Los gobiernos democráticos no son los únicos que realizan esfuerzos y formulan estrategias políticas para la construcción de hegemonía y generación de consenso. La última dictadura cívico militar argentina también tuvo políticas para captar, influir y aumentar sus sectores de apoyo, y al mismo tiempo reducir o regular los disidentes.
El año 1981 resulta ser un momento clave para el análisis de estas políticas de generación de consenso. Fue el año de transición entre el primer presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, y su sucesor, el general Roberto Viola, un período en el que la dictadura ya evidenciaba debilidad. En ese momento, el régimen confeccionó una serie de encuestas y sondeos de opinión para medir el ánimo social. Esta tecnología de gobierno le permitió reunir datos y conformar un mapa de debilidades y fortalezas con el que trabajó para recuperar el direccionamiento político y la legitimidad que había perdido.
Con esta ponencia nos proponemos analizar esas encuestas y sondeos de opinión realizadas durante el año 1981, y que hasta el momento no fueron estudiadas sistemáticamente. Las hallamos en dos acervos documentarios, el llamado Archivo BANADE en la ciudad de Buenos Aires, y el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe. El encuentro de este material confirma la temprana sospecha del politólogo Guillermo O’Donnell quien señalaba que sus trabajos sobre el comportamiento de la sociedad civil en dictadura iban a ser corroborados con el encuentro de “las encuestas que supongo se tomaron” y que aún en la postdictadura eran un “secreto de Estado” (1984). Y sobre todo, este material nos habilita a cuestionar la temprana hipótesis de que el régimen militar empleó exclusivamente la coerción para imponer sus decisiones y gobernar a la población. Por el contrario, planteamos que también intentó gobernar por medio del convencimiento. Las encuestas y sondeos de opinión fueron su principal fuente de inteligibilidad del ánimo social, y a partir de las mismas fueron desarrolladas estrategias de comunicación y campañas de propaganda con las que se buscó conducir y regular el comportamiento de la población.
Hasta fechas muy recientes la historiografía sobre la última dictadura cívico militar en Argentina (1976-1983) había eludido la problemática del consenso social hacia el régimen. La imposición de la dictadura y su continuidad a lo largo del tiempo, junto a la obediencia de la población, habían sido circunscritas al funcionamiento del aparato de coerción y terror. En esos estudios faltaba profundizar en la existencia de otros mecanismos que comparten tanto dictaduras como gobiernos democráticos, y que implican el empleo de agencias y el destino de recursos para desarrollar políticas gubernamentales que permitan gestionar la “obediencia” de la población, cautivarla y convencerla para obtener así su apoyo.
A diferencia de los primeros estudios, en los últimos años la bibliografía que aborda esta problemática es cada vez más amplia y abona poco a poco al reconocimiento de las diferencias entre el consenso original y los inducidos durante el ejercicio dictatorial del poder (Lvovich, 2006; Sirlin, 2006; Canelo, 2015; Fridman, 2008, y otros). A su vez esta nuevas indagaciones admiten que, en forma paralela al plan sistemático de represión enmarcado en el terrorismo de Estado, la dictadura buscó alcanzar de forma igualmente sistemática y coordinada un disciplinamiento “productivo” de la población como uno de los objetivos para la generación de “legitimidad”.
Julia Risler aporta a este reconocimiento con su estudio sobre la estrategia de acción psicológica. Esta doctrina, propia del ámbito castrense, fue elaborada bajo el influjo de la Doctrina de Seguridad Nacional y contuvo un conjunto de técnicas, procedimientos y saberes orientados a conducir, imponer comportamientos, y modelar actitudes y valores. En dictadura, la acción psicológica constituyó uno de los procedimientos estratégicos desplegados por el régimen militar para lograr la participación de la población en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, en ese sentido, se desplegó como una tecnología de gobierno de la población la cual implicó una manera de “guiar a los hombres, dirigir sus conductas, constreñir sus acciones y reacciones” (Foucault, 2007: 16).
Las agencias estatales responsables de su implementacion fueron: la Secretaría de Información Pública (SIP), el Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y los organismos de inteligencia del Ejército. Estas instituciones fueron las encargadas del “ciclo de información pública” que se iniciaba con la recopilación de información sobre el ánimo y los juicios de la población (a partir sobre todo de la realización de encuestas y sondeos de opinión), continuaba con el análisis de los datos relevados, y culminaba con el desarrollo de planes nacionales de comunicación orientados a influir y obtener apoyos sociales (Risler, 2015).
En esta ponencia partimos de esta estrategia para focalizarnos en una de sus principales técnicas: los sondeos y encuestas de opinión. Nos interesa reconocer cómo a través de éstos el régimen relevó en 1981 las actitudes, conductas y juicios sobre el desarrollo del Proceso. Hemos hallado este material en dos “archivos de la represión”: el llamado archivo BANADE, que contiene mayormente documentación secreta y confidencial de la SIP y de las agencias antes destacadas; y el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, que resguarda los informes producidos y recibidos por la Dirección General de Informaciones (DGI) encargada del control y la persecución ideológica en la provincia.1 El abordaje simultáneo de estos dos archivos nos permitió reconocer el ciclo de esta herramienta de medición del ánimo social. Desde la elaboración de cuestionarios por la SIP o SIDE, luego su realización por los propios miembros de estas agencias o por las delegaciones de la SIDE en todo el país -entre ellas la DGI de Santa Fe- así como también por miembros de Télam, la agencia de noticias oficial con presencia en todo el territorio nacional; y finalmente, el retorno de los sondeos y encuestas de opinión a la SIP para el análisis de la información obtenida y la preparación de informes sobre todo concentrados en prevenir riesgos que pudieran afectar la gubernamentalidad y produjeran (desfavorables) “efectos psicosociales sobre la opinión pública”. Nos ocuparemos de estos temas.