TRABAJO ADOLESCENTE Y MIGRACIÓN DESDE BOLIVIA A ARGENTINA.

ENTRE LA ADULTEZ Y LA EXPLOTACIÓN

TRABAJO ADOLESCENTE Y MIGRACIÓN DESDE BOLIVIA A ARGENTINA

ENTRE LA ADULTEZ Y LA EXPLOTACIÓN

María Inés Pacecca

Pacecca, María Inés

Trabajo adolescente y migración desde Bolivia a Argentina. Entre la adultez y la explotación 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2014.

E-Book.

ISBN 978-987-722-036-0

1.Migración. 2.Bolivia. I.Título

CDD 304.8

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Migraciones / Juventudes / Trabajo Informal / Políticas Públicas / Estado / Marginalidad / Pobreza / Desigualdad / Bolivia / Argentina

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Coordinador de Arte Marcelo Giardino

Primera edición

Trabajo adolescente y migracióón desde Bolivia a Argentina. Entre la adultez y la explotación.

Buenos Aires: CLACSO, noviembre de 2014)

ISBN 978-987-722-036-0

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INDICE

- Capitulo I:
La migración adolescente autónoma. Hechos sociales y categorías jurídicas

- Capitulo II:
La migración de niños, niños y adolescentes. El estado del arte

- Capitulo III:
La migracion boliviana en Argentina

- Capitulo IV:
Niños, niñas y adolescentes en talleres, quintas, comercios y trabajo doméstico

- Capitulo V:
El relato de los hechos en las causas judiciales

- Capitulo VI:
Conclusiones

- Bibliografía

CAPÍTULO I

LA MIGRACIÓN ADOLESCENTE AUTÓNOMA. HECHOS SOCIALES Y CATEGORÍAS JURÍDICAS.

Entre 2008 y 2012, aproximadamente 130 niños, niñas y adolescentes nacidos en Bolivia y con edades entre 12 y 17 años fueron asistidos en Argentina por organismos gubernamentales de protección de derechos luego de atravesar situaciones de explotación laboral en talleres de costura, quintas hortícolas, comercios y casas particulares. Provenientes de todos los departamentos de Bolivia, llegaron a distintas localidades de Argentina motivados por una propuesta laboral para desempeñarse como ayudantes de costura, peones, empleados/as en tiendas de ropa o verdulerías, o en calidad de trabajadoras domésticas. Si bien sus trayectorias no fueron idénticas, en la mayoría de los casos donde avanzó la investigación judicial quienes los explotaron fueron procesados por el delito de trata de personas menores de edad (ley 26.364/2008)[1].

Con los recaudos éticos y de confidencialidad correspondientes, esta investigación sistematizó y analizó 106 informes de niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia —SENAF—, Ministerio de Desarrollo Social) y 28 resoluciones judiciales (en su mayoría autos de procesamiento) correspondientes a causas tramitadas en la justicia federal. Este corpus, que representa una pequeña porción de un universo invisibilizado, provee información sustancial respecto a un fenómeno que, sin ser novedoso, no disminuye: la migración adolescente internacional autónoma (es decir: en un contexto que no incluye el traslado parental) vinculada a la inserción laboral en emprendimientos productivos o comerciales llevados adelante por otros migrantes (en este caso, también bolivianos) en el lugar de destino. Un conjunto de razones empujó a temprana edad a muchos de estos niños, niñas y adolescentes a ámbitos laborales en sus comunidades de origen, mientras que las redes sociales y las dinámicas migratorias entre Argentina y Bolivia promovieron su traslado a través de la frontera y su incorporación a los mismos trabajos disponibles para los migrantes adultos.

Casi todos los niños, niñas y adolescentes cuyas trayectorias se analizan en este informe habían discontinuado su escolarización bastante tiempo antes de su migración hacia Argentina, y cerca de la mitad hizo referencia a variadas experiencias laborales en sus lugares de origen. Provenientes de familias que ellos mismos definen como “pobres”, asumieron tempranamente responsabilidades económicas para su propia manutención, para contribuir al sostenimiento de sus hermanos o para aliviar deudas o estrecheces domésticas. En ese contexto, principalmente a través de parientes o conocidos recibieron propuestas para trabajar en Argentina en los emprendimientos productivos o comerciales que otros inmigrantes bolivianos estaban llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires o en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Cruz o Río Negro. Por lo general, estas propuestas incluían el traslado hacia el destino, alojamiento y alimentación por parte del empleador y el pago de un salario que, aun cuando representara la mitad del salario mínimo, vital y móvil vigente en Argentina, equivalía al doble de los ingresos de quienes ya trabajaban en Bolivia.

Una vez en Argentina, todos realizaron el tipo de trabajo originalmente ofrecido (es decir que no hubo engaño respecto a qué irían a hacer) pero los menos cobraron el dinero prometido. El resto no recibió ningún tipo de pago o sólo adelantos ocasionales y siempre incompletos. Todos trabajaron larguísimas jornadas —alrededor de 12 horas diarias— y ninguno retomó y sostuvo su escolarización. Es decir que todas las ofertas de trabajo culminaron en situaciones de abuso o explotación laboral;[2] agravada por incumplimiento de la ley migratoria, y debido al traslado que conllevaron calificaban para el tipo penal de trata de personas menores de edad, que implica una pena más grave.

Efectivamente, la migración adolescente autónoma [3] se encuentra siempre demasiado próxima a situaciones de explotación laboral o sexual. Sin embargo, la explotación en la que con suma frecuencia culminan estos procesos migratorios no debe opacar la indagación acerca de cómo comienzan. Pensar que se originan únicamente en la coerción o el engaño, o que la oferta laboral es realizada por personas desconocidas y de espaldas a los demás adultos de referencia sólo sirve para velar una parte del proceso, y una parte bien compleja: aquella que muestra cómo estos sujetos sociales (adolescentes y adultos) se piensan a sí mismos y a sus condiciones de vida, y los caminos que emprenden para modificarlas. En este sentido, los casos relevados y analizados en este informe muestran también en cuan gran medida la migración adolescente autónoma expresa las tensiones entre las categorías jurídicas y las categorías sociales.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS CATEGORÍAS

En tanto que para casi todas las normativas nacionales (la de Argentina incluida) el pasaje a la adultez y a la autonomía jurídica plena ocurre a los 18 años, la secuencia de hechos y decisiones que conduce a la migración adolescente autónoma evidencia las discrepancias entre las definiciones o limitaciones legales y la agentividad y las acciones autónomas de las y los adolescentes. Se trata de una temática compleja y delicada en cuyas diversas instancias intervienen adultos y adolescentes; familiares, parientes, conocidos y desconocidos; dadores de trabajo, autoridades de frontera, operadores judiciales y de asistencia. Esta variedad de actores es indicativa también de los diferentes encuadres clasificatorios (sociales y jurídicos) que los adolescentes atraviesan en su desplazamiento geográfico.

En estos casos donde la niñez y la adolescencia se relacionan con la migración y el trabajo es necesario preguntarse por las construcciones sociales y normativas de la niñez en sí y del trabajo de niños y adolescentes. Huijsmans (2006) sostiene que quienes actualmente son considerados adolescentes migrantes (especialmente la franja entre los 14 y los 17 años de edad) probablemente no hubieran sido calificados como niños ni como destinatarios de medidas especiales de protección algunas décadas atrás: “en la mayor parte de los casos no resulta difícil distinguir mujeres de varones; sin embargo, ante la ausencia de indicadores universales claros, no es igual de evidente cuándo una persona

deja de ser niño” [mi traducción]. Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño — CDN (1989) ha contribuido con una definición legal universalizadora que establece en los 18 años el pasaje entre la niñez y la adultez, “este estándar legal se aplica a realidades socio-culturales diversas y puede generar tensión entre los conceptos legales y los contextos locales” (Huijsmans, 2006:7).

Es evidente que las concepciones de niñez y adultez están histórica y culturalmente determinadas, del mismo modo que el pasaje de una etapa a otra y los comportamientos socialmente esperados en cada una de ellas. Si bien el núcleo de la infancia pareciera ser comparativamente nítido, no ocurre lo mismo con las marcas que distinguen entre la niñez “avanzada” y la adultez, cuyos límites han variado significativamente a lo largo del tiempo y entre distintas sociedades. Un ejemplo de ello es la invención o irrupción de la “adolescencia” en las sociedades occidentales del siglo XX. Ignorar o minimizar la heterogeneidad de las infancias y adolescencias, así como el desacople que muchas veces existe entre las definiciones jurídicas y las prácticas sociales no contribuye a la comprensión de los hechos sino únicamente a su juzgamiento (moral, pero también jurídico). Dilucidar concretamente, en la práctica y en cada caso “el interés superior del niño” (CDN, art.3) exige tener presente que para muchos niños, niñas y adolescentes, los derechos especiales de protección y asistencia acordados a la infancia no expresan una realidad cotidiana, sino en el mejor de los casos un horizonte a alcanzar.

Por otra parte, en mayor o menor medida, mujeres, niños, niñas y adolescentes han sido parte de los flujos migratorios nacionales e internacionales, tanto históricos como contemporáneos. Visibilizarlos según dimensiones de sexo/género o edad no significa descubrirlos como hecho novedoso, sino más bien analizar, comprender y encuadrar sus especificidades (como varones, mujeres, niños o adolescentes) en un contexto más general pero marcado por las singularidades de la época. Por “singularidades” me refiero no solo al devenir histórico sino más bien a los complejísimos procesos eminentemente políticos (en sentido amplio) que resultan de y en la difusión y hegemonización de matrices clasificatorias co-constitutivas de los mismos hechos que clasifican. En términos muy gruesos, y solo para ilustrar el argumento, la postulación de categorías tales como “género”, “niñez”, “vulnerabilidad” o incluso “víctima de trata” parcelan y organizan proponiendo una perspectiva más o menos novedosa que destaca (y en algunos casos desnaturaliza e historiza) tramas y texturas que pasaban desapercibidas en el bosque de lo social -salvo para quienes las portaban como marcas indelebles.

Numerosas voces han intervenido en la discusión de estas categorías y en sus diversas expresiones jurídicas. Actores institucionales locales e internacionales, activistas y académicos han aportado perspectivas desde el derecho y la jurisprudencia nacionales así como desde el derecho internacional de los derechos humanos. En lo que respecta específicamente a trabajo infantil, migración internacional y trata de personas, la diseminación del debate en foros regionales (tales como MERCOSUR) o internacionales y la ratificación por parte de Argentina de instrumentos diversos — algunos de derechos humanos, otros de aplicación de la ley [4]— ha sido relevante tanto para el establecimiento de estándares de protección como para la implementación y evaluación de políticas y prácticas institucionales. Es decir que analizar el “fenómeno” implica también analizar las maneras en que fue pensado en ámbitos institucionales.

Los casos concretos que se analizan en este informe se traman con las definiciones internacionales y las normativas nacionales sobre trabajo “provechoso”, trabajo infantil y trata de personas, y con las variadas relaciones sociales en que se imbrica el trabajo adolescente. Las distinciones entre trabajo “provechoso” y trabajo infantil (señaladas con mayor detalle en el próximo capítulo) datan de varias décadas atrás. El Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad mínima de empleo es de 1973, y en Argentina, la ley 20.744/1974 sobre contratos de trabajo prohibió claramente el empleo de personas menores de 14 años a la vez que estableció las condiciones en que se autorizaba el trabajo de personas mayores de 14 pero menores de 18. En 2008, la ley 26.390 elevó la edad mínima a 16 años y legisló con mayor detalle respecto de las condiciones, en tanto que la ley 26.847/2013 incorporó al código penal el artículo 148 bis que establece penas de uno a cuatro años de prisión “para el que se aprovechare económicamente del trabajo de un niño o niña”.

Sin embargo, desde la mirada social e institucional, pareciera que la novedad más significativa no alude tanto a las modificaciones normativas relacionadas al trabajo de personas menores de edad sino más bien a la incorporación de la perspectiva (y el tipo penal) de la trata de personas. Sin pretensiones de exhaustividad, es indispensable hacer una breve recorrida por esta perspectiva, ya que todas las situaciones exploradas en este trabajo llegaron a las instituciones judiciales o de asistencia a través de la figura legal de la trata de personas.

En términos muy sintéticos, y retomando argumentos desarrollados con anterioridad (ver Pacecca 2009, 2011 y 2012), hacia fines del siglo XX la presencia de jóvenes mujeres llegadas desde los países de la ex – URSS a los prostíbulos de Italia, Austria y los Países Bajos puso en evidencia la renovada vitalidad de los ya conocidos mecanismos de tráfico y proxenetismo que proveían el mercado del sexo. Las jóvenes no sólo habían cruzado clandestinamente las fronteras internacionales sino que además estaban forzadas a prostituirse en beneficio de quienes las habían trasladado. Junto a ellas, en los mismos lugares de explotación, se encontraban también mujeres dominicanas, colombianas y nigerianas, y todo indicaba que su situación era similar. La estructura y la dinámica general de estos fenómenos ya habían sido descriptas y denunciadas por Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres. Algunos de sus informes y su visita a Polonia (E/CN.4/1994/42; E/CN.4/1997/4/Add.l) recogían testimonios, sistematizaban casos y describían mecanismos de captación, traslado y explotación de niñas, adolescentes y mujeres. Así, a fines del siglo XX, la trata de personas (visibilizada en la explotación sexual de mujeres blancas/caucásicas/europeas) devino nuevamente una preocupación a nivel internacional.

En este contexto, en 2000 y 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus tres protocolos complementarios: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Conocidos como la Convención y los Protocolos de Palermo (Italia), estos instrumentos de aplicación de la ley, ratificados por casi 120 países, unificaron la perspectiva y los cursos de acción de gran parte de la comunidad internacional. Procesos que a priori podrían pensarse como disímiles [5], en los cuales intervienen actores diferentes y desiguales y donde se ponen en juego o se vulneran derechos de individuos o de Estados, resultaron unificados bajo la óptica del crimen organizado y la securitización de las fronteras internacionales.

Apoyado en una gran difusión mediática y bajo la bandera de “la esclavitud moderna”, el concepto de trata de personas [6] ganó centralidad en los sistemas penales nacionales y en el discurso social, reorientando y reforzando la percepción y la significación de procesos de explotación sexual o laboral que distan de ser novedosos. La institución de la encomienda, implementada durante los siglos XVI y XVII en la América colonial por la corona española a los fines de asegurar la provisión de fuerza de trabajo indígena para los cultivos o para la extracción minera encaja dentro de la definición contemporánea de trata de personas. Lo mismo ocurre con las maneras en que eran capturadas, trasladadas y explotadas las poblaciones africanas que alimentaban el tráfico de esclavos, indispensable para las plantaciones de azúcar y algodón del Caribe y del sur de los Estados Unidos. La principal diferencia entre la figura contemporánea de trata y las figuras históricas de encomienda y tráfico de esclavos es que la primera está prohibida, en tanto las otras estaban permitidas y reguladas —en la medida en que las poblaciones explotadas fueran “el otro” americano o afro. El mismo mecanismo de captación, traslado, acogida y explotación ha permitido mantener constante (y variada) la provisión de niñas, adolescentes y mujeres en los prostíbulos de distintas partes del mundo.

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que la finalidad principal de la trata (tanto en sus formas históricas como contemporáneas) consiste en proveer mano de obra para ámbitos “de producción” (prostíbulos, talleres de confección de indumentaria, calzado, etc., quintas hortícolas o agrícolas, pesqueras, comercios, etc.) que no pueden abastecerse de otra manera, ya sea porque no hay suficientes personas dispuestas a hacer voluntariamente ese trabajo o porque contratar esa mano de obra según las leyes laborales y del mercado reduce drásticamente los rindes. Así, recurriendo a variadas formas de coacción directa (y extra-económica) las diversas modalidades de trata “fijan” la fuerza de trabajo, impidiendo que se ofrezca libremente y circule entre otros dadores de trabajo (o capitalistas). Ese hecho, que en ciertos períodos del capitalismo temprano no sólo fue legal sino también legítimo, devino posteriormente una conducta punible [7].

Sin embargo, las modalidades contemporáneas de la trata de personas han heredado de las formas históricas la predilección por la otredad —principalmente étnica o nacional. En Argentina, a partir del año 2000 aproximadamente, la visibilización de casos de mujeres dominicanas, paraguayas y nacionales forzadas a prostituirse alertó acerca de la trata de personas para explotación sexual. La trata con fines de explotación laboral (especialmente en talleres de costura no habilitados) también salió a la luz, aunque en menor medida y en asociación casi excluyente con procesos migratorios internacionales.

Es decir que en apenas una decena de años la trata de personas se ha convertido en un potente tema de la agenda local. A su inclusión en el Código Penal y a su uso generalizado como (hipervisibilizadora) categoría de difusión mediática y social debe sumarse el andamiaje institucional creado para su punición: divisiones anti-trata en las fuerzas de seguridad federales y en numerosas policías provinciales, una unidad de investigación judicial especializada en el Ministerio Público Fiscal, programas nacionales y provinciales de asistencia o acompañamiento a víctimas, más de 300 investigaciones iniciadas ante juzgados federales (UFASE, 2010), y no pocas condenas en primera instancia y en casación, principalmente vinculadas a casos de trata para explotación sexual.

ADOLESCENTES MIGRANTES, TRABAJO, TRATA DE PERSONAS

En este contexto, preguntarse por la migración internacional adolescente autónoma motivada por ofertas y expectativas laborales, y su frecuente culminación en situaciones de abuso laboral o explotación en el lugar de destino es sin duda un tema sensible. Una arista no menor (que es también un desafío para el proceso judicial) consiste en zanjar las zonas grises entre informalidad laboral, explotación laboral y trata de personas. Ya se trate de adultos o adolescentes, la informalidad remite directamente al incumplimiento de las normas que regulan el trabajo, en tanto que la noción de explotación alude principalmente a la desproporción entre la tarea realizada y el pago percibido. Es decir que un trabajo puede ser informal (no registrado) pero no necesariamente explotador en la medida en que la jornada de trabajo o las tareas guarden una proporción razonable (obviamente, “razonable” es un criterio contextual) con la remuneración percibida. A su vez, la figura de trata conlleva la puesta en marcha de diversos mecanismos de coacción directa (amenazas, violencia, encierro, generación de deudas, retención de documentos, etc.) que fuerzan a la persona a permanecer en esa situación de explotación —que la “fijan” en relación a un “empleador” e impiden su libre puesta a disposición de otros empleadores [8]. Así, el incumplimiento de la legislación laboral se expresa habitualmente en infracciones y multas que no dan lugar a penas de prisión, como sí ocurre con la trata, que configura un delito penal y se ubica en el conjunto de los delitos contra la libertad.

Encuadrado en el marco del conjunto de normativas relativas a trata, migración y trabajo infantil, el accionar institucional (judicial o asistencial) aborda el último tramo del proceso, y en su devenir produce valiosa información que amerita una lectura desde otra óptica. Los casos analizados en este informe contribuyen a comprender, en su singularidad, ciertas dimensiones de las situaciones estructurales que dieron origen al traslado y que lo convirtieron en una opción factible y razonable para los propios adolescentes involucrados y para sus familias. Por otra parte, estos desplazamientos ocurrieron en el marco de cadenas y redes migratorias extensas y ligadas a emprendimientos productivos o comerciales puestos en marcha y gestionados desde hace dos o tres décadas por otros migrantes bolivianos. Entonces, es indispensable vincular la migración adolescente (y también la de adultos) a la operatoria y al “modelo de negocio” de talleres de confección de indumentaria, quintas hortícolas y comercios.

Así, dos conjuntos de preguntas orientan el análisis de los casos relevados en este informe:

- qué clase de situaciones llevaron a las y los adolescentes a optar por la migración internacional hacia Argentina; por qué las ofertas de trabajo recibidas resultaron atractivas; y quiénes intervinieron en las distintas etapas del proceso migratorio (tanto en el lugar de origen como de destino);

- cómo se vincula el surgimiento y la consolidación de los emprendimientos productivos y comerciales de migrantes bolivianos con la dinámica más general de la migración boliviana en Argentina (que vuelve viable la migración de adolescentes), y por qué estos emprendimientos recurren principalmente a mano de obra “étnica” [9].

Desde esta perspectiva, la información surgida de los documentos institucionales (los informes de SENAF y las resoluciones judiciales) es vinculada con la dinámica de los procesos y cadenas migratorias y con los contextos domésticos concretos en que se produjo la migración internacional de las y los adolescentes que ingresaron a los dispositivos judiciales y de protección de derechos.

El capítulo II, a continuación, reseña brevemente el surgimiento de la migración adolescente autónoma como campo de investigación académica y preocupación social, especialmente a partir de la década de 2000. Se revisan las investigaciones señeras realizadas en distintos países y las discusiones que plantean en relación a las diversas construcciones sociales de niñez/adolescencia, estructuras familiares y domésticas, trabajo y migración. También se menciona la bibliografía disponible sobre Argentina y, en dicho contexto, se alude a la especificidad del presente informe.

El Capítulo III sintetiza las principales características de la inmigración boliviana en Argentina y sus singularidades en comparación con otros flujos migratorios provenientes de los países de la región. Se resumen las modificaciones en su patrón de asentamiento territorial a lo largo del siglo XX, su composición por sexos y edades, y se destaca la centralidad de las estructuras y los lazos de parentesco y paisanaje en el origen y la consolidación de emprendimientos productivos y comerciales tales como quintas hortícolas, talleres de confección de indumentaria, comercios de ropa, verdulerías, ladrilleras, mercados acopiadores y distribuidores de verdura en fresco y ferias comerciales.

El capítulo IV trabaja con 106 informes de SENAF relativos a niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos. Se sistematizó y analizó la información relativa a la familia de origen (padres, hermanos), a la escolarización y el trabajo previo en Bolivia, a las personas que intervinieron en la oferta laboral y en la gestión del traslado hacia Argentina (incluyendo detalles relativos al cruce de la frontera internacional), al trabajo realizado en Argentina (edades, tiempo trabajado, pagos) y a cómo fue la llegada al dispositivo de asistencia. El capítulo V revisa un conjunto de resoluciones judiciales (que deciden en causas iniciadas bajo el tipo penal de trata de personas) en las que existe abundante detalle en relación a las dimensiones analizadas en el capítulo anterior. En conjunto, los capítulos IV y V ilustran las complejidades de la migración adolescente autónoma e iluminan las brechas entre las categorías sociales y las categorías jurídicas. Finalmente, el capítulo VI presenta algunas conclusiones preliminares que buscan enlazar las dinámicas migratorias con las características de los emprendimientos productivos y comerciales de la migración boliviana en Argentina. A su vez, se plantean algunas preguntas y apreciaciones relativas a las implicancias políticas y las intervenciones institucionales.

1. En diciembre de 2012 la ley 26.364 fue modificada por la ley 26.842, que introdujo cambios en el tipo penal. ↵

2. Por incumplimiento de la ley 26.390, que prohibe el trabajo infantil (de personas i res de 16 años) y protege el trabajo adolescente. ↵

3. El término refiere a "personas menores de 18 años que han cambiado su lugar de re¬sidencia de manera temporaria o permanente sin que su padre, madre o tutor habitual haya modificado su lugar de residencia junto con ellos" (Edmonds & Shresta 2009:1, mi traducción). En el próximo capítulo se analiza con mayor detalle. ↵

4. Entre los primeros corresponde mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada al texto constitucional en 1994) y la Convención Internacional sobre la pro¬tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada en 2007. Entre los segundos, la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen or¬ganizado transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes y contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, firmados en 2000 y ratificados en 2002. ↵

5. 5 La prostitución, bajo cualquiera de sus formas (trabajo sexual autónomo, proxenetis¬mo, trata) da lugar a debates diferentes que la explotación laboral. Prueba de ello es que existen movimientos abolicionistas y prohibicionistas de la prostitución, en tanto que nadie ha propuesto aún abolir el trabajo per se. Es decir que en el primer caso está en discusión qué se hace y cómo se hace, en tanto que en el segundo el foco recae en cómo (en qué condiciones) se trabaja. ↵

6. 6 La definición de trata de personas postulada en el artículo 3 de Protocolo de Palermo y recogida en numerosísimas legislaciones penales nacionales refiere a la captación, el traslado y la acogida de una persona recurriendo a medios tales como el engaño, la coacción o el abuso de una situación de vulnerabilidad, con propósitos de explotación sexual, laboral u otra. Vale destacar que el traslado puede ser tanto interno como internacional. ↵

7. La trata para explotación laboral articula con la lógica del capitalismo, en tanto que la trata para explotación sexual articula también con las estructuras del patriarcado. Para un análisis más ajustado de estas diferencias, ver Pacecca 2011 y 2009 respectivamente. ↵

8. Desde esta perspectiva, castigar la trata de personas es castigar a los capitalistas que no respetan las reglas del capital o que "juegan sucio" al obstaculizar, mediante la coacción directa, la circulación de la mano de obra. ↵

9. Especialmente en lo que concierne a los talleres de confección de indumentaria, una tercera e ineludible pregunta es por qué gran parte de la confección de ropa se realiza en talleres que incumplen la legislación laboral y migratoria. Esta modalidad de produc¬ción (los "sweatshops") es global, y habitualmente involucra a inmigrantes cosiendo para fabricantes o marcas que comercializan su producto en el circuito formal. Es decir que son dos preguntas articuladas pero analíticamente diferentes: ¿por qué los fabricantes y dueños de marcas utilizan este tipo de talleres? Y ¿por qué este tipo de talleres siempre son "de inmigrantes" (bolivianos en el caso de la Argentina actual)? ↵

CAPÍTULO II

LA MIGRACIÓN AUTÓNOMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. EL ESTADO DEL ARTE

La indagación sistemática sobre los procesos migratorios internacionales tomó impulso durante la segunda mitad del siglo XX, y a través de diversos modelos o conjuntos de hipótesis ha recorrido gran parte de las dimensiones que parecieran estar involucradas en la movilidad poblacional (Massey et al. 1993, Arango 2003). En términos muy resumidos, la investigación empírica y la reflexión teórica indagaron los lazos entre la migración y las características sociodemográficas, económicas y productivas en las áreas de origen y de destino (Piore 1979 y 2002 entre otros autores); las lógicas presuntamente individuales o de unidad doméstica que informan las decisiones migratorias y evalúan los costos y beneficios de las estrategias de colocación de la fuerza de trabajo familiar en el mercado local o internacional (Balan 1990, Dandler y Medeiros 1986); la incidencia y la centralidad de cadenas y redes trasnacionales a la hora de mantener activos los flujos migratorios (Massey 1990, Durand 2011, Canales y Zlolniski 2001); la conformación de nichos étnicos o economías de enclave en los lugares de llegada (Portes et al. 2002, Zhou 2004) y las consecuencias de las regulaciones estatales en relación al ingreso y permanencia de extranjeros en los países de destino (Castles 2003 y 2008, Sassen 2010).

A partir de la década de 1980 aproximadamente, los estudios migratorios comenzaron a incorporar nuevos sujetos a sus modelizacio-nes. Primero, las singularidades presentes en la migración de mujeres comenzaron a adquirir visibilidad y llevaron a revisar, desde una perspectiva de género, tanto los modelos descriptivos y explicativos como algunas de las preguntas en que se basaban (Morkovasic 1984; Grieco y Boyd 1998; Pessar y Mahler 2001, entre otras). Más recientemente, la histórica presencia de niños, niñas y adolescentes en los flujos migratorios ha sido puesta en foco, cuestionando el supuesto de que su traslado ocurre centralmente en el marco de un vínculo familiar. Así como durante buena parte del siglo XX las migraciones predominantemente masculinas demoraron las preguntas acerca de la incidencia de las estructuras de sexo/género en las trayectorias migratorias, algo similar pareciera haber ocurrido con la predominancia de las personas adultas y las preguntas acerca de la niñez y la adolescencia en los procesos migratorios.

Según Punch (2007), las indagaciones acerca de la migración de niños (entendidos como toda persona menor de 18 años [1]) comenzaron a configurarse como un área de investigación académica y de discusión de políticas hacia fines del siglo XX. Las primeras preguntas acerca de la movilidad territorial de la niñez surgieron a partir de situaciones de vulneración de derechos, tales como los niños desplazados o refugiados debido a conflictos bélicos o catástrofes ambientales, los niños soldados, la trata de niños y niñas para diversas finalidades de explotación o la situación de calle de los niños y niñas huérfanos debido a la epidemia de HIV-SIDA en diversos países de África. Visibilizadas por las instituciones locales, por los organismos internacionales, por las organizaciones de la sociedad civil y por la prensa, estas situaciones contribuyeron a difundir la noción de que, si no ocurre en el contexto parental o familiar, la migración de niños, niñas y adolescentes es siempre una migración forzosa o vinculada a amenazas y coerción. Por supuesto, estas situaciones existen y han sido abundantemente denunciadas y documentadas. Sin embargo, también se han documentado migraciones autónomas de adolescentes donde el desplazamiento no resulta del forzamiento o la coerción.

A pesar de las frecuentes situaciones de explotación laboral en que suelen resultar estas migraciones autónomas de niños y adolescen-

tes, es cierto que responden a lógicas y causas singulares que requieren una mirada específica, equivalente a la que ameritó la migración de mujeres. En términos generales, investigaciones recientes (Bhabha 2008; Levinson 2011; O’Connell Davidson et al. 2007; Van de Glind 2010; Yaqub 2009a) han señalado cuatro tipos de casos que muestran las diversas maneras en que niños, niñas y adolescentes participan en los procesos migratorios. Veamos.

