Las dinámicas económicas actuales han movilizado grandes proyectos minero-energéticos que buscan responder de forma inmediata a las exigencias de los mercados internacionales en un intento por mantener los estándares de extracción intensiva que la globalización, en su movimiento constante, ha impuesto a los países llamados subdesarrollados. Ante esto, entonces, la tierra, como depositaria de recursos naturales, se dibuja como la base vital y permanente de estos intercambios desiguales entre países ricos y pobres, donde estos últimos se ven insertos en una racionalidad económica global que trae aparejada la sobreexplotación de la naturaleza, la degradación del ambiente y la agudización de las condiciones de pobreza (Leff, 2006).
La lógica capitalista de explotación supone un proceso de mercantilización de los recursos naturales y una instrumentalización de las comunidades que ocupan espacios sobre los que reposan intereses económicos específicos, desconociendo la complejidad de las relaciones sociales preexistentes que configuran la identidad y pertenencia a un territorio (O’Connor, 2002; Segrelles, 2008). En este sentido, Colombia se presenta como claro ejemplo de este desequilibrio entre los intereses sociales y económicos, pues el país se ha sumergido en un modelo de desarrollo que fomenta la presencia de compañías multinacionales cuyos propósitos son la explotación exhaustiva de los recursos naturales, bajo el eufemismo del discurso del desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. En este sentido, las comunidades terminan recibiendo los impactos negativos y son excluidas de los beneficios; además, los procesos de participación resultan ser meros procedimientos administrativos que legitiman la exclusión e invisibilización en la toma de decisiones sobre el territorio (Puerta, 2011).
Este problema se ha evidenciado en La Guajira desde que comenzaron las exploraciones y explotaciones de carbón a mitad de los años setenta como solución a la crisis energética que se vivía en todo el mundo por la reducción en los suministros de petróleo. A partir de entonces, las comunidades indígenas y afrodescendientes que han habitado el territorio guajiro históricamente han sido impactadas por Cerrejón, en tanto su presencia ha significado la reorganización territorial, la contaminación de aire, agua y suelo, el desplazamiento forzado y arbitrario, afectaciones en la salud, problemas de hambrunas e inseguridad alimentaria, ruptura de saberes y conocimientos tradicionales como consecuencia de las transformaciones en la identidad cultural y nuevos fenómenos de violencia (Puerta, 2011).
Muestra de lo anterior se evidencia en el pueblo de Chancleta, comunidad localizada en jurisdicción del municipio de Barrancas, cuyos pobladores se autorreconocen como afrodescendientes. En vista de que el territorio donde han vivido desde comienzos del siglo pasado tiene importantes yacimientos de carbón, desde 2005 Cerrejón inició el plan de reasentamiento de la comunidad el cual ha tenido el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ordenó el 12 de agosto de 2010 que la reubicación se llevara a cabo con plazo máximo hasta diciembre de 2011 (Acción de Tutela, 2005, expediente T-4.587.990). Como lo expresa la misma comunidad, a partir de entonces se han dado reubicaciones de algunas familias, quienes –en la mayoría de los casos– vendieron sus predios por presiones y amenazas tanto sociales como de salud. Ante esta situación, el nuevo espacio de habitación no cuenta con las condiciones iguales ni mucho menos mejoradas del antiguo territorio, pues –como ellos mismos lo expresan– “en la nueva comunidad de Chancleta hemos perdido nuestras costumbres y arraigos, no nos adaptamos a este nuevo modo de vida, porque no tenemos nada qué hacer, no sabes cómo producir para subsistir” (Ramos, 7 de octubre de 2016); esto debido a que “el terreno es estéril y no podemos cultivar, ni criar ganados, que eran a los que nos dedicábamos en nuestras viviendas en Chancleta Origen, quedando sin medios productivos para subsistir” (Ramos, 7 de octubre de 2016).
Uno de las situaciones que ha afectado a Chancleta es que antes de iniciar el proceso de reubicación no se realizó Consulta Previa, evadiendo así el derecho fundamental y colectivo que tiene la comunidad para participar en la toma de decisiones que pueden afectar su integridad. Asimismo, esta falta de participación se ve reflejada en la inutilidad productiva del nuevo territorio, pues las condiciones no están adaptadas a la forma de vida que tenían en el lugar original; esto, entonces, tiene como consecuencia el hecho de que el acceso al agua no sea de buena calidad ni completo, y que los pobladores tengan problemas respecto a su alimentación y trabajo, actividades básicas para la supervivencia. Finalmente, esta imposibilidad de ejercer sus actividades tradicionales ha influido en la transformación de su identidad y la pérdida de sus costumbres (Bartolomé, 1985; Catullo y Brites, 2014).
Con base en este panorama, el presente trabajo de grado se pregunta sobre las problemáticas socioambientales que se tienen en el nuevo lugar de asentamiento y la manera como la comunidad de Chancleta viene construyendo mecanismos y acciones locales que permiten fortalecer su identidad territorial frente a las condiciones de reubicación que el proyecto minero Cerrejón ha causado. Asimismo, interesa indagar sobre las negociaciones que se dieron entre la comunidad, sus líderes y la empresa para llevar a cabo la reubicación, reconocer de qué forma se relaciona la construcción de identidad afrodescendiente con la habitación de un espacio geográfico como proceso de fortalecimiento de la identidad territorial, y describir las formas de adaptación al nuevo lugar de asentamiento y las autopercepciones de la comunidad respecto a los efectos del cambio de espacio.
Referencias bibliográficas
Acción de tutela instaurada por miembros de la comunidad ancestral de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, La Guajira, contra la empresa “Carbones del Cerrejón Limited” (5 de mayo de 2015). Expediente T–4.587.990.
Bartolomé, Leopoldo (1985). Relocalizados: antropología social de las poblaciones desplazadas. Ediciones del IDEA, Buenos Aires.
Catullo, María Rosa y Brites, Walter F. (2014). “Procesos de relocalizaciones. Las especificidades de los reasentamientos urbanos y su incidencia en las estrategias adaptativas”. En: Avá. Revista de Antropología, vol. 25, pp. 93-109, Universidad Nacional de Misiones Misiones, Argentina. [En línea:] http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/9024/PROCESOS%20DE%20RELOCALIZACIONES.pdf?sequence=2. (Consultado el 29 de enero de 2017).
Leff, Enrique (2006). “La ecología política en América Latina. Un campo en construcción”. En: Alimonda, Héctor (ed.). Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires. [En línea:] http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hali/C1ELeff.pdf. (Consultado el 4 de enero de 2017).
O’Connor, James (2002). “¿Es posible el capitalismo sostenible?”. En: Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires. [En línea:] http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100930021858/3connor.pdf. (Consultado el 4 de febrero de 2017).
Puerta Silva, Caludia (2011). “Megaproyectos y grupos étnicos. Reflexiones sobre la autodeterminación y los derechos condicionados”. En: Ramírez, Patricia (comp.). Memorias Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado (1945-1999). Instituto de Estudios Regionales (INER), pp. 157-180.
Ramos Meriño, Miguel (7 de octubre de 2016). [Carta a Alba Nelly Gómez]. Copia en posesión de Luz Marina Agudelo Henao.
Segrelles Serrano, José Antonio (2008). “La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: una contradicción insuperable”. En: Revista NERA, año 11, N.° 12, Alicante. [En línea:] https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ecologia-brasil.pdf. (Consultado el 13 de febrero de 2017).
