Los Montes de María son una subregión del caribe colombiano, que se ha caracterizado por ser una importante zona de producción agrícola, y de forma paralela, ser el epicentro de una serie de conflictos territoriales que han marcado la trayectoria de las diferentes comunidades agrarias y étnicas que habitan la región y que han buscado tener acceso a tierras y recursos que puedan garantizar la supervivencia y permanencia en la zona.
Desde el siglo XIX hasta nuestros días, las luchas que han emprendido las comunidades agrarias por el acceso a la tierra fueron construyendo un escenario conflictivo, caracterizado por el acaparimiento y concentración de tierras en manos de una serie de familias que se han ido consolidando como latifundistas con un inmenso poder político a escala local y departamental; el arribo de grupos armados al margen de la ley que buscaron ejercer control territorial en la región y el acceso a vías claves para negocios ilegales, tales como o son el narcotráfico y el contrabando; por otra parte, la existencia de una compleja red de políticos que bajo la lógica clientelar han ejercido una influencia enorme, que se ha manifestado en la presión sobre pobladores para que diezmen sus reclamos a partir de dadivas, que no solucionan los problemas estructurales (difícil acceso a servicios públicos e invisibilidad política), sino que además de favorecer a las elites locales en el mantenimiento del estatus quo, dieron lugar a la creación y consolidación de grupos paramilitares que se asentaron en la región, agudizando la brecha social, la situación de despojo de tierras y el desplazamiento forzado.
A pesar de la consolidación del modelo hacendatario, las comunidades lograron fortalecer sus economías campesinas, gracias a su conocimientos y saberes propios lo que les permitió utilizar los recursos de manera colectiva para su beneficio y a la fortaleza cultural que construyó un tejido social resistente. Sin embargo el conflicto despojo a las comunidades sistemáticamente de estas dos características, le dejo como único camino el mercado y empobrecido a la gente.
El conflicto social en los montes de María se puede remontar a principios del siglo XX, pero este alcanzaría su cúspide durante las décadas de 1960 y 1970 gracias a la conformación y consolidación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), una organización de base, que articuló la necesidad de generar procesos de organización colectiva que pudieran demandar al estado derechos básicos como la salud y la educación, con una reivindicación de carácter histórico como lo ha sido el acceso equitativo a la tierra.
Esta estrategia resultó incómoda para los latifundistas regionales, quienes intentaron utilizar su influencia política para diezmar la efervescencia del movimiento campesino por medio del pacto de Chicoral (1973) que sería un duro golpe para la ANUC, ya que este pacto supeditaría los intereses campesinos a la agenda territorial de los latifundistas con el beneplácito del gobierno conservador de Misael Pastrana. En la década de 1980, se daría la debacle de la organización debido a las pugnas al interior de la organización por varios sectores de la izquierda y grupos afines al estado que generarían una división de la ANUC (Línea Armenia -pro estado- y línea Sincelejo – con una orientación hacia la izquierda- ) junto con la llegada de grupos armados de corte paramilitar que fueron auxiliados y financiados por latifundistas y las elites regionales como manera de contraatacar y perseguir a los líderes campesinos, y así, los campesinos entrarían en una etapa que se caracterizó por la intimidación y, entre otras, por la llegada de las guerrillas de las FARC y el ELN, quienes agudizarían la situación de orden público y pondrían en aprietos la acción colectiva de los campesinos que claramente disminuyó.
La década de 1990 se caracterizó por la arremetida del conflicto armado en la región y con éste, la pugna entre grupos paramilitares y guerrilla que generó una ola de violencia que hasta el día de hoy tiene secuelas vivas en los habitantes de la región, así mismo, la movilización campesina, cuyo horizonte de sentido se encontraba en la lucha por la tierra, entró en un periodo de parsimonia ocasionado por la intimidación de los grupos armados, el señalamiento por parte del gobierno de ser auxiliadores de la guerrilla y la desmotivación de tener a muchas de sus cabezas visibles muertas o en el exilio. Se presentó además el desmonte de toda la institucionalidad agraria y la apertura económica, elementos que apuntan a la destrucción de la forma de vida campesina característica de la región.
