La ponencia se enmarca en la presentación de los hallazgos de la investigación del proyecto de Tesis de la Maestría en Estado y Políticas Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Justificación.
Tomando en consideración el rezago que ha tenido el Estado de Honduras en la elaboración e implementación de políticas públicas en materia de protección y garantía de los derechos humanos es imperante conocer la relación que existe entre la institucionalidad pública y el cumplimiento de las garantías de derechos humanos, con especial énfasis la promoción del derecho al acceso a la justicia.
Según las declaraciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) la mora judicial en Honduras para el mes de abril del año 2017, sobre pasa el 92%, es decir solamente uno de cada 10 de los casos obtienen sentencia condenatoria. La mora judicial en materia penal asciende entre 250 a 300 mil expedientes, más de 150 mil juicios a la espera de una sentencia, a pesar que en los últimos días se han aprobado reformas al código procesal penal, se han abierto nuevos tribunales de sentencia y se han levantado inspecciones en diferentes partes del país: por ejemplo, en la sala II de los Tribunales de Sentencia con jurisdicción nacional los jueces están programando juicios para el año 2019.
La situación antes descrita también representa violaciones a las garantías constitucionales como ser el respeto de los derechos humanos; las poblaciones no solamente son vulnerables a violaciones por acción directa de los órganos del Estado hondureño, si no, también por omisión a causa de la incapacidad de proporcionar justicia.
Categorías de análisis:
- Relación entre la institucional pública y el cumplimiento de las obligaciones y garantías en materia de Derechos humanos.
Identifica las diversas perspectivas teóricas que se han construido en referencia a conceptualizar sobre que entenderemos como garantía de derechos humanos. Por tanto, en primera instancia, es importante precisar que el único ente que tiene el mandato constitucional de garantizar derechos humanos, o en contra posición la violación o vulneración de los mismos, es el Estado, a través de las acciones de los funcionarios públicos. En la década de los 80´s las violaciones de derechos humanos más concurrentes fueron las cometidas contra la vida, integridad física y psicológica realizadas por la fuerzas de control o represivas del Estado.
En la actualidad las garantías de derechos humanos han evolucionado y se han agrupado por categorías de manera acescente según periodo de reconocimiento por el sistema de protección de derechos humanos como tales; en tal sentido al hablar de derechos humanos, no solamente se reconocen aquellos concernientes a los señalados en la categoría de primera generación, también se reconocen los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales; Es imperante reconocer el rol que tienen las instituciones del Estado en la implementación de políticas públicas efectivas que busquen la trasformación social, a través de un abordaje integral de los problemas públicos.
- Estado, Institucionalidad pública y Poder
Para comprender los vínculos que tienen las instituciones públicas en cumplimiento de garantía de derechos humanos es importante reconocer que El Estado tiene la labor de generar los mecanismos oportunos y pertinentes que promuevan los derechos humanos en sus diferentes estructuras.
Entenderemos al Estado en un primer término, como un espejo de la realidad social el cual representa una forma de poder. En él se concentran tres elementos clave: "una potencia soberana que dice representar o expresar a la colectividad, un marco jurídico y administrativo que define las reglas o modos de convivencia social, y una instancia gubernamental que toma las decisiones en última instancia, concernientes a la colectividad en general" (Gabaldón, 2008. Citado por Zaida Mireya y Osto Gómez, en el escrito “Los Modelos Contemporáneos de Democracia y las Teorías Sociológicas del Estado, El Poder y la Sociedad Civil).
Si realizamos el análisis bajo un enfoque de derechos, es importante analizar al “Estado” bajo la Concepción de “Estado de derechos”, por tanto una de las características primordiales es reconocerlo, como el llamado a preservar el imperio de la ley. Esta idea nos lleva no solamente a evaluar el papel de las instituciones públicas y sus funcionarios, si no, también nos hace pensar en el rol que tiene la población en la demanda y exigencia de la calidad de los servicios que presta el Gobierno, en su función de administrador del Estado.
