En el presente trabajo buscaremos abordar algunos de los problemas, tensiones y descontentos que surgen en torno al traspaso de la Policía Federal Argentina. El 18 de enero del año 2016, se aprueba el convenio de transferencia progresiva entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la última asume “todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Convenio 1°/16, Resolución Nº 298/LCBA/015). Este proceso finalizó el 17 de noviembre de ese mismo año cuando la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona la Ley N° 5688 que da origen al Sistema Integral de Seguridad Pública y, con él, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (PC). Esta nueva policía dependerá del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
El traspaso y la creación de una nueva fuerza de seguridad se sustentan en la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en la reforma constitucional de 1994, y concretada dos años después cuando la Ciudad dicta su propia Constitución. En ella, la Ciudad consagra formalmente su autonomía, la cual incluye gestionar su propio servicio de seguridad pública. Sin embargo, la Ley 24.588 que reglamenta los alcances de la autonomía de Buenos Aires y el traslado de funciones de la jurisdicción nacional a la jurisdicción local, conocida como “Ley Cafiero” debido al apellido del senador que realizó el proyecto, establecía que la Policía Federal Argentina (PFA) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, continuaría siendo la encargada de proteger a las personas y bienes en la ciudad, y que si la Ciudad deseaba crear un organismo de seguridad propio debía solicitar autorización al Congreso Nacional. En 2007 Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño e impulsó una reforma a la "Ley Cafiero", sancionada con amplio apoyo, para permitir que la Ciudad de Buenos Aires asumiera la policía de seguridad “en todas las materias no federales”. Un año más tarde, puntualmente el 28 de octubre de 2008, la Ley 2.8942 de Seguridad Pública sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires crea la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (PM). Allí se inició el camino de la Ciudad hacia la gestión de su propia seguridad.
La PC está compuesta por una parte de los miembros de la PFA, la totalidad de los miembros que conformaban la PM y el personal que se forma en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) para incorporarse a esta nueva fuerza. Respecto de la PFA el convenio de traspaso contempla que será transferida la superintendencia de seguridad ciudadana casi en su totalidad, se trata de entre 17.000 y 19.000 efectivos que representan cerca de la mitad de los miembros de dicha fuerza. La PM contaba con tres comisarías comunales: una en la Comuna 4 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca), otra en la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra) y la tercera en la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar) y estaba compuesta por 4500 efectivos policiales. Del ISSP egresaron 800 nuevos agentes en 2017 y en 2018 comenzaron su capacitación 1980 cadetes por lo que se espera que a fin de año haya 2780 funcionarios exclusivamente formados para la nueva fuerza de la Ciudad .
La creación de una nueva fuerza permitió al gobierno hablar de renovación de la policía, buscando así elevar los índices de confianza en la institución policial. De acuerdo con el discurso oficial la PC estará basada sobre principios novedosos: gobierno civil, cercanía, participación ciudadana, prevención, innovación, eficacia y eficiencia, trasparencia, desburocratización e información estadística confiable .
La creación de esta nueva fuerza aunando dos que ya preexistían, con sus respectivas tradiciones, símbolos, formas de organización e idiosincrasias no estuvo exenta de problemas, tensiones y descontentos. Sobre todo por parte de aquellos funcionarios provenientes de la PFA, cuyos orígenes se remontan - según sus historiadores - a la etapa colonial temprana. Durante la segunda fundación de Buenos Aires Juan de Garay designa el Cabildo formado por dos alcaldes ordinarios y seis regidores, de los que dependía la función policial. Además, los miembros de esta institución tienen gran apego por uno de sus símbolos distintivos presente en el escudo y uniforme de la institución: el gallo. Símbolo de alerta y vigilancia la aparición de esta imagen en relación con la institución surge con el sello que el 15 de febrero de 1822 proyectó el primer jefe de la Policía, Joaquín de Achaval. Fue ideado para usarse en los pasaportes hacia el exterior e interior, licencias y demás documentos expedidos por la Jefatura. El sello funcionaba, además, como una medida de seguridad para evitar adulteraciones en la documentación firmada por el Jefe. Toda esta construcción identitaria de la PFA vuelve complicada la asimilación a la nueva policía, además las tradiciones son siempre un recurso al cual recurrir cuando hay que incorporar nuevas condiciones de trabajo.
