalúrgico: 22,696 millones de dólares, 339.9% superior en comparación a los 5,159 millones de dólares que se reportaron en todo el sexenio anterior. Con este nivel de inversión se ha logrado superar en 54.6% la meta establecida para el periodo 2007-2012 (14,682 millones de dólares).

El mismo informe señala que se disminuye el tiempo de expedi- ción de permisos mineros en un 40% con respecto al 2011, pasando de 15.8 a 6.5 días. De acuerdo al número de empresas mineras inscritas en el registro público del 2012 hasta junio habían 2 mil 611 compañías, 48.5 % de capital nacional y el 41.5% de capital extranjero un incre- mento considerable ya que cuando empezó el sexenio en el 2006 solo existían mil 755 empresas.

Como señala Delgado (2012) “algunos de los beneficios de las empresas mineras en México es que tienen un plazo de amortización de pérdidas fiscales por 10 años, o la excepción de pago por derechos o tasa de exportación” lo que hace más atractiva la inversión extranjera al país.

Debido a la flexibilidad de las leyes mexicanas para otorgar per- misos a las concesiones, México es por segundo año consecutivo el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en atracción a los capitales destinados a la exploración. Sólo lo superan Canadá, Aus- tralia y Estados Unidos.

Este incremento acelerado en la industria ocasiona una mayor inversión en la investigación del territorio permitiendo “identificar 110 nuevas localidades con potencial minero, ubicadas principalmente en los estados de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, Baja California, Durango, Jalisco, Chia- pas, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato”. Consti- tuyendo un potencial para nuevos proyectos de exploración para la siguiente administración, generando los mismos problemas sociales y económicos que surgen por la aparición de la industria en cada región. Tales como la contaminación ambiental, polarización de la sociedad, si bien la industria promete empleos, estos son muy escasos para satis- facer las necesidades de la demanda local. Las empresas mineras al es- tablecerse en una región explotan el recurso, el proceso de apropiación se da por un despojo doble, el de los bienes comunes y por otra parte el del trabajo donde éste último se entiende como la forma humana de mediar, regular y controlar el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza (Delgado, 2011:2).

Ante los conflictos que genera la industria al apropiarse de los recursos naturales surge la resistencia social como forma de inconfor- midad ante la actividad de extracción, como el caso de Chicomuselo en Chiapas y Buenaventura en Chihuahua, regiones donde se ha crimina- lizado a opositores de los proyectos.

Extracción minera en Chicomuselo, Chiapas.

La extracción minera, como menciona Gudynas (2009), tiene una limitada contribución a un genuino desarrollo nacional. Las expor- taciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico, premisa que sostuvo el gobierno calderonista al conceder el mayor número de permisos en el último semestre del 2012 a las concesiones mineras.

Para diferenciar las actividades extractivas impulsadas por go- biernos de izquierda tradicional de los cuales, se esperaría un modelo socioeconómico distinto estructuralmente, Gudynas utiliza el concepto de neoextractivismo como una nueva oleada del extractivismo clásico pero desde un modelo alternativo, siguiendo esta distinción, México sigue estando en el modelo clásico primario-exportador a través de su modelo neoliberal.

Esta práctica de despojo en el actual modelo de desarrollo se muestra como el más agresivo y desigual. El extractivismo se apropia de la gran diversidad de recursos naturales, minerales y energéticos que son aprovechados por las países de economías dominantes motivada por la demanda externa ya que para operar no requiere del mercado interno e incluso funciona con salarios decrecientes (Delgado, 2011: 14).

Particularmente en la región sureste de México es donde se con- centran principalmente las concesiones mineras, tal es el caso de la empresa Blackfire Exploration Ltd. de capital canadiense, que extrae el mineral barita (material que se utiliza para la fabricación de pintu- ras y como aditivo para la peroración de pozos), localizada en la sierra madre de Chiapas en la ampliación La Revancha, en el ejido de Grecia. Esta empresa que tiene por lema “Explorando agresivamente y desarro- llando Chiapas” empezó sus operaciones en el 2007, fue evaluada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que es la autorizada para inspeccionar las condiciones de explotación de la mina y sus impactos ambientales en la región, sin embargo la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la que aprueba la concesión y la operación de la misma. Ya con el permiso otorgado la empresa presenta distintos problemas ambientales y sociales como resultado de sus acciones.

Como señala Gudynas (2009:187) esta actividad está sostenida por el Estado del país en donde se lleva acabo ya que a través de irre- gularidades proporciona permisos, subsidia a las multinacionales con recursos públicos y con ventajas impositivas, aplicando una legislación favorable a las operaciones volviéndose cómplice de la actividad. En las estrategias económicas del progresismo, el extractivismo está en un lugar importante, las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico.

Artemio Ávila director general de Blackfire en México, anunció que la trasnacional canadiense explotaría en Chiapas “la mayor mina de barita del mundo, que alcanzaría en unos ocho meses un ritmo de producción de 360.000 toneladas anuales de esta piedra utilizada para la perforación petrolífera”, esta mina, afirma, tiene una vida útil de cien años.

No es hasta el 2008 que pese a las ganancias que había consegui- do la multinacional y con las afirmaciones hechas por los directivos, que la población decide protestar al sentirse engañada con promesas incumplidas o mal hechas que se habían firmado en la “Minuta de acuerdos”[2] donde el gobierno se comprometía al revestimiento de ca- rreteras, atención a la vivienda, proyectos de agua potable e incluso mejoramiento y construcción de aulas escolares y una reforestación de hasta 50 hectáreas.

A pesar de que los ejidatarios de Grecia estaban de acuerdo en firmar un contrato de arrendamiento con la empresa y obligados a no interferir en las labores de la empresa ni restringir el paso, rompieron el acuerdo y bloquearon el paso a camiones que transportaban el mineral en solidaridad con el vecino ejido de Nueva Morelia cuando se dieron cuenta que la empresa minera extraía ilegalmente barita.

Durante el 2008 y 2009 siguieron las investigaciones de las ope- raciones de la empresa donde según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas y la asociación Otros Mundos A.C., el presidente municipal de Chicomuselo Julio Cesar Velásquez Cal- derón fue sobornado por Blackfire, estas agrupaciones evidenciaron los pagos realizados a través de depósitos bancarios como “donativos para la feria anual del pueblo” y para “mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alzaran en armas contra la mina”, este tipo de corrupción se genero ya que la ley impide un cobro de impuesto a las empresas mineras y así las municipalidades no pueden imponer cuotas a la actividad despojándolos de cualquier ingreso que podría beneficiarlos.

Mariano Abarca Robledo, miembro de REMA y luchador en con- tra de la mina, denuncia en febrero del 2009 ante la Procuraduría Fe- deral de Protección al Ambiente (PROFEPA) los impactos negativos de la empresa, pero es hasta agosto del mismo año que es reprimido por el gobierno municipal de Chiapas encabezado por Juan Sabines Guerrero (2006-2012), donde es secuestrado ilegalmente.

La lucha de miembros de las organizaciones civiles y ambien- tales en el ejido se da ante el reclamo de los graves impactos socia- les y ambientales que genera la empresa minera, así como por el incumplimiento de las promesas que se hicieron cuando se decidió arrendar las tierras ejidales, se destacan los problemas como la con- taminación del agua del río Grijalva, uno de los ríos más importantes de México, la muerte por la peste del ganado, la pérdida del agua en los arroyos, daños en la salud como infecciones en la piel y el irre- parable daño ambiental.

Al introducirse la mina a la zona se prometió progreso para Chi- comuselo, y al no dar a conocer los riesgos que traería consigo, el re- sultado llego a ser lo contrario de lo prometido, no generaba empleo suficiente para todos los trabajadores, desaparecerían las plantas endé- micas de la región, habría contaminación y, una demanda importante, la población no era tomada en cuenta en las decisiones que la empresa hacia en el ejido.

Entre las promesas estaban la construcción de carreteras, par- ques y casas, instalación de la red eléctrica e hidráulica, generación de proyectos productivos de desarrollo; sin embargo al no llevarse a cabo logran una desintegración social y una división entra la población de los que trabajaban en la mina y estaban a favor de ella como los que estaban en contra, generando grupos de choque que servirían para re- primir a los inconformes.

Aprovechándose de esta situación los partidos políticos dividie- ron a las comunidades debilitando así el tejido social y la unidad en contra de la minera. Algunas que si apoyaban la actividad lo hacían ante la pobreza a la que estaban sujetos.

Uno de los principales luchadores en contra de la minera era Ma- riano Abarca asesinado en agosto de 2009 por “presuntos colaboradores de la mina”; después de este hecho el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAHN) clausura temporalmente sus operaciones, decreto sujeto a la revisión de la Secretaría de Economía que da la resolución final.

Ante la presión de demandas nacionales e internacionales por establecer el caso del asesinato, aunque este no haya sido el motivo prin- cipal de la clausura, la SEMAHN realiza la cancelación de operaciones por presuntas violaciones a la ley ambiental del Estado ya que no con- taba con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA) al momento de su inspección. Sin embargo la empresa haciendo uso de sus derechos intenta revocar la decisión realizando un amparo resuelto a su favor ante la Justicia de la Nación, donde el Juzgado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas afirma que la SEMA- HN y el Gobierno de Juan Sabines se atribuyeron funciones que no le correspondían, siendo exclusivamente de las autoridades federales. Así se demuestra que las acciones que hicieron fueron solo políticas de distracción y sin ningún fundamento, queriendo calmar la indignación social por el asesinato de Mariano.

Estos hechos fueron resultado de otras acciones, como la de- tención de tres presuntos culpables por el asesinato y una denuncia realizada por REMA, Alerta Minera Canadá, Common Frontiers y el USW (United Steelworkers) por graves impactos sociales y ambientales, llevando a la solicitud de una investigación por soborno, con el apoyo de varias organizaciones incluyendo al Consejo de Canadienses para que se investiguen las operaciones de Blackfire como lo indica la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros.

Lo que se resuelve con las denuncias hechas a la empresa es que deberá permanecer cerrada hasta que cumpla con la normatividad in- dicada por la SEMAHN, resultado de la apelación que presento esta institución contra el amparo realizado por la empresa Blackfire para continuar con sus operaciones, hecho que demuestra que su cancela- ción no es definitiva.

Criminalización social
Las empresas mineras en territorio mexicano gozan de exención impo- sitiva ya que no pagan impuestos por las operaciones mineras haciendo solamente un pago simbólico por cada hectárea de tierra otorgada in- centivando la inversión extranjera en esta industria de exploración, así el gobierno federal en los últimos 10 años ha otorgado casi un millón de hectáreas en concesiones mineras a cielo abierto, lo que implica daños al medio ambiente y un cambio en las estructuras sociales, lo que trae como resultado la organización de la sociedad civil en resistencia para demandar principalmente una mejor calidad de vida.

La población en Chicomuselo se vio afectada por el incumpli- miento de los compromisos que el gobierno había prometido para faci- litar la entrada de la empresa, “se prometieron rehabilitación de aulas escolares en la comunidad de los Arroyos, mejoramiento del camino

Flores Magón al ejido de Grecia; apoyo a la cafeticultura, a la ganadería, a la agricultura protegida, a la reconversión productiva, a proyectos productivos siempre y cuando no implique el fomento al traspatio, en- trega de herramientas, reforestación, apoyo a la educación e infraes- tructura, construcción de sala de usos múltiples, etc.”

Ante los problemas ambientales, los daños a la salud de la pobla- ción y el inexistente beneficio a la ciudadanía por la actividad de extrac- ción del mineral, se decide en agosto de 2009 organizar un plantón que impida el paso a la maquinaria de la mina por parte del Movimiento Popular de Resistencia apoyado por el Frente Cívico y encabezado por Mariano Abarca, miembro de REMA.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar y el 17 de agosto fue detenido Mariano Abarca Roblero denunciado por Luis Antonio Flores Villatoro, Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire acusán- dolo de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado; delitos con los que se criminalizó la lucha social, “la em- presa interpuso la declaración de dos personas supuestamente como testigos de los hechos, a la señora Brenda Liliana León Valadez con residencia en Canadá y de origen mexicana; y al Sr. Willis Bradley Craig de nacionalidad canadiense.”

Mariano que había presentado ante las autoridades correspon- dientes una “Acta administrativa” por el delito de amenazas y lo que resulte previsto, es detenido y posteriormente trasladado a la Quinta Pitiquitos[3], donde permanecerá arraigado 10 días; durante este tiempo se negoció su libertad a cambio de abandonar su lucha contra la mine- ra o de lo contrario que impidiera el segundo Encuentro de REMA en Chicomuselo celebrado a finales de agosto del mismo año, sin embargo prefirió quedarse preso a negociar en esas circunstancias. Al no contar con pruebas suficientes para procesarlo por las acusaciones hechas por la trasnacional y ante la fuerte presión de organizaciones nacionales e internacionales le inician una averiguación previa para posteriormente dejarlo en libertad[4].

La Lic. Elvira Godillo Rivera y el Lic. José Alfredo Zunum Gonzales, abogados de Mariano reclamaban la violación de los derechos humanos de su cliente ya que las autoridades estaban adecuándolo a la delincuencia organizada con pocos elementos y según la Procuraduría de Justicia con la figura del arraigo no existía la violación a los derechos humanos.

Mariano había sido objeto de constantes amenazas por parte de empleados y contratistas de la empresa por varios meses, sin embargo logra participar en el segundo Encuentro de REMA presentando su ex- periencia en la lucha y su resistencia contra el despojo y la devastación de los ejidos de Grecia y Nuevo Morelia en Chicomuselo por parte de la empresa minera canadiense Blackfire.

Las amenazas continuaron hasta que en noviembre del 2009 es asesinado frente a su casa en la cabecera municipal de Chicomuselo, según testigos una persona le disparo con un arma de fuego muriendo al instante e hiriendo gravemente a quien lo acompañaba, Orlando Ve- lásquez también miembro del REMA.

La minera se vio envuelta en un escándalo después de la muerte de Mariano, reveló que había sido extorsionada por el presidente mu- nicipal representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Julio Cesar Velásquez Calderón ya que el gobierno tenía conocimiento de las operaciones ilegales de la empresa y los conflictos que esta gene- raba en la zona y que le pedía cuantiosas cifras monetarias para poder operar libremente.

La mina de barita fue clausurada días después del asesinato de Mariano y al personal que trabajaba en la empresa como Walter León Montoya, dueño de la empresa de transporte encargada del mineral, fueron acusados de estar involucrados en la muerte del activista.

El cierre de las operaciones por parte de SEMAHN se dio única- mente para verificar los posibles impactos ambientales por la “apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de cauces y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante (…)” y si contaba o no con la LFFFEA4, más no por el asesinato de Mariano.

En todo este contexto de lucha los frentes de resistencia de Chico- muselo han logrado contar con mayor participación civil, comunidades eclesiásticas de base y otras organizaciones, principalmente trabajando para concientizar a la gente en defender sus tierras y no abandonarlas, también han participado en el M[5] Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, integrado por organizaciones de México hasta Panamá.

El asesinato de Mariano Abarca es resultado de la criminaliza- ción a luchadores sociales que resisten por la presencia de las mineras en el país, como lo fueron también Bernardo Vásquez dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) en Oa- xaca y opositor a la minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines que opera en San José del Progreso; Betty Cariño defensora de los derechos humanos y recientemente el asesinato del activista Ismael Osorio Urrutia y de su esposa, Manue- lita Solís Contreras opositores a los grupos que explotan los mantos acuíferos de la región, contaminando y destruyendo las tierras en San Buenaventura, Chihuahua.

Ecología política y extractivismo

La ecología política emerge del interior de la economía ecológica para analizar los procesos de significación, valorización y apropia- ción de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológi- cas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en términos de controversias derivadas de formas diversas de valoriza- ción de la naturaleza, donde los valores políticos y culturales impli- cados desbordan el campo de la economía política, incluso de una economía política de los recursos naturales y servicios ambientales (Leff, 2006: 4). Es por eso que se genera la politización de la ecolo- gía que surge como respuesta a los movimientos sociales y normas ecológicas, es la construcción de un nuevo territorio del pensamiento crítico y de la acción política.

La ecología política analiza y estudia los conflictos que se gene- ran cuando son apropiados los recursos naturales para el proceso de acumulación, donde las comunidades se mantienen en resistencia para cuidar y defender sus recursos demandando las promesas hechas, estos conflictos principalmente se dan por la defensa de los derechos a un lugar donde vivir dignamente.

Esta relación entre sociedad y naturaleza establecida en el mode- lo económico dominante es importante objeto de estudio por las distin- tas complejidades que genera, entre las más importantes encontramos la referente a la distribución del acceso y los beneficios económicos de- rivados de la mercantilización de la naturaleza. Los recursos naturales como materia prima de los procesos productivos son objeto de disputa y apropiación.

La empresa minera Blackfire responde a la creciente demanda por parte del mercado globalizado y el elevado consumo que se da en la industria de los minerales, el sistema capitalista es el responsable de la apropiación de los recursos naturales en países menos desarrollados.

Esta apropiación de la naturaleza por parte de la empresa mi- nera en Chicomuselo guiada por los mecanismos de mercado y en la geopolítica del neoliberalismo, se generan políticas de globalización que ponen a disposición el patrimonio geológico de las regiones menos desarrolladas con una gran cantidad de recursos que pueden ser explo- tados, como menciona Delgado “la economía política entendida ésta como el análisis no meramente de la política en la ecología, sino de las relaciones socioeconómicas y de poder así como de los conflictos exis- tentes en torno al acceso, gestión y usufructo de los recursos naturales y diversas narrativas y valoraciones existentes”, señala la emergencia de resistencias sociales desde los sistemas tradicionales de defensa de or- ganización a través de una construcción de estrategias de poder capaces de vincular y fortalecer un frente común de luchas políticas diferencia- das en la vía de la construcción de un mundo diverso guiado por una racionalidad ambiental y una política de la diferencia que reconozca la importancia de los derechos del ser humano. Ejemplo como el REMA que ha entrelazado su lucha con organismos nacionales e internaciona- les construyendo una red de resistencia.

El uso de la dinamita para extraer la barita provoca una cons- tante contaminación por los residuos del mineral que, oxidándose, con- tamina ríos y suelos provocando la muerte de peces, ganado y otros animales, además que provoca la completa desaparición de muchos pequeños arroyos. No sólo eso, antes de extraer el mineral se desmatan superficies importantes, dejándolas peladas y ya inservibles como tierras de cultivo, este es uno de los muchos problemas que se generan con el comercio ecológicamente desigual, problemas socio-ambientales como la deuda ecológica que no pagan las empresas durante el tiempo de operación.

En Chicomuselo, Blackfire no es la única empresa minera explo- rando las miles de hectáreas de tierras, hay en toda la región más em- presas que por su actividad destruyen el ambiente y generan conflictos sociales.

Cabe mencionar un caso en particular de exploración que se pretende abrir a la iniciativa privada para el sexenio presidencial 2012- 2018, es el del gas esquisto (shale), yacimientos localizados en el norte del país y que están generando los mismos problemas que se presentan en la extracción minera.

Conclusiones
Las relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza en el actual modelo de producción capitalista se dan principalmente con la apropiación de los recursos para satisfacer las demandas del mer- cado globalizado.
Tal es el caso de las empresas mineras que a través de la extorción y soborno a los diferentes niveles de gobierno logran establecerse en territorio nacional, ocasionando graves daños en el medio ambiente y conflictos en la sociedad.

Ante las inconformidades de la sociedad hacia las empresas, sur- ge la resistencia y lucha por una mejor calidad de vida, como el caso de Mariano y los demás luchadores sociales que han sido reprimidos llegando al borde del asesinato por demandar un mundo mejor.

El compromiso adquirido en la administración calderonista ante la urgencia de atraer inversión extranjera de empresas de extracción de minerales en el territorio nacional demuestra que fue plan estratégico que seguirá aplicándose en este sexenio con Enrique Peña Nieto, que desde el inicio de su campaña presidencial apuntó a la privatización del combustible fósil y a incentivar la iniciativa privada en el norte del país con la exploración del gas esquisto (shale), así mismo su gobierno es identificado por el uso excesivo de la fuerza contra los movimientos sociales que resisten ante las practicas neoliberales de desarrollo.

Y por último , si bien se han generado impactos ambientales por las empresas mineras es necesario añadir que las violaciones a con- venios firmados y las amenazas de muerte culminadas en asesinatos demuestran que se debe entrelazar en un solo contexto al ámbito social y ambiental ya que los impactos de uno repercuten en las acciones del otro, así como en las formas de vida y su relacionan con la naturaleza.

Bibliografía

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- Delgado, G. 2010 “América Latina y el Caribe como reservas estratégicas de minerales” en Ecología Política de la Minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería (México DF: CEIICH).

- ————– 2011 “Bienes comunes, metabolismo social y el futuro común de la humanidad: un análisis Norte-Sur”. Documento temático de la conferencia sobre los bienes comunes en Roma, organizada por la Fundación Rosa Luxemburg (Bruselas) 28 y 29 de abril.

- ————— 2012 “Extractivismo minero, conflicto y resistencia social” en Realidad económica No 265. 1 enero-15 febrero, 60-84.

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- Hernandez, L. 2011 Siembra de concreto, cosecha de ira (México DF: Fundación Rosa Luxemburgo/Para Leer en Libertad A.C.).

- Leff, E. 2006 “La ecología política en América Latina. Un campo en construcción” en Alimonda, H. Los tormentos de la materia Aportes para una ecología política latinoamericana (Buenos Aires: CLACSO).

- Martinez-Alier, J. 2008 “Conflictos ecológicos y justicia ambiental” en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) No 103 (Madrid).

- Navarro, L. y Pineda, C. 2009 “Luchas socioambientales en América Latina y México. Nuevas subjetividades y radicalidades en movimiento” en Bajo el Volcán, No14, vol. 8 (Puebla, México) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, 81-104

- Toledo, V. 2007 “Metabolismos rurales: hacia una teoría económico- ecológica de la apropiación de la naturaleza” en Revista de la red iberoamericana de economía ecológica Vol. 7, 1-26.

- anExo: mapa dE conFlictos ambiEntalEs

- Gian Carlo Delgado Ramos y Sofía Ávila Calero (coordinadores)

- Colaboradores: Generación 2012 del Seminario Virtual sobre “Ecología Política y Metabolismo Social” de CLACSO y estudiantes de la Univer- sidad Nacional Autónoma de México (Cristina Campos Chávez, Yoame Ramírez Ramos, Ana Patricia Arroyo Gámez, Carmen Méndez Calzada, Gianinna Ferreyro Ponce, Mariana Velázquez).

1. Licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera por la Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo, México. Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) y estudiante de la maestría en Economía y Gestión del Turismo en la Universi- dad de Buenos Aires, Argentina.↵

2. El 13 de diciembre de 2007 se realizó una “Minuta de Acuerdos” entre el Gobierno de Chiapas representado por muchos funcionarios entre ellos el Lic. René Salvador Car- tagena Corzo quien fuera de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Comitán, y luego trabajador de la empresa minera canadiense defendiendo los intereses de ésta. Por el lado de la trasnacional el Director General Artemio Ávila Cervera que luego del asesinato de Mariano Abarca logró ampararse, y Elmo A. Henríquez Cabrera, Gerente Operativo; y su asesor legal Celso Peña Ruiz.↵

3. Nombre del lugar ubicado en Chiapa de Corzo donde la Procuraduría de Justicia arraiga a personas de manera ilegal, para ser investigadas.↵

4. Mariano declara que “en relación a la detención del suscrito por la autoridad adminis- trativa, fui liberado sin encontrarme culpable de delito alguno y dicha detención se debió a la denuncia realizada por la empresa minera, misma que ahora tengo conocimiento que me quiere causar daño, pues por los comentarios del señor Ciro Roblero Pérez y que fueron vertidos ante el señor Néstor Velásquez Ortiz, agente municipal del ejido Nueva Morelia de este municipio, estoy en la lista de las personas que la empresa ha decidido dañarlas, ya que claramente refiere que a mí ya me han ido a buscar para matarlo”.↵

5. Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas.↵

Anexo

Minería energética

l.-GAS

ARGENTINA NEUQUÉN, DEPARTAMENTO DE CONFLUENCIA,

LOMA DE LA LATA.

Inicio del conflicto: 1995

Despojo de tierras:

Se han presentado denuncias por la posesión de tierras por parte de

Dow Chemical, Petrobras y Repsol YPF.

Descripción del conflicto:

Loma de la Lata es el yacimiento de gas más importante de Argentina. Estas tierras están ocupadas desde principios de siglo XX por las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ, dedicadas tradicio-nalmente a la cría de ganado. Desde la década de 1960 ha habido presencia de empresas extractivas en la región: primero YPF esta¬tal, luego Repsol y otras como Gas del Pacífico. El territorio de las comunidades ha quedado enclavado en el yacimiento y cerca de una central termoeléctrica, lo que ha provocado ausencia de agua pota¬ble, electricidad y gas. En 1995 la comunidad Paynemil descrubió y posteriormente denunció contaminación por condensados de gaso¬lina en la napa freática. Tal denuncia se efectuó ante 6 organismos de control nacionales y provinciales, además de una presentación al ombudsman de la Nación y una acción judicial por la Defensoría de Menores, donde -en tres instancias- se condenó a la Provincia por la falta la provisión de agua potable.Otro momento importante del conflicto se dio en el año 2001, cuando las comunidades se opusie¬ron al proyecto de una planta separadora de gas operada por Dow Chemical, Petrobras y Repsol YPF. Aquí sobresalió la denuncia de la comunidad Kaxipayiñ, que reclamaba también la posesión de esas tierras y la falta de consulta previa. En ese año también presentaron un estudio sobre la contaminación ambiental y sobre las personas que sufrían problemas de salud. A raíz de esto se presentaron denun¬cias penales ante organismos nacionales e internacionales. Además se han desplegado otras formas de acción directa como el corte de ruta, freno de máquinas y vehículos, manifestaciones y accesos a los campamentos petroleros. Este tipo de acciones se han desplegado hasta la actualidad, registrando el más reciente conflicto en julio de 2012 en contra de una empresa de servicios petroleros llamada San Antonio (tradicional contratista de YPF). La comunidad ha expulsa¬do a la empresa de sus territorios.

Actores en pugna:

Diversas empresas extractivas involucradas (la más importante es YPF, sin embargo también están San Antonio y Pampa Energía); el Gobierno provincial y nacional, así como las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.avkinpivkemapu.com.ar/

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Conta-minacion/Petroleras_y_contaminacion_en_Neuquen

http://opsur.wordpress.eom/category/pueblos-originarios/page/3/

http://www.mapuche.info/mapuint/LomaLata.html

2.CARBÓN

ARGENTINA RIO TURBIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

A orillas de la única fuente de agua potable que abastece a más de 120.000 habitantes (entre las localidades de Río Gallegos y 28 de No¬viembre), se dispondrá gran cantidad de desechos industriales peligro¬sos provenientes de la Mega Usina de Carbón, prevista para inaugurarse a finales del 2012. Se estima que la Mega Usina consumirá más de 1.000.000 toneladas de carbón por año. De ese total, sólo puede apro¬vecharse el 40 %, ya que el 60 % restante es ganga, un compuesto de rocas y arcillas con contenidos de sustancias minerales y químicas de carácter peligroso para la salud. Por otra parte la generación de gases, producto de la combustión del carbón, podría ocasionar lluvia acida afectando la salud de la población de los alrededores y a los ecosiste¬mas asociados a los glaciares próximos ( fuente de agua para consumo humano y fuente de ingresos importantes debido al turismo interna-cional). En este sentido, preocupa la ubicación de los drenajes ácidos, provenientes de los residuos de combustibles utilizados por la usina, mismos que podrían llegar hasta el rio Santa Cruz y afectar la calidad del agua que luego es utilizada para consumo humano.

Actores en pugna:

A favor del proyecto: el gobierno nacional y gobierno municipal, así como la empresa ISOLUX CORSAN que esta al frente del emprendi-miento. En contra del proyecto: la comunidad de Punta Arenas (ciudad chilena vecina), la comunidad e Rio Turbio y Rio Gallegos (entre otras cercanas), así como la Asamblea Ambiental Ciudadana Rio Gallegos.

Criminalización social:

Hubo amenazas contra la vida de activistas ambientales. También in¬tentos de sobornos y persecución que han violado derechos constitu¬cionales. Estas denuncias se expusieron ante la Secretaría de Derechos Humanos y en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeno¬fobia y el Racismo.

Fuentes electrónicas de información:

http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/

http://fernandoberdugo.blogspot.com.ar/2011/07/megausina-de-carbon-rio-turbio.html

http://www.goyaopina.com.ar/?p=l 1185

http://www.tiemposur.com.ar/nota/29045-preocupa-que-los-restos-de-cenizas-terminen-en-el-rio

http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2011/07/usina-de -rio -turbio -criticas -y.html

3.PETRÓLEO

ARGENTINA. LAGUNA DE LLANCANELO, MALARGÜE, MENDOZA.

Inicio del conflicto: 1999

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La Laguna Llancanelo es un humedal reconocido internacionalmente por la Convención RAMSAR (1996), además de ser área protegida provincial. Sus valores ecológicos la ubican como uno de los sitios más biodiversos del país y de mayor diversidad biológica del planeta dentro de las regiones áridas. En el año 1999 Repsol YPF presentó un proyecto para explorar yacimientos en esta zona. Ante esto , luego de audiencias públicas e im-puganciones sobre las declaraciones de impacto ambiental, se interpuso en 2003 un recurso de amparo por parte de una ONG (OIKOS) que frenó los trabajos de exploración en el área, ya que los límites de la reserva no estaban claros. En 2005 el amparo fue rectificado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia.Frente a esto el gobierno se embarcó en la amplia¬ción de los límtes de la reserva, llevándola de 42.000 a 86.000 ha., lo cual produjo fuertes resistencias por parte de algunos propietarios de la zona, ya que sus campos quedarían dentro de la reserva. Esto finalmente no se concretó y los puesteros no fueron expropiados. En 2009 la empresa volvió a intentar explotar el área presentando el informe de impacto ambiental, el cual fue impugnado por organismos científicos como el Instituto Ar¬gentino de Zonas Áridas. Sin embargo y luego de la audiencia pública, en febrero de 2010, el el gobierno provincial aprobó la declaración de impacto ambiental, dando el aval a Repsol para comenzar con los trabajos en la zona. En este contexto se crea la Unidad de Gestión Llancanelo, intergrada por los actores participantes en la EIA (ley 7824). A los pocos meses, en oc¬tubre de 2010, se denunció contaminación del agua por parte de uno de los propietarios de los campos linderos a la laguna, lo que llevó que un grupo de legisladores provinciales visitara al área y pudiera constatar focos de contaminación. Al año 2011 no se había confeccionado todavía un plano de mensura completo de la zona, previsto en el plan de manejo de la reserva y que permitiría establecer difinitivamente dónde puede establecerse la actividad extractiva.

Actores en pugna:

Repsol YPF; Gobierno provincial y municipal; trabajadores de la indus¬tria petrolera; propietarios de tierras de la zona; OIKOS Red Ambiental y algunos pobladores.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/ Llancanelo_un_mar_de_hipocresias_navegado_por_REPSOL_YPF http://losandes.com.ar/notas/2005/3/15/sociedad-146933.asp

4.-ORO Y URANIO (PROYECTO FAMATINA) ARGENTINA. LA RIO JA, FAMATINA

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Desde el año 2006 el pueblo de Famatina viene resistiendo la instala¬ción de empresas mineras en sus territorios. El primer intento de las industrias extractivas vino de la mano de Barrick Gold, con el aval del gobierno provincial y municipal. El conflicto llegó a tal nivel que en 2007 se destituyó al gobernador, Ángel Maza, reemplazado por su vice Luis Beder Herrera, quien sería electo gobernador en las eleccio¬nes de los meses siguientes. Su discurso fue en contra de la actividad minera, incluso se llegó a sancionar una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro (Ley 8731) y otra sobre consulta popular vinculante (Ley 8.138) que serían derogadas tiempo después. Sin embargo, el gobernador fue reelecto en 2011 con mas del 60% de los votos. Las modalidades de la lucha han incluido e incluyen asambleas y otros tipos de organización pero sobresale el corte de ruta, particularmente el que se mantiene hasta la actualidad, ubica¬do en Peñas Negras, camino a la mina y el de Alto Carrizal. En 2011 también el gobernador reelecto anunció un acuerdo con Osisko Mi¬ning Corporation, pero la lucha y resistencia de Famatina ha logrado atrasar mas de un año las tareas de exploración, previstas para enero de 2012. Los asambleístas han sufrido todo tipo de persecuciones y los han reprimido fuerzas policiales provinciales en ocasiones de manifestaciones y demás actividades. Ha habido judicialización del conflicto, jueces provinciales y la misma Barrick han demandado a los pobladores, incluso se encarceló a una de las asambleístas en 2009. Por último, se comprobó la confección de listas negras con datos personales de varios asambleístas por parte de Osisko.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: gobierno nacional, gobierno provincial, Ba¬rrick Gold, Osisko Mining Co., Energía y Mnerales Sociedad del Estado (provincial), Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Chilecito, Vecinos por el SI, Instituto Provincial del Agua. En opo¬sición: Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO (asamblea de Famatina, asamblea de Chilecito y otras), Intendencia de Famatina.

Criminalización social: No se tienen registros.

Principales fuentes electrónicas de información:

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/la-rioja/famatina.html

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/l/19/famatina-pueblo-contra-mineria-619093.asp

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/la-rioja/famatina.html

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/l/19/famatina-pueblo-contra-mineria-619093.asp

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal db/?page=conflicto&id=98

http://www.lanacion.com.ar/1491639-frenan-el-proyecto-minero-de-famatina

5.URANIO

ARGENTINA. MENDOZA, SAN RAFAEL, SIERRA PINTADA.

Inicio del conflicto: 1995

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Entre 1975 y 1995 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) explotó la mina de uranio. En el año 95 se dispone el cierre de la misma, en un contexto donde resultaba mas barato importarlo que producirlo y dejó pasivos ambientales sin el tratamiento adecuado. A principios de 2003 la CNEA anuncia su intención de retomar la explotación, pero a condición que remedie los pasivos ambientales. La propuesta de la CNEA es minimizar los impactos en el ambien¬te y la salud que podrían provocar dichos residuos a través de una re mediación parcial y el comienzo de las actividades; mientras que la Multisectorial del Sur exige una remediación total y el cierre de la mina.Entre 2005 y 2010 se judicializa el conflicto, pasando por medidas cautelares que prohibieron los trabajos en la mina, luego la cámara federal de apelaciones falló a favor de la CNEA, en 2007 se da lugar a la medida de amparo presentada por la Multisectorial del sur, hasta que finalmente la corte suprema de justicia en 2010 frenó toda actividad en la mina hasta tanto no se termine con la remediación de los pasivos ambientales. Así, se están llevando adelante las tareas de remediación de la mina. Otra cuestión de importancia es que en el año 2007 se sancionó la ley provincial 7.722, que prohibe la explota¬ción a cielo abierto con uso de cianuro y sustancias tóxicas similares en los procesos metalíferos, lo que es un herramienta más para los sectores que luchan contra el modelo extractivista en la provincia.

Actores en pugna:

Impulsando: CNEA, Estado Nacional, Provincial, Cámara de Empre¬sarios Mineros de Mendoza, Asociación de Profesionales de la Comi¬sión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear-APCNEAN, sector de pobladores de la zona. En oposición: Multisectorial del Sur, Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Fundación Cullunche, Oikos.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/13/mina-uranio-hace-anos-genera-conflictos-642026.asp

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/mendoza/sierra-pintada.html

http://www.losandes.com.ar/notas/2013/l/18/gobernador-esta-oro-691806.asp

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=100

6.PETRÓLEO

BELICE. SPANISH LOOKOUT, DISTRITO DE CAYO.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

La serie de concesiones que ha entregado Belice a distintas trasnaciona-les desde 2005 para la exploración y explotación petrolera, han puesto en riesgo zonas con grandes reservas de flora y fauna endémica. Ade¬más, dichas concesiones, han violentado los derechos de propiedad de las comunidades que ahí habitan.

Descripción del conflicto:

En 2005, Belice encontró grandes reservas petroleras en uno de sus seis Distritos: Cayo. A partir de este acontecimiento, el gobierno beliceño otorgó cuantiosas licencias de exploración y explotación a diversas em¬presas extranjeras. En 2010, la compañía petrolera Belize Natural Ener¬gy (BNE) subsidiaria de grandes transnacionales, comenzó a explotar las reservas en uno de los municipios del Distrito: Spanish Lookout. Ello generó un conflicto en 2007 entre los habitantes menonitas. Tam¬bién se desató una controversia de orden político, ya que parte de la zona forma parte del Convenio Ramsar (importancia ecológica de hu¬medales y aves acuáticas) y colinda con la frontera guatemalteca.

Actores en pugna:

Poblaciones desplazadas y afectadas (menonitas e indígenas); diversas empresas trasnacionales poseedoras de licencias para la exploración y explotación petroleras; gobierno de Belice.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.prensalibre.com/noticias/Belice-aprovecha-area-pug-na_0_259174134.html

http://www.oilwatchmesoamerica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=38

http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Consejo_Asesor_Petrolero_aprueba_plan_de_trabajo

7.PETRÓLEO

BOLIVIA. AMAZONIA Y ZONA NORTE DEL CHACO.

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:

Las compañías petroleras Repsol-YPF han instalado diversos puntos de extracción, ocupando un total de 17 Territorios Comunitarios de Ori¬gen (TCO), lo cual ha implicado el desplazamiento de las comunidades indígenas.

Descripción del conflicto:

Repsol-YPF se han caracterizado por ser las empresas que han interve¬nido un mayor número de TCO, repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y taca¬nas, afectando también a la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas del río Beni. Asimismo, el bloque Sécure atraviesa el territorio indígena multiétnico donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés, el territorio indígena chiman y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré. La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser interve¬nidos, coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la fami¬lia o las actividades agrícolas y recolectoras.

Actores en pugna:

REPSOL-YPF; Gobierno de Bolivia; CIDOB; Consejo o Cabildos de las

nacionalidades involucradas y Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.flacso.org.ee/docs/i21gavalda.pdf

http://www.enlatino.com/el-conflicto-entre-repsol-ypf-y-bolivia-continua

http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/04_Conflictos-socioambientales-generados-por-repsol-ypf-en-Bolivia.pdf

8.FOSFATO Y URANIO.

BRASIL. SANTA QUITERIA, ITATIRA Y MAGDALENA. CEARÁ.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

No se ha presentado. Sin embargo, gracias a la experiencia de la mina de Caetite se prevé que una de las consecuencias de la operación de la mina sea el desplazamiento de los pobladores. Asimismo, se pretende instalar un ferrrocarril en la región que podría generar desplazamien¬tos. Tres comunidades estarían en el entorno de la planta física y más de 40 comunidades serán afectadas.

Descripción del conflicto:

La mina Itataia (cielo abierto) se encuentra en fase de construcción y prevee extraer fosfato y uranio . Este proyecto es resultado de la aso¬ciación entre Industrias Nucleares do Brasil y la empresa Galvani (The Santa Quiteria proyecto), el cual será financiado en infraestructura por recursos públicos del Banco del Nordeste de Brasil y el Gobierno Esta¬do de Ceará. Se calcula que para el año 2014 sea operada por el grupo industrial Galvani. El gobierno de Brasil permitirá que la empresa pri¬vada explote la mina, acordando que la empresa se quede con el fosfato y el Estado con el uranio. Esta asociación es una de las alternativas para aumentar la producción de uranio que será destinada a la industria, a las exportaciones y a la producción de fertilizantes fosfatados para los agronegocios.

Actores en pugna:

Industrias Nucleares do Brasil; Galvani; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministerio de Minas e Energía (MME); Electrobras; Electronuclear (responsable de la construcción de las plantas nucleares); Ministerio da Ciencia e Tecnolo¬gía; Comissáo Nacional de Energía Nuclear (CNEN); Instituto Brasileño de Minería (IBRAM); Articulación Antinuclear; Núcleo Trabalho; Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade (TRAMAS); Comissáo Pasto¬ral da Terra; Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; Sobral Caritas Diocesana y Trabajo Core; Ambiente y Salud de la Universidad Federal de Ceará y Mujeres de Via Campesina.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://santaquiteriadeverdade.blogspot.com/2012/07/movimento-con-tra-exploracao-da-mina-de.html

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.lang=ES&img=N&cod=69553http://www2.tjce.jus.br:8080/

esmec/?p=9171

9.COMPLEJO PETROQUÍMICO

BRASIL. BAHÍA GUANABARA, RÍO DE JANEIRO.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La inauguración del Complejo Petroquímico está prevista para el año 2015. Con ello se ampliará la infraestructura y actividad petrolera en la Bahía de Guanabara, la cual comprende una refinería y siete plantas petroquímicas. Los pescadores artesanales se han opuesto al proyecto, debido a los problemas que provoca en las aguas y por perjudicar sus actividades de pesca artesanal. Desde 2007 han denunciado violaciones y crímenes ocurridos en la construcción del Complejo Petroquímico de Rio de Janeiro (COMPERJ), una de las mayores inversiones de Petro-bras y parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Actores en pugna:

ICMBio; IBAMA; BNDES; Petrobras; contratistas de Petrobras (GDK y Oceánica); INEA; Gobierno del Estado de Río de Janeiro y Gobierno Fe¬deral; AHOMAR (asociación de hombres y mujeres del mar); Comisión Pastoral de la Tierra; pescadores de Bahía de Guanabara; Asociación de Pescadores de Pedra de Guaratiba; Terra de Direitos; Amigos de la Tie¬rra; Foro de Afectados por la Industria del Petróleo y Petroquímica en las proximidades de la bahía de Guanabara (FAPP-BG); Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y Fiocruz Workers Union.

Criminalización social:

Los pescadores, en acciones de protesta (abril de 2009) bloquearon por más de un mes la instalación de los gasoductos submarinos y terrestres de Gas LP y Natural. Ante las protestas, el fundador de AHORMAR( Anderson De Souza) fue atacado con armas de fuego; semanas después otro pescador fue asesinado enfrente de su familia.Otros pescadores han sido asesinados y arrojados a las aguas. El hostigamiento ha ido en aumento, ya que otras personas también han sido amenazadas por solidarizarse con los afectados ( por ejemplo, los protestantes en con¬texto de la Cumbre Río +20)

Fuentes electrónicas de información:

http://www.redlar.org/noticias/2012/6/28/Denuncias/Saldo-Rio-

-20-dos-pescadores-asesinados-quienes-se-atrevieron-a-denunciar-la-

contaminacion-petroquimica-Apoye-con-su-firma/

http://www.maisdemocracia.org.br/?p=608

http://www.ecolnews.com.br/pescador_mage_assassinado.htm

http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/campanhas/nota-sobre-o-assassinato-dos-pescadores-da-ahomar

http://uniaocampocidadeefloresta.wordpress.com/2012/07/27/entrevista-alexandre-anderson-de-souza-presidente-da-ahomar/

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR19/011/2010/en

http://www.observatoriodopresal.com. br/?p=3264

http://global.org.br/programas/hoje-reuniao-em-solidariedade-a-ahomar/ http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=4889&Itemid=l

10.-CARBÓN

BRASIL. MATO GROSSO DO SUL, MUNICIPIO RIBAS DO RIO PARDO.

Inicio del conflicto: 2005 Despojo de tierras:

Los indígenas Kadiwéu han sufrido invasión de sus tierras por los pro-ductores de carbón en beneficio de las acereras.

Descripción del conflicto:

En la región se han perforado pozos para suministrar agua para el sector industrial así como para la extracción del mineral. Tierras indí¬genas, aguas y bosques se han visto afectados en este contexto, provo¬cando inseguridad alimentaria.

Actores en pugna:

Metales MMX (Vector Group); Minería Corumbaense Reunited (MCR); el ex Rio Tinto Group y Urucum Minería S / A (respectivamente, sub¬sidiarias y filial de Vale); Ministerio de Minas y Energía; Gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul y el Municipio de Corumbá; IBAMA; Centro de Estudios de Sostenibilidad y la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo; Asociación de Comunidades Indígenas de la Reserva Ka¬diwéu (Acirk); Fundación Nacional del Indio (FUNAI); asociación civil y Ecology Action (ECOA) y comunidades afectadas.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.

php?pag=ficha&cod=92

ll.-URANIO

BRASIL. ESTADO DE BAHÍA, MUNICIPIO DE CAETITÉ.

INICIO DEL CONFLICTO: 2008

Despojo de tierras:

Las ciudades de Caetité y Lagoa Real, presentan escasez de agua gra¬cias a que algunos de los pozos han sido cancelados debido a la con¬taminación generada por altas concentraciones de uranio. Asimismo, las tierras anteriormente usadas para actividades agropecuarias están paralizadas y varios pobladores han pedido ser reubicados debido a que se exponen a la radioactividad.

Descripción del conflicto:

La empresa Industrias Nucleares do Brasil (INB) planea duplicar la producción de la mina de uranio, debido a que se han confirmado nuevos yacimientos en el estado de Ceará. Los pobladores no están de acuerdo con ello, debido a que varios estudios han denunciado desde el año 2008 la contaminación del agua para consumo humano, con nive¬les de radiación 100 veces mayor que el promedio mundial.Durante la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Conferencia de la ONU (Río +20), se denunciaron las malas condiciones de trabajo en la mina, los riesgos para la salud en general y la carencia de agua.

Actores en pugna:

Empresa Industrias Nucleares do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministerio de Minas e Energía (MME), Comissáo Nacional de Energía Nuclear (CNEN), Ministerio da Ciencia e Tecnología, Instituto para la Gestión del Agua, Articulación Brasileña antinuclear, Coalición contra las plan¬tas nucleares, DhESCA Brasil (Derechos Humanos, Económicos, Socia¬les, Culturales y Ambientales), Comisión de Medio Ambiente Caetité, Comisión Pastoral de la Tierra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra y Fundacáo Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.vermelho.org.br/prosapoesiaearte/noticia.phpPid_

noticia=143381&id_secao=10

http ://uranio emcaetite .wordpre ss.com/

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ba/no+interior+da+bahia+cida

des+tentam+barrar+caminhoes+com+uranio/nl596968006393.html

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/den-ncia-agua-consumi-

da-em-ca/

http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/117821-ongs-de-

nunciam-contaminacao-por-uranio-em-caetite.html

http://www.oeco.com.br/noticias/25049-populacao-de-caetite-recla-

ma-de-uranio

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/urnio-de-caetit-viola-direi-

tos-humanos/blog/37221/

12.CARBÓN

CHILE. ISLA RIESCO, REGIÓN DE MAGALLANES.

INICIO DEL CONFLICTO: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto "Mina Invierno" consiste en la explotación de una mina de carbón a tajo abierto y es impulsado por los grupos Von Appen y la empresa Copec (Angelini). La aprobación del proyecto, corresponde a la primera de cinco minas que se emplazarán en el lugar, las que provee¬rán con carbón a las termoeléctricas del norte de Chile. Este proyecto ha generado una fuerte protesta nivel nacional e internacional donde el destaca el trabajo del grupo ALERTA ISLA RIESCO.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Grupo Empresarial Von Appen, Empresa CO¬PEC. En oposición: Grupo ALERTA ISLA RIESCO.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://islariesco.wordpress.com/

http://www.elciudadano.cl/2011/ll/19/44247/ana-stipicic-%E2%80%9Cla-

autoridad-medioambiental-en-chile-esta-absolutamente

http://www.ecosistemas.cl

13.CARBÓN

COLOMBIA. MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR, BARRANCAS,

HATONUEVO, MANAURE Y DIBULLA. DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA.

Inicio del conflicto: 1976

Despojo de tierras:

Si. Se han desplazado a cientos de indígenas que habitaban en el terri¬torio que hoy es ocupado por esta mina a cielo abierto, considerada la más grande del mundo.

Descripción del conflicto:

Desde hace más de 30 años la multinacional Drumond en la mina del Cerrejón explota a cielo abierto las reservas de carbón ubicadas en Ma-naurel. Su producción para 2010 se calculó en 32 millones de toneladas, 89 diarias. Tiene una extensión de 69.000 hectáreas en cinco zonas: Norte, Central, Sur, Oreganal y Patilla, y reservas de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico que le dan a Colombia el cuarto lugar exportador y décimo productor de este mineral. Además del despla¬zamiento de las poblaciones de la zona, la mina emite contaminantes que constantemente afectan la salud de las personas, la calidad de los suelos, el bienestar de los animales (chivos) y las fuentes hídricas. Los indígenas denuncian que sus resguardos están a menos de 500 metros de la mina, padeciendo las vibraciones del botadero de desperdicio y las detonaciones; algunos resguardos son atravesados por la vía férrea y una carretera de acceso. Además, los indígenas denuncian la muerte de varios Wayúu en las líneas del tren que transporta el carbón, debido a que la señalización no es clara y culturalmente adecuada. Cerca de la mina del Cerrejón se ha encontrado otro yacimiento (2012), el quinto mas grande del mundo, el cual va a ser explotado por el multimillonario brasileño Eike Baptista.

Actores en pugna:

Propietarios del Cerrejón: BHP Billiton, Anglo American, Xstrata; di¬ferentes instancias del gobierno colombiano; poblaciones indígenas y campesinas que tradicionalmente han encontrado su sustento en los territorios de la Guajira.

Criminalización social:

Algunos grupos sociales relacionan las masacres ocurridas en la Gua¬jira, entre ellas la de Bahía Pórtete en abril de 2004, llevada a cabo por paramilitares, a los intereses de las empresas que operan la Mina del Cerrejón, sin embargo, esto no está corroborado por las instancias judiciales del país. Se denuncia que a través de promesas incumplidas, las empresas de la Mina han mantenido en condiciones indignantes a varios pueblos de la Guajira que siguen esperando una reubicación en territorios que les permita llevar a cabo sus actividades en mejores condiciones, es el caso de Tabaco.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/9047-el-cerrej%C3%B3n-el-coque-y-el-conflicto-laboral.html

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10-colombia/4393 http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_conten t&view=article&id=37983:desvio-del-rancheria-debe-tener-bene-placito-de-las-comunidades-presidente-de-cerrejon&catid=77:la-guajira&Itemid=420 http://notiwayuu.blogspot.com/2012/06/ la-guajira-dice-no-al-desvio-del-rio.htmlhttp://www.elheraldo.co/ region/vale-la-pena-la-desviacion-del-rancheria-por-los-beneficios-ofrecidos-73178 http://www.conlospiesporlatierra.net/?p=1293

15.CARBÓN

COLOMBIA. DIBULLA, LA GUAJIRA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Se privatizarían algunos territorios para la construcción de un puerto

y vías férreas.

Descripción del conflicto:

La empresa MPX Energía S.A., parte del Grupo EBX, ingresó al país en 2007, y posee derechos mineros sobre más de 65 mil hectáreas en los departamentos de La Guajira y Cesar (con interés en Boyacá) regio¬nes tradicionalmente productoras de carbón. Para exportar el carbón construirá un puerto, el cual tendrá un área de 521 hectáreas y 2,8 kilómetros de franja de playa, exactamente en el municipio de Dibulla, entre los ríos Cañas y Ancho y la línea férrea pasará por la parte trasera de la institución agrícola de Fonseca, atravesando toda la zona dedicada desde hace años al cultivo de arroz y otros productos, como parte de la consolidación de un sistema integrado de energía y recursos naturales que se suministrarán a los proyectos termoeléctricos de Brasil y Chile. La comunidad de Hato Nuevo en el mismo departamento de la Guajira expresó su rechazo al proyecto carbonífero por la forma agresiva como los representantes de MPX fuerzan a la población a dejar sus territorios. Se trata de las minas y también de la presencia de rutas y vías férreas, así como del despojo de tierra y la privatización del agua. Se han otorga¬do licencias ambientales desconociendo que ya se había dado un parte de inviabilidad ambiental en 2003.

Actores en pugna:

Ministerio de Ambiente; Corpoguajira; MPX (Brasil), posible conseción con Puerto Brisa S.A; comunidad de Hato Nuevo; habitantes de los mu¬nicipios de Dibulla y sus vecinos Fonseca y Distracción.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/906/90616141008.pdf

www.mountainpeople.org/documents/posicionfrenteamegaproyectos.pdf

http://justiciaambientalcolombia.org/2012/04/14/comunicado-a-la-co-

munidad-publica-caso-puerto-brisa-2/

http://gquimbayo.wordpress.com/2006/09/05/megaproyectos-en-impac-

tos-a-nivel-de-ambiental-y-social-caso-puerto-maritimo-de-dibulla-

guajira/

http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/19818-mpx-

transnacional-brasile%C3%Bla-se-instala-en-la-guajira.

html? tmpl= component&print= 1

http://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/11746-locomotora-

del-carb%C3%B3n-aterroriza-a-agricultores.html

16.PETRÓLEOYGAS. COSTA RICA. SAN JOSÉ.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En el año 2000, el gobierno de Costa Rica concedió a la empresa Mallon Oil Company un permiso para realizar la exploración y explotación del gas y petróleo en el municipio de San José. Sin embargo, en 2002 se presentó una moratoria por parte del gobierno en turno que termina¬ría en la cancelación del permiso y la problemática de indemnización millonaria a favor de la trasnacional. En 2011, la posibilidad de reabrir la concesión exclusivamente para el petróleo fue presentada por el Mi¬nisterio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, lo cual provocó un fuerte rechazo por parte de la población costarricense pues diversos grupos aseguraron que la empresa dañaría al ecosistema de la zona (argumentos validados en 2002). En tanto, se ha establecido una Mesa Nacional de Diálogo que pretende formular propuestas para elaborar una legislación que se oponga a la exploración y explotación de hidro¬carburos en Costa Rica. Sin embargo, la compañía no ha desistido del proyecto y las tensiones siguen vigentes.

Actores en pugna:

Los opositores al proyecto se han conformado en una Mesa Nacional de Diálogo, donde ambientalistas y miembros de los partidos Acción Ciu¬dadana (PAC), Frente Amplio (FA), Accesibilidad Sin Exclusión (Pase) y Unidad Social Cristiana (Puse) se reúnen para debatir sobre la conce¬sión a la empresa Mallon Oil Company. Otros actores se ubican dentro del actual gobierno costarricense.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.monumental.co.cr/noticia/mallon-oil-presenta-recurso-de¬amparo-contra-presidenta-chinchilla

http://www.nacion.com/2011-06-06/ElPais/NotasSecundarias/El-Pais2799702.aspx http://ntrzacatecas.com/2011/06/16/piden-formular-propuestas-contra-exploracion-petrolera-en-costa-rica/ http://www.canalazul24.com/?p=4246

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Sus-penden_decreto_de_prohibicin_de_explotacin_petrolera

17.PETRÓLEO

ECUADOR. (BOSQUE MACHE CHINDUL), PROVINCIAS DE

ESMERALDAS Y MANABÍ.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La compañía china Sinopec inició la prospección sísmica, impulsada por Petroproducción, en territorios que forman parte de la reserva Ma¬che Chindul, en el límite interprovincial entre Esmeraldas y Manabí. Se han realizado dos perforaciones: una, en las cercanías de la comunidad Tahuasa, y otra en Nuevos Horizontes. Sinopec suscribió el contrato el 16 de diciembre de 2008. "Las potenciales afectaciones preocupan a los habitantes de la Y de la laguna, localidad que está en el acceso a la reserva". En este sector, varias han sido las afectaciones registradas, a causa del uso de la pentolita (El Comercio, 17 de febrero de 2010: 19).

Actores en pugna:

Comunidades afectadas de la región; representantes de la empresa chi¬na SINOPEC y diversas instancias del gobierno ecuatoriano.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elcomercio.com/noticias/bosques-Mache-Chindul-busca-

petroleo_0_209979061.html

19.PETRÓLEO

ECUADOR. MONTECRISTI, MANABÍ.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

Hasta finales del 2011 se habían comprado 1.350 hectáreas a familias

asentadas en el área.

Descripción del conflicto:

El gobierno prevé construir y poner en funcionamiento al Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico (RDP) con una capacidad de 300.000 barriles diarios de refinación de crudo. Algunas comunidades se niegan a vender las tierras donde funcionaría esta refinería y a perder el Bosque Pacoche. Recientes excavaciones han demostrado que el área contiene restos arqueológicos de la cultura Manteña.

Actores en pugna:

El Consejo Comunitario del Pacífico que agrupa a 22 comunidades y la Coordinadora Comunitaria del Pacífico que respresenta a comuni¬dades de la zona. El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petroecuador, Ministerio de Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, gobiernos municipa¬les de Manta y Montecristi.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: www.accionecologica.org/petroleo/refinerias

20.-PETRÓLEO

ECUADOR. ESMERALDAS, ESMERALDAS.

Inicio del conflicto: 1978

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La refinería de Esmeraldas se construyó sin tomar en cuenta el creci¬miento de la ciudad de Esmeraldas. Hoy se reconocen errores cons¬tructivos en las instalaciones y una serie de impactos ambientales: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y del río Teao-ne que recibe las aguas residuales de las piscinas que se desbordan per¬manentemente, emisión de partículas nocivas y frecuentes amenazas de fuego y explosiones. En 1998, 16 mil barriles de petróleo derramados en el río Teaone provocaron un incendio que ocasionó la muerte de 14 personas y de 52 heridos. Desde entonces ha habido por lo menos 5 incidentes adicionales. La población afectada ha interpuesto acciones legales. La única respuesta hasta el momento fue la entrega de 250 mil dólares a las víctimas del accidente de 1998.

Actores en pugna:

Comité Pro mejoras del barrio Delfina Torres Viuda de Concha (La Pro¬picia 1); Petroecuador; Gobierno Municipal de Esmeraldas y diversas instancias del gobierno ecuatoriano.

Criminalización social:

La población afectada por el derrame y el incendio de 1998 fue acusada

de haber construido sus viviendas cerca de la refinería.

Fuentes electrónicas de información: http://www.accionecologica.org/petroleo/refinerias

21.PETRÓLEO

ECUADOR. SELVA AMAZÓNICA.

Inicio del conflicto: 1993

Despojo de tierras:

De manera indirecta. La contaminación obligó a los pobladores ama¬zónicos a desplazarse

Descripción del conflicto:

En los veintiocho años que operó en la Amazonia ecuatoriana (1964 a 1992), Texaco provocó un histórico desastre ecológico que amenaza la vida de más de 30.000 habitantes de la región amazó¬nica: contaminó y afectó de manera dramática las tierras de pue¬blos indígenas y sometió a la región a condiciones críticas de salud. El 3 de noviembre de 1993 los indígenas y colonos de la Amazonia deman¬daron a Texaco en Nueva York. Texaco peleó y logró que en año 2002 la corte de apelaciones rechazara la jurisdicción en los Estados Unidos. Sin embargo, el juez conminó a Texaco a someterse a la jurisdicción de las cor¬tes ecuatorianas.Desde entonces, se realizan las inspecciones judiciales, mismas que están demostrando que efectivamente hay contaminación. En enero de 2012, la justicia ecuatoriana ratificó en segunda instancia la condena contra Chevron-Texaco (fusionadas en 2001), la cual fue ape¬lada por la empresa ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito y luego la sentencia fue confirmada en marzo de ese mismo año. Para principios del 2013, las comunidades ecuatorianas demandantes de la petrolera por daños ambientales afirmaron que una sentencia de un tribunal de Argentina les habilita a trabar un embargo a los bienes de la empresa en Ecuador por alrededor de USD 2 000 millones.

Actores en pugna:

Comunidades Amazónicas afectadas. Compañía Chevron-Texaco (Tex-

pet, en Ecuador). Sistema judicial ecuatoriano.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

Alberto Acosta, "La maldición de la abundancia".

http://www.rebelion.org/docs/122604.pdf

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102172

http://www.elcomercio.com/negocios/Chevron-Argentina-Justicia-Liti-

gio_0_857314519.html.

22.PETRÓLEO

GUATEMALA. PARQUE LAGUNA DEL TIGRE, MUNICIPIO DE SAN

ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETEN.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:

Ha habido desalojos violentos contra las comunidades de La Florida (2008), El Picudo (2008), El Vergelito (2009) y Cruce Santa Amelia (ene¬ro 2009). Mientras tanto, los gobiernos han asegurado que las pobla¬ciones no pueden habitar ahí ya que es un sitio reconocido como área natural protegida, sin embargo, han concesionado 15 años más la ex¬plotación petrolera.

Descripción del conflicto:

En 2001, la zona de del Parque Nacional Laguna del Tigre fue conce-sionada a la empresa Perenco Guatemala (con capital francés) para la explotación de petróleo. Ello generó una serie de conflictos a nivel nacional por el despojo a las comunidades que ahí residían y a nivel internacional, dado que el sitio es considerado como la segunda re¬serva de agua dulce más importante de América Latina y la primera de Centroamérica, es decir es un área natural protegida. Sin em¬bargo, en contra de las demandas de la población por los conflictos de contaminación, deforestación y desalojos sufridos, en 2010, se anunció una prórroga de 15 años más para que la petrolera continúe con sus actividades. Varios grupos activistas entre ellos el Centro de Acción Legal-Social y Ambiental (Calas) han luchado para que el contrato 2-85 sea revocado.

Actores en pugna:

Grupos de activistas como el Centro de Acción Legal-Social y Am¬biental (Calas), así como pobladores desalojados de la zona, se han manifestado en contra de la concesión y ampliación de la misma a la empresa Perenco Guatemala. Por su parte, tanto el gobierno como el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco han apoyado las ac¬tividades de extracción.

Criminalización social:

El activista Yuri Melini, Director del Centro de Acción Legal-Social y Ambiental (Calas) ha manifestado su descontento por las actividades de la petrolera. Actualmente se encuentra detenido, por supuestas de¬mandas de abuso.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.prensalibre.com/opinion/Perenco-Colom-Laguna-Ti-

gre_0_305369521.html

http://avancso.codigosur.net/leer.php/4622051

http://opsur.wordpress.com/2010/04/10/guatemala-campana-inter-

nacional-contra-la-explotacion-petrolera-en-el-parque-nacional-

laguna-del-tigre/ http://www.elperiodico.com.gt/es/20100511/

economia/150501/ http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_

areas/El_Parque_Laguna_del_Tigre_6657.shtml

23.PETRÓLEO

GUYANA FRANCESA. ZONA COSTERA.

Inicio del conflicto: Junio de 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El exministro Nicole Bricq anunció el 15 de junio de 2012 el replan-teamiento jurídico de la extracción de petróleo en las cosatas de la Guyana Francesa, sin embargo, con el cambio de administración del ministerio de ecología por Delphine Batho en Francia, se espera que Shell y Total sigan extrayendo el petróleo con el mismo marco jurídico. Diversas organizaciones ambientalistas no gubernamentales se oponen a la extracción petrolera ya que argumentan que el ruido sísmico, la posibilidad de fugas y la inyección de químicos, será perjudicial para la vida marina y las poblaciones aledañas.

Actores en pugna:

Empresas petroleras Shell ly Total; ONG's -Greenpeace; fuerzas políti¬cas dentro de la Guyana Francesa; fuerzas políticas dentro de Francia.

Criminalización social: No se ha presentado.

Fuentes electrónicas de información:

http://energie-climat.greenpeace.fr/guyane-lenfer-de-shell http://www. sinembargo.mx/13-06-2012/262878 http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE86B07520120712

24.-GASODUCTO MORELOS

MÉXICO. 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, 10

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA Y CINCO DEL ESTADO DE

MORELOS.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Acoso para que pobladores cedan tierras.

Descripción del conflicto:

El proyecto STGNM-Gasoducto Morelos corresponde a la construcción del transporte de Gas Natural que atravesará 24 municipios de tres estados. El gasoducto se instalará en 396 mil 223 hectáreas lineales, de las cuales se comprobó que 63.19 por ciento del uso de suelo es agricultura de temporal, 26.37 por ciento es agricultura de riego, 6.39 por ciento es correspondiente a pastizal inducido, y aproximadamente 4 por ciento corresponde a varios tipos de vegetación.La tubería de 30 pulgadas de diámetro atravesará las cuencas hidrológicas del río Atoyac, río Grande de Amacuzac y río Mocte¬zuma. Durante la construcción las afectaciones mayores se presentan con las actividades de nivelación del terreno, desmonte y despalme, ya que se requiere remover las diferentes capas del suelo. Se presentan problemas de emisiones de contaminantes, generación de ruido y posible contamina¬ción del suelo debido al uso de maquinaria y automotores. Puede surgir la contaminación de cuerpos de agua y suelo por la utilización de materiales y sustancias características de la etapa constructiva (soldaduras, gasolinas, aceites, lubricantes, etcétera) y la generación de residuos sólidos y líquidos (material para construcción, desperdicios de comida, papeles, plásticos, aguas grises). El gasoducto estará a algunos kilómetros del Parque Nacio¬nal Xicotencatl, del Parque Nacional La Malinche, del Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Actores en pugna:

A favor: Comisión Federal de Electricidad y Gobierno Federal, Elecnor S.A., CANACINTRA. En contra: Pobladores de distintos municipiosde Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Criminalización social:

En algunas manifestaciones se ha replegado a los asistentes con la pre¬sencia de policías.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.eluniversal.com.mx/notas/854335.html; http://www.joma-da.unam.mx/2012/06/20/estados/040n4est

http://imagenpoblana.com/2012/surten-efecto-protestas-vs-gasoducto-

morelos;

http://www.cmicpuebla.org.mx/secciones/?se=209

http://desinformemonos.org/2012/07/sesenta-pueblos-de-morelos-se-

organizan-contra-una-termoelectrica/

http://cidhmorelos.wordpress.com/2012/ll/01/huexca-y-pueblos-de-mo-

relos-contra-gasoducto-y-termoelectrica/

25.CARBÓN

MÉXICO. SAN JUAN SABINAS, COAHUILA.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En la mina "Pasta de Conchos" ubicada en la Región Carbonífera, el 19 de febrero del 2006 ocurrió una explosión debido a las altas concentra¬ciones de gas metano y falta de medidas de seguridad, donde murieron 65 trabajadores que quedaron sepultados. Algunos de los familiares se niegan a recibir indemnizaciones, lo que piden es justicia, pues hasta la fecha la empresa responsable sigue operando bajo las mismas condi¬ciones. En general, las familias organizadas demandan la cancelación de la concesión a la empresa y reclaman también que les entreguen los cuerpos de sus familiares. Las familias han tenido prohibido el acceso a la mina 8, donde yacen los cuerpos de los trabajadores.

Actores en pugna:

Empresa Industrial Minera México S. A. (IMMSA); Secretaría de Eco¬nomía; Gobierno Federal; Secretaría del Trabajo e instancias de la STPS encargadas de supervisar la seguridad; Organización "Familia Pasta de Conchos"; Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro.

Criminalización social: No se tienen registros.

Principales fuentes electrónicas de información: http://cencos.org/taxonomy/term/154

http://www.saboteamos.info/2011/03/08/minera-canadiense-retoma-proyecto -en-bcs-pese -al-rechazo -de -la-poblacion/

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/20/index.php?section=sociedad &article=033nlsoc

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ldal7500611fl7eb2830b b5933af9693

26.PETRÓLEO

PANAMÁ. CHIRIQUÍ GRANDE. BOCAS DEL TORO.

Inicio del conflicto: 1980

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En el año 1980, iniciaron las labores de extracción y exploración petrolera en el municipio de Chiriquí por parte de la empresa Petroterminales de Panamá (PTP). Desde su establecimiento se presentaron una serie de pro¬blemáticas, pues la zona pertenece al Bosque Protector Palo Seco, el cual forma parte de la reserva de la biosfera la Amistad. Además de los daños y modificaciones al paisaje, la empresa ha sido culpable del derrame petrole¬ro en 2004 y 2007, cuyos efectos en los manglares, arrecifes de coral, ban¬cos enteros de peces e impacto en el bienestar de las comunidades ha sido notorio. La oposición a la petrolera ha sido constante, aunque se ha ido diversificando, pues además en esta zona están instaladas ocho compañías hidroeléctricas. A pesar de las protestas, la empresa Petroterminerales de Panamá ha extendido su dominio, asociándose con Tesoro Corp y CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) para la construcción de nueva infraes¬tructura. La organización Oilwatch se ha asociado con los habitantes de la zona y en conjunto han interpuesto demandas y denuncias, las cuales han sido ignoradas en su mayoría. La comunidad continúa manifestando su desacuerdo.

Actores en pugna:

Empresa Petroterminales de Panamá (PTP); Tesoro Corp; Chicago Bridge & Iron Company; población de Chiriquí; organizaciones como Oilwatch y diversas instancias del gobierno panameño.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://www.almanaqueazul.org/derrame-bocas/

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/01eoducto_pana-meno_transportara_crudo_de_Tesoro_Corp

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/100_Millones_en_ expansion_de_TransPanama_Pipeline

http://www.petroterminal.com/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=32&Itemid=98&lang=es http://www.oilwatchmesoa-merica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&It emid=78

27.GAS NATURAL

PERÚ. DISTRITO CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, AYACUCHO.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Sí. Las comunidades indican una afectación que excede los 25 metros de derecho de vía (cedidas por derecho de servidumbre), además de afectaciones a contracorrientes y erosión en terrenos no adjudicados.

Descripción del conflicto:

Las Comunidades Campesinas de Retama y Qoyama demandan a la Empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. la renegociación del contrato de establecimiento de servidumbre suscrito en el 2002, por considerarlo lesivo a los intereses comunales.

Actores en pugna:

Empresa Transportadora de Gas del Perú SA.; Gobierno Central y Co-munidades Campesinas de Retama y Qoyama.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/

Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf

http://www.noticiasser.pe/30/ll/2011/ayacucho/comunidades-de-reta-

ma-y-qoyama-iniciaron-dialogo-con-tgp

http://www.lacalle.com.pe/index.php?option=com_content&view

=article&id=8289:comunidades-de-retama-y-qoyama-anuncian-

paro-preventivo-de-24-horas-contra-transportadora-de-gas-

de&catid=40:regional

28.-PETRÓLEO

PERÚ. CUENCA DEL MARAÑON, DISTRITO MORONA, PROVINCIA

ALTO AMAZONAS Y PROVINCIA DATÉM DEL MARAÑÓN.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

La concesión petrolera del Lote 64 otorgada a Talismán Petrolera del Perú LLC, ocupa territorios condsiderados de propiedad ancestral por el pueblo indígena achuar del Morona.

Descripción del conflicto:

Comunidades nativas del distrito Morona y sus organizaciones repre-sentativas se oponen al desarrollo de actividades de hidrocarburíferas en el Lote 64 por parte de la Empresa Talismán por posible conta¬minación ambiental y ausencia de consulta previa.Las protestas han originado también discrepancias entre organizaciones representativas.

Actores en pugna:

La empresa Talismán Petrolera del Perú LLC. PERÚPETRO; la Orga-nización Shuar del Morona (OSHDEM); la Federación Shapra del Mo¬rona (FESHAM); la Asociación Indígena del Morona (AIM); la ATI; la ORACH; la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI); la Federación Achuar del Morona (FASAM) y la Federación de Nacionali¬dades Achuar del Perú (FENAP).

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.fenap.com.pe/page29.html

http://www.larepublica.pe/19-10-2009/defensoria-mediara-en-conflic-

to-entre-comunidades-achuar-por-talisman

http://www.larepublica.pe/03-05-2009/nativos-toman-lote-petrolero-

en-loreto -y-retienen-autoridade s

http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=11020

29.GASODUCTO

PUERTO RICO. PEÑUELAS, ADJUNTAS, UTUADO, ARECIBO, BARCELONETA, MANATÍ, VEGA BAJA, VEGA ALTA, DORADO, TOA BAJA, CATAÑO, BAYAMÓN Y GUAYNABO.

Inicio del conflicto: 13/04/12

Despojo de tierras:

Se ha previsto la compra de 1,191.3 de acres por parte de la empresa New Star Adquisitions. Eestas tierras se ubican en diversos puntos de las localidades por donde transcurrirá el gasoducto "Vía verde".

Descripción del conflicto:

Con la finalidad de reducir la utilización de petróleo, se plantea realizar una línea de transferencia de gas natural a lo largo de 150 kilómetros de tuberías. Su extensión iniciaría en la EcoEléctrica en Peñuelas y lle¬garía hasta las centrales generatrices de Cambalache en Arecibo, Palo Seco y San Juan. Los grupos ambientalistas se oponen a esta iniciativa por su poca viabilidad en cuanto al costo-beneficio, pues es una obra que costará más de 400 millones de dólares y que no reducirá las emi¬siones de C02 ni disminuirá los costos del consumo eléctrico. Además, la inestabilidad y fugas de este gasoduto ponen en riesgo la vida de 200.000 personas. Asimismo, los terrenos agrícolas no podrían volver a utilizarse para plantíos con raices profundas.

Actores en pugna:

Comité Utuadeño contra el Gasoducto; Casa Pueblo; Autoridad de Ener¬gía Eléctrica (AEE) en Utuado; otras instancias del gobierno.

Criminalización social:

No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

www.viaverdepr.com

http://www.primerahora.com/retomanluchacontraelgasoductoenutua-

do-635957.html

http://es.scribd.com/doc/44778791/Dialogo-Imprenta-NOVIEM-

BRE-2010 http://www.primerahora.com/gruposambientalessemantie-

nenfirme sensurepudioaviaverde - 615 83 4.html

30.-PETRÓLEO (COMPLEJO PETROQUÍMICO TABLAZO). VENEZUELA. LAGO DE MARACAIBO ZULIA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

En sentido estricto no se ha presentado un proceso de despojo de tierra, pero hay un riesgo considerable de que el hundimiento por explotación petrolera, así como el daño de los recursos naturales de la zona, generen desastres que obliguen a las poblaciones a desplazarse.

Descripción del conflicto:

Maracaibo es el lago más grande de América del Sur y en 2010 se vio afec-tado por una gran mancha (8% de su superficie) de crudo, producto de un derrame de PDVSA. El Complejo Petroquímico ha sido problemático desde su instalación en 1920, cuando a sólo 2 años ocurrió el primer derrame. En promedio, el complejo tiene 117 fugas semanales y, como residuos, arroja compuestos nitrogenados de mercurio y fenol al agua. El derrame de 2010 llegó a las riberas de 6 municipios de Zulia. Se han dañado playas, hume-dales, manglares; se ha extinguido más del 80% de la fauna, se perjudicó a la actividad económica turística y pesquera. Asimismo se ha producido gran cantidad de enfermedades (PDVSA niega que ello esté relacionado con el derrame); por ejemplo, en Lagunillas los habitantes tienen en los huesos 300 veces más vanadio que Japón y 500 veces más que Estados Unidos. PDVSA niega que lo que sucede en la zona sea un desastre y paga a pescadores para que recojan el crudo. La contaminación en el Lago ha sido denunciada por los habitantes e incluso se creó un instituto (ICLAM) para la conservación del mismo. En 2011 PDVSA realizó un plan de sa¬neamiento, pero dejó en la orilla los desechos sólidos y nunca los recogió. Debe añadirse una reciente fuga de ácido clorhídrico por un camión que se volteó en el puente del lago, que también ha generado problemas en el ambiente y en la salud. La contaminación generó el crecimiento de la lemna (planta que comienza a cubrir el Lago) y que daña a la fauna. Hasta ahora no hay criminalización social, pero se han prohibido los sobrevuelos en el Lago a raíz del derrame de 2010. Asimismo, el Estado ha impedido la intervención de organizaciones no gubernamentales (como lo señala Azul Ambientalistas), y el Ministro de Ambiente Hitcher no proporciona claridad en la información al respecto.

Actores en pugna:

Poblaciones de los municipios de Zulia que colindan con el Lago y que llevan más de 80 años sufriendo y denunciando la contaminación por explotación de hidrocarburos;algunas organizaciones ambientalistas; la empresa PDVSA; diversas instancias del gobierno venezolano.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://venezuelaantipetrolera.blogspot.mx/

http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/alumnos/lago-de-maracaibo.

pdf http://elimpulso.com/articulo/responsabilizan-a-pdvsa-por-conta-

minacion-del-lago-de-maracaibo#.UDW_6sEgfwZ

http://informe21.com/zulia/12/06/05/%E2%80%9Chay-suficientes-prue-

bas-de-fugas-de-petroleo-en-el-lago%E2%80%9D-denuncia-victor-ve-

lasco

http://informe21.com/actualidad/denuncian-petroleo-solo-recogen-ori-

Uas-del-lago-maracaibo

http://informe21.com/actualidad/pescadores-dan-lunes-limpien-derra-

me -crudo -lago -maracaibo

31.-PETRÓLEO

VENEZUELA. ZONA DE GÜEPE, MUNICIPIO DE FREITES.

ANZÓATEGUI.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En agosto de 2012 tuvo lugar en la estación de flujo Leona 20 un derra¬me de crudo que ha afectado manantiales y morichales . Las empresas PDVSA y Vencupet (empresa mixta cubano-venezolana) aletargaron las acciones de saneamiento del área afectada; debido a ello, el 16 de agosto comenzaron las protestas por parte de los vecinos del caserío de Güepe, quienes obstruyeron el paso por la carretera en el crucero de Leona 8, en las proximidades de la ciudad de El Tigre. Juan Almea, que representa a los manifestantes dijo que el derrame se debió a falta de mantenimiento. Las declaraciones oficiales indicaron que se habían derramado seis barriles de crudo y que el suceso ya había sido notificado al Ministerio de Medio Am¬biente. Únicamente después de las protestas comenzaron las inspecciones por parte de la empresa que para tales efectos contrató PDVSA.

Actores en pugna:

Habitantes de la zona de Güepe;, empresas petroleras PdVSA y Vencu¬pet; Ministerio de Ambiente y otras instancias del gobierno venezolano.

Criminalización social:

La prensa que acudió a cubrir el suceso fue criminalizada, ya que tres reporteros y un fotógrafo -convocados por los habitantes de Güepes-fueron agredidos y detenidos durante una hora y media por el Ejército Bolivariano y por funcionarios del departamento de Prevención y Con¬trol de Pérdidas (PCP) de PDVSA.

Principales fuentes electrónicas de información:

http://www.laverdad.com/zulia/9203-derrame-de-crudo-en-anzoate-

gui-afecto-morichales-en-freites.html

http://knightcenter.utexas.edU/es/comment/reply/l 1110 http://noticias-

delsuranzoategui.blogspot.mx/2012/08/urdaneta-derrame-causo-seve-

ros-danos.html

http://impreso.elimpulso.com/2012/08/20/files/assets/basic-html/

pagel7.html http://www.notitarde.com/Sucesos/Reportan-de-

rrame-de-crudo-en-el-Municipio-Freites-en-Anzo%C3%Alteg

ui/2012/08/15/126188

32.GAS METANO Y PETRÓLEO

VENEZUELA. RÍO TASCABAÑA, TASCABAÑA. ANZOÁTEGUI.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

El conflicto en Anzóategui ha afectado de manera directa a los poblado¬res y sus tierras. En el año 2004, vencieron los contratos de servidumbre de PDVSA y desde entonces la empresa no ha contestado las protestas de los afectados bajo el argumento de que es necesario demarcar las tierras, mientras que los pobladores han argumentado que ellos tienen los títulos desde 1783. A lo anterior puede sumarse que PDVSA ha da¬ñado las tierras, pues las emanaciones de gas han producido sequía y disminuión de siembra. Además, la contaminación ha dejado inutiliza-bles los recursos indispensables para las comunidades, tal como en el caso del agua.

Descripción del conflicto:

En Anzoátegui los kariñas padecen los efectos del gas metano que emana del Río Tascabaña debido a la actividad extractiva energética. Existen dos posturas sobre el origen del problema: la primera plantea que éste inició desde 1940, como consecuencia de la exploración de 35 pozos en la zona, que posteriormente fueron cerrados; mientras que la segunda argumenta que todo comenzó en 1999 cuando PDVSA perforó pozos cerca de la comunidad kariña, los cuales fueron mal sellados y produjeron constantes fugas. Lo cierto es que los habitantes han decla¬rado que las emanaciones empezaron en el año 2000, mientras PDVSA ha argumentado que estas emanaciones son naturales. Sin embargo, no existen estudios de impacto ambiental respecto a éstas y tampoco se han tomado medidas para revertir la situación. Asimismo, la empresa se había comprometido a mandar agua a la zona, pero sólo ha llegado la cuarta parte de la cantidad prometida. Hay 150 familias kariñas afectadas por las emanaciones, han perdido sus pequeñas siembras (medio de subsistencia), todos los acuíferos están contaminados, los animales han muerto y han aumentado las enfermedades. En 2005 se organizaron mesas de trabajo con PDVSA pero no se llegó a nada; para 2007 continuaron las denuncias; en 2008 el problema llegó a oídos de la Asamblea Nacional y se constató la emanación de gases mediante un informe técnico. En 2012 se produjo un nuevo derrame petrolero en el Río Tascabaña, que llegó hasta el Río Guanipa, afectando a 1500 familias. A raíz de este último suceso hubo denuncias y se volvió a pedir respuesta por las emanaciones, pero la solución sigue sin llegar.

Actores en pugna:

Indígenas Kariñas, Organizaciones No Gubernamentales como Provea,

PDVSA y diversas instancias del gobierno venezolano.

Criminalización social:

Los kariñas están preocupados por el problema del gas metano, temen un estallido en los pozos inactivos. No obstante, tienen miedo a realizar las denuncias, pues PDVSA realiza inversiones sociales en Tascabaña y temen que retire los apoyos. Después de declaraciones en medios, los afectados recibieron visitas intimidatorias por parte de la empresa, y se les dijo que eso era deslealtad. PDVSA se ha vuelto un poder real e incuestionable en Tascabaña; ahí donde hay más habitantes realiza ma¬yores inversiones, logrando debilitar la organización social por miedo a perder los beneficios de la empresa. Si bien no hay criminalización por las protestas sí existe una represión implícita de las mismas, y a ello se suma que la Guardia Nacional restringe a la prensa en la zona.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.vlinea.com/index.php?option=com_content&view= article&id=21906:reportan-derrame-petrolero-en-rio-guanipa-en-el-estado-anzoategui&catid=l:nacionales&Jtemid=95 http:// multimedia2. acn.com.ve/por tal/nacional/i te m/41121 -derrame -de -crudo-en-anzo%C3%Altegui-contamin%C3%B3-agua-para-siem-bras-y-ganado http://www.entornointeligente.com/articulo/1232122/VENEZUELA-Nuevo-derrame-petrolero-afecta-esta-vez-rio-en-esta-

do-Anzoategui-27022012 http://informe21.com/actualidad/12/08/13/

derrame-petrolero-afecto -a-sector-los-olivos-de-anaco

http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.

php?items=869923 http://www.asambleanacional.gob.ve/index.

php?option=com_content&task=view&id=19897

http://periodicoellibertario.blogspot.mx/2012/02/emanaciones-de-gas-

asfixian-comunidades.html

http://www.derechos.org.ve/2012/04/02/el-universal-contaminacion-

en-tascabana-pdvsa-no-responde/

http://www.globovision.com/news.php?nid=220722

33.PETRÓLEO

VENEZUELA. RÍO GUARAPICHE, MATURÍN. MONAGAS.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Estrictamente no existe un proceso de despojo de tierra, pero sí se re¬gistran daños en las tierras de cultivo de las comunidades aledañas, ya que éstas quedan inutilizables debido a la contaminación producida.

Descripción del conflicto:

El gobierno de Chávez, a través de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha emprendido una extracción intensiva de hidrocarburos en diferentes partes del país; sin embargo, en varios complejos las instala¬ciones carecen de mantenimiento adecuado, condición que provoca cons¬tantes fugas y derrames. El 4 de febrero de 2012 se derramaron entre 60 a 80 mil barriles de petróleo del Complejo Operacional Jusepín, ubicado en Maturín. El derrame tuvo una duración de 34 horas y llegó hasta el Río Guarapiche, el cual proporciona agua al 70% de los habitantes de la capital de Monagas, constituida por cerca de 500 mil habitantes.Como antecedente a este hecho, se habían presentado otros dos derrames, uno en 2006, que dejó a la población sin el recurso vital 20 días, y otro en julio de 2011. A esto se añade que los desechos de la planta son vertidos en cauces que desembocan en Guarapiche. Las consecuencias del derrame han sido el daño de cultivos de yuca, lechosa y aguacate (dañó más de 635 has. de cosecha); afectación de la actividad pesquera, que alcanzará hasta el Golfo de Paria. Se afectó a la represa de San Vicente, que llena el acueducto que hidrata a Maturín; se suspendieron clases y los horarios de oficina fueron restringidos; el derrame destruyó manglares y atrofió la fauna y se estima que podría dañar también el Parque Nacional Tuépano donde hay especies únicas. Además, la población estuvo tres meses sin agua potable (las fuentes oficiales dicen que sólo fue un mes). Frente a la situación, cientos de personas en Caracas cerraron las calles y quemaron neumáticos para exigir el suministro de agua.

Actores en pugna:

PDVSA; el Ministro del Ambiente y otras instancias del gobierno ve-nezolano; habitantes de Maturín y medios de comunicación oficiales.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/ambiente/fueron-

3 4-horas -de -derrame -en-jusepin. aspx

http://www.desarrollosustentable.com.ve/site/index.

php?option=com_flexicontent&view=items&cid=22:notici

as-internas&id=868:recopilacion-de-informacion-sobre-el-de-

rrame-petrolero-en-el-rio-guarapiche-edo-monagas-por-alejandro-

alvarez&Jtemid=108

http://www.primicia.com.ve/index.php/nacion/item/10343-alejandro-

hitcher-gracias-a-la-acci%C3%B3n-petrolera-no-hubo-un-desastre-

ambiental.html

http://playball.eluniversal.com/nacional-y-politica/eleccio-

nes-2012/120801/plan-petroleo-para-el-progreso-de-henrique-capriles-

radonski

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120229/estiman-diez-

anos-para-recuperar-el-rio-guarapiche

34.PETRÓLEO

VENEZUELA. LOCACIONES BARE 1 Y BARE 4, CERCA DE LA COMUNIDAD RURAL DE LA PEÑA, AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ. ANZÓATEGUI.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Habitantes de la comunidad rural La Peña protestaron en julio de 2012

por los daños ambientales ocasionados por dos derrames petroleros, ocurridos en Bare 1 y Bare 4. Con el cierre de la carretera La Peña, la gente exigió a PDVSA ocuparse de inmediato de la reparación de los daños y sumaron como demanda que se contratase a gente del pueblo para la limpieza del lugar. Con ramas de árboles bloquearon la carrete¬ra que lleva a la empresa petrolera. El vocero de los manifestantes ex¬presó que las filtraciones de petróleo habían comenzado un mes antes, afectando los ríos El Caris y San Antonio. La petrolera y el Ministerio del Ambiente ya conocían la situación pero no habían llevado a cabo un plan de contingencia. Los efectos del derrame han sido filtraciones a manantiales, animales muertos y afectación de más de 600 metros de morichales; además los habitantes han declarado el temor de que las lluvias contribuyan a que el petróleo se extienda por el cauce de los ríos. Por su parte, el discurso oficial de PDVSA indicaba que el plan de contingencia se había generado inmediatamente después de ocurridos los derrames y afirmaron que existía la sospecha de que el derrame pudo haber ocurrido por un sabotaje a las instalaciones. La última informacióndisponible (18 de julio 2012) indica que PDVSA anunció que a pesar de las protestas, no detendrá el plan de contingencia que la empresa opera. Comunicaron también que durante esa seman, culmi¬naría el saneamiento de la zona.

Actores en pugna:

Habitantes de la comunidad La Peña; empresa petrolera PDVSA; Minis¬terio de Ambiente y otras instancias del gobierno venezolano.

Criminalización social:

Explícitamente no existe criminalización social de las protestas, sin em¬bargo, en el segundo día de protesta, personal de PDVSA y efectivos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y no permitieron que los medios de comunicación pasaran.

Fuentes electrónicas de información:

http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/ambiente/derrame-petrolero-

afecta-fundos-y-cauces-en-la-pena/58339

http://www.leanoticias.com/2012/07/13/protestan-en-anzotegui-por-

der rame -de -petrleo/

http://www.petroguia.co m/pub/?q=article/esta-semana-culmina-sanea-

miento

MINERÍA METÁLICA Y NO METÁLICA

1) ORO Y PLATA.

ARGENTINA. PROVINCIA DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO IGLESIA,

REGIÓN VALLE DEL CURA.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

La Mina Valedero se encuentra muy cerca del proyecto Pascua-Lama. Además de la contaminación ambiental, uno de los problemas princi¬pales es la excesiva utilización de agua, gran parte de la cual se obtiene glaciares. Además, se acusa a la actividad de contaminar las fuentes de agua destinada a consumo humano y actividades agrícola-ganaderas.

Actores en pugna:

La empresa Barrick Gold que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y el Nacional. Se oponen vecinos auto-convocados de locali¬dades cercanas y ONGs.

Criminalización social:

El conflicto y las resistencias de este proyecto se superponen con las llevadas a cabo contra la mina Pascua-Lama. La empresa explotadora es la misma, la Barrick Gold, muy cuestionada y acusada de utilizar mecanismos ilegales en contra de los opositores, como amenazas e in¬timidaciones.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/oca/argentina/mineras23.htm

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/san-juan/veladero.html

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.phpPnoticia_id=558212

http://www.iprofesional.com/notas/153783-Ley-de-Glaciares-avalan-a-Ba-

rrick-y-su-millonaria-explotacin-de-oro-en-zona-de-hielos-cordilleranos

http://www.iprofesional.com/notas/153783-Ley-de-Glaciares-avalan-a-Ba-

rrick-y-su-millonaria-explotacin-de-oro-en-zona-de-hielos-cordilleranos

http://www.aguavalemasqueoro.org/download/edicion_especial_pascua_lama.pdf

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=4

http://www.mineria.gov.ar

http://olca.cl/oca/chile/pascualama.htm

http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama324.htm

http://www.rebelion.org/noticia. php?id=21120

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/salinas_b/sources/salinas_b.pdf

http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/conflictos%20mineros-Pascua%20Lama

2.-OROYPLATA

ARGENTINA. ANDACOLLO, NEUQUÉN.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

La empresa minera chileno-canadiense Andacollo Gold (subsidiaria de Barrick Gold), obtuvo en 2001 un crédito del gobierno provincial para reiniciar la actividad minera en la zona con el proyecto Andaco¬llo Gold. Esta es una zona de cría de cabras y con tradición minera artesanal, aunque ya se ha enfrentado a la explotación a gran escala. De hecho, tanto compañías inglesas como buscadores independien¬tes extrajeron oro a lo largo de todo el siglo pasado y los lugareños relatan que la explotación de los ingleses produjo la desaparición del bosque de lengas, cuya madera se utilizó para apuntalar los socavo¬nes. Andacollo Gold extrae oro y plata por el método de flotación. Los pobladores acusan a la empresa de contaminar el arroyo Huaraco (afluente del río Neuquen), 500 metros debajo de la planta de proce-samiento de la minera. Asimismo la empresa se autoadjudicó en 2003 el derecho para desviar el curso del río Neuquén para el tratamiento del oro. Los trabajadores han sido amenazados para dejar de lado el tema del agua a pesar del envenenamiento de animales y los pro¬blemas de salud de la población. Aun así se desconoce si la empresa utiliza mercurio o cianuro para tratar el oro.

Actores en pugna:

Algunas instancias del gobierno argentino (Dirección de Minería, sub-secretaría de Medio Ambiente), Corporación Minera del Neuquén, An¬dacollo Gold y población local.

ECOLOGÍA POLÍTICA DEL EXTRACTIVÍSIMO EN AMERICA LATINA

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.noalaniina.org/mineria-argentina/mineria-neuquen/activi-

dad-minera-en-andacollo-los-discursos-que-no-cierran

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/

Mineria_y_Contaminacion_en_Andacollo

http://orosucio.madryn.com/articulos/07_04_10.html

http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=165

http://www.prochubut.com.ar/node/225

http://www.petrolnews.net/noticia.php?&r=15850

3.COBRE

ARGENTINA. NEUQUÉN, LOCONPUÉ

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Desde 2008 el pueblo de Loncopué viene resistiendo la instalación de una mina de cobre en el paraje Campana Mahuida, a cargo de Cor¬poración Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) y la multinacional china Emprendimientos Mineros SA. Los habitantes del pueblo se organizaron en la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam) y a su vez, estrecharon vínculos con la comunidad mapuche Mellao Morales, que ocupa hace 100 años las tierras afectadas por el proyecto. En ese año presentaron un juicio de nulidad del proyecto por no haberse respeta¬do el derecho indígena. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario y, en marzo de 2011, el Tribunal Superior volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena. A principios de 2012 se realizó un referendum obligatorio y vinculante, cuyo resul¬tado fue un No a la mina por un 82% de los votantes. Frente a esto el gobierno está intentando a través de presentaciones judiciales anular dicho referendum, sin embargo ya ha tenido dos rechazos por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Actores en pugna:

Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) y Emprendimientos Mineros SA; AVAL, AVACAM y Comunidad Mapuche Mellao Morales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.rionegro.com.ar/diario/sapag-judicializa-el-referendum-

de-loncopue-896536-9521-nota.aspx

http://www.noalamina.org/mineriaargentina/mineria-neuquen/lonco-

pue-hizo-historia-con-un-referendum-que-rechazo-la-megamineria

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-neuquen/corte-

suprema-ratifico-suspension-de-proyecto-minero-campan-mahuida

4.-POLIMETALES

ARGENTINA. USPALLATA, MENDOZA.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto de minera San Jorge (extracción a cielo abierto de di¬versos metales, mediante flotación y utilización de xantato y otros químicos) fue aprobado en 2011 a pesar de cuatro años de múltiples protestas que realizaron los mendocinos. Asimismo, se ignoró un informe sobre los impactos que produciría el proyecto minero so¬bre los suelos, la cobertura vegetal, la contaminación del aire y la afectación a los recursos hídricos de la región (incluyendo fuentes subterráneas). Después de su aprobación, las movilizaciones sociales han continuado sin éxito.

Actores en pugna:

Minera San Jorge; comunidad de Uspallata; Comisión Evaluadora In-terdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM); Autoridad Ambiental Mi¬nera y otras instancias del gobierno argentino.

Criminalización social:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

ECOLOGÍA POLÍTICA DEL EXTRACTIVÍSIMO EN AMERICA LATINA

http://olca.cl/oca/argentina/minerasl62.htm

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-mendoza/men-

doza-dijo-no-a-minera-san-jorge

http://www.ecoportal.net/content/view/full/97734

http://es.scribd.com/doc/50611590/Informe-Impacto-Ambiental-Mine-

ra-San-Jorge

http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=773

5.-OROYPLATA

ARGENTINA. 25 DE MAYO, RÍO NEGRO

Despojo de tierras:

Aún no se tienen registros pero el proyecto pretende desarrollarse en

territorio indígena.

Descripción del conflicto:

El proyecto minero Calcatreu (Aquiline Resources) fue sancionado en el año 2005 debido al uso de cianuro y mercurio para explotación. Pos¬teriormente, en el año 2007, fue obligado a cesar sus actividades debido a dicha sanción. Desde entonces se ha tomado la vía legal en contra del reemprendimiento de sus actividades productivas puesto que se en¬cuentra en tierras indígenas. Sin embargo el permiso fue otorgado de nuevo después de quela Legislatura de Río Negro derogó la legislación que prohibía la utilización de cianuro para la extracción de minerales. El peligro de esto recae en las desconocidas formas de contaminación que tendrá el cianuro en el territorio y sobre todo agua rionegrinas, cuyos habitantes viven de la ganadería ovina. El proyecto Calcatreu de explotación de oro y plata fue adquirido por la Pan American Silver Corp en 2009.

Actores en pugna:

Minera Calcatreu (Alquine Resources y Pan American Silver Corp); Di-rección de Minería Provincial y otras instancias del gobierno nacional y local; Vecinos por la Minería; Consejo Federal Provincial de Ecología y Medio Ambiente; Consejo de desarrollo de las comunidades indígenas y Asamblea Coordinadora Patagónica.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/rio-negro/calca-

treu.html

http://www.rionegro.com.ar/diario/calcatreu-oro-versus-agua-

799297-9539-nota.aspx

olea.cl/oca/argentina/mineras72.htm

6.COBRE, ORO Y METAL DORÉ ARGENTINA. BELÉN, CATAMARCA

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La Alumbrera es el yacimiento de oro más importante del país. Los de¬rechos de propiedad de esta mina se encuentran en manos de la empre¬sa estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), integrada por la provincia de Catamarca (en un 60%), la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. Para su explotación se conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y la firma Minera Alumbrera Limited, a su vez compuesta por Xstrata (50 por ciento), las canadienses Goldcorp (37,5) y Yamana Gold (12,5). Recién en 2004 se visibilizó el conflicto por denuncias de contaminación de parte de los pobladores del lugar. En 2007 la asamblea de autoconvocados de Andalgalá reclamó para que se cerrara la mina y no se aprobara el informe de impacto ambiental de Agua Rica (otro emprendimiento mi¬nero que se ubicaría a 17 km. del centro urbano de Andalgalá). En este caso resalta la presión de la UTE a las universidades, no sólo de la zona sino de otras provincias, por ejemplo en 2009 la UBA aceptó fondos de la minera. Sobresale el rol de la Universidad Tecnológica Nacional ya que ha participado mediante un convenio científico-técnico con YMAD. Además, la Universidad Nacional de Tucumán y la justicia Federal han realizado pericias técnicas que han beneficiado a la UTE, desestiman¬do las denuncias de contaminación. Sin embargo, hay estudios (como por ejemplo de Gendarmería Nacional) que han corroborado distintos focos de contaminación y que terminaron siendo reconocidos por la Secretaría de Minería de la Nación. La resistencia ha continuado hasta la actualidad a través de cortes de ruta, denuncias en la justicia, etc. frente a lo cual, las fuerzas policiales han reprimido y arrestado a al¬gunos vecinos.

Actores en pugna:

ECOLOGÍA POLÍTICA DEL EXTRACTIVÍSIMO EN AMERICA LATINA

Minera La Alumbrera LTD (integrada por Xstrata; Wheaton River y Northern Orion), el gobierno nacional y provincial, algunas universi¬dades. En oposición: Intendencia de Andalgalá, Defensor del Pueblo de Tucumán, Autoconvocados de Andalgalá, Autoconvocados de Tinogas-ta, Asamblea Socio Ambiental de San Fernando del Valle de Catamarca, Asamblea Ambiental del NOA (Noroeste Argentino)

Criminalización social:

En los últimos dos años ha habido violentos desalojos y detenciones en cortes de rutas y de accesos a la mina y protestas llevadas adelante por vecinos. En febrero de 2010 se produjo un violento desalojo que ha dado como resultado decenas de heridos, a partir de ese momento se han repetido hechos de violencia.

Fuentes electrónicas de información:

http://megamineriaacieloabierto-contamina.blogspot.com.ar

http://www.ecoportal.net/se arch?cx=partner-pub-

4224942496639551%3Aiuln6k-sst4&cof=FORID%3All&ie=utf-8&q=al

umbrera&sa=Buscar

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/catamarca/alum-

brera.html

7.CLORURO DE POTASIO ARGENTINA. MALARGUE, MENDOZA.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

Desde el año 2003 puede constatarse el interés por el en extraer sales de potasio en la zona, pero es hasta el 2006 que se anuncia la inver¬sión por parte de la anglo-australiana Río Tinto. En 2009 ésta vende el emprendimiento a la brasilera Vale do Rio Doce, la cual denomina al proyecto como Potasio Río Colorado. Se trata de un emprendimiento integral que comprende todas las fases de producción, industrialización y distribución del cloruro de potasio: la extracción y procesamiento en el yacimiento, el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto de Ingeniero White, ubicado en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones portuarias en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En junio de 2010 se produjonun enfrentamiento en la legislatura provincial entre representantes de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (desde siempre cuestionadora del proyecto por sus impactos socio-ambientales) y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) quienes reclabaman que se diera luz verde al proyecto ya que este generaría miles de puestos de trabajo. La agresión provino de parte de la UOCRA y dejó algunos integrantes de la Asam¬blea con heridas de consideración. En agosto de ese año finalmente se otorgó el aval lesgislativo al proyecto. En junio de 2011 se suspendieron los trabajos de la empresa por incumplir las normas aprobadas por la DÍA respecto del compre local y la contratación de mano de obra local, sin embargo en menos de dos meses se reactivaron las obras civiles. Han previsto comenzar con las tareas propiamente extractivas en 2014.

Actores en pugna:

Empresas mineras (Vale Do Rio Doce y Río Tinto); diversas instancias del gobierno Provincial y Nacional; la coalición que se opone al pro¬yecto (Asamblea Mendocina por el Agua Pura, Asociación Alihuen y otras organizaciones opuestas al desarrollo de la actividad minera). Im¬pulsando: gobierno nacional, provincial, municipal. UOCRA, algunos sectores de trabajadores mineros. En oposición: Asamblea Mendocina por el Agua Pura, ONG Alihuen, sectores sociales por el NO a la mina.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mapaconflictominero.org.ar

http://www.mineria.gov.ar

http://www.valeargentina.com.ar

http://www.elpasodelosandes.com.ar

http://losandes.com.ar/notas/2010/6/30/un-499744.asp

http://losandes.com.ar/notas/2010/8/10/legislatura-verde-proyecto-

minero-potasio-colorado-507607.asp

http://losandes.com.ar/notas/2011/8/2 4/gobierno-aval-para-avance-

proyecto-minera-vale-589153.asp

http://losandes.com.ar/notas/2010/6/17/economia-496800.asp

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-minera-Vale-reafirmo-que-

extraer-sales-de-potasio-en-Malargue-es-prioritario-20120716-0046.html

http://www.funpat3mil.com.ar/documentos/potasio_rio_colorado.pdf

http://www.alihuen.org.ar/salud-agua-potable/no-contaminen-el-

agua-no-contaminen-el-rio.html

8.PLOMO, PLATA Y ZINC

ARGENTINA. HUMAHUACA, JUJUY.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

La Minera Aguilar (subsidiaria de la empresa suiza Glencore) se ha visto implicada en diversos conflictos tanto laborales como de conta¬minación e incluso, estuvo implicada en la desaparición de trabajadores durante la dictadura militar argentina. Durante el año 2006 se realizó un estudio publicado por la doctora Alicia Kirschbaum, en el que se probó la existencia de altos niveles de plomo y zinc que son vertidos en el Río Grande de la Puna, así como toda la zona de la Quebrada. El plomo excede 50 veces lo permitido legalmente y el agua se utiliza para consumo humano. A pesar de que se reconoció el informe, la minera no recibió un castigo significativo y a principios de 2012 ha recibido demandas debido a las fallas en condiciones laborales respecto a segu¬ridad. Asimismo, las denuncias por contaminación masiva en Jujuy se mantienen vigentes en la lucha de las comunidades aledañas.

Actores en pugna:

Minera Aguilar (Glencore); diversas instancias del gobierno argentino;

Red Puna; empleados de la minera y pobladores de la región.

Criminalización social: Sí

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=167

http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.mx/2012/05/argentina-

contaminada-el-pueblo-de.html

http://www.l984nwo.net/1984/index.php?topic=12381

http://pueblokolla.blogspot.mx/2012/06/impacto-ambiental-de-mina-

el-aguilar-y.html

http://jujuycontaminada.blogspot.mx/2012/05/contaminacion-minera-

en-jujuy-por.html

http://agendapublicadigit.blogspot.mx/2008/09/la-ufima-investigo-

casos-de_05.html

http://redpuna.jimdo.com/

9.-ORO

ARGENTINA. ESQUEL, CHUBUT.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

El proyecto utiliza tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos

originarios, quienes no poseen títulos de propiedad.

Descripción del conflicto:

Esquel es una ciudad netamente turística. La oposición masiva de la comunidad nació por su valoración en cuanto a la incompatibilidad de actividades y en razón de la importancia de los impactos para la salud de la población y sobre el ambiente natural. Por ley la minería a cielo abierto se encuentra prohibida, ese fue un gran factor de peso. Se orga¬nizaron marchas masivas en contra de la actividad minera y se trabajó en diversos ámbitos de la comunidad para concientizar respecto al em-prendimiento minero de la empresa Meridian Gold (Barrick Gold). El gobierno decidió llamar a un plebiscito popular vinculante. El NO fue apabullante: 83%, algo que no esperaban ni las empresas ni el gobierno. Dos semanas después del plebiscito, los vecinos autoconvocados logra¬ron que el Consejo Deliberante sancionara una ordenanza declarando a Esquel municipio ""no tóxico"" y prohibiendo el transporte de cianuro por la ciudad y la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, el conflicto se ha reavivado en 2012.

Actores en punga:

Gobierno nacional, provincial y local; parte de la comunidad de Esquel; empresa canadiense MERIDIAN GOLD. En contra: pueblos origina¬rios, gran parte de la comunidad de Esquel, Asociaciones de Vecinos Autoconvocados, ONG Ambientalistas de orden nacional (FUNAM, por ejemplo), algunos profesionales y universitarios de la localidad, algunos comerciantes y empresarios locales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=66 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=66 http://theomai.unq.edu.ar/Esquel.htm

ECOLOGÍA POLÍTICA DEL EXTRACTIVÍSIMO EN AMERICA LATINA

ARGENTINA. SAN JULIÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El emprendimiento minero "Cerro Vanguardia" genera conflictos por el uso de los recursos hídricos (es una zona semidesértica) también utiliza¬dos por productores de ovinos y por las poblaciones de Santa Cruz y San Julián para consumo humano. Otro de los puntos fuertes de la protesta social es la utilización de cianuro en el proceso extractivo del oro.

Actores en pugna:

Empresa AngloGold, parte de la comunidad de San Julián, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local, profesionales universita¬rios relacionados con la Universidad Nacional de la Patagonia, Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado, Asociaciones de Vecinos Au-toconvocados de San Julián y Rio Gallegos.

Criminalización social:

No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/santa-cruz/cerro-

vanguardia.html

http://www.tiemposur.com.ar/nota/11023

http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Para_quitarle_a_la_tierra_has-

ta_el_ultimo_mineral._Cerro_Vanguardia_incluyo_el_proceso_de_li-

xiviacion_en_pilas

ll.-LITIO

ARGENTINA. JUJUY Y SALTA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:

Según representantes de las comunidades indígenas ha habido reloca-lización de algunas casas y corrales. En el año 2010, 33 comunidades indígenas (kolla y atacama) de la puna de Jujuy y Salta presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no haber sido consultadas por el estado provincial al momento de las concesiones de exploración de litio y borato. Este derecho está asegurado por normas internacionales de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. En marzo de 2012 la cortes suprema de justicia de la nación, les concedió una audiencia para que expusieran su caso, la cual no dejó un saldo muy positivo para las comunidades. El gobier¬no provinical argumenta que no hay exploraciones en la zona, pero las comunidades tienen pruebas de lo contrario. Pudieron corroborar movimientos en Santa Ana y Cangregillos y documentar salinizacion de acuíferos realizado por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ). Además la abogada de las comunidades afirma que existen los premisos de exploración de las empresas y las declaraciones de impacto ambiental.

Actores en pugna:

Gobierno de la provincia de Jujuy y Salta, empresa minera Orocobre,

comunidades indígenas kolla y atacama.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/

Mineria_y_pueblos_originarios_La_fiebre_del_litio

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Litio_Corte_Suprema_

mineria_y_pueblos_indigenas

http://redaf.org.ar/noticias/?p=5174

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/2-argentina/9861-argenti-

na-pueblos-originarios-reclaman-derechos-frente-a-explotacion-de-litio

12.-ORO, COBRE Y MOLIBDENO

ARGENTINA. CATAMARCA, DEPARTAMENTO DE ANDALGALÁ.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La Mina Agua Rica es un proyecto minero de explotación a cielo abierto de oro, cobre y molibdeno. La proximidad geográfica con la mina La Alumbrera ha hecho que los vecinos se opusieran al pro¬yecto antes de que se ponga en marcha la explotación, los reclamos contrarios dicha mina son coincidentes con las manifestaciones con¬trarias a la vecina explotación. Al igual que La Alumbrera, se teme por la contaminación de agua que utilizan los vecinos de Andalgalá para beber y los campesinos para sus actividades agrícolas y gana¬deras, la utilización excesiva de agua (que sería 3 veces superior a la de La Alumbrera, que consume 66 mil litros de agua por minuto), contaminación del aire por las explosiones y del suelo, con altera¬ciones al paisaje. Organizaciones estiman que la explotación será tres veces más grande que la de La Alumbrera, con lo que el impacto ambiental sería significativo.

Actores en pugna:

Yamana Gold Inc. con apoyo del gobierno nacional y provincial. En oposición, las asambleas de vecinos auto convocados de Belén, Tino-gasta y Andalgalá, ambientalistas, campesinos.

Criminalización social:

La represión y detenciones han coincidido con las de las protestas con¬tra la mina Bajo La Alumbrera.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elesquiu.eom/notas/2013/l/12/ciudadania-268201.asp

http://www.diarioc.com.ar/inf_general/La_Secretaria_de_Mineria-

abrio-Agua_Rica_para_los_andalgalenses/189074

http://www.aguarica.com.ar

http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2012/05/la-comuni-

dad-inspeccionara-proyecto.html

http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2011/04/comunidad-

diaguita-contra-agua-rica.html

http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2011/03/megafusion-

minera-alumbrera-y-agua-rica.html

http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2012/06/no-pudie-

ron-acceder-yacimiento-de-agua.html

http://www.elintransigente.eom/notas/2010/2/16/regionales-36779.asp

http://lavaca.org/notas/andalgala-la-gente-vs-el-estado-minero/

http://lavaca.org/notas/bloqueo-en-cerro-negro-alumbrera/

13.PLATAYPLOMO

ARGENTINA. MESETA CENTRAL DE CHUBUT

Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras:

Las tierras entregadas para exploración minera pertenecen a pueblos

originarios que no poseen títulos de propiedad pero que ocupan esas

tierras por herencia ancestral.

Descripción del conflicto:

El Proyecto Navidad pretende construir una mina a cielo abierto. Aunque actualmente está prohibido por la ley provincial 5001, el actual goberna¬dor de Chubut ha impulsado una iniciativa para derogar tal ley; esto ha promovido una fuerte reacción social en contra de la iniciativa oficial. La puesta en producción de la mina a cielo abierto también involucra la explotación de un acuífero subterráneo recientemente descubierto por la empresa; la preocupación social y desde esferas del propio gobierno es en relación a la capacidad de recarga natural del acuífero. Los pueblos origi¬narios y parte de los pobladores rurales que se oponen se han organizado en Asambleas de Auto convocados para defender sus territorios, recursos y medios de vida. Se teme que los drenajes ácidos de la mina contaminen el rio Chubut, fuente de agua para consumo humano de Trelew y Rawson (aprox 100.000 habitantes) ubicadas rio abajo. Las Asambleas de Vecinos Autoconvocados y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) han organizado marchas populares en repudio a la actividad minera y a la declaración de la zona central de la provincia (de muy baja densidad de población y con altos índices de aridez) como "zonas de sacrificio" en las cuales actividades productivas de alto y negativo impacto socioambiental (como las mineras) son autorizadas.

Actores en pugna:

Empresa canadiense Aquiline con el apoyo del gobierno provincial y nacional; pobladores rurales desocupados apoyan mayormente el pro¬yecto pero los pueblos originarios y parte de la población rural están en contra. Existe un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación debido a la preocupación por el avance del proyecto y sus impactos.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://www.miningclub.com/nota/1898,

http://www.patagoniapyp.com/, http://wwwl.hcdn.gov.ar/proyxml/ex-pediente.asp?fundamentos=si&numexp=3604-D-2011,

http://www.elpatagonico.net/nota/nota-106886, http://juicioalastrans-

nacionales.org/2011/06/argentina-el-proyecto-navidad/

http://massmediachubut.com/%E2%80%9Cchubut-un-que-

so-gruyere%E2%80%9D-2/, http://www.fundamin.com.ar/es/

comunidad/29-desarrollo-y-progreso/44-en-chubut-existe-uno-de-los-yaci-

mientos-mas-grandes-del-mundo.html, http://www.conflictosmineros.net/

contenidos/2-argentina/8306-estudian-el-acuifero-de-la-meseta-del-chubut

http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=

article&id=14656:cronologia-de-un-nuevo-fracaso-minero&catid=16:a

sia&Itemid=33

14.-OROYPLATA

ARGENTINA-CHILE (PROVINCIA DE SAN JUAN, REGIÓN DE

ATACAMA)

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto

El mega proyecto Pascua-Lama es el primer emprendimiento minero binacional para extraer oro y plata mediante explotación minera a cielo abierto (con utilización de cianuro). Además de la contaminación am¬biental en el agua, aire y suelo que produce este tipo de explotación y los problemas a la salud que causan debido los productos utilizados, se cuestiona la gran cantidad de agua que demanda la explotación, misma que es obtenida de zonas glaciares y peri glaciares (grandes reservas de agua dulce). El aprovechamiento hídrico de los glaciares se realiza mediante el traslado de grandes secciones de hielo. Como consecuencia de este y otros emprendimientos se presentó un proyecto de ley para proteger los glaciares, el cual fue vetado por la presidenta argentina Cristina Fernández en 2008. ""Pascua-Lama es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, con sede en Toronto, Canadá, que involucra a Chile y la Argentina y que consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraerá principalmente oro, además de plata, cobre y otros minerales, a 4.500 msnm en territorio fronterizo. En Chi¬le, se sitúa en la Región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, mientras que en la Argentina, en la provincia de San Juan.

Actores en pugna:

Empresa Barrick Gold con apoyo de los gobiernos nacionales. En oposi¬ción: Campaña Mundial NO A PASCUA LAMA integrada por comunida¬des del valle del Huasco en Chile, Comunidades Argentinas, Comunidad Indígena Diaguita-Chile, Activistas y profesionales de diversa Índole y disciplinas, ONGS Indigenistas y ambientalistas a nivel mundial.

Criminalización social:

Diversos actos de intimidación hacia pobladores que se han manifes¬tado en contra del emprendimiento minero. Sí. Excesiva represión y detenciones por parte de carabineros de chile en las jornadas de pro¬testa contra pascua lama. Situación estudiada por organismos de de¬rechos humanos a nivel nacional e internacional. Sí. Dicho conflicto y las resistencias, se superponen con las llevadas a cabo contra la mina Pascua-Lama. La empresa explotadora es la misma, la Barrick Gold, muy cuestionada y acusada de utilizar mecanismos ilegales en contra de los opositores, como amenazas e intimidaciones.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.aguavalemasqueoro.org/download/edicion_especial_pas-

cua_lama.pdf

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=4

http://www.mineria.gov.ar

http://olca.cl/oca/chile/pascualama.htm

http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama324.htm

http://www.rebelion.org/noticia. php?id=21120

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/salinas_b/sources/salinas_b.pdf

http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/

conflictos%20mineros-Pascua%20Lama

15.ZINC, PLOMO Y PLATA

BOLWIA. ÑOR LÍPEZ. DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

La Minera San Cristóbal es subsidiaria de la empresa japonesa Sumi-tomo y explota a cielo abierto los yacimientos de zinc, plomo y plata. El conflicto inició en el año 2010 cuando campesinos de la región tomarón e incendiaron las oficinas de la Empresa Minera San Cristóbal por incumplimiento de proyectos por parte de la Prefectura para el beneficio de esa zona. Entre las demandas incumplidas se encuentra la ejecución del proyecto de electrificación, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación y el pedido de la sede de la Empresa Boliviana de Recur¬sos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande. Asimismo, hay registros que dan cuenta de una huelga que realizaron los trabajadores de la mina después del fallecimiento de un compañero, el cual, afirman, pudo haber sido evitado si hubiera sido trasladado por vía aérea a La Paz. Por su parte, el uso colosal de aguas subterráneas en los procesos extractivos del mayor centro minero del país está provocando filtracio¬nes en acuíferos superficiales y, en el largo plazo, este sistema provocará la extinción de los manantiales y bofedales que preservan la vida en la región.

Actores en pugna:

Minera San Cristóbal; diversas instancias del Gobierno Peruano; cam¬pesinos de la región y trabajadores de la mina.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/oca/acercade.htm. . http://boliviaprensa.com/index. php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=l. http://www. eldiario.net/noticias/2010/2010 04/ntl00417/0i edt.html

16.-DIVERSOS MATERIALES

BOLIVIA. MUNICIPIO HUANUNI, MACHACAMARCA, EL CHORO Y

POOPÓ DE ORURO, DEPARTAMENTO DE ORURO

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

La Empresa Minera Huanuni que no cuenta con un dique de colas, ni tratamiento de aguas; actualmente vierte sus residuos y desechos mi¬nerales directamente al río Huanuni. Lo mismo ocurre con las minas de Santa Fe; Japo; Morococala y el ingenio de Machacamarca que están asentadas en esta subcuenca. Las comunidades locales han demandado y exigido a la EMH (Empresa Minera Huanuni) que realice trabajos de emergencia, más concretamente muros de contención en el sector de la comunidad de Alantañita Karavi, para que en tiempo de lluvia las aguas de mina no lleguen nuevamente al rio Desaguadero.

Actores en pugna:

Empresa Minera Huanuni, la organización social Defensa de la Cuenca

Desaguadero Lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), y Viceministerio del

Ambiente.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/5057-contami-nacion-minera-afecta-a-800-familias-en-huanuni http://olca.cl/oca/bolivia/mineras027.htm http://www.bolpress.com/ art.php?Cod=2009102210

17.INDIO, IRIDIO Y PLATA.

BOLIVIA. MALLKU KHOTA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE

POTOSÍ.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

El Yacimiento minero Mallku Khota, una de las reservas más importantes de Indio, Iridio y Plata. En un inicio South American Silver (Canadiense) tenía la concesión y después fue nacionalizada por el gobierno de Evo Mo¬rales en el año 2012. Algunos comuneros se manifestaron a favor y otros en contra de la nacionalización generando una preocupante fuente de vio¬lencia, teniendo como resultado la muerte de un comunero y el secuestro de varios policías y profesionales mineros. La imposibilidad de resolver este conflicto se debe a que una mayoría de los ayllus está de acuerdo con la explotación de los minerales pero aquellos que no, han demostrado no sólo gran capacidad de movilización, sino también de desplegar violencia, al extremo que su principal dirigente actualmente guarda detención do¬miciliaria debido a que ha sido sindicado del secuestro de los dos policías antes señalado y de aplicar torturas contra ellos.

Actores en pugna:

Gobierno de Bolivia, South American Silver, Autoridades Comunitarias de Mallku Khota, Comunidad Chiro K asa, Defensor del pueblo, Policía Nacional y la Compañía Minera Mallku Khota

Criminalización social: Sí.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.la-razon.com/economia/comunarios-Mallku-Khota-libe-

ran-rehenes_0_1647435266.html

http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-dirigentes-Mallku-Kho-

ta-liberados_0_1646835314.html

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120713/

mallku-khota-es-un-yacimiento-millonario_178277_376535.html

http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Mallku-Kho-

ta_0_1646235449.html

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20121206/

estado-explotara-mallku-khota_194735_414683.html

18.NÍQUEL

BRASIL. PARA, MUNICIPIO DE OURILÁNDIA DO ÑOR

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

El diseño de Onca Puma afecta directamente a tres mil familias de dos asentamientos del INCRA, los Altos Campos (Ourilándia) y Tucumán (entre Ourilándia y San Félix), Campos Altos, Minera sul Vila y algunas familias Tucumá . En agosto de 2008, el INCRA desafectó la zona de asentamiento de agricultores, para dar continuidad a las actividades del proyecto; otros habitantes fueron presionados para vender sus tierras y actualmente se intenta comprar otras más a precios bajos.

Descripción del conflicto:

El Proyecto Onca Puma prevé una explotación de níquel operada por Onca Puma, filial de Vale S.A. La empresa ha incurrido en actos ile¬gales para su imposición (no consulta previa), y se le responsabiliza por daños ambientales, contaminación de arroyos, desvío de cursos de agua, inundaciones, desestabilización social y de sistemas productivos locales. Entró en operación en 2011, y comprende la creación de infraes¬tructura ferroviaria y carretera, para el transporte de los minerales, para su procesamiento y fundición. El Ministerio Público Federal de Brasil presentó una demanda contra la minera para que detenga sus actividades, por no haber adoptado medidas de compensación a los pueblos indígenas afectados (xikrines y kapayós) para garantizar su supervivencia. También demanda el reparo de los daños morales y ma¬teriales, solicitando indemnizaciones retroactivas.

Actores en pugna:

Impulsores (Canico Resources Corp (adquirida por Vale S.A), Onca Puma, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Natura¬les Renovables, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente,INCRA); en contra (Asociación de Pequeños Productores de Colonia Santa Rita, Asociación de Pequeños Agricultores de Campos Altos, Residentes de la aldea Asociación Minerasul, Unión de Trabajado¬res Rurales De Tucumá, Comisión Pastoral de la Tierra (defensa legal), Justica nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Agua)

Criminalización social:

Los guardias de la empresa tienen en la mira a los opositores, están

siendo amenazados por Vale.

Fuentes electrónicas de información:

www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=32728

http://www.revistaamazonia.com.br/estados/para/485-cidades-proxi-

mas-a-mineracao-onca-puma-recebem-investimentos

http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/mpf-

pede-suspensao-de-projeto-de-niquel-da-vale-no-pa

http://wwwl.folha.uol.com.br/mercado/1096978-procuradoria-quer-

suspender-mineracao-da-vale-no-para.shtml

http://noticiasmineracao.mining.com/2011/03/23/vale-comeca-produ-

cao-em-onca-puma/

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101845

19.HIERRO

BRASIL. REGIÓN METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, MINAS

GERAIS.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

Al ubicarse en la última zona virgen del cuadrilátero de hierro por la

adquisición de la mina Apolo, la empresa Vale acelera el proceso de expansión en la región del Parque Nacional de la Serra do Gandarela, iniciado hace tres décadas.

Descripción del conflicto:

La empresa Vale desea implementar el Proyecto Apolo y construir una plan¬ta para usar las materias primas en los distritos de Cae teté y Santa Barbara; es el mayor proyecto después de Carajás, en Serra do Gandarela, donde exis¬te un importante acuífero suministro de 5 millones de habitantes. La minera esperaba contar con 7000 Ha para ejecutar nuevos proyectos en la región (Apolo, Apolo Sul, la mina Baú y la reactivación de la mina Capanema) de los cuales solo le fueron aprobadas 1900 Ha, las demás están en negociación. Actualmente, el proyecto está en la etapa de licencias, programando el inicio de operaciones para comienzos de 2014. El plan de la empresa es combinar el potencial de Apolo con los recursos del proyecto de Gandarela. Impulsa: Vale S.A, que presentó estudio de impacto ambiental a la autoridad estatal Supram, COPAM, IEF, IGAM, Cámara de Comercio del Estado de Minas Gerais, Cámara de Comerciantes de Belo Horizonte, Banco de Desarrollo del Sector Privado Empresarial de Minas Gerais, IBAMA.

Actores en pugna:

En contra: Grupo ecologista Santa Barbara, Afectados por Vale (que aglutina colectivos de varios países, incluyendo Canadá), Movimento pela preservacao da Serra do Gandarela, Red Río Velha, Portas Abertas, Movimiento contra la presa de relaves en Raposos y Caeté, la Asocia¬ción Cultural de la Comunidad de los zorros, SOS Serra da Piedade, Sind'Água, SOS Velhas River, Pro-Cittá, Conexión Ciudadana, Justica nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Agua

Criminalización social:

En el encuentro de afectados por Vale se redactó un informe que recoge las violaciones y los impactos negativos causados por esta empresa en todo el mundo. En Canadá y Estados Unidos ha sido denunciada por la Union de Trabajadores del Acero, también por las cometidas contra trabajadores rurales de los estados de Para y Maranháo, en Brasil; el de los pescadores de Sepetiba, en el estado de Río de Janeiro; el de los ecologistas de Minas Gerais y de Chile y los de las comunidades tra¬dicionales de Mozambique y las poblaciones indígenas de Perú y del archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico.

Fuentes electrónicas de información: http://www.redecomunaverde.org/

http://acminas.com.br/noticia.phpP396-sob-pressao-vale-pode-cance-lar-projeto

http://es.globalvoicesonline.org/2011/03/ll/brasil-lucha-contra-la-

mina-en-gandarela/

http://www.aguasdogandarela.org

http://serradagandarela.blogspot.com

http://www.noalaniina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/

proyecto-mineral-de-hierro-apolo-podria-amenazar-reserva-natural

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/

proyecto-mineral-de-hierro-apolo-podria-amenazar-reserva-natural

20.POLO SIDERÚRGICO.

BRASIL.BARRIO DE SANTA CRUZ, RÍO DE JANEIRO

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras:

Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuen¬cias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a aban¬donar sus actividades. Los residentes de Santa Cruz también denuncian la contaminación de la Bahía de Sepetiba, que está llevando a la miseria a 8000 familias de pescadores artesanales; habitantes cercanos cotidiana¬mente deben sufrir por "lluvias de plata" (fragmentos de metal).

Descripción del conflicto:

La empresa ThyssenKrupp Compañía Siderúrgica del Atlántico (TKCSA) se instaló en Río después de haber obtenido varias negativas por parte de otros países y estados de Brasil. La siderúrgica emite par¬tículas de arrabio (material que con base en el hierro es materia prima para producir acero) y otros causantes de contaminación, daños a la salud y el medio ambiente en perjuicio de los habitantes y pescadores de la región, que se han visto afectados gravemente. Como parte del proyecto, en conjunto a la empresa Vale, construyen también un puerto de exportación de acero.

Actores en pugna:

Impulsa: Vale; ThyssenKrupp Steel; Secretaría de Medio Ambiente, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. En contra: los ha¬bitantes del barrio, organizaciones ecologistas y sociales, Afectados por Vale, Marcha Mundial de las Mujeres, Asociación de Acuicultores y Pescadores de Pedra de Guaratiba, Comisión Pastoral de la Tierra, pescadores de Bahía de Guanabara, Asociación de Pescadores de Pe¬dra de Guaratiba, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Central de Movimientos Populares.

Criminalización social:

TKCSA y Vale, a nivel mundial son conocidos por sus estrategias de des-acreditación de la oposición a sus proyectos, amenazas y denuncias, con el fin de desmovilizar la población. En éste caso que se asocian, cuen¬tan con "personal de seguridad"(paramilitares) que han amenazado de muerte a las caras mas visibles de la lucha en contra del consorcio, quienes actualmente recurren al Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.Han criminalizado también a científicos e investigadores que han producido investigaciones contra¬rias a sus intereses, por la vía judicial, para que se les indemnice por daños a la imagen y reputación empresarial.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.lemondediplomatique.cl/Revuelta-global-contra-Vale.html

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_

k2&view=item&id=4889&Itemid=l

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/8-brasil/4611

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97628

http://ocmal.ourproject.org/reports/view/20

21.-Zinc

BRASIL. Minas Gerais, municipio de Vazante

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

Con la apertura de túneles a 350 metros de la superficie hasta alcanzar nivel freático, se causó la inundación de la mina, el desplazamiento de los pobladores cercanos e inseguridad de los pobladores cercanos. El bombeo de agua para el procesamiento de metales ha disminuido los niveles freáti¬cos, cuya consecuencia es la desaparición de ríos, manantiales, desabasto potable y hundimientos que cubren también zonas urbanas. Ello ha inhi¬bido las actividades económicas tradicionales, ha disminuido la población de peces, los animales de ganado se han envenenado y los pastizales están secos. Pescadores y agricultores, han sido a quienes se ha ejercido una fuerte presión y despojo, ante el avance de la agroindustria y la minería en la región, disfrazados de "campañas de reforestación".

Descripción del conflicto:

Votorantim Metáis explota zinc y dolomita en una mina subterránea, desde el comienzo de sus actividades se denunciaron los daños a la salud y al am-biente, debido a que para su procesamiento se utilizan grandes cantidades

de agua, que luego se liberan en el río Santa Catarina, que desemboca en el río Paracatu, afluente del Sao Francisco; entonces están contaminados por aluminio, manganesio, zinc, cadmio, dando como resultado una alta incidencia de cáncer, y la muerte de flora y fauna. Sin importar los estudios que confirman esta situación y que el agua subterránea se une al acuífero Guaraní, la empresa no se responsabiliza de los daños y se niega a parar su operación, recuperar áreas, o responsabilizarse por intoxicaciones. A pesar de ello, en 2006 se le otorgó la renovación de licencia y visto bueno para su expansión de actividades con el Proyecto Norte Grande en zona kárstica, a condición de realizar 25 acciones de remediación ambiental.

Actores en pugna:

Impulsa: Compañía de Metales Minería (Votorantim Metáis Zinco S.A) que obtuvo la licencia previa por la Secretaría de Estado de Medio Ambien¬te y Desarrollo Sostenible (Semad); el Departamento Nacional de Produc¬ción Mineral (DNPM), FEAM, IGAM, CODEMA, ADMA, IBAMA, COPAM, CONAMA, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En contra: Conjunta Popular para la Revitalización de San Francisco, pescadores de Belo Horizonte y pueblos vecinos que se aglutinan en or-ganizaciones regionales en torno a siete presas (Tres Marías, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso Complejo I, II, III y IV, y Moxotó Xingó), Articula-ción de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espirito Santo (APOINME), El Consejo Municipal de Defensa del Ambiente (CODEMA).

