México enfrenta una coyuntura política y electoral que abre una oportunidad histórica a repensar las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas del país para apresurar los cambios que permitan alcanzar una mayor justicia social, reafirmando los derechos humanos en igualdad y no discriminación y generando oportunidades de inclusión social, en condiciones de paz social.
El país enfrenta una disyuntiva sobre la que hay que reflexionar: 1) Por un lado, quedarse en el pasado insostenible y asociado a un conflicto distributivo de creciente intensidad, con fragmentación social, institucional y política, que impide la inclusión social, profundizando y extendiendo la negación y obstrucción de acceso y goce de los derechos humanos y libertades a mayoritarios sectores sociales por razones de desigualdad estructural y discriminación, lo que se acompaña de un régimen de violencia e inseguridad generalizadas. Ello supone continuar con el modelo cultural in-civilizatorio del neoliberalismo imperante desde hace más de 30 años, que piensa al crecimiento como el eje del desarrollo y a la inclusión social como derivación suya, bajo las premisas que el sector privado, a través del Estado, es quien genera las condiciones para sí mismo, en una perspectiva individualista y de racionalidad instrumental “meritocrática” de mercado, en vínculo con el capital trasnacional; que entiende a la política pública como estrategia de combate a los síntomas pero no a las causas de los conflictos del desarrollo, ni de los problemas sociales, y que perpetúan culturalmente (como sentido común) al modelo neoliberal de desarrollo (productivo, distributivo y de consumo); y que invoca retóricamente a los derechos humanos en una gramática despolitizada de cambio social, funcional a la lógica de poder autoritario, silenciando la desigualdad, y exhortándolos sólo para los “losers” del mercado (los pobres por ineficientes).
2) Y por otro, iniciar una ruta de tránsito hacia un nuevo estilo de desarrollo en el que la acción colectiva y los pactos de largo plazo sean el principio de un patrón de relaciones y organización social democráticas que generen inclusión y paz social, y en el que el bienestar y la dignidad social constituyan los pilares medulares del proyecto nacional, coligados a los derechos humanos universales (en su concepción clásica, como obligación del Estado, y en su vinculación a la democracia liberal), y a la búsqueda de la igualdad.
En esta opción debe pensarse al desarrollo sostenible como alternativo al de la eficiencia económica de mercado y de explotación irracional de la naturaleza, colocando en el centro al bienestar y dignidad humanos, con los recursos que aseguren la viabilidad ecológica del planeta para las futuras generaciones, en una relación ética de la técnica con la naturaleza. (Guimarães, 1994).
Esta propuesta reclama construir una alternativa cultural y política al sentido común de mercado imperante, el cual deberá izarse desde una racionalidad reflexiva en constante diálogo social para, a partir suyo, garantizar la democratización de las decisiones (en sus dimensiones colectivas y subjetivas). Desafío que involucra incorporar a la política (entendida como diálogo entre intereses y concepciones en conflicto) como condición para que en el espacio público (estado–sociedad/civil) se construyan las políticas que favorezcan a la sociedad de manera integral e interdependiente (Buyolo, 2016; Fernández, 2016 y Futuro en Común 2016). Su concreción exige la suma de voluntades políticas y alianzas para democratizar al Estado, regular al mercado, y repensar lo público desde una gobernanza democrática (incorporación de todas las representaciones), y con base en ellas, construir nuevos patrones de organización y de relaciones sociales (prácticas colectivas y solidarias) para trazar las decisiones y políticas públicas en un horizonte de largo plazo y orientarlas a alcanzar la justicia distributiva con paz social; condición sine qua non para subvertir las causas de la desigualdad, el empobrecimiento y las discriminaciones múltiples.
Desde esta perspectiva, se debe visibilizar y situar en el núcleo de las decisiones públicas la atención directa de las causas que generan la exclusión, en tanto complejo proceso que condesa y expresa una relación simbiótica entre desigualdad social, pobreza y discriminación de trato, todas de orden estructural, y que se expresan en diferenciaciones múltiples y simultáneas que obstruyen o niegan el acceso a derechos y libertades a importantes conglomerados sociales, por razones injustificables de condición socio-económica, religión, raza, sexo, preferencia sexual, posición política, ciclo de vida, apariencia física, o por otras varias, carentes de razón, cuyas raíces son culturales e históricas. Los efectos que esas limitaciones han tenido en los niveles de ingreso, calidad de vida, participación y representación política y social y en la dignidad de las personas como seres humanos han sido siempre negativos, negándoles la inclusión social; lo que de suyo, encarna un lastre para el desarrollo nacional.
