Una de las expresiones más notorias y evidentes de la “gran ruptura” existente entre la sociedad chilena y la política, según Manuel Antonio Garrretón (2016) se habría registrado en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013 como en las elecciones municipales de 2016. En aquellas ocasiones más del 60,0 % de la ciudadanía nacional con derecho a sufragar se abstuvo de votar; un grupo menor, optó por anular el voto; y otro, por dejar, el voto en blanco; así, la abstención general rebasó el 65% de los electores, o sea, un poco más de 9 millones de ciudadanos rechazaron elegir un representante ya sea para el gobierno local como nacional. Instalando a Chile, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), en el primer lugar entre los países con mayor abstención electoral del mundo.
Lo ocurrido en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013 y municipales de del año 2016, viene a ratificar y a profundizar la tendencia histórica que comenzó a gestarse en la década de los años 90 del siglo pasado y que se prolonga por 27 años, o sea, ya un cuarto de siglo, el rechazo ciudadano a los procesos electorales de la democracia posdictadura. Aunque en las elecciones presidenciales de 2017 hubo un estancamiento de la caída de la participación. La abstención se mantuvo sobre el 50% del electorado.
Esta tendencia política electoral de larga duración que se expresó, primero, en la no inscripción electoral de las y los jóvenes, y, luego del año 2012, en la abstención ciudadana tanto de jóvenes como de adultos, ha dado lugar a la conformación a lo que hemos denominado desde 1997, parafraseando al sociólogo alemán U. Beck, como el “partido de las y los no electores”.
Desde los años 1996-1997 hasta el año 2010, con ciertas fluctuaciones menores la abstención electoral, entendida en un sentido amplio, - o sea, como aquella que incluía tanto a los no inscriptos en los registros electorales, a los abstencionistas (no concurrentes a votar), a los que dejan el voto en blanco y a los que lo anulaban- se fue incrementando significativamente al interior de sistema político nacional. La democracia pos-autoritaria se fue vaciando de electores. Dicho vaciamiento quedo ampliamente confirmada luego del cambio de reglas electorales de 2012 en las últimas elecciones municipales del año 2016. Diríamos que la democracia pos-autoritaria, en su primera fase, siguiendo al politólogo Carlos Huneeus, se ha sostenido en un “espejismo político”: la ilusión de ser una democracia representativa con altos niveles de participación política plenamente institucionalizada y con una incuestionable legitimidad política y social.
No obstante, a pesar de todo ello, la democracia protegida, usando la temporalidad de Braudel, es un régimen político de de larga duración. El cual al cabo de un cuarto de siglo constituye una estructura política de dominación de muy difícil remoción o modificación. La institucionalización de la democracia protegida, diseñada por la dictadura cívico-militar y viabilizada por los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia (CPPD), ha sido el muro contra el cual se han estrellado y fracasado todos los movimientos sociales como las acciones de protestas ciudadanas desde el año 2006 a la fecha. Si bien, estos han provocado grietas y algunos grafitis y rayados han sido pintados en su fachada, su estructura y pilares (la Constitución de 1980, por ejemplo) se conserva en muy buen estado.
La poderosa estructura política de dominación que constituye la democracia pos-autoritaria se explica, principalmente, por las instituciones y reglas que la rigen y norman los diversos procesos políticos y electorales inherentes a un régimen democrático representativo. Estas fueron establecidas por la dictadura cívico-militar en 1987 y que no fueron modificadas por los gobiernos concertacionistas (1990-2010). La dictadura militar había establecido, entre otras, en la dimensión electoral, por ejemplo; que la ciudadanía nacional, para participar en los torneos electorales, debían, al momento de cumplir 18 años de edad, inscribirse, de manera voluntaria en los registros electorales y asumir, si se inscribía en ellos, la obligación de votar. De manera, entonces, que la fórmula normativa era relativamente simple: inscripción voluntaria, voto obligatorio.
Por diversas razones y motivaciones que hasta el día hoy permanecen relativamente desconocidas, desde inicios de la década de los años noventa del siglo pasado, las y los jóvenes no se inscribían en los registros electorales. Evidenciándose, un incipiente como un supuesto quiebre/ruptura entre la política democrática y la ciudadanía pos-autoritaria. Esta brecha se fue haciendo con el tiempo cada vez más amplia. No obstante, permaneció, oculta, producto del espejismo político electoral.
En efecto, este reconocía que las autoridades políticas tanto a nivel local (elecciones municipales) como a nivel nacional (parlamentarios y presidentes) eran elegidos en torneos electorales que registraban bajos niveles de abstención, escasos votos en blancos y nulos. La existencia de un padrón electoral cerrado, donde el voto válidamente se movía entre un 75-80% de los inscritos, llevó a considerar a la democracia posautoritaria chilena como una de las tres democracias, junto a Uruguay y Costa Rica, con los mejores índices de calidad democrática de América Latina y el Caribe.
El objetivo central de esta comunicación es analizar la trayectoria y constitución del partido de las y los no electores en la democracia protegida chilena entre 1990 y 1998. Nuestra principal tesis es que su presencia es el corolario de la hegemonía neoliberal de la sociedad chilena y sobre todo de la constitución del ciudadano neoliberal. Cuya principal característica es el rechazo a toda actividad política y electoral. Y, su refugio en los distintos mercados que constituyen la sociedad neoliberal. Esta exclusión de la ciudadanía no ha sido revertida por los diversos movimientos sociales y políticos que emergieron en Chile desde la rebelión ciudadana del ciclo de protestas desde el 2006 al 2013. Se constituyeron nuevos actores sociales, se constituyeron nuevos actores políticos como el Frente Amplio, sin embargo, su temprana institucionalización en las estructuras políticas del régimen cierra todos los espacios de logrados. El rotundo fracaso del gobierno de la Nueva Mayoría y de Michelle Bachelet, la no constitución de una alternativa rupturista o destituyente, la crisis de credibilidad y confianza política producto de la corrupción política crearon la estructura política de oportunidades para el regreso de la derecha neoliberal al gobierno y el inicio de una nueva fase de conservación y expansión del neoliberalismo en Chile, y con ello, el crecimiento del partido de las y los no electores. Este es el tema nuestra exposición.