El extractivismo en Latinoamérica, por parte de las multinacionales extranjeras, es un fenómeno que ha ido tomando bastante relevancia en la temática nacional de nuestros países. Los conflictos e impactos que ha suscitado en las comunidades en las que se desarrollan obligan a realizar un análisis que permita dar cuenta de las causas y razones de ello.
Para nuestro caso, en el municipio de Buriticá, occidente del departamento de Antioquia, Colombia se encuentra una de las minas de oro más grandes de este país. Allí hace presencia la compañía canadiense Continental Gold. Dicha presencia ha suscitado un conflicto que se explica en el rechazo por parte de ciertos sectores de la comunidad, no porque rechazan la extracción, sino la manera en que esta es ejecutada por la empresa. En efecto, en Buriticá existe tradición minera. La forma en que la empresa ha respondido a esto, es vinculando a los actores involucrados en la minería, a un proceso de formalización de sus prácticas tradicionales de explotación, que los obliga a aplicar la normativa nacional sobre la minería. Los mineros tradicionales ven en esta práctica de la empresa una forma arbitraria de operación, que desconoce su historia en el territorio. Estos manifiestan que la empresa se comporta así porque no hay un Estado fuerte que la obligue a respetar sus derechos. La empresa responde que esta forma de operar obedece a que ella llega a un territorio como legitima adjudicataria de unos títulos de explotación por parte del Estado, pero cuando arriba a estos sitios tiene que responder a las demandas de unos actores tradicionales que nunca han poseído títulos legítimos de explotación por parte del Estado, pero que han desempeñado de facto esta labor sin que el Estado se los impida. Así, ella debe remediar este problema y la forma de hacerlo es asociarse con los mineros siguiendo las pautas que la normativa exige para la explotación minera.
De esta manera, para la empresa, es un deber solucionar el problema de los mineros informales porque el Estado no lo ha hecho. Para esta, el Estado se encuentra ausente en el territorio, así como para las comunidades, dando paso a nuevas formas de analizar el comportamiento del Estado según los intereses que este tenga en los territorios en clave de una sociedad neoliberal.
Así, nuestra tesis se centra en analizar la conformación y caracterización del Estado en las sociedades neoliberales a partir de la delegación de obligaciones a privados; la negociación del control, las nuevas formas de ejercer el poder político en un territorio y el papel de los intermediarios para el ejercicio de las funciones del Estado. Esto se sustentará a través de Beatrice Hibou quien realiza una mirada al ejercicio del poder político, prestando atención a Max Weber, a quien se le atribuye la autoría del Estado legal-racional, burocrático y monopolizador. Por medio de la noción de “descarga” atribuida a Weber, se alude a la delegación que hace el Estado mediante contrato tácito o explicito a privados, lo cual crea una dependencia mutua entre la instancia pública y el intermediario privado. El Estado necesita entonces de los intermediarios para percibir los ingresos o para mantener el orden económico y político, pero estos intermediarios dependen directamente del poder político para el ejercicio de sus funciones. Además, Michael Foucault ofrece herramientas conceptuales como las prácticas gubernamentales sobre la gestión del medio ambiente de una población, su visión del Estado como el encargado de ofrecer un marco en el que se establecen las reglas bajo las que funciona el mercado.
Se suma a lo anterior, el análisis de la conflictividad que surge en el territorio tras la disputa de los actores en juego, Estado – empresa – mineros informales, dando paso a una nueva forma de entender y comprender la noción de gobierno indirecto, concepto clave para las sociedades neoliberales y especialmente en el tema del extractivismo de recursos minerales, específicamente el aurífero.