Es bastante conocido que actualmente nos encontramos ante graves problemas de carácter estructural que enfrentan a comunidades indígenas u originarias, Estados y empresas dedicadas a actividades extractivas de grande escala. Ciertamente, una lectura de la jurisprudencia internacional, principalmente de la proveniente del Sistema Interamericano, nos demostrará que estamos ante a un problema macro que involucra la restricción de derechos territoriales, culturales, políticos y sociales en fuertes contextos de conflictividad que a la fecha han cobrado muchas vidas.
En el presente trabajo el problema identificado apunta hacia la situación de los pueblos indígenas en aislamiento quienes, además de las características que se pueden desprender de lo antes señalado, se ven amenazados por una mayor incursión de actividades de extracción sobre sus territorios aun cuando existen indicios razonables que le permitirían a cada Estado identificar su presencia y por tanto limitarse de concesionar dichos espacios territoriales.
Para demostrar la gravedad de lo anterior, este trabajo toma como muestra el caso de los pueblos indígenas en aislamiento de la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti ubicada en La Convención, Cusco, sobre la cual se superpone el Lote 88 del Proyecto Gasífero Camisea, abarcando un total de 143,500 ha. de las que 106,500 ha. se superponen a la referida reserva, lo que en términos porcentuales significa la superposición de un 23.2% del territorio comprendido por la Reserva Indígena.
Tal vez pueda pensarse que el Estado concesionó dicho lote de buena fe, pensando que estaba inhabitado, no obstante, una revisión histórico periodística del contexto económico, social y político, nos revelará que nos encontramos ante un acto deliberado donde se decidió concesionar dicho territorio aun a sabiendas del grave impacto que podría tener sobre los derechos de los pueblos en aislamiento. Impacto que ha ocurrido y es letal pues ha cobrado muchas vidas. Por tal motivo, la pregunta central de este trabajo consiste en cuestionarse si ante tales elementos podríamos considerar que el actuar estatal cumple con los supuestos que nos permitirían demostrar que nos encontramos ante el delito de genocidio cultural o etnocidio de tinte neocolonial.
Argumento:
A la par que se proclama un mayor reconocimiento y desarrollo de derechos de los pueblos indígenas –a nivel de normativa y jurisprudencia nacional e internacional –también se restringe su acceso a territorios ancestrales y en general a mantener sus modos de vida tradicionales. Esta situación se agrava en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento en cuyos territorios se ha entregado concesiones para la extracción de recursos naturales a pesar de que existían indicios razonables de su existencia en la zona y certeza sobre el grave impacto que para su existencia misma podrían tener tales actividades.
El caso concreto de los pueblos en aislamiento resulta peculiar, en tanto que para muchas personas e, incluso, instituciones estatales resulta impensable o sacado de una fábula hablar de la existencia de pueblos que no mantienen algún tipo de contacto con la sociedad mayor. ¿Quiénes son los pueblos indígenas aislados?, ¿por qué no han sido contactados?, ¿cuál es su modo de vida?, ¿qué actividades realizan?, ¿en qué zonas de nuestro país viven?, ¿desde cuándo están aislados? –Son algunas de las preguntas que pueden surgir inmediatamente, y que en el fondo pueden ser engañosas pues tal y como han sido planteadas nos impulsan a cuestionar un aspecto equivocadamente atribuido a estos pueblos: su estado de no contacto. Asumiendo una idea de indígena prístino, carente de historia e ignorante del mundo y ante el cual el Estado debe actuar, asimilándolos y mostrándoles los “beneficios del desarrollo”.
En contra de tales planteamientos, en este trabajo se considera necesario entender el aislamiento como una de las principales estrategias de sobrevivencia que tuvieron y tienen algunos pueblos indígenas ante situaciones violentas propiciadas otrora por caucheros, taladores y mineros ilegales, misiones evangelizadoras, entre otros agentes que obligaron su desplazamiento hacia nuevos espacios, impactando gravemente su modo de vida y existencia misma.
En el caso concreto, la revisión de documentación periodística y documental nos ha permitido comprender el contexto político, económico y social donde se generaron presiones internas para emitir normativa que si bien estaba direccionada a tutelar los derechos de estos pueblos, en el fondo contenía excepciones que a título del interés nacional impulsaba actividades sobre su territorio a como dé lugar. Este patrón también pudo identificarse en distintas entidades estatales a fin de que solo brinden informes favorables a las iniciativas estatales de extracción en el Lote. En este caso fue posible identificar resoluciones que en un mismo día identificaban hasta 83 observaciones pero que horas después de publicados eran reemplazados por nuevas documentaciones que pasaban a señalar solo recomendaciones. Esto fue acompañado de la renuncia y denuncia de parte de algunos funcionarios quienes textualmente cuestionaban las fuertes presiones existentes a nivel interno.
Por tales motivos y ante evidentes indicios que demuestran un evidente cruce de intereses aun a costa de los derechos de pueblos enteros, aquí se señalará que ello es reflejo de la institucionalización del racismo que ha sido destinado a la desaparición de estos pueblos bajo la impronta del desarrollo. Así nos encontramos ante nuevos colonialismos que nos brindan suficiente información para pensar que nos encontramos ante un tipo de genocidio cultural o etnocidio que a la fecha ha cobrado la vida de decenas de miembros de pueblos indígenas en aislamiento de la Reserva Indígena aludida. El etnocidio es, pues, la destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción. No solo es su destrucción física sino, también, cultural.
