El marco para construir propuestas ambientales es siempre dependiente de relaciones históricas. No se trata tan sólo de lo que determinados grupos se plantean hacer por simple voluntad o lo que les apetece en términos teóricos. A nuestro juicio, las propuestas deben realizarse en función de considerar la realidad económico-social en el país y las formas de desarrollo del capital en Chile. Desde este punto de vista, la dinámica ambiental general está dada por la forma particular de producción basada en la extracción y comercialización de recursos naturales. La obtención de estos recursos, que luego son comerciados en el mercado mundial, incentiva una dinámica de extracción ampliada e intensiva que involucra formas de organización estatal y económica, gestión social, política y militar de los territorios y que ha sido descrita como “extractivismo”. Concepto que, ciertamente, da cuenta de complejas interacciones, incluso se le ha catalogado como un modo de producción específico de América Latina. Estas formas de catalogar las múltiples experiencias de conflicto socioambiental tienen el gran mérito de integrar en su estrategia explicativa elementos antes considerados aislados entre sí, como las subjetividades construidas en el marco de un conflicto, el concepto de espacio social, la producción de mercancías, la valoración de lo común y lo comunitario. Sin embargo, no es lo mismo, a nuestro entender, una apuesta por integrar elementos en función de una explicación común (extractivismo), que dar cuenta de esos mismos elementos como expresión de un elemento común. En esa dirección, consideramos que el proceso fundamental que está inscrito en la dinámica extractivista es la necesidad de valorizar el valor que tienen los capitales que se apropian de la renta de la tierra. En nuestra opinión, es por medio de esta forma de organizar e impulsar el trabajo social, la valorización del valor, que los llamados commodities se conectan con cadenas mundiales de valores, de mercancías de diversa índole. De hecho, es precisamente porque para el intercambio de mercancías son indiferentes las condiciones y repercusiones del trabajo que las produce, por lo mismo, a la hora de intercambiar mercancías no son relevantes las condiciones de deterioro social y ambiental, por ser en última instancia el abstracto socialmente necesario el medio más eficaz para que se cambien entre sí.

De esta manera, esta dinámica configura un metabolismo socioambiental que regula las interacciones entre seres humanos y el resto de la naturaleza en torno a un interés específico: la formación y apropiación de la renta de la tierra. El deterioro social y ambiental que acompaña la generación de renta se le presenta a la clase trabajadora como un efecto aislado y exterior a su propia condición, por tanto, no figura entre las preocupaciones consideradas relevantes para la reproducción de su propia vida y no se asume como prioridad en la agenda política pública. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que i) no se comprende la organización de la naturaleza y la sociedad por el capital como parte del mismo movimiento, una misma relación social general, que permite a la clase trabajadora reproducir su existencia, como los salarios, el trabajo doméstico y reproductivo, etc. ii) los trabajadores se encuentran desvinculados de los procesos de organización del trabajo social. La producción de mercancías parece ocurrir a sus espaldas. Sin embargo, es esta misma conflictividad ambiental la que entrega los elementos para que la clase trabajadora pueda asumir por sí misma la posibilidad de organizar el trabajo social. Es decir, plantearse la tarea de una democracia radical. Democratizar su vida social en función de este horizonte.

Al respecto, esta perspectiva democratizadora se materializa en reivindicaciones movilizadoras inmediatas que permitan ir en dirección contraria al extractivismo del capital y abrir escenarios de disputa de la renta de la tierra en sus diferentes modalidades. A nuestro parecer, si se quiere avanzar en desmontar la matriz productiva que sitúa a Chile como un país dependiente de la renta de la tierra (cobre, energía, forestales, etc.), un paso mínimo y necesario es plantearse la expropiación y control de los procesos productivos y empresas encadenadas a los beneficios de la renta. Así, ciertas reivindicaciones pueden cumplir cumplir la función de: a) materializar derechos inmediatos, b) integrar a la participación política y social a sectores que antes no lo hacían y c) no sean integrables por la lógica de acumulación capitalista. En ese sentido, identificamos seis desafíos: i) Confección de una nueva política energética que desmonte la actual, carbonizada y orientada por la obtención de renta ii) impulsar la re-nacionalización del cobre como propiedad estatal y, como medida de transición, impuestos a la renta diferencial apropiada por transnacionales ii) Propiedad pública del agua (reforma y/o derogación Código de Aguas) y re-estructuración de los servicios de evaluación ambiental iv) fomento del desarrollo local, municipalismo pero en función de un plan estatal de buen vivir v) Diversificación productiva sustentable para generar empleos vi) deliberación y decisión democrática acerca de qué, dónde para qué y quiénes producir como formas de organizar el trabajo social por quienes son los productores directos.