Chile es, sin duda, un ejemplo paradigmático de privatización y mercantilización de la educación, y de otros derechos sociales (servicios públicos), desde la década de los 70 del siglo pasado, bajo lo que se ha llamado “experimento neoliberal chileno”.
En Educación Superior el camino no ha sido similar al realizado en Educación obligatoria, aunque los objetivos perseguidos y logrados son los mismos: la extinción de lo público en educación. Entre otras aspectos que diferencian ambos caminos, destacaría la imposibilidad, hasta el momento, de destruir el prestigio académico y social de muchas de las Universidades estatales, adquirido al desarrollar el modelo latinoamericano de universidad (articulación de docencia, investigación y vinculación con el medio con pertinencia económica, política y cultural para las mayorías sociales) que respondiera al “grito de Córdoba” de hace 100 años y que se desarrolló más específicamente con las movilizaciones de fines de los 60, conocido como “mayo 68” y su plasmación en reformas universitarias.
Aunque los problemas principales en la educación superior chilena se generan durante la dictadura militar y se protegen en la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada por el dictador el día anterior a entregar el gobierno, con toda certeza en acuerdo con sectores de la llamada Concertación de Partidos para la democracia bajo el lema de “en la medida de lo posible”), es durante los últimos más de 25 años de transición democrática (“protegida/secuestrada” y “binominal”) donde se ha producido una exitosa consolidación del mercado educativo de títulos de educación superior.
Las movilizaciones estudiantiles y sociales tuvieron, sin duda, éxito en cambiar el tono y contenido del discurso público. Consiguieron señalar, con el apoyo del sentido común ciudadano, algunos de los problemas centrales del modelo: una educación de mercadodesregulado, que apenas ofrece reales garantías de alguna clase de calidad, que no permite evitar fraudes, que genera inflación de títulos y una deuda impagable en la mayoría de los estudiante y sus familias, etc. Pero, al orientar la centralidad de los problemas en estrategias como “gratuidad” y en “fin al lucro”, dieron oportunidad a una salida de la crisis que profundiza la mercantilización y privatización de la educación superior chilena, ahora con financiamiento público.Al tiempo que mantiene un sector minúsculo de Centros de Educación Superior Estatales (Universidades y Centros de Formación Técnica) que apenas alcanza a representar el 18% de la matricula total, con los fondos públicos se financian más del 80% de la matricula total mediante modalidades como crédito con aval del estado, becas diversas, y convenios de “gratuidad”.

La Metodología empleada incluye analizar de forma diacrónica el proceso de reformas en la educación superior; considerando los textos legales, los debates académicos y las movilizaciones sociales (especialmente de los estudiantes universitarios), en el periodo de 1990 a 2017.

Se describen analíticamente los tres periodos del proceso de reforma de la educación superior chilena: a) desde 1990 a 2005, b) de 2006 a 2011 y c) después de 2012. Se presentan algunas evidencias de datos relevantes de cada periodo así como cambios legales significativos que explican porque: a) Chile es el país con mayor privatización de la educación superior del mundo; y la que cobra los aranceles más elevados para el poder relativo de compra; y b) al mismo tiempo, la necesidad de poner más regulaciones y controles a las instituciones de educación superior, con acentos diversos según sean instituciones estatales o privadas.
Se formula la lógica sistémica y procesual que puede rastrearse en los hechos, datos e interpretaciones que se formulan en las políticas educativas, y su articulación con aquellas demandas de las movilizaciones sociales que son especialmente reforzadas por los medios de comunicación.Al tiempo que se señalan las disfuncionalidades y grietas del modelo mercantilizado y privatizado como política social pertinente, eficaz y “eficiente” para los intereses reales de las mayorías ciudadanas.
Se discuten críticamente los posibles elementos que pueden generar un cambio de tendencia hacia la consolidación del derecho social a una educación superior estatal, gratuita y de calidad socialmente pertinente, en la perspectiva de un “nuevo grito”, que permita la articulación de las universidades estatales de nuestra américa en un horizonte de “diálogo de saberes”, pensamiento crítico y estudios multidisciplinares e interseccionales.