La violencia armada instalada en marzo del 2008 en el norte paraguayo, con la aparición de una hipotética guerrilla, “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), la que pese a emplear elementos discursivos propios de la reivindicación del campesinado paraguayo organizado, como el derecho a un pedazo de tierra y vivir en un ambiente libre de la fumigación irregular de agroquímicos empleados en los grandes cultivos del agro-negocio, ha justificado sin embargo con sus acciones violentas la represión y el desplazamiento de la población rural norteña en cuyo territorio se implementó una ley que riñe con los principios de la Constitución Nacional, legislación que abrió las puertas al estado de excepción permanente, por lo que, a la vista de los resultados provocados por el accionar del “EPP”, sus objetivos, independientemente a la línea discursiva de sus supuestos comunicados, no son revolucionarios sino que, al contrario, apuntan a mantener uno de los niveles de concentración de la tenencia de la tierra en pocas manos más pronunciados a nivel mundial, volviendo incuestionable el modelo de producción extractivo, expansivo y excluyente del norteño departamento de Concepción. 

La hipótesis gubernamental señala que las comunidades campesinas son el brazo logístico del “EPP”, para construir así un consenso social que apuntala la idea de que las personas que cuestionan los agro-negocios, el avance de la soja y el envenenamiento de las comunidades simpatizan o apoyan de alguna manera al “EPP”. Se vincula discursivamente: Terrorismo – “EPP” - Campesinado. Se ha consolidado, con la presencia de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, nucleadas en la Fuerza de Tarea Conjunta, creada por el actual gobierno del empresario Horacio Cartes en el 2013, una seguridad inspirada en la militarización de los conflictos sociales, de mano dura y tolerancia cero, la politización de la seguridad y sus organismos en contra de toda disidencia política e ideológica, pero principalmente obteniendo una fórmula para neutralizar el conflicto social, basado en la histórica y mala distribución de la tierra en el Paraguay, la más desigual del planeta.

El marco de referencia para entender lo que pasa en el norte del Paraguay no es la guerra de guerrillas sino el extractivismo, cuyas consecuencias, en el norte paraguayo, son las mismas que las generadas en los territorios latinoamericanos en los que se desarrollan actividades expansivas y excluyentes, cuya estrategia represiva consiste en convertir en delincuentes a las víctimas. En el año 1997, en Chile, el incendio de 3 camiones de una empresa maderera con la que los mapuches mantenían un conflicto en su territorio, fue aprovechado por los grandes medios de comunicación para desencadenar una campaña de estigmatización en contra de los miembros del Pueblo Mapuche y acusarlos de terrorismo, lo que se mantiene hasta el presente. Extraordinaria coincidencia con lo ocurrido en la zona de aparición del “EPP”.

El 14 de marzo del año 2008 fue la primera vez que la opinión pública escuchó hablar del “Ejército del Pueblo Paraguayo”. Ese día apareció en la primera plana de todos los periódicos del país, la noticia relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”, ubicada en Kuruzú de Hierro, a unos 100 kilómetros de la capital del departamento de Concepción. La prensa reportó que un grupo de desconocidos quemó un galpón donde se encontraban dos tractores agrícolas, un camión, una máquina cosechadora y otra plantadora. Los autores dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera”. El “EPP” frustró así la batalla contra la fumigación irregular de agroquímicos que estaba siendo ganada por la población campesina. Desde entonces los campesinos de Kuruzu de Hierro dejaron de ser ciudadanos que reclamaban el legítimo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación para ser considerados “guerrilleros” o “terroristas”.

Actualmente en el sur de la Argentina, el Pueblo Mapuche es criminalizado mediante la vinculación con una supuesta guerrilla de ese pueblo nativo, “RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche) que provoca incendios de manera similar al caso paraguayo y al chileno. En el Brasil, los Sin Tierras, cuestionadores de los impactos negativos del agro-negocio, son permanentemente relacionados con la violencia para presentarlos como criminales, tal como ocurre en el norte de Paraguay y en el sur de la Argentina.

Estos casos nos permiten observar con notable claridad que el verdadero enemigo combatido por las fuerzas gubernamentales no son grupos guerrilleros o revolucionarios, sino la misma población de los territorios campesinos e indígenas, la que se constituye en una amenaza para el avance del capital. Para ello el primer paso dado es la generación de un importante consenso social sobre las amenazas que representan para la seguridad dichas poblaciones a través de los grandes medios de comunicación, lo que habilita la represión sin considerar los Derechos Humanos más básicos.