A partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, en donde parte del maritorio de Colombia le fue concedido a Nicaragua, el gobierno colombiano se ha dedicado a desarrollar una serie de medidas e inversiones agrupadas en lo que se llama el “Plan Archipiélago”, supuestamente encaminadas a compensar a la población local por esa pérdida. La ponencia se propone demostrar cómo esa intervención, especialmente la que se propuso como meta el desarrollo del turismo, ha tenido efectos nefastos tanto sobre los frágiles ecosistemas, como en una mayor pérdida de territorio y autonomía de sus habitantes, lo que conduce a disminuir en el largo plazo las posibilidades de alcanzar un Buen vivir para raizales y residentes de las islas.
En la ponencia se maneja la hipótesis de que los avances de preservación del Archipiélago que se lograron en la Constitución de 1991 y con la declaratoria de Reserva de Biosfera Sea Flowers en el año 2000, retrocedieron a partir de los efectos del fallo ya mencionado de la Corte Internacional de Justicia en 2012. No es el bienestar de la población local lo que se ha buscado sino la apropiación privada de los ecosistemas y la expansión del capitalismo transnacional representado en la cadena de hoteles Decameron, Sol Caribe, On Vacation y otras y el enriquecimiento de las líneas aéreas (tanto las de bajo costo como las de tarifas corrientes).
Se tomará como contexto las disputas y litigios que se dan en el Caribe occidental por el mar, no solo en décadas atrás sino otros más recientes. En efecto, otro fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, esta vez del 2 de febrero de 2018, sentenció que Costa Rica tiene soberanía sobre el norte de la Isla Portillos, ordenó a Nicaragua desmantelar el campamento militar que había establecido en un banco de arena de esa zona fronteriza, y mantuvo la soberanía nicaragüense sobre el humedal Harbor Head Lagoon, ubicado a unos cientos de metros al sureste de ese banco de arena. La sentencia aceptó la reclamación nicaragüense para que las islas Corn Islands, o Islas del Maíz, fueran tenidas en cuenta en la delimitación marítima entre ambos Estados y rechazó la pretensión de Costa Rica de que fueran descartadas, pero al final la evaluación de los diplomáticos costarricenses es que su país gana 10.000 k2 en el mar Caribe y con otro fallo del mismo día, debe recibir una compensación económica de cerca de 380 mil dólares por parte de Nicaragua por este país haber violado su soberanía, haber construido un campamento militar en Isla Portillos y por dragar varios caños y canales cercanos al río San Juan.
Esto nos muestra la intensidad de las disputas que se viven en el Caribe occidental por los recursos del mar que algunos ven como fuente de extracción de petróleo y otros minerales, otros como fuente de explotación turística y muchos más como espacio de transito del narcotráfico internacional, siendo este uno de los factores que más incide en la securitización del área, como lo han evidenciado Inge Valencia (2016) y Silvia Mantilla (2011) en sus investigaciones sobre el tema.
Solo comunidades como la de San Andrés y Providencia están dispuestas a hacer cumplir el mandato de mantener una parte de ese mar como Reserva de Biosfera Sea Flowers, lo que se ve favorecido por el pronunciamiento de otra corte, esta vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó una Opinión Consultiva en respuesta a la consulta realizada por el Estado de Colombia sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal.
En síntesis, el 15 de noviembre de 2017 ese Tribunal reconoció “la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos”. Así mismo, destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, pues el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio.
Se considerarán las equivocaciones de Colombia en la defensa del maritorio, las nefastas medidas del gobierno Colombia como haber establecido la meta de hacer llegar un millón de turistas al año que se superó en 2017 y darle un subsidio de $1.800.000 a los pescadores por 6 meses en lugar de aprovisionarlos de elementos de trabajo o garantizarles seguridad social permanente, se levantaron las restricciones que existían para nuevas construcciones y se otorgaron becas a estudiantes en universidades privadas. También como parte de la supuesta indemnización a la comunidad, se construye el Estatuto raizal, frente al cual todavía no se tienen resultados claros.
Se analizarán también las luchas de los raizales en defensa de su territorio y maritorio, pero todo parece indicar que las respuestas locales no tienen un claro un proyecto de futuro colectivo. Como señala Quiñonez (2018), “La realidad es que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un territorio en disputa en relación con el control de la biodiversidad, el destino económico, las definiciones políticas y sociales que se relacionan con su ubicación estratégica y su potencial para la explotación turística. De igual manera, coexisten diversas interpretaciones, discursos y formulaciones conceptuales en relación con los imaginarios, los símbolos, los sentidos y construcciones culturales e históricas del Departamento”.