En este trabajo proponemos avanzar sobre algunas reflexiones en torno a las migraciones Sur-Sur en Argentina, las prácticas estatales que condicionan la movilidad en la región y las experiencias de agenciamiento colectivo a través de las cuales las/os migrantes dialogan, disputan y negocian su lugar como ciudadanos del país receptor.
Cuando hablamos del fenómeno Sur-Sur, lo hacemos desde dos enfoques. El enfoque de las movilidades entre periferias de un sur geográfico pero también desde el enfoque de las epistemologías en un sur geopolítico en la producción del conocimiento.
En primer lugar, consideramos el rol de los Estados y sus políticas en el establecimiento de regímenes de movilidad. La ley migratoria argentina (N° 25.871), sancionada en el año 2003, se presentaba como un modelo en la región y como un “cambio de paradigma” en tanto que se basó en dos pilares novedosos: el concepto de la migración como un derecho humano y el énfasis en una perspectiva regional que reconocía la centralidad de la migración latinoamericana en la conformación de la sociedad argentina (Courtis & Pacecca, 2007; Nejamkis, 2012). Sin embargo, visto en el largo plazo y desde una perspectiva global de las migraciones (Glick Schiller, 2010; Feldman Bianco, 2011), también pueden entenderse dichos cambios en función de las necesidades de acumulación del capital, que demandan una regulación estratégica de los flujos de población de manera “ordenada y eficiente”. De este modo, se ha señalado que a partir de un modelo global de “gobernabilidad migratoria”, instrumentado por la Organización Internacional para las Migraciones, Argentina implementó políticas de control “con rostro humano” (Estupiñan Serrano, 2013; Domenech 2013).
Esto tuvo consecuencias directas sobre la vida de las/los migrantes. Argentina configuró un régimen de movilidad implementado, a partir de leyes, reglamentos y decretos, que facilitó la migración de ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR, en detrimento de otras movilidades que, por ser consideradas extra regionales, no contaron con las mismas ventajas para ingresar y regularizar su residencia en el país. Tal es el caso de los nuevos flujos migratorios provenientes de África Occidental: Senegal, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Guinea Conakry y Camerún, entre otros (Maffia, 2010). Además, el conflicto armado en la República de Siria, la Crisis en Ucrania (2013-2015), sumado al flujo de otros países como Cuba, Venezuela y Haití, configuró una diversidad de comunidades migrantes en el país que se caracterizaron por estar al margen de las políticas que el Estado destinó para la residencia de los ciudadanos mercosureños.
En este escenario nos surgen algunos interrogantes para el debate: ¿En qué sentido las políticas estatales y sus instrumentos de clasificación/cosificación generan tensiones que afectan la cotidianeidad de las/os migrantes? Categorizaciones estáticas como migrante económico/refugiado, “Mercosur” / “extra-Mercosur”, regular/irregular aparecen como limitantes en la experiencia de movilidades Sur-Sur que no siempre coinciden con ellas ¿En qué medida podemos contribuir desde la academia para repensar estas categorías, borrarlas, modificarlas y/o generar nuevas que sean representativas de las necesidades y experiencias de las nuevas movilidades?
En segundo lugar, partimos de los esfuerzos epistemológicos que académicos latinoamericanos han emprendido desde inicios de este siglo por generar un trabajo conjunto en las llamadas “antropologías del mundo”. La perspectiva latinoamericana decolonial (Mignolo, 1995; Quijano, 2000; Segato, 2015) ha replanteado las posibilidades de pensar la investigación desde una epistemología que contemple nuevas relaciones entre centros y periferias productoras de conocimiento. En este sentido, pensamos que nuestras reflexiones están situadas en un país y en una tradición antropológica periférica respecto de los centros de poder hegemónicos y los debates que en ellos se dan sobre la investigación de las migraciones. A la vez, Argentina dentro de la región sudamericana se ubica como centro dentro de la periferia, al igual que Brasil, ambos son países que han atraído flujos de población migrante de la región y las investigaciones al respecto necesitan ser focalizadas indagando la dirección Sur-Sur de los flujos migratorios, así como también de las ideas y reflexiones que circulan en torno al fenómeno desde las academias de los países puestas en contacto a partir del estudio de las movilidades.
