Esta ponencia analiza el papel de los movimientos sociales en las disputas sobre los efectos del desarrollo en América Latina y Caribe, con foco en las luchas contra el extractivismo. En efecto, el campo del desarrollo es un espacio de construcción y debate en el que los movimientos sociales del Sur han tenido un papel importante, creando e imaginando no solo alternativas de desarrollo, sino también al desarrollo capitalista, uniendo creativamente la teoría y la práctica política (Bringel e Echart, 2017).
Para ello, se analizó el modelo de desarrollo extractivista imperante en América Latina y Caribe, mostrando sus efectos sobre la naturaleza, los territorios y las personas, principalmente mujeres, indígenas y afrodescendientes (GRISUL, 2018), para posteriormente analizar como estos colectivos resisten a ese modelo de desarrollo. Como modelo económico primario-exportador, el extractivismo, tanto en su versión clásica como en la neodesarrollista -que incluye un mayor control estatal y programas sociales para limitar sus efectos nocivos-, continua siendo adoptado por gobiernos de diversa tendencia ideológica –que ven en él la fuente mas importante de recursos para financiar sus políticas-, mientras es contestado y rechazado de forma masiva por aquellas/os que sufren directamente sus consecuencias (Porto-Gonçalves, 2008; Gudynas, 2017; Svampa, 2017).
El extractivismo se basa en la conquista y control de los territorios donde se desarrollan sus proyectos, generando importantes conflictos sociales que denuncian el aumento de las tasas de deforestación y contaminación de los territorios por actividades mineradoras o agrícolas a gran escala, con impactos directos sobre las economías locales y a los medios de supervivencia, pero también la salud de los habitantes, la seguridad alimentaria y la conservación del habitat y de las culturas tradicionales. A título ilustrativo, la explotación de minas de oro fue responsable por destruir cerca de 1.680 km² de florestas tropicales en el período 2001-2013 (Álvarez; Mitchell, 2015). Y no hay que olvidar que, como señala Oxfam (2016: 52) una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas.
Estos colectivos, sin embargo, no pueden ser considerados únicamente como afectados pasivos de los proyectos extractivistas, por lo que esta investigación enfatiza sus luchas, así como los procesos de criminalización que sufren y las alternativas que construyen, entendiendo que su oposición explícita al avance de este modelo los convierte en agentes esenciales para entender los rumbos del desarrollo en la región. La importancia hoy de entender las consecuencias de este modelo de desarrollo son claras, en la medida en que estas luchas sociales se enfrentan a un escenario cada día mas preocupante de violación de los derechos humanos, debido a la creciente criminalización de la resistencia, que trata de silenciar las voces criticas y opositoras. Según Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es hoy la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente: en 2017, tres de cada cuatro asesinatos de defensores de derechos humanos ocurren en las Américas, de los cuales 41% luchaban contra proyectos extractivistas o defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. Destacan, por el nivel de peligrosidad países como Brasil (con 46 asesinatos), Colombia (32), México (15) o Perú (6) (Global Witness, 2017).
Para esta investigación se realizó un mapeo de estas luchas a partir de un banco de datos con más de 250 conflictos socio-ambientales en torno a la minería en América Latina, desarrollado por el Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL) de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO), para mostrar sus impactos en diversas dimensiones (como medio ambiente, género, territorios indígenas, desplazamientos de población, entre otros). Se utilizó para ello como una de las fuentes principales la base de datos del Environmental Justice Atlas (EJATLAS), una plataforma que reúne 2.390 conflictos socio-ambientales globales en el período 1970-2018.
Más allá de mapear estas y resistencias luchas que denuncian los impactos de ese modelo de desarrollo, en esta ponencia mostramos también su tentativa de construir alternativas que, aunque puedan parecer locales, se multiplican y se articulan por el territorio latinoamericano, como parte de una resistencia más amplia al extractivismo dominante en la región, pudiendo ser vistas, no como acciones aisladas, sino como expresiones de un movimiento transnacional denominado Ecologismo de los Pobres o Movimiento por la Justicia Ambiental (Martínez Alier, 2007), que contesta el modelo de desarrollo hegemónico -modernizador, neoliberal, estado-céntrico, patriarcal, extractivista-. Apuestan por iniciativas emancipadoras, de ruptura con el capitalismo, de búsqueda de nuevos modos de vida que respeten la experiencia y el protagonismo de las comunidades locales, así como su autonomía a la hora de definir su identidad, su forma de acción colectiva y sus espacios de producción de saberes que disputan los sentidos del desarrollo.