En los últimos veinte años el movimiento campesino en el Catatumbo se ha caracterizado por participar activamente en la vida política del país, principalmente a través de acciones colectivas que les han permitido visibilizar sus agendas políticas y sus reivindicaciones, evidenciando la necesidad de solucionar los problemas estructurales relacionados con la cuestión agraria en la región.
Los procesos organizativos de las comunidades campesinas en el Catatumbo en los veinte últimos años están relacionadas, por un lado, con los procesos de colonización reciente en la región y, por otro lado, con la incursión paramilitar a finales de los años noventa y el proceso de reconfiguración territorial y la consolidación de un modelo de desarrollo rural basado en los proyectos agroindustriales de palma.
La colonización petrolera de mediados del siglo XX en el Catatumbo es importante en la medida en que generó un ordenamiento del territorio que excluía a gran parte de la población de la región que no participaba del ciclo económico del petróleo. Esta exclusión de una gran parte de la población de la economía petrolera, incidió en la conformación de experiencias organizativas a partir de la década de los ochenta, periodo en que entró en crisis la producción petrolera y con ello las regalías que las empresas extranjeras pagaban al Estado.
Estas iniciativas fueron pensadas inicialmente como una propuesta para resolver el problema de acceso de la población a productos de consumo básico, pero que luego plantearon formas de organización social y política, convirtiéndose en uno de los principales referentes de la organización campesina reciente en el Catatumbo.
En las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, periodo en que se estaban fortaleciendo las cooperativas y asociaciones campesinas, se produjo un boom cocalero, en parte como una alternativa frente a las difíciles condiciones socioeconómicas que debieron enfrentar los campesinos que no se beneficiaron con el boom petrolero, en un contexto en el que la economía campesina tuvo un retroceso por factores como la crisis del sector agrícola generada por las políticas de apertura económica, además del fortalecimiento de la guerrilla de las Farc y el control territorial de este grupo en la región.
La relación entre el movimiento campesino y los cultivos de coca en la región, desde los años noventa hasta la actualidad se ha leído desde dos perspectivas distintas. Por un lado como un factor que desmotiva la lucha social, pues al garantizar unos ingresos mínimos para suplir las necesidades básicas, las demandas al Estado sobre el mejoramiento de las condiciones de vida pasa a un segundo plano. Sin embargo, desde otro punto de vista la coca se convierte en un factor de identidad política en la medida en que permite mejorar las condiciones de vida materiales de los colonos y con ello la identificación de ellos mismos como un “gremio” de productores que se organiza y moviliza para satisfacer sus necesidades. Esto se expresa, por ejemplo, en las distintas movilizaciones desde finales del siglo XX hasta el paro del Catatumbo de 2013, así como en las dinámicas organizativas alrededor de una plataforma nacional como es la Coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola –Coccam.
Posterior a los procesos de colonización, a finales de los años noventa en la región del Catatumbo empezó un proceso de reconfiguración territorial en el que fueron determinantes estrategias de carácter coercitivo, como la violencia paramilitar, y de carácter persuasivo, como el impulso a los negocios inclusivo para la puesta en marcha de un modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria y en la explotación de combustibles fósiles, que impactó las dinámicas de organización y movilización que venían desarrollándose en la región desde los años ochenta.
El proceso de reconfiguración territorial en el Catatumbo implicó un proceso de descampesinización que se ha caracterizado por la desestructuración de las formas de vida campesina en la región. Uno de los impactos que ha generado el boom minero-energético y agroindustrial ha sido en la seguridad alimentaria de la población y en los usos del suelo, en la medida en que los campesinos se apartan de la producción de alimentos para dedicarse a los monocultivos de palma, o son despojados de sus tierras para estos proyectos agroindustriales o para dar paso a las explotaciones de combustibles fósiles.
Además, se evidencia la funcionalidad de la violencia paramilitar para la implantación de un modelo de desarrollo inequitativo y excluyente que generó el despojo y desplazamiento de las comunidades rurales, al tiempo que se enfocó en desestructurar el tejido social y acabar con los procesos organizativos que se venían gestando en la región desde los años ochenta.
En este punto, vale la pena destacar que en la memoria colectiva de los campesinos de la región se ha comprendido el fenómeno paramilitar en su relación con un proceso violento de reconfiguración territorial que abrió el camino a la implementación de un modelo excluyente para las comunidades campesinas. Esto es importante para las organizaciones campesinas que se encuentran en la región, pues les ha permitido tener una posición política sobre las implicaciones de este modelo de desarrollo impuesto, así como proponer una visión alternativa que ubica en la base de su agenda política la necesidad de fortalecer los modos de vida campesina.
Finalmente, la reconfiguración territorial en el Catatumbo evidencia la contraposición de dos modelos de desarrollo que han incidido en la configuración de distintas territorialidades en la región. Por un lado un modelo impuesto por el Estado y sectores económicos nacionales e internacionales, que no ofrece oportunidades sociales y económicas para los campesinos, y que plantea iniciativas que no corresponden a los modos de vida campesina, y que utiliza la violencia para consolidarse en la región.
Sin embargo, frente a la imposición de este modelo, los procesos organizativos de la región han planteado propuestas alternativas en donde ser reconocen, tanto aspectos reivindicativos frente a necesidades concretas, como el cubrimiento de sus necesidades básicas, así como elementos estructurales del modelo de sociedad actual y de la propuesta política planteada por estas organizaciones.
Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en el Catatumbo, durante el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe (2006-2010) los procesos organizativos que habían sido fuertemente atacados en la región empezaron a reorganizarse, generando procesos de convergencia y articulación regional, en los que se han vinculado organizaciones de distintos sectores (campesinos, étnicos, estudiantes, sindicalistas, entre otros) y los referentes de lucha se han mantenido en las agendas políticas de las organizaciones campesinas del Catatumbo.
Además se han generado procesos de articulación y espacios de coordinación nacional en donde confluyen distintas organizaciones campesinas, étnicas y sectores populares. Este es el caso de plataformas nacionales como el Coordinador Nacional Agrario –CNA- (en donde participa el CISCA) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- (en donde participa ASCAMCAT), que han incluido en sus agendas políticas la necesidad de encontrar una solución política al conflicto armado, ampliando sus reivindicaciones a propuestas de transformaciones estructurales para el campo colombiano.
De acuerdo con lo anterior, a lo largo de estos veinte años, en el Catatumbo se ha consolidado un movimiento campesino que se ha caracterizado por:
1. la existencia de un campesinado heterogéneo que se evidenció con la generación de alianzas con sectores políticos que influyeron en los procesos de organización y movilización de las comunidades campesinas;
2. las demandas respecto al problema agrario, que a finales de los noventa se enfocaron en la política antidrogas, evidenciaron problemas estructurales del modelo de desarrollo rural, que se expresan en las nuevas reivindicaciones sobre la tierra y el territorio como la creación de zonas de reserva campesina y territorios agroalimentarios, la defensa de la soberanía nacional y la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de coca;
3. Distintos repertorios de lucha que coincidieron con las dinámicas del conflicto armado en las regiones y el contexto socio-político, así como varios ciclos de protesta cuando hubo cambios en la estructura de las oportunidades políticas.