- -     Niños, niñas y adolescentes que migran internacionalmente con uno o ambos padres: estos son seguramente los casos más frecuentes y los que más a menudo han sido estudiados. Las oportunidades o dificultades que encuentren estos niños en los países de destino están ligadas a las posibilidades de regularización documentaría, acceso a vivienda e inserción laboral de sus padres y a la existencia de políticas que permitan su ingreso y permanencia en el sistema educativo, reconociendo los estudios realizados en el país de origen y acreditando (es decir: certificando mediante el titulo correspondiente) los realizados en el país de destino.

- -     Niños, niñas y adolescentes que quedan en el lugar de origen cuando uno o ambos padres migran: cuando ambos padres migran (y frecuentemente cuando la madre migra) los niños suelen quedar al cuidado de otros parientes —tales como tías o abuelas— que además reciben y administran las remesas enviadas por quien partió para asegurar el bienestar de su familia. Según los casos y según la duración y perspectivas de la migración de los padres, estos niños o adolescentes pueden reunirse posteriormente con ellos en el país de destino.

- -     Niños, niñas y adolescentes no acompañados: este grupo comprende a quienes han sido trasladados mediante engaños, amenazas o coerción. Incluye a potenciales solicitantes de asilo y es el más vulnerable a diversas formas de violencia y explotación, incluida la trata de personas. No siempre son migrantes internacionales, sino que pueden trasladarse dentro de sus propios países de origen. Debido a su potencial vulnerabilidad, y a la documentación de diversas situaciones de explotación que muchos de ellos han atravesado, han sido foco de creciente preocupación y atención institucional particularmente a partir de la década de 2000.

- -     Niños, niñas y adolescentes migrantes autónomos o independientes: se los define como “personas menores de 18 años que han cambiado su lugar de residencia de manera temporaria o permanente sin que su padre, madre o tutor habitual haya modificado su lugar de residencia junto con ellos” (Edmonds & Shresta 2009:1, mi traducción). Estos niños migran interna o interna-cionalmente de manera voluntaria, casi siempre motivados por oportunidades laborales y muy frecuentemente con el acuerdo y apoyo de sus padres. A diferencia de la modalidad anterior, en estos casos el traslado no pareciera estar atravesado por engaños ni coerción, aunque sí es frecuente la explotación laboral en el lugar de destino ya que su incorporación al mundo del trabajo muy rara vez respeta las normativas locales. En tanto que involucran principalmente a adolescentes, estos casos son complejos y delicados: desde la perspectiva jurídica su autonomía es limitada por tratarse de personas menores de edad. Sin embargo, a pesar de ello, el rol social y las responsabilidades que asumen (y que sus familias les atribuyen) contrastan marcadamente con lo que establecen las leyes de protección de la niñez y la adolescencia. (Más adelante volveremos sobre este tema).

Desde estos cuatro tipos, la migración interna o internacional de niños, niñas y adolescentes resulta subsumida en la migración familiar (decidida y gestionada por los padres) o hiper-visibilizada si se la considera indicadora de infracciones al orden migratorio o de delitos tales como trabajo infantil, reducción a servidumbre, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, donde se presupone que el traslado se debe al engaño o coerción por parte de terceros. Sin embargo, a partir del año 2000 aproximadamente, ha comenzado a conformarse un corpus de investigaciones y diagnósticos (muchos de ellos promovidos por UNICEF y OIT) orientados a analizar y comprender las causas y los mecanismos que vinculan el trabajo de niños y adolescentes con su migración autónoma interna o internacional. Partiendo del supuesto que descripciones inadecuadas o incompletas darán lugar a políticas ineficaces o incluso contraproducentes, estos trabajos han combinado abordajes estadísticos y cualitativos para aproximarse al variado abanico de situaciones que se despliegan en el continuum pobreza – trabajo de niños, niñas y adolescentes – migración laboral de niños, niñas y adolescentes.

La mayor parte de los textos revisados en el marco de esta investigación comparten dos discusiones de fondo. Una de ellas refiere a las diversas formas de construir y delimitar social y culturalmente quiénes son niños y quiénes no (independientemente del umbral de los 18 años acordado en la Convención sobre los Derechos del Niño), qué se espera socialmente de ellos a medida que crecen, y cómo se consideran a sí mismos en su pasaje a la adultez. Estas discusiones apuntan a contextualizar y especificar qué se entiende por “vulnerabilidad” (categoría usualmente presente en las políticas destinadas a la niñez) y cuáles son tanto las expectativas como los límites histórica y social-mente aceptables en relación al trabajo de niños, niñas y adolescentes (Morrow 2010). La segunda refiere a cómo la perspectiva promovida por el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños ha incidido sobre los abordajes y las políticas relacionadas a niñez y migración, eliminando casi por completo la posibilidad de discutir institucional y políticamente formas no tradicionales de agentividad (es decir, de personas menores de 18 años) [2].

La primera discusión se articula en parte con las tres categorías establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [3] para calificar el trabajo de niños, niñas y adolescentes:

- el trabajo provechoso: tareas que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización [child work], tales como “la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo”. Se trata de actividades consideradas “provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia y les ayudan a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta”;

- el trabajo infantil [child labour], que comprende toda ocupación que “prive a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que sea perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Son actividades peligrosas que interfieren con la escolarización ya que exigen combinar el estudio con trabajo pesado y que insume muchas horas, u obligan al abandono escolar prematuro; las peores formas de trabajo infantil (definidas en el art. 3 de la Convención OIT N° 182, 1999), que abarcan todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud (tales como la venta y la trata de niños y niñas, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso), la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para prostitución, para la realización de actividades ilícitas (tales como la producción y el tráfico de estupefacientes)  y cualquier trabajo que “por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

Estos criterios no siempre son nítidos por sí mismos. Así, la OIT también aclara que:

“[c]uándo calificar o no de «trabajo infantil» a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector”.

Debe señalarse que ninguno de los casos que incluye la bibliografía analizada en este capítulo encuadra dentro de las peores formas de trabajo infantil, que son las que más habitualmente ocurren en contextos de coerción y trata de personas.

La segunda discusión se centra en cómo pensar la agentividad y la toma de decisiones laborales y migratorias por parte de personas menores de 18 años que, desde la perspectiva de la Convención sobre los Derecho del Niño (masivamente ratificada) no gozan aún de autonomía plena. En lo que respecta al trabajo y la migración autónoma (es decir: no coercionada) de niños y niñas, los mayores dilemas aparecen a la hora de diseñar e implementar políticas. ¿Hay que prohibir el trabajo de niños, niñas y adolescentes y castigar a quienes los emplean? ¿Hay que regular lo que efectivamente ocurre (es decir: el trabajo fuera del ámbito familiar) de modo que no resulte en abuso laboral o explotación? En el caso de los adolescentes que migran internacionalmente ¿deben buscarse mecanismos que les permitan regularizar su situación migratoria en ausencia de sus padres? Como señala Basu (2004), las intervenciones gubernamentales y legales, incluso cuando se aplican de modo tal que combatan efectivamente el trabajo infantil, no necesariamente aumentan el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

POR QUÉ LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRAN PARA TRABAJAR

La mayor parte de la bibliografía disponible que efectivamente articula trabajo de niños, niñas y adolescentes con migración (ya sea interna o internacional) está en inglés o en francés, y por lo general documenta y analiza casos en diversos países de África (tales como Gana, Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso) y Asia (Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Filipinas). Entre los primeros pueden mencionarse específicamente Thorsen (2007), Jacquemin (2004) y Lescingland (2011), y entre los segundos a Camacho (2006) y Heissler (s/d). Asimismo, varios investigadores se han preocupado por sintetizar y sistematizar la información estadística disponible en distintos países (incluidos algunos de América Latina) respecto a niñez en contextos de migración. Estos trabajos — muchos surgidos inicialmente del centro de investigación especializado de UNICEF, Innocenti Research Centre— buscan diagnosticar la magnitud del fenómeno e indagar sus especificidades mediante investigaciones locales y comparando estudios de caso (Edmonds & Shresta 2009 y 2012; Yaqub 2009 a y b; Whitehead & Hashim 2005; McKenzie 2007; Huijmans 2005 y 2011, entre otros).

En su gran mayoría, estas investigaciones y diagnósticos arrancan en un punto de partida incontestable: en muchas partes del mundo existen porcentajes significativos de niños, niñas y adolescentes que trabajan. En ocasiones, combinan trabajo y estudio, y en ocasiones sólo trabajan4. Las investigaciones revisan casos de migración rural-rural y rural-urbana de niños, niñas y adolescentes, analizando y discutiendo los motivos del traslado (tanto desde la perspectiva de los niños como desde la de los padres); las variadas formas de circulación, incluyendo figuras de cuidado tales como “fostering” (acogimiento en el marco de las relaciones de parentesco); los tipos de trabajo en que se emplean los niños y las niñas según sexo; las modalidades de pago (directamente a los niños, a sus padres, o a una persona intermediaria) y los usos del dinero, que van desde consumo corriente hasta adquisición del ajuar matrimonial en las jóvenes o de animales de granja en los varones.

En general, todo indica que los niños más pequeños (entre los 7 y 11 años aproximadamente) suelen trasladarse como resultado de acuerdos o decisiones familiares, y que en no pocos casos existen diversos mecanismos sociales para asegurar su bienestar, incluso cuando se sepa que realizarán tareas rurales o domésticas (Hashim 2005). En los niños de mayor edad (entre los 12/13 y los 17 años) pareciera ocurrir con mayor frecuencia la migración impulsada por ellos mismos, y por diversos motivos superpuestos: desde buscar oportunidades educativas (por ejemplo yéndose de pueblos donde solo existen educación básica) combinadas con oportunidades laborales; ansias de “conocer y ver el mundo”, necesidad de contribuir económicamente con la familias de origen, adquirir ciertas habilidades económicamente rentables (aprender a coser, etc.) o directamente buscar trabajo para iniciar su vida como adultos. Habitualmente, en estos casos la migración y el trabajo forman parte de las transiciones hacia la adultez y anteceden el matrimonio y la maternidad/paternidad.

Una de las principales preocupaciones de este conjunto de investigaciones estriba en detectar cuáles son las características más salientes de las unidades domésticas de las que parten los niños migrantes. Algunas de estas características son estructurales y se relacionan con el (no) trabajo y los salarios de los adultos; con diversas modalidades de tenencia, adquisición y fragmentación de tierras en zonas rurales y con oportunidades de trabajo estacional en localidades vecinas o distantes. Esto a menudo incluye la existencia de tradiciones o experiencias migratorias intergeneracionales de larga data y en cuyo marco se han consolidado cadenas de considerable alcance geográfico (McKenzie 2007). Otras características aluden a los azares y las dinámicas familiares, desde cantidad de hijos hasta enfermedades y muertes tanto en la familia nuclear como en la ampliada (Edmonds & Shresta 2009; Flamm 2010; Yacqub 2009a; Heissler s/d).

Esta caracterización es central para contextuar local e históricamente las migraciones de niños, niñas y adolescentes, y para precisar cuan voluntaria o cuan coercitivamente llegaron a sus diversos destinos laborales. En ese sentido, en muchos de los textos pareciera existir cierto énfasis en el primer tramo de la experiencia laboral. Hay abundante detalle respecto de quiénes se incorporan como trabajadores, a qué edades y provenientes de qué sectores o grupos étnicos (varones, mujeres, los hermanos mayores, los hermanos menores, minorías étnicas o sociales), a cómo se toma la decisión del traslado (acuerdos entre parientes, posibilidades de los niños/as o adolescentes de discutir estos acuerdos, información disponible acerca del destino) y a cómo se evalúan las ventajas o beneficios para los padres, para los niños y para el resto de la familia.

Puesto que buena parte de los estudios refieren a países de África donde las pautas de movilidad territorial son de larguísima data y muchas familias y grupos de parientes están distribuidos a lo largo de cientos de kilómetros, también se ha puesto esfuerzo en comprender la migración de niños, niñas y adolescentes en el marco de relaciones y obligaciones de parentesco. Estos lazos operan para la acogida (“foste-ring”) de niños ante crisis familiares, pero también para la distribución de manos para el trabajo doméstico o agrícola. En estos casos, el “pago” suele ser en prendas, máquinas de coser o utensilios de cocina para el ajuar de las jóvenes, o en herramientas de granja para los varones (Hashim 2005).

Algunos trabajos (notablemente Camacho 2006, Jacquemin 2004, Lescingland 2011, Hashim 2005, Bastía 2005) complementan esta mirada estructural con trabajo de campo y entrevistas a niños, niñas y adolescentes que migraron para trabajar, en algunos de los casos incluyendo además entrevistas a los padres o madres. De este modo buscan recuperar las percepciones y valoraciones de los jóvenes respecto a sus propias trayectorias. El abanico de relatos es amplio y comprende desde experiencias valoradas positivamente en términos de aprendizajes sociales y laborales hasta otras claramente dañinas. Estos relatos son a su vez de gran relevancia para evaluar la agencia de los niños, niñas y adolescentes, corriéndolos de los lugares de víctimas o de sujetos manipulados por los adultos de sus familias.

En lo que respecta a la clase de ocupaciones en las que se insertan los niños, niñas y adolescentes, las caracterizaciones son más bien generales: principalmente trabajo doméstico, trabajo agrícola, minería de superficie (en ciertas regiones), venta callejera. Se argumenta que quien recurre al trabajo infantil lo hace porque es más barato y porque los niños son más fáciles de controlar (y de explotar) que los adultos. En comparación con el esfuerzo puesto en mostrar la variedad de motivos (no coercitivos) por los cuales los niños, niñas y adolescentes migran para trabajar, no se ha encontrado en la bibliografía revisada el mismo detalle respecto a las condiciones en que finalmente se realiza el trabajo. Son más escasos los trabajos que analizan si las condiciones originalmente acordadas o supuestas se cumplen, y cuáles son los márgenes de maniobra de los niños y adolescentes (Camacho 2005; Jacquemin 2004) ante situaciones que pueden evolucionar hacia claras formas de explotación.

Si bien es cierto que el trabajo doméstico o agrícola y la venta callejera son las ocupaciones donde es más frecuente el trabajo infantil (seguido por ciertas inserciones en servicios o en manufactura), no se encontró ningún estudio de caso o reflexión relativa a por qué esos nichos emplean trabajo infantil migrante. Si bien habitualmente es cierto que los niños migran hacia los mismos destinos geográficos que los adultos, en la bibliografía revisada no se hallaron conexiones sistemáticas entre las pautas migratorias de los adultos y las pautas migratorias de los niños. Así, pareciera haber una suposición de base que indicaría que los niños y adolescentes migrantes autónomos se insertan en los mismos nichos ocupacionales que sus pares etarios no migrantes, y no que se insertan en nichos ocupaciones que preferentemente emplean trabajo migrante de cualquier edad. Es decir que pareciera haber un mercado que demanda trabajo infantil y adolescente, y al que le resultaría indistinto que esos niños sean migrantes o no. Esto tal vez se vincule con el hecho de que la mayor parte de las investigaciones referidas analizan casos donde los niños y adolescentes son principalmente migrantes internos y no internacionales. La migración internacional de niños (ya sea autónoma o mediante mecanismos de trata y tráfico) aparece como una preocupación central en los textos que debaten en torno a derechos y políticas, más que en aquellos que describen los mecanismos por los cuales los niños se convierten en migrantes autónomos. Más adelante haremos referencia a esta otra mirada.

En conjunto, esta bibliografía analiza la migración laboral de niños y adolescentes señalando muy singularmente su imbricación en contextos económicos, sociales y culturales específicos. Si bien todos los autores sin duda comparten la idea de un horizonte futuro libre de trabajo infantil, se esfuerzan por comprender (y des-occidentalizar) las diversas construcciones de la niñez y del trabajo, así como las variaciones en los tránsitos posibles hacia la adultez.

NIÑEZ, TRABAJO Y MIGRACIÓN: LOS DILEMAS DE LAS POLÍTICAS

Bhabha (2008) ofrece una discusión abarcadura y comprensiva respecto a la migración de niños y los encuadres normativos. Señala que en la mayor parte de los países ni las normativas migratorias ni las leyes de protección de la niñez resultan adecuadas para atender la situación de los niños, niñas o adolescentes migrantes autónomos. Las primeras, porque directamente no reconocen la figura: se espera que los niños migren con sus padres, o en su defecto que busquen la protección especial que otorgan las leyes de asilo o de refugio. Las segundas, porque no siempre encuentran cómo incluir dentro de su órbita a quienes no gozan de los derechos de residencia o ciudadanía. Sostiene que tanto las normas internacionales como las locales se organizan según tres grandes lógicas: una punitiva y criminalizadora, cristalizada en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños para el cual la victimización es la marca distintiva de la niñez migrante. La segunda lógica es la regulatoria, basada en la noción de que los niños pertenecen al ámbito familiar y carecen de agencia y autonomía [4]. La tercera lógica liga directamente con el paradigma de derechos humanos y se estructura en función de la protección. Alcanza a solicitantes de refugio, trabajadores migrantes y sus familiares y a niños y niñas. Sugiere que desde esta última perspectiva se debe comenzar a revisar y encuadrar la migración autónoma de niños y niñas, que resultan los sujetos menos atendidos “normativamente” en función de sus necesidades (y no de las lógicas regulatorias o punitivas que remiten a las necesidades de los estados).

Existen también discusiones similares respecto al trabajo de niños, niñas y adolescentes (sean migrantes o no), y en qué medida su prohibición o penalización aumenta la pobreza en la que se originó. Tanto los modelos más economicistas (Basu 2004; Dessy & Pa-Uage 2005) como los de corte más socio-antropológico (reseñados en Edmonds&Shresta 2009 y 2011; en McKenzie 2007 o en Yacqub 2009a) sostienen el lazo causal entre pobreza, trabajo y migración de niños y adolescentes, pero destacan que de ello no se desprende que la prohibición o la penalización del trabajo infantil y de la migración autónoma modifique las situaciones de pobreza.

NIÑEZ, TRABAJO Y MIGRACIÓN EN ARGENTINA

Desde el punto de vista normativo, en Argentina, la ley 26.390 – Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente recoge las distinciones de la OIT entre trabajo provechoso y trabajo infantiló, y prohibe “el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no”. Agrega especialmente la prohibición de contratar a personas menores de 16 años como empleadas en servicio doméstico y regula las condiciones en las que pueden trabajar quienes tienen más de 16 años pero menos de 18:

- no podrán trabajar más de 6 (seis) horas diarias ni más de 36

- horas semanales;

- no podrán trabajar en horarios nocturnos (entre las 20 y las 6 horas del día siguiente);

- pueden celebrar contratos de trabajo con la autorización de sus padres, responsables o tutores, y se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos;

- no se les puede abonar salarios inferiores a los que reciben las personas adultas que realizan la misma tarea durante la misma cantidad de horas.

La ley incluye un permiso laboral excepcional para quienes tienen entre 14 y 16 años: podrán trabajar en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no superen las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar.

Existe además un considerable corpus de producción académica e institucional vinculado al trabajo infantil, en parte realizado antes de 2008, cuando la edad laboral mínima establecida por ley eran los 14 años. La bibliografía recorre las reflexiones teóricas y conceptuales, los aspectos socio-demográficos del trabajo infantil, su relación con la educación, la salud y las representaciones sociales, y el trabajo infantil en ámbitos rurales y urbanos (Berliner et al 2009, que sistematiza un conjunto de estudios de caso; Macri 2005; Feldman et al 1997). Además, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) ha llevado adelante diversas encuestas con cobertura urbana y rural sobre trabajo y uso del tiempo en niños de 5 a 13 años y de 14 a 17 y ha analizado el trabajo infantil en sectores puntuales, tales como el agro o la producción de ladrillos (MTEySS – OIT – INDEC 2006; MTEySS-UNICEF-OTIA s/d; OIT-MTEySS 2007). La investigación institucional y académica va acompañada además de la actividad de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), que, con base en el Ministerio de Trabajo, estableció planes de alcance nacional para avanzar en la prevención del trabajo infantil. Habitualmente, estos enfoques no hacen distinción entre niños argentinos y niños migrantes, ni analizan específicamente los traslados de niños, niñas y adolescentes con fines laborales.

En relación a niñez y migración, la investigación académica ha tendido a centrarse en las trayectorias de niños que arribaron al país en compañía de sus padres, con especial atención a cuestiones vinculadas a escolarización y discriminación (Novaro y Diez 2011; Beheran 2009; Cerrutti y Binstock 2012, entre otros). También se han elaborado diversos informes que analizan la adecuación de las normativas y prácticas locales a los estándares internacionales en lo que respecta a la protección de derechos, con énfasis en salud, educación, documentación y acceso a planes sociales (UNLA – UNICEF 2009 y 2010), así como protocolos de intervención en casos de niños no acompañados o separados de sus familias (Ministerio Público de la Defensa 2011).

La bibliografía que cruza explícitamente niñez y adolescencia con migración y trabajo (ya sea trabajo provechoso, trabajo infantil o diversas formas de explotación) es bastante más escasa, y más escasa aún la que analiza casos vinculados a niños, adolescentes o jóvenes provenientes de Bolivia. Unas pocas investigaciones académicas (Bastía 2005; Punch 2002, 2007 y en prensa) se centran puntualmente en la migración de jóvenes bolivianos —no siempre niños— a destinos rurales y urbanos en Argentina. Bastía analiza cuatro casos de jóvenes que en su adolescencia migraron hacia la Ciudad de Buenos Aires siguiendo oportunidades u ofertas de trabajo y, contextuando sus historias, sus motivos y sus trayectorias posteriores, discute la utilidad de pensarlos centralmente desde el marco de la trata de personas con finalidad de explotación laboral. Punch, por su parte, analiza las lógicas, los procesos y los mecanismos migratorios de varones y mujeres adolescentes y jóvenes entre una localidad de Tarija (Bolivia) próxima a la frontera internacional y destinos rurales en la provincia de Jujuy (Argentina). Muy sintéticamente, observa que la migración laboral se inscribe en una compleja trama de relaciones familiares y sociales, y que en esa comunidad —de larga tradición migratoria— se constituye en una de las principales transiciones hacia la adultez. Un trabajo en cierta medida similar pero centrado en la migración paraguaya hacia Argentina (Miranda 2013) recorre, a través de entrevistas y trabajo etnográfico, los proyectos y las trayectorias familiares, educacionales y laborales de jóvenes (mayores de 18 años) que han tenido experiencias migratorias en Argentina.

Existen también trabajos y diagnósticos de origen institucional que analizan el cruce entre niñez, migración y trabajo infantil o trata con fines de explotación laboral o sexual. Entre ellos puede mencionarse el Informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos (OIM-UNICEF 2006), con trabajo de campo y entrevistas a familias recuperadoras de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moreno (provincia de Buenos Aires) y Posadas (Misiones). La mitad de quienes recuperan residuos (“cartoneros”) son niños, niñas y adolescentes, y 40% de ellos son migrantes internos o regionales que llegaron a los destinos urbanos en compañía de sus padres. Otros trabajos se han centrado en la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes argentinas y extranjeras (entre ellos, OIM 2008 y 2010). Finalmente, un diagnóstico conjunto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -SENAF-, UNICEF y OIM (2013) incluye un capítulo sobre explotación laboral de niños, niñas y adolescentes bolivianos en Argentina.

En síntesis, lo que no se ha encontrado en el relevamiento bibliográfico es un estudio de caso que analice la migración laboral internacional autónoma de adolescentes en su vinculación con oportunidades de trabajo en el lugar de destino resultantes de la consolidación de em-prendimientos étnicos llevados adelante por migrantes provenientes del mismo país [5]. Esta es la indagación llevada adelante en al marco de esta investigación y cuyos hallazgos se vuelcan en los próximos capítulos.

1. En base a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), se define como niño o niña a toda persona menor de 18 años. Sin embargo, es claro que este límite no es unívoco, ya que muchas legislaciones nacionales fijan eda¬des complementarias para trabajar, casarse, votar, etcétera. Por otra parte, en términos sociales existe una enorme diferencia entre un niño de 7 años y uno de 17 (a lo que alude la noción de "autonomía creciente" de la CDN). Así, puede sostenerse que las tensiones entre las prescripciones normativas y muchas prácticas sociales se encuentran en la base de los desafíos de interpretación y de formulación de políticas en relación a la migración adolescente autónoma. ↵

2. En cierta medida, una de las consecuencias del énfasis en la coerción y la victimización como puntos de partida y de finalización de los procesos migratorios desvincula la migra¬ción de otros procesos sociales, económicos e históricos (propios de las distintas etapas del capitalismo) para ubicarla simultáneamente en el campo del crimen organizado y de la aberración moral. ↵

3. http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm, consulta del 5 de septiembre de 2013. ↵

4. Crawley (2006) analiza las tensiones entre las normativas y las prácticas institucionales orientadas a las familias y a la regulación migratoria en el Reino Unido, señalando pun¬tualmente sus efectos en los niños migrantes y solicitantes de asilo, ya sea acompañados o no acompañados. ↵

5. La migración boliviana a Sao Paulo (Brasil) incluye el trabajo en talleres de confección de indumentaria, organizados de manera similar a lo que ocurre en Argentina (Da Silva 2006), con lo cual es razonable suponer la presencia de adolescentes. Sin embargo, no se hallaron trabajos dedicados puntualmente a la temática. ↵

CAPÍTULO III

LA MIGRACIÓN BOLIVIANA EN  ARGENTINA

LA MIGRACIÓN ÍNTER EINTRA CONTINENTAL

Argentina ha sido país de destino de migrantes Ínter e intra continentales desde mediados del siglo XIX. La migración mfercontinental, proveniente principalmente de Europa mediterránea y en menor medida de Europa central, tuvo su pico de ingresos entre 1880 y 1920 aproximadamente. Se estima que entre 1870 y 1930 ingresaron al país más de 4.000.000 de personas provenientes de España, Italia, Francia, Polonia, Rusia, Siria, etc., de las cuales al menos la mitad se estableció de manera definitiva o prolongada. Su impacto en la estructura demográfica, económica, social y política fue enorme y ha sido abundantemente investigado (Devoto 2003 entre muchos otros). La secuencia completa de los censos [1] nacionales {Cuadro 1) muestra el incremento de la población total y la dinámica de la población extranjera según provenga de ultramar o de países vecinos. Como puede observarse, el incremento en valores absolutos de la población extranjera proveniente de países no limítrofes (columna # 2) es muy significativo entre 1869 y 1914. Mientras la población total se multiplicó por cuatro (de dos millones en 1869 a 8 millones en 1914), la extranjera ultramarina se multiplicó por doce: de 170.000 a 2.184.000. Para 1914 se verifica también su valor relativo más alto: los migrantes intercontinentales representan el 27% de la población total residente en el país. A partir de esa fecha, el stock se mantiene relativamente estable (alrededor de 2.000.000 de personas) hasta 1960, aunque se trate de una población cada vez más envejecida —tal como muestra su sostenido descenso a partir de 1970. Tanto el envejecimiento como el descenso de este grupo poblacional se deben a la falta de renovación por la vía de nuevos ingresos, ya que la migración ultramarina se desacelera notablemente a partir de la Primera Guerra Mundial y prácticamente se detiene hacia 1930. Hacia 1950, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial ocurren los últimos ingresos importantes —especialmente de italianos— que si bien no comparan con los de décadas anteriores explican el pequeño incremento que se observa entre el censo de 1947 y el de 1960.

La columna # 3 del cuadro muestra la evolución de otro conjunto de población: el de la migración limítrofe y latinoamericana. Esta migración mfracontinental se caracteriza por su presencia permanente y su crecimiento lento pero sostenido durante el último siglo y medio. Como puede observarse, su valor absoluto más alto (1.400.000 personas) corresponde a 2010, y representa aproximadamente dos tercios de los 2.184.000 migrantes intercontinentales que residían en el país un siglo antes, en 1914.

El Gráfico 1, a continuación, muestra 1) cómo ha variado la incidencia de la población extranjera de origen intercontinental sobre la población total, y 2) la estabilidad de la migración proveniente de América Latina, cuyo porcentaje osciló entre el 2% en 1947 y el 3,5% en 2010. Así, la muy escasa variación de su presencia porcentual desde mediados del siglo XIX junto con el incremento lento pero sostenido de sus valores absolutos permite pensar a la inmigración latinoamericana como una inmigración que es a la vez histórica y contemporánea. De hecho, el crecimiento significativo de sus valores absolutos durante el decenio 2000-2010 muestra su dinamismo y su vigencia.

Además del gran impacto demográfico que evidencian los censos, la migración intercontinental incidió también significativamente en el imaginario y en la reflexión social y política acerca de la nación y de la república. La noción del “crisol de razas”, postulada por Ricardo Rojas hacia el Centenario, es sin duda la más conocida, la más difundida y la que se ha erigido en una suerte de sentido común o estandarte para numerosos políticos, pensadores y ensayistas. A ello se sumó el énfasis puesto a partir de mediados del siglo XX en el rol de la inmigración europea como elemento central para la constitución de una sociedad “moderna”. Esta perspectiva analítica, argumentada y sistematizada por Gino Germani (1962) (quien además de sociólogo era un inmigrante italiano) tuvo dos efectos secundarios. Por un lado, la invisibilización de otros procesos migratorios, menos espectaculares en cuanto a sus cifras pero de larga data (puntualmente a la migración limítrofe y latinoamericana); y por el otro, la consolidación de una clave de lectura que postuló a la trayectoria de gran parte de la migración europea como la “forma normal” de cualquier proceso migratorio y como el parámetro contra el cual deberían medirse y legitimarse las trayectorias de otros colectivos.

LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA HACIA LA ARGENTINA

La migración boliviana hacia la Argentina debe analizarse en el cuadro más amplio de los procesos migratorios regionales, principalmente limítrofes y latinoamericanos. Luego de las guerras inde-pendentistas de principios del siglo XIX, el territorio comprendido dentro del virreinato del Río de la Plata se repartió entre Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. La instauración de fronteras políticas no detuvo los movimientos de población entre territorios que, habiendo quedado bajo distintas jurisdicciones nacionales, compartían lenguas, historia, intereses económicos y tradiciones productivas. Los movimientos a ambos lados de las extensas y difícilmente controlables fronteras terrestres y fluviales fueron moneda corriente. Los requisitos de mano de obra estacional en las economías regionales contribuyeron al establecimiento de un patrón de movilidad concebido política e institucionalmente más en términos de migración temporaria, efímera o “golondrina” [2], que en la lógica de atracción, retención y arraigo postulada para la inmigración europea y consagrada en la Constitución Nacional (1853) y en la Ley de Inmigración y Colonización (1876) —también conocida como Ley Avellaneda.

El Gráfico 2 y el Cuadro 2, a continuación, ilustran las diversas dinámicas de la migración proveniente de los países limítrofes y Perú desde 1869 hasta 2010. Lo primero que se destaca es que si bien el conjunto crece sistemática de un censo a otro, este incremente está compuesto por comportamientos bien dispares según origen nacional.

De hecho, el único grupo que crece sostenidamente es el de personas nacidas en Bolivia (y mucho más recientemente, el de personas provenientes de Perú), en tanto que los demás presentan altibajos acordes a los vaivenes políticos y económicos de sus lugares de origen.

Hasta 1914, la migración uruguaya era la más numerosa, en tanto que para mediados del siglo XX, la migración paraguaya había crecido fuertemente hasta convertirse en primera minoría seguida por la migración chilena, que se conserva como el segundo grupo más numeroso hasta 1991, fecha a partir de la cual comienza a descender. La migración boliviana, con crecimiento sostenido desde los inicios de la serie censal, se convierte en la segunda comunidad más numerosa a partir de la década de 2000. La migración brasileña, por su parte, conserva un stock relativamente estable durante el siglo XX (alrededor de 40.000 / 45.000 personas) en tanto la migración peruana, prácticamente inexistente hasta 1980, pasa de 16.000 a 160.000 personas en los veinte años comprendidos entre 1991 y 2010.

Es decir que el incremento —y las variaciones— del total de inmigrantes provenientes de países vecinos a lo largo de todos los censos resulta de comportamientos notoriamente diferenciales según los distintos países de origen. Los inmigrantes no se trasladaron a la Argentina de manera constante a lo largo del tiempo; más bien es posible detectar, para cada país, momentos pico de emigración en los que se combinan las causas económicas y políticas en las regiones de origen con las oportunidades en el lugar de destino. Esto puede percibirse con la llegada de Stroessner al poder en Paraguay (incrementos entre 1960 y 1980) o con la de Pinochet a Chile en la década de 1970. La crisis política y económica de Perú gestada en la década de 1980 se refleja en las cifras de los censos posteriores.

Más allá de las diferencias señaladas en cuanto a sus dinámicas, estos procesos migratorios compartieron el ingreso por vía terrestre y patrones de asentamiento propios hasta la década de 1960, en gran parte debidos a la proximidad geográfica que permite movimientos circulares entre origen y destino. Esta circularidad no puede desvincularse de la estacionalidad, ya que durante décadas se trató de una migración dirigida principalmente a actividades rurales transitorias (esquila, cosechas regionales, etc.) en las provincias argentinas fronterizas a los respectivos países de origen. Benencia (en Devoto 2003; 439) sostiene que “las diferentes temporadas de recolección de cultivos permitieron que la demanda de mano de obra se hiciera extensiva a una gran parte del año”. Es decir que en virtud de la proximidad geográfica se trataba de una población móvil y circulante, que no precisaba cortar lazos con las comunidades y hogares de origen, a los que era posible retornar periódicamente y que solían mantenerse como el centro de acumulación del capital familiar.

Así, hasta la década del 60, cuando el principal foco de atracción eran las economías regionales (parcialmente desprovistas de mano de obra debido al ya avanzado proceso de migración interna hacia las grandes ciudades) la distribución geográfica por nacionalidades seguía a grandes rasgos la proximidad fronteriza: chilenos en el sur y Cuyo, bolivianos en el noroeste, paraguayos en el noreste, uruguayos en el litoral. Hacia 1960 comienza la concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires [3](AMBA), que a la sazón ya concentraba las mayores  demandas de mano de obra vinculadas a construcción, manufacturas que requerían abundante mano de obra y trabajo doméstico (Gráfico 3). Al privilegiar el destino urbano, donde la demanda de trabajo en los sectores de servicio o de manufactura está desestacionalizada, la inmigración tendió a volverse más prolongada (Marshall 1983).

Sin embargo, no todos los grupos modificaron su patrón de asentamiento al mismo tiempo o en la misma medida. El Gráfico 4 (abajo), tomando tres puntos en el tiempo, muestra la manera en que los inmigrantes provenientes de los distintos países de origen fueron orientando su residencia hacia el AMBA a lo largo de 50 años. En primer lugar, el gráfico muestra que la migración uruguaya estuvo siempre de manera preponderante en el AMBA, en tanto que la chilena no lo estuvo nunca, puesto que no modificó significativamente su ubicación en las provincias patagónicas y cordilleranas. En cuanto a la migración proveniente de Paraguay y Bolivia, su concentración en el AMBA aumentó notoriamente entre 1960 y 2010, multiplicándose su presencia por tres y por cuatro respectivamente, en desmedro de sus destinos más tradicionales (Misiones y Formosa para la migración paraguaya, Salta y Jujuy para la boliviana). Si se tiene en cuenta que estos dos grupos fueron además los que más crecieron en términos absolutos a partir de 1980, la modificación en el patrón de residencia conllevó no solo una redistribución territorial sino también una mayor concentración en valores absolutos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Particularmente en el caso de la migración boliviana y paraguaya, la reorientación del patrón de asentamiento hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires fue de la mano de la feminización [4]. Efectivamente, desde 1960 en adelante se verifica la feminización paulatina y sostenida de la población limítrofe residente en Argentina (INDEC, 1996 y 1997). Sin embargo, el descenso del IM total resulta de comportamientos bien diversos según país de origen. Quienes más modificaron su proporción entre varones y mujeres fueron chilenos y bolivianos, que en 30 años pasaron de ser corrientes altamente masculinizadas a feminizarse (los chilenos), y a lograr una participación más pareja de ambos sexos (los bolivianos). La migración paraguaya, que ya en 1960 presentaba un índice próximo a 100, es también una de las que más tempranamente comienza a concentrarse en el AMBA. Es decir que la feminización de la migración boliviana, paraguaya y peruana ocurre simultáneamente a su incremento en valores absolutos y a su mayor concentración en el AMBA, que ofrece oportunidades de trabajo desestacionalizadas y combinadas para varones y mujeres (Marshall, 1983; Maguid, 1990 y 1997).

En lo que respecta a la inserción laboral, y en consistencia con procesos migratorios ligados a la búsqueda de oportunidades laborales en los lugares de destino, como muestra el Cuadro 4, las tasas de actividad de las personas migrantes suelen ser más altas que las de los nativos: 80,1 para los varones provenientes de países limítrofes y Perú (contra 70.5 para los nativos) y 55, para las mujeres migrantes (contra 44,9 para las nativas) (Cerrutti 2009:45). En cuanto a los puestos de trabajo, sus oportunidades no fueron ni son las mismas que las de los nativos: la segmentación de los mercados de trabajo los colocó en un rol complementario de la mano de obra local: desde 1960 en adelante, los migrantes se emplearon principalmente en ocupaciones manuales inestables y de bajos salarios: construcción para los hombres, trabajo doméstico para las mujeres, y algunas industrias manufactureras para ambos sexos (Maguid 1990 y 1997; Cacopardo y Maguid 2003; Cerrutti 2009). La inserción laboral en ocupaciones de baja calificación, que requieren abundante mano de obra y con bajos salarios ha tenido además, como contracara, la precariedad e inestablidad en la contratación.

Cuadro 4. Tasas de actividad de migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú, 2001.  [5]

En esta apretada síntesis, el Censo realizado en 2010 mostró una novedad respecto a los niños y niñas latinoamericanos entre 0 y 14 años: su cantidad se duplicó en comparación con 2001, pasando de 63.000 a 128.000. Es razonable interpretar esta mayor presencia de niños y niñas como indicador de proyectos migratorios a largo plazo e incluso permanentes.

LA MIGRACIÓN BOLIVIANA HACIA LA ARGENTINA

En este contexto general relativo a la migración latinoamericana es posible señalar algunos aspectos específicos de la migración boliviana que nos permitirán vincular ciertas características socio-demográficas generales con la creación y consolidación de emprendimientos productivos específicos en las regiones de destino.

A mediados del siglo XX, un pequeño porcentaje de los migrantes bolivianos residía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto que el resto se concentraba principalmente en Salta y Jujuy -las provincias argentinas fronterizas con Bolivia. Para el año 2000, más del 50% residía en el AMBA. Sin embargo, en el decenio 2000-2010 esta tendencia hacia la concentración iniciada en la década de 1970 se fue desacelerando en favor de otros destinos no tradicionales de la provincia de Buenos Aires (tales como Escobar, La Plata y Mar del Plata), y de las provincias de Mendoza, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

El proceso de concentración en el AMBA fue de la de mano de la inserción laboral en construcción e industrias manufactureras, así como de la feminización del flujo. Sin embargo, en comparación con la migración proveniente de Paraguay o de Perú, el proceso de feminización fue más limitado y más pausado (el IM pasa de 150 a 100 en casi 40 años). Consistentemente, los destinos más novedosos (muchos de ellos rurales y vinculados a producción hortícola, tales como Mendoza, Río Negro, o la zona de Río Cuarto en la provincia de Córdoba) presentan un índice de masculinidad considerablemente más alto que el promedio para el total país (ver Cuadro 5, a continuación).

Por otra parte, y también relacionado con la menor o más lenta feminización, la migración boliviana en Argentina ha presentado porcentajes elevados en lo que respecta a la presencia del grupo entre los 0 y 14 años: 8% en 2001 (cuando el promedio para la migración latinoamericana era de 6,3%) y 11% en 2010, cuando el promedio es 8.7%. Es decir que se ha tratado de una corriente migratoria con una presencia no menor de niños. En términos generales, se ha señalado que la presencia de niños no se relaciona de manera directa con las mujeres migrantes, sino más bien con un patrón migratorio donde la presencia masculina es significativa (tal el caso de la migración boliviana y su lenta feminización). Así, la feminización más lenta y la presencia de niños permiten pensar en un patrón que conserva la impronta de la migración familiar. Este elemento es relevante a la hora de pensar la organización del trabajo y el acceso a mano de obra a través de lógicas domésticas y de parentesco, donde los roles femeninos y masculinos operan de manera articulada y complementaria en la gestión de quintas, talleres y comercios.

Así, el patrón de asentamiento (en el AMBA a partir de 1980, y en los nuevos destinos a partir de 2000), la feminización más lenta, la tasa de ocupación relativamente baja para las mujeres, y la relativamente elevada presencia de niños en el conjunto pueden relacionarse directamente con ciertas singularidades de la inserción laboral de la migración boliviana, cuya trayectoria ha sido en buena medida distinta a la de las demás corrientes provenientes de países vecinos. Veamos.

El Cuadro 6, a continuación, muestra en qué ramas de actividad estaban empleados los varones y mujeres nacidos en Bolivia y económicamente activos en 2001 [6]. Puede observarse que se conservan las inserciones laborales de décadas anteriores: la construcción para los varones y el empleo doméstico para las mujeres. Sin embargo, y en comparación con la migración paraguaya (donde cada una de estas dos ocupaciones es abrumadoramente dominante para cada sexo), o con la migración peruana (donde más de las tres cuartas partes de las mujeres ocupadas son empleadas domésticas), para los migrantes bolivianos existen otras opciones laborales significativas. Si bien la construcción es una inserción relevante, los varones bolivianos también están presentes en la agricultura (23%) y en la manufactura (19,4%). En cuanto a las mujeres, además del trabajo doméstico, se destaca la inserción en comercio (23,2%) agricultura (12,8%) y manufactura (13,6%).

Esta inserción laboral compartida por varones y mujeres en agricultura, manufactura y comercio muestra la manera en que la colectividad boliviana ha capitalizado (en términos económicos y culturales) su experiencia migratoria en Argentina. En los últimos años, diversos estudios cualitativos (para un panorama actualizado, ver Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos N° 67, 2009) han explorado la vinculación entre migración, estructuras étnicas o de parentesco, acumulación de capital y puesta en marcha de emprendimientos productivos por parte de migrantes bolivianos.

La migración boliviana tendió a ser durante décadas una migración de grupos familiares que organizaban su traslado e instalación en el lugar de destino con la asistencia de cadenas y redes de paisanos ya insertadas que contribuían en el alojamiento y en la búsqueda de trabajo. Una vez en Argentina, estas redes -a menudo transnacionales-facilitaron de variadas maneras la acumulación de capital y el acceso a mano de obra, generando emprendimientos productivos, particularmente en la horticultura a partir de la década de 1980, y en la confección de indumentaria a partir de la década de 1990. Por lo general, los emprendimientos se iniciaban a partir del trabajo conjunto —pero con responsabilidades claramente delimitadas— de una pareja conyugal, y se consolidaban en la medida en que, a través de lazos de parentesco y paisanaje, podían acceder fácilmente a la mano de obra de nuevos inmigrantes (Benencia 1997 y 2006; Courtis 2005). Puesto que ambos tipos de emprendimientos productivos incluyen además la comercialización del producto (ferias para los textiles, mercados acopiadores y verdulerías para la horticultura), buena parte de los migrantes provenientes de Bolivia tiene posibilidades de insertarse en la producción hortícola, en la manufactura o en la comercialización.

En diversos trabajos, Benencia a documentado la "escalera boliviana" en agricultura, que puede sintetizarse así: los primeros migrantes comenzaron trabajando como peones rurales asalariados en quintas hortícolas (muchas de ellas propiedad de antiguos migrantes italianos o portugueses cuyos hijos se habían desinteresado de la explotación). Luego, a medida que se afianzaba la relación de conocimiento y confianza entre el propietario de la tierra y el trabajador, la producción se organiza bajo acuerdos de mediería (el propietario pone la tierra, la semilla y las herramientas, en tanto que las familias bolivianas ponían el trabajo) donde se comparte el riesgo y la ganancia sobre la cosecha. Posteriormente, muchos medieros comenzaron a arrendar las tierras de los antiguos quinteros, contratando ellos a su vez peones o estableciendo nuevos acuerdos de mediería. Algunos de estos arrendatarios even-tualmente se convirtieron en propietarios. Es decir que los "peldaños" de la escalera son peón o "tantero" (el que cosecha a "tanto dinero" el surco o la bolsa), mediero, arrendatario y propietario. El paso de una etapa a otra depende en parte de la acumulación de capital que permita dar el salto de mediero a arrendatario, y de arrendatario a propietario, y en parte de contar con lazos y relaciones que permitan a medieros, arrendatarios y propietarios acceder a mano de obra para trabajar en las quintas [7].

La consolidación de migración boliviana en quintas de producción de verdura en fresco fue acompañada de innovaciones tales como el riego por aspersión y el cultivo en invernadero, que permitió lograr cultivos en lugares donde antes no se daban. Es decir que no fue solamente la sustitución de los antiguos quinteros italianos o portugueses, sino también la creación de nuevos territorios productivos (Benencia 2006) en zonas marginales o no explotadas para esos usos (tales como la zona de Río Cuarto en Córdoba, o la zona de frutales del Alto Valle de Río Negro).

El recorrido en los talleres de confección de indumentaria fue similar en varios sentidos. Los primeros costureros bolivianos, llegados al Área Metropolitana de Buenos Aires aproximadamente en la década de 1980 comenzaron a trabajar en talleres textiles propiedad de inmigrantes coreanos. Muchos de estos talleres eran domiciliarios, y en ellos vivían tanto los dueños como los costureros. El trabajo era a destajo (pago por prenda) y se trabajaba largas horas, a menudo seis días a la semana [8]. Allí se aprendía el oficio, se conocía a los fabricantes (quienes daban la ropa para coser) y era posible ahorrar algo de dinero para comprar máquinas de costura propias. Así, no pocos costureros se fueron convirtiendo en talleristas, y recurriendo también al paisanaje y al parentesco para conseguir mano de obra [9]. Las ferias y los comercios proveen la boca de salida para la ropa que se confecciona en los talleres.

Quintas y talleres comparten dos rasgos: primero, es posible entrar al negocio como trabajador (es decir, sin capital) e ir avanzando en la "escalera" a medida que se va acumulando experiencia, capital y contactos. Especialmente en los talleres, el capital de inicio no es importante, ya que los precios de las máquinas más sencillas rondan los $ 5.000. Segundo: puesto que los dos tipos de emprendimiento requieren trabajo intensivo, su sostenimiento y consolidación se vinculan directamente a las posibilidades de acceder a mano de obra abundante y barata. Así, las características de la organización de esta producción (que no son singulares de Argentina, sino globales) se articulan aceitadamente con las etapas de cualquier proceso migratorio.

Al igual que en tantos otros procesos migratorios, los lazos de parentesco y de paisanaje devienen un capital social al que recurren tanto migrantes antiguos y ya asentados como migrantes recientes o potenciales. Los primeros, porque así pueden contactar trabajadores dispuestos a trasladarse desde su lugar de origen hacia un destino en Argentina. Los segundos, porque emprenden la migración con un trabajo "apalabrado" —como empleado de su pariente o paisano— que generalmente incluye también algún tipo de oferta de vivienda [10]. De este modo, el conjunto de lazos fuertes y lazos débiles (Granovetter 1973 y 1983) que sostienen las redes de paisanos asegura los dos elementos básicos en el lugar de destino: trabajo inmediato, y vivienda a un costo razonable. Por supuesto, esto no significa que el trabajo sea registrado, ni que la vivienda sea de calidad.

Con esta lógica de organización de la producción, la colectividad boliviana en Argentina ha creado fuentes de trabajo para sus nacionales: desde las cuadrillas de contratistas y albañiles bolivianos en la construcción (Vargas 2005) hasta los talleres textiles (Dandler y Medei-ros 1986) y las huertas periurbanas que abastecen de verdura fresca a las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, etc. (Benencia 1997 y 2006; Ciarallo y Trpin 2010, Pizarro 2011). A estos emprendimientos se suman los puntos de venta al menudeo (tales como verdulerías, locales o puestos callejeros de venta de indumentaria) así como la comercialización en gran escala, ejemplificada por la creciente participación de emprendedores de la colectividad boliviana en los mercados de acopio y distribución de verduras y de venta mayorista de ropa (la feria de La Salada, en el municipio de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires es tal vez el ejemplo más conocido). De este modo, buena parte de los migrantes provenientes de Bolivia tiene posibilidades de insertarse en la producción hortícola, en la manufactura o en la comercialización como empleados de sus propios paisanos.

Debe destacarse que no se trata solo de una oferta laboral (trabajar como costurero en el taller de un paisano, o como tantero o mediero en una quinta, o como empleado/a multipropósito en un comercio o verdulería). Al momento de ser formulada en el lugar de origen, la oferta laboral incluye dos aspectos que son cruciales en cualquier proceso migratorio y cuya importancia no puede ser minimizada: el pago del traslado y el aseguramiento de vivienda en el lugar de destino.

En los casos de referencia, el parentesco y el paisanaje funcionan como articuladores de la oferta y de la demanda de trabajo: los talleristas, quinteros, feriantes o comerciantes bolivianos buscan y emplean de manera casi excluyente trabajadores bolivianos, ya que su propuesta combina lo laboral y lo extra-laboral de una manera tal que sólo puede ser interesante o atractiva para quien desee migrar o para quien haya migrado recientemente. Para el tallerista, para el quintero e incluso para el comerciante, ofrecer vivienda (en el mismo lugar de trabajo) es una manera de obtener ganancia de un gasto (alquiler) que debe hacer de todos modos. Para el trabajador, la vivienda ofrecida representa la oportunidad de ahorrar o remesar, de no gastar tiempo ni dinero en viaje, de no exponerse a controles policiales o institucionales, y también de trabajar más horas (el trabajo a destajo no es solo una exigencia de los propietarios, sino también un deseo de los empleados), o de aprender otras habilidades del oficio. Atractiva antes de migrar, esta combinación de lo laboral y lo extra-laboral es posteriormente fuente de conflictos que evidencian las zonas grises (y abusivas) del arreglo: quien vive en el taller ¿debe necesariamente trabajar 12 o más horas por día? ¿Qué ocurre cuando el trabajador/a se enferma? ¿O cuando se enferman sus hijos, que también viven allí? ¿Cómo se pondera el valor o el costo de la vivienda en la discusión de horario, del salario o del pago por prenda?

En síntesis, tal como está estructurado en la actualidad el "modelo de negocio" de quintas y talleres, sólo es sostenible en la medida en que puede obtener mano de obra a bajo costo. La necesidad de resolver el traslado y la vivienda, y de comenzar a trabajar rápidamente, vuelve razonable y aceptable una oferta laboral por un salario inferior al establecido legalmente, pero que incluye "beneficios" tales como pago de pasaje, alojamiento y alimentación. Es en este contexto que ocurre la migración autónoma de adolescentes, ya sea para trabajar en talleres, quintas, comercios o trabajo doméstico. Los casos que se analizan en las páginas a continuación muestran que si bien las y los adolescentes bolivianos arriban a los mismos destinos y a los mismos puestos de trabajo que sus connacionales adultos, el camino por el que llegan está, en la gran mayoría de los casos, fuertemente mediado por el parentesco.

APOSTILLA - LA NORMATIVA MIGRATORIA: REGULARE ACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

Para abordar cabalmente la trayectoria de la migración proveniente de países latinoamericanos (especialmente durante la segunda mitad del siglo XX) es indispensable atender no solo a las dinámicas demográficas sino también a las modificaciones de la normativa migratoria y sus concomitantes prácticas administrativas. Como hemos sostenido en otras oportunidades (Pacecca 2000 y 2001), estas modificaciones difícilmente adquieran sentido si no se las contrasta con el encuadre político y normativo inaugurado por la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, más conocida como Ley Avellaneda [11].

En términos muy sintéticos, hacia mediados del siglo XX, cuando los ingresos provenientes de ultramar ya eran prácticamente inexistentes, una serie de decretos (particularmente los decretos 4.805/1963, 4.418/1965, 17.291/1968 y 18.235/1969) sistematizaron el disperso corpus de normativa migratoria mediante el cual se había intentado adecuar la ley Avellaneda (formalmente vigente hasta 1981) a los cambios sucedidos a lo largo del siglo. Estos variados decretos, resoluciones y disposiciones, surgidos del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior o de la Dirección Nacional de Migraciones y con nula discusión parlamentaria o social (incluso en el contexto de gobiernos democráticos) tendieron por un lado a fragmentar las categorías de ingreso y permanencia, y por el otro a delegar cada vez mayor poder de policía en las instancias administrativas.

A título de ejemplo, la ley Avellaneda tenía apenas dos categorías de ingreso al país ("inmigrante" o "viajero") y ambas conllevaban el derecho implícito a lo que hoy en día se denomina "residencia permanente". El Reglamento Migratorio establecido en el decreto 4418/1965, que funcionó como virtual ley de migraciones hasta 1981, tenía 10 categorías de ingreso (algunas de ellas con sub-categorías), y permisos de residencia temporarios (que oscilaban entre 72 hs., 3 meses o dos años) o permanentes, adjudicables a criterio de la autoridad migratoria. La Ley de Migraciones vigente en la actualidad (N° 25.871/2004) incluye 24 categorías de ingreso y permisos de residencia precarios, temporarios (de duraciones variadas) o permanentes.

En cuanto al poder de policía delegado a instancias administrativas, implicó la potestad de la Dirección Nacional de Migraciones de expulsar residentes extranjeros sin la intervención de ninguna autoridad judicial. Esta atribución, herencia de la tristemente célebre ley de Residencia (4414/1902), incluía la posibilidad de detener a las personas hasta que se efectivizara la medida de expulsión.

Si bien en buena parte del corpus normativo producido durante la segunda mitad del siglo XX los migrantes limítrofes rara vez aparecen mencionados explícitamente, muchos de los cambios introducidos se relacionan con el patrón de ingreso por tierra, más difícil de controlar que el ingreso por vía marítima. En consecuencia, uno de los efectos principales fue que el control tendió a focalizarse en el control de la permanencia (a diferencia del control de ingreso de la ley Avellaneda) y en el cumplimiento de las restricciones a las condiciones de residencia y trabajo legal. La delegación de funciones de control migratorio a las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica) fue parte de estas estrategias de control poblacional. Así, solo quienes pudieran obtener ciertos tipos de residencias específicas contaban con autorización para trabajar. Los demás permanecían en calidad de residentes irregulares, "ilegales" e indocumentados, sin posibilidades de trabajar de manera registrada, alquilar o comprar viviendas, abrir cuentas bancarias, etc.

Estos procesos fueron simultáneos a la mayor visibilización de la inmigración limítrofe (vinculada a su creciente presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires) y a su tratamiento explícito como "problema" que el Estado debía abordar. Desde esta perspectiva, gran parte de la normativa migratoria de la segunda mitad del siglo XX pareciera haber tenido como propósito (no manifiesto) obstaculizar la construcción de un lazo legítimo entre el inmigrante limítrofe y la sociedad en su conjunto. Por la vía de exigencias para la radicación que eran inexistentes en el paso del siglo XIX al XX, se limitó o se prohibió a los inmigrantes limítrofes trabajar, invertir, educarse o atenderse en hospitales públicos. Sin embargo, nunca se prohibió su ingreso en calidad de turistas: así, la propia normativa generó grandes masas de población en situación vulnerable, obligada entre otras cosas a trabajar de manera informal, fuera de la ley laboral y a conseguir su vivienda también por vías informales.

Puesto que la propia normativa generaba enormes obstáculos para la regularización y para el acceso al documento de identidad argentino (prueba indisputable de residencia regular), se acumulaban grandes cantidades de residentes "en situación migratoria irregular", que periódicamente generaban preocupación social e institucional. Para ellos, cada diez años aproximadamente, se pusieron en marcha programas excepcionales de regularización migratoria. La gran cantidad de personas que se acogió a ellos (216.000 en 1964, 147.000 en 1974, 157.000 en 1984, 214.000 en 1992) muestra con elocuencia la capacidad de los distintos reglamentos migratorios para generar residentes en situación irregular.

La actual ley de Migraciones (25.871/2004) buscó resolver de manera integral buena parte de las dificultades y restricciones de derechos resultantes de las limitaciones impuestas por la propia normativa migratoria. Esta ley asegura los derechos básicos a todos los extranjeros residentes en Argentina, independientemente de la regularización o no de su situación migratoria, y permite a quienes provienen de los Estados parte del MERCOSUR o estados asociados solicitar la residencia temporaria por dos años en virtud del criterio de nacionalidad. Desde la entrada en vigencia de la ley hasta fines de 2012, la Dirección Nacional de Migraciones otorgó 590.000 residencias permanentes y 700.000 temporarias (incluyendo las tramitadas en el marco del Programa de Regularización Migratoria -Disp. 53.253/2005- conocido como "Patria Grande") muchas de las cuales luego devinieron en permanentes (DNM, 2012). Si bien ha resuelto en buena medida la falta de documentación de grandes sectores, sigue tratándose de un criterio restringido. Prueba de ello son las dificultades para la regularización que tienen las personas provenientes de países del Caribe, de África, o de Asia Pacífico.

Es decir que el proceso que atravesó la migración boliviana y cuyas principales características fueran reseñadas en las páginas previas ocurrió contra este tumultuoso telón de fondo. Las políticas laxamente regulatorias iniciadas en la década de 1960 viraron hacia la restricción y obstaculización a partir del golpe militar de 1976. Las décadas de 1980 y 1990, signadas por crisis económicas y altas tasas de desocupación solo aportaron modificaciones normativas que dificultaron aún más la residencia legal. Recién en la década de 2000, con la derogación de la llamada ley Videla (decreto ley 22.439/1981, que reemplazó a la ley Avellaneda) y la puesta en marcha del programa Patria Grande se destrabaron significativamente los obstáculos previos para el acceso a residencias temporarias y luego permanentes (ver Cuadro 6, a continuación).