Criminalización social:

En la cuenca de Río Sao Francisco se han violado los derechos de los pueblos indígenas, las tierras ancestrales en Tumbalalá, Bahía, y el Pi-pipan truká en Pernambuco. Se ha criminalizado y perseguido a los pueblos de esa región, ante el avance de transnacionales. Ha habido varias muertes, de las cuales da cuenta un informe presentado a la OIT. Aparte de utilizar recursos como la intimidación, la empresa también ha demandado por difamación a los involucrados en publicar un sitio de internet que denuncia e informa sobre la situación actual de la región. Por otra parte, a petición del MPF, técnicos de la Universidad Federal de Uberlándia, realizaron un estudio para conocer el nivel de envene¬namiento de las aguas, y la empresa acusó penalmente al coordinador de dicho estudio, que comprobaba los tóxicos presentes.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/01/25/internas_eco-nomia, 274216/justica-anula-licenca-para-projeto -de -mineracao -da-votorantim. shtml

http://noticiasmineracao.mining.com/2011/ll/24/votorantim-vai-ex-

plorar-mina-de-zinco-em-vazante/

http://www.blog.gpme.org.br/?p=549

http://www.novae.inf.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=1161

http://www.mbendi.com/indy/ming/ldzc/sa/br/p0005.htm

22.HIERRO

BRASIL. ESTADO DE PARA, EN CARAJÁS.

Inicio del conflicto: 1980

Despojo de tierras:

Las tierras fueron ilegalmente ocupadas, por la expansión del monocul¬tivo de eucalipto para producir carbón en beneficio de la siderúrgica y la explotación minera. El ferrocarril Carajás, construido por la minera Vale para el transporte de los minerales se pretende duplicar, cruzando más territorios habitados por indígenas y campesinos; en Maranháo a través de apelaciones administrativas, Vale está impidiendo el acceso a propiedades colectivas de los cimarrones de Santa Rosa y el Monje Negro en Belo Itapecurú. Desde el año 2008 ha ampliado la exploración mineral, sobrepasando la frontera de Carajás.

Descripción del conflicto:

El Projeto Grande Carajás el mayor complejo mineral de hierro de Vale, entró en operación bajo una serie de irregularidades e implicaciones que provocaron la reacción de la población afectada desde 1980. Actual¬mente dicho complejo está en expansión, el segundo Programa Gran Carajás implica la apertura de nuevas minas, la construcción de un nuevo ferrocarril de 100 kilómetros paralelo al existente para incre¬mentar el transporte del mineral de hierro de 130 a 230 millones, y la ampliación del puerto de Ponta da Madeira en San Luis, hacia donde son enviadas las extracciones. Ante la amenaza del despojo, se han or¬ganizado todas las comunidades que suman más de 25 municipios, para impedir la expansión de Vale, exigir la indemnización y reasenta¬miento a los afectados desde hace tres decadas. Sin embargo, Vale no reconoce negociar.

Actores en pugna:

Impulsa: Vale S.A, Alcoa Inc, Alumar, Albrás, Fergumar y Simasa, ferro Gusa Carajás, Viena Siderúrgica; INCRA, FUNAI, Ministerio de Minas y Energía, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. En contra: Afectados por Vale, Centro para la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (CDVDH), Asociación Indígena Bep-Noi, Movimiento de los Sin Tierra, el Centro para la Defensa de la Vida y los De-rechos Humanos, Justicia on Rails, Federación Internacional de Derechos Humanos, red ingenieros de Justicia sobre Rieles (JNT), Red Brasileña de Justicia Ambiental, sindicato de los trabajadores rurales de Canaá dos Carajás, Asociación de Defensa de las Víctimas de Accidentes de Trabajo.

Criminalización social:

Se ha denunciado casos de trabajo esclavo, violación a los derechos laborales, daños a la salud. Al manifestarse contra la explotación y por el derecho a la jubilación, el Movimiento de Trabajadores de la Minería fue reprimido. Los indígenasDjudjékó Catete bloquearon las instala¬ciones de la mina, Vale reportó una perdida importante de dinero y como represalias canceló algunos compromisos pactados.Vale se ha dedicado a perseguir a sus opositores a quienes ha demandado, y se les ha privado el derecho a la manifestación publica, acudir a reuniones en las comunidades afectadas; es acusada de varios asesinatos.

Fuentes electrónicas de información:

http://servindi.org/actualidad/70689

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=36052

http://www.forumcarajas.org.br/:

Moradores mantém interdicáo da Ferrovia Carajás em Santa Rita, MA

Quilombolas interditam Estrada de Ferro Carajás em Santa Rita, MA

http://www.jornalpequeno.com. br/2012/4/28/entidade-denuncia-vio-

lencia-contra-populacoes-afetadas-pelo-programa-carajas-195607.htm

23.HIERRO

BRASIL. CUENCA DEL RÍO VIEJO. ESTADO DE MINAS GERAIS.

Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras:

Se expropiaron terrenos, se construyó en áreas protegidas por la legisla¬ción y se destruyó patrimonio cultural (Caué Pico -Itabira-, la Sierra del Corral y Pico Itabirito); los manantiales dentro del perímetro de conce¬sión se han secado. La mina opera en cuencias regionales importantes. Al tiempo, se redujo el suministro de agua (40%) de mala calidad.

Descripción del conflicto:

La Mina Capáo Xavier   comenzó a operar en la salida sur de la ciudad,

cerca de cuatro fuentes publicas de agua potable (Belo Horizonte - Bloqueos, Mutuca, Catherine y Barreiro).Debido a los riesgos e ilegalida¬des, al tratarse de una zona de preservación por ser una cuenca y fuente de suministro de agua para el área metropolitana, comenzó el rechazo a la explotación. .La fiscalía de Minas Gerais presentó una demanda contra la empresa, pero mediante una apelación y presentación de un plan de compensación ambiental de rescate de la flora, en 2011 se per¬mitió su actividad. Actualmente la oposición a la minera sigue pidiendo su cancelación definitiva.

Actores en pugna:

Impulsa: Mineracóes Brasileiras Reunidas , Vale S.A, Consejo de Po¬lítica Ambiental de Minas Gerais (COPAMI), Cámara de la actividad minera, Ministerio de Minas y Energía, Compañía de Saneamiento de Minas Gerais (COPASA), Semad, la Municipalidad de Belo Horizonte, Fundación del Estado para el Medio Ambiente y el Instituto Estatal Fo¬restal (IEF), Consejo para la Protección de la Biodiversidad Copam, St. Jude Asociación de la Comunidad, estado de Minas Gerais, el Estado del Medio Ambiente Foundation (FEAM). En contra: La sociedad civil del Gran Belo Horizonte conforma "Movimiento Capáo Xavier Live", y se coordinan con el Comité de Cuenca del Río Viejo, Defensa Articulación Popular en el Río Sao Francisco (CPT-MG), SOS Serra da Piedade, Via Campesina, Movimiento de Mujeres Campesinas, Justica nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Agua.

Criminalización social:

Las mujeres de Via Campesina ocuparon la empresa minera, desde entonces han sido perseguidas y reprimidas en sus manifestaciones, han sido criminalizadas y se les ha impedido participar en acciones de protesta.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/

Defensa_de_los_Derechos_de_los_Pueblos/Solidaridad_de_las_muje-

res_de_ANAMURI_con_las_Mujeres_de_Via_Campesina_en_lucha_

por_la_Soberania_Alimentaria_y_contra_el_Agronegocio_en_Brasil

http://www.lab.org.uk/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id= 1208:brazil-a-prize -the -government-wont-be -bragging-

about&catid=65&Itemid=39

http://www.justicanostrilhos.org/nota/877

http://noticiasmineracao.mining.com/2011/10/05/vale-fara-aporte-em-

capao-xavier/

www.capaoxaviervivo.org.br/

24.-ORO

BRASIL. PARACATU, SURESTE DEL ESTADO DE MINAS GERAIS

Inicio del conflicto: 1990

Despojo de tierras:

Se ha despojado en el proceso de expansión minera, las comunidades de cimarrones se verán muy afectadas con énfasis en la comunidad Machadinho cuyo territorio puede ser sumergido en barro, dando paso a la mayor represa de relaves en América Latina. También se han des¬plazado comunidades reconocidas oficialmente por el INCRA como propietarias.

Descripción del conflicto:

Las operaciones en la Mina Morro do Ouro comenzaron en 1987, la expansión se inició en 2006 para aumentar las instalaciones de proce¬samiento de mineral, después de una perforación de exploración que encontró un aumento en las reservas de la mina triplicación de su ca¬pacidad de producción de 5 a 15 toneladas de oro. El proyecto también extiende por más de 30 años la vida útil de la mina, cuestión que aumen¬ta el riesgo para las aguas y la salud humana, la contaminación por ar¬sénico y otros tóxicos. Los pobladores locales sufren las consecuencias de dichas actividades, permitidas por la débil legislación brasileña que permitió el licénciamiento ambiental omitiendo los impactos negativos. Los afectados promueven acciones en defensa legal, difusión y movili¬zación en rechazo a la minera.

Actores en pugna:

Impulsa: Kinross Gold, Rio Paracatu Mineracáo (RPM), Casa de la actividad minera (CMI) del Consejo de Estado de Política Ambiental (COPAM), Ministerio de Minas y Energía, Instituto Brasileño de Me¬dio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.Contra: cimarrones de Machadinho Amaros y Santo Domingo, Movimiento Verde Paracatu, Federación de Comunidades quilombolas de Minas Gerais - N'GOLO, Instituto Serrano Neves, Fundación Acangaú.

Criminalización social:

Varios opositores han sido objeto de amenazas veladas por Kinross

para obligarlos a negociar sus territorios. Al menos dos personas ya

han solicitado su inclusión en el Programa para la Protección de los

Defensores de Derechos Humanos.

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=proyecto&id=375

http://racismoambiental.net.br/2011/ll/a-mineracao-em-paracatu-mg-

um-de sastre -ambiental-iminente/

http://www.ecodebate.com.br/2012/05/21/arsenio-liberado-pela-

kinross-em-paracatu-ja-esta-bioacessivel-revela-estudo-por-sergio-u-

dani/

http://www.mining-technology.com/projects/paracatu-mine/

http://www.automation.siemens.com/wcmsnewscenter/details.

aspx?xml=/content/10001666/en/gc/Pages/MM092_S18_Kinross.xml

http://alertaparacatu.blogspot.com/

http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=48887

www.kinross.com

http://alertaparacatu.blogspot.com/2008/01/efeitos-da-exposio-crnica-

ao-arsnio.html

25.-ORO

BRASIL. JACOBINA, BAHÍA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Para el comienzo de actividades, se demolieron casas de 112 familias, a quienes se les impuso una compensación o se les reubicó en las afueras de Jacobina.

Descripción del conflicto:

La compañía minera Yamana Gold explota los yacimientos de oro de la Mina La Jacobina desde el año 2005, mediante un proyecto impuesto. Los pobladores que desde un principio estaban en desacuerdo, años después experimentan además la contaminación de fuentes de agua en toda la región con desechos mineros conteniendo arséncio y otras sustancias. La población de las comunidades se han incorporado a la lucha regional en contra de la minería contaminante.

Actores en pugna:

Impulsa: la compañía Yamana Gold, Departamento Nacional de In¬vestigación Mineral - DNPM, Ministerio de Minas y Energía, Insti¬tuto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. En contra: Comisión Pastoral de la Tierra - Regional Bahía, Afec¬tados por la Minería , Comunidad de Caetité, Minas gerais y Para  Movimiento por el Agua Sierras de Minas, Asamblea de Vecinos Au-toconvocados de Esquel

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.yamana.com/Operations/ProducingMines/Jacobina/de-

fault.aspx

http://mineracaosudesteparaense.wordpress.com/2011/02/

http://racismoambiental.net.br/2011/09/ba-mineracao-yamana-gold-

expulsa-familias-de-comunidades-tradicionais-em-jacobina/

http://www.ecodebate.com.br/2011/03/03/mineracao-e-destruicao/

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/

minera-yamana-gold-expulso-112-familias-de-jacobina

26.-BAUXITA

BRASIL. MUNICIPIO DE JURUTI, AL OESTE DEL ESTADO DE PARA,

CORAZÓN DE LA AMAZONIA.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:

Se ha obstruido el derecho de entrar y salir a la ribera, esta situación se acentuó posterior a las protestas enmarcadas en el Foro Social Mundial del año 2009 en contra del proyecto. Con la construcción de un ferroca¬rril, se atravesaron varios lotes de comunidades a quienes les pagó una pobre indemnización. Se afectó a 9000 personas que derivan su susten¬to de agricultura (yuca), ganadería y pesca. Todas las actividades para obtener bauxita se producen en el acuífero Alter-do-Chao, importante reserva de agua dulce que atraviesa Para y Amazonas.

Descripción del conflicto:

En el año 2000 Alcoa. Inc adquirió Reynolds Metals Inc a través de su filial minerales Omnia para iniciar actividades de exploración en minera. En 2003, la empresa se instala en Juruti para la extracción de bauxita, con la posibilidad de la creación de plantas para la producción de alúmina y aluminio, una mina en la zona del bosque y un ferrocarril de 55 km. Su EIA fue aprobado, pese a contar con impactos socioam-bientales graves (omitidos) e irregularidades, lo cual fue el foco que inició la oposición en el año 2005. Sin embargo, las obras centrales fueron concluidas en 2009, y los impactos pesan sobre una superficie de aproximadamente 500 mil hectáreas de bosque.

Actores en pugna:

A favor: Alcoa Aluminium Company SA, Omnia, Ministerio de Minas y Energía, Secretaría de Ecología y Medio Aambiente (acusada de otorgar licencias a la empresa, cuando debió darlas IBAMA por el tipo de zona). En contra: el Movimiento de Afectados por Represas , que ha denun¬ciado a Alcoa ante la ONU y OCDE; Via Campesina, Movimento Juruti em Acao, Movimento Nacional dos Directos Humanos, Asociación co¬munidades ribereñas del distrito de Oíd Juruti (ACORJUV).

Criminalización social:

En enero de 2009 en contexto del Foro Social Mundial, fueron blo¬queadas las áreas de ferrocarril, la carretera y el puerto, se realizó una acampada de 9 días en la puerta de la sede de la empresa, donde sufrie¬ron represalias por parte de la policía los manifestantes.

Fuentes electrónicas de información

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=37254

http://www.pa.gov.br/noticia_interna.asp?id_ver=101791

http://www.alcoa.com/brazil/pt/news/releases/2012_06_15_mode-

lo_de_mineracao.asp

http://www.alcoa.com/brazil/pt/custom_page/environment_juruti.asp

http://member.bnamericas.com/news/metales/alcoa-usa-nuevo-meto-

do-para-reforestacion-en-mina-de-bauxita-juruti

http://es.scribd.com/doc/67798573/Fluxo-Do-Processo-de-Bauxita

http://www.revistaminerios.com.br/Publicacoes/3585/Com_a_comuni-

dade_do_seu_lado.aspx

http://www.fornecedoresdopara.com.br/noticias.php?id=1150&t=_Ca-

ravana_visita_Alcoa_e_conhece_realidade_de_ Juruti

http://www.bnamericas.com/news/mineria/Alcoa_hace_primer_en-vio_de_bauxita_desde_ Juruti

27.-ORO Y COBRE

CHILE. CABECERA DEL VALLE DEL HUASCO, REGIÓN DE

ATACAMA.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

El 14 de marzo de 2011, la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, grupo de agricultores de la etnia diaguita que habita las zonas aleda¬ñas al proyecto minero "El Morro" (Goldcorp y New Gold), presentó un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Tercera Región, indicando que en el proceso de calificación ambiental no se cumplió lo que exige la Ley Indígena y el Convenio 169. La autorización ambiental fue revocada por la Corte Suprema de Chile en abril del año 2012, por lo que anuló el permiso del proyecto mientras no se realicen las consultas necesarias a las co¬munidades indígenas. Según fuentes ligadas a la compañía, "el plazo para que se cumpla lo que dice la Corte Suprema es de aquí a 9 meses, por lo que ahí se restablecería la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y se reiniciarían inmediatamente los trabajos de construcción". El reinicio del proyecto (septiembre de 2013) corre el riesgo de generar altos impactos ambientales.

Actores en pugna:

Empresas Gold Corp y New Gold; Comunidad de los Huascoaltinos;

Corte Suprema de Chile y otras instancias del gobierno chileno.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101939http://olca.cl/articulo/nota.

php?id=101678

http://www.veoverde.com/2012/12/proyecto-aurifero-el-morro-podria-

retomar-labores-en-septiembre-de-2013/

28.DORÉYCOBRE

CHILE. COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ. REGIÓN

DE ATACAMA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

La comunidad indígena Colla argumenta ser dueña del territorio donde Barrick Gold instalará la minera, por lo que señalan que la prospección para llevar a cabo el proyecto va en contra del Artículo 169 de la OIT, pues no ha existido un proceso de consulta con ellos.

Descripción del conflicto:

Desde el año 2002 el proyecto minero Luiciano, de la Compañía Minera Cerro Cásale (subsidiaria de Barrick Gold y Kinross) ha gestionado los permisos para explotar las fuentes de doré y cobre en la región de Atacama. En marzo de 2012 la empresa presentó modificaciones y acla¬raciones al estudio de impacto ambiental y principios de agosto de ese mismo año la comunidad indígena de Colla llamó a apoyar el rechazo al proyecto apelando al artículo 169 de la OIT. El llamado se sustenta en las afectaciones que el proyecto traería, especialmente en cuanto a la exacerbación de la sequía en la región, pues la minera necesitará gran¬des cantidades de agua. Los afectados consideran que este proyecto es peor que Pascua Lama, pues en este caso el proceso se llevará a cabo al 100% en Chile y afectará a los glaciares de roca. Las últimas noticias al respecto muestran que el proyecto fue votado favorablemente en agosto de 2012 a pesar de los reclamos de las comunidades indígenas.

Actores en pugna:

La comunidad indígena Colla de Río Jorquera, los habitantes de Copia-pó, la Compañía Minera Cerro Cásale (Barrick Gold y Kinross Gold), la Comisión Regional de Medio Ambiente y otras instancias del gobierno de chile.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 102207

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/04/09/el-nuevo-pascua-

lama-de-barrick-gold/

http://www.biobiochile.cl/2012/08/09/aprueban-evaluacion-de-impacto-

ambiental-de -proyecto -minero -luciano -de-barrick-en-atacama. shtml

http://www.minerandina.com/chile-barrick-podria-detener-proyecto-

de-oro-cerro-casale/

29.MINERODUCTO

CHILE. COMUNA COSTERA LOS VILOS. REGIÓN DE

COQUIMBO.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

El Tribunal Constitucional de Chile dictaminó en el año 2000 que ha¬bía inconstitucionalidad del Tratado Minero entre Chile y Argentina y que los tribunales de Chile no tenían facultades para otorgar servi¬dumbres a concesiones mineras ubicadas fuera del país. La empresa Xstrata, a través de su filial en Chile tenía el proyecto de construir un mineroducto desde la cordillera argentina para que los minerales extraídos en el Pachón fueran transportados hasta Los Vilos, en las costas chilenas. Ante ello, en 2008 la minera comenzó un juicio para hacer cambiar la dictaminación del Tribunal, presentando de diferen¬te manera el proyecto, de forma tal que las servidumbres fueran dadas para una planta de filtrado en Los Vilos y no para la planta argenti¬na en El Pachón. En 2010, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tomaron parte en el juicio y se opusieron a los intentos de la minera Xstrata, argumentando en su contra con base en todas las irregulari-dades en la petición y otorgamiento de servidumbres mineras. Frente al panorama lleno de irregularidades, en agosto de 2012 la empresa presentó un desistimiento, por lo que ni la demanda ni el proyecto del mineroducto prosperaron.

Actores en pugna:

La empresa Xstrata que opera principalmente en Perú y Argentina, pero que pretendía construir un mineroducto desde Argentina hasta las costas de Chile para exportar los minerales que extrae.El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quienes actuaron en contra de las peticiones de la minera. Las autoridades chilenas, en especial el Tribunal Consti¬tucional.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102216

http://seia.sea.gob.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.phpPid_expedient e=1098&idExpediente=1098&modo=ficha http://olca.cl/oca/chile/re-gion04/mineras023.htm

30.-COBRE

CHILE. REGIÓN DE COQUIMBO.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:

El tranque El Mauro, de Minera Los Pelambres, es el tercer tranque de relave más grande de América Latina y el más grande de Chile, y hoy, las filtraciones de humedad hacen que en cualquier momento esta masa letal se abalance en contra del poblado de Caimanes. Este hecho a generado la movilización y protesta del poblado de caimanes a la cual el gobierno chileno ha reaccionado de forma violenta además de criminalizar la protesta.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Minera Los Pelambres. En Oposición: Pobla¬ción de Caimanes.

Criminalización social:

Represión, violencia y detenciones desmedidas en jornadas de protesta contra Hidroaysen por parte de carabineros de chile. Seguimiento y espionaje a integrantes de la comunidad de Caimanes.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.capital.cl/poder/la-cruzada-de-jean-paul-luksic/

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-chile/

encuentran-contaminacion-del-agua-por-minera-los-pelambres

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8511

http://www.ojoconelparlamento.cl/2010/07/13/capitulo-13-tranque-el-

mauro-de-minera-los-pelambres-destruye-

http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/

conflictos%20mineros-Los%20Pelambres

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060806/

pags/20060806214655.htmlderechos-de-agua-de-caimanes/

31.-NIQUEL

COLOMBIA. PIJAO, QUINDÍO

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

Se reconoce que la región tiene un importante potencial en el territorio nacional para el hallazgo de oro, cobre, hierro, coltán, uranio, metales del grupo de los platinoides, carbón metalúrgico y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio. Desde el ministerio de Minas y Energía se ha puesto especial interés en explorar las posibilidades de explotación aún cuando la población logró un consenso histórico en contra de la minería en su territorio, el mismo ministerio subraya que el objeto de esta delimitación será otorgarlas "en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer".

Actores en pugna:

Estado: Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía. Comunidad: ha¬bitantes del departamento del Quindío. Mercado: de prosperar la ini¬ciativa se abriría la convocatoria, aunque ya existe una interesada; la empresa Cerro Matoso S.A (controlada por BHP Billiton)

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=186

32.-OROYPLATA

COLOMBIA. PÁRAMO DE SANTURBÁN, SANTANDER Y NORTE DE

SANTANDER. NACIMIENTO DEL RIO ZULIA.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

El Páramo de Santurbán da vida a los ríos Lebrija, Pamplonita y

Zulia, así como a varios de los afluentes que nutren los ríos Catatumbo y Arauca. La intervención minera a través del Proyecto Angostura, podría llegar a producir 7'500.000 onzas troy de oro du¬rante 15 años, los cuales se traducirán en más o menos 14 millones de dólares al año para el Departamento de Santander por razón de regalías y en 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los siguientes años de operación. Sin embargo la explotación a cielo abierto, las escombreras y el cianuro pueden hacer estragos, pese a que se diga que la tecnología que se promete implantar es de primer nivel. La Supersociedades, la DIAN y la Contraloría ha¬llaron que unas empresas se están dividiendo para no ser conside¬radas como grupos, no pagar regalías y lograr otras licencias. Son los casos de Carbones de La Jagua, Carbones del Tesoro, Greystar y Minera Real, que le vende a Ley Hat y Mineros S.A. Quienes se han movilizado reclamando el derecho de la madre tierra y la cuencas hidrográficas que sustentan la vida y protegen los modos de pro¬ducción ancestarles de personas que culturalmente han vivido y desarrollados actividades en armonía con dichas fuentes de agua. El proyecto ha sido suspendido por el gobierno nacional en vista del exabrupto que se estaba cometiendo.

Actores en pugna:

Mercado: La empresa GreyStar (que cambió su nombre a Eco Oro Mi-nerals Corporation para presentar un nuevo planteamiento). Comuni¬dad: habitantes de California y Vetas, los dos municipios aledaños al Páramo de Santurbán, que en general defienden el proyecto Angostura de la canadiense Greystar. Los habitantes de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, que se benefician de las fuentes hídricas del páramo, no comparten la misma postura. Estado: Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). La Supersociedades, la DIAN, la Contraloría y el Ministerio de Ambiente.

Criminalización social:

Miembros de dicha comunidad empezaron a ser víctimas de presiones, señalamientos, sobornos, estigmatizaciones y amenazas por parte de esta Empresa y de funcionarios Públicos, especialmente por parte de la Personera Municipal, motivo por el cual, el 1 de Marzo del 2011 en uno de los municipios afectados, se realizo un Concejo de Seguridad, en la que participaron, miembros de la Policía Nacional, la Alcaldía, la Personería, la Unión Temporal Perforaciones y seis (6) delegados de la comunidad.

Fuentes electrónicas de información:

http://ecosistemastropicalesucn.blogspot.com/2011/03/paramo-de-

santurban.html

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-245754-mine-

ria-santurban

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/148222-buman-

gueses-marchan-hoy-contra-mineria-en-santurban

http://www.semana.com/nacion/santurban-hasta-donde-debe-llegar-

mineria/173144-3.aspx

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-te-

mas-29/1717-mineria-en-el-paramo-de-santurban-ino-viable.html

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_

NOTA_INTERIOR-11308201.html

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/expedicion-irregular-

de-licencias-ambientales-y-explotacion-minera-en-santurban-advier-

te-minambiente/20120306/nota/1649721.aspx

33.-ORO, COBRE Y MOLIBDENO. (PROYECTO MANDÉ NORTE) COLOMBIA. REGIÓN DEL BAJO Y MEDIO ATRATO DE COLOMBIA, CHOCÓ Y ANTIOQUIA

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

Los títulos se ubican en territorios ancestrales de comunidades afro-descendientes e indígenas Embera, quienes interpusieron un recurso legal alegando no haber sido consultados previamente, tal como está estipulado en la legislación.

Descripción del conflicto:

En 2005, el gobierno otorgó nueve títulos mineros a la empresa minera Estadounidense Muriel Mining Corporation (16,000 hectáreas ubica¬das) por un período de 30 años para la explotación de oro y cobre. En respuesta a la tutela presentada por las comunidades, en octubre de 2009, la Corte Constitucional emitió la sentencia T 769, en la que orde¬naba la suspensión de la fase de exploración hasta que se efectuaran los estudios sobre el impacto social, ambiental y cultural y se realizara de manera adecuada la consulta previa con «el consentimiento libre, previo e informado» de la comunidad afectada. Hasta hoy no se ha cumplido con estos trámites.

Criminalización social:

La fase de exploración llevada a cabo por la Muriel Mining Corporation coincidió con la militarización de la zona que según la defensoría del pueblo ya vivía inmersa en el conflicto armado. En enero de 2010, un bombardeo del Ejército dejó gravemente heridos a dos indígenas. Es-tigmatización de líderes de pertenecer a la guerrilla.

Fuentes electrónicas de información:

http://servindi.org/actualidad/7143

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-colombia/

corte-reafirmo-suspension-de-proyecto-muriel

http://www.aida-americas.org/es/project/protegiendo_los_ecosistemas

http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=3787&more=l

&c=l&tb=l&pb=l

34.-ORO (LA COLOSA) COLOMBIA. CAJAMARCA, TOLIMA.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Los campesinos y finqueros de Anaime, Tolima, una población cercana al proyecto minero La Colosa de Cajamarca, denunciaron que la multi¬nacional Anglogold Ashanti, que tramita una licencia para explotar el oro de la región, está comprando sus parcelas.

Descripción del conflicto:

Los permisos de explotación de oro adjudicados a la trasnacional AS¬HANTI GOLD por parte del gobierno nacional han generado manifes¬taciones de los afectados por el desarrollo a cielo abierto en medio de una reserva forestal, la cual va a desaparecer por las magnitudes del proyecto. La licencia minera es de casi el 100% el área del municipio, la cual preocupa inmensamente a las poblaciones aledañas que han unido esfuerzos para impedir el avance de este ecocidio. Las reservas de oro de La Colosa se calculan en más de 12 millones de onzas, con capacidad de producción de 700.000 onzas de oro anuales. Los temores de los habitantes de la zona están relacionados con las fuentes hídricas que nacen cerca de la mina proyectada y que puede ser amenazada en disponibilidad y en calidad del recurso por el uso del cianuro en la extracción del oro.

Actores en pugna:

Campesinos, indígenas, pobladores urbanos, autoridades ambientales, la trasnacional anglo gold ashanti, las autoridades locales y nacionales, paramilitares, guerrilleros.

Criminalización social:

Se han registrado muertes y desapariciones. En el año de 2007 se tortu¬ró y se desterró a la población que antes cultivaba la tierra y alimentaba a buena parte de este pueblo.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.colombiasolidarity.org.uk/attachments/article/552/LA_CO-

LOSA-La-Busqueda-de-El-Dorado-en-Cajamarca-vl.pdf

http://www.colombiasolidarity.org.uk/articles/57-features/582-thou-

sands-march-against-la-colosa-gold-mine-in-ibague

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-colombia/

duplican-potencial-de-mina-de-oro-la-colosa

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/43478-colombia-los-

proyectos-de-aga-ser%C3%ADan-de-m%C3%Als-impacto-para-el-

tolima.html

http://www.lasillavacia.com/historia/16395

http://www.censat.org/articulos/10030-noticia/10264-las-preguntas-

detras -de -anglogold-ashanti

35.-ORO (EMPRENDIMIENTO DE GRAND COLOMBIA GOLD) COLOMBIA. MARMATO, CALDAS.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

De aprobarse el proyecto habría que trasladar el pueblo entero a otro te-rritorio. No es fortuito entonces, que ahora ante los requerimientos de la empresa, se erijan diversos argumentos para desplazar a una población que sobrepasa los 8 mil habitantes y que se compone en un 17% de indí¬genas y en un 55% de comunidades negras. En los últimos meses no han sido pocos los comunicados y declaraciones que sitúan al pueblo al borde de una hecatombe o de una catástrofe natural. Cualquier deslizamiento o accidente al interior de las minas, por minúsculo que sea, se magnifica de manera tal que parezca que las autoridades departamentales y na¬cionales tienen la razón y que el pueblo debe ser trasladado debido a la inminencia de un desastre. Ningún estudio serio avala dichas posiciones e incluso Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) en varias evaluaciones hechas con anterioridad, advierte que los riesgos de la zona son mitigables y llama eso si a generar políticas de restricción de explotación en algunas zonas, mas no se indica de ninguna manera que el pueblo padezca un riesgo apremiante que lo exponga a su desaparición. El único peligro inminente es la compañía que pretende desalojar de su hogar a miles de personas. Su primera decisión estratégica fue comprar, por 33 millones de dólares, a Mineros Nacionales, una empresa de origen caldense que todos los días explota 800 toneladas de mineral, de los que extrae 2.400 gramos de oro.

Descripción del conflicto:

Trasnacionales avaladas por el gobierno quieren explotar a ielo abierto las reservas de oro que tiene la montaña en la cual fue construido el municipio de caldas llamado Marmato. Allí han vivido durante muchos años comunidades indígenas, comunidades afros y algunos otros in¬trusos que se desplazan al pueblo en búsqueda de fortuna. La empresa Medoro quiere trasladar el pueblo al plan comprando los predios y ex¬plotaciones de oro o socavones mas reconocidos, trasladar la iglesia y el hospital como un proceso de presión a los pobladores que se resisten a hacerlo. Como el cura se opuso al traslado y lo manifestó pública¬mente, fue amenazado por actores armados quienes lo asesinaron días después.

Actores en pugna:

Comunidad: Habitantes de Marmato. Asociación de Mineros Tradicio¬nales de Marmato, Comité Pro Defensa de Marmato, el Cabildo In¬dígena Cártama, la Asociación de Barequeros de Marmato. Estado: Ministerio de Minas y Energía, Min de Ambiente

Mercado: Gran Colombia Gold (Antes se llamaba Medoro, más atrás Mineros Andinos de Occidente y previamente Compañía Minera de Cal¬das), Compañía Minera de Caldas (propiedad de Colombia Goldfields Ltda).

Criminalización social:

Asesinato del párroco de la población, sacerdote Reinel Restrepo, pro-bablemente por su oposición al proyecto minero de la Gran Colombia Gold que había manifestado días previos al crimen en un documental publicado en internet. Fuentes electrónicas de información:

http://www.lapatria.com/columnas/para-quien-es-el-oro-de-marmato http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-302997-el-e spejismo -de -marmato http://marmatovive.blogspot.com/2011/05/bonanza-marmato-oro.html

http://www.elespectador.com/opinion/columna-391896-mineria-pue-

blos-desgracia

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-

394501-el-ano-de-protestas-ambientales

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-392956-exsol-

dados-implicados-muerte-de-sacerdote

http://marmato.blogspot.com/2012/01/comision-de-canada-y-eeuu-

critica.html

36.-ORO (PROYECTO CRUCITAS)

COSTA RICA. CRUCITAS DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE

ALAJUELA.

Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto Minero Crucitas, pretende explotar 300 hectáreas en total de bosque, a tan sólo 10 kilómetros de la frontera que comparte con Nicaragua. Comenzó a funcionar en 1993, cuando la empresa Placer Dome explotaba las más de trescientas hectáreas de bosque de la zona. En 1998, la empresa fue adquirida por la canadiense Infinito Gold, Inc. con una concesión de diez años, sin embargo, el permiso fue considerado ilegal y arbitrario por parte del gobierno del entonces presidente Osear Arias Sánchez. El proyecto fue rechazado de inmediato por la población y grupos ecologistas, quienes argumentaban los daños al ambiente, el agotamiento del potencial pesquero, el daño al paisaje y la contamina¬ción al Río San Juan (frontera con Nicaragua). En 2010, el permiso de extracción y exploración fue cancelado por el Tribunal Contencioso Ad¬ministrativo, pues se demostraron los diversos daños ocasionados y las irregularidades en los permisos. Sin embargo, el problema se potenció cuando la empresa minera fue valorada por 10. 4 mdd, lo cual implicaba una cuantiosa indemnización. Actualmente, ambientalistas estudian los impactos ecológicos en la zona para cuantificar los costos y evaluarlos. El Proyecto Minero Crucitas explota más de trescientas hectáreas de bosque primario y secundario, contaminando el medio ambiente de la zona debido al uso y vertimiento de sustancias altamente tóxicas como cianuro, desconociendo el derecho ambiental internacional. La intención de Infinito Gold, Inc. es explotar un millón de onzas de oro de un tajo a  cielo abierto de 85 metros de profundidad. La autorización del proyecto no consideró medidas de protección ambiental verdaderamente estrictas, por lo cual el proyecto puede generar impactos severos en el Río San Juan, conocido por su rica biodiversidad de bosque lluvioso. Crucitas comprende varias concesiones de exploración en San Carlos, a escasos kilómetros del Río San Juan. Allí se han encontrado dos concentraciones de oro: una en las cercanías de la comunidad de Crucitas y otra en Con-chudita. En 1998, después de una campaña de oposición protagonizada por grupos y comunidades de la zona norte, y en medio de una baja internacional en los precios del oro, Placer Dome anunció la venta del Proyecto Crucitas. Según autoridades nicaragüenses Costa Rica violen¬ta convenios de la región e internacionales al otorgar concesión minera Crucitas. El proyecto minero se ubica en la zona fronteriza, lo que oca¬sionaría daños irreversibles río San Juan y su ecosistema.

Actores en pugna:

Para el cierre de la mina, se necesitó la presión de grupos ecologistas tales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AÍDA), la Unión Norte por la Vida, el Frente Norte contra la Minería de Oro a Cielo Abierto, Preserve Planety la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente, ello ante la serie de irregularida¬des por parte del gobierno costarricense, la minera Infinito Gold, Inc y el posible enfrentamiento diplomático generado del daño a la región compartida. Comunidades de La Comarca, Las crucitas contra las em¬presas relacioandas (Industrias Infinito, S. a., Infinito Gold Inc, Lyon Lake Mines.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes consultadas:

http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Proyecto_Mi-nero_Crucitas_amenaza_el_ambiente_y_la_salud_humana_en_Cos-ta_Rica_y_Nicaragua http://servindi.org/actualidad/36183 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/riesgos-ambientales-del-proyecto-minero-crucitas http://www. elpais.cr/frontend/noticia_detalle/l/58658 http://www.noalamina. org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/proyecto-minero-cru-citas-pende-del-fallo-de-sala-iv-2 http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf. php?nota=Conflicto&p_busca=36 http://www.infinito.co.cr/sobre_cru-citas.htm

http://www.nacion.com/2012-03-07/ElPais/ambientalistas-solicitan-ingresar--a-mina-crucitas—.aspx

37.- ORO (PROYECTO BELLAVISTA) COSTA RICA. MIRAMAR DE PUNTARENAS.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En 2002, el gobierno de Costa Rica concedió el permiso ambiental de ubi¬car el proyecto minero en Miramar a pesar de la negativa de expertos, habitantes y grupos de oposición, quienes señalaron el riesgo de las ins¬talaciones en esa zona por la actividad sísmica, los derrumbes de tierra y las lluvias tropicales. No obstante, en 2005 la empresa Metales Procesados MRW S.A, subsidiaria de la compañía canadiense B2Gold extrajo su pri¬mer lingote. En 2007, la producción se suspendió a causa de un derrumba¬miento que dañó los patios de lixiviación; a causa de esto, en 2010 la minera reformuló su proyecto e intentó comprar 75 hectáreas más para reubicar sus instalaciones. Actualmente, la minera busca los permisos para reanu¬dar las actividades extractivas, pese a los riesgos que podrían derivarse de ello. Entre las consecuencias de la reapertura de la mina se encuentra la contaminación del rio Ciruelas, del acuífero de Barranca-El Roble, un posible nuevo derrumbe y los daños por cianuro a la población.

Actores en pugna:

Se ha conformado un frente de oposición en la que destacan asociacio¬nes como "Ni una sola mina", "Llamado urgente por Costa Rica" y "Mi¬ramar al Grano", quienes exigen al gobierno costarricense suspender definitivamente el proyecto minero. En contraparte, vecinos y grupos empresariales apoyan la reapertura argumentando los beneficios eco¬nómicos acarreados.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=54

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/

movimiento-contra-mina-bellavista-se-consolida

http://www.aida-americas.org/es/project/goldmining_es

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=773:empresa-canadiense-pretende-reactivar-la-fallida-

mina-bellavista&catid=40:noticias-ambientales&Jtemid=60

http://www.elpais.cr/frontend/noti cia_detalle/l/64433

38.-COBRE

ECUADOR. CANTÓN DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.

INTAG.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La empresa estatal chilena CODELCO ha realizado trabajos de per¬foraciones para evaluar las posibilidades del proyecto "El Palmar" o" Los Mandariyacu". Una parte del proyecto está ubicada en bosques primarios que albergan decenas de especies en peligro de extinción y que están considerados entre los más biodiversos del mundo (Andes Tropical y Magdalena-Chocó). La comunidad del Intag se ha opuesto a este proyecto, pues varias veces ha impedido que mega proyectos se instalen en Imbabura. La empresa justifica su presencia y actividades respaldándose en la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual ha sido ampliamente criticado y denunciado por algunos repre¬sentantes de la región frente al Ministerio del Ambiente. En cuanto a la consulta previa prevista en la Constitución, los comuneros y el gobierno parroquial de García Moreno han declarado que nunca se realizó.

Actores en pugna:

Comunidades del Intag y algunas organizaciones sociales como Defen¬sa y Conservación Ecológica de Intag, la empresa CODELCO y diversas instancias del gobierno ecuatoriano -incluyendo cuerpos militares-.

Criminalización social:

Se ha denunciado el ingreso de grupos militares que supuestamente buscan controlar la delincuencia, pero que la comunidad identifica como un método disuasivo.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.eldinamo.cl/2012/05/03/el-aterrizaje-de-codelco-en-ecua-

dor-que-tiene-en-pie-de-guerra-a-pobladores-y-ecologistas/

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 101703

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101538

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101539

39.-COBRE, ORO Y PLATA

ECUADOR. PANGUI, ZAMORA CHINCHIPE.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La concesión del Mirador (6310 has.) supone la apertura de un boquete de aproximadamente 1,25 km de profundidad. Además de la destruc¬ción de uno de los lugares más biodiversos del sur oriente del país, hay preocupación por la cantidad de agua que utilizará la mina y su contaminació. Durante los primeros 17 años de operación generará 144 millones de toneladas de desechos de roca. La población de las comu¬nidades cercanas a la concesión minera han expresado su rechazo a la falta de procedimientos de consulta y a los riesgos sobre el derecho de acceso al agua. Las principales zonas de impacto del proyecto minero Mirador (a cargo de la empresa ECSA) son: una comunidad colona campesina asentada dentro de las 9,928 ha, y asentamientos shuar del cantón del Pangui, Tundayme y Guisme, en la provincia de Zamora Chinchipe, y en el cantón Gualaquiza, de Morona Santiago. El proyecto requiere 949,15 ha para la construcción de playas de relaves y el habi-litamiento de las vías principales y alternas para el transporte pesado. Desde el año 2000 existieron dos etapas de compra de tierra y hasta el año 2009 ya han adquirido 4.000 ha. La minera lleva a cabo un proyecto de reordenamiento urbano, que causa nuevas necesidades laborales y productivas entre los pobladores.

Actores en pugna:

Ecuacorrientes, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos no Renovable, Ministerio del Ambiente, cantón El Pangui. Las principales tensiones han surgido entre los titulares jurídicos del suelo (los campe¬sinos) y los dueños de las concesiones del subsuelo (la empresa minera)

Criminalización social:

Las protestas públicas motivaron el llamamiento a juicio de los diri¬gentes. Según una denuncia ante la fiscalía, por rehusarse a vender sus terrenos a la empresa, varios campesinos han recibido constantes hos¬tigamientos por parte de personas shuar, que parece ser, trabajan en la empresa. En diciembre pasado pobladores de los cantones Gualaquiza, Morona, El Pangui y Yantzatza, intentaron tomar el campamento de la compañía. La intervención de las FA incrementó el grado de violencia de la protesta; varias personas resultaron heridas por el uso de armas de fuego (CEDHU y FIDH, 2009).

Fuentes electrónicas de información:

http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/ecuador-los-argumen-

tos-de-la-pachamama-contra-el-proyecto-minero-mirador

http://www.eluniverso.com/2012/03/18/l/1356/william-sacher-en-mira-

dor-generaran-desechos-equivalentes-cinco-panecillos.html

http://andes.info.ee/econom%C3%AD/639.html

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-pro-

yecto-minero-mirador-entraria-en-funcionamiento-en-2015

http://www.accionecologica.org/images/2005/mineria/documentos/

mirador3.pdf"

40.COBRE Y OTROS METALES

ECUADOR. PROVINCIA DE IMBABURA/ INTAG

Inicio del conflicto: 1999

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En el Intag, la transnacional minera Ascendant ha puesto en peligro a la población de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo, Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, que son las más afectadas por el proyecto minero Junín. Desde el ingreso de la empresa, la población ha ratificando su decisión de no permitir dicha actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy la empresa no ha podido ini¬ciar los trabajos mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la reserva comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso valor biológico, situada en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. Además, algunos moradores han recibido amenazas de muerte, y existe la presencia de guardaespal¬das y paramilitares fuertemente armados, que en varias ocasiones han disparado sobre los comuneros, exigiendo pagos para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presionado para que los asistentes firmen papeles en blanco de contratación de tercerizadoras no autori¬zadas y han realizado reiteradas invasiones de la propiedad privada. La concesión minera está situada en un área habitada por colonos de cinco comunidades (unas 150 familias), que potencialmente deberán ser desalojadas por el proyecto (CDES, s/f).

Actores en pugna:

Moradores de la comunidad de Intag y la empresa Ascendant Copper

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102143

http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/2523-ecuador-

correa-busca-reabrir-proyecto-minero-impopular-en-junin

http://www.sloth.gr.jp/S-chapter/MINING%20RESISTANCE%20

IN%20JUNIN-SUMMARY_esp.pdf,

41.-ORO, PLATA Y COBRE. (QUIMSACOCHA/IMAGOLD) ECUADOR. PROVINCIA DE AZUAY

Inicio del conflicto: 1995

Despojo de tierras:

Una manera de adquirir tierras fue la compra directa a los campesinos. Éstos eran persuadidos, incluso con amenazas de muerte. Algunos co¬muneros perdieron todas sus posesiones tras el despojo del que fueron víctimas por parte de trabajadores de la empresa, la que en 1997 decidió salir del país, transfiriéndose la concesión a la empresa Newmont de Estados Unidos. En la actualidad, esta última compañía realiza activi¬dades de exploración en la zona (Acción Ecológica, 2010).

Descripción del conflicto:

En las faldas del bosque Molleturo-Mollepungo están asentadas varias comunidades indígenas que viven de la agricultura y utilizan para sus labores el agua de las vertientes mencionadas; una de ellas es la de Mo-Ueturo. Pese a la riqueza y fragilidad ecológica de la zona, la compañía australiana-inglesa Río Tinto obtuvo de las autoridades una concesión dentro de dicho bosque e ingresó a la parroquia Molleturo a mediados de 1995. Para ello se valió de sus trabajadores, quienes ocuparon ar¬bitrariamente zonas comunales de páramo, para luego venderlas a la empresa o a terceras personas. La concesión Quimsacocha, a cargo de ImaGold -empresa canadiense, se extiende sobre áreas de páramo. Su operación pondría en riesgo el abastecimiento de agua para la ciudad de Cuenca y las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Ya-nuncay y Tarqui. Para detener el inicio de las operaciones mineras, la CONAIE y los Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui y Victoria del Pórtete presentaron una demanda de inconstitucionali-dad de la Ley Minera y de violaciones a los derechos de la naturaleza, al buen vivir y a la supervivencia de los pueblos. Las comunidades han protagonizado levantamientos, bloqueos de carreteras y marchas hacia la ciudad de Cuenca.

Actores en pugna:

Comunidades indígenas que se localizan en las faldas del bosque Molleturo -Mollepungo y la compañía australiana inglesa 'Río Tinto'. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales no Renova¬bles, Secretaría Nacional del Agua, ETAPA, Secretaría de Transparen¬cia y Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana; Gobernación del Azuay; juntas parroquiales de Chumblín, Tarqui, San Gerardo y Victoria del Pórtete; Junta de Agua Potable y Junta de Regantes de Victoria del Pórtete y Tarqui aglutinadas en la Junta Cívica Victoria del Pórtete; Comisión de Defensa Ambiental y Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía; Arquidiócesis de Cuenca y empresa IamGold.

Criminalización social:

Los dirigentes de las comunidades que serían afectadas por la minería fueron detenidos en el 2010 en el marco de acciones de protesta que desplegaron las comunidades y luego encausados penalmente con or¬den de prisión preventiva. Fueron liberados mediante Habeas Corpus y continua la investigación fiscal por "sabataje y terrorismo".

Fuentes electrónicas de información:

http://www.accionecologica.org/mineria/haciendo-historia/96-comu-

nidades-molleturo-f rente-a-minera-rio-tinto

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=180

http://www.paramo.org/content/quimsacocha-%E2%80%9Carriba-

est%C3%Al-el-agua-abajo-el-oro%E2%80%9D

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/7181-un-proyecto-mine-

ro-en-quimsacocha-que-crea-debates/

http://www.ecocostas.org/index.php/noticias/l-latest-news/547-el-

quimsacocha-una-reserva-de-agua-amenazada-por-la-mineria

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/07/opinion/025aleco

42.-MINERÍ A METÁLICA (PROYECTO PANANTZASAN

CARLOS)

ECUADOR. PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto denominado Panantza-San Carlos (en fase de exploración), en su primera etapa contempla la perforación de 35 pozos en 9.500 m. Se prevé que potencialmente este proyecto afectará a las poblaciones aledañas (14.900 ha), debido a la apertura de trochas que atraviesan las fincas ganaderas (CEDHU y FIDH, 2009).

Actores en pugna:

Moradores zona de incidencia y empresa ECSA

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mingaservice.com/web/inicio/304-avanza-exploracion-de-

proyecto-panantza-san-carlos-en-ecuador.html

http://www.corriente.com/copper_assets/panantza-san_carlos.php

http://www.safiqy.org/contrapunto/polemica/502-protesta-contra-

mineras-del-oriente.html

http://america.infobae.com/notas/46828-Tras-700-kilometros-marcha-

indigena-llega-a- Quito

http://www.accionecologica.org/mineria/documentos/1495-nuevo-

plan-condorminero

http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/monocultivos/

documentos-organizaciones/655-declaracion-de-la-red-de-defensa-de-

la-naturaleza-la-dignidad-y-la-vida

43.-OROYPLATA

EL SALVADOR. SAN ISIDRO, CABANAS.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

Se intentó hacerlo al comenzar la explotación pero encontró resistencia

fuerte por parte de la sociedad.

Descripción del conflicto:

Pacific Rim es una empresa que desde 2004 obtuvo la licencia de ex¬ploración en la operación "El Dorado" en el departamento norteño de Cabanas, aunque su presencia en la región, bajo otros nombres corpo¬rativos, inició en 1994. De 1994 a 2004 los mineros trabajaron en Caba¬nas prácticamente sin ningún tipo de resistencia social. Sin embargo, ya en 1998 la población comenzó a sentir los efectos de la exploración minera: se les secaron los pozos, les daban alergias en la piel y se les comenzaban a morir sus animales. La industria de extracción minera es altamente contaminante y que los estudios realizados por Pacific Rim no tienen ninguna validez científica.

Actores en pugna:

El movimiento social ha estado apoyado por una alianza de ONGs bas¬tante diversa: se pueden encontrar allí organizaciones ambientalistas, un centro de estudios vinculado al movimiento popular, una organiza¬ción para la promoción y defensa de los derechos humanos, sectores religiosos, organizaciones de apoyo a la economía popular. Juntas -las organizaciones de base y las ONG- forman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. El Comité Ambiental de Cabalas (CAC) se constituye como una organización de base, de naturaleza ambiental y de rescate de la cultura, se define así misma como una entidad apolítica, no lucra¬tiva, ni religiosa. Están en contra de la empresa canadiense dueña del proyecto extractivo, Pacific Rim.

Criminalización social:

En 2009 Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto fueron asesina¬dos en El Salvador por defender el medioambiente de la minería metá¬lica, eran miembros del Comité Ambiental. La Radio Victoria y otros ambientalistas de Cabanas sufren amenazas y persecuciones. El 4 de junio 2011 fue asesinado el ambientalista Juan Francisco Duran Ayala, quien había desaparecido el 3 cuando iba a clases a una universidad en San Salvador.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.movimientom4.org/2012/12/minera-non-grata/

http://www.movimientom4.org/2012/09/pacific-rim-demanda-a-el-

salvador-sin-ejecutar-inversiones/

http://www.pacificrimelsalvador.com/s/El_Agua_y_la_Mina_El_Dora-

do.asp

http://archivo.contrapunto.com.sv/index2 .php?option=com_

content&do_pdf=l&id=l 14

http://es.scribd.com/doc/88794883/Impactos-en-la-Produccion-Agrope-

cuaria-de-la-Zonas-de-Exploracion-Minera-en-el-Marco-de-la-Crisis

http://www.ecoportal.net/content/view/full/84830

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/5320-

pacific-rim-mining-company-el-kraken-de-cabanas

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98924

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/5227-la-

historia-detras-del-codiciado-oro-salvadoreno

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=35

http://www.miningwatch.ca/es/revision-tecnica-del-estudio-de-impac-

to-ambiental-eia-del-proyecto-minero-el-dorado-el-salvador

http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=23802

44.CEMENTO

GUATEMALA. TERRITORIO KAQCHIKEL, EN LA PROVINCIA DE SAN

JUAN SACATEPÉQUEZ.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

La instalación de la Cementera comprende daños directos a los munici¬pios aledaños, además se pretende la construcción de una carretera que comunique a la empresa con vías principales, la construcción de ésta acabará con terrenos y pasará por en medio de la comunidad, siendo sólo un beneficio para la empresa.

Descripción del conflicto:

Durante el 2005 el gobierno guatemalteco otorgó una serie de conce¬siones mineras en el municipio de San Juan Sacatepéquez, a la par de éstas, la empresa Cementos Progreso con capital suizo de la transna¬cional Holcim, logró la concesión de una planta cementera localizada a 15 km del centro urbano. Los territorios afectados con tal concesión fueron de doce comunidades que corresponden a la comunidad maya kaqchikel. Los pobladores reclamaron la violación del convenio 169 de la OITy los claros daños ambientales que la compañía causa a la región. La demanda de los indígenas se ha complicado a raíz del surgimiento de supuestos líderes coaccionados en las mesas de negociación, quienes defienden el papel de la Cementera como factor de desarrollo para la re¬gión. Sin embargo, la mayor parte de la población maya Kaqchikel exige el respeto a su territorio, a la consulta y a sus costumbres. La oposición ha sido tal, que desde 2007 el aumento de la violencia y la militarización por parte del gobierno guatemalteco en la región es un hecho eminente.

Actores en pugna:

Los doce pueblos que forman parte de la comunidad maya Kaqchikel en consulta Comunitaria, la Asociación de Abogados mayas que han seguido los casos de violación de derechos humanos, el Movimiento Comunitario Indígena por la Paz y el Desarrollo Integral "Francisco Tepeu" quien ha apoyado a la Cementera en las mesas de negociación y la propia empresa Cementos Progreso que ha intervenido innumerables ocasiones.

Criminalización social:

Se ha emprendido una campaña de violencia y criminalización en con¬tra de los indígenas de la zona desde la Consulta Comunitaria reali¬zada en 2007. En diversas ocasiones personas de la comunidad han sido asesinadas en situaciones poco convencionales y sus muertes han sido atribuidas a la violencia "común" de la región. Los defensores de derechos humanos, como la licenciada Amilcar Pop y Licda Carmela Curup han sufrido amenazas y atentados. En 2008 el presidente Alvaro Colom impuso estado de excepción y ocupación militar en el muni¬cipio durante quince días, tiempo donde hubo abusos y violaciones a los derechos humanos, además de que Cementos Progreso aprovechó para introducir maquinaria al interior de la empresa. Aún prevalece la militarización y violencia en contra de la población.

Fuentes electrónicas de información:

http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=5874&more=l &c=l&tb=l&pb=l

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Vecinos-oponen-presencia-militar_0_683931616.html

http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/guatemala-mainmenu-37/732-la-ambicion-individualista-disf razada-como-desarrollo.html http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/04/15/ apoyaran-alemanes-en-conflicto-entre-empresa-e-indigenas-guate-maltecos

http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/los-indi-

genas-guatemaltecos-no-quieren-cemento-en-su-tierra.html http://

guatemalaconta minada.blogspot.mx/2012/02/comunidades-de-san-

juan-sacatepequez.html

http://olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=163

http://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/Indigenas_Kaqchikeles:_No_

vendemos_a_nuestra_Madre.html?cid=32029816

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/

ataques-a-comunidades-opuestas-a-cementera http://chacatorex.

blogspot.mx/2013/01/comunicado-de-denuncia-de-las-12.html

45.-ORO (MINAMARLIN)

GUATEMALA. SAN MIGUEL IXTAHUACÁN Y SIPACAPA, ALTIPLANO

DE SAN MARCOS.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

Aunque no han habido desplazamientos violentos como tal sino com¬pras a bajos costos, al interior de la comunidad se ha identificado el aumento de la criminalidad, la conflictividad y el aislamiento, princi¬palmente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, ello porque han surgido divisiones internas entre las personas que están a favor del establecimiento de la mina y aquellas que están en contra.

Descripción del conflicto:

Desde 2005, la empresa Montana Exploradora subsidiaria de la empre¬sa canadiense Goldcorp empezó a explotar los recursos del Altiplano de San Marcos en la Minera Marlin, región donde se ubican los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. El proceso de extracción por li¬xiviación utilizado por la transnacional generó afectaciones a la salud, al agua y a la zona, ello develado por estudios de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos y el monitoreo independiente del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA). Los reclamos de los pobladores se centraron en la falta de regulación y supervisión de las actividades de la minera por parte del gobierno y una nula propuesta de reparación del daño posterior al cierre. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos solicitó al Estado guatemal¬teco adoptar medidas para asegurar la calidad de vida de la población, acción que se consideró insuficiente y coaccionada, por lo que el 23 de marzo de 2011 varios pueblos indígenas se ampararon mediante el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). Finalmente, el 1 de diciembre de 2011 se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la consulta sobre las acciones ejercidas en su territorio, y sólo el Tribunal Popular Internacional de Salud reconoció y condenó los riesgos del estableci¬miento de la minera en 2012.

Actores en pugna:

Comunidades indígenas que reclaman las afectaciones a la salud y el establecimiento de la minera sin consentimiento generalizado. Diversas asociaciones de orden religioso y civil como la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos y el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA), han demostrado los riesgos de la mi¬nera, pero ni el gobierno guatemalteco, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han defendido los derechos transgredi¬dos.

Criminalización social:

El 7 de julio de 2010 en San Miguel Ixtahuacán, una de las líderes del movimiento de resistencia en contra de la empresa Montana de Goldcorp, Teodora Antonia Hernández Cinto, fue baleada de gravedad. Estos actos fueron acompañados por amenazas y agresiones en contra de quienes intentaron solidarizarse con ella. Ello aunado a otro tipo de amedrentamientos a distintos líderes y el claro aumento de la violencia en la localidad.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.movimientom4.org/2012/04/los-problemas-creados-por-la-

mina-marlin-goldcorp-en-san-marcos-guatemala/

http://www.elperiodico.com.gt/es/20110901/economia/200313

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/07/27/tribunal-popular-

de-salud-condena-a-goldcorp-y-gobiernos-por-inversiones-mineras-

irresponsables/

http://www.conflictosmineros.net/component/content/article/5682-

herida-lidereza-en-resistencia-a-mina-marlin

http://www.conflictosmineros.net/component/content/article/5707-

aumento-de-violencia-en-san-miguel-ixtahuacan

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130112/cartas/223248

46.-ORO Y PLATA

GUATEMALA. MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO

DE JUTIAPA.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Una de las principales actividades del municipio de Asunción Mita es la agricultura, misma que se ha visto afectada por la actividad minera. Algunas propiedades han sido compradas (a bajo costo) para la perfora¬ción de pozos y la construcción de una planta geotérmica, esto con el fin de abastecerse de agua para la actividad minera. En total se han afec¬tado aproximadamente a 600 familias de localidades diferentes.

Descripción del conflicto:

El proyecto de Cerro Blanco fue autorizado desde 1997 con el inicio de las exploraciones, sin embargo, fue hasta 2007 que la explotación de los minerales comenzó a causar conflicto en las comunidades adyacentes por el proceso de lixiviación utilizado y los daños provocados a la agri¬cultura local. La concesión fue otorgada por 25 años a la empresa Entre Mares de Guatemala S.A., subsidiaria de Goldcorp Inc. La actividad minera pone en riesgo no sólo a la población local, sino a la zona del Trifinio, Reserva de la Biosfera compartida con El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo cual, incluye que la filtración al subsuelo por el proceso de lixiviación afectará al río Ostúa de Guatemala, cuyo cauce desembo¬ca en el Lago de Guija, propiedad de El Salvador situado a tan sólo 14 km de distancia.

Actores en pugna:

El Colectivo Madre Selva se ha organizado al interior de la localidad para oponerse a la explotación de la mina concedida a Goldcorp por el Gobierno Guatemalteco. El conflicto de la concesión afecta una reserva de la biosfera, por lo que pone en pugna a organismos internacionales como la UNESCO y a países como El Salvador, con quien se comparte la reserva.

Criminalización social:

La violencia en el municipio de Jutiapa se ha incrementado en los úl¬timos años, recientemente se han realizado manifestaciones de incon¬formidad por parte de la población, quien afirma que cada vez más aumenta el número de personas asesinadas o desaparecidas por la cri¬minalidad en la zona.

Fuentes electrónicas de información:

http://goldcorpguatemala.com/entre-mares/

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/

mina-cerro-blanco-amenaza-binacional

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/01/24/marchan-contra-la-

mineria-y-la-conflictividad-social/

http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=172

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/

senalan-peligros-de-proyecto-cerro-blanco

http://www.diariocolatino.com/es/20130206/nacionales/112458/Mina-

Cerro-Blanco-s%C3%AD-contamina-afluentes-salvadore%C3%Blos.htm

47.- NÍQUEL Y FERRONÍQUEL (PROYECTO FÉNIX) GUATEMALA. MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL.

Inicio del conflicto: 1964

Despojo de tierras:

El Estado guatemalteco ha aprobado distintas concesiones sin conside¬rar a las poblaciones indígenas que habitan en el lugar, principalmente el grupo de los mayas queqchi y cientos de campesinos. Los recursos en el lugar son tales que no se asegura que el proyecto sea de corto plazo.

Descripción del conflicto:

Desde 1964 se inició con la explotación del Níquel por parte de la mine¬ra canadiense Inco, a partir de entonces la mina ha sido comprada por HudBay Minerals (1978), Skye Resources Inc (2004), HudBay Minerals (2011) y actualmente es propiedad de Solway Gruop, una transnacional de origen ruso. Todas estas transnacionales han trabajado mediante la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) como subsidiaria. Sin em¬bargo, desde 1964 sin importar el origen de la empresa, han ocurrido represiones violentas en contra de la población, la más cercana en 2007. Actualmente, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) manifestó su oposición al establecimiento del proyecto minero llamado Fénix, el cual se encuentra temporalmente suspendido.

Actores en pugna:

El grupo de los mayas queqchi y cientos de campesinos organizados en la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en contra de diversas transnacionales que explotan los recursos naturales por períodos diferidos en la mina, con la protección y el gobierno estatal quien busca los mecanismos legales para la aceptación de los estudios de impacto ambiental y de las licencias de explotación minera.

Criminalización social:

La comunidad de Izabal se ha convertido en un foco de violencia en la región, el desalojó sufrido en 2007 demostró que el Estado guate¬malteco está dispuesto a ejercer la fuerza mediante el uso de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Además se han denunciado violaciones a los Derechos Humanos, encarcelamientos y persecución de los habitantes de la zona.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=13

http://www.cgn.com.gt/wp-content/uploads/PC%20Report-esp.pdf

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2011/ll/22/organizaciones-

campesinas-se-oponen-a-minera/

http://www.s21.com.gt/nacionales/2012/03/13/fenix-anuncia-suspen-

sion-temporal-parcial-trabajos

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=40202&lang=ES

http://www.s21.com.gt/pulso/2012/03/12/cierran-operaciones-intimida-

ciones-mina-fenix

48.-PLATA

GUATEMALA. SAN RAFAEL LAS FLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Existe una división social en cuanto a la minera pues supuestamente algunos se benefician con ella y otros se han visto perjudicados prin¬cipalmente en su actividad agropecuaria. Algunos campesinos se han negado a vender sus terrenos, adyacentes a la mina. Además, tres co¬munidades cercanas se han reunido en consultas populares en contra de la minera.

Descripción del conflicto:

En 2007, fue otorgada la licencia de exploración a la empresa canadien¬se Goldcorp para explotar los recursos de la mina de El Escobal, en el municipio de San Rafael las Flores. No obstante, en 2010 tras la funda¬ción de la compañía Tahoe Resources (creada por el entonces jubilado presidente de Goldcorp), la concesión pasó a manos de ésta, aunque Goldcorp continuó como accionista del 40% de la empresa. Actualmente, la empresa San Rafael S.A. es la subsidiaria de Tahoe Resources, quien empezará con la producción a finales del 2013 pese al desconten¬to social de tres municipios adyacentes. Asimismo, la problemática se centra, además de los claros daños a la salud, en la contaminación de la Laguna de Ayarza, los mantos acuíferos subterráneos y los riesgos a la agricultura de la región.

Actores en pugna:

En el conflicto se encuentran involucrados los campesinos, el Comité Local en Defensa de la Vida, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) quien denuncio el riesgo que representa el establecimiento de la minera. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien aprobó el estudio de impacto ambiental y las empresas Transnacionales Tahoe Resources y Goldcorp.

Criminalización social:

La minera ha intentado intimidar a líderes comunitarios para acallar¬los, ha logrado la imposición de acusaciones en contra de dirigentes locales como sucedió en el caso de Amadeo de Jesús Rodríguez Aguilar en 2011, dirigente del Comité Local en Defensa de la Vida, incluso el párroco de la localidad ha sido criminalizado. Recientemente acusaron a Rudy Antonio Pivaral Veliz, Osear Roderico Morales García, Gustavo Martínez López, Andrea Marcilia Hernández Melini y al Dr. Yuri Gio-vanni Melini, este último director general del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), quien denunció la ilegalidad de la empresa al no contar con un permiso para la explotación minera. Ellos han sido acusados de delitos de violencia contra la mujer y amena¬zas, por parte de trece personas con las que nunca antes habían tenido relación. En suma se debate la ilegalidad de la empresa y la violación a los derechos humanos de los activistas involucrados.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/10033-

el-legado-de-goldcorp-criminalizacion-y-resistencia-minera-en-san-

rafael-las-flores

http://www.movimientom4.org/2012/08/guatemala-criminalizan-pe-

nalmente-al-activista-ambiental-y-defensor-de-derechos-humanos-dr-

yuri-giovanni-melini-director-general-de-calas/

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/06/18/denuncian-conta-

minacion-de -afluente -por-actividad-minera/

http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/01/13/noche-terror-zona-mine-

ra-deja-3 -muertos

49.- ORO

GUATEMALA. MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO Y SAN PEDRO

AYAMPUC.

Inicio del conflicto: 2012

Procesos de despojo de tierras:

Desde marzo, campesinos e indígenas han manifestado su descontento en contra de la minera, ello porque aseguran que la minera se ha esta¬blecido de forma corrupta en sus territorios, sin consulta previa de la población que ahí reside.

Descripción del conflicto:

A principios de 2012, en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, se estableció sin consentimiento de la población el Proyecto minero Progreso VII Derivada, conocido también como el Tambor o la Puya. La empresa canadiense Radius Gold Inc que opera mediante la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMIN-GUA), ha intentado penetrar el cerco que desde marzo de 2012 campe¬sinos e indígenas mantienen para evitar la entrada de la minera con su maquinaria. Los habitantes de la zona han formado el Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), Movimiento Social en contra del esta¬blecimiento de la minera. Entre las demandas principales se encuentra el rechazo a la Ley de Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que promociona la inversión extranjera en el territorio rural del país, incluida la actividad minera. Los campesinos e indígenas rechazan la imposición del proyecto, el desplazamiento que éste ocasionaría y la contaminación resultante en la zona.

Actores en pugna:

Campesinos e indígenas organizados y en resistencia mediante el Fren¬te Norte del Área Metropolitana (FRENAM), en contra del proyecto de Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la canadiense Radius Gold Inc. Donde el Estado Guatemalteco, ha apoyado a la minera mediante el uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil.

Criminalización social:

El 13 de junio de 2012, durante la madrugada fue atacada y herida Yo¬landa Oqueli, líder del movimiento del Frente Norte del Área Metropoli¬tana (FRENAM), quien anteriormente había denunciado las amenazas y actos violentos en contra de ella y otros activistas. A esto se suman los intentos de introducir maquinaria de manera violenta y en complicidad con la Policía Nacional Civil, pese al bloqueo que la población mantiene.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.moviniientoni4.org/2012/08/protesta-antiniina-sunia-

cinco-meses/

http://www.remamx.org/?p=11324

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/05/30/rumores-de-desalo-

jo-en-san-pedro-ayampuc-y-san-jose-del-golfo/

http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/3669-photo-

essay-third-month-of-resistance-against-a-radius-gold-owned-mine-

in-guatemala

http://awid.org/esl/Involucrate/Acciones-Urgentes3/Contribuye-a-sal-

var-una-vida-una-comunidad-en-Guatemala

http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/06/18/yolanda-oqueli/

50.-ORO

HONDURAS. LA UNIÓN COPAN

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La Mina de San Andrés, ubicada en el Municipio de La Unión Copan, genera graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas co¬munidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copan, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondurena.

Actores en pugna:

Minerales de Occidente y el ministerio público contra la comunidad de afectados ambientales de Azacualpa. El Obispo Monseñor Luis Alfonso Santos ha presentado una declaración en contra del proyecto, como representante del Colectivo de Redes Cristianas de Honduras.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=34

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=doc&id=1630

http://esnomineria.blogspot.mx/2009_03_01_archive.html

http://www.redescristianas.net/2009/04/02/obispo-denuncia-mineras-en-hondurasramon-zavalahonduras/

51.-ORO

HONDURAS. VALLE DE SIRIA, FRANCISCO DE MORAZÁN.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras: No se tienen registros

Breve descripción del conflicto:

La Compañía Minera Entre Mares Honduras S.A. llegó al país en 1995 y solicitó a las autoridades correspondientes varios puntos de la geografía del territorio, para realizar labores de explotación minera. En Diciem¬bre del mismo año se le otorgó licencia por parte de la Dirección Gene¬ral de Minas para la concesión minera de San Martín, en el municipio de San Ignacio F.M., e iniciar trabajos de explotación en enero de 1996. A partir de enero del año 2000 se le otorga licencia de explotación del mineral por 10 años prorrogables. El gobierno hondureno autorizó a la empresa Entremares Corp. la extracción de oro en 14 mil hectáreas en el Valle de Siria; pero debido a la resistencia de la gente de la zona, esta multinacional canadiense sólo trabajo en mil hectáreas y se prepara para cerrar sus operaciones, pues al cabo de los 10 primeros años la movilización comunitaria y el evidente daño ambiental y social (desapa¬rición de bosque nativo, escasez de agua, contaminación, enfermedades a la piel -más del 90% de la población- abortos en animales, traslado de aldeas, etc), el gobierno se vio presionado a no renovar los permisos de explotación y ha levantado recursos penales contra la minera; sin embargo, aún queda el desfile ante las múltiples instancias supranacio-nales que protegen los intereses de las transnacionales mineras y que el gobierno mantenga su postura y determine una política minera con¬secuente con la voluntad de las comunidades sin ceder a las presiones del dinero. Existen cerca de 42,000 personas afectadas.

Actores en pugna:

Comité ambientalista del valle de Siria y población afectada contra la

compañía minera Entre Mares, Glamis Gold Tld y Gold Corp.

Criminalización social:

El comité ambientalista del Valle de Siria enfrenta persecución por

parte del ministerio público.

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosniineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=51

http://www.nioviniientoni4.org/2012/10/comunicado-del-comite-regio-

nal-ambientalista-del-valle-de-siria-ante-donacion-de-goldcorp/

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-honduras/

mineria-canadiense-y-resistencia-popular-en-honduras

http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2012/ll/Im-

pactos_de_la_Mineria_Metalica_en_Centroamerica.pdf

http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/siria.html

http://www.rightsaction.org/Reports/Report-Mining.2005.Esp.htm

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/valle_de_siria_

el_verdadero_rostro_de_la_mineria

52.- ORO Y PLATA (MINERA SAN XAVIER/CERRO DE SAN

PEDRO)

MÉXICO. CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ.

Inicio del conflicto: 1995

Despojo de tierras:

Según algunos ejidatarios, se falsificaron las concesiones de tierra de

algunos propietarios.

Descripción del conflicto:

Proyecto minero a tajo a cielo abierto de oro y plata en una extensión de 67.7 hectáreas. La zona era área de equilibrio ecológico pero en 2011 se cambio el uso de suelo a vocación minera. Hay señalamientos sobre posible sobre explotación del acuífero de la zona que también abastece a la ciudad de San Luis Potosí. Se reclama el alto costo socioambiental del proyecto y la ilegalidad de su operación desde el inicio de sus operacio¬nes hasta 2011 cuando la empresa "regularizó" su explotación.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Mettalica Resources (New Gold) / Minera San Xavier; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Frente Amplio Opositor; REMA; + sociedad civil.

Criminalización social:

Asesinato del presidente municipal de Cerro San Pedro tras pronunciar¬se en contra del proyecto minero en 1998. Diversos actos de intimidación de integrantes del Frente Ampio Opositor y de algunos pobladores locales que abiertamente expresaban su rechazo.

Fuentes electrónicas de información:

http://cencos.org/node/30502

http://cencos.org/node/29905

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/24/sociedad/037n3soc

http://faoantimsx.blogspot.mx

http://www.sgm.gob.mx/pdfs/SAN_LUIS_POTOSI.pdf

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/slp/

estudios/2011/24SL2011 M0006.pdf

53.-OROYPLATA

MÉXICO. TÉTELA DE OCAMPO, PUEBLA.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:

Algunos integrantes de las distintas asociaciones opositoras, han ex¬puesto que prácticamente son obligados a vender sus terrenos, y en caso de no ceder, están amenzados de una expropiación de los mismos.

Descripción del conflicto:

En 2003 se otorgan 10 663 hectáreas a la Minera Meteoro del Grupo Fris-co. En agosto de 2010, la empresa anunció inversión de 9 mil millones de pesos. En enero del 2012, la empresa minera Espejeras, S.A. de C.V. y/o Minera Meteoro S.A. de C.V. y/o minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. inició la compra de tres cerros del Barrio La Cañada. De llevarse a cabo el proyecto se provocaría un ecocidio en la región de la Sierra Norte, puesto que en la zona que se intenta intervenir existen especies en peligro de extinción tanto botánicas como animales. Se prevén graves daños a la salud y a la naturaleza, pues utiliza grandes cantidades de cianuro, envenenado las fuentes de agua, la tierra y el aire.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Grupo Frisco (filial de Grupo Carso) / Mine¬ra Meteoro y/o Minera Espejeras y/o San Francisco del Oro; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Asociación Tétela Hacia el Futuro AC; REMA; sociedad civil. Minera FRISCO. En oposición el Co¬mité Tétela Hacia el Futuro A.C., Red Mexicana de Afectados por la Mi¬nería (REMA), Unidad Indígena Totonaca Nahua (UNITONA).

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://a7.com.mx/pulso/personajes/13365-tetela-de-ocampo-salta-a-la-

fama.html

http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8317dl259e3a6daa271

65d226d9eb969

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/tetela-hacia-

el-futuro-demanda-respeto-a-opositores-a-proyectos-de-muerte_

id_19424.html

http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_

k2&view=item&id=33417:no-a-la-minera-de-slim-en-tetela-de-

ocampo-acuerdan-la-sgg-y-ong%C2%B4s

http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/68018-tetela-hacia-el-

f uturo - -pide -que -se -reforme -la-ley-minera- - -.html

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/

tetela-de-ocampo-se-organiza-y-dice-no-a-la-mineria-a-cielo-abierto

http://libertadyconcordia.wordpress.com/2012/06/21/mexico-exigen-al-

gobierno-estatal-postura-ante-plan-minero-de-slim-en-tetela/

54.-ORO, PLATA Y ZINC.

MÉXICO. COSTA CHICA Y MONTAÑA DE GUERRERO.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Aún no se presentan, pero se trata de proyectos de minas a cielo abierto que invariablemente generan altos riesgos de contaminación, el despojo de tierras y/o desplazamientos.

Descripción del conflicto:

Diversas empresas mineras (CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Grupo Goliat) han recibido concesiones para la exploración de yaci¬mientos de oro, plata y zinc en la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Sin embargo, ni las empresas ni el gobierno informaron (ni consulta¬ron) previamente a los pueblos que habitan en la región (Tlapanecos, Mixtéeos, Náhuas y mestizos), quienes se verán afectados por los pro¬yectos mineros. Los pobladores, organizados en el Sistema de Seguri¬dad, Justicia y Reeducación Comunitaria, dieron cuenta de que están concientes de los daños sociales y ambientales que vendrían con las minas -sobre todo sobre las plantaciones de maíz, jamaica y café-. En las asambleas regionales de autoridades municipales y agrarias, de ma¬nera mayoritaria los pueblos manifiestan que no permitirán el estable¬cimiento de las mineras en territorio comunitario. Mientras tanto, se ha presionado a las comunidades para que acepten los proyectos, y se ha pretendido dividirlas.

Actores en pugna:

Empresas mineras (CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Gru¬po Goliat), Secretaría de Economía, Gobierno Federal, Gobier¬no de Guerrero, Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria,el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Tri¬bunal Permanente de los Pueblos, el Congreso Nacional Indígena y las comunidades afectadas.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122883 http://www.policiacomunitaria.org/index.html

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/05/index.php?section= politica&article=006nlpol

55.-BARITA

MÉXICO. EJIDO GRECIA, CHICOMUSELO. CHIAPAS.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras:

Si, los residentes denuncian el despojo ilegal de sus tierras.

Descripción del conflicto:

La Minera Blackfire (Grupo Willis) extrae las fuentes de Barita en el Chicomsuelo, Chiapas. Sus actividades han implicado la desviación de cauces y escurrimientos naturales cambiando el uso de suelo en una superficie importante. Asimismo, el mineral se obtiene habitualmente pasando las materias primas a través de una solución química como el cianuro y otros químicos que son lanzados a la cuenca del Grijal-va, provocando una fuerte contaminación del agua que discurre por los valles centrales de Chiapas y que continua hacia Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, para continuar hacia Villahermosa, Tabasco y desembocar en el Golfo de México. Empresa Blackfire Exploration Ltd. (Grupo Willis); gobierno federal y estatal; Red Mexicana Antimenería (REMA); Movimiento Popular de Resistencia; Frente Cívico de Chico-muselo; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y pobladores de la región.

Criminalización social:

En noviembre de 2009 fue asesinado de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana Antiminería (REMA) y uno de los princi¬pales voceros de la oposición a la minera en Chicomsuelo.

Fuentes electrónicas de información:

http://proyectocerro.blogspot.com.ar/2009/ll/asesinan-mariano-abar-

ca-en-chicomuselo.html

http://elpolvorin.over-blog.es/article-minera-blackfire-fuego-negro-

sobre-chiapas-51260102.html http://webcache.googleusercontent.com/

search?q=cache:j7AyruFHBusJ:contralinea.info/archivo-revista/index.

php/2009/11/15/gobierno-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/

+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx

56.-ORO

MÉXICO. COCULA. GUERRERO.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La empresa canadiense Teck Comineo, a través de una filial en Méxi¬co llamada "Media Luna" opera la mina de oro en Guerrero desde el año 2007. Con estudios realizados por el gobierno guerrerense, se sabe que los cuerpos de agua en Cocula están muy contaminados, debido a los derrames de arsénico. Asimismo, el tipo de procedimientos que se han utilizado en la mina, han generado importantes riesgos para la población: las perforaciones han reblandecido el terreno provocando deslaves y la utilización de barrenos ha afectado los mantos freáticos de las fuentes hídricas.

Actores en pugna:

Diversas empresas (Torex Gold, Teck Comineo, Media Luna); diversas

instancias del gobierno federal y local (Procuraduría Agraria, Gobierno

estatal, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-

nat), Secretaría de Salud (SSA) ; y algunas organizaciones en contra

de la mina (Coalición de Ejidos de Real de Limón y Frente Unitario de

Trabajadores).

Criminalización social:

Se han denunciado acciones de hostigamiento a los ejidatarios que han protestado en contra de la mina. También han sido atacados con armas de fuego algunos opositores y han sido secuestrados tres ejidatarios que posteriormente fueron acusados de asesinato.

Fuentes electrónicas de información:

http://mexico.indymedia.org/spip.phpParticle898 http://www.lajorna-

daguerrero.com.mx/2007/08/03/index.php?section=sociedad&article=

007n3soc

http://despertardelacosta.com/noticias/?p=77032 http://www.milenio.

Com/cdb/doc/noticias2011/7f5el8cbee524fclalab72478833a8c3

57.-ORO

MÉXICO. LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto para explotar una mina de oro a cielo abierto sobre las montañas de la Sierra La Laguna inició bajo el nombre de "Paredones Amarillos", pero fue suspendido ante la caída de los precios del oro a nivel internacional. En el año 2010, el proyecto se reactivó como "La Concordia" y generó nuevas preocupaciones entre los habitantes de Todos Santos, pues tanto la biosfera como los recursos hídricos de la región se verían afectados por la utilización de cianuro. Sin embargo, la nueva ley forestal frenó de nuevo el proyecto por los riesgos que podría ocasionar así como por los daños que ocasionó sobre la capa forestal en los trabajos exploratorios. Actualmente, la empresa realiza los trámites necesarios para reiniciar operación.

Actores en pugna:

Empresas (la canadiense Vista Gold, que vendió el proyecto a Invecture Group); algunas instancias del gobierno mexicano y local (Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales); la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de Méxi¬co, A.C; y algunas organizaciones sociales (AÍDA, Defiende La Sierra de la Laguna , Niparajá , CEMDA).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.aguavalemasqueoro.com/Concordia.asp

http://peninsulardigital.com/extra/el-sabado-vencen-autorizaciones-

de-paredones-amarillos/78801

http://peninsulardigital.com/extra/debe-paredones-amarillos-reme-

diar-danos-forestales-hechos-por-exploracion/69107

http://proyectoconcordia.com/inicio/

http://www.aida-americas.org/es/paredonesamarillos

http://www.paredonesamarillosno.com/

58.-MINERÍA METÁLICA

MÉXICO- JALISCO, NAYARIT Y SAN LUIS POTOSÍ.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

Sí, a través de concesiones que el gobierno federal ha otorgado a mine¬ras

Descripción del conflicto:

En Real de Catorce, San Luis Potosí se ubica Wirikuta, zona sagrada de los huicholes. En 2009 el gobierno federal otorgó concesiones para la explotación minera (entre otras, a First Magestic) en zonas donde se extiende la zona sagrada de los huicholes. De las 6326 has que abarcan esas concesiones, 70% están dentro de la zona de Wirikuta. Los hui¬choles alegan que esto significa destrucción del territorio y agresión a su cultura y creencias. Exigen la cancelación de esas concesiones y desaprueban que el gobierno federal promueva (2012) la inscripción de esa peregrinación indígena en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque no es sólo eso, sino también patrimonio territorial, biológico, y más.

Actores en pugna:

A favor de las concesiones mineras: gobierno federal y estatales, mine¬ras beneficiarías. En contra: huicholes y diversas organizaciones civiles, culturales, y de investigadore.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/

59.-ORO

MÉXICO. MULATOS, SONORA

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

La empresa Alamos Gold (Min de Oro Nacional) ha comprado muchas casas en el pueblo de Mulatos a precios muy bajos con el fin de emplazar su proyecto minero.

Descripción del conflicto:

La compañía canadiense Alamos Gold, comenzó a operar en el año 2005 en el pueblo de Mulatos. Al poco tiempo la población que habita en la cercanía de la mina que opera a cielo abierto, comenzó a padecer problemas como vibraciones por explosiones, contaminación y compli¬caciones de salud. Las familias de Mulatos se han organizado y deman¬dan el cierre y cese de operacions del proyecto.

Actores en pugna:

Empresa Alamos Gold (Mina de Oro Nacional); diversas instancias del gobierno federal y estatal; pobladores de Mulatos y el Movimiento An-torchista Sonorense.

Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.movimientom4.org/2012/03/alto-a-la-contaminacion-pi-den-vecinos-de-mulatos-sahuaripa-sonora/

http://www.mineriaenlinea.com/noticias/hist_not.phpPid_noti cia=931 http://www.bnamericas.com/news/mineria/Alamos_logra_lera_produccion_de_oro_en_mina_a_cielo_abierto_Mulatos http://www.dos-sierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=44034&relacion=do

ssierpolitico

60.-ORO

MÉXICO. EJIDO EL CARRIZAL, MOTOZINTLA, CHIAPAS

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La empresa Linear Gold Corp incursionó en los territorios del ejido El Carrizal con el aval del gobierno mexicano y bajo el engaño de las poblaciones para iniciar los trabajos de exploración en ese territorio. Las exploraciones en la zona han indicado la presencia de yacimientos de oro y desde entonces (2007), la población comenzó la resistencia en contra del proyecto.

Actores en pugna:

La empresa Linear Gold Corp; algunas instancias del gobierno nacional y local (SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Economía); los pueblos de la Sierra Madre de Chiapas; el Frente Regional Contra las Privatiza¬ciones (FRCP); integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socia¬lismo (FNLS) y el Frente de Trabajadores de la Energía.

Criminalización social:

Los opositores han recibido amenazas de muerte, son hostigados por

militares y algunos han sido privados de su libertad de manera ilegal.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/ indigenas-logran-el-cierre-de-mina-en-chiapas http://www.jornada. unam.mx/2008/10/19/index.php?section=estados&article=030n2est

61.-PLATA, PLOMO Y ZINC

MÉXICO. EJIDO LA SIERRITA DE GALEANA, MUNICIPIO DE

TLAHUALILO, DURANGO.

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:

No explícitamente, sin embargo, sin autorización de la Asamblea ejidal

se arrendaron 27 hectáreas por el precio de cuatro hectáreas.

Descripción del conflicto:

Producción de plata, plomo y zinc en la mina La Platosa, la cual es re-conocida por la empresa como el 100% de su propiedad. Desde 2008 la empresa no ha cumplido con el contrato que firmó con los ejidatarios como contribuir con el desarrollo de la región (relaciones laborales), la construcción de una planta tratadora de agua y ha explotado territorio no incluido en el acuerdo (conflicto de propiesdad). De acuerdo a di¬versas fuentes la exploración minera ha generado diversos daños como socavones y deforestación de cerros, lo cual produce la devastación de vegetación. Las maquinas perforadoras utilizan una sustancia que provoca que las plantas de alrededor se sequen, alterando el ambiente, el suelo y el ecosistema del ejido. Asimismo, en el túnel de explotación fluye agua contaminada al aire libre, misma que es vaciada en tierras propiedad del ejido, creando así una laguna aproximadamente de un metro veinte centímetros de profundidad.

Actores en pugna:

Impulsado por: Excellon de México, S.A. de C.V. es una subsidiaria de Excellon Resources, Inc. de Canadá. Oposición: Representantes del Ejido "La Sierrita"; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Cul¬turales A.C.; Mining Watch Canadá; Sindicato de trabajadores United Steelworkers (USW).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://cencos.org/node/28374

http://www.miningwatch.ca/es/news/alerta-minera-canad-visita-al-

ejido-la-sierrita-en-durango-m-xico-por-violaciones-sus-derechos

http://www.miningwatch.ca/es/get-involved/acci-n-urgente-mexico-

empresa-excellon-resources-inc-amenaza-ejidatarios-de-la-sierrita

http://www.miningwatch.ca/es/news/trabajadores-y-ejidatarios-mexi-

canos-presentan-segunda-queja-en-contra-de-la-minera-canadiense

http://cencos.org/node/30480 http://www.jornada.unam.mx/2012/10/25/politica/021nlpol

62.PLATA Y MINERALES ASOCIADOS

MÉXICO. SAN JOSÉ DEL PROGRESO EN LA REGIÓN DEL VALLE

CENTRAL DE OAXACA.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras:

Se registra un uso ilegal de la tierra, pues las hectáreas que se utilizan no fueron otorgadas por asamblea ejidal. Hubo un desalojo en mayo de 2009.

Descripción del conflicto:

Mina "La Trinidad": Proyecto minero de oro y plata. Desde 2005 Con-tinuum Resources exploró el subsuelo de la población zapoteca de San José del Progreso en el Valle de Ocotlán, aprovechando concesiones del Gobierno Federal. En 2008 la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc., compró las concesiones y empezó a dinamitar una rampa de acceso preparando la explotación de oro y plata a gran escala. En 2011 se inicia fase de explotación que durará al menos 12 años, pro¬cesando unas 1,500 toneladas de mineral diariamente. Se reclama la generación de conflictos socio-ambientales y políticos, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subte¬rráneas. Proyecto minero de tajo a cielo abierto de oro y plata. 2003 se otorgan 10 663 hectáreas a la Minera Meteoro del Grupo Frisco. Agosto 2010, la empresa Minera Frisco anunció inversión de 9 mil millones de pesos. En enero del 2012, la empresa minera Espejeras, S.A. de C.V y/o Minera Meteoro S.A. de C.V. y/o minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. inició la compra de tres cerros del Barrio La Cañada.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: The Gold Group / Silver Mines / Minera Cuzcat-lán; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); REMA; sociedad civil.

Criminalización social:

El 15 de marzo del 2012 el activista Bernardo Vásquez Sánchez (repre-sentante de la CPUVO) fue emboscado por sujetos desconocidos en San¬ta Lucia, Ocotlán, Oaxaca. El 18 de junio de 2012 Bertín Vásquez Ruiz y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz resultaron heridos con proyectil de arma de fuego de este hecho se culpó a "paramilitares" de la empresa y a la autoridad municipal, que encabeza Alberto Mauro Sánchez Muñoz.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.jornada.unam.mx/2009/ll/10/sociedad/033nlsoc

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/08/politica/008nlpol

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/

piden-frenar-obra-hidraulica-de-la-minera-cuzcatlan

http://www.pagina3.mx/economia/2665-minera-cuzcatlan-solo-ha-

dejado-encono-y-muerte-a-ocotlan-y-36-mdd-anuales-a-duenos.html

http://notas.reflexionenlinea.com/?p=18572

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/

oaxaca/22358-mineria-en-oaxaca-raiz-de-la-violencia

http://www.movimientom4.org/2012/04/oaxaca-autoridades-zapote-

cas-exigen-cancelar-concesion-a-minera/

http://otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/1264-

pistoleros-de-la-minera-cuzcatlan-hieren-a-dos-comuneros-oposito-

res-a-la-mina-en-san-jose-del-progreso-oaxaca.html

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=11571

http://www.refundacion.com.mx/revista/index.php?option=com_k2

&view=item&id=333:megaminer%C3%ADa-t%C3%B3xica-muerte-y-

saqueo-500-a%C3%Blos-despu%C3%A9s&Itemid=l 11

http://cencos.org/node/27892

63.-ORO

MÉXICO. MUNICIPIO DE ALTO LUCERO Y ACTOPAN,

VERACRUZ.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Se registran intentos de expropiación de tierras ejidales.

Descripción del conflicto:

El proyecto Caballo Blanco, prevé una minería a cielo abierto, cuya ac¬tividad requiere realizar grandes movimientos de tierra (una tonelada de tierra por cada 2 gramos de oro extraídos). Se utilizarán mil litros de agua por segundo para obtener 28 gramos de oro. Se prevé una produc¬ción anual de cerca de 3 toneladas de oro con una duración de 10 años. En la actividad se utilizan explosivos cuyas detonaciones causarán microsismos que podrían modificar considerablemente los mantos acuífe-ros. Asimismo, las detonaciones incrementarán el riesgo de accidentes en la zona de seguridad de la nucleoeléctrica ""Laguna Verde"". Millones de aves migratorias podrían no regresar y/o morir de continuar el proyecto. Los drenajes sólidos afectarán a diversas comunidades.

Actores en pugna:

Impulsado por: Gold Group (CANDYMIN S.A. de C.V), En contra: Gru¬po Ecoguías ""La Mancha en Movimiento"" Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Veracruz.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/

mina-caballo-blanco-obligara-cambiar-de-ruta-a-millones-de-aves-

migratorias

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/85468-expropiaran-tie-

rras-para-mina-oro

http://www.goldgroupmining.eom/s/caballoblanco.asp

http://65.60.11.62/resumen.php?id=299152

http://www.jornada.unam.mx/2012/04/05/opinion/017alpol

http://jornadaveracruz.com.mx/Noticia.

aspx?ID=120302_142841_121&id_seccion=0

http://www.vanguardia.com.mx/respaldan70especialistasrechazoaca-

balloblanco-1229709.html

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/27/estados/030nlest

http://www.afectadosambientales.org/recomendacion-del-ccds-en-

torno -a-caballo -blanco/

64.-OROYPLATA

MÉXICO. HUIZOPA. CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA

Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras:

Si, sobre 3 mil 498 hectáreas de tierras.

Descripción del conflicto.

La Minera Dolores ha generado contaminación de alta toxicidad de los

mantos freáticos por el uso y desecho de cianuro y metales pesados para la extracción en poca cantidad utilizando grandes toneladas de tierra. Gran impacto ambiental como en el río Tutuaca contiguo a los poblados de Dolores y Arroyo Amplio.

Actores en pugna:

Minefinders Coporation, Compañía Minera Dolores, gobierno federal y

estatal. En oposición el Frente Amplio Opositor.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://cencos.org/node/29674

http://acuddeh.vela-do.net/spip.phpParticle2715

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/09/index.php?section=opinion&

article=017a2pol

http://www.olca.cl/oca/mexico/mineras034.htm

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=sociedad

&article=042n3soc

65.-METALES PESADOS

NICARAGUA. RÍO MICO, EN LA LIBERTAD.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

A partir de una investigación realizada por el Centro Humboldt en No¬viembre del 2005 se encontraron hallazgos relacionados con la pre¬sencia de metales pesados en el Río Mico, lo cual originó, en febrero del 2006, una denuncia ante MARENA por la contaminación. De la denuncia se obtuvo una Resolución Administrativa que debía cumplir la empresa, no obstante, ha sido la fecha y se desconoce el avance de la misma, a pesar que el Centro Humboldt ha solicitado información al respecto. Los ambientalistas expusieron en la municipalidad de La Libertad, que la situación ha llegado a tal grado, que serán numerosos e irreversibles los daños que han venido provocando y provocarán en la población de La Libertad, San Pedro de Lóvago, Villa Sandino y Santo Tomás, los contaminantes depositados en el Rio Mico por las minas a lo largo de la historia.

Actores en pugna:

Pobladores afectados de La Libertad contra la empresa Central Sun

Mining Inc implicado en el proyecto de la Mina La Libertad.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.movimientom4.org/

http://www.conflictosmineros.net/

66.-OROYPLATA

NICARAGUA LARREYNAGA, LEÓN.

Inicio del conflicto: 2002, Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Luego de 14 años de funcionamiento irregular de la minera Tritón S.A. en la provincia de León, los vecinos decidieron elevar una denuncia formal para que cesen los atropellos, no se conceda el permiso de cons¬trucción de un nuevo dique de colas que pretende instalar la empresa, y para que las autoridades nicaragüenses fiscalicen y sancionen al titular. De hecho, el 13 de marzo del 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron una denuncia ambiental ante las autoridades competentes tales como Procuraduría Ambiental, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Ministerio de Salud y alcaldía municipal de Malpaisillo. Igualmente, denunciaron la afecta¬ción al ambiente en cuanto a la contaminación de aguas superficiales-subterráneas, suelos y atmósfera, además de la salud de los pobladores de la Comarca Mina

Actores en pugna:

TRITÓN MINERA S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense

B2Godl contra la población afectada.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/10796

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=146

http://www.movimientom4.org/2012/08/la-resistencia-ciudadana-con-

tra-la-mineria-en-rancho-grande/

http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/protestan-mina-

nicaraguense-contra-empresa-transnacional/

http://www.humboldt.org.ni/blog/2009/10/16/caso-de-denuncia-am-

biental-triton-minera

67.-OROYOTROS PANAMÁ. SONÁ.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La empresa canadiense Oro Gold inició la explotación de minerales me¬tálicos (oro y otros) en Soná de Veraguas, Panamá, situación que puso en peligro la fuente de agua para el consumo humano y la actividad agro ganadera de la región. Luego se rechazó la resolución de abril de 2006 que otorgó permiso para la exploración de minerales metálicos a la empresa Oro Gold de Panamá, S.A., en un área de nueve mil hec¬táreas ubicadas en los corregimientos de Corozal y El María. Con lo cual se habría terminado la amenaza de extracción. Pero en el 2010 el distrito de Soná se activó para retomar su lucha en las calles en contra del desarrollo de una mina de oro y cobre en el lugar, un proyecto que parecía haber muerto y que ha reaparecido con la amenaza de un mayor impacto. En el Ministerio de Comercio e Industrias las solicitudes de una sola empresa, la canadiense Oro Gold, ya abarcan 95 mil 149 hectá¬reas entre Soná y el distrito vecino de Las Palmas, incluyendo áreas del Golfo de Montijo que son parte de la zona de amortiguamiento del Par-que Nacional Isla de Coiba. La concesión de Oro Gold se elevó de 9 mil hectáreas en 2007, a más de 95 mil hectáreas en la actualidad.

Actores en pugna:

Movilización social en contra de las operaciones extractivas, manifes¬tantes por parte de la comunidad contra la empresa Oro Gold.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosniineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=61

http://niensual.prensa.com/mensual/contenido/2008/10/16/hoy/panora-

ma/1557842.html

http://www.thepanamanews.com/pn/v_13/issue_18/spanish_

opinion_06.html

http://www.laestrella.com.pa/online/al-minuto/2010/07/18/prohibiran-

extraccion-de-metales-en-veraguas.asp

68.-MINERÍA METÁLICA

PANAMÁ. PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Los pobladores de la Provicia de Chiquirí, junto un conjunto de organi-zaciones ambientalistas, rechazan la minería metálica a cielo abierto que se realizan a lo largo y ancho de su territorio. En mayo del 2008 protestaron en la Carretera Interamericana en la entrada a Soloy donde participaron aproximadamente un millar de indígenas.

Actores en pugna:

La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambienta¬listas contra Aur Resources.

Criminalización social:

Los indígenas continúan su bloqueo de la carretera Panamericana en protesta por las concesiones otorgadas a empresas mineras internacio¬nales en Panamá. En los últimos días ha habido enfrentamientos entre manifestantes y policías provocando la muerte de un manifestante en San Félix, en la provincia de Chiriquí.

Fuentes electrónicas de información http://www.movimientom4.org/, http://www.conflictosmineros.net/

69.-COBRE

PANAMÁ. PROVINCIA DE COCLÉ.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Petaquilla Minerals LTD, una empresa de exploración con base en Vancouver desarrolla los proyectos de oro de Molejón (Petaquilla Gold, S.A.) además del Proyecto de cobre de Petaquilla (Petaquilla Copper Ltd) ubicados en la provincia de Coclé, en el Centro Este de Panamá. Justo en la selva del cerro Petaquilla, la compañía pretende abrir una de las minas de cobre más grande del mundo a cielo abierto, en el límite entre Colón y Coclé. La empresa realiza una tala de aproximadamente dos hectáreas de bosque en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, situación que llama la atención de residentes y autoridades del área. La queja propició un viaje de la Defensoría del Pueblo para veri¬ficar la destrucción del área boscosa. La Anam mantiene un proceso administrativo contra la minera por violar la legislación ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sancionó a la compañía con 10 mil dólares de multa por realizar una tala ilegal.

Actores en pugna:

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y Defensoría del Pueblo con¬tra Petaquilla Minerals Ltd y tck Comineo Limited. Provincia COCLÉ.

Criminalización social:

Los campesinos del sector de Coclesito que se oponen a la explotación minera en Petaquilla, por considerarla "un atentado a su salud y al ambiente", se enfrentaron en mayo de 2009 a unidades de la Policía Nacional. Durante el choque 19 personas fueron detenidas, entre ellas 4 mujeres y fueron remitidas a las autoridades competentes en la corre¬giduría de San José, El General, en Coclesito, acusados de alteración el orden público y obstaculizar el libre tránsito vehicular.

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=33

http://www.prensa.com/uhora/indigenas-exigen-el-cierre-de-proyecto-minero-de-petaquilla/21706

http://www.preciooro.com/panama-minera-cerro-petaquilla-producira-120000-onzas-de-oro-por-ano.html

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=l&id=1093561&Itemid=l

http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/10/22/las-mineras-

detras-del-oro-y-el-cobre-panameno.asp

http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2010/ll/22/proyecto-de-

petaquilla-genera-polemica-ambiental.asp

http://www.lahaine.org/index.php?p=20624&lhsd=3

70.PIEDRA DE CANTERA PANAMÁ. ARRAIJÁN.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

La concesión otorgada por el gobierno panameño comprende 500 hec¬táreas, zona declarada como y patrimonio de los arraijaneños.

Descripción del conflicto:

El problema de Cerro de Cabra ha estado presente desde el año 2000, sin embargo, en 2012 el problema se agudizó cuando el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) concesionaron 500 hectáreas en junio de ese mismo año a la empresa Cantera del Istmo. Las protestas por distintos grupos de la sociedad civil comenzaron, argumentando que la concesión para extraer piedra de cantera daña a la reserva forestal considerada como patrimonio nacional y el agua que abastece la zona. Los pobladores denunciaron el Acuerdo Municipal No. 24 del 5 de abril de 2012, que establecía a Cerro Cabra como Área Protegida. Así, con la presión ejercida sobre el MICI el proyecto fue temporalmente suspen¬dido, pero aún continúa la latencia del problema.

Actores en pugna:

Esperanza Mena representa al movimiento social en pugna, continua en contra de las concesiones extendidas por Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a la empresa Cantera del Istmo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elsiglo.com/mensual/2012/07/12/contenido/534193.asp http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/06/27/se-reactiva-frente-contra-la-mineria-en-veracruz.asp http://www.elsiglo.com/ mensual/2012/06/27/contenido/528857.asp http://www.laestrella.com. pa/online/impreso/2011/10/25/surge-polemica-en-cerro-cabra.asp

71.DIVERSOS METALES (PROYECTO CERRO CHORCHA) PANAMÁ CORREGIMIENTO DE GUARIVIARA, DISTRITO DE KANKINTÚ, COMARCA NGÓBEBUGLÉ.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La comunidad indígena Ngóbe rechaza el proyecto minero Cerro Chor¬cha. La empresa recibió una concesión de exploración minera del Mi¬nisterio de Comercio e Industria en 2006, firmado por Manuel José Paredes que apareció como Jefe Oficial Ejecutivo de Dominion Minerals en Febrero 2009, dos meses después de salir de su carga en MICI. El aprobó la concesión sin Estudio de Impacto Ambiental. El supuesto "permiso" de la comarca es ilegal. El artículo 48 de la ley 10 de la Co¬marca dice, "En estos casos (de exploración o explotación), el Estado y el concesionario desarrollarán un programa de divulgación, de for¬ma que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente sus puntos de vista sobre dichos proyectos". Posteriormente el 10 de febrero de 2011, el Proyecto de Ley 277 es aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, y 1 día después, sancionado por el Presidente de la República, convirtiéndolo en la Ley 8 de 2011, mediante la cual se reformo el Código de Recursos Minerales, permitiendo, entre otras cosas, la inversión extranjera direc¬ta en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, contrariando así lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución. Esto desencadenó, por segundo año consecutivo, en-frentamientos entre unidades de la Policía Nacional e indígenas de los pueblos Ngábe, Buglé y campesino. En 2012 la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos aprueba en Primer Debate el Proyecto de Ley 394, que modifica el Código de Recursos Minerales, incluyendo una reforma al artículo 4 de dicho código, que abriría nuevamente las puertas a la inversión extranjera directa en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, y desconoce el Acuerdo de San Félix firmado el 27 de febrero de 2011 entre el gobierno y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngábe, Buglé y Campesino.

Actores en pugna:

La comunidad indígena Ngóbe cotra la empresa minera Dominium Minerías Corp. Se formaron algunos grupos como La lucha del Frente Santeño Contra La Minería y El Frente Nacional Contra La Minería. Así como el Grupo de Apoyo Solidario (GAS), como organismo de soli¬daridad con la lucha del pueblo indígena Ngobe Bugle.

Criminalización social:

Se han registrado enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacio¬nal e indígenas de los pueblos Ngábe, Buglé y campesinos.

Fuentes electrónicas de información:

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_

db/?page=conflicto&id=91

http://www.ellibrepensador.com/2013/01/14/asamblea-ciudadana-de-

panama-ante -las-politicas -de -ricardo -mar tinelli/

http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=39124

http://old.kaosenlared.net/noticia/panama-grupos-ngbe-solidarios-

contra-mina-cerro-chorcha

http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro/

http://www.centralamericadata.com/es/search?ql=content_es_

le:%22Cerro+Chorcha%22

http://cerrochorcha.blogspot.mx/

72.ALUMINIO. PARAGUAY

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La planta de Aluminio Río Tinto Alean tendrá un costo de 3,500 mi¬llones de dólares y será emplazada en el suroeste del país, cerca de las grandes hidroeléctricas que Paraguay controla con Argentina y Brasil. Su construcción supondrá la mayor obra civil emprendida en esta nación suramericana tras esas represas. Las negociaciones comenzaron a gestarse durante el gobierno de Fernando Lugo, pero es a partir del golpe de Estado que el proyecto comienza a concretarse. Hasta el mo¬mento, las protestas se han concentrado en la organización Paraguay Resiste, formada tras el golpe de Estado de Fernando Lugo. La cam¬paña ""No al Golpe de Río Tinto Alean (RTA)"" tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía para lograr el rechazo de la entrega de sobe¬ranía energética del Paraguay a RTA. Asimismo diversos especialistas han expresado su preocupación sobre la alta toxicidad de lodo rojo que producirá la alúmina y la inexperiencia del país en el tratamiento de este tipo de desechos. Al peligro de contaminación de cauces hídricos se suma el de la atmósfera, puesto que alrededor de siete toneladas de humo y partículas serían lanzadas diariamente por la planta. (Im¬pacto ambiental de la planta de aluminio Rio Tinto Alcan,Paraguay/ Publicado por Serotox). Río Tinto usará 1.600 megavatios de potencia, consumo que en siete u ocho años hará que en Paraguay escasee energía eléctrica, ante lo cual buscará se alternativas como el carbón, el gas o al petróleo. La otra crítica es que, en proporción a la cantidad de energía eléctrica paraguaya que utilizará la empresa, son pocas las fuentes de empleo que generará.

Actores en pugna:

A favor del proyecto: miembros del gobierno afines a Federico Franco, Empresa Río Tinto Alean (RTA): segunda mayor fundidora de alumi¬nio en el mundo, además, se dedica la extracción de diversos minera¬les, tiene presencia en los cinco continentes y diversas denuncias en contra de sus proyectos. En contra del proyecto: Organización social "Paraguay Resiste".

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.sertox.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=5573

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101756

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/27-paraguay/10586-lan-zan-campana-lno -al-golpe -de -rio -tinto -alcanr

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102014

73.-ORO

PARAGUAY. PASO YOBAI, DEPARTAMENTO DE GUAIRA.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Desde hace aproximadamente 20 años, centenares de mineros arte-sanales trabajan en la explotación del oro de Paso Yobai. En 2001 las empresas Minas Paraguay y Minas Guaira recibieron la concesión para la explotación de unas 7, 200 hectáreas y posteriormente negociaron sus derechos con la empresa canadiense Latín American Minerals Paraguay S.A (LAMPA), que finalmente se quedó con los derechos de prospección, exploración y explotación. Los mineros han declarado que la empresa canadiense está realizando una intrusión en sus territorios, a pesar de que se les permitió seguir explotando los recursos de manera artesanal mientras se realizaron los trabajos de prospección. A partir del 2012, los pobladores han declarado que los empresarios empezaron a sacar el oro en gran cantidad de manera oculta para evadir los Royalties. Los mineros y pobladores de Paso Yobai comenzaron a manifestarse contra la inauguración de la planta procesadora y bloquearon el paso en el puente Tebicuarymí. La empresa decidió suspender la inauguración, sin embargo la mina comenzó a operar al tiempo que desplegaron una denuncia en la Fiscalía y la Contraloría General de la República "por violación del derecho ciudadano cometida por autoridades públicas que amparan e impulsan el accionar de gavillas descontroladas que reco¬rren la zona sembrando el miedo y la inseguridad".

Actores en pugna:

Mineros artesanales; la empresa canadiense Latin American Minerals Paraguay S.A (LAMPA), el gobierno local -que ha apoyado a la pobla¬ción en la resistencia-, y otras instancias del Estado Paraguayo.

Criminalización social:

La empresa manifiesta que en Paso Yobai, los trabajadores deben so¬portar, como en Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro o Concepción, el acoso de "grupos acostumbrados a vivir al margen de la ley". Luis Rojas Villagra y Jorge González Solís, "Minas de oro en Paso Yobai: las cir¬cunstancias enfrentan dos modelos de explotación", en: Delgado Ramos Gian Cario, Ecología política de la minería en América Latina, CEIICH-UNAM, México, 2010.

Fuentes electrónicas de información:

http://redaf.org.ar/noticias/wp-content/uploads/2012/02/publicacion-

ecologia-politica-mineria-AL.pdf

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=11483&l=2

http://www.minesandconimunities.org/article.php?a=11483&l=2

74.- COBRE Y MOLIBDENO

PERÚ. VALLE DEL RÍO ASANA, DISTRITO TORATA, POVINCIA

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el uso del proyecto cupífero, a tajo abierto, Quellaveco.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Minera Anglo American Quellaveco S.A. / En oposición: Junta de Usuarios de Agua del distrito de Torata, Frente regio¬nal de defensa y medio ambiente de Moquegua, Frente regional de defen¬sa de Moquegua, 28 comunidades campesinas del distrito de Torata.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/

Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf

http://www.angloamerican.com/business/copper/projects

http://elcomercio.pe/tag/377759/proyecto-minero-quellaveco

http://gestion.pe/empresas/mem-anglo-american-desarrollara-proyec-

to-quellaveco-todas-maneras-2056112

http://www.mineriaaldia.com/tag/proyecto-minero-quellaveco/

75.COBRE

PERÚ. DISTRITO COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY.

AREQUIPA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

De acuerdo con la información de la empresa Southern Copper, el pro¬yecto "Tía María" contempla la explotación de un tajo a cielo abierto los depósitos de cobre disponibles en la región en un duración aproximada de 21 años. Este proyecto se suspendió en abril del 2011, tras 17 días de violentas protestas por parte de los pobladores de Islay en Arequipa, quienes argumentaron que el uso de las aguas de la cuenca del río Tam¬bo para las actividades de "Tía María", afectarían la producción agroex-portadora del valle. En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió una resolución mediante la cual se declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Posteriormente, el presidente ejecutivo de Southern Copper informó que presentarían a fines de octubre o inicios de noviembre de 2012 un nuevo estudio de im¬pacto ambiental (EIA) para el proyecto, el cual requiere una inversión de US$1.000 millones para su desarrollo. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseguró que el Gobierno se ha propues¬to impulsar de nuevo el proyecto en 2013.

Actores en pugna:

Empresa Southern Copper; diversas instancias del gobierno peruano; fuerzas policiales y militares; Frente Amplio de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la Provincia de Islay (FADDIP-ISLAY); Frente de Lucha de Cocachacra,; CORECAMI Arequipa (Coordinadora Regional de las Comunidades Afectadas por la minería) y Juntas de usuarios (de agua) de la provincia de Islay.

Criminalización social:

Algunas manifestaciones fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas,

las cuales reprimieron y criminalizaron a los pobladores.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/tiamaria.aspx http://elcomercio.pe/economia/1512662/noticia-gobierno-impulsara-ejecucion-tia-maria-conga-2013

http://elcomercio.pe/actualidad/739845/noticia-gobierno-cancelo-defi-nitivamente -proyecto -tia-maria

http://elcomercio.pe/economia/1465443/noticia-southern-copper-pre-sentara-nuevo-eia-tia-maria-octubre

76.COBRE

PERÚ. DISTRITO EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIAS

HUANC ABAMBA Y AYABACA. PIURA.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

La concesión minera a tajo abierto se ubica dentro de ecosistemas frá¬giles del páramo y el bosque de neblina de uso tradicional de las comu¬nidades campesinas de Piura.

Descripción del conflicto:

Rechazo de la población de la actividad minera por la presunta presen¬cia ilegal de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (Majaz) en la zona, y por la posible contaminación ambiental que podría generar el desarrollo de Proyecto Río Blanco.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Empresa Minera Río Blanco Copper S.A., Go¬bierno Cenral. / En oposición: Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú - FDSFNP, Rondas Campesinas de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, Federación Provincial de Comuni¬dades Campesinas de Ayabaca.

Criminalización social:

En el año 2005 se denunció penalmente a 107 personas por la presun¬ta comisión de delitos diversos contra la empresa minera Río Blanco Copper S.A. Habiendo sido absueltos en junio del 2012 (Expediente N° 140-2005)

Fuentes electrónicas de información:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/

Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.

http://www.fedepaz.org/

http://www.todosobrerioblanco.com/

77.-COMPLEJO POLIMETÁLICO. (MINA ANTAMINA) PERÚ. SAN MARCOS, REGIÓN ÁNCASH.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El 25 de julio de 2012, se produjo una ruptura en el mineroducto de la mina Antamina, principal extractor de cobre, zinc, bismuto, molibdeno, plata y plomo, la cual ocasionó un derrame de 45 toneladas de concen¬trados tóxicos, afectando a los trabajadores y a los pobladores más cer¬canos. La inhalación de sustancias tóxicas, como el cobre alcalino, el arsénico, el berilio y el sílice, provocó quemaduras en los pulmones de los pobladores. De un total de 210 personas afectadas directamente, 45 fueron internadas. Asimismo, se registran posibilidades de malformaciones en los descendientes de los pobladores. Con el fin de que los químicos no llegaran a contaminar el río más cercano, la empresa Antiamina pidió a los pobladores limpiar el derrame de tóxicos, sin otorgar ningún tipo de protección ni capacitación. Cuando se solicitó por parte del alcalde el cierre de la tubería que desfogaba las sustancias tóxicas, la empresa indicó que no se tenían las llaves para realizar dicha petición, por lo que los habitantes tuvieron que realizar su mayor esfuerzo para controlar el derrame. Semanas después, la empresa se reunió con los pobladores y les ofreción 250 soles para compensar los daños. Se anunció que la empresa será sancionada con 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 2 millones 190 mil soles (aprox. US $ 842,000).

Actores en pugna:

Compañía Minera Antamina S.A. (joint venture entre cuatro empre¬sa líderes en el sector minero mundial: BHP Billiton (33.75%), Xstrata (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi Corporation (10%)); Presidente re¬gional de Ancash (César Álvarez); alcalde del distrito de Cajacay (Felipe Santos Sandoval) y pobladores de la región.

Criminalización social:

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) informó sobre la detención de más de veinte pobla¬dores de la región, quienes se manifestaron en contra de la mina y de¬nunciaron la grave contaminación. Las detenciones fueron realizadas por agentes policiales contratados por Antamina. Ante esta situación la CONCAMI ha denunciado al Gobierno y las autoridades locales por las violaciones de derechos humanos que sistemáticamente se registran contra quienes reclaman sus derechos.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102212 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102181 http://olca.cl/oca/peru/minerasll2.htm http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101716 http://www.conacami.pe/ http://www.antamina.com/es/index.php

78.-COBRE  (MINERAXTRATA)

PERÚ. CC TINTAYA MARQUIRI, PROVINCIA ESPINAR, CUSCO.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Sí. Se demanda la reubicación la presa de relaves del sector denominado

Huanipampa.

Descripción del conflicto:

La Provincia de Espinar ha demandado a la empresa minera Xtrata Copper - Proyecto Tintaya Antapacay ampliar los aportes al desarrollo socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de relaves de Huanipampa; y asumir compromisos ambientales ante posibles impactos susceptibles de generarse como consecuencia de sus actividades en la zona.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Empresa Xstrata Tintaya, Gobierno Central / En oposición: Gobierno local, Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FU-DIE), CCCC Suero, Cama y Tintaya Marquiri.

Criminalización social:

El 29 de mayo el Estado declara Estado de Emergencia en la la provincia de Espinar y detienen a pobladores. El 02 de junio detie¬nen de manera preventiva por cinco meses del alcalde provincial de Espinar, Osear Mollohuanca Cruz, en un penal de la ciudad de lea (costa), mientras dure la investigación por parte del Ministerio Público. El 13 de junio Mollohuanca es excarcelado, otorgándole libertad bajo comparecencia.

Fuentes consultadas:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/

Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf

http://www.larepublica.pe/02-06-2012/alcalde-de-espinar-tendra-pri-

sion-preventiva-por-cinco-meses

http://www.larepublica.pe/17-01-2013/cusco-mesa-de-dialogo-de-espi-

nar-amplia-plazo -que -asegurara-proceso -de -dialogo

http://www.larepublica.pe/14-01-2013/monitoreo-ambiental-en-espi-

nar-continua-en-comunidades-de-huisa-y-alto-huancane

http://www.larepublica.pe/18-ll-2012/gobierno-se-toma-su-tiempo-

para-solucionar-conflicto-con-la-minera-xstrata

http://www.larepublica.pe/12-07-2012/espinar-expone-hoy-demandas

79.-ORO

PERÚ. DISTRITOS HUASMÍN Y SOROCUCHO Y LA ENCAÑADA, EN

LA PROVICNIA DE CELENDÍN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

Sí se ha registrado en tanto el proceso de otorgamiento de la concesión minera no ha sido consultado entre las comunidades campesinas de Ca-jamarca, ni cuenta con el consentimiento de las mismas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

Descripción del conflicto:

Autoridades, representantes de organizaciones de sociedad civil y co¬muneros de las Provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc deman¬dan se declare la inviabilidad del Proyecto minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha SRL, por los impactos ambientales negativos sus¬ceptibles de generarse en el ambiente, ante la afectación a 4 lagunas consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Empresa Minera Yanacocha SRL. - Proyecto Minero Conga, Gobierno Central. / En oposición: Gobierno Regional de Cajamarca, Gobiernos distritales, Frente de Defensa Ambiental de Ca¬jamarca, Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina - PIC

Criminalización social:

Durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Po¬licía Nacional del Perú (PNP), el día 30 de mayo se detuvieron a ocho personas y el 14 de junio se detuvieron a otras siete personas. Asimis¬mo, efectivos PNP han agredido a manifestantes y periodistas durante las jornadas de protesta contra el proyecto minero. El día 21 de junio efectivos policiales agredieron en la Comisaría N° 1 de Cajamarca a abogados representantes de instituciones de derechos humanos locales y a la representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, que se acercaron a dicha dependencia para conocer el estado de los detenidos por las manifestaciones que se realizan por el paro regional en opo¬sición al proyecto Conga. En enfrentamientos con la policía, mueren 5 pobladores en las ciudades de Celendín y Cajabamba, seguido de la detención arbitraria del dirigente Marco Arana y actos de abuso de autporidad contra abogados de la Defensiría del Pueblo en la comisaría de la ciudad de Cajamarca. Luego de los actos violentos, el presiden¬te Olíante Húmala declara el estado de emergencia para la región y la población, en respuesta, vela a sus mártires en una manifestación pública. Una semana después de los disturbios, el Gobierno nombra a los sacerdotes Cabrejos y Garatea como facilitadores para entablar el diálogo entre las paprtes del conflicto, con visitas in situ con dirigentes, pobladores a las lagunas que usaría el Proyecto Conga, así como con reuniones con representantes de Nuewmont y Yanacocha en la ciudad de Lima, avisonrando que el trabajo de resolución del conflicto tomará por lo menos el plazo de un año de diálogo.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/

Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf

http://elcomercio.pe/peru/1428388/noticia-dia-15-paro-cajamarca-

7-personas-fueron-detenidas-durante-protestas

http://ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=4866&tip=red

http://derechoshumanos.pe/2012/06/policias-golpean-a-abogadas-de-

defensoria-del-pueblo-y-de-la-cnddhh-en-cajamarca/

http://www.noticiasser.pe/22/06/2012/cajamarca/cajamarca-enfrenta-

mientos-la-noche-de-ayer

http://www.larepublica.pe/23-06-2012/cajamarca-defensor-del-pueblo-

rechaza-maltratos-funcionaria

http://www.noticiasser.pe/18/07/2012/cajamarca/conga-facilitadores-

garatea-y-cabrejos-recorren-lagunas

http://www.noticiasser.pe/18/07/2012/cajamarca/gregorio-santos-lan-

za-la-propuesta-de-realizar-un-referendum-para-conga

80.- NÍQUEL

REPÚBLICA DOMINICANA. LOMA DE MIRANDA, LA VEGA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Estudiantes, grupos ambientalistas y miembros de la sociedad civil pro¬testan en contra de la explotación a cielo abierto de la minería en Loma de Miranda, pues aseguran ser un lugar sagrado, cargado en biodiver-sidad, allí se encuentran 1,110 especies, de ellas 241 son endémicas, así como 13 animales endémicos y 23 autóctonos con gran amenaza de extinción y próxima a ser una área natural protegida. Se estima que cerca de 420 mil personas vinculadas a la agricultura en 8 provincias y localidades se encuentran en peligro por la contaminación ambiental. Desaparecería un bosque de pinos endémicos

Actores en pugna:

Red Nacional de Acción Juvenil, Academia de Ciencias de República Dominicana, Sociedad civil, Cooperativa Vega Real la empresa minera Falconbrigde Dominicana

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://josersosa.blogspot.mx/2012/08/loma-miranda-todo-cuanto-

debe-saber-y.html

http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/8/9/2 42976/

Miranda-una-loma-que-tiene-mas-que-minerales

http://www.noticiassin.com/2012/08/experto-denuncia-supuestos-

danos-provocaria-explotacion-loma-miranda/

http://coopvegareal.blogspot.com/2012/08/no-mas-compra-de-concien-

cia.html

81.-ORO (PUEBLO VIEJO)

REPÚBLICA DOMINICANA. PUEBLO VIEJO

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

En los pueblos de Caballero, Comedero Arriba y Hernando Alonzo, la minera ha descubierto que hay grandes yacimientos de oro y propone a los propietarios que les vendan sus predios.

Descripción del conflicto:

La principal protesta contra la extracción del mineral es la posibilidad de derrames de cianuro, en la presa Hatillo, en ríos y suelos que pueden contaminar a la población en general. La utilización de 2,500 metros cúbicos de agua por hora, siendo un recurso escaso en la región. Sociedad en general ya que hay posibilidades de derrame de cianuro en la presa Hatillo que abastece gran parte de República dominicana.

Actores en pugna:

Activistas Salva tierra y la comunidad del Llagal, quienes impugnan la extracción del mineral y la empresa minera canadiense Barrick Gold y Gold Corp.

Criminalización social:

Amedrentamientos policiacos en la marcha ciudadana del 4 de julio de 2012 desde Santo Domingo hacia las oficinas de las coorporaciones mineras. Abuso de los trabajadores por parte de la minera promoviendo el trabajo en zonas de alto riesgo.

Fuentes electrónicas de información

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101605 http://www.accionverde.

com/2012/07/04/marcha-contra-barrick-goldcorp-y-cianuro/

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101802http://olca.cl/articulo/nota.

php?id=101407http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102043

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-republica-

dominicana/exigen-renegociar-contrato-entre-estado-dominicano-y-

barrick

82.-HIERRO (PROYECTO ARATIRI) URUGUAY. VALENTINES

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

En el año 2008, comenzaron las actividades de exploración. En este contexto, una productora rural denunció a la minera por los destrozos ocasionados por las perforadoras en su campo y fue desalojada el 30 de julio junto con su familia y los animales del campo lindero que arren¬daba desde hace más de diez años. Cuando Claudia Perugorría entabló el pleito a Aratirí para cobrar los daños a su predio, la minera le puso precio a su campo y ofreció comprárselo. La minera declaró que es fal¬so que haya desalojado a la familia rural. Por su parte, desde el Obser¬vatorio Minero del Uruguay se dio cuenta que a finales de julio de 2012 tuvo lugar el primer desalojo de una familia rural por la minera Aratirí.

Descripción del conflicto:

La empresa Zamin Ferrous planea invertir 2,000 millones de dólares para exportar 18,000,000 de toneladas anuales de hierro. El mega pro¬yecto implica varias obras de infraestructura que amenazan la susten-tabilidad en zonas de gran riqueza ambiental de Uruguay, afectando de forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha. En 2011 diversas or¬ganizaciones sociales han protestado contra este proyecto pues resulta incompatible con el Derecho Ambiental consagrado en la Constitución uruguaya. Además de cuestionamientos ambientales y pedidos de na¬cionalización del hierro, algunos políticos uruguayos se han opuesto al proyecto. Asimismo, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) aplicó una multa de US$ 70.000 aproximadamente a la em¬presa Aratirí, por haber realizado perforaciones que no estaban auto¬rizadas por ese organismo. En este contexto, Aratirí se ha demorado por negociaciones complejas entre el gobierno y la empresa sobre las condiciones para la explotación de los yacimientos.

Actores en pugna:

En contra del proyecto: productores rurales, población de Rocha, Ce¬rro Chato y Valentines, diversas organizaciones sociales (Amigos de la Tierra Uruguay, Movimiento por un Uruguay Sustentable) y algunos políticos (Juan Manuel Garino, Luis Lacalle Pou). A favor del proyec¬to: algunos pobladores locales que reunieron firmas de apoyo, algunos sectores del gobierno, intereses privados.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras012.htm http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras013.htm http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras014.htm http://www.elobservador.com.uy/noticia/231405/desvios-sobre-el-medioambiente/

http://www.elacontecer.com.uy/16461-movimiento-ambientalista-denun-cio-el-primer-desalojo-de-una-familia-rural-por-la-minera-aratiri.html http://www.elacontecer.com.uy/16737-aratiri-desmintio-haber-sido-re sponsable -de -accion-judicial-alguna-en-perjuicio -de -una-familia-rural, html

83.-ORO

VENEZUELA. RESERVA FORESTAL IMATACA, ESTADO DE BOLÍVAR.

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

Ha habido un histórico desplazamiento de comunidades indígenas por

la presión que ejerce la actividad en la zona.

Descripción del conflicto:

Las Cristinas es uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo con reservas estimadas en 17 millones de onzas. La explotación del yacimiento había sido entregada a la empresa Cristallex de capital ca¬nadiense, pero a inicios del 2011 las autoridades le retiraron el permiso como parte de la nacionalización de actividades estratégicas; ante tal si¬tuación la empresa presentó una denuncia ante el centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco mundial. Y es que justo el gobierno venezolano anunció a principios del 2012 su interés en explotar en conjunto con la corpora¬ción estatal china de inversiones CITIC Group los recursos de dicha mina. Y es que la ley minera obliga a que la inversión sea mixta y ma-yoritaria para el Estado. Aparte del conflicto por quién se hará cargo de la explotación, lo que preocupa es el panorama que se vislumbra puesto que el incremento en la producción de oro va acompañado de un con¬secuente aumento de los problemas sociales y ambientales, si bien en la zona ya vienen dándose desde hace tiempo exigencias de comunidades indígenas por que la minería salga de la zona. Otro de los conflictos en la zona es el que manifiestan los pequeños mineros que se oponen a ser desplazados por la explotación de las compañías trasnacionales.

Actores en pugna:

Gobierno, corporación minera china CITIC Group, madereros, peque¬ños mineros, comunidades indígenas, pertenecientes a las etnias Wa-rao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.urgente24.com/205143-chavez-entrega-la-mayor-mina-de-

oro-a-china-que-niega-operacion-electoral

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-venezuela/

venezuela-busca-explotar-oro-de-mina-las-cristinashttp://www.oro-

yfinanzas.com/2012/02/venezuela-va-a-explotar-junto-con-china-el-

yacimiento-las-cristinas/

http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/ll/05/chavez-va-por-

mina-de-oro-las-cristinas

http://www.eraecologica.org/revista_03/lee_03.htmPimataca.

htm~mainFrame

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/7535-em-

presa-minera-venezolana-trabaja-por-duplicar-qproduccionq-aurifera

http://globovision.com/articulo/venezuela-gano-juicio-internacional-

sobre-mina-las-cristinas-del-estado-bolivar

84.NÍQUEL

VENEZUELA. TIARA, EN EL MUNICIPIO SANTOS MICHELENA DEL

ESTADO DE ARAGUA.

Inicio del conflicto: 1998

Procesos de despojo de tierras:

No existe problema de despojo de tierra, sólo el incumplimiento de los acuerdos de la minera Lomas de Níquel con la comunidad de Tiara, pues aquélla se había comprometido a retribuir con servicios a las comunida¬des aledañas a la mina, ya que estaba explotando sus tierras.

Descripción del conflicto:

Lomas de Níquel se construyó en 1998 como producto de la sociedad en¬tre dos empresas extranjeras y con dinero que aportó el Banco Mundial, desde entonces surgieron las quejas en Tiara. En el año 2000 la minera comenzó a operar con una concesión de 30 años y en 2003 ya habían lle¬gado denuncias por contaminación a la Asamblea Nacional, que concre¬tó la investigación parlamentaria hasta 2005. Los habitantes dicen que la minera pone en riesgo la cuenca del Río Guárico y el sistema del Tuy. Además, la empresa emite carbonilo de níquel que produce enfermeda¬des en la piel, las vías respiratorias y se queda presente en la sangre. En 2008 se pidió a la empresa atención médica para los afectados pero ésta no responde a las demandas, aún con la existencia de acuerdos cuando la minera empezó a operar. Lomas de Níquel presenta estudios en los que no hay vinculación entre la empresa y las enfermedades. En térmi¬nos de servicios públicos también Tiara tiene problemas, sobre todo en carreteras, transporte y electricidad. Han existido protestas y se creó una Comisión de Ambiente Local pues los habitantes no confían en los estudios e informes oficiales; hay organizaciones no gubernamentales que los respaldan, mientras la alcaldía está con la empresa. En 2011 la empresa respondió a una de las demandas y mejoró el servicio de elec¬tricidad, pero en términos ambientales la situación permanece igual y la salud de los habitantes de Tiara sigue en peligro.

Actores en pugna:

Los habitantes de Tiara, quienes no han conseguido que sus demandas ambientales y de salud sean resueltas. La alcaldía de Santos Michelena que apoya a la empresa. Y las ONG's que intentan ayudar a los afectados.

