La evaluación es una instancia clave en el análisis de políticas públicas ya que es el momento en el cual se construyen juicios sobre sus productos, resultados e impactos. En el presente trabajo se realizará un análisis del Sistema de Evaluación de políticas públicas que existe en municipios del Conurbano y se elaborarán algunas ideas sobre cómo puede colaborar con el desarrollo local. Los casos analizados son los de Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. Se considerarán tanto las políticas públicas municipales como las políticas provinciales y nacionales en que el municipio funcione como unidad ejecutora.
Referirse al Sistema de Evaluación significa extender la consideración no solo al sistema gubernamental de evaluación y ahondar en cómo evalúan los distintos actores no estatales y de instancias superiores del Estado (Provincia de Buenos Aires y Nación). Deben considerarse diversos actores que evalúan las políticas públicas de los municipios como son universidades, ONG, think-tanks, asociaciones empresariales y agrupaciones de vecinos. En este sentido, debe contemplarse quien evalúa, cómo evalúa y qué relación tiene con el Estado.
Para que sea viable la comparación entre distintos Sistemas de Evaluación pueden tenerse en cuenta diversas variables. Siguiendo la metodología planteada por De Simone (2013), en este trabajo se contemplarán: el propósito, el momento en que se realizan, su metodología, el grado de participación, el actor que se encarga de evaluar, la fuente de financiamiento, la publicación de los resultados y la utilización de la evaluación. Una vez presentado y analizado el Sistema de Evaluación en los municipios, este trabajo indagará los desafíos que tiene la evaluación para funcionar como un factor de desarrollo local en estados subnacionales, específicamente en el Conurbano bonaerense.
No existe una única y correcta forma de evaluar, en cada caso pueden encontrarse distintos niveles de sistematicidad, racionalización y pertinencia. La evaluación implica construcción de valoraciones sobre el funcionamiento que tiene o tuvo una política pública, sea en sus objetivos y diseño, la eficacia y eficiencia de los medios para lograrlos o el grado en que fueron alcanzados. Es así que se pueden encontrar evaluaciones centradas exclusivamente en la ejecución presupuestaria o el cumplimiento normativo. Otras evaluaciones más complejas enfocan en las metas físicas o productos generados por la política. Y, al final de este continuum se encuentran las evaluaciones que buscan identificar resultados e impactos del accionar estatal.
La relación de evaluación con desarrollo implica una mirada normativa sobre el objetivo que tiene la misma y lo que se puede lograr con ella. Esta mirada normativa llevó a que la evaluación se buscara institucionalizar a nivel nacional dentro del proceso de reformas de gestión estatal. Según autores como Acuña (2016), esta relación con las reformas permite pensar que "algunos de los problemas, obstáculos, fortalezas y oportunidades que enfrentan estos procesos, son propios de la especificidad que muestra el desafío de evaluar políticas, otros son característicos de dinámicas más amplias, generales, que enfrenta toda reforma administrativa y de construcción institucional y organizacional." El impulso de la institucionalización se basa en que la evaluación sirve como fundamentación para juzgar objetivamente la política y la gestión estatal, que colabora en el "accountability”, ayuda al control social del accionar del Estado y permite el aprendizaje y perfeccionamiento continuo de los programas implementados.
Sin embargo, no solo de las reformas de gestión estatal viene su impulso. La evaluación es un elemento crucial en el enfoque de derechos sobre las políticas públicas ya que pueden considerar las obligaciones impuestas por los tratados de derechos humanos como eje de la valoración. Es evidente que las metodologías y objetivos pueden variar, pero siempre se apunta a que la evaluación puede servir al Estado a mejorar su accionar y a la sociedad a entender mejor cómo actúa el Estado.
En Argentina, los esfuerzos por institucionalizar la evaluación tuvieron su foco en el nivel nacional. A pesar de esto, existe un alto grado de fragmentación e informalidad y baja inserción institucional. Las iniciativas que apuntaban a consolidar la evaluación quedaron relegadas a espacios institucionales desconectados que no logran influir en el diseño o reformulación de políticas públicas.
Si bien la evaluación es una de las principales preocupaciones del análisis de políticas públicas, existe una vacancia respecto a las particularidades en instancias subnacionales. A pesar de que este trabajo es principalmente diagnóstico se resalta la necesidad de institucionalizar la evaluación en el Conurbano. Esto no significa mostrar su potencial sino también pensar que estrategias y metodologías de evaluación son necesarias para la realidad local. Si el objetivo es lograr que el Estado sea más eficaz, no alcanza con importar modelos y tratar de implantarlos sin considerar su pertinencia en el territorio. Los desafíos de la evaluación de políticas públicas locales no se terminan al conseguir evaluar, este primer paso nos pone frente al real desafío: ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo la evaluación va a colaborar al desarrollo local? ¿Qué tipo de evaluación es necesaria en nuestro contexto?