1. Dos precisiones sobre las cifras de los censos. 1) En Argentina, todos los censos nacionales de población informan sobre población extranjera en base a la pregunta por el lugar de nacimiento (no la nacionalidad). Es decir que una persona nacida en Italia o en Bolivia y posteriormente nacionalizada argentina, aparecerá siempre en la columna de población extranjera: si bien su nacionalidad se ha modificado, el lugar donde ocurrió su nacimiento sigue siendo el mismo. 2) En contra de una creencia muy difundida, los censos apuntan a enumerar a todos los extranjeros, sin preguntar -ni verificar- si son residentes regulares o no. Es decir que la cifra de población extranjera comprende tanto a los residentes regulares como irregulares, y no permite distinguir unos de otros ya que la situación migratoria no es una variable indagada en las cédulas censales. Así, si bien es cierto que pueden presentar diferentes niveles de subregistro (que sin embargo no invalidan los resultados consolidados), sólo los censos ofrecen una serie periódica, sistemática y evaluable sobre población extranjera: sexo, edad, país de nacimiento, fecha de llegada y lugar de residencia en Argentina, educación, trabajo, etc. Estas característi¬cas de los censos contrastan fuertemente con las cifras sobre población extranjera que suelen difundir los medios de comunicación, cuyo origen es impreciso (nunca se conoce la fuente) y no se sabe cómo se relevó el dato. Por otra parte, solo brindan un número global (por ejemplo, "setecientos mil chinos", "un millón de bolivianos", o "un millón de paraguayos residiendo en el partido de La Matanza") pero no indican sus edades, si son varones o mujeres, cuánto hace que viven en el país, etc. Además, suelen contabilizar como extranjeros a los hijos argentinos de los inmigrantes. Estas cifras fraudulentas tienen claros usos mediáticos y políticos, pero difícilmente aporten información útil para el análisis o para la gestión de políticas. ↵

2. Así se llamó (y en ciertos lugares se llama aún) a los trabajadores que se desplazan temporariamente siguiendo el ritmo de las cosechas. En la medida en que la "golondrina" sólo se posa por un período breve y luego parte, pareciera que su presencia no interpela a la sociedad, que rara vez piensa a estos trabajadores como inmigrantes con residencia a más largo plazo. ↵

3. El AMBA está compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires que rodean a la Ciudad. Concentra aproximadamente el 30 % de la población del país, y es el centro neurálgico de producción. Si bien administrativa¬mente pertenecen a jurisdicciones distintas (la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, en tanto que los 24 partidos pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, cuya ciudad capital es La Plata), desde el punto de vista demográfico y económico suelen considerarse como un todo. ↵

4. 4 En este contexto, el término "feminización" refiere a la modificación de la composición por sexos en los flujos migratorios, específicamente al aumento cuantitativo de mujeres en el total de inmigrantes. Como proceso, la feminización de las corrientes migratorias abre un conjunto de discusiones sobre la incidencia, la visibilización y la comprensión del género en el plano individual, de unidad doméstica, comunitario y de mercado de trabajo.de los flujos, tal como puede apreciarse en el Cuadro 3 a partir de las modificaciones de los índices de masculinidad (IM) [footnote]4 El índice de masculinidad resume la cantidad de hombres que hay cada 100 mujeres. Su fórmula es (V/M)*100. Cuando la relación entre los sexos es pareja, el índice es de 100. El IM al nacer para todas las poblaciones es de 105, es decir que por cada 100 mujeres que nacen, nacen 105 varones. Un IM mayor de 100 indica que hay más hombres que mujeres, en tanto que uno menor indica mayor presencia de mujeres. Las modificaciones que a lo largo del tiempo sufre este índice inicial remiten tanto a procesos inmigratorios o emigratorios como a la mortalidad diferencial según sexo. ↵

5. Si bien estas cifras sin duda están desactualizadas, a la fecha de elaboración de este informe no se cuenta aún con lo datos éditos de tasas de actividad según sexo y país de origen correspondientes al censo 2010. ↵

6. A la fecha de la elaboración de este informe aún no se encontraba disponible informa¬ción equivalente para el censo 2010. ↵

7. 8 Una de las causas judiciales analizadas en el capítulo V ocurre en este contexto: un propietario (o arrendatario) trabaja su quinta en acuerdo con un mediero, que a su vez viaja regularmente a Bolivia a buscar peones para el trabajo hortícola. ↵

8. 9 En dos entrevistas hechas en Buenos Aires a un hombre boliviano llegado de Oruro a los 19 años y a una mujer llegada de La Paz a los 22 años (ambos en la década de 1980), relataron haber arribado con "varias direcciones de talleres de coreanos" provistas por conocidos en Bolivia. Ambos luego fueron talleristas durante unos años. El hombre, cansado de lidiar con el esfuerzo que implicaba el taller, viró hacia la comercialización y estableció un local en una feria. ↵

9. En el capítulo V, un tallerista cuenta su trayectoria previa, comenzando, junto con su esposa, como costurero en el taller de un connacional para luego comprar máquinas y alquilar una casa donde montar su propio emprendimiento. ↵

10. En Courtis y Pacecca 2010 reseñamos la operatoria de redes migratorias basadas en el género, y que resultan en la incorporación de mujeres como trabajadoras domésticas en el lugar de destino. En estos casos, la mujer migrante previa que asistía a la próxima migrante le aseguraba un trabajo -generalmente sin retiro- y la alojaba en su propia casa durante los días de franco. ↵

11. La ley Avellaneda (n° 817 /1876 recogió los preceptos establecidos en los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional de 1853. Su propósito consistió en atraer y retener inmi¬grantes europeos a los fines de promover la colonización y generar una masa de pequeños propietarios rurales independientes (según el modelo estadounidense) que, además de expandir el volumen de la producción agropecuaria, contribuyeran a la estabilización política de "la campaña". La ley creó un Departamento General de Inmigración (actual Dirección Nacional de Migraciones) como instancia administrativa que asegurara su apli¬cación, definió quiénes podían considerarse inmigrantes, qué beneficios les correspon¬dían (por oposición a los "viajeros", equivalentes al turista contemporáneo) y estableció mecanismos para vigilar a los buques de transporte y a los empleadores, controlando que estos últimos pagaran salarios dignos y cumplieran las condiciones de trabajo pactadas. ↵

CAPÍTULO IV

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN  TALLERES, QUINTAS, COMERCIOS Y  TRABAJO DOMÉSTICO  EL CIRCUITO DE DERIVACIÓN E INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL

Este capítulo sistematiza y analiza 106 casos de niños, niñas y adolescentes bolivianos asistidos entre 2008 y 2012 por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo llegaron esos niños a esta instancia institucional?

En 2008, unos pocos meses después de la aprobación de la ley 26.364 – Prevención de la trata de personas y asistencia a sus víctimas comenzaron a establecerse y formalizarse los primeros circuitos de derivación e intervención institucional. Así fue que en agosto de ese año se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Res. 2149/2008). Desde su creación y hasta la actualidad [1], la Oficina de Rescate responde a las solicitudes presentadas por las fuerzas de seguridad federales (policía, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria), la Justicia Federal u otras instancias gubernamentales que intervengan ante una presunta situación de trata de personas. Cuando la justicia notifica a la Oficina sobre un próximo allanamiento [2], inspección u otra intervención gubernamental, se conforma un equipo de trabajo integrado por miembros de alguna de las divisiones especializadas en trata de personas de las fuerzas de seguridad, psicólogos/as, trabajadoras/es sociales y abogados/as, quienes se dirigen al lugar donde se realizará el procedimiento e intervienen desde los primeros momentos. Estos profesionales están a cargo del acompañamiento de las personas damnificadas (mayores y menores de edad), quienes permanecen bajo la órbita de la Oficina de Rescate hasta que estén en condiciones de prestar declaración testimonial en la causa judicial. Una vez finalizada la declaración testimonial, la Oficina de Rescate da intervención a los dispositivos de asistencia adecuados según las características del caso.

En el ámbito nacional, el principal dispositivo de asistencia se encuentra en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a través del Área para la prevención de la explotación sexual infantil y la trata de personas -tal su denominación hasta 2012, cuando pasó a llamarse Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos. En noviembre de 2008 (también unos meses después de la sanción de la ley 26.364 y de la creación de la Oficina de Rescate), el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia [3] aprobó el “Protocolo de asistencia a víctimas de explotación sexual y trata de personas” que orienta las intervenciones de los dispositivos de asistencia nacionales y provinciales, entre ellos la mencionada Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos.

Habitualmente, los casos llegan al Área para la prevención de SENAF por la vía de las derivaciones institucionales, generalmente judiciales o de los organismos de protección de la niñez locales. Una buena cantidad de investigaciones judiciales e intervenciones institucionales se iniciaron por la denuncia (a menudo anónima) de una presunta situación de abuso laboral realizada por un vecino, una organización social, la familia o los propios niños, niñas o adolescentes. Quienes reciben la alerta suelen ser alguno de los números telefónicos de recepción de denuncias en la jurisdicción en que residen, la policía jurisdiccional, un juzgado, fiscalía, defensoría u órgano de aplicación de infancia o de protección de derechos en general. En el caso de la comunidad boliviana, muchos han recurrido en primera instancia al Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia ubicado en la Ciudad de Buenos Aires o asociaciones de la propia comunidad, que a su vez han trasladado la consulta al Consulado. El Consulado, en todos los casos, radicó la denuncia judicial correspondiente ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros y Trata de Personas (UFASE) [4] del Ministerio Público Fiscal. Estas denuncias disparan las investigaciones judiciales pertinentes.

Así, muchos de los niños, niñas y adolescentes asistidos por SE-NAF fueron encontrados en allanamientos realizados en el marco de investigaciones judiciales iniciadas por denuncias o por el llamado “accionar preventor” de las policías y fuerzas de seguridad. Otros llegaron a las instituciones por caminos más indirectos: por ejemplo por deambular en situación de calle luego de haberse fugado de talleres de confección de indumentaria o comercios, o tras haber pedido ayuda a vecinos o clientes que los acompañaron a realizar la denuncia policial. Por estas vías, llegaron al dispositivo de asistencia de SENAF en la Ciudad de Buenos Aires desde distintos y lejanos lugares geográficos: la Ciudad de Buenos Aires, los partidos del conurbano bonaerense, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, no todos los casos que requieren asistencia llegan a SENAF, ya que en muchas oportunidades los organismos de niñez locales cuentan con dispositivos que les permiten brindar asistencia en la propia jurisdicción [5].

El Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos cuenta con un equipo profesional conformado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, y con un dispositivo de alojamiento propio ubicado en el Partido de Lomas de Zamora (a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires). De acuerdo a lo que establece el “Protocolo de asistencia a víctimas de explotación sexual y trata de personas” aprobado por el COFENAF en 2008, la asistencia integral que se brinda incluye alojamiento (en el dispositivo mencionado), asistencia médica, atención psicológica, asistencia social, asesoramiento jurídico, provisión de documentación (en los casos que las personas asistidas no posean documentación personal) y espacios de recreación. Naturalmente, el alojamiento no es cerrado, ni es compulsiva su permanencia en él. Las personas adultas pueden rechazar la asistencia, en tanto que quienes son menores de edad pueden retirarse bajo la tutela de un familiar que acredite satisfactoriamente el vínculo.

La información relativa a cada una de las personas asistidas por el Área se organiza en un expediente o legajo personal compuesto por distintas piezas: el informe inicial, realizado y actualizado por el equipo técnico, el registro de los intercambios con la institución que derivó, información relativa a la causa judicial (si corresponde), los contactos establecidos con la familia o referentes en el lugar de origen, los estudios médicos que se hayan realizado, y los motivos por los cuales concluyó la asistencia. En el caso de niños, niñas o adolescentes, la asistencia suele finalizar cuando retornan al lugar de origen (ya sea otro país u otra provincia), donde se acuerda el seguimiento con el organismo local de protección de la niñez, en ocasiones en articulación con organizaciones de la sociedad civil.

EL CORPUS DE CASOS ANALIZADOS

Los datos relativos a los 106 niños, niñas y adolescentes bolivianos que se sistematizan y analizan en este capítulo provienen del informe inicial realizado para cada caso por el equipo técnico del Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos. Dichos informes iniciales incluyen datos personales y familiares (lugar de nacimiento, de residencia, educación, hermanos, ocupación de los padres); indagan los motivos del traslado a Argentina, si hubo una oferta laboral quién la realizó, cuándo, por dónde y con qué documentación se cruzó la frontera, los lugares donde trabajaron y fueron explotados, las condiciones de vivienda y de salud, y las expectativas a futuro. Los 106 casos sistematizados representan más del 90% del total de niños, niñas y adolescentes bolivianos que fueron asistidos por el Área luego de atravesar situaciones de explotación laboral. Quedaron fuera unos pocos casos (no más de 6) para los cuales la información recabada en el informe era tan incompleta que resultaba inconducente [6]. Si bien como regla los datos a recolectar están notablemente estandarizados, no siempre es posible recabar toda la información. En ocasiones, porque las y los adolescentes no recuerdan ciertos detalles (la fecha exacta del cruce de frontera, el nombre de la localidad donde llegaron, etc.), porque la angustia, el temor o la confusión vuelven improcedentes ciertas preguntas que no aportan de manera directa a la asistencia, y finalmente porque no todas las operadoras transcriben los dichos con el mismo detalle.

A pesar de estas limitaciones (menores, por cierto), se trata de un corpus extraordinario para explorar ciertas dimensiones “objetivas” asociadas a la migración adolescente autónoma. ¿A qué edades ocurre? ¿El abandono escolar fue ocasionado por el proceso migratorio, o era previo? ¿La migración está asociada al primer trabajo, o ya hubo experiencias laborales previas en el lugar de origen? Además de la pobreza ¿existen otros factores que empujan hacia la migración internacional? Los niños, niñas y adolescentes ¿”circulan” por los mismos espacios que los adultos, o llegan al mismo destino (geográfico y laboral) mediante otros canales? ¿Cuál es el rol de la familia o del grupo de parentesco en este proceso? Y puesto que se trata puntualmente de niños, niñas y adolescentes bolivianos ¿cómo pensar a la vez la singularidad y el acoplamiento entre los emprendi-miento productivos resumidos en el capítulo anterior y la migración adolescente autónoma?

Una última cuestión relativa a las fuentes sistematizadas y analizadas. Es verdad que, desde cierta perspectiva, los informes institucionales compulsados pueden considerarse una fuente estática y limitada, ya que no dan lugar a una indagación más profunda. Pero así y todo permiten una primera aproximación a un fenómeno preocupante y que pareciera ir en aumento, sin invadir la privacidad ni obligar a las y los adolescentes a volver sobre experiencias que en algunos casos fueron tristemente dolorosas.

Para cada uno de los 106 informes se generó un registro en una matriz excell donde se recogió información sobre una serie de variables a partir de los indicadores que se señalan más abajo. Sobre esta base se confeccionaron todas las tablas y los gráficos incluidos en este capítulo. En todos los casos, las tablas y gráficos trabajan con valores porcentuales, que permiten detectar similitudes y diferencias entre varones y mujeres. Cuando la tabla o el gráfico no se organiza según sexo es porque prácticamente no hubo diferencia en los valores correspondientes a uno y otro.

De los 106 casos analizados, 35 corresponden a varones y 71 a mujeres. Esta enorme disparidad entre un grupo y otro puede analizarse desde dos perspectivas. Primero, en relación a cómo llegaron varones y mujeres al dispositivo de asistencia; y segundo, en relación a ciertas características de mayor vulnerabilidad que parecieran afectar a las mujeres en el país de origen. Comenzaremos con el primer criterio, ya que para el segundo es necesario revisar varias otras dimensiones. Veamos qué muestra el cuadro a continuación.

Como puede observarse, tres cuartas partes de los varones llegaron al Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos de SENAF como resultado de un allanamiento motivado por una investigación judicial. Muy pocos (6, en valores absolutos) tomaron medidas activas para irse del lugar donde residían y trabajaban. A diferencia de los varones, la misma cantidad de adolescentes mujeres llegó al dispositivo de asistencia como resultado de un allanamiento que a consecuencia de su propia agentividad. Es decir que 28 adolescentes mujeres fueron habidas en el marco de procedimientos judiciales, pero otras 28 emprendieron acciones concretas para irse de talleres, comercios, quintas o domicilios particulares donde la permanencia les resultaba insoportable. Debe señalarse que en algunos de estos últimos casos, el disparador de la fuga o el pedido de ayuda fue una violación o una situación donde el abuso sexual aparecía como un peligro inminente.

A excepción de una adolescente que había llegado a Argentina en su niñez, en compañía de sus padres, los demás arribaron entre 2008 y 2012 [7]. El 70% había llegado en los años comprendidos entre 2010 y 2012, y prácticamente todos comenzaron a trabajar de forma inmediata, a lo sumo dos o tres días después de su arribo.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

Veamos qué es posible saber de estos adolescentes antes de su llegada a Argentina. Residían principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra o Potosí, aunque rara vez en las ciudades o cabeceras departamentales, y frecuentemente en ciudades pequeñas o pueblos tales como Sallacapampa, Alto San Antonio o Tem-bladerani (La Paz); Huayani, Chapare, Tarata, Machajmarca, Puyo Puyo o Punata (Cochabamba); Mercedes de las Minas, Buen Retiro o Montero (Santa Cruz de la Sierra); Pampani, Puna Linares o Siporo (Potosí); Pueblo La Choza en Tarija, Rodeo Medio en Sucre o Pullaya en Chuquisaca.

A excepción de dos varones que eran hijos únicos, el resto provenía de familias numerosas: aproximadamente 60% de ellos eran parte de grupos de 5 o más hermanos (Gráfico 2). Por otra parte, en los casos donde hay información respecto a la edad de las madres, se observa que comenzaron a tener hijos durante la adolescencia, alrededor de los 16 o 17 años. Las cifras sobre cantidad de hermanos que integran las familias deben complementarse con la ausencia o presencia de padre y/o madre.

El Gráfico 3 muestra que, con respecto a la madre, la situación es similar entre varones y mujeres: antes de trasladarse hacia Argentina, 80% contaba con una madre con la que convivía o tenía trato habitual. Sin embargo, la situación varía considerablemente en lo que respecta al padre. Por un lado, son muchos más los padres fallecidos o ausentes, y esta cifra es especialmente alta entre las mujeres: 44% de ellas no tiene padre contra 31% de los varones.

Analicemos la escolarización, donde nuevamente es posible observar una diferencia pequeña pero significativa entre varones y mujeres. Si bien en promedio ambos sexos registran 7 años completos de asistencia escolar, este promedio se alcanza de maneras diferentes en cada grupo. Como ilustra el Gráfico 4, las mujeres tienen mayor porcentaje con menos años de escolarización (23% de ellas ha asistido a la escuela durante 5 años o menos; contra 17% de los varones) y mayor porcentaje con más años de escolarización (entre 9 y 12). A los efectos de ilustrar estos extremos, de los únicos tres casos con secundario completo, dos eran mujeres. Y la única que no había ido nunca a la escuela (y era analfabeta) también era mujer. Esto indicaría que las mujeres que abandonaron la escuela lo hicieron a edades más tempranas que los varones, en tanto que las que permanecieron, permanecieron durante más tiempo que los varones. En el caso de las discontinuidades tempranas, parece razonable vincularlas con el fallecimiento o ausencia del padre (que se verifica en varios de los casos donde no se han superado los 5 años de escolarización) y con grupos numerosos de hermanos.

Otra dimensión relevante consiste en la existencia o no de ingreso temprano al mundo del trabajo. Esta dimensión no fue relevada sistemáticamente en los informes elaborados por el equipo técnico del Área para la prevención de las peores formas de la vulneración de derechos, más bien suele aparecer en el contexto del relato de la situación inmediatamente previa a la migración, y relacionada a las características de la propuesta laboral que en la mayoría de los casos motivó el traslado a Argentina. Por ello, la categoría “sin datos” es inusitadamente alta (Gráfico 5).

Merecen también un comentario los trabajos realizados. Las jóvenes refirieron haber trabajado como empleadas domésticas, niñeras, meseras, ayudantes de cocina, vendedoras ambulantes de jugos o comidas, en ferias, e incluso vendiendo boletos en medios de transporte. Algunas jóvenes incluso se trasladaron entre distintas ciudades en busca de trabajo, a edades tan jóvenes como 13, 14 o 15 años. Los varones manifestaron haber trabajado como albañiles, en ladrilleras y en madereras. Quienes provienen de zonas más rurales trabajaron en cosechas varias para las cuales debieron trasladarse (incluida la cosecha de coca en las Yungas), o encargándose de animales y cultivos en las pequeñas explotaciones familiares.

El Gráfico 5, a continuación, muestra un porcentaje más alto de mujeres que de varones trabajando previo a su venida a Argentina. Si bien estos porcentajes son consistentes con una mayor proporción de mujeres con menos años de escolarización que los varones, y con más cantidad de padres fallecidos o ausentes, debe tenerse presente que la categoría “sin datos” es significativamente mayor en el caso de los varones. Es posible que este “sin datos” se deba a que la tópica del trabajo no apareció espontáneamente en los relatos de los varones simplemente porque no estaban trabajando, pero no por ello debe dejarse de señalarse al analizar la brecha entre un sexo y otro.

Ninguno de los adolescentes varones tenía hijos antes de migrar. En el caso de las mujeres adolescentes, dos tenían un hijo pequeño (menor de dos años) previo al traslado a Argentina, y tres estaban cursando embarazos en el momento en que ingresaron al dispositivo de asistencia.

LA MIGRACIÓN HACIA LA ARGENTINA

¿Qué edades tenían al momento de emprender la migración internacional y comenzar a trabajar en Argentina? Como muestra el Cuadro 4, a continuación, las más pequeñas fueron dos niñas que llegaron con menos de 13 años. Una de ellas llegó a los 11 años por motivos familiares: tras la muerte de la madre —y ante la ausencia del padre— quedó al cuidado de una abuela y una tía, quienes accedieron a la invitación de la hija de la madrina de la niña, que ofreció traerla a Buenos Aires. La otra niña, también huérfana de padre, perteneciente a una familia de 7 hermanos y analfabeta, llegó a los 12 años a la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut) para trabajar como empleada doméstica y niñera en las casa de un matrimonio boliviano que tenía una verdulería. Su traslado fue acordado entre la madre y la futura empleadora. Fuera de estos extremos, se destaca que 75% de las y los adolescentes llegaron y comenzaron a trabajar entre los 15 y los 17 años [8].

¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a migrar? A excepción de dos jóvenes que ya vivían en Argentina por haber migrado anteriormente con sus padres, 90% de los adolescentes (tanto varones como mujeres) indicaron que llegaron a Argentina tras haber recibido una propuesta laboral. De los restantes, 4% llegó debido a un motivo familiar (tal como reunirse, tras la muerte del padre o la madre, con hermanos adultos u otros parientes que ya residían en Argentina), 4% viajó con la convicción de que continuaría sus estudios, y 3% expresó que se trasladó para “visitar y conocer”. Algunos de estos son los muy pocos casos que no comenzaron a trabajar inmediatamente tras su llegada.

Si bien la literatura especializada (Yaqub 2009, Whitehead & Hashim 2005, Edmonds & Shresta 2009, entre otros) menciona el deseo o la expectativa de estudiar como uno de los motivos significativos a la hora de analizar la migración adolescente autónoma, lo cierto es que en el corpus analizado prácticamente no hubo referencia a la continuidad educativa entre las razones del traslado. Algunos de los jóvenes con más años de escolarización (entre ellas las dos adolescentes que habían terminado el secundario) indicaron que habían aceptado la propuesta laboral porque les permitiría ahorrar el dinero necesario para asegurar la continuidad de sus estudios en Bolivia. Es decir que si bien la continuidad de los estudios estaba en su horizonte, la migración no se debió a la búsqueda de mejores oportunidades educativas en el país de destino, sino a la obtención de un trabajo que, en el futuro, les permitiera continuar formándose.

LA PROPUESTA LABORAL

La enorme predominancia del motivo laboral como disparador del proceso migratorio es consistente con el resto de los datos reseñados: los orígenes rurales o de pequeñas comunidades, las familias numerosas, la escolarización discontinuada antes de la migración y el temprano ingreso al mundo del trabajo. La propuesta laboral fue realizada en Bolivia, por una persona boliviana, que en la mayoría de los casos buscaba ya fuera trabajadores para su propio emprendimiento (taller, quinta o comercio) o una empleada doméstica y niñera que permitiera a la empleadora atender su comercio. Debe destacarse que en ninguno de los casos hubo engaño con respecto al tipo de trabajo a realizar: quienes convocaban para talleres, quintas o comercios efectivamente trasladaron a las y los adolescentes a talleres, quintas o tiendas.

En el caso de los varones, 77% de las propuestas laborales fueron hechas directamente a los adolescentes y 11 % a sus padres o madres. En el caso de las mujeres 63% recibió la propuesta directamente, sus madres o padres la recibieron en 21% de los casos y un 6% fue recibida por otro pariente [9]. Vale la pena detenerse en quiénes intervinieron en la realización de la propuesta laboral, es decir, qué persona fue la portadora de la oferta, ya sea si fue realizada directamente a la o el adolescente o a un adulto de su entorno.

Antes de detenernos en los valores del Cuadro 5, a continuación, es conveniente señalar a quiénes comprende cada una de las categorías en que se organizó la información. La categoría “Parientes” reúne a quienes tienen mayor trato, familiaridad o confianza con las y los adolescentes, y está dividida en tres sub- grupos (según criterios combinados de generación y proximidad):

- Tío / tía /padrino / madrina: por lo general se trata de adultos pertenecientes a la misma generación que los padres de los adolescentes y a los cuales están unidos por un trato casi cotidiano.

- - Primos / hermanos: pertenecen a la misma generación que el o la adolescente, incluso cuando en algunos casos sean mayores de edad o tengan diferencias de casi 10 años con sus hermanos menores.

- - Padre / madre.

La categoría “persona conocida” incluye a vecinos, amigos e incluso empleadores (en los casos de quienes ya trabajaban en Bolivia). Ninguno de ellos fue definido en términos de parentesco, pero en todos los casos se trataba de una persona que ya era conocida del adolescente o de su familia antes de que realizara la oferta laboral. Por su parte, la categoría “persona desconocida” comprende a quienes nunca habían tenido trato con los adolescentes ni con sus familias antes de realizar la oferta laboral. Finalmente, la categoría “agencia / publicidad” recoge los casos donde los adolescentes fueron directamente en búsqueda de trabajo a una agencia de colocaciones, o escucharon un aviso radial o televisivo y se pusieron en contacto con la persona que solicitaba trabajadores. Aquí se encuentran los casos donde, según el relato de los propios adolescentes, fueron ellos mismos en busca de un empleo. La categoría “no aplica” alude a ese pequeño porcentaje de casos donde el traslado no fue motivado por una propuesta laboral.

Ahora sí, analizando los valores, es posible señalar dos cuestiones bien interesantes. Primero, para ambos sexos, la suma de los sub-grupos comprendidos en la categoría “parientes” representa aproximadamente el 50% de quienes intervinieron en la realización de la propuesta laboral, seguida de “persona conocida” (aproximadamente el 30% de los casos). Segundo, tanto “persona desconocida” como “agencia / publicidad” son categorías sin peso en el caso de los varones, pero que dan cuenta de casi el 20% de las propuestas recibidas por las adolescentes mujeres. ¿Quiénes eran las “personas desconocidas”? En los relatos de las jóvenes, se trató casi siempre de otra mujer a la cual conocieron en la calle o en otro espacio público, y que tras entrar en conversación les ofreció trabajo. La impresión que surge de los registros es que este proceso duró apenas unas horas, o a lo sumo pasaron uno o dos días entre el primer intercambio y la oferta de trabajo en Argentina. Al igual que la categoría “agencia / publicidad”, se trata de propuestas que llegan a las adolescentes sin ninguna mediación de parentesco, vecindad o paisanaje que avale al oferente. El peso relativo de ambas categorías (“persona desconocida” y “agencia / publicidad”) en el caso de las mujeres muestra simultáneamente la iniciativa de las adolescentes y también su mayor vulnerabilidad. La falta de mediación de un tercero no se debe únicamente a la agencia o autonomía de las jóvenes, sino que en varios de los casos es el resultado del abandono de los adultos de referencia, de migraciones laborales internas no acompañadas y de situaciones de calle, que afectaron más a las mujeres que a los varones.

Puesto que las categorías “parientes” y “persona conocida” sumadas dan cuenta del 74% de todas las propuestas laborales, cabe preguntarse acerca de la eficacia de las ampliamente publicitadas campañas de prevención de la trata de personas que centran su mensaje en alertar acerca de ofertas de trabajo provenientes de personas desconocidas. Evidentemente, por el contexto y la manera en que fueron realizadas las tres cuartas partes de las propuestas de trabajo, ni los adolescentes ni sus padres podrían haber encontrado muchos motivos para desconfiar, ni para atender una advertencia que alertara acerca de los posibles propósitos (de explotación) de personas desconocidas.

En todos los casos era claro que el trabajo ofrecido (costura, quinta, comercio o trabajo doméstico) era en Argentina, y que aceptarlo implicaba trasladarse. Es decir que, a diferencia de la clase de situación que suele verse en casos de explotación sexual, ninguno de los adolescentes fue engañado respecto del tipo de trabajo que haría, ni dónde lo harían. Además, el 55% de ellos sabía cómo sería el pago en el lugar de destino (si se cumplieron o no las condiciones pactadas es otro tema que revisaremos más adelante). Como ilustra el Gráfico 6, el 56% de las mujeres y el 51% de los varones sabía, antes de partir, cuánto dinero les pagarían por el trabajo ofrecido, en tanto que 13% y 14% respectivamente no tenía información (lo cual no significa que su familia no la tuviera). Igual que en los cuadros y gráficos anteriores, “no aplica” alude a quienes expresaron que su traslado no se debió a una propuesta laboral.

La información con que contaban respecto al dinero que les sería pagado aparece expresada en dólares, pesos argentinos y pesos bolivianos. Las ofertas en dólares se movieron en un rango mínimo de US$ 100 mensuales y un máximo de US$ 200 mensuales. Las ofertas en pesos fueron desde los $100 (cien) a los $ 1000 (mil) mensuales, con la mayoría en la franja entre $500 y $700 mensuales. Finalmente, las ofertas en pesos bolivianos oscilaron entre los $1200 y $2000 mensuales, que a grandes rasgos duplicaban el monto de sus ingresos en Bolivia.

Cabe señalar que no todos los acuerdos referían a pagos mensuales: en algunos casos, el pago sería cada tres meses, en otros anual (pagadero a fin de año), y en otros el monto ofrecido dependía de que efectivamente trabajaran para el o la empleadora no menos de una cantidad establecida de meses (4 o 6 en algunos casos). En el caso de quienes ofrecían trabajo en costura, no se desprende que las y los adolescentes tuvieran claro cómo se llegaba a esa cifra ofrecida, que en muchos casos resulta del trabajo a destajo de un costurero con cierta experiencia y rapidez para producir diariamente un número de prendas —al que jamás llegaban quienes nunca se habían “sentado a la máquina”.

La oferta de trabajo también incluía expresamente traslado, vivienda y alimentación. Tal como se indicara en el capítulo anterior, es el “combo” lo que vuelve atractiva la propuesta, ya que (aparentemente) reduce a cero los costos de la migración. No es necesario juntar la plata para el pasaje, buscar trabajo en el lugar de destino ni preocuparse por costos tales como alojamiento, transporte o comida. Desde el punto de vista de la persona interesada en migrar, alcanza con tomar la decisión y comprometerse con un dador de trabajo. Es, sin lugar a dudas, un cálculo razonable para quien desea partir pero no cuenta con la totalidad de los recursos que le permitan llevar a cabo su deseo. Probablemente, esta oferta sea aún más “interesante” en el caso de adolescentes que viven en pequeños pueblos donde las oportunidades laborales locales son exiguas y el costo (y la obtención) de los pasajes sea un obstáculo.

EL TRASLADO Y EL CRUCE DE LA FRONTERA INTERNACIONAL

En casi todos los casos en que la migración fue motivada por la propuesta laboral, quien realizó la oferta facilitó el traslado, mayormente en ómnibus de larga distancia y muy ocasionalmente en vehículos propios que trasladaban a la o el adolescente junto con el empleador y su familia. Las excepciones fueron tres jóvenes que pagaron su propio pasaje. Si bien la información es incompleta, surge de los registros que en una gran cantidad de casos los dadores de trabajo (particularmente los talleristas) se trasladaron personalmente a Bolivia en busca de mano de obra y realizaron el viaje de vuelta con quienes habían reclutado (no solo las y los adolescentes de referencia, sino también otras personas adultas). De hecho, la tercera parte de los ingresos para los cuales hay indicación del mes, ocurrieron durante enero, febrero y marzo, posiblemente asociados a viajes realizados por los empleadores con motivo de Navidad, Año Nuevo y vacaciones estivales.

Al momento de partir, no todos los adolescentes estaban al tanto que deberían reembolsar el monto del boleto, de cuyo costo se enteraron en el lugar de destino, cuando les fue deducido de sus primeros salarios. Una persona menor de edad no emancipada puede cruzar una frontera internacional en los siguientes supuestos: acompañado por ambos padres, con el vínculo debidamente acreditado; acompañado por uno de sus padres (y según las leyes del país, con el permiso o no del padre no acompañante); sólo, pero con autorización de sus padres o con permiso a favor de la persona adulta que acompaña en el cruce. Además, igual que en el caso de las personas adultas, el cruce de frontera solo puede realizarse con documento de viaje (pasaporte) o documento de identificación personal si rigen convenios especiales -tal el caso entre Argentina y sus países limítrofes, entre ellos Bolivia. En todos los casos los documentos deben estar vigentes (no vencidos) y en condiciones: sin enmiendas ni tachaduras.

Según los datos disponibles, 44% de los cruces fronterizos fueron por el paso Villazón (Potosí) – La Quiaca (Jujuy), 13% por el paso Yacui-ba (Tarija) – Salvador Mazza (Salta) y 8% por el paso Bermejo (Tarija) – Aguas Blancas (Salta). Lamentablemente, para 35% de los casos no hay datos acerca del punto de cruce. Veamos ahora con qué documentos cruzaron varones y mujeres (Cuadro 7).

Como puede observarse, el cruce regular de frontera (con documento propio y autorización de los padres) es significativamente más alto entre los varones que entre las mujeres [10]. El 38% de las mujeres efectivamente cruzó de manera irregular, ya sea por no contar con permiso de los padres o por utilizar documentos apócrifos (documento perteneciente a una persona distinta a quien cruza la frontera, y en este caso, mayor de edad; o documento perteneciente a la persona que cruza pero con la fecha de nacimiento adulterada, de modo que parezca mayor de edad).

Además de los documentos, en algunos casos figura cómo fue el cruce: regular o irregular. Por ejemplo, algunos adolescentes (varones o mujeres) que contaban con sus propios documentos e incluso con permiso de sus padres cruzaron “así nomás”, es decir: sin realizar el control en el puesto fronterizo. De los ingresos apócrifos o irregulares (ya sea por documentación o por tipo de cruce), 17 ocurrieron en el paso de Villazón-La Quiaca, 4 en el de Yacuiba-Salvador Mazza y 3 en el de Bermejo-Aguas Blancas. También se registró otro cruce irregular, pero sin especificar el paso. En resumen, casi 25% de los ingresos fue irregular. Esta cifra es verdaderamente preocupante.

En el momento del cruce de frontera, 8% de las adolescentes mujeres y 14 % de los adolescentes varones estaban acompañadas por su madre o su padre. Estos cruces acompañados se debieron a una variedad de razones: porque los padres habían intervenido en la oferta de trabajo y se habían trasladado a buscar a los hijos con pasajes pagados por el dador de trabajo; porque la oferta de trabajo era para la madre y la hija adolescente; porque el empleador les ofreció conocer el taller donde trabajaría el hijo o la hija, o porque el padre se trasladaba también pero a otro destino. En un caso, la madre hizo el cruce de frontera con el hijo sólo para asegurarse que no hubiera inconvenientes, y una vez que estuvo del lado argentino, ella volvió a cruzar hacia Bolivia.

LOS LUGARES DE DESTINO

Después de hasta tres días de viaje por tierra, las y los adolescentes llegaron a los destinos en Argentina. Poco más del 70% llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma y 24 partidos del Gran Buenos Aires), el 10% a la provincia de Buenos Aires y el 20% restante (todas mujeres) se repartió entre diversas localidades en las provincias de Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, San Juan y Mendoza. Estos destinos son consistentes con los destinos tradicionales de la migración boliviana hacia la Argentina (especialmente el AMBA) y con los más recientes, que datan de las últimas dos o tres décadas.

Los lugares de destino están estrechamente vinculados al tipo de trabajo realizado. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las y los adolescentes llegaron principalmente a talleres, y en menor medida a las verdulerías (en las cuales trabajaron 13 mujeres y 3 varones). En la provincia de Buenos Aires, el trabajo fue en quintas hortícolas y en algunos comercios, en tanto que en el resto de los destinos (a los que sólo llegaron mujeres) el trabajo fue en fincas, tiendas o como empleadas domésticas. Vale la pena destacar que todos los talleres en los que trabajaron las y los adolescentes estaban ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los partidos del conurbano que limitan con la capital [11].

El Gráfico 7 (cuya lectura se complementa con el Cuadro 9, infra) compara el trabajo realizado por los varones y por las mujeres. Muestra la mayor concentración de varones en talleres y en quintas, y la de mujeres en comercio y trabajo doméstico (en el cual no se registraron casos de varones). La impresión general que surge del análisis de las causas judiciales (reseñadas en el capítulo siguiente) es que, en lo que respecta al trabajo en taller, no hay preferencia por varones o mujeres, sean estos adultos o adolescentes. De hecho, la única división sexual del trabajo que pareciera existir en los talleres refiere a la limpieza y la preparación de alimentos —que obviamente recaen sobre las mujeres.

Con respecto a los comercios, los pocos casos de varones fueron en verdulerías; en tanto que las adolescentes mujeres estuvieron tanto en verdulerías como en tiendas de ropa. Finalmente, en cuanto a quintas y fincas es difícil señalar algún patrón, ya que fueron pocos casos (10%) y con gran dispersión geográfica y productiva: verdura en fresco, cebolleras y cosecha de aceitunas, que implican formas y temporalidades bien diversas para la organización del trabajo.

Más compleja pareciera ser la situación de las niñas y adolescentes en trabajo doméstico. Primero, porque al tratarse de un domicilio particular, la niña o adolescente a menudo es considerada por los vecinos como una integrante más de la familia. Segundo, porque suelen ser niñas pequeñas, que llegan con 11,12 o 13 años, y con recursos mucho más limitados que las adolescentes. En continuidad con la figura hispánica del criadazgo y puesta en práctica en un ámbito privado y reducido a la familia de la “patrona”, se trata de los casos donde la explotación fue de más larga duración (un promedio de 16 meses) y donde más maltrato cotidiano y abuso se detectó [12].

Por otra parte, amerita un comentario la ausencia de varones adolescentes en la construcción (3%), en particular si se tienen en cuenta que se trata de un rubro donde la dimensión étnica regula el ingreso a las cuadrillas de trabajadores bolivianos o paraguayos (Vargas 2005). A pesar de la relativa informalidad e inestabilidad en la contratación, las obras son ámbitos donde la presencia de trabajadores menores de edad no pasaría desapercibida y seguramente no sería tolerada. Contratistas, empresarios, arquitectos y gremios están familiarizados con las principales cuestiones relativas a trabajo y seguridad, y atentos a posibles inspecciones. Así, a diferencia de otros ámbitos que son más invisibles, inaccesibles o privados (tales como los talleres, que no están identificados; el trabajo doméstico en domicilios particulares; o los comercios donde el límite entre “familiares” y “empleados” es difuso para los clientes), la construcción pareciera un espacio mucho más abierto, relativamente regulado, y donde el trabajo no se organiza ni exclusiva ni centralmente según la regla que impone el patrón (boliviano, en el caso de talleres, quintas y comercios).[13]

¿Cuánto tiempo estuvieron las y los adolescentes en las quintas, talleres, comercios o domicilios particulares? A excepción de dos adolescentes que nunca llegaron al destino para el que habían sido reclutados porque la intervención institucional ocurrió durante el traslado, en el resto de los casos los tiempos son bien variados: desde 10 días hasta 36 meses. Como puede observarse en el Gráfico 8, a continuación, 35% trabajó hasta tres meses, y 50 % entre 6 y 18 meses, y allí no hubo diferencia entre varones y mujeres. Sí se percibe una diferencia según sexo entre quienes trabajaron 18 meses y más: en esa situación estuvieron 6 adolescentes mujeres (tres en talleres, tres en trabajo doméstico) y un único adolescente varón, que combinó un breve período en la construcción con costura en diversos talleres.

Entre quienes estuvieron en talleres de costura se identificó un puñado de casos que trabajaron en varios talleres, entre los cuales parecieran haberse trasladado libremente y por propia decisión. También se encontró un caso de una adolescente que comenzó trabajando en una quinta para pasar posteriormente a una tienda, donde las tareas a realizar le resultaban menos agotadoras

¿Qué ocurrió con el pago prometido? Aquí también las experiencias han sido bastante diversas, aunque en pocas de ellas sea posible afirmar que existió un pago efectivo y regular [14]. En esta instancia, las diferencias entre adolescentes varones y mujeres vuelven a ser significativas, ya que el no pago fue mucho más elevado entre éstas últimas. Respecto al pago, entre los casos contabilizados se incluye a ese 10% de jóvenes que no migraron para trabajar, pero que terminaron trabajando de todos modos.

Como puede observarse en el Cuadro 10, a continuación, casi la mitad de los varones adolescentes percibieron el pago originalmente acordado (43%), en tanto las mujeres adolescentes muestran el porcentaje más alto de no pago [15]. En el caso de las jóvenes hay además dos situaciones significativas: el empleador les “guardaba” la plata en el doble de los casos que los varones, o el dinero fue recibido por una tercera persona (la madre, una tía, una hermana mayor, el padre), que era quien había realizado el acuerdo inicial con el dador de trabajo.

Cuando las y los adolescentes mencionan que el empleador les “guardaba” la plata significa por lo general que no la tenían a su disposición. En estos arreglos, supuestamente quien los empleaba les entregaría todo el dinero junto en una oportunidad preacordada, por ejemplo a fin de año, cuando lo necesitaran para enviarlo a sus familias, o cuando decidieran cambiar de trabajo. En algunas oportunidades ese arreglo se cumplió, aunque no siempre el dinero estaba efectivamente disponible cuando se lo solicitaba. De hecho, en uno de los casos asistidos por SENAF y para el cual se contó también con el auto de procesamiento judicial (una adolescente que llegó a Caleta Olivia, en Santa Cruz, a los 17 años), se le había prometido a la joven un pago mensual de $ 700, de los cuales nunca recibió siquiera un adelanto durante los 14 meses que estuvo en el comercio. Cuando finalmente ocurre la intervención  institucional, la dueña de la tienda manifiesta en el expediente judicial que tenía el dinero y que le estaba por pagar… aunque en los 14 meses anteriores nunca había encontrado la oportunidad de hacerlo, a pesar de los reclamos de la adolescente, preocupada por costear un tratamiento médico de su madre en Bolivia.

En los casos que el pago era regular, generalmente era mensual, y los montos mencionados son variados: $100 (cien) pesos mensuales, $ 400, $ 500, $ 700, $ 1000, $ 1200 y un monto máximo de $ 1500. Una adolescente expresó haber recibido un total de $ 2.200 en cuatro meses, en tanto que un joven que se encontraba en una quinta (que fue allanada a la semana de su llegada) dice haber recibido $ 50 diarios. Por otra parte, muchos hicieron referencia a “adelantos”, que incluyen desde $ 50 o $ 100 para disponer durante el fin de semana.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIVIENDA

Tanto los informes de SENAF como las piezas procesales analizadas en el capítulo siguiente hacen referencia a las condiciones de trabajo y vivienda, que no fueron sistematizadas en la matriz. Por lo general, ya se trate de trabajo en talleres de confección de indumentaria, quintas o comercios, las condiciones de trabajo no difieren significativamente entre adolescentes y adultos. Los lugares de trabajo son también la vivienda donde residen todos, empleados y empleadores, y los horarios de trabajo extendidísimos casi siempre los afectan por igual.

Los talleres que aparecen en los informes o en las causas judiciales son de tamaños muy diversos. Algunos son pequeños talleres familiares que cuentan con 5 o 6 máquinas operadas por un matrimonio, algunos de sus hijos, y dos o tres costureros más -parientes o no. Otros son talleres un poco más grandes, con alrededor de 20/30 máquinas y una cantidad similar de personas para operarlas. Y finalmente hay algunos talleres verdaderamente grandes, tal el caso de uno ubicado en un enorme lote en esquina en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que contaba con 80 máquinas y trabajaba en asociación con una lavandería y un taller de planchado. Algunos de los costureros vivían en el mismo taller, en tanto que para otros el tallerista había alquilado dos viviendas independientes, a unas pocas cuadras.

Los talleres suelen funcionar en antiguas y deterioradas casas que cuentan con numerosas habitaciones entre las que se distribuyen los espacios de trabajo, los dormitorios y el lugar de preparación de la comida. Los dormitorios son pequeños, con varias camas cucheta y divididos según sexo (para los solteros), o para familias. No es infrecuente que los hijos adolescentes de los dueños del taller duerman allí, junto con los costureros. Los baños (cuando hay más de uno) también parecieran estar organizados según sexo, aunque no siempre son completos ni cuentan con medios seguros para la provisión de agua caliente.

Además de los costureros y sus ayudantes —muchos de ellos adolescentes que ordenan las bobinas y los cortes de tela, deshilachan, doblan la ropa, arman los atados para llevar a la lavandería, barren y ordenan— todos los talleres cuentan con al menos una cocinera encargada de preparar y servir las cuatro comidas a las personas que están allí. Se trata de un puesto de trabajo específico, generalmente para una mujer adulta, que a veces puede recurrir a la ayuda de alguna adolescente. En este sentido, el corte por género es notable: muchas adolescentes mujeres señalaron que se desempeñaban como ayudantes de costura, ocasionalmente como ayudantes de cocina, y además limpiaban el taller, los espacios comunes y las habitaciones de los dueños. Estas tareas de limpieza ajenas a la costura no fueron mencionadas por los varones.

En los talleres se han mencionado jornadas de hasta 16 horas diarias, iniciando a las 7:00 y concluyendo a las 23:00 hs., interrumpidas por breves lapsos para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Se trabaja de lunes a viernes todo el día, y los sábados media jornada. El domingo es el día libre, y también el día en que los costureros deben procurarse su propio alimento. Estas larguísimas jornadas de trabajo son fogoneadas por el pago a destajo (es decir por pieza), que en verdad sólo está autorizado bajo condiciones muy puntuales mediante los artículos 104 y 112 de la ley de Contrato de Trabajo N° 20.774.

La situación en las quintas hortícolas de producción de verdura en fresco es bastante similar en lo que respecta a las precarias condiciones de vivienda y a las largas jornadas de trabajo, organizadas en función de la disponibilidad de luz solar y de la temperatura según la época del año, como en cualquier emprendimiento rural. Sin embargo, a diferencia de los talleres, las quintas han recibido menor atención judicial, lo cual ha redundado en menos investigaciones y en menos allanamientos.

En los comercios, la operatoria difiere según se trate de verdulerías o tiendas de ropa. En las primeras, la compra y preparación de la verdura (por ejemplo, el armado en bandejitas descartables de los productos pelados y cortados), así como su organización en exhibidores dentro y fuera del local constituyen parte de las tareas distintas de la atención a los clientes. Casi diariamente, y en horas muy tempranas de la madrugada (3 o 4 de la mañana) se concurre a los mercados mayoristas a comprar los cajones, que luego son trasladados a la verdulería o punto de venta. Allí, a las tareas ya mencionadas se agrega la limpieza del local, y su desarmado al final del día: descartar la verdura que ya no está en condiciones, separar cajones en uso de cajones vacíos, entrar el producto que está en exhibición en la vereda, etc. Casi todas las verdulerías tienen horarios corridos, iniciando aproximadamente a las 8:00 hs. y cerrando pasadas las 21.00. Si bien en ocasiones quienes allí trabajan se turnan, esto no siempre significa que quien no esté en la verdulería esté descansando. Algunas de las jóvenes adolescentes que trabajaron en verdulerías expresaron que sus patrones tenían dos locales, y que ellas iban de uno a otro. Por otra parte, puesto que las verdulerías son por lo general locales pequeños a la calle (o se encuentran dentro de autoservicios habitualmente pertenecientes a inmigrantes coreanos, taiwaneses o de China continental), rara vez son lugares de vivienda [16]. Así, a las tareas en la verdulería se sumaba la limpieza de la casa de los dueños, donde residían las adolescentes.

En las tiendas de venta de ropa la situación parece haber sido similar en cuanto a las horas extendidas y a la combinación entre atender a los clientes, limpiar y ordenar el local, y ocuparse de la limpieza, la cocina y en algunas ocasiones también del cuidado de los hijos de los empleadores.

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

Los casos analizados en este capítulo muestran cuan complejo resulta pensar el trabajo y la migración adolescentes en su contexto de ocurrencia y avanzando un poco más allá de las prescripciones normativas o las dicotomías simplificadoras.

En primer lugar, debe decirse con todas las letras que en ninguno de los casos reseñados es posible hablar de trabajo adolescente en los términos en que fija la ley. Independientemente de los límites de edad establecidos en la normativa (14 años hasta la sanción de la ley 26.390 en junio de 2008, 16 años a partir de dicha ley), lo cierto es que en todos los casos los horarios trabajados superaron holgadamente incluso los límites legales impuestos para los adultos. A ello se suma el incumplimiento de las demás disposiciones relativas al trabajo registrado en general y al trabajo adolescente en particular, el pago irrisorio e irregular, o directamente el no pago.

Pareciera que en los talleres, quintas, comercios y domicilios particulares no hay distinción entre adolescentes y adultos, sino únicamente entre niños y adultos. Cualquiera que sea su edad, quien cuenta con la fuerza y la resistencia física necesarias para realizar el trabajo es considerado/a, a los efectos prácticos, como si fuera un trabajador adulto. Tal vez haya alguna pequeña diferencia en el trato que reciben unos y otros: es razonable suponer que el maltrato y la falta de pago afecten con más frecuencia a adolescentes que a adultos, que cuentan con otros recursos psíquicos y sociales para confrontar con los patrones. Sin embargo, en lo que respecta al rendimiento laboral, todo indica que de ambos se espera lo mismo.

Ahora bien, el encuadre normativo no agota el análisis ni pareciera contribuir significativamente a la comprensión de los procesos. Nada dice en relación a la necesidad o la decisión de trabajar y de migrar, ni acerca de las dinámicas familiares o parentales que sostuvieron (o fueron totalmente ajenas) a los actos de las y los adolescentes. Tal como se señaló en páginas anteriores, el 70% de las propuestas laborales fueron recibidas directamente por las o los adolescentes, y más de la mitad de ellos contaba con información precisa respecto del trabajo que harían y el pago que supuestamente recibirían. También en la mitad de los casos cruzaron la frontera internacional con el permiso expreso de sus padres, que sabían con quién y para qué la estaban cruzando. Por ello, es razonable pensar que casi todos estos varones y mujeres adolescentes tomaron (o aceptaron) decisiones que combinaban lo migratorio y lo laboral con la anuencia, el conocimiento o la intervención directa de sus familias. Y en los casos donde la familia no estaba al tanto (tal el caso de algunas mujeres, como se señaló más arriba y como se verá en el próximo capítulo) no fue porque la captación hubiera ocurrido en un contexto de engaño o secuestro, sino simplemente porque esas jóvenes ya se habían sustraído a la tutela familiar, no pedían permiso ni consultaban sus opciones.

¿Sabrían, padres y madres, hijos e hijas, cuan duro podría llegar a ser el trabajo en Argentina? ¿Sospecharían que en muchos de los casos los acuerdos económicos no se cumplirían? De haber sabido alguna de estas cosas ¿su decisión hubiera sido distinta, al punto de decidir no migrar? Estas preguntas no fueron formuladas en el transcurso de esta investigación, y por lo tanto no tienen respuestas explícitas. Sin embargo, la experiencia de quienes se han desempeñado en la asistencia y en el retorno de las y los adolescentes a sus localidades de origen indica que la migración hacia la Argentina sigue siendo un horizonte en la mayoría de los casos -evidentemente porque a pesar de todo lo ocurrido, las condiciones que impulsaron el traslado original no se modificaron perceptiblemente.

Será cuestión de esperar a alcanzar la mayoría de edad, evaluar qué cosas podrían haber sido distintas, incluso expandir la red de contactos, pero nada hace pensar que, a partir de la experiencia previa, se haya descartado de plano un nuevo proceso migratorio a futuro. El cruce de la frontera internacional será menos riesgoso para quienes sean legalmente adultos en el próximo intento, y la demanda de mano de obra étnica (y sobreexigida) seguirá existiendo en quintas, talleres y comercios.

1. A fines de 2012, mediante la Resolución 731, la Oficina fue convertida en Programa Nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. ↵

2. 2 La Oficina de Rescate no recibe información precisa sobre el allanamiento. Solo se le avisa que en las próximas horas se requerirá asistencia para una cantidad estimada de víctimas (mayores o menores de edad), de acuerdo a lo que la justicia ha averiguado a través de las investigaciones previas al allanamiento. ↵

3. 3 Tanto la SENAF como el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) fueron creados en 2005, mediante la ley 26.061 - Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Consejo está integrado por quien ejerza la titularidad de la SENAF y por los representantes de los órganos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Suele reunirse dos veces por año. ↵

4. En 2013, mediante la Resolución PGN 805, la Unidad Fiscal devino Procuraduría. ↵

5. En este punto existe una indudable tensión entre el Área para la prevención de ¡as peores formas de vulneración de derechos de SENAF y algunos dispositivos de asistencia juris-diccionales. SENAF sostiene que, salvo situaciones muy puntuales, debe promoverse y facilitarse el retorno voluntario a su país de origen de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Esto en vistas a que no existen mecanismos que permitan regularizar su situación migratoria sin la presencia y la intervención de sus padres o tutores. Inversa¬mente, otros organismos parecieran pensar que el retorno no es una opción deseable, y buscan diversas estrategias para que permanezcan en el país. En algunos casos, esto ha incluido retornarlos al cuidado de los adultos que, por ejemplo, comandaban los talleres, las quintas o los comercios investigados o allanados. ↵

6. Se trata de casos donde los adolescentes fueron reticentes a brindar información y fueron retirados del dispositivo de asistencia uno o dos días más tarde por algún adulto responsable, o directamente se fugaron. ↵

7. Estos años de ingreso no se vinculan con el corte de fechas propuesto para el proyecto. El año de ingreso de los niños, niñas y adolescentes al país no fue un criterio para que fueran derivados al dispositivo de asistencia. ↵

8. Recordemos que la ley 26.390 / 2008 - Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente elevó la edad mínima del empleo de los 14 a los 16 años y prohibió el trabajo de personas menores de 16 años en todas sus formas. ↵

9. La diferencia entre los porcentajes señalados y el total (100%) corresponde al 10% cuyo traslado no se debió a una propuesta laboral. ↵

10. Debe tenerse en cuenta el "sin datos" es el doble para varones que para mujeres, con lo cual la comparación puede resultar endeble. Hipotéticamente, si todos los casos "sin datos" correspondientes a varones fueran ingresos irregulares (sin permiso de los padres, o con documento apócrifo), no se modificaría el hecho del que más de la mitad de sus cruces fueron regulares. Pero si todos los casos "sin datos" de mujeres fueran asignados a la categoría "documento propio y permiso de los padres", el 62% de sus cruces hubieran sido regulares, superando a los varones. ↵

11. Esto no significa que en otras jurisdicciones no haya talleres de confección de indu¬mentaria llevados adelante por inmigrantes bolivianos. Es razonable pensar que los debe haber en la provincia de Córdoba, por ejemplo. El hecho que no hayan llegado adolescen¬tes desde esos otros talleres a SENAF puede deberse a políticas de persecución del delito jurisdiccionales (en Córdoba se ha hecho hincapié especialmente en la persecución de la trata para explotación sexual) o a prestación de asistencia por parte de los servicios de protección locales. Algo similar puede decirse respecto a los relativamente pocos casos de adolescentes hallados en quintas y fincas, que por otra parte no han sido objeto de fiscalización e investigación con la intensidad que sí lo fueron los talleres. ↵

12. La ley 26.390/2008 (Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescen¬te) prohibe expresamente la contratación como empleadas en servicio doméstico sin reti¬ro de todas las personas menores de 16 años (art. 14). Posteriormente, la ley 26.844/2013 prohibió la modalidad de trabajo sin retiro de personas de 16 y 17 años. ↵

13. Diversas fuentes señalan la presencia de familias bolivianas en ladrilleras (es decir, donde se preparan, cortan y cuecen ladrillos). Habitualmente ubicadas en zonas rurales, las ladrilleras son inspeccionadas de manera esporádica y asistemática. No se descarta que en ellas haya niños trabajando junto al resto de su familia, o adolescentes autónomos. ↵

14. 14 En ninguno de los casos en que hubiera sido hipotéticamente posible por edad (los mayores de 16 años) el trabajó cumplió con lo que indica la ley. ↵

15. 15 En relación a la disparidad de valores pago / no pago entre varones y mujeres, un elemento que no se desprende de los informes, pero que la experiencia en entrevistas obli¬ga a mencionar es el siguiente: que los adolescentes varones, entrevistados por mujeres (todas las operadoras de asistencia que intervinieron en estos casos eran mujeres) hayan ocultado algunos casos de "no pago" por una cuestión de orgullo o posicionamiento de género ante las operadoras. ↵

16. No obstante, en una de las causas judiciales analizadas, dos o tres trabajadores de una verdulería (entre ellos una adolescente) dormían en un entrepiso que tenía el local, que de noche se cerraba por fuera. ↵

CAPÍTULO V

EL RELATO DE LOS HECHOS EN LAS  CAUSAS JUDICIALES

En este capítulo se trabaja una fuente documental específica: un conjunto de resoluciones dictadas por diversos jueces y tribunales de la justicia federal nacional para decidir en investigaciones iniciadas en el marco del artículo 145 ter del Código Penal, que castiga la trata de personas menores de 18 años.

Las piezas analizadas resuelven sobre hechos ocurridos entre abril de 2008 y diciembre de 2012. Esta precisión temporal es relevante ya que comprende el período de vigencia de la ley 26.364 – Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Dicha ley estableció el fuero federal para la investigación del delito, recogió la definición de trata de personas contenida en el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, reprimir y sancionarla trata de personas, especialmente mujeres y niños e incorporó la figura al Código Penal Nacional a través de los artículos 145 bis (trata de personas mayores de edad) [1] y ter (trata de personas menores de 18 años) [2]. En términos generales, el tipo penal establecido en estos artículos exigía demostrar un conjunto de acciones (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir) llevadas adelante recurriendo a ciertos medios (engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad) para lograr una finalidad específica: la explotación. La ley 26.364 definió explotación en los siguientes términos: reducir o mantener a una persona en condición de esclavitud o servidumbre; obligar a la realización de trabajos o servicios forzados; promover, facilitar u obtener provecho de cualquier forma de trabajo sexual; practicar la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos (art. 4).

En diciembre de 2012 (a consecuencia de un fallo escandaloso que absolvió a todas las personas imputadas por el secuestro, desaparición y posterior explotación sexual de Marita Verón) tanto la ley 26.364 como los tipos penales que había establecido fueron modificados por la ley 26.842, que (entre otras cuestiones) estableció que la configuración del delito no exige demostrar que haya ocurrido coerción, engaño, fraude o intimidación.