Criminalización social:

Debido al mal estado de las calles y el transporte, a finales de 2010, los habitantes de Tiara cerraron durante 3 días el acceso a la minera, quien no quería reunirse con los consejos comunales. Tuvieron lugar enfrentamientos con la alcaldía, pues decidió quitar la manifestación con violencia y gas lacrimógeno fue utilizado en contra de los incon-formes. Se trata en todo caso de una represión violenta de la protesta.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/6339-habi-

tantes-de-tiara-sufren-efectos-de-contaminacion-minera

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/6340-pro-

te stan-en-minera-lomas -de -níquel

http://www.eluniversal.com/2005/07/03/pol_art_03161A.shtml

http://www.elsiglo.com.ve/modules.php?name=News&file=article&s

id=3830

http://www.elaragueno.com.ve/region/articulo/16020/gobierno-de-san-

tos-michelena-y-lomas-de-niquel-afianzan-acuerdos

85.-ORO

VENEZUELA. MINA BULLA TONORO, ANGOSTURA, BOLÍVAR.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

Hay proceso de despojo de tierra porque la extracción del oro en esta región del estado de Bolívar en gran parte es llevada a cabo por los po¬bladores originarios; cuando con el Decreto 8413 el Estado venezolano se reserva la exploración y explotación del oro en territorio nacional por ser un recurso estratégico, se declaran zonas de seguridad nacional a las tierras auríferas, que originalmente son tierras indígenas.

Descripción del conflicto:

En el contexto de la nacionalización del oro y del plan de erradicación de la minería ilegal, en octubre de 2011 las Fuerzas Armadas de Venezuela toman el control de la mina Tonoro en La Paragua, expulsando a un mil 500 mineros ilegales que explotaban el oro. Los militares comenzaron a explotar las minas y propinaban maltratos a los indígenas además de solicitarles el pago de 30 gr. de oro semanales. El ejército ordenó que a Maraima no entraran periodistas y negaron el maltrato. Hubo quejas con la autoridad sobre el maltrato, pero no fueron atendidas. Debido a esto las etnias Pemón y Yekuana protestaron, desarmaron y retuvieron cerca de 20 soldados. Habían 500 pobladores originarios custodiando a los militares, las fuerzas armadas enviaron por ello al rededor de 500 efectivos; los militares nunca han negociado con las etnias, todo ha sido llevado a cabo por la fuerza, según lo afirma el ex alcalde de Gran Sa¬bana, Ricardo Delgado. El 30 de octubre fueron liberados los soldados, y la zona fue desmilitarizada, sin embargo selva adentro hay grupos armados que también buscan el control de las minas. Para 2012 la mina sigue controlada por los Pemón, desconocen al ejército y en la zona hay constantes conflictos, entre ellos homicidios que en su mayoría quedan impunes. La vida de la etnia Pemón está en función de la extracción de oro, pero no por ser explotada por ellos deja de ser contaminante, el problema ambiental está latente, sobre todo por el uso de mercurio, que también tiene consecuencias para la salud.

Actores en pugna:

Las etnias que defienden sus tierras y los recursos que en ellas se en¬cuentran, pues apelan a sus derechos ancestrales. El ejecutivo venezola¬no que nacionalizó el oro y provocó un grave conflicto que ha generado la organización de las etnias para impedir el despojo. Los militares, que se enfrentan directamente al problema y que además quebrantan la ley al explotar el mineral.

Criminalización social:

Desde que se reservó la explotación del oro al Estado venezolano, todos los mineros locales se convirtieron en ilegales, y a ellos hay que agregar las bandas de extranjeros (p. ej. Colombianos) que pelean por la obten¬ción del recurso. Mediante el Decreto 8413 se criminalizó la actividad de subsistencia de pueblos que reclaman tal como parte de su derecho a la tierra.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/cap-

turan-a-7-colombianos-por-asesinatos-en-mina-de.aspx http://www.

conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/8793-mientras-desalo-

jan-mineros-e-indigenas-protegen-a-otros http://www.noticierodigital.

com/2011/10/indigenas-desarmaron-a-militares-en-yacimiento-de-

oro-en-la-paragua-desalojado-2-meses-antes/ http://www.eluniversal.

com/economia/llllOl/mineros-indigenas-denunciaran-actos-ilegales-

de-militares http://amigransa.blogia.com/2012/030102-mafias-en-alto-

paragua-explotacion-de-oro-y-destruccion-de-la-naturaleza-en-la-g.

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AGUA

l.-AGUA SUPERFICIAL

ARGENTINA. RÍO ATUEL. ENTRE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y LA

PAMPA.

Inicio del conflicto: 1976

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Desde principios del siglo XX, en la provincia de Mendoza se comenzó a restringir los cursos de agua que alimentaban al Río Atuel con el fin de utilizarlos para riego. Cabe destacar que dichas fuentes son las que proveían el caudal al río Atuel que atraviesa el oeste de la provincia de la Pampa. Luego, en 1948 se construye el dique "El Nihuil", con lo que quedó completamente bloqueado el paso de agua hacia el sur de Mendoza y toda la Prov. de La Pampa, destruyendo por completo eco¬sistemas, humedales y desertificando vastas zonas, por consiguiente ha disminuido la biodiversidad de la zona afectando también a especies migratorias. A partir de dicha obra, río fue dejado sin ningún caudal de agua, fue "borrado del mapa". Dicho río es la única y principal fuente de agua para el oeste pampeano. A partir de 1976 La Pampa ha formulado diversos reclamos sin tener hasta la fecha respuesta positiva.

Actores en pugna:

Principalmente la Prov. de Mendoza que protege a sus productores de frutas y verduras que utilizan el agua para riego. El conflicto es con la Prov. de La Pampa, ONGs, y vecinos y campesinos de las localidades afectadas, como Santa Isabel, Limay Mahuida, Algarrobo del Águila que reclaman, cuanto menos que corra un caudal mínimo.

Criminalización social:

Fuentes electrónicas de información:

http://www.chadileuvu.org.ar

http://www.alihuen.org.ar

http://www.ecoportal.net http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.

php?option=com_content&view=article&id=126504:rio-atuel-conflicto-

en-mendoza-entre-dos-organismos-por-el-desvio&catid=13:locales&

Itemid=8#.URLe5KUwBGw http://www.chadileuvu.org.ar/index.php/

actualidad-atuel/218-conflicto-por-las-aguas-del-rio-atuel.html

http://www.politicadigital.com.ar/nacionales/2219-grave-conflicto-

entre-mendoza-y-la-pampa-por-las-aguas-del-rio-atuel

2.REPRESA HIDROELÉCTRICA FUTALEUFU ARGENTINA. NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.

Inicio del conflicto: 1971

Despojo de tierras:

Los pueblos originarios fueron obligados a dejar el lugar (reubicados). En "reconocimiento", el lago del embalse se llama Amutuy Quimey ("be¬lleza perdida" en lengua mapuche).

Descripción del conflicto:

La represa hidroeléctrica Futaleufu (o Pucon Pai) se encuentra ubicada en el corazón de un parque nacional (increíble, pero real!!). Embalsa al rio Futaleufu y fue construida con dineros públicos con el objetivo de "alimentar" las necesidades energéticas de la Planta de Procesamiento y elaboración de aluminio ALUAR (aprox 50% de la energía producida total por el embalse, el resto es de utilidad publica), que atiende la de¬manda interna argentina de aluminio y exporta el 70% de su produc¬ción. La distancia entre la planta y la represa es de aprox 500km, ya que se ubican en la costa atlántica patagónica la primera, y en plena cordillera de los Andes la segunda. La Represa fue un atropello al sis¬tema de Parques Nacionales, ya que de nada sirvió la figura legal que amparaba el área ante la decisión de construirla, desapareciendo 8.200 ha de ambientes naturales. Tres lagos naturales fueron completamente anegados y unidos en uno gigantesco al que se lo bautizó posteriormen¬te con el nombre araucano de "Amutui-Quimei", que significa "Belleza Perdida". La desaparición de estos lagos, los bosques de los alrededo¬res, los rápidos que los conectaban y las playas naturales, determinó la pérdida de los más destacados valores recreativos de la región. Por otra parte, ALUAR ha certificado un MDL por eficiencia energética, aunque pesan desde la comunidad de Puerto Madryn serias dudas respecto a la contaminación que se produce a partir del proceso que lleva adelante la planta.

Actores en pugna:

A FAVOR: gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local, parte de la comunidad de Puerto Madryn, empresa ALUAR, EN CONTRA: operadores turísticos, vecinos de Puerto Madryn, ONG ambientalistas, pueblos originarios de la zona que fueron reubicados,

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.tnylagente.com.ar/videolog=contaminacionDe

Aluar?23726, http://old.elchubut.com.ar/despliegue-carta.

php?idcarta=2668, http://www.chfutaleufu.com.ar/links.asp, http://

www.patagonia.com.ar/Esquel/36_Represa+y+r%C3%ADo+Futaleuf%

C3%BA.html, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=impactos%20

de%201a%20represa%20futaleufu&source=web&cd=l&sqi=2&ved=0C

FMQFjAA&url=http%3A%2F%2F¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

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usg=AFQjCNHXvIz75bkU5qaAUJ-kTdNldoaJcw&cad=rja, http://www.

unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/huellapaisajes.htm,

http://www.bcba.sba.com.ar/downloads/proyectos_argentinos/ll_

GEI_en_la_Planta_de_ALUAR_ALUMINIO_ARGENTINO_SAIC.pdf,

http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2008/02/aluar-aluminio-argentino-saic.html,

http://www.medioymedio.com.ar/nacionales/3930-aluar-duena-de-chubut-.html,

http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=117, http://materias.fi.uba.ar/7106/Resumen%200302/Texido/ResumenTPaluminio.pdf, http://

www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=1209,

http://www.ambiente-ecologico.com/revist40/aluar40.htm, http://diariojornada.com.ar/34259/Politica/Con_una_promesa_Aluar_evito_una_multa

3.REPRESA "EL PORTÓN"

ARGENTINA. NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.

Inicio del conflicto: 2011

Despojos de tierra: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Se trata del proyecto "El Portón" construcción de una represa en la cuenca binacional del Rio Puelo, curso que parte desde Lago Puelo (Chubut) y desemboca en el Pacifico, en Chile. El espejo de agua de la represa llegaría al limite con Argentina provocando una importante crecida en el Lago Inferior y Lago Puelo. La empresa italiana Endesa planea construir del lado chileno e incluso del lado chileno cuenta con los derechos de agua a perpetuidad, pero inevitablemente afectaría el Este de la cordillera de los Andes, en Argentina gran parte de su super¬ficie es parque nacional (Parque Nacional Lago Puelo). Especialmente preocupa a la comunidad la disponibilidad del recurso tal y como se encuentra actualmente, para uso humano, recreativo, turístico, depor-tivo, paisajístico y ecosistemico.

Actores en pugna:

A FAVOR: empresa española ENDESA, gobierno de Chile, y Mediterrá¬neo S.A EN CONTRA: población de Lago Puelo en general, autoridades de Lago Puelo, localidad El Bolsón (Argentina), organización Geoaus-tral, Las comunidades y organizaciones de la Comuna de Cochamo (Chile) y de la Comarca Andina del Paralelo 42 (Argentina)

Criminalización social:

No, sin embargo de acuerdo a la experiencia de los opositores a mega-

proyectos, las comunidades cordilleranas exigen la derogación de las leyes antiterroristas vigentes en ambos países, por considerar que pre¬tenden limitar posibilidades de expresión y movilización y el legítimo reclamo de las comunidades frente a hechos que le perjudican.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/conflicto-binacional-por-proyecto-hidroelectrico-en-el-rio-puelo/ http://wwwl.rionegro. com.ar/diario/energia/2007/10/27/9483.php, http://www.diariojornada. com.ar/42644/Sociedad/Chile_aprobo_la_construccion_de_una_cen-tral_que_afectara_a_Lago_Puelo, http://www.diariojornada.com. ar/Noticia/Default.aspx?id=16418, http://www.perfil.com/conteni-dos/2008/02/02/noticia_0019.html, http://www.ecoportal.net/content/ view/full/95433, http://www.noalarepresa.com.ar/index.php?p=l_5, http://www.bolsonweb.com/noendesa/impactosargentina.html, http:// www.mapuexpress.net/?act=news&id=7367, http://diariolapalabra. com.ar/noticia/5364/legisladores-rionegrinos-ratifican-rechazo-a-cons-truccie-represa-en-lago-puelo, http://chilecontaminada.blogspot.com. ar/2011/07/denuncian-que-represas-chilenas-son.html, http://argentina.indymedia.org/news/2009/10/698613.php, http://www. anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=23257

http://www.noalamina.org/mineria-informacion-general/general/en-cuentro-binacional-en-defensa-de-las-cuencas-de-los-rios-manso-y-puelo

4.DIQUE "LOS MONOS"

ARGENTINA. SARMIENTO, SUR DE PROVINCIA DE CHUBUT.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La construcción del dique Los Monos pretende un embalse para apro-vechamiento hidroeléctrico, para asegurar el suministro de agua para las numerosas localidades del sur de Chubuy y norte de Santa Cruz,y para regular las crecidas en Sarmiento. La oposición de la comunidad se relaciona con la negativa de brindar mayores servicios en términos de insumos indispensables (energía y agua para recuperación secun¬daria) a las empresas petroleras ubicadas en la zona (tal parece ser el verdadero motivo del emprendimiento). La producción de energía y la regulación del caudal favorecerían a tales empresas petroleras ya que se encuentran aguas arriba del futuro dique y las lineas de tendido de energía están previstas para ese sector también.

Actores en pugna:

A FAVOR: gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos locales, empresa adjudicataria de la obra, empresas petroleras, productores lo¬cales agropecuarios, comunidades de Los Perales, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Aike, Puerto Deseado, Los Antiguos. EN CONTRA: algu¬nos profesionales locales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, parcialmente las comunidades locales (de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, Caleta Olivia), Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://diariocronica.com.ar/notas/notas.php?idnota=124317, http://ar-gentina.indymedia.org/news/2007/08/541437.php http://noaldiquelosmonos.blogspot.com.ar/2008/09/mineria-y-dique-los-monos.html, http://www.chubutempresarial.com/op/noticias_mos-trar.asp?lk=l&id=505&Tema=,

5.-REPRESA HIDROELÉCTRICA (REPRESA YACYRETÁ-APPIPÉ) ARGENTINA-PARAGUAY PROVINCIA DE CORRIENTES (ARGENTINA) Y DEPARTAMENTO MISIONES (PARAGUAY).

Inicio del conflicto: 1973

Despojo de tierras:

Los indígenas Guaraníes Mbya fueron reubicados en 1987 desde la Isla Yacyretá y les otorgaron pequeños terrenos en distritos vecinos, sin consentimiento previo. A pesar de recibir títulos de propiedad, los grupos indígenas perdieron el derecho a su territorio tradicional. No sólo se han desplazado a pobladores (se estiman en 80.000 personas desplazadas que se han denominado "desaparecidos económicos), sino que la destrucción de ecosistemas influye negativamente en la produc¬ción tradicional de comunidades indígenas y campesinas del lugar. En suma, se ha detectado el incremento de enfermedades como el dengue, diarrea, distintas parasitosis, cáncer, paludismo entre otras.

Descripción del conflicto:

En 1973 se firma el acuerdo para emprender en forma conjunta (Argentina y Paraguay) la construcción de la represa, la obra se inicia en 1983. Al momento que comienza a construirse la obra se desplaza a poblaciones del lugar, la puesta en funcionamiento implicó la inunda¬ción de miles y miles de hectáreas, con la consecuente destrucción de ecosistemas tanto del lado paraguayo como argentino. En 2007 la cota alcanzó los 76 msnm, en 2008 los presidentes de ambos países firmaron un acuerdo para elevarla hasta los 83 metros ( como estaba previsto en el proyecto original), objetivo que se alcanzó en 2011. En ésta última etapa han existido críticas con sustentos en estudios que indicaban la necesidad no elevar la cota por el impacto ambiental. Gran parte de la zona que quedó bajo el agua eran tierras ancestrales de la comu¬nidad Guaraní. Las instituciones de justicia de Paraguay y Argentina han favorecido al proyecto a pesar de las innumerables irregularida¬des.

Actores en pugna:

Entidad Binacional Yacyretá, Estado Argentino y Paraguayo. Las pro¬testas provienen de grupos de desplazados, localidades de la costa del Río Paraná y la costa del Río Uruguay (paso fronterizo), Isla Apipé, La Federación de los Pueblos de Itapúa y Misiones Afectados por Yacyretá (FEDAYIM), ONGs que señalan los perjuicios que causan dicha represa, así como la elevación de la cota, decisión tomada en 2008 y ejecutada en 2011.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.oni.escuelas.edu.ar

http://www.primeraedicionweb.com.ar

http://www.ecoportal.net

http://misionescontaminada.blogspot.com.ar

http://elparanaense.com.ar

http://www.funam.org.ar

http://www.redeco.com.ar

http://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com.ar

http://www.biodiversidadla.org

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=48980 http://infouniversi-dades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=especies_de_peces_transferidas_

por_instalaciones_de_yacyreta&id=993 http://www.misionescuatro.

com/ampliar.php?id=19331&PHPSESSID=0b9c00642bde9e263db6d9d00fc934f9

http://noqueremosinundarnos.blogspot.mx/2011/02/inauguran-la-polemica-represa-de.html

http://corrientes.in/?p=33153

6.EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

BOLIVIA. VINTO, PROVINCIA DE QUILLACOLLO, DEPARTAMENTO

DE COCHABAMBA

Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La extracción de agua subterránea provoca la desaparición de ma¬nantiales, disminución de agua en pozos caseros y erosión del suelo afectando los medios de vida y producción de varios municipios. Esta situación incia cuando en 1960 la empresa YPF-B consigue por D.S. perforar 16 pozos en los municipios de Quillacollo y Vinto. En 1992 por primera vez la gente se opuso a la perforación de nuevos pozos ya que los pozos caseros de las localidades de El Paso y Sipe Sipe se secaban, en 1994 se organiza una marcha por "el agua, la vida" desde Vinto a Co-chabamba, en 1995 150 comunidades agrícolas declaran un voto resolu¬tivo de no permitir nuevas perforaciones, sin embargo la perforaciones pasaron arealizarse por la Emnpresa municipal Servicios Municipalde de Agua Potable y Saneamiento Básico (SEMAPA) para abastecer de agua al Sur de la Ciudad de Cochabamba. Actualmente la Gobernación Departamental, el Ministerio de Aguas y SEMAPA se encuentran en diálogo, la posición de los afectados es que esa agua sirva para nutrir la agricultura de la región.

Actores en pugna:

Gobierno Municipal de Tiquipaya y Vinto,Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) , Comité Cívico de Cochabamba, Asociación de Sistemas de Riego de Tiquipaya, Comité de Defensa de Recursos Hídricos, Subcentral Campesina de Vinto, comunidad de pro-pietarios y usuarios de Laguna Mayu. Ministerio de aguas

Criminalización social:

Sí, Existen pozos privados que no cuentan con la autorización.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110919/rea-

nudan-negociaciones-por-pozos-en-valle-bajo_142317_292896.html

http://es.scribd.com/doc/92100386/Agua-Potable-en-Cochabamba

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110630/llevan-a-

la-paz-lios-de-pozos-de-cochabamba_131853_267106.html

7.CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR MINERÍA

BOLIVIA. CUENCA DEL RÍO PILCOMAYU, DEPARTAMENTO DE

ORURO, POTOSÍ Y TARIJA.

Inicio del conflicto: 1985

Despojo de tierras:

La contaminación del río con metales ha perjudicado las plantaciones de las comunidades y poblaciones indígenas que residen en las cerca¬nías del Río Pilcomayo, que utilizan el agua de este río para riego y con¬sumo sin tratamiento alguno. Con la contaminación se ha disminuido la fertilidad de las tierras y los medios de vida de muchas comunidades indígenas y campesinas, pues no son aptos para consumo humano los productos agropecuarios.

Descripción del conflicto:

La explotación minera ha contaminado al río desde hace siglos con metales tóxicos como Plata, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc, debido a las actividades mineras de Potosí y petroleras de Tarija. Los afectados por la contaminación minera de la cuenca del Pilcomayo se declararon en estado de emergencia, debido a que las autoridades de¬partamentales de Potosí (Bolivia), no solucionan el problema de la con¬taminación de las aguas de ese afluente.

Actores en pugna:

Empresas, cooperativas e ingenios mineros; Comunidades afectadas por la minería de todo el país están hartas de enviar cartas al Presi¬dente del Estado Plurinacional de Bolivia exigiéndole que cumpla sus promesas, y sea consecuente con su discurso medio ambientalista y defienda de verdad a la Madre Tierra:agricultores que viven a orillas del Pilcomayu, entidades cívicas y organizaciones ambientales, Ministerio del ambiente y aguas

Criminalización social:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?dodd=616&c=Boli

via&cRef=Bolivia&year=2003&date=May%202003 http://www.am-

biental.net/noticias/contaminacion/BoliviaPilcomayoTragedia.htm

http://www.fobomade.org.bo/documentos/libros/conambolivia.pdf

http://www.eluniverso.com/2005/ll/01/0001/14/B122E191EE3F4144B-

85C9AlE01DBlF61.html

http://anca24.canalazul24.com/?p=909 http://rcci.net/globaliza-

cion/2012/fgl390.htm

8.PRESA CAMPOS NOVOS

BRASIL. MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS, EN EL ESTADO DE SANTA

CATARINA

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:

Con el inicio de la construcción de la presa en 2001, alrededor de 1.200 familias de pequeños agricultores y trabajadores rurales sin tierra se vieron obligados a abandonar sus tierras, por medio de amenazas, coer¬ción física o lesiones, y posteriormente debido a la inundación de tie¬rras.

Descripción del conflicto:

Campos Novos se mantiene activa desde el año 2007, y aunque el con¬sorcio Enercan se comprometió a indemnizar a todas las familias afec¬tadas por la construcción de la presa, sólo reconoció como familias afectadas a quienes tenían sus humedales (indemnizando con pagos ridículos al no garantizar la supervivencia en sus nuevas condiciones). Actualmente, el consorcio se deslinda de responsabilidades, y actos vió¬latenos de derechos de los afectados en sus condiciones de vida por la construcción de la presa, quienes le demandan en un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y denuncian las fallas, fugas y grietas con las que opera la presa.

Actores en pugna:

Impulsado por: consorcio Enercan [ CPFL Energía, Compañía Bra¬sileña de Aluminio, Compañía Tocantins Níquel, Empresa Estatal de Energía Eléctrica, entre otras); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Constructora Camargo Correa S / A; financiado por BNDES, BID. En contra: El Movimiento de los Pue¬blos Afectados por Represas (MAB), Plataforma Brasilera de Derechos Humanos, Plataforma Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DhESCA Brasil).

Criminalización social:

En el año 2005, el MAB denunció la criminalización de las acciones, disolución de protestas por parte de la policía, y la detención de oposi¬tores. La policía destruyó un campamento de agricultores organizados en el MAB cerca de Rio Canoas; el consorcio Enercan levantó denun¬cias contra los opositores argumentando que los bloqueos afectaban a la empresa. Ante ello, el Tribunal presentó una orden contra el MAB prohibiendo nuevas manifestaciones, y ante el desacato hubo represión violenta: el Día Internacional de Acción contra las Represas, y el Día Mundial del Agua, se implementaron acciones para impedir manifesta¬ciones (allanamientos, detenciones, y decomizacion de propiedades). La represión fue denunciada ante la CIDH, y posteriormente el MPF creó un comité para investigar, y recomendó abstenerse de otorgar la licen¬cia a Campos Novos de operación hasta resolver los conflictos, cuestión que no fue tomada en cuenta .Pese a todo ello, las familias afectadas por la expansión de las represas siguen movilizándose en torno a la mitiga¬ción de los impactos y la restauración de los medios de vida perdidos. Fuentes electrónicas de información:

http://www.indymedia.org.uk/en/2005/03/306855.html http://www. bnamericas.com/news/electricpower/Protests_delay_880MW_Cam-pos_Novos_hydro_project

http://www.social.org.br/relatorioingles2005/relatorio006.htm http://www.ens-newswire.com/ens/jun2006/2006-06-29-01.html http:// ederluiz.com/arquivos_internos/index.php?abrir=noticias&acao=cont eudo&cat=13&id=6445

9-PRESA SERRA DA MESA

BRASIL. CUENCA DEL ALTO TOCANTINS, EN EL ESTADO DE GOIÁS

MINACU Y CAVALCANTE

Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:

Para su construcción desalojó pueblos indígenas, cimarrones, ribereños,

agricultores. Los sitios afectados son Colinas del Sur,Urucuí, Minacu.

Descripción del conflicto:

El proyecto de construcción de la Serra da Mesa, comenzó en 1980, sus-pendido y terminado en 2006. Tanto el gobierno y el sector privado relegando a un segundo plano las necesidades sociales y ambientales de las poblaciones desplazadas forzosamente de sus tierras, establecieron una compensación económica selectiva. La construcción fue ampliada en 2006 y se creó el Fondo de Desarrollo de Serra da Mesa / Cana Brava, insuficiente para apoyar a los afectados de seis ciudades que perdieron sus hogares por la cosntruccion de las centrales hidroeléctricas, lo cual no soluciona la situación de quienes quedaron sin hogar y sustento debi¬do a la inundación de las tierras. Los afectados demandaron al gobierno y la empresa ante la Corte para que sus derechos sean garantizados.

Actores en pugna:

Impulsa: FURNAS, Ministro de Minas y Energía, Ministro de Medio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-rais Renováveis, Serra da Mesa de Energía. En contra: Los afectados demandantes que son 3000 familias, Sólo después de la acción de los movimientos sociales organizados (Movimiento de Afectados por Re¬presas) y las asociaciones locales y estatales de los pescadores y traba¬jadores agrícolas (Asociación de Pescadores del Estado de Goiás), han logrado dar a conocer sus demandas de compensación.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/elec090600. htm http://www.jornaldiariodonorte.com.br/detalhes-impresso. php?tipo=706&cod=680 http://www.jornaldiariodonorte.com.br/ site/cidades.php?cod=680 http://www.observabarragem.ippur.ufrj. br/barragens/14/serra-da-mesa http://www.mabnacional.org.br/ publicacoes/14marco2005_goias.pdf    http://www.furnas.com.br/hot-sites/sistemafurnas/usina_hidr_serramesa.asp

10.-PRESAESTREITO

BRASIL. ENTRE EL ESTADO DE TOCANTIS Y MARANHAO

INICIO DEL CONFLICTO: 2002

Despojo de tierras:

Para la construcción de la hidroeléctrica, a la orilla del Río Tocantins donde los pobladores sembraban maíz y algodón, fueron expropiadas y demolidas las propiedades. De igual manera, los medios de vida tradi¬cionales de los pueblos indígenas Kriati Hawk, Maranháo y Tocantins en Krahó Apinajé, fueron violentados, afectando la organización, con¬trol y manejo de la tierra en la región. Las inundaciones han empujado el desplazamiento de comunidades costeras y pequeños agricultores e indígenas cercanos al río Tocantins.

Descripción del conflicto:

La hidroeléctrica del Estreito, forma parte del Plan Decenal de Expan¬sión de la Oferta de Energía Eléctrica 2000-2009 (Eletrobras), aclamado como un proyecto estratégico para el abastecimiento de la industria del aluminio y la producción de soja en el sur de Maranháo, procesos a través de los cuales los pobladores locales han experimentado un aceleerado proceso de éxodo, debido también a que se les ha imposibi¬litado las actividades como la pesca y la cosecha.El Estudio de Impacto Ambiental, resulta en la obtención de la licencia preliminar en abril de 2005, los afectados por la presa, no fueron informados previamente de la realización de la obra, hasta que arbitrariamente fueron demoli¬das sus casas sin orden de aviso y tampoco fueron indemnizados por la empresa concesionaria siendo que todavía hay perosnas sin techo, quienes fueron reubicados no cuentan con fuentes de agua potable ni otras infraestructuras que supuestamente el Consorcio del Estrecho de Energía (Ceste) implementaría. En esta iniciativa participan la minera brasileña Vale, el productor estadounidense de aluminio Alcoa, la cons-tructora Camargo Correa y el gigante europeo de servicios públicos GDF Suez.

Actores en pugna:

Desde las primeras audiencias publicas en el año 2002 se comenzaron a articular los pueblos de la región, en mayo de 2006, el Consejo Indi¬genista Misionero (CIMI) y la Asociación para la Preservación y De¬sarrollo de los ríos Araguaia y Tocantins, vinculado al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), presentó una acción civil en vista de los impactos del proyecto sobre tierras indígenas Apinajé Krahó en Tocan¬tins, y Krikati y Hawk, en Maranháo, en la actualidad sigue el conflicto y las denuncias contra el IBAMA quien en actos omisos consedieron licencias de construcción y llenado de la presa, a favor del consorcio responsable, Ceste.

Criminalización social:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://desinformemonos.org/2011/09/16939/

http://www.uhe-estreito.com.br/ver_secao.php?session_id=73 http://

www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/81239/lapidario-infor-

me-sobre-las-represas-construidas-en-brasil.html http://www.repor-

terbrasil.org.br/exibe.php?id=1398

http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1401

http://www.gta.org.br/noticias_exibir.phpPcod_cetl391

http://www.riosvivos.org.br/canal.php?canal=34&mat_id=6230

11.PRESA TAPAJÓS

BRASIL. CUENCA DEL TAPAJÓS, ENTRE LOS ESTADOS DE

AMAZONAS Y PARA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Para llevar a cabo el proyecto, se hizo cambio de uso de suelo en 75630 hectáreas naturales protegidas, afectando cinco unidades de conserva¬ción federales ( Parque Nacional del Amazonas) para dar pase a los em¬balses. A petición de Eletronorte (la empresa promotora del proyecto) el Gobierno de Brasil aprobó un decreto que elimina la figura de pro¬tección de la superficie afectada por el proyecto. La presidenta Rousseff publicó en enero un decreto (convertido en ley en junio), reduciendo las unidades de conservación en las áreas que se verán afectadas por las obras, reduciendo la extensión de los Parques Nacionales de la Amazo¬nia y Jamanxim, y de las Florestas Nacionales Tapajós e Itaituba I y II. Se prevé tendrá fuertes impactos ambientales, para las comunidades aledañas que serán desplazadas. En Mangabal, una de las presas sería construida justo encima de la Comunidad, que de ese modo quedaría dividida en tres partes: la inundada, la cubierta de trillones de tonela¬das de hormigón y la desecada.

Descripción del conflicto:

La empresa al mando del Complexo Hidrelétrico do Tapajós es Ele¬tronorte, filial de Eletrobras. El proyecto es financiado en parte por el Banco Nacional de Desarrollo. De acuerdo a los estudios de inventario hidroeléctrico del río Tapajós, se construirán cinco represas hidroeléc¬tricas en la región, y una de las mayores plantas de energía, como parte del Plan Decenal de Energía 2010-2020. Las comunidades indígenas que se verían directamente afectadas son los Munduruku Apiaká de Pimental, Akaybáe, Gray Sai, San Martín y Boca Igarapé Pacu, comu¬nidades que viven a orillas de los ríos y aldeas indígenas, con un daño profundo en el ambiente. La construcción no es todavía un hecho con¬sumado, cuentan con un preliminar informe de impacto ambiental, una dificultad que deberá afrontar el gobierno para llevar adelante el plan de levantar hidroeléctricas en las tierras y ríos mas preservados del Amazonas, que para su viabilización la presidenta ha realizado un decreto de desafectación para reducir las unidades de conservación, situación para librar los estudios centrales del proyecto.

Actores en pugna:

Bajo la presidencia de Lula da Silva, se presentó dicho proyecto, ante lo que se ha demandado al Gobierno Federal y a las autoridades res¬ponsables de la licitación y aprobación, que paren el proyecto al mando de Electronorte. Los habitantes están furiosos porque el Gobierno no ha dado detalles sobre la represa,sino hasta 2017; sin embargo la pre¬sidenta Rousseff ya aprobó el proyecto. Los habitantes de Mangabal y todas las comunidades a orillas del Tapajós luchan por denunciar su situación antes de que sea irreversible, los ribeirinhos luchan por mantener su comunidad, su estilo de vida como campesinos forestales y su tierra. También los Muduruku, una comunidad indígena ubicada en los margenes del río Cururu, en el Alto Tapajós. La plataforma en la que se agrupan las comunidades afectadas es ""Tapajós Movimiento de Vida"", quienes cuentan con el apoyo de amplias organizaciones y movimientos sociales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=52000&lang=ES http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/brasil-retrocede-en-proteccion-ambiental

http://cinabrio.over-blog.es/article-5-hidroelectricas-en-el-rio-tapajos-invadiran-parques-nacionales-del-brasil-96812363.html http://transla-te.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=l&hl=es&ie=U TF8&prev=_t&rurl=transíate.google.com.mx&sl=pt&tl=es&u=http:// www.internationalrivers.org/campaigns/amaz%25C3%25B4nia-viva& usg=ALkJrhi9zDPcbUlTp9nWfWXPv5wjGZ5s4g http://elpolvorin.over-blog.es/article-no-a-las-grandes-represas-karo-sakaybu-dios-munduruku-del-paraiso-tapajos-58038240.html http:// observatorio.inesc.org.br/visualizar_noticias.php?id=569   http://www.cronista.com/especiales/Hidroelectrica-en-el-corazon-del-Amazonas-podria-generar-un-desastre-ecologico-20120726-0046.html http://www. ane el. gov. br/

http://www.dams-http://www.laguayanaesequiba.org/detalle. php?cid=54&id=1856 info.org/es/dams/view/sao-luiz-do-tapajos/

12.PRESA MADEIRA

BRASIL. RÍO MADEIRA, EN LAS POBLACIONES DE JIRAU Y SAN

ANTONIO. RODONIA.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

El proceso de construcción está acompañado del desplazamiento de los pobladores por las inundaciones de bosques de castañas, tierras de cultivo, y el avance de la tala ilegal.

Descripción del conflicto:

El proyecto original en río madeira, consta de cuatro presas (San An¬tonio y Jirau, en Brasil; una binacional con Bolivia y otra al interior de Bolivia, en Cachuela Esparza). El complejo es una parte central de la URSA, contempla un corredor para el transporte de minerales, granos, madera y otros productos; el abaratamiento de los costos de transporte servirá como un incentivo para expandir la producción de soja en los estados de Rondonia y Amazonas. El BNDES es el principal financia-dor. Previa licitación, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) anunció al Consorcio Madeira Energía como ganador, conformado por Fumas, Santander, entre otros; para Jirau, es el Consorcio Energía Sus-tentável do Brasil.

Desde el inicio del proceso, fue negado a la sociedad civil, tanto por el MME y el BM el acceso a la información de los estudios de impacto, y en el año 2006 fue aprobada la licencia de construcción por el IBAMA. Los riesgos sociales, ambientales, políticos y financieros que implica el pro¬yecto del Complejo hidroeléctrico del Rio Madeira han movilizado las acciones de muchas organizaciones tanto en Bolivia, Brasil y Perú, que supone la transformación del río en un canal de navegación industrial para mover grandes cantidades de recursos hacia fuera del Amazonas. Entre las tribus que se verán afectadas son Karitiana, Karipuna, Urueu Wau Wau, Win Oro y Katawixi Actores en pugna:

Promueve: la Agencia Nacional de Energía Elétrica (ANEEL), el Insti¬tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) y el Consorcio Enersus - Energía Sustentável do Brasil S.A. En contra: comunidades ribereñas, organizaciones campesias y afec¬tados por las represas de Rondonia (Brasil), Pando (Bolivia), Madre de Dios (Perú), quienes se han organizado en Defensa de la Cuenca del Río Madera y de la Región amazónica, y presentaron una denuncia ante la CIDH contra el gobierno de Brasil. Y se complementa con la Campa¬ña Viva el Rio Madeira Vivo iniciada en 2006, que congrega a más de 10 movimientos ambientalistas, y es parte fundamental para la con¬formación del movimiento "Viva o Río Madeira Vivo". El movimiento brasileño de Afectados por Represas estima que 5000 familias se verán afectadas por la construcción de los proyectos International Rivers está trabajando para detener los planes de más de 60 nuevas presas en la región amazónica, incluyendo los ríos Madeira y Xingu, que significan el desplazamiento de 30000 personas. Este conflicto tiene el potencial de ser resueltos si el Gobierno de Brasil vuelve a evaluar sus procesos de desarrollo del proyecto.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.institutomadeiravivo.org/ http://www.adital.com.br/site/ noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.bicusa.org/es/Project. Concerns. 10138.aspx http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045. pdf http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045.pdf http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045.pdf http://www.bicusa.org/es/Project.10138.aspx       http://www.diariodo-minicano.com/opinion/122269/alai-amlatina/la-integracion-sudame-ricana-y-los-conflictos-socio-ambientales       http://translate.google. com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://wwwl.american. edu/ted/ice/amazondams.html http://alainet.org/active/56815

13.-PRESA "BELO MONTE"

BRASIL. RÍO XINGÚ EN EL ESTADO DE PARA.

Inicio del conflicto: latente desde 1970, reactivado en 2009

Despojo de tierras:

Pescadores de la zona fueron expropiados para el inicio de las obras,

se prevé la expulsión de indígenas Kapayó, Arara, Juruna, Araweté,

Xikrin, Asurini, y Parakaná por inundación de selva, bosque y tierras

agrícolas.

Descripción del conflicto:

La presa Belo Monte forma parte del Plan de Aceleración del Creci¬miento (PAC II), que preveé el financiamiento de al menos 30 plantas hidroeléctricas en la Amazonia. Electro Norte es responsable de su construcción y explotación, para la expansión de la generación de "ener¬gía limpia", de acuerdo con el Plan Regional para el Desarrollo Soste-nible del Xingu (Xingu PDRS), y el desarrollo regional; le fue otorgada licencia de construcción posterior a la realización de una nueva Evalua¬ción de Impacto Ambiental (febrero 2010). Los afectados, a quienes no se les consultó previamente, consideran que los impactos presentados fueron mal dimensionados social y ambientalmente, fundamentándo¬se en un análisis realizado por un panel de 40 expertos entregado al IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables). Aunado a ello, Electro Norte comenzó la obra sin cumplir las 40 condicionantes firmadas con el gobierno por considerarlas facti¬bles al concluir la obra en 2019, entre las que destacan mejoras infraes-tructurales, pozos, sistemas de abastecimiento de agua, realojamiento a las familias como forma de mitigación y compensación, y en salud y educación que FUNAI exige. En abril de 2012 fue revocada la licencia de operación por el Tribunal Supremo, por encontrar ilegalidad en dos etapas del proceso de autorización de obras. El rechazo al proyecto continúa.

Actores en pugna:

Los indígenas afectados por Belo Monte, han solicitado a la presidenta Rousseff que cancele el proyecto, también lo ha solicitado ante autori¬dades gubernamentales implicadas (IBAMA y MMA). Altamira es la localidad donde se concentra el grueso de organizaciones que se opo¬nen (Xingu Vivo), pero cuentan con la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, centros de estudio, movimientos sociales. En octubre de 2009 organizaciones internacionales y redes de la sociedad civil presentan el movimiento de solidaridad con los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales del Xingu en contra Belo Monte, y confor¬man una alianza para detener el avance de las grandes empresas en los bosques del Amazonas y las represas: Movimientos Brasileños en contra de Belo Monte, Movimiento Xingu vivo para siempre, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Asociación de Moradores de la Vila Santo Antonio (expropiados por los contratistas de la obra).

Criminalización social:

En junio de 2012 en el contexto del XXIII aniversario de la lucha en contra del megaproyecto y de la Conferencia de las Naciones Unidas so¬bre el Desarrollo Sostenible, la Rio+20, se han denunciado ante la OEA los intentos de procesar activistas y defensores de derechos humanos con fabricación de hechos, solicitando la detención de 11 personas. Se solicitó una orden de arresto en una corte local, por supuestos daños materiales a la constructura, bajo los cargos de daño a la propiedad, robo, incendio, y alteración del orden publico. Algunos de los acusa¬dos son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades e ignorar los derechos humanos y ambientales de los afectados, cuya resolución solicitó medidas especiales para proteger los derechos de 12 comunidades indígenas, la cual no ha sido seguida por el gobierno.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elpais.com.uy/110904/pinter-591075/internacional/mega-

hidroelectrica-enf renta-a-brasil/

http://www.redlar.org/noticias/2011/9/5/Noticias/Mega-hidroelectrica-

enfrenta-a-Brasil/

http://www.internationalrivers.org/resources/amazonian-

indigenous-leaders-call-for-suspension-of-construction-licen-

se-for-belo-monte http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/

sociedad/040nlsoc http://www.adital.com.br/jovern/noticia_imp.

asp?lang=ES&img=S&cod=68338 http://desinformemonos.

org/2012/03/belomonteimagenesdelaresistenciaalahidroelectrica/

http://www.xinguvivo.org.br/ http://translate.googleusercontent.com/

translate_c?act=url&depth=2&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=transla

te.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.xinguvivo.org.br/&usg=

ALkJrhg8sULFShYhCXqLezkunOYWUMxJ2w

http://www. survival.es/ http://www.ecoportal.net/content/view/

full/99971/"

14.-PRESA TELES PIRES

BRASIL. ESTADOS DE PARÁ( JAC AREACANGA) Y MATO

GROSSO(PARANAÍTA)

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

Las Sete Quedas del río Teles Pires, que corre entre los estados amazó¬nicos de Mato Grosso y Para, en el centro de Brasil, culturalmente tie¬nen mucha significación para los indígenas kayabi, es un área sagrada porque ahí está la madre creadora y es donde desovan los peces; por lo cual, consideran que es un lugar que los humanos no deberían tocar por ser la morada del dios responsable del equilibrio natural.

Descripción del conflicto:

La firma federal brasileña de planificación energética, EFE, presen¬tó un estudio de impacto ambiental (El A), a IB AMA para el proyecto hidroeléctrico utilizando el agua del río Teles Pires. Pese a que EFE afirma que el proyecto no compromete áreas protegidas ni territorios indígenas, los pueblos indígenas Kayabi y Apiaká expresan su desacuer¬do, al no ser consultados previamente según Convenio 169 OIT La obra estuvo suspendida, pero en abril de 2012, fue retomada con las medidas de cumplimiento de las condiciones, incluidas las medidas compensa¬torias por falta de consulta previa a los afectados por el proyecto. Sin embargo, la empresa concesionaria Teles Pires enfrenta una batalla judicial para finalizar las obras, contando ya con varios fallos de para¬lización de construcción, siendo el ultimo en agosto de 2012 cuando el Tribunal Regional Federal ordenó suspender las obras, pero tras una apelación de la Procuraduría general y el IBAMA, el 14 de marzo fue levantada la suspensión.

Actores en pugna:

La obra colisiona con las creencias, costumbres y tradiciones de los kayabis, mundurukús y apiakás (en total unas 12.000 personas), y en su imposición ha estado implicada IBAMA con la empresa concesio¬naria, Companhia Hidrelétrica Teles Pires. Los pueblos afectados son asesorados por el Instituto de Estudios Socioeconómicos, cuentan con la solidaridad de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, del movimiento de los afectados por las represas (MAB), y tienen como plataforma de lucha "Teles Pires Vivo", que reúne a las entidades pre¬sentes en la lucha contra las represas en la región.

Criminalización social:

Los indígenas Kayabi, Munduruku Apiaká que han sido objeto de amena¬zas después de que el Tribunal Federal decidió reactivar la construcción de la hidroeléctrica Teles Pires I, en la región de Alta Floresta.

Fuentes electrónicas de información

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101398 http://www.estadao.com.

br/noticias/nacional,indios-na-regiao-da-hidreletrica-de-teles-pires-es-

tao-sofrendo-ameacas-diz-mpf,856638,0.htm http://www.bnamericas.

com/news/energiaelectrica/EPE_presenta_EIA_para_hidroelectrica_

Teles_Pires_y_actualiza_Foz_do_Apiacas

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/ http://www.pidhdd.org/v3/index.

php?option=com_content&view=article&id=2067:v-forum-pan-ama-

zico-concentra-discusiones-en-torno-de-la-cuesti-ambiental&catid=l

:noticias&Jtemid=62 http://www.pensamientocritico.org/rauzib0511.

htm http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/

Brasil_Movimentos_sociais_repudiam_Medida_Provisoria_que_di-

minui_areas_protegidas_na_Amazonia http://otramerica.com/temas/

quien-quiere-matar-al-tapajos/503 http://www.correiobraziliense.com.

br/app/noticia/brasil/2012/08/15/interna_brasil,317277/obras-da-com-

panhia-hidreletrica-teles-pires-estao-mantidas-decide-trfl.shtml

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-10/obras-da-hidreletri-

ca-teles-pires-sao-retomadas

15.CENTRAL HIDROLÉCTRICA "NELTUME" CHILE. REGIÓN DE LOS RÍOS

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:

Las comunidades mapuche que habitan Lago Neltume, desde 2007 han experimentado conflictos que se relacionan con los proyectos de Endesa-Enel, cuando comenzó los trabajos de campo para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de dos proyectos: "Central Hidro-léctrica Neltume" y "Línea de Alta Tensión Neltume-Pullinque".

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Endesa Chile En Oposición: Comunidades In-dígenas y Campesinas Lago Neltume. Criminalización social:

Si.Presencia policial permenente en las comunidades mapuche, alla-namientos, amenanazas de muerte a ls indígenas que se opongan al proyecto hidroeléctrico, hostigamiento constante.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8155 http://www.mapuex-press.net/content/news/print.php?id=8636 http://www.mapuexpress. net/content/news/print.php?id=8606 http://radio.uchile.cl/noti-cias/151523/

http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.mx/2013/02/chile-el-neltume-en-peligro-por-una.html

http://nacional.biobiochile.cl/notas/2012/12/17/comunidades-mapuche-presentan-informes-para-detener-construccion-de-central-hidroelec-trica-neltume. shtml

http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/lago-neltu-me-paraiso-bajo-amenaza-de-endesa.html

16.TERMOELÉCTRICA

CHILE. HACIENDA DE CASTILLA, SECTOR COSTERO DE PUNTA

CACHOS, A 80 KM DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El proyecto comenzó con el intento de la empresa brasileña MPX de instalar en 600 hectáreas de la Hacienda Castilla una termoeléctrica a base de carbón y petróleo, desde 2009 se suscitaron las primeras protestas, pues se ponía en peligro la vida y actividad económica de las comunidades aledañas y la biodiversidad de la zona (tortugas marinas, pingüinos y diversas aves propias de la región); hubieron reuniones de las autoridades locales con la empresa para especificar aspectos sobre el impacto ambiental del mismo que no estaban claros. La comunidad de Totoral también se pronunció en contra del proyecto y promovió con otras organizaciones la firma de un compromiso para evitar que el pro¬yecto prosperara. A finales de 2009, la comunidad de Totoral se reunió con la Comisión Nacional de Medio Ambiente, a cuyos funcionarios se presentó el por qué de la negativa a la termoeléctrica. A principios de 2010, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama señaló como contaminante el proyecto. Durante todo 2010 las protestas de la comunidad y de asociaciones regionales en contra del proyecto de MPX continuaron, la revisión del mismo se estuvo turnando entre la CONAMA, la COREMA de Atacama y la de otra región; las resoluciones fueron variando, pero a principios de 2011 se aprobó el proyecto, lo cual desató aun mayores manifestaciones; sin embargo, la postura del gobierno continuó siendo de aprobación. Los senadores por la región continuaron gestionando la cancelación desde sus instancias, desde marzo de 2011 se solicitó al Contralor General de la República que revisara el procedimiento, pues señalaban anomalías en el proceso de aprobación. Las comunidades afectadas presentaron quejas y recursos de protección frente a la aprobación del proyecto; no obstante, el proce¬so seguía en marcha y MPX se unió con una empresa alemana para la generación de electricidad en Brasil y Chile. La lucha contra el proyecto continuó durante todo 2011 y 2012, el conflicto llegó a la Corte Suprema y se manejó la existencia de presiones políticas sobre el proceso judicial. En meses anteriores se había escrito a la empresa alemana, quien en su país recibió un cuestionamiento público por participar en el proyecto en Chile. En julio de 2012 se buscó la concilianción entre la empresa y la comunidad, pero ésta no estaba dispuesta a poner precio a cambio de la instalación de la termoeléctrica; como no se logró la conciliación se declaró que la Corte Suprema debía dar un fallo al respecto. A finales de agosto de 2012, la Corte emitió el fallo y rechazó la construcción de la central termoeléctrica, prevaleciendo los intereses de la comunidad sobre los de la empresa.

Actores en pugna:

La empresa MPX, propiedad del brasileño Eike Batista, la empresa ale¬mana E. ON que se sumó al proyecto. La comunidad de Totoral y las au¬toridades regionales y estatales, quien tuvo el poder para tomar la última decisión respecto al proyecto fue la Corte Suprema de Chile.

Criminalización social:

Hubo represión durante las protestas en contra de la construcción de la

Central Castilla, las cuales resultaban en detención de personas.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/oca/chile/termoelectricas/termoelectrica-castilla-crono-

logia-del-conflicto.pdf

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102286 http://www.lanacion.cl/

prontus_noticias_v2/site/artic/20090223/pags/20090223192109.html

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/08/29/chile-re-

chaza-construccion-castilla-mpx-revalua-su-estrategia http://www.elciudadano.cl/2011/02/26/32682/protesta-por-aprobacion-de-central-castilla-incidentes-y-represion/

17.COMPLEJO HIDROELÉCTRICO "ALTO MAIPO" CHILE. REGIÓN METROPOLITANA

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

El proyecto generaría importantes consecuencias en la cuenca del río Maipo y en la distribución de agua potable para cerca del 80% de la región Metropolitana, además de afectar la producción de materiales de construcción y hortalizas, actividades económicas que se realizan en la zona.

Descripción del conflicto:

La Empresa Norteamericana AES CORPORATION pretende instalar en el Cajón del Maipo un complejo hidroeléctrico (Alto Maipo) que afectaría irreversiblemente los ecosistemas cordilleranos, las estructu¬ras económicas y sociales de la zona y una serie de servicios que esta cuenca presta a Santiago, como por ejemplo, la disponibilidad de agua potable de gran parte del consumo consuntivo de la Capital. El año 2011 Aguas Andinas, empresa responsable de asegurar el abastecimiento de agua potable para la capital del país, firmó un contrato secreto con Aes Gener, donde compromete parte del agua más limpia que posee Santiago para la eventual generación eléctrica de estas centrales. El estado actual del proyecto es que ahora AES GENER solo ha realizado trabajos preliminares, como construcción de caminos y colocación de postes

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: empresa norteamericana AES Gener, Gobier¬no Chileno. En Oposición: Agrupación ciudadana en defensa de los rios del Cajón del Maipo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), coordi¬nación de las organizaciones de Puente Alto , Coordinadora Ciudadana Ríos de Maipo

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.riosdelmaipo.cl/ http://www.aesgener.cl/aesgenerwebneo/ index.aspx?channel=6400 http://radio.uchile.cl/noticias/157004/ http://radio.uchile.cl/noticias/157004/

http://www.lanacion.cl/aludes-en-san-jose-de-niaipo-ambientalistas-advierten-por-hidroelectrica/noticias/2013-01-22/155654.html

18.HIDROELÉCTRICA

CHILE. RÍO ACHIBUENO, REGIÓN DE MAULE, LINARES.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

Puede considerarse que existe despojo de tierras, pues se pretende secar el 60% del cauce del río, despojando de él a los habitantes de las cerca¬nías, cuyas actividades están muy vinculadas al río Achibueno.

Descripción del conflicto:

En marzo de 2009 se presentó el proyecto de la Hidroeléctrica Electro Austral, que consistiría en la construcción de dos centrales hidroeléc¬tricas (El Castillo y Centinela) en el cauce del Río Achibueno. Se trata de un proyecto singular porque no utiliza represas, sino que desvía una parte del caudal del río (cerca de 44 km) con la utilización de túneles, que cuando se llenan dejan caer el agua por un sistema de tuberías y turbinas para la generación de energía. La oposición al proyecto está representada por varias organizaciones y por los municipios de Linares y Longaví, y se fundamenta en que es un área de conservación, tiene importante actividad turística y afectaría la actividad económica, des¬truiría el habitat de gran cantidad de peces, se depositarían escombros en el río y los bosques del rededor serían destruidos. Desde un principio ha habido protestas sociales en contra del proyecto, sin embargo, el 20 de julio de 2012 fue aprobado la construcción de las hidroeléctricas. El 86% de la población de Linares se oponen a que el Río sea secado en el 60% de su cauce; pues se suma que ambas centrales son muy ineficien¬tes, incluso los senadores por la región se opusieron al proyecto. Los manifestantes consideran que la instalación de estas centrales tiene que ver con la próxima llegada de mineras canadienses y australianas a la región. Las autoridades municipales y organizaciones ambientalistas han acudido a instancias más altas para denunciar el proyecto, la últi¬ma información corresponde a septiembre de este año, la Contraloría señaló que debían presentar todo por escrito para comenzar la revisión del proyecto.

Actores en pugna:

La hidroeléctrica, propiedad de Isidoro Quiroga; las organizaciones Centro Cultural Bioecológico Salvemos el Río Achibueno, Juventud Vanguardista, Movimiento Defensa Río Achibueno, las autoridades municipales de Linares y Longaví, los senadores por esa región; y el gobierno central de Chile.

Criminalización social:

Entre las protestas se tomó durante 16 horas la gobernación de Linares, la cual terminó con 18 detenidos, que en su mayoría eran jóvenes. Desde que fue tomada la gobernación han tenido en promedio 15 detenciones por noche; a ello se suma que las manifestaciones han sido reprimidas de manera violenta, con gas lacrimógeno y balines de goma que lanzan directamente al cuerpo de los manifestantes. Incluso se han detenido a menores de edad y se les ha imputado por delitos de desorden público.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 102295

http://www.lanacion.cl/nuevo-cacerolazo-en-linares-en-protesta-por-

centrales-en-rio-achibueno/noticias/2012-07-23/212249.html http://

www.proyectoambulante.org/?p=23845 http://salvemosachibueno.wor-

dpress.com/porque-decimos-no/ http://radio.uchile.cl/noticias/162789/

http://www.veoverde.com/2010/09/rio-achibueno-en-la-mira-de-

hidroelectrica-centinela/ http://www.maulesurnoticias.com/msur/

index.php?option=com_content&view=article&id=1094:linares-nueve-

personas-formalizadas-por-incidentes-en-protestas-por-centrales-del-

achibueno

19.-TERMOELÉCTRICA CHILE. LARAQUETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN

BIOBÍO.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierra: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

En enero de 2010 South World Business, presentó al Sistema de Eva¬luación una declaración de impacto ambiental y no un estudio, para la instalación de una planta termoeléctrica a base de carbón y biomasa a 3 km al sur de Laraquete, en el Complejo Industrial de Horcones.

Desde un principio los habitantes de la región, de las comunas Tirua, Cañete, Contulmo y Arauco de la Provincia de Arauco no estuvieron de acuerdo con la construcción de la planta. Argumentaron, apoyados por organizaciones ambientales (Laraquete Sustentable), que el pro¬yecto afectaba la vida turística de la región, depositarían los residuos en el río, no era verdad que generará empleos para los habitantes de Laraquete, pues requiere mano de obra especializada; y además, no existía un estudio de impacto ambiental. De 2010 a 2012 ha habido manifestaciones en contra del proyecto, se acudió a las instancias gu¬bernamentales correspondientes, pero los recursos legales no fueron respaldados, ocasionando más protestas. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Biobío en diciembre de 2011 sin estudio de impacto ambiental, sólo con declaración; esta deci¬sión fue muy criticada por los pobladores y autoridades de Laraquete, ya que se realizó sin el alcalde de Arauco ni los afectados, pero sí con la participación de accionistas del proyecto. Sin embargo, a finales de agosto de 2012 el Tribunal de la Corte de Apelaciones de Concepción declaró ilegal la resolución de aprobación del proyecto de la Comisión de Evaluación Ambiental de Biobío.

Actores en pugna:

La empresa South World Business, los habitantes de Laraquete, la or-ganización Laraquete Sustentable y las autoridades ambientales regio¬nales.

Criminalización social:

Registro de represión violenta de las protestas, con golpes, bombas de

humo y personas detenidas.

Fuentes consultadas:

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102266 http://www.biobiochile.

cl/2011/12/14/manifestantes-contra-proyecto-termoelectrico-pirque-

nes-se-enfrentan-con-carabineros-en-concepcion.shtml http://resu-

men.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5620:vecin

os-de-laraquete-continuan-la-lucha-contra-termoelectrica-pirquenes

&catid=28:concepcion&Jtemid=71 http://www.nuestrobiobio.cl/word-

press/2011/01/laraquete-marcho-en-contra-de-la-termoelectrica/

http://www.veoverde.com/2012/08/chiletermoelectrica-pirquenes-

rechazada-en-tribunales-por-arbitraria-e-ilegal/

http://www.cccardenista.net/radio/vecinos-de-laraquete-continuan-la-

lucha-contra-termoelectrica-pirquenes/

20.-HIDROELÉCTICA "HYDROAYSEN"

CHILE. REGIÓN DE AYSÉN.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:

HidroAysen es un proyecto que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur de Chile. El proyecto fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por autoridades del Gobierno de Sebastián Pinera. La decisión fue tomada por 11 consejeros, de los cuales 10 fueron votos a favor y sólo 1 fue abstención. Dicha decisión fue repudiada por un eleva¬do porcentaje de la ciudadanía chilena. Diversas huelgas se desarrollaron en todo el país luego de conocerse la noticia. Los principales detractores esperan iniciar acciones legales en contra del proyecto, y han asegurado que se masificarán las protestas organizadas. Toda la planificación del proyecto no estuvo exenta de una fuerte crítica por parte de los sectores ambientalistas, así como de habitantes de la Región de Aysén y de todo el resto de Chile. En abril de 2011, el proyecto HidroAysen ya contaba con un rechazo creciente del 61% por parte de la ciudadanía, a pesar de la enorme campaña publicitaria que han realizado los responsables para revertir, sin éxito, estos resultados. Luego de aprobado el proyecto, el mismo mes este porcentaje de rechazo aumentó a un 74%.E1 4 de abril de 2012 la Corte Suprema de Chile falló a favor del proyecto de centrales hidroeléctricas, desestimando los recursos presentados por grupos ambientalistas; final¬mente se espera como resolutivo una ley que dé un fallo al respecto.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Hidroaysen, Gobierno Chileno, las carteras de Energía, Minería, Agricultura, Salud y Economía. En Oposición: Campaña Internacional Patagonia Sin Represas.

Criminalización social:

Represión, violencia y detenciones desmedidas en jornadas de protesta contra Hidroaysen por parte de carabineros de chile. Seguimieno y espio¬naje a integrandes del grupo opositor al proyecto "Patagonia sin represas".

Fuentes electrónicas de información

http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/ http://www.biobiochile. cl/2011/05/09/organizan-diversas-protestas-en-el-pais-por-aprobacion-de-hidroaysen.shtml

http://www.biobiochile.cl/2011/05/10/batalla-judicial-anticipan-detrac-

tores-de-hidroaysen.shtml

http://diario.latercera.com/2011/05/15/01/contenido/reportajes/25-

69083-9-74-rechaza-hidroaysen.shtml

http://www.hidroaysen.cl/

http://www.ecosistemas.cl/1776/article-87015.html http://www.bio-

biochile.cl/2011/05/13/amnistia-internacional-expresa-preocupacion-

por-represion-policial-en-protestas-contra-hidroaysen.shtml http://

cumbrechile2013.org/taller-patagonia-sin-represas-vs-hidroaysen-en-

la-cumbre-de-los-pueblos/ http://radio.uchile.cl/noticias/186521/

21.TERMOELÉCTRICA

CHILE. CHUNGUNGO, COMUNA LA HIGUERA, PROVINCIA DE

ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En el contexto del terremoto ocurrido en Chile y del cambio de admi-nistración presidencial a principios de 2010, se planteó en Chile la cons-trucción del proyecto energético Barrancones, se trataba de una central termoeléctrica en la caleta Chungungo, al sur del pueblo de Punta de Choros, en la Región de Coquimbo. Entre las promesas de Pinera estuvo no comprometer el ambiente por la construcción de termoeléctricas, lo que ocasionó que con la pretensión de la empresa franco-belga Suez Energy la gente saliera a manifestarse a las calles en contra del pro¬yecto. En agosto de 2010 el proyecto fue aprobado por la COREMA de Coquimbo, decisión apoyada por el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, desatando de nuevo las manifestaciones, pues se ponía en peligro la biodiversidad de la reserva de Punta Cho¬ros, particularmente en reserva de Pingüinos. Debido a las demandas, a finales de mes, Pinera aceptó la amenaza a la biodiversidad y dijo haber acordado con la empresa cambiar la ubicación del proyecto; sin embargo, finalmente la Suez Energy no vio conveniencia en el cambio de ubicación y decidió cancelar el emprendimiento.

Actores en pugna:

El gobierno de Sebastián Pinera y las autoridades competentes; la em¬presa Suez Energy, las comunidades afectadas y en general la sociedad chilena que se opuso al proyecto.

Criminalización social:

Las manifestaciones en contra de la termoeléctrica fueron reprimidas vio-lentamente por el Estado Chileno a través de sus Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron usados carros lanzaaguas y gases lacrimógenos.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/oca/chile/region04/mineras029.htm

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/08/24/varios-detenidos-

en-protesta-ciudadana-contra-la-termoelectrica-barrancones/

http://olca.cl/oca/desertificacion/informe082.htm

http://olca.cl/oca/chile/region04/mineras024.htm

http://web.ing.puc.cl/~power/alumnolO/barrancones/analisis.htm

http://web.ing.puc.cl/~power/alumnolO/barrancones/analisis.htm

http://www.infolatam.com/2010/08/25/chile-critica-aprobacion-pro-

yecto-termoelectrico/"

22.CONTAMINACIÓN DE AGUA

CHILE. ESTERO LAS CRUCES, QUILICURA, REGIÓN

METROPOLITANA DE SANTIAGO.

Inicio del conflicto: 1989

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En 1989 el gobierno chileno permitió la instalación de industrias en la Región Metropolitana, lo que dio lugar al surgimiento de un parque industrial. Todos los residuos de las empresas que ahí se instalaron, vaciaban todos sus residuos en el Estero Las Cruces. Desde entonces se generaron afectaciones ambientales (muerte de fauna) y a la salud de las comunidades afectadas. Se daño la economía de las comunidades aledañas porque se prohibió la venta de los productos regados con estas aguas. Durante la década del noventa las autoridades locales realiza¬ron análisis para determinar la contaminación del lugar, se concluyó que el agua estaba intoxicada con coliformes fecales, materia orgánica biodegradable, sólidos en suspensión, sustancias orgánicas no cuantificadas como tinturas o anilinas, toxinas, pesticidas, etc. La muerte del estero se declaró en 2000, año en que se inició una demanda contra las empresas por daño ambiental, donde las demandadas eran EXPLOTA¬CIONES SANITARIAS S.A., SOCIEDAD ALIMENTOS GOLONDRINA LIMITADA (antes Gist Brocades), P Y P TINTORERÍA INDUSTRIAL S.A. y CERVECERÍAS CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA. La demanda no ha prosperado, se puso en 2000 y lleva más de 10 años en espera, no hay resoluciones. Se han realizado protestas, pero sólo han tenido como resultado la represión.

Actores en pugna:

Las empresas contaminantes que están incluidas en la demanda. El gobierno chileno, que no ha hecho nada por solucionar el problema ambiental. Las comunidades de Quilicura, que padecen todas las afec¬taciones. Las organizaciones ambientales que apoyan a la comuni¬dad.

Criminalización social:

Los carabineros han reprimido violentamente, incluyendo a mujeres y niños, a miembros del Comité Ecológico Pudahuel Aguas Claras cuando se manifestaban en contra de las empresas que contaminan el estero.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/oca/chile/pudah03.htm

http://www.olca.cl/oca/chile/pudah04.htm

http://www.olca.cl/oca/chile/pudah08.htm

http://www.olca.cl/oca/actos/texto01.htm

http://olca.cl/oca/legales/contes01.htm

http://www.olca.cl/oca/chile/pudah09.htm

http://www.olca.cl/oca/chile/pudahl2.htm

http://olca.cl/oca/legales/demand01.htm

http://www.olca.cl/oca/chile/regionmp/farfanaOO.htm

23.DESVIACIÓN DE RÍO.

COLOMBIA. RIO RANCHERÍA, LA GUAJIRA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

El territorio que naturalmente corresponde al cauce del río se utilizará dentro del proyecto carbonífero del Cerrejón, por lo que se preven des¬pojos de tierras.

Descripción del conflicto:

En el departamento de la Guajira, la empresa El Cerrejón (propiedad de las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American) pretende desviar el Río Ranchería en un tramo de 26 kilómetros para explotar 500 millones de toneladas de carbón. El proyecto se encuentra ubicado en una zona en la que residen varias comunidades indígenas, por lo que requiere de una consulta previa. "El Ranchería es el único río de los wa-yuu. La única corriente de agua que atraviesa este territorio ancestral dando vida a nuestra vida". Se quiere adelantar una "consulta previa" sin que El Cerrejón haya solicitado la licencia ambiental, lo cuál viola la ley, porque el artículo 12 del Decreto 1320 de 1998 dispone que las consultas previas deben realizarse después de que el interesado solicite la respectiva licencia ambiental y publique los estudios técnicos que sustentan el proyecto. No obstante se puede predecir que no hay forma de reemplazar el daño que se le haga al ecosistema con ningún habitat artificial siendo las consecuencias irreversibles; mover esta cantidad de tierra alteraría el paisaje y podría modificar la línea de costas del mar, según han afirmado geólogos conocedores del tema. Además, en una región donde existe tanta dificultad para contar con el agua, perder 30 millones de metros cúbicos no tiene precio según la ingeniera agróno¬ma Martha Ligia Castellanos.

Actores en pugna:

Comunidad: habitantes Guajira, indígenas Wayuu. Estado: Ministerio de minas y energía, Ministerio del Interior. Mercado: El Cerrejón (BHP Billiton, Xstrata y Anglo American)

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=37983:desvio-del-rancheria-debe-tener-bene-

placito-de-las-comunidades-presidente-de-cerrejon&catid=77:la-

guajira&Jtemid=420

http://notiwayuu.blogspot.com/2012/06/la-guajira-dice-no-al-desvio-

del-rio.htmlhttp://www.elheraldo.co/region/vale-la-pena-la-desvia-

cion-del-rancheria-por-los-beneficios-ofrecidos-73178

http://www.conlospiesporlatierra.net/?p=1293 http://www.eltiem-

po.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE-

RIOR-11933344.html

http://www.elpilon.com.co/inicio/el-desvio-del-rio-rancheria-amena-

za-a-la-poblacion-wayuu/

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-317964-trasteo-de-un-rio-guajira

24.- HIDROELÉCTRICA EL QUIMBO

COLOMBIA. GIGANTE, GARZÓN, ALTAMIRA, EL AGRADO, TESALIA,

PAICOL; DEPARTAMENTO DEL HUILA

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

Desplazamiento de trescientos sesenta y dos (362) familias (viviendas), residentes permanentes en el área que será cubierta permanentemente por la hidroeléctrica.

Descripción del conflicto:

Proyecto hidroeléctrico que implica el desvío del río Magdalena, ge¬nerando un cambio de la vocación agrícola de por lo menos 9.000 hectáreas de tierra altamente productiva, y que acarrearía -entre mu¬chos otros anunciados impactos ambientales- la sustracción de tres cuartas partes de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia y la destrucción del bosque nativo que crece en la zona aledaña a la rivera de un río considerado la arteria fluvial de Colombia. La seguridad y soberanía alimentaría del departamento se verá drásticamente afec¬tada debido a que la zona que será inundada que produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne, etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regio¬nal y nacional. Se utilizó además la excusa de que en esta zona no se registraron comunidades indígenas ni negras, que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico certificada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, aunque si hay numerosas comunidades campesinas. Las protestas aumentan cada día más.

Actores en pugna:

Mercado: Endesa (España), Emgesa (Colombia), Enel (Italia), Estado: Ministerio de Medioambiente y ministerio del Interior. Comunidad: Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (AsoQuimbo) y la comunidad en general.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.eltiempo.com/blogs/caidadelatorre/2012/02/el-quimbo-un-

gigante-egoista.php

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-debate-ambiental-

sobre-el-quimbo.html

http://www.lanacion.com.co/2012/07/16/aumenta-protesta-en-el-

quimbo/ http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo -

253288-preocupaciones-construccion-de-hidroelectrica-el-quimbo

http://www.icesi.edu.co/blogs/casohidroelectricaelquimbo/      http://

www. semana.com/nacion/quimbo -cara-cruz-misma-reali-

dad/173407-3.aspx     http://www.desdeabajo.info/component/k2/

item/19634-el-quimbo-mucho-m%C3%Als-que-energ%C3%ADa.html

http://otramerica.com/temas/el-quimbo-o-el-funesto-simbolo-del-

neodesarrollismo-en-colombia/1771

25.REPRESA DE ANCHIC AYA

COLOMBIA MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

VALLE DEL CAUCA.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:

La contaminación del agua causó daños a casi 6000 personas afrodes-cendientes de la región, sus plantaciones, hogares y actividades agro¬pecuarias

Descripción del conflicto:

A partir del 21 de julio de 2001 y durante más de un mes, la Empresa de Energía del Pacifico-EPSA S.A., de manera irresponsable, arrojó al Río Anchicayá más de 500.000 m3 de lodos putrefactos acumulados por más de 40 años en el embalse de la hidroeléctrica de Anchicayá. Las aguas con lodo no solo afectaron al río y los criaderos de peces o cultivos, sino a las comunidades afrodescendientes aguas abajo, que al no contar con una infraestructura adecuada de alcantarillado y vías de comunicación, sufrieron muchos daños por lo que demandan indemni¬zación. El agua mezclada con el lodo envenenado quedó imposibilitada para el consumo humano y para las especies de avifauna y flora de la cuenca, disminuyendo además notoriamente los insumos naturales para la medicina ancestral; la salud humana se deterioró drásticamen¬te, tanto física como síquicamente, dado el carácter de eje cultural e identitario del río. Pese a que el proceso legal lleva diez años, no se ha indemnizado a los afrodescendientes afectados, pues magistrados de la corte accedieron a la solicitud que hizo EPSA de declarar ilegal los estudios que ponían precio a los perjuicios. Con la decisión, revocaron el fallo que ordenó la indemnización que ordenó el Tribunal Adminis¬trativo del Valle en septiembre de 2009, por casi $160.000 millones.

Actores en pugna:

La trasnacional Emgesa, Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) el es¬tado colombiano; la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental en el departamento. Las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) fueron el Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, habitantes del corregimiento El Danubio, la Corporación Mar Pacífico, la Asociación Civil Pescomertil, la Asociación de Platane¬ras Las Tintoreras, el Consejo Comunitario de Sabaletas.

Criminalización social:

Las comunidades han denuncuado violación a los derechos humanos, debido a que han confirmado presencia de paramilitares y ejercito, los cuales han venido controlado su libre movilidad, impidiendo el ingreso de alimentos con la instalación de retenes, y realizando fumigaciones sin previa autorización en los territorios, hecho que viola también sus derechos económicos, culturales y ambientales. Debido a lo anterior, las comunidades de los concejos comunitarios del Río Arcicayá se en¬cuentran en una grave crisis alimentaria y sanitaria.

Fuentes electrónicas de información:

wwwyoutube.com/watch?v=eri9eKJLoZs, http://www.elespectador.

com/impreso/judicial/articulo-298539-anchicaya-sin-pescado-y-sin-

indemnizacion,

http://www.ecured.cu/index.php/R%C3%ADo_Anchicaya, http://www.

semana.com/nacion/caso-del-rio-anchicaya-fallo-trascendente-para-

medio-ambiente/175007-3.aspx, http://www.sindicatosporelagua.

org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:colomb

ia-informes-de-la-defensoria-del-pueblo-de-colombia-en-relacion-al-

derecho-al-agua&catid=28:marco-constitucionallegal&Itemid=45,

http://debatehidroituango.blogspot.com/2012/03/rios-vivos-informa-

boletin-no-12-marzo.html

http://justiciaambientalcolombia.org/2012/10/ll/corte-colombiana-

retrocede-en-reconocimiento-de-derechos-a-comunidades-negras-

afectadas-por-represa-bajo-anchicaya/

http://www.ele spectador.com/impre so/nacional/articulo -3 7696 6 -rio -

anchicaya-empezar-de-cero

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/rio-anchicaya-clama-por-mirada-autoridades

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-caso-del-rio-anchicaya-f alio -trascendente -para-medio -ambiente/2559 91 -3

26.HIDROELÉCTRICA URRÁIYII

COLOMBIA. ZONA DEL ALTO RÍO SINÚ, MUNICIPIO DE TIERRALTA

(DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA).

Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:

Hubo un desplazamiento de dos resguardos legalmente constituidos y de territorio ancestral del pueblo Embera Katío, que según legislación colombiana debió ser consultado antes de iniciar las obras. El proyecto hidroeléctrico Urrá inundó 7.400 hectáreas, afectó el resguardo indí¬gena del Alto Sinú y al Parque Nacional Natural de Paramillo, degradó los suelos, las ciénagas y en general los medios de vida en la parte baja de la cuenca del río en donde se asientan los campesinos.

Descripción del conflicto:

Se trata de la construcción de una hidroeléctrica multipropósito cuyo embalse alberga 77 km2. la zona fue declarada de utilidad pública por el gobierno colombiano, a pesar de que traslapaban resguardos y el Parque Nacional Natural Paramillo, para dar vía libre al proyecto en sus inicios. Se emplean diversas estrategias para debilitar la defensa del territorio por parte del pueblo indígena, entre ellas cvrear discor¬dias en su interior y debilitarlos, coyuntura que aprovecharon para hacer negociaciones muy irregulares. La empresa hace el preembalse y posterior a esto se lleva a cabo una consulta en septiembre de 2000. La consulta se hace con dos grupos indígenas, en espacios distintos y acuerdos diferentes. Un mes después se expidió la licencia y se ini¬ció el llenado del embalse. Es uno de los casos paradigmáticos en Colombia, la Corte Constitucionalmente se pronunció enfáticamente en favor del pueblo indígena afectado y desde todo punto de vista re¬chazó el procedimiento de dicho proceso, no obstante la obra estaba muy avanzada y solo obligó a una compensación permanente, pero la vulneración asu derecho al territorio fue flagrante y vergonzoso para el país. Pese a ello, actualmente se lleva a cabo el Proyecto Urrá II, sin haber indemnizado a los afectados por Urrá I, sin cumplir con licencias ambientales.

Actores en pugna:

Pueblos indígenas embera Katío del Alto Sinú, los resguardos de Kara-gabí e Iwagadó y por otra parte la empresa multipropósito Urrá S.A , Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía

Criminalización social:

Durante el impulso de la construcción de este megaproyecto hidroeléc¬trico los grupos paramilitares sembraron el terror, la muerte y deso¬lación a su paso, siendo desaparecidos, torturados y asesinados un significativo número de líderes sociales y comunitarios que denuncia¬ron y elevaron su voz de protesta frente a los múltiples perjuicios que generaría para la vida y cotidianidad de los sectores sociales más gol¬peados la puesta en marcha de Urrá I.Los indígenas asesinados Lucin-do Domicó, Alonso María Jarupia y a la cabeza de ellos Kimi Pernía Domicó fue desaparecido el 2 de junio de 2002 cuando luchaba por su pueblo Emberá Katio, en contra de la construcción de la represa, cuyo asesinato fue ordenado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Estos atropellos se llevaron a cabo con la anuencia de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente, que forzaron la llamada consulta y expidieron la licencia, a sabiendas que no se había realizado una real consulta previa.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.semana.com/nacion/quimbo-cara-cruz-misma-rea-

lidad/173407-3.aspx http://www.censat.org/ambientalistas/66/

Nacionales.html http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=elb-

20156068-20156068&x=20156154 http://www.urra.com.co/Localiza-

cion.php http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/

php/frame_detalle.php?h_id=5458

http://observatorioadpi.org/sos-embera-amenaza-hidroelectrica http://

alainet.org/active/19951&lang=es

http://elturbion.com/?p=1147

http://mingamadretierra.blogspot.mx/p/urra-ii.html

27.- HIDROELÉCTRICA HIDROITUANGO COLOMBIA. ITUANGO, ANTIOQUIA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Los desalojos empezaron el 16 de diciembre de 2010 en la finca San

Juan de Rodas, que ya es de propiedad del proyecto. Allí fueron desalojadas 24 personas de las playas del sector de Tenche, jurisdicción del municipio de Ituango, cuyos 19 ranchos fueron destruidos por la fuerza pública, el censo realizado en este sector no incluyó entre 10 a 12 personas.

Descripción del conflicto:

En la puesta en marcha del proyecto se han impuesto restricciones de ingreso a las playas del Rio Cauca zonas de trabajo de mineros ar-tesanales aún sin haberse aprobado la concesión, se han sumado de¬nuncias sobre desalojos, presiones de la fuerza pública y las empresas de seguridad privada que hay en la zona, se excluyeron también de consideraciones muchas otras actividades económicas que no han sido diagnosticadas por EPM Ituango ni lo fueron en su momento por Hi-droituango, lo que las dejo por fuera de toda posibilidad de compen¬sación social y económica: transportadores, jornaleros, mayordomos, caseras de las fincas vendidas, pescadores, comerciantes, agricultores, entre otros.

Actores en pugna:

Comunidad: Pobladores de Ituango y las zonas aledañas, Asohidroi-tuango y otras organizaciones sociales que se oponen al proyecto. Es¬tado: Gobernación de Antioquia y Gobierno municipal. Mercado: EPM Ituango

Criminalización social:

La persecución que se ha gestado desde la gobernación de Antioquia con el propósito, según este ente administrativo, de impedir que perso¬nas oportunistas entren a las playas con el ánimo de ser beneficiadas económicamente por Hidroituango, llegando a criminalizarlas mediá¬ticamente como "delincuentes y avivatos". El propio Secretario de Go¬bierno del departamento, Santiago Londoño, insinúa que hay "familias farianas" y que el mayor problema en Ituango son las redes de apoyo a las Farc, haciendo señalamientos arbitrarios.

Fuentes electrónicas de información:

http://censat.org/ir-a-biblioteca-virtual/category/14-audios http://panel-itinerante.censat.org/ http://periferiaprensa.org/index. php?option=com_content&view=article&id=637:hidroituango-el-motor-de-despojo-para-las-comunidades-mineras&catid=90:contra-el-despojo&Jtemid=134 http://www.caracol.com.co/noticias/ regional/ituango-antioquia-se-debate-entre-el-miedo-y-la-desprotec-cion/20120529/nota/1696211.aspx http://debatehidroituango.blogspot. com/2012/06/denuncias-en-contra-de-hidroituango.html http://www.hidroenergia.net/index. php?option=com_content&view=article&id=19 8:hidroituango-la-central-de-antioquia&catid=l:ultimas&Itemid=50

28.PROYECTO HIDROELÉCTRICO. REPRESA EL QUIMBO. COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, GARZÓN, GIGANTE, TESALIA, PAICOL Y AGRADO.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

Oficialmente se habla de procesos de compra de predios y reubica¬ción de familias, pero se han denunciado desalojos de la población sin garantías de reubicación. Esto sin contar que los procesos de reubi¬cación anunciados provocará nuevos procesos de desplazamiento de población. Con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento fueron expulsados del lugar, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas. Cerca de 400 personas, muchas de las cuales son grupos familiares que viven de la pesca, fueron sacadas a la fuerza del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La obra ocupará un área de 8.500 hectáreas y comprome¬terá territorios de seis municipios

Descripción del conflicto:

El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo construido por Emgesa tiene proyectada la construcción de un embalse con un volumen útil de 1.824 hm3 y un área inundada de 8.250 ha. Para lo cual se viene adelantando la desviación del cauce del río Magdalena, uno de los principales ríos de la región andina del país y un cambio drástico de uso del suelo y del paisaje. La construcción del embalse significa el fin de la producción agrícola en la zona prevista para ser inundada, cientos de campesi¬nos, propietarios y jornaleros quedan sin trabajo y muchos pescadores del río Magdalena también se verán afectados, dadas las inevitables afectaciones sobre el recurso íctico como consecuencia del desvío del río Magdalena, aún ni siquiera han sido calculadas. La Asociación de afectados por el Quimbo, Asoquimbo, reclama que se debe suspender la licencia ambiental hasta tanto no se amplíe y actualice el censo de los afectados por la obra y se realicen los estudios científicos relacionados con el diagnóstico ambiental de alternativas, la valoración económica de los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales, de ries¬go sísimico y geotécnico, que según la Asociación no se han realizado de la manera adecuada. Es contradictorio que ante los estrados inter¬nacionales el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos se muestre respetuoso de los derechos humanos, pero en la práctica las comunidades afrontan la imposición a sangre y fuego de proyectos como la hidroeléctrica del Quimbo, y en medio de las manifestaciones pacíficas de la población, se imponga la desviación del río Magdalena para favorecer los intereses del capital nacional y extranjero, en éste caso particular del consorcio de la compañía.

Actores en pugna:

Pobladores civiles, campesinos e indígenas (municipios de Altamira,

Garzón, Gigante, Tesalia, Paicol y Agrado), Asociación de Afectados

por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ong's am¬

bientalistas mundiales, mingas ambientalistas. La

empresa Emgesa, Emerald Energy, Endesa y el estado a través de la

policía,Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ejer¬

cito y el esmad (escuadrón anti disturbios).

Criminalización social:

Hasta el momento no se han presentado asesinatos de líderes de las comunidades que se oponen al proyecto, sin embargo, se ha reprimido la protesta y se ha afirmado que en las marchas hay incluso participa¬ción de las FARC, lo cual resta legitimidad a dichas manifestaciones. El desalojo, que dejó tres heridos, uno de ellos el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón, quien según reporte del Hospital Univer¬sitarios de Neiva perdió su ojo derecho, se lleva a cabo tras mes y medio de protesta de la comunidad huilense afectada de manera directa por el proyecto El Quimbo y tras una frustrada acta de acuerdos y compromi¬sos, firmada el pasado 17 enero y dilatada de manera perversa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-253288-pre-

ocupaciones-construccion-de-hidroelectrica-el-quimbo http://www.

semana.com/nacion/articulo/protesta-contra-hidroelectrica-el-quim-

bo-deja-25-heridos/262901-3 http://www.elespectador.com/impreso/

nacional/articulo-334493-seguimiento-los-30-acuerdos-de-el-quimbo

wwwyoutube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA,

wwwyoutube.com/watch?v=qNoLrLaKXSU,

www.proyectoelquimboemgesa.com.co/,

www.ocecolombia.com/2012/03/represa-del-quimbo.html,

wwwyoutube.com/watch?v=v_SEIWciCDs

29.-HIDROELÉCTRIC A "EL DIQUIS" COSTA RICA. CAJÓN DE BORUCA

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

La construcción de la hidroeléctrica provocaría la inundación de diez

comunidades indígenas.

Descripción del conflicto:

En 2007, el gobierno de Costa Rica mediante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), declaró El Diquis como proyecto de interés na¬cional. Desde entonces, los habitantes de la zona se han opuesto a la construcción de la Presa hidroeléctrica porque una de sus principales consecuencias sería la inundación de por lo menos diez comunidades aledañas. En 2011, la ONU intervino para observar el desarrollo del conflicto, la respuesta del gobierno fue el anuncio de la desocupación, sin embargo, esto no ha ocurrido. La población indígena del pueblo de Térraba, exige el respeto a su forma de vida y al ecosistema del lugar, no obstante, el gobierno insiste en hacer plebiscitos pese al profundo rechazo social. Al respecto, Pablo Sibar líder comunitario del Grupo de los 12, ha declarado que se han sufrido presiones del gobierno costarri¬cense, falta de garantías y violación de derechos para aceptar el proyec¬to hidroeléctrico en su territorio; lo anterior demuestra que el ICE no abandona los planes de construcción de la hidroeléctrica.

Actores en pugna:

La población indígena del pueblo de Térraba y el Instituto Costarricense

de Electricidad (ICE).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.redlar.org/noticias/2011/10/21/Comunicados/Declaran-no-grato-al-proyecto-Hidroeléctrico-el-Diquis/ http://www.latindex.ucr. ac.cr/reflexiones-90-2/rfx-90-2-01.pdf

http://www.nacion.com/2012-05-03/ElPais/ice-apuesta-a-proyecto-el-diquis-pese-a-consulta-indigena.aspx

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/l/65763 http://www. elnuevodiario.com.ni/internacionales/100224 http://olca.cl/articulo/ nota.php?id=101942

http://www.pozol.org/Ppage_ict3338 http://www.elpregon.org/v2/

costarica/ambiente/3227-hidroelectrica-diquis-arrasaria-tierras-de-

indigenas-

http://www.nacion.com/2011-07-14/Opinion/ilegalidades-del-proyecto-

hidroelectrico-diquis.aspx

http://www.mesaindigenacr.org/noticias/8-represa-hidroelectrica-el-

diquis-viola-derechos-de-los-pueblos-indigenas

http://www.diplomaciaindigena.org/2012/12/en-costa-rica-

lidere sas-indigenas -se -oponen-a-proyecto -hidroeléctrico -

%E2%80%9Cdiquis%E2%80%9D/

30.-REPRESA

ECUADOR. RÍO GRANDE, MANABÍ.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

La población opositora ha sido sometida a desplazamientos. El caso de

Alfredo Zambrano es emblemático.

Descripción del conflicto:

Río Grande es una zona de bosque tropical húmedo. La actividad del campo tiene un alto nivel de productividad, ocupa a más de cuatro mil personas y se estima en cerca de 20 millones de dólares anuales su aportación a la economía local de Chone. La compañía china Tiesiju ha construido un muro que impide el paso de campesinos, transporte pasajeros y mercancías como los alimentos para consumo local y na¬cional. Los trabajos ya han comenzado y numerosa maquinaria ya está removiendo la vegetación. Mientras tanto, el presidente Rafael Correa argumenta que sólo "unas pocas familias se oponen" y que las "tensio¬nes" con la población han bajado, aunque la realidad y los testimonios indican más bien todo lo contrario. Pretende inundarlo todo y está ace¬lerando los trabajos, según reportes de la prensa local.

Actores en pugna:

Gobierno de Rafael Correa, élites nacionales y capital trasnacional a

favor del proyecto.

La población afectada, principalmente la rural, campesina e indígena,

cuestiona profundamente el modelo.

Criminalización social:

En 2011, los pobladores de Río grande que se manifestaron en oposición al proyecto fueron violentados, detenidos y heridos. Posteriormente, Rafael Correa decretó militarizar la zona de Río Grande declarándola "Zona de Seguridad Nacional", justificando la ocupación mediante la fuerza pública de la zona.

Fuentes electrónicas de información

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=433%3Ario-grande-y-la-resistencia-de-sus-pobladores-al-megapro-

yecto-multiproposito-chone&Jtemid=57

http://www.iagua.es/noticias/ecuador/12/ll/07/avances-en-los-traba-

jos-en-la-represa-del-rio-grande-en-ecuador-23113

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101209 http://www.

eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/237497-trabajos-en-la-repre-

sa-rio-grande-siguen-con-normalidad/

31.REPRESA HIDROELÉCTRICA

ECUADOR. PROVINCIA DE LOS RÍOS ENTRE LOS AFLUENTES BABA

YTAOCHI

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:

El represar las aguas de los ríos Daule y Peripa provocó la formación de un gigantesco embalse que inundó cerca de 27.000 hectáreas . El embalse, es la laguna artificial más grande del Ecuador, el 80 por ciento de las familias afectadas por esta megaobra, que dejó sumergidas tie¬rras excelentes para la producción alimentaria y desmembró familias que llevaban décadas en su producción campesina o como pescadores artesanales, no cuenta con energía eléctrica en sus viviendas.

Descripción del conflicto:

Daule Peripa es la represa más grande de Ecuador y su embalse redujo el campo de labores familiares, más del 50 por ciento de los desplazados aún no han recibido indemnización a pesar de contar con 24 años de cons¬truida la represa, la población tuvo que emigrar a causa de la creciente de agua que inundó sus tierras, o por la quema de las plantas, causadas por el espejo de agua, como consecuencia de errores de cálculo de los técnicos y por haberse realizado sin contar con un estudio de impacto. De acuerdo al informe de la CAIC, después del llenado del embalse, 14.965 campesinos residentes de ocho poblados ubicados en el área inundada, fueron obliga¬dos a abandonar sus tierras y en total 63 comunidades quedaron aisladas.

La reparación integral que demanda el Comité de Integración Unitaria, incluye créditos a la promoción de la producción alimentaria campesina y sustentable, la construcción de escuelas, el servicio público de "gabarras" para cruzar los ríos con sus muías de carga y un servicio médico que con¬trole la proliferación de enfermedades que la presa ha intensificado con su almacenaje de aguas estancadas.

Actores en pugna:

La comisión para el desarrollo de la cuenca del río Guayas, CEDEGE, Gobierno Ecuatoriano. Las comunidades afectadas, que incluyen dos afroecuatorianas (La Ceiba y Corriente Grande) que se encuentran asentadas en el área de inundación. Sumadas a estas personas se en¬cuentran las numerosas comunidades que viven aguas abajo del pro¬yecto y que se verán afectadas por la disminución de los caudales del río Baba, y El Comité de Integración Unitaria de los Afectados por la Represa Daule Peripa.

Criminalización social:

El 20 de junio de 2005, Andrés Arroyo, un líder comunitario , fue asesi¬nado y su cuerpo fue arrojado al Río Baba . Unos días antes de su muer¬te, Arroyo visitó a la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU) en Quito para pedir su apoyo e iniciar acciones en contra del proyecto. Actualmente se ha denunciado al gobierno de Rafael Correa de buscar silenciar el descontento social, a través de demandas jurídicas contra líderes ambientalistas.

Fuentes electrónicas de información http://casobaba.blogspot.com/,

http://dev.aida-americas.org/sites/default/files/INFORMEREP5Aba-ba_0.pdf http://www.radiomundoreal.fm/Usurpacion-y-promesas-huecas http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes &id=162&view=showcanal&Jtemid=27

32.HIDROELÉCTRICA "COCA-CODO SINCLAIR" ECUADOR. SUCUMBÍOS Y ÑAPO.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

16 familias desplazadas del área aún no reciben indeminización por las tierras que abandonaron. Hay otras familias que se prevé deberán abandonar el área a medida que los trabajos avancen.

Descripción del conflicto:

La construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair cuen¬tan con 20% de avance, abastecería 1.500 MW/año a las ciudades de Quito y Nueva Loja. Su construcción incide sobre una superficie de aproximadamente 40.000 hectáreas caracterizadas por alto riesgo vol¬cánico (El Reventador) y la ocurrencia de deslaves. Afecta además a superficies de bosques protectores donde viven productores campesinos que exijen una indemnización justa por sus tierras y al Parque Nacional Sumaco. Otras comunidades -como el pueblo Cofán-, quiere participar de las utilidades que genere el proyecto. El Coca Codo Sinclair pretende estar terminado y operando en 2016

Actores en pugna:

La Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S/A pertenece a la em¬presa estatal Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S/A, compañía constructora china Sino Hidro, Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores Estartégicos, SENAGUA, gobernaciones de Sucumbíos y Ñapo, gobiernos municipales de Gonzalo Pizarro y de El Chaco; asociaciones de propietarios de tierras en áreas de patrimonio forestal del Estado.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

www.ecociencia.org/inicio/index/. php?sid=105&list=one&id=127

http://deciomachado.blogspot.com/2011/04/coca-codo-sinclair-mega-

proyectos-vs.html

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-

hidroelectrica-coca-codo-sinclair-llega-casi-al-20-de-construccion

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ministro-de-

ecuador-visitara-hidroelectrica-coca-codo-sinclair-tras-huelga

http://dams-info.org/es/dams/view/coca-codo-sinclair/"

33.MANGLAR

EL SALVADOR. BAHÍA DE JIQUILISCO.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Militantes ambientalistas se ha pronunciado en contra del avance des¬tructivo de la camaronicultura industrial, la privatización de zonas marino costeras, los emprendimientos hoteleros de enclave, la cons¬trucción de mega represas hidroeléctricas y los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). La Bahía de Jiquilisco es uno de los eco¬sistemas más productivos del planeta que se está perdiendo de manera acelerada. El Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas (CESTA) Amigos de la Tierra El Salvador, denunció que los bosques de manglar en su país se encuentran seriamente degradados, se considera que en al menos un 35%; además enfrentan serias amenazas por el avance del turismo convencional y construcción de salineras y camaroneras. Jus¬tamente CESTA, integrante de la Redmanglar Internacional, ha estado en los últimos años denunciando la preocupante situación que se vive en la Bahía de Jiquilisco, donde se estima que hay instaladas unas 700 empresas camaroneras.

Actores en pugna:

Militantes ambientalistas y El Centro Salvadoreño de Tecnologías Apro-piadas (CESTA) contra los megaproyectos emprendidos en la zona Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/index.php

http://manglebajolempa.org/2012/ll/19/1349/ http://ipsnoticias.net/ nota.asp?idnews=102318

34.PRESAS HIDROELÉCTRICAS Y DEFORESTACIÓN EL SALVADOR. ZONA DEL BAJO LEMPA.

Inicio del conflicto: 1991

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La cuenca del Rio Lempa es la más grande del país, ocupando un 49% de área del territorio nacional (10,255 km2). El Bajo Lempa cuenta con un territorio de 870 kms2 y se caracteriza por ser una zona amenazada por el enorme caudal del rio. Desde 1992 la región ha sido afectada por inundaciones acaecidas durante la estación lluviosa, comprendida entre los meses de mayo y octubre. Las causas principales de tales inunda¬ciones son: la alta vulnerabilidad ecológica, la falta de medidas preven¬tivas suficientes y las descargas de agua de las presas hidroeléctricas. La masiva tala de árboles en los márgenes del cauce superior del rio Lempa, el más importante en El Salvador, acarrea mayor cantidad de sedimentos fluviales; su delta se encuentra a muy pocos metros sobre el nivel del mar, por lo que solamente 50 centímetros de diferencia de altura ya pueden ser decisivos para la seguridad de la población. Las inundaciones derivan con frecuencia en la perdida de los cultivos y animales y en casos más graves de vidas humanas. Por tal razón, los pobladores del Bajo Lempa, desde la repatriación en los años 1991/1992 están luchando por una borda protectora sin tener a la fecha mayores logros.

Actores en pugna:

Pobladores de la región contra las autoridades para que atiendan la

zona de riesgo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.uls.edu.sv/investigaciones/investigacion_migraciones_lem-pa.pdf http://www.mapder.lunasexta.org/?p=1627 http://www.elsalva-dor.com/noti cias/2004/07/05/elpais/paisl.asp

35.CONTAMINACIÓN DE AGUA

EL SALVADOR. DEPARTAMENTO DE CABANAS.

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La lucha inicia en abril de 2004 cuando se seca en rio Viejo de la co¬munidad Llano de la Hacienda por la sobre explotación del agua por la empresa minera Pacific Rim y por la Zona Turística. Surge la amenaza de instalar un relleno sanitario, en el cual se depositarían de 400 a 500 toneladas de basura procedentes de 19 municipios del país contami¬nando así el único río abastece a las comunidades de San Isidros (el río Titihuapa).

Actores en pugna:

Ante tal amenaza surge el Comité Ambiental de Cabanas como resulta¬do de la inconformidad y malestar de muchas comunidades; empresas y gobierno.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.radialistas.net/clip.php?id=1500538 http://asociacioncac.blogspot.mx/ http://www.elsalvador.com/noti-cias/2004/04/24/elpais/pais3.asp http://www.google.com/hostednews/ epa/article/ALeqM5ipZprJtu43EnUFf2WkQglHQ75g9g?docId=1514660 http://www.movimientom4.org/2012/12/minera-non-grata/ http://www.gritomesoamerica.org/index.php/boletines/38-boletines/69-la-resistencia-frente-a-la-mineria-metalica-en-el-salva-dor.html

36.PROYECTO HIDROELÉCTRICO XALALÁ GUATEMALA. MUNICIPIO DE IXCÁN.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:

El proyecto hidroeléctrico contempla cambios al paisaje, entre los cua¬les se advierte la inundación de zonas aledañas, dando como conse¬cuencia un traslado de la población (más de 2000 habitantes) a otras zonas.

Descripción del conflicto:

El proyecto hidroeléctrico Xalalá comenzó desde 2001, aunque había funcionado intermitentemente desde 1982. En 2008, la licitación fue considerada "desértica", lo cual ocasionó su cancelación. Sin embargo, el problema de fondo eran las manifestaciones por parte de los poblado¬res quienes señalaban afectaciones como el agotamiento y contamina¬ción de recursos naturales tales como el agua y recursos biológicos de la zona, principalmente la selva virgen. Además, se identificaba que la inundación inducida (que provocaría un desplazamiento poblacional) necesaria para el funcionamiento de la hidroeléctrica, provocaría gran¬des costos sociales. Los municipios más afectados (Uspantán, Cobán y Alta Verapaz), realizaron una consulta en 2007, donde el 100% de la po¬blación se opuso a la hidroeléctrica. No obstante, en 2012 se reabrieron las licitaciones, pues por el TLC de Estados Unidos con Centroamérica y el proyecto SIEPAC (Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional en toda Centroamérica) han comprometido a los Estados a llevar accio¬nes de esta naturaleza, que vulneran la seguridad de los habitantes de la zona. Xalalá tiene un potencial para generar 181 megavatios de energía y de concretarse se convertiría en la segunda hidroeléctrica más grande del país.

Actores en pugna:

El Instituto Nacional de Electrificación quien ha reiniciado con los trá¬mites de la licitación y las poblaciones que se oponen a los costos del desplazamiento.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://seguimientoconsulta.wordpress.com/%C2%BFquienes-somos/

iii-represa-hidroelectrica-xalala/

http://www.s21.com.gt/pulso/2012/04/12/buscaran-360-millones-para-

hidroelectrica-xalala

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=822 http://www.

centralamericadata.com/es/article/home/Anuncian_continuacin_de_

obras_de_central_de_Xalal

http://www.gruposur.eu.org/IMG/pdf/CIFCA_Xalala_dic_08-l.pdf

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Hidroelectrica-

genera-rechazo_0_799120104.html http://www.elperiodico.com.gt/

es/20121026/pais/219752/

37.PRESA HIDROELÉCTRICA PASO DE LA REINA MÉXICO. VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El megaproyecto "Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina", sobre el cau¬ce principal del Río Verde, tendrá una inversión de 600 millones de dólares. Consistirá una cortina de 195 metros de altura y afectará a tres mil 100 hectáreas. La construcción perjudicará no solamente las tierras cultivables de siete municipios de la Sierra Sur y la Costa, sino también causará afectaciones ambientes al Parque Nacional Lagunas de Chacahua. Asimismo, alterará el caudal y el régimen hidrológico del Río Verde, cambios de temperatura en los ríos y la desaparición de las especies, tanto animales como vegetales.

Actores en pugna:

Impulsado por: Comisión federal de Electricidad (CFE), Gobierno del Estado de Oaxaca, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua. En contra: Consejo de Pueblos Unidos por la De¬fensa del Río Verde (COPUDEVER), Comisión de Apoyo a los Pueblos de Río Verde, Servicios para una Educación Alternativa.

Criminalización social:

Se bloquean algunos caminos para que los pobladores no puedan asisi-tir a manifestaciones en contra de la construcción, se les condiciona el acceso a programas de apoyo federal como Oportunidades, y se ejercen acciones de intimidación.

Fuentes electrónicas de información:

http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article

&id=72 ¡rotundo -rechazo -no -a-la-pre sa-paso -de -la-reina&catid= 44:bol

etines&Jtemid=57; http://www.gaiaoax.org.mx/index.php/noticias/223-

semarnat-acelerara-presa-paso-de-la-reina-danos-a-ecosistemas;

http://centroprodh.org.mx/prodh/back/index.php?option=com_hw

dvideoshare&task=viewvideo&Itemid=30&video_id=45&lang=es;

http://www.pbi-mexico.org/los-proyectos/pbi-mexico/noticias/

news/?L=l&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2722&cHash=092d364f73ce8

c826289b50f660307fd

38.- PROYECTO HIDRÁULICO MONTERREY VI MÉXICO. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros Descripción del conflicto:

Con el proyecto Monterrey VI se pretende llevar agua del río Tampaón hacia la ciudad de Nuevo León, sin tomar en consideración que ya exis¬ten usos y usuarios de esas aguas. Para la realización del proyecto, como forma de compensación se proponía el Gobierno de Nuevo León construir a manera de compensación para los agricultores de la huas¬teca, un acueducto para llevar agua residual tratada a la presa Marte R. Gómez. Ante la oposición del gobierno del estado de San Luis Potosí al proyecto, la SEMARNAT negó la autorización para la realización del proyecto en marzo de 2012. Sin embargo, la empresa constructora cuenta con otras seis alternativas para llevar a cabo el proyecto.

Actores en pugna:

Impulsora de la obra: Empresa Agencia Ejecutora, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, gobierno del Estado de Nuevo León. En contra del proyecto: gobierno del estado de San Luis Potosí, pobladores de la huasteca potosina y tamaulipeca, ganaderos de la región huasteca.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2800628.htm http:// www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2800628.htm http://www. elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=519894 http://www.globalme-dia.mx/sanluis/vernoticia.php?id=46864 http://www.zunoticia.com. mx/ciudad-valles/4863-rechazan-dar-agua-a-monterrey.html http:// www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/monterrey-vi-el-negocio-del-sexenio

39.-AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS MÉXICO. VILLA DE ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:

Las comunidades aledañas carecen o tienen deficiencias para el acceso al agua potable pese a estar a menos de un kilómetro del Sistema Cutzamala, se han denunciado desecación de manantiales e inundación de cultivos.

Descripción del conflicto:

Desde 1982, del Sistema Cutzamala procede el 25% del agua potable que abastece a los habitantes del Distrito Federal y 13 municipios del Estado de México; cuenta con las presas Tuxpan y El bosque de Michoacán, colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo en el Estado de México. Dicho Sistema se constituyó sobre las mejores tierras de cultivo en la región y no benefició a las comunidades aledañas, quienes denunciaron la carencia del acceso al abasto del agua potable, la desecación de manantiales y la pérdida de bosques. En el año 2004, se integró el Frente Mazahua de Defensa del Agua, después de que se inundaron 300 hectáreas de cultivos por el desbordamienta del río Ma-lacatepec, preveniente de la presa Villa Victoria.

Actores en pugna:

El Frente Mazahua en Defensa del Agua, conformado por las comu¬nidades aledañas al Sisitema Cutzamala en el Estado de México, y co¬munidades afectadas del municipio de Villa de Allende; Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/21/index.php?section=politica&

article=002nlpol

http://www.magis.iteso.mx/content/las-mujeres-motor-del-cam-

bio-social http://www.comda.org.mx/publicaciones-comda/otras-

publicaciones/1091-a-7-anos-del-frente-mazahua-en-defensa-del-agua

40.- ACUEDUCTO INDEPENDENCIA MÉXICO. HERMOSILLO, SONORA

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Se trata de despojos de derechos de uso del agua y cambios en los mis¬mos

Descripción del conflicto:

Se trata de un proyecto de construcción de un acueducto (140 km) a través del cual se pretende llevar agua de la Presa El Novillo (sistema Río Yaqui) hasta plantas potabilizadoras ubicadas en la ciudad de Her-mosillo, Sonora. Los campesinos temen que dentro de pocos años, las aguas de esa presa dejen de ser insuficientes para sus cultivos. Por su parte, los gobiernos federal y estatal insisten en que, por encima del uso agrícola del agua está la prioridad de atender las necesidades para el consumo humano. Activistas señalan que lo que se quiere priorizar

de fondo es a la industria, sin que ello pase por una revisión de cómo desperdiciar y contaminar menos el agua.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: los gobiernos federal y estatal. En oposición: actores políticos, campesinos y sus representantes, activistas varios, pobladores de 7 municipios y de Ciudad Obregón, Sonora.

Criminalización social:

El gobernador Guillermo Padres, ha descalificado a los campesinos y personas opositoras a la operación del Acueducto, descalificándolos como obstáculos para el desarrollo y envidiosos con los pobladores urbanos, a la vez que afirma seguirá combatiéndolos.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.jornada.unam.mx/2012/ll/28/estados/037nlest http://

www.foroson.com.mx/post/2012/11/28/Indigna-a-Cajemenses-

inauguracion-del-Acueducto-Independencia-.aspx http://www.elim-

parcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/12012013/659040.aspx

http://www.zoom95.com/seguire-combatiendo-los-opositores-del-

acueducto-independencia-gpe/

41.PRESA HIDROELÉCTRICA DE "LAS CRUCES"

MÉXICO. MUNICIPIOS DE SANTIAGO, RUIZ, TUXPAN, ACAPONETA,

TECUALA Y ROSAMORADA, NAYARIT.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Construcción de la presa hidroeléctrica de "Las Cruces", que pretende edificarse sobre el Río San Pedro, principal afluente de la vasta exten¬sión de pantanos denominada Marismas Nacionales, de los estados de Nayarit y Sinaloa. De construirse esta presa se afectará a la ganadería, la agricultura y la pesca. Por ejemplo, represar el agua dulce limitará la producción de ostras porque es necesario mantener el equilibrio de aguas dulces y saladas.

Actores en pugna:

A favor: CFE, Gobierno del Estado de Nayarit. En contra: Liga de Comu-nidades Agrarias, Organización para la Defensa Wirárica en Nayarit, Pueblos Wiráricas y Náyeri, Sociedad cooperativa ostrícola de Boca de Camichín, Consejo intercomunitario del consejo de cuenca del Río San Pedro.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.iis.unam.mx/pdfs/iismedios/abril2011/Comunidad%20 cientifica%20alerta%20sobre%20presa%20Las%20Cruces.pdf; http:// www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=259547; http://olca.cl/ articulo/nota.php?id=102045 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias 2011/9b85ea4db728a25dlc38cb9291a00bal http://www.jornada.unam. mx/2012/12/01/estados/030n3est

42.PROYECTO HIDROELÉCTRICO "LA PAROTA" MÉXICO. RÍO PAPAGAYO, GUERRERO.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:

La construcción de la Presa, implicaría la reubicación de más de 20 mil habitantes. En este sentido, la apropiaciónd e las tierras de comuneros y ejidatarios sería el primer objetivo a cumplir. El movimiento de resis¬tencia haciendo uso de los recursos legales, ha impedido la consuma¬ción del despojo.

Descripción del conflicto:

Presa "La Parota": Proyecto hidroeléctrico integrado al Plan Puebla Panamá, como parte del sistema de más de 300 presas programadas de México a Panamá. El objetivo es generar y acumular energía eléctrica en cantidades muy grandes para su exportación a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC) y de la red mexi¬cana de interconexión eléctrica. En 2003, la CFE al tratar de imponer unilateralmente su proyecto, comenzando a ejecutar obras sin consulta ni información a los campesinos sobre la afectación que llegaría a im¬plicar el desalojo de comunidades enteras. En 2004, SEMARNAT auto¬rizó el estudio de impacto ambiental. Marzo 2006, el caso La Parota fue tratado en la Primera Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano

del Agua (TLA). Julio 2012, ratifica Tribunal Federal fin al proyecto de la presa La Parota. Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Comisión Federal de Electricidad (CFE); Go¬bierno Federal y estatal. En oposición: Consejo de Ejidatarios y Comu¬neros Opositores a La Parota (CECOP); sociedad civil.

Criminalización social:

Sí. Intimidación y amenazas. El CECOP afirma que CFE ha comprado votos en las asambleas fraudulentas, lo que ha dividido y enfrentado a familias y comunidades. Han existido amenazas de muerte a los cam¬pesinos opositores a La Parota. Julio 2004, la autoridad judicial emite 6 órdenes de aprehensión contra dirigentes del CECOP. Septiembre 2005, asesinato de Tomás Cruz Zamora (comunero de Huamuchitos). Enero 2006, asesinato a pedradas y a garrotazos del ejidatario Eduardo Maya. Enero 2007, asesinato del comunero Benito Cruz Jacinto.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/13/index.php?section=

regiones&article=006nlreg

www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/ratifica-tribunal-federal-fin-

al-proyecto-de-la-presa-la-parota/20120712/nota/1721571.aspx http://

wwwyoutube.com/watch?v=lVWe3rBHH_U http://www.nacionmulti-

cultural.unam.mx/Edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/

CAPITULO%2010/3%20el%20conflicto%20presa%201a%20parota.pdf

http://www.afectadosambientales.org http://www.cimacnoticias.com.

mx/especiales/agua2006/veredictos/veredictolaparotal2.htm

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91104.html http://www.mile-

nio.com/cdb/doc/noticias2011/65b3d51e743bb2923f9d2cc892d9a4fc

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-presa.html http://cen-

cos.org/taxonomy/term/182

43.PRESA "EL ZAPOTILLO"

MÉXICO. RÍO VERDE. CAÑADAS DE OBREGÓN / YAHUALICA.

JALISCO.

Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:

La construcción de la Presa, implicaría la reubicación de los afectados por la construcción de la presa en la comunidad Talicoyunque, ya que inundaría los poblados de Temacapulín y Palmarejo, del municipio de

Cañadas de Obregón y el de Acasico, que forma parte del municipio de Mexticacán, todos del estado de Jalisco.

Descripción del conflicto:

Presa "El Zapotillo": Proyecto hidroeléctrico para abastecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco, la Ciudad de León (Guanajuato) y empresas. Se había anunciado en 2007 que la cortina no sería de más de 85m, el problema estalló al anunciarse que se levantaría el nivel a 105m; a partir de entonces la población repudió la obra, que además le será útil sobre todo a la ciudad de León, Guanajuato. . 2011, toma de las instalaciones de la construcción de la presa, pues de realizarse el proyecto, inundaría 4 mil 500 hectáreas. Julio 2012; el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la construcción de la presa El Zapotillo lleva un avance físico global superior al 50%, pese a contar con rechazo de los afectados que se niegan a la reubicación.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Comisicón Nacional del Agua (CONAGUA); Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA); Gobierno Federal y estatal (Guanajuato y Jalisco), jerarquía católica. En oposición: Afectados por la presa El Zapotillo, Los integrantes del comité "Salvemos Temaca-pulín, Acasijo y Palmarejo" ; integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER); sociedad civil.

Criminalización social:

Hostigamientos y agresiones contra los defensores de Temacapulín. Mayo 2012, sacerdote Gabriel Espinoza y el vocero del Comité Salve¬mos Temacapulín Acasio y Palmajero y abogado Guadalupe Espinoza, fueron retenidos de manera ilegal por guardias no identificados que detonaron disparos, los agredieron verbalmente e intimidaron con pre¬guntas e insultos.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.eluniversal.com.mx/estados/86741.html http://sinat.semar-nat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2006/14JA2006H0005. pdf

http://www.afectadosambientales.org

http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/   http://www.jornada. unam.mx/2011/08/23/opinion/021a2pol http://www.proceso.com. mx/?p=330923 http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/10/30/

la-construccion-de-la-presa-el-zapotillo-va-a-mas-de-la-mitad http:// www.jornada.unam.mx/2013/02/05/opinion/020alpol

44.HIDROELÉCTRIC A "BARRO BLANCO" PANAMÁ. NGÓBE BUGLÉ.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Se pretende la compra a bajos precios de 6.6 hectáreas indígenas que

serán afectadas.

Descripción del conflicto:

Desde 2012, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará al oeste de Panamá por parte de la Em¬presa Generadora del Istmo (Genisa), ha provocado numerosas mani¬festaciones en contra por parte de la población, quienes aseguran que el proyecto terminará por contaminar los recursos acuíferos (además de que en la zona también hay cobre y amenaza de concesión en el poblado de Cerro Colorado) y desplazarlos del lugar. Los indígenas de la zona exigen que jurídicamente se protejan sus territorios ancestrales y se eliminen las concesiones hídricas dentro su región, pues aseguran que el rio es base de su subsistencia y de su modelo de desarrollo, distinto al planteado por el Estado. Las movilizaciones sociales y las acciones del Estado continúan en confrontación, pues se advierte que las conce¬siones hídricas son el primer paso para las de cobre.

Actores en pugna:

La cacica general Silvia Carrera, quien representa a la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pue¬blo Ngobe Buglé y Campesino frente a los órganos gubernamenta¬les.

Criminalización social:

Recientemente, en mayo de 2012 se registraron enfrentamientos entre los indígenas y las fuerzas antimotines que intentaron desalojarlos por la fuerza del perímetro de la hidroeléctrica.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/21/indigenas-panamenos-rechazan-obras-hidroelectricas-en-el-oeste-del-pais-4571.html http://

www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/03/01/viaje-al-corazon-del-rio -tabasara. asp

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Mineria_y_energia_hidrauli-ca_El_tesoro_Ngobe_y_el_rio_Tabasara http://alainet.org/active/52810 http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_ content&task=view&id=1067701 http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2012122803

http://kaosenlared.net/america-latina/item/41761-panam%C3%A1-el-pueblo-ng%C3%A4be-rechaza-la-hidroel%C3%A9ctrica-barro-blanco. html http://www.rnv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=5118:indigenas-panamenos-protestan-contra-hidroelectrica-barro-blanco&catid=44:pueblos-originarios&Itemid=76

45.DIVERSOS PROYECTOS HÍDRICOS PANAMÁ. PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambien¬talistas rechazan los proyectos hídricos que se realizan en su territo¬rio. En Boca de Monte los proyectos que las comunidades rechazan afectarán los ríos Garcés, Gariché, Chiriquí Viejo y Escarria, pero la protesta no solamente repudiaban a estos específicamente sino también la totalidad de los proyectos, ya que la provincia de Chiriquí es la más afectada a nivel nacional.

Actores en pugna:

La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambienta¬listas contra Aur Resources.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.olca.cl/ocmal/index.php http://www.panamaamerica.com. pa/notas/1152345- http://otrosmundoschiapas.org/index.php/compo-nent/content/article/118-el-escaramujo/1065-represas-hidroelectricas-

en-panama.html http://www.centroamerica.basf-cc.com/es/Proyectos/ Panama/Pages/HidroelectricaRioEstil.aspx

46.HIDROELÉCTRIC A "CAÑÓN DEL PATO"

PERÚ. CASERÍO LAGUNA DE PARÓN, CC CRUZ DE MAYO, DISTRITO

HUAYLAS, PROVINCIA CARAZ, ANCASH.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

La falta de acceso al agua, ha generado la perdida de cosechas y puesto en riesgo la Laguna Parón, situada en la región Ancash, en el nororien-te del Perú, forma parte del Parque Nacional Huascarán, Patrimonio Natural de la Humanidad.

Descripción del conflicto:

La Laguna de Parón es una laguna del Perú situada en la provincia de Huaylas en el departamento de Ancash, el uso de sus aguas no han sido tratadas de manera ordenada, sobre todo los pobladores identifican la desecación y falta de acceso al agua por parte de las comunidades, desde el ingreso de la empresa Duke Energy, generadora de energía a través de la central hidroeléctrica Cañón del Pato, ya que la descarga excesiva o la falta de agua arrasaban con sus cosechas. Debido a ello la comunidad campesina Cruz de Mayo decidió resguardar la Laguna, posteriormente se inicaron trabjos d dialogo que fueron suspendidos en el año 2011 debido a que el Tribunal Constitucional otorgó un amparo para la restitución de las instalaciones a la empresa, y finalmente el dia¬logo se retomó a finales del 2012, de lo que ha derivado como acuerdo que la Empresa Duke Energy financiará el mantenimiento y reparación integral de las instalaciones hidráulicas de la Laguna de Parón, y de cerrdo de las válvulas para que se inicie la recuperación del espejo de agua hasta el nivel de seguridad permitido.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Empresa DUKE ENERGY. La Autoridad Na¬cional del Agua, el Instituto de Defensa Civil el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio Nacional de Parques y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres.Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad de Huaylas, la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable Chavín.En oposi¬ción: Frente de Defensa de la Laguna de Parón, Alcalde de la Munici¬palidad Provincial de Huaylas, Comité de Regantes de la cuenca del río

Llullan- Parón.Comunidad Campesina de Cruz de Mayo, la Comisión Episcopal de Acción Social.

Criminalización social:

El 24 de mayo del 2012, la Corte Superior de Justicia de Ancash citó para la vista de la causa en el proceso para revisar la sentencia impues¬ta por el Juez Mixto de Caraz, que condena a tres comuneros por la toma de las instalaciones de la Laguna Parón el 29 de junio del 2008. También, Antonio Dueñas (regidor) defensor de su Laguna, ha sido in¬volucrado dentro de un proceso penal que ha seguido la empresa Duke Energy, culpándolo por delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y Usurpación Agravada, involucrándolo en una acción en la que no estuvo presente.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.radiolayungaina.com/?option=com_content&view=a

rticle&id=94&catid=9&Jtemid=219 http://www.ceas.org.pe/index.

php?option=com_content&view=article&id=338:laguna-paron-

una-joya-natural-en-medio-de-un-conflicto&catid=9:noticias-

centrales&Jtemid=26

http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=3665:solidaridad-con-antonio-duenas-goni-comunero-defensor-de-

la-laguna-paron-en-el-parque-nacional-huascaran-patrimonio-natu-

ral-de-la-humanidad&catid=25:comunicados&Itemid=37

http://www.elinca.pe/2013/01/06/laguna-paron-nivel-llega-a-su-nivel-

minimo-e-inician-la-reparacion-del-sistema-de-descarga/

http://www.infoandina.org/noticias/defensores-de-laguna-

par%C3%B3n-ganan-premio-nacional-de-derechos-humanos http://

lagunadeparon.blogspot.com/

http://www.duke-energy.com.pe/es/canondelpato.htm

47.ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE REPÚBLICA DOMINICANA. LA SABANA, LUPERON.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Los habitantes de La sabana, protestan incendiando el paso de la ca¬rretera en Lumperón, frente a las tomas de agua potable, quemando

gomas, arboles, y botellas rotas, bloqueando el paso. Los vecinos ar-gumentan la falta de agua durante quince días, tiempo después se les otorgó un poco de agua que no solucionó el problema. El pasado 30 de agosto, de nuevo comenzaron las protestas porque no se ha regulariza¬do el abastecimiento de agua.

Actores en pugna:

Sociedad civil residente de La sabana en pugna con la coorporación de

acueducto y alcantarillado de Santo Domingo.

Fuentes electrónicas de información:

http://social.soydominicano.net/profiles/blogs/el-ensanche-luperon-no-

tiene-agua

http://detrasdelrumor.com/site/index.php/35-latest/noticias-

archivadas/922-moradores-ginebra-arzeno-reclaman-reposi-

cion-agua-potable   http://www.elboncheisabelino.com/2012/08/

la-sabana-luperon-envuelta-en-fuego-y.html

RECURSOS FORESTALES Y BIODIVERSIDAD

1.-BOSQUES DE LENGAS, PROYECTO PRIMA KILMA ARGENTINA. LAGO FONTANA Y LA PLATA, ÁREA DE BOSQUE NATIVO EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.

Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El emprendimiento era un acuerdo por al menos 50 años (100 años como máximo) durante los cuales se permitía a la empresa alemana PRIMA KLIMA utilizar la zona de los bosques de lengas (nativos) como sumideros de carbono en el marco del Protocolo de Kyoto (MDL: me¬canismos de desarrollo limpio) en un área de aprox 125.000 hectáreas. Prima Klima se comprometía a hacer aportes económicos para soste¬ner el proceso de implementacion del proyecto durante los primeros 5 años, luego era responsabilidad de Argentina mantener en marcha el

acuerdo y asegurar las actividades de sumidero acordadas. Entre ellas se mencionaban ecoturismo, manejo/conservación de bosques, planta¬ciones de arboles. Dado el alto valor comercial de las lengas se temia que Prima Klima talara las lengas para venderlas como madera y re¬emplazara por eucaliptos u otra especie similar de rápido crecimiento dado el objetivo del proyecto: fijar carbono.

Actores en pugna:

A FAVOR: empresa alemana PRIMA KLIMA, gobierno de la nación, gobierno provincial, EN CONTRA: ONG ambientalistas nacionales e internacionales, referentes de la Universidad local, comunidades de la zona cordillerana de Chubut.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=10 http://www.wrm.org.uy/ boletin/37/Sudamerica.html http://www.foroba.org.ar/primaklima. html,

http://www.ens-newswire.com/ens/sep2000/2000-09-21-02.asp, http:// www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/3/resu-men-de-temas-sobre-la-cop6-4.pdf,

http://www.prima-klima-weltweit.de/, http://www.forestcarbonpor-tal.com/project/argentina-i, http://www.wrm.org.uy/bulletin/30/ Argentina.html, http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/sinks7.html, http://ashleycamhi.com/projects/view/prima-klima-i, http://www. newint.org/features/2003/06/01/climate-change-people/, http://www. machpatagonia.com.ar/wp/?p=10,

2.DEFORESTACIÓN: MADEREROS ILEGALES BRASIL- ESTADOS DE ACRE, AMAZONIA Y RONDONIA

Inicio del conflicto: 2011

Criminalización social: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Después de cinco años de reducción del nivel de deforestación en la selva amazónica, se empezó a incrementar nuevamente en el marco de la aprobación de una nueva ley forestal. El congreso aprobó una reforma al Código Forestal, que además de otorgar amnistía general

para delitos cometidos antes de 2008, amplia áreas de uso agropecuario susceptibles de tala, entre otras flexibilizaciones de normas medioam-bientales.

Actores en pugna:

Congreso de Brasil, activistas, madereros y ganaderos de la re¬gión.

Criminalización de la protesta:

Asesinato de activistas defensores de la Amazonia.

Fuentes consultadas:

http://noticias.masverdedigital.com/2011/survival-denuncia-que-ma-

dereros-ilegales-invadieron-zona-de-no-contactados-en-brasil/ http://

noticias.masverdedigital.com/2011/muere-asesinado-en-la-amazonia-

brasilena-otro-campesino-amenazado-por-madereros/

http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Indigenas-brasileos-

alquilan-lotes-de-la-Amazonia-a-industriales-madereros-ilega-

les-20130127-0008.html

http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/comunidades-

de-amazonia-brasilena-son-amenazadas-por-madereros-ilegales-

ai,06c63031a5be6310VgnVCM3000009accebOaRCRD.html

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR19/007/2012/pt/bab-

9ce24-c706-4030-ab5c-dab2b845b500/amrl90072012es.htmlhttp://

www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Ausland/Lateina-

merika/AKLA/AGl_2011_05_26_Codigo_florestal_Asesinado_otro_de-

fensor_de_la_Amazon%C3%ADa.pdf

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-12094361.html

3.EXTRACCIÓN DE CAUCHO BRASIL. XAPURI, ACRE.

Inicio del conflicto: 1973

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Los seringueiros cuidan de la reserva extractiva a partir de la utiliza¬ción del bosque en pie. Sin embargo, en 2008 el IBAMA realizó una operación llamada "Reserva Legal" criminalizando a los trabajadores

del caucho, se respondió con una carta de queja. A la actualidad, las condiciones sanitarias siguen siendo pobres, no hay una garantía de ingreso o de nivel de vida para los recolectores.

Actores en pugna:

Grandes ganaderos, Consejo Nacional de Comunidades Extractivas,

shiringueros de Xapuri.

Criminalización social:

Seringueiros acusados por el IBAMA de utilizar tierras de la reserva

para ganadería.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.agencia.ac.gov.br/index.php/noticias/producao/19294-

florestas-plantadas-uma-nova-estrada-para-os-seringueiros-do-acre.

html http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2012-06-19/manejo-sus-

tentavel-no-estado-do-acre-brasil, 10031.html

http://www.oriobranco.net/meio-ambiente/14249-fiscais-do-icmbio-

aterrorizam-seringueiros-no-acre.html

http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=15623&Itemid=26

http://horizontegeografico.com.br/exibirMateria/468

http://openfsm.net/projects/destinoamazonia/articles-varies/II-Un-

modelo-de-Desarrollo-Sostenible-en-el.pdf

4.EMPRESA DE EUCALIPTO.

BRASIL. MUNICIPIO DE BAHÍA EUNÁPOLIS.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

Expulsión de indígenas por cultivo masivo de eucalipto.

Descripción del conflicto:

La compañía Veracel tiene prácticas que dañan el medio ambiente, ha invadido tierras indígenas, es acusada de patrocinio de campañas elec¬torales. Coptó líderes indígenas para provocar la fragmentación de los opositores. En 2008 fue condenada por el Tribunal Federal a abandonar cuatro municipios, pagar una multa y regenerar la vegetación. En 2008 la empresa fue condenada por el Tribunal Federal a abandonar cuatro municipios, pagar una multa y regenerar la vegetación nativa. Ninguna se ha realizado hasta ahora.

Actores en pugna:

Veracel, Red Brasileña de Justicia Ambiental, indígenas, diversas ONG's

nacionales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://elpolvorin.over-blog.es/article-brasil-otra-victima-de-los-monocultivos-de-eucaliptos-y-celulosa-veracel-el-perezoso-de-co-llar-71738595.html

http://www.wrm.org.uy/boletin/109/Brasil.html http://wrm.org.uy/ boletin/165/Brasil_Mujeres.html http://www.lafogata.org/071atino/lati-nol/br.l4.3.htm http://www.radiomundoreal.fm/Un-collar-de-delitos http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=eng&idnews=3672 http:// globaljusticeecology.org/stopgetrees_news.php?ID=274

5.PINO Y EUCALIPTO

CHILE. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Inicio del conflicto: 1997-98

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:

El crecimiento y desarrollo de la industria forestal chilena se ha verifi¬cado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio Mapuche lo que ha desencadenado la protesta indígena y su posterior criminalización.

Actores en pugna:

Principales Impulsores de industria forestal: Gobierno de Chile, Grupo Empresarial Matte, Grupo Empresarial Angelini. En Oposicón: Pueblo Indígena Mapuche.

Criminalización social:

Sí, aplicación de ley antiterrorista a integrantes de la protesta mapuche.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.wrm.org.uy/paises/Argentina/niodelo.html http:// relmurayenchodlafken.blogspot.mx/ http://www.mapuexpress. net/?act=publications&id= 668 http://www.mapuche.info/

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8146 http://movimien-toscomunicacionypolitica.xoc.uam.mx/materiales_sesiones/ses_06/ tierra_territorio_autonomia.pdf

6.SUSTITUCIÓN DE BOSQUE NATIVO POR PLANTACIONES

FORESTALES

CHILE. COMUNA DE ANCUD, ISLA DE CHILOÉ.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Desde el 2010 la empresa agrícola El Brinzal ha comprado tierras sobre las que ha expandido la siembra de eucaliptos, destinados a la indus¬tria forestal. Sin embargo la empresa ha invadido áreas protegidas de bosque nativo así como ha plantado eucaliptos a menos de un metro de distancia de ríos y esteros contraviniendo la legislación forestal vi¬gente. La población y la Agrupación de Ingenieros por el Bosque nativo acusan que la sustitución de árboles nativos por eucaliptos afectará la disponibilidad de agua en el lugar

Actores en pugna:

Ciudadanos de Chiloé, empresa El Brinzal y la Agrupación de Ingenie¬ros Forestales por el Bosque Nativo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101905 http://www.elcanelo.cl/4/ post/2012/05/denuncian-sustitucin-de-bosques-nativos-por-plantacio-nes-de-eucaliptos-en-chilo.html

http://www.lanacion.cl/sustitucion-de-bosques-nativos-preocupa-en-chiloe/noticias/2012-05-16/122240.html http://www.soychile.cl/Chiloe/

Deporte s/2012/10/06/124586/Conaf-presenta-pruebas-por-tala-ilegal-

de-bosque-nativo-en-Ancud.aspx

http://www.bosquenativo.cl/descargas/documentos_AIFBN/Informe_

Monitoreo_Agricola_El_Brinzal.pdf

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101905http://olca.cl/articulo/nota.

php?id=101695

7.RECURSOS FORESTALES

CHILE. LOCALIDAD MININCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

Desde la dictadura de Pincochet, la legislación respecto a la insta¬lación de empresas forestales en Chile cambió a favor de éstas, oca¬sionando en principio problemas con las comunidades indígenas afectadas, pues fueron despojadas de tierras sobre las cuales tenían derechos ancestrales.

Descripción del conflicto:

En 1974 Pinochet promulgó un decreto que aceleró el proceso de la industria forestal, beneficiando a ésta con subsidios y grandes exten¬siones de tierra para monocultivos. Las comunidades mapuches pro¬testaron desde un principio por los despojos, pero fue en 1997 que tomaron acciones violentas contra Forestal Mininco (filial de empre¬sas CMPC), año en que fueron quemados tres camiones cargados con madera. Las comunidades reclamaban, además del despojo de tierras, diferentes afectaciones como pérdida de recursos hídricos (superfi¬ciales y subterráneos), uso indiscriminado de plaguicidas, contami-nación de ecosistemas, limitaciones al libre tránsito, destrucción de caminos rurales, pérdida de flora y fauna, y pérdida de suelos gana¬deros y agrícolas. A finales de la década del 90 y principios de 2000, la comunidad inició un proceso llamado de "Recuperación", que en 2002 fue apoyado por el OLCA para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, el conflicto continúa y las movilizaciones y protestas han aumentado, desde marchas, ocupación de terrenos y caminos y cierre de puentes; en agosto de 2012 se tomaron las oficinas de Forestal Mi¬ninco y en septiembre el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos solicitó a instancias certificadoras internacionales no otorgarles la certificación FSC a las empresas forestales, como Mininco, que no cumplen los estándares necesarios.

Actores en pugna:

Organizaciones y comunidades mapuches que demandan la devolución de las tierras. La Corporación Nacional Indígena a quien se han entre¬gado gran parte de las quejas.

