La firma del acuerdo final de paz en Colombia entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, FARC-EP y el Gobierno Colombiano, en noviembre de 2016, inicialmente hizo aflorar un ambiente de optimismo en algunos sectores de opinión y en particular en los habitantes de los territorios que fueron epicentro de la confrontación armada.

El acuerdo de paz suscrito entre las partes significa una ventana de oportunidades para la apertura democrática en el país tanto en lo económico, como en lo político, en la vía de la edificación de una sociedad que ha postergado, en palabras del filosofo Rubén Jaramillo, el proyecto de la modernidad.

Los doce planes nacionales que integran la Reforma Rural Integral, RRI, acompañados del Programa Nacional para la Sustitución Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, pueden convertirse en la base de la revolución rural que necesita el país para superar la desigualdad (con un Gini de tierras entre 0,8 y 0,9 según el Departamento Nacional de Planeación, DNP) y la pobreza (44.7% según el DNP) que han sido una condición histórica estructural del campo colombiano.

Sin embargo tras la firma del acuerdo, evidenciamos los rasgos de lo que va ser la profundización de las contradicciones sociales inherentes al modelo económico neoliberal, en tanto en una orilla esta la filosofía de lo acordado, y en la otra orilla la política económica del gobierno colombiano.

Nos enfrentamos a la paradoja de una paz sin cambio de modelo económico, escenario contradictorio ya que la lógica neoliberal mina la posibilidad de sentar las bases de una sociedad más democrática, en tanto no existe algo más antidemocrático que la tendencia a la concentración de la riqueza y la precarización de las condiciones materiales de vida del conjunto de la población en beneficio de un sector privilegiado de clase como lo es el rentismo financiero, en un país donde el neoliberalismo ha llevado a que el 1% de la población concentre más del 20% de la riqueza nacional.

De esta manera asistimos en el caso colombiano, en la fase implementación de los acuerdos a la puesta en escena de tres modelos en contradicción: i) El de ganaderos, terratenientes, mafiosos y sectores de ultraderecha que verán en la implementación un obstáculo para mantener la captura de rentas a partir del ejercicio de la violencia paramilitar, el narcotráfico y la ganadería extensiva; ii) El del gran capital financiero transnacional que ve en el Acuerdo Final la posibilidad de orientar las lógicas de los territorios de histórico de control insurgente en función del extractivismo, el monocultivo, las economías de enclave, y el desarrollo de grandes proyectos minero-energéticos a la luz de las tendencias internacionales de las commodities; y iii) El del movimiento social, las comunidades organizadas y del acumulado político de la insurgencia que tendrá el reto de convertir el Acuerdo Final en la oportunidad de construir una economía para el buen vivir, a la luz de nuevas miradas y caminos para alcanzar el bienestar para las mayorías.

Ante los colombianos emerge un nudo de contradicciones, en los que se enfrentan a una idea de paz estable y duradera con la reprimarización financiarizada de la economía, el modelo neoliberal, el despojo como política de estado, y el modelo de gestión de las finanzas públicas. Al respecto una de las contradicciones de la política económica neoliberal en Colombia en relación al ambiente de post-acuerdo esta enmarcado en el modelo de gestión fiscal, que en el marco de la Ley 1473 de 2011 de sostenibilidad fiscal contempla la llamada reducción progresiva del déficit estructural.

La posibilidad de construir la paz pasa por superar la talanquera que el gobierno colombiano impuso en los acuerdos, al sujetar los mismos al cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas (pág. 196 del Acuerdo Final), lo cual plantea un debate más de fondo y es la sostenibilidad en el largo plazo del modelo al que pretende darle continuidad la facción de clase dominante y por supuesto la compatibilidad de este con la idea de la paz estable y duradera.

La posible democratización de las ganancias de la prosperidad económica se hace borrosa con lo que en medio de un escenario de desaceleración de la economía se robustecen las bases estructurales que sitúan la política fiscal en función de la acumulación financiera y ubica a las capas medias y sectores empobrecidos de Colombia pagar los costos de la crisis por el modelo impuesto, nada más antidemocrático y en contra de un proyecto modernizador de sociedad.

En este escenario la construcción de la paz pasa necesariamente por la discusión no zanjada de la necesidad de un modelo económico y de gestión fiscal en función de un proyecto de sociedad menos desigual, condición necesaria para la democratización del país que es lo que se juega en la coyuntura económica y política actual.