En Colombia, la política económica de los recientes gobiernos se ha centrado en el extractivismo como motor del crecimiento económico; los TLC, la concentración de la tierra y demás condiciones institucionales que descampenizan la ruralidad, son una suerte de complemento perfecto para tener éxito en la cruzada de convertir al país en potencia minera, petrolera y agroindustrial, principalmente a través de la inversión extranjera. Concretamente, la Inversión Extranjera Directa se ha incrementado en un 497.04% en 15 años desde el 2000; solamente el sector de la minería y el petróleo representó en promedio el 49,5% de esa inversión durante los últimos 6 años (Procolombia, 2016).

El proyecto minero La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido tal vez uno de los más polémicos proyectos mineros en Colombia, pues su dimensión le alcanza para entrar en la lista de los más grandes de Sudamérica y el mundo. Una mina a cielo abierto, que se propone extraer cerca de 29 millones de onzas de oro para el 2020 y comprende una extensión aproximada de 515,75 Ha. sobre las montañas de Cajamarca, afectando éste y otros municipios circundantes en el departamento de Tolima. Las implicaciones previstas por la ejecución de La Colosa, van desde el gasto desmedido de agua y la contaminación sucesiva de las fuentes hídricas, pasando por la pérdida de medios de subsistencia agrícolas (Colombia Solidarity, 2011), hasta la posible afectación del sistema de páramos Los Nevados (El Espectador, 2014).

De acuerdo con la información brindada por Colombia Solidarity (2013), desde 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, diversos grupos sociales del departamento del Tolima emprendieron la búsqueda de mayor información sobre el proyecto La Colosa con el fin de denunciar las irregularidades que acompañaron su etapa inicial. Progresivamente creció una movilización conformada por campesinos, estudiantes, sindicalistas, habitantes de la ciudad de Ibagué, Piedras y Cajamarca, que empezaron a constituirse como un movimiento de oposición a La Colosa. Diversos procesos de organización y movilización se dieron en este contexto, siendo el espacio más visible la Marcha Carnaval que todos los años reúne a miles de personas en torno a la manifestación de una idea, mediante comparsas, pendones y canciones: “que la minería representa una seria amenaza al sistema hídrico de la región, que la biodiversidad vale más que el oro, que la producción alimentaria está en riesgo, que la agricultura es la vocación del departamento y que no desean la presencia de Anglo Gold en su territorio” (Colombia Solidarity, 2013).

El desarrollo de nuestra investigación iniciada en 2017 nos permitió reconocer la existencia de una organización de segundo nivel que articulaba a distintas organizaciones e individualidades, en un comité que dinamizaba una agenda conjunta de movilización y cumplía una función de representatividad del movimiento social que se articuló alrededor del rechazo a La Colosa. Esta organización se llama Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV) y teniendo en cuenta lo que el movimiento ambientalista del Tolima ha conseguido y el nivel de movilización al que han podido llegar, nos interesa poder comprender la manera en que se ha podido construir un horizonte de sentidos compartidos y unos nivele de articulación propicios para la ejecución de acciones diversas que dan dinamismo a la estructuración del proyecto político alternativo al hegemónico con el que se enfrentan en el conflicto de la Colosa.

Identificamos al CADV como sujeto colectivo y de allí enmarcamos su accionar dentro del debate de la acción colectiva retomado por Martín Retamozo, con base en Enrique de la Garza, que la concibe como un proceso móvil que articula elementos heterogéneos para revestir de significado a situaciones particulares (dar sentido). Ahora, el dar sentido se lee aquí como un proceso de movilización de códigos los cuales permiten una configuración particular y el desarrollo de ciertas acciones. Ello genera una toda una experiencia y unos significados comunes que van desde lo cognitivo hasta lo estético, y que permiten un diálogo amplio y un proceso de organización con ciertas banderas reivindicativas, posibilitando la creación de ciertas subjetividades particulares las cuales logran articularse en una subjetividad colectiva entendida como el proceso de resistencia contra la minería.

