Este trabajo es parte de una investigación que actualmente realizo. En ella pongo a prueba una tesis teórica derivada de la filosofía social contemporánea que afirma que el motor de los procesos históricos para la realización de la libertad social entendida como la institución de la vida pública democrática o el espacio social donde se construye de manera deliberativa las convicciones generales de cómo habría que vivir juntos los diferentes, son las luchas morales de los indignados o agraviados. El argumento sostiene que son las acciones de éstos las que mejor brindan elementos para la construcción teórica y práctica de una voluntad democrático-pública que coadyuve en la creación normativa de un tipo de socialización en la que pueda observarse modelos de justicia social a través de la esfera del reconocimiento moral.

La investigación se divide en dos partes. La primera es de naturaleza teórica. Discute el supuesto de que el contenido de una teoría de la justicia, sólo tendría éxito en una teoría crítica arraigada en una perspectiva ética que haya puesto en operación, estudios empíricos de los potenciales normativos para la acción mostrados por grupos o sectores específicos de la sociedad. Se sitúa en una tradición de pensamiento crítico que elabora instrumentos teóricos y metodológicos con los cuales diagnosticar los tipos de relaciones sociales que desencadenan patologías sociales, esto es, distorsiones en los criterios normativos de un determinado sistema de acciones con las cuales se afectan las convicciones o prácticas institucionales argumentadas de lo que se considera una vida lograda o sin alienación.
Considero que actualmente las llamadas ciencias sociales no llegan ahí, porque ya no disponen de pautas de evaluación social. Renunciaron a ellas al seguir la objetividad y la estandarización que se autoimpusieron de la ciencia natural. Qué duda cabe que hubo un tiempo en que el contenido intelectual y metodológico de los estudios de la sociedad se nutrieron de conceptos como cosificación, alienación, nihilismo, pérdida de comunidad, desencantamiento del mundo, anomia, ruptura del lazo social, despersonalización, consumismo o neurosis colectiva, que servían de orientaciones para evaluar los déficits morales de las sociedades modernas. Hoy, casi no queda nada de ello.

La segunda parte es empírica. Estudia luchas concretas de grupos, organizaciones y colectivos que han sido agraviados principalmente por el Estado de diversas maneras y que en su respuesta a esto, han desplegado acciones de diversa índole no sólo para hacer frente a su situación, sino también para detener la ola de delitos que se multiplican al amparo del poder estatal. Las estudio como luchas morales que brindan elementos para la construcción teórica y práctica de una voluntad democrático-pública en México, porque con sus movilizaciones, protestas y propuestas crean ideales-tipo de bases normativas para determinados modos de socialización donde puedan observarse y evaluarse modelos de justicia social en las instituciones mexicanas. Uno de estos grupos son las más de 70 colectivos y organizaciones de familiares que conforman el “Movimiento por nuestros desaparecidos en México” y su exigencia y trabajo para la creación y finalmente aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Mi argumento se centra en la idea que el llamado Estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas en México no sólo adquieren sentido en la demanda de los distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil de corregir y restablecer el orden constitucional a través de apelar a una serie de valores, sino de comprenderlos a la luz de una teoría de la justicia que emane de la lucha moral de los agraviados. Se trata de mostrar como estas exigencias contienen potenciales normativos con los que se podrían orientar pautas de comportamiento institucional con las cuales se fortalecería la construcción de una vida público-democrática más sólida en el país. En México, desde hace cuatro décadas, fueron estos reclamos lo que se opusieron a la violación de los fundamentos del orden constitucional del momento y al debilitamiento de las instituciones a través no sólo de invocar al marco constitucional, sino de incluir en sus demandas, componentes no jurídicos para la realización de la justicia social: reconocimiento de los sujetos de justicia, respeto a su persona y estima social para su causa.
En los próximos años, uno de los desafíos para el Estado mexicano será mostrar su sensibilidad y capacidad para atender la exigencia de la sociedad de formar una voluntad democrático-pública que coadyuve en la creación normativa de un tipo de socialización en la que pueda observarse modelos de justicia social a través de la esfera del reconocimiento moral. Considero que todo lo que se haga o se deje de hacer en el contexto de la próxima puesta en marcha de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, será un termómetro para medir el alcance que quiere dar el Estado mexicano a la voluntad democrática pública.