La ponencia se centra en mostrar como el programa “Ser pilo paga” que desarrolla el gobierno colombiano desde el año 2014 favoreciendo a 10.000 estudiantes y que proyecta ofrecer una cobertura de 40.000 cupos en el 2018 es un nuevo paso hacia la privatización de la educación superior. Ese programa busca brindarles la posibilidad de cursar estudios profesionales a estudiantes de los sectores populares que obtienen los puntajes más altos en los exámenes oficiales para que se vinculen a las mejores universidades con el argumento de que así se avanza hacia la equidad social. El discurso oficial plantea que al focalizar recursos públicos en jóvenes que provienen de la población más vulnerable garantiza la movilidad social, de manera que de acuerdo al discurso oficial va a revolucionar la educación superior en el país, por lo que además plantea convertirlo en política de Estado.

Con este trabajo queremos mostrar que contrario de la propaganda oficial, el programa está orientado a continuar con la política de privatización diseñada por el Estado desde la década de los noventa, pues esta iniciativa se ajusta a las estrategias del modelo neoliberal que corresponden a debilitar al sector público para dejar sus funciones al libre juego del mercado. Para demostrar esta tesis se aborda la política oficial para la financiación de la universidad pública desde la expedición de la ley 30 de 1992, modelo que desde su expedición empezó a generar dificultades presupuestales en las instituciones públicas de educación superior obligándolas a idear fórmulas para disminuir sus costos de funcionamiento y a diseñar estrategias que le permitan generar recursos para garantizar su funcionamiento.

Esas políticas de desfinanciación han obligado a las universidades públicas colombianas a precarizar las condiciones laborales de sus funcionarios y a deteriorar sus actividades académicas. En la parte administrativa se ha venido promoviendo la tercerización laborar y la contratación por prestación de servicios de sus funcionarios. En la parte operativa a desmejorar los programas de bienestar estudiantil, las prácticas académicas y las actividades artísticas, culturales y deportivas extracurriculares. Además las universidades públicas se han visto obligadas a promover la generación de recursos propios a partir de la venta de servicios como consultorías, asesorías y la oferta de cursos libres conduciéndolas a su autofinanciación, situación que termina afectando su función social y la calidad de la educación que imparte.

En el año 2011 el gobierno nacional presentó un proyecto al Congreso de la República dirigido a hacer una reforma a la Ley 30 en la cual se proponía un modelo de educación superior dirigido a oficializar la concepción del acceso a la universidad como un servicio y no como un derecho. Dentro de esa política planteaba la posibilidad de que el sector privado hiciera inversiones en la universidad pública y que se considerara el ánimo de lucro en la oferta de educación superior. En el que en uno de sus apartados de dicha reforma pretendía aplicar el modelo del programa “ser pilo paga” a partir de otorgar préstamos condonables a los estudiantes a través del Icetex, proyecto que se vio obligado a retirar debido a la resistencia de un movimiento estudiantil de carácter nacional que recibió el apoyo de amplios sectores de la sociedad.

Ante el fracaso de esa iniciativa que pretendía realizar un cambio estructural de corte neoliberal al sistema universitario el gobierno nacional ha venido aplicando reformas parciales dirigidas a imponer las orientaciones de la fracasada reforma a la educación superior propuesta en el 2011. Entre las reformas propuestas en ese proyecto figuraba la oferta de créditos condonables para los estudiantes similares a los que está generando a través del programa “ser pilo paga” permitiendo que los recursos públicos terminen en las arcas de universidades privadas. Por tanto, esta ponencia está orientada a demostrar que dicho programa corresponde a dar un nuevo paso de la política de largo aliento que hace parte del modelo neoliberal, que a pesar del impacto negativo que ha tenido en la sociedad colombiana, se está imponiendo desde la década de los noventa en el país.