El desarrollo de los territorios puede ser entendido como una función de estructuras (entendidas como arreglos sociales y económicos muy arraigados), instituciones (entendidas como arreglos formales o informales estables que estructuran la interacción y organización social) y la capacidad de agencia humana (particularmente de conformar coaliciones de actores transformadoras) (Rimisp, 2012; Berdegué et al, 2012; Berdegué y Modrego, 2012, Rimisp, 2014; 2016; 2018). Esto implica que las posibilidades de que un territorio experimente dinámicas de crecimiento con inclusión social, se encuentran asociada a la forma en que estos elementos se configuren en un territorio específico. Por lo tanto, para comprender una dinámica territorial es fundamental comprender estos tres factores y la forma cómo éstos se relacionan entre sí en cada territorio en particular: i) las instituciones y reglas del juego formales e informales; ii) los actores presentes en el territorio, su capacidad de agencia y de coordinación en pos de un conjunto de objetivos compartidos; y iii) la estructura económico-productiva del territorio, que determina las oportunidades laborales y de trabajo por cuenta propia, pero también incide sobre la sostenibilidad ambiental, las oportunidades para las mujeres, el acceso a bienes y servicios, entre otros factores claves para el desarrollo.
Los actores territoriales adquieren un rol relevante en estos procesos de desarrollo cuando son capaces de articular visiones y coordinar experiencias, conocimientos y actividades, y transformarse en una coalición social, entendida como un conjunto de diferentes actores que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo (Fernández y Asensio, 2014). Estos mismos autores, concluyen que el potencial transformador de una coalición social se encuentra en ser socialmente inclusiva y representar una variedad de actores que comparten de forma tácita o explícita algunos objetivos de desarrollo importantes, incluso si sus motivaciones son diferentes y/o hay conflicto o desacuerdo sobre otros temas. Los actores en la coalición participan en una acción colectiva con una perspectiva a largo plazo y tienen suficiente poder para, al menos, refutar la dinámica de desarrollo. Este poder está basado en una combinación de diferentes capitales (económico, político, social, cultural) suministrado por los diferentes miembros, de modo que ninguno está en una posición completamente subordinada respecto de los demás en la coalición (RIMISP, 2018). Finalmente, una coalición transformadora es capaz de socializar y legitimar su visión y estrategia de desarrollo de tal forma que estas sean gradualmente aceptadas e incluso internalizadas por otros actores en el territorio. Es por ello que las formas de movilizar el conocimiento de los actores territoriales e incidir en las políticas públicas y acciones de los privados que promueven la dinámica de desarrollo vigente, genera tensiones y desafíos que requieren ser analizados y abordados.
En este marco, los procesos de participación ciudadana y su incidencia en los procesos de desarrollo son claves para transformar los modelos de gobernanza predominantes. Ciertamente, no existe un modelo único y óptimo de articulación o entramado social entre actores, como señala Serrano, “sus atributos tendrán relación con las características de los territorios, los desafíos económicos y productivos que enfrentan, las oportunidades que surgen y las capacidades locales. Lo que está claro, sin embargo, es que el impulso para compartir propósitos y sumar ideas, discursos y acciones es un factor que hace la diferencia” (2014:11). Por ello resulta fundamental comprender que la participación y articulación en estos procesos, no es un fin en sí mismo, sino un medio necesario para abordar de manera integral el conjunto de factores que impactan en las dinámicas de desarrollo. En este sentido, la participación y articulación de actores, permite relevar la capacidad que tienen distintas formas de acción colectiva de involucrarse activamente en procesos de desarrollo, y defender la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de construcción de políticas públicas que superen la visión estado-centrica, para colaborar con las organizaciones sociales, el sector académico, el sector privado, y todos quienes se sientan llamados a aportar a su propio desarrollo. En este marco, este trabajo pretende -a partir de diversas experiencias y casos de estudios en América Latina- identificar diversas tensiones generadas en estos procesos, señalando al mismo tiempo, algunos de los desafíos que requieren ser abordados para consolidar nuevos modelos de gobernanza territorial, donde los actores territoriales se tornen centrales en la disputa por los proyectos de desarrollo de los territorios en que habitan.