Lo anterior también se debe a que la experiencia común, entendida como subjetividad, procesa dichos significados –la cultura política en torno al cuidado del medio ambiente– articulándolos en configuraciones particulares que dan cuenta de alguna manera de experiencias comunes –subjetividad colectiva– para dar sentido a acciones concretas; estas pueden reproducir el orden social dominante, o como ocurre en Cajamarca, construir espacios para la creación de nuevos órdenes a partir de códigos subalternizados en la cultura. Ello genera en últimas un cambio tanto en la cultura política de los habitantes de esta zona, expresado en la forma en que se apropian de los elementos culturales y le dan sentido a estos, a partir de su propia historia como grupo traducido en formas de organización y resistencia.

En ese sentido, creemos pertinente abordar el fenómeno de La Colosa desde una perspectiva teórica que centre su análisis en la subjetividad (colectiva) y logre posicionarse teórica y metodológicamente más cerca al ejercicio de las teorías de la agencia, desde donde creemos puede ser más rico e íntegro el análisis. Es por ello que decidimos tomar a Retamozo (2009) quien propone una construcción teórica y epistémica que pueda dar cuenta de la relación entre orden social y acción colectiva a partir de la incorporación de la categoría de subjetividad (colectiva) en perspectiva de movimientos sociales, con el fin de discutir elementos teóricos como los sentidos, la voluntad colectiva, la decisión, entre otras.

Ahora, si se hace una revisión de antecedentes teóricos en lo que respecta al problema del vínculo entre estructura y acción, se encuentra el gran reto de plantear una categoría de subjetividad que logre articularse de forma precisa con los conceptos ya nombrados, sin tampoco caer en teorías del voluntarismo. En ese sentido es que los aportes de Retamozo, al introducir la definición de subjetividad que toma de De la Garza (1991,2001) la cual básicamente expresa que ella se debe entender como una configuración que a su vez permite ser concebida como un proceso móvil que articula elementos heterogéneos para revestir de significado a situaciones particulares (dar sentido). Ahora, el dar sentido se lee aquí como un proceso de movilización de códigos los cuales permiten una configuración particular. En este sentido es posible la repetición de configuraciones (identidades sociales) y nuevas configuraciones a partir de incorporación de códigos nuevos. De tal forma, tendríamos que nuestro sujeto ontológico es el individuo de Cajamarca, enmarcado en un proceso histórico de lucha y resistencia en torno a los recursos naturales. Ello genera una toda una experiencia y unos significados comunes que van desde lo cognitivo hasta lo estético, lo que permiten un diálogo amplio y un proceso de organización con ciertas banderas reivindicativas, posibilitando la creación de subjetividades particulares las cuales logran articularse en una subjetividad colectiva entendida como el proceso de resistencia contra la minería.

Dicha configuración –de la subjetividad– la cual toma nuevos elementos alrededor de la disputa por el territorio bajo una lectura ambientalista, cimenta una nueva configuración tanto de la subjetividad como de las relaciones sociales. Además, como lo muestra Retamozo, hay también una disputa al interior de esa configuración entre los elementos que la componen, en donde se presentan unos códigos que adquieren primacía sobre otros subalternizados. En ese sentido, hablamos de que de la experiencia común en Cajamarca en torno al extractivismo, que deriva en un proceso de organización, logra interpelar a tal punto el sentido común de la gente, que permite subvertir la lógica de los elementos que priman en la configuración de la subjetividad de lo que llamaríamos el sujeto neoliberal, pasando a una suerte formación y configuración subjetiva de un nuevo actor social con banderas políticas en donde lo que prima, dentro de esta suerte de combinación, ya no es el bienestar personal y económico sino el bienestar común expresado en lo ambiental, su preservación, reivindicaciones y luchas.
Esto puede evidenciarse, no solamente en la percepción que las personas que integran el CADV expresan en las entrevistas, al plantear que su lucha trasciende el mero rechazo a la ejecución del proyecto de La Colosa, sino que pretende plantear la necesidad de una nueva forma de relacionarse con el ambiente, de tener una incidencia institucional con la realización de Consultas Populares -tal como la que se llevó a cabo en 2017 en Cajamarca, Tolima- que vetan la extracción en la región involucrada, con la realización de una pedagogía ambiental que influya en la cotidianidad de las comunidades del Tolima como lo han logrado ya y por último, establecer una práctica organizativa que propenda por una cultura política distinta al interior de la sociedad tolimense y colombiana, propendiendo por la máxima de la democracia y la administración popular de los bienes comunes. Y en ello, su propia estructura organizativa es ejemplo.