México, como otros países de América Latina y una reducida parte del orbe, han tratado de avanzar políticamente para que se reconozca que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer sus derechos, sin distingo de su orientación e identidad sexual. La tarea no ha sido fácil. El pasado 17 de mayo de 2016, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el titular del poder ejecutivo de México, Enrique Peña Nieto, daba a conocer ante los medios de comunicación que el día anterior había enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley sobre matrimonios igualitarios. En forma sucinta, dicho documento planteó la necesidad de reformar el Artículo 4º Constitucional, así como aquellos artículos del Código Civil Federal con los que se relacionara dicha reforma, a fin de materializar como derecho humano que todas las personas mayores de edad (18 años en adelante), puedan contraer matrimonio civil, sin discriminación alguna.
Otros dos aspectos de la propuesta enviada al poder legislativo, tuvieron que ver con plantear que los jueces del registro civil expidieran actas de nacimiento –en los casos requeridos-- con nueva identidad de género e instaba a que la Cancillería mexicana, al emitir pasaportes, no dificultara el trámite si alguna acta de nacimiento exhibía «cambio de sexo», a través del nombre propio.
La cobertura que dio la prensa nacional fue amplia y se consideró que podría ser un valioso punto de inflexión en la cultura mexicana, pues se sabe que distintos grupos de la población se habían mostrado renuentes a que se avanzara en ese sentido. Si la iniciativa prosperaba, se daría cumplimiento, además, con un asunto de Derechos Humanos que desde hace tiempo se mueve a escala global y del que México ha sido uno de los países firmantes en el seno de la ONU.
Días después, en las calles de algunas ciudades del país, como parte de la expresión política, se llevaron a cabo marchas en las que representantes de grupos conservadores reclamaban al presidente Peña Nieto por intentar trastocar los valores fundamentales de la familia hegemónica, basada en la heterosexualidad y soportada históricamente por el sistema patriarcal, machista y en su mayoría, adscritos a creencias de raíz judeo-cristiana. En particular, representantes o voceros de la jerarquía católica lamentaron la iniciativa presidencial; otros grupos de derecha se sumaron inconformándose ante la propuesta. Es cierto que también hubo reacciones de apoyo a los matrimonios igualitarios, procedentes de universidades públicas, de algunos diputados de gobiernos estatales, así como de representantes de la comunidad LGBTTTI. Finalmente, el 8 de noviembre del mismo año, la iniciativa fue considerada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, «improcedente».
Esta iniciativa de ley, acerca del derecho a que personas del mismo sexo tuviésen acceso al matrimonio civil, a la adopción, al cambio de sexo o de género en documentos de identidad, así como al divorcio incausado y administrativo, irrumpió en un contexto que se estaba viviendo en el país --y lamentablemente continúa-- configurado por una serie de tristes fenómenos que no han dejado de formar parte de nuestra vida cotidiana en casi todo el territorio. Algunos de estos fenómenos, desde luego, no son de reciente manufactura como: el poder de la religión católica.
Lo que nos interesa es exponer cómo logró el poder de la iglesia católica mexicana hacer visible su fuerza y evitar que avanzara políticamente que en todo el territorio nacional el tema de los Derechos Humanos, relacionados con el acceso al matrimonio y divorcio sin discriminación por orientación sexual u otras causas; el derecho a la adopción que podrían ejercer las homoparejas, así como el derecho a la corrección o actualización de documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial para votar y pasaporte) para hacerlos concordar con la identidad de género que cada persona defina para sí, mediante el cambio, en dichos documentos oficiales, de denominación de sexo y/o de nombre.
