El conflicto armado interno en Colombia que se desarrolla de manera ininterrumpida desde los años 60’s del siglo XX hasta la actualidad se puede caracterizar como un producto histórico del abandono del Estado en muchas regiones rurales, así como el resultado de la desigualdad en la distribución de la tierra que se evidencia por la preponderancia del latifundio que ha sido imposible de reducir pese a los intentos previos de “reformas agrarias” que se adelantaron durante el siglo pasado; y también, el conflicto ha sido un producto del recurso del narcotráfico por parte de los diversos actores armados en contienda que vieron incrementados sus caudales de dinero para financiar la guerra.

Una de las consecuencias de este conflicto es que según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica hay más de 200.000 muertes y cerca de 6 millones de desplazados que han tenido que abandonar sus hogares por los combates o las amenazas de muerte por parte de grupos armados de distinta índole. Adicional a esto, el conflicto ha dejado millones de víctimas que han sufrido de asesinatos, violaciones y constante amenaza por los diversos actores en disputa.

Uno de los grupos poblacionales más afectados han sido los habitantes rurales ya que la disputa por el territorio ha sido una constante en el conflicto, así pues, se afirma en un reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que “el desplazamiento forzado ha afectado de manera desproporcionada a la población rural y particularmente al campesinado, a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Este no es un fenómeno reciente en la historia de Colombia y ha hecho que millones de personas no tengan más remedio que, con sus propias habilidades, hacer y rehacer su vida, y reivindicar su resistencia” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

Sin embargo, pese a la intensidad y las afectaciones de la guerra no es sino hasta el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) que se empiezan a tejer uno de los procesos políticos más importantes en la historia reciente de Colombia: La promulgación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras en el año 2011. Así pues, en el entendido de Mariana Delgado los procesos de, “aprobación e implementación (de la Ley de Victimas) también obedecen a intereses más generales, originados en la necesidad de finalizar el conflicto armado interno, y por otros que se orientan a abrir el debate sobre la reforma agraria, uno de los puntos álgidos que determina la continuidad o no del conflicto armado” (Delgado Barón, 2015, p. 122).

Es en este año 2011 en que se promulga la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) la cual para Quinche Ramírez et.al constituye “un hito histórico en Colombia, no solo por el reconocimiento que de la existencia del conflicto hace el Estado colombiano, sino por consistir en uno de los retos políticos y sociales más grandes en la historia reciente del país” (Quinche Ramírez, Peña Huertas, Parada Hernández, Ruiz González, & Álvarez Morales, 2015, p. 5).

La Ley de Victimas tiene varias características que hacen que su proceso de desarrollo y promulgación sean inéditas en Colombia en cuanto a las medidas y definiciones que se promulgan ya que se incluyen una serie de nociones y medidas de “reparación integral” que tipifican las formas en las que el Estado deberá reparar a las víctimas (económicas, sociales y simbólicas). Lejos de ser consenso en cuanto a su adopción, las medidas enlistadas en la ley y que posteriormente han servido para reparar a las víctimas en los procesos administrativos y judiciales han sido ampliamente cuestionadas desde diversas ópticas políticas y sociales por ser consideradas restrictivas y no reflejar las necesidades y aspiraciones de los directamente afectados.
La Ley de Victimas no posee una legitimidad ultima entre las organizaciones que representan los intereses de las víctimas y por las mismas victimas pues se oponen a las medidas de reparación únicamente económicas o simbólicas que la ley tipifica, según Mariana Delgado la Ley de Victimas “es vista por colectivos de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos como una imposición, que omitió las voces de los principales destinatarios y los puntos de vista de los partidos de oposición al gobierno del presidente Santos; lo cual, para dichos colectivos, fue intencionado, pues va de la mano de la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el curso y prolongación del conflicto armado” (Delgado Barón, 2015, p. 138).

Ante tales cuestionamientos, vale la pena preguntarse cómo se realizó el proceso que llevo a la Ley de Víctimas a contener postulados de reparación tan cuestionados y disimiles con las nociones que pugnaban desde las ONG’s, organizaciones defensoras de derechos humanos y las mismas víctimas. Por tal motivo, surge la motivación de indagar en los procesos que desde el enfoque de políticas públicas suele llamarse el proceso de construcción de agenda y de definición del problema, es decir, se hace necesario aplicar un zoom descriptivo y explicativo de los procesos que llevaron a que las diversas nociones de reparación integral fueran movilizadas por los actores sociales y políticos en disputa y la manera en que estos actores reaccionaron, asumieron posturas y divergieron en las nociones de reparación integral que se asumieron finalmente en la ley.
Con base en lo anterior, la presente ponencia tiene como objetivo describir y analizar la trayectoria de desarrollo de las diversas nociones de reparación integral que tenían los actores que estuvieron involucrados en la construcción de agenda y definición del problema de la ley de víctimas durante los años 2010 y 2011 identificando los elementos discursivos, políticos e ideológicos que fueron movilizados por los diversos actores en el desarrollo inicial de la política y que finalmente quedaron plasmadas en el articulado de ley.

Para lograr el objetivo hacemos uso de las categorías principales de la teoría de Pierre Bourdieu de campo, habitus y sentido práctico. Específicamente se parte de la consideración teórica y metodológica de campo político en donde los actores juegan un papel determinante a la hora de movilizar sus nociones y el “sentido” de sus posturas teniendo en cuenta que este espacio contiene y refuerza las relaciones de poder entre diversos grupos. Adicional a esto se busca involucrar el análisis de políticas públicas para identificar las “coaliciones promotoras” que se generaron a nivel gubernamental y a nivel del movimiento social que buscaba reivindicaciones concretas para resarcir los efectos de la guerra sobre la población civil. Finalmente, para la obtención de la información de recurren a fuentes documentales primarias y secundarias, entrevistas, análisis de prensa y análisis de comunicados de movimientos sociales.