La disconformidad de los miembros de la PFA traspasados quedó de manifiesto en varias oportunidades. A fines de septiembre de 2016, durante un acto de entrega de diplomas para policías federales que terminaron un curso de actualización profesional en el Instituto Superior de la Policía Metropolitana, cuando habló Guillermo Calviño - que se desempeñaba como jefe de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires - una agente reclamó: "Yo quiero volver a mi provincia y quiero ser escuchada" . El 5 de octubre de ese mismo año, el mismo día que el jefe de gobierno porteño Larreta presentaba a la PC en el ISSP, hubo una manifestación frente al Departamento Central de la PFA en el que policías retirados y familiares del personal policial se congregaron para rechazar el traspaso. Luego, en abril de 2017, el ministro de seguridad porteño mantenía un encuentro con un grupo de Policías de la Ciudad pero tuvo que retirarse ante de un duro reclamo de los funcionarios por falta de recursos y respuestas . Durante los primeros meses del 2018 por las redes sociales circuló un video de 9 minutos de duración, denominado “Quiero volver a la PFA”. Allí, un ex agente de la PFA solicita su reincorporación a la fuerza y la de todos los traspasados. El archivo consiste en la recopilación de videos caseros de hombres y mujeres, algunos con sus hijos, otros solos, algunos con uniforme y otros vestidos de civil, reclamando volver a la PFA . Por último, el 26 de marzo un grupo de policías se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura porteña para rechazar su traspaso a la Policía de la Ciudad .
Pero centrémonos ahora en cuáles son los reclamos de los funcionarios de la PFA traspasados. Primero, existen algunas demandas por donde quedarán destinados los funcionarios. Algunos policías provenientes del interior del país que se unieron a la PFA tienen la esperanza de poder trabajar en sus provincias de origen, cerca de sus familias. Posibilidad que quedará descartada al ser traspasados y tener que prestar servicio en el ámbito de la CABA. Otro punto que genera malestar es que los miembros de la PFA temen perder su caja de retiro, que es un beneficio muy preciado en la fuerza. A ella aportan los efectivos activos y retirados y pueden acceder a la jubilación con 10 años de servicio ininterrumpido, si cumplen con la edad. También hay conflicto en torno a la obra social: los funcionarios de la PM contaban con una cobertura de salud privada (OSDE), mientras que la PFA cuenta con una mutual policial, que depende de la Obra Social autónoma de la fuerza. Los efectivos se atienden en el hospital Médico Policial Churruca y no quieren perder estos beneficios. El horario de trabajo también representa un problema. La PM tenía un régimen laboral de 8 horas y no contaba con la posibilidad de realizar adicionales , mientras que los funcionarios de la PFA trabajan 6 horas y las tareas que cumplen por fuera de este servicio ordinario representan una parte importante de sus ingresos. Por último, también hay gran malestar en cuanto al ordenamiento jerárquico de esta nueva fuerza de seguridad, que debe contemplar el escalafonamiento de los funcionarios provenientes de la PM y la PFA. Los funcionarios de esta última fuerza, principalmente los que revistaban como suboficiales u oficiales subalternos, consideran que en el nuevo escalafón quedan equiparados con funcionarios provenientes de la PM con menos antigüedad y experiencia .
Pareciera que la disconformidad de los funcionarios de la PFA traspasados, que no solo tiene que ver con los derechos y condiciones laborales que se pierden o modifican con esta transformación institucional sino también con un sentido de pertenencia muy arraigado a la fuerza de origen, se impone a las restricciones legales y morales para reclamar. A los funcionarios policiales, tanto a los de la PFA como a los de la PC, se les impide normativamente participar en actividades políticas, partidarias o gremiales y desempeñar funciones públicas propias de cargos electivos. Entre otras cosas, los policías no pueden formar parte de una organización sindical, dado que no pueden reivindicar derechos colectivos. Pero además, debemos tener en cuenta que se trata de instituciones verticales y jerárquicas en donde el cumplimiento de las órdenes de los superiores sin cuestionamiento es altamente valorada.
Nos proponemos abordar las manifestaciones públicas de descontento por parte de los miembros de la PFA traspasados a la PC, que tienen más tradición de reprimir manifestaciones colectivas que de peticionar colectivamente y se ven ahora interpelando ellos al poder político. A tal fin realizaremos entrevistas y observaciones en las distintas acciones de protesta y un seguimiento de la aparición de estos eventos en medios masivos de comunicación.