En Chile, es posible constatar que desde los años 90 se ha producido una significativa proliferación de leyes penales, cambiando la tendencia evolutiva que había experimentado hasta esa década el derecho penal sustantivo (Hernández, 2004; Carnevalli, 2008; Morales, 2012). Este crecimiento continuo del intervencionismo penal conforma un escenario complejo y heterogéneo, ya que no solo opera sobre formas delictivas muy diversas, sino que también lo hace en direcciones divergentes. Sin embargo, si bien se verifican procesos de descriminalización, atenuación penal y diversificación de penas, estos claramente son minoritarios en relación a los procesos de criminalización e intensificación penal. Estos últimos, los más frecuentes, se han traducido en nuevas leyes que aplican la pena privativa de libertad para delitos que antes no la contemplaban o la contemplaban de forma más restringida, otras que imposibilitan el reemplazo de la pena de prisión por otras penas distintas o sustitutivas a la cárcel, y en legislaciones que limitan la libertad condicional para ciertos delitos.
El interés por estudiar estos procesos, surge a partir de un diagnóstico crítico respecto a los problemas que ha implicado la creación y aplicación del conjunto de leyes que han intensificado la penalidad en el contexto nacional en las últimas décadas, y a la necesidad de indagar en los elementos que se encuentran a la base de la generación de dichas legislaciones. A nivel teórico, pretende contribuir a enriquecer el conocimiento sobre el campo de la penalidad, de grandes implicancias políticas y sociales, sin embargo escasamente investigado a nivel nacional, ya que no existen estudios empíricos que hayan indagado en los procesos de intensificación penal, y los trabajos sobre el tema poseen un enfoque exclusivamente jurídico normativo. A nivel metodológico, el estudio pretende implementar una forma específica de estudiar este tipo de procesos, que eventualmente permita su replicabilidad en futuras investigaciones sobre otros procesos de creación de legislaciones penales.
En este contexto, la ponencia da cuenta del estudio en profundidad de un proceso de intensificación penal ocurrido en Chile en el año 2014, que llevó a la promulgación de la Ley N° 20.770 (Modifica la ley del tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte), conocida como “Ley Emilia”. Esta ley surge a partir de la muerte de la menor de 9 meses Emilia Silva a principios del año 2013, causada por un conductor en estado de ebriedad, el cual desató una intensa discusión pública y mediática acerca de la valoración social de tales hechos y las leyes aplicables a su respecto, ya que si bien estos casos tenían sanción legal, la controversia que emergió tuvo relación con la demanda social por una mayor penalidad, desencadenando un proceso con activa participación de víctimas directas de este caso en particular y de otros similares, que se articulan con actores políticos y gubernamentales para desplegar una serie de acciones y estrategias (uso de medios de comunicación, redes sociales, manifestaciones públicas, etc.), que concitan apoyo ciudadano a la propuesta y que finalmente logran su promulgación.
La Ley N° 20.770 fue y sigue siendo ampliamente criticada por especialistas en el área del Derecho Penal, fundamentalmente por subvertir los principios de proporcionalidad, ya que dadas las disposiciones legales que confluyen en la valoración penal de estos hechos, esta ley permite que en concreto sea posible sancionarlos más gravemente que a un homicidio simple doloso. Sin embargo, pese a las críticas de los “expertos”, el proceso de generación de la ley contó con un extraordinario apoyo ciudadano, dando cuenta al parecer de lo que algunos criminólogos han denominado un populismo penal “desde abajo” (Prat, 2007), un desarrollo de los mecanismos de control social que se alejan de la racionalidad, para dar paso a un período más emocional, impulsado por fuerzas sociales que desdeñaban la racionalidad, el conocimiento experto y que recurren al sentido común y a la anécdota como única fuente de las decisiones y acciones que se emprenden. Así, el populismo penal se construye desde abajo hacia arriba y estructura una reacción frente a un establishment tradicional que es visualizado como moderado y tímido, fundado en ideas de los expertos y alejado de lo que sienten y piensan los ciudadanos votantes (Pratt, 2007).
Para abordar teóricamente el estudio de los procesos de intensificación penal se recurre a los enfoques criminológicos de la reacción social (labelling approach) y de la sociología del castigo. En este marco, la presente investigación parte de la comprensión teórica del fenómeno de la intensificación penal como un proceso social, un conjunto de actos sociales, políticos y jurídicos mutuamente relacionados, llevados a cabo por una serie de actores sociales concretos, que a través de cuya actuación simultánea o sucesiva, promueve, gestiona y finalmente logra imponer una nueva definición respecto a la valoración social de una conducta ya definida previamente como delito, y cuya consecuencia se traduce en el agravamiento de la respuesta penal (castigo) que tenía asignada dicha conducta. En la medida que esta nueva valoración se institucionaliza en una legislación específica, va a implicar una determinada respuesta estatal, aun cuando pudiera no llegar a tener aplicación práctica, sino solo simbólica.
Complementando esta perspectiva, Baratta (2004) señala que en estos procesos de criminalización selectiva, que operan a diferentes niveles por parte de las diversas instancias oficiales: el legislador, la policía, la fiscalía, los jueces penales, las instituciones de ejecución penal, etc., muestran que el sistema oficial no actúa aisladamente, y que para comprender su funcionamiento es necesario entenderlo como un subsistema situado dentro de un sistema de control social y de selección de mayor amplitud. Por lo tanto, para una adecuada comprensión de los procesos de intensificación penal, se debe combinar necesariamente las perspectivas micro y macro sociológica, ya que es necesario indagar y visibilizar las precondiciones materiales que hacen posible el proceso de emergencia de una demanda de penalidad e indagar la manera en que se configuran las diferentes estrategias penales (Sozzo, 2011).
Así, el objetivo del estudio en curso ha sido comprender cómo se generó y desarrolló dicho proceso, identificando y caracterizando las retóricas y acciones de quienes participaron en él, las cadenas causales que posibilitaron el logro legislativo y las condiciones de posibilidad del contexto social en el cual este se llevó a cabo. Hasta la fecha, no se han realizado en nuestro país investigaciones empíricas que den cuenta de los procesos de generación de leyes penales. A partir de un marco teórico que incorpora niveles micro y macro sociológicos, se realiza un estudio de tipo cualitativo a través de entrevistas en profundidad a sus protagonistas y el análisis de material documental (debate legislativo), de prensa y otras fuentes secundarias, todo ello con la intención de que la comprensión de los elementos que se encuentran a la base de la generación de esta ley, pueda aportar a la interpretación de otros procesos de intensificación penal en el contexto nacional y de sus condiciones de posibilidad, así como a la comprensión más amplia de la forma en que se producen las políticas criminales en el Chile contemporáneo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Baratta, A. (2004) Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Carnevalli, R. (2008) “Derecho penal como ultima ratio. Hacia una política criminal racional” en Ius et Praxis, 14(1), 13-48.
Hernández, H. (2004) “El Derecho Penal chileno en el cambio de siglo: Ensayo de balance y perspectivas” en Persona y Sociedad, Universidad Alberto Hurtado, Vol. XVIII, N°2. 213-236.
Morales, A. (2012) “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden” en Política Criminal, Vol. 7, Nº 13. 94 - 146.
Pratt, J. (2007) Penal Populism. London: Routledge.
Sozzo, M. (2011) “Política penal, elites y expertos en la transición a la democracia en Argentina” en Revista Nova Criminis. Visiones Criminológicas de la Justicia Penal, N° 2. 147-193.
