Desde el arribo de Chávez a la presidencia, Venezuela ha estado sujeta a múltiples agresiones y amenazas de orden interno y externo por irrumpir con un modelo de gobernanza ajeno a los intereses de EE.UU en la región; y por el supuesto uso del recurso energético para provecho político en el marco de PETROCARIBE. Este mecanismo fue creado entre Venezuela y 19 países del Caribe, Centroamérica y Suramérica con el fin de impulsar la cooperación energética, el desarrollo social y económico, la integración y complementariedad entre sus miembros. Al gobierno revolucionario se le acusa de usar la petrodiplomacia para manipular el apoyo del Caribe y evitar así sanciones internacionales, como los invocados por la OEA. Este trabajo persigue examinar las repercusiones de la crisis política y económica venezolana en la cooperación energética del Acuerdo PETROCARIBE y su posible debilitamiento ante un cambio de escenario político en Venezuela. La metodología es de naturaleza cualitativa, con un enfoque documental apoyada en un numero de fuentes, se fundamenta en la revisión y análisis de los informes de gestión anual de PDVSA del 2015 y 2016; de los documentos de difusión del SELA sobre PETROCARIBE 2013 y 2015, en los reportes estadísticos de PETROCARIBE 2013 al 2015, y registros de periódicos sobre la situación país y el Acuerdo.
Resultados demuestran que PETROCARIBE desde el 2005 al 2015 alcanzó a cubrir entre el 25% y el 36% del total de la demanda energética. En el mismo periodo se ha favorecido el desarrollo de 15 empresas mixtas entre PDV-Caribe y 11 países firmantes; así como inversiones que superan los USD 1.200 millones en proyectos para aumentar la capacidad de almacenamiento, refinación y distribución de combustible. El impacto del Acuerdo ha sido positivo con un crecimiento del 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Hasta el 2014 se había ejecutado 432 proyectos en el campo social por el orden de USD 3.944 millones. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) registra un incremento del 0,60 a 0,698 sobre la media en la región, la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina considera que el incremento en el IDH obedece a las mejoras en el acceso a fuentes limpias de energía, concretamente al uso de gas doméstico por redes, al suministro eléctrico y las mejoras en los programas de alimentación y educación alcanzado por los aportes del Acuerdo. PETROCARIBE avanza a otras áreas de desarrollo en comercio, turismo, encadenamientos productivos, transporte y comunicaciones, desarrollo social y cultural, para lo cual se plantea conformar una Zona Económica entre los Estados miembros, al mismo tiempo mira la ampliación hacia una Zona Complementaria con la ALBA-TCP, CARICOM y MERCOSUR. En consecuencia, esta experiencia desarrollada por PETROCARIBE como mecanismo de cooperación energética en la región, ha permitido que la CELAC lo reconozca como una estrategia de integración positiva y necesaria de ampliar, adoptando el tema energético en su agenda de trabajo, desarrollando el mismo en las cumbres realizadas.
Venezuela ha cumplido en parte con la cuota de suministro, registrándose un descenso considerable en el 2016 a 118,0 MBD, de 162.8 MBD en el 2015, los países más afectados con el recorte son República Dominicana, Jamaica, Guyana y Surinam. Sin embargo, el pago de la factura petrolera con la compensación comercial de bienes y servicios ha permitido al país solventar las dificultades de producción interna Nicaragua, Guyana, República Dominicana y Jamaica lideran este mecanismo. La ONG Transparencia Venezuela, que hace seguimiento a PETROCARIBE argumenta que Venezuela no recibe en mecanismo de compensación lo que aporta al año en miles de barriles de petróleo. Por esta razón, la ratificación del Acuerdo en 2015 trajo duras críticas ante la crisis que atraviesa el país. El triunfo de la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional puso en el debate el retiro del programa o su posible revisión y continuidad. Al mismo tiempo que EE.UU. en la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, desarrollada en enero del 2015, expuso su preocupación por la petrodiplomacia de Venezuela como mecanismo de coerción entre los Estados miembros, y planteó la necesidad de transformar los sistemas energéticos para ayudar a reducir su dependencia del petróleo. En tanto EE.UU reconoce no poder satisfacer la demanda energética del grupo, recomendando su permanencia en el esquema mientras se desarrollan y consolidan otras fuentes alternativas y sustentables. México en agosto del 2017, en respaldo a las acciones de EE.UU contra el gobierno de Maduro, manifestó la posibilidad de remplazar el acuerdo ante un posible cambio de gobierno en Venezuela, asegurando suministro al Caribe; no obstante, la disminución de la producción en México en los últimos trece años ha puesto en duda la posibilidad del planteamiento y expone el interés de ganar votos para censurar a Venezuela en la OEA. La cancillería Mexicana desmintió que pudiera estudiarse un acuerdo en las mismas condiciones actuales al que tiene PETROCARIBE. Más recientemente, la gira de Tillerson por la región en febrero de 2018 destacó posibilidad de considerar una medida de embargo petrolero a Venezuela, como mecanismo para obligar a la salida de Maduro, comprometiéndose a considerar el impacto negativo que éste tendría en el Caribe, dada la dificultad para abastecerlos. En repuesta, durante la 29 Reunión de Jefes de Estados del CARICOM celebrada en Haití en marzo del 2018, los mandatarios caribeños declararon su solidaridad con Venezuela ante las amenazas de los EE.UU, ratificando el respeto a los asuntos internos del país.
Para finalizar, cabe destacar que los efectos de la crisis interna venezolana está impactando en el suministro de crudo a PETROCARIBE, sumado a la crisis interna de la empresa PDVSA por la disminución en la producción, los resultados del Informe de Gestión Anual 2017 aún no ha sido publicados a fin de precisar su magnitud; junto a las denuncias de corrupción que involucra a miembros de la alta gerencia. Los efectos de la crisis en el plano internacional se extienden hacia el Caribe y países vecinos. El apoyo alcanzado por la oposición en el escenario internacional a favor del aislamiento y sanciones contra Venezuela a través de Luis Almagro Secretario de la OEA, junto a los intereses de EE.UU, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima, instancia creada con el único fin de intervenir en los asuntos internos de Venezuela como un escenario paralelo a la OEA contraviniendo las normas del derecho internacional, han agudizado aún más la crisis política, social y económica del país, particularmente luego de la suspensión del diálogo político y las negociaciones promovidas por el Grupo de Rio en República Dominicana, con el apoyo de observadores internacionales. Luis Vicente León señalaba en febrero del 2018, que la no firma al preacuerdo de convivencia democrática, aunado a las presiones internacionales de aislamiento y sanciones promovidas por la oposición tendrá efectos demoledores sobre la economía venezolana y aquejará por igual a todos. Los países de PETROCARIBE están siendo afectados, ante los cual han destacado su apego al principio de no intervención y compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz promovido por la CELAC.