Se presentan los resultados de una investigación empírica acerca de la participación de las comunidades del pueblo Mapuche en el Sistema de Evaluación Ambiental chileno, sector de proyectos energéticos, en la región de la Araucanía.
El actual modelo energético de Chile se origina durante la dictadura militar en los años 80 y se caracteriza por el reducido rol del Estado en regular el sector, la concentración de gran parte de la producción de energía en solo tres empresas privadas, la separación de la producción, la transmisión y la distribución de energía, la articulación de la producción hidroeléctrica con la privatización del agua y la alta necesidad de importación de energía (de aproximadamente un 95% del total nacional). El principal destino de la energía utilizada en el país es el sector de industrias y de minas, que corresponde a un 40% de la producción total, siendo 16% destinado a la minería. La minería es a su vez una de las principales fuentes de ingresos del país contribuyendo en 2016 con un 8% del PIB total del país. Esta relación directa entre producción minera y necesidad de producción de energía ha aumentado la presión por la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas en el país.
La situación geográfica del país hace que gran parte de la hidroelectricidad y de la energía eólica se produce en el sur de Chile, afectando especialmente a territorios ocupados por comunidades indígenas del pueblo Mapuche. Desde el año 2008, año en que entró en vigencia en Chile el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas cuentan, al menos formalmente, con la protección de sus derechos que han sido incorporados a nivel constitucional. La incorporación de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT ha significado recientemente modificaciones en la legislación para aumentar su participación en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Sin embargo, se ha producido un fuerte debate acerca del real reconocimiento de los derechos indígenas al interior de esta legislación, por un lado la Corte Suprema de Chile afirmó en un fallo reciente que la legislación actual cumple con los estándares del derecho internacional. Por otro lado, diversos investigadores, así como organizaciones indígenas y de derechos humanos afirman lo contrario.
En Chile la legislación ambiental introducida en 1994 fue modificada en 2010, creando un servicio especializado responsable de las evaluaciones ambientales (el Sistema de Evaluación Ambiental), creó los Tribunales Ambientales que tienen jurisdicción sobre estas materias (que antes eran vistas en las Cortes de Apelaciones) e introdujo un mayor reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
En este estudio se analizó la base de datos regional del SEIA con el total de proyectos del sector energía, el cual contiene toda la información de la participación indígena y de otros actores en la evaluación ambiental. En una primera etapa identificamos que un total de 24 proyectos energéticos (sobre un total de 43 proyectos) han contado con participación de comunidades Mapuche en la región de la Araucanía (9 proyectos hidroeléctricos, 13 proyectos eólicos y 2 proyectos termoeléctricos).
El análisis de los datos se realizó bajo la perspectiva teórica de la gobernamentalidad de Michel Foucault, la cual corresponde a la última etapa de su pensamiento. Desde esta perspectiva, el análisis toma en cuenta la dimensión del sujeto indígena visto a partir de las tecnologías de sí o prácticas de autoproducción (subjetivación), la dimensión del poder visto como tecnologías de gobierno y la dimensión de regímenes de veridicción (formas de saber/verdad). Nuestro análisis se focalizó entonces en captar las formas de subjetivación (formas de autoconstitución del sujeto indígena a través de formas de organización, formas de alianzas, estrategias, prácticas) así como de su sujeción en las evaluaciones ambientales, los tipos de tecnologías de gobierno utilizados (prácticas concretas, procedimientos de participación) y las formas de conocimiento que se constituyen en vectores de legitimización de las evaluaciones ambientales.
Nuestros análisis nos conducen a afirmar que el Sistema de Evaluación Ambiental se constituye en un conjunto prácticas de sujeción de las comunidades indígenas que legitiman una participación de las comunidades subordinada al conocimiento técnico-científico, el cual cuenta con mayor legitimidad para influir las decisiones finales. Pese a que las comunidades cuentan con instancias formales de consulta, sus inquietudes y posicionamientos tienen una muy baja incidencia sobre la decisión final del SEIA. Los proyectos eólicos más recientes se encuentran incorporando intensivamente como tecnologías de gobierno las prácticas beneficios compartidos (benefit sharing) que parecen estar produciento nuevas lógicas y formas de sujeción.
El hecho que todos los proyectos que al momento de nuestros análisis habían llegado a una decisión final habían significado la aprobación del proyecto, más el hecho que esta aprobación se produce pese a la clara oposición de las comunidades (que argumentan afectaciones a nivel de derechos indígenas, relación espiritual con el territorio, calidad del medioambiente y calidad de vida de las personas), nos conducen a afirmar que las evaluaciones ambientales se constituyen en dispositivos de seguridad del modelo energético neoliberal chileno que se articula a su vez con la producción de energía para la actividad industrial y minera.
Estos resultados nos llevan a afirmar que el Sistema de Evaluación Ambiental chileno no cumple con los estándares de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, especialmente en lo relativo al derecho a participar a través de sus propias formas de organización, de formas acordes a sus culturas y con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado.