La migración comprende un fenómeno complejo que en el último tiempo se ha caracterizado por estar presente en el debate de las políticas públicas, debido al considerable aumento de la movilidad humana y sus repercusiones de carácter social, económico y cultural. Si bien los procesos migratorios atraviesan a todos los países y regiones del mundo debido a la permeabilidad de las fronteras, sus efectos no refieren únicamente a la alteración de las estructuras demográficas. Como un elemento estructural y constitutivo de la globalización misma, este fenómeno ha sido foco de atención en la búsqueda por comprender las causas que motivan a las personas a dejar (definitiva o temporalmente) su lugar de origen y las consecuencias que de ellas se pueden derivar.
La migración, aunque implique decisiones individuales con el fin de encontrar mejores condiciones de vida, está lejos de ser un acto exclusivamente voluntario, pues en la mayoría de los casos, se caracteriza por generarse bajo condiciones de precariedad cada vez mayores. Se presume, por tanto, una interrelación entre migraciones y desplazamientos forzosos, ya sea por razones económicas, políticas y/o ambientales (Morales & Castro, 2005). Por lo mismo, en el contacto entre diferentes culturas, la incorporación de la comunidad inmigrante a la sociedad receptora se realiza frecuentemente bajo relaciones de poder asimétricas (Albar, et al., 2010).
En Chile, desde el año 1990 ha ido en aumento el porcentaje de la población extranjera sudamericana, consecuencia de una mayor estabilidad política y económica, y se ha caracterizado principalmente por concentrarse en la capital bajo una inserción laboral precaria y segmentada. La actual ley de migración, al ser formulada durante la dictadura e inspirada en el principio de seguridad nacional, define una serie de criterios que impiden o burocratizan el ingreso de diversos extranjeros al territorio nacional y la obtención de la residencia temporal o definitiva lo que, en consecuencia, ha terminado por reproducir un proceso de exclusión permanente (Stefoni, 2011). En otras palabras, el país mantiene una deuda con la población migrante dada la vigencia del cuerpo legal expresado en el Decreto Ley N° 1.094 del año 1975, el más antiguo sobre esta materia en toda Latinoamérica.
Si bien ha habido intentos por modificar la normativa y ajustarse al estándar internacional, este último más garantista de los derechos humanos de la/os migrantes, ninguno se ha convertido en ley hasta la fecha. La prevalencia de una legislación desactualizada y basada en principios de seguridad, ha traído como consecuencia una desprotección de la población extranjera y la vulneración de muchos de sus derechos. Los mayores problemas refieren a la situación irregular/ilegal, los bajos salarios y la discriminación, además del empleo precarizado y las condiciones de hacinamiento.
Por otro lado, el idioma también supone un obstáculo en la búsqueda de mejores oportunidades, especialmente para migrantes provenientes de Haití. Esta población ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de haber 763 haitianos en el 2014 con permanencia definitiva, a 3.647 en 2016, lo que equivale a un crecimiento de un 377% en dos años (Alonso, 2017). Similares datos son los que comparte Laura Quintana (2017), quien señala que han aumentado ocho veces su presencia entre 2013 y 2016, 731% más que en 2008. Según Pedemonte (et al. 2015), la llegada de migrantes haitiana/os no cumple más de una década, y ha visto en Chile un destino atractivo con promesas de bienestar económico, estabilidad, seguridad y posibilidades de ingreso regular. Además, se caracterizaría por un flujo migratorio masculinizado, con un 75% de hombres en el país y un incipiente aumento de las mujeres por razones de reunificación familiar.
En Chile, la población migrante y especialmente la comunidad haitiana ha estado sujeta a un dominio de la cultura local caracterizado por establecer relaciones de desigualdad y exclusión, y por adquirir su apogeo gracias al ejercicio del poder económico, político y social (Walsh, 2014). En otras palabras, esta población circula en un plano de interacción con la población chilena bajo condiciones desiguales, dominios y jerarquías sociales que desembocan en actos discriminatorios, impidiendo una relación equitativa entre ambos grupos.
Para María Emilia Tijoux (2014), en nuestro país ha surgido una clasificación jerarquizada de los inmigrantes, siendo estigmatizados tanto por su origen como por las características negadas de un país, una región o comunidad. En otras palabras, las/os chilenos tienden a establecer un nexo entre su inmigración, su color y su pobreza, de la mano de un discurso oficial asociado a prácticas negativas que sitúan a estos grupos con problemas como el consumo de drogas, la ilegalidad y la prostitución. Además, sostiene que en el país sí se vulneran sus derechos, especialmente en aquellos con rasgos afrodescendientes, generándose un escenario de explotación generalizada y aprovechamiento por las condiciones de precariedad de las que son parte.
En el último tiempo, este fenómeno ha estado cada vez más presente en la opinión pública, llamando la atención de los medios y organismos internacionales las dificultades que la/os inmigrantes haitiana/os deben sortear en un contexto que los relega a salarios que rondan el sueldo mínimo y que, en su mayoría, provienen de rubros como la construcción, el aseo y/o trabajos informales que ya no le son atractivos a la población chilena. Por otro lado, la barrera idiomática los ha convertido en víctimas potenciales del engaño y les ha dificultado el acceso a la información y servicios, además de estar expuestos a conductas discriminatorias y vejaciones que aluden en particular a su color de piel. La profundización y el análisis de estos factores desde la percepción de la comunidad migrante haitiana, supone una contribución para el entendimiento de sus procesos de integración, fenómeno que involucra tanto a quien acaba de llegar como a quien ya está instalado. En otras palabras, la comprensión de indicadores tanto objetivos como subjetivos, además de variables como la discriminación percibida o el sentido de integración, permiten la obtención de una imagen más fidedigna acerca de las estrategias y capacidades desplegadas por esta comunidad, además de aportar al debate actual con nuevos términos de análisis.
Por tanto, los resultados dan cuenta de elementos como la evolución política migratoria y las leyes de extranjería de Chile y su papel en el proceso de integración de los inmigrantes; los principales obstáculos percibidos por los mismos (haitianos en específico); las estrategias que movilizan para lograr mayores niveles de integración; y los recursos materiales, simbólicos e institucionales que aparecen como significativos y que influyen en este proceso.