Teóricamente, lo común se opone a lo privado y estatal, pero en la praxis histórica presenta formas híbridas que lo entrelazan de diversos modos con lo estatal y lo privado. La noción de los bienes comunes data de la antigüedad (Laval et al, 2015; Hall, 2014; Hardt et al, 2009) pero durante las últimas tres décadas ha venido siendo reconstruido y apropiado en nuevas formas históricas por diferentes movimientos sociales e investigadores/as. Principalmente, como una estrategia para comprender el rol de las comunidades, además del estado y sector privado, en la gestión de bienes de uso y propiedad común (Ostrom, 2000; Hall, 2014). Precisamente, en la literatura se distingue entre propiedad común (common property) y recursos de uso común (common-pool-resources). El primero es una forma de propiedad, el segundo una forma de gestión (Ostrom, 2000). Como indica Derek Hall en su análisis de la obra de Ostrom, “los comunes pueden ser vistos como una categoría particular de derechos de propiedad basada en propiedad colectiva en vez de estatal o privada, aunque hay superposiciones entre estas tres categorías. Los comunes pueden estar sin propietario y accedido por todos o apropiados por una comunidad y gestionado colectivamente. La propiedad puede también ser apropiada por un individuo o institución, pero puede estar abierto a otros para su uso bajo ciertas condiciones. Así, los comunes pueden estar privadamente apropiados pero abiertos a su uso por comuneros” (Hall, 2014: 6). En suma, lo común tiene imbricaciones empíricas complejas con lo privado y lo estatal.

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una revisión teórica de la literatura de los bienes comunes, específicamente de los bienes ambientales comunes, para luego aplicar dichos conceptos a un bien ambiental particular como es el agua, en un contexto singular como Chile, donde el agua fue privatizada y mercantilizada en dictadura a través de la Constitución de 1980 y Código de Aguas de 1981, década “húmeda” donde no había mayores problemas de escasez de agua en el país. No obstante, y a causa de la combinación de factores climáticos—una mega-sequía sin precedentes en el país que parte en 2010—y la radicalización del extractivismo neoliberal; el resultado es que más de 400.000 personas viven sin agua en el país, las que deben ser abastecidas por camiones aljibe financiados con fondos de gobiernos regionales y locales (Delegación Presidencial de Recursos Hídricos, 2015: 44; Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, 2015; Torres, 2016).

En respuesta a esta problemática configuración socio-ambiental, aproximadamente desde 2005 se observa que nuevos movimientos sociales y sujetos hídricos (Torres et al 2017) han emergido para defender sus derechos de acceso y control del agua, animando diversos conflictos socio- hídricos que se desarrollan en el país (Bauer, 2015). Mi argumento es que estas nuevas movilizaciones sociales por el agua son portadoras de un nuevo proyecto político: el proyecto de la hidro-modernidad de lo común, que se presenta como una alternativa concreta a la propiedad exclusivamente privada del agua en Chile. Se basa en una deliberación democrática para gestionar y apropiar colectivamente las aguas, buscando asegurar su sustentabilidad ambiental en el tiempo y el espacio, a la vez de construir relaciones socio- ecológicas igualitarias entre comunidades humanas y no-humanas (Bakker, 2007, 2010; Swyngedouw, 2015; Carrozza et al, 2016). Agua como un bien común incluye restaurar gradualmente las fracturas hidro-metabólicas del neoliberalismo hídrico (cf. Foster et al, 2010; Torres et al, 2018), “intentando re-anclar la actividad del sector privado dentro de la sociedad, a través de la reimposición de límites sociales sobre los mercados y empresas privadas” (Bakker, 2010: 139). De esta manera, en la hidro-modernidad de lo común el agua sería un bien público (public good), en contraposición a la hidro-modernidad neoliberal, donde el agua es una mercancía económica (economic good). Cuando el agua es un común, su gobernanza podría ser gestionada democráticamente entre el estado, comunidades, y privados (y sus alianzas), pero cuando el agua es exclusivamente mercancía de propiedad privada, su gobernanza es gestionada casi exclusivamente por corporaciones y el mercado (Bakker, 2010: 182). El paso de un modelo de gestión al otro es una construcción social. Por ello Bakker argumenta que la “propiedad no es un objeto fijo estructurado por la racionalidad económica, sino que es una relación social que puede evolucionar en el tiempo, donde diferentes instituciones y relaciones de poder se ponen en juego para ello” (Bakker, 2010: 174). Por ello, la hidro-modernidad de lo común también puede ser definida y proyectada como un “verdadero proyecto contra-hegemónico, [un] recordatorio que las relaciones de propiedad son sociales, no naturales, y que valores y relaciones sociales profundamente alternativos son completamente plausibles” (McCarthy, 2005: 16).En América Latina, también existe una creciente literatura sobre los bienes comunes (cf. Composto et al, 2014; Saidel, 2017).

En suma, el objetivo de esta ponencia es poner en discusión la creciente literatura de los bienes ambientales comunes, poniendo énfasis en cómo estos están siendo despojados de las comunidades y ciudadanía, a la vez que estos mismos procesos han encontrado férrea oposición desde diversas fuerzas sociales, ambientalistas y activistas en el mundo y particularmente en América Latina, con foco en la privatización del agua y los crecientes movimientos sociales que buscan evitar que el agua sea privatizada, en tanto que otros, como el movimiento por el agua chileno, busca recuperar este bien ambiental común esencial privatizado en dictadura.