Un Estado puede gozar de la categoría de Estado de Derechos, cuando la población obtiene estadios de desarrollo óptimos, la justicia social impera reduciendo la desigualdad e inequidad, donde los derechos y libertades fundamentales se reconocen positivamente, garantizan y protegen los derechos humanos velando por que estos puedan ser garantizados, ya que, se reconoce que son inherentes a la persona humana.
- Institucionalidad, función pública y garantía de derechos humanos.
La garantía de los derechos humanos no deben descansar solamente en la voluntad política de los gobiernos, debe ser una apuesta basada en un enfoque de derechos, centrando a la persona humana como epicentro de desarrollo político, económico y social, en el cual las políticas públicas busquen dar respuestas a los problemas públicos desde una perspectiva integral, que promuevan una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Inicialmente se percibe la protección de los derechos humanos desde las normas y reglas que fundan y rigen la vida en sociedad. Esta valoración a priori es asertiva, pues así lo enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos". Ésta disposición hace necesario colocar la discusión en la implementación de los normas, es ahí donde las instituciones públicas como entes implementadores de la función pública (mandato de los funcionarios) se colocan como punto de reflexión para la garantía de derechos humanos; Esto implica la existencia del "Estado de Derecho" y la instauración de la "Sociedad democrática" a la que se refieren los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.
Conceptualmente éste enfoque, requiere un análisis desde la perspectiva sistémica, integral, interdependiente, pero coordinada entre la norma, jurisprudencia, función pública y políticas públicas. Una de las características de este enfoque, es el énfasis por la concreción de los derechos en su conjunto, de manera particular hace referencia a las poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad, reconociendo que un Estado de Derechos, debe administrar los recursos bajo el principio democrático de la justicia social, donde las políticas fiscales garantizan condiciones óptimas de desarrollo a través de la redistribución equitativas de los recursos públicos. Por tanto se requiere la implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades de las poblaciones, con un enfoque de derechos humanos y territorialidad; para obtener los objetivos de dicha implementación, las acciones públicas y los procesos deben ser acompañados con la participación activa de la población, permitiendo la toma decisión en la construcción de su propio desarrollo, valorando y respetando las culturas y cosmovisiones; de esta manera, los derechos humanos se convierten en la estructura medular y fin último de las políticas públicas; A su vez, éstas representan la herramienta para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Por tanto la teoría y enfoque de derechos humanos debe concebirse como una guía en la acción de los funcionarios públicos, reconociendo el papel que tienen en la garantía de derechos; este planteamiento hace necesario, referirnos a la importancia de que la construcción e implementación de las políticas públicas deben responder a indicadores de pertinencia y eficacia, a través de la realización de programas y proyectos de desarrollo económico y social, generen ambientes habilitantes para el goce de los derechos humanos; se hace indispensables reconocer que el Estado es la estructura básica para la garantía de derechos.
El sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos establece que un Estado es garante de derechos humanos, cuando existe el reconocimiento de estos derechos en los textos fundamentales, es decir en la constitución, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y políticas públicas, así como en los planes estratégicos y operativos de las instituciones públicas y órganos interinstitucionales, correspondiente al Estado. Los valores y principios que caracterizan los derechos humanos, el goce del pleno conocimiento de la autoridad y el mandato para su cumplimiento, construyen la definición de garantía.
- Análisis de políticas públicas desde la perspectiva de derechos humanos.
El presente análisis valora la perspectiva de derechos humanos, más allá de los principios y valores que engloban los términos y la pasión con que, las personas defienden y promueven derechos. En este apartado se coloca a los derechos humanos como una perspectiva teórica que representa una herramienta que fortalece la función pública, a través de la implementación de políticas públicas, pero, sobre todo reconociendo que esta perspectiva coloca en el centro de la acción pública a la persona humana.
Por tanto, la construcción, implementación y evaluación con enfoque de derechos humanos busca el desarrollo integral de las personas. La satisfacción de la calidad de los servicios y el impacto de la implementación efectiva y pertinente de las políticas públicas deberán ser características de la acción pública con enfoque de derechos humanos