Existen otras dos figuras penales frecuentes en las investigaciones judiciales vinculadas a la trata de personas. Una de ellas es la reducción a esclavitud o servidumbre, castigada en el artículo 140 del Código Penal (también modificado a fines de 2012 por la ley 26.842). A diferencia del tipo penal de la trata de personas, la reducción a servidumbre no castiga los pasos que condujeron a esa situación. No son relevantes la captación, el traslado, los medios por los cuales se mantiene a la persona en situación de servidumbre ni la existencia o no de una finalidad de lucro o explotación específica. Es decir que esta figura reprime menos acciones que la trata, pero acciones más sencillas de probar en la causa judicial. De hecho, no es infrecuente que causas iniciadas como “trata de personas” muten hacia el tipo penal de “reducción a servidumbre”, o que causas iniciadas en fueros ordinarios como “reducción a servidumbre” pasen a fueros federales cuando aparecen indicios alusivos al tipo penal de la trata de personas.

La otra figura penal, relevante cuando la explotación laboral se asocia a un proceso migratorio (tal el caso de esta investigación), se encuentra en la ley 25.871 – Ley de Migraciones. Puntualmente, su artículo 117 castiga con prisión de uno a seis años a quien promueva o facilite “la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio”. Este artículo aparece de manera recurrente en los casos que involucran a personas extranjeras, cualquiera que sea la finalidad de explotación y ya se trate de adultos o niños. Especialmente cuando los hechos investigados en la causa incluyen cruce irregular de fronteras internacionales o situación migratoria irregular (originada en el mismo ingreso clandestino o en permisos de residencia vencidos), los operadores judiciales evalúan si existe una relación necesaria entre dicha “permanencia ilegal” y una política de empresa que recurre sistemáticamente a la irregularidad migratoria como modalidad de coacción.

Es decir que en función de la legislación vigente entre 2008 y 2012, los hechos que dieron inicio a las causas analizadas en este capítulo fueron investigados como delitos contra la libertad, y en ciertas ocasiones complementariamente como delitos contra el orden migratorio [3]. Al primer caso aluden las figura de reducción a servidumbre (art. 140 del Código Penal) y trata de personas mayores y menores de edad (arts.145 bis y ter respectivamente). El segundo caso comprende el tráfico ilícito de migrantes y la promoción o facilitación de la permanencia ilegal de un extranjero para la obtención de un beneficio (arts. 116 y 117 de la ley de Migraciones).

LAS CAUSAS JUDICIALES

Según el Informe Anual 2012 de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), dependiente del Ministerio Público Fiscal, entre 2008 y 2012 se abrieron 730 investigaciones preliminares iniciadas en denuncias de presuntos casos de trata de personas [4]. De estos casos, 65% refieren a supuesta explotación sexual y 26% a explotación laboral. El 9% restante involucra casos donde la presunta víctima se encuentra desaparecida y por lo tanto se carece de indicios concretos respecto a la finalidad de la explotación. En más de la mitad de los casos se denunció trata de personas mayores de edad, en una tercera parte trata de personas menores de edad, y en los restantes ambas modalidades combinadas. De las 730 investigaciones preliminares contabilizadas hacia fines de 2012, aproximadamente 60% se encontraba en la etapa de denuncia inicial, 20% había sido archivada y 20% cursaba el trámite judicial (es decir que la etapa de instrucción había concluido y la causa había pasado a juicio).

En el marco de este proyecto se identificaron 34 causas judiciales iniciadas por presunto delito de trata de personas menores de edad con finalidad de explotación laboral. De ellas, 27 fueron facilitadas por la UFASE, en tanto que las 7 restantes fueron halladas compulsando el sitio del Centro de Información Judicial del Poder Judicial de la Nación [5]. Del total, sólo 28 involucraban a niños, niñas o adolescentes provenientes de Bolivia. De las seis restantes, dos referían a adolescentes paraguayos, una a una adolescente peruana y tres a niños y adolescentes argentinos. Además, 3 de las 28 causas en las que se hallaron niños o adolescentes bolivianos se habían iniciado en la provincia de Jujuy, inmediatamente luego de ocurrido el cruce en la frontera internacional Villazón – La Quiaca. Es decir que la información presente en el procesamiento sólo refería a la captación y a una porción del traslado.

Las 25 causas restantes (más próximas a los intereses de esta investigación) referían a hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13 casos), en la provincia de Buenos Aires (9 casos, repartidos entre el Gran Buenos Aires, La Plata, Colón y Mar del Plata) y en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut (3 casos). Los hechos investigados ocurrieron en talleres textiles, quintas hortícolas, verdulerías, comercios de ropa, venta callejera y domicilios particulares.

Este corpus (constituido en su mayoría por procesamientos en primera instancia y en menor medida por fallos del juez federal o tribunal competente) resume una porción importante de la información y de las pruebas aportadas en el expediente. En particular, los procesamientos reconstruyen la secuencia de los hechos y transcriben las partes más significativas de los testimonios de víctimas, imputados y testigos. Así, es posible conocer detalles relativos a quiénes intervinieron en la oferta laboral que originó el traslado, a la gestión y el pago de los pasajes, al lugar del cruce de frontera, a los documentos utilizados para el cruce, a las condiciones de trabajo o de explotación, a las condiciones de vida dentro del taller, comercio, quinta o verdulería, a la organización cotidiana de la producción, etcétera. Es decir que en el marco de la investigación judicial se colecta información relativa al presunto delito, a las relaciones sociales (comerciales, de parentesco o de paisanaje) entre los diversos sujetos y a los conflictos que se generan entre ellos —y que en algunas oportunidades originaron la denuncia que dio lugar a la intervención institucional.

Naturalmente, la información habida en el expediente judicial registra, de diversas maneras, las marcas propias de su contexto producción. Algunas declaraciones son sorprendentemente similares y parecen libretos bien aprendidos, otras están teñidas por “olvidos selectivos” o hacen excesivo hincapié en las características de las personas (“era muy buenita, no nos gritaba nunca”) en detrimento de los hechos acontecidos. A pesar de estas limitaciones, para siete de los ocho casos que se analizan en detalle en este capítulo se cuenta con una doble fuente: el procesamiento en sí, y los informes de asistencia y seguimiento elaborados por el Área para la prevención de las peores formas de vulneración de derechos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y que permiten corroborar, complementar o contrastar ciertos aspectos de lo que fuera manifestado en sede judicial.

Tanto las causas como los informes de SENAF tienen otra arista, por demás relevante cuando se trata de describir y comprender situaciones en las que están involucrados niños, niñas y adolescentes: permiten abordar lo ocurrido sin necesidad de que se produzca un nuevo (y a menudo angustiado) relato para beneficio exclusivo de la investigadora. Todo indica que en los casos investigados judicialmente, las declaraciones testimoniales se tomaron con los recaudos que corresponden según la edad: cámaras Gesell, personal especializado y grabación digital para evitar la revictimi-zación (ver www.proteccioninfancia.org.ar).

Del corpus de referencia compuesto por 25 causas, en las páginas siguientes se reseñan 8, elegidas porque complementan la información sistematizada en el capítulo anterior y porque ilustran con mayor detalle los procesos en que se inscribe el trabajo y la migración adolescente. Por supuesto, no todas son igual de detalladas respecto a los hechos que narran: algunas hacen hincapié en la situación de los niños, niñas o adolescentes hallados en los lugares de trabajo; otras describen minuciosamente las condiciones de trabajo (horarios, pagos, estado general del establecimiento); otras incluyen información sobre causas judiciales conexas, etcétera. No es raro que en los talleres residan también niños pequeños o en edad escolar, hijos de los costureros que allí trabajan, como se verá en algunos de los casos analizados. Las causas seleccionadas incluyen además descripciones más ricas de los mecanismos o las redes por las cuales “circularon” los niños, niñas y adolescentes bolivianos tanto para su llegada como durante su estadía en Argentina. Al igual que en el capítulo anterior, en todos los casos los empleadores eran de nacionalidad boliviana. No se hallaron adolescentes bolivianos trabajando en emprendimientos que no fueran de otros paisanos, ni se hallaron trabajadores no bolivianos en los talleres, quintas, comercios o casas de nacionales bolivianos.

CASO 1 - DOS HERMANOS DE 15 Y16 AÑOS EN UN PEQUEÑO TALLER FAMILIAR DE COSTURA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES [6]

En marzo de 2010 fue allanado un pequeño taller de costura ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el taller residían el dueño con su esposa y tres hijos menores de edad, y al menos 8 costureros más, entre ellos Marcos [7] y Sandra, dos hermanos de 15 y 16 años respectivamente. Provenientes de Montero (a 50 kms. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra), ambos habían llegado a Buenos Aires dos años antes, luego de la muerte del padre. En total, eran 7 hermanos: dos más pequeños que ellos y tres hermanas adultas, una de las cuales —Lorena— vivía en Argentina desde hacía varios años. Marcos había completado 5o grado y Sandra 3o.

A principios de 2009, a la muerte del padre, Lorena fue a Bolivia y retornó con sus dos hermanos, que cruzaron la frontera con documentos propios y con autorización de la madre. Instalados en su casa de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires), los primeros meses no trabajaron. Poco después, Marcos comenzó a ayudar al marido de

Lorena en su labor como albañil. Sin embargo, como ese trabajo le resultaba pesado buscó otro y consiguió emplearse como ayudante de costura, primero en un taller, luego en otro, y finalmente en un tercero, que fue allanado. En todos ellos recibió algún pago por su trabajo, y a las noches retornaba a la casa de su hermana a dormir, salvo en el último: puesto que estaba ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, dormía allí y se retiraba los sábados para volver los lunes. Su hermana Sandra había trabajado previamente en otros 5 talleres. En todos los casos consiguió el trabajo en la esquina de Cobo y Curapaligüe [8]. En el último taller, Sandra era ayudante de costura en tanto que su hermano planchaba y colocaba tachas en los pantalones.

Los hermanos llevaban aproximadamente cuatro meses trabajando en el taller allanado, del que destacan el hacinamiento y las malas condiciones edilicias. Por comentarios de otros costureros, y ante la sospecha que podría ocurrir una intervención policial, habían decidido irse pero el dueño les pidió que permanecieran dos meses más, hasta que pudiera traer otras personas de Bolivia para que los reemplazaran. Vale mencionar que los hermanos habían sacado turno ante la Dirección Nacional de Migraciones para regularizar su residencia.

Este es uno de los casos en los que la migración no se debió a una oferta de trabajo en Argentina sino a un motivo familiar. Ambos hermanos habían abandonado la escolarización muchos años antes (en la causa judicial se alude a Sandra como “analfabeta por desuso”), y si bien se carece de información cierta, es razonable suponer que ya trabajaban en su ciudad de origen. Sin dudas la muerte del padre empeoró la situación familiar y la hermana mayor contribuyó a descomprimirla, trayendo con ella a Buenos Aires a dos de los cuatro hermanos más pequeños que aún residían con la madre. Nada indica que Lorena incidiera en su colocación en los talleres, ni que hiciera arreglos laborales en nombre de ellos o cobrara su dinero: simplemente facilitó su llegada y les brindó alojamiento. Una vez en Buenos Aires, Marcos y Sandra se comportaron con notable autonomía: si bien no estaban por fuera de una estructura familiar ni carecían de adultos de referencia, ambos buscaron sus propios trabajos, y según Lorena, contaban con dinero propio para sus gastos.

En mayo de 2010 (luego del allanamiento y una vez iniciada la causa judicial) la madre de Marcos y Sandra viajó a Argentina para llevarlos con ella a Bolivia, a pesar del deseo de Marcos de quedarse en Buenos Aires con su hermana Lorena, donde evaluaba que tendría mejores oportunidades laborales y educativas. Por su parte, el dueño del taller, un hombre boliviano de 34 años de edad, fue procesado “por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de trata de personas mayores de edad y menores de edad”. No se le dictó prisión preventiva, pero se le trabó embargo por $5.000 y se prohibió su salida del país.

Nota: entre los casos analizados existe otro similar. Se trata de un taller pequeño, donde trabajaban dos adolescentes de 17 años (un varón y una mujer) hermanastros entre sí, y sobrinos del dueño del taller. El taller estaba en una construcción en un barrio de emergencia, donde había dos talleres más, que no estaban relacionados entre sí ni con el primero. Habían llegado a Buenos Aires a instancias del tío, con la expectativa de trabajar y estudiar. (Causa N° 3526/12, Secretaría N° 4 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2)

CASO 2 – TRES MUJERES ADOLESCENTES EN UN TALLER MEDIANO DE CONFECCIÓN DE CAMISAS EN EL GRAN BUENOS AIRES [9]

En junio de 2011, un llamado telefónico anónimo realizado a la central de emergencias 911 denunció la existencia de un taller textil en un domicilio particular ubicado en el Partido de La Matanza, del conurbano bonaerense. La investigación policial, iniciada a instancias del fiscal, confirmó que en el domicilio denunciado —que no estaba habilitado como taller— residía “un grupo aproximado de veinte personas, en su mayoría ciudadanos bolivianos en situación migratoria irregular”. Seis meses después se realiza un allanamiento con el propósito de

“constatar si en ese lugar funcionaba un taller de confección de prendas de vestir, en el cual se encontrarían trabajando y/o residiendo personas presumiblemente de origen extranjero; si las condiciones de seguridad, higiene, habitabilidad y laborales resultaban deficitarias; y si por su gravedad podría verificarse algún tipo de infracción a las leyes penales que reprimen la trata y/o el tráfico de inmigrantes ilegales”.

Efectivamente, en el allanamiento, realizado a fines de diciembre de 2011, se encontraron 16 máquinas de coser y 18 personas, entre ellas 3 mujeres adolescentes de 15, 16 y 17 años. Dos de ellas son hermanas entre sí, hermanas de una tercera costurera mayor de edad, y primas de la joven de 16 años. Además, entre los costureros se encontraba un padre con sus tres hijos varones (mayores de edad), así como varios parientes del dueño del taller, y a su vez parientes entre sí. Estos lazos los ilustran los apellidos repetidos y los dichos de las personas.

Las tres adolescentes (Sonia y Brenda, hermanas entre sí y primas por parte de padre de Juana) habían nacido en el Alto, en La Paz, entre 1994 y 1996, y tenían 3 o 4 hermanos más. La más grande había cursado hasta 7° grado, otra hasta 8o y la tercera hasta el 2° de la escolaridad secundaria. Una de ellas trabajaba en una feria. Las tres, junto con la tercera hermana mayor de edad, habían ingresado a Argentina en noviembre de 2011, a través del paso de Villazón – La Quiaca, que cruzaron con documentos propios y autorización firmada por la madre a favor de Alberto, el tallerista. El traslado se produjo a instancias de Alberto, hermano de la madre de Juana y pariente de la madre de las otras tres jóvenes. En relación a este último vínculo, Alberto dice que no sabe cuál es exactamente, pero que “con la madre de estas chicas me saludo de hermanos”.

Alberto le ofreció a la madre de Sonia y Brenda trabajo en su taller para sus tres hijas, haciéndose cargo del pasaje (que luego les sería descontado del sueldo) y ofreciéndoles $ 800 mensuales (equivalentes en ese momento a U$ 150), pagaderos cada tres meses. La madre, separada de su marido y apremiada por una deuda, aceptó este acuerdo para sus hijas, igual que la madre de Juana. Según Alberto, la madre de Juana estaba preocupada además porque consideraba que su hija estaba desarrollando un problema de alcoholismo y que el traslado hacia Argentina y el trabajo podrían corregir esa problemática [10].

Con respecto a las tareas realizadas por las adolescentes, es de destacar que ninguna de ellas manejaba una máquina de costura: sacaban hilos de las camisas, volcaban los cuellos, emprolijaban, doblaban y planchaban, probablemente porque por su corta edad y limitada experiencia no contaban aún con las destrezas o el conocimiento para “sentarse en la máquina”. Al igual que el resto de las personas presentes en el momento del allanamiento, vivían en el taller (donde también residía Alberto con su familia), compartían el cuarto con otras jóvenes, desayunaban, almorzaban, merendaban y cenaban. Su horario de trabajo se extendía desde las 7 hasta las 22 hs. de lunes a viernes, y medio día del sábado. Puesto que al momento del allanamiento había pasado poco más de un mes de su llegada al taller, no se había concretado aún ninguno de los pagos prometidos.

En lo que respecta a la documentación, 16 de las 18 personas que trabajaban en el taller se encontraban en situación migratoria irregular, incluso varios que residían en Argentina desde hacía ya años. A diferencia de los costureros, Alberto contaba con DNI argentino.

Alberto relata su propia historia en la causa. Nacido en 1970 en La Paz, ingresó por primera vez a Argentina en 1995, “ante el comentario de un conocido sobre la posibilidad de trabajar en un taller textil” dedicado a la confección de camisas y ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. A fines de cada año retornaba a Bolivia, para reincorporarse al taller a principios del año siguiente. A principios de 2003 decidió quedarse en Bolivia, donde se dedicó a actividades rurales y comerciales hasta 2008, cuando “después de unas granizadas donde la papa no valía nada y no se podía vivir del campo, consultando con unos amigos de la Argentina me dijeron que algo había en los talleres; entonces me vine nuevamente”. Trabajando como rectista [11] ahorró un dinero que le permitió comprarse tres máquinas, y junto a su esposa dio arranque a un taller en la provincia de Buenos Aires dedicado a la confección de camisas. Según su relato, en diciembre de 2010 (es decir: un año antes del allanamiento) alquiló una vivienda más grande. Para esa fecha, a partir de préstamos de dinero, había adquirido las 16 máquinas que se encontraban en el taller de La Matanza. “Cada vez que llegaba de Bolivia un familiar mío con intenciones de trabajar, me compraba una máquina para que pueda trabajar el familiar”.

En lo que respecta a la incorporación de costureros, Alberto expresa que los primeros en llegar fueron un padre y sus dos hijos, “primos segundos míos”. Poco tiempo después llegó la esposa con tres hijos más del matrimonio: uno de ellos también costurero y “dos hijos chiquitos que no trabajan en el taller”. Posteriormente vino otro primo de Alberto, que a su vez trajo a otro primo. Dos mujeres más, también primas de Alberto, habían llegado al taller unos tres meses antes, al igual que dos primos de la esposa de Alberto, los cuales eran hermanos entre sí. Finalmente, en noviembre de 2011 habían llegado las adolescentes mencionadas al principio. A los costureros y sus ayudantes se suma “mi tía Irene, que es la encargada de la cocina”.

Con respecto a gastos y costos, Alberto señala que a todos les pagaba cada tres meses, que los costureros ganaban entre $ 2.000 y $ 2.800 mensuales (a razón de tres pesos por camisa terminada), en tanto que los ayudantes ganaban entre $ 800 y $ 1.000. El pagaba el alquiler, la luz, el agua, el gas y cuatro comidas diarias por personas, salvo los  días domingo. Acerca de quién le encarga las camisas, dice que es “Don Pablo, a quien no conozco ni de vista; que se las entrega a Víctor que es quien me las trae al taller”.

De este caso amerita destacar las siguientes cuestiones:

- se trata de un taller iniciado por un matrimonio, a partir de su experiencia previa como costureros en otros talleres. La experiencia previa les aportó el know-how acerca de la confección de camisas, los contactos con los fabricantes y el dinero para las primeras tres máquinas.

- La principal inversión radica en la compra de máquinas de coser (fácilmente trasladables de un sitio a otro). Los gastos de alquiler y servicios se “deducen” del pago a los costureros, quienes cobran una parte de su trabajo en efectivo y otra parte en “especias”: vivienda y alimentación. Además, es razonable suponer que varios de ellos llegaron a Argentina con el pasaje pagado por Alberto. En este sentido, y como se mencionaba en el capítulo III, trasladarse a Argentina en el marco de una oferta de trabajo que incluye pasaje y vivienda reduce significativamente los costos y los riesgos iniciales del proceso migratorio.

- Todos los costureros del taller habían sido contactados a través de lazos de parentesco, ya sea del propio Alberto o de su esposa [12]. Esto probablemente esté vinculado con la presencia de tres adolescentes en un total de 18 costureros.

- Con respecto a las adolescentes, y en consistencia con lo ilustrado en el capítulo anterior, se destaca que la escolaridad ya había sido discontinuada bastante tiempo antes del traslado a Argentina; la inserción temprana en el mercado de trabajo en el país de origen; el acuerdo realizado entre las partes adultas (el “tío” Alberto y las respectivas madres de las adolescentes); y la responsabilidad asumida por las hermanas en relación a una deuda que aquejaba a la familia. Respecto a la relación con Alberto y al trato dispensado, Sonia expresa que “es un buen tío, que asumió un riesgo”.

Un último aspecto a destacar en este caso es que ninguna de las personas hizo alusión a malos tratos, gritos, violencia, retención de salarios, retención de documentos o amenazas. Previo a su retorno a Bolivia, las adolescentes fueron asistidas por la Oficina de rescate y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se alojaron en el dispositivo de protección de SENAF, donde podrían haber completado o ampliado el relato de los hechos acontecidos sin temor a represalias por parte de Alberto.

El tallerista fue procesado como autor penalmente responsable del delito de trata de personas mayores y menores de edad, en concurso con la facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros para obtener un beneficio directo o indirecto (art. 117 de la ley 15.871, de Migraciones). Si bien no le fue dictada la prisión preventiva y espera el fallo del tribunal en libertad, se le trabó embargo por $ 100.000.

CASO 3 – CUATRO ADOLESCENTES EN UN GRAN TALLER EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES [13]

Una de las investigaciones judiciales más grandes en relación a los talleres de confección de indumentaria tuvo lugar en el marco de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. En dicha investigación se determinó que 13 personas (8 varones y 5 mujeres), 9 de ellas emparentadas entre sí, estaban vinculadas comercialmente a través de 12 talleres de confección de indumentaria, algunos comercios de ropa y al menos una lavandería industrial y un taller de planchado. En el marco de esta investigación se realizaron 22 allanamientos en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los talleres allanados se encontraba en una esquina de la zona sur de la Ciudad, en una gran construcción de dos plantas en la que, al momento del allanamiento (agosto de 2012) se encontraron 62 costureros y 94 máquinas de coser. Una parte de los costureros vivía en 8 dormitorios que se encontraban distribuidos en las dos plantas del taller, en tanto que el resto residía en dos viviendas (ubicada a unas pocas cuadras) que Matías, el dueño del taller alquilaba para alojamiento de los costureros. Matías, por su parte, vivía en el mismo taller.

Entre los trabajadores se encontraron cuatro adolescentes (tres varones y una mujer) que llegaron al taller de distintas maneras, todas ellas ilustrativas de los casos reseñados en el capítulo anterior. Veamos.

Carina tenía 16 años y había llegado a Buenos Aires a los 11, con su madre, su padrastro y su hermana. Durante dos o tres años, la familia vivió en un taller donde trabajaban ambos padres: él como costurero, ella como cocinera y ayudante de costura. Mientras, Carina y su hermana más pequeña iban a la escuela. Luego, el padrastro comenzó a trabajar en el taller de Matías, donde, según sus propios dichos, era “jefe” de una de las dos secciones en que se organizaba el trabajo y cobraba más de $ 4000 (aproximadamente US$ 800 mensuales). Al momento del allanamiento, llevaban tres años trabajando allí y residiendo en una de las viviendas que el dueño alquilaba para los costureros (y donde vivían al menos 20 personas más). Carina cursaba la escuela secundaria, pero luego de repetir dos veces el mismo año, y ante la derivación al turno vespertino (que según expresó, le daba temor) decidió abandonar sus estudios y comenzar a trabajar. Al principio, Matías fue reticente a darle trabajo debido a su condición de menor de edad, pero un par de meses antes del allanamiento, y ante la falta de personal, la contrató como ayudante de costura a cambio de $ 900 mensuales. Carina trabajaba aproximadamente 7 horas diarias, según la demanda que hubiera de sus tareas.

Nadia, de 17 años, es prima de Carina: su madre es la hermana del padrastro de Carina. Había llegado a Argentina por primera vez en febrero de 2009, junto a sus padres y sus cinco hermanos. Durante aproximadamente un año y medio la familia vivió en un taller cercano al allanado, donde trabajaban ambos padres mientras los hijos iban a la escuela. A mediados de 2010, Nadia, su madre y algunos de sus hermanos retornaron a Bolivia, en tanto que el padre y los demás hijos lo hicieron unos meses más tarde. En 2011 sus padres se separaron, motivo por el cual en 2012 la madre volvió a Argentina con sus seis hijos (que a la sazón tenían entre 4 y 18 años) para trabajar en el taller de Matías, donde su hermano era capataz. Nadia no hace referencias a su escolarización, pero sí menciona que unos meses antes del allanamiento, al enterarse que estaba embarazada, le pidió trabajo a Matías. A poco de comenzar a trabajar (y probablemente en el marco de los controles por embarazo) fue diagnosticada con tuberculosis y pasó dos meses internada en un hospital. Había vuelto al taller diez días antes del allanamiento, y no había recibido aún ningún pago. En el taller trabajaban además la hermana mayor de edad de Nadia y su madre, que dijo ganar entre $1500 y $2000 mensuales. Vivía allí junto a todos sus hijos, incluso los más pequeños, de cuyo comportamiento varios costureros ya se habían quejado, según relata Nadia.

Juana, de 16 años, había llegado a Argentina en junio de 2012, es decir dos meses antes del allanamiento. Su hermana Betty y su esposo León (ambos de 20 años) habían llegado a Buenos Aires en enero de 2012; desde esa fecha trabajaban en el taller de Matías y residían en una de las casas próximas al taller, junto con sus dos hijos pequeños. En principio, Juana viajó a Buenos Aires pagando su propio pasaje para ocuparse de sus sobrinos mientras su hermana trabajaba. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a desempeñarse como ayudante de costura en el mismo taller que su hermana y su cuñado. Indica que Matías “sabía que yo era menor de edad, lo que no sabía era que no tengo los documentos de acá [en referencia a que no había regularizado su situación migratoria]”. El cuarto adolescente era Ignacio, de 16 años y hermano menor de León. Al igual que Juana, Ignacio había llegado a Argentina tras los pasos de su hermano: trabajaba en el mismo taller y residía en la misma casa.

Los cuatro adolescentes se desempeñaron como ayudantes en el taller. Refieren distintos horarios de trabajo (6 o 7 horas Carina; 14 horas Nadia; 10 horas Juana e Ignacio) y distintas formas de trasladarse al taller desde el lugar de alojamiento: Juana e Ignacio viajaban en remis, junto con otros de los costureros que residían en la misma casa, en tanto que Nadia y Carina iban caminando. Nadia e Ignacio habían vivido primero en el taller propiamente dicho, para luego alojarse en una de las casas que Matías alquilaba (y cuyo costo aparentemente no “descontaba” expresamente de lo que pagaba a los costureros).

En sentido estricto, ni Carina ni Nadia pueden considerarse migrantes autónomas, ya que ambas se trasladaron acompañando a sus padres, y empezaron a trabajar tiempo después. Juana viajó con su hermana, para ayudarla en el cuidado de sus hijos, e Ignacio sí migró solo, con el propósito de trabajar y con el apoyo de su hermano y de un tío en el lugar de destino. Es decir que el vínculo de los cuatro adolescentes con el taller como espacio y con el tallerista como proveedor de trabajo y vivienda estuvo mediado por un adulto de su propia familia (las madres en los casos de Carina y Nadia, los hermanos en los casos de Juana e Ignacio). En estos casos, y a diferencia del taller mediano reseñado más arriba, el tallerista no buscó expresamente a estos jóvenes, sino que más bien existían un conjunto de relaciones familiares y laborales previas que los aproximaron al ámbito del taller.

Las tres mujeres, además, habían tenido una responsabilidad anterior indirectamente ligada a la producción: ya fuera como hijas mayores (Carina y Nadia) o como hermana menor (Juana) de una mujer económicamente activa, su aporte “en especies” consistió en asumir tareas de cuidado de niños pequeños según roles tradicionales de género, de modo que otra mujer pudiera trabajar. Estos tres casos también muestran una de las formas que adquiere la transición entre la adolescencia y la adultez, marcada por el pasaje gradual del ámbito de la escolarización hacia el ámbito del trabajo, incluyendo la conyugalidad y la maternidad -tal el caso de Nadia, que estaba embarazada y en pareja con un joven que trabajaba en el mismo taller. En Juana, esta transición estuvo encuadrada en un proceso migratorio del que se encarga de aclarar que ella “pagó su propio pasaje”.

En términos generales, estos cuatro casos muestran la imbricación de las relaciones sociales, familiares y laborales en el marco de las cuales las y los adolescentes llegaron al taller. No puede hablarse de un “reclutamiento” en sentido estricto, ni de una oferta laboral expresa del tallerista, sino más bien de un conjunto de relaciones sociales donde los lazos de parentesco son una de principales vías de acceso para el trabajo. Una porción considerable de quienes trabajan en los talleres están unidos entre sí por relaciones de parentesco (hay matrimonios, pares o conjuntos de hermanos, tíos/sobrinos, etc.), y las y los adolescentes van circulando por esos lazos y modificando su posición en el sistema de relaciones. La circulación refiere a salir de la convivencia con el padre y/o la madre hacia la convivencia con tíos o hermanos, lo cual puede incluir la migración internacional. En esa circulación, pareciera que también salen de la posición de hijos/hijas (y, por extensión, de la “niñez”) hacia otras posiciones con mayores responsabilidades, que pueden incluir desde el cuidado de otros niños hasta el trabajo asalariado en sentido estricto. En esta circulación social, acompañada de circulación geográfica, pareciera producirse también el tránsito hacia la adultez, expresada en el trabajo, en la conyugalidad y en la maternidad/paternidad.

