El diseño de Estándares Internacionales para legislar en pro de la Radiodifusión Comunitaria en América Latina publicado en 2009 por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos es una de las apuestas más acabadas en materia de democratización de la comunicación, el sistema de medios y por ende cómo se concibe la idea del Derecho a la Comunicación como un Derecho Humano, producto de una histórica lucha académica, intelectual y social que tuvo sus inicios desde la década de los setenta hasta la segunda década de los dos mil.
En ese sentido, los objetivos de la siguiente ponencia consisten en ofrecer un recorrido histórico que nos permita distinguir los alcances y límites en las diferentes etapas de incidencia política que han protagonizado las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para instaurar este nuevo derecho humano en la jerga jurídica internacional y que en esa propia trayectoria de lucha, las organizaciones se han constituido como el nuevo sujeto social que ha fortalecido al movimiento social en la lucha por la democratización de los sistemas mediáticos en América Latina.
Emprender este recorrido histórico intenta ser una herramienta analítica-histórica que facilite la comprensión sobre la estrategia internacional jurídica que ha orientado tanto la práxis política de las organizaciones como las directrices de los desafíos en el futuro.
Como segundo objetivo de nuestra reflexión es, contrastar la estrategia internacional latinoamericana delineada por las organizaciones de la sociedad civil que incidieron tanto en la identificación del problema y en la propuesta para el diseño de los Estándares Internacionales y analizar si estos fueron recuperados en las nuevas legislaciones de América Latina, abordando los casos específicos de Argentina y México.
La elección de los casos de Argentina y México se hizo bajo los siguientes parámetros, en el caso argentino porque hasta noviembre del 2015 su legislación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual No.26.522 se consideraba como una de las leyes más democráticas a nivel regional y mundial, en materia de radiodifusión. Siendo conscientes y atentos a los cambios registrados con la nueva administración (2015-2018), hemos visto que sus artículos cruciales referentes a la desconcentración de los medios han sido derogados así como su órgano regulador AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) que se caracterizó por tener un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual siendo un organismo que representaba a los tres sectores mediáticos públicos, privados y social-comunitario. A pesar de este episodio, que interrumpió un proceso incipiente de la lucha por la democratización de los medios en Argentina, es oportuno el análisis que nos proponemos.
En el caso mexicano, se eligió porque históricamente ha sido uno de los países de la región con mayor índice de concentración mediática y en los años 2013 y 2014 realizó significativas modificaciones constitucionales que aspiraban a la democratización de su sistema mediático, pero que en la legislación secundaria no ocurrió, contrariando a los estándares internacionales de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH.
Como podemos observar estamos frente a casos emblemáticos con similitudes y significativas diferencias, en ambos se observan matices que merecen ser explicados desde los alcances y límites que han tenido las organizaciones de la sociedad civil y cuáles han sido las lógicas de los gobiernos y de los conglomerados mediáticos y cómo las han enfrentado.
Analizar ambas experiencias nos servirá de insumos para seguir indagando en la complejidad del acceso al sistema de medios y las dificultades que esto conlleva para pluralizar las ideas y el mundo de opiniones frente a los discursos dominantes de los medios hegemónicos y también para analizar el tipo de organización social del nuevo sujeto colectivo para enfrentar nuevos desafíos, es decir, aunque existan los Estándares Internacionales no está siendo suficiente ante gobiernos con falta de voluntad política para cumplirlos y el consolidado afianzamiento de los conglomerados mediáticos.