Atender estas situaciones, como problemáticas que demandan prioritaria resolución, debe ponerse en el centro del debate a partir de concretar políticas públicas multidimensionales (integrales e intersectoriales) pensadas desde el enfoque de los derechos humanos. Ello supone trastocar la inercia de pensar la política pública como una razón de derecho, colocándola como un asunto de razón humana que privilegie la atención de la aspiración humana a satisfacer las necesidades a partir de la garantía de los derechos (Roth, 2006).
Los derechos humanos tienen que colocarse como el objeto mismo de las políticas públicas y su fundamento ético, en la medida en que se dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones socialmente relevantes que implican violación o vulneración derechos humanos, única forma de materializar los derechos y de elevar la dignidad humana (Jimenez, 2007).
Este viraje en la construcción de la política pública supone emprender la defensa y reapropiación pública de los derechos sociales conculcados por el mercado a la sociedad (salud integral y de calidad; pensiones dignas; educación pública de calidad; empleo protegido; salario digno; protección social, entre otras), mientras que de forma alterna y paralela, y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de igualdad y no discriminación se diseñen políticas de equidad, a través de la instrumentación de medidas de igualdad (nivelación, inclusión y acciones afirmativas) dirigidas a las personas y grupos de personas que por sus condiciones materiales y de trato injustificado, se les ha negado u obstaculizado históricamente el acceso y usufructo a los derechos y libertades. Con ello se daría cumplimiento al mandato del primero constitucional persiguiendo la igualdad y sostenibilidad universal como principios rectores de las políticas, de manera socialmente compartida para hacer realidad los derechos humanos y las libertades a todas las personas, sin distinción ni discriminación alguna, y no sólo a las beneficiarias de los programas sociales neoliberales, que en su carácter de políticas condicionadas violan la garantía de los derechos humanos.
Es necesario por tanto contestar a la política pública neoliberal prevaleciente la cual está pensada desde una episteme de libre mercado, cuya cimentación se basa en los a prioris de a) la crítica y descrédito del Estado por ineficiente e ineficaz, lo que pone en tensión la comprensión del Estado como sujeto obligado de la garantía de los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación; b) el vaciamiento, desmantelamiento y privatización de lo público en razón de la supuesta superioridad moral de lo privado; cuyo demérito se ha concretado en el desmantelamiento público y privatización de los derechos colectivos universales –sociales y laborales- de la mitad restante de la población antes beneficiaria: salud, pensiones y protección social, educación, trabajo, entre otros. La consecuencia de esta privatización ha sido el desdibujamiento conceptual de los derechos en el aspecto promocional de fines, valores e intereses sociales, particularmente los derechos colectivos, combatiendo que sólo se considere como legítimo el que ser titular de derechos sólo sea posible si se es persona beneficiaria de los programas compensatorios y condicionados (Prospera Programa de Inclusión Social); c) la exaltación y enardecimiento continuos del individualismo, como lo real y tangible, centrado en la meritocracia propia a la racionalidad instrumental del máximo beneficio; con políticas que exaltan el esfuerzo individual vía el fomento de las capacidades -capital humano- para alcanzar metas de mercado -uso productivo del trabajo de la población en pobreza-; imbricadas a la degradación permanente de los sujetos colectivos (nación, pueblo, clases sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunitarias, entre otros); y, d) la apología de la desigualdad y el privilegio centrados en el mérito como fundamento de un sistema de distribución justo (justicia), donde mérito y privilegio se convierten en incentivo a la productividad individual (talento y esfuerzo individuales), y legitiman al que más tiene y desdeñan al carente, o los “losers”. (PrestiFlippo, yWegelin, 2016; Chomsky y McChesney, 2011; Harvey, 2007).
El reto de un nuevo estilo de desarrollo sin discriminación, reclama centrar las políticas públicas en la superación simultánea e interdependiente de la desigualdad social y la discriminación estructural, resultado del proceso histórico y de la forma como operan las estructuras sociales que determinan las maneras en que las personas y grupos de personas se insertan en el conjunto de la economía y la sociedad. A partir de esta visión se buscará el cierre efectivo de las brechas de desigualdad social combatiendo la acumulación histórica de desventajas materiales y simbó