La ponencia que se presenta expone el trabajo realizado por el centro de investigación para la educación Inclusiva en la línea: Ciudadanía y Educación. El itinerario de contenidos de la presentación comienza con el análisis crítico de los documentos curriculares oficiales que emanan de las políticas educativas chilenas, en torno a la formación ciudadana en la escuela. La labor de análisis desarrollada nos conduce a relevar y discutir el concepto de ciudadanía y la formación ciudadana al interior de los establecimientos educativos, desde diferentes aproximaciones filosófico-políticas, que entran en tensión y contradicción con el discurso normativo que emerge de los documentos educativos oficiales ministeriales en Chile.
A comienzos de los años 90 -una vez iniciada la restitución de la democracia- el Ministerio de Educación Chilena (MINEDUC) desarrolla un conjunto de cambios en el currículum prescrito, orientados a visibilizar la educación para la ciudadanía, con el objetivo de volver a situar contenidos y valores democráticos negados y silenciados durante la dictadura de Pinochet, así como también, actualizar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales conforme a los cambios y las nuevas tendencias que ocurrían a nivel mundial (Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz y Varas, 2004; Gysling, 2007; Magendzo, 2008).
Desde la recuperación de la democracia, el currículo escolar chileno -en general, y aquel vinculado a los contenidos de formación ciudadana en particular- se ha redefinido tres veces (Mardones, Cox, Farías y García, 2014).
El primer cambio ocurre bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) e implica reformar el currículo de enseñanza básica o primaria (1996) y enseñanza media o secundaria (1998).
El segundo cambio se lleva a cabo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y corresponde al ajuste curricular del año 2009, en respuesta -se plantea- a las orientaciones formuladas por la Comisión de Formación Ciudadana que convoca el MINEDUC el año 2004.
El tercer cambio lo constituye la definición explícita de un eje de formación ciudadana en las Bases Curriculares de Historia, Geografía y Cs. Sociales desde 1° básico (educación primaria) hasta 2° medio (educación secundaria). A las modificaciones curriculares señaladas, se añade la promulgación de la Ley 20.911 del año 2016 (que crea el Plan de Formación ciudadana para todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado), y propone la creación de una asignatura de Formación Ciudadana, que comenzará a impartirse en los colegios el año 2019 para 3° y 4° medio -dos últimos niveles educativos de la enseñanza secundaria-. Dichos cambios curriculares han involucrado nuevos contenidos, habilidades y actitudes necesarias, así se afirma, para desarrollar sujetos ciudadanos que, además de saberes, posean las disposiciones y capacidades que requiere una sociedad y un sistema democrático de gobierno (Vallejos, 2016).
En síntesis, tras la aprobación de la nueva Ley General de Educación (2009) y la creación de nuevos instrumentos curriculares, el actual currículum prescrito sobre formación ciudadana es en comparación al de décadas anteriores mucho más completo, claro, consistente y denso (Cox, 2016). Por su parte, la Ley 20.911, que promueve valores cívicos y ciudadanos, enfatiza -manteniendo a su vez principios y postulados previos- la idea de que el aprendizaje de la ciudadanía en la escuela no ha de quedar capturado por una asignatura, sino que ha de desarrollarse en toda la trayectoria, los espacios y la experiencia escolar. La formación ciudadana, pues, no ha de reducirse al aprendizaje de conocimientos cívicos, sino que debería transformarse en una vivencia cotidiana en el espacio escolar, a partir de las acciones ideadas o declaradas en cada proyecto educativo institucional (MINEDUC 2016).
Ahora bien, no obstante constatarse avances en el currículo prescrito de educación ciudadana, estos no encuentran su correlato y coherencia con la cultura escolar y con el mundo de la vida de los estudiantes, más aún de aquellos marginados y subsumidos en la pobreza en un país altamente segmentado en su tejido social, con enormes brechas de desigualdad (Redon, 2010; Redon, Angulo y Vallejos, 2015; Redon, 2016). Según lo confirma la OCDE (2018), Chile es uno de los países con mayor desigualdad social. Las declaraciones ministeriales curriculares respecto del derecho y de los valores cívicos que deben guiar y dar sustento a la formación ciudadana de los estudiantes se desdicen y contradicen, en vidas precarias de biografías dañadas, en las que la cotidianidad les recuerda a aquéllos que no tienen Derecho a tener Derechos. (Redon 2010; Redon, Angulo y Vallejos 2015). La fractura entre el currículo oficial, la cultura escolar y su correlato con la vivencia de los estudiantes muestra lo falaz y frágil que pueden resultar los discursos, los decretos y las normas, disociados de la vida, sin sentido para los estudiantes.
La arquitectura del dispositivo educativo en Chile en el currículo de formación ciudadana, si bien ha tenido avances prescritos y paradigmáticos, sigue apresada y reducida en una visión normativa, unívoca y con énfasis liberal de la ciudadanía, donde el acento está puesto en la lógica de derechos y deberes individuales, en desmedro de formas de sociabilidad colectiva, en el marco de un modelo mínimo de democracia representativa, lo que se erige como una perspectiva limitada y limitante en el avance de una ciudadanía participativa, dialogante y deliberativa. Ello se evidencia en la ausencia por el sentido de “lo común” como potencia y práctica instituyente de construcción de comunidad reivindicadora de los derechos sociales y por supuesto los Derechos Humanos. La escisión profunda entre lo encapsulado por el currículo y lo que acontece en el mundo de la vida como práctica instituyente de lo político en oposición a lo declarado, muestra la disociación y ambivalencia tan propia de la política actual.
La política pública educativa en formación para la ciudadanía tiende a mantener el statu quo como reproducción de lo instituido, conforme una democracia representativa que por momentos se obnubila en populismos que la interpelan, y por otros se anquilosa en un gobierno que se doblega al sistema capitalista neoliberal. Una democracia que perdió su sentido al olvidar que el poder constituyente radica en la soberanía popular y no en representantes que no representan el sentir auténtico de su pueblo. Las políticas educativas no están pensadas para emancipar, transformar, de-construir y visibilizar la paradoja de sus promesas y declaraciones en el currículo de formación ciudadana. No hay que olvidar que la educación es en sí misma política, al trasmitir una idea y unos valores respecto a la sociedad y el sujeto que se desea construir, por tanto, la formación para la ciudadanía no es otra cosa, que el corazón de la educación misma, en sus dimensiones teleológicas, axiológicas y de sentido.
Es precisamente desde una posición crítica el objetivo de la línea de investigación Ciudadanía y Educación, en el marco del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, para disputar espacios contra hegemónicos a la perspectiva predominante; y desarrollar una propuesta de investigación y acción que estimule y visibilice la emergencia de otros modos de concebir y vivir la ciudadanía, acordes al propósito de generar transformaciones sociales, desde (y con) las propias comunidades educativas, contribuyendo a la construcción de conocimiento y apostando a la incidencia en política pública.
Lo anteriormente señalado nos conduce al deseo por exponer, la necesidad por avanzar hacia una educación para la ciudadanía que se base teórica y metodológicamente en el concepto ampliado de lo político, como lo común, aludiendo al horizonte de sentido educativo por construir una sociedad con mayor justicia social, en el marco del imperativo de inclusión de los distintos actores que quedan al margen del ejercicio de derechos.