Estas dinámicas repercuten en los planteamientos teóricos y metodológicos que podemos hacernos. Nos distanciamos de los enfoques clásicos para el análisis de las migraciones Sur-Norte, que se anclan en un nacionalismo metodológico y que entienden a los desplazamientos en un vaivén entre la “atracción y expulsión” (pull and push). Según esta lógica, el sistema mundo (Wallerstein, 1987) fue tradicionalmente abordado desde la dicotomía entre dos grupos de países: aquellos que no cuentan con un sistema socioeconómico estable y “expulsan” a sus habitantes y los que, por el contrario, debido a un próspero contexto socioeconómico, “atraen” a diversos migrantes. Por el contrario, consideramos que las movilidades Sur-Sur nos invitan a pensar en continuos desplazamientos, en un sentido y en otro. Por ello, en la complejidad que presenta la diversidad de problemáticas en torno a los desplazamientos en el Sur Global, es menester a “[t]rascender el binarismo norte-sur, dejando al desnudo el proceso dialéctico general que lo produjo y lo sostiene” (Comaroff y Comaroff, 2013:16).
Nuestro tercer y último punto, refiere a las prácticas estatales y los modos de agenciamiento colectivo entre las/os migrantes. Actualmente en Argentina, existen diversas acciones colectivas de asociaciones civiles, agrupaciones y movimientos de migrantes que, articulados con organismos de derechos humanos y actores del campo académico, ponen en tensión y disputan las políticas migratorias que acentúan una visión securitista sobre las movilidades. A partir de la sanción del Decreto 70/2017, que modificó sustancialmente la Ley de Migraciones (25.871), el Poder Ejecutivo determinó, sin debate parlamentario, la necesidad y la urgencia de focalizar el tema de las migraciones como un problema de seguridad nacional, reforzando las medidas punitivas contra el narcotráfico y los delitos cometidos por extranjeras/os, impidiendo el debido proceso de defensa y estigmatizando a la población. Asimismo, ciertas prácticas y modificaciones en las rutinas de las burocracias estatales han precarizado el acceso a derechos como por ejemplo: el cese del diálogo institucional entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y organizaciones sociales; la eliminación del Programa de Abordaje Territorial de la DNM; el cierre de sedes del Registro Nacional de las Personas en barrios que concentran población migrante; la masividad de controles migratorios a lo largo del país y la creación de un Centro de Detención para migrantes (Observatorio del Instituto Gino Germani, 2016).
Frente a dichas transformaciones, el movimiento social de las/os migrantes desarrolló acciones en diversos niveles: en el ámbito judicial, junto a organismos de derechos humanos de Argentina presentaron un recurso de amparo ante la CIDH; en el ámbito legislativo, se presentó un proyecto de ley para habilitar el “voto migrante” en las elecciones presidenciales; en el ámbito mediático, las organizaciones de migrantes desarrollaron la Campaña “Migrar no es delito” a partir de la difusión de fotografías de ciudadanos argentinos y extranjeros con un “DNI anti DNU” como modo de visibilización y de apoyo a la causa en las redes sociales; y en el espacio público, han realizado acciones de visibilización y protesta como un “Paro Migrante” y dos concentraciones masivas bajo el nombre de “Migrantazo” para denunciar en un contexto xenófobo a aquellos proyectos legislativos que pretenden arancelar la educación y la salud a las/os migrantes.
Dichas instancias pueden considerarse prácticas de aquellos excluidos de la ciudadanía plena que disputan sobre los términos de su inclusión (Sassen, 2003). Asimismo, la presencia de estos movimientos migrantes no es nueva sin embargo, sí lo son las posibilidades de articulación que gestan a nivel nacional ya que estas manifestaciones no solamente se producen en Buenos Aires sino también entre migrantes organizadas/os en otras ciudades y provincias del país como Jujuy, Córdoba, Neuquén y Mendoza. Al respecto nos preguntamos ¿Qué pasa con los procesos similares de restricción a la migración en otros países? ¿Desde qué perspectivas abordan estos procesos los colegas en otras latitudes? ¿Sirven los marcos teóricos del Norte para pensar las movilidades y las posibilidades de agenciamiento colectivo en el Sur? ¿Qué otras discusiones podemos generar? ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre el segmento particular de migrantes que se organizan políticamente? ¿Qué estructuras sociales, políticas y económicas habilitan estos recorridos diferenciales en la migración? ¿Cómo inciden las diferentes estructuras de oportunidad política en dichos movimientos? Y finalmente ¿Qué herramientas metodológicas podemos adaptar para abordar nuestra propia participación como académicos comprometidos muchas veces con estas luchas migrantes?
De este modo, nuestra reflexión más que respuestas plantea preguntas sobre problemáticas distintas y relacionadas. Así, pretendemos abrir el diálogo entre nuestros temas afines de investigación pero también con otras/os colegas a partir de experiencias similares en torno a políticas restrictivas y de organización política de las/os migrantes en respuesta. En síntesis se trata de compartir, construir y avanzar sobre diversos abordajes teórico metodológicos que nos sirvan para repensar la circulación de personas e ideas desde el Sur.