Tanto en el mundo anglosajón como en Europa, en la década de los ochenta y en consonancia con la implementación del neoliberalismo, emergió un “nuevo” paradigma en torno a las estrategias de control del delito y sus consecuencias, basado en la prevención más allá de la pena. Dentro de las mismas se destacan las estrategias de prevención situacional-ambiental, de prevención social y de prevención comunitaria. El demostrado fracaso de la política penal junto con la emergencia de la racionalidad política neoliberal y el incremento de la “inseguridad” objetiva y subjetiva llevaron a que este nuevo paradigma se “globalizará” e irrumpiera en la Argentina durante la década del noventa.
En términos de David Garland, los Estados modernos se encuentran frente a un nuevo dilema respecto de las políticas de seguridad originado en la normalización de elevadas tasas de delito y en las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal. Esto ha llevado a que el Estado actué de manera esquizofrénica, oscilando entre dos posturas que parece contrapuestas: por un lado, aparecen discursos que reconocen los límites del Estado para el control del delito y asumen que la criminalidad no es algo que pueda controlar por sí mismo, abriendo entonces el juego a estrategias adaptativas de carácter heterogéneo y convocando a nuevos actores e instituciones a participar y responsabilizarse; y por otro lado, como asumir esta limitación pone en jaque el mito del Estado soberano, surgen estrategias de negación con el objetivo de reafirmarlo, que derivan, en muchos casos, en el surgimiento de una especie de populismo punitivo.
En el caso de la provincia del Neuquén, los primeros rasgos de esta nueva forma de abordar el “problema” de la inseguridad surgen a fines de la década de los noventa con la creación de la policía comunitaria, de las redes barriales de seguridad ciudadana y un programa de prevención social basado en la “resiliencia”. En términos concretos, el presente trabajo se centrará en las políticas de seguridad frente al delito, específicamente en las políticas de prevención del delito más allá de la pena, implementadas en la Provincia del Neuquén, particularmente en la ciudad capital. Temporalmente, este estudio se concentrará en las estrategias desarrolladas entre 1999 y 2015 ya que durante este período el ejecutivo provincial estuvo a cargo de dos mandatarios pertenecientes al mismo partido político (Movimiento Popular Neuquino) pero de sectores intrapartidarios distintos: Jorge Omar Sobisch (1999-2003 y 2003-2007) y Jorge Augusto Sapag (2007-2015). En estos períodos se implementaron –o se intentaron implementar- distintos planes de seguridad centrados en la prevención situacional-ambiental, la prevención comunitaria y, en menor medida, en la prevención social. Lo que llama la atención es que en ambos casos, el primer mandato de cada uno de estos funcionarios estuvo centrado en técnicas de prevención comunitaria y en la participación ciudadana, mientras que en el segundo, el énfasis estuvo puesto en la prevención situacional-ambiental, especialmente a través del patrullaje policial, y en el endurecimiento penal. A través de este trabajo intentaremos indagar en los motivos políticos que ayudan a explicar esos vaivenes. A modo de hipótesis, podemos decir que los mismos se explican por las necesidades planteadas por las distintas coyunturas políticas y por la politización y electoralización del problema de la inseguridad, que implica que las medidas referidas al control del crimen comienzan a dirimirse en el contexto de la contienda electoral, surgiendo la necesidad de encontrar medidas efectivas y populares que calmen la ansiedad de los electores.
Por último, el enfoque metodológico adoptado es cualitativo, y combina técnicas de investigación documental sobre los registros ligados a la formulación de los programas y los informes de gestión elaborados por los equipos implementadores; sobre noticias periodísticas referidas a las estrategias de prevención del delito implementadas en la provincia durante los años de análisis; y sobre los discursos legislativos impartidos por los gobernadores en el inicio de sesiones legislativas, con entrevistas en profundidad a los funcionarios y técnicos vinculados a su gestión.