Criminalización social:

Las protestas de las comunidades afectadas han sido brutalmente re¬primidas, en 2002 un joven fue asesinado por un carabinero, otro fue atropellado durante una protesta en 2005. Varias personas fueron con¬denadas a prisión por motivo de las protestas, a las cuales se les ha calificado en ocasiones como terrorismo. Ante esta situación Presos Políticos Mapuche han hecho huelgas de hambre desde 2006, con el fin de exigir la libertad de los condenados y que se desmilitaricen los terri¬torios. A esto se añade que han sido juzgados desde 2000 bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, permitiendo se cometan más injusticias, pues hay rigor policial excesivo, se utilizan testigos sin rostro, hay abuso de medidas cautelares, de prisión preventiva y se invocan leyes como la de seguridad del Estado y la antiterrorista.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.tumblr.com/tagged/forestal%20mininco http://nacional.

biobiochile.cl/notas/2013/02/01/incendio-forestal-destruye-plantacion-

de-forestal-mininco-en-ercilla.shtml

http://www.gamba.cl/?p=15807

http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html

http://olca.cl/oca/chile/region08/forestales24.htm

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 102250

http://www.olca.cl/oca/monocultivo/plantaciones070.htm

http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/89%20ceges%20TW.pdf

8.MADERA

COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, MUNICIPIO DE BAHÍA

SOLANO

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Bahía Solano, en el Chocó, es uno de los 34 pulmones del planeta

y allí se está desarrollando el megaproyecto maderero de la muí-

tinacional canadiense Prima Colombia Hardwood - REM Forest Products. La empresa pretende explotar cinco millones de metros cúbicos de madera durante 15 años; la extensión de selva a talar son alrededor de unas 200.000 hectáreas. Según la organización Conservación Internacional, la región del Chocó hace parte de uno de los 34 'hotspots' o puntos calientes de diversidad del planeta, siendo una de las regiones más ricas y diversas del mundo. Sin em¬bargo, todas las protecciones ambientales se ven vulneradas por el fenómeno de la corrupción en Bahía Solano. Nancy, dueña de uno de los hoteles de allí, agrega "aquí la corrupción política es muy alta. Las comunidades andan mal es por culpa de los políticos. Acá todo se lo roban.

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, entre el 20 y el 40 por ciento de la madera que se vende es ilegal, según los datos de World Wild Foundation.

Las irregularidades no paran aún y los daños ambientales que en¬frentaría Bahía Solano, de llevarse a cabo la extracción maderera, parece no preocupar a sus habitantes. Fajardo dice: "No hay que hablar en términos absolutos. ¿Por qué no hacerlo? No hay que entrar a acusar sin fundamento. Puede que el bien no le guste a la mayoría". El proyecto obtuvo en 2010 ampliación de la licencia por otros dos años, aún ante la existencia de un concepto técnico ne-gativo. En diciembre de 2010, además, REM-Prima acordó con Los Delfines ampliar el aprovechamiento de 1.050.000 metros cúbicos a 3.121.720 en la misma extensión. Delfines solicitó suspender traba¬jos hasta tanto no se clarifique la relación de REM con Prima, pues fue con la primera con la que suscribió los acuerdos.Un documento conocido en Bahía tras la investigación mostró que no se cumplió el Plan de Manejo Forestal y no se planificaron las actividades propias del aprovechamiento"

Actores en pugna:

La firma canadiense REM Internacional Cisa, ahora subsidiaria de Pri¬ma Colombia Hardwood con matriz en Vancouver. -Guerrilla-Paramili-tares-Pobladores, autoridades locales, ejercito-pescadores-instituciones pro-explotación maderera-trabajadores de la empresa cautivados con algunos regalos como neveras, televisores etc.

Criminalización social: No se tienen registros

ECOLOGÍA POLÍTICA DEL EXTRACTIVÍSIMO EN AMERICA LATINA

Fuentes electrónicas de información:

http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/arboles-del-cho-

co -entre -la-lucha-de -david-y-goliat. html

http://voxpopuli.net/billonario-canadiense-frank-giustra-no-podra-

extraer-madera-en-el-choco/

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/empresa-canadiense-

explota-bosques-de-bahia-solano-choco/20110322/nota/1442941.aspx

http://noalatalabahiasolano.blogspot.mx/

http://www.traslacoladelarata.com/2012/01/17/bahia-solano-poblado-

res-defienden-a-la-multinacional-maderera/, La madera: la riqueza y

la miseria en Chocó, Articulo OnLine

www.semana.com/problemas.../madera...choco/12, www.pedagogica.

edu.co/storage/rce/.../2_5ens.pdf, www.territoriochocoano.com/.../694-

el-choco-bio

www.revistanumero.com/index.phpPoption, noalatalabahiasolano.

blogspot.com/.../multinacion

www.facebook.com/ProteccionBahiaSolano

www.youtube.com/watch?v=WPeebFFtZvO

http://prensarural.org/spip/spip.phpParticle5581 http://www.choco-

7dias.com/799/MULTINACIONAL.htm

9.-MADERERAS

ECUADOR. PROVINCIA DE ESMERALDAS

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

Las comunidades enfrentan serias dificultades al momento de denun¬ciar la expropiación de sus tierras a las autoridades locales, ya que éstas o responden a los intereses de las empresas madereras, o son sus propietarias.

Descripción del conflicto:

El ingreso de las empresas madereras en las comunidades chachis, ha provocado cambios estructurales en la dinámica comunitaria, apare¬ciendo, paralelamente, una ola de inseguridad (varios casos de robo de motores).

Actores en pugna:

Compañía SETRAFOR, del grupo Peña Durini , comunidades indíge¬nas Awá y comuna Chachi 'La Ceiba'.

510

Criminalización social:

Varios dirigentes chachis han debido desplazarse a otros lugares (a Quinindé, por ejemplo) a causa de las amenazas recibidas por parte de grupos armados presentes en la zona, cuando pretendían denunciar su presencia. Debido a la ola de violencia, entre la población chachi se ha desatado otro fenómeno: la armamentización de sus habitantes, tanto en búsqueda de protección, como por causa de la influencia de un grupo armado no identificado en las comunidades, presente desde hace aproximadamente cinco años. Las Fuerzas Armadas ecuatoria¬nas -a modo de conciliación con los chachis- han reclutado a seis in¬dígenas, provocando, por parte del Estado, una mayor militarización de la problemática.

Fuentes electrónicas de información: http://www.wrm.org.uy/alerts/Madereras.html

http://servindi.org/actualidad/3045 http://www.accionecologica.org/ index.php?id=483&option=com_content&task=view http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/madereo-explotacion-forestal/informes/143-conflictos-en-esmeraldas-y-carchi http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/madereo-ex-plotacion-forestal/informes/93-comunidades-awa-y-maderera-setrafor

10.-REFORESTACIÓN

HAITÍ. JALOUSIE, PETIONVILLE, PUERTO PRÍNCIPE.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Se pretende reubicar a más de mil personas que habitan en Jalousie, a

las faldas de la colina Petionville.

Descripción del conflicto:

Los derrumbes provocados por fuertes lluvias en las colinas que rodean Haití, amenazan cada año la seguridad de los habitantes de puerto príncipe. El gobierno Haitiano, busca la reforestación en las partes ba¬jas, principalmente de la colina hospital, sembrando 2 000 800 árboles, con el fin de evitar que los deslaves arrasen con la población, para esto necesita remover a más de 1000 personas que habitan el lugar. Los habitantes de Jalousie realizaron una marcha por las calles de Petion¬ville, mientras amenazaban con incendiar ese distrito si no cesaban las negociaciones de reforestación. Los manifestantes no han logrado detener el proyecto.

Actores en pugna:

El presidente Michel Martelly, el senador Máxime Roumer, Yvon Faus-tin, asistente técnico de la Asociación de los Campesinos de Vallue (zonas altas del Oeste), Edouard Paultre, responsable del Consejo Na¬cional Haitiano de los Protagonistas no Oficiales (Conhane), quienes se postran a favor de la reforestación, no así, la sociedad civil que habita el lugar.

Criminalización social:

Amedrentamientos policiacos y civiles en la marcha, una mujer fue lastimada por el golpe de una piedra en la cabeza por parte de un civil que la dirigía a un policía.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.planetaazul.com.mx/site/2012/06/19/profunda-deforesta-

cion-acelera-vulnerabilidad-de-riesgos-en-haiti/

http://hoy.com.do/el-mundo/2012/6/25/434242/Cientos-de-personas-

protestan-Haiti-contra-plan-para-destruir-barriada

http://tierraparavivir.org/?p=1298

http://hoycom.do/el-mundo/2012/6/25/434242/Cientos-de-personas-

protestan-Haiti-contra-plan-para-destruir-barriada

11.-MANGLAR

MÉXICO. LAGUNA DE COYUCA, PIE DE LA CUESTA, ACAPULCO,

GUERRERO.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Daños ecológicos por el relleno con grava y arena de una franja de man¬glares de 5 mil 760 metros cúbicos depositados sobre mil 920 metros cuadrados del manglar para la construcción de un muelle turístico el Pie de la Cuesta. Eliminación de ejemplares adultos de mangle rojo a pesar de que es una especie bajo "protección especial" de la federación, según la norma 059 de la Semarnat. Esta actividad afecta la superviven¬cia del manglar dañando los ecosistemas que ahí habitan.

Actores en pugna:

Empresa Arnpol, gobierno federal y estatal. En oposición Guerreros Verdes, Red Manglar México, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Criminalización social:

Asesinato de Fabiola Osorio Bernáldez, defensora del medio ambiente.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.somosunoradio.org/?p=10129 http://www.animalpolitico. com/2012/06/asesinan-a-defensora-de-manglar-amenazado-por-obra-turistica/ http://www.jornada.unam.mx/2010/03/08/index.phpPsection =estados&article=035nlest

http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/rechazan-ambientalis-tas-areas-privadas-en-barra-de-coyuca http://www.lajornadaguerrero. com.mx/2007/ll/20/index.php?section=regiones&article=009nlreg

12.TALA CLANDESTINA

MÉXICO. SAN FRANCISCO CHERÁN, MICHOACÁN.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En 2008 hubo una división en el pueblo por cuestiones políticas. El crimen organizado, empezó a cortar madera, talando los bosques de día y de noche. El impacto de la lucha se ha dado de diferentes formas y con resultados distintos. Más de 20 mil hectáreas fueron quemadas y taladas y con ello, destruido todo el ecosistema, plantas, animales y suelo. El impacto económico ha sido igual de devastador, la gente no puede salir al campo a cultivar tierra, a pastar y cuidarel ganado. La vida en Cherán ha cambiado.

Actores en pugna:

Crimen organizado; comunidad Indígena de Cherán K'erhi; Organiza¬ción por la Autodefensa de Nuestros Bosques de Cherán; sociedad civil.

Criminalización social:

En 2010 fue asesinado el hermano del comisario de los bienes comu¬nales. En Febrero de 2011, se registró el secuestro y desaparición de los miembros que quedaban del comisariado de bienes comunales (su-

píente del comisario, tesorero y vigilante), así como el asesinato de 2 integrantes de la Ronda. En Abril de 2012 se reporta la desaparición de 13 comuneros; posteriormente fueron encontrados los cuerpos de dos de ellos, y el 9 de julio se reportó el asesinato de otros dos, que habían desaparecido el día anterior. El 21 de julio, presenta Cheran su "proyec¬to de vida" al congreso de Michoacán.

Fuentes electrónicas de información:

http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=179297172134293 http:// michoacancheran.blogspot.com/

http://aristeguinoticias.com/asesinatos-en-cheran-conflicto-interco-munitario-gobierno-comuneros-lo-niegan/

MATERIAL HEMEROGRÁFICO.

13.TALA DE BOSQUES

MÉXICO. SIERRA DE PETATLÁN, GUERRERO.

Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras: Si, 24 ejidos forestales.

Descripción del conflicto:

La tala indiscriminada ha destruido cerca de 86 mil de las 226 mil 203 hectáreas de bosques, ocasionado desertificación, eliminación de biodi-versidad y migración de especies (1992-2001). El agua de las corrientes locales se seca, los peces en las corrientes y los animales del bosque mueren como resultado de la pérdida de agua. La tierra se vuelve in-fértil generando problemas con la producción de cosechas. Actores en pugna:

Empresa maderera Boise Cascade, gobierno federal, estatal y muni¬cipal. En oposición la Organización Ecologistas Campesinos de las Montañas de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP).

Criminalización social:

Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, campesinos ecolo¬gistas perseguidos por el ejército, torturados y encarcelados dos años. Asesinato de Javier Torres Cruz, Jesús y Sergio Cabrera González.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.ciniacnoticias.coni.nix/noticias/03sep/03091806.html http://www.edlc.org/es/cases/individuals/rodolfo-montiel/ http://www.jornada.unani.nix/2007/10/10/mujeres.html http://www. proceso.com.mx/?p=326407

http://www.afectadosambientales.org/petatlan-y-cheran-destruccion-de-bosques/ http://sipaz.wordpress.com/tag/organizacion-de-campesi-nos-ecologistas-de-la-sierra-de-petatlan-y-coyuca-de-catalan/

14.DESALOJO DE RESERVA FORESTAL.

PARAGUAY. DISTRITO DE CURUGUATY, DEPARTAMENTO DE

CANINDEYÚ.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Un grupo de campesinos se resiste al desalojo de la reserva forestal de 2.000 hectáreas ubicada en el interior de la hacienda Morumbí, pro¬piedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme. "Blas Riquelme generó una inmensa fortuna durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República Paraguaya, dueño de varios supermer¬cados y establecimientos ganaderos. Riquelme se apropió de aproxima¬damente 2,000 hectáreas que pertenecen al Estado paraguayo mediante subterfugios legales, las cuales forman parte de una reserva forestal.

Descripción del conflicto:

La hacienda Morumbí fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.

Actores en pugna:

Todos los organismos de seguridad del gobierno, la Fiscalía o Ministe¬rio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, que dieron la orden de persecución (controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos). Campesinos que luchan por la distribución de tierras.

Criminalización social:

Se ha criminalizado a las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agrone-gocio. Es un proceso lento de descampesinización del campo paragua¬yo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo. En este caso, el comisario Walter Gómez -jefe de investigaciones policiales en Curuguaty- declaró que "la balacera continúa en medio de la selva porque los invasores no quieren rendirse". El resultado fue de 7 muertes entre los policías y 9 muertes entre los ocupantes de las tierras.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.uypress.net/uc_29433_l.html

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101980

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/06/678-466794-9-al-

menos-siete-policias-y-diez-campesinos-mueren-en-balacera-en-para-

guay.shtml

http://america.infobae.com/notas/52484-Al-menos-18-muertos-en-

Paraguay-en-el-desalojo-de-un-campo-en-Curuguaty

http://www.clarin.com/mundo/Paraguay-enfrentarse-policias-campe-

sinos-desalojo_0_719328269.html

http://www.clarin.com/mundo/Paraguay-enfrentarse-policias-campe-

sinos-desalojo_0_719328269.html"

15.EXPLOTACIÓN DE RESERVA FORESTAL POR MADERA Y RECURSOS MINEROS

VENEZUELA. RESERVA FORESTAL DE IMATACA EN EL ESTADO DE BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

El 14 de mayo de 1997 Rafael Caldera presidente de Venezuela puso

en marcha el decreto presidencial 1850 que consiste en la repartición

y concesión de la Reserva Forestal de Imataca a proyectos mineros y

forestales.

Descripción del conflicto:

Hay presión sobre el territorio por parte de los concesionarios, así como competencia por los recursos, por ejemplo, tierra y agua. Las comuni¬dades indígenas que son propietarias originales de los territorios y que pertenecen a las étnias Warao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón

hacen público en el mismo año su posición e inconformidad con este decreto que no contempla ni reconoce los territorios indígenas. Se su¬maron en aquel momento voces de distintos sectores que cuestionaron el decreto; la oposición de hecho se plasmó en la solicitud de nulidad del decreto, lo cual tuvo finalmente lugar por la Corte Suprema de justicia el 2 de agosto de 1997.

Actores en pugna:

Distintas empresas beneficiadas (Vannessa Ventures, Crystallex Inter¬national, Gold Reserve y Placer Dome, Hecla de origen norteamericano y Bolívar Gold con sede en Canadá), gobiernos venezolanos en turno, comunidades indígenas ancestrales. Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Venezuela.html

http://www.eraecologica.org/revista_03/lee_03.htmPimataca.

htm~mainFrame

http://www.h-debate.com/Spanish/historia%20inmediata/chavez/pa-

drino.htm

http://www.minesandcommunities.org/article.

php?a=6935&l=lredalyc.uaemex.mx/pdf/364/36480109.pdf

http://es.paperblog.com/la-reserva-forestal-imataca-un-bosque-en-

peligro-de-extincion-1540637/

16.TENDIDO ELÉCTRICO EN BOSQUES Y PARQUES

NACIONALES

VENEZUELA. DESDE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE

MACAGUA II EN PUERTO ORDAZ, MUNICIPIO CARONÍ DEL

ESTADO BOLÍVAR, HASTA LA POBLACIÓN DE SANTA ELENA DE

UAIRÉN, MUNICIPIO GRAN SABANA, DEL MISMO ESTADO.

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

La construcción del tendido eléctrico se llevó a cabo sin respetar las tierras donde habitaban los indígenas, hubo destrucción de propiedades por la construcción del tendido. Todos las demandas de los indígenas sobre el respeto de sus territorios fueron rechazadas.

Descripción del conflicto:

En 1997 Venezuela y Brasil convinieron la construcción de una línea de transmisión eléctrica; las obras y las protestas comenzaron en este año. El pueblo Pemón solicitó información a las constructoras y se manifes¬tó en la Universidad Central de Venezuela. Desde el principio las pro¬testas fueron apoyadas por cerca de 500 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. La demanda siempre fue la suspensión de la construcción del tendido, pues dañaba la Reserva Forestal de Imataca y afectaba 6 Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, entre ellas el Parque Nacional Canaima. Durante 1998 las protestas no cesa¬ron, hubo reuniones con las autoridades, se realizaron foros sobre el asunto, cierre de la carretera internacional que fueron reprimidos por la Guardia Nacional violentamente. Los Pemón entregaron documentos a las autoridades donde expresaban su postura frente a la construcción del tendido, se creó un Comité de Solidaridad con los Pueblos Indíge¬nas, y aún así las obras se reiniciaron en octubre de 1998.Las protestas volvieron, se bloqueó el paso a los vehículos de la constructora. En el marco del Foro Ambiental de Venezuela se apeló al derecho al terri¬torio que tienen los indígenas. Fue tomada la Embajada Brasileña en Caracas y se volvió a solicitar suspensión de obras. Un representante indígena denunció la violación de derechos humanos en Ginebra, inclu¬so se introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un amparo en contra del tendido. Se volvió a cerrar la carretera pero la Guardia reprimió de nuevo con violencia la protesta, los manifestantes retuvieron a un oficial en respuesta. A principios de 1999 se suspendieron las obras por¬que la constructora hizo modificaciones al proyecto, Chávez ya había tomado posesión. Se volvió a solicitar información a las constructoras y la respuesta sólo fue no construir propiedades por donde va a pasar el tendido. Los indígenas pidieron conocer la posición de Chávez, quien después en una visita a Brasil acordó la conclusión del tendido. Los Pe¬món hicieron comunicaciones a las autoridades así como declaraciones de rechazo, pero las obras se reiniciaron en julio. En Marzo de 2000 Chávez visitó a la comunidad para que aceptara el tendido, lo cual fue rechazado. La oposición al tendido continuó, así como las reuniones, pronunciamientos y la utilización de recursos judiciales para intentar frenar el proyecto. En septiembre fueron derribadas 7 torres del tendi¬do. En octubre el Tribunal Superior de Justicia aceptó el amparo pero sólo por el daño al ambiente y no a los derechos de los indígenas. Las peticiones de los Pemón de hacer un estudio de impacto sociocultural fueron rechazadas. Se organizó una caravana en contra del proyecto. Chávez declaró que el proyecto no se detendría por capricho de una minoría. La zona se militarizó y los efectivos hostigaban a la población indígena. Las manifestaciones seguían y volvían a ser acalladas por el

Ejército. A pesar de todo, en agosto de 2000 se inauguró el sistema de interconexión eléctrica hacia Brasil.

Actores en pugna:

Los indígenas que realizaron gran cantidad de acciones contra la cons¬trucción del tendido, las autoridades durante la administración de Ra¬fael Caldera, las autoridades de la administración de Hugo Chávez, el propio Chávez. Cerca de 500 organizaciones que respaldaron siempre las demandas de los pobladores indígenas.

Criminalización social:

Existió criminalización social de las protestas llevadas a cabo por los indígenas, todos los cierres de las carreteras fueron reprimidos por efectivos castrenses de forma violenta, las más de las veces utilizando gas lacrimógeno.

Fuentes electrónicas de información:

www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?...qlhhyCQUPQffb7

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/01_anexos0001.

pdf http://espanol.groups.yahoo.com/group/chaskinayrampi/

message/10347?var=l

AGROINDUSTRIA

l.-SOJA

ARGENTINA. PARAJE SAN BERNARDO, SANTIAGO DEL ESTERO.

CHACO ARGENTINO

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

El supuesto propietario de unas 8.000 hectáreas pretende desalojar a

11 familias campesinas de sus tierras tradicionales.

Descripción del conflicto:

El supuesto propietario de unas 8.000 hectáreas pretende desalojar a 11 familias campesinas de sus tierras tradicionales. El aumento del precio de la soja hizo que las tierras del Chaco Argentino aumenten su valor y, consecuentemente, avance la frontera agrícola, principalmente la de la soja. En dicha región, en la actualidad existen unas 800.000 personas afectadas por conflictos ambientales y de tenencias de tierras por los avances de la soja, y unas 7.200.000 hectáreas afectadas a dichos

conflictos. Estos procesos incluyen la destrucción de ecosistemas, y el despojo de tierras a campesinos y comunidades indígenas que viven en y de las zonas desforestadas. Cabe destacar que las muertes por des¬nutrición en la región, y en particular de miembros de las tribus toba y wichi se han incrementado de forma escandalosa los últimos años, pa¬radójicamente cuando mayor ha sido el avance de la soja. También cabe remarcar que son las provincias con mayor pobreza en Argentina. En la última década se han multiplicado los casos de cáncer, malformaciones y otras enfermedades en zonas cercanas a las explotaciones agrícolas

Actores en pugna:

El gobierno de la provincia y el nacional han tenido actitudes ambiguas hacia el conflicto (conducta que se ha repetido en todos los conflictos similares). Los afectados son los campesinos del lugar, en total 11 fa¬milias. Cuentan con el apoyo del Mocase.

Criminalización social:

Se ha ejercido una violencia al estilo "paramilitar", con amenazas y represiones por parte de agentes privados armados pagados por los supuestos dueños.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.produccion.com.ar/ver_nota.php?edicion=Ene_

Feb2011&numero=188&id=800

http://www.marcha.org.ar/l/index.php/nacionales/91-rural/2267-otro-

asesinado-en-las-tierras-de-la-so http://redaf.org.ar

http://www.paginal2.com.ar

www.farn.org.ar

horizontesur.com.ar

http://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com.ar

http://www.ecoportal.net

http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com.ar

http://infouniversidades.siu.edu.ar

2.CULTIVOS DE SOJA

ARGENTINA, CÓRDOBA, BARRIO ITUZAINGO.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

No en términos físicos sino en términos cualitativos, ya que los vecinos

del barrio Ituzaingo se ven despojados de sus derechos a utilizar y dis-

frutar de la tierra que les fue dada para uso residencial dado que las fumigaciones de agroquimicos se realizan sobre ellos. Descripción del conflicto:

CASO MADRES DE ITUZAINGO. Un barrio urbano de la ciudad de Córdoba (2da en importancia en Argentina) es colindante con campos de soja que fumigan con agroquimicos, incluyendo endosulfán y gli-fosato. Los vecinos del barrio se organizaron formando la agrupación "Madres de Ituzaingo" al comprobar los altos Índices de personas en¬fermas de cáncer y niños nacidos con malformaciones. El caso gano notoriedad internacional cuando la presidenta de "Madres de Ituzain¬go" recibió el Premio Ambiental Goldman en abril 2012. Actualmente se lleva adelante un juicio contra los fumigadores y los dueños del campo.

Actores en pugna:

A FAVOR: productores/dueños de campo de soja, Federación Agraria. EN CONTRA: municipalidad de Córdoba, diversas ONG ambientalis¬tas, vecinos del Barrio Ituzaingo, profesionales de las ciencias relacio¬nadas con la salud de la Universidad Nacional de Córdoba.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://madresdeituzaingo.blogspot.mx/

http://parendefumigar.blogspot.mx/

http://www.lavoz.com.ar/cordoba/sofia-gatica-todas-madres-ituzain-

go-anexo http://permahabitante.blogspot.com.ar/2012/06/madres-del-

barrio-ituzaingo-norte-piden.html

http://madresdeituzaingoanexo.blogspot.com.ar/

http://www.telam.com.ar/nota/28101/,

http://veintitres.infonews.com/nota-4883-sociedad-Peligro-agroquimi-

cos.html

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/06/ll/agroquimicos-mana-

na-declara-sofia-gatica-de-las-madres-de-ituzaingo/

http://www. puntal.com.ar/notiPortal.php?id=95729

3.-CULTIVOS DE CAÑA

BOLIVIA, LOCALIDAD FERNÁNDEZ ALONSO, MUNICIPIO

FERNANDO ALONSO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La zona está afectada por jarubichi (desecho de la producción de azú¬car), que UNAGRO vierte en la época de la zafra al arroyo que pasa por la fábrica y atraviesa el río Piraicito. El Jarubichi tiene un olor pesti¬lente, produce mortandad de peces, contaminación de pozos de agua familiares, el agua se atrofisa por oxidación. A pesar de que el problema es recurrente y data de más de 20 años

Actores en pugna:

Ingenio Azucarero UNAGRO, Habitantes de las zonas afectadas prin-cipalmente los de Faja Rocabado, Sagrado Corazón y Faja Cotoca, Fis¬calía de Distrito, Comisión Reguladora del Medio Ambiente, Juzgado Séptimo de Instrucción Penal, Viceministerio del Ambiente y Aguas, Superintendencia Forestal

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.fobomade.org.bo/documentos/libros/conambolivia.pdf

4.-MONOCULIWO DE EUCALIPTO Y AGROINDUSTRIA DE SOJA BRASIL, PARNAIBA, ESTADO DE MARANHAO

Inicio del conflicto: 1980

Despojo de tierras:

La concentración de la tierra en manos de grandes empresarios agro-industriales, en su mayoría del sur, ha generado la expulsión de los pequeños agricultores y los cimarrones de las poblaciones rurales, que viven en pequeñas explotaciones. Las plantaciones de eucaliptos a gran escala, han transformado la tierra en un "desierto verde".

Descripción del conflicto:

Agricultores y campesinos luchan contra el proceso de desertificación y despojo de tierras, debido a que en el municipio se produce eucalipto con la finalidad de convertirlo en carbón y utilizarlo como combustible en la transformación del mineral de hierro. Las comunidades afectadas denuncian que los proyectos de monocultivos en la región, han signi¬ficado más miseria y descomposición social en sus localidades, por lo cual resisten la invasión de sus tierras, optando por defender el derecho a la tierra. De igual manera, la agroindustria de soja ha aumentado la apropiación de tierras, cuyo resultado ha sido en un proceso de concen¬tración de la tierra en manos de empresarios agroindustriales.

Actores en pugna:

Grupo Suzano, y subcontratistas de empresas agroindustriales IBAMA, el INCRA, federales y fiscales del estado; el Foro para la Defensa del Bajo Parnaíba, , Forum Carajás, SMDH, Negro Culture Center, Grupo de Estudios Rurales y Urbano (GERUR), vinculada al Programa de Pos¬grado en Ciencias Sociales - UFMA, Foro para la Defensa de la Vida de Baja Maranhense Parnaíba (FDVBPM); Sociedad de Derechos Huma¬nos de Maranháo (SMDH) Pastoral Social de la Diócesis de Heath, de la Parroquia de San Urbano; Sindicato de Trabajadores Rurales - STTR

Criminalización social:

Quilombos (Matinha, Valencia, Belén, San Juan de los pilones, el Centro Teixeiras, Centro de la Cruz, la Bolsa de Almas, etc) y pequeños agriculto¬res en el Bajo Río Parnaíba están sufriendo varias violaciones de los dere¬chos humanos, debido a la expansión de la agricultura en la región. Esta realidad ha despertado organizaciones sociales para la defensa de las comunidades tradicionales de la región. Poblaciones tradicionales tam¬bién son víctimas de prácticas discriminatorias. El impedimento de ac¬ceso a los cauces de los ríos, la extracción sostenible de los recursos, la descalificación de las actividades de subsistencia tradicionales a favor de la cooptación para el trabajo asalariado en las fincas, acompañadas de dichas prácticas de intimidación, y la propensión de un ambiente de inseguridad y para desacreditar a la identidad tradicional.

Fuentes electrónicas de información: http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index. php?pag=ficha&cod=56

http://blogoutrosolhares.blogspot.mx/2012_12_01_archive.html http:// www.enlazandoalternativas.org/spip.phpParticle923

http://www.accionecologica.org/component/content/article/1638-de-claracion-de-la-red-contra-los-monocultivos-de-arboles-en-america-latina http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.mx/2013/02/ monocultivos-de-eucalipto-e-florestas.html

5.USO DE PLAGUICIDAS UBICACIÓN: BRASIL, CEARÁ

Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Investigadores del Departamento de Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará descubrieron que los residuos de plaguicida encontrados en el canal de agua que abaste cin¬co comunidades de Ceará. Aunque el problema no fue sólo en el agua, sino que varios agricultores que tuvieron que aplicar los plaguicidas presentaron posteriormente enfermedades letales. La empresa no in¬formaba correctamente a sus trabajadores de la correcta utilización de los plaguicidas.

Actores en pugna:

Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, agricultores

de la región, comunidades afectadas de Ceará.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.isaude.net/es/noticia/32142/salud-publica/inca-anvisa-fio-

cruz-estudio-y-la-accion-coordinada-en-la-lucha-contra-los-plaguicidas

http://www.loquesomos.org/index.php/es/amasando/

tierra-campesina/216-las-poblaciones-denuncian-que-

los-agrotoxicos-y-los-transgenicos-enferman-a-las-personas-y-perjudi-

can-los-cultivos-tradicionales-

http://noticias.ambientebrasil.com. br/noticia/?id=25199

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=564719

http://www.ecodebate.com.br/2008/04/30/agrotoxico-e-usado-de-for-

ma-indiscriminada-no-ceara/

6.-GANADERÍA

BRASIL, COMUNIDAD KURUSU MBA, MATO GROSSO DO SUL.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Violencia y despojo contra guaraníes por tierras de ganado.

Descripción del conflicto:

A partir de la década de los años noventa la población guaraní-kaiowá intentó recuperar su territorio en Kurusu Mba el cual ha sido absorbido por terratenientes ganaderos. Estos han cometido actos de violencia y asesinatos en contra de la población indígena por la posesión de las tierras. Aun no hay acciones contundentes por parte del gobierno para la resolución del conflicto.

Actores en pugna:

Terratenientes ganaderos, comunidad guaraní-kaiowá.

Criminalización social:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.survivalfrance.org/noticias/2693

http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/713441.php

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/otra-victima-de-

la-lucha-de-los-guarani-kaiowa-por-la-tierra/

7.AGROCOMBUSTIBLES

BRASIL, SELVA AMAZÓNICA, EN ESPECIAL EL CERRADO.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

La dependencia europea de la producción de soya y caña de azúcar bra¬sileña para la fabricación de piensos y biodiesel, así como la ganadería intensiva constituyen una de las razones principales de deforestación amazónica. La reforma al Código Forestal otorga ventaja a la agroin-dustria provocando la destrucción de millones de hectáreas de la selva, emitiendo además toneladas de C02.

Actores en pugna:

Amigos de la Tierra Europa, gobierno de Brasil, agroindustria europea.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.tierra.org/spip/spip.phpParticlel257

http://www.foeeurope.org/agriculture/selva_plato.pdf

8.TRANSGÉNICOS CHILE

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

No existen procesos de despojo de tierra.

Descripción del conflicto:

En 2006 fue presentado en el Senado un proyecto de ley permitía el cultivo y la comercialización de transgénicos en el país; en 2008 fue aprobado por el Senado pero después quedó congelado. En marzo de 2011 el tema resurgió en la Cámara alta por indicación del gobierno de Pinera y sus ministros de Estado, principalmente el de Agricultura; así comenzó de nuevo la discusión sobre transgénicos en el Senado, donde al parecer hay suficiente apoyo. A mitades de 2012 el tema ha llegado a la sociedad y organizaciones chilenas, creándose campañas y diversas manifestaciones en contra de la introducción de transgénicos para el consumo en Chile. Así, en julio de 2012 se llevó a cabo una campaña de etiquetación de transgénicos en un importante supermercado en Santiago. En agosto de 2012, la sociedad y distintas organizaciones apo¬yaron un proyecto de ley que señala la moratoria a la introducción de cultivos transgénicos en el mercado chileno y el etiquetado de alimentos transgénicos, el proyecto fue firmado por cinco senadores y establece una moratoria de 10 años, fundamentado en los impactos negativos de los transgénicos en la economía chilena, el ambiente y la salud de quienes los consumen.

Actores en pugna:

La sociedad civil y organizaciones de Chile que están en contra de la comercialización de transgénicos en el país. El gobierno de Pinera que apoya el proyecto de ley a favor de los transgénicos, entre los senado-

res se encuentran vínculos claros con las industrias involucradas. Las transnacionales agroquímicas, que son las principales beneficiadas, entre las que están Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont/Pioneer y sus socios chilenos integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.veoverde.com/2011/03/chile-ministerio-de-agricultura-pre-

senta-proyecto-de-ley-para-admitir-los-cultivos-transgenicos-en-el-

pais/

http://diario.latercera.com/2011/04/17/01/contenido/pais/31-

66074-9-proyecto-de-ley-abre-debate-sobre-cultivos-transgenicos-en-

chile.shtml

http://www.olca.cl/oca/transgenicos/transl2.htm

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102210

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102133

http://redsocioambientalvalpo.blogspot.mx/2011/04/proyecto-de-ley-de-

transgenicos-en.html

http://www.yonoquierotransgenicos.cl/yo-no-quiero-transgenicos-en-chile/

9.CRIANZA DE CERDOS PARA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA CHILE, COMUNA DE FREIRINA, VALLE DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

No existen explícitamente procesos de despojo de tierra, pero sí de recur¬sos naturales. La planta de Agrosuper, dedicada a la crianza de cerdos, tiene en su poder 20 pozos, sin tener autorización para extraer agua.

Descripción del conflicto:

La empresa Agrosuper comenzó con el proyecto en el 2006, sin embargo es hasta el 2012 cuando la planta faenadora despierta un evidente re¬chazo debido a que una falta de agua ocasiona en el interior de la planta la muerte de centenares de cerdos lo que provocó un olor insoportable ante el cual se manifestó la gente. El ministerio de sanidad cerró la planta y ordenó que antes del 25 de noviembre se debía sacar a todos los animales. Ahora bien, aunque el hedor fue lo que despertó el malestar

de la gente, en realidad la presencia de la planta a través de los años había ido reuniendo una serie de argumentos en su contra por parte de la gente de la zona. Uno de los problemas principales es la enorme cantidad de agua que requiere la crianza y engorda de los cerdos, se estima que la planta requiere de 4 millones de litros de agua diarios por lo cual hay una sobre explotación de la cuenca de Huasco. Así mismo se ha denunciado que la empresa no da tratamiento a sus residuos feca¬les y de animales muertos lo que amenaza con contaminar los suelos. Se menciona que mueren alrededor de 10,000 puercos mensualmente. La planta es una de las mayores del mundo, es propiedad de Gonzalo Vidal, dueño también de otras empresas del ramo agroindustrial como Superpollo, Supercerdo, Supersalmón, La Crianza, etc., cuyos produc-tos destina al mercado interno y a la exportación. La presencia de éstas empresas en distintos lugares de Chile ha creado distintos problemas a raíz de la magnitud de las granjas y el demandante uso de insumos que requiere así como el mal manejo de residuos que hacen. Los gran¬des proyectos agroindustriales reciben el beneplácito de los gobiernos chilenos pues el país busca posicionarse como una potencia agroali-mentaria y forestal. En el caso de la planta de Freirina, es de resaltar que la comunidad está en el Valle del Huasco que es el último valle con un río vivo que aún lleva agua en lo que se conoce como los valles del norte chico que es una zona de transición entre los valles verdes de la zona central y el desierto atacameño. Otros valles del norte chico han quedado secos como es el caso del de Copiapó cuyo río se ha secado. La gran minería en la zona es en parte responsable del estado en el cual se encuentran los valles pues tiene un uso intensivo del agua además de contaminar suelos y líquido con químicos como cianuro y mercurio, por ejemplo Pascua Lama es un proyecto minero que justo trabaja en la zona con uno de los mayores yacimientos de oro del mundo.

Actores en pugna:

La empresa de Gonzalo Vial, cuyo proyecto fue apoyado por el gobierno de Pinera, pues quiere hacer de Chile una potencia en la producción de carnes y en la industria forestal. Los habitantes de Freirina y organi¬zaciones ambientales que piden se solucione el problema en todos sus aspectos. El gobierno de Chile que no hace sino reprimir las protestas.

Criminalización social:

Las Fuerzas Especiales de Carabineros han llevado a cabo violentas represiones contra las manifestaciones, han usado balines, bombas la-crimógenas y carros lanzaaguas. El resultado de la represión ha sido de 9 detenidos, dos heridos de gravedad (uno perdió un ojo) y dos carros policiales quemados.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/12/680-497934-9-lon-

gueira-espera-que-cierre-de-planta-agrosuper-en-freirina-no-sea-una-

medida.shtml

http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2012/06/12/97759/Freirina-

continua-con-malos-olores-por-planta-de-Agrosuper.aspx

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101670

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101672

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101765

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102299

http://radio.uchile.cl/noticias/152085/

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102262

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101939

10.USO Y PRODUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

CHILE, PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES DE BÍOBÍO, O'

HIGGINSYMAULE.

Inicio del conflicto: Años noventa del siglo XX

Despojo de tierras:

No hay despojo de tierras en este tema

Descripción del conflicto:

El empleo de químicos en las actividades agrícolas en Chile es cons¬tante, por ejemplo, han sido muchos los casos que se han reportado de personas, sobre todo temporeros agrícolas, que sufren daños difíciles de medir a causa del contacto con plaguicidas. Cifras dadas a conocer por la Red de Vigilancia Epidemiológica (REVEP), dependiente del Mi¬nisterio de Salud, indican que en el año 2008 se notificaron 795 intoxi¬caciones, y 4 muertes provocadas por exposición a plaguicidas, siendo las regiones más afectadas las del Bíobío y O'Higgins según indica una nota de OLCA. El gobierno chileno recientemente prohibió la importa¬ción de endosulfan pero no ha legislado la compra, producción y uso de otros plaguicidas que están dentro de la clasificación la de la OMS que los considera extremadamente peligrosos para la salud. Diversos análisis han demostrado que diversos alimentos como las hortalizas presentan altos grados de contaminación por diferentes plaguicidas, por ejemplo una lechuga analizada presentó residuos de tiofanato de metilo en una concentración que sobrepasa en 64 veces el límite máxi¬mo permitido en la Unión Europea para esta sustancia. A la par de que algunos representantes de gobierno se niegan a prohibir la adquisición

y uso de plaguicidas, en la misma lógica se permite la producción de otras sustancias químicas destinadas a la agricultura. Es el caso por ejemplo de la empresa de agroquímicos Trical quien recibió en los pri¬meros meses del 2012 la aprobación para aumentar en 100,000 litros su producción de agroquímicos; por lo cual habitantes de la zona con¬denan el permiso pues sostienen que se corre el riesgo de que queden contaminados los sistemas de agua potable y riego.

Actores en pugna:

Sociedad en general que es afectada por los riesgos de la producción, uso y consumo de agroquímicos. Empresas productoras y gobierno chileno que no garantiza la salud de las personas y la no contaminación del ambiente. También la OMS que ha especificado los riesgos de los plaguicidas.

Criminalización social:

No hay criminalización directa hacia la gente que denuncia los proble¬mas derivados de los agroquímicos, pero por ejemplo los temporeros o temporeras agrícolas temen denunciar haber sido afectados por el contacto con plaguicidas por temor a represalias por parte de los patro¬nes. En el caso de la comunidad de Los Choapinos donde tiene su sede Trical, así como otras comunidades del sur chileno que participaron en una movilización para repudiar el permiso a la empresa fueron agredi¬dos por la policía militar chilena.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/arti culo/nota.php?id=101935

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag35.htm

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag44.htm

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag074.htm

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag071.htm

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag54.htm

http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag53.htm

http://olca.cl/arti culo/nota.php?id=101812

1 l.-RESIDUOS GENERADOS POR LA PLANTA DE CELULOSA

ARAUCO.

CHILE, REGIÓN DE LOS RÍOS

Inicio de conflicto: 1996

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:

Mehuín y el ducto de Celulosa Arauco: Tras una larga lucha de la comu¬nidad de Mehuín se aprobó, de igual forma, la instalación del ducto que evacuará los desechos de celulosa Arauco al mar. El Comité de Defensa del Mar demandará al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Celulosa Arauco En Oposición: Comité de De¬fensa del Mar de Mehuin.

Criminalización social:

Si.Presencia policial permenente en las comunidades mapuche, allana-mientos, amenanazas de muerte a los indígenas que se opongan al pro¬yecto hidroeléctrico, hostigamiento constante, ataques permamentes a las casas de los protestantes.

Fuentes electrónicas de información:

http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com/

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2886

http://kultura-mapuche.blogspot.com.ar/2012/04/no-al-ducto-evacua-

cion-toxica-de-celco.html

http://www.noalducto.com/

http://movimientoporladefensadelmar.wordpre ss .com/2012/12/21/

calendarios-defensa-del-mar-no-al-ducto-en-mehuin-2013/

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/10/655-487053-9-tras-

siete-anos-construccion-de-ducto-de-arauco-en-valdivia-entra-a-su-

fase.shtml

12.-CULTIVO DE PALMA DE ACEITE PARA AGROCOMBUSTIBLES COLOMBIA, REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO, MINICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, ANTIOQUIA, BOYACÁ, CESAR Y BOLÍVAR.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

Se destaca el caso de 123 familias que cultivaron en el predio de las Pavas, aspirando ala titulación de los predios y fueron desalojadas dos veces violentamente por parte de un Bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares). El propietario del predio vendió en marzo de 2007 los predios en cuestión al Consorcio El Labrador, formado por las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. Ambas empresas están dedicadas al cultivo de palma aceitera en la región y están afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). El desalojo de los predios lo adelantó la policía y fuerzas antidisturbio del estado.

Descripción del conflicto:

A pesar de que la mitad de la población está subalimentada, se calcula que las familias gastan más del 50% de sus gastos generales en comprar ali¬mentos; y que 8 de cada 10 familias gastan más de la mitad de sus ingresos para alimentarse. No obstante la mayoría de municipios en la región son eminentemente rurales, las familias ya no producen sus propios alimen¬tos y tienen que comprar casi todo en el mercado.26% del área total sem¬brada que se calcula en 336.9567 hectáreas se dedica al cultivo de palma. Algunos estudios calculan que unos 4.586 campesinos con cerca de 52.427 hectáreas de palma sembrada, actúan como proveedores de la materia prima para las plantas extractores de las grandes empresas a través de "alianzas productivas". Los cambios ambientales en los terri¬torios, según las mismas comunidades, han conducido a importantes transformaciones, dando así origen a la pérdida de suelos, fauna, flora, contaminación y acceso al agua, afectación a la salud humana, desnu¬trición y hambre crónica. El modelo de plantación, monocultivo y gran propiedad, ha generado la disminución de cultivos de alimentos en la región y por tanto, una situación delicada en cuanto ala seguridad ali¬mentaria de la población local.

Actores en pugna:

Empresas productoras de palma de aceite, entre ellas empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A.y la contraparte es la pobla¬ción campesina.

Criminalización social:

Existen amenazas en contra de la citada organización de campesinos

en el caso del predio de las Pavas.

Fuentes electrónicas de información:

http://otrosmundoscol.wordpress.com/category/agrocombustibles/ http://www.rebelion.org/noticia.php?id= 140759 http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/grave-situacion-humanitaria-de-campesinos-desplazados-por-ex-contratista-de-multinacional-de-cosmeticos/20101004/nota/1366745.aspx http:// retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/02/informe-fian-palma-en-el-magadalena-medio.pdf

13.-SEMILLAS CRIOLLAS COLOMBIA, TODAS LAS PROVINCIAS.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

No existe un despojo como tal, sin embargo está presente la amenaza

directa a la megadiversidad, a los cultivos de consumo y a la soberanía

alimentaria.

Descripción del conflicto:

En abril de 2012, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos aprobó la ley 1518 por medio de la cual se aceptó el "Convenio In¬ternacional para la protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 1991", el cual forma parte de los procesos de apertura comercial del TLC firmado con Estados Unidos. Este Convenio pone en peligro la agricultura campesina colombiana y los modos de subsistencia más rudimentarios, ya que, criminaliza y condena el uso de semillas nativas. En tanto, habitantes de distintas zonas del país, se organiza¬ron en el Valle de Cauca mediante el Coordinador Nacional Agrario (CNA) para rechazar la imposición de semillas protegidas y con¬troladas por empresas transnacionales como Monsanto y Syngenta, tratando de rescatar su derecho autónomo a sembrar y usar semillas criollas de manera legítima. Los argumentos para cancelar esta ley son los inminentes daños a la naturaleza, la perdida y erosión de los suelos, así como la pérdida de cuantiosas siembras, tal como sucedió en 2011 en El socorro, municipio de Falan con el maíz transgénico de Monsanto

Actores en pugna:

El gobierno colombiano no ha aceptado la revocación de la ley 1518, mientras asociaciones campesinas, indígenas y civiles han expresado su inconformidad intentando eliminar los efectos de la ley por la vía jurídica ante la Corte Constitucional.

Criminalización social:

Existe criminalización y sanción legal a todo aquel quien realice pro¬ducción, comercialización o uso de semillas criollas.

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101907

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101901

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151725

http://semillasdeidentidad.blogspot.mx/2012/07/intervencion-ciudada-

na-frente-ley-1518.html

http://olca.cl/arti culo/nota.php?id=101455

http://semillasdeidentidad.blogspot.mx/2012/06/salva-las-semillas-

nativas-y-criollas.html http://www.cloc-viacampesina.net/pt/

temas-principales/soberania-alimentaris-y-comercio/1281-colombia-

por-la-defensa-de-las-semillas-libres

http://www.avaaz.org/es/petition/Salva_las_semillas_limpias_la_

diversidad_y_la_cultura_en_Colombia/

http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=Il—&x=20158015

14.PALMA AFRICANA

COLOMBIA, JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ EN EL CARMEN DEL

DARIÉN, CHOCÓ. EN EL BAJO ATRATO, URABÁ CHOCOANO.

Inicio del conflicto: 1997- 2012

Despojo de tierras:

Las violaciones contra dichas comunidades datan de 1997, año en que la Fuerza Pública adelantó la operación Génesis, comandada por el General retirado Rito Alejo del Río, en circunstancias que actualmente son objeto de investigación judicial. El efecto directo de dicha opera¬ción militar fue el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá y el vaciamiento del territorio, circunstancias que se tradujeron en el despojo más grande de territorios que se ha documentado hasta la fecha. El Incoder lo calificó como una "contrarreforma agraria", dado que las tierras adjudicadas a poblacio¬nes rurales terminaron en manos de terratenientes.

Descripción del conflicto:

La importancia de la región del Chocó Biogeográfico debido a su ubica¬ción estratégica y a la riqueza de los recursos naturales, ha generado la disputa por el control de estos territorios, especialmente por los grupos armados y por los intereses del capital internacional. En este contexto, la fuerte presencia y control que ejerce los grupos paramilitares en la región del bajo Atrato, coincide con el incremento acelerado del estable¬cimiento de plantaciones de palma africana dentro de los territorios co¬lectivos de las comunidades afrocolombianas ubicadas en esta región. Esta situación igualmente coincide con el incremento del conflicto, el desplazamiento de parte de estas poblaciones y con la expropiación de estos territorios colectivos a partir de titulaciones privadas a varias empresas palmicultoras y ganaderas que actualmente controlan parte de este territorio.La viabilidad de estos proyectos de palma africana se relacionan con el proceso de legitimación de territorios y de tie¬rras desalojadas y controladas por los grupos paramilitares, el lavado de inversiones producto de actividades ilícitas y también asociadas a las inversiones para la producción masiva de biodisel en el país, como sustituto del petróleo: éste es uno de los proyectos prioritarios para el gobierno nacional y para los grandes inversionistas en este sector.

Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, In-coder, 2005, quien envió una comisión de verificación entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004, revela que el 93% de la siembra de palma africana realizada por las empresas Ura-'plama, Palmas de Curavaradó, Palmas S.A y Palmando, están ubicadas en la zona de los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, correspondiente a 3.636 y 180 hectáreas respectivamente. El 7% restante se encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicada por el Incora, antes de la vigencia de la ley 70 de 1993.

Actores en pugna:

Comunidad: Comunidades afrocolombianas oriundas de la región. Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Mercado: em¬presas palmicultoras Ura-'plama, Palmas de Curavaradó, Palmas S.A y Palmando entre otras. Estado: Gobierno Nacional, Ministerio de De¬fensa, Incoder, Defensoría del pueblo, Procuraduría. Grupos al margen de la ley (especialmente paramilitares).

Criminalización de la protesta:

Las operaciones militares con apoyo paramilitar se adelantaron con la justificación de que el territorio estaba ocupado por grupos guerrille¬ros. Actualmente continúa la persecusión a líderes comunitarios por

el proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos. Como ejemplo está el asesinato por parte de presuntos paramilitares del líder chocoano Manuel Ruiz y su hijo Samir de Jesús el día 24 de marzo de 2012.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.se tianworks.net/indepazHome/index.php?view=articl

e&id=370%3Asentencia-curvarado-y-jiguamiando&option=com_

content&Itemid=87 http://www.semana.com/nacion/mayor-proteccion-

del-gobierno-para-lideres-tierras-pide-procuraduri a/174850-3.aspx

http://www.semana.com/nacion/asesinatos-manuel-ruiz-su-hijo-otro-

golpe-restitucion-tierras/174559-3.aspx http://memoriaydignidad.org/

memoriaydignidad/index.php/site-administrator/tierra-y-territorio/

casos/caso-curvarado-y-jiguamiando/814-contexto-caso-curvarado-y-

jiguamiando

http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/22660/yamile-salinas-

abdala/el-caso-de-jiguamiando-y-curvarado-estrategia-criminal

http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=blbl--&x=20154589

15.MONOCULTIVO DE PALMA AFRICANA

ECUADOR, PROVINCIA DE ESMERALDAS CANTONES SAN

LORENZO Y ELOY ALFARO (ZONA NORTE)

Inicio del conflicto: 1990- 2010

Despojo de tierras:

Desde 1999, las plantaciones de palma alcanzan alrededor de 33.000 ha de terreno en el cantón San Lorenzo. "La compra masiva de tierras en el cantón San Lorenzo, en una extensión de alrededor de 60.000 ha, por parte de personas naturales y jurídicas para dedicarlas al monocultivo de la palma, genera varios problemas en la población, como el desplazamiento masivo de campesinos [...] ocasionando con¬flictos vinculados a la tenencia de la tierra" (FIDH, 2005). Las perso¬nas que transfirieron sus posesiones a las palmicultoras, tendrían que abandonar estos lugares. Probablemente se desplacen hacia centros urbanos o hacia otras zonas de bosques "aún no impactados" o a los territorios de comunidades afroecuatorias o indígenas Awá y Chachi, con los consecuentes conflictos sociales y ambientales que implica la dinámica colonizadora.

Descripción del conflicto:

En febrero de 1999, miembros de la directiva del Frente de defensa de los Campesinos de San Lorenzo, conjuntamente con otros 150 cam¬pesinos de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, denunciaron la devastadora tala de bosques primarios y secundarios emprendida por las palmicultoras para implementar en esas 30 mil hectáreas, monocultivos de palma africana. Este proyecto inició en 1998, y hasta el momento, se han talado aproximadamente 4.550 hectáreas de bos¬que, 2.500 de las cuales corresponden a bosque primario. La Misión Internacional recibió denuncias sobre las fuertes presiones que las compañías ejercen en las comunidades indígenas y afro descendientes de Guadalito y La Chiquita, respectivamente. En Guadualito, las 42 familias poseen en total 1.630 ha, y se ven cercadas por palmicultoras y madereras . La Misión recibió denuncias de la Fundación Altrópico sobre la grave contaminación del agua potable, debido al uso de 18 tipos de agroquímicos por parte de las palmicultoras. Los ríos desem¬bocan en afluentes grandes, como el Tululbí, contaminando zonas de manglares, donde se proveen de alimento gran parte de la población de San Lorenzo.

Actores en pugna:

Campesinos afroecuatorianos y mestizos y Compañías palmícolas: Pal¬mera de los Andes, Agrícola San Lorenzo, Ecuafincas, Hacienda Teo-brama, Aiquisa, Palesema, Ales, La Fabril. Autoridades involucradas: Ministerio del Ambiente, Gobernación de Esmeraldas, Defensoría del Pueblo (Pichincha).

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://lalineadefuego.info/2012/07/23/de-la-palma-aceitera-y-la-mi-neria-un-breve-analisis-del-sistema-extractivista-legal-e-ilegal-en-el-norte-de-esmeraldas-por-ivan-roal/ http://www.accionecologica.org/ index2.php?option=com_content&task=emailform&id=94

16.-SEMILLAS DE MONSANTO HAITÍ, HINCHE (ESTE).

Inicio del conflicto: 24/05/2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Se buscó denunciar la compra de 475 toneladas de semillas de Monsan¬to por parte del gobierno como solución al Estado urgencia. La base del movimiento campesino de Papaye se dirigió hacia el parque de Charle-magne Peralte con el fin de negarse a recibir las semillas, en protesta, decidieron quemar las semillas otorgadas por el gobierno en el mismo parque haciendo un llamado a generalizar la protesta y la quema en el país de todas las semillas provenientes de Monsanto ya que sólo sirve para la primera generación de siembra.

Actores en pugna:

El Movimiento Campesino del Congreso de Papaye (MPNKP), Cabezas Unidas (Tet Kole) y Coordinación Regional de las Organizaciones del Sureste (CROSS), movimientos estudiantiles , la Plataforma para un Desarrollo Sostenible en contención con Monsanto y el gobierno y el proyecto Winner.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/oca/transgenicos/transgenicos039.htm http://servindi.

org/actualidad/26153 http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=17298

http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/semillas-

transgenicas-desatan-polemica-haiti/

http://www.bionero.org/planeta/campesinos-de-haiti-rechazan-dona-

ciones-de-semillas-transgenicas-de-monsanto

MÉXICO, YUCATÁN MUNICIPIOS DE SANTA ELENA, TICUL OXKUTZCAB, TEKAX, TZUCACAB, PETO Y TIZIMÍN.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

Desde 2005, se lleva a cabo siembras de soya transgénica tolerante al herbicida glifosato (que la misma empresa produce) en la región y está en la última fase para convertirla en un cultivo comercial. En 2012 se otorgó el permiso para la siembra de 30 mil hectáreas de soya transgé¬nica solicitada en 2011. Los apicultores de Yucatán se oponen a la siem¬bra de la soya transgénica, ya que pone en riesgo la producción de miel orgánica (debido al cambio de polinización por parte de las abejas). El 95 por ciento de la miel de Yucatán se exporta y en caso de contamina¬ción por transgénicos se afectaría a 12 mil familias del Estado.

Actores en pugna:

Impulsado por: Monsanto, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien¬tal (DGIRA), y Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. En oposición: Greenpeace; organizaciones campesinas, UNORCA, api¬cultores, comercializadores y exportadores de miel.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información:

http://diariojuridico.com.mx/actualidad/noticias/denuncia-greenpea-

ce-a-funcionarios-de-semarnat-por-avalar-siembra-comercial-de-

soya-transgenica. html;

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Diciembre/De-

nuncia-Greenpeace-irregularidades-en-permiso-dado-a-Monsanto-/;

http://www.infolliteras.com/noticia.php?id=3428;

http://diariojuridico.com.mx/actualidad/noticias/lanza-sociedad-civil-

rechazo-a-siembra-de-soya-transgenica-en-yucatan.html;

http://www.monsanto.com.mx/papelagro.htm

http://yucatan.com.mx/yucatan/rechazo-a-transgenicos

MÉXICO, CAJEME, SONORA

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

Si, despojo de tierras fértiles de comunidades indígenas para las siem¬bras experimentales. Breve descripción del conflicto

La liberación al ambiente de plantas transgénica pone en riesgo la va-riabilidad genética de especies endémicas y favorece la aparición de nuevas plagas en los cultivos, en tanto que el consumo humano de transgénicos favorece las reacciones de procesos alérgicos. Una vez esparcidos, los agrotóxicos contaminan los ríos, los mantos freáticos, las costas, el aire, el suelo y los alimentos. La exposición de los seres humanos ocurre por inhalación, ingestión y contacto. Pone en riesgo la biodiversidad y las semillas nativas.

Actores en punga:

AgroBio México, Monsanto, gobierno federal y estatal. En oposición el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Greenpeace México, Semillas de vida, Red en Defensa del Maíz.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://europafocus.wordpress.com/2011/12/19/siembra-de-proble-mas/ http://www.jornada.unam.mx/2012/07/04/sociedad/044nlsoc http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial. php?artid=15502

19.GANADO PORCINO MÉXICO, PEROTE, VERACRUZ.

Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Criadero de cerdos: En el poblado La Gloria, se gestó un movimein-to que suma ya 20 poblados de Veracruz y Puebla que desafían a la Trasnacional. Los activistas han documentado el perjuicio ecológico,

ya evidente en el valle de Perote, como las lagunas de oidación donde vierten excrementos y residuos químicos a cielo abierto y sin mem¬branas ecológicas que impidan la filtración de líquidos a los mantos freáticos. Eso sin contar los olores fétidos que infestan todo el valle. Al parecer, esa contaminación habría sido la causante de un brote de infecciones respiratorias.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Smithfield Foods / Granjas Carroll de México, S.A. de C.V. / Agroindustriales Unidos de México, S. A. de C.V.. En opo¬sición: sociedad civil.

Criminalización de la protesta:

Sí. 2007, 4 personas fueron acusados penalmente luego de una marcha que bloqueó la carretera federal Achichica-Perote, para exigir el retiro de los criaderos de cerdos. Cinco dirigentes del movimiento, enfrenta¬ron procesos judiciales por oponerse a la instalación de los criaderos de cerdos, que contaminan el ambiente.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.saboteamos.info/2011/02/19/contaminacion-y-enfermedad-

en-el-valle-de-perote-el-caso-de-granjas-carroll/

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/moreno-valle-

impulsor-de-la-expansion-de-carroll-en-puebla-pueblos-unidos_

id_8338.html

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=260223

http://www.afectadosambientales.org/pobladores-detienen-los-

trabajos-de-expansion-de-la-empresa-granjas-carroll-en-guadalupe-

victoria/

http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/politica/018nlpol http://

www.jornada.unam.mx/2009/04/12/index.php?section=estados&articl

e=020nlest

http://www.fedessp.org/documentos/La%20negra%20histo-

ria%20de%20Granjas%20Carroll.pdf http://www.youtube.com/

watch?v=n3EFSL0O06A

PARAGUAY

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso

de los monocultivos de soja.

Descripción del conflicto:

En 1993 el gobierno paraguayo incluyó en la Ley de Evaluación e Im¬pacto Ambiental una prohibición al maíz transgénico. A pesar de ello, los poblados de la región oriental del país han sido desde entonces acosados por los agronegocios en detrimento de la agricultura tra¬dicional. Hasta enero de este año, las semillas de maíz transgéni¬co habían sido traídas desde las regiones sojeras localizadas en los departamentos de de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, las cuales a su vez fueron introducidas de contrabando desde Brasil y Argentina. Según cálculos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), existen alrededor de 100,000 Ha de cultivos de maíz transgénico en el país. El 17 de noviembre de 2010 el minis¬terio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Paraguay dio a conocer la aprobación de las solicitudes presentadas por las empresas esta¬dounidenses Dow AgroSciences, Monsanto y Syngenta, además de la nacional Agrotec para realizar pruebas de cuatro especies de maíz transgénico. El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), fue designado para la supervisión. Finalmente, la autorización para ese tipo de producción se ha otorgado en 2012 durante una reunión entre el Federico Franco(quien ocupó el cargo tras la destitución del mandatario Fernando Lugo) con los grandes empresarios del sector y la firma posterior de un decreto. Los maíces serán liberados para su explotación comercial a finales del 2012 o principios del 2013. Todo ello indica que el cambio en la legislación formaliza una práctica ya desarrollada (tal como sucedió con la soja transgénica de Monsanto). En agosto de este año (2012), la Federación Nacional Campesina (FNC) anunció la realización de movilizaciones de sus miles de afiliados en protesta por la aprobación -por parte del gobierno- del uso de semillas transgénicas para la siembra de maíz y algodón. Además de la FNC, un total de 28 centrales campesinas e indígenas, junto a instituciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos, exigieron al Ministerio de Salud y a la Secretaria del Ambiente publicar los argu¬mentos utilizados para liberar el maíz transgénico.

Actores en pugna:

A favor del maíz transgénico: multinacionales de la biotec¬nología, élites agroexportadoras,algunos sectores del gobier¬no y ciertas organizadoras agrícolas (Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Aso¬ciación Rural del Paraguay (ARP). En contra del maíz transgénico: Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos ("Campaña Na¬cional Paraguay Libre de Maíz Transgénico"). Campesinos y productores indígenas. Destaca la organización "Vía campesina Paraguay" y la Federa¬ción Nacional Campesina (FNC). Algunos sectores del gobierno. Destaca la SENAVE y la Secretaría del Ambiente, atacadas por los medios de comuni¬cación para desacreditar la determinación gubernamental de controlar los cultivos ilegales de maíz genéticamente modificado. La Cámara de Sena¬dores, de mayoría opositora (solicitó al Ejecutivo la inmediata suspensión de las intervenciones en los cultivos de maíz transgénicos).

Criminalización de la protesta:

Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso

de los monocultivos de soja.

Fuentes electrónicas de información: http://www.latice.org/milj/es/notalimjll09es.html http://www.scidev.net/es/news/paraguay-inicia-cultivo-experimental-de-ma-z-transg-nico.html

http://www.rnv.gov. ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=192551 http://www.pojoaju.org.py/2/comunicado-de-las-organizaciones-campesinas-e-indigenas-ongs-y-redes-ambientalistas-referente-a-la-liberacion-del-maiz-transgenico/

21.ALGODÓN TRANSGÉNICO. PARAGUAY

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso

de los monocultivos de soja.

Descripción del conflicto:

En julio de este año (2012) el Poder Ejecutivo paraguayo, a cargo de Federico Franco, emitió el decreto N° 9.503/12 para la liberación del algodón transgénico. De acuerdo a diversas organizaciones sociales,

este decreto viola normas jurídicas de mayor jerarquía según el orden jurídico positivo establecido por el artículo 137 de la Constitución Na¬cional, desconociendo disposiciones expresas del Protocolo de Carta¬gena sobre Seguridad en la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Ley de la República N° 2.309/03, instrumento jurídico internacional tiene carácter vinculante para nuestro país, en cuanto al tratamiento y uso seguro de los productos de la biotecnología moderna (ver lista completa en comunicado de prensa Alter-Vida). A pesar de las promesas hechas por las empresas biotecnológicas, la rea¬lidad es muy distinta, no sólo porque el comportamiento del cultivo no es óptimo en cuanto a su rendimiento por ha., sino porque el algodón transgénico promueve un modelo agrícola que somete económicamente a los agricultores al hacerlos dependientes de a un paquete tecnoló¬gico compuesto por semillas patentadas y alto uso de agroquímicos. Los riesgos ambientales por la utilización de agrotóxicos, así como las consecuencias en la salud e ingresos, preocupa también a los pequeños campesinos. El ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, señaló que con la liberación del algodón transgénico simplemente se regulariza una situación de hecho (tal y como sucede en el caso de la soja y el maíz). Las semillas serán importadas desde Argentina y Brasil, de acuerdo a las variedades adaptadas para la región y el país.

Actores en pugna:

Diversas organizaciones sociales y campesinas en contra de la intro¬ducción de semillas de algodón transgénico: Movilización liderada por la Federación Nacional Campesina de Paraguay (FNC). Demandas por parte de Alter Vida- Centro de Estudios y Formación para el Ecodesa-rrollo. A favor: el gobierno de Federico Franco, empresas agroindustria-les, la Unión de Gremios de la Porducción.

Criminalización de la protesta:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.pojoaju.org.py/2/comunicado-de-prensa-alter-vida-ante-

liberacion-del-algodon-transgenico/

http://www.ultimahora.com/notas/553550-Gremialista-dice-que-Para-

guay-no -puede -e star-tan-atrasado -en-el-uso-de -biotecnología

http://www.agrobiomexico.org.mx/index.php?option=com_

k2&view=item&id=155:autorizan-cultivo-de-algod%C3%B3n-

transg%C3%A9nico-en-paraguay&Jtemid=41

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 102061

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/21/campesinos-paraguayos-

marcharan-en-el-pais-contra-cultivos-transgenicos-3047.html

22.-MONOCULTVO DE SOJA

PARAGUAY, DIVERSOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN

PEDRO

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Si, de manera indirecta. Las plantaciones de soja transgénica generan la expulsión de las familias de agricultores de la zona y riesgos para la salud de la población.

Descripción del conflicto:

Diversas organizaciones civiles se han movilizado en contra de las plantaciones de soja que no consideran medidas mínimas de seguri¬dad establecidas en la ley, como por ejemplo el respeto de una franja de protección que permita separar los cultivos de las poblaciones locales. Las irregularidades legales han estado acompañadas de la utilización de tóxicos para fumigar las plantaciones. La conflictividad en el depar¬tamento de San Pedro data de varios años atrás a raíz de la triplicación de la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de soja. Esto a costa de la expulsión de familias de sus tierras y la deforestación masiva de miles de hectáreas de bosques nativos. Un comité especializado de la Orga¬nización de las Naciones Unidas (ONU), dio un llamado de atención al Gobierno paraguayo por el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el país suscribió en 1992. Criticó también "la lentitud en la realización de la reforma agra¬ria", y expresaron "preocupación ante la situación de los campesinos y de la población indígena que no tienen acceso a sus tierras tradicionales y ancestrales".

Actores en pugna:

Algunas organizaciones locales como el Frente Popular por el Desa¬rrollo de Lima, La Coordinadora por la Defensa de la Soberanía del departamento de San Pedro. Algunas organizaciones civiles solidarias como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehu-py) y la ONG Inecip. Los cultivadores de soja, normalmente de origen brasileño, a favor del negocio. El gobierno paraguayo, involucrado por omisión en el incumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.

Criminalización social:

Se han generado varios enfrentamientos entre fuerzas policiacas y los pobladores del lugar. En este caso, los pobladores son acusa¬dos por algunos hechos ilícitos cometidos contra los intereses de la propiedad del sojero Calixto Saguier. Sin embargo, los lugareños se defienden diciendo que sólo reaccionan debido a que los sojeros no respetan sus derechos de vivir en un ambiente sano (el conflicto se inició cuando arrendatarios de la finca comenzaron a desmantelar un bosque que servía como franja de protección a las familias asen¬tadas en la colonia).

Fuentes electrónicas de información:

http://ea.com.py/tambien-en-lima-y-reskin-se-movilizan-para-protes-

tar-contra-plantacion-de-soja/

http://www.lasojamata.net/es/node/103

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Vae9K2bPZokJ:w

ww.clacso.edu.ar/documentos_osal/descargar.php?link%3D1406.

pdf%26nombre%3DParaguay%2520Cronolog%25EDa%2520En

ero%25202011+recurso+de+amparo+contra+el+sojero+Calixto+

Saguier&hl=es-419&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEESgkmlIrvsh-

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gGq3d3uSsARDIAwv4GhAvHgW_jdLk2fVBmph&sig=AHIEtbTBlNA

djIK6bh-82RAbVvH0Pp-jRw

http://www.rallt.org/NOTICIAS/nol39.htm

http://archivo.abc.com.py/2007-12-06/articulos/377050/presentan-

27-amparos-antifumigacion

23.MONOCULTVO DE SOJA

PARAGUAY, ITAKYRY, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

Si. Se utilizaron estrategias de expulsión de comunidades indígenas y tradicionales. Se trata de una violación grave a los derechos humanos. El rocío de tóxicos por parte de los productores sojeros —en su mayo¬ría brasileños—, tenía como objetivo era desalojar de sus terrenos a la población indígena, queriendo hacer valer una orden judicial para que 500 familias indígenas abandonaran el lugar.

Descripción del conflicto:

Unas 150 familias Ava Guaraní fueron rociadas con agro tóxicos por cul-tivadores de soja brasileños para expulsarlos de sus tierras ancestrales y así ampliar sus cultivos en la zona. Más de 200 indígenas resultaron afectados. El INDI elevó una denuncia formal ante la fiscalía de Itakyry contra personas innominadas "por la comisión de los hechos punibles de lesión grave y coacción grave, del cual resultaron víctimas miembros de las Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní. Además del rocío tóxico a la población, existen una serie de irregularidades por parte de los sojeros como la deforestación masiva del Bosque Atlántico, el irrespeto de las franjas de dominio público al plantar soja hasta los bordes de los caminos vecinales, la ausencia de barreras vivas y franjas de seguridad alrededor de asentamientos humanos, la contaminación de los cursos de agua ante la falta del bosque protector establecido por el Decreto 1831/86. Según las proyecciones a nivel local, con estas plantaciones se prevé la obtención de siete millones 155.000 toneladas de soja, lo cual se traduciría en dos millones 100.000 dólares estadou¬nidenses. Los productores sojeros utilizan, generalmente, el glifosato como herbicida para proteger sus cultivos de gusanos y otros insectos.

Actores en pugna:

Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní: Ka'a Poty; Ka aguy Rory; Ka'aty Mirí -Formosa; Loma Tajy, y una Comunidad de la Etnia Mbya Guaraní". Productores sojeros (en su mayoría brasileños). Go¬bierno: ha conformado una comisión interinstitucional para dar segui¬miento al caso después de reconocer que efectivamente la población fue envenenada. Diversas organizaciones sociales y la Asociación de ONGs del Paraguay, que denuncian una serie de violaciones por parte de los cultivadores de soja (derechos humanos, deforestación, contaminación, etc). El gremio de empresarios de la producción ha lanzado críticas a la labor impulsada por las instituciones del gobierno para esclarecer el hecho.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.sobrevivencia.org.py/vl/?tag=agrotoxicos http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view =article&id=277:paraguay-el-drama-de-los-indigenas-rociados-con-pesticidas&catid=45:derechos-indigenas&Jtemid=64

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-gobierno-confir-ma-que -lanzaron-veneno -de sde -avion-38127.html

24.-GANADERÍA ILEGAL. PARAGUAY, CHACO PARAGUAYO.

Inicio del conflicto: 2011.

Despojo de tierras:

Si. Los indígenas ayoreo-totobiegosodes han sido progresivamente des-pojados de sus tierras ancestrales en el chaco a favor de la ganadería. Algunos miembros de este pueblo indígena que se han visto obligados a abandonar el bosque en los últimos años están luchando por el dere¬cho a sus territorios ancestrales como el único medio de salvar a sus familiares no contactados.

Descripción del conflicto:

En la actualidad, casi toda la tierra de los ayoreos está en manos de terratenientes que contratan a equipos de trabajadores para ta¬lar el bosque de madera valiosa y así poder introducir ganado. En los últimos años, las imágenes por satélite han hecho cada vez más difícil para los ganaderos talar árboles sin que nadie se dé cuenta. En virtud de la legislación paraguaya, el área reclamada debería ha¬ber quedado bajo titularidad indígena hace años, ya que tanto ésta, como la Constitución del país, reconocen el derecho de los indígenas a la titularidad sobre sus tierras tradicionales. Pero los poderosos terratenientes han bloqueado la legislación en repetidas ocasiones y ya han excavado ilegalmente parte del bosque. Por ejemplo, en el corazón del territorio indígena hay una parcela de unas 78.000 hec¬táreas que pertenece a la firma brasileña Yaguareté Pora. La com¬pañía ya ha talado una extensa área boscosa que se encuentra muy cerca de la zona donde recientemente han sido avistados indígenas aislados.En respuesta a la indignación colectiva desatada por este hecho, la empresa anunció un plan de crear una "reserva natural" en su territorio, pero lo que en realidad intenta es destruir unos dos tercios del bosque de la zona.

Actores en pugna:

Población indígena ayoreo-totobiegosodes (muchos de ellos, no con¬tactados). Terratenientes paraguayos y grandes empresas ganaderas brasileñas.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.survival.eS/indigenas/ayoreo/cual_es_el_problema#main http://www.survival.es/noticias/7384 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101810

25.MONOCULTVO DE SOJA

PARAGUAY, DISTRITO MARISCAL. LÓPEZ, DEPARTAMENTO DE

CAAGUAZÚ.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Si. Familias Mbya guaraní de la comunidad 15 de enero, fueron vio-lentamente expulsadas de sus tierras ancestrales por disposición de la oficial de justicia Olga Recalde, con el apoyo de agentes policiales.

Descripción del conflicto:

Los indígenas de la comunidad 15 de enero decidieron ocupar la su¬puesta propiedad del alemán Clovis Antonio Schilezcher, quien utili¬za más de 400 hectáreas de bosques para cultivar soja. En términos legales, el alemán sólo posee 7000 hectáreas de las 1,000 que ocupa realmente. Las familias reclamantes fueron expulsadas violentamente tras una orden judicial, en donde tanto mujeres como niños fueron amenazados y golpeados por policías. La comunidad mbya guaraní reclama que el Estado y las instituciones encargadas de asuntos indíge¬nas garanticen sus derechos y velen por la seguridad y permanencia de sus comunidades en sus tierras ancestrales. "Nosotros, como pueblos indígenas, queremos que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) se reú¬nan para garantizarnos la compra de nuestras tierras originarias y así poder vivir permanentemente en ellas para no migrar", declaró Vidal Gauto, secretario general de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI).

Actores en pugna:

Indígenas de la comunidad 15 de enero, afectados por la apropiación ilegal de bosques ancestrales por parte de un cultivador de soja. El cultivador de Soja, quien ha recibido el apoyo de la justicia paraguaya.

Instituciones del Estado que han sido omisos en el caso: INDERT e INDI. Algunas organizaciones sociales: ONAI.

Criminalización de la protesta:

Si. Las familias que ocuparon los terrenos fueron expulsadas de sus

tierras por una supuesta violación a la propiedad sojera.

Fuentes electrónicas de información:

http://ea.com.py/la-comunidad-15-de-enero-reclama-tierras-ancestrales/

http://www.lanacion.com.py/articulo/70810-denuncian-que-comuni-

dad-mbya-15-de-enero-fue-violentamente-desalojada.html

http://partidoconvergencia.wordpress.com/2012/06/15/comunidad-

mbya-guarani-quiere-volver-a-sus-tierras-ancestrales/

26.-PALMA ACEITERA

PERÚ, DISTRITO BARRANQUITA, PROVINCIA LAMAS, SAN MARTÍN.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Sí. En marzo del 2007 el Ministerio de Agricultura adjudicó 3171 has de

terreno al Grupo Romero para desarrollar un proyecto agrícola.

Descripción del conflicto:

Deforestarión de 2100 has de bosque en el fundo Las Palmas ha produ¬cido un impacto significativo sobre el ecosistema local, pricnipalmete en lo referido al acceso directo, del pueblo indígenas quechua lamis-ta, a recursos complementarios para su dieta diaria en los bosques, impidiendo practicar sus actividades tradicionales (recolección, caza, agroforesteria), atentante contra su seguridad alimentaria, por tanto, a su subsisitencia como pueblo indígena. Actores en pugna:

Apoyan el proyecto: Empresa Agrícola del Caynarachi S.A. hoy Em¬presa Palmas del Oriente, Grupo Romero, Ministerio de Agricultrua, Gobierno Central / En oposición: pueblo quechua lamista.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://vigilanteamazonico.pe/phocadownload/mapas/mapasconflicto/ mapa%20kichwa%20de%201amas%20sanmartin%20final%20mar-zo2012.jpg http://servindi.org/actualidad/21651; http://www.palmas.com.pe/el-grupo/empresas http://gruporomero.com.pe/el-grupo-romero/empresas/

27.PLANTA DE CELULOSA, CONTAMINACIÓN DEL RÍO URUGUAY. URUGUAY-ARGENTINA, AGUAS BINACIONALES DEL RÍO URUGUAY, CERCA DE LAS POBLACIONES DE FRAY BENTOS (URUGUAY) Y GUALEGUAYCHÚ (ARGENTINA).

Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras:

No. Sin embargo la contaminación a largo plazo puede provocarlo.

Descripción del conflicto:

Diversas organizaciones sociales de Uruguay y Argentina se han mo¬vilizado pacíficamente desde el 2002 en contra del proyecto de celulo¬sa de la empresa UP, KYMMENE.

En el año 2006, los informes técnicos de Argentina y Uruguay co¬menzaron a diferir. El gobierno de Uruguay se apoyó en el informe ambiental elaborado por el Banco Mundial, mientras que Argentina cuestionó el "optimismo infundado" del organismo. En ese mismo año, el Banco Mundial aprobó el crédito a la empresa finlandesa por un monto de 170 millones de dólares. Los activistas de la región continuaron con la política de bloqueo a los puentes internacionales. En mayo de 2006, tras una larga controversia, el gobierno argentino recurrió a la Corte Internacional de Justicia para dictaminar sobre la violación al Estatuto del Río Uruguay por parte del país vecino. Finalmente en el año 2010, los cancilleres de ambos países firmaron el acuerdo técnico que establece las pautas del monitoreo ambien¬tal conjunto que realizarán en la fábrica UPM (ex Botnia) y el Río Uruguay, que comparten. Sin embargo, la operación de la planta de Botnia Fray Bentos S.A. emitirá contaminantes.Aun manteniendo los niveles de emisión dentro de los límites que se fijaron, a mediano o largo plazo, la acumulación de contaminantes en la cadena trófica transformará a la región: severas perdidas en la calidad de vida; de¬preciación de tierras y emprendimientos económicos; y lamentable-mente, también el deterioro de la salud de los habitantes de la región.

Actores en pugna:

Organizaciones sindicales, ambientales y de defensa del agua en re¬chazo a la planta de celulosa. (Comisión Nacional del Agua y la Vida, Greenpeace, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y Conven¬ción Nacional Trabajadores (CNT) ambos de Uruguay, los pobladores de Fray Bentos y Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, etc). Otras movilizaciones sociales se postularon a fa¬vor de la planta de celulosa (obreros, comerciantes y familias enteras, encabezados por obreros de las plantas Botnia y ENCE, se movilizaron en defensa de la fuente laboral). El gobierno argentino, en contra del proyecto. El gobierno uruguayo, a favor del proyecto y respaldado por el Banco Mundial.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.espectador.com/lv4_contenido.php?id=41523&sts=l

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37362

http://edant.clarin.com/diario/2006/03/16/um/m-01159739.htm

http://www.paginal2.com.ar/diario/elpais/l-61996-2006-01-22.html

http://www.lanacion.com.ar/848100-aval-a-las-papeleras-en-el-banco-

mundial

http://www.elpais.com.uy/06/ll/21/ultmo_248879.asp

http://www.lanacion.com.ar/896193-comenzo-el-bloqueo-de-los-pa-

sos-a-uruguay-por-ocho-dias

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/

newsid_4974000/4974436.stm

http://www.bbc.co.Uk/mundo/noticias/2010/l 1/101115_argentina_uru-

guay_papelera_acuerdo_jg.shtml

RESIDUOS Y OTROS

INCONTAMINACIÓN

ARGENTINA. CUENCA MATANZA-RIACHUELO, PROV. BUENOS

AIRES, LÍMITE SUR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:

No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En rigor de verdad los casos de contaminación del citado curso de agua se remontan al siglo XIX, en 1800 existían cerca de 30 saladeros en la costa del curso de agua, arrojaban los desechos de los animales faenados al río. La situación nunca se resolvió, incluso dio lugar a un fallo de la Corte Su¬prema de Justicia de la Nación por el accionar de saladeros ubicados en el margen del río (Saladeristas de Barracas, de 1887). A partir de ese momento la contaminación no ha cesado, las empresas situadas en la costa del río vierten residuos tóxicos y basura, en el agua se ha detectado cromo, cadmio, plomo e hidrocarburos (se estima que es la zona más contaminada del país y el 3o río más contaminado del mundo). La concentración de sustancias peligrosas es causa de graves enfermedades (tumores, problemas respira¬torios, cardiovasculares, entre otras) en los pobladores de la zona. En 2004, un grupo de vecinos de la denominada "Villa Inflamable", encabezados por Silvia Mendoza inicia una demanda contra el Estado Nacional, Provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires, y unas 44 empresas por los daños ambien¬tales ocasionadas al riachuelo. La CSJN ordenó sanear el río y cesar con la actividad contaminante, hasta la fecha no ha habido avances importantes.

Actores en punga:

Los demandados son el Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas. Los demandantes son un grupo de veci¬nos encabezados por Beatriz Mendoza, también se dio participación al Defensor del Pueblo y varias ONGs.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.farn.org.ar

http://www.avelaboca.org.ar

http://www.ecoportal.net

http://www.greenpeace.org

http://conexionriachuelo.blogspot.com.ar/

http://www.cij.gov.ar

http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/cuenca-matanza-ria-

chuelo-desafios-para-su-saneamiento/+4576 http://tiempo.infonews.

com/2013/01/24/editorial-95136-el-saneamiento-de-la-cuenca-matan-

za-riachuelo.php http://libresdelsur.org.ar/evento/cuenca-matanza-ria-

chuelo

2.RESIUDOS NUCLEARES

ARGENTINA. GASTRE, PROVINCIA DE CHUBUT. PATAGONIA ARGENTINA.

Inicio del conflicto: 1996

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El acuerdo entre el INVAP (Instituto Nacional de Investigaciones Aplicadas Argentina) y la empresa australiana ANSTO , incluye entre sus clausulas que Argentina vende un reactor nuclear a Aus¬tralia y luego debe "repatriar" los combustibles nucleares utilizados por ese reactor a partir de 2015. Esos residuos nucleares vendrían en barco desde Sydney, atravesarían el Cabo de Hornos, y serian desembarcados en Bahía Blanca o Buenos Aires. Alli permanece¬rían 15/20 años, se acondicionarían con métodos de dilución y vi-trificación y luego serían devueltos a Australia nuevamente por el Cabo de Hornos. La fuente del conflicto fue que la Constitución Argentina en su artículo 41 prohibe expresamente el ingreso al país de residuos radioactivos. De este modo, los términos del contrato comercial entre INVAP y la australiana ANSTO son ilegales, y para su cumplimiento requieren un permiso especial del Congreso de la Nación. La cuestión es que una dispensa especial para un contra¬to comercial sería un mal antecedente y una invitación para que otras empresas pudieran importar residuos radioactivos para su tratamiento en nuestro país. A este ultimo escenario hay una fuerte oposición desde las comunidades locales, grupos ambientalistas y ciertos partidos políticos de oposición.

Actores en pugna:

A FAVOR: compañía ANSTO (Australia), INVAP, algunos legisladores argentinos. EN CONTRA: algunos legisladores argentinos, ONG am-bientalistas, comunidades de Patagonia cercanas al sitio de probable emplazamiento del repositorio nuclear, Movimiento Antinuclear Chu-but, Foro de Ecología Política, constitucionalistas y expertos de dere¬cho ambiental, comunidades de Chile preocupadas por la presencia del repositorio en la Patagonia Argentina.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://tallerecologista.org.ar/menu/archivos/LuchaSocCivil.pdf, http://

www.invap.com.ar/es/area-nuclear-de-invap/proyectos/reactor-opal-

de-australia.html,

http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=10, http://www.diariollan-

quihue.cl/site/edic/20011121051832/pags/20011121054632.html, http://

www.ecotrelew.8m.com/medioamb/nuclear.htm,

3.RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

BOLIVIA. SECTOR KARA KARA, MUNICIPIO CERCADO,

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.

Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras:

El municipio desaloja a los pobladores asentados en los alrededores del

botadero.

Descripción del conflicto:

El Botadero de K'ara K'ara empezó a funcionar hace 22 años, con mu¬chos problemas de gestión de los residuos sólidos, contaminación de las fuentes vitales (agua, aire y suelo). Durante los primeros años, en el botadero se producen varios asentamientos ilegales de recolectores de basura, migrantes desplazados, y loteadores ilegales. La contaminación del agua subterránea y la migración de contaminantes y metales pesa¬dos a cuencas más abajo . En 1999, las comunidades de K'ara K'ara, Arrumani y San Miguel hacen conocer sus demandas sobre contami¬nación. En este caso, la Empresa Municipal de Servicios Ambientales (EMSA) ha realizado propuestas sobre procesos de cierre y recupera¬ción ambiental de la zona, estas propuestas encontraron resistencia de aquellas personas asentadas en la zona ya que la basura es su principal fuente de ingreso, otras propuestas sobre nuevos emplazamientos de disposición final no fueron aceptados por los pobaldores locales. Por otro lado, la municipalidad ha realizado estudios de evaluación de cos¬tos, y la propuesta de cierre, mitigación y apertura de un nuevo botade¬ro supera los 8 milllones de dólares, que significa el recurso anual del municipio de al menos 4 años de inversión social.

Actores en pugna:

Juntas vecinales colindantes al botadero de K'ara K'ara, Sindicatos Agrarios de Arrumani, K'ara K'ara y Pampa San Miguel, Alcaldía Mu¬nicipal del Cercado, Empresa Municipal de Servicios Ambientales Mu¬nicipales (EMSA).

Criminalización social:

EMSA ha denunciado publicamente que los pobladores locales son quienes impiden el funcionamiento del botadero, lo que conlleva a no poder recoger la basura de la ciudad regularmente. A su vez, los pobla¬dores organizados en juntas barriales, criminalizan a los trabajadores Sindicales de EMSA, que respaldados por los loteadores y comerciantes de tierras se interesan de hacer funcionar el botadero. El municipio declara a los asentamientos como "ilegales", por lo que los desalojos y destruccuíón de construcciones han sido constantes.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0713/noticias.

php?id=63598 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/

local/20120714/vecinos-amenazan-bloquear-el-botadero-de-

k%E2%80%99ara_178389_376759.html http://www.lostiempos.com/

diario/actualidad/local/20120814/comunarios-de-k%E2%80%99ara-

k%E2%80%99ara-bloquean-y-logran-otro_182011_385247.html

http://cablenoticiasl0.blogspot.mx/2012/ll/reportan-muerte-de-

cinco-ninos-por.html#.URUy7qUwBGw http://www.lostiempos.com/

diario/actualidad/local/20130202/basura-plantean-un-servicio-mix-

to_200905_428904.html

http://www.slideshare.net/Gobernabilidad/caso-kara-kara-fun-

dacion-unir-forodialogo    http://www.lostiempos.com/diario/

actualidad/local/20101024/k%E2%80%99ara-k%E2%80%99ara-segui-

ra-hasta-2013_95773_185022.html

http://www.sgab-bolivia.org/pdf/2CF-CBBA%20Evolucionasentamien-

tobotaderoKjarakjara.pdf

4.CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL SOBRE VERTEDERO INDUSTRIAL.

BRASIL. PARQUE SAO VICENTE, MAÚA, LOCALIZADO A 26 KM DE LA CAPITAL SAO PAULO.

Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:

Los fallos de la Corte demandan la salida inmediata de los habi¬tantes del condominio, quienes al no tener alternativas de vivienda y ante la indiferencia de los responsables de la situación, viven en dicho lugar riesgoso.

Descripción del conflicto:

El Condominio de 54 edificios, se construyó sobre un terreno que al me¬nos por veinte años fue un vertedero industrial no controlado; algunas de las sustancias tóxicas (benceno y organoclorados) presentes en el subsuelo son cancerígenos. Una explosión que dio por saldo un muerto y un herido, sacaron a relucir dicha situación cuando las unidades ya estaban habitadas por 1760 familias. El 31 de agosto de 2001, se inter¬puso una acción civil pública contra las empresas, exigiendo la recu¬peración de áreas degradadas e indemnización por los daños morales y materiales. Pese a que el fallo de la Corte consideró la reubicación y compensación, a la fecha se sigue habitado el condominio sin que nadie se responsabilice. El caso también fue presentado ante la OEA

Actores en pugna:

Impulsores: Cetesb (Compañía Ambiental del Estado de Sao Paulo) que participó en la aprobación de la construcción del condominio, en 1994, con conocimiento de que se trataba de un depósito de desechos tóxicos. Las empresas implicadas COFAP, SOMA, SQG, PAULICOOP City Hall y Mauá. En contra: movimiento en defensa de habitantes de residencial Maúa.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.vanessadamo.com.br/noticias/noticia.

asp?NumeroID=30432

http://www.mauavirtual.com.br/noticia/8052

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/08/08/11655-aber-

tura-de-buraco-cria-polemica-no-condominio-barao-de-maua.html

http://mauanews.wordpress.com/2008/10/12/moradores-do-conj-ba-

rao-de-maua-paulicoop-comemoram-decisao-judicial/

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/05/280669.shtml

http://www.ibap.org/direitoambiental/contaminacao/maua.htm http://

www.ambios.com.br/estudos.htm

http://residencialbaraodemaua.blogspot.com/

http://www.estadao. com.br/noticias/impresso, condominio-barao-de -

maua-cada-familia-vai-receber-r-51-mil,618010,0.htm

http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=42190 http://

www.dgabc.com.br/News/5965933/cetesb-indica-saida-de-familias-

dobarao-de-maua-pela-segunda-vez.aspx

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=resumo

5.-RELLENO SANITARIO.

BRASIL. SEROPÉDICA EITAGUAÍ, BARRIO DE LA PLACENCIA.

Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:

Para su instalación se alteró la ley orgánica del municipio, disminuyen¬do las áreas de protección ambiental en la ciudad, cancelando de facto las posibilidad de discutir su viabilidad con la población. La presencia de moscas ha afectado la producción agroecológica en la región, quie¬nes se niegan a usar los plaguicidas.

Descripción del conflicto:

La basura producida en Río de Janeiro, destinada en el vertedero de Jar-dim Gramacho desde los años setentas, ante el riesgo de causar un ac¬cidente ambiental por su sobrecupo, trajo como solución el proyecto de instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos en la zona rural de la ciudad de Seropédica; ante la movilización en contra del mismo, se reubicó su instalación a las cercanías de un rancho, que actualmente recibe residuos solidos e industriales (peligrosos y no peligrosos). El lugar está ubicado en el acuífero Piranema, importante reserva de agua dulce, se teme su contaminación por el mal manejo de los residuos tó¬xicos e industriales, y por la transferencia de la basura del exvertedero de Jardim Gramacho. A pesar de la oposición de la población local, le fue otorgada la licencia de operación

Actores en pugna:

Impulsa: gobierno de Seropédica, gobierno de Río de Janeiro, INEA que otorgó la licencia; Municipalidad de Río de Janeiro, a través de la Em¬presa Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb), Grupo Simóes Julio SA Paulista / Haztec, Secretario Municipal de Conservación y Servicios Públicos, empresa Circus. En contra: población y los grupos ecologistas locales Serapedica, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; Es¬cuela Técnica Superior del Medio Rural ¡alcaldía de Itaguaí; Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura del Estado de Río de Janeiro ; residentes de Agrovila Chapero.

Criminalización social:

Los actos de protesta han acusados prácticas anti-democráticas. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente justificó la no realización de audiencias públicas pactadas debido a la presencia de opositores al pro¬yecto, responsabilizándoles de la limitada capacidad de información y decisión al respecto.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.portalseropedica.com/portal/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=663:central-de-residuos-em-seropedica-que-

substituira-lixoes-na-baixada-fluminense-envolvera-acoes-sociais-

para-100-catadores&catid=41:meio-ambiente&Itemid=64 http://www.

thaindian.com/newsportal/business/latin-americas-largest-garbage-

dump-closes-in-brazil_100622150.html

http://seropedicalimpa.blogspot.com/

http://www2.oglobodigital.com.br/flip/tools/flipPrint/printMateria.

php?id_materia=50c83a35abc8cbacOcll408eb7d5085d/

http://agenciabrasil.ebc. com.br/home?p_p_id=56&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_grou-

pld=19523&_56_articleld=970011

http://correiodobrasil.com.br/aterro-em-seropedica-comeca-a-ser-

construido/175721/

http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/posts/2009/08/27/inea-deve-

dar-licenca-aterro -sanitario -sobre -aquifero -218086. asp/

http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=70262/

http://www.jusbrasil.com.br/politica/3434158/ambiente-lamenta-acao-

contra-audiencia-publica-sobre-aterro-de-seropedica/ http://www.

orky.com.br/index.itaguai.nao.quer.aterro.sanitario.htm/. Acesso em:

08 set. 2010.

6.MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES.

CHILE. COMUNIDAD DE MÁFIL EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El vertedero recibirá desechos industriales químicos de la planta de Celco propiedad de Celulosa Arauco que tiene sede en San José de la Mariquina, así como de otras empresas. La gente de Máfil sostiene que el basural será construido sobre un acuífero y al borde de varios ríos y esteros que son afluentes del humedal que da hacia Valdivia. En la declaración de impacto ambiental se presentó al proyecto como Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Industriales No Peligrosos Puile Ltda. Sin embargo al lugar llegarán materiales como antimonio, berilio, cadmio, selenio, telurio y plomo que resultan peligrosos para el ambiente y la salud. Aparentemente el proyecto fue suspendido en abril del año 2012 por los representantes de la empresa

Actores en pugna:

Vecinos organizados de Máfil, Planta de celulosa Celco y la que, según

indicios, es la propietaria del vertedero: empresa Puile.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://olca.cl/arti culo/nota.php?id=101238

http://olca.cl/arti culo/nota.php?id=101237

http://www.biobiochile.cl/2012/04/22/retiran-proyecto-de-vertedero-

para-residuos-industriales-no-peligrosos-en-mafil.shtml

http://www.biobiochile.cl/2012/04/22/retiran-proyecto-de-vertedero-

para-residuos-industriales-no-peligrosos-en-mafil.shtml

7.RACISMO AMBIENTAL

CHILE. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:

Más del 65% de los basureros y la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas servidas se localizan al interior de comunidades mapuche o cerca de ellas, siendo menos del 15% de la superficie regional la que ocupan las comunidades. En el año 2001 comunidades Mapuche de Boyeko, en Temuco; de Kilako en Purén y de Ankúe en Gorbea, inician diversas acciones con el fin de exigir a las autoridades la erradicación de basurales que se encuentran en sus tierras.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Gobierno de Chile y Municipalidades de la Región de la Araucanía más los servicios públicos pertinentes. En Opo¬sición: Comunidades Mapuches. Criminalización social:

Sí, profundamente estudiada por organismos nacionales e internacio¬nales. CIDH, ONGS, Amnistía Internacional, ONU, Etc.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=82 http://www. olea, cl/oca/informes/basurales.pdf http://www.olca. cl/oca/chile/re-gion09/racismohk.htm http://www.olca.cl/oca/chile/basurales.htm http://www.olca.cl/oca/chile/region09/mapuches.htm

8.BASURERO

COLOMBIA. ANTIGUO CAUCE (HUMEDAL O MADREVIEJA) DEL RÍO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO EN EL ÁREA RURAL DE CALI.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras

Embargo de viviendas por parte de los bancos y la alcaldía municipal

por casación de pagos.

Descripción del conflicto:

Sometieron a licitación publica el manejo de las basuras y se lo gano una empresa privada "Ecoambiental" (propiedad de los hijos del expre¬sidente Uribe), la cual a través de la Alcaldía prometió emplear a todas las personas (900) que vivían de la recolección de las basuras y hasta ahora solo le hacen contrato a unas 30 personas y temporales con cier¬tos intervalos de tiempo.

Actores en pugna:

900 exrecicladores del basuro de Navarro- autoridades ambientales-

concejales-gobierno municipal y departamental.

Fuentes electrónicas de información:

lixiviadosnavarro.blogspot.es/general.phtml?

www. semana.com/. ../cali.. .basura. ../100635 -3.aspx

www.caracol.com.co/...problema.../1521790.aspx, historico.elpais.com.

co/.../calionline/.../basuras.htm

es.scribd.com/.../Proyecto-T2043683-y-Acumulad

www.scielosp.org/scielo.php?script=sci...pid

www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/.../

www.geologia.ucr.ac.cr/.../resumentesis-cardenas-l.

www.corteconstitucional.gov.co/.../a049-10.htm

www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=34806, calihoy.blogspot.

com/201 l_12_30_archive.html

www.escuelaciudadana.org/planlocal.pdf,

www.wilsonarias.com/index.php?.. http://basurodenavarro.blogspot.mx/

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agos-tol32007/navarro.html

9.CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO MÉXICO. EL SALTO Y JUANACATLÁN.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

En el 2008, murió el niño Miguel Ángel López Rocha, se presume que fue causa del arsénico que entró en su cuerpo al caer al Río Santiago. A partir de esa fecha se asegura que las muertes de pobladores de El Salto y Juanacatlán se han incrementado a causa de enfermedades como cáncer (de mama, cervico uterino, del hígado, etc.), insuficiencia renal, entre otras enfermedades. La contaminación de arsénico se encuentra en los pozos aledaños por permeación de agua residual de las industrias.

Actores en pugna:

Contaminadores y responsables: empresas dedicadas a confección de zapatos (de Guanajuato) y otro tipo de industrias, CONAGUA. Defenso¬res o asociaciones civiles demandantes: Comité de Defensa Ambiental de El Salto A.C., Pobladores de la Ridera de Chápala. Frente Amplio en Defensa del Agua y Contra su Privatización (FADAP).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://cronicadesociales.org/tag/rio-santiago/

http://www.elinformador.mx/jalisco/2013/432742/6/lavarse-la-cara-en-el-rio-santiago.htm

http://www.proceso.com.mx/?p=324829 http://www.greenpeace.org/ mexico/es/Prensal/2012/Noviembre/Un-salto -de-vida-una-lucha-am¬biental/

http://limpiemoselsalto.blogspot.mx/ http://www.agua.org.mx/ index.php?option=com_content&view=article&id=4244:bolet

in-de-prensa-sobre-el-saneamiento-de-la-cuenca-el-ahogado-

jalisco&catid= 89&Itemid=l 13

http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/357239/6/detectan-riesgo-

por-arsenico-en-zonas-aledanas-al-rio-santiago.htm

http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=20130:vecinos-de-el-salto-y-juanacatlan-protestan-por-contami-

nacion-del-rio-santiago&catid=61&Itemid=100010

10.-CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÉXICO. ZIMAPÁN, HIDALGO.

Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Pobladores del lugar se oponen a la instalación de un confinamiento de residuos tóxicos (lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, sólidos contaminados con hidrocarburos, asbesto, etc.) de la empresa BEFESA, ya que perciben riesgos de afectación ambiental y contaminación de mantos acuíferos subterráneos. El 12 de marzo de 2010 el ayuntamiento de Zimapán canceló el proyecto pero el conflicto continúa ya que entra en discusión la legislación relativa y sanciones para el municipio.

Actores en pugna:

Opositores al confinamiento: Grupo "Todos somos Zimapán" (poblado¬res, apoyados por organizaciones no gubernamentales, investigadores y políticos). Por su parte, los gobiernos federal, estatal y municipal apo¬yando a la empresa BEFESA.

Criminalización social:

La postura del gobierno federal, a través de la SEMARNAT es que, si BEFESA gana el juicio en curso, será el municipio de Zimapán quien pague a BEFESA el costo económico con motivo de multa por cance¬lación del confinamiento de residuos tóxicos. Persecución política a los líderes del movimiento.

Fuentes electrónicas de información: http://todossomoszimapan.blogspot.mx/

ll.-RELLENO SANITARIO MÉXICO.

LOMA DE MEJÍA, CUERNAVACA, MORELOS.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Contaminación de los mantos acuíferos, ya que deja los lixiviados de la basura pasar hacia el subsuelo ocasionando la contaminación de los pozos de agua. Así mismo amenaza a los cultivos de la zona.

Actores en pugna:

Promotora Ambiental S.A. (PASA), gobierno municipal. En oposición la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Patronato para el Resca¬te de San Antón y las Barrancas de Cuernavaca A.C.

Criminalización social:

Asesinato de Cristóbal Martínez Ortega, ayudante municipal de San Antón torturado por impedir la construcción del relleno sanitario en el área de protección forestal.

Fuentes electrónicas de información:

http://movimientoscomunicacionypolitica.xoc.uam.mx/materiales_se-siones/ses_08/Conflicto_injusticia_ambiental_y_movilizacion_en_Mo-relos.pdf

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2008/Julio/no-al-relle-no -sanitario -en-lom/

http://zapateando2.wordpress.com/2010/03/17/clausuran-relleno-de-loma-de-mejia-en-morelos/ http://www.cencos.org/node/19243

12.INCINERADOR DE BASURA PUERTO RICO. ARECIBO

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Se pretende poner una planta incineradora de basura, la compañía ar¬gumenta que servirá para procesar los desechos sólidos de la comunidad

y de otras, además de que generará nuevos empleos. La comunidad se opone a esta planta porque teme por su salud al estar inhalando cenizas y gases contaminantes, como óxido de nitrógeno, y metales pesados de la incineración y la alta posibilidad de contaminar la leche con dixiomas.

Actores en pugna:

Compañía Energy Answers, Ciudadanos en Defensa del Ambiente

(CEDDA), Comité Basura Cero de Arecibo, Vecinos.

Criminalización social:

No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.puertorico.sierraclub.org/issues/015.html

http://www.noticel.com/noticia/129226/coalicion-contra-el-incinera-

dor-de-arecibo.html

http://www.noticel.com/noticia/106455/desobediencia-civil-contra-

antena-en-humacao.html

http://www.kooltouractiva.com/kooltouractiva/kool/al-natural/313-

incinerador-de-arecibo.html

http://www.dailymotion.com/video/xnvlff_un-incinerador-o-una-

planta-de-conversion-de-basura-para-arecibo_news

http://www.youtube.com/watch?v=E9ejXAKNK7M

http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Organizaciones-contra-incine-

rador-de-Arecibo-piden-reunion-con-Garcia-Padilla.html

http://www.telemundopr.com/telenoticias/puerto-rico/En-contra-del-

incinerador-en-Arecibo--181983171.html?m=y&smobile=y

http://www.elnuevodia.com/planificanseisplantasparaincinerarbasu-

ra-1370512.html

http://www.elnuevodia.com/columna-madresdenegrodeareci-

bo-975696.html

13.VERTEDERO DE BASURA

VENEZUELA. COMUNIDAD DE CAMBALACHE, CIUDAD GUAYANA,

CAPITAL DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO DE BOLÍVAR.

Inicio del conflicto: 1999

Despojo de tierras:

En 1985 se creó el vertedero, los habitantes que en el lugar se ubicaban fueron indemnizados y desalojados; sin embargo, el Río Caroní hizo atractiva la vida ahí, 11 mil personas se ubicaron en Cambalache. Descripción del conflicto:

Los indicios de colapso del vertedero comenzaron en 1999, año en que también iniciaron las protestas; se le había proyectado una vida útil de 12 años y ya lleva operando 27 años. Diariamente recibe 920 ton. de desechos y cada día se realiza quema de basura. La comu¬nidad de Cambalache también tiene cercanía con las lagunass de oxidación de CVG Bauxilum, empresa que refina bauxita y cuyos desexhos deposita cerca del Río Orinoco, generando también proble¬mas de contaminación, sin embargo, aunque el problema de los de¬sechos por la bauxita no es menor (tampoco hay estudios de impacto ambiental al respecto), las quejas de los habitantes se centran en el problema del vertedero. Ha existido una constante lucha porque la alcaldía reubique el vertedero o que el gobierno construya un relle¬no sanitario. Se ha producido gran cantidad de enfermedades y se ha llamado a la autoridad de sanidad para que fumigue, pero no lo ha hecho. A raíz del problema el 80% de la población vive enferma, incluso han muerto niños. Hay problemas con delincuencia y con los servicios públicos, pues es una zona muy pobre y poco atendida por la administración venezolana. Con base en las demandas, la autori¬dad ha prometido desde 2001 que construirá el relleno, pero el pro-yecto nunca se concreta. Organizaciones no gubernamentales han respaldado las demandas de Cambalache y han pedido a la autoridad evaluar el impacto ambiental en la zona. En 2008 y 2009 se volvieron a hacer promesas respecto al relleno sanitario, pero de nuevo, no hubo acciones. En octubre de 2011 el gobernador de Bolívar dijo que el vertedero se clausuraría en un periodo no mayor a 5 años, decla¬ración que generó enorme descontento en la comunidad de camba¬lache, cuyos habitantes realizaron una protesta en contra. La última noticia sobre la comunidad es que en agosto de 2012 se desbordó el estanque que separa el vertedero de la comunidad, afectando a 60 familias que sufrieron la inundación de agua con basura.

Actores en pugna:

La comunidad de Cambalache que está pugnando por que se retire el vertedero, organizaciones no gubernamentales que los respaldan, la alcaldía del municipio que no resuelve la situación, y el gobierno estatal y nacional que no concretan el proyecto del relleno sanitario. Hay que añadir la empresa CVG Bauxilum, cuyo impacto ambiental ya genera daños pero aún no desata las protestas, pues ahora la prioridad de la comunidad es el problema de los residuos en el vertedero.

Criminalización social:

La protesta que los habitantes de Cambalache realizaron como reacción a la declaración del gobernador en 2011, fue reprimida con violencia, la policía obligó a los manifestantes a retirarse, y detuvieron a un hombre de 18 años.

Fuentes electrónicas de información:

http://guayanahoy.com/?p=461

http://www.lapatilla.com/site/2011/08/12/diez-anos-tienen-los-vecinos-

pidiendo -que -clausuren-ver tedero -de -basura/

http://www.primicia.com.ve/index.php/ciudad/item/19609-vertedero-

de-cambalache-est%C3%Al-en-fase-de-preclausura.html

http://www.rctv.net/index.php/2011/10/06/arranco-proyecto-de-sanea-

miento-ambiental-en-vertedero-de-cambalache-fotos/

http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=206448:la-lucha-en-cambalache-tiene-rostro-d

http://juanlinares.obolog.com/manejo-basura-venezuela-1280113

http://www. biodiversityreporting.org/article.sub?dodd=20047&c=Ven

ezuela&cRef=Venezuela&year=2006&date=August%202005

http://elambienteron.blogspot.mx/2011/05/cambalache-en-ciudad-

guayana-venezuela.html

http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/4639/Comentarios/ http://

amnistía.me/profiles/blogs/la-triste-impronta-de-cambalache http://

amnistia.me/profiles/blogs/plantean-demandar-al-estado-por-situaci-

n-de -cambalache

http://www.conflictove.org.ve/ambiente/ambientebolivar-la-lucha-en-

cambalache-tiene-rostro-de-mujer-reportaje-de-diogelis-pocaterra.

html http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf-general/13247-alerta-

en-cambalache-por-desbordamiento-de-laguna.html

http://amigransa.blogia.com/2012/021703-situacion-de-los-lodos-

rojos.php http://www.correodelcaroni.com/archivo/archivo.

php?view=wrapper&id_articulo=7210&catid=85

http://es.paperblog.com/como-afecta-la-laguna-de-lodo-rojo-de-

bauxilum-al-orinoco-y-a-los-habitantes-de-ciudad-guayana-venezue-

la-1344681/

ARGENTINA. FORMOSA, PILCOMAYO, COLONIA LA PRIMAVERA.

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:

Sí, es la principal demanda

Descripción del conflicto:

Los reclamos de la comunidad qom (toba) vienen desde hace tiempo, sin embargo cobró visibilidad en noviembre de 2010 por una brutal re¬presión en un corte de la ruta 86 en reclamo por devolución de tierras y freno del desmonte. Reclamaban la devolución de 600 ha que iban a destinarse a la construcción de un edifico para la Universidad Nacional de Formosa, otra porción que la posee una familia como propiedad privada y parte de las tierras del Parque Nacional Pilcomayo. Luego de este hecho acamparon en plena ciudad de Buenos Aires por 5 meses, llegando inclusive a huelgas de hambre. En mayo de 2011 lograron que el gobierno nacional los recibiera, aunque sin mayores soluciones. Por otro lado, los qom llevaron el reclamo a la corte suprema de justicia, la cual los recibió en audiencia en marzo de 2012. En conclusión será la corte la que debe resolver si en esas tierras puede construir la universi¬dad o si volverá a manos de la comunidad.

Actores en pugna:

Impulsando: gobierno provincial. En oposición: comunidad qom, acompañan el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Criminalización social:

Represión del corte de ruta con un saldo de 2 muertos de la comunidad

y un agente de la policía.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.comambiental.com.ar/2011/05/6-meses-de-la-represion-la-

cronologia.html

http://www.paginal2.com.ar/diario/sociedad/3189113-2012-03-08.html

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=7352:comunidad-qom-de-formosa&catid=54:tobas&Ite

mid=84

http://redaf.org.ar/noticias/

http://lavaca.org/notas/la-comunidad-qom-llego-a-la-capital-exigen-la-

renuncia-del-gobernador-de-formosa/

http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1323-la-corte-escu-

cho-a-la-comunidad-qom-la-primavera-y-al-gobierno-de-formosa-por-

el-reclamo-de-tierras.html

http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1323-la-corte-escu-

cho-a-la-comunidad-qom-la-primavera-y-al-gobierno-de-formosa-por-

el-reclamo-de-tierras.html

http://cucoco.com.ar/?p=2262

15.IIRSA CARRETERA

BOLIVIA. PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE, VILLA TUNARI Y SAN IGNACIO DE MOXOS, DEPARATMENTO DE COCHABAMBA, BENIY SANTA CRUZ.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

No se tienen registros pero se prevé que el proyecto genere procesos de

esta naturaleza.

Descripción del conflicto:

El núcleo del conflicto TIPNIS es la deliberación de temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y la estrategia hegemónica de poder del actual partido de Gobierno, las visiones de desarrollo y la inte¬gración nacional, la interculturalidad, la conservación del medio ambiente, el proceso autonómico. El conflicto entre los pueblos indígenas del TIPNIS y el Gobierno se explícita por el diseño y la construcción del tramo II de la carretera que atravesaría el TIPNIS, cuya demanda está centrada en la defensa de sus derechos constitucionales de determinación y territoriali¬dad, la conservación del medio ambiente, su cosmovisión de desarrollo y su participación en decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar su sobrevivencia y espacio territorial. Desde el inicio de la VIII Marcha por el Territorio, Dignidad y la Vida, el pasado 15 de agosto, se des¬envolvió en un ambiente tenso de presiones y desconexiones importantes entre los diversos actores, situaciones que se fueron agudizando con el ago¬tamiento de las inefectivas negociaciones, las cuales en lugar de acercar a las partes se convirtieron en acciones que causaron daño y desembocaron en hechos de violencia y en un atropello de los derechos fundamentales.

Actores en pugna:

Gobierno Nacional, Pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, CIDOB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, Asamblea del Pueblo Guaraní

Criminalización social:

La Confederación de comunidades interculturales y el gobierno central

ha criminalizado a los indígenas opositores y a algunos síndicos.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.gobernabilidad.org.bo/dialogo/dialogo/1443-tipnis-insu-

mos-para-entender-el-conflicto

http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/07/la-carretera-al-tipnis-

fue-aprobada-por-el-87-de-los-votantes-269.html

http://www.tipnisesvida.com/tipnisconsulta.htm

http://www.dw.de/tipnis-m%C3%A1s-que-un-conflicto-por-una-

carretera/a-16506622 http://www.infolatam.com/2013/01/07/bolivia-

los-indigenas-del-tipnis-avalan-carretera-pero-imponen-condiciones/

16.CULTIVO DE CAMARÓN.

BRASIL. SALINAS DA MARGARIDA, BAHÍA.

Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Empresas de cría de camarones han privatizado zonas comunes de la localidad, alterando la dinámica económica de pesca de mariscos. El conflicto ha derivado en violencia entre ambas partes (recolectores y personal de las empresas).

Actores en pugna:

Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables

(IBAMA), recolectores y pescadores locales, empresas carcinicultoras.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.terramar.org.br/oktiva.net/anexo/147463 http://www.justi-caambiental.org.br/_justicaambiental/acervo. php?id=5066

17.-TURISMO BRASIL. CEARA

Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras:

El gobierno permitió la expropiación de tierras para venderlas a empre¬sas turísticas.

Descripción del conflicto:

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria expropió tie¬rras costeras del estado para construir una zona turística que desplaza población, acaba con el ecosistema y corta el acceso al mar para la comunidad.

Actores en pugna:

Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, Julio Trinidad (empresario), diversos grupos locales principalmente de mujeres pes¬cadoras.

Criminalización social:

Demanda contra Julio Trinidad, acuerdo federal sobre tierras que se

encuentra en conflicto.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/ecologia/692322.html http:// www.opovo.com.br/opovo/colunas/ecologia/692322.html http://www. terramar.org.br/oktiva.net/1320/nota/153745

18.TURISMO Y PESCA EXCESIVA. BRASIL. BARCELOS, RÍO NEGRO.

Inicio del conflicto:

Despojo de tierras:

Los proyectos de turismo amenazan las garantías territoriales de los

pueblos indígenas, que a la fecha se encuentran aun en un proceso de

identificación.

Descripción del conflicto:

El municipio de Barcelos presentó un proyecto de ecoturismo y pesca

deportiva, sin tomar en cuenta el impacto de los mismos en los pueblos

indígenas de la región, así como en el ecosistema. Desde la invasión de tierras indígenas hasta la agresión contra los pueblos.

Actores en pugna:

Población indígena, municipio de Barcelos, Asociación de Pueblos Indí-genas, Asociación de Barcelos Indígenas,Fundación Nacional del Indio.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.povosindigenas.org.br/noti cias/nsa/nsa/detalhe?id=2763

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT15/sidnei.

pdf http://www.uf pe.br/revistaanthropologicas/internas/volumes-

anteriores-14.php

19.RECURSOS PESQUEROS. CHILE

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

El Estado chileno está despojando de los recursos pesqueros a los pes¬cadores artesanales y empresarios medianos al hacer modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, entregándolos a las grandes industrias pesqueras que operan en las costas chilenas.

Descripción del conflicto:

Con el apoyo del gobierno de Pinera, Pablo Longueira (Ministro de Economía) impulsó en la Comisión de Pesca de la Cámara de Dipu¬tados el proyecto de modificaciones a la Ley General de Acuicultura y Pesca desde enero de 2012, el cual fue discutido en la Cámara baja en julio. El proceso legislativo ha sido acelerado debido a vínculos de Longueira con los sectores de la pesca industrial y a su proyección presidencial para 2014. Las protestas se hicieron sentir desde que se lanzó el proyecto, miles de pescadores se movilizaron por todo el país, bloquearon el tránsito, las comunidades Mapuche, Rapanui y Kawes-qar pidieron que se detuviera el proceso legislativo, pues nunca se había consultado a los pueblos originarios (como lo señala el art. 169 de la OIT) y había un documento del gobierno que calificaba de inne¬cesaria la consulta; incluso los pescadores pidieron hacer modifica¬ciones al proyecto, pero no fueron realizadas por los legisladores. La Comisión de Defensa de la Pesca Artesanal, el Tribunal Constitucional

y el Instituto Nacional de Derechos Humanos están en contra de la Ley Longueira, que rechaza que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos en Chile y que permite la concesión de su explotación (establece derechos de pesca a perpetuidad y heredables, así como concesiones a 20 años); además, con esta Ley se elimina la oportunidad para que los nacio¬nales entren por licitación al negocio, pues todas las cuotas de pesca se concederán a las grandes industrias que hoy las tienen; establece también más restricciones para los pequeños pescadores que para la gran industria obliga a los pescadores artesanales a compartir sus caladeros con los industriales y cede las primeras 5 millas a la pesca industrial. A pesar de las protestas, la Ley fue aprobada en julio por los diputados, turnándola al Senado. El 3 de septiembre se discutió la Ley en la Cámara alta y por presión del gobierno de Pinera se acordó resolver el proyecto en las dos semanas siguientes.

Actores en pugna:

Todos los pescadores artesanales a lo largo de Chile, quienes están en desacuerdo con el proyecto de Longueira en conjunto con organizacio¬nes ambientales, el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las grandes empresas pesqueras que explotan los recursos de las costas de Chile y que se verán beneficiadas con las mo¬dificaciones a la Ley. El gobierno de Pinera que está respaldando todo el proceso legislativo.

Criminalización social:

Se registraron diversos incidentes de Carabineros contra pescadores

que protestaban por la Ley, los Carabineros los reprimían de manera

violenta.

Fuentes electrónicas de información:

http://radio.uchile.cl/noticias/161312/

http://radio.uchile.cl/noticias/161180/

http://www.incide.cl/20/07/2012/la-ley-longueira

http://www.theclinic.cl/2012/07/ll/ley-longueira-la-reforma-que-entre-

ga-a-perpetuidad-los-derechos-de-pesca/

http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php/la-nueva-forma-

de-gobernar/6105-ley-longueira-profundiza-concentracion-economica-

y-pobreza-de-pescadores

http://www.elciudadano.cl/2012/09/05/56872/aceleracion-de-ley-lon-

gueira-incumple-compromisos-con-regiones-y-anula-participacion-de-

pueblos-originarios/

http://radio.uchile.cl/noticias/161312/

http://www.theclinic.cl/2012/07/ll/ley-longueira-la-reforma-que-entre-

ga-a-perpetuidad-los-derechos-de-pesca/ http://olca.cl/articulo/nota.

php?id=102856

http://olca.cl/arti culo/no ta.php?id= 102649

http://www.ccc-chile.org/articulo-15-1076-261112_protesta_nacional_

contra_ley_longueira_y_el_robo_de_nuestros_peces.html

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_

Ley_Longueira_pretende_autorizar_operaciones_de_salmoneras_en_

Parques_Nacionales

20.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PANAMERICANA COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ COLOMBIA

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:

Alrededor de 10.000 personas tuvieron que desplazarse de la re¬gión.

Descripción del conflicto:

Las comunidades se opusieron a la construcción de la autopista, porque había desconocimiento del impacto social de esta obra. Se ha deman¬dado declarar la zona como de importancia ambiental a nivel mundial.

Actores en pugna:

23 comunidades afrocolombianas Mestizos e indígenas Fuerzas milita¬res, guerrilla, paramilitares.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

Cavida (2002): "Somos tierra de esta tierra" Memorias de una resis¬tencia civil. Chocó

21.COMERCIALIZACIÓN DE ADN ECUADOR. ÑAPO Y ORELLANA

Inicio del conflicto: 1990

Despojo de tierras: No se tienen registros Descripción del conflicto:

Entre 1990 y 1991, dos médicos estadounidenses tomaron muestras de sangre a personas de la comunidad Waorani sin especificar cuál sería su uso (7 cultivos y 36 muestras de sangre). En el 2010 el pueblo Wao¬rani denunció el hecho ante la Defensoría Pública. Las investigaciones recién han iniciado.

Actores en pugna:

Instituto Corriel de la Escuela Médica de Harvard, compañía petrolera Maxus, pueblo Waorani, Ministerio Coordinador de Patrimonio, Minis-trio de Salud y Defensoría del Pueblo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

N/D

22.-ENERGÍA EÓLIC A.

MÉXICO. ESTADO DE OAXACA, REGIÓN DEL ISTMO DE

TEHUANTEPEC.

Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras:

No existe un despojo de tierra como tal, pero sí un eminente control te-rritorial por contratos leoninos a 30 años con posibilidades de renovación a 30 años más. Los contratos fueron firmaron por indígenas zapotecos y huaves a quienes no se les otorgó la suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones.

Descripción del conflicto:

El proyecto llamado Corredor Eólico del Istmo plantea la instalación de 5 mil aerogeneradores en una zona que va desde La Mata, al norte, hasta San Francisco del Mar, al sur, y de Arriaga al este, hasta Tehuan-tepec, al oeste. Se planea que el corredor eólico llegue, paso a paso,

hasta el océano Pacífico. Territorios hasta ahora preservados del "mun¬do moderno" serán tocados. Las comunidades huaves de San Dionisio del Mar, Pueblo Viejo, San Mateo del Mar, Huamuchil, Santa Cruz, San Francisco del Mar, todas ubicadas alrededor del sistema lacunario "Laguna superior" serán también invadidas por los molinos de viento modernos. La pesca, el mayor recurso económico de la región, también se verá afectado. Asimismo, las aves migratorias se verán afectadas en su paso por el corredor. Empresas entregan manifestaciones de impac¬to ambiental aisladas, para relativizar y minimizar la afectación total producida por sus instalaciones (desechos como aceite, ruido, etc.).Más de mil hectáreas de riego que se dedicaban a la producción de granos básicos ahora están ocupadas por aerogeneradores.

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: gobiernos federal, estataly municipales,empresas eoeléctricas que controlan la actividad: Acciona, Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Renovalia Energy o Grupo Preneal. Instituciones finan-ciadoras: Banco Mundial y bancos mexicanos Nafinsa, Bancomext y Banobras-Fonadin. Banco portugués Espíritu Santo y bancos españo¬les Santander y Caixa Bank. En oposición:Unión de Comunidades In¬dígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI) y poblados en conflicto, Comité de resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el territorio, activistas sociales, otros.

Criminalización social:

Sí. Algunos activistas comunitarios de la Comunidad de Unión Hi¬dalgo, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, protestaban contra la construcción de turbinas de viento en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana. Ellos fueron atacados por vecinos de la comunidad de La Venta, quienes sí están de acuerdo con la construcción, y resultaron heridos el 28 de octubre de 2011. Sin embargo, uno de los hombres vinculados a la banda, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos en circunstancias poco claras en el lugar de los hechos. Las autoridades llegaron después del homicidio, y los miembros de la banda alegaron que los manifestantes eran los responsables. A inicios del 2012 los manifestantes estuvieron en peligro de procesamiento injusto. Las agresiones no sólo se han dado entre co¬munidades sino también por trabajadores de las empresas de energía.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.jornada.unam.mx/2012/ll/03/edito

http://sipaz.wordpress.com/tag/istmo-de-tehuantepec/

http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/regiones/50249-pueblo-

ikoots-de-san-mateo-del-mar-oaxaca-denunciara-a-gabino-cue-ante-

la-onu-1624-h

http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/35071-denuncian-pre-

sencia-de -gente -armada-en-comunidade s-de -oaxaca

http://amnesty.org/es/library/asset/AMR41/068/2011/es/67a9cd96-284a-

4729-b59b-7c4c45432380/amr410682011es.html;

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101510;

http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/05/23/megaproyectos-eoli-

cos-despojan-tierras-indigenas-en-mexico/;

http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/03/26/eoloelectricas-obsta-

culo-mortal-para-aves-viajeras/;

http://www.fte-energia.org/sdp/2012/b015.pdf

http://sipaz.wordpress.com/2012/02/18/oaxaca-marchan-comuneros-

de-san-dionisio-del-mar-contra-proyecto-eolico/

http://redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=256

23.- PROYECTO TURÍSTICO CABO PULMO MÉXICO. BAJA CALIFORNIA SUR

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

No se tienen registros, pero se trata de una invasión/agresión a un área

natural protegida.

Descripción del conflicto:

En 2005 el Parque Arrecifal Cabo Pulmo fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 fue reconocido como Humedal de Importancia Internacional. No obstante, en 2011 la SEMARNAT otorgó un permiso para que ahí se construya un corredor turístico que afectaría la sustentabilidad ecológica regional. Un funcio¬nario menor autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental que daría luz verde al proyecto, ignorando recomendaciones y observaciones de otras dependencias, pero los opositores al mismo se movilizaron y lo impidieron. Aunque en junio de 2012, el presidente de la república dio por cancelado el proyecto, existe el riesgo de que las empresas impul¬soras del mismo insitirán en cumplir con los procedimientos y llevar a efecto el proyecto

Actores en pugna:

A favor del proyecto: inversionistas privados (Hamsa Baja Investments)

y autoridades locales y estatales. En oposición al proyecto: investigado-

res y activistas ambientales, UNESCO, Conservación sobre Humedales (RAMSAR), Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), CE-MDA, Greenpeace, Pronatura y otras.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.wwf.org.mx

http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/457382/felipe-calderon-

cancela-proyecto-cabo-cortes-cabo-pulmo

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/09/politica/022a2pol

http://www.cabopulmovivo.org/portal/index.php?option=com_content

&view=article&id=l&Itemid=18&lang=es

24.CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO

MÉXICO. BOSQUE LA PASTORA, GUADALUPE, MONTERREY.

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:

No hay un proceso de despojo de tierras a pobladores, pero sí una ex¬tensión o ampliación de 12 500 metros cuadrados del sitio permiti¬do.

Descripción del conflicto:

Construcción del Estadio [de fútbol] Rayados en el mes de octubre (2011), que albergará al Club de Fútbol Monterrey. Organizaciones ci¬viles pretendieron frenar el proyecto, pues con ello se dañaría la eco¬logía del Parque La Pastora, al propiciar la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y la disminución de la calidad del agua. Aunque el estadio se construiría a un costado del parque. Con la cons¬trucción se violan criterios de sustentabilidad en cuidado ambiental y participación comunitaria detallados en los lincamientos de la OECD, el Pacto Mundial y el CEO Water Mándate de la ONU, así como el es¬quema de sustentabilidad de las empresas en cuestión. Desde el mes de marzo se ha comenzado a demandar el hecho de que la empresa está extendiendo el desmonte en la zona de amortiguamiento del único río vivo y abriendo más zanjas para el drenaje al área del parque.

Actores en pugna:

A favor: Fomento Económico Mexicano, S.A. (FEMSA), Club de Fútbol

Monterrey. En contra: Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://bosquelapastora.blogspot.rnx/ http://www.obrasweb.rnx/construc-

cion/2011/09/23/el-nuevo-estadio-de-monterrey-se-mancha-de-verde;

http://www.realidadexpuesta.org/2011/10/emprenden-ciudadanxs-

lucha-legal-en.html;

http://voluntariosgreenpeace-mty.blogspot.mx/2011/08/bosque-la-pasto-

ra-amenazado-por-la.html; http://www.sialestadioperoenotrolado.org/

25.URBANIZACION.

MÉXICO. COMUNIDAD NÁHUATL DE SANTA CATARINA,

TEPOZTLÁN, MORELOS.

Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:

Si, 350 hectáreas invadidas.

Descripción del conflicto:

La fiebre constructora y la especulación inmobiliaria enajenan tierras, contaminan aguas y transforman a los campesinos de generaciones en albañiles temporales, desempleados de por vida e inquilinos hacinados en casas sin servicios. Esta ola constructora quiere convertir a la región de vocación agrícola en una ciudad dormitorio, edificando miles de vi¬viendas. Los acuíferos no se recargan. En la era de la basura trasnacio-nal, donde los desechos plásticos y químicos no se pudren ni tampoco pueden quemarse, los basureros se han vuelto un problema adicional.

Actores en punga:

Gobierno estatal y federal. En oposición el Consejo de Pueblos de Mo-

relos y la Comunidad Indígena de Santa Catarina Tepoztlán

Criminalización social:

Si, asesinato de Miguel Ángel Pérez Cázales lider campesino, lucha¬dor en defensa de la naturaleza y particularmente de la zona prote¬gida El Texcal.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.afectadosambientales.org/morelos-defensa-del-agua-pro-blemas-de-urbanizacion-salvaje-basura-y-areas-naturales-protegidas/ http://www.jornada.unam.mx/2009/ll/28/opinion/015alpol

http://www.zonacentronoticias.com/2011/ll/defienden-comuneros-de-

jiutepec-y-tepoztlan-el-texcal/

http://www.diariodemorelos.com/article/concluir%C3%A1n-en-

2013-obra-texcal-la-joya

http://www.jornadamorelos.eom/2012/5/21/sociedad_nota_01.php

http://em.fis.unam.mx/public/mochan/escritos/msg00004.html

http://148.228.97.3/cedes/recurso/la_devastacion_ambiental.pdf

http://www.24-horas.mx/urbanizacion-amenaza-a-las-areas-natura-

les-protegidas/

http://www.enelvolcan.com/ene2012/82-cuernavaca-y-la-urbanizacion-

depredadora-del-monte

http://www.jornada.unam.mx/2009/! l/28/opinion/015alpolhttp://

www.uccs.mx/observatorio_socioambiental/urbanizacion

26.COMPLEJO TURÍSTICO MÉXICO. PETATLÁN, GUERRERO.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

Existen pobladores de la región que aseguran ser propietarios de los

terrenos que puso en venta Infratur, tener escrituras y constancia de

posesión.

Descripción del conflicto:

Proyecto Bahiamar: La inmobiliaria hizo el anuncio en su página de Internet World Property Channel, donde indica que fue contratada por un grupo de propietarios privados en el país para subastar "uno de los más grandes sitios" de desarrollo turístico enclavado en la playa Acapulco-Ixtapa. La propiedad denominada Bahiamar, es de 2 mil 259 hectáreas y está a casi cuatro millas de la playa y la laguna, "junto al Océano Pacífico", donde se construirá un desarrollo turístico con re-sorts, campos de golf, marina, locales comerciales, villas y condominios de lujo. Junio 2012, Subasta Infratur predios en disputa para construir "el Cancún de la Costa Oeste".

