La crisis económica global ha afectado particularmente a Puerto Rico debido a su relación de subordinación política con los EE.UU. su efecto se ha venido sintiendo y ha ido afectando la sociedad puertorriqueña desde hace más de diez años. La respuesta desde el derecho para, si se quiere, atajar o paliar el efecto de la crisis desde los EE.UU. y a nivel nacional consiste de viejas fórmulas que imponen la carga más onerosa para responder a la situación relativa a la deuda pública en los sectores de la sociedad puertorriqueña que menos responsabilidad tienen respecto a endeudamiento desmedido del país y que igualmente disponen de menos recursos para aportar a la solución.
Desde principios del Siglo XX la doctrina jurídica firmemente asentada sobre la naturaleza de la relación política entre Puerto Rico y los EE.UU. se resume en la máxima de que Puerto Rico pertenece a, pero no forma par de, los EE.UU. Desde esta posición de subordinación los esfuerzos de la metrópoli de legitimar la relación se produjeron mediante la imposición de sucesivas leyes orgánicas, la ciudadanía y culminando con el simulacro constitucional de 1952. De hecho, los EE.UU. lograron que la comunidad internacional por medio de una resolución de la Asamblea General les eximiera del requisito de notificación del Artículo 73 de la Carta de la ONU. En la práctica, sin embargo, Puerto Rico permanecía sometido a los poderes plenarios del Congreso de los EE.UU. disponiendo de un escaso margen de maniobra en su auto gobierno.
La gestión presupuestaria era el ejercicio de administración en donde se podía identificar cierto grado de autonomía real. La irresponsable gestión fiscal de sucesivos gobiernos puertorriqueños vendiendo deuda en los mercados de los EE.UU. (Puerto Rico no tiene acceso a los mercados internacionales) unida a la crisis fiscal global abocaron al país a una situación insostenible. Al haberse vendido la deuda en los mercados de los EE.UU. la mayoría de los acreedores son estadounidenses y a su rescate acudió el gobierno federal aprobando una ley conocida irónicamente como PROMESA cuya única finalidad es proteger los intereses de los acreedores en detrimento de la sociedad puertorriqueña que mediante la imposición de medidas neoliberales de austeridad gravará las finanzas de la isla por generaciones por venir.
La constitución de Puerto Rico dispone que habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario y además que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Si bien se puede reconocer que el sistema público de educación adolece de fallas que deben corregirse la ley de “reforma” aprobada por el gobierno actual contempla el traslado indiscriminado del personal docente, el cierre de escuelas (sobre 200 este año), el destino de escuelas y facilidades educativas públicas a entidades privadas así como la utilización de fondos público para el sostenimiento de escuelas privadas. Teniendo todo esto como consecuencia una reducción significativa al acceso a la educación primaria particularmente en los sectores más desventajados de la isla y generando una oportunidad de lucro para el sector privado que beneficie de los programas creados por esta ley.
La respuesta del gobierno actual de la isla en el ámbito laboral para, supuestamente, fomentar la creación de empleo y apuntalar de paso el desarrollo económico pasó por la aprobación de otra “reforma” esta vez del ordenamiento laboral. La legislación aprobada modificó diez leyes laborales algunas que datan de 1935 y que, en su conjunto, habían establecido un marco jurídico que propendía a proteger los derechos de los trabajadores en la empresa privada. La aprobación de la ley abarató el despido, eliminó protecciones y derechos adquiridos de estos trabajadores. La ley no creará un solo empleo y contribuirá poco a mejorar el panorama económico. Por el contrario, los trabajadores se verán abocados a la precariedad y a la inseguridad en la tenencia de su empleo.
