Esta investigación es parte de una más amplia desarrollada en las colonias de El Cruce y Santa Marina, ubicadas en el sudeste de la provincia de Formosa, que tiene como objetivo comprender la persistencia de las familias campesinas, a partir del análisis de sus estrategias de reproducción social, entre ellas las relacionadas con las políticas sociales, más específicamente las transferencias formales de ingresos.
A partir de la contextualización histórica realizada sobre la evolución de las políticas sociales y las denominadas de “desarrollo rural”, y sobre todo de la situación relevada en las encuestas y entrevistas realizadas a las familias campesinas (entre 2011 y 2012), este trabajo busca reflexionar sobre el impacto de ambas acciones estatales en las estrategias de reproducción de estas.
Abordamos el estudio de las unidades domésticas campesinas desde la concepción estratégica de la acción social. Las estrategias familiares forman un sistema, por lo que el análisis de los ingresos por transferencias formales es realizado en conjunto con otras: educativas, laborales, productivas, de relacionamiento social, etc. Tratándose mayormente de unidades domésticas con escasez relativa de recursos, consideramos que el capital económico resulta predominante en la estructuración de este sistema. El abordaje relacional que hacemos de estas, requiere considerar el conjunto de familias que conforman las colonias y su relación con los otros grupos de la formación social más amplia.
En la Argentina, las políticas sociales han mostrado un gran dinamismo. Tuvieron un rápido crecimiento a principios del siglo pasado, que se afianzó a mediados del mismo, a partir de su carácter contributivo y el pleno empleo formal. Su declinación se dio hacia finales del siglo XX por la implementación de las reformas neoliberales. El desmantelamiento del Estado (y del modelo de industrialización), comenzado por la dictadura militar a mediados de la década del setenta, y el ajuste estructural de los noventa, condujeron a la sociedad argentina a una situación extrema a comienzos de este siglo. Las condiciones del mercado de trabajo (alta desocupación, informalidad y caída del salario real) y el carácter contributivo que predominaba en la política social nacional, llevaron a esta a su continuo desfinanciamiento.
En cuanto a las políticas de desarrollo rural, durante la etapa neoliberal, los programas adoptaron las premisas generales de la política social: focalización, descentralización en la gestión, la necesidad de presentar proyectos asociativos (“lógica de recursos concursables”), apertura de espacios de participación de los beneficiarios y cierta autonomía administrativa (Tapella y Frigerio, 2011). Los objetivos expresados, aunque lejos de ser alcanzados, por estos programas eran la transformación productiva y el mejoramiento de los ingresos y calidad de vida de los pobres rurales (Manzanal, 2000). La lógica imperante en estas etapas, sobre todo en la del ajuste neoliberal, era la de ver a los beneficiarios como “clientes”.
Especialmente en el ámbito rural, los altos niveles de pobreza y excusión existentes hacían que la lógica de la focalización utilizada en los programas sociales y de desarrollo rural resulte excluyente; ya que era mayor la parte de la población objetivo o potencialmente beneficiaria que quedaba fuera, que los efectivamente beneficiados (de Dios, 1999). Más aun, cuando los constantes ajustes implementados al presupuesto de la política social provocaban una disminución en la cobertura de los, ya acotados, programas.
Durante el periodo neoliberal la variable de ajuste siempre fue el salario, por lo que el peso de las crisis cayó sobre los trabajadores. Los impactos de esta crisis social, económica y política de finales del siglo XX y principios del actual, hicieron necesaria la intervención más decidida del Estado en la implementación de políticas específicas para aliviar la situación.
Dentro de las políticas sociales, los PTFI crecieron muy fuertemente a partir de la posconvertibilidad, dando origen a la quinta etapa de la política social argentina. En primer lugar, lo hicieron principalmente a partir de los denominados programas de empleo y, en menor medida, otros de carácter asistencial. A estos, posteriormente se incluyeron los programas asociativos y de autoempleo, a través de programas específicos y complementarios a los anteriores. Desde 2009 comenzaron a desarrollarse programas de carácter universal. Por su parte, el sistema previsional, el otro componente importante de la política social para nuestra investigación, tuvo transformaciones estructurales en los años posteriores a la salida de la crisis de 2001.
En la población rural estas medidas tuvieron un mayor impacto, considerando que históricamente su en la política social vinculada a los ingresos (principalmente jubilaciones y pensiones) fue muy baja, e inferior a la urbana; el carácter fuertemente contributivo del sistema social y las condiciones del trabajo agropecuario, con altas tasas de informalidad fueron las principales causas. La expansión de las políticas de protección, especialmente en niños, jóvenes y adultos mayores, se ve reflejada en las familias campesinas de El Cruce y Santa Marina. Para muchas de ellas resultan una fuente importante de recursos económicos y para otras una secundaria; sin embargo, son pocas las que no cuentan con estos ingresos.
En cuanto a las políticas de desarrollo rural, los programas de “nueva generación”, implementados a partir de finales de la década pasada, presentaron modificaciones respecto a los originados en la etapa neoliberal. Los cambios promovidos por estos programas significaron mejoras en el alcance y tiempo de ejecución de los proyectos, en el incremento de la inversión en acciones de desarrollo rural, en la incorporación activa de actores locales (estatales y de la sociedad civil) y de nuevas regiones. Sin embargo, no lograron el alcance pleno de los objetivos planteados, ni los resultados esperados en el combate de la pobreza rural, (Lattuada et al, 2015).
De acuerdo a la información recolectada durante el trabajo de campo realizado en las colonias El Cruce y Santa Marina con el objetivo de comprender las estrategias de reproducción de las familias campesinas, fue posible observar que los PTFI resultan importantes en la persistencia campesina, ayudan a generar una base de sustento, aunque en términos generales no son indispensables ni determinantes (puede serlo para algunas). Para estas unidades domésticas, la posibilidad de contar con estos ingresos no representa un obstáculo para la búsqueda de otros recursos a través de la producción, comercialización, trabajo asalariado, etc.
Las condiciones productivas, tanto familiares (medios de producción y fuerza de trabajo) como externas (mercados principalmente), continúan siendo transcendentales en la permanencia de las familias campesinas en sus parcelas. Sin embargo, se observa una marcada preponderancia de las políticas sociales por sobre los programas de desarrollo rural. En el caso de las familias campesinas, estos últimos nunca pudieron consolidarse como un instrumento de reproducción importante. La falta de continuidad, escasez de recursos, focalización, limitado alcance, superposición de actividades, entre otras, parecen ser las principales causas de ello.