Actores en pugna:

Impulsando el proyecto: Inmobiliaria Fraccionamientos Turísticos S.A. de C.V. (Infratur); Paramount Realty USA (PRUSA); Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Secretaría de Medio Ambiente y Recur¬sos Naturales (SEMARNAT); Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (CONANP). En oposición: Ambientalistas de Barra de Poto¬sí; sociedad civil.

Criminalización social:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/05/03/index.php?section=

regiones&article=007n3reg

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/18/sociedad/044nlsoc

http://www.bahiamar.info/ http://www.lajornadaguerrero.com.

mx/2012/05/03/index.php?section=regiones&article=007n3reg

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/18/sociedad/044nlsoc

27.COMPLEJO HOTELERO PANAMÁ. BAHÍA DE PANAMÁ

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

La destrucción de los manglares implicaría problemas de inundación que sufrirían las poblaciones cercanas por la pérdida de absorción de agua, mismas que tendrían que ser desplazadas.

Descripción del conflicto:

En 2009, se anunció el proyecto urbanístico Panamá Bay Country Club en la Bahía de Manglares, en Panamá por parte de la empresa Panamá Bay Developers. Este proyecto representa la tala ilegal de 18 hectáreas de mangle y el desplazamiento poblacional por las posibles inundacio¬nes de las zonas cercanas para la construcción de complejos hoteleros y campos de golf. La Bahía de Manglares es reconocida como sitio Ramsar desde 2003, por lo que se prohibe internacionalmente su uso por fines de conservación, sin embargo, recientemente en 2012, la Corte Suprema eliminó el estatus de área protegida y concedió los permisos, acción que provocó que organizaciones ambientalistas se manifestaran en contra. Se exige el restablecimiento del lugar como área protegida y la realización de una consulta pública.

Actores en pugna:

A pesar del reconomiento de la zona como sitio Ramsar, por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido retirar la condición de área protegida. Ante esto más de 40 entidades defensoras del medio ambiente han decidido movilizar¬se, entre las cuales destacan el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Fundación ANCÓN.

Criminalización social:

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/05/05/hoy/pano-

rama/1765688.asp

http://laradiodelsur.com/?p=95354 http://elmandadito.blogs-

pot.mx/2012_05_01_archive.html http://olca.cl/articulo/nota.

php?id=101878

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101878

http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1190096-so-

bre-la-bahia-de-panamá http://www.facebook.com/notes/

sociedad-audubon-de-panam%C3%Al/comunicado-de-prensa-

en-el-d%C3%ADa-mundial-de-los-humedales-2-de-febrero-

de-2013/10152477388160532

http://www.avaaz.org/es/petition/Salvar_los_manglares_de_la_Bahia_

de_Panama/

http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/08/09/desarrollo-

desenfrenado-en-la-bahia-de-panama.asp

28.CREACIÓN DE ZONA DE CONSERVACIÓN PERÚ. CORDILLERA ESCALERA, DISTRITOS RIO JA, LAMAS, TARAPOTO, SAPOSOSA, JUANJUIY TOCACHE, PROVINCIAS LAMAS Y SAN MARTÍN, SAN MARTÍN.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:

La conformación del del Área de Conservación Regional Cordillera Es¬calera ha impedido el desarrollo de las actividades tradiconales del pueblo quechua lamista (agricultura, caza, recolección, pesca y otras) para garantizar su subsistencia como pueblo indígena.

Descripción del conflicto:

Comunidades del pueblo quechua lamista considera como ameza con¬tra su gobernanza territorial y sobre el proceso de ampliación de susu títulos de propiedad la creación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

Actores en pugna:

Apoyan el proyecto: Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Gobierno Regional de San Martín / En oposición: Consejo étnico de los pueblos kichua de la Amazonia (CEPKA), Federación de Pueblos Indígenas Ke-chwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM)

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.cepka.es.tl/Nuestra-Historia.htm

http://lamula.pe/2012/09/27/peru-conflictos-socioambientales-en-la-

amazonia-persisten-ante-indiferencia-del-estado/Servindi/

http://servindi.org/actualidad/65613

http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/143027/pueblos-indigenas-

en-conflicto-a-causa-de-proyectos-de-extraccion/

http://enlacenacional.com/2012/10/01/san-martin-pueblo-kechwa-esta-

impedido-de-entrar-zona-de-cordillera-escalera/ http://www.perueco-

logico.com.pe/esp_cordilleraescalera.htm ;http://vigilanteamazonico.

pe/phocadownload/mapas/mapasconflicto/mapa%20kichwa%20

de%201amas%20sanmartin%20final%20marzo2012.jpg http://www.

sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=10 http://www.cepka.es.tl/

Organizaci%F3n.htm#

http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1856

29.CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS

PUERTO RICO. BARRIO SONADOR Y BARRIO CUCHILLAS.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

Vecinos del lugar levantaron un campamento de desobediencia civil en la plaza central del barrio sonador, en protesta de la colocación de ante¬nas de telecomunicaciones, pues argumentan que éstas trabajan a base de microondas que causan problemas cancerígenos a la población. En las comunidades de Limón y Loperena del barrio cuchillas argumentaban, aunado a lo anterior, que el terreno en donde se quieren colocar las antenas en su localidad es especial, pues hay cuencas, sumideros y cavernas. Estas antenas se colocarán a 200 metros lo que implicaría una dosis de radiación como estar dentro de una microonda un minuto y cuarto al mes.

Actores en pugna:

QMC Telecom, el Alcalde Javier Jiménez, por dar permisos de colo¬cación de antenas en agradecimiento al sustento que la empresa dio en su campaña política y la sociedad civil del pueblo del soandor.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://ssdelpepino.com/desobediencia-civil-la-cura-civil-para-la-demo-

cracia-manipulada-y-corrupta/

http://www.noticel.com/noticia/106455/desobediencia-civil-contra-

antena-en-humacao.html

http://www.primerahora.com/desobedienciacivilporantenasenmo-

ca-560537.html

http://www.primerahora.com/vecinosdesansebastianimpidencons-

trucciondeantena-610934.html

30.-AMPLIACIÓN DE PUERTO

URUGUAY. PUERTO "LA PALOMA') ROCHA.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros.

Descripción del conflicto:

El proyecto para ampliar el puerto de La Paloma se impulsa a través del gobierno y la empresa Naviera Christophersen. El objetivo es utilizar al puerto para la carga y descarga de madera, granos y otros productos. Particularmente, la madera será cargada en barcos con destino a la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos. Se estima que una vez ter¬minado, tenga seis kilómetros de largo, uniendo la ruta 10 con el puerto de La Paloma. El camino se hará de tosca y será construido sobre vías férreas en desuso. Esta iniciativa se inserta dentro del marco de la UR¬SA, en el grupo 2 (Uruguay, Agrentina y Brasil).

La población local, así como el alcalde de La Paloma (Alcides Perdomo) han protestado contra las obras portuarias que ya están en marcha. Incluso Alcides Perdomo, reclamó una autorización ambiental para la obra, lo que logró suspenderla temporalmente. Asimismo han afirmado que introducirán un recurso de amparo ante la Justicia para intentar detener la construcción del nuevo camino. Su argumento es que este proyecto perjudicará el efímero movimiento turístico de menos de dos meses cada año. Mientras tanto, los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Turismo han firmado con la intendencia un convenio que

asegura el futuro turístico de La Paloma, incluyendo limitaciones al movimiento de camiones. Actores en pugna:

A favor de la ampliación: la presidencia a cargo de José Mujica, la em¬presa Naviera Christophersen y los intereses involucrados en la URSA. En contra de la ampliación: la población local, el alcalde de La Paloma, así como otros políticos uruguayos.

Criminalización social:

La Policía de Rocha detuvo a cuatro personas que se manifestaban con¬trarios a las obras realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El jefe de policía de Rocha, Osear Miraballes, aseguró que "se viven momentos de mucha tensión". Por este motivo se desple¬garon unos 70 efectivos en las cercanías de las obras, la mitad de ellos pertenecientes a la Guardia Metropolitana. El juez de Rocha, Gerardo Flogliacco, ordenó que no pueden interrumpirse los trabajos por lo que los manifestantes fueron detenidos.

Fuentes electrónicas de información:

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/E/eje_mercosurchile_gru-

po_2/eje_mercosurchile_grupo_2.asp?CodIdioma=ESP

http://www.elobservador.com.uy/noticia/231405/desvios-sobre-el-

medioambiente/

http://radiouruguaycom.uy/mecweb/imprimir.jsp?contentid=20410&si

te=22&channel=mecweb

http://eldiario.com.uy/2012/08/27/policia-protege-obras-viales-cerca-

del-puerto -de -la-paloma/

http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.

aspx?h=274&x=9&idioma=ES

http://eldiario.com.uy/2012/08/30/65-de-rochenses-a-favor-de-amplia-

cion-en-puerto -de -la-paloma/

http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/12/puerto-madero/

http://www.uruguaysustentable.com.uy/portada/en-2013-se-remodela-

ran-los-puertos-del-este-y-el-litoral-de-uruguay/

http://www.avisador.com.uy/correo-lector/71-correo-lector/3353-veci-

nos-de-la-paloma-a-favor-de-puerto-.html

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/por-

talpresidencia/comunicacion/radio/audios-breves/puerto-la-paloma

http://www.vivirocha.com.uy/comunicado_de_prensa_de_la_union_

de_vecinos_de_la_paloma/"

31.CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAGUNA GARZÓN URUGUAY. LAGUNA GARZÓN, COSTA ATLÁNTICA. ENTRE LOS DEPARTAMENTOS ROCHA Y MALDONADO.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:

El gobierno de José Mujica habilitará la construcción del puente sobre la laguna Garzón para facilitar el acceso a un proyecto inmobiliario en la zona ideado por el empresario argentino Eduardo Costantini.Detrás de esa inversión extranjera, se anuncian otros emprendimientos urba¬nísticos similares. Los vecinos del lugar se movilizaron y advirtieron que presentarán un recurso contra la decisión gubernamental. Desde la oposición también surgieron voces contrarias a la decisión del gobier¬no. Pese a que la obra fue calificada como C (gran impacto ambiental), la decisión de realizar el puente ya está tomada, según comunicó el gobierno.

De acuerdo con Eduardo Gudynas, el puente sobre la Laguna Garzón tendrá impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos se¬rán sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha, por lo que en algunos años surgirán problemas con la basura, el sa¬neamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.

Actores en pugna:

Pobladores de la región y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto. La presidencia de José Mujica y otras instancias de gobierno a favor. Intereses privados: inversionistas, particularmente argentinos.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://accionyreaccion.com/?p=478

http://www.elpais.com.uy/120215/pnacio - 6246 64/politica/dinama-

puente-de-laguna-garzon-ocasionara-danos/

http://www.elpais.com.uy/120219/pnacio-625429/nacional/dinama-no-

vio -el-proyecto -aceptado/

http://eldiario.com.uy/2013/01/02/puente-sobre-laguna-garzon-este-es-

el-proyecto-mas-agresivo/

http://www.180.com.uy/articulo/30950_Dinama-autoriza-construc-

cion-del-puente-sobre-Laguna-Garzon

http://www.mvotma.gub.uy/sala-de-prensa/noticias/item/10004181-

puente-sobre-la-laguna-garz%C3%B3n

http://www.espectador.com/noticias/256116/laguna-garzon-autoriza-

cion-de-puente-genera-debate

32.CONSTRUCCIÓN DE PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS URUGUAY. ZONA EL PALENQUE, ROCHA

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:

El Gobierno ya ha expropiado 458 terrenos en Rocha para la construc¬ción del puerto de aguas profundas; a esto se le sumarán 4.000 padro¬nes, muchos de ellos propiedad de argentinos que no tributaron nunca o no lo hacen hace décadas.

Descripción del conflicto:

Mega obra promovida por el gobierno diseñada para suministrar a la minera Aratirí la llave de autorización del puerto. El documento "Puerto de Aguas Profundas" elaborado por el Ministerio de Transporte indica que la superficie total del puerto y las instalaciones accesorias cubri¬rán 2.150 hectáreas. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, este proyecto no cuenta con estudios técnicos de impactos suficientes sobre el futuro del escenario natural y la fauna (a un mes de resueltas las primeras expropiaciones, todavía no comenzó el estudio de impacto ambiental). Asimismo, la población local demanda que el proyecto no contó con un proceso justo de consulta y que afectará al turismo de la región. Un grupo de vecinos presenta un recurso contra el proyecto, donde promueven una acción de anulación. Ya había sido presentada una acción de inconstitucionalidad contra el puerto de aguas profundas en Rocha por parte de diputados del sector nacionalista Aire Fresco; ahora se suma este nuevo recurso promovido por los habitantes del balneario El Palenque.

Actores en pugna:

En contra del proyecto: población local, organizaciones ambientalistas (destaca Movimiento por un Uruguay Sustentable, la Organización para la Conservación de Cetáceos y Karumbé). A favor del proyecto: la pre¬sidencia de José Mujica afirmando que "La construcción y desarrollo del Puerto de Aguas Profundas, se encuadra en la política nacional por-

tuaria de estímulo al desarrollo de una logística de transporte eficiente que dinamice el desarrollo de la producción y la economía nacional".

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://eldiario.com.uy/2012/08/27/vecinos-se-reunen-y-rechazan-puer-

to-de-aguas-profundas/

http://eldiario.com.uy/2012/08/17/expropiaran-4-000-padrones-mas-

para-el-puerto -en-el-palenque/

http://eldiario.com.uy/2012/06/28/hacia-el-puerto-de-aguas-profundas/

http://eldiario.com.uy/2012/07/24/vecinos-de-el-palenque-recursan-

construccion-del-puerto/

http://www.uruguaysustentable.com.uy/category/puerto-de-aguas-

profundas/

http://www.elpais.com.uy/130107/ultmo-686893/ultimomomento/el-

puerto-de-aguas-profundas-estara-entre-la-paloma-y-cabo-polonio/

http://eldiario.com.uy/2012/12/25/cuestionan-que-puerto-de-aguas-

profundas-sea-en-el-palenque/

http://www.tiempo.com.uy/uruguay/893-uruguay-tendra-puerto-de-

aguas-profundas

http://www.uruguaysustentable.com.uy/portada/el-puerto-de-aguas-

profundas-desata-visiones-encontradas-entre-quienes-viven-en-la-

zona/

http://historico.elpais.com.uy/121128/ultmo-678511/ultimomomento/

aprueban-proyecto-de-ley-que-habilita-puerto-de-aguas-profundas-

en-rocha/

http://member.bnamericas.com/news/privatizacion/gobierno-de-

uruguay-promulga-ley-que-situa-puerto-de-aguas-profundas-en-el-

palenque"

1.- Gas
Argentina Neuquén, Departamento de Confluencia, Loma de la Lata.
Inicio del conflicto: 1995
Despojo de tierras:
Se han presentado denuncias por la posesión de tierras por parte de Dow Chemical, Petrobras y Repsol YPF.
Descripción del conflicto:
Loma de la Lata es el yacimiento de gas más importante de Argentina. Estas tierras están ocupadas desde princípios de siglo XX por las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ, dedicadas tradicio- nalmente a la cría de ganado. Desde la década de 1960 ha habido presencia de empresas extractivas en la región: primero YPF esta- tal, luego Repsol y otras como Gas del Pacífico. El territorio de las comunidades ha quedado enclavado en el yacimiento y cerca de una central termoeléctrica, lo que ha provocado ausencia de agua pota- ble, electricidad y gas. En 1995 la comunidad Paynemil descrubió y posteriormente denunció contaminación por condensados de gaso- lina en la napa freática. Tal denuncia se efectuó ante 6 organismos de control nacionales y provinciales, además de una presentación al ombudsman de la Nación y una acción judicial por la Defensoría de Menores, donde -en tres instancias- se condenó a la Provincia por la falta la provision de agua potable.Otro momento importante del conflicto se dió en el año 2001, cuando las comunidades se oposie- ron al proyecto de una planta separadora de gas operada por Dow Chemical, Petrobras y Repsol YPF. Aquí sobresalió la denuncia de la comunidad Kaxipayiñ, que reclamaba también la posesión de esas tierras y la falta de consulta previa. En ese año también presentaron un estudio sobre la contaminación ambiental y sobre las personas que sufrían problemas de salud. A raíz de esto se presentaron denun- cias penales ante organismos nacionales e internacionales. Además se han desplegado otras formas de acción directa como el corte de ruta, freno de máquinas y vehículos, manifestaciones y accesos a los campamentos petroleros. Este tipo de acciones se han desplegado hasta la actualidad, registrando el más reciente conflicto en julio de 2012 en contra de una empresa de servicios petroleros llamada San Antonio (tradicional contratista de YPF). La comunidad ha expulsa- do a la empresa de sus territorios.
Actores en pugna:
Diversas empresas extractivas involucradas (la más importante es YPF, sin embargo también están San Antonio y Pampa Energía); el Gobierno provincial y nacional, así como las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.avkinpivkemapu.com.ar/ http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Conta- minacion/Petroleras_y_contaminacion_en_Neuquen http://opsur.wordpress.com/category/pueblos-originarios/page/3/ http://www.mapuche.info/mapuint/LomaLata.html

2.- Carbón
Argentina Rio Turbio, provincia de Santa Cruz.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
A orillas de la única fuente de agua potable que abastece a más de 120.000 habitantes (entre las localidades de Río Gallegos y 28 de No- viembre), se dispondrá gran cantidad de desechos industriales peligro- sos provenientes de la Mega Usina de Carbón, prevista para inaugurarse a finales del 2012. Se estima que la Mega Usina consumirá más de 1.000.000 toneladas de carbón por año. De ese total, sólo puede apro- vecharse el 40 %, ya que el 60 % restante es ganga, un compuesto de rocas y arcillas con contenidos de sustancias minerales y químicas de carácter peligroso para la salud. Por otra parte la generacion de gases, producto de la combustión del carbón, podria ocasionar lluvia ácida afectando la salud de la poblacion de los alrededores y a los ecosiste- mas asociados a los glaciares proximos ( fuente de agua para consumo humano y fuente de ingresos importantes debido al turismo interna- cional). En este sentido, preocupa la ubicacion de los drenajes ácidos, provenientes de los residuos de combustibles utilizados por la usina, mismos que podrían llegar hasta el rio Santa Cruz y afectar la calidad del agua que luego es utilizada para consumo humano.
Actores en pugna:
A favor del proyecto: el gobierno nacional y gobierno municipal, así como la empresa ISOLUX CORSAN que esta al frente del emprendi- miento. En contra del proyecto: la comunidad de Punta Arenas (ciudad chilena vecina), la comunidad e Rio Turbio y Rio Gallegos (entre otras cercanas), así como la Asamblea Ambiental Ciudadana Rio Gallegos.
Criminalización social:
Hubo amenazas contra la vida de activistas ambientales. También in- tentos de sobornos y persecución que han violado derechos constitu- cionales. Estas denuncias se expusieron ante la Secretaría de Derechos Humanos y en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeno- fobia y eI Racismo.
Fuentes electrónicas de información: http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/ http://fernandoberdugo.blogspot.com.ar/2011/07/megausina-de-car- bon-rio-turbio.html
http://www.goyaopina.com.ar/?p=11185 http://www.tiemposur.com.ar/nota/29045-preocupa-que-los-restos-de- cenizas-terminen-en-el-rio http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2011/07/usina- de-rio-turbio-criticas-y.html

3.- Petróleo
Argentina. laguna de Llancanelo, Malargüe, Mendoza.
Inicio del conflicto: 1999
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La Laguna Llancanelo es un humedal reconocido internacionalmente por la Convención RAMSAR (1996), además de ser área protegida provincial. Sus valores ecológicos la ubican como uno de los sitios más biodiversos del país y de mayor diversidad biológica del planeta dentro de las regiones áridas. En el año 1999 Repsol YPF presentó un proyecto para explorar yacimientos en esta zona. Ante esto , luego de audiencias públicas e im- puganciones sobre las declaraciones de impacto ambiental, se interpuso en 2003 un recurso de amparo por parte de una ONG (OIKOS) que frenó los trabajos de exploración en el área, ya que los límites de la reserva no estaban claros. En 2005 el amparo fue rectificado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia.Frente a esto el gobierno se embarcó en la amplia- ción de los límtes de la reserva, llevándola de 42.000 a 86.000 ha., lo cual produjo fuertes resistencias por parte de algunos propietarios de la zona, ya que sus campos quedarían dentro de la reserva. Esto finalmente no se concretó y los puesteros no fueron expropiados. En 2009 la empresa volvió a intentar explotar el área presentando el informe de impacto ambiental, el cual fue impugnado por organismos científicos como el Instituto Ar- gentino de Zonas Áridas. Sin embargo y luego de la audiencia pública, en febrero de 2010, el el gobierno provincial aprobó la declaración de impacto ambiental, dando el aval a Repsol para comenzar con los trabajos en la zona. En este contexto se crea la Unidad de Gestión Llancanelo, intergrada por los actores participantes en la EIA (ley 7824). A los pocos meses, en oc- tubre de 2010, se denunció contaminación del agua por parte de uno de los propietarios de los campos linderos a la laguna, lo que llevó que un grupo de legisladores provinciales visitara al área y pudiera constatar focos de contaminación. Al año 2011 no se había confeccionado todavía un plano de mensura completo de la zona, previsto en el plan de manejo de la reserva y que permitiría establecer difinitivamente dónde puede establecerse la actividad extractiva.
Actores en pugna:
Repsol YPF; Gobierno provincial y municipal; trabajadores de la indus- tria petrolera; propietarios de tierras de la zona; OIKOS Red Ambiental y algunos pobladores.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/ Llancanelo_un_mar_de_hipocresias_navegado_por_REPSOL_YPF http://losandes.com.ar/notas/2005/3/15/sociedad-146933.asp

4.- Oro y uranio (proyecto Famatina)
Argentina. La Rioja, Famatina
Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Desde el año 2006 el pueblo de Famatina viene resistiendo la instala- ción de empresas mineras en sus territorios. El primer intento de las industrias extractivas vino de la mano de Barrick Gold, con el aval del gobierno provincial y municipal. El conflicto llegó a tal nivel que en 2007 se destituyó al gobernador, Ángel Maza, reemplazado por su vice Luis Beder Herrera, quien sería electo gobernador en las eleccio- nes de los meses siguientes. Su discurso fue en contra de la actividad minera, incluso se llegó a sancionar una ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro (Ley 8731) y otra sobre consulta popular vinculante (Ley 8.138) que serían derogadas tiempo despúes. Sin embargo, el gobernador fue reelecto en 2011 con mas del 60% de los votos. Las modalidades de la lucha han incluído e incluyen asambleas y otros tipos de organización pero sobresale el corte de ruta, particularmente el que se mantiene hasta la actualidad, ubica- do en Peñas Negras, camino a la mina y el de Alto Carrizal. En 2011 también el gobernador reelecto anunció un acuerdo con Osisko Mi- ning Corporation, pero la lucha y resistencia de Famatina ha logrado atrasar mas de un año las tareas de exploración, previstas para enero de 2012. Los asambleístas han sufrido todo tipo de persecuciones y los han reprimido fuerzas policiales provinciales en ocasiones de manifestaciones y demás actividades. Ha habido judicialización del conflicto, jueces provinciales y la misma Barrick han demandado a los pobladores, incluso se encarceló a una de las asambleístas en 2009. Por último, se comprobó la confección de listas negras con datos personales de varios asambleístas por parte de Osisko.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: gobierno nacional, gobierno provincial, Ba- rrick Gold, Osisko Mining Co., Energía y Mnerales Sociedad del Estado (provincial), Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Chilecito, Vecinos por el SI, Instituto Provincial del Agua. En opo- sición: Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO (asamblea de Famatina, asamblea de Chilecito y otras), Intendencia de Famatina.
Criminalización social: No se tienen registros.
Principales fuentes electrónicas de información: http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/la-rioja/famatina.html http://www.losandes.com.ar/notas/2012/1/19/famatina-pueblo-contra- mineria-619093.asp http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/la-rioja/famatina.html
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/1/19/famatina-pueblo-contra- mineria-619093.asp
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal db/?page=conflicto&id=98 http://www.lanacion.com.ar/1491639-frenan-el-proyecto-minero-de- famatina

5.-uranio
Argentina. Mendoza, San Rafael, Sierra Pintada.
Inicio del conflicto: 1995
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Entre 1975 y 1995 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) explotó la mina de uranio. En el año 95 se dispone el cierre de la misma, en un contexto donde resultaba mas barato importarlo que producirlo y, dejó pasivos ambientales sin el tratamiento adecuado. A principios de 2003 la CNEA anuncia su intención de retomar la explotación, pero a condición que remedie los pasivos ambientales. La propuesta de la CNEA es minimizar los impactos en el ambien- te y la salud que podrían provocar dichos residuos a través de una remediación parcial y el comienzo de las actividades; mientras que la Multisectorial del Sur exige una remediación total y el cierre de la mina.Entre 2005 y 2010 se judicializa el conflicto, pasando por medidas cautelares que prohibieron los trabajos en la mina, luego la cámara federal de apelaciones falló a favor de la CNEA, en 2007 se da lugar a la medida de amparo presentada por la Multisectorial del sur, hasta que finalmente la corte suprema de justicia en 2010 frenó toda actividad en la mina hasta tanto no se termine con la remediación de los pasivos ambientales. Así, se están llevando adelante las tareas de remediación de la mina. Otra cuestión de importancia es que en el año 2007 se sancionó la ley provincial 7.722, que prohibe la explota- ción a cielo abierto con uso de cianuro y sustancias tóxicas similares en los procesos metalíferos, lo que es un herramienta más para los sectores que luchan contra el modelo extractivista en la provincia.
Actores en pugna:
Impulsando: CNEA, Estado Nacional, Provincial, Cámara de Empre- sarios Mineros de Mendoza, Asociación de Profesionales de la Comi- sión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear-APCNEAN, sector de pobladores de la zona. En oposición: Multisectorial del Sur, Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Fundación Cullunche, Oikos.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/13/mina-uranio-hace-anos- genera-conflictos-642026.asp http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/mendoza/sierra- pintada.html http://www.losandes.com.ar/notas/2013/1/18/gobernador-esta- oro-691806.asp
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=100

6.- Petróleo
Belice. Spanish lookout, Distrito de Cayo.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
La serie de concesiones que ha entregado Belice a distintas trasnaciona- les desde 2005 para la exploración y explotación petrolera, han puesto en riesgo zonas con grandes reservas de flora y fauna endémica. Ade- más, dichas concesiones, han violentado los derechos de propiedad de las comunidades que ahí habitan.
Descripción del conflicto:
En 2005, Belice encontró grandes reservas petroleras en uno de sus seis Distritos: Cayo. A partir de este acontecimiento, el gobierno beliceño otorgó cuantiosas licencias de exploración y explotación a diversas em- presas extranjeras. En 2010, la compañía petrolera Belize Natural Ener- gy (BNE) subsidiaria de grandes transnacionales, comenzó a explotar las reservas en uno de los municipios del Distrito: Spanish Lookout. Ello generó un conflicto en 2007 entre los habitantes menonitas. Tam- bién se desató una controversia de orden político, ya que parte de la zona forma parte del Convenio Ramsar (importancia ecológica de hu- medales y aves acuáticas) y colinda con la frontera guatemalteca.
Actores en pugna:
Poblaciones desplazadas y afectadas (menonitas e indígenas); diversas empresas trasnacionales poseedoras de licencias para la exploración y explotación petroleras; gobierno de Belice.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.prensalibre.com/noticias/Belice-aprovecha-area-pug- na_0_259174134.html http://www.oilwatchmesoamerica.org/index.php?option=com_content &task=view&id=484&Itemid=38 http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/Consejo_Asesor_Pe- trolero_aprueba_plan_de_trabajo

7.- Petróleo
Bolivia. Amazonía y zona norte del Chaco.
Inicio del conflicto: 2004
Despojo de tierras:
Las compañías petroleras Repsol-YPF han instalado diversos puntos de extracción, ocupando un total de 17 Territorios Comunitarios de Ori- gen (TCO), lo cual ha implicado el desplazamiento de las comunidades indígenas.
Descripción del conflicto:
Repsol-YPF se han caracterizado por ser las empresas que han interve- nido un mayor número de TCO, repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y taca- nas, afectando también a la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas del río Beni. Asimismo, el bloque Sécure atraviesa el territorio indígena multiétnico donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés, el territorio indígena chimán y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré. La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser interve- nidos, coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la fami- lia o las actividades agrícolas y recolectoras.
Actores en pugna:
REPSOL-YPF; Gobierno de Bolivia; CIDOB; Consejo o Cabildos de las nacionalidades involucradas y Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.flacso.org.ec/docs/i21gavalda.pdf http://www.enlatino.com/el-conflicto-entre-repsol-ypf-y-bolivia-continua http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/04_Con- flictos-socioambientales-generados-por-repsol-ypf-en-Bolivia.pdf

8.- Fosfato y uranio.
Brasil. Santa Quiteria, Itatira y Magdalena. Ceará.
Inicio del conflicto: 2011
Despojo de tierras:
No se ha presentado. Sin embargo, gracias a la experiencia de la mina de Caetite se prevé que una de las consecuencias de la operación de la mina sea el desplazamiento de los pobladores. Asimismo, se pretende instalar un ferrrocarril en la region que podría generar desplazamien- tos. Tres comunidades estarían en el entorno de la planta física y más de 40 comunidades serán afectadas.
Descripción del conflicto:
La mina Itataia (cielo abierto) se encuentra en fase de construcción y prevee extraer fosfato y uranio . Este proyecto es resultado de la aso- ciación entre Industrias Nucleares do Brasil y la empresa Galvani (The Santa Quiteria proyecto), el cual será financiado en infraestructura por recursos públicos del Banco del Nordeste de Brasil y el Gobierno Esta- do de Ceará. Se calcula que para el año 2014 sea operada por el grupo industrial Galvani. El gobierno de Brasil permitirá que la empresa pri- vada explote la mina, acordando que la empresa se quede con el fosfato y el Estado con el uranio. Esta asociación es una de las alternativas para aumentar la producción de uranio que será destinada a la industria, a las exportaciones y a la producción de fertilizantes fosfatados para los agronegocios.
Actores en pugna:
Industrias Nucleares do Brasil; Galvani; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério de Minas e Energia (MME); Electrobras; Electronuclear (responsable de la construccion de las plantas nucleares); Ministério da Ciência e Tecnolo- gia; Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); Instituto Brasileño de Minería (IBRAM); Articulacion Antinuclear; Núcleo Trabalho; Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade (TRAMAS); Comissão Pasto- ral da Terra; Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; Sobral Cáritas Diocesana y Trabajo Core; Ambiente y Salud de la Universidad Federal de Ceará y Mujeres de Via Campesina.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://santaquiteriadeverdade.blogspot.com/2012/07/movimento-con- tra-exploracao-da-mina-de.html http://www.adital.com.br/site/noticia_imp. asp?lang=ES&img=N&cod=69553 http://www2.tjce.jus.br:8080/ esmec/?p=9171

9.- Complejo petroquímico
Brasil. Bahía Guanabara, Río de Janeiro.
Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La inauguración del Complejo Petroquímico está prevista para el año 2015. Con ello se ampliará la infraestructura y actividad petrolera en la Bahía de Guanabara, la cual comprende una refinería y siete plantas petroquímicas. Los pescadores artesanales se han opuesto al proyecto, debido a los problemas que provoca en las aguas y por perjudicar sus actividades de pesca artesanal. Desde 2007 han denunciado violaciones y crímenes ocurridos en la construccion del Complejo Petroquímico de Rio de Janeiro (COMPERJ), una de las mayores inversiones de Petro- bras y parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC)
Actores en pugna:
ICMBio; IBAMA; BNDES; Petrobras; contratistas de Petrobras (GDK y Oceânica); INEA; Gobierno del Estado de Río de Janeiro y Gobierno Fe- deral; AHOMAR (asociación de hombres y mujeres del mar); Comisión Pastoral de la Tierra; pescadores de Bahía de Guanabara; Asociación de Pescadores de Pedra de Guaratiba; Terra de Direitos; Amigos de la Tie- rra; Foro de Afectados por la Industria del Petróleo y Petroquímica en las proximidades de la bahía de Guanabara (FAPP-BG); Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y Fiocruz Workers Union.
Criminalización social:
Los pescadores, en acciones de protesta (abril de 2009) bloquearon por más de un mes la instalación de los gasoductos submarinos y terrestres de Gas LP y Natural. Ante las protestas, el fundador de AHORMAR( Anderson De Souza) fue atacado con armas de fuego; semanas despues otro pescador fue asesinado enfrente de su familia.Otros pescadores han sido asesinados y arrojados a las aguas. El hostigamiento ha ido en aumento, ya que otras personas también han sido amenazadas por solidarizarse con los afectados ( por ejemplo, los protestantes en con- texto de la Cumbre Río +20)
Fuentes electrónicas de información: http://www.redlar.org/noticias/2012/6/28/Denuncias/Saldo-Rio- -20-dos-pescadores-asesinados-quienes-se-atrevieron-a-denunciar-la- contaminacion-petroquimica-Apoye-con-su-firma/ http://www.maisdemocracia.org.br/?p=608 http://www.ecolnews.com.br/pescador_mage_assassinado.htm http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/campanhas/nota- sobre-o-assassinato-dos-pescadores-da-ahomar http://uniaocampocidadeefloresta.wordpress.com/2012/07/27/entrevis- ta-alexandre-anderson-de-souza-presidente-da-ahomar/ http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR19/011/2010/en http://www.observatoriodopresal.com.br/?p=3264 http://global.org.br/programas/hoje-reuniao-em-solidariedade- a-ahomar/ http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_ k2&view=item&id=4889&Itemid=1

10.- Carbón
Brasil. Mato Grosso Do Sul, municipio Ribas Do Rio Pardo.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
Los indígenas Kadiwéu han sufrido invasion de sus tierras por los pro- ductores de carbón en beneficio de las acereras.
Descripción del conflicto:
En la región se han perforado pozos para suministrar agua para el sector industrial así como para la extracción del mineral. Tierras indí- genas, aguas y bosques se han visto afectados en este contexto, provo- cando inseguridad alimentaria.
Actores en pugna:
Metales MMX (Vector Group); Minería Corumbaense Reunited (MCR); el ex Rio Tinto Group y Urucum Minería S / A (respectivamente, sub- sidiarias y filial de Vale); Ministerio de Minas y Energía; Gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul y el Municipio de Corumbá; IBAMA; Centro de Estudios de Sostenibilidad y la Fundación Getulio Vargas de São Paulo; Asociación de Comunidades Indígenas de la Reserva Ka- diwéu (Acirk); Fundación Nacional del Indio (FUNAI); asociación civil y Ecology Action (ECOA) y comunidades afectadas.
Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index. php?pag=ficha&cod=92

11.- Uranio

Brasil. Estado de Bahia, municipio de Caetité.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:
Las ciudades de Caetité y Lagoa Real, presentan escasez de agua gra- cias a que algunos de los pozos han sido cancelados debido a la con- taminación generada por altas concentraciones de uranio. Asimismo, las tierras anteriormente usadas para actividades agropecuarias están paralizadas y varios pobladores han pedido ser reubicados debido a que se exponen a la radioactividad.
Descripción del conflicto:

La empresa Industrias Nucleares do Brasil (INB) planea duplicar la producción de la mina de uranio, debido a que se han confirmado nuevos yacimientos en el estado de Ceará. Los pobladores no están de acuerdo con ello, debido a que varios estudios han denunciado desde el año 2008 la contaminación del agua para consumo humano, con nive- les de radiacion 100 veces mayor que el promedio mundial.Durante la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Conferencia de la ONU (Río +20), se denunciaron las malas condiciones de trabajo en la mina, los riesgos para la salud en general y la carencia de agua.
Actores en pugna:
Empresa Industrias Nucleares do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério de Minas e Energia (MME), Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto para la Gestión del Agua, Articulación Brasileña antinuclear, Coalición contra las plan- tas nucleares, DhESCA Brasil (Derechos Humanos, Económicos, Socia- les, Culturales y Ambientales), Comisión de Medio Ambiente Caetité, Comisión Pastoral de la Tierra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra y Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.vermelho.org.br/prosapoesiaearte/noticia.php?id_ noticia=143381&id_secao=10
http://uranioemcaetite.wordpress.com/ http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/ba/no+interior+da+bahia+cida des+tentam+barrar+caminhoes+com+uranio/n1596968006393.html http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/den-ncia-agua-consumi- da-em-ca/ http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/117821-ongs-de- nunciam-contaminacao-por-uranio-em-caetite.html http://www.oeco.com.br/noticias/25049-populacao-de-caetite-recla- ma-de-uranio http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/urnio-de-caetit-viola-direi- tos-humanos/blog/37221/

12.- Carbón
Chile. Isla Riesco, Región de Magallanes.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El proyecto “Mina Invierno” consiste en la explotación de una mina de carbón a tajo abierto y es impulsado por los grupos Von Appen y la empresa Copec (Angelini). La aprobación del proyecto, corresponde a la primera de cinco minas que se emplazarán en el lugar, las que provee- rán con carbón a las termoeléctricas del norte de Chile. Este proyecto ha generado una fuerte protesta nivel nacional e internacional donde el destaca el trabajo del grupo ALERTA ISLA RIESCO.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Grupo Empresarial Von Appen, Empresa CO- PEC. En oposición: Grupo ALERTA ISLA RIESCO.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información:
http://islariesco.wordpress.com/ http://www.elciudadano.cl/2011/11/19/44247/ana-stipicic-%E2%80%9Cla- autoridad-medioambiental-en-chile-esta-absolutamente http://www.ecosistemas.cl

13.- Carbón
Colombia. Municipios de San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Manaure y Dibulla. Departamento de la Guajira.
Inicio del conflicto: 1976
Despojo de tierras:
Si. Se han desplazado a cientos de indígenas que habitaban en el terri- torio que hoy es ocupado por esta mina a cielo abierto, considerada la más grande del mundo.
Descripción del conflicto:

Desde hace más de 30 años la multinacional Drumond en la mina del Cerrejón explota a cielo abierto las reservas de carbón ubicadas en Ma- naurel. Su producción para 2010 se calculó en 32 millones de toneladas, 89 diarias. Tiene una extensión de 69.000 hectáreas en cinco zonas: Norte, Central, Sur, Oreganal y Patilla, y reservas de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico que le dan a Colombia el cuarto lugar exportador y décimo productor de este mineral. Además del despla- zamiento de las poblaciones de la zona, la mina emite contaminantes que constantemente afectan la salud de las personas, la calidad de los suelos, el bienestar de los animales (chivos) y las fuentes hídricas. Los indígenas denuncian que sus resguardos están a menos de 500 metros de la mina, padeciendo las vibraciones del botadero de desperdicio y las detonaciones; algunos resguardos son atravesados por la vía férrea y una carretera de acceso. Además, los indígenas denuncian la muerte de varios Wayúu en las líneas del tren que transporta el carbón, debido a que la señalización no es clara y culturalmente adecuada. Cerca de la mina del Cerrejón se ha encontrado otro yacimiento (2012), el quinto mas grande del mundo, el cual va a ser explotado por el multimillonario brasileño Eike Baptista.

Actores en pugna:
Propietarios del Cerrejón: BHP Billiton, Anglo American, Xstrata; di- ferentes instancias del gobierno colombiano; poblaciones indígenas y campesinas que tradicionalmente han encontrado su sustento en los territorios de la Guajira.
Criminalización social:
Algunos grupos sociales relacionan las masacres ocurridas en la Gua- jira, entre ellas la de Bahía Portete en abril de 2004, llevada a cabo por paramilitares, a los intereses de las empresas que operan la Mina del Cerrejón, sin embargo, esto no está corroborado por las instancias judiciales del país. Se denuncia que a través de promesas incumplidas, las empresas de la Mina han mantenido en condiciones indignantes a varios pueblos de la Guajira que siguen esperando una reubicación en territorios que les permita llevar a cabo sus actividades en mejores condiciones, es el caso de Tabaco.
Fuentes electrónicas de información: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf
http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/9047-el-cerrej%C3%B3n- el-coque-y-el-conflicto-laboral.html
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10-colombia/4393 http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_conten t&view=article&id=37983:desvio-del-rancheria-debe-tener-bene- placito-de-las-comunidades-presidente-de-cerrejon&catid=77:la- guajira&Itemid=420 http://notiwayuu.blogspot.com/2012/06/ la-guajira-dice-no-al-desvio-del-rio.htmlhttp://www.elheraldo.co/ region/vale-la-pena-la-desviacion-del-rancheria-por-los-beneficios- ofrecidos-73178 http://www.conlospiesporlatierra.net/?p=1293

15.-carbón
Colombia. Dibulla, La Guajira.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
Se privatizarían algunos territorios para la construcción de un puerto y vías férreas.
Descripción del conflicto:
La empresa MPX Energía S.A., parte del Grupo EBX, ingresó al país en 2007, y posee derechos mineros sobre más de 65 mil hectáreas en los departamentos de La Guajira y Cesar (con interés en Boyacá) regio- nes tradicionalmente productoras de carbón. Para exportar el carbón construirá un puerto, el cual tendrá un área de 521 hectáreas y 2,8 kilómetros de franja de playa, exactamente en el municipio de Dibulla, entre los ríos Cañas y Ancho y la línea férrea pasará por la parte trasera de la institución agrícola de Fonseca, atravesando toda la zona dedicada desde hace años al cultivo de arroz y otros productos, como parte de la consolidación de un sistema integrado de energía y recursos naturales que se suministrarán a los proyectos termoeléctricos de Brasil y Chile. La comunidad de Hato Nuevo en el mismo departamento de la Guajira expresó su rechazo al proyecto carbonífero por la forma agresiva como los representantes de MPX fuerzan a la población a dejar sus territorios. Se trata de las minas y también de la presencia de rutas y vías férreas, así como del despojo de tierra y la privatización del agua. Se han otorga- do licencias ambientales desconociendo que ya se había dado un parte de inviabilidad ambiental en 2003.
Actores en pugna:
Ministerio de Ambiente; Corpoguajira; MPX (Brasil), posible conseción con Puerto Brisa S.A; comunidad de Hato Nuevo; habitantes de los mu- nicipios de Dibulla y sus vecinos Fonseca y Distracción.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/906/90616141008.pdf www.mountainpeople.org/documents/posicionfrenteamegaproyectos.pdf http://justiciaambientalcolombia.org/2012/04/14/comunicado-a-la-co- munidad-publica-caso-puerto-brisa-2/ http://gquimbayo.wordpress.com/2006/09/05/megaproyectos-en-impac- tos-a-nivel-de-ambiental-y-social-caso-puerto-maritimo-de-dibulla- guajira/
http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/19818-mpx- transnacional-brasile%C3%B1a-se-instala-en-la-guajira. html?tmpl=component&print=1 http://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/11746-locomotora- del-carb%C3%B3n-aterroriza-a-agricultores.html

16.-Petróleo y gas.
Costa Rica. San José.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
En el año 2000, el gobierno de Costa Rica concedió a la empresa Mallon Oil Company un permiso para realizar la exploración y explotación del gas y petróleo en el municipio de San José. Sin embargo, en 2002 se presentó una moratoria por parte del gobierno en turno que termina- ría en la cancelación del permiso y la problemática de indemnización millonaria a favor de la trasnacional. En 2011, la posibilidad de reabrir la concesión exclusivamente para el petróleo fue presentada por el Mi- nisterio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, lo cual provocó un fuerte rechazo por parte de la población costarricense pues diversos grupos aseguraron que la empresa dañaría al ecosistema de la zona (argumentos validados en 2002) . En tanto, se ha establecido una Mesa Nacional de Diálogo que pretende formular propuestas para elaborar una legislación que se oponga a la exploración y explotación de hidro- carburos en Costa Rica. Sin embargo, la compañía no ha desistido del proyecto y las tensiones siguen vigentes.
Actores en pugna:
Los opositores al proyecto se han conformado en una Mesa Nacional de Diálogo, donde ambientalistas y miembros de los partidos Acción Ciu- dadana (PAC), Frente Amplio (FA), Accesibilidad Sin Exclusión (Pase) y Unidad Social Cristiana (Pusc) se reúnen para debatir sobre la conce- sión a la empresa Mallon Oil Company. Otros actores se ubican dentro del actual gobierno costarricense.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.monumental.co.cr/noticia/mallon-oil-presenta-recurso-de- amparo-contra-presidenta-chinchilla http://www.nacion.com/2011-06-06/ElPais/NotasSecundarias/El- Pais2799702.aspx http://ntrzacatecas.com/2011/06/16/piden-formular- propuestas-contra-exploracion-petrolera-en-costa-rica/ http://www.canalazul24.com/?p=4246 http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Sus- penden_decreto_de_prohibicin_de_explotacin_petrolera

17.-Petróleo
Ecuador. (Bosque Mache Chindul), Provincias de Esmeraldas y Manabí.
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La compañía china Sinopec inició la prospección sísmica, impulsada por Petroproducción, en territorios que forman parte de la reserva Ma- che Chindul, en el límite interprovincial entre Esmeraldas y Manabí. Se han realizado dos perforaciones: una, en las cercanías de la comunidad Tahuasa, y otra en Nuevos Horizontes. Sinopec suscribió el contrato el 16 de diciembre de 2008. “Las potenciales afectaciones preocupan a los habitantes de la Y de la laguna, localidad que está en el acceso a la reserva”. En este sector, varias han sido las afectaciones registradas, a causa del uso de la pentolita (El Comercio, 17 de febrero de 2010: 19).
Actores en pugna:
Comunidades afectadas de la región; representantes de la empresa chi- na SINOPEC y diversas instancias del gobierno ecuatoriano.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.elcomercio.com/noticias/bosques-Mache-Chindul-busca- petroleo_0_209979061.html

19.-Petróleo
Ecuador. Montecristi, Manabí.

Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:

Hasta finales del 2011 se habían comprado 1.350 hectáreas a familias asentadas en el área.

Descripción del conflicto:
El gobierno prevé construir y poner en funcionamiento al Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico (RDP) con una capacidad de 300.000 barriles diarios de refinación de crudo. Algunas comunidades se niegan a vender las tierras donde funcionaría esta refineria y a perder el Bosque Pacoche. Recientes excavaciones han demostrado que el área contiene restos arqueológicos de la cultura Manteña.
Actores en pugna:
El Consejo Comunitario del Pacífico que agrupa a 22 comunidades y la Coordinadora Comunitaria del Pacífico que respresenta a comuni- dades de la zona. El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petroecuador, Ministerio de Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, gobiernos municipa- les de Manta y Montecristi.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: www.accionecologica.org/petroleo/refinerias

20.-Petróleo
Ecuador. Esmeraldas, Esmeraldas.
Inicio del conflicto: 1978
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La refinería de Esmeraldas se construyó sin tomar en cuenta el creci- miento de la ciudad de Esmeraldas. Hoy se reconocen errores cons- tructivos en las instalaciones y una serie de impactos ambientales: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y del río Teao- ne que recibe las aguas residuales de las piscinas que se desbordan per- manentemente, emisión de partículas nocivas y frecuentes amenazas de fuego y explosiones. En 1998, 16 mil barriles de petróleo derramados en el río Teaone provocaron un incendio que ocasionó la muerte de 14 personas y de 52 heridos. Desde entonces ha habido por lo menos 5 incidentes adicionales. La población afectada ha interpuesto acciones legales. La única respuesta hasta el momento fue la entrega de 250 mil dólares a las víctimas del accidente de 1998.
Actores en pugna:
Comité Pro mejoras del barrio Delfina Torres Viuda de Concha (La Pro- picia 1); Petroecuador; Gobierno Municipal de Esmeraldas y diversas instancias del gobierno ecuatoriano.
Criminalización social:
La población afectada por el derrame y el incendio de 1998 fue acusada de haber construido sus viviendas cerca de la refinería.
Fuentes electrónicas de información: http://www.accionecologica.org/petroleo/refinerias

21.-Petróleo
Ecuador. Selva Amazónica.
Inicio del conflicto: 1993
Despojo de tierras:
De manera indirecta. La contaminación obligó a los pobladores ama- zónicos a desplazarse.
Descripción del conflicto:
En los veintiocho años que operó en la Amazonía ecuatoriana (1964 a 1992), Texaco provocó un histórico desastre ecológico que amenaza la vida de más de 30.000 habitantes de la región amazó- nica: contaminó y afectó de manera dramática las tierras de pue- blos indígenas y sometió a la región a condiciones críticas de salud. El 3 de noviembre de 1993 los indígenas y colonos de la Amazonía deman- daron a Texaco en Nueva York. Texaco peleó y logró que en año 2002 la corte de apelaciones rechazara la jurisdicción en los Estados Unidos. Sin embargo, el juez conminó a Texaco a someterse a la jurisdicción de las cor- tes ecuatorianas.Desde entonces, se realizan las inspecciones judiciales, mismas que están demostrando que efectivamente hay contaminación. En enero de 2012, la justicia ecuatoriana ratificó en segunda instancia la condena contra Chevron-Texaco (fusionadas en 2001), la cual fue ape- lada por la empresa ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito y luego la sentencia fue confirmada en marzo de ese mismo año. Para principios del 2013, las comunidades ecuatorianas demandantes de la petrolera por daños ambientales afirmaron que una sentencia de un tribunal de Argentina les habilita a trabar un embargo a los bienes de la empresa en Ecuador por alrededor de USD 2 000 millones.
Actores en pugna:
Comunidades Amazónicas afectadas. Compañía Chevron-Texaco (Tex- pet, en Ecuador). Sistema judicial ecuatoriano.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información:
Alberto Acosta, “La maldición de la abundancia”. http://www.rebelion.org/docs/122604.pdf http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102172 http://www.elcomercio.com/negocios/Chevron-Argentina-Justicia-Liti- gio_0_857314519.html.

22.-Petróleo
Guatemala. Parque Laguna del Tigre, Municipio de San Andrés, Departamento de Petén.
Inicio del conflicto: 2001
Despojo de tierras:
Ha habido desalojos violentos contra las comunidades de La Florida (2008), El Picudo (2008), El Vergelito (2009) y Cruce Santa Amelia (ene- ro 2009). Mientras tanto, los gobiernos han asegurado que las pobla- ciones no pueden habitar ahí ya que es un sitio reconocido como área natural protegida, sin embargo, han concesionado 15 años más la ex- plotación petrolera.
Descripción del conflicto:
En 2001, la zona de del Parque Nacional Laguna del Tigre fue conce- sionada a la empresa Perenco Guatemala (con capital francés) para la explotación de petróleo. Ello generó una serie de conflictos a nivel nacional por el despojo a las comunidades que ahí residían y a nivel internacional, dado que el sitio es considerado como la segunda re- serva de agua dulce más importante de América Latina y la primera de Centroamérica, es decir es un área natural protegida. Sin em- bargo, en contra de las demandas de la población por los conflictos de contaminación, deforestación y desalojos sufridos, en 2010, se anunció una prórroga de 15 años más para que la petrolera continúe con sus actividades. Varios grupos activistas entre ellos el Centro de Acción Legal-Social y Ambiental (Calas) han luchado para que el contrato 2-85 sea revocado.
Actores en pugna:
Grupos de activistas como el Centro de Acción Legal-Social y Am- biental (Calas), así como pobladores desalojados de la zona, se han manifestado en contra de la concesión y ampliación de la misma a la empresa Perenco Guatemala. Por su parte, tanto el gobierno como el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco han apoyado las ac- tividades de extracción.
Criminalización social:
El activista Yuri Melini, Director del Centro de Acción Legal-Social y Ambiental (Calas) ha manifestado su descontento por las actividades de la petrolera. Actualmente se encuentra detenido, por supuestas de- mandas de abuso.
Fuentes electrónicas de información: http://www.prensalibre.com/opinion/Perenco-Colom-Laguna-Ti- gre_0_305369521.html
http://avancso.codigosur.net/leer.php/4622051 http://opsur.wordpress.com/2010/04/10/guatemala-campana-inter- nacional-contra-la-explotacion-petrolera-en-el-parque-nacional- laguna-del-tigre/ http://www.elperiodico.com.gt/es/20100511/ economia/150501/ http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_ areas/El_Parque_Laguna_del_Tigre_6657.shtml

23.-Petróleo
Guyana Francesa. Zona Costera.
Inicio del conflicto: Junio de 2012
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El exministro Nicole Bricq anunció el 15 de junio de 2012 el replan- teamiento jurídico de la extracción de petroleo en las cosatas de la Guyana Francesa, sin embargo, con el cambio de administración del ministerio de ecología por Delphine Batho en Francia, se espera que Shell y Total sigan extrayendo el petroleo con el mismo marco jurídico. Diversas organizaciones ambientalistas no gubernamentales se oponen a la extracción petrolera ya que argumentan que el ruido sismico, la posibilidad de fugas y la inyección de químicos, será perjudicial para la vida marina y las poblaciones aledañas.
Actores en pugna:
Empresas petroleras Shell ly Total; ONG’s -Greenpeace; fuerzas políti- cas dentro de la Guyana Francesa; fuerzas políticas dentro de Francia.
Criminalización social: No se ha presentado.
Fuentes electrónicas de información: http://energie-climat.greenpeace.fr/guyane-lenfer-de-shell http://www. sinembargo.mx/13-06-2012/262878 http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE86B07520120712

24.-Gasoducto morelos
México. 10 Municipios del Estado de Tlaxcala, 10 Localidades del Estado de Puebla y Cinco del Estado de Morelos.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
Acoso para que pobladores cedan tierras.
Descripción del conflicto:
El proyecto STGNM–Gasoducto Morelos corresponde a la construcción del transporte de Gas Natural que atravesará 24 municipios de tres estados. El gasoducto se instalará en 396 mil 223 hectáreas lineales, de las cuales se comprobó que 63.19 por ciento del uso de suelo es agricultura de temporal, 26.37 por ciento es agricultura de riego, 6.39 por ciento es correspondiente a pastizal inducido, y aproximadamente 4 por ciento corresponde a varios tipos de vegetación.La tubería de 30 pulgadas de diámetro atravesará las cuencas hidrológicas del río Atoyac, río Grande de Amacuzac y río Mocte- zuma. Durante la construcción las afectaciones mayores se presentan con las actividades de nivelación del terreno, desmonte y despalme, ya que se requiere remover las diferentes capas del suelo. Se presentan problemas de emisiones de contaminantes, generación de ruido y posible contamina- ción del suelo debido al uso de maquinaria y automotores. Puede surgir la contaminación de cuerpos de agua y suelo por la utilización de materiales y sustancias características de la etapa constructiva (soldaduras, gasolinas, aceites, lubricantes, etcétera) y la generación de residuos sólidos y líquidos (material para construcción, desperdicios de comida, papeles, plásticos, aguas grises). El gasoducto estará a algunos kilómetros del Parque Nacio- nal Xicotencatl, del Parque Nacional La Malinche, del Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl.
Actores en pugna:
A favor: Comisión Federal de Electricidad y Gobierno Federal, Elecnor S.A., CANACINTRA. En contra: Pobladores de distintos municipiosde Morelos, Puebla y Tlaxcala, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Criminalización social:
En algunas manifestaciones se ha replegado a los asistentes con la pre- sencia de policias.
Fuentes electrónicas de información: http://www.eluniversal.com.mx/notas/854335.html; http://www.jorna- da.unam.mx/2012/06/20/estados/040n4est
http://imagenpoblana.com/2012/surten-efecto-protestas-vs-gasoducto- morelos;
http://www.cmicpuebla.org.mx/secciones/?se=209 http://desinformemonos.org/2012/07/sesenta-pueblos-de-morelos-se- organizan-contra-una-termoelectrica/ http://cidhmorelos.wordpress.com/2012/11/01/huexca-y-pueblos-de-mo- relos-contra-gasoducto-y-termoelectrica/

25.-Carbón
México. San Juan Sabinas, Coahuila.
Inicio Del Conflicto: 2006
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
En la mina “Pasta de Conchos” ubicada en la Región Carbonífera, el 19 de febrero del 2006 ocurrió una explosión debido a las altas concentra- ciones de gas metano y falta de medidas de seguridad, donde murieron 65 trabajadores que quedaron sepultados. Algunos de los familiares se niegan a recibir indemnizaciones, lo que piden es justicia, pues hasta la fecha la empresa responsable sigue operando bajo las mismas condi- ciones. En general, las familias organizadas demandan la cancelación de la concesión a la empresa y reclaman también que les entreguen los cuerpos de sus familiares. Las familias han tenido prohibido el acceso a la mina 8, donde yacen los cuerpos de los trabajadores.
Actores en pugna:
Empresa Industrial Minera México S. A. (IMMSA); Secretaría de Eco- nomía; Gobierno Federal; Secretaría del Trabajo e instancias de la STPS encargadas de supervisar la seguridad; Organización “Familia Pasta de Conchos”; Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro.
Criminalización social: No se tienen registros.
Principales fuentes electrónicas de información: http://cencos.org/taxonomy/term/154 http://www.saboteamos.info/2011/03/08/minera-canadiense-retoma- proyecto-en-bcs-pese-al-rechazo-de-la-poblacion/
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/20/index.php?section=sociedad &article=033n1soc http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1da17500611f17eb2830b b5933af9693

26.-Petróleo
Panamá. Chiriquí Grande. Bocas del Toro.
Inicio del Conflicto: 1980
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
En el año 1980, iniciaron las labores de extracción y exploración petrolera en el municipio de Chiriquí por parte de la empresa Petroterminales de Panamá (PTP). Desde su establecimiento se presentaron una serie de pro- blemáticas, pues la zona pertenece al Bosque Protector Palo Seco, el cual forma parte de la reserva de la biosfera la Amistad. Además de los daños y modificaciones al paisaje, la empresa ha sido culpable del derrame petrole- ro en 2004 y 2007, cuyos efectos en los manglares, arrecifes de coral, ban- cos enteros de peces e impacto en el bienestar de las comunidades ha sido notorio. La oposición a la petrolera ha sido constante, aunque se ha ido diversificando, pues además en esta zona están instaladas ocho compañías hidroeléctricas. A pesar de las protestas, la empresa Petroterminerales de Panamá ha extendido su dominio, asociándose con Tesoro Corp y CB&I (Chicago Bridge & Iron Company) para la construcción de nueva infraes- tructura. La organización Oilwatch se ha asociado con los habitantes de la zona y en conjunto han interpuesto demandas y denuncias, las cuales han sido ignoradas en su mayoría. La comunidad continúa manifestando su desacuerdo.
Actores en pugna:
Empresa Petroterminales de Panamá (PTP); Tesoro Corp; Chicago Bridge & Iron Company; población de Chiriquí; organizaciones como Oilwatch y diversas instancias del gobierno panameño.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.almanaqueazul.org/derrame-bocas/
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Oleoducto_pana- meno_transportara_crudo_de_Tesoro_Corp http://www.centralamericadata.com/es/article/home/100_Millones_en_ expansion_de_TransPanama_Pipeline http://www.petroterminal.com/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=32&Itemid=98&lang=es http://www.oilwatchmesoa- merica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&It emid=78

27.-Gas natural
Perú. Distrito Chilcas, Provincia la Mar, Ayacucho.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
Sí. Las comunidades indican una afectación que excede los 25 metros de derecho de vía (cedidas por derecho de servidumbre), además de afectaciones a contracorrientes y erosión en terrenos no adjudicados.
Descripción del conflicto:
Las Comunidades Campesinas de Retama y Qoyama demandan a la Empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. la renegociación del contrato de establecimiento de servidumbre suscrito en el 2002, por considerarlo lesivo a los intereses comunales.
Actores en pugna:
Empresa Transportadora de Gas del Perú SA.; Gobierno Central y Co- munidades Campesinas de Retama y Qoyama.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/ Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf http://www.noticiasser.pe/30/11/2011/ayacucho/comunidades-de-reta- ma-y-qoyama-iniciaron-dialogo-con-tgp http://www.lacalle.com.pe/index.php?option=com_content&view =article&id=8289:comunidades-de-retama-y-qoyama-anuncian- paro-preventivo-de-24-horas-contra-transportadora-de-gas- de&catid=40:regional

28.-Petróleo
Perú. Cuenca del Marañon, Distrito Morona, Provincia Alto Amazonas y Provincia Datém del Marañón.

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:

La concesión petrolera del Lote 64 otorgada a Talisman Petrolera del Perú LLC, ocupa territorios condsiderados de propiedad ancestral por el pueblo indígena achuar del Morona.

Descripción del conflicto:

Comunidades nativas del distrito Morona y sus organizaciones repre- sentativas se oponen al desarrollo de actividades de hidrocarburíferas en el Lote 64 por parte de la Empresa Talismán por posible conta- minación ambiental y ausencia de consulta previa.Las protestas han originado también discrepancias entre organizaciones representativas.

Actores en pugna:
La empresa Talisman Petrolera del Peru LLC. PERÚPETRO; la Orga- nización Shuar del Morona (OSHDEM); la Federación Shapra del Mo- rona (FESHAM); la Asociación Indígena del Morona (AIM); la ATI; la ORACH; la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI); la Federación Achuar del Morona (FASAM) y la Federación de Nacionali- dades Achuar del Perú (FENAP).
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.fenap.com.pe/page29.html http://www.larepublica.pe/19-10-2009/defensoria-mediara-en-conflic- to-entre-comunidades-achuar-por-talisman http://www.larepublica.pe/03-05-2009/nativos-toman-lote-petrolero- en-loreto-y-retienen-autoridades http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=11020

29.-Gasoducto
Puerto Rico. Peñuelas, Adjuntas, Utuado, Arecibo, Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Cataño, Bayamón y Guaynabo.
Inicio del conflicto: 13/04/12
Despojo de tierras:
Se ha previsto la compra de 1,191.3 de acres por parte de la empresa New Star Adquisitions. Eestas tierras se ubican en diversos puntos de las localidades por donde transcurrirá el gasoducto “Vía verde”.
Descripción del conflicto:
Con la finalidad de reducir la utilización de petroleo, se plantea realizar una línea de transferencia de gas natural a lo largo de 150 kilómetros de tuberías. Su extensión iniciaría en la EcoEléctrica en Peñuelas y lle- garía hasta las centrales generatrices de Cambalache en Arecibo, Palo Seco y San Juan. Los grupos ambientalistas se oponen a esta iniciativa por su poca viabilidad en cuanto al costo-beneficio, pues es una obra que costará más de 400 millones de dólares y que no reducirá las emi- siones de CO2 ni disminuirá los costos del consumo eléctrico. Además, la inestabilidad y fugas de este gasoduto ponen en riesgo la vida de 200.000 personas. Asimismo, los terrenos agrícolas no podrían volver a utilizarse para plantíos con raices profundas.
Actores en pugna:
Comité Utuadeño contra el Gasoducto; Casa Pueblo; Autoridad de Ener- gía Eléctrica (AEE) en Utuado; otras instancias del gobierno.
Criminalización social:
No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información:
www.viaverdepr.com http://www.primerahora.com/retomanluchacontraelgasoductoenutua- do-635957.html http://es.scribd.com/doc/44778791/Dialogo-Imprenta-NOVIEM- BRE-2010 http://www.primerahora.com/gruposambientalessemantie- nenfirmesensurepudioaviaverde-615834.html

30.-Petróleo (complejo Petroquímico Tablazo).
Venezuela. Lago de Maracaibo Zulia.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
En sentido estricto no se ha presentado un proceso de despojo de tierra, pero hay un riesgo considerable de que el hundimiento por explotación petrolera, así como el daño de los recursos naturales de la zona, generen desastres que obliguen a las poblaciones a desplazarse.
Descripción del conflicto:
Maracaibo es el lago más grande de América del Sur y en 2010 se vió afec- tado por una gran mancha (8% de su superficie) de crudo, producto de un derrame de PDVSA. El Complejo Petroquímico ha sido problemático desde su instalación en 1920, cuando a sólo 2 años ocurrió el primer derrame. En promedio, el complejo tiene 117 fugas semanales y, como residuos, arroja compuestos nitrogenados de mercurio y fenol al agua. El derrame de 2010 llegó a las riberas de 6 municipios de Zulia. Se han dañado playas, hume- dales, manglares; se ha extinguido más del 80% de la fauna, se perjudicó a la actividad económica turística y pesquera. Asimismo se ha producido gran cantidad de enfermedades (PDVSA niega que ello esté relacionado con el derrame); por ejemplo, en Lagunillas los habitantes tienen en los huesos 300 veces más vanadio que Japón y 500 veces más que Estados Unidos. PDVSA niega que lo que sucede en la zona sea un desastre y paga a pescadores para que recojan el crudo. La contaminación en el Lago ha sido denunciada por los habitantes e incluso se creó un instituto (ICLAM) para la conservación del mismo. En 2011 PDVSA realizó un plan de sa- neamiento, pero dejó en la orilla los desechos sólidos y nunca los recogió. Debe añadirse una reciente fuga de ácido clorhídrico por un camión que se volteó en el puente del lago, que también ha generado problemas en el ambiente y en la salud. La contaminación generó el crecimiento de la lemna (planta que comienza a cubrir el Lago) y que daña a la fauna. Hasta ahora no hay criminalización social, pero se han prohibido los sobrevuelos en el Lago a raíz del derrame de 2010. Asimismo, el Estado ha impedido la intervención de organizaciones no gubernamentales (como lo señala Azul Ambientalistas), y el Ministro de Ambiente Hitcher no proporciona claridad en la información al respecto.
Actores en pugna:
Poblaciones de los municipios de Zulia que colindan con el Lago y que llevan más de 80 años sufriendo y denunciando la contaminación por explotación de hidrocarburos;algunas organizaciones ambientalistas; la empresa PDVSA; diversas instancias del gobierno venezolano.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://venezuelaantipetrolera.blogspot.mx/ http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/alumnos/lago-de-maracaibo. pdf http://elimpulso.com/articulo/responsabilizan-a-pdvsa-por-conta- minacion-del-lago-de-maracaibo#.UDW_6sEgfwZ http://informe21.com/zulia/12/06/05/%E2%80%9Chay-suficientes-prue- bas-de-fugas-de-petroleo-en-el-lago%E2%80%9D-denuncia-victor-ve- lasco http://informe21.com/actualidad/denuncian-petroleo-solo-recogen-ori- llas-del-lago-maracaibo http://informe21.com/actualidad/pescadores-dan-lunes-limpien-derra- me-crudo-lago-maracaibo

31.-Petróleo
Venezuela. Zona de Güepe, Municipio de Freites. Anzóategui.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
En agosto de 2012 tuvo lugar en la estación de flujo Leona 20 un derra- me de crudo que ha afectado manantiales y morichales . Las empresas PDVSA y Vencupet (empresa mixta cubano-venezolana) aletargaron las acciones de saneamiento del área afectada; debido a ello, el 16 de agosto comenzaron las protestas por parte de los vecinos del caserío de Güepe, quienes obstruyeron el paso por la carretera en el crucero de Leona 8, en las proximidades de la ciudad de El Tigre. Juan Almea, que representa a los manifestantes dijo que el derrame se debió a falta de mantenimiento. Las declaraciones oficiales indicaron que se habían derramado seis barriles de crudo y que el suceso ya había sido notificado al Ministerio de Medio Am- biente. Únicamente después de las protestas comenzaron las inspecciones por parte de la empresa que para tales efectos contrató PDVSA.
Actores en pugna:
Habitantes de la zona de Güepe;, empresas petroleras PdVSA y Vencu- pet; Ministerio de Ambiente y otras instancias del gobierno venezolano.
Criminalización social:
La prensa que acudió a cubrir el suceso fue criminalizada, ya que tres reporteros y un fotógrafo -convocados por los habitantes de Güepes- fueron agredidos y detenidos durante una hora y media por el Ejército Bolivariano y por funcionarios del departamento de Prevención y Con- trol de Pérdidas (PCP) de PDVSA.
Principales fuentes electrónicas de información: http://www.laverdad.com/zulia/9203-derrame-de-crudo-en-anzoate- gui-afecto-morichales-en-freites.html http://knightcenter.utexas.edu/es/comment/reply/11110 http://noticias- delsuranzoategui.blogspot.mx/2012/08/urdaneta-derrame-causo-seve- ros-danos.html http://impreso.elimpulso.com/2012/08/20/files/assets/basic-html/ page17.html http://www.notitarde.com/Sucesos/Reportan-de- rrame-de-crudo-en-el-Municipio-Freites-en-Anzo%C3%A1teg ui/2012/08/15/126188

32.-Gas Metano y Petróleo
Venezuela. Río Tascabaña, Tascabaña. Anzoátegui.
Inicio del conflicto: 2000
Despojo de tierras:
El conflicto en Anzóategui ha afectado de manera directa a los poblado- res y sus tierras. En el año 2004, vencieron los contratos de servidumbre de PDVSA y desde entonces la empresa no ha contestado las protestas de los afectados bajo el argumento de que es necesario demarcar las tierras, mientras que los pobladores han argumentado que ellos tienen los títulos desde 1783. A lo anterior puede sumarse que PDVSA ha da- ñado las tierras, pues las emanaciones de gas han producido sequía y disminuión de siembra. Además, la contaminación ha dejado inutiliza- bles los recursos indispensables para las comunidades, tal como en el caso del agua.
Descripción del conflicto:
En Anzoátegui los kariñas padecen los efectos del gas metano que emana del Río Tascabaña debido a la actividad extractiva energética. Existen dos posturas sobre el origen del problema: la primera plantea que éste inició desde 1940, como consecuencia de la exploración de 35 pozos en la zona, que posteriormente fueron cerrados; mientras que la segunda argumenta que todo comenzó en 1999 cuando PDVSA perforó pozos cerca de la comunidad kariña, los cuales fueron mal sellados y produjeron constantes fugas. Lo cierto es que los habitantes han decla- rado que las emanaciones empezaron en el año 2000, mientras PDVSA ha argumentado que estas emanaciones son naturales. Sin embargo, no existen estudios de impacto ambiental respecto a éstas y tampoco se han tomado medidas para revertir la situación. Asimismo, la empresa se había comprometido a mandar agua a la zona, pero sólo ha llegado la cuarta parte de la cantidad prometida. Hay 150 familias kariñas afectadas por las emanaciones, han perdido sus pequeñas siembras (medio de subsistencia), todos los acuíferos están contaminados, los animales han muerto y han aumentado las enfermedades. En 2005 se organizaron mesas de trabajo con PDVSA pero no se llegó a nada; para 2007 continuaron las denuncias; en 2008 el problema llegó a oídos de la Asamblea Nacional y se constató la emanación de gases mediante un informe técnico. En 2012 se produjo un nuevo derrame petrolero en el Río Tascabaña, que llegó hasta el Río Guanipa, afectando a 1500 familias. A raíz de este último suceso hubo denuncias y se volvió a pedir respuesta por las emanaciones, pero la solución sigue sin llegar.
Actores en pugna:
Indígenas Kariñas, Organizaciones No Gubernamentales como Provea, PDVSA y diversas instancias del gobierno venezolano.
Criminalización social:
Los kariñas están preocupados por el problema del gas metano, temen un estallido en los pozos inactivos. No obstante, tienen miedo a realizar las denuncias, pues PDVSA realiza inversiones sociales en Tascabaña y temen que retire los apoyos. Después de declaraciones en medios, los afectados recibieron visitas intimidatorias por parte de la empresa, y se les dijo que eso era deslealtad. PDVSA se ha vuelto un poder real e incuestionable en Tascabaña; ahí donde hay más habitantes realiza ma- yores inversiones, logrando debilitar la organización social por miedo a perder los beneficios de la empresa. Si bien no hay criminalización por las protestas sí existe una represión implícita de las mismas, y a ello se suma que la Guardia Nacional restringe a la prensa en la zona.
Fuentes electrónicas de información: http://www.vlinea.com/index.php?option=com_content&view= article&id=21906:reportan-derrame-petrolero-en-rio-guanipa- en-el-estado-anzoategui&catid=1:nacionales&Itemid=95 http:// multimedia2.acn.com.ve/portal/nacional/item/41121-derrame-de- crudo-en-anzo%C3%A1tegui-contamin%C3%B3-agua-para-siem- bras-y-ganado http://www.entornointeligente.com/articulo/1232122/

VENEZUELA-Nuevo-derrame-petrolero-afecta-esta-vez-rio-en-esta- do-Anzoategui-27022012 http://informe21.com/actualidad/12/08/13/ derrame-petrolero-afecto-a-sector-los-olivos-de-anaco http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen. php?items=869923 http://www.asambleanacional.gob.ve/index. php?option=com_content&task=view&id=19897 http://periodicoellibertario.blogspot.mx/2012/02/emanaciones-de-gas- asfixian-comunidades.html http://www.derechos.org.ve/2012/04/02/el-universal-contaminacion- en-tascabana-pdvsa-no-responde/ http://www.globovision.com/news.php?nid=220722

33.-Petróleo

Venezuela. Río Guarapiche, Maturín. Monagas.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Estrictamente no existe un proceso de despojo de tierra, pero sí se re- gistran daños en las tierras de cultivo de las comunidades aledañas, ya que éstas quedan inutilizables debido a la contaminación producida.

Descripción del conflicto:
El gobierno de Chávez, a través de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha emprendido una extracción intensiva de hidrocarburos en diferentes partes del país; sin embargo, en varios complejos las instala- ciones carecen de mantenimiento adecuado, condición que provoca cons- tantes fugas y derrames. El 4 de febrero de 2012 se derramaron entre 60 a 80 mil barriles de petróleo del Complejo Operacional Jusepín, ubicado en Maturín. El derrame tuvo una duración de 34 horas y llegó hasta el Río Guarapiche, el cual proporciona agua al 70% de los habitantes de la capital de Monagas, constituida por cerca de 500 mil habitantes.Como antecedente a este hecho, se habían presentado otros dos derrames, uno en 2006, que dejó a la población sin el recurso vital 20 días, y otro en julio de 2011. A esto se añade que los desechos de la planta son vertidos en cauces que desembocan en Guarapiche. Las consecuencias del derrame han sido el daño de cultivos de yuca, lechosa y aguacate (dañó más de 635 has. de cosecha); afectación de la actividad pesquera, que alcanzará hasta el Golfo de Paria. Se afectó a la represa de San Vicente, que llena el acueducto que hidrata a Maturín; se suspendieron clases y los horarios de oficina fueron restringidos; el derrame destruyó manglares y atrofió la fauna y se estima que podría dañar también el Parque Nacional Tuépano donde hay especies únicas. Además, la población estuvo tres meses sin agua potable (las fuentes oficiales dicen que sólo fue un mes). Frente a la situación, cientos de personas en Caracas cerraron las calles y quemaron neumáticos para exigir el suministro de agua.

Actores en pugna:

PDVSA; el Ministro del Ambiente y otras instancias del gobierno ve- nezolano; habitantes de Maturín y medios de comunicación oficiales.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/ambiente/fueron- 34-horas-de-derrame-en-jusepin.aspx http://www.desarrollosustentable.com.ve/site/index. php?option=com_flexicontent&view=items&cid=22:notici as-internas&id=868:recopilacion-de-informacion-sobre-el-de- rrame-petrolero-en-el-rio-guarapiche-edo-monagas-por-alejandro- alvarez&Itemid=108 http://www.primicia.com.ve/index.php/nacion/item/10343-alejandro- hitcher-gracias-a-la-acci%C3%B3n-petrolera-no-hubo-un-desastre- ambiental.html http://playball.eluniversal.com/nacional-y-politica/eleccio- nes-2012/120801/plan-petroleo-para-el-progreso-de-henrique-capriles- radonski http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120229/estiman-diez- anos-para-recuperar-el-rio-guarapiche

34.-PetróleoVenezuela. Locaciones Bare 1 y Bare 4, Cerca de la Comunidad Rural de La Peña, al Suroeste del Municipio Simón Rodríguez. Anzóategui.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Habitantes de la comunidad rural La Peña protestaron en julio de 2012 por los daños ambientales ocasionados por dos derrames petroleros, ocurridos en Bare 1 y Bare 4. Con el cierre de la carretera La Peña, la gente exigió a PDVSA ocuparse de inmediato de la reparación de los daños y sumaron como demanda que se contratase a gente del pueblo para la limpieza del lugar. Con ramas de árboles bloquearon la carrete- ra que lleva a la empresa petrolera. El vocero de los manifestantes ex- presó que las filtraciones de petróleo habían comenzado un mes antes, afectando los ríos El Caris y San Antonio. La petrolera y el Ministerio del Ambiente ya conocían la situación pero no habían llevado a cabo un plan de contingencia. Los efectos del derrame han sido filtraciones a manantiales, animales muertos y afectación de más de 600 metros de morichales; además los habitantes han declarado el temor de que las lluvias contribuyan a que el petróleo se extienda por el cauce de los ríos. Por su parte, el discurso oficial de PDVSA indicaba que el plan de contingencia se había generado inmediatamente después de ocurridos los derrames y afirmaron que existía la sospecha de que el derrame pudo haber ocurrido por un sabotaje a las instalaciones. La última informacióndisponible (18 de julio 2012) indica que PDVSA anunció que a pesar de las protestas, no detendrá el plan de contingencia que la empresa opera. Comunicaron también que durante esa seman, culmi- naría el saneamiento de la zona.
Actores en pugna:
Habitantes de la comunidad La Peña; empresa petrolera PDVSA; Minis- terio de Ambiente y otras instancias del gobierno venezolano.
Criminalización social:
Explícitamente no existe criminalización social de las protestas, sin em- bargo, en el segundo día de protesta, personal de PDVSA y efectivos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y no permitieron que los medios de comunicación pasaran.
Fuentes electrónicas de información: http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/ambiente/derrame-petrolero- afecta-fundos-y-cauces-en-la-pena/58339 http://www.leanoticias.com/2012/07/13/protestan-en-anzotegui-por- derrame-de-petrleo/ http://www.petroguia.com/pub/?q=article/esta-semana-culmina-sanea- miento

Minería metálica y no metálica

1) Oro y plata.
Argentina. Provincia de San Juan, Departamento Iglesia, Región Valle Del Cura.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
La Mina Valedero se encuentra muy cerca del proyecto Pascua-Lama. Además de la contaminación ambiental, uno de los problemas princi- pales es la excesiva utilización de agua, gran parte de la cual se obtiene glaciares. Además, se acusa a la actividad de contaminar las fuentes de agua destinada a consumo humano y actividades agrícola-ganaderas.
Actores en pugna:
La empresa Barrick Gold que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y el Nacional. Se oponen vecinos auto-convocados de locali- dades cercanas y ONGs.
Criminalización social:
El conflicto y las resistencias de este proyecto se superponen con las llevadas a cabo contra la mina Pascua-Lama. La empresa explotadora es la misma, la Barrick Gold, muy cuestionada y acusada de utilizar mecanismos ilegales en contra de los opositores, como amenazas e in- timidaciones.
Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/oca/argentina/mineras23.htm http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/san-juan/veladero. html http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_ id=558212 http://www.iprofesional.com/notas/153783-Ley-de-Glaciares-avalan-a-Ba- rrick-y-su-millonaria-explotacin-de-oro-en-zona-de-hielos-cordilleranos http://www.iprofesional.com/notas/153783-Ley-de-Glaciares-avalan-a-Ba- rrick-y-su-millonaria-explotacin-de-oro-en-zona-de-hielos-cordilleranos http://www.aguavalemasqueoro.org/download/edicion_especial_pas- cua_lama.pdf
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=4
http://www.mineria.gov.ar
http://olca.cl/oca/chile/pascualama.htm http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama324.htm
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21120 http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/salinas_b/sources/salinas_b. pdf
http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/ conflictos%20mineros-Pascua%20Lama

2.-Oro y plata
Argentina. Andacollo, Neuquén.
Inicio del conflicto: 2001
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
La empresa minera chileno-canadiense Andacollo Gold (subsidiaria de Barrick Gold), obtuvo en 2001 un crédito del gobierno provincial para reiniciar la actividad minera en la zona con el proyecto Andaco- llo Gold. Esta es una zona de cría de cabras y con tradición minera artesanal, aunque ya se ha enfrentado a la explotación a gran escala. De hecho, tanto compañías inglesas como buscadores independien- tes extrajeron oro a lo largo de todo el siglo pasado y los lugareños relatan que la explotación de los ingleses produjo la desaparición del bosque de lengas, cuya madera se utilizó para apuntalar los socavo- nes. Andacollo Gold extrae oro y plata por el método de flotación. Los pobladores acusan a la empresa de contaminar el arroyo Huaraco (afluente del río Neuquen), 500 metros debajo de la planta de proce- samiento de la minera. Asimismo la empresa se autoadjudicó en 2003 el derecho para desviar el curso del río Neuquén para el tratamiento del oro. Los trabajadores han sido amenazados para dejar de lado el tema del agua a pesar del envenenamiento de animales y los pro- blemas de salud de la población. Aun así se desconoce si la empresa utiliza mercurio o cianuro para tratar el oro.
Actores en pugna:
Algunas instancias del gobierno argentino (Dirección de Minería, sub- secretaría de Medio Ambiente), Corporación Minera del Neuquén, An- dacollo Gold y población local.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-neuquen/activi- dad-minera-en-andacollo-los-discursos-que-no-cierran http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/ Mineria_y_Contaminacion_en_Andacollo http://orosucio.madryn.com/articulos/07_04_10.html http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=165 http://www.prochubut.com.ar/node/225 http://www.petrolnews.net/noticia.php?&r=15850

3.-Cobre
Argentina. Neuquén, Loconpué
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Desde 2008 el pueblo de Loncopué viene resistiendo la instalación de una mina de cobre en el paraje Campana Mahuida, a cargo de Cor- poración Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) y la multinacional china Emprendimientos Mineros SA. Los habitantes del pueblo se organizaron en la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam) y, a su vez, estrecharon vínculos con la comunidad mapuche Mellao Morales, que ocupa hace 100 años las tierras afectadas por el proyecto. En ese año presentaron un juicio de nulidad del proyecto por no haberse respeta- do el derecho indígena. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario y, en marzo de 2011, el Tribunal Superior volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena. A principios de 2012 se realizó un referendum obligatorio y vinculante, cuyo resul- tado fue un No a la mina por un 82% de los votantes. Frente a esto el gobierno está intentando a través de presentaciones judiciales anular dicho referendum, sin embargo ya ha tenido dos rechazos por parte del Tribunal Superior de Justicia.
Actores en pugna:
Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) y Emprendimientos Mineros SA; AVAL, AVACAM y Comunidad Mapuche Mellao Morales.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.rionegro.com.ar/diario/sapag-judicializa-el-referendum- de-loncopue-896536-9521-nota.aspx http://www.noalamina.org/mineriaargentina/mineria-neuquen/lonco- pue-hizo-historia-con-un-referendum-que-rechazo-la-megamineria http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-neuquen/corte- suprema-ratifico-suspension-de-proyecto-minero-campan-mahuida

4.-Polimetales
Argentina. Uspallata, Mendoza.
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El proyecto de minera San Jorge (extracción a cielo abierto de di- versos metales, mediante flotación y utilización de xantato y otros químicos) fue aprobado en 2011 a pesar de cuatro años de múltiples protestas que realizaron los mendocinos. Asimismo, se ignoró un informe sobre los impactos que produciría el proyecto minero so- bre los suelos, la cobertura vegetal, la contaminación del aire y la afectación a los recursos hídricos de la región (incluyendo fuentes subterráneas). Después de su aprobación, las movilizaciones sociales han continuado sin éxito.
Actores en pugna:
Minera San Jorge; comunidad de Uspallata; Comisión Evaluadora In- terdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM); Autoridad Ambiental Mi- nera y otras instancias del gobierno argentino.
Criminalización social:
No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información:
http://olca.cl/oca/argentina/mineras162.htm http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-mendoza/men- doza-dijo-no-a-minera-san-jorge http://www.ecoportal.net/content/view/full/97734 http://es.scribd.com/doc/50611590/Informe-Impacto-Ambiental-Mine- ra-San-Jorge
http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=773

5.-Oro y plata
Argentina. 25 de Mayo, Río Negro
Despojo de tierras:
Aún no se tienen registros pero el proyecto pretende desarrollarse en territorio indígena.
Descripción del conflicto:
El proyecto minero Calcatreu (Aquiline Resources) fue sancionado en el año 2005 debido al uso de cianuro y mercurio para explotación. Pos- teriormente, en el año 2007, fue obligado a cesar sus actividades debido a dicha sanción. Desde entonces se ha tomado la vía legal en contra del reemprendimiento de sus actividades productivas puesto que se en- cuentra en tierras indígenas. Sin embargo el permiso fue otorgado de nuevo después de quela Legislatura de Río Negro derogó la legislación que prohibía la utilización de cianuro para la extracción de minerales. El peligro de esto recae en las desconocidas formas de contaminación que tendrá el cianuro en el territorio y sobre todo agua rionegrinas, cuyos habitantes viven de la ganadería ovina. El proyecto Calcatreu de explotación de oro y plata fue adquirido por la Pan American Silver Corp en 2009.
Actores en pugna:
Minera Calcatreu (Alquine Resources y Pan American Silver Corp); Di- rección de Minería Provincial y otras instancias del gobierno nacional y local; Vecinos por la Minería; Consejo Federal Provincial de Ecología y Medio Ambiente; Consejo de desarrollo de las comunidades indígenas y Asamblea Coordinadora Patagónica.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información:
http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/rio-negro/calca- treu.html http://www.rionegro.com.ar/diario/calcatreu-oro-versus-agua- 799297-9539-nota.aspxolca.cl/oca/argentina/mineras72.htm

6.-Cobre, oro y metal doré
Argentina. Belén, Catamarca
Inicio del conflicto: 1997
Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La Alumbrera es el yacimiento de oro más importante del país. Los de- rechos de propiedad de esta mina se encuentran en manos de la empre- sa estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), integrada por la provincia de Catamarca (en un 60%), la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. Para su explotación se conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y la firma Minera Alumbrera Limited, a su vez compuesta por Xstrata (50 por ciento), las canadienses Goldcorp (37,5) y Yamana Gold (12,5). Recién en 2004 se visibilizó el conflicto por denuncias de contaminación de parte de los pobladores del lugar. En 2007 la asamblea de autoconvocados de Andalgalá reclamó para que se cerrara la mina y no se aprobara el informe de impacto ambiental de Agua Rica (otro emprendimiento mi- nero que se ubicaría a 17 km. del centro urbano de Andalgalá). En este caso resalta la presión de la UTE a las universidades, no sólo de la zona sino de otras provincias, por ejemplo en 2009 la UBA aceptó fondos de la minera. Sobresale el rol de la Universidad Tecnológica Nacional ya que ha participado mediante un convenio científico-técnico con YMAD. Además, la Universidad Nacional de Tucumán y la justicia Federal han realizado pericias técnicas que han beneficiado a la UTE, desestiman- do las denuncias de contaminación. Sin embargo, hay estudios (como por ejemplo de Gendarmería Nacional) que han corroborado distintos focos de contaminación y que terminaron siendo reconocidos por la Secretaría de Minería de la Nación. La resistencia ha continuado hasta la actualidad a través de cortes de ruta, denuncias en la justicia, etc. frente a lo cual, las fuerzas policiales han reprimido y arrestado a al- gunos vecinos.
Actores en pugna:
Minera La Alumbrera LTD (integrada por Xstrata; Wheaton River y Northern Orion), el gobierno nacional y provincial, algunas universi- dades. En oposición: Intendencia de Andalgalá, Defensor del Pueblo de Tucumán, Autoconvocados de Andalgalá, Autoconvocados de Tinogas- ta, Asamblea Socio Ambiental de San Fernando del Valle de Catamarca, Asamblea Ambiental del NOA (Noroeste Argentino)
Criminalización social:
En los últimos dos años ha habido violentos desalojos y detenciones en cortes de rutas y de accesos a la mina y protestas llevadas adelante por vecinos. En febrero de 2010 se produjo un violento desalojo que ha dado como resultado decenas de heridos, a partir de ese momento se han repetido hechos de violencia.
Fuentes electrónicas de información: http://megamineriaacieloabierto-contamina.blogspot.com.ar http://www.ecoportal.net/search?cx=partner-pub- 4224942496639551%3Aiuln6k-sst4&cof=FORID%3A11&ie=utf-8&q=al umbrera&sa=Buscar http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/catamarca/alum- brera.html

7.-Cloruro de potasio
Argentina. Malargue, Mendoza.
Inicio del conflicto: 2003
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
Desde el año 2003 puede constatarse el interés por el en extraer sales de potasio en la zona, pero es hasta el 2006 que se anuncia la inver- sión por parte de la anglo-australiana Río Tinto. En 2009 ésta vende el emprendimiento a la brasilera Vale do Rio Doce, la cual denomina al proyecto como Potasio Río Colorado. Se trata de un emprendimiento integral que comprende todas las fases de producción, industrialización y distribución del cloruro de potasio: la extracción y procesamiento en el yacimiento, el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto de Ingeniero White, ubicado en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones portuarias en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En junio de 2010 se produjo un enfrentamiento en la legislatura provincial entre representantes de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (desde siempre cuestionadora del proyecto por sus impactos socio-ambientales) y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) quienes reclabaman que se diera luz verde al proyecto ya que este generaría miles de puestos de trabajo. La agresión provino de parte de la UOCRA y dejó algunos integrantes de la Asam- blea con heridas de consideración. En agosto de ese año finalmente se otorgó el aval lesgislativo al proyecto. En junio de 2011 se suspendieron los trabajos de la empresa por incumplir las normas aprobadas por la DIA respecto del compre local y la contratación de mano de obra local, sin embargo en menos de dos meses se reactivaron las obras civiles. Han previsto comenzar con las tareas propiamente extractivas en 2014.
Actores en pugna:
Empresas mineras (Vale Do Rio Doce y Río Tinto); diversas instancias del gobierno Provincial y Nacional; la coalición que se opone al pro- yecto (Asamblea Mendocina por el Agua Pura, Asociación Alihuen y otras organizaciones opuestas al desarrollo de la actividad minera). Im- pulsando: gobierno nacional, provincial, municipal. UOCRA, algunos sectores de trabajadores mineros. En oposición: Asamblea Mendocina por el Agua Pura, ONG Alihuen, sectores sociales por el NO a la mina.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.mapaconflictominero.org.ar
http://www.mineria.gov.ar
http://www.valeargentina.com.ar http://www.elpasodelosandes.com.ar http://losandes.com.ar/notas/2010/6/30/un-499744.asp http://losandes.com.ar/notas/2010/8/10/legislatura-verde-proyecto- minero-potasio-colorado-507607.asp http://losandes.com.ar/notas/2011/8/24/gobierno-aval-para-avance- proyecto-minera-vale-589153.asp http://losandes.com.ar/notas/2010/6/17/economia-496800.asp http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-minera-Vale-reafirmo-que- extraer-sales-de-potasio-en-Malargue-es-prioritario-20120716-0046.html http://www.funpat3mil.com.ar/documentos/potasio_rio_colorado.pdf http://www.alihuen.org.ar/salud-agua-potable/no-contaminen-el- agua-no-contaminen-el-rio.html

8.-Plomo, plata y zinc
Argentina. Humahuaca, Jujuy.
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
La Minera Aguilar (subsidiaria de la empresa suiza Glencore) se ha visto implicada en diversos conflictos tanto laborales como de conta- minación e incluso, estuvo implicada en la desaparición de trabajadores durante la dictadura militar argentina. Durante el año 2006 se realizó un estudio publicado por la doctora Alicia Kirschbaum, en el que se probó la existencia de altos niveles de plomo y zinc que son vertidos en el Río Grande de la Puna, así como toda la zona de la Quebrada. El plomo excede 50 veces lo permitido legalmente y el agua se utiliza para consumo humano. A pesar de que se reconoció el informe, la minera no recibió un castigo significativo y a principios de 2012 ha recibido demandas debido a las fallas en condiciones laborales respecto a segu- ridad. Asimismo, las denuncias por contaminación masiva en Jujuy se mantienen vigentes en la lucha de las comunidades aledañas.
Actores en pugna:
Minera Aguilar (Glencore); diversas instancias del gobierno argentino; Red Puna; empleados de la minera y pobladores de la región.
Criminalización social: Sí
Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=167 http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.mx/2012/05/argentina- contaminada-el-pueblo-de.html http://www.1984nwo.net/1984/index.php?topic=12381 http://pueblokolla.blogspot.mx/2012/06/impacto-ambiental-de-mina- el-aguilar-y.html http://jujuycontaminada.blogspot.mx/2012/05/contaminacion-minera- en-jujuy-por.html http://agendapublicadigit.blogspot.mx/2008/09/la-ufima-investigo- casos-de_05.html
http://redpuna.jimdo.com/

9.-Oro
Argentina. Esquel, Chubut.
Inicio del conflicto: 2000
Despojo de tierras:
El proyecto utiliza tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios, quienes no poseen títulos de propiedad.
Descripción del conflicto:
Esquel es una ciudad netamente turística. La oposición masiva de la comunidad nació por su valoración en cuanto a la incompatibilidad de actividades y en razón de la importancia de los impactos para la salud de la población y sobre el ambiente natural. Por ley, la minería a cielo abierto se encuentra prohibida, ese fue un gran factor de peso. Se orga- nizaron marchas masivas en contra de la actividad minera y se trabajó en diversos ámbitos de la comunidad para concientizar respecto al em- prendimiento minero de la empresa Meridian Gold (Barrick Gold). El gobierno decidió llamar a un plebiscito popular vinculante. El NO fue apabullante: 83%, algo que no esperaban ni las empresas ni el gobierno. Dos semanas después del plebiscito, los vecinos autoconvocados logra- ron que el Consejo Deliberante sancionara una ordenanza declarando a Esquel municipio “”no tóxico”” y prohibiendo el transporte de cianuro por la ciudad y la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, el conflicto se ha reavivado en 2012.
Actores en punga:
Gobierno nacional, provincial y local; parte de la comunidad de Esquel; empresa canadiense MERIDIAN GOLD. En contra: pueblos origina- rios, gran parte de la comunidad de Esquel, Asociaciones de Vecinos Autoconvocados, ONG Ambientalistas de orden nacional (FUNAM, por ejemplo), algunos profesionales y universitarios de la localidad, algunos comerciantes y empresarios locales.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=66 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=conflicto&id=66 http://theomai.unq.edu.ar/Esquel.htm

10.-Oro Y Plata.
Argentina. San Julián, Provincia de Santa Cruz.
Inicio del conflicto: 1998
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El emprendimiento minero “Cerro Vanguardia” genera conflictos por el uso de los recursos hídricos (es una zona semidesértica) también utiliza- dos por productores de ovinos y por las poblaciones de Santa Cruz y San Julián para consumo humano. Otro de los puntos fuertes de la protesta social es la utilización de cianuro en el proceso extractivo del oro.
Actores en pugna:
Empresa AngloGold, parte de la comunidad de San Julián, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local, profesionales universita- rios relacionados con la Universidad Nacional de la Patagonia, Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado, Asociaciones de Vecinos Au- toconvocados de San Julian y Rio Gallegos.
Criminalización social:
No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.mapaconflictominero.org.ar/provincias/santa-cruz/cerro- vanguardia.html
http://www.tiemposur.com.ar/nota/11023 http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Para_quitarle_a_la_tierra_has- ta_el_ultimo_mineral._Cerro_Vanguardia_incluyo_el_proceso_de_li- xiviacion_en_pilas

11.-Litio

Argentina. Jujuy Y Salta.

Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: Sí
Descripción del conflicto:
Según representantes de las comunidades indígenas ha habido reloca- lización de algunas casas y corrales. En el año 2010, 33 comunidades indígenas (kolla y atacama) de la puna de Jujuy y Salta presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no haber sido consultadas por el estado provincial al momento de las concesiones de exploración de litio y borato. Este derecho está asegurado por normas internacionales de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. En marzo de 2012 la cortes suprema de justicia de la nación, les concedió una audiencia para que expusieran su caso, la cual no dejó un saldo muy positivo para las comunidades. El gobier- no provinical argumenta que no hay exploraciones en la zona, pero las comunidades tienen pruebas de lo contrario. Pudieron corroborar movimientos en Santa Ana y Cangregillos y documentar salinizacion de acuíferos realizado por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ). Además la abogada de las comunidades afirma que existen los premisos de exploracion de las empresas y las declaraciones de impacto ambiental.
Actores en pugna:
Gobierno de la provincia de Jujuy y Salta, empresa minera Orocobre, comunidades indígenas kolla y atacama.
Fuentes electrónicas de información: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/ Mineria_y_pueblos_originarios_La_fiebre_del_litio http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Litio_Corte_Suprema_ mineria_y_pueblos_indigenas
http://redaf.org.ar/noticias/?p=5174 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/2-argentina/9861-argenti- na-pueblos-originarios-reclaman-derechos-frente-a-explotacion-de-litio

12.-Oro, cobre y molibdeno
Argentina. Catamarca, Departamento de Andalgalá.
Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La Mina Agua Rica es un proyecto minero de explotación a cielo abierto de oro, cobre y molibdeno. La proximidad geográfica con la mina La Alumbrera ha hecho que los vecinos se opusieran al pro- yecto antes de que se ponga en marcha la explotación, los reclamos contrarios dicha mina son coincidentes con las manifestaciones con- trarias a la vecina explotación. Al igual que La Alumbrera, se teme por la contaminación de agua que utilizan los vecinos de Andalgalá para beber y los campesinos para sus actividades agrícolas y gana- deras, la utilización excesiva de agua (que sería 3 veces superior a la de La Alumbrera, que consume 66 mil litros de agua por minuto), contaminación del aire por las explosiones y del suelo, con altera- ciones al paisaje. Organizaciones estiman que la explotación será tres veces más grande que la de La Alumbrera, con lo que el impacto ambiental sería significativo.
Actores en pugna:
Yamana Gold Inc. con apoyo del gobierno nacional y provincial. En oposición, las asambleas de vecinos auto convocados de Belén, Tino- gasta y Andalgalá, ambientalistas, campesinos.
Criminalización social:
La represión y detenciones han coincidido con las de las protestas con- tra la mina Bajo La Alumbrera.
Fuentes electrónicas de información: http://www.elesquiu.com/notas/2013/1/12/ciudadania-268201.asp http://www.diarioc.com.ar/inf_general/La_Secretaria_de_Mineria- abrio-Agua_Rica_para_los_andalgalenses/189074 http://www.aguarica.com.ar http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2012/05/la-comuni- dad-inspeccionara-proyecto.html http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2011/04/comunidad- diaguita-contra-agua-rica.html http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2011/03/megafusion- minera-alumbrera-y-agua-rica.html http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.mx/2012/06/no-pudie- ron-acceder-yacimiento-de-agua.html http://www.elintransigente.com/notas/2010/2/16/regionales-36779.asp http://lavaca.org/notas/andalgala-la-gente-vs-el-estado-minero/ http://lavaca.org/notas/bloqueo-en-cerro-negro-alumbrera/

13.-Plata y plomo
Argentina. Meseta central de Chubut
Inicio del conflicto: 1998
Despojo de tierras:
Las tierras entregadas para exploración minera pertenecen a pueblos originarios que no poseen títulos de propiedad pero que ocupan esas tierras por herencia ancestral.
Descripción del conflicto:
El Proyecto Navidad pretende construir una mina a cielo abierto. Aunque actualmente está prohibido por la ley provincial 5001, el actual goberna- dor de Chubut ha impulsado una iniciativa para derogar tal ley; esto ha promovido una fuerte reacción social en contra de la iniciativa oficial. La puesta en producción de la mina a cielo abierto también involucra la explotación de un acuífero subterráneo recientemente descubierto por la empresa; la preocupación social y desde esferas del propio gobierno es en relación a la capacidad de recarga natural del acuífero. Los pueblos origi- narios y parte de los pobladores rurales que se oponen se han organizado en Asambleas de Auto convocados para defender sus territorios, recursos y medios de vida. Se teme que los drenajes ácidos de la mina contaminen el rio Chubut, fuente de agua para consumo humano de Trelew y Rawson (aprox 100.000 habitantes) ubicadas rio abajo. Las Asambleas de Vecinos Autoconvocados y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) han organizado marchas populares en repudio a la actividad minera y a la declaración de la zona central de la provincia (de muy baja densidad de población y con altos índices de aridez) como “zonas de sacrificio” en las cuales actividades productivas de alto y negativo impacto socioambiental (como las mineras) son autorizadas.
Actores en pugna:
Empresa canadiense Aquiline con el apoyo del gobierno provincial y nacional; pobladores rurales desocupados apoyan mayormente el pro- yecto pero los pueblos originarios y parte de la población rural están en contra. Existe un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación debido a la preocupación por el avance del proyecto y sus impactos.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.miningclub.com/nota/1898, http://www.patagoniapyp.com/, http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/ex- pediente.asp?fundamentos=si&numexp=3604-D-2011,
http://www.elpatagonico.net/nota/nota-106886, http://juicioalastrans- nacionales.org/2011/06/argentina-el-proyecto-navidad/ http://massmediachubut.com/%E2%80%9Cchubut-un-que- so-gruyere%E2%80%9D-2/, http://www.fundamin.com.ar/es/ comunidad/29-desarrollo-y-progreso/44-en-chubut-existe-uno-de-los-yaci- mientos-mas-grandes-del-mundo.html, http://www.conflictosmineros.net/ contenidos/2-argentina/8306-estudian-el-acuifero-de-la-meseta-del-chubut http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view= article&id=14656:cronologia-de-un-nuevo-fracaso-minero&catid=16:a sia&Itemid=33

14.-Oro y plata
Argentina-Chile (Provincia de San Juan, Región de Atacama)
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto
El mega proyecto Pascua-Lama es el primer emprendimiento minero binacional para extraer oro y plata mediante explotación minera a cielo abierto (con utilización de cianuro). Además de la contaminación am- biental en el agua, aire y suelo que produce este tipo de explotación y los problemas a la salud que causan debido los productos utilizados, se cuestiona la gran cantidad de agua que demanda la explotación, misma que es obtenida de zonas glaciares y peri glaciares (grandes reservas de agua dulce). El aprovechamiento hídrico de los glaciares se realiza mediante el traslado de grandes secciones de hielo. Como consecuencia de este y otros emprendimientos se presentó un proyecto de ley para proteger los glaciares, el cual fue vetado por la presidenta argentina Cristina Fernández en 2008. “”Pascua–Lama es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, con sede en Toronto, Canadá, que involucra a Chile y la Argentina y que consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraerá principalmente oro, además de plata, cobre y otros minerales, a 4.500 msnm en territorio fronterizo. En Chi- le, se sitúa en la Región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, mientras que en la Argentina, en la provincia de San Juan. Actores en pugna:
Empresa Barrick Gold con apoyo de los gobiernos nacionales. En oposi- ción: Campaña Mundial NO A PASCUA LAMA integrada por comunida- des del valle del Huasco en Chile, Comunidades Argentinas, Comunidad Indígena Diaguita-Chile, Activistas y profesionales de diversa indole y disciplinas, ONGS Indigenistas y ambientalistas a nivel mundial.
Criminalización social:
Diversos actos de intimidación hacia pobladores que se han manifes- tado en contra del emprendimiento minero. Sí. Excesiva represión y detenciones por parte de carabineros de chile en las jornadas de pro- testa contra pascua lama. Situación estudiada por organismos de de- rechos humanos a nivel nacional e internacional. Sí. Dicho conflicto y las resistencias, se superponen con las llevadas a cabo contra la mina Pascua-Lama. La empresa explotadora es la misma, la Barrick Gold, muy cuestionada y acusada de utilizar mecanismos ilegales en contra de los opositores, como amenazas e intimidaciones.
Fuentes electrónicas de información: http://www.aguavalemasqueoro.org/download/edicion_especial_pas- cua_lama.pdf
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=4
http://www.mineria.gov.ar
http://olca.cl/oca/chile/pascualama.htm http://olca.cl/oca/chile/region03/pascualama324.htm http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21120 http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/salinas_b/sources/salinas_b.pdf http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/ conflictos%20mineros-Pascua%20Lama

15.-Zinc, Plomo Y Plata
Bolivia. Nor Lípez. Departamento de Potosí.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
La Minera San Cristóbal es subsidiaria de la empresa japonesa Sumi- tomo y explota a cielo abierto los yacimientos de zinc, plomo y plata. El conflicto inició en el año 2010 cuando campesinos de la región tomaron e incendiaron las oficinas de la Empresa Minera San Cristóbal por incumplimiento de proyectos por parte de la Prefectura para el beneficio de esa zona. Entre las demandas incumplidas se encuentra la ejecución del proyecto de electrificación, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación y el pedido de la sede de la Empresa Boliviana de Recur- sos Evaporíticos (EBRE) en la localidad de Río Grande. Asimismo, hay registros que dan cuenta de una huelga que realizaron los trabajadores de la mina después del fallecimiento de un compañero, el cual, afirman, pudo haber sido evitado si hubiera sido trasladado por vía aérea a La Paz. Por su parte, el uso colosal de aguas subterráneas en los procesos extractivos del mayor centro minero del país está provocando filtracio- nes en acuíferos superficiales y, en el largo plazo, este sistema provocará la extinción de los manantiales y bofedales que preservan la vida en la región.
Actores en pugna:
Minera San Cristobal; diversas instancias del Gobierno Peruano; cam- pesinos de la región y trabajadores de la mina.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/oca/acercade.htm. . http://boliviaprensa.com/index. php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1. http://www. eldiario.net/noticias/2010/2010_04/nt100417/0i_edt.html

16.-Diversos Materiales
Bolivia. Municipio Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó de Oruro, Departamento de Oruro
Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
La Empresa Minera Huanuni que no cuenta con un dique de colas, ni tratamiento de aguas; actualmente vierte sus residuos y desechos mi- nerales directamente al río Huanuni. Lo mismo ocurre con las minas de Santa Fe; Japo; Morococala y el ingenio de Machacamarca que están asentadas en esta subcuenca. Las comunidades locales han demandado y exigido a la EMH (Empresa Minera Huanuni) que realice trabajos de emergencia, más concretamente muros de contención en el sector de la comunidad de Alantañita Karavi, para que en tiempo de lluvia las aguas de mina no lleguen nuevamente al rio Desaguadero.
Actores en pugna:
Empresa Minera Huanuni, la organización social Defensa de la Cuenca Desaguadero Lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), y Viceministerio del Ambiente.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/5057-contami- nacion-minera-afecta-a-800-familias-en-huanuni http://olca.cl/oca/bolivia/mineras027.htm http://www.bolpress.com/ art.php?Cod=2009102210

17.-Indio, Iridio Y Plata.
Bolivia. Mallku Khota Norte del Departamento de Potosí.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
El Yacimiento minero Mallku Khota, una de las reservas más importantes de Indio, Iridio y Plata. En un inicio South Américan Silver (Canadiense) tenía la concesión y después fue nacionalizada por el gobierno de Evo Mo- rales en el año 2012. Algunos comuneros se manifestaron a favor y otros en contra de la nacionalización generando una preocupante fuente de vio- lencia, teniendo como resultado la muerte de un comunero y el secuestro de varios policías y profesionales mineros. La imposibilidad de resolver este conflicto se debe a que una mayoría de los ayllus está de acuerdo con la explotación de los minerales pero aquellos que no, han demostrado no sólo gran capacidad de movilización, sino también de desplegar violencia, al extremo que su principal dirigente actualmente guarda detención do- miciliaria debido a que ha sido sindicado del secuestro de los dos policías antes señalado y de aplicar torturas contra ellos.
Actores en pugna:
Gobierno de Bolivia, South American Silver, Autoridades Comunitarias de Mallku Khota, Comunidad Chiro K ́asa, Defensor del pueblo, Policía Nacional y la Compañía Minera Mallku Khota
Criminalización social: Sí.
Fuentes electrónicas de información: http://www.la-razon.com/economia/comunarios-Mallku-Khota-libe- ran-rehenes_0_1647435266.html http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-dirigentes-Mallku-Kho- ta-liberados_0_1646835314.html http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120713/ mallku-khota-es-un-yacimiento-millonario_178277_376535.html http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Mallku-Kho- ta_0_1646235449.html http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20121206/ estado-explotara-mallku-khota_194735_414683.html

18.-Níquel
Brasil. Pará, Municipio de Ourilândia Do Nor
Inicio Del Conflicto: 2008
Despojo de tierras:
El diseño de Onça Puma afecta directamente a tres mil familias de dos asentamientos del INCRA, los Altos Campos (Ourilândia) y Tucumán (entre Ourilândia y San Félix), Campos Altos, Minera sul Vila y algunas familias Tucumã . En agosto de 2008, el INCRA desafectó la zona de asentamiento de agricultores, para dar continuidad a las actividades del proyecto; otros habitantes fueron presionados para vender sus tierras y actualmente se intenta comprar otras más a precios bajos.

Descripción del conflicto:
El Proyecto Onça Puma prevé una explotacíon de níquel operada por Onça Puma, filial de Vale S.A. La empresa ha incurrido en actos ile- gales para su imposición (no consulta previa), y se le responsabiliza por daños ambientales, contaminación de arroyos, desvío de cursos de agua, inundaciones, desestabilización social y de sistemas productivos locales. Entró en operación en 2011, y comprende la creación de infraes- tructura ferroviaria y carretera, para el transporte de los minerales, para su procesamiento y fundición. El Ministerio Público Federal de Brasil presentó una demanda contra la minera para que detenga sus actividades, por no haber adoptado medidas de compensación a los pueblos indígenas afectados (xikrines y kapayós) para garantizar su supervivencia. Tambien demanda el reparo de los daños morales y ma- teriales, solicitando indemnizaciones retroactivas.
Actores en pugna:
Impulsores (Canico Resources Corp (adquirida por Vale S.A), Onça Puma, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Natura- les Renovables, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente,INCRA); en contra (Asociación de Pequeños Productores de Colonia Santa Rita, Asociación de Pequeños Agricultores de Campos Altos, Residentes de la aldea Asociación Minerasul, Unión de Trabajado- res Rurales De Tucumã , Comisión Pastoral de la Tierra (defensa legal), Justiça nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Água)
Criminalización social:
Los guardias de la empresa tienen en la mira a los opositores, están siendo amenazados por Vale.
Fuentes electrónicas de información: www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=32728 http://www.revistaamazonia.com.br/estados/para/485-cidades-proxi- mas-a-mineracao-onca-puma-recebem-investimentos http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/industria/noticias/mpf- pede-suspensao-de-projeto-de-niquel-da-vale-no-pa http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1096978-procuradoria-quer- suspender-mineracao-da-vale-no-para.shtml http://noticiasmineracao.mining.com/2011/03/23/vale-comeca-produ- cao-em-onca-puma/
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101845

19.-Hierro
Brasil. Región Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Inicio del conflicto: 2011
Despojo de tierras:
Al ubicarse en la última zona virgen del cuadrilátero de hierro por la adquisicion de la mina Apolo, la empresa Vale acelera el proceso de expansión en la region del Parque Nacional de la Serra do Gandarela, iniciado hace tres décadas.
Descripción del conflicto:
La empresa Vale desea implementar el Proyecto Apolo y construir una plan- ta para usar las materias primas en los distritos de Caeteté y Santa Barbara; es el mayor proyecto después de Carajás, en Serra do Gandarela, donde exis- te un importante acuífero suministro de 5 millones de habitantes. La minera esperaba contar con 7000 Ha para ejecutar nuevos proyectos en la region (Apolo, Apolo Sul, la mina Baù y la reactivacion de la mina Capanema) de los cuales solo le fueron aprobadas 1900 Ha, las demás estan en negociacion. Actualmente, el proyecto está en la etapa de licencias, programando el inicio de operaciones para comienzos de 2014. El plan de la empresa es combinar el potencial de Apolo con los recursos del proyecto de Gandarela. Impulsa: Vale S.A, que presentó estudio de impacto ambiental a la autoridad estatal Supram, COPAM, IEF, IGAM, Cámara de Comercio del Estado de Minas Gerais, Cámara de Comerciantes de Belo Horizonte, Banco de Desarrollo del Sector Privado Empresarial de Minas Gerais, IBAMA.
Actores en pugna:
En contra: Grupo ecologista Santa Barbara, Afectados por Vale (que aglutina colectivos de varios paises, incluyendo Canadá), Movimento pela preservacao da Serra do Gandarela, Red Río Velha, Portas Abertas, Movimiento contra la presa de relaves en Raposos y Caeté, la Asocia- ción Cultural de la Comunidad de los zorros, SOS Serra da Piedade, Sind’Água, SOS Velhas River, Pro-Cittá, Conexión Ciudadana, Justiça nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Água
Criminalización social:
En el encuentro de afectados por Vale se redactó un informe que recoge las violaciones y los impactos negativos causados por esta empresa en todo el mundo. En Canadá y Estados Unidos ha sido denunciada por la Union de Trabajadores del Acero, tambien por las cometidas contra trabajadores rurales de los estados de Pará y Maranhão, en Brasil; el de los pescadores de Sepetiba, en el estado de Río de Janeiro; el de los ecologistas de Minas Gerais y de Chile y los de las comunidades tra- dicionales de Mozambique y las poblaciones indígenas de Perú y del archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico.
Fuentes electrónicas de información: http://www.redecomunaverde.org/ http://acminas.com.br/noticia.php?396-sob-pressao-vale-pode-cance- lar-projeto
http://es.globalvoicesonline.org/2011/03/11/brasil-lucha-contra-la- mina-en-gandarela/
http://www.aguasdogandarela.org http://serradagandarela.blogspot.com http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/ proyecto-mineral-de-hierro-apolo-podria-amenazar-reserva-natural http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/ proyecto-mineral-de-hierro-apolo-podria-amenazar-reserva-natural

20.-Polo Siderurgico.

Brasil. Barrio De Santa Cruz, Río De Janeiro
Inicio Del Conflicto: 2006
Despojo de tierras:
Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuen- cias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a aban- donar sus actividades. Los residentes de Santa Cruz también denuncian la contaminación de la Bahía de Sepetiba, que está llevando a la miseria a 8000 familias de pescadores artesanales; habitantes cercanos cotidiana- mente deben sufrir por “lluvias de plata” (fragmentos de metal).
Descripción del conflicto:
La empresa ThyssenKrupp Compañía Siderúrgica del Atlántico (TKCSA) se instaló en Río después de haber obtenido varias negativas por parte de otros países y estados de Brasil. La siderúrgica emite par- tículas de arrabio (material que con base en el hierro es materia prima para producir acero) y otros causantes de contaminación, daños a la salud y el medio ambiente en perjuicio de los habitantes y pescadores de la región, que se han visto afectados gravemente. Como parte del proyecto, en conjunto a la empresa Vale, construyen tambien un puerto de exportación de acero.
Actores en pugna:
Impulsa: Vale; ThyssenKrupp Steel; Secretaría de Medio Ambiente, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. En contra: los ha- bitantes del barrio, organizaciones ecologistas y sociales, Afectados por Vale, Marcha Mundial de las Mujeres, Asociación de Acuicultores y Pescadores de Pedra de Guaratiba, Comisión Pastoral de la Tierra, pescadores de Bahía de Guanabara, Asociación de Pescadores de Pe- dra de Guaratiba, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Central de Movimientos Populares.
Criminalización social:
TKCSA y Vale, a nivel mundial son conocidos por sus estrategias de des- acreditación de la oposición a sus proyectos, amenazas y denuncias, con el fin de desmovilizar la población. En éste caso que se asocian, cuen- tan con “personal de seguridad”(paramilitares) que han amenazado de muerte a las caras mas visibles de la lucha en contra del consorcio, quienes actualmente recurren al Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.Han criminalizado tambien a científicos e investigadores que han producido investigaciones contra- rias a sus intereses, por la vía judicial, para que se les indemnice por daños a la imagen y reputacion empresarial.
Fuentes electrónicas de información: http://www.lemondediplomatique.cl/Revuelta-global-contra-Vale.html http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_ k2&view=item&id=4889&Itemid=1 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/8-brasil/4611 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97628 http://ocmal.ourproject.org/reports/view/20

21.-Zinc
Brasil. Minas Gerais, Municipio de Vazante
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras:
Con la apertura de túneles a 350 metros de la superficie hasta alcanzar nivel freático, se causó la inundación de la mina, el desplazamiento de los pobladores cercanos e inseguridad de los pobladores cercanos. El bombeo de agua para el procesamiento de metales ha disminuido los niveles freáti- cos, cuya consecuencia es la desaparición de ríos, manantiales, desabasto potable y hundimientos que cubren también zonas urbanas. Ello ha inhi- bido las actividades económicas tradicionales, ha disminuido la población de peces, los animales de ganado se han envenenado y los pastizales están secos. Pescadores y agricultores, han sido a quienes se ha ejercido una fuerte presión y despojo, ante el avance de la agroindustria y la minería en la región, disfrazados de “campañas de reforestación”.
Descripción del conflicto:
Votorantim Metais explota zinc y dolomita en una mina subterránea, desde el comienzo de sus actividades se denunciaron los daños a la salud y al am- biente, debido a que para su procesamiento se utilizan grandes cantidades
de agua, que luego se liberan en el río Santa Catarina, que desemboca en el río Paracatu, afluente del São Francisco; entonces estan contaminados por aluminio, manganesio, zinc, cadmio, dando como resultado una alta incidencia de cancer, y la muerte de flora y fauna. Sin importar los estudios que confirman esta situación y que el agua subterránea se une al acuífero Guaraní, la empresa no se responsabiliza de los daños y se niega a parar su operación, recuperar áreas, o responsabilizarse por intoxicaciones. A pesar de ello, en 2006 se le otorgó la renovación de licencia y visto bueno para su expansión de actividades con el Proyecto Norte Grande en zona kárstica, a condicion de realizar 25 acciones de remediación ambiental.
Actores en pugna:
Impulsa: Compañía de Metales Minería (Votorantim Metais Zinco S.A) que obtuvo la licencia previa por la Secretaría de Estado de Medio Ambien- te y Desarrollo Sostenible (Semad); el Departamento Nacional de Produc- ción Mineral (DNPM), FEAM, IGAM, CODEMA, ADMA, IBAMA, COPAM, CONAMA, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En contra: Conjunta Popular para la Revitalización de San Francisco, pescadores de Belo Horizonte y pueblos vecinos que se aglutinan en or- ganizaciones regionales en torno a siete presas (Tres Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso Complejo I, II, III y IV, y Moxotó Xingó), Articula- ción de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (APOINME), El Consejo Municipal de Defensa del Ambiente (CODEMA).
Criminalización social:
En la cuenca de Río São Francisco se han violado los derechos de los pueblos indígenas, las tierras ancestrales en Tumbalalá, Bahía, y el Pi- pipan truká en Pernambuco. Se ha criminalizado y perseguido a los pueblos de esa región, ante el avance de transnacionales. Ha habido varias muertes, de las cuales da cuenta un informe presentado a la OIT. Aparte de utilizar recursos como la intimidación, la empresa también ha demandado por difamación a los involucrados en publicar un sitio de internet que denuncia e informa sobre la situación actual de la región. Por otra parte, a petición del MPF, técnicos de la Universidad Federal de Uberlândia, realizaron un estudio para conocer el nivel de envene- namiento de las aguas, y la empresa acusó penalmente al coordinador de dicho estudio, que comprobaba los toxicos presentes.
Fuentes electrónicas de información: http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/01/25/internas_eco- nomia,274216/justica-anula-licenca-para-projeto-de-mineracao-da- votorantim.shtml
http://noticiasmineracao.mining.com/2011/11/24/votorantim-vai-ex- plorar-mina-de-zinco-em-vazante/ http://www.blog.gpme.org.br/?p=549 http://www.novae.inf.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=1161 http://www.mbendi.com/indy/ming/ldzc/sa/br/p0005.htm

22.-Hierro
Brasil. Estado de Pará, en Carajás.
Inicio del Conflicto: 1980
Despojo de tierras:

Las tierras fueron ilegalmente ocupadas, por la expansión del monocul- tivo de eucalipto para producir carbon en beneficio de la siderurgica y la explotacion minera. El ferrocarril Carajás, construido por la minera Vale para el transporte de los minerales se pretende duplicar, cruzando más territorios habitados por indígenas y campesinos; en Maranhão a través de apelaciones administrativas, Vale está impidiendo el acceso a propiedades colectivas de los cimarrones de Santa Rosa y el Monje Negro en Belo Itapecurú. Desde el año 2008 ha ampliado la exploración mineral, sobrepasando la frontera de Carajás.
Descripción del conflicto:
El Projeto Grande Carajás el mayor complejo mineral de hierro de Vale, entró en operación bajo una serie de irregularidades e implicaciones que provocaron la reaccion de la poblacion afectada desde 1980. Actual- mente dicho complejo está en expansion, el segundo Programa Gran Carajás implica la apertura de nuevas minas, la construcción de un nuevo ferrocarril de 100 kilómetros paralelo al existente para incre- mentar el transporte del mineral de hierro de 130 a 230 millones, y la ampliación del puerto de Ponta da Madeira en San Luis, hacia donde son enviadas las extracciones. Ante la amenaza del despojo, se han or- ganizado todas las comunidades que suman más de 25 municipios, para impedir la expansion de Vale, exigir la indemnización y reasenta- miento a los afectados desde hace tres decadas. Sin embargo, Vale no reconoce negociar.
Actores en pugna:

Impulsa: Vale S.A, Alcoa Inc, Alumar, Albrás, Fergumar y Simasa, ferro Gusa Carajás, Viena Siderurgica; INCRA, FUNAI, Ministerio de Minas y Energía, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. En contra: Afectados por Vale, Centro para la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (CDVDH), Asociación Indígena Bep-Noi, Movimiento de los Sin Tierra, el Centro para la Defensa de la Vida y los De- rechos Humanos, Justicia on Rails, Federación Internacional de Derechos Humanos, red ingenieros de Justicia sobre Rieles (JNT), Red Brasileña de Justicia Ambiental, sindicato de los trabajadores rurales de Canaã dos Carajás, Asociación de Defensa de las Víctimas de Accidentes de Trabajo.

Criminalización social:

Se ha denunciado casos de trabajo esclavo, violacion a los derechos laborales, daños a la salud. Al manifestarse contra la explotación y por el derecho a la jubilacion, el Movimiento de Trabajadores de la Minería fue reprimido. Los indígenasDjudjêkô Catete bloquearon las instala- ciones de la mina, Vale reportó una perdida importante de dinero y como represalias canceló algunos compromisos pactados.Vale se ha dedicado a perseguir a sus opositores a quienes ha demandado, y se les ha privado el derecho a la manifestación publica, acudir a reuniones en las comunidades afectadas; es acusada de varios asesinatos.

Fuentes electrónicas de información: http://servindi.org/actualidad/70689 http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=36052 http://www.forumcarajas.org.br/:
Moradores mantém interdição da Ferrovia Carajás em Santa Rita, MA Quilombolas interditam Estrada de Ferro Carajás em Santa Rita, MA http://www.jornalpequeno.com.br/2012/4/28/entidade-denuncia-vio- lencia-contra-populacoes-afetadas-pelo-programa-carajas-195607.htm

23.-Hierro
Brasil. Cuenca del Río Viejo. Estado de Minas Gerais.
Inicio del conflicto: 2002
Despojo de tierras:
Se expropiaron terrenos, se construyó en áreas protegidas por la legisla- ción y se destruyó patrimonio cultural (Cauê Pico -Itabira-, la Sierra del Corral y Pico Itabirito); los manantiales dentro del perímetro de conce- sión se han secado. La mina opera en cuencias regionales importantes. Al tiempo, se redujo el suministro de agua (40%) de mala calidad.
Descripción del conflicto:
La Mina Capão Xavier comenzó a operar en la salida sur de la ciudad, cerca de cuatro fuentes publicas de agua potable (Belo Horizonte – Bloqueos, Mutuca, Catherine y Barreiro).Debido a los riesgos e ilegalida- des, al tratarse de una zona de preservación por ser una cuenca y fuente de suministro de agua para el área metropolitana, comenzó el rechazo a la explotación. .La fiscalía de Minas Gerais presentó una demanda contra la empresa, pero mediante una apelación y presentación de un plan de compensación ambiental de rescate de la flora, en 2011 se per- mitió su actividad. Actualmente la oposición a la minera sigue pidiendo su cancelación definitiva.
Actores en pugna:
Impulsa: Minerações Brasileiras Reunidas , Vale S.A, Consejo de Po- lítica Ambiental de Minas Gerais (COPAMI), Cámara de la actividad minera, Ministerio de Minas y Energía, Compañía de Saneamiento de Minas Gerais (COPASA), Semad, la Municipalidad de Belo Horizonte, Fundación del Estado para el Medio Ambiente y el Instituto Estatal Fo- restal (IEF), Consejo para la Protección de la Biodiversidad Copam, St. Jude Asociación de la Comunidad, estado de Minas Gerais, el Estado del Medio Ambiente Foundation (FEAM). En contra: La sociedad civil del Gran Belo Horizonte conforma “Movimiento Capão Xavier Live”, y se coordinan con el Comité de Cuenca del Río Viejo, Defensa Articulación Popular en el Río São Francisco (CPT-MG), SOS Serra da Piedade, Via Campesina, Movimiento de Mujeres Campesinas, Justiça nos Trilhos, Movimento Pelas Serras e Água.
Criminalización social:
Las mujeres de Via Campesina ocuparon la empresa minera, desde entonces han sido perseguidas y reprimidas en sus manifestaciones, han sido criminalizadas y se les ha impedido participar en acciones de protesta.
Fuentes electrónicas de información: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/ Defensa_de_los_Derechos_de_los_Pueblos/Solidaridad_de_las_muje- res_de_ANAMURI_con_las_Mujeres_de_Via_Campesina_en_lucha_ por_la_Soberania_Alimentaria_y_contra_el_Agronegocio_en_Brasil http://www.lab.org.uk/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=1208:brazil-a-prize-the-government-wont-be-bragging- about&catid=65&Itemid=39 http://www.justicanostrilhos.org/nota/877 http://noticiasmineracao.mining.com/2011/10/05/vale-fara-aporte-em- capao-xavier/
www.capaoxaviervivo.org.br/

24.-Oro
Brasil. Paracatu, Sureste del Estado de Minas Gerais
Inicio del conflicto: 1990
Despojo de tierras:
Se ha despojado en el proceso de expansión minera, las comunidades de cimarrones se verán muy afectadas con énfasis en la comunidad Machadinho cuyo territorio puede ser sumergido en barro, dando paso a la mayor represa de relaves en América Latina. Tambien se han des- plazado comunidades reconocidas oficialmente por el INCRA como propietarias.
Descripción del conflicto:
Las operaciones en la Mina Morro do Ouro comenzaron en 1987, la expansión se inició en 2006 para aumentar las instalaciones de proce- samiento de mineral, después de una perforación de exploración que encontró un aumento en las reservas de la mina triplicacion de su ca- pacidad de produccion de 5 a 15 toneladas de oro. El proyecto tambien extiende por más de 30 años la vida util de la mina, cuestion que aumen- ta el riesgo para las aguas y la salud humana, la contaminacion por ar- sénico y otros toxicos. Los pobladores locales sufren las consecuencias de dichas actividades, permitidas por la debil legislacion brasileña que permitió el licenciamiento ambiental omitiendo los impactos negativos. Los afectados promueven acciones en defensa legal, difusión y movili- zacion en rechazo a la minera.
Actores en pugna:
Impulsa: Kinross Gold, Rio Paracatu Mineração (RPM), Casa de la actividad minera (CMI) del Consejo de Estado de Política Ambiental (COPAM), Ministerio de Minas y Energía, Instituto Brasileño de Me- dio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.Contra: cimarrones de Machadinho Amaros y Santo Domingo, Movimiento Verde Paracatu, Federación de Comunidades quilombolas de Minas Gerais – N’GOLO, Instituto Serrano Neves, Fundación Acangaú.
Criminalización social:
Varios opositores han sido objeto de amenazas veladas por Kinross para obligarlos a negociar sus territorios. Al menos dos personas ya han solicitado su inclusión en el Programa para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Fuentes electrónicas de información:
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=proyecto&id=375 http://racismoambiental.net.br/2011/11/a-mineracao-em-paracatu-mg- um-desastre-ambiental-iminente/ http://www.ecodebate.com.br/2012/05/21/arsenio-liberado-pela- kinross-em-paracatu-ja-esta-bioacessivel-revela-estudo-por-sergio-u- dani/
http://www.mining-technology.com/projects/paracatu-mine/ http://www.automation.siemens.com/wcmsnewscenter/details. aspx?xml=/content/10001666/en/gc/Pages/MM092_S18_Kinross.xml http://alertaparacatu.blogspot.com/ http://pib.socioambiental.org/c/noticias?id=48887
www.kinross.com http://alertaparacatu.blogspot.com/2008/01/efeitos-da-exposio-crnica- ao-arsnio.html

25.-Oro

Brasil. Jacobina, Bahía.

Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
Para el comienzo de actividades, se demolieron casas de 112 familias, a quienes se les impuso una compensación o se les reubicó en las afueras de Jacobina.
Descripción del conflicto:
La compañía minera Yamana Gold explota los yacimientos de oro de la Mina La Jacobina desde el año 2005, mediante un proyecto impuesto. Los pobladores que desde un principio estaban en desacuerdo, años despúes experimentan además la contaminación de fuentes de agua en toda la región con desechos mineros conteniendo arséncio y otras sustancias. La población de las comunidades se han incorporado a la lucha regional en contra de la minería contaminante.
Actores en pugna:
Impulsa: la compañía Yamana Gold, Departamento Nacional de In- vestigación Mineral – DNPM, Ministerio de Minas y Energía, Insti- tuto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. En contra: Comisión Pastoral de la Tierra – Regional Bahía, Afec- tados por la Minería , Comunidad de Caetité, Minas gerais y Pará
Movimiento por el Agua Sierras de Minas, Asamblea de Vecinos Au- toconvocados de Esquel
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.yamana.com/Operations/ProducingMines/Jacobina/de- fault.aspx http://mineracaosudesteparaense.wordpress.com/2011/02/ http://racismoambiental.net.br/2011/09/ba-mineracao-yamana-gold- expulsa-familias-de-comunidades-tradicionais-em-jacobina/ http://www.ecodebate.com.br/2011/03/03/mineracao-e-destruicao/ http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-brasil/ minera-yamana-gold-expulso-112-familias-de-jacobina

26.-Bauxita

Brasil. Municipio de Juruti, al oeste del estado de Pará, Corazón de la Amazonia.
Inicio del conflicto: 2003
Despojo de tierras:
Se ha obstruído el derecho de entrar y salir a la ribera, esta situación se acentuó posterior a las protestas enmarcadas en el Foro Social Mundial del año 2009 en contra del proyecto. Con la construcción de un ferroca- rril, se atravesaron varios lotes de comunidades a quienes les pagó una pobre indemnización. Se afectó a 9000 personas que derivan su susten- to de agricultura (yuca), ganadería y pesca. Todas las actividades para obtener bauxita se producen en el acuífero Alter-do-Chao, importante reserva de agua dulce que atraviesa Pará y Amazonas.
Descripción del conflicto:
En el año 2000 Alcoa. Inc adquirió Reynolds Metals Inc a través de su filial minerales Omnia para iniciar actividades de exploración en minera. En 2003, la empresa se instala en Juruti para la extracción de bauxita, con la posibilidad de la creación de plantas para la producción de alúmina y aluminio, una mina en la zona del bosque y un ferrocarril de 55 km. Su EIA fue aprobado, pese a contar con impactos socioam- bientales graves (omitidos) e irregularidades, lo cual fue el foco que inició la oposición en el año 2005. Sin embargo, las obras centrales fueron concluidas en 2009, y los impactos pesan sobre una superficie de aproximadamente 500 mil hectáreas de bosque.
Actores en pugna:
A favor: Alcoa Aluminium Company SA, Omnia, Ministerio de Minas y Energía, Secretaría de Ecología y Medio Aambiente (acusada de otorgar licencias a la empresa, cuando debió darlas IBAMA por el tipo de zona). En contra: el Movimiento de Afectados por Represas , que ha denun- ciado a Alcoa ante la ONU y OCDE; Via Campesina, Movimento Juruti em Acao, Movimento Nacional dos Directos Humanos, Asociación co- munidades ribereñas del distrito de Old Juruti (ACORJUV).
Criminalización social:
En enero de 2009 en contexto del Foro Social Mundial, fueron blo- queadas las áreas de ferrocarril, la carretera y el puerto, se realizó una acampada de 9 días en la puerta de la sede de la empresa, donde sufrie- ron represalias por parte de la policía los manifestantes.
Fuentes electrónicas de información http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=37254 http://www.pa.gov.br/noticia_interna.asp?id_ver=101791 http://www.alcoa.com/brazil/pt/news/releases/2012_06_15_mode- lo_de_mineracao.asp http://www.alcoa.com/brazil/pt/custom_page/environment_juruti.asp http://member.bnamericas.com/news/metales/alcoa-usa-nuevo-meto- do-para-reforestacion-en-mina-de-bauxita-juruti http://es.scribd.com/doc/67798573/Fluxo-Do-Processo-de-Bauxita http://www.revistaminerios.com.br/Publicacoes/3585/Com_a_comuni- dade_do_seu_lado.aspx http://www.fornecedoresdopara.com.br/noticias.php?id=1150&t=_Ca- ravana_visita_Alcoa_e_conhece_realidade_de_Juruti__ http://www.bnamericas.com/news/mineria/Alcoa_hace_primer_en- vio_de_bauxita_desde_Juruti

27.-Oro y cobre

Chile. Cabecera del valle del Huasco, Región de Atacama.

Inicio del conflicto: 2011
Despojo de tierras:
No se tienen registros.

Descripción del conflicto:
El 14 de marzo de 2011, la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, grupo de agricultores de la etnia diaguita que habita las zonas aleda- ñas al proyecto minero “El Morro” (Goldcorp y New Gold), presentó un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Tercera Región, indicando que en el proceso de calificación ambiental no se cumplió lo que exige la Ley Indígena y el Convenio 169. La autorización ambiental fue revocada por la Corte Suprema de Chile en abril del año 2012, por lo que anuló el permiso del proyecto mientras no se realicen las consultas necesarias a las co- munidades indígenas. Según fuentes ligadas a la compañía, “el plazo para que se cumpla lo que dice la Corte Suprema es de aquí a 9 meses, por lo que ahí se restablecería la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y se reiniciarían inmediatamente los trabajos de construcción”. El reinicio del proyecto (septiembre de 2013) corre el riesgo de generar altos impactos ambientales.
Actores en pugna:
Empresas Gold Corp y New Gold; Comunidad de los Huascoaltinos; Corte Suprema de Chile y otras instancias del gobierno chileno.
Criminalización social: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101939http://olca.cl/articulo/nota. php?id=101678 http://www.veoverde.com/2012/12/proyecto-aurifero-el-morro-podria- retomar-labores-en-septiembre-de-2013/
28.-doré y cobrE
chilE. comuna dE copiapó, provincia dE copiapó. rEgión dE atacama.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
La comunidad indígena Colla argumenta ser dueña del territorio donde Barrick Gold instalará la minera, por lo que señalan que la prospección para llevar a cabo el proyecto va en contra del Artículo 169 de la OIT, pues no ha existido un proceso de consulta con ellos.
Descripción del conflicto:
Desde el año 2002 el proyecto minero Luiciano, de la Compañía Minera Cerro Casale (subsidiaria de Barrick Gold y Kinross) ha gestionado los permisos para explotar las fuentes de doré y cobre en la región de Atacama. En marzo de 2012 la empresa presentó modificaciones y acla- raciones al estudio de impacto ambiental y principios de agosto de ese mismo año la comunidad indígena de Colla llamó a apoyar el rechazo al proyecto apelando al artículo 169 de la OIT. El llamado se sustenta en las afectaciones que el proyecto traería, especialmente en cuanto a la exacerbación de la sequía en la región, pues la minera necesitará gran- des cantidades de agua. Los afectados consideran que este proyecto es peor que Pascua Lama, pues en este caso el proceso se llevará a cabo al 100% en Chile y afectará a los glaciares de roca. Las últimas noticias al respecto muestran que el proyecto fue votado favorablemente en agosto de 2012 a pesar de los reclamos de las comunidades indígenas.
Actores en pugna:
La comunidad indígena Colla de Río Jorquera, los habitantes de Copia- pó, la Compañía Minera Cerro Casale (Barrick Gold y Kinross Gold), la Comisión Regional de Medio Ambiente y otras instancias del gobierno de chile.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102207 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/04/09/el-nuevo-pascua- lama-de-barrick-gold/ http://www.biobiochile.cl/2012/08/09/aprueban-evaluacion-de-impacto- ambiental-de-proyecto-minero-luciano-de-barrick-en-atacama.shtml http://www.minerandina.com/chile-barrick-podria-detener-proyecto- de-oro-cerro-casale/

29.-Mineroducto

Chile. Comuna costera Los Vilos. Región de Coquimbo.
Inicio del conflicto: 2000
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
El Tribunal Constitucional de Chile dictaminó en el año 2000 que ha- bía inconstitucionalidad del Tratado Minero entre Chile y Argentina y que los tribunales de Chile no tenían facultades para otorgar servi- dumbres a concesiones mineras ubicadas fuera del país. La empresa Xstrata, a través de su filial en Chile tenía el proyecto de construir un mineroducto desde la cordillera argentina para que los minerales extraídos en el Pachón fueran transportados hasta Los Vilos, en las costas chilenas. Ante ello, en 2008 la minera comenzó un juicio para hacer cambiar la dictaminación del Tribunal , presentando de diferen- te manera el proyecto, de forma tal que las servidumbres fueran dadas para una planta de filtrado en Los Vilos y no para la planta argenti- na en El Pachón. En 2010, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tomaron parte en el juicio y se opusieron a los intentos de la minera Xstrata, argumentando en su contra con base en todas las irregulari- dades en la petición y otorgamiento de servidumbres mineras. Frente al panorama lleno de irregularidades, en agosto de 2012 la empresa presentó un desistimiento, por lo que ni la demanda ni el proyecto del mineroducto prosperaron.
Actores en pugna:
La empresa Xstrata que opera principalmente en Perú y Argentina, pero que pretendía construir un mineroducto desde Argentina hasta las costas de Chile para exportar los minerales que extrae.El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quienes actuaron en contra de las peticiones de la minera. Las autoridades chilenas, en especial el Tribunal Consti- tucional.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102216 http://seia.sea.gob.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expedient e=1098&idExpediente=1098&modo=ficha http://olca.cl/oca/chile/re- gion04/mineras023.htm

30.-Cobre

Chile. Región de Coquimbo.

Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras: Sí
Descripción del conflicto:
El tranque El Mauro, de Minera Los Pelambres, es el tercer tranque de relave más grande de América Latina y el más grande de Chile, y hoy, las filtraciones de humedad hacen que en cualquier momento esta masa letal se abalance en contra del poblado de Caimanes. Este hecho a generado la movilización y protesta del poblado de caimanes a la cual el gobierno chileno ha reaccionado de forma violenta además de criminalizar la protesta.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Minera Los Pelambres. En Oposición: Pobla- ción de Caimanes.
Criminalización social:
Represión, violencia y detenciones desmedidas en jornadas de protesta contra Hidroaysen por parte de carabineros de chile. Seguimiento y espionaje a integrantes de la comunidad de Caimanes.
Fuentes electrónicas de información: http://www.capital.cl/poder/la-cruzada-de-jean-paul-luksic/ http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-chile/ encuentran-contaminacion-del-agua-por-minera-los-pelambres http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8511 http://www.ojoconelparlamento.cl/2010/07/13/capitulo-13-tranque-el- mauro-de-minera-los-pelambres-destruye- http://www.conflictosmineros.net/component/customproperties/tag/ conflictos%20mineros-Los%20Pelambres http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060806/ pags/20060806214655.htmlderechos-de-agua-de-caimanes/

31.-Niquel

Colombia. Pijao, Quindío

Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
Se reconoce que la región tiene un importante potencial en el territorio nacional para el hallazgo de oro, cobre, hierro, coltán, uranio, metales del grupo de los platinoides, carbón metalúrgico y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio. Desde el ministerio de Minas y Energía se ha puesto especial interés en explorar las posibilidades de explotación aún cuando la población logró un consenso histórico en contra de la minería en su territorio, el mismo ministerio subraya que el objeto de esta delimitación será otorgarlas “en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer”.
Actores en pugna:
Estado: Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía. Comunidad: ha- bitantes del departamento del Quindío. Mercado: de prosperar la ini- ciativa se abriría la convocatoria, aunque ya existe una interesada; la empresa Cerro Matoso S.A (controlada por BHP Billiton)
Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=186

32.-Oro y plata

Colombia. Páramo de Santurbán, Santander y norte de Santander. Nacimiento del rio Zulia.

Inicio del conflicto: 2009
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
El Páramo de Santurbán da vida a los ríos Lebrija, Pamplonita y Zulia, así como a varios de los afluentes que nutren los ríos Catatumbo y Arauca. La intervención minera a través del Proyecto Angostura, podría llegar a producir 7’500.000 onzas troy de oro du- rante 15 años, los cuales se traducirán en más o menos 14 millones de dólares al año para el Departamento de Santander por razón de regalías y en 1.500 empleos directos durante la construcción y 800 en los siguientes años de operación. Sin embargo la explotación a cielo abierto, las escombreras y el cianuro pueden hacer estragos, pese a que se diga que la tecnología que se promete implantar es de primer nivel. La Supersociedades, la DIAN y la Contraloría ha- llaron que unas empresas se están dividiendo para no ser conside- radas como grupos, no pagar regalías y lograr otras licencias. Son los casos de Carbones de La Jagua, Carbones del Tesoro, Greystar y Minera Real, que le vende a Ley Hat y Mineros S.A. Quienes se han movilizado reclamando el derecho de la madre tierra y la cuencas hidrográficas que sustentan la vida y protegen los modos de pro- ducción ancestarles de personas que culturalmente han vivido y desarrollados actividades en armonía con dichas fuentes de agua. El proyecto ha sido suspendido por el gobierno nacional en vista del exabrupto que se estaba cometiendo.

Actores en pugna:

Mercado: La empresa GreyStar (que cambió su nombre a Eco Oro Mi- nerals Corporation para presentar un nuevo planteamiento). Comuni- dad: habitantes de California y Vetas, los dos municipios aledaños al Páramo de Santurbán, que en general defienden el proyecto Angostura de la canadiense Greystar. Los habitantes de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, que se benefician de las fuentes hídricas del páramo, no comparten la misma postura. Estado: Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). La Supersociedades, la DIAN, la Contraloría y el Ministerio de Ambiente.
Criminalización social:
Miembros de dicha comunidad empezaron a ser víctimas de presiones, señalamientos, sobornos, estigmatizaciones y amenazas por parte de esta Empresa y de funcionarios Públicos, especialmente por parte de la Personera Municipal, motivo por el cual, el 1 de Marzo del 2011 en uno de los municipios afectados, se realizo un Concejo de Seguridad, en la que participaron, miembros de la Policía Nacional, la Alcaldía, la Personería, la Unión Temporal Perforaciones y seis (6) delegados de la comunidad.
Fuentes electrónicas de información: http://ecosistemastropicalesucn.blogspot.com/2011/03/paramo-de- santurban.html http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-245754-mine- ria-santurban http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/148222-buman- gueses-marchan-hoy-contra-mineria-en-santurban http://www.semana.com/nacion/santurban-hasta-donde-debe-llegar- mineria/173144-3.aspx http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-te- mas-29/1717-mineria-en-el-paramo-de-santurban-ino-viable.html http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_ NOTA _ I N T ER IOR-11308201.htm l http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/expedicion-irregular- de-licencias-ambientales-y-explotacion-minera-en-santurban-advier- te-minambiente/20120306/nota/1649721.aspx

33.-Oro, Cobre y Molibdeno. (proyecto Mandé Norte)

Colombia. Región del bajo y medio atrato de Colombia, Chocó y Antioquia
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
Los titulos se ubican en territorios ancestrales de comunidades afro- descendientes e indígenas Embera, quienes interpusieron un recurso legal alegando no haber sido consultados previamente, tal como está estipulado en la legislación.
Descripción del conflicto:
En 2005, el gobierno otorgó nueve títulos mineros a la empresa minera Estadounidense Muriel Mining Corporation (16,000 hectáreas ubica- das) por un período de 30 años para la explotación de oro y cobre. En respuesta a la tutela presentada por las comunidades, en octubre de 2009, la Corte Constitucional emitió la sentencia T 769, en la que orde- naba la suspensión de la fase de exploración hasta que se efectuaran los estudios sobre el impacto social, ambiental y cultural y se realizara de manera adecuada la consulta previa con «el consentimiento libre, previo e informado» de la comunidad afectada. Hasta hoy no se ha cumplido con estos trámites.
Criminalización social:
La fase de exploración llevada a cabo por la Muriel Mining corporation coincidió con la militarización de la zona que según la defensoría del pueblo ya vivía inmersa en el conflicto armado. En enero de 2010, un bombardeo del Ejército dejó gravemente heridos a dos indígenas. Es- tigmatización de líderes de pertenecer a la guerrilla.
Fuentes electrónicas de información: http://servindi.org/actualidad/7143 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-colombia/ corte-reafirmo-suspension-de-proyecto-muriel http://www.aida-americas.org/es/project/protegiendo_los_ecosistemas http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=3787&more=1 &c=1&tb=1&pb=1

34.-Oro (La Colosa)

Colombia. Cajamarca, Tolima.

Inicio Del Conflicto: 2007
Despojo de tierras:
Los campesinos y finqueros de Anaime, Tolima, una población cercana al proyecto minero La Colosa de Cajamarca, denunciaron que la multi- nacional Anglogold Ashanti, que tramita una licencia para explotar el oro de la región, está comprando sus parcelas.
Descripción del conflicto:
Los permisos de explotación de oro adjudicados a la trasnacional AS- HANTI GOLD por parte del gobierno nacional han generado manifes- taciones de los afectados por el desarrollo a cielo abierto en medio de una reserva forestal, la cual va a desaparecer por las magnitudes del proyecto. La licencia minera es de casi el 100% el área del municipio, la cual preocupa inmensamente a las poblaciones aledañas que han unido esfuerzos para impedir el avance de este ecocidio. Las reservas de oro de La Colosa se calculan en más de 12 millones de onzas, con capacidad de producción de 700.000 onzas de oro anuales. Los temores de los habitantes de la zona están relacionados con las fuentes hídricas que nacen cerca de la mina proyectada y que puede ser amenazada en disponibilidad y en calidad del recurso por el uso del cianuro en la extracción del oro.
Actores en pugna:
Campesinos, indígenas, pobladores urbanos, autoridades ambientales, la trasnacional anglo gold ashanti, las autoridades locales y nacionales,
paramilitares, guerrilleros.
Criminalización social:
Se han registrado muertes y desapariciones. En el año de 2007 se tortu- ró y se desterró a la población que antes cultivaba la tierra y alimentaba a buena parte de este pueblo.
Fuentes electrónicas de información: http://www.colombiasolidarity.org.uk/attachments/article/552/LA_CO- LOSA-La-Busqueda-de-El-Dorado-en-Cajamarca-v1.pdf http://www.colombiasolidarity.org.uk/articles/57-features/582-thou- sands-march-against-la-colosa-gold-mine-in-ibague http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-colombia/ duplican-potencial-de-mina-de-oro-la-colosa http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/43478-colombia-los- proyectos-de-aga-ser%C3%ADan-de-m%C3%A1s-impacto-para-el- tolima.html
http://www.lasillavacia.com/historia/16395 http://www.censat.org/articulos/10030-noticia/10264-las-preguntas- detras-de-anglogold-ashanti

35.-Oro (emprendimiento de Grand Colombia Gold)

Colombia. Marmato, Caldas.
Inicio del conflicto: 2009
Despojo de tierras:
De aprobarse el proyecto habría que trasladar el pueblo entero a otro te- rritorio. No es fortuito entonces, que ahora ante los requerimientos de la empresa, se erijan diversos argumentos para desplazar a una población que sobrepasa los 8 mil habitantes y que se compone en un 17% de indí- genas y en un 55% de comunidades negras. En los últimos meses no han sido pocos los comunicados y declaraciones que sitúan al pueblo al borde de una hecatombe o de una catástrofe natural. Cualquier deslizamiento o accidente al interior de las minas, por minúsculo que sea, se magnifica de manera tal que parezca que las autoridades departamentales y na- cionales tienen la razón y que el pueblo debe ser trasladado debido a la inminencia de un desastre. Ningún estudio serio avala dichas posiciones e incluso Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) en varias evaluaciones hechas con anterioridad, advierte que los riesgos de la zona son mitigables y llama eso si a generar políticas de restricción de explotación en algunas zonas, mas no se indica de ninguna manera que el pueblo padezca un riesgo apremiante que lo exponga a su desaparición. El único peligro inminente es la compañía que pretende desalojar de su hogar a miles de personas. Su primera decisión estratégica fue comprar, por 33 millones de dólares, a Mineros Nacionales, una empresa de origen caldense que todos los días explota 800 toneladas de mineral, de los que extrae 2.400 gramos de oro.
Descripción del conflicto:
Trasnacionales avaladas por el gobierno quieren explotar a ielo abierto las reservas de oro que tiene la montaña en la cual fue construído el municipio de caldas llamado Marmato. Allí han vivido durante muchos años comunidades indígenas, comunidades afros y algunos otros in- trusos que se desplazan al pueblo en busqueda de fortuna. La empresa Medoro quiere trasladar el pueblo al plan comprando los predios y ex- plotaciones de oro o socavones mas reconocidos, trasladar la iglesia y el hospital como un proceso de presión a los pobladores que se resisten a hacerlo. Como el cura se opuso al traslado y lo manifestó pública- mente, fue amenazado por actores armados quienes lo asesinaron días despúes.
Actores en pugna:
Comunidad: Habitantes de Marmato. Asociación de Mineros Tradicio- nales de Marmato, Comité Pro Defensa de Marmato, el Cabildo In- dígena Cartama, la Asociación de Barequeros de Marmato. Estado: Ministerio de Minas y Energía, Min de Ambiente
Mercado: Gran Colombia Gold (Antes se llamaba Medoro, más atrás Mineros Andinos de Occidente y previamente Compañía Minera de Cal- das), Compañía Minera de Caldas (propiedad de Colombia Goldfields Ltda).
Criminalización social:
Asesinato del párroco de la población, sacerdote Reinel Restrepo, pro- bablemente por su oposición al proyecto minero de la Gran Colombia Gold que había manifestado días previos al crimen en un documental publicado en internet.
Fuentes electrónicas de información: http://www.lapatria.com/columnas/para-quien-es-el-oro-de-marmato http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-302997-el- espejismo-de-marmato http://marmatovive.blogspot.com/2011/05/bonanza-marmato-oro.html

http://www.elespectador.com/opinion/columna-391896-mineria-pue- blos-desgracia http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo- 394501-el-ano-de-protestas-ambientales http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-392956-exsol- dados-implicados-muerte-de-sacerdote http://marmato.blogspot.com/2012/01/comision-de-canada-y-eeuu- critica.html

36.-Oro (proyecto Crucitas)

Costa Rica. Crucitas de San Carlos, Provincia de Alajuela.
Inicio del conflicto: 1998
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El proyecto Minero Crucitas, pretende explotar 300 hectáreas en total de bosque, a tan sólo 10 kilómetros de la frontera que comparte con Nicaragua. Comenzó a funcionar en 1993, cuando la empresa Placer Dome explotaba las más de trescientas hectáreas de bosque de la zona. En 1998, la empresa fue adquirida por la canadiense Infinito Gold, Inc. con una concesión de diez años, sin embargo, el permiso fue considerado ilegal y arbitrario por parte del gobierno del entonces presidente Oscar Arias Sánchez. El proyecto fue rechazado de inmediato por la población y grupos ecologistas, quienes argumentaban los daños al ambiente, el agotamiento del potencial pesquero, el daño al paisaje y la contamina- ción al Río San Juan (frontera con Nicaragua). En 2010, el permiso de extracción y exploración fue cancelado por el Tribunal Contencioso Ad- ministrativo, pues se demostraron los diversos daños ocasionados y las irregularidades en los permisos. Sin embargo, el problema se potenció cuando la empresa minera fue valorada por 10. 4 mdd, lo cual implicaba una cuantiosa indemnización. Actualmente, ambientalistas estudian los impactos ecológicos en la zona para cuantificar los costos y evaluarlos. El Proyecto Minero Crucitas explota más de trescientas hectáreas de bosque primario y secundario, contaminando el medio ambiente de la zona debido al uso y vertimiento de sustancias altamente tóxicas como cianuro, desconociendo el derecho ambiental internacional. La intención de Infinito Gold, Inc. es explotar un millón de onzas de oro de un tajo a cielo abierto de 85 metros de profundidad. La autorización del proyecto no consideró medidas de protección ambiental verdaderamente estrictas, por lo cual el proyecto puede generar impactos severos en el Río San Juan, conocido por su rica biodiversidad de bosque lluvioso. Crucitas comprende varias concesiones de exploración en San Carlos, a escasos kilómetros del Río San Juan. Allí se han encontrado dos concentraciones de oro: una en las cercanías de la comunidad de Crucitas y otra en Con- chudita. En 1998, después de una campaña de oposición protagonizada por grupos y comunidades de la zona norte, y en medio de una baja internacional en los precios del oro, Placer Dome anunció la venta del Proyecto Crucitas. Según autoridades nicaragüenses Costa Rica violen- ta convenios de la región e internacionales al otorgar concesión minera Crucitas. El proyecto minero se ubica en la zona fronteriza, lo que oca- sionaría daños irreversibles río San Juan y su ecosistema.

Actores en pugna:
Para el cierre de la mina, se necesitó la presión de grupos ecologistas tales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Unión Norte por la Vida, el Frente Norte contra la Minería de Oro a Cielo Abierto, Preserve Planet y la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente, ello ante la serie de irregularida- des por parte del gobierno costarricense, la minera Infinito Gold, Inc y el posible enfrentamiento diplomático generado del daño a la región compartida. Comunidades de La Comarca, Las crucitas contra las em- presas relacioandas (Industrias Infinito, S. a., Infinito Gold Inc, Lyon Lake Mines.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes consultadas: http://www.biodiversidadla.org/Menu_Derecha/Prensa/Proyecto_Mi- nero_Crucitas_amenaza_el_ambiente_y_la_salud_humana_en_Cos- ta_Rica_y_Nicaragua http://servindi.org/actualidad/36183 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa- rica/riesgos-ambientales-del-proyecto-minero-crucitas http://www. elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/58658 http://www.noalamina. org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/proyecto-minero-cru- citas-pende-del-fallo-de-sala-iv-2 http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf. php?nota=Conflicto&p_busca=36 http://www.infinito.co.cr/sobre_cru- citas.htm http://www.nacion.com/2012-03-07/ElPais/ambientalistas-solicitan- ingresar–a-mina-crucitas–.aspx

37.- Oro (proyecto Bellavista)
Costa Rica. Miramar de Puntarenas.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:

En 2002, el gobierno de Costa Rica concedió el permiso ambiental de ubi- car el proyecto minero en Miramar a pesar de la negativa de expertos, habitantes y grupos de oposición, quienes señalaron el riesgo de las ins- talaciones en esa zona por la actividad sísmica, los derrumbes de tierra y las lluvias tropicales. No obstante, en 2005 la empresa Metales Procesados MRW S.A, subsidiaria de la compañía canadiense B2Gold extrajo su pri- mer lingote. En 2007, la producción se suspendió a causa de un derrumba- miento que dañó los patios de lixiviación; a causa de esto, en 2010 la minera reformuló su proyecto e intentó comprar 75 hectáreas más para reubicar sus instalaciones. Actualmente, la minera busca los permisos para reanu- dar las actividades extractivas, pese a los riesgos que podrían derivarse de ello. Entre las consecuencias de la reapertura de la mina se encuentra la contaminación del rio Ciruelas, del acuífero de Barranca-El Roble, un posible nuevo derrumbe y los daños por cianuro a la población.

Actores en pugna:
Se ha conformado un frente de oposición en la que destacan asociacio- nes como “Ni una sola mina”, “Llamado urgente por Costa Rica” y “Mi- ramar al Grano”, quienes exigen al gobierno costarricense suspender definitivamente el proyecto minero. En contraparte, vecinos y grupos empresariales apoyan la reapertura argumentando los beneficios eco- nómicos acarreados.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=54 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/ movimiento-contra-mina-bellavista-se-consolida http://www.aida-americas.org/es/project/goldmining_es http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&v iew=article&id=773:empresa-canadiense-pretende-reactivar-la-fallida- mina-bellavista&catid=40:noticias-ambientales&Itemid=60 http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/64433

38.-Cobre

Ecuador. Cantón de Cotacachi, Provincia de Imbabura. Intag.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La empresa estatal chilena CODELCO ha realizado trabajos de per- foraciones para evaluar las posibilidades del proyecto “El Palmar” o” Los Mandariyacu”. Una parte del proyecto está ubicada en bosques primarios que albergan decenas de especies en peligro de extinción y que están considerados entre los más biodiversos del mundo (Andes Tropical y Magdalena-Chocó). La comunidad del Intag se ha opuesto a este proyecto, pues varias veces ha impedido que mega proyectos se instalen en Imbabura. La empresa justifica su presencia y actividades respaldándose en la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual ha sido ampliamente criticado y denunciado por algunos repre- sentantes de la región frente al Ministerio del Ambiente. En cuanto a la consulta previa prevista en la Constitución, los comuneros y el gobierno parroquial de García Moreno han declarado que nunca se realizó.
Actores en pugna:
Comunidades del Intag y algunas organizaciones sociales como Defen- sa y Conservación Ecológica de Intag, la empresa CODELCO y diversas instancias del gobierno ecuatoriano -incluyendo cuerpos militares-.
Criminalización social:
Se ha denunciado el ingreso de grupos militares que supuestamente buscan controlar la delincuencia, pero que la comunidad identifica como un método disuasivo.
Fuentes electrónicas de información: http://www.eldinamo.cl/2012/05/03/el-aterrizaje-de-codelco-en-ecua- dor-que-tiene-en-pie-de-guerra-a-pobladores-y-ecologistas/ http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101703 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101538 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101539

39.-Cobre, Oro Y Plata

Ecuador. Pangui, Zamora Chinchipe.
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La concesión del Mirador (6310 has.) supone la apertura de un boquete de aproximadamente 1,25 km de profundidad. Además de la destruc- ción de uno de los lugares más biodiversos del sur oriente del país, hay preocupación por la cantidad de agua que utilizará la mina y su contaminació. Durante los primeros 17 años de operación generará 144 millones de toneladas de desechos de roca. La población de las comu- nidades cercanas a la concesión minera han expresado su rechazo a la falta de procedimientos de consulta y a los riesgos sobre el derecho de acceso al agua. Las principales zonas de impacto del proyecto minero Mirador (a cargo de la empresa ECSA) son: una comunidad colona campesina asentada dentro de las 9,928 ha, y asentamientos shuar del cantón del Pangui, Tundayme y Guisme, en la provincia de Zamora Chinchipe, y en el cantón Gualaquiza, de Morona Santiago. El proyecto requiere 949,15 ha para la construcción de playas de relaves y el habi- litamiento de las vías principales y alternas para el transporte pesado. Desde el año 2000 existieron dos etapas de compra de tierra y hasta el año 2009 ya han adquirido 4.000 ha. La minera lleva a cabo un proyecto de reordenamiento urbano, que causa nuevas necesidades laborales y productivas entre los pobladores.
Actores en pugna:
Ecuacorrientes, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos no Renovable, Ministerio del Ambiente, cantón El Pangui. Las principales tensiones han surgido entre los titulares jurídicos del suelo (los campe- sinos) y los dueños de las concesiones del subsuelo (la empresa minera)
Criminalización social:
Las protestas públicas motivaron el llamamiento a juicio de los diri- gentes. Según una denuncia ante la fiscalía, por rehusarse a vender sus terrenos a la empresa, varios campesinos han recibido constantes hos- tigamientos por parte de personas shuar, que parece ser, trabajan en la empresa. En diciembre pasado pobladores de los cantones Gualaquiza, Morona, El Pangui y Yantzatza, intentaron tomar el campamento de la compañía. La intervención de las FA incrementó el grado de violencia de la protesta; varias personas resultaron heridas por el uso de armas de fuego (CEDHU y FIDH, 2009).

Fuentes electrónicas de información: http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/ecuador-los-argumen- tos-de-la-pachamama-contra-el-proyecto-minero-mirador http://www.eluniverso.com/2012/03/18/1/1356/william-sacher-en-mira- dor-generaran-desechos-equivalentes-cinco-panecillos.html http://andes.info.ec/econom%C3%AD/639.html http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-pro- yecto-minero-mirador-entraria-en-funcionamiento-en-2015 http://www.accionecologica.org/images/2005/mineria/documentos/ mirador3.pdf ”

40.-Cobre y Otros Metales

Ecuador. Provincia de Imbabura/ Intag

Inicio del conflicto: 1999
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
En el Intag, la transnacional minera Ascendant ha puesto en peligro a la población de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo, Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, que son las más afectadas por el proyecto minero Junín. Desde el ingreso de la empresa, la población ha ratificando su decisión de no permitir dicha actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy la empresa no ha podido ini- ciar los trabajos mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la reserva comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso valor biológico, situada en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. Además, algunos moradores han recibido amenazas de muerte, y existe la presencia de guardaespal- das y paramilitares fuertemente armados, que en varias ocasiones han disparado sobre los comuneros, exigiendo pagos para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presionado para que los asistentes firmen papeles en blanco de contratación de tercerizadoras no autori- zadas y han realizado reiteradas invasiones de la propiedad privada. La concesión minera está situada en un área habitada por colonos de cinco comunidades (unas 150 familias), que potencialmente deberán ser desalojadas por el proyecto (CDES, s/f).
Actores en pugna:
Moradores de la comunidad de Intag y la empresa Ascendant Copper
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102143 http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/2523-ecuador- correa-busca-reabrir-proyecto-minero-impopular-en-junin http://www.sloth.gr.jp/S-chapter/MINING%20RESISTANCE%20 IN%20JUNIN-SUMMARY_esp.pdf,

41.-Oro, Plata y Cobre. (Quimsacocha/Imagold)

Ecuador. Provincia de Azuay
Inicio del conflicto: 1995
Despojo de tierras:
Una manera de adquirir tierras fue la compra directa a los campesinos. Éstos eran persuadidos, incluso con amenazas de muerte. Algunos co- muneros perdieron todas sus posesiones tras el despojo del que fueron víctimas por parte de trabajadores de la empresa, la que en 1997 decidió salir del país, transfiriéndose la concesión a la empresa Newmont de Estados Unidos. En la actualidad, esta última compañía realiza activi- dades de exploración en la zona (Acción Ecológica, 2010).
Descripción del conflicto:
En las faldas del bosque Molleturo-Mollepungo están asentadas varias comunidades indígenas que viven de la agricultura y utilizan para sus labores el agua de las vertientes mencionadas; una de ellas es la de Mo- lleturo. Pese a la riqueza y fragilidad ecológica de la zona, la compañía australiana-inglesa Río Tinto obtuvo de las autoridades una concesión dentro de dicho bosque e ingresó a la parroquia Molleturo a mediados de 1995. Para ello se valió de sus trabajadores, quienes ocuparon ar- bitrariamente zonas comunales de páramo, para luego venderlas a la empresa o a terceras personas. La concesión Quimsacocha, a cargo de ImaGold -empresa canadiense, se extiende sobre áreas de páramo. Su operación pondría en riesgo el abastecimiento de agua para la ciudad de Cuenca y las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Ya- nuncay y Tarqui. Para detener el inicio de las operaciones mineras, la CONAIE y los Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui y Victoria del Portete presentaron una demanda de inconstitucionali- dad de la Ley Minera y de violaciones a los derechos de la naturaleza, al buen vivir y a la supervivencia de los pueblos. Las comunidades han protagonizado levantamientos, bloqueos de carreteras y marchas hacia la ciudad de Cuenca.
Actores en pugna:
Comunidades indígenas que se localizan en las faldas del bosque Molleturo -Mollepungo y la compañía australiana inglesa ‘Río Tinto’. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales no Renova- bles, Secretaría Nacional del Agua, ETAPA, Secretaría de Transparen- cia y Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana; Gobernación del Azuay; juntas parroquiales de Chumblín, Tarqui, San Gerardo y Victoria del Portete; Junta de Agua Potable y Junta de Regantes de Victoria del Portete y Tarqui aglutinadas en la Junta Cívica Victoria del Portete; Comisión de Defensa Ambiental y Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía; Arquidiócesis de Cuenca y empresa IamGold.
Criminalización social:
Los dirigentes de las comunidades que serían afectadas por la minería fueron detenidos en el 2010 en el marco de acciones de protesta que desplegaron las comunidades y luego encausados penalmente con or- den de prisión preventiva. Fueron liberados mediante Habeas Corpus y continua la investigación fiscal por “sabataje y terrorismo”.
Fuentes electrónicas de información: http://www.accionecologica.org/mineria/haciendo-historia/96-comu- nidades-molleturo-frente-a-minera-rio-tinto http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=180 http://www.paramo.org/content/quimsacocha-%E2%80%9Carriba- est%C3%A1-el-agua-abajo-el-oro%E2%80%9D http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/7181-un-proyecto-mine- ro-en-quimsacocha-que-crea-debates/ http://www.ecocostas.org/index.php/noticias/1-latest-news/547-el- quimsacocha-una-reserva-de-agua-amenazada-por-la-mineria http://www.jornada.unam.mx/2012/10/07/opinion/025a1eco

42.-Minería Metálica (proyecto Panantza-San Carlos)

Ecuador. Provincia de Morona Santiago
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El proyecto denominado Panantza-San Carlos (en fase de exploración), en su primera etapa contempla la perforación de 35 pozos en 9.500 m. Se prevé que potencialmente este proyecto afectará a las poblaciones aledañas (14.900 ha), debido a la apertura de trochas que atraviesan las fincas ganaderas (CEDHU y FIDH, 2009).
Actores en pugna:
Moradores zona de incidencia y empresa ECSA
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.mingaservice.com/web/inicio/304-avanza-exploracion-de- proyecto-panantza-san-carlos-en-ecuador.html http://www.corriente.com/copper_assets/panantza-san_carlos.php http://www.safiqy.org/contrapunto/polemica/502-protesta-contra- mineras-del-oriente.html http://america.infobae.com/notas/46828-Tras-700-kilometros-marcha- indigena-llega-a-Quito http://www.accionecologica.org/mineria/documentos/1495-nuevo- plan-condorminero http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/monocultivos/ documentos-organizaciones/655-declaracion-de-la-red-de-defensa-de- la-naturaleza-la-dignidad-y-la-vida

43.-oro y plata

El salvador. san isidro, cabañas.

Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
Se intentó hacerlo al comenzar la explotación pero encontró resistencia fuerte por parte de la sociedad.
Descripción del conflicto:
Pacific Rim es una empresa que desde 2004 obtuvo la licencia de ex- ploración en la operación “El Dorado”, en el departamento norteño de Cabañas, aunque su presencia en la región, bajo otros nombres corpo- rativos, inició en 1994. De 1994 a 2004 los mineros trabajaron en Caba- ñas prácticamente sin ningún tipo de resistencia social. Sin embargo, ya en 1998 la población comenzó a sentir los efectos de la exploración minera: se les secaron los pozos, les daban alergias en la piel y se les comenzaban a morir sus animales. La industria de extracción minera es altamente contaminante y que los estudios realizados por Pacific Rim no tienen ninguna validez científica.
Actores en pugna:
El movimiento social ha estado apoyado por una alianza de ONGs bas- tante diversa: se pueden encontrar allí organizaciones ambientalistas, un centro de estudios vinculado al movimiento popular, una organiza- ción para la promoción y defensa de los derechos humanos, sectores religiosos, organizaciones de apoyo a la economía popular. Juntas -las organizaciones de base y las ONG- forman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. El Comité Ambiental de Cabalas (CAC) se constituye como una organización de base, de naturaleza ambiental y de rescate de la cultura, se define así misma como una entidad apolítica, no lucra- tiva, ni religiosa. Están en contra de la empresa canadiense dueña del proyecto extractivo, Pacific Rim.
Criminalización social:
En 2009 Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto fueron asesina- dos en El Salvador por defender el medioambiente de la minería metá- lica, eran miembros del Comité Ambiental. La Radio Victoria y otros ambientalistas de Cabañas sufren amenazas y persecuciones. El 4 de junio 2011 fue asesinado el ambientalista Juan Francisco Durán Ayala, quien había desaparecido el 3 cuando iba a clases a una universidad en San Salvador.
Fuentes electrónicas de información:
http://www.movimientom4.org/2012/12/minera-non-grata/ http://www.movimientom4.org/2012/09/pacific-rim-demanda-a-el- salvador-sin-ejecutar-inversiones/ http://www.pacificrimelsalvador.com/s/El_Agua_y_la_Mina_El_Dora- do.asp
http://archivo.contrapunto.com.sv/index2.php?option=com_ content&do_pdf=1&id=114 http://es.scribd.com/doc/88794883/Impactos-en-la-Produccion-Agrope- cuaria-de-la-Zonas-de-Exploracion-Minera-en-el-Marco-de-la-Crisis http://www.ecoportal.net/content/view/full/84830 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/5320- pacific-rim-mining-company-el-kraken-de-cabanas http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98924 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/14-el-salvador/5227-la- historia-detras-del-codiciado-oro-salvadoreno http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=35 http://www.miningwatch.ca/es/revision-tecnica-del-estudio-de-impac- to-ambiental-eia-del-proyecto-minero-el-dorado-el-salvador http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=23802

44.-Cemento

Guatemala. Territorio Kaqchikel, en la provincia de San Juan Sacatepéquez.

Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
La instalación de la Cementera comprende daños directos a los munici- pios aledaños, además se pretende la construcción de una carretera que comunique a la empresa con vías principales, la construcción de ésta acabará con terrenos y pasará por en medio de la comunidad, siendo sólo un beneficio para la empresa.
Descripción del conflicto:
Durante el 2005 el gobierno guatemalteco otorgó una serie de conce- siones mineras en el municipio de San Juan Sacatepéquez, a la par de éstas, la empresa Cementos Progreso con capital suizo de la transna- cional Holcim, logró la concesión de una planta cementera localizada a 15 km del centro urbano. Los territorios afectados con tal concesión fueron de doce comunidades que corresponden a la comunidad maya kaqchikel. Los pobladores reclamaron la violación del convenio 169 de la OIT y los claros daños ambientales que la compañía causa a la región. La demanda de los indígenas se ha complicado a raíz del surgimiento de supuestos líderes coaccionados en las mesas de negociación, quienes defienden el papel de la Cementera como factor de desarrollo para la re- gión. Sin embargo, la mayor parte de la población maya Kaqchikel exige el respeto a su territorio, a la consulta y a sus costumbres. La oposición ha sido tal, que desde 2007 el aumento de la violencia y la militarización por parte del gobierno guatemalteco en la región es un hecho eminente.
Actores en pugna:
Los doce pueblos que forman parte de la comunidad maya Kaqchikel en consulta Comunitaria, la Asociación de Abogados mayas que han seguido los casos de violación de derechos humanos, el Movimiento Comunitario Indígena por la Paz y el Desarrollo Integral “Francisco Tepeu” quien ha apoyado a la Cementera en las mesas de negociación y la propia empresa Cementos Progreso que ha intervenido innumerables ocasiones.
Criminalización social:
Se ha emprendido una campaña de violencia y criminalización en con- tra de los indígenas de la zona desde la Consulta Comunitaria reali- zada en 2007. En diversas ocasiones personas de la comunidad han sido asesinadas en situaciones poco convencionales y sus muertes han sido atribuidas a la violencia “común” de la región. Los defensores de derechos humanos, como la licenciada Amilcar Pop y Licda Carmela Curup han sufrido amenazas y atentados. En 2008 el presidente Álvaro Colom impuso estado de excepción y ocupación militar en el muni- cipio durante quince días, tiempo donde hubo abusos y violaciones a los derechos humanos, además de que Cementos Progreso aprovechó para introducir maquinaria al interior de la empresa. Aún prevalece la militarización y violencia en contra de la población.
Fuentes electrónicas de información: http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=5874&more=1 &c=1&tb=1&pb=1 http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Vecinos-oponen- presencia-militar_0_683931616.html http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/guatemala- mainmenu-37/732-la-ambicion-individualista-disfrazada-como- desarrollo.html http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/04/15/ apoyaran-alemanes-en-conflicto-entre-empresa-e-indigenas-guate- maltecos

http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/los-indi- genas-guatemaltecos-no-quieren-cemento-en-su-tierra.html http:// guatemalacontaminada.blogspot.mx/2012/02/comunidades-de-san- juan-sacatepequez.html http://olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=163 http://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/Indigenas_Kaqchikeles:_No_ vendemos_a_nuestra_Madre.html?cid=32029816 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/ ataques-a-comunidades-opuestas-a-cementera http://chacatorex. blogspot.mx/2013/01/comunicado-de-denuncia-de-las-12.html

45.-oro (Mina Marlin)
Guatemala. San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, Altiplano de San Marcos.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
Aunque no han habido desplazamientos violentos como tal sino com- pras a bajos costos, al interior de la comunidad se ha identificado el aumento de la criminalidad, la conflictividad y el aislamiento, princi- palmente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, ello porque han surgido divisiones internas entre las personas que están a favor del establecimiento de la mina y aquellas que están en contra.
Descripción del conflicto:
Desde 2005, la empresa Montana Exploradora subsidiaria de la empre- sa canadiense Goldcorp empezó a explotar los recursos del Altiplano de San Marcos en la Minera Marlin, región donde se ubican los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. El proceso de extracción por li- xiviación utilizado por la transnacional generó afectaciones a la salud, al agua y a la zona, ello develado por estudios de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos y el monitoreo independiente del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA). Los reclamos de los pobladores se centraron en la falta de regulación y supervisión de las actividades de la minera por parte del gobierno y una nula propuesta de reparación del daño posterior al cierre. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos solicitó al Estado guatemal- teco adoptar medidas para asegurar la calidad de vida de la población, acción que se consideró insuficiente y coaccionada, por lo que el 23 de marzo de 2011 varios pueblos indígenas se ampararon mediante el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). Finalmente, el 1 de diciembre de 2011 se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la consulta sobre las acciones ejercidas en su territorio, y sólo el Tribunal Popular Internacional de Salud reconoció y condenó los riesgos del estableci- miento de la minera en 2012.
Actores en pugna:

Comunidades indígenas que reclaman las afectaciones a la salud y el establecimiento de la minera sin consentimiento generalizado. Diversas asociaciones de orden religioso y civil como la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos y el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA), han demostrado los riesgos de la mi- nera, pero ni el gobierno guatemalteco, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han defendido los derechos transgredi- dos.

Criminalización social:
El 7 de julio de 2010 en San Miguel Ixtahuacán, una de las líderes del movimiento de resistencia en contra de la empresa Montana de Goldcorp, Teodora Antonia Hernández Cinto, fue baleada de gravedad. Estos actos fueron acompañados por amenazas y agresiones en contra de quienes intentaron solidarizarse con ella. Ello aunado a otro tipo de amedrentamientos a distintos líderes y el claro aumento de la violencia en la localidad.
Fuentes electrónicas de información: http://www.movimientom4.org/2012/04/los-problemas-creados-por-la- mina-marlin-goldcorp-en-san-marcos-guatemala/ http://www.elperiodico.com.gt/es/20110901/economia/200313 http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/07/27/tribunal-popular- de-salud-condena-a-goldcorp-y-gobiernos-por-inversiones-mineras- irresponsables/ http://www.conflictosmineros.net/component/content/article/5682- herida-lidereza-en-resistencia-a-mina-marlin http://www.conflictosmineros.net/component/content/article/5707- aumento-de-violencia-en-san-miguel-ixtahuacan http://www.elperiodico.com.gt/es/20130112/cartas/223248

46.- Oro y Plata

Guatemala. Municipio De Asunción Mita, Departamento De Jutiapa.
Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras:
Una de las principales actividades del municipio de Asunción Mita es la agricultura, misma que se ha visto afectada por la actividad minera. Algunas propiedades han sido compradas (a bajo costo) para la perfora- ción de pozos y la construcción de una planta geotérmica, esto con el fin de abastecerse de agua para la actividad minera. En total se han afec- tado aproximadamente a 600 familias de localidades diferentes.
Descripción del conflicto:
El proyecto de Cerro Blanco fue autorizado desde 1997 con el inicio de las exploraciones, sin embargo, fue hasta 2007 que la explotación de los minerales comenzó a causar conflicto en las comunidades adyacentes por el proceso de lixiviación utilizado y los daños provocados a la agri- cultura local. La concesión fue otorgada por 25 años a la empresa Entre Mares de Guatemala S.A., subsidiaria de Goldcorp Inc. La actividad minera pone en riesgo no sólo a la población local, sino a la zona del Trifinio, Reserva de la Biósfera compartida con El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo cual, incluye que la filtración al subsuelo por el proceso de lixiviación afectará al río Ostúa de Guatemala, cuyo cauce desembo- ca en el Lago de Guija, propiedad de El Salvador situado a tan sólo 14 km de distancia.
Actores en pugna:
El Colectivo Madre Selva se ha organizado al interior de la localidad para oponerse a la explotación de la mina concedida a Goldcorp por el Gobierno Guatemalteco. El conflicto de la concesión afecta una reserva de la biósfera, por lo que pone en pugna a organismos internacionales como la UNESCO y a países como El Salvador, con quien se comparte la reserva.

Criminalización social:
La violencia en el municipio de Jutiapa se ha incrementado en los úl- timos años, recientemente se han realizado manifestaciones de incon- formidad por parte de la población, quien afirma que cada vez más aumenta el número de personas asesinadas o desaparecidas por la cri- minalidad en la zona.
Fuentes electrónicas de información: http://goldcorpguatemala.com/entre-mares/ http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/ mina-cerro-blanco-amenaza-binacional http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/01/24/marchan-contra-la- mineria-y-la-conflictividad-social/ http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=172 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/ senalan-peligros-de-proyecto-cerro-blanco http://www.diariocolatino.com/es/20130206/nacionales/112458/Mina- Cerro-Blanco-s%C3%AD-contamina-afluentes-salvadore%C3%B1os.htm

47.- Níquel y Ferroníquel (Proyecto Fénix)

Guatemala. Municipio DE El Estor, Izabal.
Inicio del conflicto: 1964
Despojo de tierras:
El Estado guatemalteco ha aprobado distintas concesiones sin conside- rar a las poblaciones indígenas que habitan en el lugar, principalmente el grupo de los mayas queqchi y cientos de campesinos. Los recursos en el lugar son tales que no se asegura que el proyecto sea de corto plazo.
Descripción del conflicto:
Desde 1964 se inició con la explotación del Níquel por parte de la mine- ra canadiense Inco, a partir de entonces la mina ha sido comprada por HudBay Minerals (1978), Skye Resources Inc (2004), HudBay Minerals (2011) y actualmente es propiedad de Solway Gruop, una transnacional de origen ruso. Todas estas transnacionales han trabajado mediante la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) como subsidiaria. Sin em- bargo, desde 1964 sin importar el origen de la empresa, han ocurrido represiones violentas en contra de la población, la más cercana en 2007. Actualmente, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) manifestó su oposición al establecimiento del proyecto minero llamado Fénix, el cual se encuentra temporalmente suspendido.
Actores en pugna:
El grupo de los mayas queqchi y cientos de campesinos organizados en la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en contra de diversas transnacionales que explotan los recursos naturales por períodos diferidos en la mina, con la protección y el gobierno estatal quien busca los mecanismos legales para la aceptación de los estudios de impacto ambiental y de las licencias de explotación minera.
Criminalización social:
La comunidad de Izabal se ha convertido en un foco de violencia en la región, el desalojó sufrido en 2007 demostró que el Estado guate- malteco está dispuesto a ejercer la fuerza mediante el uso de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Además se han denunciado violaciones a los Derechos Humanos, encarcelamientos y persecución de los habitantes de la zona.
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=13 http://www.cgn.com.gt/wp-content/uploads/PC%20Report-esp.pdf http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2011/11/22/organizaciones- campesinas-se-oponen-a-minera/ http://www.s21.com.gt/nacionales/2012/03/13/fenix-anuncia-suspen- sion-temporal-parcial-trabajos http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=40202&lang=ES http://www.s21.com.gt/pulso/2012/03/12/cierran-operaciones-intimida- ciones-mina-fenix

48.-Plata

Guatemala. San Rafael Las Flores, Distrito de Santa Rosa.

Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras:
Existe una división social en cuanto a la minera pues supuestamente algunos se benefician con ella y otros se han visto perjudicados prin- cipalmente en su actividad agropecuaria. Algunos campesinos se han negado a vender sus terrenos, adyacentes a la mina. Además, tres co- munidades cercanas se han reunido en consultas populares en contra de la minera.
Descripción del conflicto:
En 2007, fue otorgada la licencia de exploración a la empresa canadien- se Goldcorp para explotar los recursos de la mina de El Escobal, en el municipio de San Rafael las Flores. No obstante, en 2010 tras la funda- ción de la compañía Tahoe Resources (creada por el entonces jubilado presidente de Goldcorp), la concesión pasó a manos de ésta, aunque Goldcorp continuó como accionista del 40% de la empresa. Actualmente, la empresa San Rafael S.A. es la subsidiaria de Tahoe Resources, quien empezará con la producción a finales del 2013 pese al desconten- to social de tres municipios adyacentes. Asimismo, la problemática se centra, además de los claros daños a la salud, en la contaminación de la Laguna de Ayarza, los mantos acuíferos subterráneos y los riesgos a la agricultura de la región.

Actores en pugna:
En el conflicto se encuentran involucrados los campesinos, el Comité Local en Defensa de la Vida, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) quien denuncio el riesgo que representa el establecimiento de la minera. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien aprobó el estudio de impacto ambiental y las empresas Transnacionales Tahoe Resources y Goldcorp.
Criminalización social:
La minera ha intentado intimidar a líderes comunitarios para acallar- los, ha logrado la imposición de acusaciones en contra de dirigentes locales como sucedió en el caso de Amadeo de Jesús Rodríguez Aguilar en 2011, dirigente del Comité Local en Defensa de la Vida, incluso el párroco de la localidad ha sido criminalizado. Recientemente acusaron a Rudy Antonio Pivaral Véliz, Oscar Roderico Morales García, Gustavo Martínez López, Andrea Marcilia Hernández Melini y al Dr. Yuri Gio- vanni Melini, este último director general del Centro de Acción Legal- Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), quien denunció la ilegalidad de la empresa al no contar con un permiso para la explotación minera. Ellos han sido acusados de delitos de violencia contra la mujer y amena- zas, por parte de trece personas con las que nunca antes habían tenido relación. En suma se debate la ilegalidad de la empresa y la violación a los derechos humanos de los activistas involucrados.
Fuentes electrónicas de información: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/10033- el-legado-de-goldcorp-criminalizacion-y-resistencia-minera-en-san- rafael-las-flores http://www.movimientom4.org/2012/08/guatemala-criminalizan-pe- nalmente-al-activista-ambiental-y-defensor-de-derechos-humanos-dr- yuri-giovanni-melini-director-general-de-calas/ http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/06/18/denuncian-conta- minacion-de-afluente-por-actividad-minera/ http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/01/13/noche-terror-zona-mine- ra-deja-3-muertos

49.- Oro

Guatemala. Municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Inicio del conflicto: 2012
Procesos de despojo de tierras:
Desde marzo, campesinos e indígenas han manifestado su descontento en contra de la minera, ello porque aseguran que la minera se ha esta- blecido de forma corrupta en sus territorios, sin consulta previa de la población que ahí reside.
Descripción del conflicto:
A principios de 2012, en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, se estableció sin consentimiento de la población el Proyecto minero Progreso VII Derivada, conocido también como el Tambor o la Puya. La empresa canadiense Radius Gold Inc que opera mediante la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMIN- GUA), ha intentado penetrar el cerco que desde marzo de 2012 campe- sinos e indígenas mantienen para evitar la entrada de la minera con su maquinaria. Los habitantes de la zona han formado el Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), Movimiento Social en contra del esta- blecimiento de la minera. Entre las demandas principales se encuentra el rechazo a la Ley de Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que promociona la inversión extranjera en el territorio rural del país, incluida la actividad minera. Los campesinos e indígenas rechazan la imposición del proyecto, el desplazamiento que éste ocasionaría y la contaminación resultante en la zona.
Actores en pugna:
Campesinos e indígenas organizados y en resistencia mediante el Fren- te Norte del Área Metropolitana (FRENAM), en contra del proyecto de Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la canadiense Radius Gold Inc. Donde el Estado Guatemalteco, ha apoyado a la minera mediante el uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil.
Criminalización social:
El 13 de junio de 2012, durante la madrugada fue atacada y herida Yo- landa Oqueli, líder del movimiento del Frente Norte del Área Metropoli- tana (FRENAM), quien anteriormente había denunciado las amenazas y actos violentos en contra de ella y otros activistas. A esto se suman los intentos de introducir maquinaria de manera violenta y en complicidad con la Policía Nacional Civil, pese al bloqueo que la población mantiene.
Fuentes electrónicas de información: http://www.movimientom4.org/2012/08/protesta-antimina-suma- cinco-meses/
http://www.remamx.org/?p=11324 http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/05/30/rumores-de-desalo- jo-en-san-pedro-ayampuc-y-san-jose-del-golfo/ http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/3669-photo- essay-third-month-of-resistance-against-a-radius-gold-owned-mine- in-guatemala http://awid.org/esl/Involucrate/Acciones-Urgentes3/Contribuye-a-sal- var-una-vida-una-comunidad-en-Guatemala http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/06/18/yolanda-oqueli/

50.-oro

Honduras. La Unión Copan
Inicio del conflicto: 2009
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La Mina de San Andres, ubicada en el Municipio de La Unión Copán, genera graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas co- munidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.
Actores en pugna:
Minerales de Occidente y el ministerio público contra la comunidad de afectados ambientales de Azacualpa. El Obispo Monseñor Luis Alfonso Santos ha presentado una declaración en contra del proyecto, como representante del Colectivo de Redes Cristianas de Honduras.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=34 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=doc&id=1630 http://esnomineria.blogspot.mx/2009_03_01_archive.html
http://www.redescristianas.net/2009/04/02/obispo-denuncia-mineras- en-hondurasramon-zavalahonduras/

51.-Oro

Honduras. Valle de Siria, Francisco de Morazán.
Inicio del conflicto: 2001
Despojo de tierras: No se tienen registros
Breve descripción del conflicto:
La Compañía Minera Entre Mares Honduras S.A. llegó al país en 1995 y solicitó a las autoridades correspondientes varios puntos de la geografía del territorio, para realizar labores de explotación minera. En Diciem- bre del mismo año se le otorgó licencia por parte de la Dirección Gene- ral de Minas para la concesión minera de San Martín, en el municipio de San Ignacio F.M., e iniciar trabajos de explotación en enero de 1996. A partir de enero del año 2000 se le otorga licencia de explotación del mineral por 10 años prorrogables. El gobierno hondureño autorizó a la empresa Entremares Corp. la extracción de oro en 14 mil hectáreas en el Valle de Siria; pero debido a la resistencia de la gente de la zona, esta multinacional canadiense sólo trabajo en mil hectáreas y se prepara para cerrar sus operaciones, pues al cabo de los 10 primeros años la movilización comunitaria y el evidente daño ambiental y social (desapa- rición de bosque nativo, escasez de agua, contaminación, enfermedades a la piel –más del 90% de la población- abortos en animales, traslado de aldeas, etc), el gobierno se vio presionado a no renovar los permisos de explotación y ha levantado recursos penales contra la minera; sin embargo, aún queda el desfile ante las múltiples instancias supranacio- nales que protegen los intereses de las transnacionales mineras y que el gobierno mantenga su postura y determine una política minera con- secuente con la voluntad de las comunidades sin ceder a las presiones del dinero. Existen cerca de 42,000 personas afectadas.
Actores en pugna:
Comité ambientalista del valle de Siria y población afectada contra la compañía minera Entre Mares, Glamis Gold Tld y Gold Corp.
Criminalización social:
El comité ambientalista del Valle de Siria enfrenta persecución por parte del ministerio público.
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=51 http://www.movimientom4.org/2012/10/comunicado-del-comite-regio- nal-ambientalista-del-valle-de-siria-ante-donacion-de-goldcorp/ http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-honduras/ mineria-canadiense-y-resistencia-popular-en-honduras http://www.source-international.org/wp-content/uploads/2012/11/Im- pactos_de_la_Mineria_Metalica_en_Centroamerica.pdf http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/siria.html http://www.rightsaction.org/Reports/Report-Mining.2005.Esp.htm http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/valle_de_siria_ el_verdadero_rostro_de_la_mineria

52.- Oro y plata (minera San Xavier/Cerro de San Pedro)

México. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Inicio del Conflicto: 1995
Despojo de tierras:
Según algunos ejidatarios, se falsificaron las concesiones de tierra de algunos propietarios.
Descripción del conflicto:
Proyecto minero a tajo a cielo abierto de oro y plata en una extensión de 67.7 hectáreas. La zona era área de equilibrio ecológico pero en 2011 se cambio el uso de suelo a vocación minera. Hay señalamientos sobre posible sobre explotación del acuífero de la zona que también abastece a la ciudad de San Luis Potosí. Se reclama el alto costo socioambiental del proyecto y la ilegalidad de su operación desde el inicio de sus operacio- nes hasta 2011 cuando la empresa “regularizó” su explotación.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Mettalica Resources (New Gold) / Minera San Xavier; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Frente Amplio Opositor; REMA; + sociedad civil.
Criminalización social:
Asesinato del presidente municipal de Cerro San Pedro tras pronunciar- se en contra del proyecto minero en 1998. Diversos actos de intimidación de integrantes del Frente Ampio Opositor y de algunos pobladores locales que abiertamente expresaban su rechazo.
Fuentes electrónicas de información: http://cencos.org/node/30502
http://cencos.org/node/29905 http://www.jornada.unam.mx/2012/12/24/sociedad/037n3soc http://faoantimsx.blogspot.mx http://www.sgm.gob.mx/pdfs/SAN_LUIS_POTOSI.pdf http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/slp/ estudios/2011/24SL2011M0006.pdf

53.-oro y plata
méxico. tEtEla dE ocampo, puEbla. Inicio del conflicto: 2003
Despojo de tierras:
Algunos integrantes de las distintas asociaciones opositoras, han ex- puesto que prácticamente son obligados a vender sus terrenos, y en caso de no ceder, están amenzados de una expropiación de los mismos.
Descripción del conflicto:

En 2003 se otorgan 10 663 hectáreas a la Minera Meteoro del Grupo Fris- co. En agosto de 2010, la empresa anunció inversión de 9 mil millones de pesos. En enero del 2012, la empresa minera Espejeras, S.A. de C.V. y/o Minera Meteoro S.A. de C.V. y/o minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. inició la compra de tres cerros del Barrio La Cañada. De llevarse a cabo el proyecto se provocaría un ecocidio en la región de la Sierra Norte, puesto que en la zona que se intenta intervenir existen especies en peligro de extinción tanto botánicas como animales. Se prevén graves daños a la salud y a la naturaleza, pues utiliza grandes cantidades de cianuro, envenenado las fuentes de agua, la tierra y el aire.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Grupo Frisco (filial de Grupo Carso) / Mine- ra Meteoro y/o Minera Espejeras y/o San Francisco del Oro; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Asociación Tetela Hacia el Futuro AC; REMA; sociedad civil. Minera FRISCO. En oposicion el Co- mité Tetela Hacia el Futuro A.C., Red Mexicana de Afectados por la Mi- nería (REMA), Unidad Indígena Totonaca Nahua (UNITONA).
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://a7.com.mx/pulso/personajes/13365-tetela-de-ocampo-salta-a-la- fama.html http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8317d1259e3a6daa271 65d226d9eb969 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/tetela-hacia- el-futuro-demanda-respeto-a-opositores-a-proyectos-de-muerte_ id_19424.html http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_ k2&view=item&id=33417:no-a-la-minera-de-slim-en-tetela-de- ocampo-acuerdan-la-sgg-y-ong%C2%B4s http://www.ultra.com.mx/noticias/puebla/Local/68018-tetela-hacia-el- futuro–pide-que-se-reforme-la-ley-minera—.html http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/ tetela-de-ocampo-se-organiza-y-dice-no-a-la-mineria-a-cielo-abierto http://libertadyconcordia.wordpress.com/2012/06/21/mexico-exigen-al- gobierno-estatal-postura-ante-plan-minero-de-slim-en-tetela/

54.-oro, plata y zinc.
méxico. costa chica y montaña dE guErrEro. Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
Aún no se presentan, pero se trata de proyectos de minas a cielo abierto que invariablemente generan altos riesgos de contaminación, el despojo de tierras y/o desplazamientos.
Descripción del conflicto:
Diversas empresas mineras (CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Grupo Goliat) han recibido concesiones para la exploración de yaci- mientos de oro, plata y zinc en la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Sin embargo, ni las empresas ni el gobierno informaron (ni consulta- ron) previamente a los pueblos que habitan en la región (Tlapanecos, Mixtecos, Náhuas y mestizos), quienes se verán afectados por los pro- yectos mineros. Los pobladores, organizados en el Sistema de Seguri- dad, Justicia y Reeducación Comunitaria, dieron cuenta de que están concientes de los daños sociales y ambientales que vendrían con las minas -sobre todo sobre las plantaciones de maíz, jamaica y café-. En
las asambleas regionales de autoridades municipales y agrarias, de ma- nera mayoritaria los pueblos manifiestan que no permitirán el estable- cimiento de las mineras en territorio comunitario. Mientras tanto, se ha presionado a las comunidades para que acepten los proyectos, y se ha pretendido dividirlas.
Actores en pugna:
Empresas mineras (CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Gru- po Goliat), Secretaría de Economía, Gobierno Federal, Gobier- no de Guerrero, Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria,el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Tri- bunal Permanente de los Pueblos, el Congreso Nacional Indígena y las comunidades afectadas.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122883 http://www.policiacomunitaria.org/index.html http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/05/index.php?section= politica&article=006n1pol

55.-barita
méxico. Ejido grEcia, chicomusElo. chiapas. Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras:
Si, los residentes denuncian el despojo ilegal de sus tierras.
Descripción del conflicto:
La Minera Blackfire (Grupo Willis) extrae las fuentes de Barita en el Chicomsuelo, Chiapas. Sus actividades han implicado la desviación de cauces y escurrimientos naturales cambiando el uso de suelo en una superficie importante. Asimismo, el mineral se obtiene habitualmente pasando las materias primas a través de una solución química como el cianuro y otros químicos que son lanzados a la cuenca del Grijal- va, provocando una fuerte contaminación del agua que discurre por los valles centrales de Chiapas y que continua hacia Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, para continuar hacia Villahermosa, Tabasco y desembocar en el Golfo de México. Empresa Blackfire Exploration Ltd. (Grupo Willis); gobierno federal y estatal; Red Mexicana Antimenería (REMA); Movimiento Popular de Resistencia; Frente Cívico de Chico- muselo; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y pobladores de la región.

Criminalización social:
En noviembre de 2009 fue asesinado de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana Antiminería (REMA) y uno de los princi- pales voceros de la oposición a la minera en Chicomsuelo.
Fuentes electrónicas de información: http://proyectocerro.blogspot.com.ar/2009/11/asesinan-mariano-abar- ca-en-chicomuselo.html http://elpolvorin.over-blog.es/article-minera-blackfire-fuego-negro- sobre-chiapas-51260102.html http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:j7AyruFHBusJ:contralinea.info/archivo-revista/index. php/2009/11/15/gobierno-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/ +&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx

56.-oro
méxico. cocula. guErrEro. Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La empresa canadiense Teck Cominco, a través de una filial en Méxi- co llamada “Media Luna”, opera la mina de oro en Guerrero desde el año 2007. Con estudios realizados por el gobierno guerrerense, se sabe que los cuerpos de agua en Cocula están muy contaminados, debido a los derrames de arsénico. Asimismo, el tipo de procedimientos que se han utilizado en la mina, han generado importantes riesgos para la población: las perforaciones han reblandecido el terreno provocando deslaves y la utilización de barrenos ha afectado los mantos freáticos de las fuentes hídricas.
Actores en pugna:
Diversas empresas (Torex Gold, Teck Cominco, Media Luna); diversas instancias del gobierno federal y local (Procuraduría Agraria, Gobierno estatal, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar- nat), Secretaría de Salud (SSA) ; y algunas organizaciones en contra de la mina (Coalición de Ejidos de Real de Limón y Frente Unitario de Trabajadores).
Criminalización social:
Se han denunciado acciones de hostigamiento a los ejidatarios que han protestado en contra de la mina. Tambien han sido atacados con armas de fuego algunos opositores y han sido secuestrados tres ejidatarios que posteriormente fueron acusados de asesinato.
Fuentes electrónicas de información: http://mexico.indymedia.org/spip.php?article898 http://www.lajorna- daguerrero.com.mx/2007/08/03/index.php?section=sociedad&article= 007n3soc
http://despertardelacosta.com/noticias/?p=77032 http://www.milenio. com/cdb/doc/noticias2011/7f5e18cbee524fc1a1ab72478833a8c3

57.-oro
méxico. la paz, baja caliFornia sur Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El proyecto para explotar una mina de oro a cielo abierto sobre las montañas de la Sierra La Laguna inició bajo el nombre de “Paredones Amarillos”, pero fue suspendido ante la caída de los precios del oro a nivel internacional. En el año 2010, el proyecto se reactivó como “La Concordia” y generó nuevas preocupaciones entre los habitantes de Todos Santos, pues tanto la biosfera como los recursos hídricos de la región se verían afectados por la utilización de cianuro. Sin embargo, la nueva ley forestal frenó de nuevo el proyecto por los riesgos que podría ocasionar así como por los daños que ocasionó sobre la capa forestal en los trabajos exploratorios. Actualmente, la empresa realiza los trámites necesarios para reiniciar operación.
Actores en pugna:

Empresas (la canadiense Vista Gold, que vendió el proyecto a Invecture Group); algunas instancias del gobierno mexicano y local (Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales); la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de Méxi- co, A.C; y algunas organizaciones sociales (AIDA, Defiende La Sierra de la Laguna , Niparajá , CEMDA).

Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.aguavalemasqueoro.com/Concordia.asp http://peninsulardigital.com/extra/el-sabado-vencen-autorizaciones- de-paredones-amarillos/78801 http://peninsulardigital.com/extra/debe-paredones-amarillos-reme- diar-danos-forestales-hechos-por-exploracion/69107 http://proyectoconcordia.com/inicio/ http://www.aida-americas.org/es/paredonesamarillos http://www.paredonesamarillosno.com/

58.-minEría mEtálica
méxico- jalisco, nayarit y san luis potosí. Inicio del conflicto: 2000
Despojo de tierras:
Sí, a través de concesiones que el gobierno federal ha otorgado a mine- ras
Descripción del conflicto:
En Real de Catorce, San Luis Potosí se ubica Wirikuta, zona sagrada de los huicholes. En 2009 el gobierno federal otorgó concesiones para la explotación minera (entre otras, a First Magestic) en zonas donde se extiende la zona sagrada de los huicholes. De las 6326 has que abarcan esas concesiones, 70% están dentro de la zona de Wirikuta. Los hui- choles alegan que esto significa destrucción del territorio y agresión a su cultura y creencias. Exigen la cancelación de esas concesiones y desaprueban que el gobierno federal promueva (2012) la inscripción de esa peregrinación indígena en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque no es sólo eso, sino también patrimonio territorial, biológico, y más.
Actores en pugna:
A favor de las concesiones mineras: gobierno federal y estatales, mine- ras beneficiarias. En contra: huicholes y diversas organizaciones civiles, culturales, y de investigadore.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/

59.-oro
méxico. mulatos, sonora Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
La empresa Alamos Gold (Min de Oro Nacional) ha comprado muchas casas en el pueblo de Mulatos a precios muy bajos con el fin de emplazar su proyecto minero.
Descripción del conflicto:
La compañía canadiense Alamos Gold, comenzó a operar en el año 2005 en el pueblo de Mulatos. Al poco tiempo la población que habita en la cercanía de la mina que opera a cielo abierto, comenzó a padecer problemas como vibraciones por explosiones, contaminación y compli- caciones de salud. Las familias de Mulatos se han organizado y deman- dan el cierre y cese de operacions del proyecto.
Actores en pugna:
Empresa Alamos Gold (Mina de Oro Nacional); diversas instancias del gobierno federal y estatal; pobladores de Mulatos y el Movimiento An- torchista Sonorense.
Criminalización social: No se tienen registros.
Fuentes electrónicas de información: http://www.movimientom4.org/2012/03/alto-a-la-contaminacion-pi- den-vecinos-de-mulatos-sahuaripa-sonora/ http://www.mineriaenlinea.com/noticias/hist_not.php?id_noticia=931 http://www.bnamericas.com/news/mineria/Alamos_logra_1era_produccion_de_oro_en_mina_a_cielo_abierto_Mulatos http://www.dos- sierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=44034&relacion=do ssierpolitico

60.-oro
méxico. Ejido El carrizal, motozintla, chiapas Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La empresa Linear Gold Corp incursionó en los territorios del ejido El Carrizal con el aval del gobierno mexicano y bajo el engaño de las poblaciones para iniciar los trabajos de exploración en ese territorio. Las exploraciones en la zona han indicado la presencia de yacimientos de oro y, desde entonces (2007), la población comenzó la resistencia en contra del proyecto.
Actores en pugna:
La empresa Linear Gold Corp; algunas instancias del gobierno nacional y local (SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Economía); los pueblos de la Sierra Madre de Chiapas; el Frente Regional Contra las Privatiza- ciones (FRCP); integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socia- lismo (FNLS) y el Frente de Trabajadores de la Energía.
Criminalización social:
Los opositores han recibido amenazas de muerte, son hostigados por militares y algunos han sido privados de su libertad de manera ilegal.
Fuentes electrónicas de información: http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/ indigenas-logran-el-cierre-de-mina-en-chiapas http://www.jornada. unam.mx/2008/10/19/index.php?section=estados&article=030n2est

61.-plata, plomo y zinc
méxico. Ejido la siErrita dE galEana, municipio dE tlahualilo, durango.
Inicio del conflicto: 2004
Despojo de tierras:
No explícitamente, sin embargo, sin autorización de la Asamblea ejidal se arrendaron 27 hectáreas por el precio de cuatro hectáreas.
Descripción del conflicto:
Producción de plata, plomo y zinc en la mina La Platosa, la cual es re- conocida por la empresa como el 100% de su propiedad. Desde 2008 la empresa no ha cumplido con el contrato que firmó con los ejidatarios como contribuir con el desarrollo de la región (relaciones laborales), la construcción de una planta tratadora de agua y ha explotado territorio no incluido en el acuerdo (conflicto de propiesdad). De acuerdo a di- versas fuentes la exploración minera ha generado diversos daños como socavones y deforestación de cerros, lo cual produce la devastación de vegetación. Las maquinas perforadoras utilizan una sustancia que provoca que las plantas de alrededor se sequen, alterando el ambiente, el suelo y el ecosistema del ejido. Asimismo, en el túnel de explotación fluye agua contaminada al aire libre, misma que es vaciada en tierras propiedad del ejido, creando así una laguna aproximadamente de un metro veinte centímetros de profundidad.
Actores en pugna:
Impulsado por: Excellon de México, S.A. de C.V. es una subsidiaria de Excellon Resources, Inc. de Canadá. Oposición: Representantes del Ejido “La Sierrita”; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Cul- turales A.C.; Mining Watch Canada; Sindicato de trabajadores United Steelworkers (USW).
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información:
http://cencos.org/node/28374 http://www.miningwatch.ca/es/news/alerta-minera-canad-visita-al- ejido-la-sierrita-en-durango-m-xico-por-violaciones-sus-derechos http://www.miningwatch.ca/es/get-involved/acci-n-urgente-mexico- empresa-excellon-resources-inc-amenaza-ejidatarios-de-la-sierrita http://www.miningwatch.ca/es/news/trabajadores-y-ejidatarios-mexi- canos-presentan-segunda-queja-en-contra-de-la-minera-canadiense
http://cencos.org/node/30480 http://www.jornada.unam.mx/2012/10/25/politica/021n1pol

62.-plata y minEralEs asociados
méxico. san josé dEl progrEso En la rEgión dEl vallE cEntral dE oaxaca.
Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras:
Se registra un uso ilegal de la tierra, pues las hectáreas que se utilizan no fueron otorgadas por asamblea ejidal. Hubo un desalojo en mayo de 2009.
Descripción del conflicto:
Mina “La Trinidad”: Proyecto minero de oro y plata. Desde 2005 Con- tinuum Resources exploró el subsuelo de la población zapoteca de San José del Progreso en el Valle de Ocotlán, aprovechando concesiones del Gobierno Federal. En 2008 la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc., compró las concesiones y empezó a dinamitar una rampa de acceso preparando la explotación de oro y plata a gran escala. En 2011 se inicia fase de explotación que durará al menos 12 años, pro- cesando unas 1,500 toneladas de mineral diariamente. Se reclama la generación de conflictos socio-ambientales y políticos, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subte- rráneas. Proyecto minero de tajo a cielo abierto de oro y plata. 2003 se otorgan 10 663 hectáreas a la Minera Meteoro del Grupo Frisco. Agosto 2010, la empresa Minera Frisco anunció inversión de 9 mil millones de pesos. En enero del 2012, la empresa minera Espejeras, S.A. de C.V. y/o Minera Meteoro S.A. de C.V. y/o minera San Francisco del Oro S.A. de C.V. inició la compra de tres cerros del Barrio La Cañada.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: The Gold Group / Silver Mines / Minera Cuzcat- lán; Gobierno Federal, estatal y municipal. En oposición: Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); REMA; sociedad civil.
Criminalización social:
El 15 de marzo del 2012 el activista Bernardo Vásquez Sánchez (repre- sentante de la CPUVO) fue emboscado por sujetos desconocidos en San- ta Lucia, Ocotlán, Oaxaca. El 18 de junio de 2012 Bertín Vásquez Ruiz y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz resultaron heridos con proyectil de arma de fuego de este hecho se culpó a “paramilitares” de la empresa y a la autoridad municipal, que encabeza Alberto Mauro Sánchez Muñoz.
Fuentes electrónicas de información: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/10/sociedad/033n1soc http://www.jornada.unam.mx/2011/08/08/politica/008n1pol http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/ piden-frenar-obra-hidraulica-de-la-minera-cuzcatlan http://www.pagina3.mx/economia/2665-minera-cuzcatlan-solo-ha- dejado-encono-y-muerte-a-ocotlan-y-36-mdd-anuales-a-duenos.html http://notas.reflexionenlinea.com/?p=18572 http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/ oaxaca/22358-mineria-en-oaxaca-raiz-de-la-violencia http://www.movimientom4.org/2012/04/oaxaca-autoridades-zapote- cas-exigen-cancelar-concesion-a-minera/ http://otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/1264- pistoleros-de-la-minera-cuzcatlan-hieren-a-dos-comuneros-oposito- res-a-la-mina-en-san-jose-del-progreso-oaxaca.html http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=11571 http://www.refundacion.com.mx/revista/index.php?option=com_k2 &view=item&id=333:megaminer%C3%ADa-t%C3%B3xica-muerte-y- saqueo-500-a%C3%B1os-despu%C3%A9s&Itemid=111 http://cencos.org/node/27892

63.-oro

méxico. municipio dE alto lucEro y actopan, vEracruz.
Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
Se registran intentos de expropiación de tierras ejidales.
Descripción del conflicto:
El proyecto Caballo Blanco, prevé una minería a cielo abierto, cuya ac- tividad requiere realizar grandes movimientos de tierra (una tonelada de tierra por cada 2 gramos de oro extraídos). Se utilizarán mil litros de agua por segundo para obtener 28 gramos de oro. Se prevé una produc- ción anual de cerca de 3 toneladas de oro con una duración de 10 años. En la actividad se utilizan explosivos cuyas detonaciones causarán microsismos que podrían modificar considerablemente los mantos acuífe- ros. Asimismo, las detonaciones incrementarán el riesgo de accidentes en la zona de seguridad de la nucleoeléctrica “”Laguna Verde””. Millones de aves migratorias podrían no regresar y/o morir de continuar el proyecto. Los drenajes sólidos afectarán a diversas comunidades.
Actores en pugna:
Impulsado por: Gold Group (CANDYMIN S.A. de C.V), En contra: Gru- po Ecoguías “”La Mancha en Movimiento””, Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Veracruz.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-mexico/ mina-caballo-blanco-obligara-cambiar-de-ruta-a-millones-de-aves- migratorias http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/85468-expropiaran-tie- rras-para-mina-oro http://www.goldgroupmining.com/s/caballoblanco.asp http://65.60.11.62/resumen.php?id=299152 http://www.jornada.unam.mx/2012/04/05/opinion/017a1pol http://jornadaveracruz.com.mx/Noticia. aspx?ID=120302_142841_121&id_seccion=0 http://www.vanguardia.com.mx/respaldan70especialistasrechazoaca- balloblanco-1229709.html http://www.jornada.unam.mx/2012/02/27/estados/030n1est http://www.afectadosambientales.org/recomendacion-del-ccds-en- torno-a-caballo-blanco/

64.-oro y plata
mExico. huizopa. ciudad madEra, chihuahua Inicio del conflicto: 1994
Despojo de tierras:
Si, sobre 3 mil 498 hectáreas de tierras.
Descripción del conflicto.
La Minera Dolores ha generado contaminación de alta toxicidad de los mantos freáticos por el uso y desecho de cianuro y metales pesados para la extracción en poca cantidad utilizando grandes toneladas de tierra. Gran impacto ambiental como en el río Tutuaca contiguo a los poblados de Dolores y Arroyo Amplio.
Actores en pugna:
Minefinders Coporation, Compañía Minera Dolores, gobierno federal y estatal. En oposicion el Frente Amplio Opositor.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información:
http://cencos.org/node/29674 http://acuddeh.vela-do.net/spip.php?article2715 http://www.jornada.unam.mx/2008/08/09/index.php?section=opinion& article=017a2pol
http://www.olca.cl/oca/mexico/mineras034.htm http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=sociedad &article=042n3soc

65.-mEtalEs pEsados
nicaragua. río mico, En la libErtad. Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
A partir de una investigación realizada por el Centro Humboldt en No- viembre del 2005 se encontraron hallazgos relacionados con la pre- sencia de metales pesados en el Río Mico, lo cual originó, en febrero del 2006, una denuncia ante MARENA por la contaminación. De la denuncia se obtuvo una Resolución Administrativa que debía cumplir la empresa, no obstante, ha sido la fecha y se desconoce el avance de la misma, a pesar que el Centro Humboldt ha solicitado información al respecto. Los ambientalistas expusieron en la municipalidad de La Libertad, que la situación ha llegado a tal grado, que serán numerosos e irreversibles los daños que han venido provocando y provocarán en la población de La Libertad, San Pedro de Lóvago, Villa Sandino y Santo Tomás, los contaminantes depositados en el Rio Mico por las minas a lo largo de la historia.
Actores en pugna:
Pobladores afectados de La Libertad contra la empresa Central Sun Mining Inc implicado en el proyecto de la Mina La Libertad.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.movimientom4.org/ http://www.conflictosmineros.net/

66.-oro y plata
nicaragua larrEynaga, lEón.
Inicio del conflicto: 2002, Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Luego de 14 años de funcionamiento irregular de la minera Tritón S.A. en la provincia de León, los vecinos decidieron elevar una denuncia formal para que cesen los atropellos, no se conceda el permiso de cons- trucción de un nuevo dique de colas que pretende instalar la empresa, y para que las autoridades nicaragüenses fiscalicen y sancionen al titular. De hecho, el 13 de marzo del 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron una denuncia ambiental ante las autoridades competentes tales como Procuraduría Ambiental, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Ministerio de Salud y alcaldía municipal de Malpaisillo. Igualmente, denunciaron la afecta- ción al ambiente en cuanto a la contaminación de aguas superficiales- subterráneas, suelos y atmósfera, además de la salud de los pobladores de la Comarca Mina
Actores en pugna:
TRITON MINERA S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense B2Godl contra la población afectada.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/10796 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=146 http://www.movimientom4.org/2012/08/la-resistencia-ciudadana-con- tra-la-mineria-en-rancho-grande/ http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/protestan-mina- nicaraguense-contra-empresa-transnacional/ http://www.humboldt.org.ni/blog/2009/10/16/caso-de-denuncia-am- biental-triton-minera

67.-oro y otros panamá. soná.
Inicio del conflicto: 2006
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La empresa canadiense Oro Gold inició la explotación de minerales me- tálicos (oro y otros) en Soná de Veraguas, Panamá, situación que puso en peligro la fuente de agua para el consumo humano y la actividad agro ganadera de la región. Luego se rechazó la resolución de abril de 2006 que otorgó permiso para la exploración de minerales metálicos a la empresa Oro Gold de Panamá, S.A., en un área de nueve mil hec- táreas ubicadas en los corregimientos de Corozal y El María. Con lo cual se habría terminado la amenaza de extracción. Pero en el 2010 el distrito de Soná se activó para retomar su lucha en las calles en contra del desarrollo de una mina de oro y cobre en el lugar, un proyecto que parecía haber muerto y que ha reaparecido con la amenaza de un mayor impacto. En el Ministerio de Comercio e Industrias las solicitudes de una sola empresa, la canadiense Oro Gold, ya abarcan 95 mil 149 hectá- reas entre Soná y el distrito vecino de Las Palmas, incluyendo áreas del Golfo de Montijo que son parte de la zona de amortiguamiento del Par- que Nacional Isla de Coiba. La concesión de Oro Gold se elevó de 9 mil hectáreas en 2007, a más de 95 mil hectáreas en la actualidad.
Actores en pugna:
Movilización social en contra de las operaciones extractivas, manifes- tantes por parte de la comunidad contra la empresa Oro Gold.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=61 http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2008/10/16/hoy/panora- ma/1557842.html http://www.thepanamanews.com/pn/v_13/issue_18/spanish_ opinion_06.html http://www.laestrella.com.pa/online/al-minuto/2010/07/18/prohibiran- extraccion-de-metales-en-veraguas.asp

68.-minEría mEtálica
panamá. provincia dE chiriquí. Inicio del conflicto: 2007
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Los pobladores de la Provicia de Chiquirí, junto un conjunto de organi- zaciones ambientalistas, rechazan la minería metálica a cielo abierto que se realizan a lo largo y ancho de su territorio. En mayo del 2008 protestaron en la Carretera Interamericana en la entrada a Soloy, donde participaron aproximadamente un millar de indígenas.
Actores en pugna:
La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambienta- listas contra Aur Resources.
Criminalización social:
Los indígenas continúan su bloqueo de la carretera Panamericana en protesta por las concesiones otorgadas a empresas mineras internacio- nales en Panamá. En los últimos días ha habido enfrentamientos entre manifestantes y polícias provocando la muerte de un manifestante en San Félix, en la provincia de Chiriquí.
Fuentes electrónicas de información http://www.movimientom4.org/, http://www.conflictosmineros.net/

69.-cobrE
panamá. provincia dE coclé. Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Petaquilla Minerals LTD, una empresa de exploración con base en Vancouver desarrolla los proyectos de oro de Molejón (Petaquilla Gold, S.A.) además del Proyecto de cobre de Petaquilla (Petaquilla Copper Ltd) ubicados en la provincia de Coclé, en el Centro Este de Panamá. Justo en la selva del cerro Petaquilla, la compañía pretende abrir una de las minas de cobre más grande del mundo a cielo abierto, en el límite entre Colón y Coclé. La empresa realiza una tala de aproximadamente dos hectáreas de bosque en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, situación que llama la atención de residentes y autoridades del área. La queja propició un viaje de la Defensoría del Pueblo para veri- ficar la destrucción del área boscosa. La Anam mantiene un proceso administrativo contra la minera por violar la legislación ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sancionó a la compañía con 10 mil dólares de multa por realizar una tala ilegal.
Actores en pugna:
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y Defensoría del Pueblo con- tra Petaquilla Minerals Ltd y tck Cominco Limited. Provincia COCLÉ.
Criminalización social:
Los campesinos del sector de Coclesito que se oponen a la explotación minera en Petaquilla, por considerarla “un atentado a su salud y al ambiente”, se enfrentaron en mayo de 2009 a unidades de la Policía Nacional. Durante el choque 19 personas fueron detenidas, entre ellas 4 mujeres y fueron remitidas a las autoridades competentes en la corre- giduría de San José, El General, en Coclesito, acusados de alteración el orden público y obstaculizar el libre tránsito vehicular.
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=33 http://www.prensa.com/uhora/indigenas-exigen-el-cierre-de-proyecto- minero-de-petaquilla/21706
http://www.preciooro.com/panama-minera-cerro-petaquilla-produci- ra-120000-onzas-de-oro-por-ano.html http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=vie w&idioma=1&id=1093561&Itemid=1 http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/10/22/las-mineras- detras-del-oro-y-el-cobre-panameno.asp http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2010/11/22/proyecto-de- petaquilla-genera-polemica-ambiental.asp http://www.lahaine.org/index.php?p=20624&lhsd=3

70.-piEdra dE cantEra panamá. arraiján. Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
La concesión otorgada por el gobierno panameño comprende 500 hec- táreas, zona declarada como y patrimonio de los arraijaneños.
Descripción del conflicto:
El problema de Cerro de Cabra ha estado presente desde el año 2000, sin embargo, en 2012 el problema se agudizó cuando el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) concesionaron 500 hectáreas en junio de ese mismo año a la empresa Cantera del Istmo. Las protestas por distintos grupos de la sociedad civil comenzaron, argumentando que la concesión para extraer piedra de cantera daña a la reserva forestal considerada como patrimonio nacional y el agua que abastece la zona. Los pobladores denunciaron el Acuerdo Municipal No. 24 del 5 de abril de 2012, que establecía a Cerro Cabra como Área Protegida. Así, con la presión ejercida sobre el MICI el proyecto fue temporalmente suspen- dido, pero aún continúa la latencia del problema.
Actores en pugna:
Esperanza Mena representa al movimiento social en pugna, continua en contra de las concesiones extendidas por Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a la empresa Cantera del Istmo.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.elsiglo.com/mensual/2012/07/12/contenido/534193.asp http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/06/27/se-reactiva- frente-contra-la-mineria-en-veracruz.asp http://www.elsiglo.com/ mensual/2012/06/27/contenido/528857.asp http://www.laestrella.com. pa/online/impreso/2011/10/25/surge-polemica-en-cerro-cabra.asp

71.-divErsos mEtalEs (proyEcto cErro chorcha) panamá corrEgimiEnto dE guariviara, distrito dE kankintÚ, comarca ngöbE-buglé.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La comunidad indígena Ngöbe rechaza el proyecto minero Cerro Chor- cha. La empresa recibió una concesión de exploración minera del Mi- nisterio de Comercio e Industria en 2006, firmado por Manuel José Paredes que apareció como Jefe Oficial Ejecutivo de Dominion Minerals en Febrero 2009, dos meses después de salir de su carga en MICI. El aprobó la concesión sin Estudio de Impacto Ambiental. El supuesto “permiso” de la comarca es ilegal. El artículo 48 de la ley 10 de la Co- marca dice, “En estos casos (de exploración o explotación), el Estado y el concesionario desarrollarán un programa de divulgación, de for- ma que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente sus puntos de vista sobre dichos proyectos”. Posteriormente el 10 de febrero de 2011, el Proyecto de Ley 277 es aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, y 1 día después, sancionado por el Presidente de la República, convirtiéndolo en la Ley 8 de 2011, mediante la cual se reformo el Código de Recursos Minerales, permitiendo, entre otras cosas, la inversión extranjera direc- ta en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, contrariando así lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución. Esto desencadenó, por segundo año consecutivo, en- frentamientos entre unidades de la Policía Nacional e indígenas de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesino. En 2012 la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos aprueba en Primer Debate el Proyecto de Ley 394, que modifica el Código de Recursos Minerales, incluyendo una reforma al artículo 4 de dicho código, que abriría nuevamente las puertas a la inversión extranjera directa en el sector minero panameño, por parte de empresas propiedad de Estados extranjeros, y desconoce el Acuerdo de San Félix firmado el 27 de febrero de 2011 entre el gobierno y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe, Buglé y Campesino.
Actores en pugna:
La comunidad indígena Ngöbe cotra la empresa minera Dominium Minerlas Corp. Se formaron algunos grupos como La lucha del Frente Santeño Contra La Minería y El Frente Nacional Contra La Minería. Así como el Grupo de Apoyo Solidario (GAS), como organismo de soli- daridad con la lucha del pueblo indígena Ngobe Bugle.
Criminalización social:
Se han registrado enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacio- nal e indígenas de los pueblos Ngäbe, Buglé y campesinos.
Fuentes electrónicas de información: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_ db/?page=conflicto&id=91 http://www.ellibrepensador.com/2013/01/14/asamblea-ciudadana-de- panama-ante-las-politicas-de-ricardo-martinelli/ http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=39124 http://old.kaosenlared.net/noticia/panama-grupos-ngbe-solidarios- contra-mina-cerro-chorcha http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro/ http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_ le:%22Cerro+Chorcha%22
http://cerrochorcha.blogspot.mx/

72.-aluminio. paraguay
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La planta de Aluminio Río Tinto Alcán tendrá un costo de 3,500 mi- llones de dólares y será emplazada en el suroeste del país, cerca de las grandes hidroeléctricas que Paraguay controla con Argentina y Brasil. Su construcción supondrá la mayor obra civil emprendida en esta nación suramericana tras esas represas. Las negociaciones comenzaron a gestarse durante el gobierno de Fernando Lugo, pero es a partir del golpe de Estado que el proyecto comienza a concretarse. Hasta el mo- mento, las protestas se han concentrado en la organización Paraguay Resiste, formada tras el golpe de Estado de Fernando Lugo. La cam- paña “”No al Golpe de Río Tinto Alcan (RTA)”” tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía para lograr el rechazo de la entrega de sobe- ranía energética del Paraguay a RTA. Asimismo diversos especialistas han expresado su preocupación sobre la alta toxicidad de lodo rojo que producirá la alúmina y la inexperiencia del país en el tratamiento de este tipo de desechos. Al peligro de contaminación de cauces hídricos se suma el de la atmósfera, puesto que alrededor de siete toneladas de humo y partículas serían lanzadas diariamente por la planta. (Im- pacto ambiental de la planta de aluminio Rio Tinto Alcan,Paraguay/ Publicado por Serotox). Río Tinto usará 1.600 megavatios de potencia, consumo que en siete u ocho años hará que en Paraguay escasee energía eléctrica, ante lo cual buscará se alternativas como el carbón, el gas o al petróleo. La otra crítica es que, en proporción a la cantidad de energía eléctrica paraguaya que utilizará la empresa, son pocas las fuentes de empleo que generará.
Actores en pugna:
A favor del proyecto: miembros del gobierno afines a Federico Franco, Empresa Río Tinto Alcán (RTA): segunda mayor fundidora de alumi- nio en el mundo, además, se dedica la extracción de diversos minera- les, tiene presencia en los cinco continentes y diversas denuncias en contra de sus proyectos. En contra del proyecto: Organización social “Paraguay Resiste”.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.sertox.com.ar/modules.php?name=News&file=article&s id=5573
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101756 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/27-paraguay/10586-lan- zan-campana-lno-al-golpe-de-rio-tinto-alcanr http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102014

73.-oro
paraguay. paso yobai, dEpartamEnto dE guairá. Inicio del conflicto: 2009
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Desde hace aproximadamente 20 años, centenares de mineros arte- sanales trabajan en la explotación del oro de Paso Yobai. En 2001 las empresas Minas Paraguay y Minas Guairá recibieron la concesión para la explotación de unas 7, 200 hectáreas y posteriormente negociaron sus derechos con la empresa canadiense Latin American Minerals Paraguay S.A (LAMPA), que finalmente se quedó con los derechos de prospección, exploración y explotación. Los mineros han declarado que la empresa canadiense está realizando una intrusión en sus territorios, a pesar de que se les permitió seguir explotando los recursos de manera artesanal mientras se realizaron los trabajos de prospección. A partir del 2012, los pobladores han declarado que los empresarios empezaron a sacar el oro en gran cantidad de manera oculta para evadir los Royalties. Los mineros y pobladores de Paso Yobai comenzaron a manifestarse contra la inauguración de la planta procesadora y bloquearon el paso en el puente Tebicuarymí. La empresa decidió suspender la inauguración, sin embargo la mina comenzó a operar al tiempo que desplegaron una denuncia en la Fiscalía y la Contraloría General de la República “por violación del derecho ciudadano cometida por autoridades públicas que amparan e impulsan el accionar de gavillas descontroladas que reco- rren la zona sembrando el miedo y la inseguridad”.
Actores en pugna:
Mineros artesanales; la empresa canadiense Latin American Minerals Paraguay S.A (LAMPA), el gobierno local -que ha apoyado a la pobla- ción en la resistencia- , y otras instancias del Estado Paraguayo.
Criminalización social:
La empresa manifiesta que en Paso Yobai, los trabajadores deben so- portar, como en Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro o Concepción, el acoso de “grupos acostumbrados a vivir al margen de la ley”. Luis Rojas Villagra y Jorge González Solís, “Minas de oro en Paso Yobai: las cir- cunstancias enfrentan dos modelos de explotación”, en: Delgado Ramos Gian Carlo, Ecología política de la minería en América Latina, CEIICH- UNAM, México, 2010.
Fuentes electrónicas de información: http://redaf.org.ar/noticias/wp-content/uploads/2012/02/publicacion- ecologia-politica-mineria-AL.pdf http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=11483&l=2 http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=11483&l=2

74.- cobrE y molibdEno
pErÚ. vallE dEl río asana, distrito torata, povincia mariscal niEto, moquEgua.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el uso del proyecto cupífero, a tajo abierto, Quellaveco.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Minera Anglo American Quellaveco S.A. / En oposición: Junta de Usuarios de Agua del distrito de Torata, Frente regio- nal de defensa y medio ambiente de Moquegua, Frente regional de defen- sa de Moquegua, 28 comunidades campesinas del distrito de Torata.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/ Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf http://www.angloamerican.com/business/copper/projects http://elcomercio.pe/tag/377759/proyecto-minero-quellaveco http://gestion.pe/empresas/mem-anglo-american-desarrollara-proyec- to-quellaveco-todas-maneras-2056112 http://www.mineriaaldia.com/tag/proyecto-minero-quellaveco/

75.-cobrE
pErÚ. distrito cocachacra, provincia dE islay. arEquipa.
Inicio del conflicto: 2010
Despojo de tierras:
No se tienen registros.
Descripción del conflicto:
De acuerdo con la información de la empresa Southern Copper, el pro- yecto “Tía María” contempla la explotación de un tajo a cielo abierto los depósitos de cobre disponibles en la región en un duración aproximada de 21 años. Este proyecto se suspendió en abril del 2011, tras 17 días de violentas protestas por parte de los pobladores de Islay, en Arequipa, quienes argumentaron que el uso de las aguas de la cuenca del río Tam- bo para las actividades de “Tía María”, afectarían la producción agroex- portadora del valle. En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió una resolución mediante la cual se declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Posteriormente, el presidente ejecutivo de Southern Copper informó que presentarían a fines de octubre o inicios de noviembre de 2012 un nuevo estudio de im- pacto ambiental (EIA) para el proyecto, el cual requiere una inversión de US$1.000 millones para su desarrollo. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseguró que el Gobierno se ha propues- to impulsar de nuevo el proyecto en 2013.
Actores en pugna:
Empresa Southern Copper; diversas instancias del gobierno peruano; fuerzas policiales y militares; Frente Amplio de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la Provincia de Islay (FADDIP-ISLAY); Frente de Lucha de Cocachacra,; CORECAMI Arequipa (Coordinadora Regional de las Comunidades Afectadas por la minería) y Juntas de usuarios (de agua) de la provincia de Islay.
Criminalización social:
Algunas manifestaciones fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas, las cuales reprimieron y criminalizaron a los pobladores.
Fuentes electrónicas de información: http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/tiamaria.aspx http://elcomercio.pe/economia/1512662/noticia-gobierno-impulsara- ejecucion-tia-maria-conga-2013
http://elcomercio.pe/actualidad/739845/noticia-gobierno-cancelo-defi- nitivamente-proyecto-tia-maria http://elcomercio.pe/economia/1465443/noticia-southern-copper-pre- sentara-nuevo-eia-tia-maria-octubre

76.-cobrE
pErÚ. distrito El carmEn dE la FrontEra, provincias huancabamba y ayabaca. piura.
Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras:
La concesión minera a tajo abierto se ubica dentro de ecosistemas frá- giles del páramo y el bosque de neblina de uso tradicional de las comu- nidades campesinas de Piura.
Descripción del conflicto:
Rechazo de la población de la actividad minera por la presunta presen- cia ilegal de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (Majaz) en la zona, y por la posible contaminación ambiental que podría generar el desarrollo de Proyecto Río Blanco.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Empresa Minera Río Blanco Copper S.A., Go- bierno Cenral. / En oposición: Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú – FDSFNP, Rondas Campesinas de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, Federación Provincial de Comuni- dades Campesinas de Ayabaca.
Criminalización social:
En el año 2005 se denunció penalmente a 107 personas por la presun- ta comisión de delitos diversos contra la empresa minera Río Blanco Copper S.A. Habiendo sido absueltos en junio del 2012 (Expediente N° 140-2005)
Fuentes electrónicas de información: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/ Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012. http://www.fedepaz.org/
http://www.todosobrerioblanco.com/

77.-complEjo polimEtálico. (mina antamina) pErÚ. san marcos, rEgión áncash.
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
El 25 de julio de 2012, se produjo una ruptura en el mineroducto de la mina Antamina, principal extractor de cobre, zinc, bismuto, molibdeno, plata y plomo, la cual ocasionó un derrame de 45 toneladas de concen- trados tóxicos, afectando a los trabajadores y a los pobladores más cer- canos. La inhalación de sustancias tóxicas, como el cobre alcalino, el arsénico, el berilio y el sílice, provocó quemaduras en los pulmones de los pobladores. De un total de 210 personas afectadas directamente, 45 fueron internadas. Asímismo, se registran posibilidades de malformaciones en los descendientes de los pobladores. Con el fin de que los químicos no llegaran a contaminar el río más cercano, la empresa Antiamina pidió a los pobladores limpiar el derrame de tóxicos, sin otorgar ningún tipo de protección ni capacitación. Cuando se solicitó por parte del alcalde el cierre de la tubería que desfogaba las sustancias tóxicas, la empresa indicó que no se tenían las llaves para realizar dicha petición, por lo que los habitantes tuvieron que realizar su mayor esfuerzo para controlar el derrame. Semanas después, la empresa se reunió con los pobladores y les ofreción 250 soles para compensar los daños. Se anunció que la empresa será sancionada con 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 2 millones 190 mil soles (aprox. US $ 842,000).
Actores en pugna:
Compañía Minera Antamina S.A. ( joint venture entre cuatro empre- sa líderes en el sector minero mundial: BHP Billiton (33.75%), Xstrata (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi Corporation (10%)); Presidente re- gional de Ancash (César Álvarez); alcalde del distrito de Cajacay (Felipe Santos Sandoval) y pobladores de la región.
Criminalización social:
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) informó sobre la detención de más de veinte pobla- dores de la región, quienes se manifestaron en contra de la mina y de- nunciaron la grave contaminación. Las detenciones fueron realizadas por agentes policiales contratados por Antamina. Ante esta situación la CONCAMI ha denunciado al Gobierno y las autoridades locales por las violaciones de derechos humanos que sistemáticamente se registran contra quienes reclaman sus derechos.
Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102212 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102181 http://olca.cl/oca/peru/mineras112.htm
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101716 http://www.conacami.pe/ http://www.antamina.com/es/index.php

78.-cobrE (minEraxtrata)
pErÚ. cc tintaya marquiri, provincia Espinar, cusco. Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
Sí. Se demanda la reubicación la presa de relaves del sector denominado Huanipampa.
Descripción del conflicto:
La Provincia de Espinar ha demandado a la empresa minera Xtrata Copper – Proyecto Tintaya Antapacay ampliar los aportes al desarrollo socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de relaves de Huanipampa; y asumir compromisos ambientales ante posibles impactos susceptibles de generarse como consecuencia de sus actividades en la zona.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Empresa Xstrata Tintaya, Gobierno Central / En oposición: Gobierno local, Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FU- DIE), CCCC Suero, Cama y Tintaya Marquiri.
Criminalización social:
El 29 de mayo el Estado declara Estado de Emergencia en la la provincia de Espinar y detienen a pobladores. El 02 de junio detie- nen de manera preventiva por cinco meses del alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, en un penal de la ciudad de Ica (costa), mientras dure la investigación por parte del Ministerio Público. El 13 de junio Mollohuanca es excarcelado, otorgándole libertad bajo comparecencia.
Fuentes consultadas: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/ Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf http://www.larepublica.pe/02-06-2012/alcalde-de-espinar-tendra-pri- sion-preventiva-por-cinco-meses http://www.larepublica.pe/17-01-2013/cusco-mesa-de-dialogo-de-espi- nar-amplia-plazo-que-asegurara-proceso-de-dialogo http://www.larepublica.pe/14-01-2013/monitoreo-ambiental-en-espi- nar-continua-en-comunidades-de-huisa-y-alto-huancane http://www.larepublica.pe/18-11-2012/gobierno-se-toma-su-tiempo- para-solucionar-conflicto-con-la-minera-xstrata http://www.larepublica.pe/12-07-2012/espinar-expone-hoy-demandas

79.-oro
pErÚ. distritos huasmín y sorocucho y la Encañada, En la provicnia dE cElEndín, dEpartamEnto dE cajamarca. Inicio del conflicto: 2011
Despojo de tierras:
Sí se ha registrado en tanto el proceso de otorgamiento de la concesión minera no ha sido consultado entre las comunidades campesinas de Ca- jamarca, ni cuenta con el consentimiento de las mismas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.
Descripción del conflicto:
Autoridades, representantes de organizaciones de sociedad civil y co- muneros de las Provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc deman- dan se declare la inviabilidad del Proyecto minero Conga de la Empresa Minera Yanacocha SRL, por los impactos ambientales negativos sus- ceptibles de generarse en el ambiente, ante la afectación a 4 lagunas consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas.
Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Empresa Minera Yanacocha SRL. – Proyecto Minero Conga, Gobierno Central. / En oposición: Gobierno Regional de Cajamarca, Gobiernos distritales, Frente de Defensa Ambiental de Ca- jamarca, Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC
Criminalización social:
Durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Po- licia Nacional del Perú (PNP), el día 30 de mayo se detuvieron a ocho personas y el 14 de junio se detuvieron a otras siete personas. Asimis- mo, efectivos PNP han agredido a manifestantes y periodistas durante las jornadas de protesta contra el proyecto minero. El día 21 de junio efectivos policiales agredieron en la Comisaría N° 1 de Cajamarca a abogados representantes de instituciones de derechos humanos locales y a la representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, que se acercaron a dicha dependencia para conocer el estado de los detenidos por las manifestaciones que se realizan por el paro regional en opo- sición al proyecto Conga. En enfrentamientos con la policia, mueren 5 pobladores en las ciudades de Celendín y Cajabamba, seguido de la detención arbitraria del dirigente Marco Arana y actos de abuso de autporidad contra abogados de la Defensiría del Pueblo en la comisaría de la ciudad de Cajamarca. Luego de los actos violentos, el presiden- te Ollante Humala declara el estado de emergencia para la región y la población, en respuesta, vela a sus mártires en una manifestación pública. Una semana después de los disturbios, el Gobierno nombra a los sacerdotes Cabrejos y Garatea como facilitadores para entablar el diálogo entre las paprtes del conflicto, con visitas in situ con dirigentes, pobladores a las lagunas que usaría el Proyecto Conga, así como con reuniones con representantes de Nuewmont y Yanacocha en la ciudad de Lima, avisonrando que el trabajo de resolución del conflicto tomará por lo menos el plazo de un año de diálogo.
Fuentes electrónicas de información: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/ Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-99-Mayo-2012.pdf http://elcomercio.pe/peru/1428388/noticia-dia-15-paro-cajamarca- 7-personas-fueron-detenidas-durante-protestas http://ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=4866&tip=red http://derechoshumanos.pe/2012/06/policias-golpean-a-abogadas-de- defensoria-del-pueblo-y-de-la-cnddhh-en-cajamarca/ http://www.noticiasser.pe/22/06/2012/cajamarca/cajamarca-enfrenta- mientos-la-noche-de-ayer http://www.larepublica.pe/23-06-2012/cajamarca-defensor-del-pueblo- rechaza-maltratos-funcionaria http://www.noticiasser.pe/18/07/2012/cajamarca/conga-facilitadores- garatea-y-cabrejos-recorren-lagunas http://www.noticiasser.pe/18/07/2012/cajamarca/gregorio-santos-lan- za-la-propuesta-de-realizar-un-referendum-para-conga

80.- níquEl
rEpÚblica dominicana. loma dE miranda, la vEga. Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Estudiantes, grupos ambientalistas y miembros de la sociedad civil pro- testan en contra de la explotación a cielo abierto de la minería en Loma de Miranda, pues aseguran ser un lugar sagrado, cargado en biodiver- sidad, allí se encuentran 1,110 especies, de ellas 241 son endémicas, así como 13 animales endémicos y 23 autóctonos con gran amenaza de extinción y próxima a ser una area natural protegida. Se estima que cerca de 420 mil personas vinculadas a la agricultura en 8 provincias y localidades se encuentran en peligro por la contaminación ambiental. Desaparecería un bosque de pinos endémicos
Actores en pugna:
Red Nacional de Acción Juvenil, Academia de Ciencias de República Dominicana, Sociedad civil, Cooperativa Vega Real la empresa minera Falconbrigde Dominicana
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://josersosa.blogspot.mx/2012/08/loma-miranda-todo-cuanto- debe-saber-y.html http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/8/9/242976/ Miranda-una-loma-que-tiene-mas-que-minerales http://www.noticiassin.com/2012/08/experto-denuncia-supuestos- danos-provocaria-explotacion-loma-miranda/ http://coopvegareal.blogspot.com/2012/08/no-mas-compra-de-concien- cia.html

81.-oro (puEblo viEjo)
rEpÚblica dominicana. puEblo viEjo Inicio del conflicto: 2012
Despojo de tierras:
En los pueblos de Caballero, Comedero Arriba y Hernando Alonzo, la minera ha descubierto que hay grandes yacimientos de oro y propone a los propietarios que les vendan sus predios.
Descripción del conflicto:
La principal protesta contra la extracción del mineral es la posibilidad de derrames de cianuro, en la presa Hatillo, en ríos y suelos que pueden contaminar a la población en general. La utilización de 2,500 metros cúbicos de agua por hora, siendo un recurso escaso en la región. Sociedad en general ya que hay posibilidades de derrame de cianuro en la presa Hatillo que abastece gran parte de República dominicana.
Actores en pugna:
Activistas Salva tierra y la comunidad del Llagal, quienes impugnan la extracción del mineral y la empresa minera canadiense Barrick Gold y Gold Corp.
Criminalización social:
Amedrentamientos policiacos en la marcha ciudadana del 4 de julio de 2012 desde Santo Domingo hacia las oficinas de las coorporaciones mineras. Abuso de los trabajadores por parte de la minera promoviendo el trabajo en zonas de alto riesgo.
Fuentes electrónicas de información http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101605 http://www.accionverde. com/2012/07/04/marcha-contra-barrick-goldcorp-y-cianuro/ http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101802http://olca.cl/articulo/nota. php?id=101407http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102043 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-republica- dominicana/exigen-renegociar-contrato-entre-estado-dominicano-y- barrick

82.-hiErro (proyEcto aratiri) uruguay. valEntinEs
Inicio del conflicto: 2008
Despojo de tierras:
En el año 2008, comenzaron las actividades de exploración. En este contexto, una productora rural denunció a la minera por los destrozos ocasionados por las perforadoras en su campo y fue desalojada el 30 de julio junto con su familia y los animales del campo lindero que arren- daba desde hace más de diez años. Cuando Claudia Perugorría entabló el pleito a Aratirí para cobrar los daños a su predio, la minera le puso precio a su campo y ofreció comprárselo. La minera declaró que es fal- so que haya desalojado a la familia rural. Por su parte, desde el Obser- vatorio Minero del Uruguay se dio cuenta que a finales de julio de 2012 tuvo lugar el primer desalojo de una familia rural por la minera Aratirí.
Descripción del conflicto:
La empresa Zamin Ferrous planea invertir 2,000 millones de dólares para exportar 18,000,000 de toneladas anuales de hierro. El mega pro- yecto implica varias obras de infraestructura que amenazan la susten- tabilidad en zonas de gran riqueza ambiental de Uruguay, afectando de forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha. En 2011 diversas or- ganizaciones sociales han protestado contra este proyecto pues resulta incompatible con el Derecho Ambiental consagrado en la Constitución uruguaya. Además de cuestionamientos ambientales y pedidos de na- cionalización del hierro, algunos políticos uruguayos se han opuesto al proyecto. Asimismo, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) aplicó una multa de US$ 70.000 aproximadamente a la em- presa Aratirí, por haber realizado perforaciones que no estaban auto- rizadas por ese organismo. En este contexto, Aratirí se ha demorado por negociaciones complejas entre el gobierno y la empresa sobre las condiciones para la explotación de los yacimientos.
Actores en pugna:
En contra del proyecto: productores rurales, población de Rocha, Ce- rro Chato y Valentines, diversas organizaciones sociales (Amigos de la Tierra Uruguay, Movimiento por un Uruguay Sustentable) y algunos políticos (Juan Manuel Garino, Luis Lacalle Pou). A favor del proyec- to: algunos pobladores locales que reunieron firmas de apoyo, algunos sectores del gobierno, intereses privados.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras012.htm http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras013.htm http://www.olca.cl/oca/uruguay/mineras014.htm http://www.elobservador.com.uy/noticia/231405/desvios-sobre-el- medioambiente/ http://www.elacontecer.com.uy/16461-movimiento-ambientalista-denun- cio-el-primer-desalojo-de-una-familia-rural-por-la-minera-aratiri.html http://www.elacontecer.com.uy/16737-aratiri-desmintio-haber-sido- responsable-de-accion-judicial-alguna-en-perjuicio-de-una-familia- rural.html

83.-oro
vEnEzuEla. rEsErva ForEstal imataca, Estado dE bolivar. Inicio del conflicto: 1997
Despojo de tierras:
Ha habido un histórico desplazamiento de comunidades indígenas por la presión que ejerce la actividad en la zona.
Descripción del conflicto:
Las Cristinas es uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo con reservas estimadas en 17 millones de onzas. La explotación del yacimiento había sido entregada a la empresa Cristallex de capital ca- nadiense, pero a inicios del 2011 las autoridades le retiraron el permiso como parte de la nacionalización de actividades estratégicas; ante tal si- tuación la empresa presentó una denuncia ante el centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco mundial. Y es que justo el gobierno venezolano anunció a principios del 2012 su interés en explotar en conjunto con la corpora- ción estatal china de inversiones CITIC Group los recursos de dicha mina. Y es que la ley minera obliga a que la inversión sea mixta y ma- yoritaria para el Estado. Aparte del conflicto por quién se hará cargo de la explotación, lo que preocupa es el panorama que se vislumbra puesto que el incremento en la producción de oro va acompañado de un con- secuente aumento de los problemas sociales y ambientales, si bien en la zona ya vienen dándose desde hace tiempo exigencias de comunidades indígenas por que la minería salga de la zona. Otro de los conflictos en la zona es el que manifiestan los pequeños mineros que se oponen a ser desplazados por la explotación de las compañías trasnacionales.
Actores en pugna:
Gobierno, corporación minera china CITIC Group, madereros, peque- ños mineros, comunidades indígenas, pertenecientes a las etnias Wa- rao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón .
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.urgente24.com/205143-chavez-entrega-la-mayor-mina-de- oro-a-china-que-niega-operacion-electoral http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-venezuela/ venezuela-busca-explotar-oro-de-mina-las-cristinashttp://www.oro- yfinanzas.com/2012/02/venezuela-va-a-explotar-junto-con-china-el- yacimiento-las-cristinas/ http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/11/05/chavez-va-por- mina-de-oro-las-cristinas http://www.eraecologica.org/revista_03/lee_03.htm?imataca. htm~mainFrame http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/7535-em- presa-minera-venezolana-trabaja-por-duplicar-qproduccionq-aurifera http://globovision.com/articulo/venezuela-gano-juicio-internacional- sobre-mina-las-cristinas-del-estado-bolivar

84.-níquEl
vEnEzuEla. tiara, En El municipio santos michElEna dEl Estado dE aragua.
Inicio del conflicto: 1998
Procesos de despojo de tierras:
No existe problema de despojo de tierra, sólo el incumplimiento de los acuerdos de la minera Lomas de Níquel con la comunidad de Tiara, pues aquélla se había comprometido a retribuir con servicios a las comunida- des aledañas a la mina, ya que estaba explotando sus tierras.
Descripción del conflicto:
Lomas de Níquel se construyó en 1998 como producto de la sociedad en- tre dos empresas extranjeras y con dinero que aportó el Banco Mundial, desde entonces surgieron las quejas en Tiara. En el año 2000 la minera comenzó a operar con una concesión de 30 años y en 2003 ya habían lle- gado denuncias por contaminación a la Asamblea Nacional, que concre- tó la investigación parlamentaria hasta 2005. Los habitantes dicen que la minera pone en riesgo la cuenca del Río Guárico y el sistema del Tuy. Además, la empresa emite carbonilo de níquel que produce enfermeda- des en la piel, las vías respiratorias y se queda presente en la sangre. En 2008 se pidió a la empresa atención médica para los afectados pero ésta no responde a las demandas, aún con la existencia de acuerdos cuando la minera empezó a operar. Lomas de Níquel presenta estudios en los que no hay vinculación entre la empresa y las enfermedades. En térmi- nos de servicios públicos también Tiara tiene problemas, sobre todo en carreteras, transporte y electricidad. Han existido protestas y se creó una Comisión de Ambiente Local pues los habitantes no confían en los estudios e informes oficiales; hay organizaciones no gubernamentales que los respaldan, mientras la alcaldía está con la empresa. En 2011 la empresa respondió a una de las demandas y mejoró el servicio de elec- tricidad, pero en términos ambientales la situación permanece igual y la salud de los habitantes de Tiara sigue en peligro.
Actores en pugna:
Los habitantes de Tiara, quienes no han conseguido que sus demandas ambientales y de salud sean resueltas. La alcaldía de Santos Michelena que apoya a la empresa. Y las ONG ́s que intentan ayudar a los afectados.
Criminalización social:
Debido al mal estado de las calles y el transporte, a finales de 2010, los habitantes de Tiara cerraron durante 3 días el acceso a la minera, quien no quería reunirse con los consejos comunales. Tuvieron lugar enfrentamientos con la alcaldía, pues decidió quitar la manifestación con violencia y gas lacrimógeno fue utilizado en contra de los incon- formes. Se trata en todo caso de una represión violenta de la protesta.
Fuentes electrónicas de información: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/6339-habi- tantes-de-tiara-sufren-efectos-de-contaminacion-minera http://www.conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/6340-pro- testan-en-minera-lomas-de-niquel http://www.eluniversal.com/2005/07/03/pol_art_03161A.shtml http://www.elsiglo.com.ve/modules.php?name=News&file=article&s id=3830 http://www.elaragueno.com.ve/region/articulo/16020/gobierno-de-san- tos-michelena-y-lomas-de-niquel-afianzan-acuerdos

85.-oro
vEnEzuEla. mina bulla tonoro, angostura, bolívar. Inicio del conflicto: 2011
Despojo de tierras:
Hay proceso de despojo de tierra porque la extracción del oro en esta región del estado de Bolívar en gran parte es llevada a cabo por los po- bladores originarios; cuando con el Decreto 8413 el Estado venezolano se reserva la exploración y explotación del oro en territorio nacional por ser un recurso estratégico, se declaran zonas de seguridad nacional a las tierras auríferas, que originalmente son tierras indígenas.
Descripción del conflicto:
En el contexto de la nacionalización del oro y del plan de erradicación de la minería ilegal, en octubre de 2011 las Fuerzas Armadas de Venezuela toman el control de la mina Tonoro en La Paragua, expulsando a un mil 500 mineros ilegales que explotaban el oro. Los militares comenzaron a explotar las minas y propinaban maltratos a los indígenas además de solicitarles el pago de 30 gr. de oro semanales. El ejército ordenó que a Maraima no entraran periodistas y negaron el maltrato. Hubo quejas con la autoridad sobre el maltrato, pero no fueron atendidas. Debido a esto las etnias Pemón y Yekuana protestaron, desarmaron y retuvieron cerca de 20 soldados. Habían 500 pobladores originarios custodiando a los militares, las fuerzas armadas enviaron por ello al rededor de 500 efectivos; los militares nunca han negociado con las etnias, todo ha sido llevado a cabo por la fuerza, según lo afirma el ex alcalde de Gran Sa- bana, Ricardo Delgado. El 30 de octubre fueron liberados los soldados, y la zona fue desmilitarizada, sin embargo selva adentro hay grupos armados que también buscan el control de las minas. Para 2012 la mina sigue controlada por los Pemón, desconocen al ejército y en la zona hay constantes conflictos, entre ellos homicidios que en su mayoría quedan impunes. La vida de la etnia Pemón está en función de la extracción de oro, pero no por ser explotada por ellos deja de ser contaminante, el problema ambiental está latente, sobre todo por el uso de mercurio, que también tiene consecuencias para la salud.
Actores en pugna:
Las etnias que defienden sus tierras y los recursos que en ellas se en- cuentran, pues apelan a sus derechos ancestrales. El ejecutivo venezola- no que nacionalizó el oro y provocó un grave conflicto que ha generado la organización de las etnias para impedir el despojo. Los militares, que se enfrentan directamente al problema y que además quebrantan la ley al explotar el mineral.
Criminalización social:
Desde que se reservó la explotación del oro al Estado venezolano, todos los mineros locales se convirtieron en ilegales, y a ellos hay que agregar las bandas de extranjeros (p. ej. Colombianos) que pelean por la obten- ción del recurso. Mediante el Decreto 8413 se criminalizó la actividad de subsistencia de pueblos que reclaman tal como parte de su derecho a la tierra.
Fuentes electrónicas de información: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/cap- turan-a-7-colombianos-por-asesinatos-en-mina-de.aspx http://www. conflictosmineros.net/contenidos/24-venezuela/8793-mientras-desalo- jan-mineros-e-indigenas-protegen-a-otros http://www.noticierodigital. com/2011/10/indigenas-desarmaron-a-militares-en-yacimiento-de- oro-en-la-paragua-desalojado-2-meses-antes/ http://www.eluniversal. com/economia/111101/mineros-indigenas-denunciaran-actos-ilegales- de-militares http://amigransa.blogia.com/2012/030102-mafias-en-alto- paragua-explotacion-de-oro-y-destruccion-de-la-naturaleza-en-la-g. php

agua

1.-agua supErFicial
argEntina. río atuEl. EntrE la provincia dE mEndoza y la pampa.
Inicio del conflicto: 1976
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Desde principios del siglo XX, en la provincia de Mendoza se comenzó a restringir los cursos de agua que alimentaban al Río Atuel con el fin de utilizarlos para riego. Cabe destacar que dichas fuentes son las que proveían el caudal al río Atuel que atraviesa el oeste de la provincia de la Pampa. Luego, en 1948 se construye el dique “El Nihuil”, con lo que quedó completamente bloqueado el paso de agua hacia el sur de Mendoza y toda la Prov. de La Pampa, destruyendo por completo eco- sistemas, humedales y desertificando vastas zonas, por consiguiente ha disminuido la biodiversidad de la zona afectando también a especies migratorias. A partir de dicha obra, río fue dejado sin ningún caudal de agua, fue “borrado del mapa”. Dicho río es la única y principal fuente de agua para el oeste pampeano. A partir de 1976 La Pampa ha formulado diversos reclamos sin tener hasta la fecha respuesta positiva.
Actores en pugna:
Principalmente la Prov. de Mendoza que protege a sus productores de frutas y verduras que utilizan el agua para riego. El conflicto es con la Prov. de La Pampa, ONGs, y vecinos y campesinos de las localidades afectadas, como Santa Isabel, Limay Mahuida, Algarrobo del Águila que reclaman, cuanto menos que corra un caudal mínimo.
Criminalización social: No
Fuentes electrónicas de información:
http://www.chadileuvu.org.ar
http://www.alihuen.org.ar
http://www.ecoportal.net http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index. php?option=com_content&view=article&id=126504:rio-atuel-conflicto- en-mendoza-entre-dos-organismos-por-el-desvio&catid=13:locales& Itemid=8#.URLe5KUwBGw http://www.chadileuvu.org.ar/index.php/ actualidad-atuel/218-conflicto-por-las-aguas-del-rio-atuel.html http://www.politicadigital.com.ar/nacionales/2219-grave-conflicto- entre-mendoza-y-la-pampa-por-las-aguas-del-rio-atuel

2.-rEprEsa hidroElEctrica FutalEuFu argEntina. noroEstE dE la provincia dE chubut. Inicio del conflicto: 1971
Despojo de tierras:
Los pueblos originarios fueron obligados a dejar el lugar (reubicados). En “reconocimiento”, el lago del embalse se llama Amutuy Quimey (“be- lleza perdida” en lengua mapuche).
Descripción del conflicto:
La represa hidroelectrica Futaleufu (o Pucon Pai) se encuentra ubicada en el corazon de un parque nacional (increible, pero real!!). Embalsa al rio Futaleufu y fue construida con dineros publicos con el objetivo de “alimentar” las necesidades energeticas de la Planta de Procesamiento y elaboracion de aluminio ALUAR (aprox 50% de la energia producida total por el embalse, el resto es de utilidad publica), que atiende la de- manda interna argentina de aluminio y exporta el 70% de su produc- cion. La distancia entre la planta y la represa es de aprox 500km, ya que se ubican en la costa atlantica patagonica la primera, y en plena cordillera de los Andes la segunda. La Represa fue un atropello al sis- tema de Parques Nacionales, ya que de nada sirvió la figura legal que amparaba el área ante la decisión de construirla, desapareciendo 8.200 ha de ambientes naturales. Tres lagos naturales fueron completamente anegados y unidos en uno gigantesco al que se lo bautizó posteriormen- te con el nombre araucano de “Amutui-Quimei”, que significa “Belleza Perdida”. La desaparición de estos lagos, los bosques de los alrededo- res, los rápidos que los conectaban y las playas naturales, determinó la pérdida de los más destacados valores recreativos de la región. Por otra parte, ALUAR ha certificado un MDL por eficiencia energetica, aunque pesan desde la comunidad de Puerto Madryn serias dudas respecto a la contaminacion que se produce a partir del proceso que lleva adelante la planta.
Actores en pugna:
A FAVOR: gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local, parte de la comunidad de Puerto Madryn, empresa ALUAR, EN CONTRA: operadores turisticos, vecinos de Puerto Madryn, ONG ambientalistas, pueblos originarios de la zona que fueron reubicados,
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.tnylagente.com.ar/videolog=contaminacionDe Aluar?23726, http://old.elchubut.com.ar/despliegue-carta. php?idcarta=2668, http://www.chfutaleufu.com.ar/links.asp, http:// www.patagonia.com.ar/Esquel/36_Represa+y+r%C3%ADo+Futaleuf% C3%BA.html, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=impactos%20 de%20la%20represa%20futaleufu&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0C FMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isfd809esquel.com.ar%2Fencu entros%2Fencuentro_6%2FIMPACTOS%2520SOCIOAMBIENTALES %2520DE%2520FUTALEUFU.doc&ei=FuTkT9j4NpSK8QTEgt3pCQ& usg=AFQjCNHXvIz75bkU5qaAUJ-kTdN1doaJcw&cad=rja, http://www. unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/largoviaje/huellapaisajes.htm, http://www.bcba.sba.com.ar/downloads/proyectos_argentinos/11_ GEI_en_la_Planta_de_ALUAR_ALUMINIO_ARGENTINO_SAIC.pdf,
http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2008/02/aluar-aluminio- argentino-saic.html, http://www.medioymedio.com.ar/nacionales/3930-aluar-duena-de- chubut-.html,
http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=117, http://materias.fi.uba. ar/7106/Resumen%200302/Texido/ResumenTPaluminio.pdf, http:// www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=1209, http://www.ambiente-ecologico.com/revist40/aluar40.htm, http:// diariojornada.com.ar/34259/Politica/Con_una_promesa_Aluar_evi- to_una_multa

3.-rEprEsa “El portón”
argEntina. noroEstE dE la provincia dE chubut. Inicio del conflicto: 2011
Despojos de tierra: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Se trata del proyecto “El Porton”, construccion de una represa en la cuenca binacional del Rio Puelo, curso que parte desde Lago Puelo (Chubut) y desemboca en el Pacifico, en Chile. El espejo de agua de la represa llegaria al limite con Argentina provocando una importante crecida en el Lago Inferior y Lago Puelo. La empresa italiana Endesa planea construír del lado chileno e incluso del lado chileno cuenta con los derechos de agua a perpetuidad, pero inevitablemente afectaría el Este de la cordillera de los Andes, en Argentina gran parte de su super- ficie es parque nacional (Parque Nacional Lago Puelo). Especialmente preocupa a la comunidad la disponibilidad del recurso tal y como se encuentra actualmente, para uso humano, recreativo, turistico, depor- tivo, paisajístico y ecosistemico.
Actores en pugna:
A FAVOR: empresa española ENDESA, gobierno de Chile, y Mediterrá- neo S.A EN CONTRA: poblacion de Lago Puelo en general, autoridades de Lago Puelo, localidad El Bolsón (Argentina), organización Geoaus- tral, Las comunidades y organizaciones de la Comuna de Cochamo (Chile) y de la Comarca Andina del Paralelo 42 (Argentina)
Criminalización social:
No, sin embargo de acuerdo a la experiencia de los opositores a mega- proyectos, las comunidades cordilleranas exigen la derogación de las leyes antiterroristas vigentes en ambos países, por considerar que pre- tenden limitar posibilidades de expresión y movilización y el legítimo reclamo de las comunidades frente a hechos que le perjudican.
Fuentes electrónicas de información: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/conflicto-binacional- por-proyecto-hidroelectrico-en-el-rio-puelo/ http://www1.rionegro. com.ar/diario/energia/2007/10/27/9483.php, http://www.diariojornada. com.ar/42644/Sociedad/Chile_aprobo_la_construccion_de_una_cen- tral_que_afectara_a_Lago_Puelo, http://www.diariojornada.com. ar/Noticia/Default.aspx?id=16418, http://www.perfil.com/conteni- dos/2008/02/02/noticia_0019.html, http://www.ecoportal.net/content/ view/full/95433, http://www.noalarepresa.com.ar/index.php?p=1_5, http://www.bolsonweb.com/noendesa/impactosargentina.html, http:// www.mapuexpress.net/?act=news&id=7367, http://diariolapalabra. com.ar/noticia/5364/legisladores-rionegrinos-ratifican-rechazo-a-cons- truccie-represa-en-lago-puelo, http://chilecontaminada.blogspot.com. ar/2011/07/denuncian-que-represas-chilenas-son.html, http://argentina.indymedia.org/news/2009/10/698613.php, http://www. anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=23257 http://www.noalamina.org/mineria-informacion-general/general/en- cuentro-binacional-en-defensa-de-las-cuencas-de-los-rios-manso-y- puelo

4.-diquE “los monos”
argEntina. sarmiEnto, sur dE provincia dE chubut. Inicio del conflicto: 2005
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La construccion del dique Los Monos pretende un embalse para apro- vechamiento hidroelectrico, para asegurar el suministro de agua para las numerosas localidades del sur de Chubuy y norte de Santa Cruz,y para regular las crecidas en Sarmiento. La oposicion de la comunidad se relaciona con la negativa de brindar mayores servicios en terminos de insumos indispensables (energia y agua para recuperacion secun- daria) a las empresas petroleras ubicadas en la zona (tal parece ser el verdadero motivo del emprendimiento) . La produccion de energia y la regulacion del caudal favorecerian a tales empresas petroleras ya que se encuentran aguas arriba del futuro dique y las lineas de tendido de energia estan previstas para ese sector tambien.
Actores en pugna:
A FAVOR: gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos locales, empresa adjudicataria de la obra, empresas petroleras, productores lo- cales agropecuarios, comunidades de Los Perales, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Aike, Puerto Deseado, Los Antiguos. EN CONTRA: algu- nos profesionales locales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, parcialmente las comunidades locales (de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, Caleta Olivia), Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://diariocronica.com.ar/notas/notas.php?idnota=124317, http://ar- gentina.indymedia.org/news/2007/08/541437.php http://noaldiquelosmonos.blogspot.com.ar/2008/09/mineria-y-dique- los-monos.html, http://www.chubutempresarial.com/op/noticias_mos- trar.asp?lk=1&id=505&Tema=,

5.-rEprEsa hidroEléctrica (rEprEsa yacyrEtá-appipé) argEntina-paraguay provincia dE corriEntEs (argEntina) y dEpartamEnto misionEs (paraguay). Inicio del conflicto: 1973
Despojo de tierras:
Los indígenas Guaraníes Mbya fueron reubicados en 1987 desde la Isla Yacyretá y les otorgaron pequeños terrenos en distritos vecinos, sin consentimiento previo. A pesar de recibir títulos de propiedad, los grupos indígenas perdieron el derecho a su territorio tradicional. No sólo se han desplazado a pobladores (se estiman en 80.000 personas desplazadas que se han denominado “desaparecidos económicos), sino que la destrucción de ecosistemas influye negativamente en la produc- ción tradicional de comunidades indígenas y campesinas del lugar. En suma, se ha detectado el incremento de enfermedades como el dengue, diarrea, distintas parasitosis, cáncer, paludismo entre otras.
Descripción del conflicto:
En 1973 se firma el acuerdo para emprender en forma conjunta (Argentina y Paraguay) la construcción de la represa, la obra se inicia en 1983. Al momento que comienza a construirse la obra se desplaza a poblaciones del lugar, la puesta en funcionamiento implicó la inunda- ción de miles y miles de hectáreas, con la consecuente destrucción de ecosistemas tanto del lado paraguayo como argentino. En 2007 la cota alcanzó los 76 msnm, en 2008 los presidentes de ambos países firmaron un acuerdo para elevarla hasta los 83 metros ( como estaba previsto en el proyecto original), objetivo que se alcanzó en 2011. En ésta última etapa han existido críticas con sustentos en estudios que indicaban la necesidad no elevar la cota por el impacto ambiental. Gran parte de la zona que quedó bajo el agua eran tierras ancestrales de la comu- nidad Guaraní. Las instituciones de justicia de Paraguay y Argentina han favorecido al proyecto a pesar de las innumerables irregularida- des.
Actores en pugna:
Entidad Binacional Yacyretá, Estado Argentino y Paraguayo. Las pro- testas provienen de grupos de desplazados, localidades de la costa del Río Paraná y la costa del Río Uruguay (paso fronterizo), Isla Apipé, La Federación de los Pueblos de Itapúa y Misiones Afectados por Yacyretá (FEDAYIM), ONGs que señalan los perjuicios que causan dicha represa, así como la elevación de la cota, decisión tomada en 2008 y ejecutada en 2011.
Criminalización social: No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información:
http://www.oni.escuelas.edu.ar http://www.primeraedicionweb.com.ar
http://www.ecoportal.net http://misionescontaminada.blogspot.com.ar http://elparanaense.com.ar
http://www.funam.org.ar
http://www.redeco.com.ar http://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com.ar http://www.biodiversidadla.org http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=48980 http://infouniversi- dades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=especies_de_peces_transferidas_ por_instalaciones_de_yacyreta&id=993 http://www.misionescuatro. com/ampliar.php?id=19331&PHPSESSID=0b9c00642bde9e263db6d9 d00fc934f9
http://noqueremosinundarnos.blogspot.mx/2011/02/inauguran-la- polemica-represa-de.html
http://corrientes.in/?p=33153

6.-Extracción dE agua subtErránEa
bolivia. vinto, provincia dE quillacollo, dEpartamEnto dE cochabamba
Inicio del conflicto: 1992
Despojo de tierras: No se tienen registros
Descripción del conflicto:
La extracción de agua subterranea provoca la desaparición de ma- nantiales, disminución de agua en pozos caseros y erosión del suelo afectando los medios de vida y producción de varios municipios. Esta situación incia cuando en 1960 la empresa YPF-B consigue por D.S. perforar 16 pozos en los municipios de Quillacollo y Vinto. En 1992 por primera vez la gente se opuso a la perforación de nuevos pozos ya que los pozos caseros de las localidades de El Paso y Sipe Sipe se secaban, en 1994 se organiza una marcha por “el agua, la vida” desde Vinto a Co- chabamba, en 1995 150 comunidades agrícolas declaran un voto resolu- tivo de no permitir nuevas perforaciones, sin embargo la perforaciones pasaron arealizarse por la Emnpresa municipal Servicios Municipalde de Agua Potable y Saneamiento Básico (SEMAPA) para abastecer de agua al Sur de la Ciudad de Cochabamba. Actualmente la Gobernación Departamental, el Ministerio de Aguas y SEMAPA se encuentran en diálogo, la posición de los afectados es que esa agua sirva para nutrir la agricultura de la región.
Actores en pugna:
Gobierno Municipal de Tiquipaya y Vinto,Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) , Comité Cívico de Cochabamba, Asociación de Sistemas de Riego de Tiquipaya, Comité de Defensa de Recursos Hídricos, Subcentral Campesina de Vinto, comunidad de pro- pietarios y usuarios de Laguna Mayu. Ministerio de aguas
Criminalización social:
Sí, Existen pozos privados que no cuentan con la autorización. Fuentes electrónicas de información:

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110919/rea- nudan-negociaciones-por-pozos-en-valle-bajo_142317_292896.html http://es.scribd.com/doc/92100386/Agua-Potable-en-Cochabamba http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20110630/llevan-a- la-paz-lios-de-pozos-de-cochabamba_131853_267106.html

7.-contaminación dE aguas por minEría
bolivia. cuEnca dEl río pilcomayu, dEpartamEnto dE oruro, potosí y tarija.
Inicio del conflicto: 1985

Despojo de tierras:
La contaminación del río con metales ha perjudicado las plantaciones de las comunidades y poblaciones indígenas que residen en las cerca- nías del Río Pilcomayo, que utilizan el agua de este río para riego y con- sumo sin tratamiento alguno. Con la contaminación se ha disminuido la fertilidad de las tierras y los medios de vida de muchas comunidades indigenas y campesinas, pues no son aptos para consumo humano los productos agropecuarios.

