Estado laico y religión: cuando la razón pública sede ante la moral religiosa

Es indudable que vivimos en un mundo en el que las sociedades son plurales, heterogéneas y se caracterizan, entre otros motivos, por la existencia de diversas creencias religiosas. El Estado laico que inició con la Modernidad permite el libre ejercicio de esos credos religiosos. Por su parte, la filosofía moral concibe a la ética laica o secular como aquella que se basa únicamente en facultades humanas y acoge a una gran variedad de sistemas morales y éticos; no deriva de una revelación o guía sobrenatural que es la base de la moral religiosa. La ética secular, por lo tanto, es desarrollada en cada estado de acuerdo con las exigencias del bien común; mientras que es necesario que la moral religiosa se limite al ámbito de lo privado, en pacífica coexistencia.
Uno de los rasgos del laicismo como derivación de la ética secular es que mantiene la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión o religiones. La transmisión y enseñanza de estas últimas se localiza en el ámbito privado; el Estado debe proteger la libertad de religión al ser la expresión de un derecho individual, en tanto que las faltas a la moral religiosa no deberían tener trascendencia política. Esta doctrina se basa, entre otras razones, en la importancia que gran parte de la comunidad ha dado a la religión; es decir, por la trascendencia que tienen los credos religiosos en la vida de los seres humanos. Principios como la solidaridad o la fraternidad han sido la base a partir de la cual se han construido pilares fundamentales de la sociedad, entre ellos, la concepción misma de los derechos humanos que tienen una influencia notoria del cristianismo, aunque luego ésta, con el pasar del tiempo, se pierda de vista.
Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de que la religión, en sentido amplio, ha vuelto a ganar protagonismo en las decisiones del Estado o, en ciertas sociedades y culturas, no se ha logrado superar la confusión entre esos dos tipos de ética -secular y religiosa-, dando lugar a decisiones políticas que no atienden a la diversidad de pensamiento y al respeto a las decisiones individuales.
En algunos países de Europa, por ejemplo, se han profundizado las tensiones entre el laicismo y el fundamentalismo islámico que cuestiona valores occidentales de larga tradición. En América Latina el fenómeno adquiere otras características por la irrupción de las iglesias evangélicas protestantes que han adquirido mucha mayor presencia política porque han creado alianzas con los partidos conservadores a lo largo de América, desde Estados Unidos, México, hasta Costa Rica, Brasil, Perú, Chile, dando un nuevo impulso y nuevos votantes a las causas conservadoras.
En Ecuador, por ejemplo, en 2012 el gobierno ordenó que se retiren las imágenes religiosas de los hospitales públicos al considerar que vulneran la separación entre iglesia y Estado, uno de los rasgos esenciales del Estado democrático de derecho. En 2014, el mismo gobierno, impidió con veto parcial que el Legislativo amplíe los motivos de justificación del aborto, manteniendo las mismas causales contempladas desde hace décadas en el Código Penal, con el argumento de que su despenalización reñía con los valores cristianos del presidente de la República. La primera decisión fue cuestionada por la mayoría de la ciudadanía de religión católica; en últimas, la existencia de espacios destinados a la oración en los hospitales públicos, servían de refugio y consuelo para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad. La segunda decisión fue apoyada por esa misma mayoría que mira al aborto como la transgresión al derecho a la vida de los no nacidos.
Este fenómeno se complejiza porque el uso deliberado de las creencias religiosas en la política amenaza, como no lo hacía desde hace tiempo, con traducirse en normas y políticas perfeccionistas, es decir, aquellas que definen, en nombre de la religión, lo que es «bueno» para un individuo con independencia de lo que el mismo individuo piense al respecto, atentando, de esta forma, contra su libertad y autonomía. Este contexto mostraría que la ética secular se ve superada por la moral religiosa; la política siente necesidad de ligarse a la religión, algo que se creía superado con la Modernidad.
¿La religión debe ser la base moral de la política? ¿por qué la ética secular debería serlo? ¿es posible gobernar sin considerar las creencias religiosas de la ciudadanía? ¿Es conveniente hacerlo? Estas y otras preguntas en torno a la mayor o menor incidencia de la religión en la formulación de políticas públicas y decisiones legislativas es la base de esta ponencia, en la que se abordan las tensiones y coincidencias entre religión, ética laica y política.