El presente trabajo analiza procesos de ciudadanización vinculados a los derechos políticos de los migrantes residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Se exploraran, desde una perspectiva etnográfica los debates sobre ciudadanía y nacionalidad, y las nuevas formas de la ciudadanía, que surgen de las luchas concretas por la extensión de los derechos encarnados por un movimiento conformado por migrantes.
Tomando esta propuesta como punto de partida, me interesa señalar que en las últimas décadas la noción de ciudadanía ha estimulado fuertemente la discusión teórica en el marco de las ciencias humanas y sociales, al tiempo que el término registra una singular vigencia en el lenguaje académico, en el debate público, y en el uso cotidiano.
Si bien la genealogía del término es extensa, aquí interesa subrayar que en el contexto de la modernidad-colonialidad capitalista y occidental/eurocéntrica (Quijano, 2007), la ciudadanía ha sido sinónimo de pertenencia del individuo a una comunidad política territorialmente delimitada (por lo general un Estado-nación) a partir de la cual se deducen derechos y deberes jurídicamente establecidos y sustentados en valores universales como la libertad y la igualdad humanas (Holston y Appadurai, 1999).
En la clásica definición propuesta por T.H Marshall, hace ya más de medio siglo, la ciudadanía era presentada como la plena pertenencia a una determinada comunidad política, y a su vez, se pensaba como un sistema, en tanto comprendía el goce de un conjunto de derechos (derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales que fueron conquistados respectivamente en los siglos XVIII, XIX y XX).
El extranjero, por ende, definido en términos jurídicos pero también morales, se presentaba como el no-ciudadano por excelencia (Balibar, 2012). Siguiendo a Balibar (2012), desde aquel momento, la posesión o adquisición de la nacionalidad se ha constituido como condición natural de la ciudadanía. Esta suerte de equivalencia ha estado vinculada “al triunfo del Estado nacional como forma exclusiva o cuasi-exclusiva de pertenencia política, donde la ciudadanía y la nacionalidad prácticamente coincidían de un modo que parecía indiscutible, o era visto como un resultado necesario de la historia” (Balibar, 2012:10).
En contraste con la concepción formal - estatuaria del concepto de ciudadanía, notamos que en el globalizado mundo de hoy, el migrante se presenta como una figura que desafía el orden de lo establecido, ya que cuestionan los fundamentos del Estado. De esta forma, la persona migrante es un nuevo actor que necesariamente se politiza y se subjetiviza en la medida en que su estadía en el país de destino se hace sostenida en el tiempo.
Según Domenech & Pereira (2017), desde los años 2000 estaríamos en presencia de una tercera generación de estudios migratorios, que no se limita al espacio del Estado-Nación sino que aborda las migraciones regionales en el espacio sudamericano, así como también, en la escala local de las sociedades puestas en contacto. Desde esta dimensión multiescalar, también se manifiesta un renovado interés de las Ciencias Sociales por analizar los procesos de organización política de los migrantes.
De esta forma, comprendemos que los movimientos de migrantes plantean cambios “desde abajo” ya que cuestionan los sentidos y la definición de la agenda política sobre migraciones y en qué medida se convierten en una alternativa frente al discurso hegemónico.
Varela Huerta (2015) propone abordar las luchas migrantes como “movilizaciones políticas ciudadanas protagonizadas por no-ciudadanos o por personas que permanecen clandestinizadas por las leyes que extranjerizan a los sujetos no nacionales” (2015: 151). Consideramos que los migrantes desarrollan prácticas políticas como actores políticos, cuyas acciones incluyen “aspectos más formales, como las elecciones, la membresía en partidos o sindicatos; y menos formales como la participación en diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, las movilizaciones espontáneas y los contactos por Internet” (Østergaard-Nielsen, 2010: 10).
Al respecto, en nuestro país con la sanción de la Ley de Migraciones Nº 25.871 se dan avances en la política migratoria argentina como fue el inédito reconocimiento del derecho humano a migrar, un derecho que la mayoría de los Estados no están dispuestos a reconocer por atentar contra su fundamento, a saber: la soberanía. No obstante, esa misma ley (25.871), pareciera tener uno de sus talones de Aquiles en el tipo de derechos políticos que otorga y en la (in)determinación de las condiciones para su efectivo ejercicio (Courtis y Penchaszadeh, 2017). De esta normativa se desprende, como primera cuestión central, la reducción de la participación de los extranjeros al ámbito "local"; es decir, una limitación espacial de la participación que busca proteger el ámbito de los asuntos nacionales. Este tipo de restricción de los derechos políticos hace manifiesta la centralidad que sigue teniendo la nacionalidad para la definición de la ciudadanía.
Es por ello, que se busca comprender las formas de identificación, organización y participación en un movimiento que contribuye a pensar nuevas formas de expansión, profundización y/o la resistencia a la pérdida de derechos. Este debate se enriquece y reactualiza al mostrar a los migrantes como sujetos políticos organizados que desafían el orden establecido por el Estado.