Descripción del conflicto:
La explotación minera ha contaminado al río desde hace siglos con metales tóxicos como Plata, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc, debido a las actividades mineras de Potosí y petroleras de Tarija. Los afectados por la contaminación minera de la cuenca del Pilcomayo se declararon en estado de emergencia, debido a que las autoridades de- partamentales de Potosí (Bolivia), no solucionan el problema de la con- taminación de las aguas de ese afluente.

Actores en pugna:
Empresas, cooperativas e ingenios mineros; Comunidades afectadas por la minería de todo el país están hartas de enviar cartas al Presi- dente del Estado Plurinacional de Bolivia exigiéndole que cumpla sus promesas, y sea consecuente con su discurso medio ambientalista y defienda de verdad a la Madre Tierra:agricultores que viven a orillas del Pilcomayu, entidades cívicas y organizaciones ambientales, Ministerio del ambiente y aguas

Criminalización social:
No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información:

http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=616&c=Boli via&cRef=Bolivia&year=2003&date=May%202003 http://www.am- biental.net/noticias/contaminacion/BoliviaPilcomayoTragedia.htm http://www.fobomade.org.bo/documentos/libros/conambolivia.pdf http://www.eluniverso.com/2005/11/01/0001/14/B122E191EE3F4144B- 85C9A1E01DB1F61.html

http://anca24.canalazul24.com/?p=909 http://rcci.net/globaliza- cion/2012/fg1390.htm

8.-prEsa campos novos
brasil. municipio dE campos novos, En El Estado dE santa catarina
Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:
Con el inicio de la construcción de la presa en 2001, alrededor de 1.200 familias de pequeños agricultores y trabajadores rurales sin tierra se vieron obligados a abandonar sus tierras, por medio de amenazas, coer- cion fisica o lesiones, y posteriormente debido a la inundacion de tie- rras.

Descripción del conflicto:
Campos Novos se mantiene activa desde el año 2007, y aunque el con- sorcio Enercan se comprometió a indemnizar a todas las familias afec- tadas por la construcción de la presa, sólo reconoció como familias afectadas a quienes tenían sus humedales (indemnizando con pagos ridículos al no garantizar la supervivencia en sus nuevas condiciones). Actualmente, el consorcio se deslinda de responsabilidades, y actos vio- latorios de derechos de los afectados en sus condiciones de vida por la construcción de la presa, quienes le demandan en un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y denuncian las fallas, fugas y grietas con las que opera la presa.
Actores en pugna:
Impulsado por: consorcio Enercan [ CPFL Energia, Compañía Bra- sileña de Aluminio, Compañía Tocantins Níquel, Empresa Estatal de Energía Eléctrica, entre otras); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Constructora Camargo Corrêa S / A; financiado por BNDES, BID. En contra: El Movimiento de los Pue- blos Afectados por Represas (MAB), Plataforma Brasilera de Derechos Humanos, Plataforma Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DhESCA Brasil).

Criminalización social:
En el año 2005, el MAB denunció la criminalización de las acciones, disolucion de protestas por parte de la policía , y la detención de oposi- tores. La policía destruyó un campamento de agricultores organizados en el MAB cerca de Rio Canoas; el consorcio Enercan levantó denun- cias contra los opositores argumentando que los bloqueos afectaban a la empresa. Ante ello, el Tribunal presentó una orden contra el MAB prohibiendo nuevas manifestaciones, y ante el desacato hubo represion violenta: el Día Internacional de Accion contra las Represas, y el Día Mundial del Agua, se implementaron acciones para impedir manifesta- ciones (allanamientos, detenciones, y decomizacion de propiedades). La represion fue denunciada ante la CIDH, y posteriormente el MPF creó un comité para investigar, y recomendó abstenerse de otorgar la licen- cia a Campos Novos de operación hasta resolver los conflictos, cuestion que no fue tomada en cuenta .Pese a todo ello, las familias afectadas por la expansión de las represas siguen movilizándose en torno a la mitiga- ción de los impactos y la restauración de los medios de vida perdidos. Fuentes electrónicas de información: http://www.indymedia.org.uk/en/2005/03/306855.html http://www. bnamericas.com/news/electricpower/Protests_delay_880MW_Cam- pos_Novos_hydro_project http://www.social.org.br/relatorioingles2005/relatorio006.htm http://www.ens-newswire.com/ens/jun2006/2006-06-29-01.html http:// ederluiz.com/arquivos_internos/index.php?abrir=noticias&acao=cont eudo&cat=13&id=6445

9-prEsa sErra da mEsa
brasil. cuEnca dEl alto tocantins, En El Estado dE goiás minaçu y cavalcantE
Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:
Para su construcción desalojó pueblos indígenas, cimarrones, ribereños, agricultores. Los sitios afectados son Colinas del Sur,Uruçuí, Minaçu.

Descripción del conflicto:
El proyecto de construcción de la Serra da Mesa, comenzó en 1980, sus- pendido y terminado en 2006. Tanto el gobierno y el sector privado relegando a un segundo plano las necesidades sociales y ambientales de las poblaciones desplazadas forzosamente de sus tierras, establecieron una compensacion económica selectiva. La construcción fue ampliada en 2006 y se creó el Fondo de Desarrollo de Serra da Mesa / Cana Brava, insuficiente para apoyar a los afectados de seis ciudades que perdieron sus hogares por la cosntruccion de las centrales hidroelectricas, lo cual no soluciona la situacion de quienes quedaron sin hogar y sustento debi- do a la inundación de las tierras. Los afectados demandaron al gobierno y la empresa ante la Corte para que sus derechos sean garantizados.

Actores en pugna:
Impulsa: FURNAS, Ministro de Minas y Energía, Ministro de Medio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu- rais Renováveis, Serra da Mesa de Energía. En contra: Los afectados demandantes que son 3000 familias, Sólo después de la acción de los movimientos sociales organizados (Movimiento de Afectados por Re- presas) y las asociaciones locales y estatales de los pescadores y traba- jadores agrícolas (Asociación de Pescadores del Estado de Goiás), han logrado dar a conocer sus demandas de compensación.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/elec090600.
htm http://www.jornaldiariodonorte.com.br/detalhes-impresso. php?tipo=706&cod=680 http://www.jornaldiariodonorte.com.br/ site/cidades.php?cod=680 http://www.observabarragem.ippur.ufrj. br/barragens/14/serra-da-mesa http://www.mabnacional.org.br/ publicacoes/14marco2005_goias.pdf http://www.furnas.com.br/hot- sites/sistemafurnas/usina_hidr_serramesa.asp

10.-prEsa EstrEito
brasil. EntrE El Estado dE tocantis y maranhão inicio dEl conFlicto: 2002

Despojo de tierras:
Para la construccion de la hidroelectrica, a la orilla del Río Tocantins donde los pobladores sembraban maíz y algodón, fueron expropiadas y demolidas las propiedades. De igual manera, los medios de vida tradi- cionales de los pueblos indígenas Kriati Hawk, Maranhão y Tocantins en Krahô Apinajé, fueron violentados, afectando la organización, con- trol y manejo de la tierra en la región. Las inundaciones han empujado el desplazamiento de comunidades costeras y pequeños agricultores e indígenas cercanos al río Tocantins.

Descripción del conflicto:
La hidroelectrica del Estreito, forma parte del Plan Decenal de Expan- sión de la Oferta de Energía Eléctrica 2000-2009 (Eletrobras), aclamado como un proyecto estratégico para el abastecimiento de la industria del aluminio y la produccion de soja en el sur de Maranhão, procesos a través de los cuales los pobladores locales han experimentado un aceleerado proceso de exodo, debido tambien a que se les ha imposibi- litado las actividades como la pesca y la cosecha.El Estudio de Impacto Ambiental, resulta en la obtención de la licencia preliminar en abril de 2005, los afectados por la presa, no fueron informados previamente de la realizacion de la obra, hasta que arbitrariamente fueron demoli- das sus casas sin orden de aviso y tampoco fueron indemnizados por la empresa concesionaria siendo que todavia hay perosnas sin techo, quienes fueron reubicados no cuentan con fuentes de agua potable ni otras infraestructuras que supuestamente el Consorcio del Estrecho de Energía (Ceste) implementaría. En esta iniciativa participan la minera brasileña Vale, el productor estadounidense de aluminio Alcoa, la cons- tructora Camargo Corrêa y el gigante europeo de servicios públicos GDF Suez.

Actores en pugna:
Desde las primeras audiencias publicas en el año 2002 se comenzaron a articular los pueblos de la region, en mayo de 2006, el Consejo Indi- genista Misionero (CIMI) y la Asociación para la Preservación y De- sarrollo de los ríos Araguaia y Tocantins, vinculado al Movimiento de Afectados por Represas (MAB), presentó una acción civil en vista de los impactos del proyecto sobre tierras indígenas Apinajé Krahô en Tocan- tins, y Krikati y Hawk, en Maranhão, en la actualidad sigue el conflicto y las denuncias contra el IBAMA quien en actos omisos consedieron licencias de construccion y llenado de la presa, a favor del consorcio responsable, Ceste.

Criminalización social:
No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://desinformemonos.org/2011/09/16939/ http://www.uhe-estreito.com.br/ver_secao.php?session_id=73 http:// www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/81239/lapidario-infor- me-sobre-las-represas-construidas-en-brasil.html http://www.repor- terbrasil.org.br/exibe.php?id=1398 http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1401 http://www.gta.org.br/noticias_exibir.php?cod_cel=1391 http://www.riosvivos.org.br/canal.php?canal=34&mat_id=6230

11.-prEsa tapajós
brasil. cuEnca dEl tapajós, EntrE los Estados dE amazonas y pará.
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Para llevar a cabo el proyecto, se hizo cambio de uso de suelo en 75630 hectareas naturales protegidas, afectando cinco unidades de conserva- cion federales ( Parque Nacional del Amazonas) para dar pase a los em- balses. A petición de Eletronorte (la empresa promotora del proyecto) el Gobierno de Brasil aprobó un decreto que elimina la figura de pro- tección de la superficie afectada por el proyecto. La presidenta Rousseff publicó en enero un decreto (convertido en ley en junio), reduciendo las unidades de conservación en las áreas que se verán afectadas por las obras, reduciendo la extensión de los Parques Nacionales de la Amazo- nia y Jamanxim, y de las Florestas Nacionales Tapajós e Itaituba I y II. Se prevé tendrá fuertes impactos ambientales, para las comunidades aledañas que serán desplazadas. En Mangabal, una de las presas sería construida justo encima de la Comunidad, que de ese modo quedaría dividida en tres partes: la inundada, la cubierta de trillones de tonela- das de hormigón y la desecada.

Descripción del conflicto:
La empresa al mando del Complexo Hidrelétrico do Tapajós es Ele- tronorte, filial de Eletrobras. El proyecto es financiado en parte por el Banco Nacional de Desarrollo. De acuerdo a los estudios de inventario hidroeléctrico del río Tapajós, se construirán cinco represas hidroeléc- tricas en la región, y una de las mayores plantas de energía, como parte del Plan Decenal de Energía 2010-2020. Las comunidades indígenas que se verían directamente afectadas son los Munduruku Apiaká de Pimental, Akaybãe, Gray Sai, San Martín y Boca Igarapé Pacu, comu- nidades que viven a orillas de los ríos y aldeas indígenas, con un daño profundo en el ambiente. La construcción no es todavía un hecho con- sumado, cuentan con un preliminar informe de impacto ambiental, una dificultad que deberá afrontar el gobierno para llevar adelante el plan de levantar hidroeléctricas en las tierras y ríos mas preservados del Amazonas, que para su viabilización la presidenta ha realizado un decreto de desafectación para reducir las unidades de conservacion, situacion para librar los estudios centrales del proyecto.

Actores en pugna:
Bajo la presidencia de Lula da Silva, se presentó dicho proyecto, ante lo que se ha demandado al Gobierno Federal y a las autoridades res- ponsables de la licitacion y aprobación, que paren el proyecto al mando de Electronorte. Los habitantes están furiosos porque el Gobierno no ha dado detalles sobre la represa,sino hasta 2017; sin embargo la pre- sidenta Rousseff ya aprobó el proyecto. Los habitantes de Mangabal y todas las comunidades a orillas del Tapajós luchan por denunciar su situación antes de que sea irreversible, los ribeirinhos luchan por mantener su comunidad, su estilo de vida como campesinos forestales y su tierra. Tambien los Muduruku, una comunidad indigena ubicada en los margenes del río Cururu, en el Alto Tapajós. La plataforma en la que se agrupan las comunidades afectadas es “”Tapajós Movimiento de Vida””, quienes cuentan con el apoyo de amplias organizaciones y movimientos sociales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=52000&lang=ES http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/brasil- retrocede-en-proteccion-ambiental http://cinabrio.over-blog.es/article-5-hidroelectricas-en-el-rio-tapajos- invadiran-parques-nacionales-del-brasil-96812363.html http://transla- te.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=U TF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.mx&sl=pt&tl=es&u=http:// www.internationalrivers.org/campaigns/amaz%25C3%25B4nia-viva& u s g = A L k J r h i 9 z D P c b U1Tp 9 nW f W X P v 5 w j G Z 5 s 4 g http://elpolvorin.over-blog.es/article-no-a-las-grandes-represas-karo- sakaybu-dios-munduruku-del-paraiso-tapajos-58038240.html http:// observatorio.inesc.org.br/visualizar_noticias.php?id=569 http://www.cronista.com/especiales/Hidroelectrica-en-el-corazon-del-Amazonas- podria-generar-un-desastre-ecologico-20120726-0046.html http://www.aneel.gov.br/ http://www.dams-http://www.laguayanaesequiba.org/detalle. php?cid=54&id=1856 info.org/es/dams/view/sao-luiz-do-tapajos/

12.-prEsa madEira
brasil. río madEira, En las poblacionEs dE jirau y san antonio. rodonia.
Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:
El proceso de construccion está acompañado del desplazamiento de los pobladores por las inundaciones de bosques de castañas, tierras de cultivo, y el avance de la tala ilegal.

Descripción del conflicto:
El proyecto original en río madeira, consta de cuatro presas (San An- tonio y Jirau, en Brasil; una binacional con Bolivia y otra al interior de Bolivia, en Cachuela Esparza). El complejo es una parte central de la IIRSA, contempla un corredor para el transporte de minerales, granos, madera y otros productos; el abaratamiento de los costos de transporte servirá como un incentivo para expandir la producción de soja en los estados de Rondonia y Amazonas. El BNDES es el principal financia- dor. Previa licitación, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) anunció al Consorcio Madeira Energía como ganador, conformado por Furnas, Santander, entre otros; para Jirau, es el Consorcio Energia Sus- tentável do Brasil.
Desde el inicio del proceso, fue negado a la sociedad civil, tanto por el MME y el BM el acceso a la información de los estudios de impacto, y en el año 2006 fue aprobada la licencia de construccion por el IBAMA. Los riesgos sociales, ambientales, políticos y financieros que implica el pro- yecto del Complejo hidroeléctrico del Rio Madeira han movilizado las acciones de muchas organizaciones tanto en Bolivia, Brasil y Perú, que supone la transformación del río en un canal de navegación industrial para mover grandes cantidades de recursos hacia fuera del Amazonas. Entre las tribus que se verán afectadas son Karitiana, Karipuna, Urueu Wau Wau, Win Oro y Katawixi
Actores en pugna:
Promueve: la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), el Insti- tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) y el Consórcio Enersus - Energia Sustentável do Brasil S.A. En contra: comunidades ribereñas, organizaciones campesias y afec- tados por las represas de Rondonia (Brasil), Pando (Bolivia), Madre de Dios (Perú), quienes se han organizado en Defensa de la Cuenca del Río Madera y de la Región amazónica, y presentaron una denuncia ante la CIDH contra el gobierno de Brasil. Y se complementa con la Campa- ña Viva el Rio Madeira Vivo iniciada en 2006, que congrega a más de 10 movimientos ambientalistas, y es parte fundamental para la con- formacion del movimiento “Viva o Río Madeira Vivo”. El movimiento brasileño de Afectados por Represas estima que 5000 familias se verán afectadas por la construcción de los proyectos International Rivers está trabajando para detener los planes de más de 60 nuevas presas en la región amazónica, incluyendo los ríos Madeira y Xingu, que significan el desplazamiento de 30000 personas. Este conflicto tiene el potencial de ser resueltos si el Gobierno de Brasil vuelve a evaluar sus procesos de desarrollo del proyecto.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.institutomadeiravivo.org/ http://www.adital.com.br/site/ noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.bicusa.org/es/Project. Concerns.10138.aspx http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045. pdf http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045.pdf http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35088 http://www.amazonia.org.br/arquivos/282045.pdf http://www.bicusa.org/es/Project.10138.aspx http://www.diariodo- minicano.com/opinion/122269/alai-amlatina/la-integracion-sudame- ricana-y-los-conflictos-socio-ambientales http://translate.google. com.mx/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www1.american. edu/ted/ice/amazondams.html

http://alainet.org/active/56815

13.-prEsa “bElo montE”
brasil. río xingÚ En El Estado dE pará.
Inicio del conflicto: latente desde 1970, reactivado en 2009

Despojo de tierras:
Pescadores de la zona fueron expropiados para el inicio de las obras, se prevé la expulsion de indígenas Kapayó, Arara, Juruna, Araweté, Xikrin, Asurini, y Parakanã por inundación de selva, bosque y tierras agrícolas.

Descripción del conflicto:
La presa Belo Monte forma parte del Plan de Aceleración del Creci- miento (PAC II), que preveé el financiamiento de al menos 30 plantas hidroeléctricas en la Amazonia. Electro Norte es responsable de su construccion y explotacion, para la expansión de la generación de “ener- gía limpia”, de acuerdo con el Plan Regional para el Desarrollo Soste- nible del Xingu (Xingu PDRS), y el desarrollo regional; le fue otorgada licencia de construcción posterior a la realización de una nueva Evalua- ción de Impacto Ambiental (febrero 2010). Los afectados, a quienes no se les consultó previamente, consideran que los impactos presentados fueron mal dimensionados social y ambientalmente, fundamentando- se en un análisis realizado por un panel de 40 expertos entregado al IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables). Aunado a ello, Electro Norte comenzó la obra sin cumplir las 40 condicionantes firmadas con el gobierno por considerarlas facti- bles al concluir la obra en 2019, entre las que destacan mejoras infraes- tructurales, pozos, sistemas de abastecimiento de agua, realojamiento a las familias como forma de mitigacion y compensación, y en salud y educacion que FUNAI exige. En abril de 2012 fue revocada la licencia de operación por el Tribunal Supremo, por encontrar ilegalidad en dos etapas del proceso de autorizacion de obras. El rechazo al proyecto continúa.

Actores en pugna:
Los indígenas afectados por Belo Monte, han solicitado a la presidenta Rousseff que cancele el proyecto, también lo ha solicitado ante autori- dades gubernamentales implicadas (IBAMA y MMA). Altamira es la localidad donde se concentra el grueso de organizaciones que se opo- nen (Xingu Vivo), pero cuentan con la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, centros de estudio, movimientos sociales. En octubre de 2009 organizaciónes internacionales y redes de la sociedad civil presentan el movimiento de solidaridad con los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales del Xingu en contra Belo Monte, y confor- man una alianza para detener el avance de las grandes empresas en los bosques del Amazonas y las represas: Movimientos Brasileños en contra de Belo Monte, Movimiento Xingu vivo para siempre, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Asociación de Moradores de la Vila Santo Antonio (expropiados por los contratistas de la obra).

Criminalización social:
En junio de 2012 en el contexto del XXIII aniversario de la lucha en contra del megaproyecto y de la Conferencia de las Naciones Unidas so- bre el Desarrollo Sostenible, la Rio+20, se han denunciado ante la OEA los intentos de procesar activistas y defensores de derechos humanos con fabricación de hechos, solicitando la detención de 11 personas. Se solicitó una orden de arresto en una corte local, por supuestos daños materiales a la constructura, bajo los cargos de daño a la propiedad, robo, incendio, y alteracion del orden publico. Algunos de los acusa- dos son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades e ignorar los derechos humanos y ambientales de los afectados, cuya resolución solicitó medidas especiales para proteger los derechos de 12 comunidades indigenas, la cual no ha sido seguida por el gobierno.

Fuentes electrónicas de información: http://www.elpais.com.uy/110904/pinter-591075/internacional/mega- hidroelectrica-enfrenta-a-brasil/ http://www.redlar.org/noticias/2011/9/5/Noticias/Mega-hidroelectrica- enfrenta-a-Brasil/ http://www.internationalrivers.org/resources/amazonian- indigenous-leaders-call-for-suspension-of-construction-licen- se-for-belo-monte http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/ sociedad/040n1soc http://www.adital.com.br/jovem/noticia_imp. asp?lang=ES&img=S&cod=68338 http://desinformemonos. org/2012/03/belomonteimagenesdelaresistenciaalahidroelectrica/ http://www.xinguvivo.org.br/ http://translate.googleusercontent.com/ translate_c?act=url&depth=2&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=transla te.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.xinguvivo.org.br/&usg= ALkJrhg8sULFShYhCXqLezkun0YWUMxJ2w

http://www.survival.es/ http://www.ecoportal.net/content/view/ full/99971/”

14.-prEsa tElEs pirEs
brasil. Estados dE pará(jacarEacanga) y mato grosso(paranaíta)

Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
Las Sete Quedas del río Teles Pires, que corre entre los estados amazó- nicos de Mato Grosso y Pará, en el centro de Brasil, culturalmente tie- nen mucha significacion para los indígenas kayabi, es un área sagrada porque ahí está la madre creadora y es donde desovan los peces; por lo cual, consideran que es un lugar que los humanos no deberían tocar por ser la morada del dios responsable del equilibrio natural.

Descripción del conflicto:
La firma federal brasileña de planificacion energética, EFE, presen- tó un estudio de impacto ambiental (EIA), a IBAMA para el proyecto hidroelectrico utilizando el agua del río Teles Pires. Pese a que EFE afirma que el proyecto no compromete areas protegidas ni territorios indigenas, los pueblos indigenas Kayabi y Apiaká expresan su desacuer- do, al no ser consultados previamente según Convenio 169 OIT. La obra estuvo suspendida, pero en abril de 2012, fue retomada con las medidas de cumplimiento de las condiciones, incluidas las medidas compensa- torias por falta de consulta previa a los afectados por el proyecto.Sin embargo, la empresa concesionaria Teles Pires enfrenta una batalla judicial para finalizar las obras, contando ya con varios fallos de para- lización de construccion, siendo el ultimo en agosto de 2012 cuando el Tribunal Regional Federal ordenó suspender las obras, pero tras una apelación de la Procuraduría general y el IBAMA, el 14 de marzo fue levantada la suspensión.

Actores en pugna:
La obra colisiona con las creencias, costumbres y tradiciones de los kayabis, mundurukús y apiakás (en total unas 12.000 personas), y en su imposicion ha estado implicada IBAMA con la empresa concesio- naria, Companhia Hidrelétrica Teles Pires. Los pueblos afectados son asesorados por el Instituto de Estudios Socioeconómicos, cuentan con la solidaridad de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, del movimiento de los afectados por las represas (MAB), y tienen como plataforma de lucha “Teles Pires Vivo”, que reúne a las entidades pre- sentes en la lucha contra las represas en la región.

Criminalización social:

Los indígenas Kayabi, Munduruku Apiaká que han sido objeto de amena- zas después de que el Tribunal Federal decidió reactivar la construcción de la hidroeléctrica Teles Pires I, en la región de Alta Floresta.

Fuentes electrónicas de información http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101398 http://www.estadao.com. br/noticias/nacional,indios-na-regiao-da-hidreletrica-de-teles-pires-es- tao-sofrendo-ameacas-diz-mpf,856638,0.htm http://www.bnamericas. com/news/energiaelectrica/EPE_presenta_EIA_para_hidroelectrica_ Teles_Pires_y_actualiza_Foz_do_Apiacas http://www.cimi.org.br/site/pt-br/ http://www.pidhdd.org/v3/index. php?option=com_content&view=article&id=2067:v-forum-pan-ama- zico-concentra-discusiones-en-torno-de-la-cuesti-ambiental&catid=1 :noticias&Itemid=62 http://www.pensamientocritico.org/rauzib0511. htm http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/ Brasil_Movimentos_sociais_repudiam_Medida_Provisoria_que_di- minui_areas_protegidas_na_Amazonia http://otramerica.com/temas/ quien-quiere-matar-al-tapajos/503 http://www.correiobraziliense.com. br/app/noticia/brasil/2012/08/15/interna_brasil,317277/obras-da-com- panhia-hidreletrica-teles-pires-estao-mantidas-decide-trf1.shtml http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-10/obras-da-hidreletri- ca-teles-pires-sao-retomadas

15.-cEntral hidroléctrica “nEltumE” chilE. rEgión dE los ríos
Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:
Las comunidades mapuche que habitan Lago Neltume, desde 2007 han experimentado conflictos que se relacionan con los proyectos de Endesa-Enel, cuando comenzó los trabajos de campo para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de dos proyectos: “Central Hidro- léctrica Neltume” y “Línea de Alta Tensión Neltume-Pullinque”.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Endesa Chile En Oposición: Comunidades In- dígenas y Campesinas Lago Neltume.
Criminalización social:

Si.Presencia policial permenente en las comunidades mapuche, alla- namientos, amenanazas de muerte a ls indígenas que se opongan al proyecto hidroelectrico, hostigamiento constante.

Fuentes electrónicas de información: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8155 http://www.mapuex- press.net/content/news/print.php?id=8636 http://www.mapuexpress. net/content/news/print.php?id=8606 http://radio.uchile.cl/noti- cias/151523/ http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.mx/2013/02/chile- el-neltume-en-peligro-por-una.html http://nacional.biobiochile.cl/notas/2012/12/17/comunidades-mapuche- presentan-informes-para-detener-construccion-de-central-hidroelec- trica-neltume.shtml http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/lago-neltu- me-paraiso-bajo-amenaza-de-endesa.html

16.-tErmoEléctrica
chilE. haciEnda dE castilla, sEctor costEro dE punta cachos, a 80 km dE copiapó, rEgión dE atacama.
Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El proyecto comenzó con el intento de la empresa brasileña MPX de instalar en 600 hectáreas de la Hacienda Castilla una termoeléctrica a base de carbón y petróleo, desde 2009 se suscitaron las primeras protestas, pues se ponía en peligro la vida y actividad económica de las comunidades aledañas y la biodiversidad de la zona (tortugas marinas, pingüinos y diversas aves propias de la región); hubieron reuniones de las autoridades locales con la empresa para especificar aspectos sobre el impacto ambiental del mismo que no estaban claros. La comunidad de Totoral también se pronunció en contra del proyecto y promovió con otras organizaciones la firma de un compromiso para evitar que el pro- yecto prosperara. A finales de 2009, la comunidad de Totoral se reunió con la Comisión Nacional de Medio Ambiente, a cuyos funcionarios se presentó el por qué de la negativa a la termoeléctrica. A principios de 2010, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama señaló como contaminante el proyecto. Durante todo 2010 las protestas de la comunidad y de asociaciones regionales en contra del proyecto de MPX continuaron, la revisión del mismo se estuvo turnando entre la CONAMA, la COREMA de Atacama y la de otra región; las resoluciones fueron variando, pero a principios de 2011 se aprobó el proyecto, lo cual desató aun mayores manifestaciones; sin embargo, la postura del gobierno continuó siendo de aprobación. Los senadores por la región continuarón gestionando la cancelación desde sus instancias, desde marzo de 2011 se solicitó al Contralor General de la República que revisara el procedimiento, pues señalaban anomalías en el proceso de aprobación. Las comunidades afectadas presentaron quejas y recursos de protección frente a la aprobación del proyecto; no obstante, el proce- so seguía en marcha y MPX se unió con una empresa alemana para la generación de electricidad en Brasil y Chile. La lucha contra el proyecto continuó durante todo 2011 y 2012, el conflicto llegó a la Corte Suprema y se manejó la existencia de presiones políticas sobre el proceso judicial. En meses anteriores se había escrito a la empresa alemana, quien en su país recibió un cuestionamiento público por participar en el proyecto en Chile. En julio de 2012 se buscó la concilianción entre la empresa y la comunidad, pero ésta no estaba dispuesta a poner precio a cambio de la instalación de la termoeléctrica; como no se logró la conciliación se declaró que la Corte Suprema debía dar un fallo al respecto. A finales de agosto de 2012, la Corte emitió el fallo y rechazó la construcción de la central termoeléctrica, prevaleciendo los intereses de la comunidad sobre los de la empresa.

Actores en pugna:
La empresa MPX, propiedad del brasileño Eike Batista, la empresa ale- mana E. ON que se sumó al proyecto. La comunidad de Totoral y las au- toridades regionales y estatales, quien tuvo el poder para tomar la última decisión respecto al proyecto fue la Corte Suprema de Chile.

Criminalización social:
Hubo represión durante las protestas en contra de la construcción de la Central Castilla, las cuales resultaban en detención de personas.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/oca/chile/termoelectricas/termoelectrica-castilla-crono- logia-del-conflicto.pdf
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102286 http://www.lanacion.cl/ prontus_noticias_v2/site/artic/20090223/pags/20090223192109.html http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/08/29/chile-re- chaza-construccion-castilla-mpx-revalua-su-estrategia http://www.elciudadano.cl/2011/02/26/32682/protesta-por-aprobacion-de-central- castilla-incidentes-y-represion/

17.-complEjo hidroEléctrico “alto maipo” chilE. rEgión mEtropolitana
Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
El proyecto generaría importantes consecuencias en la cuenca del río Maipo y en la distribución de agua potable para cerca del 80% de la región Metropolitana, además de afectar la producción de materiales de construcción y hortalizas, actividades económicas que se realizan en la zona.

Descripción del conflicto:
La Empresa Norteamericana AES CORPORATION pretende instalar en el Cajón del Maipo un complejo hidroeléctrico (Alto Maipo) que afectaría irreversiblemente los ecosistemas cordilleranos, las estructu- ras económicas y sociales de la zona y una serie de servicios que esta cuenca presta a Santiago, como por ejemplo, la disponibilidad de agua potable de gran parte del consumo consuntivo de la Capital. El año 2011 Aguas Andinas, empresa responsable de asegurar el abastecimiento de agua potable para la capital del país, firmó un contrato secreto con Aes Gener, donde compromete parte del agua más limpia que posee Santiago para la eventual generación eléctrica de estas centrales. El estado actual del proyecto es que ahora AES GENER solo ha realizado trabajos preliminares, como construcción de caminos y colocación de postes

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: empresa norteamericana AES Gener, Gobier- no Chileno. En Oposición: Agrupación ciudadana en defensa de los rios del Cajón del Maipo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), coordi- nación de las organizaciones de Puente Alto , Coordinadora Ciudadana Ríos de Maipo

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.riosdelmaipo.cl/ http://www.aesgener.cl/aesgenerwebneo/ index.aspx?channel=6400 http://radio.uchile.cl/noticias/157004/ http://radio.uchile.cl/noticias/157004/ http://www.lanacion.cl/aludes-en-san-jose-de-maipo-ambientalistas- advierten-por-hidroelectrica/noticias/2013-01-22/155654.html

18.-hidroEléctrica
chilE. río achibuEno, rEgión dE maulE, linarEs. Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:
Puede considerarse que existe despojo de tierras, pues se pretende secar el 60% del cauce del río, despojando de él a los habitantes de las cerca- nías, cuyas actividades están muy vinculadas al río Achibueno.

Descripción del conflicto:
En marzo de 2009 se presentó el proyecto de la Hidroeléctrica Electro Austral, que consistiría en la construcción de dos centrales hidroeléc- tricas (El Castillo y Centinela) en el cauce del Río Achibueno. Se trata de un proyecto singular porque no utiliza represas, sino que desvía una parte del caudal del río (cerca de 44 km) con la utilización de túneles, que cuando se llenan dejan caer el agua por un sistema de tuberías y turbinas para la generación de energía. La oposición al proyecto está representada por varias organizaciones y por los municipios de Linares y Longaví, y se fundamenta en que es un área de conservación, tiene importante actividad turística y afectaría la actividad económica, des- truiría el hábitat de gran cantidad de peces, se depositarían escombros en el río y los bosques del rededor serían destruidos. Desde un principio ha habido protestas sociales en contra del proyecto, sin embargo, el 20 de julio de 2012 fue aprobado la construcción de las hidroeléctricas. El 86% de la población de Linares se oponen a que el Río sea secado en el 60% de su cauce; pues se suma que ambas centrales son muy ineficien- tes, incluso los senadores por la región se opusieron al proyecto. Los manifestantes consideran que la instalación de estas centrales tiene que ver con la próxima llegada de mineras canadienses y australianas a la región. Las autoridades municipales y organizaciones ambientalistas han acudido a instancias más altas para denunciar el proyecto, la últi- ma información corresponde a septiembre de este año, la Contraloría señaló que debían presentar todo por escrito para comenzar la revisión del proyecto.

Actores en pugna:
La hidroeléctrica, propiedad de Isidoro Quiroga; las organizaciones Centro Cultural Bioecológico Salvemos el Río Achibueno, Juventud Vanguardista, Movimiento Defensa Río Achibueno, las autoridades municipales de Linares y Longaví, los senadores por esa región; y el gobierno central de Chile.

Criminalización social:
Entre las protestas se tomó durante 16 horas la gobernación de Linares, la cual terminó con 18 detenidos, que en su mayoría eran jóvenes. Desde que fue tomada la gobernación han tenido en promedio 15 detenciones por noche; a ello se suma que las manifestaciones han sido reprimidas de manera violenta, con gas lacrimógeno y balines de goma que lanzan directamente al cuerpo de los manifestantes. Incluso se han detenido a menores de edad y se les ha imputado por delitos de desórden público.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102295 http://www.lanacion.cl/nuevo-cacerolazo-en-linares-en-protesta-por- centrales-en-rio-achibueno/noticias/2012-07-23/212249.html http:// www.proyectoambulante.org/?p=23845 http://salvemosachibueno.wor- dpress.com/porque-decimos-no/ http://radio.uchile.cl/noticias/162789/ http://www.veoverde.com/2010/09/rio-achibueno-en-la-mira-de- hidroelectrica-centinela/ http://www.maulesurnoticias.com/msur/ index.php?option=com_content&view=article&id=1094:linares-nueve- personas-formalizadas-por-incidentes-en-protestas-por-centrales-del- achibueno

19.-tErmoEléctrica
chilE. laraquEtE, provincia dE arauco, rEgión biobío.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierra:
No se tienen registros.

Descripción del conflicto:
En enero de 2010 South World Business, presentó al Sistema de Eva- luación una declaración de impacto ambiental y no un estudio, para la instalación de una planta termoeléctrica a base de carbón y biomasa a 3 km al sur de Laraquete, en el Complejo Industrial de Horcones.

Desde un principio los habitantes de la región, de las comunas Tirua, Cañete, Contulmo y Arauco de la Provincia de Arauco no estuvieron de acuerdo con la construcción de la planta. Argumentaron, apoyados por organizaciones ambientales (Laraquete Sustentable), que el pro- yecto afectaba la vida turística de la región, depositarían los residuos en el río, no era verdad que generará empleos para los habitantes de Laraquete, pues requiere mano de obra especializada; y además, no existía un estudio de impacto ambiental. De 2010 a 2012 ha habido manifestaciones en contra del proyecto, se acudió a las instancias gu- bernamentales correspondientes, pero los recursos legales no fueron respaldados, ocasionando más protestas. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Biobío en diciembre de 2011 sin estudio de impacto ambiental, sólo con declaración; esta deci- sión fue muy criticada por los pobladores y autoridades de Laraquete, ya que se realizó sin el alcalde de Arauco ni los afectados, pero sí con la participación de accionistas del proyecto. Sin embargo, a finales de agosto de 2012 el Tribunal de la Corte de Apelaciones de Concepción declaró ilegal la resolución de aprobación del proyecto de la Comisión de Evaluación Ambiental de Biobío.

Actores en pugna:
La empresa South World Business, los habitantes de Laraquete, la or- ganización Laraquete Sustentable y las autoridades ambientales regio- nales.

Criminalización social:
Registro de represión violenta de las protestas, con golpes, bombas de humo y personas detenidas.

Fuentes consultadas:
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102266 http://www.biobiochile. cl/2011/12/14/manifestantes-contra-proyecto-termoelectrico-pirque- nes-se-enfrentan-con-carabineros-en-concepcion.shtml http://resu- men.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5620:vecin os-de-laraquete-continuan-la-lucha-contra-termoelectrica-pirquenes &catid=28:concepcion&Itemid=71 http://www.nuestrobiobio.cl/word- press/2011/01/laraquete-marcho-en-contra-de-la-termoelectrica/ http://www.veoverde.com/2012/08/chiletermoelectrica-pirquenes- rechazada-en-tribunales-por-arbitraria-e-ilegal/ http://www.cccardenista.net/radio/vecinos-de-laraquete-continuan-la- lucha-contra-termoelectrica-pirquenes/

20.-hidroEléctica “hydroaysEn”

chilE. rEgión dE aysén.

Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:
HidroAysen es un proyecto que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur de Chile. El proyecto fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera. La decisión fue tomada por 11 consejeros, de los cuales 10 fueron votos a favor y sólo 1 fue abstención. Dicha decisión fue repudiada por un eleva- do porcentaje de la ciudadanía chilena. Diversas huelgas se desarrollaron en todo el país luego de conocerse la noticia. Los principales detractores esperan iniciar acciones legales en contra del proyecto, y han asegurado que se masificarán las protestas organizadas. Toda la planificación del proyecto no estuvo exenta de una fuerte crítica por parte de los sectores ambientalistas, así como de habitantes de la Región de Aysén y de todo el resto de Chile. En abril de 2011, el proyecto HidroAysén ya contaba con un rechazo creciente del 61% por parte de la ciudadanía, a pesar de la enorme campaña publicitaria que han realizado los responsables para revertir, sin éxito, estos resultados. Luego de aprobado el proyecto, el mismo mes este porcentaje de rechazo aumentó a un 74%.El 4 de abril de 2012 la Corte Suprema de Chile falló a favor del proyecto de centrales hidroeléctricas, desestimando los recursos presentados por grupos ambientalistas; final- mente se espera como resolutivo una ley que dé un fallo al respecto.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Hidroaysen, Gobierno Chileno, las carteras de Energía, Minería, Agricultura, Salud y Economía. En Oposición: Campaña Internacional Patagonia Sin Represas.

Criminalización social:
Represión, violencia y detenciones desmedidas en jornadas de protesta contra Hidroaysen por parte de carabineros de chile. Seguimieno y espio- naje a integrandes del grupo opositor al proyecto “Patagonia sin represas”.

Fuentes electrónicas de información http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/ http://www.biobiochile. cl/2011/05/09/organizan-diversas-protestas-en-el-pais-por-aprobacion- de-hidroaysen.shtml

http://www.biobiochile.cl/2011/05/10/batalla-judicial-anticipan-detrac- tores-de-hidroaysen.shtml http://diario.latercera.com/2011/05/15/01/contenido/reportajes/25- 69083-9-74-rechaza-hidroaysen.shtml

http://www.hidroaysen.cl/ http://www.ecosistemas.cl/1776/article-87015.html http://www.bio- biochile.cl/2011/05/13/amnistia-internacional-expresa-preocupacion- por-represion-policial-en-protestas-contra-hidroaysen.shtml http:// cumbrechile2013.org/taller-patagonia-sin-represas-vs-hidroaysen-en- la-cumbre-de-los-pueblos/ http://radio.uchile.cl/noticias/186521/

21.-tErmoEléctrica
chilE. chungungo, comuna la higuEra, provincia dE Elqui, rEgión dE coquimbo.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
En el contexto del terremoto ocurrido en Chile y del cambio de admi- nistración presidencial a principios de 2010, se planteó en Chile la cons- trucción del proyecto energético Barrancones, se trataba de una central termoeléctrica en la caleta Chungungo, al sur del pueblo de Punta de Choros, en la Región de Coquimbo. Entre las promesas de Piñera estuvo no comprometer el ambiente por la construcción de termoeléctricas, lo que ocasionó que con la pretensión de la empresa franco-belga Suez Energy la gente saliera a manifestarse a las calles en contra del pro- yecto. En agosto de 2010 el proyecto fue aprobado por la COREMA de Coquimbo, decisión apoyada por el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, desatando de nuevo las manifestaciones, pues se ponía en peligro la biodiversidad de la reserva de Punta Cho- ros, particularmente en reserva de Pingüinos. Debido a las demandas, a finales de mes, Piñera aceptó la amenaza a la biodiversidad y dijo haber acordado con la empresa cambiar la ubicación del proyecto; sin embargo, finalmente la Suez Energy no vio conveniencia en el cambio de ubicación y decidió cancelar el emprendimiento.

Actores en pugna:
El gobierno de Sebastián Piñera y las autoridades competentes; la em- presa Suez Energy, las comunidades afectadas y en general la sociedad chilena que se opuso al proyecto.

Criminalización social:
Las manifestaciones en contra de la termoeléctrica fueron reprimidas vio- lentamente por el Estado Chileno a través de sus Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron usados carros lanzaaguas y gases lacrimógenos.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/oca/chile/region04/mineras029.htm http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/08/24/varios-detenidos- en-protesta-ciudadana-contra-la-termoelectrica-barrancones/ http://olca.cl/oca/desertificacion/informe082.htm http://olca.cl/oca/chile/region04/mineras024.htm http://web.ing.puc.cl/~power/alumno10/barrancones/analisis.htm http://web.ing.puc.cl/~power/alumno10/barrancones/analisis.htm http://www.infolatam.com/2010/08/25/chile-critica-aprobacion-pro- yecto-termoelectrico/”

22.-contaminación dE agua
chilE. EstEro las crucEs, quilicura, rEgión mEtropolitana dE santiago.
Inicio del conflicto: 1989

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
En 1989 el gobierno chileno permitió la instalación de industrias en la Región Metropolitana, lo que dio lugar al surgimiento de un parque industrial. Todos los residuos de las empresas que ahí se instalaron, vaciaban todos sus residuos en el Estero Las Cruces. Desde entonces se generaron afectaciones ambientales (muerte de fauna) y a la salud de las comunidades afectadas. Se daño la economía de las comunidades aledañas porque se prohibió la venta de los productos regados con estas aguas. Durante la década del noventa las autoridades locales realiza- ron análisis para determinar la contaminación del lugar, se concluyó que el agua estaba intoxicada con coliformes fecales, materia orgánica biodegradable, sólidos en suspensión, sustancias orgánicas no cuantificadas como tinturas o anilinas, toxinas, pesticidas, etc. La muerte del estero se declaró en 2000, año en que se inició una demanda contra las empresas por daño ambiental, donde las demandadas eran EXPLOTA- CIONES SANITARIAS S.A., SOCIEDAD ALIMENTOS GOLONDRINA LIMITADA (antes Gist Brocades), P Y P TINTORERÍA INDUSTRIAL S.A. y CERVECERIAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA. La demanda no ha prosperado, se puso en 2000 y lleva más de 10 años en espera, no hay resoluciones. Se han realizado protestas, pero sólo han tenido como resultado la represión.

Actores en pugna:
Las empresas contaminantes que están incluidas en la demanda. El gobierno chileno, que no ha hecho nada por solucionar el problema ambiental. Las comunidades de Quilicura, que padecen todas las afec- taciones. Las organizaciones ambientales que apoyan a la comuni- dad.

Criminalización social:
Los carabineros han reprimido violentamente, incluyendo a mujeres y niños, a miembros del Comité Ecológico Pudahuel Aguas Claras cuando se manifestaban en contra de las empresas que contaminan el estero.

Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/oca/chile/pudah03.htm http://www.olca.cl/oca/chile/pudah04.htm http://www.olca.cl/oca/chile/pudah08.htm http://www.olca.cl/oca/actos/texto01.htm http://olca.cl/oca/legales/contes01.htm http://www.olca.cl/oca/chile/pudah09.htm http://www.olca.cl/oca/chile/pudah12.htm http://olca.cl/oca/legales/demand01.htm http://www.olca.cl/oca/chile/regionmp/farfana00.htm

23.-dEsviación dE río.
colombia. rio ranchEría, la guajira. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
El territorio que naturalmente corresponde al cauce del río se utilizará dentro del proyecto carbonífero del Cerrejón, por lo que se preven des- pojos de tierras.

Descripción del conflicto:
En el departamento de la Guajira, la empresa El Cerrejón (propiedad de las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American) pretende desviar el Río Ranchería en un tramo de 26 kilómetros para explotar 500 millones de toneladas de carbón. El proyecto se encuentra ubicado en una zona en la que residen varias comunidades indígenas, por lo que requiere de una consulta previa. “El Ranchería es el único río de los wa- yuu. La única corriente de agua que atraviesa este territorio ancestral dando vida a nuestra vida”. Se quiere adelantar una “consulta previa” sin que El Cerrejón haya solicitado la licencia ambiental, lo cuál viola la ley, porque el artículo 12 del Decreto 1320 de 1998 dispone que las consultas previas deben realizarse después de que el interesado solicite la respectiva licencia ambiental y publique los estudios técnicos que sustentan el proyecto. No obstante se puede predecir que no hay forma de reemplazar el daño que se le haga al ecosistema con ningun habitat artificial siendo las consecuencias irreversibles; mover esta cantidad de tierra alteraría el paisaje y podría modificar la línea de costas del mar, según han afirmado geólogos conocedores del tema. Además, en una región donde existe tanta dificultad para contar con el agua, perder 30 millones de metros cúbicos no tiene precio según la ingeniera agróno- ma Martha Ligia Castellanos.

Actores en pugna:
Comunidad: habitantes Guajira, indígenas Wayuu. Estado: Ministerio de minas y energía, Ministerio del Interior. Mercado: El Cerrejón (BHP Billiton, Xstrata y Anglo American)

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_conten t&view=article&id=37983:desvio-del-rancheria-debe-tener-bene- placito-de-las-comunidades-presidente-de-cerrejon&catid=77:la- guajira&Itemid=420 http://notiwayuu.blogspot.com/2012/06/la-guajira-dice-no-al-desvio- del-rio.htmlhttp://www.elheraldo.co/region/vale-la-pena-la-desvia- cion-del-rancheria-por-los-beneficios-ofrecidos-73178 http://www.conlospiesporlatierra.net/?p=1293 http://www.eltiem- po.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE- RIOR-11933344.html http://www.elpilon.com.co/inicio/el-desvio-del-rio-rancheria-amena- za-a-la-poblacion-wayuu/

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-317964-trasteo- de-un-rio-guajira

24.- hidroEléctrica El quimbo
colombia. gigantE, garzón, altamira, El agrado, tEsalia, paicol; dEpartamEnto dEl huila
Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:
Desplazamiento de trescientos sesenta y dos (362) familias (viviendas), residentes permanentes en el área que será cubierta permanentemente por la hidroeléctrica.

Descripción del conflicto:
Proyecto hidroeléctrico que implica el desvío del río Magdalena, ge- nerando un cambio de la vocación agrícola de por lo menos 9.000 hectáreas de tierra altamente productiva, y que acarrearía –entre mu- chos otros anunciados impactos ambientales– la sustracción de tres cuartas partes de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia y la destrucción del bosque nativo que crece en la zona aledaña a la rivera de un río considerado la arteria fluvial de Colombia. La seguridad y soberanía alimentaría del departamento se verá drásticamente afec- tada debido a que la zona que será inundada que produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne, etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regio- nal y nacional. Se utilizó además la excusa de que en esta zona no se registraron comunidades indígenas ni negras, que se pudieran ver afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico certificada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, aunque si hay numerosas comunidades campesinas. Las protestas aumentan cada día más.

Actores en pugna:
Mercado: Endesa (España), Emgesa (Colombia), Enel (Italia), Estado: Ministerio de Medioambiente y ministerio del Interior. Comunidad: Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (AsoQuimbo) y la comunidad en general.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.eltiempo.com/blogs/caidadelatorre/2012/02/el-quimbo-un- gigante-egoista.php http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-debate-ambiental- sobre-el-quimbo.html http://www.lanacion.com.co/2012/07/16/aumenta-protesta-en-el- quimbo/ http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo- 253288-preocupaciones-construccion-de-hidroelectrica-el-quimbo http://www.icesi.edu.co/blogs/casohidroelectricaelquimbo/ http:// www.semana.com/nacion/quimbo-cara-cruz-misma-reali- dad/173407-3.aspx http://www.desdeabajo.info/component/k2/ item/19634-el-quimbo-mucho-m%C3%A1s-que-energ%C3%ADa.html http://otramerica.com/temas/el-quimbo-o-el-funesto-simbolo-del- neodesarrollismo-en-colombia/1771

25.-rEprEsa dE anchicayá
colombia municipio dE buEnavEntura, dEpartamEnto vallE dEl cauca.
Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:
La contaminación del agua causó daños a casi 6000 personas afrodes- cendientes de la región, sus plantaciones, hogares y actividades agro- pecuarias

Descripción del conflicto:
A partir del 21 de julio de 2001 y durante más de un mes, la Empresa de Energía del Pacifico-EPSA S.A., de manera irresponsable, arrojó al Río Anchicayá más de 500.000 m3 de lodos putrefactos acumulados por más de 40 años en el embalse de la hidroeléctrica de Anchicayá. Las aguas con lodo no solo afectaron al río y los criaderos de peccs o cultivos, sino a las comunidades afrodescendientes aguas abajo, que al no contar con una infraestructura adecuada de alcantarillado y vías de comunicación, sufrieron muchos daños por lo que demandan indemni- zación. El agua mezclada con el lodo envenenado quedó imposibilitada para el consumo humano y para las especies de avifauna y flora de la cuenca, disminuyendo además notoriamente los insumos naturales para la medicina ancestral; la salud humana se deterioró drásticamen- te, tanto física como síquicamente, dado el carácter de eje cultural e identitario del río. Pese a que el proceso legal lleva diez años, no se ha indemnizado a los afrodescendientes afectados, pues magistrados de la corte accedieron a la solicitud que hizo EPSA de declarar ilegal los estudios que ponían precio a los perjuicios. Con la decisión, revocaron el fallo que ordenó la indemnización que ordenó el Tribunal Adminis- trativo del Valle en septiembre de 2009, por casi $160.000 millones.

Actores en pugna:
La trasnacional Emgesa, Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) el es- tado colombiano; la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental en el departamento. Las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) fueron el Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, habitantes del corregimiento El Danubio, la Corporación Mar Pacífico, la Asociación Civil Pescomertil, la Asociación de Platane- ras Las Tintoreras, el Consejo Comunitario de Sabaletas.

Criminalización social:
Las comunidades han denuncuado violacion a los derechos humanos, debido a que han confirmado presencia de paramilitares y ejercito, los cuales han venido controlado su libre movilidad, impidiendo el ingreso de alimentos con la instalacion de retenes, y realizando fumigaciones sin previa autorización en los territorios, hecho que viola tambien sus derechos económicos, culturales y ambientales. Debido a lo anterior, las comunidades de los concejos comunitarios del Río Arcicayá se en- cuentran en una grave crisis alimentaria y sanitaria.

Fuentes electrónicas de información: www.youtube.com/watch?v=eri9eKJLoZs, http://www.elespectador. com/impreso/judicial/articulo-298539-anchicaya-sin-pescado-y-sin- indemnizacion, http://www.ecured.cu/index.php/R%C3%ADo_Anchicayá, http://www. semana.com/nacion/caso-del-rio-anchicaya-fallo-trascendente-para- medio-ambiente/175007-3.aspx, http://www.sindicatosporelagua. org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:colomb ia-informes-de-la-defensoria-del-pueblo-de-colombia-en-relacion-al- derecho-al-agua&catid=28:marco-constitucionallegal&Itemid=45, http://debatehidroituango.blogspot.com/2012/03/rios-vivos-informa- boletin-no-12-marzo.html http://justiciaambientalcolombia.org/2012/10/11/corte-colombiana- retrocede-en-reconocimiento-de-derechos-a-comunidades-negras- afectadas-por-represa-bajo-anchicaya/ http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-376966-rio- anchicaya-empezar-de-cero

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/rio-anchicaya-clama- por-mirada-autoridades http://www.semana.com/nacion/articulo/el-caso-del-rio-anchicaya- fallo-trascendente-para-medio-ambiente/255991-3

26.-hidroEléctrica urrá i y ii
colombia. zona dEl alto río sinÚ, municipio dE tiErralta (dEpartamEnto dE cordoba).
Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:
Hubo un desplazamiento de dos resguardos legalmente constituidos y de territorio ancestral del pueblo Embera Katío, que según legislación colombiana debió ser consultado antes de iniciar las obras. El proyecto hidroeléctrico Urrá inundó 7.400 hectáreas, afectó el resguardo indí- gena del Alto Sinú y al Parque Nacional Natural de Paramillo, degradó los suelos, las ciénagas y en general los medios de vida en la parte baja de la cuenca del río en donde se asientan los campesinos.

Descripción del conflicto:
Se trata de la construcción de una hidroeléctrica multipropósito cuyo embalse alberga 77 km2. la zona fue declarada de utilidad pública por el gobierno colombiano, a pesar de que traslapaban resguardos y el Parque Nacional Natural Paramillo, para dar vía libre al proyecto en sus inicios. Se emplean diversas estrategias para debilitar la defensa del territorio por parte del pueblo indígena, entre ellas cvrear discor- dias en su interior y debilitarlos, coyuntura que aprovecharon para hacer negociaciones muy irregulares. La empresa hace el preembalse y posterior a esto se lleva a cabo una consulta en septiembre de 2000. La consulta se hace con dos grupos indígenas, en espacios distintos y acuerdos diferentes. Un mes después se expidió la licencia y se ini- ció el llenado del embalse. Es uno de los casos paradigmáticos en Colombia, la Corte Constitucionalmente se pronunció enfáticamente en favor del pueblo indígena afectado y desde todo punto de vista re- chazó el procedimiento de dicho proceso, no obstante la obra estaba muy avanzada y solo obligó a una compensación permanente, pero la vulneración asu derecho al territorio fue flagrante y vergonzoso para el país. Pese a ello, actualmente se lleva a cabo el Proyecto Urrá II, sin haber indemnizado a los afectados por Urrá I, sin cumplir con licencias ambientales.

Actores en pugna:
Pueblos indígenas embera Katío del Alto Sinú, los resguardos de Kara- gabí e Iwagadó y por otra parte la empresa multipropósito Urrá S.A , Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía

Criminalización social:
Durante el impulso de la construcción de este megaproyecto hidroeléc- trico los grupos paramilitares sembraron el terror, la muerte y deso- lación a su paso, siendo desaparecidos, torturados y asesinados un significativo número de líderes sociales y comunitarios que denuncia- ron y elevaron su voz de protesta frente a los múltiples perjuicios que generaría para la vida y cotidianidad de los sectores sociales más gol- peados la puesta en marcha de Urrá I.Los indígenas asesinados Lucin- do Domicó, Alonso María Jarupia y a la cabeza de ellos Kimi Pernía Domicó fue desaparecido el 2 de junio de 2002 cuando luchaba por su pueblo Emberá Katio, en contra de la construcción de la represa, cuyo asesinato fue ordenado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Estos atropellos se llevaron a cabo con la anuencia de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente, que forzaron la llamada consulta y expidieron la licencia, a sabiendas que no se había realizado una real consulta previa.

Fuentes electrónicas de información: http://www.semana.com/nacion/quimbo-cara-cruz-misma-rea- lidad/173407-3.aspx http://www.censat.org/ambientalistas/66/ Nacionales.html http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=e1b- 20156068-20156068&x=20156154 http://www.urra.com.co/Localiza- cion.php http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/ php/frame_detalle.php?h_id=5458 http://observatorioadpi.org/sos-embera-amenaza-hidroelectrica http:// alainet.org/active/19951&lang=es
http://elturbion.com/?p=1147 http://mingamadretierra.blogspot.mx/p/urra-ii.html

27.- hidroEléctrica hidroituango colombia. ituango, antioquia. Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:
Los desalojos empezaron el 16 de diciembre de 2010 en la finca San Juan de Rodas, que ya es de propiedad del proyecto. Allí fueron desalojadas 24 personas de las playas del sector de Tenche, jurisdicción del municipio de Ituango, cuyos 19 ranchos fueron destruídos por la fuerza pública. el censo realizado en este sector no incluyó entre 10 a 12 personas.

Descripción del conflicto:
En la puesta en marcha del proyecto se han impuesto restricciones de ingreso a las playas del Rio Cauca zonas de trabajo de mineros ar- tesanales aún sin haberse aprobado la concesión. se han sumado de- nuncias sobre desalojos, presiones de la fuerza pública y las empresas de seguridad privada que hay en la zona. se excluyeron también de consideraciones muchas otras actividades económicas que no han sido diagnosticadas por EPM Ituango ni lo fueron en su momento por Hi- droituango, lo que las dejo por fuera de toda posibilidad de compen- sación social y económica: transportadores, jornaleros, mayordomos, caseras de las fincas vendidas, pescadores, comerciantes, agricultores, entre otros.

Actores en pugna:
Comunidad: Pobladores de Ituango y las zonas aledañas, Asohidroi- tuango y otras organizaciones sociales que se oponen al proyecto. Es- tado: Gobernación de Antioquia y Gobierno municipal. Mercado: EPM Ituango

Criminalización social:
La persecución que se ha gestado desde la gobernación de Antioquia con el propósito, según este ente administrativo, de impedir que perso- nas oportunistas entren a las playas con el ánimo de ser beneficiadas económicamente por Hidroituango, llegando a criminalizarlas mediá- ticamente como “delincuentes y avivatos”. El propio Secretario de Go- bierno del departamento, Santiago Londoño, insinúa que hay “familias farianas” y que el mayor problema en Ituango son las redes de apoyo a las Farc, haciendo señalamientos arbitrarios.

Fuentes electrónicas de información: http://censat.org/ir-a-biblioteca-virtual/category/14-audios http://panel-itinerante.censat.org/ http://periferiaprensa.org/index. php?option=com_content&view=article&id=637:hidroituango-el- motor-de-despojo-para-las-comunidades-mineras&catid=90:contra- el-despojo&Itemid=134 http://www.caracol.com.co/noticias/ regional/ituango-antioquia-se-debate-entre-el-miedo-y-la-desprotec- cion/20120529/nota/1696211.aspx http://debatehidroituango.blogspot. com/2012/06/denuncias-en-contra-de-hidroituango.html http://www.hidroenergia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19 8:hidroituango-la-central-de-antioquia&catid=1:ultimas&Itemid=50

28.-proyEcto hidroEléctrico. rEprEsa El quimbo. colombia. dEpartamEnto dEl huila, municipios dE altamira, garzón, gigantE, tEsalia, paicol y agrado. Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:
Oficialmente se habla de procesos de compra de predios y reubica- ción de familias, pero se han denunciado desalojos de la población sin garantías de reubicación. Esto sin contar que los procesos de reubi- cación anunciados provocará nuevos procesos de desplazamiento de población. Con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento fueron expulsados del lugar, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas. Cerca de 400 personas, muchas de las cuales son grupos familiares que viven de la pesca, fueron sacadas a la fuerza del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La obra ocupará un área de 8.500 hectáreas y comprome- terá territorios de seis municipios

Descripción del conflicto:
El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo construido por Emgesa tiene proyectada la construcción de un embalse con un volumen útil de 1.824 hm3 y un área inundada de 8.250 ha. Para lo cual se viene adelantando la desviación del cauce del río Magdalena, uno de los principales ríos de la región andina del país y un cambio drástico de uso del suelo y del paisaje. La construcción del embalse significa el fin de la producción agrícola en la zona prevista para ser inundada, cientos de campesi- nos, propietarios y jornaleros quedan sin trabajo y muchos pescadores del río Magdalena también se verán afectados, dadas las inevitables afectaciones sobre el recurso íctico como consecuencia del desvío del río Magdalena, aún ni siquiera han sido calculadas. La Asociación de afectados por el Quimbo, Asoquimbo, reclama que se debe suspender la licencia ambiental hasta tanto no se amplíe y actualice el censo de los afectados por la obra y se realicen los estudios científicos relacionados con el diagnóstico ambiental de alternativas, la valoración económica de los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales, de ries- go sísimico y geotécnico, que según la Asociación no se han realizado de la manera adecuada. Es contradictorio que ante los estrados inter- nacionales el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos se muestre respetuoso de los derechos humanos, pero en la práctica las comunidades afrontan la imposición a sangre y fuego de proyectos como la hidroeléctrica del Quimbo, y en medio de las manifestaciones pacíficas de la población, se imponga la desviación del río Magdalena para favorecer los intereses del capital nacional y extranjero, en éste caso particular del consorcio de la compañía.

Actores en pugna:
Pobladores civiles, campesinos e indígenas (municipios de Altamira, Garzón, Gigante, Tesalia, Paicol y Agrado), Asociación de Afectados por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ong ́s am- bientalistas mundiales, mingas ambientalistas. La empresa Emgesa, Emerald Energy, Endesa y el estado a traves de la policia,Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ejer- cito y el esmad (escuadron anti disturbios).

Criminalización social:
Hasta el momento no se han presentado asesinatos de líderes de las comunidades que se oponen al proyecto, sin embargo, se ha reprimido la protesta y se ha afirmado que en las marchas hay incluso participa- ción de las FARC, lo cual resta legitimidad a dichas manifestaciones. El desalojo, que dejó tres heridos, uno de ellos el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón, quien según reporte del Hospital Univer- sitarios de Neiva perdió su ojo derecho, se lleva a cabo tras mes y medio de protesta de la comunidad huilense afectada de manera directa por el proyecto El Quimbo y tras una frustrada acta de acuerdos y compromi- sos, firmada el pasado 17 enero y dilatada de manera perversa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuentes electrónicas de información: http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-253288-pre- ocupaciones-construccion-de-hidroelectrica-el-quimbo http://www. semana.com/nacion/articulo/protesta-contra-hidroelectrica-el-quim- bo-deja-25-heridos/262901-3 http://www.elespectador.com/impreso/ nacional/articulo-334493-seguimiento-los-30-acuerdos-de-el-quimbo www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA, www.youtube.com/watch?v=qNoLrLaKXSU, www.proyectoelquimboemgesa.com.co/, www.ocecolombia.com/2012/03/represa-del-quimbo.html, www.youtube.com/watch?v=v_SEIWciCDs

29.-hidroEléctrica “El diquis” costa rica. cajón dE boruca Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
La construcción de la hidroeléctrica provocaría la inundación de diez comunidades indígenas.

Descripción del conflicto:
En 2007, el gobierno de Costa Rica mediante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), declaró El Diquis como proyecto de interés na- cional. Desde entonces, los habitantes de la zona se han opuesto a la construcción de la Presa hidroeléctrica porque una de sus principales consecuencias sería la inundación de por lo menos diez comunidades aledañas. En 2011, la ONU intervino para observar el desarrollo del conflicto, la respuesta del gobierno fue el anuncio de la desocupación, sin embargo, esto no ha ocurrido. La población indígena del pueblo de Térraba, exige el respeto a su forma de vida y al ecosistema del lugar, no obstante, el gobierno insiste en hacer plebiscitos pese al profundo rechazo social. Al respecto, Pablo Sibar líder comunitario del Grupo de los 12, ha declarado que se han sufrido presiones del gobierno costarri- cense, falta de garantías y violación de derechos para aceptar el proyec- to hidroeléctrico en su territorio; lo anterior demuestra que el ICE no abandona los planes de construcción de la hidroeléctrica.

Actores en pugna:
La población indígena del pueblo de Térraba y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.redlar.org/noticias/2011/10/21/Comunicados/Declaran-no- grato-al-proyecto-Hidroelectrico-el-Diquis/ http://www.latindex.ucr. ac.cr/reflexiones-90-2/rfx-90-2-01.pdf http://www.nacion.com/2012-05-03/ElPais/ice-apuesta-a-proyecto-el- diquis-pese-a-consulta-indigena.aspx http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/65763 http://www. elnuevodiario.com.ni/internacionales/100224 http://olca.cl/articulo/ nota.php?id=101942

http://www.pozol.org/?page_id=3338 http://www.elpregon.org/v2/ costarica/ambiente/3227-hidroelectrica-diquis-arrasaria-tierras-de- indigenas- http://www.nacion.com/2011-07-14/Opinion/ilegalidades-del-proyecto- hidroelectrico-diquis.aspx http://www.mesaindigenacr.org/noticias/8-represa-hidroelectrica-el- diquis-viola-derechos-de-los-pueblos-indigenas http://www.diplomaciaindigena.org/2012/12/en-costa-rica- lideresas-indigenas-se-oponen-a-proyecto-hidroelectrico- %E2%80%9Cdiquis%E2%80%9D/

30.-rEprEsa
Ecuador. río grandE, manabí. Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
La población opositora ha sido sometida a desplazamientos. El caso de Alfredo Zambrano es emblemático.

Descripción del conflicto:
Río Grande es una zona de bosque tropical húmedo. La actividad del campo tiene un alto nivel de productividad, ocupa a más de cuatro mil personas y se estima en cerca de 20 millones de dólares anuales su aportación a la economía local de Chone. La compañía china Tiesiju ha construido un muro que impide el paso de campesinos, transporte pasajeros y mercancías como los alimentos para consumo local y na- cional. Los trabajos ya han comenzado y numerosa maquinaria ya está removiendo la vegetación. Mientras tanto, el presidente Rafael Correa argumenta que sólo “unas pocas familias se oponen” y que las “tensio- nes” con la población han bajado, aunque la realidad y los testimonios indican más bien todo lo contrario. Pretende inundarlo todo y está ace- lerando los trabajos, según reportes de la prensa local.

Actores en pugna:
Gobierno de Rafael Correa, élites nacionales y capital trasnacional a favor del proyecto.
La población afectada, principalmente la rural, campesina e indígena, cuestiona profundamente el modelo.

Criminalización social:

En 2011, los pobladores de Río grande que se manifestaron en oposición al proyecto fueron violentados, detenidos y heridos. Posteriormente, Rafael Correa decretó militarizar la zona de Río Grande declarándola “Zona de Seguridad Nacional”, justificando la ocupación mediante la fuerza pública de la zona.

Fuentes electrónicas de información http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article& id=433%3Ario-grande-y-la-resistencia-de-sus-pobladores-al-megapro- yecto-multiproposito-chone&Itemid=57 http://www.iagua.es/noticias/ecuador/12/11/07/avances-en-los-traba- jos-en-la-represa-del-rio-grande-en-ecuador-23113 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101209 http://www. eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/237497-trabajos-en-la-repre- sa-rio-grande-siguen-con-normalidad/

31.-rEprEsa hidroEléctrica
Ecuador. provincia dE los ríos EntrE los aFluEntEs baba y taochi
Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:
El represar las aguas de los ríos Daule y Peripa provocó la formación de un gigantesco embalse que inundó cerca de 27.000 hectáreas . El embalse, es la laguna artificial más grande del Ecuador, el 80 por ciento de las familias afectadas por esta megaobra, que dejó sumergidas tie- rras excelentes para la producción alimentaria y desmembró familias que llevaban décadas en su producción campesina o como pescadores artesanales, no cuenta con energía eléctrica en sus viviendas.

Descripción del conflicto:
Daule Peripa es la represa más grande de Ecuador y su embalse redujo el campo de labores familiares, más del 50 por ciento de los desplazados aún no han recibido indemnización a pesar de contar con 24 años de cons- truída la represa, la población tuvo que emigrar a causa de la creciente de agua que inundó sus tierras, o por la quema de las plantas, causadas por el espejo de agua, como consecuencia de errores de cálculo de los técnicos y por haberse realizado sin contar con un estudio de impacto. De acuerdo al informe de la CAIC, después del llenado del embalse, 14.965 campesinos residentes de ocho poblados ubicados en el área inundada, fueron obliga- dos a abandonar sus tierras y en total 63 comunidades quedaron aisladas.

La reparación integral que demanda el Comité de Integración Unitaria, incluye créditos a la promoción de la producción alimentaria campesina y sustentable, la construcción de escuelas, el servicio público de “gabarras” para cruzar los ríos con sus mulas de carga y un servicio médico que con- trole la proliferación de enfermedades que la presa ha intensificado con su almacenaje de aguas estancadas.

Actores en pugna:
La comisión para el desarrollo de la cuenca del río Guayas, CEDEGE, Gobierno Ecuatoriano. Las comunidades afectadas, que incluyen dos afroecuatorianas (La Ceiba y Corriente Grande) que se encuentran asentadas en el área de inundación. Sumadas a estas personas se en- cuentran las numerosas comunidades que viven aguas abajo del pro- yecto y que se verán afectadas por la disminución de los caudales del río Baba, y El Comité de Integración Unitaria de los Afectados por la Represa Daule Peripa.

Criminalización social:
El 20 de junio de 2005, Andrés Arroyo, un líder comunitario , fue asesi- nado y su cuerpo fue arrojado al Río Baba . Unos días antes de su muer- te, Arroyo visitó a la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU) en Quito para pedir su apoyo e iniciar acciones en contra del proyecto. Actualmente se ha denunciado al gobierno de Rafael Correa de buscar silenciar el descontento social, a través de demandas jurídicas contra líderes ambientalistas.

Fuentes electrónicas de información
http://casobaba.blogspot.com/, http://dev.aida-americas.org/sites/default/files/INFORMEREP5Aba- ba_0.pdf http://www.radiomundoreal.fm/Usurpacion-y-promesas- huecas http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes &id=162&view=showcanal&Itemid=27

32.-hidroEléctrica “coca-codo sinclair” Ecuador. sucumbíos y napo.
Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:
16 familias desplazadas del área aún no reciben indeminización por las tierras que abandonaron. Hay otras familias que se prevé deberán abandonar el área a medida que los trabajos avancen.

Descripción del conflicto:
La construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair cuen- tan con 20% de avance, abastecería 1.500 MW/año a las ciudades de Quito y Nueva Loja. Su construcción incide sobre una superficie de aproximadamente 40.000 hectáreas caracterizadas por alto riesgo vol- cánico (El Reventador) y la ocurrencia de deslaves. Afecta además a superficies de bosques protectores donde viven productores campesinos que exijen una indemnización justa por sus tierras y al Parque Nacional Sumaco. Otras comunidades -como el pueblo Cofán-, quiere participar de las utilidades que genere el proyecto. El Coca Codo Sinclair pretende estar terminado y operando en 2016

Actores en pugna:
La Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S/A pertenece a la em- presa estatal Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S/A, compañía constructora china Sino Hidro, Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores Estartégicos, SENAGUA, gobernaciones de Sucumbíos y Napo, gobiernos municipales de Gonzalo Pizarro y de El Chaco; asociaciones de propietarios de tierras en áreas de patrimonio forestal del Estado.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: www.ecociencia.org/inicio/index/.php?sid=105&list=one&id=127 http://deciomachado.blogspot.com/2011/04/coca-codo-sinclair-mega- proyectos-vs.html http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador- hidroelectrica-coca-codo-sinclair-llega-casi-al-20-de-construccion http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ministro-de- ecuador-visitara-hidroelectrica-coca-codo-sinclair-tras-huelga http://dams-info.org/es/dams/view/coca-codo-sinclair/”

33.-manglar
El salvador. bahía dE jiquilisco. Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Militantes ambientalistas se ha pronunciado en contra del avance des- tructivo de la camaronicultura industrial, la privatización de zonas marino costeras, los emprendimientos hoteleros de enclave, la cons- trucción de mega represas hidroeléctricas y los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). La Bahía de Jiquilisco es uno de los eco- sistemas más productivos del planeta que se está perdiendo de manera acelerada. El Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas (CESTA) Amigos de la Tierra El Salvador, denunció que los bosques de manglar en su país se encuentran seriamente degradados, se considera que en al menos un 35%; además enfrentan serias amenazas por el avance del turismo convencional y construcción de salineras y camaroneras. Jus- tamente CESTA, integrante de la Redmanglar Internacional, ha estado en los últimos años denunciando la preocupante situación que se vive en la Bahía de Jiquilisco, donde se estima que hay instaladas unas 700 empresas camaroneras.

Actores en pugna:
Militantes ambientalistas y El Centro Salvadoreño de Tecnologías Apro- piadas (CESTA) contra los megaproyectos emprendidos en la zona Criminalización social:
No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/index.php http://manglebajolempa.org/2012/11/19/1349/ http://ipsnoticias.net/ nota.asp?idnews=102318

34.-prEsas hidroEléctricas y dEForEstación El salvador. zona dEl bajo lEmpa.
Inicio del conflicto: 1991

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La cuenca del Rio Lempa es la más grande del país, ocupando un 49% de área del territorio nacional (10,255 km2). El Bajo Lempa cuenta con un territorio de 870 kms2 y se caracteriza por ser una zona amenazada por el enorme caudal del rio. Desde 1992 la región ha sido afectada por inundaciones acaecidas durante la estación lluviosa, comprendida entre

los meses de mayo y octubre. Las causas principales de tales inunda- ciones son: la alta vulnerabilidad ecológica, la falta de medidas preven- tivas suficientes y las descargas de agua de las presas hidroeléctricas. La masiva tala de árboles en los márgenes del cauce superior del rio Lempa, el más importante en El Salvador, acarrea mayor cantidad de sedimentos fluviales; su delta se encuentra a muy pocos metros sobre el nivel del mar, por lo que solamente 50 centímetros de diferencia de altura ya pueden ser decisivos para la seguridad de la población. Las inundaciones derivan con frecuencia en la perdida de los cultivos y animales y en casos más graves de vidas humanas. Por tal razón, los pobladores del Bajo Lempa, desde la repatriación en los años 1991/1992 están luchando por una borda protectora sin tener a la fecha mayores logros.

Actores en pugna:
Pobladores de la región contra las autoridades para que atiendan la zona de riesgo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.uls.edu.sv/investigaciones/investigacion_migraciones_lem- pa.pdf http://www.mapder.lunasexta.org/?p=1627 http://www.elsalva- dor.com/noticias/2004/07/05/elpais/pais1.asp

35.-contaminación dE agua
El salvador. dEpartamEnto dE cabañas. Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La lucha inicia en abril de 2004 cuando se seca en rio Viejo de la co- munidad Llano de la Hacienda por la sobre explotación del agua por la empresa minera Pacific Rim y por la Zona Turística. Surge la amenaza de instalar un relleno sanitario, en el cual se depositarían de 400 a 500 toneladas de basura procedentes de 19 municipios del país contami- nando así el único río abastece a las comunidades de San Isidros (el río Titihuapa).

Actores en pugna:
Ante tal amenaza surge el Comité Ambiental de Cabañas como resulta- do de la inconformidad y malestar de muchas comunidades; empresas y gobierno.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.radialistas.net/clip.php?id=1500538 http://asociacioncac.blogspot.mx/ http://www.elsalvador.com/noti- cias/2004/04/24/elpais/pais3.asp http://www.google.com/hostednews/ epa/article/ALeqM5ipZprJtu43EnUFf2WkQg1HQ75g9g?docId=1514660 http://www.movimientom4.org/2012/12/minera-non-grata/ http://www.gritomesoamerica.org/index.php/boletines/38- boletines/69-la-resistencia-frente-a-la-mineria-metalica-en-el-salva- dor.html

36.-proyEcto hidroEléctrico xalalá guatEmala. municipio dE ixcán. Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras:
El proyecto hidroeléctrico contempla cambios al paisaje, entre los cua- les se advierte la inundación de zonas aledañas, dando como conse- cuencia un traslado de la población (más de 2000 habitantes) a otras zonas.

Descripción del conflicto:
El proyecto hidroeléctrico Xalalá comenzó desde 2001, aunque había funcionado intermitentemente desde 1982. En 2008, la licitación fue considerada “desértica”, lo cual ocasionó su cancelación. Sin embargo, el problema de fondo eran las manifestaciones por parte de los poblado- res quienes señalaban afectaciones como el agotamiento y contamina- ción de recursos naturales tales como el agua y recursos biológicos de la zona, principalmente la selva virgen. Además, se identificaba que la inundación inducida (que provocaría un desplazamiento poblacional) necesaria para el funcionamiento de la hidroeléctrica, provocaría gran- des costos sociales. Los municipios más afectados (Uspantán, Cobán y Alta Verapaz), realizaron una consulta en 2007, donde el 100% de la po- blación se opuso a la hidroeléctrica. No obstante, en 2012 se reabrieron las licitaciones, pues por el TLC de Estados Unidos con Centroamérica y el proyecto SIEPAC (Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional en toda Centroamérica) han comprometido a los Estados a llevar accio- nes de esta naturaleza, que vulneran la seguridad de los habitantes de la zona. Xalalá tiene un potencial para generar 181 megavatios de energía y de concretarse se convertiría en la segunda hidroeléctrica más grande del país.

Actores en pugna:
El Instituto Nacional de Electrificación quien ha reiniciado con los trá- mites de la licitación y las poblaciones que se oponen a los costos del desplazamiento.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://seguimientoconsulta.wordpress.com/%C2%BFquienes-somos/ iii-represa-hidroelectrica-xalala/ http://www.s21.com.gt/pulso/2012/04/12/buscaran-360-millones-para- hidroelectrica-xalala http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=822 http://www. centralamericadata.com/es/article/home/Anuncian_continuacin_de_ obras_de_central_de_Xalal http://www.gruposur.eu.org/IMG/pdf/CIFCA_Xalala_dic_08-1.pdf http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Hidroelectrica- genera-rechazo_0_799120104.html http://www.elperiodico.com.gt/ es/20121026/pais/219752/

37.-prEsa hidroEléctrica paso dE la rEina méxico. varios municipios dEl Estado dE oaxaca. Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El megaproyecto “Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina”, sobre el cau- ce principal del Río Verde, tendrá una inversión de 600 millones de dólares. Consistirá una cortina de 195 metros de altura y afectará a tres mil 100 hectáreas. La construcción perjudicará no solamente las tierras cultivables de siete municipios de la Sierra Sur y la Costa, sino también causará afectaciones ambientes al Parque Nacional Lagunas de Chacahua. Asimismo, alterará el caudal y el régimen hidrológico del Río Verde, cambios de temperatura en los ríos y la desaparición de las especies, tanto animales como vegetales.

Actores en pugna:
Impulsado por: Comisión federal de Electricidad (CFE), Gobierno del Estado de Oaxaca, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua. En contra: Consejo de Pueblos Unidos por la De- fensa del Río Verde (COPUDEVER), Comisión de Apoyo a los Pueblos de Río Verde, Servicios para una Educación Alternativa.

Criminalización social:
Se bloquean algunos caminos para que los pobladores no puedan asisi- tir a manifestaciones en contra de la construcción, se les condiciona el acceso a programas de apoyo federal como Oportunidades, y se ejercen acciones de intimidación.

Fuentes electrónicas de información: http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article &id=72:rotundo-rechazo-no-a-la-presa-paso-de-la-reina&catid=44:bol etines&Itemid=57; http://www.gaiaoax.org.mx/index.php/noticias/223- semarnat-acelerara-presa-paso-de-la-reina-danos-a-ecosistemas; http://centroprodh.org.mx/prodh/back/index.php?option=com_hw dvideoshare&task=viewvideo&Itemid=30&video_id=45&lang=es; http://www.pbi-mexico.org/los-proyectos/pbi-mexico/noticias/ news/?L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2722&cHash=092d364f73ce8 c826289b50f660307fd

38.- proyEcto hidráulico montErrEy vi méxico. san luis potosí, s.l.p.
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Con el proyecto Monterrey VI se pretende llevar agua del río Tampaón hacia la ciudad de Nuevo León, sin tomar en consideración que ya exis- ten usos y usuarios de esas aguas. Para la realización del proyecto, como forma de compensación se proponía el Gobierno de Nuevo León construír a manera de compensación para los agricultores de la huas- teca, un acueducto para llevar agua residual tratada a la presa Marte R. Gómez. Ante la oposición del gobierno del estado de San Luis Potosí al proyecto, la SEMARNAT negó la autorización para la realización del proyecto en marzo de 2012. Sin embargo, la empresa constructora cuenta con otras seis alternativas para llevar a cabo el proyecto.

Actores en pugna:
Impulsora de la obra: Empresa Agencia Ejecutora, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, gobierno del Estado de Nuevo León. En contra del proyecto: gobierno del estado de San Luis Potosí, pobladores de la huasteca potosina y tamaulipeca, ganaderos de la región huasteca.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2800628.htm http:// www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2800628.htm http://www. elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=519894 http://www.globalme- dia.mx/sanluis/vernoticia.php?id=46864 http://www.zunoticia.com. mx/ciudad-valles/4863-rechazan-dar-agua-a-monterrey.html http:// www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/monterrey-vi-el-negocio- del-sexenio

39.-aguas supErFicialEs y subtErránEas méxico. villa dE allEndE, Estado dE méxico. Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:
Las comunidades aledañas carecen o tienen deficiencias para el acceso al agua potable pese a estar a menos de un kilómetro del Sistema Cut- zamala, se han denunciado desecación de manantiales e inundación de cultivos.

Descripción del conflicto:
Desde 1982, del Sistema Cutzamala procede el 25% del agua potable que abastece a los habitantes del Distrito Federal y 13 municipios del Estado de México; cuenta con las presas Tuxpan y El bosque de Michoacán, colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo en el Estado de México. Dicho Sistema se constituyó sobre las mejores tierras de cultivo en la región y no benefició a las comunidades aledañas, quienes denunciaron la carencia del acceso al abasto del agua potable, la desecación de manantiales y la pérdida de bosques. En el año 2004, se integró el Frente Mazahua de Defensa del Agua, después de que se inundaron 300 hectareas de cultivos por el desbordamienta del río Ma- lacatepec, preveniente de la presa Villa Victoria.

Actores en pugna:
El Frente Mazahua en Defensa del Agua, conformado por las comu- nidades aledañas al Sisitema Cutzamala en el Estado de México, y co- munidades afectadas del municipio de Villa de Allende; Secretaría de Gobernacion, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/21/index.php?section=politica& article=002n1pol http://www.magis.iteso.mx/content/las-mujeres-motor-del-cam- bio-social http://www.comda.org.mx/publicaciones-comda/otras- publicaciones/1091-a-7-anos-del-frente-mazahua-en-defensa-del-agua

40.- acuEducto indEpEndEncia méxico. hErmosillo, sonora Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
Se trata de despojos de derechos de uso del agua y cambios en los mis- mos

Descripción del conflicto:
Se trata de un proyecto de construcción de un acueducto (140 km) a través del cual se pretende llevar agua de la Presa El Novillo (sistema Río Yaqui) hasta plantas potabilizadoras ubicadas en la ciudad de Her- mosillo, Sonora. Los campesinos temen que dentro de pocos años, las aguas de esa presa dejen de ser insuficientes para sus cultivos. Por su parte, los gobiernos federal y estatal insisten en que, por encima del uso agrícola del agua está la prioridad de atender las necesidades para el consumo humano. Activistas señalan que lo que se quiere priorizar de fondo es a la industria, sin que ello pase por una revisión de cómo desperdiciar y contaminar menos el agua.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: los gobiernos federal y estatal. En oposición: actores políticos, campesinos y sus representantes, activistas varios, pobladores de 7 municipios y de Ciudad Obregón, Sonora.

Criminalización social:
El gobernador Guillermo Padrés, ha descalificado a los campesinos y personas opositoras a la operación del Acueducto, descalificandolos como obstaculos para el desarrollo y envidiosos con los pobladores urbanos, a la vez que afirma seguirá combatiendolos.

Fuentes electrónicas de información: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/28/estados/037n1est http:// www.foroson.com.mx/post/2012/11/28/Indigna-a-Cajemenses- inauguracion-del-Acueducto-Independencia-.aspx http://www.elim- parcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/12012013/659040.aspx http://www.zoom95.com/seguire-combatiendo-los-opositores-del- acueducto-independencia-gpe/

41.-prEsa hidroEléctrica dE “las crucEs”
méxico. municipios dE santiago, ruiz, tuxpan, acaponEta, tEcuala y rosamorada, nayarit.
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Construcción de la presa hidroeléctrica de “Las Cruces”, que pretende edificarse sobre el Río San Pedro, principal afluente de la vasta exten- sión de pantanos denominada Marismas Nacionales, de los estados de Nayarit y Sinaloa. De construirse esta presa se afectará a la ganadería, la agricultura y la pesca. Por ejemplo, represar el agua dulce limitará la producción de ostras porque es necesario mantener el equilibrio de aguas dulces y saladas.

Actores en pugna:

A favor: CFE, Gobierno del Estado de Nayarit. En contra: Liga de Comu- nidades Agrarias, Organización para la Defensa Wirárica en Nayarit, Pueblos Wiráricas y Náyeri, Sociedad cooperativa ostrícola de Boca de Camichín, Consejo intercomunitario del consejo de cuenca del Río San Pedro.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.iis.unam.mx/pdfs/iismedios/abril2011/Comunidad%20 cientifica%20alerta%20sobre%20presa%20Las%20Cruces.pdf; http:// www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=259547; http://olca.cl/ articulo/nota.php?id=102045 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias 2011/9b85ea4db728a25d1c38cb9291a00ba1 http://www.jornada.unam. mx/2012/12/01/estados/030n3est

42.-proyEcto hidroEléctrico “la parota” méxico. río papagayo, guErrEro.
Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:
La construcción de la Presa, implicaría la reubicación de más de 20 mil habitantes. En este sentido, la apropiaciónd e las tierras de comuneros y ejidatarios sería el primer objetivo a cumplir. El movimiento de resis- tencia haciendo uso de los recursos legales, ha impedido la consuma- ción del despojo.

Descripción del conflicto:
Presa “La Parota”: Proyecto hidroeléctrico integrado al Plan Puebla Panamá, como parte del sistema de más de 300 presas programadas de México a Panamá. El objetivo es generar y acumular energía eléctrica en cantidades muy grandes para su exportación a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC) y de la red mexi- cana de interconexión eléctrica. En 2003, la CFE al tratar de imponer unilateralmente su proyecto, comenzando a ejecutar obras sin consulta ni información a los campesinos sobre la afectación que llegaría a im- plicar el desalojo de comunidades enteras. En 2004, SEMARNAT auto- rizó el estudio de impacto ambiental. Marzo 2006, el caso La Parota fue tratado en la Primera Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Julio 2012, ratifica Tribunal Federal fin al proyecto de la presa La Parota.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Comisión Federal de Electricidad (CFE); Go- bierno Federal y estatal. En oposición: Consejo de Ejidatarios y Comu- neros Opositores a La Parota (CECOP); sociedad civil.

Criminalización social:
Sí. Intimidación y amenazas. El CECOP afirma que CFE ha comprado votos en las asambleas fraudulentas, lo que ha dividido y enfrentado a familias y comunidades. Han existido amenazas de muerte a los cam- pesinos opositores a La Parota. Julio 2004, la autoridad judicial emite 6 órdenes de aprehensión contra dirigentes del CECOP. Septiembre 2005, asesinato de Tomás Cruz Zamora (comunero de Huamuchitos). Enero 2006, asesinato a pedradas y a garrotazos del ejidatario Eduardo Maya. Enero 2007, asesinato del comunero Benito Cruz Jacinto.

Fuentes electrónicas de información: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/07/13/index.php?section= regiones&article=006n1reg www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/ratifica-tribunal-federal-fin- al-proyecto-de-la-presa-la-parota/20120712/nota/1721571.aspx http:// www.youtube.com/watch?v=lVWe3rBHH_U http://www.nacionmulti- cultural.unam.mx/Edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/ CAPITULO%2010/3%20el%20conflicto%20presa%20la%20parota.pdf http://www.afectadosambientales.org http://www.cimacnoticias.com. mx/especiales/agua2006/veredictos/veredictolaparota12.htm http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91104.html http://www.mile- nio.com/cdb/doc/noticias2011/65b3d51e743bb2923f9d2cc892d9a4fc http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-presa.html http://cen- cos.org/taxonomy/term/182

43.-prEsa “El zapotillo”
méxico. río vErdE. cañadas dE obrEgón / yahualica. jalisco.
Inicio del conflicto: 2003

Despojo de tierras:
La construcción de la Presa, implicaría la reubicación de los afectados por la construcción de la presa en la comunidad Talicoyunque, ya que inundaría los poblados de Temacapulín y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón y el de Acasico, que forma parte del municipio de Mexticacán, todos del estado de Jalisco.

Descripción del conflicto:
Presa “El Zapotillo”: Proyecto hidroeléctrico para abastecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco, la Ciudad de León (Guanajuato) y empresas. Se había anunciado en 2007 que la cortina no sería de más de 85m, el problema estalló al anunciarse que se levantaría el nivel a 105m; a partir de entonces la población repudió la obra, que además le será útil sobre todo a la ciudad de León, Guanajuato. . 2011, toma de las instalaciones de la construcción de la presa, pues de realizarse el proyecto, inundaría 4 mil 500 hectáreas. Julio 2012; el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la construcción de la presa El Zapotillo lleva un avance físico global superior al 50%, pese a contar con rechazo de los afectados que se niegan a la reubicación.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Comisicón Nacional del Agua (CONAGUA); Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA); Gobierno Federal y estatal (Guanajuato y Jalisco), jerarquía católica. En oposición: Afectados por la presa El Zapotillo, Los integrantes del comité “Salvemos Temaca- pulín, Acasijo y Palmarejo” ; integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER); sociedad civil.

Criminalización social:
Hostigamientos y agresiones contra los defensores de Temacapulín. Mayo 2012, sacerdote Gabriel Espinoza y el vocero del Comité Salve- mos Temacapulín Acasio y Palmajero y abogado Guadalupe Espinoza, fueron retenidos de manera ilegal por guardias no identificados que detonaron disparos, los agredieron verbalmente e intimidaron con pre- guntas e insultos.

Fuentes electrónicas de información: http://www.eluniversal.com.mx/estados/86741.html http://sinat.semar- nat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2006/14JA2006H0005. pdf
http://www.afectadosambientales.org http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/ http://www.jornada. unam.mx/2011/08/23/opinion/021a2pol http://www.proceso.com. mx/?p=330923 http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/10/30/

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la-construccion-de-la-presa-el-zapotillo-va-a-mas-de-la-mitad http:// www.jornada.unam.mx/2013/02/05/opinion/020a1pol

44.-hidroEléctrica “barro blanco” panamá. ngöbE buglé.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:
Se pretende la compra a bajos precios de 6.6 hectáreas indígenas que serán afectadas.

Descripción del conflicto:
Desde 2012, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará al oeste de Panamá por parte de la Em- presa Generadora del Istmo (Genisa), ha provocado numerosas mani- festaciones en contra por parte de la población, quienes aseguran que el proyecto terminará por contaminar los recursos acuíferos (además de que en la zona también hay cobre y amenaza de concesión en el poblado de Cerro Colorado) y desplazarlos del lugar. Los indígenas de la zona exigen que jurídicamente se protejan sus territorios ancestrales y se eliminen las concesiones hídricas dentro su región, pues aseguran que el rio es base de su subsistencia y de su modelo de desarrollo, distinto al planteado por el Estado. Las movilizaciones sociales y las acciones del Estado continúan en confrontación, pues se advierte que las conce- siones hídricas son el primer paso para las de cobre.

Actores en pugna:
La cacica general Silvia Carrera, quien representa a la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pue- blo Ngobe Buglé y Campesino frente a los órganos gubernamenta- les.

Criminalización social:
Recientemente, en mayo de 2012 se registraron enfrentamientos entre los indígenas y las fuerzas antimotines que intentaron desalojarlos por la fuerza del perímetro de la hidroeléctrica.

Fuentes electrónicas de información: http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/21/indigenas-panamenos- rechazan-obras-hidroelectricas-en-el-oeste-del-pais-4571.html http://

www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/03/01/viaje-al-corazon- del-rio-tabasara.asp http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Mineria_y_energia_hidrauli- ca_El_tesoro_Ngobe_y_el_rio_Tabasara http://alainet.org/active/52810 http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_ content&task=view&id=1067701 http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2012122803 http://kaosenlared.net/america-latina/item/41761-panam%C3%A1-el- pueblo-ng%C3%A4be-rechaza-la-hidroel%C3%A9ctrica-barro-blanco. html http://www.rnv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=5118:indigenas-panamenos-protestan-contra-hidroelectrica- barro-blanco&catid=44:pueblos-originarios&Itemid=76

45.-divErsos proyEctos hídricos panamá. provincia dE chiriquí. Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambien- talistas rechazan los proyectos hídricos que se realizan en su territo- rio. En Boca de Monte los proyectos que las comunidades rechazan afectarán los ríos Garcés, Gariché, Chiriquí Viejo y Escarria, pero la protesta no solamente repudiaban a estos específicamente sino también la totalidad de los proyectos, ya que la provincia de Chiriquí es la más afectada a nivel nacional.

Actores en pugna:
La Provicia de Chiquirí junto un conjunto de organizaciones ambienta- listas contra Aur Resources.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.olca.cl/ocmal/index.php http://www.panamaamerica.com. pa/notas/1152345- http://otrosmundoschiapas.org/index.php/compo- nent/content/article/118-el-escaramujo/1065-represas-hidroelectricas-en-panama.html http://www.centroamerica.basf-cc.com/es/Proyectos/ Panama/Pages/HidroelectricaRioEstil.aspx

46.-hidroEléctrica “cañón dEl pato”
pErÚ. casErío laguna dE parón, cc cruz dE mayo, distrito huaylas, provincia caraz, ancash.
Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras:
La falta de acceso al agua, ha generado la perdida de cosechas y puesto en riesgo la Laguna Parón, situada en la región Ancash, en el nororien- te del Perú, forma parte del Parque Nacional Huascarán, Patrimonio Natural de la Humanidad.

Descripción del conflicto:
La Laguna de Parón es una laguna del Perú situada en la provincia de Huaylas en el departamento de Ancash, el uso de sus aguas no han sido tratadas de manera ordenada, sobre todo los pobladores identifican la desecación y falta de acceso al agua por parte de las comunidades, desde el ingreso de la empresa Duke Energy, generadora de energía a través de la central hidroeléctrica Cañón del Pato, ya que la descarga excesiva o la falta de agua arrasaban con sus cosechas. Debido a ello la comunidad campesina Cruz de Mayo decidió resguardar la Laguna, posteriormente se inicaron trabjos d dialogo que fueron suspendidos en el año 2011 debido a que el Tribunal Constitucional otorgó un amparo para la restitución de las instalaciones a la empresa, y finalmente el dia- logo se retomó a finales del 2012, de lo que ha derivado como acuerdo que la Empresa Duke Energy financiará el mantenimiento y reparación integral de las instalaciones hidráulicas de la Laguna de Parón, y de cerrdo de las válvulas para que se inicie la recuperacion del espejo de agua hasta el nivel de seguridad permitido.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Empresa DUKE ENERGY. La Autoridad Na- cional del Agua, el Instituto de Defensa Civil el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio Nacional de Parques y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres.Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad de Huaylas, la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable Chavín.En oposi- ción: Frente de Defensa de la Laguna de Parón, Alcalde de la Munici- palidad Provincial de Huaylas, Comité de Regantes de la cuenca del río Llullan- Parón.Comunidad Campesina de Cruz de Mayo, la Comisión Episcopal de Acción Social.

Criminalización social:
El 24 de mayo del 2012, la Corte Superior de Justicia de Ancash citó para la vista de la causa en el proceso para revisar la sentencia impues- ta por el Juez Mixto de Caraz, que condena a tres comuneros por la toma de las instalaciones de la Laguna Parón el 29 de junio del 2008. También, Antonio Dueñas (regidor) defensor de su Laguna, ha sido in- volucrado dentro de un proceso penal que ha seguido la empresa Duke Energy, culpandolo por delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y Usurpación Agravada, involucrandolo en una accion en la que no estuvo presente.

Fuentes electrónicas de información: http://www.radiolayungaina.com/?option=com_content&view=a rticle&id=94&catid=9&Itemid=219 http://www.ceas.org.pe/index. php?option=com_content&view=article&id=338:laguna-paron- una-joya-natural-en-medio-de-un-conflicto&catid=9:noticias- centrales&Itemid=26 http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&view=article& id=3665:solidaridad-con-antonio-duenas-goni-comunero-defensor-de- la-laguna-paron-en-el-parque-nacional-huascaran-patrimonio-natu- ral-de-la-humanidad&catid=25:comunicados&Itemid=37 http://www.elinca.pe/2013/01/06/laguna-paron-nivel-llega-a-su-nivel- minimo-e-inician-la-reparacion-del-sistema-de-descarga/ http://www.infoandina.org/noticias/defensores-de-laguna- par%C3%B3n-ganan-premio-nacional-de-derechos-humanos http:// lagunadeparon.blogspot.com/ http://www.duke-energy.com.pe/es/canondelpato.htm

47.-abastEcimiEnto dE agua potablE rEpÚblica dominicana. la sabana, lupEron. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Los habitantes de La sabana, protestan incendiando el paso de la ca- rretera en Lumperón, frente a las tomas de agua potable, quemando gomas, arboles, y botellas rotas, bloqueando el paso. Los vecinos ar- gumentan la falta de agua durante quince días, tiempo después se les otorgó un poco de agua que no solucionó el problema. El pasado 30 de agosto, de nuevo comenzaron las protestas porque no se ha regulariza- do el abastecimiento de agua.

Actores en pugna:
Sociedad civil residente de La sabana en pugna con la coorporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo.

Fuentes electrónicas de información: http://social.soydominicano.net/profiles/blogs/el-ensanche-luperon-no- tiene-agua http://detrasdelrumor.com/site/index.php/35-latest/noticias- archivadas/922-moradores-ginebra-arzeno-reclaman-reposi- cion-agua-potable http://www.elboncheisabelino.com/2012/08/ la-sabana-luperon-envuelta-en-fuego-y.html

rEcursos ForEstalEs y biodivErsidad

1.-bosquEs dE lEngas, proyEcto prima kilma argEntina. lago Fontana y la plata, arEa dE bosquE nativo En El sudoEstE dE la provincia dE chubut. Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El emprendimiento era un acuerdo por al menos 50 años (100 años como maximo) durante los cuales se permitia a la empresa alemana PRIMA KLIMA utilizar la zona de los bosques de lengas (nativos) como sumideros de carbono en el marco del Protocolo de Kyoto (MDL: me- canismos de desarrollo limpio) en un area de aprox 125.000 hectareas. Prima Klima se comprometia a hacer aportes economicos para soste- ner el proceso de implementacion del proyecto durante los primeros 5 años, luego era responsabilidad de Argentina mantener en marcha el acuerdo y asegurar las actividades de sumidero acordadas. Entre ellas se mencionaban ecoturismo, manejo/conservacion de bosques, planta- ciones de arboles. Dado el alto valor comercial de las lengas se temia que Prima Klima talara las lengas para venderlas como madera y re- emplazara por eucaliptos u otra especie similar de rapido crecimiento dado el objetivo del proyecto: fijar carbono.

Actores en pugna:
A FAVOR: empresa alemana PRIMA KLIMA, gobierno de la nacion, gobierno provincial, EN CONTRA: ONG ambientalistas nacionales e internacionales, referentes de la Universidad local, comunidades de la zona cordillerana de Chubut.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=10 http://www.wrm.org.uy/ boletin/37/Sudamerica.html http://www.foroba.org.ar/primaklima. html,
http://www.ens-newswire.com/ens/sep2000/2000-09-21-02.asp, http:// www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/3/resu- men-de-temas-sobre-la-cop6-4.pdf, http://www.prima-klima-weltweit.de/, http://www.forestcarbonpor- tal.com/project/argentina-i, http://www.wrm.org.uy/bulletin/30/ Argentina.html, http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/sinks7.html, http://ashleycamhi.com/projects/view/prima-klima-i, http://www. newint.org/features/2003/06/01/climate-change-people/, http://www. machpatagonia.com.ar/wp/?p=10,

2.-dEForEstación: madErEros ilEgalEs
brasil- Estados dE acrE, amazonia y rondonia Inicio del conflicto: 2011

Criminalización social: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Después de cinco años de reducción del nivel de deforestación en la selva amazónica, se empezó a incrementar nuevamente en el marco de la aprobación de una nueva ley forestal. El congreso aprobó una reforma al Código Forestal, que además de otorgar amnistía general para delitos cometidos antes de 2008, amplia áreas de uso agropecuario susceptibles de tala, entre otras flexibilizaciones de normas medioam- bientales.

Actores en pugna:
Congreso de Brasil, activistas, madereros y ganaderos de la re- gión.

Criminalización de la protesta:
Asesinato de activistas defensores de la Amazonia.

Fuentes consultadas: http://noticias.masverdedigital.com/2011/survival-denuncia-que-ma- dereros-ilegales-invadieron-zona-de-no-contactados-en-brasil/ http:// noticias.masverdedigital.com/2011/muere-asesinado-en-la-amazonia- brasilena-otro-campesino-amenazado-por-madereros/ http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Indigenas-brasileos- alquilan-lotes-de-la-Amazonia-a-industriales-madereros-ilega- les-20130127-0008.html http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/comunidades- de-amazonia-brasilena-son-amenazadas-por-madereros-ilegales- ai,06c63031a5be6310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR19/007/2012/pt/bab- 9ce24-c706-4030-ab5c-dab2b845b500/amr190072012es.html http:// www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Ausland/Lateina- merika/AKLA/AG1_2011_05_26_Codigo_florestal_Asesinado_otro_de- fensor_de_la_Amazon%C3%ADa.pdf http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB- NEW_NOTA_INTERIOR-12094361.html

3.-Extracción dE caucho brasil. xapuri, acrE. Inicio del conflicto: 1973

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Los seringueiros cuidan de la reserva extractiva a partir de la utiliza- ción del bosque en pie. Sin embargo, en 2008 el IBAMA realizó una operación llamada “Reserva Legal” criminalizando a los trabajadores del caucho, se respondió con una carta de queja. A la actualidad, las condiciones sanitarias siguen siendo pobres, no hay una garantía de ingreso o de nivel de vida para los recolectores.

Actores en pugna:
Grandes ganaderos, Consejo Nacional de Comunidades Extractivas, shiringueros de Xapuri.

Criminalización social:
Seringueiros acusados por el IBAMA de utilizar tierras de la reserva para ganadería.

Fuentes electrónicas de información: http://www.agencia.ac.gov.br/index.php/noticias/producao/19294- florestas-plantadas-uma-nova-estrada-para-os-seringueiros-do-acre. html http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2012-06-19/manejo-sus- tentavel-no-estado-do-acre-brasil,10031.html http://www.oriobranco.net/meio-ambiente/14249-fiscais-do-icmbio- aterrorizam-seringueiros-no-acre.html http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=15623&Itemid=26 http://horizontegeografico.com.br/exibirMateria/468 http://openfsm.net/projects/destinoamazonia/articles-varies/II-Un- modelo-de-Desarrollo-Sostenible-en-el.pdf

4.-EmprEsa dE Eucalipto.
brasil. municipio dE bahía Eunápolis. Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:
Expulsión de indígenas por cultivo masivo de eucalipto.

Descripción del conflicto:
La compañía Veracel tiene prácticas que dañan el medio ambiente, ha invadido tierras indígenas, es acusada de patrocinio de campañas elec- torales. Coptó líderes indígenas para provocar la fragmentación de los opositores. En 2008 fue condenada por el Tribunal Federal a abandonar cuatro municipios, pagar una multa y regenerar la vegetación. En 2008 la empresa fue condenada por el Tribunal Federal a abandonar cuatro municipios, pagar una multa y regenerar la vegetación nativa. Ninguna se ha realizado hasta ahora.

Actores en pugna:
Veracel, Red Brasileña de Justicia Ambiental, indígenas, diversas ONG’s nacionales.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://elpolvorin.over-blog.es/article-brasil-otra-victima-de-los- monocultivos-de-eucaliptos-y-celulosa-veracel-el-perezoso-de-co- llar-71738595.html
http://www.wrm.org.uy/boletin/109/Brasil.html http://wrm.org.uy/ boletin/165/Brasil_Mujeres.html http://www.lafogata.org/07latino/lati- no1/br.14.3.htm http://www.radiomundoreal.fm/Un-collar-de-delitos http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=eng&idnews=3672 http:// globaljusticeecology.org/stopgetrees_news.php?ID=274

5.-pino y Eucalipto
chilE. rEgión dE la araucanía Inicio del conflicto: 1997-98

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:
El crecimiento y desarrollo de la industria forestal chilena se ha verifi- cado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio Mapuche lo que ha desencadenado la protesta indígena y su posterior criminalización.

Actores en pugna:
Principales Impulsores de industria forestal: Gobierno de Chile, Grupo Empresarial Matte, Grupo Empresarial Angelini. En Oposicón: Pueblo Indígena Mapuche.

Criminalización social:
Sí, aplicación de ley antiterrorista a integrantes de la protesta mapuche.

Fuentes electrónicas de información: http://www.wrm.org.uy/paises/Argentina/modelo.html http:// relmurayenchodlafken.blogspot.mx/ http://www.mapuexpress. net/?act=publications&id=668

http://www.mapuche.info/ http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8146 http://movimien- toscomunicacionypolitica.xoc.uam.mx/materiales_sesiones/ses_06/ tierra_territorio_autonomia.pdf

6.-sustitución dE bosquE nativo por plantacionEs ForEstalEs
chilE. comuna dE ancud, isla dE chiloé.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Desde el 2010 la empresa agrícola El Brinzal ha comprado tierras sobre las que ha expandido la siembra de eucaliptos, destinados a la indus- tria forestal. Sin embargo la empresa ha invadido áreas protegidas de bosque nativo así como ha plantado eucaliptos a menos de un metro de distancia de ríos y esteros contraviniendo la legislación forestal vi- gente. La población y la Agrupación de Ingenieros por el Bosque nativo acusan que la sustitución de árboles nativos por eucaliptos afectará la disponibilidad de agua en el lugar

Actores en pugna:
Ciudadanos de Chiloé, empresa El Brinzal y la Agrupación de Ingenie- ros Forestales por el Bosque Nativo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101905 http://www.elcanelo.cl/4/ post/2012/05/denuncian-sustitucin-de-bosques-nativos-por-plantacio- nes-de-eucaliptos-en-chilo.html http://www.lanacion.cl/sustitucion-de-bosques-nativos-preocupa-en- chiloe/noticias/2012-05-16/122240.html http://www.soychile.cl/Chiloe/

506

Deportes/2012/10/06/124586/Conaf-presenta-pruebas-por-tala-ilegal- de-bosque-nativo-en-Ancud.aspx http://www.bosquenativo.cl/descargas/documentos_AIFBN/Informe_ Monitoreo_Agricola_El_Brinzal.pdf http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101905http://olca.cl/articulo/nota. php?id=101695

7.-rEcursos ForEstalEs
chilE. localidad mininco, rEgión dE la araucanía. Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:
Desde la dictadura de Pincochet, la legislación respecto a la insta- lación de empresas forestales en Chile cambió a favor de éstas, oca- sionando en principio problemas con las comunidades indígenas afectadas, pues fueron despojadas de tierras sobre las cuales tenían derechos ancestrales.

Descripción del conflicto:
En 1974 Pinochet promulgó un decreto que aceleró el proceso de la industria forestal, beneficiando a ésta con subsidios y grandes exten- siones de tierra para monocultivos. Las comunidades mapuches pro- testaron desde un principio por los despojos, pero fue en 1997 que tomaron acciones violentas contra Forestal Mininco (filial de empre- sas CMPC), año en que fueron quemados tres camiones cargados con madera. Las comunidades reclamaban, además del despojo de tierras, diferentes afectaciones como pérdida de recursos hídricos (superfi- ciales y subterráneos), uso indiscriminado de plaguicidas, contami- nación de ecosistemas, limitaciones al libre tránsito, destrucción de caminos rurales, pérdida de flora y fauna, y pérdida de suelos gana- deros y agrícolas. A finales de la década del 90 y principios de 2000, la comunidad inició un proceso llamado de “Recuperación”, que en 2002 fue apoyado por el OLCA para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, el conflicto continúa y las movilizaciones y protestas han aumentado, desde marchas, ocupación de terrenos y caminos y cierre de puentes; en agosto de 2012 se tomaron las oficinas de Forestal Mi- ninco y en septiembre el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos solicitó a instancias certificadoras internacionales no otorgarles la certificación FSC a las empresas forestales, como Mininco, que no cumplen los estándares necesarios.

Actores en pugna:
Organizaciones y comunidades mapuches que demandan la devolución de las tierras. La Corporación Nacional Indígena a quien se han entre- gado gran parte de las quejas.

Criminalización social:
Las protestas de las comunidades afectadas han sido brutalmente re- primidas, en 2002 un joven fue asesinado por un carabinero, otro fue atropellado durante una protesta en 2005. Varias personas fueron con- denadas a prisión por motivo de las protestas, a las cuales se les ha calificado en ocasiones como terrorismo. Ante esta situación Presos Políticos Mapuche han hecho huelgas de hambre desde 2006, con el fin de exigir la libertad de los condenados y que se desmilitaricen los terri- torios. A esto se añade que han sido juzgados desde 2000 bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, permitiendo se cometan más injusticias, pues hay rigor policial excesivo, se utilizan testigos sin rostro, hay abuso de medidas cautelares, de prisión preventiva y se invocan leyes como la de seguridad del Estado y la antiterrorista.

Fuentes electrónicas de información: http://www.tumblr.com/tagged/forestal%20mininco http://nacional. biobiochile.cl/notas/2013/02/01/incendio-forestal-destruye-plantacion- de-forestal-mininco-en-ercilla.shtml
http://www.gamba.cl/?p=15807 http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html http://olca.cl/oca/chile/region08/forestales24.htm http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102250 http://www.olca.cl/oca/monocultivo/plantaciones070.htm http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/89%20ceges%20TW.pdf

8.-madEra
colombia. dEpartamEnto dE chocó, municipio dE bahía solano
Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Bahía Solano, en el Chocó, es uno de los 34 pulmones del planeta y allí se está desarrollando el megaproyecto maderero de la multinacional canadiense Prima Colombia Hardwood – REM Forest Products. La empresa pretende explotar cinco millones de metros cúbicos de madera durante 15 años; la extensión de selva a talar son alrededor de unas 200.000 hectáreas. Según la organización Conservación Internacional, la región del Chocó hace parte de uno de los 34 ‘hotspots’ o puntos calientes de diversidad del planeta, siendo una de las regiones más ricas y diversas del mundo. Sin em- bargo, todas las protecciones ambientales se ven vulneradas por el fenómeno de la corrupción en Bahía Solano. Nancy, dueña de uno de los hoteles de allí, agrega “aquí la corrupción política es muy alta. Las comunidades andan mal es por culpa de los políticos. Acá todo se lo roban.

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, entre el 20 y el 40 por ciento de la madera que se vende es ilegal, según los datos de World Wild Foundation.

Las irregularidades no paran aún y los daños ambientales que en- frentaría Bahía Solano, de llevarse a cabo la extracción maderera, parece no preocupar a sus habitantes. Fajardo dice: “No hay que hablar en términos absolutos. ¿Por qué no hacerlo? No hay que entrar a acusar sin fundamento. Puede que el bien no le guste a la mayoría”. El proyecto obtuvo en 2010 ampliación de la licencia por otros dos años, aún ante la existencia de un concepto técnico ne- gativo. En diciembre de 2010, además, REM-Prima acordó con Los Delfines ampliar el aprovechamiento de 1.050.000 metros cúbicos a 3.121.720 en la misma extensión. Delfines solicitó suspender traba- jos hasta tanto no se clarifique la relación de REM con Prima, pues fue con la primera con la que suscribió los acuerdos.Un documento conocido en Bahía tras la investigación mostró que no se cumplió el Plan de Manejo Forestal y no se planificaron las actividades propias del aprovechamiento”

Actores en pugna:
La firma canadiense REM Internacional Cisa, ahora subsidiaria de Pri- ma Colombia Hardwood con matriz en Vancouver. -Guerrilla-Paramili- tares-Pobladores, autoridades locales, ejercito-pescadores-instituciones pro-explotación maderera-trabajadores de la empresa cautivados con algunos regalos como neveras, televisores etc.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/arboles-del-cho- co-entre-la-lucha-de-david-y-goliat.html http://voxpopuli.net/billonario-canadiense-frank-giustra-no-podra- extraer-madera-en-el-choco/ http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/empresa-canadiense- explota-bosques-de-bahia-solano-choco/20110322/nota/1442941.aspx http://noalatalabahiasolano.blogspot.mx/ http://www.traslacoladelarata.com/2012/01/17/bahia-solano-poblado- res-defienden-a-la-multinacional-maderera/, La madera: la riqueza y la miseria en Chocó, Articulo OnLine www.semana.com/problemas.../madera...choco/12, www.pedagogica. edu.co/storage/rce/.../2_5ens.pdf, www.territoriochocoano.com/.../694- el-choco-bio

www.revistanumero.com/index.php?option, noalatalabahiasolano. blogspot.com/.../multinacion www.facebook.com/ProteccionBahiaSolano www.youtube.com/watch?v=WPeebFFtZv0 http://prensarural.org/spip/spip.php?article5581 http://www.choco- 7dias.com/799/MULTINACIONAL.htm

9.-madErEras
Ecuador. provincia dE EsmEraldas Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:
Las comunidades enfrentan serias dificultades al momento de denun- ciar la expropiación de sus tierras a las autoridades locales, ya que éstas o responden a los intereses de las empresas madereras, o son sus propietarias.

Descripción del conflicto:
El ingreso de las empresas madereras en las comunidades chachis, ha provocado cambios estructurales en la dinámica comunitaria, apare- ciendo, paralelamente, una ola de inseguridad (varios casos de robo de motores).

Actores en pugna:
Compañía SETRAFOR, del grupo Peña Durini , comunidades indíge- nas Awá y comuna Chachi ‘La Ceiba’.

Criminalización social:
Varios dirigentes chachis han debido desplazarse a otros lugares (a Quinindé, por ejemplo) a causa de las amenazas recibidas por parte de grupos armados presentes en la zona, cuando pretendían denunciar su presencia. Debido a la ola de violencia, entre la población chachi se ha desatado otro fenómeno: la armamentización de sus habitantes, tanto en búsqueda de protección, como por causa de la influencia de un grupo armado no identificado en las comunidades, presente desde hace aproximadamente cinco años. Las Fuerzas Armadas ecuatoria- nas –a modo de conciliación con los chachis– han reclutado a seis in- dígenas, provocando, por parte del Estado, una mayor militarización de la problemática.

Fuentes electrónicas de información: http://www.wrm.org.uy/alerts/Madereras.html http://servindi.org/actualidad/3045 http://www.accionecologica.org/ index.php?id=483&option=com_content&task=view http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/madereo- explotacion-forestal/informes/143-conflictos-en-esmeraldas-y-carchi http://www.accionecologica.org/bosques-y-plantaciones/madereo-ex- plotacion-forestal/informes/93-comunidades-awa-y-maderera-setrafor

10.-rEForEstación
haití. jalousiE, pEtionvillE, puErto príncipE. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Se pretende reubicar a más de mil personas que habitan en Jalousie, a las faldas de la colina Petionville.

Descripción del conflicto:
Los derrumbes provocados por fuertes lluvias en las colinas que rodean Haití, amenazan cada año la seguridad de los habitantes de puerto príncipe. El gobierno Haitiano, busca la reforestación en las partes ba- jas, principalmente de la colina hospital, sembrando 2 000 800 árboles, con el fin de evitar que los deslaves arrasen con la población, para esto necesita remover a más de 1000 personas que habitan el lugar. Los habitantes de Jalousie realizaron una marcha por las calles de Petion- ville, mientras amenazaban con incendiar ese distrito si no cesaban las negociaciones de reforestación. Los manifestantes no han logrado detener el proyecto.

Actores en pugna:
El presidente Michel Martelly, el senador Maxime Roumer, Yvon Faus- tin, asistente técnico de la Asociación de los Campesinos de Vallue (zonas altas del Oeste), Edouard Paultre, responsable del Consejo Na- cional Haitiano de los Protagonistas no Oficiales (Conhane), quienes se postran a favor de la reforestación, no así, la sociedad civil que habita el lugar.

Criminalización social:
Amedrentamientos policiacos y civiles en la marcha, una mujer fue lastimada por el golpe de una piedra en la cabeza por parte de un civil que la dirigía a un policía.

Fuentes electrónicas de información: http://www.planetaazul.com.mx/site/2012/06/19/profunda-deforesta- cion-acelera-vulnerabilidad-de-riesgos-en-haiti/ http://hoy.com.do/el-mundo/2012/6/25/434242/Cientos-de-personas- protestan-Haiti-contra-plan-para-destruir-barriada http://tierraparavivir.org/?p=1298 http://hoy.com.do/el-mundo/2012/6/25/434242/Cientos-de-personas- protestan-Haiti-contra-plan-para-destruir-barriada

11.-manglar
mExico. laguna dE coyuca, piE dE la cuEsta, acapulco, guErrEro.
Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Daños ecológicos por el relleno con grava y arena de una franja de man- glares de 5 mil 760 metros cúbicos depositados sobre mil 920 metros cuadrados del manglar para la construcción de un muelle turístico el Pie de la Cuesta. Eliminación de ejemplares adultos de mangle rojo a pesar de que es una especie bajo “protección especial” de la federación, según la norma 059 de la Semarnat. Esta actividad afecta la superviven- cia del manglar dañando los ecosistemas que ahí habitan.

Actores en pugna:
Empresa Arnpol, gobierno federal y estatal. En oposicion Guerreros Verdes, Red Manglar México, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Criminalización social:
Asesinato de Fabiola Osorio Bernáldez, defensora del medio ambiente.

Fuentes electrónicas de información: http://www.somosunoradio.org/?p=10129 http://www.animalpolitico. com/2012/06/asesinan-a-defensora-de-manglar-amenazado-por-obra- turistica/ http://www.jornada.unam.mx/2010/03/08/index.php?section =estados&article=035n1est http://www.novedadesacapulco.mx/acapulco/rechazan-ambientalis- tas-areas-privadas-en-barra-de-coyuca http://www.lajornadaguerrero. com.mx/2007/11/20/index.php?section=regiones&article=009n1reg

12.-tala clandEstina
méxico. san Francisco chErán, michoacán. Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
En 2008 hubo una división en el pueblo por cuestiones políticas. El crimen organizado, empezó a cortar madera, talando los bosques de día y de noche. El impacto de la lucha se ha dado de diferentes formas y con resultados distintos. Más de 20 mil hectáreas fueron quemadas y taladas y con ello, destruido todo el ecosistema, plantas, animales y suelo. El impacto económico ha sido igual de devastador, la gente no puede salir al campo a cultivar tierra, a pastar y cuidarel ganado. La vida en Cherán ha cambiado.

Actores en pugna:
Crimen organizado; comunidad Indígena de Cherán K’erhi; Organiza- ción por la Autodefensa de Nuestros Bosques de Cherán; sociedad civil.

Criminalización social:
En 2010 fue asesinado el hermano del comisario de los bienes comu- nales. En Febrero de 2011, se registró el secuestro y desaparición de los miembros que quedaban del comisariado de bienes comunales (suplente del comisario, tesorero y vigilante), así como el asesinato de 2 integrantes de la Ronda. En Abril de 2012 se reporta la desaparición de 13 comuneros; posteriormente fueron encontrados los cuerpos de dos de ellos, y el 9 de julio se reportó el asesinato de otros dos, que habían desaparecido el día anterior. El 21 de julio, presenta Cheran su “proyec- to de vida” al congreso de Michoacán.

Fuentes electrónicas de información: http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=179297172134293 http:// michoacancheran.blogspot.com/ http://aristeguinoticias.com/asesinatos-en-cheran-conflicto-interco- munitario-gobierno-comuneros-lo-niegan/

matErial hEmErográFico.

13.-tala dE bosquEs
mExico. siErra dE pEtatlán, guErrEro. Inicio del conflicto: 1998

Despojo de tierras:
Si, 24 ejidos forestales.

Descripción del conflicto:
La tala indiscriminada ha destruido cerca de 86 mil de las 226 mil 203 hectáreas de bosques, ocasionado desertificación, eliminación de biodi- versidad y migración de especies (1992-2001). El agua de las corrientes locales se seca, los peces en las corrientes y los animales del bosque mueren como resultado de la pérdida de agua. La tierra se vuelve in- fértil generando problemas con la producción de cosechas.
Actores en pugna:
Empresa maderera Boise Cascade, gobierno federal, estatal y muni- cipal. En oposición la Organización Ecologistas Campesinos de las Montañas de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP).

Criminalización social:
Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, campesinos ecolo- gistas perseguidos por el ejército, torturados y encarcelados dos años. Asesinato de Javier Torres Cruz, Jesús y Sergio Cabrera González.

Fuentes electrónicas de información: http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/03091806.html http://www.edlc.org/es/cases/individuals/rodolfo-montiel/ http://www.jornada.unam.mx/2007/10/10/mujeres.html http://www.proceso.com.mx/?p=326407 http://www.afectadosambientales.org/petatlan-y-cheran-destruccion- de-bosques/ http://sipaz.wordpress.com/tag/organizacion-de-campesi- nos-ecologistas-de-la-sierra-de-petatlan-y-coyuca-de-catalan/

14.-dEsalojo dE rEsErva ForEstal.
paraguay. distrito dE curuguaty, dEpartamEnto dE canindEyÚ.
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Un grupo de campesinos se resiste al desalojo de la reserva forestal de 2.000 hectáreas ubicada en el interior de la hacienda Morumbí, pro- piedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme. “Blas Riquelme generó una inmensa fortuna durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República Paraguaya, dueño de varios supermer- cados y establecimientos ganaderos. Riquelme se apropió de aproxima- damente 2,000 héctareas que pertenecen al Estado paraguayo mediante subterfugios legales, las cuales forman parte de una reserva forestal.