Para la primera parte de la década del 2000, la región de los Montes de María sufriría con más crudeza las arremetidas violentas por parte de grupos paramilitares (Bloque héroes de los Montes de Maria y Bloque Mojana), muchas veces con el beneplácito o una actitud pasiva por parte de las Fuerzas Armadas. Fue así, como la violencia se volcaría contra las distintas formas de organización comunitaria, ya que las reivindicaciones por el acceso a la tierra eran vistas como una estrategia de la guerrilla para ganar base social y consolidar su presencia en la zona.
De forma paralela existen amenazas como: la implementación de monocultivos con la que se ha dado una ruptura en las formas locales de trabajo que ha generado la transformación de familias propietarias y productoras de alimento en consumidoras y asalariadas; la privatización del agua, debido a que “El agua en la zona no constituye un bien público, sino un recurso destinado a la producción agroindustrial.” (Ojeda,2016, p. 114); la persistencia del paramilitarismo en la política local; los abusos por parte de las fuerzas militares que siguen restringiendo la movilidad de los campesinos; sumado a que la llegada de los monocultivos ha modificado el paisaje de la región a partir de alambrados y la vigilancia privada que también han privatizado caminos que eran de uso común.
Lo anterior desató una persecución contra organizaciones como ASOCARES que surgiría en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, cuya experiencia es el centro del presente texto, de quienes sus trayectorias organizativas y de resistencia pacífica valen la pena hacer visibles, en aras de dar cuenta de la historicidad de uno de los actores sociales que han construido una de las tantas prácticas de acción política que se han llevado a cabo en la región y que han levantado la bandera de la defensa del territorio.
Para ASOCARES, la acción colectiva ha implicado entender la política como un ejercicio enmarcado en la diversidad, ante las estrategias de homogenización que se llevaron a cabo durante la guerra, al entender que la guerra silencia y pretende uniformar el pensamiento. La acción política de ASOCARES y otras organizaciones ha buscado generar espacios plurales a partir del trabajo colectivo, la fiesta y la espiritualidad, en donde no existe lugar para las relaciones verticales y de dominación, por el contrario, se construyen escenarios para la creación y la autodeterminación desde todos los habitantes.
Las estrategias del paramilitarismo y de los empresarios de la tierra, pretendían demostrar su poder de destrucción, al contrario, ASOCARES con su repertorio organizativo se construye en la cotidianidad, no cae en la devastación y extracción inescrupulosa de la naturaleza para producir el mundo (Arent, 1997), por el contrario, la comunidad y el territorio se producen de la mano de la naturaleza, en clara oposición al ideal de progreso moderno y capitalista.
Ante la implantación de los monocultivos de palmas y teca, que se figura como una amenaza seria por parte de los empresarios territoriales (sobre todo de capital antioqueño) la recuperación de las formas tradicionales de producción a través de los cultivos de pan coger muestran la apuesta de las comunidades por crear las condiciones necesarias para soberanía alimentaria.
Por otra parte las agendas políticas de ASOCARES, toman distancia del ejercicio de la política tradicional local que ha estado marcada por la transición de las distintas elites regionales, además de estar inmiscuida en sonados escándalos de corrupción y parapolítica, por lo que apelar al territorio y a su carácter ontológico implica que se entienda que el ejercicio de la política desde esta escala, asume a los hombres como una pluralidad; la política en este caso, involucra actuar entre y con ellos a partir del conocimiento del territorio y su intervención en este.
ASOCARES y las distintas comunidades montemarianas, rescatan la experiencia del presente y saltan al pasado para proyectarse al futuro a través de proyectos de vida más allá del desarrollo capitalista disfrazado de monocultivos e “industrias verdes”. Debe aclararse que, en este ejercicio político, la organización no niega al estado, de hecho, no se toma como con contrario al cual se debe oponer, ya que para los líderes de ASOCARES, el estado debe ser un garante para que las comunidades puedan desarrollarse libremente. Para culminar, los horizontes de la lucha política de ASOCARES se resumen en el vivir el mundo y estar con los otros (Arendt, 1997, p.p 79) reconociendo que la naturaleza es crucial para esta manera de vivir.