En el marco de los múltiples allanamientos a talleres ligados a esta investigación judicial fueron encontrados otros tres adolescentes. Lía, de 16 años, que llegó a Argentina a los 14 años, con su madre y 2 hermanos más pequeños. Durante más de un año, mientras su madre trabajaba en el taller, ella fue a la escuela, al igual que sus hermanos. Cuando la madre retornó a Bolivia, Lía quedó al cuidado de una hermana, pero abandonó la escuela y trabajó en el taller durante 5 meses. Ismael, también de 16 años, trabajó durante 8 meses en el mismo taller que su hermano mayor de edad. Milton es el tercer adolescente, pero solo aparece mencionado en la causa judicial, sin más datos relativos a su trayectoria.

Luego del allanamiento, ante la clausura del taller y de las viviendas donde se alojaban los costureros, Juana, Ignacio, Betty, León y sus pequeños hijos quedaron en situación de calle y fueron asistidos para retornar a Bolivia. Nadia y Carina permanecieron en Argentina junto a sus familias. Matías, el dueño del taller allanado, fue procesado con prisión preventiva y se trabó embargo sobre sus bienes por $ 1.000.000.

CASO 4 – DOS ADOLESCENTES EN UNA TIENDA DE VENTA DE ROPA EN COLÓN (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) [14]

Esta causa se inicia en marzo de 2011 con la denuncia realizada por una dienta de la tienda de ropa en la Estación Policial Comunal de Colón. Cuando concurrió a la tienda en horas de la mañana, la dienta encontró a dos de las jóvenes que allí trabajaban nerviosas y angustiadas. Llorando, le pidieron que las ayudara, ya que uno de los muchachos que también trabajaba allí había violado a una de ellas. Informada la fiscal, ordenó al personal policial buscar a las adolescentes a fin de recibir su declaración testimonial. Cuando la policía se presentó en el lugar, encontraron seis personas, todas ellas de nacionalidad boliviana: Marcela (16 años), Antonia (15), Leocadia (18), Zulema (25), y los hermanos Ernesto (24) y Jorge (19), estos últimos hijos de Nina, propietaria de la tienda que a la sazón se encontraba en la provincia de Mendoza, donde tenía otro comercio.

Ernesto fue acusado de violar a Marcela y a Antonia, y Jorge a Leocadia. El abuso sexual es una de las vertientes de la causa. La otra refiere a cómo llegaron las mujeres (tanto las adolescentes como las adultas) desde Santa Cruz de la Sierra a Colón, provincia de Buenos Aires.

Leocadia y su hermana Carla (de 17 años) concurrieron a una agencia de empleo en Santa Cruz de la Sierra con el propósito de conseguir trabajo. Allí les ofrecieron empleo en Argentina, en el local de venta de ropa de la Sra. Nina, supuestamente en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas hermanas firmaron un contrato para trabajar durante 6 meses a cambio de U$ 200 mensuales. A la firma del contrato, Nina pagó a la agencia $ BOL 150 por cada una de las jóvenes. Según el relato de Leocadia, de allí se dirigieron a la casa de Nina, donde permanecieron durante dos semanas. En ese contexto, Carla decidió desistir del viaje ya que temía no pasar la frontera por ser menor de edad. Ante ello, Nina le dijo que si no viajaba, debía devolverle a ella (Nina) el dinero que había pagado a la agencia y la plata de los pasajes. Para que dejara ir a Carla, Leocadia se comprometió a asumir los gastos de su hermana.

Mientras, Nina seguía buscando chicas para traer a Argentina. Así, también en una agencia de empleo, encontró a Marcela y a su prima Antonia. Según el relato de Marcela, ni ella ni Antonia querían venir, pero Nina “no quería soltarme, me agarraba de mi bolso y mi ropa y no me soltaba, y me hizo quedar en la casa de ella. Yo no quería venir pero ella nos trajo sí o sí. Mi prima Antonia no quería venir y lloraba”. Finalmente, Nina consiguió dos chicas más (de 20 y 26 años). Todas estuvieron en su casa, bajo la vigilancia de su hijo, mientras Nina ultimaba los detalles del traslado.

En febrero de 2011 ingresaron por el paso Yacuiba-Salvador Ma-zza. Marcela y Antonia tenían documentos falsos provistos por Nina, quien les retuvo sus documentos originales. Marcela relató que en la frontera “un policía me dijo «este carnet no es de usted», y me llevó a un cuarto y me dijo que no me fuera a Argentina que me iba a arrepentir, y me dio su número de teléfono para que cualquier cosa lo llamara” [15].

Nina había instruido a ambas para que, ante cualquier inconveniente, no dijeran que viajaban con ella. Cuando llegaron a la Ciudad de Buenos Aires tomaron otro micro para ir a Colón. Una vez en Colón, Nina, junto con su hija, se llevó a las dos jóvenes mayores de edad hacia la provincia de Mendoza, donde dijo tener dos tiendas más. Así, Marcela, Antonia y Leocadia quedaron en la tienda de ropa de Colón, a cargo de los dos hijos: Ernesto y Jorge.

Marcela es una entre diez hermanos, completó hasta 4o grado de la escuela primaria y comenzó a trabajar a los 11 años, como empleada doméstica en una casa de familia. “Yo le dije a mi papá que me iba trabajar a Santa Cruz, pues no había nada que hacer en Azurduy”. Junto con su prima Antonia se trasladó a la ciudad de Sucre [16], donde ambas trabajaron en una pensión vendiendo comida. Marcela relata una mala relación con sus padres, en tanto que Antonia alude al fallecimiento de su madre cuando ella tenía diez años. Según dichos de su padre “yo soy viudo y tengo cinco hijos, razón por la cual yo la mandé a trabajar a Antonia”. Ambas se escolarizaron en quechua y aprendieron español trabajando. Según se menciona en la causa, Marcela se expresa fluidamente, en tanto que Antonia tiene dificultades con el español.

Respecto al trabajo en la tienda, Marcela, Antonia y Leocadia abrían el comercio a las 8:00 hs. y atendían al público hasta las 14:00, cuando cerraban hasta las 16:00. En ese lapso preparaban la comida, limpiaban y ordenaban el local, que volvía a abrir hasta las 22:00 hs. Ernesto y Jorge atendían la caja. Dormían en el fondo del comercio, sobre colchones tirados en el piso que compartían, igual que el baño, que carecía de ducha y las llevaba a bañarse en el patio con baldes de agua fría. Marcela expresa que desayunaban poco y no cenaban casi nunca, ya que los hermanos no les compraban comida suficiente. Ernesto y Jorge también vivían en el local, en las mismas condiciones que las jóvenes, con la salvedad que el hermano mayor contaba con un cuarto para su uso exclusivo.

En este contexto ocurrieron los abusos sexuales. El pedido de ayuda a la dienta fue a la mañana posterior a la violación de Antonia, quien extremadamente dolorida y angustiada le pidió a su prima que llamara a la policía.

Tanto Ernesto como Jorge fueron procesados con prisión preventiva y embargados por $ 50.000 cada uno. Además de la violación y la trata de personas, fueron procesados por poseer doble documenta

ción no coincidente respecto a fecha y lugar de nacimiento. Sus DNIs argentinos exhiben una numeración que no se corresponde a la de extranjeros (que inicia en 90.000.000), sino a la de nacionales nacidos en la década de 2000.

Mientras estaba alojada en el dispositivo de SENAF, Marcela se encontró allí con una prima hermana de 17 años, que había ingresado al país en abril de 2011 y, con la ayuda de un cliente, que la orientó al Consulado de Bolivia en Buenos Aires, se había fugado de la verdulería donde trabajaba. Las familias de ambas jóvenes desconocían que se hallaban en Argentina.

De este caso, mucho más trágico que los anteriores, interesa destacar los siguientes aspectos:

- el muy precoz abandono escolar ligado a contextos de pobreza rural y familias numerosas;

- la circulación geográfica y social autónoma de las jóvenes, a partir de edades muy tempranas;

- la temprana incorporación al mundo del trabajo, en combinación de la decisión propia y la necesidad familiar (10 y 11 años); y

- la autonomía de la decisión migratoria como resultante de las situaciones anteriores.

En lo que respecta a la oferta de trabajo y al traslado, vale la peña señalar la “expertez” de la Sra. Nina a la hora del reclutamiento: recorrer la ciudad en búsqueda de chicas (parte de Santa Cruz con 5), conseguir los documentos falsos -incluso para sus propios hijos-; aleccionar a las adolescentes menores de edad respecto a qué decir en la frontera, y finalmente contar con tiendas en dos puntos distantes entre sí (provincia de Buenos Aires y Mendoza), ambos destinos comparativamente recientes para la migración boliviana en Argentina. Finalmente, cabe preguntarse por la delegación del control de la tienda en sus dos hijos varones, cuya dominación “patronal” se expresó también en términos de dominación de género y se extremó hasta la violación de la más pequeña (que además menciona ser haber sido virgen hasta ese hecho). Este parece haber sido el límite que las jóvenes no estaban dispuestas a tolerar —probablemente porque sin lugar a dudas rebasaba cualquier acuerdo laboral— y que las motivó a pedir ayuda.

CASO 5 – VARONES Y MUJERES ADOLESCENTES EN UNA QUINTA DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES [17]

Walter, un hombre de aproximadamente 40 años, nacido en Tarija, Boli-via, era el dueño de una quinta que producía verduras en fresco ubicada en la localidad de Sierra de los Padres (provincia de Buenos Aires). Residía en el predio con su esposa e hijos, y era también propietario de tres vehículos. Parte de las tareas de cultivo las llevaba adelante Germán [18], boliviano, de 49 años, que vivía en la quinta con dos de sus hijos: un varón de 28 años, casado, y una mujer, Norma, de 20 años y madre de un niño pequeño con una discapacidad severa. En la quinta trabajaban varios peones, entre ellos dos primas: Fernanda, de 17 años, y Carolina, de 15. Habían llegado a Sierra de los Padres desde Bermejo, ciudad del departamento de Tarija y muy próxima a la frontera.

Allí, en septiembre de 2012, Norma les había ofrecido trabajo en la quinta, con una paga de $ 1200 mensuales y vivienda incluida. Ambas habían abandonado la escuela en Bermejo a los 13 años y vivían con sus familias, siendo Fernanda la mayor de 6 hermanos. Norma se hizo cargo de los pasajes de las primas y de los otros dos jóvenes mayores de edad que también trasladó hacia Argentina. Cuando llegaron, Walter les dijo que le debían $ 2000 de pasajes y de alimento durante el viaje. Su idea era trabajar en la quinta hasta mayo de 2013, de modo de retornar a Bermejo con dinero para sus familias (que, según surge del procesamiento, no sabían que las primas habían viajado hacia Argentina).

Carolina y Fernanda trabajaban en la quinta desde la madrugada carpiendo, sembrando y recogiendo verdura. Se alojaban en una casa en pésimo estado de higiene y conservación que compartían con Norma y su hijo, y dormían en camas improvisadas con jaulas de verdura. El estado de higiene era deplorable (según las palabras de la operadora de asistencia que intervino), y se encontraban muy atemorizadas. Además, relataron varios intentos de violación fallidos, particularmente por parte de Germán y de su hijo.

En la zona hay varias quintas y una comunidad boliviana relativamente numerosa. A través un hombre que también trabajaba en la quinta de Walter, una tía de las niñas (también quintera en la zona) se enteró que sus sobrinas estaban allí y que sufrían maltratos, “que les habían dado bebidas alcohólicas y que se habían aprovechado de ellas”. Con esos datos, la tía se presentó en la quinta a exigir que le entregaran a las niñas, pero no se las dejaron ver y le dijeron que allí no había parientes suyos. Sin embargo, volvió en una segunda oportunidad, logró ver a sus sobrinas y llevarse a Fernanda, no así a Carolina porque “decían que debía alrededor de $ 2000 y nosotros no teníamos dinero para pagar para sacarla”. A los pocos días, concurrieron a la quinta con un móvil policial para retirar a Carolina.

Del procesamiento surge que en la asistencia intervinieron los dispositivos jurisdiccionales y también la presidenta de una institución boliviana de la zona, quien intermedió para lograr que las jóvenes pudieran cobrar al menos parte del dinero adeudado, ya que no habían recibido ningún pago durante los tres meses que estuvieron allí. Finalmente, retornaron a Bermejo con sus familias, sin que quede claro cómo ello ocurrió. Por otra parte, también hay mención al resto de los peones que trabajaban en la quinta: al menos otros cuatro varones, de 17 a 22 años, llegados también desde Bermejo. Indicaron que les pagaban “de a poco”, pero que luego les cancelarían en un solo pago todo el dinero adeudado.

En el procesamiento también se hace expresa mención que Germán y su familia vivían en las mismas deplorables condiciones que los jóvenes y adolescentes, que el hijo de Norma habría sido fruto de una violación, y que sólo Walter y su familia residían en una vivienda adecuada y confortable. La impresión que surge es que las condiciones de vida en la quinta son mucho más precarias que en los talleres, y que entre el propietario, el mediero y los peones había mayor distancia que entre talleristas y costureros. De hecho, y a diferencia de los demás casos, aquí quien se trasladó y recurrió a sus parientes o paisanos para conseguir trabajadores fue Germán, el mediero, y no Walter, el propietario.

La llegada de Carolina y Fernanda a Sierra de los Padres fue a través de una persona que no era conocida previamente (Norma), y de hecho todo indica que las adolescentes aceptaron la propuesta laboral sin consultar a sus familias, e incluso sin avisarles, al punto que, en diálogo con la operadora de asistencia una de ellas dice “mi familia debe pensar que estoy muerta”. Sin embargo, llegan a una localidad donde existe una comunidad boliviana residente (que interviene en la asistencia y media para lograr el pago), y una tía que las va a buscar.

CASOS 6 Y 7 – DOS NIÑAS EN TRABAJO DOMESTICO [19]

Nora y Elizabeth son las niñas más pequeñas de todos los casos analizados en este informe. Nora llegó a Argentina a los 10 años y Elizabeth a los 11. Sus trayectorias muestran ciertas singularidades de la circulación de niñas entre un grupo amplio de parientes, bajo modalidades donde el cuidado y la educación se deslizan hacia el trabajo doméstico.

Nora nació en 1999, en una pequeña localidad rural del Departamento de Cochabamba. Tiene tres hermanos mayores que ella y tres hermanos menores, dos de los cuales se encuentran en un Hogar en Cochabamba. Su padre falleció cuando ella tenía 5 años y a partir de ese entonces Nora comenzó a trabajar, sin asistir nunca a la escuela. Vivió en Santa Cruz de la Sierra, en la casa de una tía materna, y también con una de sus hermanas mayores, que luego se trasladó a Argentina. Cuando tenía aproximadamente 10 años, su madre se contactó con Celia. En ese entonces, Celia estaba buscando alguien que se ocupara de cuidar a su hijo de aproximadamente tres años mientras ella atendía su verdulería en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut). Nora desconoce cuáles fueron los términos del acuerdo entre su madre y Celia, pero inmediatamente después viajó en micro hacia Argentina, cruzando la frontera por el paso de Villazón – La Quiaca con el documento de otra niña de su misma edad cuyo apellido coincidía con el de Celia, quien en la frontera dijo que Nora era su hija.

Una vez en Comodoro Rivadavia, las responsabilidades de Nora fueron en aumento, especialmente cuando Celia tuvo un segundo hijo hacia fines de 2009. Nora barría, cocinaba, lavaba la ropa, llevaba al mayor al jardín de infantes y lo retiraba, y además se ocupaba de jugar con los niños, alimentarlos, bañarlos y dormirlos. Celia la insultaba y le gritaba con frecuencia, igual que su esposo Fausto. Nunca recibió pago por su trabajo, ni fue enviada a la escuela. Celia le decía que hablaba telefónicamente con su madre (de Nora), pero esas conversaciones nunca ocurrían en presencia de la niña. En mayo de 2011, cuando Celia partió durante un mes a Bolivia dejando a los niños al cuidado de Nora, Fausto abusó de ella en cuatro oportunidades. Nora le relató la violación a una vecina (con la que tenía trato ocasional) quien de inmediato realizó la denuncia policial. Nora ingresó en un dispositivo de asistencia y finalmente en octubre de 2011 regresó a Bolivia, al mismo Hogar donde se encontraban dos de sus hermanos más pequeños. Celia y su marido fueron procesados sin prisión preventiva por trata de personas menores de edad.

Elizabeth nació en 1996 en un pueblo del departamento de Co-chabamba. Nunca conoció a su padre, y fue criada por su madre y su pareja, que tuvieron otros hijos. En 2007, cuando tenía 11 años su madre falleció. En ese entonces Elizabeth abandonó la escuela (cursó hasta 5o grado de la escuela primaria), y su abuela y su tía materna le ofrecieron vivir con ellas en la localidad de Achamoco, a 30 km. de la ciudad de Cochabamba. También se comunicó con ella Felipa, hija de su madrina (de Elizabeth), quien le ofreció venir a Buenos Aires para vivir con ella y retomar sus estudios. Según el relato de Elizabeth a las operadoras de asistencia, ella optó por el ofrecimiento de Felipa, entusiasmada ante la oportunidad de viajar. Felipa y Zulema (madrina de Elizabeth) intentaron infructuosamente obtener un permiso judicial para que la niña pudiera salir del país, pero ante el fracaso le pagaron al chofer del ómnibus en el que se trasladaron a Argentina para que dijera que Elizabeth era su hija, y de ese modo eludir los controles.

Una vez en Buenos Aires, Felipa dejó a Elizabeth en la localidad de Monte Grande, con su hermana Rosa, que la anotó en una escuela para que iniciara el ciclo escolar en 2008. A cambio, esperaba que Elizabeth realizara todas las tareas de la casa y se ocupara de los niños. Rosa era violenta, maltrataba la niña y restringía sus salidas del domicilio. Hacia fines de 2008, Elizabeth recibió una golpiza por parte de Rosa, y no queriendo preocupar a su abuela, que se encontraba lejos, se escapó a la casa de una vecina que era testigo de su situación. Allí retomó su escolariza-ción, abandonada ante el exceso de trabajo, pero solo por unas semanas, hasta que esa familia le dijo que no podrían mantenerla por carecer de recursos. Ante esa situación, la niña (que tenía 12 años) comenzó a buscar un lugar donde pudiera trabajar y residir al mismo tiempo.

Así, otra vecina le ofreció trabajar como costurera en su taller, de 8 a 22 hs., y medio día los sábados, a cambio de $ 600 mensuales. Se trataba de un taller familiar pequeño, en el que laboraban el matrimonio y sus tres hijos de 14, 19 y 20 años. Elizabeth tenía las mismas tareas y responsabilidades que los demás integrantes de la familia. En ese taller estuvo un poco más de 6 meses, hasta mediados de 2009, cuando conoció a una pareja joven que le ofreció un trabajo similar al que tenía, pero con mejor paga, y en el mismo barrio de Monte Grande. Además de trabajar en el taller, Elizabeth hacía las veces de niñera del hijo pequeño de la pareja. Al poco tiempo, se involucró sentimentalmente con Jairo (el dueño del taller, de 23 años) generándose una serie de conflictos a partir de los cuales comenzó a pensar en regresar a Bolivia con su abuela, con la que se comunicó expresándole su deseo, pero sin darle detalles de lo ocurrido.

En busca de ayuda para retornar con su abuela, Elizabeth se contacta con Nilda (otra de las hijas de su madrina, que también resi-

día en Argentina pero sin intervenir en su llegada a Buenos Aires ni en ninguno de los eventos posteriores), quien le sugiere que consulte en el Consulado de Bolivia en Buenos Aires. Allí se dirige, y luego del relato de los hechos, desde el Consulado se realiza la denuncia judicial y el contacto con el dispositivo de asistencia de SEÑAR En enero de 2011, Elizabeth retornó a Bolivia para convivir con su abuela materna.

La causa judicial se inició contra Jairo, que estuvo detenido con prisión preventiva durante 15 meses hasta que fue absuelto en un duro fallo de Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, de La Plata, que, evaluando minuciosamente la prueba, consideró que ninguna de las imputaciones por delito de trata de personas menores de edad era sostenible: Jairo no había captado a Elizabeth, no la había explotado bajo amenazas y no había restringido en modo alguno sus movimientos. Asimismo, el Tribunal destaca que todos los testigos se sorprendieron al enterarse, en el marco de la investigación judicial, que la niña tenía 14 años: por su físico y por su actitud, todos suponían que tenía 18 o 19 años.

En las trayectorias de Nora y de Elizabeth, la orfandad aparece como la instancia de quiebre que obliga a una redistribución de las niñas al interior de la familia ampliada. En ambos casos, ello implicó cambios significativos en el lugar de residencia, y finalmente culminó en el traslado a Argentina. Por otra parte, también en ambos casos los diversos arreglos respecto a con quién convivirían y dónde residirían corrieron por cuenta de mujeres. Mujeres consanguíneas las “dieron” (madre, tía, abuela) y otras mujeres las “recibieron”, siempre con el acuerdo que irían a casas de familia, ámbitos donde era esperable o explícito (según el caso) que desempeñarían algún tipo de tarea, pero tareas que en principio las mujeres consanguíneas parecieran considerar acordes o razonables en función de la edad de las niñas [20].

En el caso de Elizabeth, donde están claramente relatadas las sucesivas “postas” de su circulación en Argentina, el deslizamiento desde la educación y el cuidado hacia el ámbito del trabajo (y de la sexualidad) ocurrió a medida que fue aumentando la distancia en la cadena de parentesco: la abuela la entregó a la madrina, quien la entregó a una de sus hijas, de cuyo maltrato Elizabeth escapó. Luego, la niña comenzó a tomar decisiones por sí misma, pero volvió a recurrir a otra mujer emparentada (Nilda) para que la ayudara a retornar con la abuela.

Nora relata una situación de abandono más temprano (quedó huérfana de padre a los 5 años), y las diversas redistribuciones (familiares e institucionales) de los niños más pequeños de la familia: ella y dos de sus hermanitos, que ya antes de su partida hacia Argentina se encontraban institucionalizados. A diferencia de Elizabeth, sus recursos personales son mucho más limitados, y recién pidió ayuda ante la violación, que en varios de los casos analizados fue la marca que señalaba el límite de lo tolerable.

CASO 8 – VARÓN ADOLESCENTE EN VERDULERÍA EN EL CONURBANO BONAERENSE [21]

Jerónimo nació en 1992 en un pueblo de Chapare, en el Departamento de Cochabamba. Siendo el menor de ocho hermanos, abandonó la escuela a los 13 años para comenzar a ayudar a su padre en las tareas agrarias. Dos de sus hermanos varones se fueron a vivir a España en el año 2000, en tanto que los demás viven en el mismo pueblo donde nacieron. A fines de 2009, la madre de Jerónimo conoció en la iglesia a la Sra. Josefa, quien le ofreció trabajo a Jerónimo en su verdulería en Buenos Aires a cambio de US$ 200 mensuales. Puesto que Jerónimo era menor de edad, pero además nunca había tramitado su documentación personal (aparentemente tampoco tenía partida de nacimiento), la Sra. Josefa lo llevó ante un notario, al que le dijo que había nacido en 1991 y por lo tanto era mayor de edad. Días más tarde tuvo el certificado de nacimiento y Josefa lo acompañó a sacar la cédula de identidad. Así, a pesar de la oposición de su madre, Jerónimo viajó hacia Buenos Aires en diciembre de 2009, junto a otros cuatro jóvenes mayores de edad, todos con el pasaje pagado por Josefa.

Cuando llegó a la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, le dijeron que el pago no sería de US$ 200 sino de 150, y que cobraría todo junto una vez cumplido el año de trabajo. Del total, le descontarían el equivalente a dos meses, para cancelar el costo del pasaje. Josefa dejó a Jerónimo con su yerno, quien a su vez lo llevó a la verdulería de su propia madre (es decir, de la consuegra de Josefa). Allí Jerónimo trabajaba desde las 8 hs. hasta las 21 hs., y en algunas ocasiones tuvo que concurrir de madrugada al mercado central donde la verdulería se abastecía de los productos que comercializaba. Al igual que el resto de los jóvenes, vivía en la casa de los dueños de la verdulería, junto a 11 personas más.

Sobremanera disconforme con el trabajo, con la paga que recibiría y con el trato, le dijo a su empleadora que se iría. Ella respondió que para ello primero debería cancelarle una deuda equivalente a US$ 500 de modo que pudiera traer a otra persona. Luego de varios días,  Jerónimo utilizó los $ 50 que le dieron para comprar artículos de higiene personal para comunicarse telefónicamente con su madre desde un locutorio y pedirle el teléfono de uno de sus hermanos que residía en España. Habló con él, le contó lo que ocurría, y el hermano le dijo que él, desde España, llamaría a la policía, y que Jerónimo lo volviera a llamar en un rato. Antes de que volviera a comunicarse con su hermano, la policía se hizo presente en la verdulería para retirarlo de allí. En febrero de 2010 retornó a Cochabamba.

En 2010, Josefa, su consuegra y el yerno de ésta fueron procesados con prisión preventiva por el delito de trata de personas. En octubre de 2011, el tribunal los condenó a tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

Este caso muestra cómo opera la autonomía de los adolescentes dentro de la propia familia. Jerónimo convive con sus padres, ellos están al tanto de la oferta de trabajo que ha recibido y no consideran adecuada su decisión de partir. Así y todo, no impiden su salida y Jerónimo se traslada hacia Argentina en compañía de varios otros jóvenes. Si bien su situación familiar pareciera ser distinta que la de Marcela y Antonia (que ya no residían con sus familias), o que la de Fernanda y Carolina (que vivían con sus familias, pero cuyos padres no fueron consultados ni avisados de su traslado a Argentina), el margen de intervención de los padres es nulo.

Por otra parte, en el expediente judicial Jerónimo relata cómo, luego de las primeras comunicaciones telefónicas con su madre donde le hacía saber su descontento y el maltrato, su madre habla con Josefa y le reclama airadamente por el incumplimiento de lo prometido. Josefa traslada la queja a su consuegra, quien se enfurece con Jerónimo y le exige US$ 500 para dejarlo ir. De manera similar a lo ocurrido con Fernanda y Carolina, son los adultos quienes reclaman a otros adultos por el trato que se le da a los adolescentes, mostrando que esos adolescentes cuentan con parientes que se preocupan por ellos, y también que los adultos deben responder ante sus pares (adultos) por el trato que les dispensan y por los acuerdos que incumplen. En este contexto, es interesante detenerse en la reacción del hermano de Jerónimo que reside en España: no recurre a las redes de paisanos o de parientes ni reclama por el incumplimiento de un acuerdo “sin papeles”, sino que se dirige directa e instantáneamente a las instituciones públicas locales (a la Policía Federal Argentina puntualmente) y no, como se observó en otros casos, al Consulado General de Bolivia en Buenos Aires.

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

En general, el análisis de las resoluciones judiciales muestra que ni en los talleres, ni en las quintas ni en los comercios existía una diferenciación significativa (en función de la edad) entre el tipo de tareas que realizaban las y los adolescentes y las que realizaban las personas adultas. Las diferenciaciones se vinculaban a experiencia y destreza en la realización del trabajo -ambas producto del tiempo trabajado pero no necesariamente de la edad. De hecho, en una causa [22] que no fue reseñada en este capítulo, un adolescente de casi 15 años que trabajó durante 18 meses en un taller familiar comenzó ganando $ 500 como ayudante, y un año después (en 2011) ganaba $ 1500, un poco menos que su hermano mayor de edad pero con más años de experiencia. Sólo Matías, dueño del gran taller de la Ciudad de Buenos Aires, expresó reticencias en relación al trabajo de los adolescentes porque sabía que estaba incurriendo en una conducta punible. De hecho, entre las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esa investigación, dos talleristas hablan acerca del viaje a Bolivia que uno de ellos tiene previsto para “traer gente” y el otro le advierte dos veces acerca de los riesgos que enfrenta: “no vas a tener gente sin documentos trabajando, y menores de edad, mira que te arruinan, te llevan todo” [23].

En relación a la situación migratoria, de las causas surgen todos los estados posibles: personas con la visa de turista vencida (y en situación irregular) o vigente (que no autoriza para trabajar), personas con trámite migratorio en curso, personas con residencia temporaria vigente y personas con residencia permanente [24]. Si bien priman las situaciones irregulares, no representan la totalidad de los casos entre las personas adultas, aunque sí entre los adolescentes que están en el país sin sus padres. Esto difícilmente pudiera ser de otra manera, ya que la ley migratoria no permite que una persona menor de edad realice el trámite de regularización por sus propios medios: debe contar con autorización de sus padres, que además deben estar presentes al momento de iniciar el trámite de residencia y ser ellos mismos residentes regulares. Lo mismo aplica en caso de tutores. [25]

En el caso de los empleadores, de la causas surge que prácticamente todos ellos tenían situación migratoria regular, ya fuera mediante residencias temporarias vigentes o mediante residencias permanentes. Esto alude por un lado a permanencias de más larga data en Argentina (al menos en comparación con las personas que emplean) pero también muestra que el modelo de negocio que sostiene estos emprendimientos (talleres, quintas y comercios) opera en el mercado informal y en sistemático incumplimiento de la ley laboral en lo que respecta al factor trabajo [26], pero coloca al menos parte de sus productos (indumentaria, verduras) en el mercado formal, que exige mínimamente documentación personal en regla para la realización de las transacciones comerciales. De hecho, como se desprende de varias causas, muchos talleristas están inscriptos como monotributistas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de modo de poder emitir facturas a los fabricantes o dueños de las marcas para las que confeccionan prendas.

