A partir de la asamblea constituyente de 2008, se abre un nuevo escenario de disputa alrededor de la cuestión agraria en Ecuador. La nueva Constitución ecuatoriana promocionó una serie de decretos y leyes cuyo sentido original fue el de modificar las correlaciones de fuerzas en el campo. Una década después, las tendencias históricas de inequidad y desigualdad en las zonas rurales se imponen al inicio del siglo XXI, mediante renovadas corrientes del modelo primario exportador ligado, principalmente, a la agroindustria y el sector minero-energético. Esta realidad se conjuga con la adopción de nuevos marcos jurídicos: elaboración y modificación de las normas agrarias, reforma del Estado, promoción de políticas vinculadas a la transformación productiva y la apertura de la economía nacional a través de un tratado de libre comercio.
La investigación analiza, desde la economía política del espacio, las relaciones de poder que se (re)producen en el espacio agrario, mostrando como el modelo de desarrollo en el campo privilegia a los medianos y grandes productores encadenados con la agroindustria nacional, o con tendencias a producir para la exportación. Este modelo agrícola promocionado a través de políticas públicas que protegen la gran propiedad y que muestra poca voluntad política para promover nuevos procesos de distribución de tierras, agua y crédito para los pequeños propietarios deja irresuelto el problema estructural de la ruralidad ecuatoriana que termina por expulsar enormes contingentes de trabajadores y trabajadoras a los sectores más precarios de la economía nacional, o por absorberlos en diferentes dinámicas laborales y de vida en las ciudades.
Todo esto pone en cuestión las posibilidades de sostener la soberanía alimentaria en Ecuador y abre las puertas de consolidar el control corporativo sobre la agroalimentación. Esto ocurre en vista de que los productores que abastecen el mercado interno y que podrían incorporar técnicas de cultivos más respetuosas con el ambiente y con la salud de quienes se alimentan con su producción, quedarían relegados del grueso de las políticas públicas y del desarrollo capitalista en el agro, en términos de inversiones (a través de créditos públicos, proyectos estratégicos en beneficio de sectores rurales deprimidos, alternativas de comercialización en mercados internos y externos, etc.) o de voluntad política para con ciertos sectores económicos, considerados estratégicos en los esfuerzos todavía contradictorios por transformar la matriz productiva, primario exportadora, del país.
En términos de la clasificación realizada por Saltos (2011) sobre la presencia de diferentes modelos agrarios en Ecuador, esta investigación corrobora el fortalecimiento del modelo tradicional – oligárquico articulado en torno al comercio agroexportador, el modelo agroindustrial impulsado por la producción de agro combustibles y el modelo del agro negocio que, aunque atienden la demanda interna, mantienen su control sobre la tierra a través de diversas formas de agricultura bajo contrato que aseguran el abastecimiento de ciertos eslabones de sus propias cadenas de producción y distribución nacionales.
Cabe señalar que este fenómeno toma impulso durante el gobierno de Rafael Correa y se evidencia en las zonas priorizadas dentro de la política de transformación de la matriz productiva, que promueve la producción de determinados cultivos para la agroindustria, agro-negocios y agro- exportación. La mayoría de productos priorizados dentro de la matriz productiva se encuentran en las provincias con mayor superficie de labor productiva como son: Manabí, seguida por Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, todas ellas ubicadas en la región Costa, desatando una lucha silenciosa por la tierra y otros medios de producción y un avance de las tendencias hacia la eliminación de las unidades productivas pequeñas, reemplazándolas por otras de mayor tamaño ó introduciéndolas en la cadena de comercialización. Sin embargo, en estas zonas se mantiene la resistencia de las economías campesinas a ser absorbidas por este modelo y lucha por el control de los recursos productivos por parte de pequeños productores y productoras campesinas e indígenas.
