La inseguridad pública en México representa actualmente uno de los retos más importantes para los gobiernos en sus tres ámbitos, además que ha llegado a niveles insostenibles para la sociedad y los sectores que la conforman.
El 2017 se convirtió en uno de los años con mayor incidencia delictiva, mientras que el mes de octubre de ese año es reconocido como el más violento de los últimos 20 años , ante el incremento en la incidencia de “delitos de alto impacto”, estos son el homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículos , con sus respectivas variaciones según su definición en el Programa Nacional de Seguridad Pública y observatorios ciudadanos o el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública en México.
Ante el panorama no solo estadístico per se, sino la percepción de la ciudadanía en torno a la inseguridad, fenómeno que ha ido a la alza desde 2009 a la fecha, se ha buscado la implementación de diversas estrategias para su combate, mismas que se encuentran ligadas a la definición de un modelo policial como base de la misma.
El modelo policial responde a una forma de organización jerárquica, administrativa y operativa de los cuerpos policiacos; en este caso se analizan dos en específico: el mando único, impulsado como la política de seguridad del gobierno federal, y el mando coordinado, que es impulsado desde algunos sectores de la política mexicana y que ha sido implementado en algunas localidades gobernadas por partidos distintos al del ejecutivo federal.
Este trabajo analizará los resultados obtenidos por la implementación del esquema de proximidad social en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado de México (Ecatepec como exponente del mando único y Nezahualcóyotl del mando coordinado), a través de la estadística relacionada con indicadores de incidencia delictiva y por el otro la percepción de la ciudadanía, a través de los número proporcionados por la Encuesta de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior en el contexto de la aseveración de que la seguridad en general se compone de dos elementos: el riesgo real y la “sensación” de certeza, es decir la seguridad subjetiva, misma que también está relacionada con la confianza en las instituciones, vínculo ineludible para poder transitar del paradigma de la seguridad pública a la seguridad ciudadana.
Asimismo, con dicha comparación se pretende responder a una incógnita a modo de hipótesis: ¿La proximidad social ha ayudado a la disminución de la incidencia delictiva a nivel local? ¿Impacta de forma positiva en la percepción de la seguridad?
La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento (PNUD, 2017).
Es un paradigma de acción gubernamental y ciudadana para hacer frente a los problemas de la delincuencia común, cuya característica principal es una perspectiva antropocéntrica, es decir que ubica al ciudadano en el centro de las políticas de seguridad y adopta una visión transversal de derechos humanos e involucra activamente a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer el derecho inalienable a la misma, así como a las instituciones para que lo garanticen (Salgado, 2010).
En ese tenor, la participación ciudadana es su principal característica, es una propuesta que incorpora a la comunidad afectada por la delincuencia convocándola a organizarse para aportar la información y establecer los sistemas de alerta sobre las conductas sospechosas y delictuales que conozca, en colaboración directa con las unidades de policía que atienden directamente y constantemente a las comunidades, conocidas como policías de proximidad.
Esta propuesta se propone movilizar tanto los recursos comunitarios como los institucionales para mejorar la prevención situacional o circunstancial de los delitos, así como para mejorar la eficacia en el logro de metas y eficiencia en el uso de los recursos para el control delictivo.
Por lo tanto, la seguridad ciudadana es contraria al paradigma de seguridad pública que se caracteriza por su visión “estadocéntrica” de la política de seguridad, además que se define a través de la trilogía seguridad- justicia- cárcel, en donde las instituciones son las principales afectadas por la violencia, donde los ciudadanos únicamente son un elemento del orden público (Carrión, 2005).
La política de participación ciudadana en el esquema de la seguridad propone que la policía en su tarea de prevención del delito, por medio de la búsqueda de información en las comunidades afectadas por la acción delictual, procure mejorar las relaciones y establezca coordinaciones con esas comunidades de tal manera que éstas coparticipen en la prevención del delito. El mutuo conocimiento entre los responsables locales de la acción policial y los vecinos es considerado un capital social para prevenir el delito.
Estas concepciones y acciones de convocatoria policial a las comunidades también son denominadas como “proximidad social” y ésta a su vez es materializada a través de la policía de proximidad, cuyas modalidades de seguridad compartida y seguridad vecinal se concreta con la base del policía vecinal, en general a través de la división del territorio objetivo en cuadrantes que permitan una acción más ágil, una atención más pronta a la ciudadanía y un tejido de confianza al partir de la premisa de que los elementos policiales serán conocidos por su comunidad; un ejemplo de ello es el esquema implementado en Chile a través del “carabinero de la cuadra”, con la finalidad de mejorar la confianza mutua entre la institución policial y los pobladores.
En general, la visión de la seguridad ciudadana ha sido utilizada para reformar las políticas de seguridad en América Latina (a partir de 1980) y Europa con la finalidad de avanzar hacia la democratización y la intervención de la ciudadanía, por lo que uno de sus factores de implementación es la proximidad social de los elementos policiacos.
El paradigma de seguridad ciudadana ha servido entonces para encaminar la política de seguridad a un nivel de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía para un mejor enfoque preventivo, recuperación de espacios y sobre todo de la confianza en las policías, como elemento clave en la implementación de las políticas de seguridad, a través de la proximidad social.
En México, en el contexto de un incremento de la violencia, los índices delictivos y la desconfianza de la ciudadanía derivado de prácticas de corrupción y abuso de autoridad, se han registrado reformas que tienden a incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones y evaluación de políticas de seguridad, sobre todo en el ámbito municipal.
Por otra parte es menester retomar lo planteado en la introducción de este texto referente al modelo policial que es la base de la política pública de seguridad en México, toda vez que plantea la ruta a seguir para la integración de mandos, el ejercicio de recursos y la toma de decisiones en esa materia, por lo que además de plantear el esquema conceptual de la seguridad ciudadana se debe acotar el modelo policial en el que se enmarcarán las experiencias analizadas.
El mando único es una propuesta del gobierno federal (2010 y 2016) para la unificación de las policías municipales y estatales para garantizar la unidad de mando. Es decir, un solo cuerpo policial por entidad federativa con un mando único, cuyo significado es el tránsito de la descentralización a la centralización policial. Grosso modo se refiere a la integración de cuerpos policiales estatales, cuyo mando esté ligado al gobierno estatal y no así a los municipales.
El mando coordinado, para los fines de esta investigación es aquel que plantea el fortalecimiento institucional de las policías municipales, en atención al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución. […] Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
En ese sentido, el municipio asume su responsabilidad en materia de seguridad, sin soslayar las problemáticas que los rebasan institucionalmente, por lo que se coordinan con las fuerzas estatales y federales para la atención de objetivos específicos, como el crimen organizado o el narcotráfico, sin permitir la injerencia total de la entidad o la federación en la organización, capacitación, administración y control de los elementos municipales (Moloeznik, 2014).
