En Chile, históricamente las Políticas Migratorias han estado definidas por el Estado en función de intereses muy estratégicos. Especialmente durante el siglo XIX, el impulso a la migración de población extranjera estuvo vinculado a la consolidación de la soberanía nacional, relacionado principalmente con poblar zonas extremas en las que se encontraba población indígena más o menos dispersa, según fuera el caso, pero que en todos significó la represión y el desplazamiento de los pueblos originarios a manos de quienes venían a instalarse a zonas consideradas por el Estado como estratégicas para consolidar el territorio. Fue así como una vez lograda la independencia y hasta la década de 1990, las políticas de estímulo a la migración se orientaron captar determinados actores sociales que eran evaluados por el Estado como beneficiosos para la sociedad en que se implantaban. En este sentido, el énfasis estuvo en la condición 'laboriosa' de algunos habitantes de países europeos y los consiguientes beneficios sociales que traerían, caracterizados en el siglo XIX bajo el concepto de 'civilización' y en el XX con el de 'industrialización'.
Sin embargo, esta condición estructural comenzó a revertirse en l década de 1990, de la mano con de la recuperación de la democracia tras las dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), y más fuertemente desde el año 1995, año en que puede establecerse un ‘despegue’ de la inmigración en el país, asociada al arribo de población de origen peruano. Desde mediados de los ’90, esta cifra ha aumentado sostenidamente, y en la primera década del siglo XXI ha crecido con especial fuerza. Así, entre 2010 y 2015, la cantidad de inmigrantes en Chile creció en un 27% (CEPAL, 2015). Actualmente son cerca de 700 mil personas extranjeras que viven en Chile en condición de regulares, y podrían acercarse al millón si se consideran los que se encuentran en condición de irregular o en proceso de regularización. Por otra parte, cabe señalar que es una migración eminentemente latinoamericana, femenina y que tiene como principal móvil la búsqueda de trabajo. Por otra parte, esta realidad se encuentra focalizada en algunas regiones que presentan altos flujos de tránsitos entre fronteras, destacando en el norte la Región de Arica y Parinacota, un poco más al sur la de Antofagasta y al sur austral la de Magallanes.
En la zona central, la inmigración se ha concentrado en la Región Metropolitana de Santiago, región que concentra al 45% de la población nacional. Esta realidad genera diversas tensiones en los territorios que se encuentran más densamente poblados y en la institucionalidad que no se encuentra acondicionada para esta transformación, pues la Ley de Migraciones es de 1975, teniendo los gobiernos que emitir una serie de Decretos que les permiten abordar situaciones cuando ya están expresadas como crisis sociales. Esto implica una serie de desafíos al Estado para poder generar políticas públicas que conecten a estas personas con la oferta social, pero también para resolver y mediar en conflictos cotidianos.
El objetivo de la ponencia radica en establecer una caracterización de esos conflictos y latencias a partir de la experiencia de formación de mediadores interculturales en cinco comunas de la Región Metropolitana de Santiago, que presentan un alto índice de población migrante. En este sentido, se buscan describir las condiciones de vida de la población migrante, sus estrategias de vida, tensiones y presencia de conflictos latentes o explícitos con la población nativa, pero también sus mecanismos o estrategias de diálogo para la resolución de éstos.
El estudio tiene su origen en un programa Piloto para la formación de Mediadores Interculturales implementado entre el Ministerio de Desarrollo Social y cinco Municipios de la Región Metropolitana (Quilicura, Recoleta, Estación Central, Independencia y Santiago). en el Piloto se diagnosticaron las realidades comunales, se detectaron conflictos y se realizaron talleres para la mediación de los mismos, el enfoque guiador de esta experiencia fue el enfoque de Derechos Humanos, relacionado con concebir a las personas como sujetos de derechos y por consiguiente a la formulación y al ejercicio de políticas sociales orientadas hacia la universalidad.