El trabajo que se presenta, se enmarca en una de las líneas de investigación llevadas a cabo por un grupo interdisciplinario integrado por docentes de la Facultad de Derecho y de los Departamentos de Arquitectura y Ciencias Sociales del Centro Universitario Litoral Norte de la UdelaR. La problematización en torno al devenir de las políticas habitacionales en el Uruguay -y su particularidad en la región litoral norte-, así como a las concepciones de hábitat y de ciudad que las sustentan y promueven, constituyen el marco general de la reflexión. El acceso a la vivienda y las formas de hacer ciudad que desde él se generan, constituye una problemática fuertemente sentida por los habitantes de la región norte del país. La proliferación de asentamientos irregulares en ciudades capitales de la región, así como de las condiciones de hacinamiento y precariedad que los acompañan, van generando nuevas formas de construir y pensar el habitar colectivo pues la vivienda, elemento básico para el funcionamiento de la vida social, tiene efectos directos sobre la estructura social de cada territorio y de sus pobladores. En este sentido, la pertinencia cultural, la viabilidad económica de mantención, la habitabilidad y la accesibilidad se constituyen en los elementos básicos de la vivienda como componente clave del hábitat entendido como espacio físico, material, subjetivo y simbólico en el que las personas se desarrollan personal y socialmente; como lugar de reconocimiento e identidad individual y colectiva que se encuentra socialmente instituido. “La vivienda condensa símbolos, habilita a la vez autonomía, responsabilidad y ciudadanía” (Romero, 2008: 67). Sin embargo, su concepción ha estado tradicionalmente restringida a su aspecto físico (forma, volumen y diseño), desconociendo que la vivienda –y por tanto la forma en que se produce y se accede a ella-, no sólo es la materialización de culturas históricamente relativas, sino que además, en sociedades modernas, ha ido consolidando su carácter de insuficiencia crónica (Portillo, 2010). Identificar y analizar los criterios sociales, políticos y urbanísticos con que las distintas administraciones públicas han intervenido en los últimos diez años para abordar el derecho a la ciudad de los sectores más desfavorecidos en la región litoral norte del Uruguay, es el objetivo central que se propone el trabajo que aquí se presenta. Para ello se toman como referencia los programas socio-habitacionales priorizados por el Estado para el tratamiento de la demanda habitacional de tales sectores (PIAI – PMB, Plan Juntos y/o Realojos), ejecutados en la región litoral norte durante el período 2005-2015. A los efectos de cumplir con el objetivo planteado, se propone una metodología cualitativa, basada fundamentalmente en un análisis de la problemática desde la voz de sus actores. En este sentido, además de la lectura de datos secundarios sobre el diseño y alcance territorial de los programas seleccionados, el principal insumo de la reflexión es tomado de las entrevistas a los actores involucrados en el diseño e implementación a nivel territorial de tales programas así como de las familias involucrados en ellos. Si la ciudad es el espacio donde se fortalece el valor de lo colectivo, en el cual se manifiesta la idea de sociedad y cobra sentido como grupo humano, la vivienda, en tanto espacio doméstico y elemento generador de lo urbano, es el espacio de identidad y pertenencia, necesario para el desarrollo personal, en el cual se funda la definición de ciudadano frente al colectivo. En este sentido, Sonnia Romero plantea que “se puede evaluar la importancia de acceder a una vivienda como algo que excede el plano de la funcionalidad de su uso, de la satisfacción de una necesidad de abrigo; el domicilio es indispensable para alcanzar aquellos aspectos materiales e inmateriales del estatuto de persona dentro de la sociedad, y sobretodo dentro de las ciudades como forma predominante de los asentamientos humanos contemporáneos: la vivienda condensa símbolos, habilita a la vez autonomía, responsabilidad y ciudadanía” (2008: 67). Pensar por tanto la política social de vivienda implica considerar su funcionalidad y su necesidad de satisfacción en un contexto histórico, social y cultural determinado (Sánchez Vera, 1998). Esta concepción pone de manifiesto las fuertes contradicciones y limitaciones que las políticas públicas traen aparejadas, pues su implementación refleja la yuxtaposición de lógicas disciplinares, institucionales y territoriales mediadas por los debates que se suscitan en el interior de cada grupo humano, en torno a una escala de valores a partir de la cual se establecen los niveles “mínimos” de habitabilidad y/o de “vivienda digna” (Rodríguez Russo et al., 2017). Partiendo del supuesto que la política pública es un campo de lucha y de conflicto entre distintos grupos de poder que disputan distintas formas de organizar y producir el bienestar (Lucero, 2009), creemos que la misma se funda y transforma por la participación ciudadana desde el territorio y la proximidad. La participación se torna así el elemento central a partir del cual se construyen y fortalecen actores políticos con poder para incidir y decidir sobre el desarrollo democrático del territorio que habitan. De este modo, siguiendo a Adelantado (2009), reivindicamos la necesidad de una visión inclusiva de la gestión de la política social en la que los ciudadanos más que beneficiarios, sean considerados partícipes protagonistas de su bienestar. Desde este enfoque, se hace necesario plantear la reflexión sobre las políticas habitacionales no solamente desde la propia vivienda, sino considerando las interrelaciones que se establecen entre la idea de Hábitat, entendido como el espacio físico colonizado por el hombre para satisfacer sus necesidades y el Habitar como las formas de organización de la sociedad. El desarrollo habitacional en sus múltiples formas -entre ellas, los asentamientos irregulares-, pauta el crecimiento de las ciudades y se convierte en el principal factor de la expansión o densificación de las mismas.