Descripción del conflicto:
La hacienda Morumbí fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.

Actores en pugna:
Todos los organismos de seguridad del gobierno, la Fiscalía o Ministe- rio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, que dieron la orden de persecución (controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos). Campesinos que luchan por la distribución de tierras.

Criminalización social:
Se ha criminalizado a las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agrone- gocio. Es un proceso lento de descampesinización del campo paragua- yo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo. En este caso, el comisario Walter Gómez -jefe de investigaciones policiales en Curuguaty- declaró que “la balacera continúa en medio de la selva porque los invasores no quieren rendirse”. El resultado fue de 7 muertes entre los policías y 9 muertes entre los ocupantes de las tierras.

Fuentes electrónicas de información: http://www.uypress.net/uc_29433_1.html http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101980 http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/06/678-466794-9-al- menos-siete-policias-y-diez-campesinos-mueren-en-balacera-en-para- guay.shtml http://america.infobae.com/notas/52484-Al-menos-18-muertos-en- Paraguay-en-el-desalojo-de-un-campo-en-Curuguaty http://www.clarin.com/mundo/Paraguay-enfrentarse-policias-campe- sinos-desalojo_0_719328269.html http://www.clarin.com/mundo/Paraguay-enfrentarse-policias-campe- sinos-desalojo_0_719328269.html ”

15.-Explotación dE rEsErva ForEstal por madEra y rEcursos minEros
vEnEzuEla. rEsErva ForEstal dE imataca En El Estado dE bolivar y dElta amacuro

Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:
El 14 de mayo de 1997 Rafael Caldera presidente de Venezuela puso en marcha el decreto presidencial 1850 que consiste en la repartición y concesión de la Reserva Forestal de Imataca a proyectos mineros y forestales.

Descripción del conflicto:
Hay presión sobre el territorio por parte de los concesionarios, así como competencia por los recursos, por ejemplo, tierra y agua. Las comuni- dades indígenas que son propietarias originales de los territorios y que pertenecen a las étnias Warao, Arawako, Kariña, Akawaio y Pemón hacen público en el mismo año su posición e inconformidad con este decreto que no contempla ni reconoce los territorios indígenas. Se su- maron en aquel momento voces de distintos sectores que cuestionaron el decreto; la oposición de hecho se plasmó en la solicitud de nulidad del decreto, lo cual tuvo finalmente lugar por la Corte Suprema de justicia el 2 de agosto de 1997.

Actores en pugna:
Distintas empresas beneficiadas (Vannessa Ventures, Crystallex Inter- national, Gold Reserve y Placer Dome, Hecla de origen norteamericano y Bolivar Gold con sede en Canada), gobiernos venezolanos en turno, comunidades indígenas ancestrales.
Criminalización social:
No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Venezuela.html http://www.eraecologica.org/revista_03/lee_03.htm?imataca. htm~mainFrame http://www.h-debate.com/Spanish/historia%20inmediata/chavez/pa- drino.htm

http://www.minesandcommunities.org/article. php?a=6935&l=1redalyc.uaemex.mx/pdf/364/36480109.pdf http://es.paperblog.com/la-reserva-forestal-imataca-un-bosque-en- peligro-de-extincion-1540637/

16.-tEndido Eléctrico En bosquEs y parquEs nacionalEs
vEnEzuEla. dEsdE la cEntral hidroEléctrica dE macagua ii En puErto ordaz, municipio caroní dEl Estado bolívar, hasta la población dE santa ElEna dE uairén, municipio gran sabana, dEl mismo Estado. Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:
La construcción del tendido eléctrico se llevó a cabo sin respetar las tierras donde habitaban los indígenas, hubo destrucción de propiedades por la construcción del tendido. Todos las demandas de los indígenas sobre el respeto de sus territorios fueron rechazadas.

Descripción del conflicto:
En 1997 Venezuela y Brasil convinieron la construcción de una línea de transmisión eléctrica; las obras y las protestas comenzaron en este año. El pueblo Pemón solicitó información a las constructoras y se manifes- tó en la Universidad Central de Venezuela. Desde el principio las pro- testas fueron apoyadas por cerca de 500 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. La demanda siempre fue la suspensión de la construcción del tendido, pues dañaba la Reserva Forestal de Imataca y afectaba 6 Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, entre ellas el Parque Nacional Canaima. Durante 1998 las protestas no cesa- ron, hubo reuniones con las autoridades, se realizaron foros sobre el asunto, cierre de la carretera internacional que fueron reprimidos por la Guardia Nacional violentamente. Los Pemón entregaron documentos a las autoridades donde expresaban su postura frente a la construcción del tendido, se creó un Comité de Solidaridad con los Pueblos Indíge- nas, y aún así las obras se reiniciaron en octubre de 1998.Las protestas volvieron, se bloqueó el paso a los vehículos de la constructora. En el marco del Foro Ambiental de Venezuela se apeló al derecho al terri- torio que tienen los indígenas. Fue tomada la Embajada Brasileña en Caracas y se volvió a solicitar suspensión de obras. Un representante indígena denunció la violación de derechos humanos en Ginebra, inclu- so se introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un amparo en contra del tendido. Se volvió a cerrar la carretera pero la Guardia reprimió de nuevo con violencia la protesta, los manifestantes retuvieron a un oficial en respuesta. A principios de 1999 se suspendieron las obras por- que la constructora hizo modificaciones al proyecto, Chávez ya había tomado posesión. Se volvió a solicitar información a las constructoras y la respuesta sólo fue no construir propiedades por donde va a pasar el tendido. Los indígenas pidieron conocer la posición de Chávez, quien después en una visita a Brasil acordó la conclusión del tendido. Los Pe- món hicieron comunicaciones a las autoridades así como declaraciones de rechazo, pero las obras se reiniciaron en julio. En Marzo de 2000 Chávez visitó a la comunidad para que aceptara el tendido, lo cual fue rechazado. La oposición al tendido continuó, así como las reuniones, pronunciamientos y la utilización de recursos judiciales para intentar frenar el proyecto. En septiembre fueron derribadas 7 torres del tendi- do. En octubre el Tribunal Superior de Justicia aceptó el amparo pero sólo por el daño al ambiente y no a los derechos de los indígenas. Las peticiones de los Pemón de hacer un estudio de impacto sociocultural fueron rechazadas. Se organizó una caravana en contra del proyecto. Chávez declaró que el proyecto no se detendría por capricho de una minoría. La zona se militarizó y los efectivos hostigaban a la población indígena. Las manifestaciones seguían y volvían a ser acalladas por el

Ejército. A pesar de todo, en agosto de 2000 se inauguró el sistema de interconexión eléctrica hacia Brasil.

Actores en pugna:
Los indígenas que realizaron gran cantidad de acciones contra la cons- trucción del tendido, las autoridades durante la administración de Ra- fael Caldera, las autoridades de la administración de Hugo Chávez, el propio Chávez. Cerca de 500 organizaciones que respaldaron siempre las demandas de los pobladores indígenas.

Criminalización social:
Existió criminalización social de las protestas llevadas a cabo por los indígenas, todos los cierres de las carreteras fueron reprimidos por efectivos castrenses de forma violenta, las más de las veces utilizando gas lacrimógeno.

Fuentes electrónicas de información: www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime.cgi?...qlhhyCQUPQffb7 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/01_anexos0001. pdf http://espanol.groups.yahoo.com/group/chaskinayrampi/ message/10347?var=1

agroindustria

1.-soja

argEntina. parajE san bErnardo, santiago dEl EstEro. chaco argEntino
Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:
El supuesto propietario de unas 8.000 hectáreas pretende desalojar a 11 familias campesinas de sus tierras tradicionales.

Descripción del conflicto:
El supuesto propietario de unas 8.000 hectáreas pretende desalojar a 11 familias campesinas de sus tierras tradicionales. El aumento del precio de la soja hizo que las tierras del Chaco Argentino aumenten su valor y, consecuentemente, avance la frontera agrícola, principalmente la de la soja. En dicha región, en la actualidad existen unas 800.000 personas afectadas por conflictos ambientales y de tenencias de tierras por los avances de la soja, y unas 7.200.000 hectáreas afectadas a dichos conflictos. Estos procesos incluyen la destrucción de ecosistemas, y el despojo de tierras a campesinos y comunidades indígenas que viven en y de las zonas desforestadas. Cabe destacar que las muertes por des- nutrición en la región, y en particular de miembros de las tribus toba y wichi se han incrementado de forma escandalosa los últimos años, pa- radójicamente cuando mayor ha sido el avance de la soja. También cabe remarcar que son las provincias con mayor pobreza en Argentina. En la última década se han multiplicado los casos de cáncer, malformaciones y otras enfermedades en zonas cercanas a las explotaciones agrícolas

Actores en pugna:
El gobierno de la provincia y el nacional han tenido actitudes ambiguas hacia el conflicto (conducta que se ha repetido en todos los conflictos similares). Los afectados son los campesinos del lugar, en total 11 fa- milias. Cuentan con el apoyo del Mocase.

Criminalización social:
Se ha ejercido una violencia al estilo “paramilitar”, con amenazas y represiones por parte de agentes privados armados pagados por los supuestos dueños.

Fuentes electrónicas de información: http://www.produccion.com.ar/ver_nota.php?edicion=Ene_ Feb2011&numero=188&id=800 http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/91-rural/2267-otro- asesinado-en-las-tierras-de-la-so http://redaf.org.ar http://www.pagina12.com.ar
www.farn.org.ar
horizontesur.com.ar http://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com.ar http://www.ecoportal.net http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com.ar http://infouniversidades.siu.edu.ar

2.-cultivos dE soja
argEntina, cordoba, barrio ituzaingo. Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:
No en terminos fisicos sino en terminos cualitativos, ya que los vecinos del barrio Ituzaingo se ven despojados de sus derechos a utilizar y disfrutar de la tierra que les fue dada para uso residencial dado que las fumigaciones de agroquimicos se realizan sobre ellos.

Descripción del conflicto:
CASO MADRES DE ITUZAINGO. Un barrio urbano de la ciudad de Cordoba (2da en importancia en Argentina) es colindante con campos de soja que fumigan con agroquimicos, incluyendo endosulfán y gli- fosato. Los vecinos del barrio se organizaron formando la agrupacion “Madres de Ituzaingo” al comprobar los altos indices de personas en- fermas de cancer y niños nacidos con malformaciones. El caso gano notoriedad internacional cuando la presidenta de “Madres de Ituzain- go” recibio el Premio Ambiental Goldman en abril 2012. Actualmente se lleva adelante un juicio contra los fumigadores y los dueños del campo.

Actores en pugna:
A FAVOR: productores/dueños de campo de soja, Federacion Agraria. EN CONTRA: municipalidad de Cordoba, diversas ONG ambientalis- tas, vecinos del Barrio Ituzaingo, profesionales de las ciencias relacio- nadas con la salud de la Universidad Nacional de Cordoba.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://madresdeituzaingo.blogspot.mx/ http://parendefumigar.blogspot.mx/ http://www.lavoz.com.ar/cordoba/sofia-gatica-todas-madres-ituzain- go-anexo http://permahabitante.blogspot.com.ar/2012/06/madres-del- barrio-ituzaingo-norte-piden.html http://madresdeituzaingoanexo.blogspot.com.ar/ http://www.telam.com.ar/nota/28101/, http://veintitres.infonews.com/nota-4883-sociedad-Peligro-agroquimi- cos.html http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/06/11/agroquimicos-mana- na-declara-sofia-gatica-de-las-madres-de-ituzaingo/ http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=95729

3.-cultivos dE caña
bolivia, localidad FErnándEz alonso, municipio FErnándo alónso dEl dEpartamEnto dE santa cruz. Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La zona está afectada por jarubichi (desecho de la producción de azu- car), que UNAGRO vierte en la época de la zafra al arroyo que pasa por la fábrica y atraviesa el río Piraicito. El Jarubichi tiene un olor pesti- lente, produce mortandad de peces, contaminación de pozos de agua familiares, el agua se atrofisa por oxidación. A pesar de que el problema es recurrente y data de más de 20 años

Actores en pugna:
Ingenio Azucarero UNAGRO, Habitantes de las zonas afectadas prin- cipalmente los de Faja Rocabado, Sagrado Corazón y Faja Cotoca, Fis- calía de Distrito, Comisión Reguladora del Medio Ambiente, Juzgado Séptimo de Instrucción Penal, Viceministerio del Ambiente y Aguas, Superintendencia Forestal

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.fobomade.org.bo/documentos/libros/conambolivia.pdf

4.-monocultivo dE Eucalipto y agroindustria dE soja brasil, parnaiba, Estado dE maranhão
Inicio del conflicto: 1980

Despojo de tierras:
La concentración de la tierra en manos de grandes empresarios agro- industriales, en su mayoría del sur, ha generado la expulsión de los pequeños agricultores y los cimarrones de las poblaciones rurales, que viven en pequeñas explotaciones. Las plantaciones de eucaliptos a gran escala, han transformado la tierra en un “desierto verde”.

Descripción del conflicto:
Agricultores y campesinos luchan contra el proceso de desertificación y despojo de tierras, debido a que en el municipio se produce eucalipto con la finalidad de convertirlo en carbón y utilizarlo como combustible en la transformación del mineral de hierro. Las comunidades afectadas denuncian que los proyectos de monocultivos en la región, han signi- ficado más miseria y descomposición social en sus localidades, por lo cual resisten la invasión de sus tierras, optando por defender el derecho a la tierra. De igual manera, la agroindustria de soja ha aumentado la apropiación de tierras, cuyo resultado ha sido en un proceso de concen- tración de la tierra en manos de empresarios agroindustriales.

Actores en pugna:
Grupo Suzano, y subcontratistas de empresas agroindustriales IBAMA, el INCRA, federales y fiscales del estado; el Foro para la Defensa del Bajo Parnaíba, , Forum Carajás, SMDH, Negro Culture Center, Grupo de Estudios Rurales y Urbano (GERUR), vinculada al Programa de Pos- grado en Ciencias Sociales – UFMA, Foro para la Defensa de la Vida de Baja Maranhense Parnaíba (FDVBPM); Sociedad de Derechos Huma- nos de Maranhão (SMDH) Pastoral Social de la Diócesis de Heath, de la Parroquia de San Urbano; Sindicato de Trabajadores Rurales - STTR

Criminalización social:
Quilombos (Matinha, Valencia, Belén, San Juan de los pilones, el Centro Teixeiras, Centro de la Cruz, la Bolsa de Almas, etc) y pequeños agriculto- res en el Bajo Río Parnaíba están sufriendo varias violaciones de los dere- chos humanos, debido a la expansión de la agricultura en la región. Esta realidad ha despertado organizaciones sociales para la defensa de las comunidades tradicionales de la región. Poblaciones tradicionales tam- bién son víctimas de prácticas discriminatorias. El impedimento de ac- ceso a los cauces de los ríos, la extracción sostenible de los recursos, la descalificación de las actividades de subsistencia tradicionales a favor de la cooptación para el trabajo asalariado en las fincas, acompañadas de dichas prácticas de intimidación, y la propensión de un ambiente de inseguridad y para desacreditar a la identidad tradicional.

Fuentes electrónicas de información: http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index. php?pag=ficha&cod=56 http://blogoutrosolhares.blogspot.mx/2012_12_01_archive.html http:// www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article923

http://www.accionecologica.org/component/content/article/1638-de- claracion-de-la-red-contra-los-monocultivos-de-arboles-en-america- latina http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.mx/2013/02/ monocultivos-de-eucalipto-e-florestas.html

5.-uso dE plaguicidas ubicación: brasil, cEará Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Investigadores del Departamento de Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará descubrieron que los residuos de plaguicida encontrados en el canal de agua que abaste cin- co comunidades de Ceará. Aunque el problema no fue sólo en el agua, sino que varios agricultores que tuvieron que aplicar los plaguicidas presentaron posteriormente enfermedades letales. La empresa no in- formaba correctamente a sus trabajadores de la correcta utilización de los plaguicidas.

Actores en pugna:
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, agricultores de la región, comunidades afectadas de Ceará.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.isaude.net/es/noticia/32142/salud-publica/inca-anvisa-fio- cruz-estudio-y-la-accion-coordinada-en-la-lucha-contra-los-plaguicidas http://www.loquesomos.org/index.php/es/amasando/ tierra-campesina/216-las-poblaciones-denuncian-que- los-agrotoxicos-y-los-transgenicos-enferman-a-las-personas-y-perjudi- can-los-cultivos-tradicionales- http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=25199 http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=564719 http://www.ecodebate.com.br/2008/04/30/agrotoxico-e-usado-de-for- ma-indiscriminada-no-ceara/

6.-ganadEría
brasil, comunidad kurusu mba, mato grosso do sul. Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
Violencia y despojo contra guaraníes por tierras de ganado.

Descripción del conflicto:
A partir de la década de los años noventa la población guaraní-kaiowá intentó recuperar su territorio en Kurusu Mba el cual ha sido absorbido por terratenientes ganaderos. Estos han cometido actos de violencia y asesinatos en contra de la población indígena por la posesión de las tierras. Aun no hay acciones contundentes por parte del gobierno para la resolución del conflicto.

Actores en pugna:
Terratenientes ganaderos, comunidad guaraní-kaiowá. Criminalización social:
No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.survivalfrance.org/noticias/2693 http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/713441.php http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/otra-victima-de- la-lucha-de-los-guarani-kaiowa-por-la-tierra/

7.-agrocombustiblEs
brasil, sElva amazónica, En EspEcial El cErrado. Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
La dependencia europea de la producción de soya y caña de azúcar bra- sileña para la fabricación de piensos y biodiesel, así como la ganadería intensiva constituyen una de las razones principales de deforestación amazónica. La reforma al Código Forestal otorga ventaja a la agroin- dustria provocando la destrucción de millones de hectáreas de la selva, emitiendo además toneladas de CO2.

Actores en pugna:
Amigos de la Tierra Europa, gobierno de Brasil, agroindustria europea.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1257 http://www.foeeurope.org/agriculture/selva_plato.pdf

8.-transgénicos chilE
Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
No existen procesos de despojo de tierra.

Descripción del conflicto:
En 2006 fue presentado en el Senado un proyecto de ley permitía el cultivo y la comercialización de transgénicos en el país; en 2008 fue aprobado por el Senado pero después quedó congelado. En marzo de 2011 el tema resurgió en la Cámara alta por indicación del gobierno de Piñera y sus ministros de Estado, principalmente el de Agricultura; así comenzó de nuevo la discusión sobre transgénicos en el Senado, donde al parecer hay suficiente apoyo. A mitades de 2012 el tema ha llegado a la sociedad y organizaciones chilenas, creándose campañas y diversas manifestaciones en contra de la introducción de transgénicos para el consumo en Chile. Así, en julio de 2012 se llevó a cabo una campaña de etiquetación de transgénicos en un importante supermercado en Santiago. En agosto de 2012, la sociedad y distintas organizaciones apo- yaron un proyecto de ley que señala la moratoria a la introducción de cultivos transgénicos en el mercado chileno y el etiquetado de alimentos transgénicos, el proyecto fue firmado por cinco senadores y establece una moratoria de 10 años, fundamentado en los impactos negativos de los transgénicos en la economía chilena, el ambiente y la salud de quienes los consumen.

Actores en pugna:
La sociedad civil y organizaciones de Chile que están en contra de la comercialización de transgénicos en el país. El gobierno de Piñera que apoya el proyecto de ley a favor de los transgénicos, entre los senadores se encuentran vínculos claros con las industrias involucradas. Las transnacionales agroquímicas, que son las principales beneficiadas, entre las que están Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont/Pioneer y sus socios chilenos integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.veoverde.com/2011/03/chile-ministerio-de-agricultura-pre- senta-proyecto-de-ley-para-admitir-los-cultivos-transgenicos-en-el- pais/ http://diario.latercera.com/2011/04/17/01/contenido/pais/31- 66074-9-proyecto-de-ley-abre-debate-sobre-cultivos-transgenicos-en- chile.shtml

http://www.olca.cl/oca/transgenicos/trans12.htm http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102210 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102133 http://redsocioambientalvalpo.blogspot.mx/2011/04/proyecto-de-ley-de- transgenicos-en.html http://www.yonoquierotransgenicos.cl/yo-no-quiero-transgenicos-en-chile/

9.-crianza dE cErdos para industria agroalimEntaria chilE, comuna dE FrEirina, vallE dEl huasco, rEgión dE atacama
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
No existen explícitamente procesos de despojo de tierra, pero sí de recur- sos naturales. La planta de Agrosuper, dedicada a la crianza de cerdos, tiene en su poder 20 pozos, sin tener autorización para extraer agua.

Descripción del conflicto:
La empresa Agrosuper comenzó con el proyecto en el 2006, sin embargo es hasta el 2012 cuando la planta faenadora despierta un evidente re- chazo debido a que una falta de agua ocasiona en el interior de la planta la muerte de centenares de cerdos lo que provocó un olor insoportable ante el cual se manifestó la gente. El ministerio de sanidad cerró la planta y ordenó que antes del 25 de noviembre se debía sacar a todos los animales. Ahora bien, aunque el hedor fue lo que despertó el malestar de la gente, en realidad la presencia de la planta a través de los años había ido reuniendo una serie de argumentos en su contra por parte de la gente de la zona. Uno de los problemas principales es la enorme cantidad de agua que requiere la crianza y engorda de los cerdos, se estima que la planta requiere de 4 millones de litros de agua diarios por lo cual hay una sobre explotación de la cuenca de Huasco. Así mismo se ha denunciado que la empresa no da tratamiento a sus residuos feca- les y de animales muertos lo que amenaza con contaminar los suelos. Se menciona que mueren alrededor de 10,000 puercos mensualmente. La planta es una de las mayores del mundo, es propiedad de Gonzalo Vidal, dueño también de otras empresas del ramo agroindustrial como Superpollo, Supercerdo, Supersalmón, La Crianza, etc., cuyos produc- tos destina al mercado interno y a la exportación. La presencia de éstas empresas en distintos lugares de Chile ha creado distintos problemas a raíz de la magnitud de las granjas y el demandante uso de insumos que requiere así como el mal manejo de residuos que hacen. Los gran- des proyectos agroindustriales reciben el beneplácito de los gobiernos chilenos pues el país busca posicionarse como una potencia agroali- mentaria y forestal. En el caso de la planta de Freirina, es de resaltar que la comunidad está en el Valle del Huasco que es el último valle con un río vivo que aún lleva agua en lo que se conoce como los valles del norte chico que es una zona de transición entre los valles verdes de la zona central y el desierto atacameño. Otros valles del norte chico han quedado secos como es el caso del de Copiapó cuyo río se ha secado. La gran minería en la zona es en parte responsable del estado en el cual se encuentran los valles pues tiene un uso intensivo del agua además de contaminar suelos y líquido con químicos como cianuro y mercurio, por ejemplo Pascua Lama es un proyecto minero que justo trabaja en la zona con uno de los mayores yacimientos de oro del mundo.

Actores en pugna:
La empresa de Gonzalo Vial, cuyo proyecto fue apoyado por el gobierno de Piñera, pues quiere hacer de Chile una potencia en la producción de carnes y en la industria forestal. Los habitantes de Freirina y organi- zaciones ambientales que piden se solucione el problema en todos sus aspectos. El gobierno de Chile que no hace sino reprimir las protestas.

Criminalización social:
Las Fuerzas Especiales de Carabineros han llevado a cabo violentas represiones contra las manifestaciones, han usado balines, bombas la- crimógenas y carros lanzaaguas. El resultado de la represión ha sido de 9 detenidos, dos heridos de gravedad (uno perdió un ojo) y dos carros policiales quemados.

Fuentes electrónicas de información: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/12/680-497934-9-lon- gueira-espera-que-cierre-de-planta-agrosuper-en-freirina-no-sea-una- medida.shtml http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2012/06/12/97759/Freirina- continua-con-malos-olores-por-planta-de-Agrosuper.aspx http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101670 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101672 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101765 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102299 http://radio.uchile.cl/noticias/152085/ http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102262 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101939

10.-uso y producción dE agroquímicos
chilE, principalmEntE En las rEgionEs dE bíobío, o’ higgins y maulE.
Inicio del conflicto: Años noventa del siglo XX

Despojo de tierras:
No hay despojo de tierras en este tema

Descripción del conflicto:
El empleo de químicos en las actividades agrícolas en Chile es cons- tante, por ejemplo, han sido muchos los casos que se han reportado de personas, sobre todo temporeros agrícolas, que sufren daños difíciles de medir a causa del contacto con plaguicidas. Cifras dadas a conocer por la Red de Vigilancia Epidemiológica (REVEP), dependiente del Mi- nisterio de Salud, indican que en el año 2008 se notificaron 795 intoxi- caciones, y 4 muertes provocadas por exposición a plaguicidas, siendo las regiones más afectadas las del Bíobío y O’Higgins según indica una nota de OLCA. El gobierno chileno recientemente prohibió la importa- ción de endosulfan pero no ha legislado la compra, producción y uso de otros plaguicidas que están dentro de la clasificación 1a de la OMS que los considera extremadamente peligrosos para la salud. Diversos análisis han demostrado que diversos alimentos como las hortalizas presentan altos grados de contaminación por diferentes plaguicidas, por ejemplo una lechuga analizada presentó residuos de tiofanato de metilo en una concentración que sobrepasa en 64 veces el límite máxi- mo permitido en la Unión Europea para esta sustancia. A la par de que algunos representantes de gobierno se niegan a prohibir la adquisición y uso de plaguicidas, en la misma lógica se permite la producción de otras sustancias químicas destinadas a la agricultura. Es el caso por ejemplo de la empresa de agroquímicos Trical quien recibió en los pri- meros meses del 2012 la aprobación para aumentar en 100,000 litros su producción de agroquímicos; por lo cual habitantes de la zona con- denan el permiso pues sostienen que se corre el riesgo de que queden contaminados los sistemas de agua potable y riego.

Actores en pugna:
Sociedad en general que es afectada por los riesgos de la producción, uso y consumo de agroquímicos. Empresas productoras y gobierno chileno que no garantiza la salud de las personas y la no contaminación del ambiente. También la OMS que ha especificado los riesgos de los plaguicidas.

Criminalización social:
No hay criminalización directa hacia la gente que denuncia los proble- mas derivados de los agroquímicos, pero por ejemplo los temporeros o temporeras agrícolas temen denunciar haber sido afectados por el contacto con plaguicidas por temor a represalias por parte de los patro- nes. En el caso de la comunidad de Los Choapinos donde tiene su sede Trical, así como otras comunidades del sur chileno que participaron en una movilización para repudiar el permiso a la empresa fueron agredi- dos por la policía militar chilena.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101935 http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag35.htm http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag44.htm http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag074.htm http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag071.htm http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag54.htm http://olca.cl/oca/plaguicidas/plag53.htm http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101812

11.-rEsiduos gEnErados por la planta dE cElulosa arauco.
chilE, rEgión dE los ríos
Inicio de conflicto: 1996

Despojo de tierras: Sí

Descripción del conflicto:
Mehuín y el ducto de Celulosa Arauco: Tras una larga lucha de la comu- nidad de Mehuín se aprobó, de igual forma, la instalación del ducto que evacuará los desechos de celulosa Arauco al mar. El Comité de Defensa del Mar demandará al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Celulosa Arauco En Oposición: Comité de De- fensa del Mar de Mehuin.

Criminalización social:
Si.Presencia policial permenente en las comunidades mapuche, allana- mientos, amenanazas de muerte a los indígenas que se opongan al pro- yecto hidroelectrico, hostigamiento constante, ataques permamentes a las casas de los protestantes.

Fuentes electrónicas de información: http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com/ http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2886 http://kultura-mapuche.blogspot.com.ar/2012/04/no-al-ducto-evacua- cion-toxica-de-celco.html

http://www.noalducto.com/ http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com/2012/12/21/ calendarios-defensa-del-mar-no-al-ducto-en-mehuin-2013/ http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/10/655-487053-9-tras- siete-anos-construccion-de-ducto-de-arauco-en-valdivia-entra-a-su- fase.shtml

12.-cultivo dE palma dE acEitE para agrocombustiblEs colombia, rEgión dEl magdalEna mEdio, minicipios dE los dEpartamEntos dE santandEr, antioquia, boyacá, cEsar y bolívar.

Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:
Se destaca el caso de 123 familias que cultivaron en el predio de las Pavas, aspirando ala titulación de los predios y fueron desalojadas dos veces violentamente por parte de un Bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares). El propietario del predio vendió en marzo de 2007 los predios en cuestión al Consorcio El Labrador, formado por las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. Ambas empresas están dedicadas al cultivo de palma aceitera en la región y están afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). El desalojo de los predios lo adelantó la policía y fuerzas antidisturbio del estado.

Descripción del conflicto:
A pesar de que la mitad de la población está subalimentada, se calcula que las familias gastan más del 50% de sus gastos generales en comprar ali- mentos; y que 8 de cada 10 familias gastan más de la mitad de sus ingresos para alimentarse. No obstante la mayoría de municipios en la región son eminentemente rurales, las familias ya no producen sus propios alimen- tos y tienen que comprar casi todo en el mercado.26% del área total sem- brada que se calcula en 336.9567 hectáreas se dedica al cultivo de palma. Algunos estudios calculan que unos 4.586 campesinos con cerca de 52.427 hectáreas de palma sembrada, actúan como proveedores de la materia prima para las plantas extractores de las grandes empresas a través de “alianzas productivas”. Los cambios ambientales en los terri- torios, según las mismas comunidades, han conducido a importantes transformaciones, dando así origen a la pérdida de suelos, fauna, flora, contaminación y acceso al agua, afectación a la salud humana, desnu- trición y hambre crónica. El modelo de plantación, monocultivo y gran propiedad, ha generado la disminución de cultivos de alimentos en la región y por tanto, una situación delicada en cuanto ala seguridad ali- mentaria de la población local.

Actores en pugna:
Empresas productoras de palma de aceite, entre ellas empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A.y la contraparte es la pobla- ción campesina.

Criminalización social:
Existen amenazas en contra de la citada organización de campesinos en el caso del predio de las Pavas.

Fuentes electrónicas de información: http://otrosmundoscol.wordpress.com/category/agrocombustibles/ http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140759 http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/grave-situacion- humanitaria-de-campesinos-desplazados-por-ex-contratista-de- multinacional-de-cosmeticos/20101004/nota/1366745.aspx http:// retornoalaspavas.files.wordpress.com/2011/02/informe-fian-palma-en- el-magadalena-medio.pdf

13.-sEmillas criollas
colombia, todas las provincias. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
No existe un despojo como tal, sin embargo está presente la amenaza directa a la megadiversidad, a los cultivos de consumo y a la soberanía alimentaria.

Descripción del conflicto:
En abril de 2012, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos aprobó la ley 1518 por medio de la cual se aceptó el “Convenio In- ternacional para la protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 1991”, el cual forma parte de los procesos de apertura comercial del TLC firmado con Estados Unidos. Este Convenio pone en peligro la agricultura campesina colombiana y los modos de subsistencia más rudimentarios, ya que, criminaliza y condena el uso de semillas nativas. En tanto, habitantes de distintas zonas del país, se organiza- ron en el Valle de Cauca mediante el Coordinador Nacional Agrario (CNA) para rechazar la imposición de semillas protegidas y con- troladas por empresas transnacionales como Monsanto y Syngenta, tratando de rescatar su derecho autónomo a sembrar y usar semillas criollas de manera legítima. Los argumentos para cancelar esta ley son los inminentes daños a la naturaleza, la perdida y erosión de los suelos, así como la pérdida de cuantiosas siembras, tal como sucedió en 2011 en El socorro, municipio de Falan con el maíz transgénico de Monsanto

Actores en pugna:
El gobierno colombiano no ha aceptado la revocación de la ley 1518, mientras asociaciones campesinas, indígenas y civiles han expresado su inconformidad intentando eliminar los efectos de la ley por la vía jurídica ante la Corte Constitucional.

Criminalización social:
Existe criminalización y sanción legal a todo aquel quien realice pro- ducción, comercialización o uso de semillas criollas.

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101907 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101901 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151725 http://semillasdeidentidad.blogspot.mx/2012/07/intervencion-ciudada- na-frente-ley-1518.html

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101455 http://semillasdeidentidad.blogspot.mx/2012/06/salva-las-semillas- nativas-y-criollas.html http://www.cloc-viacampesina.net/pt/ temas-principales/soberania-alimentaris-y-comercio/1281-colombia- por-la-defensa-de-las-semillas-libres http://www.avaaz.org/es/petition/Salva_las_semillas_limpias_la_ diversidad_y_la_cultura_en_Colombia/ http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20158015

14.-palma aFricana
colombia, jiguamiandó y curvaradó En El carmEn dEl darién, chocó. En El bajo atrato, urabá chocoano. Inicio del conflicto: 1997- 2012

Despojo de tierras:
Las violaciones contra dichas comunidades datan de 1997, año en que la Fuerza Pública adelantó la operación Génesis, comandada por el General retirado Rito Alejo del Río, en circunstancias que actualmente son objeto de investigación judicial. El efecto directo de dicha opera- ción militar fue el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá y el vaciamiento del territorio, circunstancias que se tradujeron en el despojo más grande de territorios que se ha documentado hasta la fecha. El Incoder lo calificó como una “contrarreforma agraria”, dado que las tierras adjudicadas a poblacio- nes rurales terminaron en manos de terratenientes.

Descripción del conflicto:
La importancia de la región del Chocó Biogeográfico debido a su ubica- ción estratégica y a la riqueza de los recursos naturales, ha generado la disputa por el control de estos territorios, especialmente por los grupos armados y por los intereses del capital internacional. En este contexto, la fuerte presencia y control que ejerce los grupos paramilitares en la región del bajo Atrato, coincide con el incremento acelerado del estable- cimiento de plantaciones de palma africana dentro de los territorios co- lectivos de las comunidades afrocolombianas ubicadas en esta región. Esta situación igualmente coincide con el incremento del conflicto, el desplazamiento de parte de estas poblaciones y con la expropiación de estos territorios colectivos a partir de titulaciones privadas a varias empresas palmicultoras y ganaderas que actualmente controlan parte de este territorio.La viabilidad de estos proyectos de palma africana se relacionan con el proceso de legitimación de territorios y de tie- rras desalojadas y controladas por los grupos paramilitares, el lavado de inversiones producto de actividades ilícitas y también asociadas a las inversiones para la producción masiva de biodisel en el país, como sustituto del petróleo: éste es uno de los proyectos prioritarios para el gobierno nacional y para los grandes inversionistas en este sector.

Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, In- coder, 2005, quien envió una comisión de verificación entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004, revela que el 93% de la siembra de palma africana realizada por las empresas Ura¬plama, Palmas de Curavaradó, Palmas S.A y Palma¬dó, están ubicadas en la zona de los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, correspondiente a 3.636 y 180 hectáreas respectivamente. El 7% restante se encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicada por el Incora, antes de la vigencia de la ley 70 de 1993.

Actores en pugna:
Comunidad: Comunidades afrocolombianas oriundas de la región. Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Mercado: em- presas palmicultoras Ura¬plama, Palmas de Curavaradó, Palmas S.A y Palma¬dó entre otras. Estado: Gobierno Nacional, Ministerio de De- fensa, Incoder, Defensoría del pueblo, Procuraduría. Grupos al márgen de la ley (especialmente paramilitares).

Criminalización de la protesta:
Las operaciones militares con apoyo paramilitar se adelantaron con la justificación de que el territorio estaba ocupado por grupos guerrille- ros. Actualmente continúa la persecusión a líderes comunitarios por el proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos. Como ejemplo está el asesinato por parte de presuntos paramilitares del líder chocoano Manuel Ruiz y su hijo Samir de Jesús el día 24 de marzo de 2012.

Fuentes electrónicas de información: http://www.setianworks.net/indepazHome/index.php?view=articl e&id=370%3Asentencia-curvarado-y-jiguamiando&option=com_ content&Itemid=87 http://www.semana.com/nacion/mayor-proteccion- del-gobierno-para-lideres-tierras-pide-procuraduria/174850-3.aspx http://www.semana.com/nacion/asesinatos-manuel-ruiz-su-hijo-otro- golpe-restitucion-tierras/174559-3.aspx http://memoriaydignidad.org/ memoriaydignidad/index.php/site-administrator/tierra-y-territorio/ casos/caso-curvarado-y-jiguamiando/814-contexto-caso-curvarado-y- jiguamiando http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/22660/yamile-salinas- abdala/el-caso-de-jiguamiando-y-curvarado-estrategia-criminal http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1b1--&x=20154589

15.-monocultivo dE palma aFricana
Ecuador, provincia dE EsmEraldas cantonEs san lorEnzo y Eloy alFaro (zona nortE)
Inicio del conflicto: 1990- 2010

Despojo de tierras:
Desde 1999, las plantaciones de palma alcanzan alrededor de 33.000 ha de terreno en el cantón San Lorenzo. “La compra masiva de tierras en el cantón San Lorenzo, en una extensión de alrededor de 60.000 ha, por parte de personas naturales y jurídicas para dedicarlas al monocultivo de la palma, genera varios problemas en la población, como el desplazamiento masivo de campesinos [...] ocasionando con- flictos vinculados a la tenencia de la tierra” (FIDH, 2005). Las perso- nas que transfirieron sus posesiones a las palmicultoras, tendrían que abandonar estos lugares. Probablemente se desplacen hacia centros urbanos o hacia otras zonas de bosques “aún no impactados” o a los territorios de comunidades afroecuatorias o indígenas Awá y Chachi, con los consecuentes conflictos sociales y ambientales que implica la dinámica colonizadora.

Descripción del conflicto:
En febrero de 1999, miembros de la directiva del Frente de defensa de los Campesinos de San Lorenzo, conjuntamente con otros 150 cam- pesinos de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, denunciaron la devastadora tala de bosques primarios y secundarios emprendida por las palmicultoras para implementar en esas 30 mil hectáreas, monocultivos de palma africana. Este proyecto inició en 1998, y hasta el momento, se han talado aproximadamente 4.550 hectáreas de bos- que, 2.500 de las cuales corresponden a bosque primario. La Misión Internacional recibió denuncias sobre las fuertes presiones que las compañías ejercen en las comunidades indígenas y afro descendientes de Guadalito y La Chiquita, respectivamente. En Guadualito, las 42 familias poseen en total 1.630 ha, y se ven cercadas por palmicultoras y madereras . La Misión recibió denuncias de la Fundación Altrópico sobre la grave contaminación del agua potable, debido al uso de 18 tipos de agroquímicos por parte de las palmicultoras. Los ríos desem- bocan en afluentes grandes, como el Tululbí, contaminando zonas de manglares, donde se proveen de alimento gran parte de la población de San Lorenzo.

Actores en pugna:
Campesinos afroecuatorianos y mestizos y Compañías palmícolas: Pal- mera de los Andes, Agrícola San Lorenzo, Ecuafincas, Hacienda Teo- brama, Aiquisa, Palesema, Ales, La Fabril. Autoridades involucradas: Ministerio del Ambiente, Gobernación de Esmeraldas, Defensoría del Pueblo (Pichincha).

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://lalineadefuego.info/2012/07/23/de-la-palma-aceitera-y-la-mi- neria-un-breve-analisis-del-sistema-extractivista-legal-e-ilegal-en-el- norte-de-esmeraldas-por-ivan-roa1/ http://www.accionecologica.org/ index2.php?option=com_content&task=emailform&id=94

16.-sEmillas dE monsanto haití, hinchE (EstE).
Inicio del conflicto: 24/05/2010

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Se buscó denunciar la compra de 475 toneladas de semillas de Monsan- to por parte del gobierno como solución al Estado urgencia. La base del movimiento campesino de Papaye se dirigió hacia el parque de Charle- magne Peralte con el fin de negarse a recibir las semillas, en protesta, decidieron quemar las semillas otorgadas por el gobierno en el mismo parque haciendo un llamado a generalizar la protesta y la quema en el país de todas las semillas provenientes de Monsanto ya que sólo sirve para la primera generación de siembra.

Actores en pugna:
El Movimiento Campesino del Congreso de Papaye (MPNKP), Cabezas Unidas (Tet Kole) y Coordinación Regional de las Organizaciones del Sureste (CROSS), movimientos estudiantiles , la Plataforma para un Desarrollo Sostenible en contención con Monsanto y el gobierno y el proyecto Winner.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/oca/transgenicos/transgenicos039.htm http://servindi. org/actualidad/26153 http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=17298 http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/semillas- transgenicas-desatan-polemica-haiti/ http://www.bionero.org/planeta/campesinos-de-haiti-rechazan-dona- ciones-de-semillas-transgenicas-de-monsanto

17.-soya transgénica

méxico, yucatán municipios dE santa ElEna, ticul oxkutzcab, tEkax, tzucacab, pEto y tizimín.
Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:
No se tienen registros.

Descripción del conflicto:
Desde 2005, se lleva a cabo siembras de soya transgénica tolerante al herbicida glifosato (que la misma empresa produce) en la región y está en la última fase para convertirla en un cultivo comercial. En 2012 se otorgó el permiso para la siembra de 30 mil hectáreas de soya transgé- nica solicitada en 2011. Los apicultores de Yucatán se oponen a la siem- bra de la soya transgénica, ya que pone en riesgo la producción de miel orgánica (debido al cambio de polinización por parte de las abejas). El 95 por ciento de la miel de Yucatán se exporta y en caso de contamina- ción por transgénicos se afectaría a 12 mil familias del Estado.

Actores en pugna:
Impulsado por: Monsanto, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien- tal (DGIRA), y Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. En oposición: Greenpeace; organizaciones campesinas, UNORCA, api- cultores, comercializadores y exportadores de miel.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros.

Fuentes electrónicas de información: http://diariojuridico.com.mx/actualidad/noticias/denuncia-greenpea- ce-a-funcionarios-de-semarnat-por-avalar-siembra-comercial-de- soya-transgenica.html; http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Diciembre/De- nuncia-Greenpeace-irregularidades-en-permiso-dado-a-Monsanto-/; http://www.infolliteras.com/noticia.php?id=3428; http://diariojuridico.com.mx/actualidad/noticias/lanza-sociedad-civil- rechazo-a-siembra-de-soya-transgenica-en-yucatan.html; http://www.monsanto.com.mx/papelagro.htm http://yucatan.com.mx/yucatan/rechazo-a-transgenicos

18.-maiz transgénico

mExico, cajEmE, sonora

Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:
Si, despojo de tierras fértiles de comunidades indígenas para las siem- bras experimentales.
Breve descripción del conflicto
La liberación al ambiente de plantas transgénica pone en riesgo la va- riabilidad genética de especies endémicas y favorece la aparición de nuevas plagas en los cultivos, en tanto que el consumo humano de transgénicos favorece las reacciones de procesos alérgicos. Una vez esparcidos, los agrotóxicos contaminan los ríos, los mantos freáticos, las costas, el aire, el suelo y los alimentos. La exposición de los seres humanos ocurre por inhalación, ingestión y contacto. Pone en riesgo la biodiversidad y las semillas nativas.

Actores en punga:
AgroBio México, Monsanto, gobierno federal y estatal. En oposicion el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Greenpeace México, Semillas de vida, Red en Defensa del Maíz.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://europafocus.wordpress.com/2011/12/19/siembra-de-proble- mas/ http://www.jornada.unam.mx/2012/07/04/sociedad/044n1soc http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiashistorial. php?artid=15502

19.-ganado porcino méxico, pErotE, vEracruz. Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Criadero de cerdos: En el poblado La Gloria, se gestó un movimein- to que suma ya 20 poblados de Veracruz y Puebla que desafían a la Trasnacional. Los activistas han documentado el perjuicio ecológico, ya evidente en el valle de Perote, como las lagunas de oidación donde vierten excrementos y residuos químicos a cielo abierto y sin mem- branas ecológicas que impidan la filtración de líquidos a los mantos freáticos. Eso sin contar los olores fétidos que infestan todo el valle. Al parecer, esa contaminación habría sido la causante de un brote de infecciones respiratorias.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Smithfield Foods / Granjas Carroll de México, S.A. de C.V. / Agroindustriales Unidos de México, S. A. de C.V.. En opo- sición: sociedad civil.

Criminalización de la protesta:
Sí. 2007, 4 personas fueron acusados penalmente luego de una marcha que bloqueó la carretera federal Achichica-Perote, para exigir el retiro de los criaderos de cerdos. Cinco dirigentes del movimiento, enfrenta- ron procesos judiciales por oponerse a la instalación de los criaderos de cerdos, que contaminan el ambiente.

Fuentes electrónicas de información: http://www.saboteamos.info/2011/02/19/contaminacion-y-enfermedad- en-el-valle-de-perote-el-caso-de-granjas-carroll/ http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/moreno-valle- impulsor-de-la-expansion-de-carroll-en-puebla-pueblos-unidos_ id_8338.html http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=260223 http://www.afectadosambientales.org/pobladores-detienen-los- trabajos-de-expansion-de-la-empresa-granjas-carroll-en-guadalupe- victoria/

http://www.jornada.unam.mx/2009/04/30/politica/018n1pol http:// www.jornada.unam.mx/2009/04/12/index.php?section=estados&articl e=020n1est http://www.fedessp.org/documentos/La%20negra%20histo- ria%20de%20Granjas%20Carroll.pdf http://www.youtube.com/ watch?v=n3EFSL0O06A

20.-maíz transgénico

paraguay

Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:
Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso de los monocultivos de soja.

Descripción del conflicto:
En 1993 el gobierno paraguayo incluyó en la Ley de Evaluación e Im- pacto Ambiental una prohibición al maíz transgénico. A pesar de ello, los poblados de la región oriental del país han sido desde entonces acosados por los agronegocios en detrimento de la agricultura tra- dicional. Hasta enero de este año, las semillas de maíz transgéni- co habían sido traídas desde las regiones sojeras localizadas en los departamentos de de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, las cuales a su vez fueron introducidas de contrabando desde Brasil y Argentina. Según cálculos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), existen alrededor de 100,000 Ha de cultivos de maíz transgénico en el país. El 17 de noviembre de 2010 el minis- terio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Paraguay dio a conocer la aprobación de las solicitudes presentadas por las empresas esta- dounidenses Dow AgroSciences, Monsanto y Syngenta, además de la nacional Agrotec para realizar pruebas de cuatro especies de maíz transgénico. El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), fue designado para la supervisión. Finalmente, la autorización para ese tipo de producción se ha otorgado en 2012 durante una reunión entre el Federico Franco(quien ocupó el cargo tras la destitución del mandatario Fernando Lugo) con los grandes empresarios del sector y la firma posterior de un decreto. Los maíces serán liberados para su explotación comercial a finales del 2012 o principios del 2013. Todo ello indica que el cambio en la legislación formaliza una práctica ya desarrollada (tal como sucedió con la soja transgénica de Monsanto). En agosto de este año (2012), la Federación Nacional Campesina (FNC) anunció la realización de movilizaciones de sus miles de afiliados en protesta por la aprobación -por parte del gobierno- del uso de semillas transgénicas para la siembra de maíz y algodón. Además de la FNC, un total de 28 centrales campesinas e indígenas, junto a instituciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos, exigieron al Ministerio de Salud y a la Secretaria del Ambiente publicar los argu- mentos utilizados para liberar el maíz transgénico.

Actores en pugna:

A favor del maíz transgénico: multinacionales de la biotec- nología, élites agroexportadoras,algunos sectores del gobier- no y ciertas organizadoras agrícolas (Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Aso- ciación Rural del Paraguay (ARP). En contra del maíz transgénico: Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos (“Campaña Na- cional Paraguay Libre de Maíz Transgénico”). Campesinos y productores indígenas. Destaca la organización “Vía campesina Paraguay” y la Federa- ción Nacional Campesina (FNC). Algunos sectores del gobierno. Destaca la SENAVE y la Secretaría del Ambiente, atacadas por los medios de comuni- cación para desacreditar la determinación gubernamental de controlar los cultivos ilegales de maíz genéticamente modificado. La Cámara de Sena- dores, de mayoría opositora (solicitó al Ejecutivo la inmediata suspensión de las intervenciones en los cultivos de maíz transgénicos).

Criminalización de la protesta:
Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso de los monocultivos de soja.

Fuentes electrónicas de información: http://www.latice.org/milj/es/notalimj1109es.html http://www.scidev.net/es/news/paraguay-inicia-cultivo-experimental- de-ma-z-transg-nico.html

http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=192551 http://www.pojoaju.org.py/2/comunicado-de-las-organizaciones- campesinas-e-indigenas-ongs-y-redes-ambientalistas-referente-a-la- liberacion-del-maiz-transgenico/

21.-algodón transgénico. paraguay
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Aún no, pero se prevé una tendencia similar a la observada en el caso de los monocultivos de soja.

Descripción del conflicto:
En julio de este año (2012) el Poder Ejecutivo paraguayo, a cargo de Federico Franco, emitió el decreto No 9.503/12 para la liberación del algodón transgénico. De acuerdo a diversas organizaciones sociales, este decreto viola normas jurídicas de mayor jerarquía según el orden jurídico positivo establecido por el artículo 137 de la Constitución Na- cional, desconociendo disposiciones expresas del Protocolo de Carta- gena sobre Seguridad en la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Ley de la República No 2.309/03, instrumento jurídico internacional tiene carácter vinculante para nuestro país, en cuanto al tratamiento y uso seguro de los productos de la biotecnología moderna (ver lista completa en comunicado de prensa Alter-Vida). A pesar de las promesas hechas por las empresas biotecnológicas, la rea- lidad es muy distinta, no sólo porque el comportamiento del cultivo no es óptimo en cuanto a su rendimiento por ha., sino porque el algodón transgénico promueve un modelo agrícola que somete económicamente a los agricultores al hacerlos dependientes de a un paquete tecnoló- gico compuesto por semillas patentadas y alto uso de agroquímicos. Los riesgos ambientales por la utilización de agrotóxicos, así como las consecuencias en la salud e ingresos, preocupa también a los pequeños campesinos. El ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, señaló que con la liberación del algodón transgénico simplemente se regulariza una situación de hecho (tal y como sucede en el caso de la soja y el maíz). Las semillas serán importadas desde Argentina y Brasil, de acuerdo a las variedades adaptadas para la región y el país.

Actores en pugna:
Diversas organizaciones sociales y campesinas en contra de la intro- ducción de semillas de algodón transgénico: Movilización liderada por la Federación Nacional Campesina de Paraguay (FNC). Demandas por parte de Alter Vida- Centro de Estudios y Formación para el Ecodesa- rrollo. A favor: el gobierno de Federico Franco, empresas agroindustria- les, la Unión de Gremios de la Porducción.

Criminalización de la protesta:
No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.pojoaju.org.py/2/comunicado-de-prensa-alter-vida-ante- liberacion-del-algodon-transgenico/ http://www.ultimahora.com/notas/553550-Gremialista-dice-que-Para- guay-no-puede-estar-tan-atrasado-en-el-uso-de-biotecnologia http://www.agrobiomexico.org.mx/index.php?option=com_ k2&view=item&id=155:autorizan-cultivo-de-algod%C3%B3n- transg%C3%A9nico-en-paraguay&Itemid=41 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102061 http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/21/campesinos-paraguayos- marcharan-en-el-pais-contra-cultivos-transgenicos-3047.html

22.-monocultvo dE soja
paraguay, divErsos distritos dEl dEpartamEnto dE san pEdro
Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
Si, de manera indirecta. Las plantaciones de soja transgénica generan la expulsión de las familias de agricultores de la zona y riesgos para la salud de la población.

Descripción del conflicto:
Diversas organizaciones civiles se han movilizado en contra de las plantaciones de soja que no consideran medidas mínimas de seguri- dad establecidas en la ley, como por ejemplo el respeto de una franja de protección que permita separar los cultivos de las poblaciones locales. Las irregularidades legales han estado acompañadas de la utilización de tóxicos para fumigar las plantaciones. La conflictividad en el depar- tamento de San Pedro data de varios años atrás a raíz de la triplicación de la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de soja. Esto a costa de la expulsión de familias de sus tierras y la deforestación masiva de miles de hectáreas de bosques nativos. Un comité especializado de la Orga- nización de las Naciones Unidas (ONU), dio un llamado de atención al Gobierno paraguayo por el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el país suscribió en 1992. Criticó también “la lentitud en la realización de la reforma agra- ria”, y expresaron “preocupación ante la situación de los campesinos y de la población indígena que no tienen acceso a sus tierras tradicionales y ancestrales”.

Actores en pugna:
Algunas organizaciones locales como el Frente Popular por el Desa- rrollo de Lima, La Coordinadora por la Defensa de la Soberanía del departamento de San Pedro. Algunas organizaciones civiles solidarias como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehu- py) y la ONG Inecip. Los cultivadores de soja, normalmente de origen brasileño, a favor del negocio. El gobierno paraguayo, involucrado por omisión en el incumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.

Criminalización social:

Se han generado varios enfrentamientos entre fuerzas policiacas y los pobladores del lugar. En este caso, los pobladores son acusa- dos por algunos hechos ilícitos cometidos contra los intereses de la propiedad del sojero Calixto Saguier. Sin embargo, los lugareños se defienden diciendo que sólo reaccionan debido a que los sojeros no respetan sus derechos de vivir en un ambiente sano (el conflicto se inició cuando arrendatarios de la finca comenzaron a desmantelar un bosque que servía como franja de protección a las familias asen- tadas en la colonia).

Fuentes electrónicas de información: http://ea.com.py/tambien-en-lima-y-reskin-se-movilizan-para-protes- tar-contra-plantacion-de-soja/
http://www.lasojamata.net/es/node/103 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Vae9K2bPZokJ:w ww.clacso.edu.ar/documentos_osal/descargar.php?link%3D1406. pdf%26nombre%3DParaguay%2520Cronolog%25EDa%2520En ero%25202011+recurso+de+amparo+contra+el+sojero+Calixto+ Saguier&hl=es-419&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEESgkmlIrvsh- WNXcov67jqKw3vFYOr3Iez908vpA1r_NNpdwz2MimT7vy1R- NT8YNhq9NxpAIPYK45KCBaKwHpqwj4C3Oad5W91TE- gGq3d3uSsARDIAwv4GhAvHgW_jdLk2fVBmph&sig=AHIEtbTB1NA djIK6bh-82RAbVvH0Pp-jRw http://www.rallt.org/NOTICIAS/no139.htm http://archivo.abc.com.py/2007-12-06/articulos/377050/presentan- 27-amparos-antifumigacion

23.-monocultvo dE soja
paraguay, itakyry, dEpartamEnto dE alto paraná. Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:
Si. Se utilizaron estrategias de expulsión de comunidades indígenas y tradicionales. Se trata de una violación grave a los derechos humanos. El rocío de tóxicos por parte de los productores sojeros —en su mayo- ría brasileños—, tenía como objetivo era desalojar de sus terrenos a la población indígena, queriendo hacer valer una orden judicial para que 500 familias indígenas abandonaran el lugar.

Descripción del conflicto:

Unas 150 familias Ava Guaraní fueron rociadas con agrotóxicos por cul- tivadores de soja brasileños para expulsarlos de sus tierras ancestrales y así ampliar sus cultivos en la zona. Más de 200 indígenas resultaron afectados. El INDI elevó una denuncia formal ante la fiscalía de Itakyry contra personas innominadas “por la comisión de los hechos punibles de lesión grave y coacción grave, del cual resultaron víctimas miembros de las Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní. Además del rocío tóxico a la población, existen una serie de irregularidades por parte de los sojeros como la deforestación masiva del Bosque Atlántico, el irrespeto de las franjas de dominio público al plantar soja hasta los bordes de los caminos vecinales, la ausencia de barreras vivas y franjas de seguridad alrededor de asentamientos humanos, la contaminación de los cursos de agua ante la falta del bosque protector establecido por el Decreto 1831/86. Según las proyecciones a nivel local, con estas plantaciones se prevé la obtención de siete millones 155.000 toneladas de soja, lo cual se traduciría en dos millones 100.000 dólares estadou- nidenses. Los productores sojeros utilizan, generalmente, el glifosato como herbicida para proteger sus cultivos de gusanos y otros insectos.

Actores en pugna:
Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní: Ka ́a Poty; Ka ́aguy Rory; Ka ́aty Mirí -Formosa; Loma Tajy, y una Comunidad de la Etnia Mbya Guarani”. Productores sojeros (en su mayoría brasileños). Go- bierno: ha conformado una comisión interinstitucional para dar segui- miento al caso después de reconocer que efectivamente la población fue envenenada. Diversas organizaciones sociales y la Asociación de ONGs del Paraguay, que denuncian una serie de violaciones por parte de los cultivadores de soja (derechos humanos, deforestación, contaminación, etc). El gremio de empresarios de la producción ha lanzado críticas a la labor impulsada por las instituciones del gobierno para esclarecer el hecho.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.sobrevivencia.org.py/v1/?tag=agrotoxicos http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view =article&id=277:paraguay-el-drama-de-los-indigenas-rociados-con- pesticidas&catid=45:derechos-indigenas&Itemid=64

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-gobierno-confir- ma-que-lanzaron-veneno-desde-avion-38127.html

24.-ganadEría ilEgal. paraguay, chaco paraguayo. Inicio del conflicto: 2011.

Despojo de tierras:
Si. Los indígenas ayoreo-totobiegosodes han sido progresivamente des- pojados de sus tierras ancestrales en el chaco a favor de la ganadería. Algunos miembros de este pueblo indígena que se han visto obligados a abandonar el bosque en los últimos años están luchando por el dere- cho a sus territorios ancestrales como el único medio de salvar a sus familiares no contactados.

Descripción del conflicto:
En la actualidad, casi toda la tierra de los ayoreos está en manos de terratenientes que contratan a equipos de trabajadores para ta- lar el bosque de madera valiosa y así poder introducir ganado. En los últimos años, las imágenes por satélite han hecho cada vez más difícil para los ganaderos talar árboles sin que nadie se dé cuenta.

En virtud de la legislación paraguaya, el área reclamada debería ha- ber quedado bajo titularidad indígena hace años, ya que tanto ésta, como la Constitución del país, reconocen el derecho de los indígenas a la titularidad sobre sus tierras tradicionales. Pero los poderosos terratenientes han bloqueado la legislación en repetidas ocasiones y ya han excavado ilegalmente parte del bosque. Por ejemplo, en el corazón del territorio indígena hay una parcela de unas 78.000 hec- táreas que pertenece a la firma brasileña Yaguarete Porá. La com- pañía ya ha talado una extensa área boscosa que se encuentra muy cerca de la zona donde recientemente han sido avistados indígenas aislados.En respuesta a la indignación colectiva desatada por este hecho, la empresa anunció un plan de crear una “reserva natural” en su territorio, pero lo que en realidad intenta es destruir unos dos tercios del bosque de la zona.

Actores en pugna:
Población indígena ayoreo-totobiegosodes (muchos de ellos, no con- tactados).
Terratenientes paraguayos y grandes empresas ganaderas brasileñas.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.survival.es/indigenas/ayoreo/cual_es_el_problema#main http://www.survival.es/noticias/7384 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101810

25.-monocultvo dE soja
paraguay, distrito mariscal. lópEz, dEpartamEnto dE caaguazÚ.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:
Si. Familias Mbya guaraní de la comunidad 15 de enero, fueron vio- lentamente expulsadas de sus tierras ancestrales por disposición de la oficial de justicia Olga Recalde, con el apoyo de agentes policiales.

Descripción del conflicto:
Los indígenas de la comunidad 15 de enero decidieron ocupar la su- puesta propiedad del alemán Clovis Antonio Schilezcher, quien utili- za más de 400 hectáreas de bosques para cultivar soja. En términos legales, el alemán sólo posee 7000 hectáreas de las 1,000 que ocupa realmente. Las familias reclamantes fueron expulsadas violentamente tras una orden judicial, en donde tanto mujeres como niños fueron amenazados y golpeados por policías. La comunidad mbya guaraní reclama que el Estado y las instituciones encargadas de asuntos indíge- nas garanticen sus derechos y velen por la seguridad y permanencia de sus comunidades en sus tierras ancestrales. “Nosotros, como pueblos indígenas, queremos que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) se reú- nan para garantizarnos la compra de nuestras tierras originarias y así poder vivir permanentemente en ellas para no migrar”, declaró Vidal Gauto, secretario general de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI).

Actores en pugna:
Indígenas de la comunidad 15 de enero, afectados por la apropiación ilegal de bosques ancestrales por parte de un cultivador de soja. El cultivador de Soja, quien ha recibido el apoyo de la justicia paraguaya.

Instituciones del Estado que han sido omisos en el caso: INDERT e INDI. Algunas organizaciones sociales: ONAI.

Criminalización de la protesta:
Si. Las familias que ocuparon los terrenos fueron expulsadas de sus tierras por una supuesta violación a la propiedad sojera.

Fuentes electrónicas de información: http://ea.com.py/la-comunidad-15-de-enero-reclama-tierras-ancestrales/ http://www.lanacion.com.py/articulo/70810-denuncian-que-comuni- dad-mbya-15-de-enero-fue-violentamente-desalojada.html http://partidoconvergencia.wordpress.com/2012/06/15/comunidad- mbya-guarani-quiere-volver-a-sus-tierras-ancestrales/

26.-palma acEitEra
pErÚ, distrito barranquita, provincia lamas, san martín. Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
Sí. En marzo del 2007 el Ministerio de Agricultura adjudicó 3171 has de terreno al Grupo Romero para desarrollar un proyecto agrícola.

Descripción del conflicto:
Deforestarión de 2100 has de bosque en el fundo Las Palmas ha produ- cido un impacto significativo sobre el ecosistema local, pricnipalmete en lo referido al acceso directo, del pueblo indígenas quechua lamis- ta, a recursos complementarios para su dieta diaria en los bosques, impidiendo practicar sus actividades tradicionales (recolección, caza, agroforesteria), atentanto contra su seguridad alimentaria, por tanto, a su subsisitencia como pueblo indígena.
Actores en pugna:
Apoyan el proyecto: Empresa Agrícola del Caynarachi S.A. hoy Em- presa Palmas del Oriente, Grupo Romero, Ministerio de Agricultrua, Gobierno Central / En oposición: pueblo quechua lamista.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://vigilanteamazonico.pe/phocadownload/mapas/mapasconflicto/ mapa%20kichwa%20de%20lamas%20sanmartin%20final%20mar- zo2012.jpg http://servindi.org/actualidad/21651; http://www.palmas.com.pe/el-grupo/empresas http://gruporomero.com.pe/el-grupo-romero/empresas/

27.-planta dE cElulosa, contaminación dEl río uruguay. uruguay-argEntina, aguas binacionalEs dEl río uruguay, cErca dE las poblacionEs dE Fray bEntos (uruguay) y gualEguaychÚ (argEntina).

Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras:
No. Sin embargo la contaminación a largo plazo puede provocarlo.

Descripción del conflicto:
Diversas organizaciones sociales de Uruguay y Argentina se han mo- vilizado pacíficamente desde el 2002 en contra del proyecto de celulo- sa de la empresa UP, KYMMENE.
En el año 2006, los informes técnicos de Argentina y Uruguay co- menzaron a diferir. El gobierno de Uruguay se apoyó en el informe ambiental elaborado por el Banco Mundial, mientras que Argentina cuestionó el “optimismo infundado” del organismo. En ese mismo año, el Banco Mundial aprobó el crédito a la empresa finlandesa
por un monto de 170 millones de dólares. Los activistas de la región continuaron con la política de bloqueo a los puentes internacionales. En mayo de 2006, tras una larga controversia, el gobierno argentino recurrió a la Corte Internacional de Justicia para dictaminar sobre
la violación al Estatuto del Río Uruguay por parte del país vecino. Finalmente en el año 2010, los cancilleres de ambos países firmaron el acuerdo técnico que establece las pautas del monitoreo ambien-
tal conjunto que realizarán en la fábrica UPM (ex Botnia) y el Río Uruguay, que comparten. Sin embargo, la operación de la planta de Botnia Fray Bentos S.A. emitirá contaminantes.Aun manteniendo
los niveles de emisión dentro de los límites que se fijaron, a mediano o largo plazo, la acumulación de contaminantes en la cadena trófica transformará a la región: severas perdidas en la calidad de vida; de- preciación de tierras y emprendimientos económicos; y lamentable- mente, también el deterioro de la salud de los habitantes de la región.

Actores en pugna:

Organizaciones sindicales, ambientales y de defensa del agua en re- chazo a la planta de celulosa. (Comisión Nacional del Agua y la Vida, Greenpeace, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y Conven- ción Nacional Trabajadores (CNT) ambos de Uruguay, los pobladores de Fray Bentos y Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, etc). Otras movilizaciones sociales se postularon a fa- vor de la planta de celulosa (obreros, comerciantes y familias enteras, encabezados por obreros de las plantas Botnia y ENCE, se movilizaron en defensa de la fuente laboral). El gobierno argentino, en contra del proyecto. El gobierno uruguayo, a favor del proyecto y respaldado por el Banco Mundial.

Criminalización de la protesta: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=41523&sts=1 http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37362 http://edant.clarin.com/diario/2006/03/16/um/m-01159739.htm http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-61996-2006-01-22.html http://www.lanacion.com.ar/848100-aval-a-las-papeleras-en-el-banco- mundial

http://www.elpais.com.uy/06/11/21/ultmo_248879.asp http://www.lanacion.com.ar/896193-comenzo-el-bloqueo-de-los-pa- sos-a-uruguay-por-ocho-dias http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/ newsid_4974000/4974436.stm

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / m u n d o / n o t i c i a s / 2 0 1 0 / 11 / 1 0 111 5 _ a r g e n t i n a _ u r u – guay_papelera_acuerdo_jg.shtml

RESIDUOS Y OTROS

1.-contaminación
argEntina. cuEnca matanza-riachuElo, prov. buEnos airEs, límitE sur dE la ciudad autónoma dE buEnos airEs
Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras:

No se tienen registros

Descripción del conflicto:
En rigor de verdad los casos de contaminación del citado curso de agua se remontan al siglo XIX, en 1800 existían cerca de 30 saladeros en la costa del curso de agua, arrojaban los desechos de los animales faenados al río. La situación nunca se resolvió, incluso dio lugar a un fallo de la Corte Su- prema de Justicia de la Nación por el accionar de saladeros ubicados en el margen del río (Saladeristas de Barracas, de 1887). A partir de ese momento la contaminación no ha cesado, las empresas situadas en la costa del río vierten residuos tóxicos y basura, en el agua se ha detectado cromo, cadmio, plomo e hidrocarburos (se estima que es la zona más contaminada del país y el 3° río más contaminado del mundo). La concentración de sustancias peligrosas es causa de graves enfermedades (tumores, problemas respira- torios, cardiovasculares, entre otras) en los pobladores de la zona. En 2004, un grupo de vecinos de la denominada “Villa Inflamable”, encabezados por Silvia Mendoza inicia una demanda contra el Estado Nacional, Provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires, y unas 44 empresas por los daños ambien- tales ocasionadas al riachuelo. La CSJN ordenó sanear el río y cesar con la actividad contaminante, hasta la fecha no ha habido avances importantes.

Actores en punga:
Los demandados son el Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas. Los demandantes son un grupo de veci- nos encabezados por Beatriz Mendoza, también se dio participación al Defensor del Pueblo y varias ONGs.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://www.farn.org.ar

http://www.avelaboca.org.ar

http://www.ecoportal.net

http://www.greenpeace.org

http://conexionriachuelo.blogspot.com.ar/

http://www.cij.gov.ar http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/cuenca-matanza-ria- chuelo-desafios-para-su-saneamiento/+4576 http://tiempo.infonews. com/2013/01/24/editorial-95136-el-saneamiento-de-la-cuenca-matan- za-riachuelo.php http://libresdelsur.org.ar/evento/cuenca-matanza-ria- chuelo

2.-rEsiudos nuclEarEs

argEntina. gastrE, provincia dE chubut. patagonia argEntina.
Inicio del conflicto: 1996

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El acuerdo entre el INVAP (Instituto Nacional de Investigaciones Aplicadas Argentina) y la empresa australiana ANSTO , incluye entre sus clausulas que Argentina vende un reactor nuclear a Aus- tralia y luego debe “repatriar” los combustibles nucleares utilizados por ese reactor a partir de 2015. Esos residuos nucleares vendrían en barco desde Sydney, atravesarían el Cabo de Hornos, y serian desembarcados en Bahía Blanca o Buenos Aires. Alli permanece- rían 15/20 años, se acondicionarian con métodos de dilución y vi- trificación y luego serían devueltos a Australia nuevamente por el Cabo de Hornos. La fuente del conflicto fue que la Constitucion Argentina en su artículo 41 prohibe expresamente el ingreso al país de residuos radioactivos. De este modo, los terminos del contrato comercial entre INVAP y la australiana ANSTO son ilegales, y para su cumplimiento requieren un permiso especial del Congreso de la Nacion. La cuestion es que una dispensa especial para un contra- to comercial sería un mal antecedente y una invitacion para que otras empresas pudieran importar residuos radioactivos para su tratamiento en nuestro país. A este ultimo escenario hay una fuerte oposicion desde las comunidades locales, grupos ambientalistas y ciertos partidos políticos de oposición.

Actores en pugna:
A FAVOR: compañía ANSTO (Australia), INVAP, algunos legisladores argentinos. EN CONTRA: algunos legisladores argentinos, ONG am- bientalistas, comunidades de Patagonia cercanas al sitio de probable emplazamiento del repositorio nuclear, Movimiento Antinuclear Chu- but, Foro de Ecologia Politica, constitucionalistas y expertos de dere- cho ambiental, comunidades de Chile preocupadas por la presencia del repositorio en la Patagonia Argentina.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:

http://tallerecologista.org.ar/menu/archivos/LuchaSocCivil.pdf, http:// www.invap.com.ar/es/area-nuclear-de-invap/proyectos/reactor-opal- de-australia.html,
http://www.machpatagonia.com.ar/wp/?p=10, http://www.diariollan- quihue.cl/site/edic/20011121051832/pags/20011121054632.html, http:// www.ecotrelew.8m.com/medioamb/nuclear.htm,

3.-rEsiduos sólidos urbanos
bolivia. sEctor k ́ara k ́ara, municipio cErcado, dEpartamEnto dE cochabamba.
Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras:
El municipio desaloja a los pobladores asentados en los alrededores del botadero.

Descripción del conflicto:
El Botadero de K ́ara K ́ara empezó a funcionar hace 22 años, con mu- chos problemas de gestión de los residuos sólidos, contaminación de las fuentes vitales (agua, aire y suelo). Durante los primeros años, en el botadero se producen varios asentamientos ilegales de recolectores de basura, migrantes desplazados, y loteadores ilegales. La contaminación del agua subterranea y la migración de contaminantes y metales pesa- dos a cuencas más abajo . En 1999, las comunidades de K ́ara K ́ara, Arrumani y San Miguel hacen conocer sus demandas sobre contami- nación. En este caso, la Empresa Municipal de Servicios Ambientales (EMSA) ha realizado propuestas sobre procesos de cierre y recupera- ción ambiental de la zona, estas propuestas encontraron resistencia de aquellas personas asentadas en la zona ya que la basura es su principal fuente de ingreso, otras propuestas sobre nuevos emplazamientos de disposición final no fueron aceptados por los pobaldores locales. Por otro lado, la municipalidad ha realizado estudios de evaluación de cos- tos, y la propuesta de cierre, mitigación y apertura de un nuevo botade- ro supera los 8 milllones de dólares, que significa el recurso anual del municipio de al menos 4 años de inversión social.

Actores en pugna:
Juntas vecinales colindantes al botadero de K ́ara K ́ara, Sindicatos Agrarios de Arrumani, K ́ara K ́ara y Pampa San Miguel, Alcaldía Mu- nicipal del Cercado, Empresa Municipal de Servicios Ambientales Mu- nicipales (EMSA).

Criminalización social:
EMSA ha denunciado publicamente que los pobladores locales son quienes impiden el funcionamiento del botadero, lo que conlleva a no poder recoger la basura de la ciudad regularmente. A su vez, los pobla- dores organizados en juntas barriales, criminalizan a los trabajadores Sindicales de EMSA, que respaldados por los loteadores y comerciantes de tierras se interesan de hacer funcionar el botadero. El municipio declara a los asentamientos como “ilegales”, por lo que los desalojos y destruccuíón de construcciones han sido constantes.

Fuentes electrónicas de información: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0713/noticias. php?id=63598 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/ local/20120714/vecinos-amenazan-bloquear-el-botadero-de- k%E2%80%99ara_178389_376759.html http://www.lostiempos.com/ diario/actualidad/local/20120814/comunarios-de-k%E2%80%99ara- k%E2%80%99ara-bloquean-y-logran-otro_182011_385247.html http://cablenoticias10.blogspot.mx/2012/11/reportan-muerte-de- cinco-ninos-por.html#.URUy7qUwBGw http://www.lostiempos.com/ diario/actualidad/local/20130202/basura-plantean-un-servicio-mix- to_200905_428904.html http://www.slideshare.net/Gobernabilidad/caso-kara-kara-fun- dacion-unir-forodialogo http://www.lostiempos.com/diario/ actualidad/local/20101024/k%E2%80%99ara-k%E2%80%99ara-segui- ra-hasta-2013_95773_185022.html http://www.sgab-bolivia.org/pdf/2CF-CBBA%20Evolucionasentamien- tobotaderoKjarakjara.pdf

4.-construcción dE unidad habitacional sobrE vErtEdEro industrial.
brasil. parquE são vicEntE, maÚa, localizado a 26 km dE la capital são paulo.
Inicio del conflicto: 2000

Despojo de tierras:
Los fallos de la Corte demandan la salida inmediata de los habi- tantes del condominio, quienes al no tener alternativas de vivienda y ante la indiferencia de los responsables de la situación, viven en dicho lugar riesgoso.

Descripción del conflicto:
El Condominio de 54 edificios, se construyó sobre un terreno que al me- nos por veinte años fue un vertedero industrial no controlado; algunas de las sustancias tóxicas (benceno y organoclorados) presentes en el subsuelo son cancerígenos. Una explosión que dio por saldo un muerto y un herido, sacaron a relucir dicha situación cuando las unidades ya estaban habitadas por 1760 familias. El 31 de agosto de 2001, se inter- puso una acción civil pública contra las empresas, exigiendo la recu- peración de áreas degradadas e indemnización por los daños morales y materiales. Pese a que el fallo de la Corte consideró la reubicación y compensación, a la fecha se sigue habitado el condominio sin que nadie se responsabilice. El caso también fue presentado ante la OEA

Actores en pugna:
Impulsores: Cetesb (Compañía Ambiental del Estado de São Paulo) que participó en la aprobación de la construcción del condominio, en 1994, con conocimiento de que se trataba de un depósito de desechos tóxicos. Las empresas implicadas COFAP, SOMA, SQG, PAULICOOP City Hall y Mauá. En contra: movimiento en defensa de habitantes de residencial Maúa.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.vanessadamo.com.br/noticias/noticia. asp?NumeroID=30432
http://www.mauavirtual.com.br/noticia/8052 http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/08/08/11655-aber- tura-de-buraco-cria-polemica-no-condominio-barao-de-maua.html http://mauanews.wordpress.com/2008/10/12/moradores-do-conj-ba- rao-de-maua-paulicoop-comemoram-decisao-judicial/ http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/05/280669.shtml http://www.ibap.org/direitoambiental/contaminacao/maua.htm http:// www.ambios.com.br/estudos.htm http://residencialbaraodemaua.blogspot.com/ http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,condominio-barao-de- maua-cada-familia-vai-receber-r-51-mil,618010,0.htm http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=42190 http:// www.dgabc.com.br/News/5965933/cetesb-indica-saida-de-familias- dobarao-de-maua-pela-segunda-vez.aspx http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=resumo

5.-rEllEno sanitario.
brasil. sEropédica E itaguaí, barrio dE la placEncia. Inicio del conflicto: 2007

Despojo de tierras:
Para su instalación se alteró la ley orgánica del municipio, disminuyen- do las áreas de protección ambiental en la ciudad, cancelando de facto las posibilidad de discutir su viabilidad con la población. La presencia de moscas ha afectado la produccion agroecológica en la region, quie- nes se niegan a usar los plaguicidas.

Descripción del conflicto:
La basura producida en Río de Janeiro, destinada en el vertedero de Jar- dim Gramacho desde los años setentas, ante el riesgo de causar un ac- cidente ambiental por su sobrecupo, trajo como solucion el proyecto de instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos en la zona rural de la ciudad de Seropédica; ante la movilizacion en contra del mismo, se reubicó su instalacion a las cercanías de un rancho, que actualmente recibe residuos solidos e industriales (peligrosos y no peligrosos). El lugar está ubicado en el acuífero Piranema, importante reserva de agua dulce, se teme su contaminación por el mal manejo de los residuos to- xicos e industriales, y por la transferencia de la basura del exvertedero de Jardim Gramacho. A pesar de la oposición de la población local, le fue otorgada la licencia de operación

Actores en pugna:
Impulsa: gobierno de Seropedica, gobierno de Río de Janeiro, INEA que otorgó la licencia; Municipalidad de Río de Janeiro, a través de la Em- presa Municipal de Limpieza Urbana (Comlurb), Grupo Simões Julio SA Paulista / Haztec, Secretario Municipal de Conservación y Servicios Públicos, empresa Circus. En contra: población y los grupos ecologistas locales Serapedica, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; Es- cuela Técnica Superior del Medio Rural ;alcaldía de Itaguaí; Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura del Estado de Río de Janeiro ; residentes de Agrovila Chapero.

Criminalización social:
Los actos de protesta han acusados prácticas anti-democráticas. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente justificó la no realizacion de audiencias públicas pactadas debido a la presencia de opositores al pro- yecto, responsabilizandoles de la limitada capacidad de información y decisión al respecto.

Fuentes electrónicas de información: http://www.portalseropedica.com/portal/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=663:central-de-residuos-em-seropedica-que- substituira-lixoes-na-baixada-fluminense-envolvera-acoes-sociais- para-100-catadores&catid=41:meio-ambiente&Itemid=64 http://www. thaindian.com/newsportal/business/latin-americas-largest-garbage- dump-closes-in-brazil_100622150.html http://seropedicalimpa.blogspot.com/ http://www2.oglobodigital.com.br/flip/tools/flipPrint/printMateria. php?id_materia=50c83a35abc8cbac0c11408eb7d5085d/ http://agenciabrasil.ebc.com.br/home?p_p_id=56&p_p_ lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_grou- pId=19523&_56_articleId=970011 http://correiodobrasil.com.br/aterro-em-seropedica-comeca-a-ser- construido/175721/ http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/posts/2009/08/27/inea-deve- dar-licenca-aterro-sanitario-sobre-aquifero-218086.asp/ http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=70262/ http://www.jusbrasil.com.br/politica/3434158/ambiente-lamenta-acao- contra-audiencia-publica-sobre-aterro-de-seropedica/ http://www. orky.com.br/index.itaguai.nao.quer.aterro.sanitario.htm/. Acesso em: 08 set. 2010.

6.-manEjo dE rEsiduos industrialEs.
chilE. comunidad dE máFil En la rEgión dE los ríos. Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El vertedero recibirá desechos industriales químicos de la planta de Celco propiedad de Celulosa Arauco que tiene sede en San José de la Mariquina, así como de otras empresas. La gente de Máfil sostiene que el basural será construido sobre un acuífero y al borde de varios ríos y esteros que son afluentes del humedal que da hacia Valdivia. En la declaración de impacto ambiental se presentó al proyecto como Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Industriales No Peligrosos Puile Ltda. Sin embargo al lugar llegarán materiales como antimonio, berilio, cadmio, selenio, telurio y plomo que resultan peligrosos para el ambiente y la salud. Aparentemente el proyecto fue suspendido en abril del año 2012 por los representantes de la empresa

Actores en pugna:
Vecinos organizados de Máfil, Planta de celulosa Celco y la que, según indicios, es la propietaria del vertedero: empresa Puile.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101238 http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101237 http://www.biobiochile.cl/2012/04/22/retiran-proyecto-de-vertedero- para-residuos-industriales-no-peligrosos-en-mafil.shtml http://www.biobiochile.cl/2012/04/22/retiran-proyecto-de-vertedero- para-residuos-industriales-no-peligrosos-en-mafil.shtml

7.-racismo ambiEntal
chilE. rEgión dE la araucanía. Inicio del conflicto: 2001

Despojo de tierras: Si

Descripción del conflicto:
Más del 65% de los basureros y la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas servidas se localizan al interior de comunidades mapuche o cerca de ellas, siendo menos del 15% de la superficie regional la que ocupan las comunidades. En el año 2001 comunidades Mapuche de Boyeko, en Temuco; de Kilako en Purén y de Ankúe en Gorbea, inician diversas acciones con el fin de exigir a las autoridades la erradicación de basurales que se encuentran en sus tierras.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Gobierno de Chile y Municipalidades de la Región de la Araucanía más los serviciós publicos pertinentes. En Opo- sición: Comunidades Mapuches.
Criminalización social:
Sí, profundamente estudiada por organismos nacionales e internacio- nales. CIDH, ONGS, Amnistía Internacional, ONU, Etc.

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Fuentes electrónicas de información: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=82 http://www. olca.cl/oca/informes/basurales.pdf http://www.olca.cl/oca/chile/re- gion09/racismohk.htm http://www.olca.cl/oca/chile/basurales.htm http://www.olca.cl/oca/chile/region09/mapuches.htm

8.-basurEro
colombia. antiguo caucE (humEdal o madrEviEja) dEl río cauca En El corrEgimiEnto dE navarro En El árEa rural dE cali.
Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras
Embargo de viviendas por parte de los bancos y la alcaldia municipal por casación de pagos.

Descripción del conflicto:
Sometieron a licitacion publica el manejo de las basuras y se lo gano una empresa privada “Ecoambiental” (propiedad de los hijos del expre- sidente Uribe), la cual a través de la Alcaldía prometió emplear a todas las personas (900) que vivían de la recolección de las basuras y hasta ahora solo le hacen contrato a unas 30 personas y temporales con cier- tos intervalos de tiempo.

Actores en pugna:
900 exrecicladores del basuro de Navarro- autoridades ambientales- concejales-gobierno municipal y departamental.

Fuentes electrónicas de información: lixiviadosnavarro.blogspot.es/general.phtml? www.semana.com/…/cali…basura…/100635-3.aspx www.caracol.com.co/…problema…/1521790.aspx, historico.elpais.com. co/…/calionline/…/basuras.htm es.scribd.com/…/Proyecto-T2043683-y-Acumulad www.scielosp.org/scielo.php?script=sci…pid www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/…/ www.geologia.ucr.ac.cr/…/resumentesis-cardenas-l. www.corteconstitucional.gov.co/…/a049-10.htm www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=34806, calihoy.blogspot. com/2011_12_30_archive.html www.escuelaciudadana.org/planlocal.pdf,

www.wilsonarias.com/index.php?.. http://basurodenavarro.blogspot.mx/ http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agos- to132007/navarro.html

9.-contaminación por arsénico méxico. El salto y juanacatlán. Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
En el 2008, murió el niño Miguel Ángel López Rocha, se presume que fue causa del arsénico que entró en su cuerpo al caer al Río Santiago. A partir de esa fecha se asegura que las muertes de pobladores de El Salto y Juanacatlán se han incrementado a causa de enfermedades como cáncer (de mama, cervico uterino, del higado, etc.), insuficiencia renal, entre otras enfermedades. La contaminación de arsénico se encuentra en los pozos aledaños por permeación de agua residual de las industrias.

Actores en pugna:
Contaminadores y responsables: empresas dedicadas a confección de zapatos (de Guanajuato) y otro tipo de industrias, CONAGUA. Defenso- res o asociaciones civiles demandantes: Comité de Defensa Ambiental de El Salto A.C., Pobladores de la Ridera de Chapala. Frente Amplio en Defensa del Agua y Contra su Privatización (FADAP).

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://cronicadesociales.org/tag/rio-santiago/ http://www.elinformador.mx/jalisco/2013/432742/6/lavarse-la-cara-en- el-rio-santiago.htm

http://www.proceso.com.mx/?p=324829 http://www.greenpeace.org/ mexico/es/Prensa1/2012/Noviembre/Un-salto-de-vida-una-lucha-am- biental/
http://limpiemoselsalto.blogspot.mx/ http://www.agua.org.mx/ index.php?option=com_content&view=article&id=4244:boletin-de-prensa-sobre-el-saneamiento-de-la-cuenca-el-ahogado- jalisco&catid=89&Itemid=113 http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/357239/6/detectan-riesgo- por-arsenico-en-zonas-aledanas-al-rio-santiago.htm http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl e&id=20130:vecinos-de-el-salto-y-juanacatlan-protestan-por-contami- nacion-del-rio-santiago&catid=61&Itemid=100010

10.-conFinamiEnto dE rEsiduos pEligrosos méxico. zimapán, hidalgo.
Inicio del conflicto: 2004

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Pobladores del lugar se oponen a la instalación de un confinamiento de residuos toxicos (lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, sólidos contaminados con hidrocarburos, asbesto, etc.) de la empresa BEFESA, ya que perciben riesgos de afectación ambiental y contaminación de mantos acuíferos subterráneos. El 12 de marzo de 2010 el ayuntamiento de Zimapán canceló el proyecto pero el conflicto continúa ya que entra en discusión la legislación relativa y sanciones para el municipio.

Actores en pugna:
Opositores al confinamiento: Grupo “Todos somos Zimapán” (poblado- res, apoyados por organizaciones no gubernamentales, investigadores y políticos). Por su parte, los gobiernos federal, estatal y municipal apo- yando a la empresa BEFESA.

Criminalización social:
La postura del gobierno federal, a través de la SEMARNAT es que, si BEFESA gana el juicio en curso, será el municipio de Zimapán quien pague a BEFESA el costo económico con motivo de multa por cance- lación del confinamiento de residuos tóxicos. Persecución política a los líderes del movimiento.

Fuentes electrónicas de información: http://todossomoszimapan.blogspot.mx/

11.-rEllEno sanitario mExico.
loma dE mEjía, cuErnavaca, morElos. Inicio del conflicto: 2006

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Contaminación de los mantos acuíferos, ya que deja los lixiviados de la basura pasar hacia el subsuelo ocasionando la contaminación de los pozos de agua. Así mismo amenaza a los cultivos de la zona.

Actores en pugna:
Promotora Ambiental S.A. (PASA), gobierno municipal. En oposicion la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Patronato para el Resca- te de San Antón y las Barrancas de Cuernavaca A.C.

Criminalización social:
Asesinato de Cristóbal Martínez Ortega, ayudante municipal de San Antón torturado por impedir la construcción del relleno sanitario en el área de protección forestal.

Fuentes electrónicas de información: http://movimientoscomunicacionypolitica.xoc.uam.mx/materiales_se- siones/ses_08/Conflicto_injusticia_ambiental_y_movilizacion_en_Mo- relos.pdf http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2008/Julio/no-al-relle- no-sanitario-en-lom/ http://zapateando2.wordpress.com/2010/03/17/clausuran-relleno-de- loma-de-mejia-en-morelos/ http://www.cencos.org/node/19243

12.-incinErador dE basura puErto rico. arEcibo
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Se pretende poner una planta incineradora de basura, la compañía ar- gumenta que servirá para procesar los desechos sólidos de la comunidad y de otras, además de que generará nuevos empleos. La comunidad se opone a esta planta porque teme por su salud al estar inhalando cenizas y gases contaminantes, como óxido de nitrógeno, y metales pesados de la incineración y la alta posibilidad de contaminar la leche con dixiomas.

Actores en pugna:
Compañía Energy Answers, Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) , Comité Basura Cero de Arecibo, Vecinos.

Criminalización social:
No se tienen registros
Fuentes electrónicas de información: http://www.puertorico.sierraclub.org/issues/015.html http://www.noticel.com/noticia/129226/coalicion-contra-el-incinera- dor-de-arecibo.html http://www.noticel.com/noticia/106455/desobediencia-civil-contra- antena-en-humacao.html http://www.kooltouractiva.com/kooltouractiva/kool/al-natural/313- incinerador-de-arecibo.html http://www.dailymotion.com/video/xnv1ff_un-incinerador-o-una- planta-de-conversion-de-basura-para-arecibo_news http://www.youtube.com/watch?v=E9ejXAKNK7M http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Organizaciones-contra-incine- rador-de-Arecibo-piden-reunion-con-Garcia-Padilla.html http://www.telemundopr.com/telenoticias/puerto-rico/En-contra-del- incinerador-en-Arecibo–181983171.html?m=y&smobile=y http://www.elnuevodia.com/planificanseisplantasparaincinerarbasu- ra-1370512.html http://www.elnuevodia.com/columna-madresdenegrodeareci- bo-975696.html

13.-vErtEdEro dE basura
vEnEzuEla. comunidad dE cambalachE, ciudad guayana, capital dEl municipio caroní dEl Estado dE bolívar. Inicio del conflicto: 1999

Despojo de tierras:
En 1985 se creó el vertedero, los habitantes que en el lugar se ubicaban fueron indemnizados y desalojados; sin embargo, el Río Caroní hizo atractiva la vida ahí, 11 mil personas se ubicaron en Cambalache. Descripción del conflicto:

Los indicios de colapso del vertedero comenzaron en 1999, año en que también iniciaron las protestas; se le había proyectado una vida útil de 12 años y ya lleva operando 27 años. Diariamente recibe 920 ton. de desechos y cada día se realiza quema de basura. La comu- nidad de Cambalache también tiene cercanía con las lagunass de oxidación de CVG Bauxilum, empresa que refina bauxita y cuyos desexhos deposita cerca del Río Orinoco, generando también proble- mas de contaminación, sin embargo, aunque el problema de los de- sechos por la bauxita no es menor (tampoco hay estudios de impacto ambiental al respecto), las quejas de los habitantes se centran en el problema del vertedero. Ha existido una constante lucha porque la alcaldía reubique el vertedero o que el gobierno construya un relle- no sanitario. Se ha producido gran cantidad de enfermedades y se ha llamado a la autoridad de sanidad para que fumigue, pero no lo ha hecho. A raíz del problema el 80% de la población vive enferma, incluso han muerto niños. Hay problemas con delincuencia y con los servicios públicos, pues es una zona muy pobre y poco atendida por la administración venezolana. Con base en las demandas, la autori- dad ha prometido desde 2001 que construirá el relleno, pero el pro- yecto nunca se concreta. Organizaciones no gubernamentales han respaldado las demandas de Cambalache y han pedido a la autoridad evaluar el impacto ambiental en la zona. En 2008 y 2009 se volvieron a hacer promesas respecto al relleno sanitario, pero de nuevo, no hubo acciones. En octubre de 2011 el gobernador de Bolívar dijo que el vertedero se clausuraría en un periodo no mayor a 5 años, decla- ración que generó enorme descontento en la comunidad de camba- lache, cuyos habitantes realizaron una protesta en contra. La última noticia sobre la comunidad es que en agosto de 2012 se desbordó el estanque que separa el vertedero de la comunidad, afectando a 60 familias que sufrieron la inundación de agua con basura.

Actores en pugna:
La comunidad de Cambalache que está pugnando por que se retire el vertedero, organizaciones no gubernamentales que los respaldan, la alcaldía del municipio que no resuelve la situación, y el gobierno estatal y nacional que no concretan el proyecto del relleno sanitario. Hay que añadir la empresa CVG Bauxilum, cuyo impacto ambiental ya genera daños pero aún no desata las protestas, pues ahora la prioridad de la comunidad es el problema de los residuos en el vertedero.

Criminalización social:

La protesta que los habitantes de Cambalache realizaron como reacción a la declaración del gobernador en 2011, fue reprimida con violencia, la policía obligó a los manifestantes a retirarse, y detuvieron a un hombre de 18 años.

Fuentes electrónicas de información:
http://guayanahoy.com/?p=461 http://www.lapatilla.com/site/2011/08/12/diez-anos-tienen-los-vecinos- pidiendo-que-clausuren-vertedero-de-basura/ http://www.primicia.com.ve/index.php/ciudad/item/19609-vertedero- de-cambalache-est%C3%A1-en-fase-de-preclausura.html http://www.rctv.net/index.php/2011/10/06/arranco-proyecto-de-sanea- miento-ambiental-en-vertedero-de-cambalache-fotos/ http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_content&vie w=article&id=206448:la-lucha-en-cambalache-tiene-rostro-d http://juanlinares.obolog.com/manejo-basura-venezuela-1280113 http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=20047&c=Ven ezuela&cRef=Venezuela&year=2006&date=August%202005 http://elambienteron.blogspot.mx/2011/05/cambalache-en-ciudad- guayana-venezuela.html http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/4639/Comentarios/ http:// amnistia.me/profiles/blogs/la-triste-impronta-de-cambalache http:// amnistia.me/profiles/blogs/plantean-demandar-al-estado-por-situaci- n-de-cambalache http://www.conflictove.org.ve/ambiente/ambientebolivar-la-lucha-en- cambalache-tiene-rostro-de-mujer-reportaje-de-diogelis-pocaterra. html http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf-general/13247-alerta- en-cambalache-por-desbordamiento-de-laguna.html http://amigransa.blogia.com/2012/021703-situacion-de-los-lodos- rojos.php http://www.correodelcaroni.com/archivo/archivo. php?view=wrapper&id_articulo=7210&catid=85 http://es.paperblog.com/como-afecta-la-laguna-de-lodo-rojo-de- bauxilum-al-orinoco-y-a-los-habitantes-de-ciudad-guayana-venezue- la-1344681/

14.-construcción dE EdiFicio

argEntina. Formosa, pilcomayo, colonia la primavEra.
Inicio del conflicto: 2010

Despojo de tierras:
Sí, es la principal demanda

Descripción del conflicto:
Los reclamos de la comunidad qom (toba) vienen desde hace tiempo, sin embargo cobró visibilidad en noviembre de 2010 por una brutal re- presión en un corte de la ruta 86 en reclamo por devolución de tierras y freno del desmonte. Reclamaban la devolución de 600 ha que iban a destinarse a la construccion de un edifico para la Universidad Nacional de Formosa, otra porción que la posee una familia como propiedad privada y parte de las tierras del Parque Nacional Pilcomayo. Luego de este hecho acamparon en plena ciudad de Buenos Aires por 5 meses, llegando inclusive a huelgas de hambre. En mayo de 2011 lograron que el gobierno nacional los recibiera, aunque sin mayores soluciones. Por otro lado, los qom llevaron el reclamo a la corte suprema de justicia, la cual los recibió en audiencia en marzo de 2012. En conclusión será la corte la que debe resolver si en esas tierras puede construir la universi- dad o si volverá a manos de la comunidad.

Actores en pugna:
Impulsando: gobierno provincial. En oposición: comunidad qom, acompañan el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Criminalización social:
Represión del corte de ruta con un saldo de 2 muertos de la comunidad y un agente de la policía.

Fuentes electrónicas de información: http://www.comambiental.com.ar/2011/05/6-meses-de-la-represion-la- cronologia.html http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3189113-2012-03-08.html http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&vie w=article&id=7352:comunidad-qom-de-formosa&catid=54:tobas&Ite mid=84
http://redaf.org.ar/noticias/ http://lavaca.org/notas/la-comunidad-qom-llego-a-la-capital-exigen-la- renuncia-del-gobernador-de-formosa/

http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1323-la-corte-escu- cho-a-la-comunidad-qom-la-primavera-y-al-gobierno-de-formosa-por- el-reclamo-de-tierras.html http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1323-la-corte-escu- cho-a-la-comunidad-qom-la-primavera-y-al-gobierno-de-formosa-por- el-reclamo-de-tierras.html

http://cucoco.com.ar/?p=2262

15.-iirsa carrEtEra
bolivia. parquE nacional isiboro sécurE, villa tunari y san ignacio dE moxos, dEparatmEnto dE cochabamba, bEni y santa cruz.
Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
No se tienen registros pero se prevé que el proyecto genere procesos de esta naturaleza.

Descripción del conflicto:
El nucleo del conflicto TIPNIS es la deliberación de temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y la estrategia hegemónica de poder del actual partido de Gobierno, las visiones de desarrollo y la inte- gración nacional, la interculturalidad, la conservación del medio ambiente, el proceso autonómico. El conflicto entre los pueblos indígenas del TIPNIS y el Gobierno se explicita por el diseño y la construcción del tramo II de la carretera que atravesaría el TIPNIS, cuya demanda está centrada en la defensa de sus derechos constitucionales de determinación y territoriali- dad, la conservación del medio ambiente, su cosmovisión de desarrollo y su participación en decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar su sobrevivencia y espacio territorial. Desde el inicio de la VIII Marcha por el Territorio, Dignidad y la Vida, el pasado 15 de agosto, se des- envolvió en un ambiente tenso de presiones y desconexiones importantes entre los diversos actores, situaciones que se fueron agudizando con el ago- tamiento de las inefectivas negociaciones, las cuales en lugar de acercar a las partes se convirtieron en acciones que causaron daño y desembocaron en hechos de violencia y en un atropello de los derechos fundamentales.

Actores en pugna:
Gobierno Nacional, Pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, CIDOB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, Asamblea del Pueblo Guaraní

Criminalización social:
La Confederación de comunidades interculturales y el gobierno central ha criminalizado a los indígenas opositores y a algunos síndicos.

Fuentes electrónicas de información: http://www.gobernabilidad.org.bo/dialogo/dialogo/1443-tipnis-insu- mos-para-entender-el-conflicto http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/07/la-carretera-al-tipnis- fue-aprobada-por-el-87-de-los-votantes-269.html http://www.tipnisesvida.com/tipnisconsulta.htm http://www.dw.de/tipnis-m%C3%A1s-que-un-conflicto-por-una- carretera/a-16506622 http://www.infolatam.com/2013/01/07/bolivia- los-indigenas-del-tipnis-avalan-carretera-pero-imponen-condiciones/

16.-cultivo dE camarón.
brasil. salinas da margarida, bahía. Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Empresas de cría de camarones han privatizado zonas comunes de la localidad, alterando la dinámica económica de pesca de mariscos. El conflicto ha derivado en violencia entre ambas partes (recolectores y personal de las empresas).

Actores en pugna:
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), recolectores y pescadores locales, empresas carcinicultoras.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.terramar.org.br/oktiva.net/anexo/147463 http://www.justi- caambiental.org.br/_justicaambiental/acervo.php?id=5066

17.-turismo
brasil. cEara
Inicio del conflicto: 2002

Despojo de tierras:
El gobierno permitió la expropiación de tierras para venderlas a empre- sas turísticas.

Descripción del conflicto:
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria expropió tie- rras costeras del estado para construir una zona turística que desplaza población, acaba con el ecosistema y corta el acceso al mar para la comunidad.

Actores en pugna:
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, Julio Trinidad (empresario), diversos grupos locales principalmente de mujeres pes- cadoras.

Criminalización social:
Demanda contra Julio Trinidad, acuerdo federal sobre tierras que se encuentra en conflicto.

Fuentes electrónicas de información: http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/ecologia/692322.html http:// www.opovo.com.br/opovo/colunas/ecologia/692322.html http://www. terramar.org.br/oktiva.net/1320/nota/153745

18.-turismo y pEsca ExcEsiva. brasil. barcElos, río nEgro. Inicio del conflicto:

Despojo de tierras:
Los proyectos de turismo amenazan las garantías territoriales de los pueblos indígenas, que a la fecha se encuentran aun en un proceso de identificación.

Descripción del conflicto:
El municipio de Barcelos presentó un proyecto de ecoturismo y pesca deportiva, sin tomar en cuenta el impacto de los mismos en los pueblos indígenas de la región, así como en el ecosistema. Desde la invasión de tierras indígenas hasta la agresión contra los pueblos.

Actores en pugna:
Población indígena, municipio de Barcelos, Asociación de Pueblos Indí- genas, Asociación de Barcelos Indígenas,Fundación Nacional del Indio.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.povosindigenas.org.br/noticias/nsa/nsa/detalhe?id=2763 http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT15/sidnei. pdf http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/internas/volumes- anteriores-14.php

19.-rEcursos pEsquEros. chilE
Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
El Estado chileno está despojando de los recursos pesqueros a los pes- cadores artesanales y empresarios medianos al hacer modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, entregándolos a las grandes industrias pesqueras que operan en las costas chilenas.

Descripción del conflicto:
Con el apoyo del gobierno de Piñera, Pablo Longueira (Ministro de Economía) impulsó en la Comisión de Pesca de la Cámara de Dipu- tados el proyecto de modificaciones a la Ley General de Acuicultura y Pesca desde enero de 2012, el cual fue discutido en la Cámara baja en julio. El proceso legislativo ha sido acelerado debido a vínculos de Longueira con los sectores de la pesca industrial y a su proyección presidencial para 2014. Las protestas se hicieron sentir desde que se lanzó el proyecto, miles de pescadores se movilizaron por todo el país, bloquearon el tránsito, las comunidades Mapuche, Rapanui y Kawes- qar pidieron que se detuviera el proceso legislativo, pues nunca se había consultado a los pueblos originarios (como lo señala el art. 169 de la OIT) y había un documento del gobierno que calificaba de inne- cesaria la consulta; incluso los pescadores pidieron hacer modifica- ciones al proyecto, pero no fueron realizadas por los legisladores. La Comisión de Defensa de la Pesca Artesanal, el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos están en contra de la Ley Longueira, que rechaza que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos en Chile y que permite la concesión de su explotación (establece derechos de pesca a perpetuidad y heredables, así como concesiones a 20 años); además, con esta Ley se elimina la oportunidad para que los nacio- nales entren por licitación al negocio, pues todas las cuotas de pesca se concederán a las grandes industrias que hoy las tienen; establece también más restricciones para los pequeños pescadores que para la gran industria obliga a los pescadores artesanales a compartir sus caladeros con los industriales y cede las primeras 5 millas a la pesca industrial. A pesar de las protestas, la Ley fue aprobada en julio por los diputados, turnándola al Senado. El 3 de septiembre se discutió la Ley en la Cámara alta y por presión del gobierno de Piñera se acordó resolver el proyecto en las dos semanas siguientes.

Actores en pugna:
Todos los pescadores artesanales a lo largo de Chile, quienes están en desacuerdo con el proyecto de Longueira en conjunto con organizacio- nes ambientales, el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las grandes empresas pesqueras que explotan los recursos de las costas de Chile y que se verán beneficiadas con las mo- dificaciones a la Ley. El gobierno de Piñera que está respaldando todo el proceso legislativo.

Criminalización social:
Se registraron diversos incidentes de Carabineros contra pescadores que protestaban por la Ley, los Carabineros los reprimían de manera violenta.

Fuentes electrónicas de información: http://radio.uchile.cl/noticias/161312/ http://radio.uchile.cl/noticias/161180/ http://www.incide.cl/20/07/2012/la-ley-longueira http://www.theclinic.cl/2012/07/11/ley-longueira-la-reforma-que-entre- ga-a-perpetuidad-los-derechos-de-pesca/ http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php/la-nueva-forma- de-gobernar/6105-ley-longueira-profundiza-concentracion-economica- y-pobreza-de-pescadores http://www.elciudadano.cl/2012/09/05/56872/aceleracion-de-ley-lon- gueira-incumple-compromisos-con-regiones-y-anula-participacion-de- pueblos-originarios/

http://radio.uchile.cl/noticias/161312/

http://www.theclinic.cl/2012/07/11/ley-longueira-la-reforma-que-entre- ga-a-perpetuidad-los-derechos-de-pesca/ http://olca.cl/articulo/nota. php?id=102856
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102649 http://www.ccc-chile.org/articulo-15-1076-261112_protesta_nacional_ contra_ley_longueira_y_el_robo_de_nuestros_peces.html http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_ Ley_Longueira_pretende_autorizar_operaciones_de_salmoneras_en_ Parques_Nacionales

20.-construcción dE carrEtEra panamEricana colombia. dEpartamEnto dEl chocó colombia Inicio del conflicto: 1997

Despojo de tierras:
Alrededor de 10.000 personas tuvieron que desplazarse de la re- gión.

Descripción del conflicto:
Las comunidades se opusieron a la construcción de la autopista, porque había desconocimiento del impacto social de esta obra. Se ha deman- dado declarar la zona como de importancia ambiental a nivel mundial.

Actores en pugna:
23 comunidades afrocolombianas Mestizos e indígenas Fuerzas milita- res, guerrilla, paramilitares.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información:
Cavida (2002): “Somos tierra de esta tierra” Memorias de una resis- tencia civil. Chocó

21.-comErcialización dE adn Ecuador. napo y orEllana Inicio del conflicto: 1990

Despojo de tierras:
No se tienen registros
Descripción del conflicto:
Entre 1990 y 1991, dos médicos estadounidenses tomaron muestras de sangre a personas de la comunidad Waorani sin especificar cuál sería su uso (7 cultivos y 36 muestras de sangre). En el 2010 el pueblo Wao- rani denunció el hecho ante la Defensoría Pública. Las investigaciones recién han iniciado.

Actores en pugna:
Instituto Corriel de la Escuela Médica de Harvard, compañía petrolera Maxus, pueblo Waorani, Ministerio Coordinador de Patrimonio, Minis- trio de Salud y Defensoría del Pueblo.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: N/D

22.-EnErgía Eólica.
méxico. Estado dE oaxaca, rEgión dEl istmo dE tEhuantEpEc.
Inicio del conflicto: 1994

Despojo de tierras:
No existe un despojo de tierra como tal, pero sí un eminente control te- rritorial por contratos leoninos a 30 años con posibilidades de renovación a 30 años más. Los contratos fueron firmaron por indígenas zapotecos y huaves a quienes no se les otorgó la suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones.

Descripción del conflicto:
El proyecto llamado Corredor Eólico del Istmo plantea la instalación de 5 mil aerogeneradores en una zona que va desde La Mata, al norte, hasta San Francisco del Mar, al sur, y de Arriaga al este, hasta Tehuan- tepec, al oeste. Se planea que el corredor eólico llegue, paso a paso, hasta el océano Pacífico. Territorios hasta ahora preservados del “mun- do moderno” serán tocados. Las comunidades huaves de San Dionisio del Mar, Pueblo Viejo, San Mateo del Mar, Huamuchil, Santa Cruz, San Francisco del Mar, todas ubicadas alrededor del sistema lacunario “Laguna superior” serán también invadidas por los molinos de viento modernos. La pesca, el mayor recurso económico de la región, también se verá afectado. Asimismo, las aves migratorias se verán afectadas en su paso por el corredor. Empresas entregan manifestaciones de impac- to ambiental aisladas, para relativizar y minimizar la afectación total producida por sus instalaciones (desechos como aceite, ruido, etc.).Más de mil hectáreas de riego que se dedicaban a la producción de granos básicos ahora están ocupadas por aerogeneradores.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: gobiernos federal, estatal y municipales,empresas eoeléctricas que controlan la actividad: Acciona, Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Renovalia Energy o Grupo Preneal. Instituciones finan- ciadoras: Banco Mundial y bancos mexicanos Nafinsa, Bancomext y Banobras-Fonadin. Banco portugués Espíritu Santo y bancos españo- les Santander y Caixa Bank. En oposición:Unión de Comunidades In- dígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI) y poblados en conflicto, Comité de resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el territorio, activistas sociales, otros.

Criminalización social:
Sí. Algunos activistas comunitarios de la Comunidad de Unión Hi- dalgo, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Mártínez, protestaban contra la construcción de turbinas de viento en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana. Ellos fueron atacados por vecinos de la comunidad de La Venta, quienes sí están de acuerdo con la construcción, y resultaron heridos el 28 de octubre de 2011. Sin embargo, uno de los hombres vinculados a la banda, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos en circunstancias poco claras en el lugar de los hechos. Las autoridades llegaron después del homicidio, y los miembros de la banda alegaron que los manifestantes eran los responsables. A inicios del 2012 los manifestantes estuvieron en peligro de procesamiento injusto. Las agresiones no sólo se han dado entre co- munidades sino también por trabajadores de las empresas de energía.

Fuentes electrónicas de información: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/03/edito http://sipaz.wordpress.com/tag/istmo-de-tehuantepec/

http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/regiones/50249-pueblo- ikoots-de-san-mateo-del-mar-oaxaca-denunciara-a-gabino-cue-ante- la-onu-1624-h http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/35071-denuncian-pre- sencia-de-gente-armada-en-comunidades-de-oaxaca http://amnesty.org/es/library/asset/AMR41/068/2011/es/67a9cd96-284a- 4729-b59b-7c4c45432380/amr410682011es.html; http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101510; http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/05/23/megaproyectos-eoli- cos-despojan-tierras-indigenas-en-mexico/; http://tierrayterritorio.wordpress.com/2012/03/26/eoloelectricas-obsta- culo-mortal-para-aves-viajeras/; http://www.fte-energia.org/sdp/2012/b015.pdf http://sipaz.wordpress.com/2012/02/18/oaxaca-marchan-comuneros- de-san-dionisio-del-mar-contra-proyecto-eolico/ http://redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=256

23.- proyEcto turístico cabo pulmo méxico. baja caliFornia sur
Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
No se tienen registros, pero se trata de una invasión/agresión a un área natural protegida.

Descripción del conflicto:
En 2005 el Parque Arrecifal Cabo Pulmo fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 fue reconocido como Humedal de Importancia Internacional. No obstante, en 2011 la SEMARNAT otorgó un permiso para que ahí se construya un corredor turístico que afectaría la sustentabilidad ecológica regional. Un funcio- nario menor autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental que daría luz verde al proyecto, ignorando recomendaciones y observaciones de otras dependencias, pero los opositores al mismo se movilizaron y lo impidieron. Aunque en junio de 2012, el presidente de la república dio por cancelado el proyecto, existe el riesgo de que las empresas impul- soras del mismo insitirán en cumplir con los procedimientos y llevar a efecto el proyecto

Actores en pugna:
A favor del proyecto: inversionistas privados (Hamsa Baja Investments) y autoridades locales y estatales. En oposición al proyecto: investigadores y activistas ambientales, UNESCO, Conservación sobre Humedales (RAMSAR), Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), CE- MDA, Greenpeace, Pronatura y otras.

Fuentes electrónicas de información:
http://www.wwf.org.mx http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/457382/felipe-calderon- cancela-proyecto-cabo-cortes-cabo-pulmo http://www.jornada.unam.mx/2012/07/09/politica/022a2pol http://www.cabopulmovivo.org/portal/index.php?option=com_content &view=article&id=1&Itemid=18&lang=es

24.-construcción dE Estadio
méxico. bosquE la pastora, guadalupE, montErrEy. Inicio del conflicto: 2011

Despojo de tierras:
No hay un proceso de despojo de tierras a pobladores, pero sí una ex- tensión o ampliación de 12 500 metros cuadrados del sitio permiti- do.

Descripción del conflicto:
Construcción del Estadio [de futbol] Rayados en el mes de octubre (2011), que albergará al Club de Futbol Monterrey. Organizaciones ci- viles pretendieron frenar el proyecto, pues con ello se dañaría la eco- logía del Parque La Pastora, al propiciar la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y la disminución de la calidad del agua. Aunque el estadio se construiría a un costado del parque. Con la cons- trucción se violan criterios de sustentabilidad en cuidado ambiental y participación comunitaria detallados en los lineamientos de la OECD, el Pacto Mundial y el CEO Water Mandate de la ONU, así como el es- quema de sustentabilidad de las empresas en cuestión. Desde el mes de marzo se ha comenzado a demandar el hecho de que la empresa está extendiendo el desmonte en la zona de amortiguamiento del único río vivo y abriendo más zanjas para el drenaje al área del parque.

Actores en pugna:
A favor: Fomento Económico Mexicano, S.A. (FEMSA), Club de Futbol Monterrey. En contra: Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://bosquelapastora.blogspot.mx/ http://www.obrasweb.mx/construc- cion/2011/09/23/el-nuevo-estadio-de-monterrey-se-mancha-de-verde; http://www.realidadexpuesta.org/2011/10/emprenden-ciudadanxs- lucha-legal-en.html; http://voluntariosgreenpeace-mty.blogspot.mx/2011/08/bosque-la-pasto- ra-amenazado-por-la.html; http://www.sialestadioperoenotrolado.org/

25.-urbanizacion.
méxico. comunidad nahuatl dE santa catarina, tEpoztlán, morElos.
Inicio del conflicto: 1992

Despojo de tierras:
Si, 350 hectáreas invadidas.

Descripción del conflicto:
La fiebre constructora y la especulación inmobiliaria enajenan tierras, contaminan aguas y transforman a los campesinos de generaciones en albañiles temporales, desempleados de por vida e inquilinos hacinados en casas sin servicios. Esta ola constructora quiere convertir a la región de vocación agrícola en una ciudad dormitorio, edificando miles de vi- viendas. Los acuíferos no se recargan. En la era de la basura trasnacio- nal, donde los desechos plásticos y químicos no se pudren ni tampoco pueden quemarse, los basureros se han vuelto un problema adicional.

Actores en punga:
Gobierno estatal y federal. En oposicion el Consejo de Pueblos de Mo- relos y la Comunidad Indígena de Santa Catarina Tepoztlán

Criminalización social:
Si, asesinato de Miguel Ángel Pérez Cazales lider campesino, lucha- dor en defensa de la naturaleza y particularmente de la zona prote- gida El Texcal.

Fuentes electrónicas de información: http://www.afectadosambientales.org/morelos-defensa-del-agua-pro- blemas-de-urbanizacion-salvaje-basura-y-areas-naturales-protegidas/ http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/opinion/015a1pol

http://www.zonacentronoticias.com/2011/11/defienden-comuneros-de- jiutepec-y-tepoztlan-el-texcal/ http://www.diariodemorelos.com/article/concluir%C3%A1n-en- 2013-obra-texcal-la-joya http://www.jornadamorelos.com/2012/5/21/sociedad_nota_01.php http://em.fis.unam.mx/public/mochan/escritos/msg00004.html http://148.228.97.3/cedes/recurso/la_devastacion_ambiental.pdf http://www.24-horas.mx/urbanizacion-amenaza-a-las-areas-natura- les-protegidas/ http://www.enelvolcan.com/ene2012/82-cuernavaca-y-la-urbanizacion- depredadora-del-monte http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/opinion/015a1polhttp:// www.uccs.mx/observatorio_socioambiental/urbanizacion

26.-complEjo turístico méxico. pEtatlán, guErrEro. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
Existen pobladores de la región que aseguran ser propietarios de los terrenos que puso en venta Infratur, tener escrituras y constancia de posesión.

Descripción del conflicto:
Proyecto Bahiamar: La inmobiliaria hizo el anuncio en su página de Internet World Property Channel, donde indica que fue contratada por un grupo de propietarios privados en el país para subastar “uno de los más grandes sitios” de desarrollo turístico enclavado en la playa Acapulco-Ixtapa. La propiedad denominada Bahiamar, es de 2 mil 259 hectáreas y está a casi cuatro millas de la playa y la laguna, “junto al Océano Pacífico”, donde se construirá un desarrollo turístico con re- sorts, campos de golf, marina, locales comerciales, villas y condominios de lujo. Junio 2012, Subasta Infratur predios en disputa para construir “el Cancún de la Costa Oeste”.

Actores en pugna:
Impulsando el proyecto: Inmobiliaria Fraccionamientos Turísticos S.A. de C.V. (Infratur); Paramount Realty USA (PRUSA); Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Secretaría de Medio Ambiente y Recur- sos Naturales (SEMARNAT); Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En oposición: Ambientalistas de Barra de Poto- sí; sociedad civil.

Criminalización social: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/05/03/index.php?section= regiones&article=007n3reg http://www.jornada.unam.mx/2012/06/18/sociedad/044n1soc http://www.bahiamar.info/ http://www.lajornadaguerrero.com. mx/2012/05/03/index.php?section=regiones&article=007n3reg http://www.jornada.unam.mx/2012/06/18/sociedad/044n1soc

27.-complEjo hotElEro panamá. bahía dE panamá Inicio del conflicto: 2009

Despojo de tierras:
La destrucción de los manglares implicaría problemas de inundación que sufrirían las poblaciones cercanas por la pérdida de absorción de agua, mismas que tendrían que ser desplazadas.

Descripción del conflicto:
En 2009, se anunció el proyecto urbanístico Panama Bay Country Club en la Bahía de Manglares, en Panamá por parte de la empresa Panama Bay Developers. Este proyecto representa la tala ilegal de 18 hectáreas de mangle y el desplazamiento poblacional por las posibles inundacio- nes de las zonas cercanas para la construcción de complejos hoteleros y campos de golf. La Bahía de Manglares es reconocida como sitio Ramsar desde 2003, por lo que se prohíbe internacionalmente su uso por fines de conservación, sin embargo, recientemente en 2012, la Corte Suprema eliminó el estatus de área protegida y concedió los permisos, acción que provocó que organizaciones ambientalistas se manifestaran en contra. Se exige el restablecimiento del lugar como área protegida y la realización de una consulta pública.

Actores en pugna:
A pesar del reconomiento de la zona como sitio Ramsar, por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido retirar la condición de área protegida. Ante esto más de 40 entidades defensoras del medio ambiente han decidido movilizar- se, entre las cuales destacan el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Fundación ANCON.

Criminalización social: http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/05/05/hoy/pano- rama/1765688.asp
http://laradiodelsur.com/?p=95354 http://elmandadito.blogs- pot.mx/2012_05_01_archive.html http://olca.cl/articulo/nota. php?id=101878
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101878 http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1190096-so- bre-la-bahia-de-panama http://www.facebook.com/notes/ sociedad-audubon-de-panam%C3%A1/comunicado-de-prensa- en-el-d%C3%ADa-mundial-de-los-humedales-2-de-febrero- de-2013/10152477388160532 http://www.avaaz.org/es/petition/Salvar_los_manglares_de_la_Bahia_ de_Panama/ http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/08/09/desarrollo- desenfrenado-en-la-bahia-de-panama.asp

28.-crEación dE zona dE consErvación
pErÚ. cordillEra EscalEra, distritos rioja, lamas, tarapoto, sapososa, juanjui y tocachE, provincias lamas y san martín, san martín.
Inicio del conflicto: 2005

Despojo de tierras:
La conformación del del Área de Conservación Regional Cordillera Es- calera ha impedido el desarrollo de las actividades tradiconales del pueblo quechua lamista (agricultura, caza, recolección, pesca y otras) para garantizar su subsistencia como pueblo indígena.

Descripción del conflicto:
Comunidades del pueblo quechua lamista considera como ameza con- tra su gobernanza territorial y sobre el proceso de ampliacion de susu titulos de propiedad la creación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

Actores en pugna:
Apoyan el proyecto: Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Gobierno Regional de San Martín / En oposición: Consejo étnico de los pueblos kichua de la Amazonía (CEPKA), Federación de Pueblos Indígenas Ke- chwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM)

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://www.cepka.es.tl/Nuestra-Historia.htm http://lamula.pe/2012/09/27/peru-conflictos-socioambientales-en-la- amazonia-persisten-ante-indiferencia-del-estado/Servindi/ http://servindi.org/actualidad/65613 http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/143027/pueblos-indigenas- en-conflicto-a-causa-de-proyectos-de-extraccion/ http://enlacenacional.com/2012/10/01/san-martin-pueblo-kechwa-esta- impedido-de-entrar-zona-de-cordillera-escalera/ http://www.perueco- logico.com.pe/esp_cordilleraescalera.htm ;http://vigilanteamazonico. pe/phocadownload/mapas/mapasconflicto/mapa%20kichwa%20 de%20lamas%20sanmartin%20final%20marzo2012.jpg http://www. sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=10 http://www.cepka.es.tl/ Organizaci%F3n.htm# http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1856

29.-construcción dE antEnas
puErto rico. barrio sonador y barrio cuchillas. Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
Vecinos del lugar levantaron un campamento de desobediencia civil en la plaza central del barrio sonador, en protesta de la colocación de ante- nas de telecomunicaciones, pues argumentan que éstas trabajan a base de microondas que causan problemas cancerígenos a la población. En las comunidades de Limón y Loperena del barrio cuchillas argumentaban, aunado a lo anterior, que el terreno en donde se quieren colocar las antenas en su localidad es especial, pues hay cuencas, sumideros y cavernas. Estas antenas se colocarán a 200 metros lo que implicaría una dosis de radiación como estar dentro de una microonda un minuto y cuarto al mes.

Actores en pugna:
QMC Telecom, el Alcalde Javier Jimenez, por dar permisos de colo- cación de antenas en agradecimiento al sustento que la empresa dio en su campaña política y la sociedad civil del pueblo del soandor.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://ssdelpepino.com/desobediencia-civil-la-cura-civil-para-la-demo- cracia-manipulada-y-corrupta/ http://www.noticel.com/noticia/106455/desobediencia-civil-contra- antena-en-humacao.html http://www.primerahora.com/desobedienciacivilporantenasenmo- ca-560537.html http://www.primerahora.com/vecinosdesansebastianimpidencons- trucciondeantena-610934.html

30.-Ampliación de Puerto Uruguay. Puerto“La Paloma”,Rocha.

Inicio del conflicto: 2012

Despojo de tierras:
No se tienen registros.

Descripción del conflicto:
El proyecto para ampliar el puerto de La Paloma se impulsa a través del gobierno y la empresa Naviera Christophersen. El objetivo es utilizar al puerto para la carga y descarga de madera, granos y otros productos. Particularmente, la madera será cargada en barcos con destino a la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos. Se estima que una vez ter- minado, tenga seis kilómetros de largo, uniendo la ruta 10 con el puerto de La Paloma. El camino se hará de tosca y será construido sobre vías férreas en desuso. Esta iniciativa se inserta dentro del marco de la IIR- SA, en el grupo 2 (Uruguay, Agrentina y Brasil).

La población local, así como el alcalde de La Paloma (Alcides Perdomo) han protestado contra las obras portuarias que ya están en marcha. Incluso Alcides Perdomo, reclamó una autorización ambiental para la obra, lo que logró suspenderla temporalmente. Asimismo han afirmado que introducirán un recurso de amparo ante la Justicia para intentar detener la construcción del nuevo camino. Su argumento es que este proyecto perjudicará el efímero movimiento turístico de menos de dos meses cada año. Mientras tanto, los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Turismo han firmado con la intendencia un convenio que asegura el futuro turístico de La Paloma, incluyendo limitaciones al movimiento de camiones.

Actores en pugna:
A favor de la ampliación: la presidencia a cargo de José Mujica, la em- presa Naviera Christophersen y los intereses involucrados en la IIRSA. En contra de la ampliación: la población local, el alcalde de La Paloma, así como otros políticos uruguayos.

Criminalización social:
La Policía de Rocha detuvo a cuatro personas que se manifestaban con- trarios a las obras realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El jefe de policía de Rocha, Oscar Miraballes, aseguró que “se viven momentos de mucha tensión“. Por este motivo se desple- garon unos 70 efectivos en las cercanías de las obras, la mitad de ellos pertenecientes a la Guardia Metropolitana. El juez de Rocha, Gerardo Flogliacco, ordenó que no pueden interrumpirse los trabajos por lo que los manifestantes fueron detenidos.

Fuentes electrónicas de información: http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/E/eje_mercosurchile_gru- po_2/eje_mercosurchile_grupo_2.asp?CodIdioma=ESP http://www.elobservador.com.uy/noticia/231405/desvios-sobre-el- medioambiente/ http://radiouruguay.com.uy/mecweb/imprimir.jsp?contentid=20410&si te=22&channel=mecweb http://eldiario.com.uy/2012/08/27/policia-protege-obras-viales-cerca- del-puerto-de-la-paloma/ http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto. aspx?h=274&x=9&idioma=ES http://eldiario.com.uy/2012/08/30/65-de-rochenses-a-favor-de-amplia- cion-en-puerto-de-la-paloma/ http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/12/puerto-madero/ http://www.uruguaysustentable.com.uy/portada/en-2013-se-remodela- ran-los-puertos-del-este-y-el-litoral-de-uruguay/ http://www.avisador.com.uy/correo-lector/71-correo-lector/3353-veci- nos-de-la-paloma-a-favor-de-puerto-.html http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/por- talpresidencia/comunicacion/radio/audios-breves/puerto-la-paloma http://www.vivirocha.com.uy/comunicado_de_prensa_de_la_union_ de_vecinos_de_la_paloma/”

31.-cOnstrucción de Puente Laguna Garzón Uruguay. Laguna Garzón, Costa Atlántica. entre los departamentos Rocha y Maldonado.
Inicio del conflicto: 2008

Despojo de tierras: No se tienen registros

Descripción del conflicto:
El gobierno de José Mujica habilitará la construcción del puente sobre la laguna Garzón para facilitar el acceso a un proyecto inmobiliario en la zona ideado por el empresario argentino Eduardo Costantini.Detrás de esa inversión extranjera, se anuncian otros emprendimientos urba- nísticos similares. Los vecinos del lugar se movilizaron y advirtieron que presentarán un recurso contra la decisión gubernamental. Desde la oposición también surgieron voces contrarias a la decisión del gobier- no. Pese a que la obra fue calificada como C (gran impacto ambiental), la decisión de realizar el puente ya está tomada, según comunicó el gobierno.
De acuerdo con Eduardo Gudynas, el puente sobre la Laguna Garzón tendrá impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos se- rán sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha, por lo que en algunos años surgirán problemas con la basura, el sa- neamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.

Actores en pugna:
Pobladores de la región y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto. La presidencia de José Mujica y otras instancias de gobierno a favor. Intereses privados: inversionistas, particularmente argentinos.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://accionyreaccion.com/?p=478 http://www.elpais.com.uy/120215/pnacio-624664/politica/dinama- puente-de-laguna-garzon-ocasionara-danos/ http://www.elpais.com.uy/120219/pnacio-625429/nacional/dinama-no- vio-el-proyecto-aceptado/ http://eldiario.com.uy/2013/01/02/puente-sobre-laguna-garzon-este-es- el-proyecto-mas-agresivo/

http://www.180.com.uy/articulo/30950_Dinama-autoriza-construc- cion-del-puente-sobre-Laguna-Garzon http://www.mvotma.gub.uy/sala-de-prensa/noticias/item/10004181- puente-sobre-la-laguna-garz%C3%B3n http://www.espectador.com/noticias/256116/laguna-garzon-autoriza- cion-de-puente-genera-debate

32.-Construcción de Puerto de Aguas Profundas Uruguay. Zona El Palenque, Rocha
Inicio Del Conflicto: 2012

Despojo de tierras:
El Gobierno ya ha expropiado 458 terrenos en Rocha para la construc- ción del puerto de aguas profundas; a esto se le sumarán 4.000 padro- nes, muchos de ellos propiedad de argentinos que no tributaron nunca o no lo hacen hace décadas.

Descripción del conflicto:
Mega obra promovida por el gobierno diseñada para suministrar a la minera Aratirí la llave de autorización del puerto. El documento “Puerto de Aguas Profundas” elaborado por el Ministerio de Transporte indica que la superficie total del puerto y las instalaciones accesorias cubri- rán 2.150 hectáreas. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, este proyecto no cuenta con estudios técnicos de impactos suficientes sobre el futuro del escenario natural y la fauna (a un mes de resueltas las primeras expropiaciones, todavía no comenzó el estudio de impacto ambiental). Asimismo, la población local demanda que el proyecto no contó con un proceso justo de consulta y que afectará al turismo de la región. Un grupo de vecinos presenta un recurso contra el proyecto, donde promueven una acción de anulación. Ya había sido presentada una acción de inconstitucionalidad contra el puerto de aguas profundas en Rocha por parte de diputados del sector nacionalista Aire Fresco; ahora se suma este nuevo recurso promovido por los habitantes del balneario El Palenque.

Actores en pugna:
En contra del proyecto: población local, organizaciones ambientalistas (destaca Movimiento por un Uruguay Sustentable, la Organización para la Conservación de Cetáceos y Karumbé). A favor del proyecto: la pre- sidencia de José Mujica afirmando que “La construcción y desarrollo del Puerto de Aguas Profundas, se encuadra en la política nacional portuaria de estímulo al desarrollo de una logística de transporte eficiente que dinamice el desarrollo de la producción y la economía nacional”.

Criminalización social: No se tienen registros

Fuentes electrónicas de información: http://eldiario.com.uy/2012/08/27/vecinos-se-reunen-y-rechazan-puer- to-de-aguas-profundas/ http://eldiario.com.uy/2012/08/17/expropiaran-4-000-padrones-mas- para-el-puerto-en-el-palenque/ http://eldiario.com.uy/2012/06/28/hacia-el-puerto-de-aguas-profundas/ http://eldiario.com.uy/2012/07/24/vecinos-de-el-palenque-recursan- construccion-del-puerto/ http://www.uruguaysustentable.com.uy/category/puerto-de-aguas- profundas/ http://www.elpais.com.uy/130107/ultmo-686893/ultimomomento/el- puerto-de-aguas-profundas-estara-entre-la-paloma-y-cabo-polonio/ http://eldiario.com.uy/2012/12/25/cuestionan-que-puerto-de-aguas- profundas-sea-en-el-palenque/ http://www.tiempo.com.uy/uruguay/893-uruguay-tendra-puerto-de- aguas-profundas http://www.uruguaysustentable.com.uy/portada/el-puerto-de-aguas- profundas-desata-visiones-encontradas-entre-quienes-viven-en-la- zona/ http://historico.elpais.com.uy/121128/ultmo-678511/ultimomomento/ aprueban-proyecto-de-ley-que-habilita-puerto-de-aguas-profundas- en-rocha/ http://member.bnamericas.com/news/privatizacion/gobierno-de- uruguay-promulga-ley-que-situa-puerto-de-aguas-profundas-en-el- palenque”