Las agendas político educativas de los ´90 a esta parte tienen como principal cuestión social los llamados procesos de exclusión, cuyo significado ha ido variando a la par que los sentidos asignados a las causas de dicha cuestión y las intervenciones sociales del Estado destinadas a superarlas.
A partir del giro a la izquierda de los gobiernos en la región, las llamadas políticas de inclusión han sido la principal estrategia pública para afrontar la cuestión social generando importantes transformaciones que ampliaron el derecho a la educación a grupos sociales que históricamente habían sufrido la vulneración del mismo.
En este marco, nos proponemos analizar los derroteros de dichas políticas en el campo escolar a partir de resultados de investigación en el conurbano bonaerense (Provincia de Buenos Aires, Argentina); para interpretar los avances y los límites de las mismas y comprender los desafíos que el triunfo electoral de las derechas en el país plantea para esta nueva fase.
Si bien inicialmente las políticas de inclusión se circunscribieron a ampliar las intervenciones focalizadas compensatorias propias de la política social neoliberal hacia nuevas categorías sociales y con mayores recursos, progresivamente se fue construyendo un “nuevo signo” en las políticas que implicó un proceso de politización –y por ende desnaturalización- de la desigualdad, al otorgar centralidad al Estado en la modificación de las condiciones sociales de producción de las diferencias jerarquizadas en goce del derecho a la educación.
Este giro a la izquierda en Argentina, implicó una mirada sobre los procesos (centralmente las trayectorias educativas) y no solo sobre estados acabados (el llamado fracaso escolar); un cuestionamiento de los mecanismos de integración al sistema educativo (el diseño institucional de la escuela) y no a los excluidos del mismo; y una concepción multicausal sobre la desigualdad educativa, que incorporó el modo como afecta y es afectada de modo dispar por distintas esferas de la vida requiriendo ser atacada en distintos frentes con políticas de carácter intersectorial.
Si estas fueron las orientaciones político-educativas dominantes en el período posneoliberal, su materialización a través de líneas de acción estatal concretas logró importantes conquistas pero encontró también algunos límites tanto en el diseño de algunas de las políticas como en los modos de apropiación de las mismas a escala local.
La ampliación de derechos y la condena pública a cualquier mecanismo de estigmatización o de expulsión de los grupos vulnerables de la escuela coexistió con mecanismos de control a la pobreza; los intentos de rediseño institucional coexistieron con institucionalidades paralelas hacia los más desposeídos configuradas de modo poco visibles a través de proyectos específicos; las políticas universales fundadas en principios de igualdad coexistieron con programas focalizados que estructuraron una identidad propia desmarcada del colectivo donde sedimentaron perspectivas más ligadas a la carencia que a la ciudanía.
La institucionalidad heredada y modos de percepción, apreciación y acción tendientes a defender privilegios explican en parte estas dinámicas contrapuestas, su presencia a escala local y su fuerza en las representaciones sociales. Estas dinámicas erosionaron la legitimidad de los grupos más vulnerables para expresar sus perspectivas y disputar el sentido de las políticas.
Sobre estas tensiones, las nuevas derechas despliegan a partir de su triunfo electoral una serie de estrategias que recuperan las críticas a las debilidades de las políticas previas, adecúan sus retóricas a las demandas de los grupos subalternos y ofrecen una construcción de futuro que recurre a los términos de los grupos más confrontativos –incluso de los movimientos sociales- pero desarticulando sus críticas a la reconfiguración del capitalismo actual.
A través del análisis de los discursos públicos y de las nuevas líneas de política, es posible evidenciar dos importantes transformaciones. Por un lado, la recuperación de la lógica del trabajo de base pero abandonando las demandas al Estado; en nombre de la energía creativa de los de abajo, de su resiliencia, anudando así el discurso de la igualdad de oportunidades en base al esfuerzo personal pero ligándolo a una apología del individuo creativo cuya capacidad emprendedora será la fuente del cambio. En segundo lugar y a través de estas argucias que no erradican del discurso público la preocupación por la desigualdad, el actual gobierno restaura perspectivas meritocráticas aggiornadas que destierran de sus argumentaciones la igualdad de posiciones, la lógica solidaria y colectiva para circunscribirse a promover una igualdad de condiciones para la competencia individualizante.
La fuerza con que estos discursos intentan arrasar las conquistas debe ser comprendida adicionalmente en las matrices propias de configuración de los sistemas educativos nacionales, en cuyas huellas persisten como ideales el interés por el desinterés”, dando lugar al voluntariado por sobre la fraternidad y el sentido de vivir juntos, al coaching por sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje como fenómenos colectivos.
Mostraremos cómo estos desplazamientos en el sentido y en las estrategias político educativas que los materializan, ponen en riesgo las principales características que asumió el derecho a la educación durante los gobiernos progresistas en el país, al destituir la lenta construcción de concepciones fundadas en la igualdad como principio humano y erigidas en una matiz relacional de pensamiento que analiza la sociedad como un todo considerando la necesidad de cerrar las distancias entre posiciones sociales