Las causas también aportan información sobre los contextos familiares en que ocurre la migración adolescente y la frecuente combinación de situaciones de pobreza de larga data con eventos traumáticos puntuales que vuelven aún más inestable la subsistencia. Fallecimientos de padres o madres, separaciones, abandonos y deudas familiares aparecen entre las razones que motivaron el traslado de las niñas y los adolescentes. En particular en el caso de las dos niñas más pequeñas se relata con bastante detalle cómo fue su circulación local e internacional entre parientes y allegados, y en varios de los casos las mujeres de la familia, o conocidas, parecen jugar un rol destacado. A mayor edad, pareciera observarse una menor intervención de los adultos de la familia, tanto en promover la migración como en detenerla.

Respecto de las y los adolescentes de más edad (15, 16 y 17 años) surgen detalles relativos al abandono escolar previo—aparentemente al concluir la educación primaria—es decir, varios años antes de la migración. Así, es razonable suponer que en estos casos, hacia los 13 o 14 años, con la finalización de la educación, habría comenzado una transición gradual hacia las responsabilidades de la adultez, en particular en lo que refiere a la incorporación al ámbito del trabajo.

Por otra parte, varios de los casos (Carina, Nadia, los hermanos Marcos y Sandra) muestran que las migraciones que se producen en contexto familiar no necesariamente implican que los adolescentes no trabajarán, y también abren preguntas acerca de las verdaderas oportunidades educativas a las que tendrían acceso. Es verdad que la hermana de Marcos y Sandra no los había anotado en la escuela, pero además ¿qué condiciones hubieran sido necesarias para que dos adolescentes extranjeros, de 14 y 15 años al momento de su llegada, y que habían completado 3o y 5o grado respectivamente, volvieran a la escuela y permanecieran en ella? Si Carina, que completó la primaria en Argentina y cursó parte de la secundaria, encontró dificultades para sostener su escolarización, sin duda los obstáculos hubieran sido mayores para Marcos y Sandra.

Finalmente, otra cuestión que aparece frecuentemente mencionada en la literatura sobre migración adolescente refiere al orden de nacimiento de los hermanos (Hashim 2006, Jacquemin 2004, Edmonds & Shresta 2012), sugiriendo que la migración es más frecuente en los extremos. El hermano o hermana mayor puede verse compelido a ingresar tempranamente al mercado de trabajo y a migrar para contribuir a la subsistencia de sus hermanos menores y facilitar su permanencia en el sistema escolar. En tanto que el hermano o hermana menor puede verse en la misma situación pero como resultado de la vejez y menor capacidad laboral de los padres, sumada al hecho de que sus hermanos/as mayores probablemente ya tengan sus propias familias de procreación de las cuales ocuparse. Si bien en los casos analizados Fernanda ejemplifica la primera situación y Jerónimo la segunda, de los informes de SENAF analizados en el capítulo anterior para los que hay información respecto del orden de nacimiento, entre los adolescentes migrantes hay 6 hermanos/as mayores y 4 hermanos/as menores, y al menos 15 que no son ni los mayores ni los menores. En este sentido, lo que sí pareciera haber es una cierta consistencia entre ser hermano/a mayor y asumir responsabilidades en lo que respecta a los hermanos/as menores: la migración no se expresa principalmente en términos de un proyecto individual, sino que tiene como propósito ayudar a los padres y a los hermanos.

1. El art. 145 bis dispone: "El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho (18) años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, con¬cesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años. La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión cuando: 1). El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público; 2). El hecho fuere cometido por tres (3) o más personas en forma organizada; 3). Las víctimas fueren tres (3) o más." ↵

2. El art. 145 ter define la trata de niños, estipula: "El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años. Lapena será de seis (6) a quince (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de trece (13) años. En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión, cuando: 1). Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de auto¬ridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; 2). El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona convi¬viente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público; 3). El hecho fuere cometido por tres (3) o más personas en forma organizada; 4). Las víctimas fueren tres (3) o más." ↵

3. 3 Recordemos que, como se señalara anteriormente, en 2008 también se aprobó la ley 26.390, Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que elevó de 14 a 16 años la edad mínima para trabajar. Sin embargo, esta ley (cuya violación implica penas de uno a cuatro años) rara vez aparece mencionada en los procesamientos ya que en la mayoría de los casos la existencia de reclutamiento y traslado habilitó el encuadre en el marco del tipo penal de la trata de personas, un delito más grave y con penas más elevadas. ↵

4. Entre otras cosas, la UFASE presta asistencia a las fiscalías federales de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo o trata de personas. Esta asistencia se brinda a pedido del fiscal de la causa ya sea durante la instrucción, en la etapa preparatoria del juicio oral o en el debate propiamente dicho. En el marco de estas atribuciones y competencias, desde el año 2008, cuando se aprobó la ley 26.364, la UFASE solicita a todas las fiscalías federales de país que la informen cuando intervienen en causas relativas a trata de personas, facilitando información respecto a la carátula, a la instrucción y posteriormente a la sentencia. Si bien esta iniciativa ha permitido sistematizar un considerable acervo de procesamientos y sentencias, lo cierto es que no todas las fiscalías informan. Así, la cifra de 730 investigaciones preliminares abiertas a lo largo de 4 años es indicativa pero no exhaustiva. ↵

5. El sitio, accesible en http://www.cij.gov.ar, contiene varios miles de resoluciones judiciales (la consulta el día 20 de agosto de 2013 indicaba 209.508) provenientes de los tribunales de cámaras de apelaciones nacionales y federales de todas las jurisdicciones y competen¬cias. La búsqueda es lenta y engorrosa, ya que hay que conocer el número de expediente de inicio de la causa o confiar que en la carátula esté mencionada la ley o el tipo penal, cosa que no siempre ocurre. En este caso, los criterios de búsqueda fueron "24.364"; "art. 140", "art. 145 ter", "art. 117 + ley 25.871", "trata de personas", "reducción a servidumbre", y "explotación laboral". Varias de las causas halladas coincidían con las facilitadas por UFASE. Además, debe destacarse que las piezas disponibles en el sitio son por demás va¬riadas: autos de procesamiento, respuestas de cámara ante apelaciones varias (prisiones preventivas, embargos, sobreseimientos, faltas de mérito), incidentes de excarcelación, e incluso cambios de asesores letrados. Así, la extensión de las piezas puede oscilar entre las 2 y las 45 carillas, con la concomitante abundancia (o escasez) de detalle referido a los hechos investigados. ↵

6. Causa N° 12.608/2009, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría N° 18. ↵

7. En todos los casos, los nombres fueron cambiados. ↵

8. Se trata de una esquina ubicada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en las proximidades de un barrio de emergencia, donde se concentran todas las mañanas quie¬nes buscan trabajo en costura. Los dueños de talleres concurren allí y contratan trabaja¬dores, arreglando con ellos la paga y la modalidad de trabajo. ↵

9. Causa nro. 7.495/3, Secretaría N° 3 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°l. ↵

10. Esta idea del traslado como elemento corrector de desvíos en la adolescencia aparece en varios de los casos analizados. Los "desvíos" referidos (en el propio relato de las y los adolescentes o en el de sus padres o madres cuando venían a Argentina a buscarlos para retornar) aluden al alcohol, a las pandillas o "malas compañías" o, en el caso de las mujeres, a relaciones de pareja a las que los padres se oponen. ↵

11. "Rectista" es quien cose con una máquina llamada "recta". Otras máquinas frecuentes son la overlock, collareta, atracadora y ojaladora, que se emplean para distintos pasos de distintas prendas. ↵

12. Si bien el reclutamiento por la vía del parentesco es común, en este caso es llamativo el hecho de que todos hayan llegado por medio de relaciones de parentesco. ↵

13. Causa 2408/2012, Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 5, Secretaría n° 9. ↵

14. Causa N° 29.766, Secretaría Penal N° 1, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera instancia N°2, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. ↵

15. Esta advertencia y oferta de ayuda resultan loables desde lo personal y deplorables desde la perspectiva institucional. Pareciera un policía de frontera "sensibilizado" respecto a la trata de personas pero ignorante a la hora de aplicar un simple protocolo de protección de menores no acompañados. ↵

16. En el expediente figuran referencias confusas eventos ocurridos en Sucre y en Santa Cruz de la Sierra. ↵

17. Causa 6127, Secretaría N° 8 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. En este caso intervinieron los dispositivos de asistencia de la jurisdicción y ninguno de los adolescentes fue asistido por SENAF. Si bien estos casos no están incluidos en los 106 informes de SENAF analizados en el capítulo anterior, fueron incluidos aquí ya que se trata del material más completo al que se pudo acceder en lo que respecta a trabajo en quintas. Toda la información proviene del auto de procesamiento dictado por el juez federal. ↵

18. Por lo que surge del procesamiento, Walter y Germán se repartían las ganancias de la quinta en al 70% y 30% respectivamente, según los estándares de los arreglos de medie-ría, donde la mayor parte de la ganancia corresponde al dueño de la tierra, que además provee las herramientas y las semillas, en tanto que el resto queda para quien realiza el trabajo efectivo. ↵

19. Expte P 126/11, Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Expte. N° 6141/III, Juzgado Federal N° 1, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. ↵

20. En el conjunto de casos analizados, el promedio de edades de las niñas que trabajaron en talleres es de 15,5 años, en tanto que el de quienes fueron trabajadoras domésticas es de 13,7 años. ↵

21. Causa N° 3148/10, Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. ↵

22. Causa N° 11100/11, Secretaría N° 19, Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ↵

23. Causa 2408/2012, Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ↵

24. 24 El artículo 23 inc. 1 de la ley 25.871 (Ley de Migraciones) establece que todas las per¬sonas nativas de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay o Venezuela pueden solicitar la residencia temporaria por dos años, renovable, acreditando ingreso al territorio argentino, identidad, nacionalidad, carencia de antecedentes pena¬les, y domicilio, y abonando una tasa de radicación de $ 300. El trámite es relativamente sencillo y no es desmedidamente oneroso. Luego de la renovación en fecha de la residencia temporaria, en general se está otorgando residencia permanente. Entre 2004 y 2013 se otorgaron aproximadamente 600.000 residencias permanentes. ↵

25. 25 "El extranjero que fuera menor de dieciocho (18) años deberá contar con la autorización de alguno de sus padres. Ésta podrá ser suscripta ante la autoridad competente en el extranjero, con su respectiva legalización consular, ante escribano público en territorio nacional o ante un agente de esta Dirección Nacional al momento de iniciar la solicitud de residencia en la que deberá estar presente. En esta instancia el/los padres deberán acre¬ditar residencia legal en la República Argentina y su vínculo con la partida de nacimiento legalizada del menor. En caso de venir acompañado por un tutor, deberá ser residente regular en el país y demostrar con el instrumento público correspondiente la tutela del menor. En el caso que fuera confeccionado en el exterior, deberá estar legalizado por autoridad consular Argentina/'.Sitio web de la Dirección Nacional de Migraciones, con¬sultado del 1/09/2013, http://www.migraciones.gov.ar/accesible/Pmercosur_temporaria↵

26. El salario que los dueños de los emprendimientos ofrecen (y según los casos, pagan o no) a sus trabajadores mayores y menores de edad aparece frecuentemente expresado en dólares —US$ 200 es uno de los montos más repetidos— y en ocasiones en pesos, en montos que oscilan entre los $ 800 (equivalentes a esos US$ 200 en las fechas de refe¬rencia) y los $ 1.500. Estas cantidades equivalen aproximadamente a la mitad del salario mínimo vital y móvil establecido por ley para 200 (doscientas) horas de trabajo mensual. En 2008, el salario mínimo equivalía a $ 1.200, en 2009 a $ 1.400, en 2010 a $ 1.470, en 2011 a $ 2.300 y en 2012 a $ 2.670. ↵

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

En todos los casos analizados, los niños, niñas y adolescentes bolivianos se encontraban exclusivamente en emprendimientos productivos de otros migrantes provenientes de Bolivia, y habían llegado allí tras aceptar en sus lugares de origen (pequeños pueblos o zonas rurales) propuestas laborales casi siempre provenientes de personas conocidas. Las propuestas incluían pago del pasaje, vivienda en el lugar de destino y una oferta salarial abusiva y que además rara vez se cumplió. En general, cruzaron la frontera en compañía de quien había ofrecido el trabajo, y la mitad de ellos contaba con autorización escrita de sus padres. Es decir que muchas familias respaldaron las decisiones migratorias y laborales de sus hijos e hijas, o al menos no se opusieron a ellas ni las obstaculizaron.

Por lo general, el abandono escolar había sido previo a la migración (en general dos o tres años antes, y frecuentemente coincidente con la finalización del ciclo primario o con la terminación del primer año del ciclo secundario), y casi la mitad de los adolescentes indicó que había comenzado a trabajar en su localidad de origen, incluso trasladándose dentro de Bolivia en pos de oportunidades laborales. Combinados, estos elementos autorizan a pensar que muchas de estas familias no estaban en condiciones de afrontar los gastos implicados en la esco-larización simultánea de todos los hijos, ni los gastos corrientes de su mantenimiento, fueran a la escuela o no. Tanto las acciones concretas de padres, madres u otros adultos responsables, como algunos de sus dichos en las causas judiciales muestran que, desde sus perspectivas, la niñez era una etapa concluida. En tanto que “ya no niños” se esperaba que contribuyeran a la economía familiar, o por lo menos que no dependieran económicamente de sus padres. En cierto sentido, puede decirse que los integrantes adultos y adolescentes de estas familias compartían caracterizaciones y expectativas en relación a una temprana autonomía económica, marcada como una de las transiciones hacia la adultez.

Los trabajos realizados en el lugar de origen eran de muy baja calificación, inestables y mal pagos, y es sobremanera dudoso que permitieran ahorrar como para costear el pasaje hacia Argentina. También es probable que quienes provenían de pequeños pueblos o localidades rurales contaran no solo con menos oportunidades laborales locales, sino también con redes más restringidas o menor cantidad de contactos en condiciones de proveer alternativas para el traslado a Argentina. En este contexto donde la migración internacional aparecía como una oportunidad interesante pero casi imposible de emprender con recursos propios o familiares, las ofertas laborales que incluían el pasaje y el alojamiento compensaban la carencia de ahorros y allanaban la migración. Como se señaló en páginas anteriores, las tres primeras vallas que debe salvar cualquier proceso migratorio comprenden el traslado en sí (organizarlo y contar con el dinero para realizarlo), la obtención de trabajo y la procuración de vivienda a bajo costo. Los tres elementos estaban incluidos (y resueltos) en la oferta recibida.

Esta triple valla que enfrentan los potenciales migrantes (ya sean adultos o adolescentes) se acopla con los intereses de los potenciales dadores de trabajo. Pareciera que el modelo de negocio de estos talleres, quintas y comercios solo es sostenible en la medida en que pueden acceder a mano de obra interesada, dispuesta u obligada a recibir indirectamente una porción significativa de su salario a través del alojamiento y la alimentación. En la medida en que el lugar de trabajo es también vivienda, el tallerista, el quintero o el comerciante amortizan el capital invertido, y el costo del alquiler o la compra del predio se deducen del costo de la mano de obra.

El análisis de los informes de SENAF y de las causas judiciales parece indicar que, a excepción del trabajo doméstico, no hay una búsqueda específica de trabajadores adolescentes por parte de los dadores de trabajo. En las quintas, talleres o comercios donde se encontraron trabajadores adolescentes, éstos representaban una porción del total: una porción comparativamente pequeña en el caso de los talleres y un poco más grande en el caso de las quintas o comercios, que suelen requerir menos mano de obra. Asimismo, la clase de tareas que desempeñaban no parecieran relacionarse directamente con su edad, sino más bien con su (in)experiencia en el rubro. En la medida en que se insertan en los mismos trabajos que las personas adultas, no pareciera haber un nicho específico para el trabajo adolescente -lo cual es a su vez consistente con la “no distinción” entre adolescente y adulto. Tampoco se desprende que haya habido un tratamiento diferencial en desmedro de las y los adolescentes en lo que respecta a los pagos de salarios: las piezas judiciales muestran las mismas irregularidades en las condiciones de contratación y pago de los adultos [1].

En relación a los pagos y acuerdos previos, tanto de los informes de SENAF como de las causas judiciales surgen dos reflexiones. Primero, que el cumplimiento o incumplimiento de los pagos acordados no se vincula con la edad de los trabajadores, sino con la “política” del empleador: los dadores de trabajo que pagan regularmente, pagan a todos por igual, en tanto que los que no pagan, también parecieran tener el mismo comportamiento hacia todas las personas que trabajaban allí. Esto se hace extensivo al trato (bueno o malo) dispensado. Segundo, varios casos llegaron a la instancia judicial a través de denuncias ante la UFASE realizadas por el Consulado General de Bolivia en Buenos Aires. A su vez, el Consulado tomó conocimiento de lo ocurrido porque llegaron allí personas (generalmente costureros) disconformes con sus empleadores, ya fuera por el trato, las condiciones de trabajo, o más frecuentemente por el incumplimiento de los pagos acordados. Los trabajadores se dirigían al Consulado buscando su mediación y esperando que la autoridad consular obligara a los empleadores a cancelar la deuda. Es decir que recurrían a un tercero (boliviano) para resolver un conflicto entre bolivianos, sin tomar en cuenta que ese conflicto tenía lugar en Argentina y que por lo tanto debía resolverse a través de las leyes e instituciones argentinas. Así, en la infructuosa búsqueda de una suerte de Jus Sanguini del derecho laboral, el descontento de los trabajadores culminó en la vía judicial por un camino indirecto y condujo a resultados probablemente no previstos por quienes concurrían al Consulado con la acotada intención de cobrar el dinero adeudado.

Este último aspecto también ilumina ciertas dimensiones del proceso migratorio de los adolescentes. Los casos analizados en esta investigación muestran que la oferta de trabajo inicial, el cruce de frontera internacional y el alojamiento y trabajo de niños y adolescentes se acordaron a menudo entre actores jurídicamente desiguales (adolescentes y adultos) y se llevaron adelante con total independencia de los marcos regulatorios vigentes en el lugar de destino (y en buena medida, también en el de origen). Prueba de ello son los salarios ofertados (casi siempre en dólares) inferiores al sueldo mínimo vigente en Argentina, así como la periodicidad en el pago (mensual, trimestral, anual) en ocasiones sujeta a condiciones tales como trabajar no menos de cuatro meses para el empleador que había pagado el traslado. A esto se suma el pago a destajo, las larguísimas jornadas de trabajo, el trabajo no registrado y otros incumplimientos a la ley laboral (el trabajo adolescente, por ejemplo) y migratoria. Estas prácticas parecen haberse establecido como una suerte de estándar consuetudinario en el rubro, al punto que en varias de las causas judiciales los quinteros y talleristas indican que “en todos los talleres [o quintas] se trabaja así”.

El incumplimiento de la legislación migratoria y laboral así como las repetidas situaciones de explotación en talleres, quintas y comercios muestran la vigencia de ciertas pautas de producción (o “modelos de negocio”) rentables solo en la medida en que consiguen y retienen mano de obra por fuera de cualquier marco regulatorio. Así, para ingresar al negocio se necesita un pequeño capital económico complementado por un capital social (o más estrictamente de parentesco) que garantice el acceso a trabajadores. Los casos reseñados en el capítulo V (a partir de las causas judiciales) muestran la centralidad de las relaciones sociales para la provisión de mano de obra. Puesto que además, los mecanismos de obtención de fuerza de trabajo y la organización del sistema productivo se enlazan y sostienen en las lógicas y necesidades inherentes a cualquier proceso migratorio (traslado, trabajo, vivienda), estos elementos deben tenerse en cuenta para comprender la globaliza-ción de estos modelos de negocio y la conformación de las respectivas cadenas de valor.

Como se señaló también en el capitulo V, la irregularidad migratoria es relativamente frecuente entre quienes trabajan en quintas, talleres y comercios pero significativamente infrecuente entre quienes son dadores de trabajo y también comercializado res de los productos que manufacturan. En este sentido, no debe olvidarse que si bien la producción es abrumadoramente informal, no ocurre lo mismo con la comercialización. Una porción significativa de la ropa confeccionada en los talleres gestionados por migrantes bolivianos sale hacia el circuito formal a través de los dueños de la marca (los fabricantes para quienes se cose) que habitualmente tienen capacidad para fijar los precios de venta mayorista y minorista, así como el monto que se paga al taller por la confección de cada prenda. En este contexto, los talleristas parecieran tener dos opciones: aceptar lo que el fabricante está dispuesto a pagar, o vender su producción en grandes ferias mayoristas tales como La Salada, iniciada en Lomas de Zamora por migrantes bolivianos en la década de 1990. En ambos casos, la ganancia está en la cantidad y en la mano de obra a bajo costo contratada según acuerdos “étnicos” que ignoran la legislación laboral y migratoria. Con sus matices, es probable que la situación no difiera significativamente en quintas y comercios.

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Si bien el enfoque de este trabajo no ha sido jurídico ni asistencial (de protección de derechos) el diálogo con operadores judiciales y de asistencia ha iluminado algunas cuestiones que enlazan con las tramas sociales en que tiene lugar la migración y el trabajo adolescente. Operadoras de SENAF (que en vistas a la gestión del retorno entran en contacto con las familias residentes en Bolivia) han señalado la doble sorpresa de los padres al enterarse de lo ocurrido. Por un lado, sorpresa respecto a las durísimas condiciones en que sus hijos o hijas trabajaban, y por el otro, sorpresa que la situación haya desembocado en una intervención institucional cuyos alcances no resultan evidentes de manera inmediata (¿sus hijos serán detenidos, deportados, castigados?

En cuanto a quienes explotaban a los adolescentes, sus argumentos ante la intervención institucional se centran en que las condiciones en las cuales se encontraban originalmente eran peores, más duras y con menores oportunidades (“acá pueden hacerse una platita y progresar”). Hacen hincapié en que de este modo ayudan a sus familias y aprenden un oficio, y cuando se les señalaba no sólo el incumplimiento de la ley laboral sino la diferencia de trato con los propios hijos (que incluso si trabajaban junto a sus padres rara vez habían dejado de ir a la escuela), una trabajadora social informó la siguiente respuesta por parte de un padre: “Yo empecé a trabajar cuando tenía 11 años, y por eso mis hijos pueden ir a la escuela. Si él [por el adolescente] trabaja, sus hijos van a ser como los míos”.

En varias resoluciones judiciales aparecen reflexiones en torno a estas cuestiones, a menudo tras la constatación que talleristas y costureros, quinteros y peones, comerciantes y vendedores viven y trabajan en condiciones idénticas o muy similares. Una persona menor de edad puede estar trabajando regularmente (en cumplimiento de la normativa), informalmente (pero sin explotación), o en situación de trata. Puesto que en muchos de estos casos la zona gris que separa la irregularidad administrativa del delito se delimita especificando las condiciones en que se lleva a cabo la labor, la convivencia y co-habitación entre presuntas víctimas y presuntos imputados —así como sus relaciones de parentesco— impregnaron (o confundieron) varias resoluciones judiciales. Entre las más notorias puede mencionarse la apelación al ayllu (sistema de organización parental, política y ritual andina que gestiona lazos sociales y territoriales) esgrimida por un tribunal federal que sostuvo que

“adquieren relevancia los argumentos expuestos por la defensa señalando que no hubo aprovechamiento de la situación migratoria irregular de las personas que trabajaban en los talleres, explicando a tal efecto cuáles son las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano de donde proviene la mayoría de lo ocupantes de los inmuebles allanados, incluidos los encartados. Se señaló que se trataba de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región andina que funciona como una especie de cooperativa mutua donde se comparten los gastos y se reparten las ganancias” (Causa N° 26.083, Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 7, resolución del 20 de noviembre de 2007). [2]

Más allá de la incorrecta caracterización del ayllu y de la asombrosa apelación a su figura para rebatir una acusación penal, estos argumentos muestran cuan dificultoso resulta ponderar categorías sociales en relación a categorías jurídicas cuando los hechos en cuestión remiten a contextos de pobreza difícilmente objetivables. En otra causa, un defensor sostuvo que

“[Ejstas jóvenes [adolescentes de 16,17y 18 años] tenían mejor vida en Argentina bajo el cuidado de E.P [dueña de la verdulería] que con sus padres en Bolivia. E.P. trataba de educar a las jóvenes, ya que estaban tiradas en la calle en Bolivia, vendiendo jugos, no tenían formación cultural ni control, las puso «en caja», es decir les enseñó a que se laven su ropa, limpien, colaboren, y además les pagaba” (Causa 1.723, Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1).

Estos ejemplos muestran el extremo de la disyuntiva en que a menudo se debaten las intervenciones institucionales: las y los adolescentes ¿estaban mejor en sus localidades de origen, donde no tenían oportunidades laborales ni educativas, ni expectativas de progreso, o en Argentina, en un contexto de explotación o próximo a la explotación? Desde una perspectiva de derechos, esta pregunta es insidiosa porque libera a las instituciones (del lugar de origen y de destino) de sus responsabilidades respecto a la protección y el bienestar de la niñez, descargándolas sobre los adultos (padres o dadores

de trabajo). Pero es también una pregunta incompleta, ya que no atiende ni toma en cuenta la relativa autonomía y madurez a partir de la cual los adolescentes tomaron decisiones, correctas o incorrectas, para bien o para mal, pero decisiones que expresan una agentividad insoslayable y que pareciera ser un desafío para las instituciones que deben intervenir.

En este punto, las operadoras judiciales y de asistencia coinciden al señalar las discusiones y tensiones que surgen cuando la justicia penal se cruza con los organismos de protección de derechos de la niñez y con ciertas recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de 2006, la Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (26.061/2006) promovió el desarmado de la lógica tutelar y la des-institucionalización (o la institucionalización como último recurso), recomendando prioritariamente la aplicación de medidas de protección que tiendan a asegurar su permanencia y convivencia con su familia o con sus vínculos de mayor apego. El dilema surge cuando los adultos que aparecen como referentes para la protección son también quienes están imputados por la explotación. ¿Rige el criterio penal, desde el inicio mismo de la acusación? ¿Cómo evaluar la opción de la institucionalización? ¿Cómo incidirá el retorno a la familia de origen en el inicio de un nuevo ciclo migratorio, incluso antes de cumplir la mayoría de edad?

Puesto que la migración adolescente se liga estructuralmente a las dinámicas migratorias hacia la Argentina y a la conformación de emprendimientos productivos de base étnica, tal vez haya que pensar en formas de prevención de la explotación laboral que tomen en cuenta la genuina decisión migratoria de jóvenes de 16 y 17 años. En la medida en que sus proyectos de vida se construyan en torno a una expectativa laboral y migratoria (para bien o para mal), es razonable pensar que el único camino hacia su protección radica en el acompañamiento informado y en el respeto de su autonomía relativa y creciente.

La explotación laboral de personas migrantes (mayores o menores de edad) ha sido combatida principalmente desde dos frentes. Por un lado, mediante campañas informativas en los lugares de origen que alertan sobre el reclutamiento engañoso y las ofertas de trabajo provenientes de personas desconocidas. Por el otro, a través del castigo penal dirigido a propietarios o gerenciadores de talleres, quintas, etc., o a quienes captan potenciales trabajadores. Ninguna de estas estrategias atiende las causas estructurales ni los motivos por los cuales las personas aceptan esas ofertas, y ambas muestran limitaciones incluso en sus propósitos más específicos: las ofertas recibidas no son sospechosas ni provienen siempre de personas desconocidas; la sanción penal rara vez tiene efectos disuasores comprobados, más bien vuelve los delitos más invisibles o “puertas adentro”.

Cierta información podría difundirse en los lugares de origen (“Qué deben saber quienes salen a trabajar a Argentina”), indicando qué establece la legislación laboral en general (sueldo mínimo, duración de la jornada de trabajo, trabajo registrado) y en particular respecto al trabajo adolescente: edad mínima, empleadores permitidos, horarios, escolarización, etc. Esta información es relevante en los lugares de origen pero más aún en Argentina, y dirigida puntualmente a quienes contratan trabajadores migrantes: talleristas, quinteros, comerciantes, etcétera. Queda pendiente, sin embargo, una alternativa posible para la regularización migratoria de adolescentes no acompañados —factible sólo en casos muy puntuales y mediante tutela institucional.

La prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente constituyen estándares de derechos a los que aspiran todos los países de la región. Los desafíos refieren a los caminos a seguir para alcanzarlos, especialmente en vistas a las brechas sociales y económicas que presenta la infancia dentro y entre países. En un contexto tal, cabe preguntarse qué sucede cuando se recurre centralmente a las herramientas e instituciones del sistema penal para encauzar (y encausar) fenómenos sociales que se originan en la desigualdad y en la pobreza. Probablemente, castigar al empleador no alcance para disuadir a los adolescentes de trasladarse en busca de oportunidades laborales. Vale la pena recordar que la protección de los derechos en la niñez y en la adolescencia tiene como propósitos mejorar el presente y asegurar el futuro, promoviendo el acceso a más derechos en ese futuro. Aunque luzca políticamente incorrecto, en vistas a asegurar ese futuro tal vez sea hora de preguntarnos si las sanciones a los empleadores no debieran complementarse con estrategias que, en el lugar de destino, permitan la efectiva protección y acompañamiento de esos adolescentes cuya autonomía jurídica es incompleta pero cuyas acciones hablan de decisiones que, aún tomadas en contextos desventajosos, deben ser escuchadas y consideradas en pos de su interés superior.

1. Esta evidencia surge de las piezas judiciales analizadas. Sin embargo, para sostenerla con más firmeza sería necesaria una comparación más sistemática entre adultos y adolescentes que la realizada en estas páginas. ↵

2. Si bien esta causa es anterior a la ley que penaliza la trata de personas, el argumento "cultural" del ayllu sirvió para reencuadrar la totalidad de los hechos imputados. ↵

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